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Introduccin El presente trabajo se enfoca en analizar las experiencias generadas a en la gestin

de residuos slidos urbanos (RSU) de la Municipalidad de Crdoba, siguiendo su Principio Rector de la Inclusin Social. Se buscar tener una aproximacin sobre cmo concibe el gobierno local a los recuperadores urbanos o carreros, que modelo de inclusin propone y el impacto generado hasta la fecha. Pero tambin se analizar cmo a pesar de que el Estado local hoy propone incluirlos, la legislacin vigente obstaculiza el trabajo de los carreros, muchos de los cuales se han reunido en cooperativas, como el caso de la Cooperativa de Carreros La Esperanza, para defender sus derechos en un contexto social de creciente criminalizacin de su trabajo, de su identidad y de su fuente de sustento econmico.

En el anterior trabajo prctico, se analiz la gestin de RSU en la ciudad de Crdoba, caracterizada por: el relleno sanitario como el destino final ideal para los RSU; un tratamiento y recupero de residuos sin avances significativos; la zona sur de la ciudad como receptora histrica de la basura de todo el rea metropolitana; el servicio de higiene y limpieza urbana concentrado en grandes grupos econmicos; y con balances financieros que se mantienen en niveles alarmantes. Por otro lado, se estima que en la ciudad de Crdoba 3.000 familias viven de la recoleccin y el reciclado informal de RSU; mucho de los cuales viven en asentamientos informales y/o desarrollan sus actividades en vinculacin con los basurales a cielo abierto (BCA). En la capital provincial hay 119 asentamientos informales (con unas 17.000 familias) y ms de 100 BCA, generando una marcada convivencia entre ambas problemticas: 42,9% de los asentamientos se encuentran prximos a basurales (a menos de 10 metros) y el 3,4% a desechos industriales. Adicionalmente, su cercana a un BCA se combina con el hecho de que el 31,09% de los asentamientos no cuenta con servicio de recoleccin de residuos. Esto hace que muchas de las familias que viven en asentamientos informales, no slo se vean afectados por no contar con un servicio adecuado para eliminar sus residuos sino que son afectados por lo que generan sus vecinos y empresas cercanas.

En un marco contemporneo de polticas pblicas, en donde se acab el rol exclusivo del gobierno local como un buen administrador, resulta imperante que el gobierno local sea quien fomente la inclusin, el trabajo y un medio ambiente sustentable. En este trabajo, desarrollaremos, por un lado, un marco terico y uno contextual sobre estas cuestiones. Para luego profundizar en las polticas inclusivas del municipio respecto a la gestin de los RSU, el proceso de valorizacin de los mismos y cmo afecta esto a las organizaciones de recuperadores informales, agrupadas mayormente en cooperativas de carreros. Finalmente, veremos en detalle algunas acciones y posturas impulsadas desde una cooperativa de carreros con marcada presencia en la agenda local.

Marco terico

Como analiza Pablo Pirz, los residuos son un objeto privado que se convierten en un bien pblico cuando son puestos en una bolsa y dejados en la calle. Estas relaciones entre lo pblico y lo privado se complejizan mucho ms cuando esos residuos se encuentran en un basural a cielo abierto (BCA), combinando intereses de tipo econmicos, sociales y ambientales. As, hay que entender al basural como un territorio estructurado-estructurante para los actores involucrados en el asunto (Shammah, 2009, pgs. 15-21). Actores que accionan en funcin de sus intereses, recursos e ideologas (Acua & Repetto, 2001). En medio de la escena, el gobierno local es quien tiene el poder de polica y las facultades para establecer las reglas de juego con las que van a contar todos los actores vinculados a la gestin, formal o informal, de los RSU.

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Estudiar la planificacin de las polticas de un municipio, tiene sentido ya que ese es el proceso por el cual se organizan los medios, acciones y fines para modificar la produccin de las polticas o realizar las transformaciones propuestas en un territorio (Molina, 2013). Adems, el mbito local, caracterizado por la proximidad, de cercana entre Estado y sociedad, aparece como un escenario propicio para la implementacin de mecanismos de democracia participativa (Ghio, 2013). Por lo dicho, este trabajo se inscribe sobre la teora de que ante la complejidad social, econmica y ambiental que implica la gestin de los RSU, el escenario local (en este caso municipal) debe ser el espacio para lograr consensos y proyectos en comn.

Dentro de este contexto, tambin abordaremos un caso de economa social; una de las tantas cooperativas de carreros que han nacido en la ciudad de Crdoba. Desde una primera perspectiva, podemos entender a este tipo de economa como un emergente friccional, como un sector que surgi a raz de la situacin de crisis del mercado de trabajo, frente a la cual el Estado tambin fall (Nosetto, 2013, pg. 5). Pero, por otro lado, Coraggio, habla de una economa del trabajo, refirindose a unidades de la economa social que se vinculen en un proyecto junto al mercado y al Estado. Como un proyecto que construya un sistema plural donde el trabajo est siempre sobre el capital; donde la reproduccin de la vida sea priorizada a la reproduccin del capital. Siguiendo esta lnea, Garca Delgado, ve a estos proyectos vinculados a un modelo productivo inclusivo, en donde no solo se mira hacia adentro sino tambin a toda la sociedad. Por tanto, un proyecto as, no va a darse espontneamente sin el involucramiento correspondiente por parte del Estado (Nosetto, 2013).

Siguiendo a Polanyi, Nosetto expone que la economa es siempre economa pblica, privada y social al mismo tiempo y depende de los balances histricos cul va a ser el modelo que predomine (Nosetto, 2013, pg. 8). Por tanto, si vinculamos esto en torno a los RSU, y reconocemos a los mismos como bien pblico y como motor de actividades econmicas, resulta interesante observar qu modelo econmico predomina hoy en Crdoba. De aqu surge la idea de vincular los RSU al concepto de patrimonio, ya que cualquier cosa procedente de la naturaleza, la historia o la genialidad constituye un elemento potencialmente patrimonializable que puede pasar a formar parte, una vez activado, de los repertorios patrimoniales existentes. Este proceso de activacin patrimonial expresa las relaciones de poder en la sociedad actual y es llevado a cabo por actores concretos e intencionados (Almiron, Bertocello, & Troncoso, 2006). De este modo, el modelo de economa vinculado a los RSU ser definido por los actores poltico-sociales que tengan el poder suficiente para lograr imponer sus valores, ideas e intereses.

En lnea con el aporte de Prats (Prats, 1998), la condicin de patrimonio deja de ser interpretada como un atributo inherente a un objeto clasificado como tal, siendo el resultado de la intencionalidad de determinados individuos o grupos de la sociedad actual, que logran imponer su posicin y la cristalizan en el objeto patrimonizado (Almiron, Bertocello, & Troncoso, 2006). No obstante, desde un enfoque terico ms sencillo, podemos definir al patrimonio como el conjunto de bienes (naturales o culturales, materiales o inmateriales) acumulados por tradicin o herencia (Almiron, Bertocello, & Troncoso, 2006). Por tanto, se suma aqu la cuestin de que soslayar que los recuperadores urbanos en Crdoba se autodenominan y son reconocidos como carreros, sera ignorar sus valores identitarios y su patrimonio cultural.

Corragio, concibe a la economa como inseparable de la cultura, como un espacio de accin constituido no por individuos utilitaristas buscando ventajas materiales, sino por individuos, familias y colectivos dentro de instituciones haciendo transacciones en base a la solidaridad y la cooperacin (Coraggio, 2002). La economa social implica experiencias que buscan reproducir la sociedad, ms que reproducir el capital, priorizando los lazos sociales sobre la acumulacin del capital (Nosetto, 2005). Por estas virtudes que posee la

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economa social, resulta fundamental que los actores que la representan sean parte de este proceso de valorizacin de los RSU.

A pesar de que tradicionalmente, desde la administracin pblica se considera a la basura como un problema a sacarse de encima, solo una parte de los RSU son propiamente basura. En la mayora de los casos los residuos presentan un valor de uso, sujeto al proceso de recuperacin y reciclaje, y un valor de cambio, que permite reingresar lo rescatado al ciclo de las mercancas. De este modo, los RSU dan lugar a dos tipo de actividades econmicas: la eliminacin, a travs de la recoleccin y la disposicin final; y la mercantilizacin, vinculado a su aprovechamiento econmico (Shammah, 2009). Por tanto, es de esperar que haya intereses contrapuestos y que algunos quieran imponer en la sociedad su perspectiva.

Teniendo en cuenta lo descrito en el anterior trabajo, en donde grupos econmicos y polticos han ido ganando terreno, administrando un negocio que mueve millones de pesos mensualmente, resulta til tener presente que: solo aquellos elementos que puedan ser convenientemente mercantilizados sern patrimonializados; y esto slo suceder en aquellos lugares donde esta mercantilizacin permita apropiar ganancias y rentas a los actores involucradas en el proceso (Almiron, Bertocello, & Troncoso, 2006).

Marco Contextual

La ley provincial N 9.088 de Gestin de Residuos Slidos Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a los (RSU), de 2003, expresa en su Artculo 2 que uno de sus objetivos es Alentar la formacin de sistemas cooperativos o asociativos con la finalidad de intervenir en el proceso de recoleccin, clasificacin, reutilizacin, transporte y destino transitorio o final de los residuos. Anteriormente, la ordenanza municipal N9.612 (promulgada en 1997) ya declaraba como finalidad en su Art. 3, inciso a) propiciar: la minimizacin de la generacin y transporte, la prevencin, el reciclaje, la recuperacin, la revalorizacin, la optimizacin de los tratamientos y disposiciones finales.

En la mencionada legislacin local, con un marcado enfoque tcnico, no se reconoce a actores informales dentro del circuito de los RSU, haciendo solo una definicin formal de Generador, Operador y Transportista. Adems, en su Art. 14, se determina que la recoleccin, traslado, tratamiento y disposicin final de los RSU sern objeto del Servicio Pblico de Higiene Urbana (SPHU). Mientras que, en el Art. 23, se confirma que queda prohibida la manipulacin no autorizada de residuos en la va pblica. De modo que el trabajo de los recuperadores informales est prohibido por la legislacin cordobesa.

En su plataforma como candidato, el actual Intendente Ramn Mestre (electo el 18 de septiembre de 2011), propona la obligatoriedad de la separacin de la basura en domicilio y la insercin de los carreros en el mercado del reciclado de basura, quedando eliminada la circulacin de carros con animales por la va pblica. Unos meses despus, cuando present su Plan de Metas de Gobierno en cumplimiento de la Ordenanza N11.942 estas cuestiones no estaban presentes, soslayando su expresa preocupacin sobre los basurales a cielo abierto (BCA) y la insercin de los carreros al crculo del reciclaje. No obstante, s figuraba como meta el control y restriccin de vehculos de traccin a sangre en la va pblica (RCNC, 2013).

Posteriormente, en marzo de 2013, desde el ejecutivo municipal se realizaron modificaciones al Plan de Metas y se incluy dentro de la GIRSU a las cooperativas de recuperadores urbanos; haciendo un registro de las mismas e incluyndolas en el proceso de gestin de RSU, previendo un 100% de cumplimiento en ambas cuestiones. Respecto a los avances en estas cuestiones, segn el informe municipal Crdoba una Ciudad en Cifras, el ndice de cobertura de la recoleccin diferenciada fue del 29% a julio de 2012

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(MC, 2012), mientras que, segn la Red Ciudadana Nuestra Crdoba (RCNC)1, el registro de cooperativas de recuperadores urbanos y la inclusin de ellos en el proceso de RSU se encontraban en torno al 10% a julio de 2013. Por tanto, puede decirse que los avances han sido muy poco significativos.

La actual gestin municipal, reconoce que los recuperadores urbanos siempre existieron. Sin embargo, hay que distinguir que dentro de este sector social hay personas con diversas cuestiones que los llevan a trabajar con los RSU. Razeto, distingue tres estrategias posibles dentro de economa popular: la sobrevivencia, para atender a las necesidades bsicas ante una emergencia; la subsistencia, satisfaciendo las necesidades con algo de estabilidad y duracin pero sin poder contar con otras opciones; y la estrategia de vida, donde las personas valoran aspectos esenciales de la actividad que realizan (Razeto, 1988). Por tanto, el sector de los recuperadores urbanos, como tantos otros, estara compuesto por una heterogeneidad de personas con distintas necesidades, intereses y recursos.

Vivimos en un pas que histricamente se caracteriz por una estructura social constituida en la integracin desde el empleo asalariado; con el empleado asalariado como integrador social (Pastore, 2013). Durante la dcada del 90 se profundiz la ruptura de esa masa salarial, con la consecuente desafiliacin de gran parte de la poblacin. Este reclamo puede verse en algunas cooperativas de carreros como, por ejemplo, en el reclamo de uno de los miembros cordobeses del MOCAR2: Es necesario revertir la exclusin social que sufren los que son cartoneros () luchamos por la reivindicacin de los trabajadores y por el reciclado de los materiales para lograr el equilibrio ecolgico (LMC, 2007).

Por lo tanto, dentro de las cooperativas de carreros, encontramos gente que hace este trabajo buscando la sobrevivencia o subsistencia de su familia, pero otros lo hacen siguiendo una estrategia de vida, eligiendo ese oficio. Muchos han trabajado en la jardinera, albailera, poda, o del empleo domstico en el caso de las mujeres, pero han decidido emprender un nuevo negocio ligado a la recoleccin, separacin y venta de residuos, buscando lograr un empleo estable que nuclee al mayor nmero de familias posible (LMC, 2007). Esta consolidacin de la organizacin de los recuperadores urbanos en una empresa cooperativa, por encima de la empresa capitalista clsica, promueve una gestin de los residuos intensiva en mano de obra con el objetivo de ofrecer un servicio de calidad mientras se dividen los beneficios de forma equitativa entre todos los asociados (Castro Volpe, 2013).

Las cooperativas constituidas en el sector de los RSU buscan mejorar las condiciones laborales, generar valor agregado en la cadena de reciclaje, potenciar su poder de negociacin, incidir en poltica y fomentar dispositivos que faciliten la clasificacin, recoleccin y el reciclado (Pastore, 2010). Por otro lado, el proceso de descentralizacin que dio reforma al Estado argentino durante la dcada de 1990, presenta a los gobiernos locales la posibilidad de vincularse con las cooperativas de servicios a travs de prcticas participativas en torno al diseo e implementacin de polticas de desarrollo local sustentable (Nosetto, 2004). Estas cuestiones hacen pensar que todo est dado para avanzar en la integracin y el trabajo en conjunto desde el sector pblico, privado y social.

Desarrollo del Trabajo

Polticas pblicas del municipio hacia los recuperadores informales

1 La red rene a organizaciones sociales, universidades, empresas, centros de investigacin, colegios profesionales, ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Crdoba. 2 Movimiento Nacional de Cartoneros y Recicladores, nacido en 2003.

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En Agosto de 2012, la Municipalidad de Crdoba hizo pblico el documento de trabajo Gestin Integral de los Residuos Slidos Urbanos en la Ciudad de Crdoba (GIRSU), que contiene las conclusiones a las que arribo la Comisin para la elaboracin de los Pliegos para el llamado a licitacin para la prestacin Servicio Pblico de Higiene Urbana (SPHU). El objetivo de este documento es aportar elementos de anlisis y diagnstico; y propuestas de abordaje para alcanzar una gestin de RSU ms sustentable en la ciudad (SA-Cba., 2012). En el mismo, se destaca que resulta adems insoslayable realizar un enfoque interdisciplinario, considerando los aspectos tcnicos, polticos y sociales. Sin embargo, desde organizaciones externas al municipio se expres que el material presentado previamente no inclua precisiones acerca de los contenidos del pliego, los cuales se conocieron una vez ingresado al Congreso Deliberante (RCNC, 2012).

La comisin municipal entiende que para las nuevas concesiones del SPHU, se debe separar a la ciudad en 3 zonas: sur, norte y microcentro. El SPHU objeto de esa concesin incluye las Prestaciones Bsicas (recoleccin de RSU y limpieza del espacio pblico, incluidos los transportes del resultante en ambas) y algunas otras Prestaciones Complementarias (orientados a la limpieza, reposicin y mantenimiento de los equipamientos pblicos). Mientras tanto, se sugiere que el Ejecutivo Municipal se reserve el derecho de indicar la prestacin de servicios vinculados a la recoleccin diferenciada de la Fraccin Seca a cooperativas de recuperadores urbanos inscriptas en un registro para cumplir el principio rector de Inclusin Social (SA-Cba., 2012).

La comisin establece que ser objeto del servicio de recoleccin diferenciada el material definido como Inorgnico Reciclable (tales como papeles, plsticos, vidrios y metales) que estn depositados en contenedores especficos o dispuestos en la va pblica para su recoleccin selectiva. Ests reas de recoleccin diferenciada, se destinan a los dos Centros Verdes (CV) Tillard y Belardinelli para recuperar los residuos dentro de un programa de inclusin social en el que participan 8 asociaciones de carreros3, involucrando a unas 290 personas con diferentes roles en los barrios y CV. La intencin expresada es que, de manera gradual y sectorialmente, sean los recuperadores urbanos los prestadores del servicio de recogida selectiva (SA-Cba., 2012).

Analizando el comportamiento de los RSU ingresados al predio de disposicin final, la comisin municipal reconoce, como uno de los factores a considerar, el incremento de manipulacin inadecuada a travs de la participacin de los recuperadores urbanos o recolectores informales. Por otro lado, en 2012 se registraron aproximadamente 70.000tn de RSU provenientes de BCA que fueron higienizados por el municipio. La gestin de estos no est incluida dentro del SPHU, por lo cual implica gastos adicionales para el CReSE4. Respecto a la generacin de RSU, el municipio declara que las principales fuentes son: Recoleccin (58%), BCA (16%) y Terceros Contenerizados (13%). Cabe aclarar, tanto la limpieza de los BCA como el tratamiento y la disposicin final de todos los RSU estn a cargo del CReSE.

Segn datos de la Secretara de Ambiente municipal, en 2012 se alcanz las 2.422tn de residuos recuperados en los CV, por un valor de venta de 1,93 millones de pesos. Esto significa que el promedio mensual de material reciclado sera de 202tn, de las cuales 67,52tn se recuperan en los CV (59,84tn en Tillard y 7,69 en Bilardinelli), mientras que los dos tercios restantes (134,3tn) se recuperan en el Microcentro. Si bien estos nmeros muestran un crecimiento interanual del 18% en los materiales recuperados, la cifra es incipiente a nivel general. Si consideramos que el 32% de los RSU son materiales secos directamente recuperables, estaramos hablando de que se est recuperando formalmente

3 Coop. de Trabajo Reciclado e Inclusin, Coop. de Trabajo Asociados del Sur, Coop. Cartoneros Organizados, Inaudi, Fundacin El Faro, Fundacin La Esperanza (COR-COR), Mov. de Carreros Unidos, La Carbonada. 4 Crdoba Recicla Sociedad del Estado, .

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apenas el 1% de las 20.000tn de residuos que podran reciclarse tan solo aplicando un correcto proceso de separacin (La Voz, 2013).

El gobierno local informa que la generacin mensual promedio de RSU es de 62.880tn, un volumen aproximado a lo registrado en el ao 1999. Sin embargo, hoy la ciudad cuenta con al menos unos 120.000 habitantes ms, en un contexto socioeconmico favorable a mayores niveles de consumo y sin ningn cambio crtico respecto a la concientizacin e involucramiento de la sociedad en general para reducir la generacin de RSU. Si tomamos que cada habitante cordobs produce 0,850kg/da (MC, 2012), podemos inferir que aproximadamente unas 8.568tn de RSU estaran siendo gestionados de manera informal cada ao.

La Municipalidad de Crdoba detalla que, de los materiales recuperados en los CV en el ao 2012, 80,31% fueron papeles, 13,31% vidrios, 5,2% plsticos y 1,18% de metal, telgopor, madera, tetrabrik y textil (La Voz, 2013). Sin embargo, cuando se informa la composicin general de los RSU gestionados por CReSE (que incluye todo el universo formal de RSU y parte del informal), la composicin de los materiales recuperables representa el 32% del total. Desglosando este segmento de recuperables, la composicin aqu es muy diferente a las proporciones anteriores: 43,75% plsticos, 40,62% papel y cartn, 9,38% vidrio y 6,25% metales (MC, 2012). En estas difernecias, podemos observar que el trabajo realizado de los recuperadores informales es significativo y, probablemente, sea mucho mayor a lo recuperado formalmente por el municipio mediante su programa inclusivo de CV.

El municipio reconoce a los recuperadores urbanos como actores que desarrollan sus actividades en la va pblica, en los CV y en los BCA. Si bien desde los aspectos legislativos, la actividad est prohibida, desde la mirada tcnica se reconoce su presencia activa. Se entiende que son actores que siempre han existido y que han tenido un importante crecimiento a partir de la crisis de 2001. Entonces, los reconoce como actividad econmica coyuntural, un emergente friccional (Nosetto, 2013), pero tambin como una actividad con cierta trascendencia histrica. El gobierno local considera que las zonas crticas de su accionar son el rea cntrica y los predios en donde se manipulan los RSU, es decir, CV (formal) y BCA (informal). Ante esto, se propone como alternativa no perseguirlos5, sino sumar a aquellos que estn organizados en cooperativas dentro de la Fraccin Seca6 del SPHU.

En funcin de esto, se estableci dentro de los Principios Rectores del SPHU al Principio de Inclusin Social: incorporacin formal, gradual y sectorial de los recuperadores urbanos en las tareas de separacin de residuos y recoleccin diferenciada de los RSU-FS (MC, 2012). Tambin se estableci la generacin del Registro de Cooperativas de Recuperadores Urbanos (RECOOP). Desde una mirada ms terica, puede verse que el municipio confunde a la economa popular o de solidaridad como la llama Razeto como una economa caritativa, o de beneficencia (Razeto, 1997). En donde la solidaridad viene de afuera a subsanar la exclusin a los recuperadores urbanos, incluyndolos en su plan como si estuvieran donando algunos espacios dentro de la cadena de los RSU.

En un estado de situacin confeccionado por la Municipalidad de Crdoba, en Agosto de 2012, se plantea que hay ms de 90 predios que en la ciudad funcionan como BCA. En cuanto a al componente social, respecto a los recuperadores urbanos, se reconoce que los CV son insuficientes, hay una escasa insercin formal, que su actividad genera BCA y que cuentan con una inadecuada movilidad al utilizar la traccin a sangre para sus carros (MC, 2012). Para impulsar el reemplazo de la traccin a sangre por vehculos a combustin,

5 En el documento Contenidos crticos propuestos para la confeccin del pliego figura como alternativas para los recuperadores: se suman al SPHU o se persiguen (descartando con el tachado esta segunda opcin). 6 La Fraccin Seca est compuesta por papel, vidrio, metal y trapo.

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el municipio estara gestionando un programa de fondos del Banco Mundial. Tambin se estara evaluando la posibilidad de ampliar los CV involucrando a ms cooperativas de carreros; a fines de 2012 habran sido 87 personas las involucradas con el reciclaje en los dos CV, recibiendo el 29% de la recoleccin diferenciada (Ripoll, 2012).

En su estrategia de planificacin de la recoleccin de RSU, el gobierno local propone la contenerizacin de la Fraccin Hmeda, la insercin de los recuperadores urbanos en la Fraccin Seca y la valorizacin de los restos de obras y demoliciones, voluminosos, restos verdes y residuos de aparatos elctricos y electrnicos (MC, 2012). Queda claro que el gobierno local toma a los carreros como una poblacin objetivo. Empero, siguiendo la propuesta terica de Molina respecto a la produccin de polticas socio-productivas (Molina, 2013), cuesta diferenciar si se trata de un proyecto productivo, con una finalidad social y productiva para el sostenimiento y el desarrollo de dicha actividad, o si es predominantemente un proyecto social, que persigue un cambio en las condiciones laborales y la calidad de vida de la poblacin.

En todo lo expuesto puede observarse que realmente no hay un Plan Integral para la gestin de los RSU y que el gobierno local est marcado por una perspectiva de lo que Razeto denomina economa burocrtica, aquella que ve un elemento de administracin en todas partes (Razeto, 1997). La racionalidad de la economa planificada centralmente, la racionalidad pblica, es la economa fundada en el saber que tienen los tcnicos que planifican y en el poder que tienen los administradores (Razeto, 1997). As, los carreros son una de las tantas cuestiones a ordenar7 por parte del municipio, en un proyecto centralizado con poca apertura, en donde los carreros sern incluidos paulatinamente.

Por ltimo, tambin cabe reconocer que la valorizacin oficial de los RSU derriba la creencia de que solo estamos hablando de basura. Los RSU son un bien pblico y su valorizacin amerita tratarlo como un patrimonio de todos los cordobeses, con impacto econmico, social y ambiental. Schweitzer explica, respecto al patrimonio, el uso y apropiacin del capital pblico por parte del capital privado, que as se valoriza, es mucho ms intensa ya que la renta diferencial as generada tiene su origen exclusivo en estas externalidades, aumentando la demanda de la intervencin estatal para el sostenimiento de estas externalidades (Schweitzer, 2013). Algunas externalidades podran ser la separacin en origen y la concientizacin de todos los generadores, las licitaciones del SPHU, la responsabilidad del CReSE frente a la limpieza de los BCA, el tratamiento y disposicin final de los RSU.

Las Cooperativas de Carreros en Crdoba: el accionar de la Cooperativa de Carreros La Esperanza

En las ltimas dcadas, sobre todo durante la dcada de 1990, se rompi fuertemente la estructura social que generaba la gran masa salarial que haba caracterizado a la sociedad argentina. La consecuente desafiliacin de gran parte de la poblacin dej excluidos a grandes sectores de la poblacin, principalmente en sectores urbanos (Pastore, 2010). En ese nuevo contexto, muchas familias encontraron una alternativa en la economa informal de la recuperacin y el reciclado de residuos; una alternativa para responder a sus necesidades de sobrevivencia o subsistencia, pero tambin como un modo o estrategia de vida a travs de esta actividad.

Con el tiempo, los recuperadores tradicionales y coyunturales fueron encontrando la economa popular, un subsector cuya racionalidad principal est orientada a garantizar la reproduccin social de la vida, de sus miembros, a travs del trabajo (Pastore, 2006) As, el cooperativismo emerge como algo renovador, como un modelo alternativo al capitalismo financiero de exclusin y contencin (Garca Delgado, 2004). En

7 Ordenar es el camino, el lema de la actual gestin municipal.

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Crdoba, los recuperadores, reconocidos como cirujas o carreros (dependiendo si cuentan o no con un carro y un caballo para hacer su trabajo), se fueron organizando formalmente. Una de las agrupaciones de recuperadores que surgi en Crdoba es la Cooperativa de Carreros La Esperanza. Esta cooperativa comenz a trabajar formalmente en enero de 2011, como un lugar donde nuclear a los carreros de la ciudad que estaban siendo perseguidos y hostigados por animalistas y policas (Job, 2013). El espacio surge tambin para buscar la representatividad y legitimidad al sector, frente a otras personas que hablan y usufructan en nombre de los carreros. Hoy La Esperanza cuenta con 700 socios carreros de 25 barrios de la ciudad. En palabras del presidente de la cooperativa, Carlos Andrada, nosotros apostamos a generar puestos de trabajo, y a combatir la persecucin que desde el Estado se hace contra de los carreros (Pacheco, 2013).

Desde la teora, Pastore explica que la economa social son organizaciones que realizan actividades econmicas como actividad principal, no como actividad secundaria o marginal, pero se apoyan en las capacidades, las energas humanas y sus relaciones (Pastore, 2013); como puede ser recuperar y reciclar residuos dentro de una cooperativa. De este modo, muchas agrupaciones de carreros de Crdoba ha surgido buscando eliminar la intermediacin de los galponeros (quienes compran los residuos recuperados a los carreros y luego lo venden a las empresas como insumos), pudiendo acopiar lo recolectado por cada uno de sus miembros y vendiendo los materiales directamente a las empresas compradoras a un precio mayor (LMC, 2007). Adems, desde el MOCAR se destaca que la actividad es socialmente til por el volumen de materiales que se recuperan y reciclan, que generan riqueza y empleo, y que disminuye la contaminacin ambiental de lo que indefectiblemente terminara en rellenos sanitarios o quemas (Pastore, 2010).

Considerando que, si bien los actores de la economa popular funcionan sobre el principio de la reciprocidad, en donde las relaciones econmicas operan a travs de los canales habilitados por lo lazos sociales preexistentes e indisociables a las relaciones humanas (Nosetto, 2005), estas agrupaciones estn siempre sostenidas sobre el trabajo a realizar como actividad econmica. Razeto, explica que la racionalidad de la economa de solidaridad y trabajo es aquella que se funda sobre el factor fuerza de trabajo y sobre el factor comunidad (Razeto, 1997). Estas caractersticas se observan en muchas organizaciones del sector. Sin embargo, si bien La Esperanza busca dar un mejor trabajo a sus miembros, nace con el inters principal de defender su actividad y sus derechos ante el Estado y su identidad ante la sociedad en general.

En diversas instancias puede observarse que los reclamos de La Esperanza van en la lnea del trabajo y de la seguridad para sus miembros. A mediados de 2011, desde la cooperativa salieron a reclamar pblicamente al municipio: gestionar formalmente los BCA existentes para poder recuperar todos los materiales reciclables y entregar al CReSE la basura inerte; acabar con la persecucin policial de la que son vctimas, querindoles quitar los carros sin nada a cambio; subsidios para al menos 5 veterinarios que les den soporte para tener los caballos en buen estado; un carnet que tenga validez legal para evitar problemas con la polica (Andrada, 2011). Aqu se devela, en parte, las consecuencias de que a pesar que el gobierno municipal proponga integrar a los carreros, la legislacin local vigente prohbe la actividad, criminalizndola en la sociedad cordobesa.

Este escenario local se complejiz ms desde principios de 2012, cuando se nace la Fundacin Sin Estribo (FSE), con un inters que afecta directamente a los carreros: Trabajamos por y para todos los animales que lo necesiten, pero principalmente nos motiva el enorme sufrimiento de los caballos que da a da sufren traccionando carros (FSE, 2013). El accionar de la FSE consiste en denunciar casos de maltrato animal ante la Polica para

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secuestrar los caballos (apelando a la Ley Sarmiento8) y, en caso de sentencia del juez competente, constituirse en guarda judicial de los equinos en cuestin. En su lucha, Andrea Heredia de Olazabal9, presidente de la FSE, se ha constituido en querellante en aproximadamente 50 causas por crueldad contra los animales.Esta fundacin ha logrado que, por primera vez, se eleve a juicio una causa por aplicacin de la Ley Sarmiento (Duran, 2013), evidenciando los recursos legales-jurdicos que posee la organizacin.

No obstante, la FSE no solo se enfoca en restringir la traccin a sangre en la ciudad sino tambin en criminalizar a los carreros y calificar su actividad como indigna (FSE, 2013). Valindose de sus recursos legales y de la legislacin vigente, la organizacin estigmatiza el trabajo de los carreros como causa de problemticas diversas y mucho ms amplias: El trabajo infantil, los basurales a cielo abierto, el robo de animales, la faena clandestina; todos esos delitos estn detrs de la traccin a sangre. Eso es lo que Sin Estribos ha instalado en la sociedad (Heredia de Olazabal, 2012). Acusaciones como estas generaron que, en repetidas ocasiones, las cooperativas de carreros en general, y La Esperanza en particular, salgan a defender su fuente de trabajo.

Se destaca el carcter negador de la realidad vivida, y de la economa social especficamente, marcado por el pensamiento economista clsico en el que la FSE expone a los vnculos del hombre con la propiedad privada como el marco natural y primero de las relaciones sociales (Locke, 1662). Por ejemplo, la presidente de la fundacin argumenta que todos los caballos de los carreros provienen de mercados clandestinos que se abastecen con el robo de animales porque cuando la polica secuestra los caballos nadie puede demostrar el ttulo de propiedad (Heredia de Olazabal, 2012). Como si la informalidad no existiese, tanto en aspectos econmicos, como laborales y sociales. Para contrastar con la realidad, basta con observar que muchos de los carreros viven en alguno de los 134 asentamientos informales de la ciudad de Crdoba. Una ciudad que tiene ms de 21.000 familias viviendo en una condicin que, entre otras cosas, genera que estas personas ni siquiera puedan fijar su domicilio legal en donde realmente viven (Techo, 2013).

Con la estrategia de exigirle a las vctimas similar a lo hecho en su momento por el Banco Mundial respecto a Amrica Latina, intentando explicar los niveles de desigualdad en el continente por el dficit tico y la corrupcin histrica de su sociedad (Nosetto, 2013) la FSE pregunta a la sociedad cordobesa: Ser pobre justifica violar todas las leyes? (Heredia de Olazabal, 2012). La FSE, junto a otras organizaciones10, estn promoviendo juntar firmas para presentar un proyecto de ordenanza municipal que prohba el uso de carros de traccin a sangre. Esto tom mayor exposicin pblica cuando las cooperativas de carreros se manifestaron en el centro de la ciudad en repudio a este accionar (La Maana, 2013). La iniciativa de la FSE ha sido repudiada no solo por la cooperativa La Esperanza sino tambin por el MOCAR, la Cooperativa Reciclado e Inclusin y Carreros Unidos. La Esperanza ha convocado manifestaciones y espacios de encuentro en repudio a esta iniciativa, destacando que nadie (ni el Estado ni las organizaciones animalistas) ha acercado una propuesta de reemplazo de la traccin a sangre y, mientras tanto en los ltimos meses han sufrido el secuestro de 100 caballos de los cuales han devuelto 92 (Andrada, 2013).

Desde principios de 2012, previo a la publicacin de los pliegos para la nueva licitacin del SPHU, y de los nuevos lineamientos y principios rectores de la gestin local

8 La Ley Nacional 14.346 (llamada Ley Sarmiento), de 1954, legisla sobre la proteccin a los animales contra actos de crueldad, detallando cuales podrn ser considerados actos de maltrato. 9 Andrea Heredia de Olazabal es abogada, titular de la catedra de Derechos y Proteccin Animal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Crdoba. 10 La iniciativa cuenta con el apoyo de la Mesa de Proteccionistas de Crdoba, SUMA Crdoba, S.O.S.: Animalitos en Riesgo y la Sala de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Crdoba.

10

de RSU, La Esperanza estuvo promoviendo, junto a otras cooperativas, espacios para generar consensos, unin y proyectos en comn junto a otras organizaciones de la sociedad civil. Desde estos espacios se propone que, si se trabaja articulado entre el municipio, los carreros y la sociedad civil, se puede lograr: el enterramiento cero de residuos inorgnicos, la creacin sustentable de una Planta de Reciclado por cada CPC11, la eliminacin de todos los BCA, la reduccin plena de la traccin a sangre en la ciudad y la creacin de 2.000 puestos de trabajo para carreros corporativizados (AI, 2012). Sin embargo, actualmente, las cooperativas tienen que estar gestionando y destinando recursos al acompaamiento legal para aquellos caballos injustamente sustrados, a desmentir y defender su identidad ante acciones como las de FSE (Job, 2013). Mientras tanto, las propuestas laborales y sociales externas al municipio no muestran ningn avance, como si se estuviese negando lo afirmado por Marx, que el trabajo generador de riqueza es siempre, y antes que nada, trabajo social (Nosetto, 2005).

Los emprendimientos de la economa popular tienen autonoma del Estado, pero requieren su impulso, apoyo y promocin como cualquier otra actividad econmica (Pastore, 2013). La Esperanza, y muchas otras cooperativas cordobesas, no se exigen satisfacer solamente sus necesidades econmicas sino que tambin persiguen la reinsercin social, remediar la vulneracin de sus derechos y que se dignifique su trabajo y el servicio social que brindan. Hasta hoy, la Municipalidad de Crdoba solo ha propuesto un avance gradual en los CV y el otorgar la mantencin de algunos predios (BCA) a las cooperativas (20 BCA en el caso de La Esperanza). Cabe aclarar aqu que, desde 2011 el SPHU no incluye el servicio de recoleccin de restos verdes y escombros (Ripoll, 2012), lo cual hace que estos terminen en los ms de 90 BCA que hay en la ciudad de Crdoba, con o sin participacin de los carreros.

Por lo analizado, pareciese que el gobierno local en lugar de promover nuevas formas de socialidad que impliquen instancias no negadoras de lo existente sino constituyentes de nuevos valores y saberes (Nosetto, 2005), malinterpreta a la economa popular como algo a gestionar, como si no fuese un espacio ideal pro democracia participativa (Coraggio, 2002). La economa social no puede ser para los pobres, sino que debe ser una respuesta para todos los ciudadanos que adems se asegura de lograr la inclusin de los pobres, de los excluidos (Coraggio, 2002). Es por esto que no habr avances significativos en este campo hasta que no se comiencen a gestar proyectos y programas de accin compartidos, incluyendo a la heterogeneidad de actores involucrados en la gestin de los RSU.

Sin embargo, en este contexto se ha desarrollado otro fenmeno que debe encontrar una respuesta: la polarizacin social y la estigmatizacin de la pobreza. La instauracin de un proyecto conservador que se basa en etiquetar como discapacitados a los pobres, y someterlos a procesos de ghetizacin, separacin, saneamiento social (Coraggio, 2002). El gobierno local actual parece ser funcional a este modelo, con una legislacin que da lugar a iniciativas criminalizadoras, como las de Fundacin Sin Estribo, con una tendencia hacia la valorizacin y concentracin de los RSU, y con planes de gestin integral de RSU que distan mucho de ser integrales. Primero, porque siguen siendo superficiales e incompletos en cuanto al ciclo de vida de los RSU, y segundo, porque no se reconoce que los carreros de Crdoba son los actores locales con mayor experiencia en recuperar residuos y quienes mayores volmenes gestionan actualmente.

11 Hay 10 Centros de Participacin Comunal (CPC) distribuidos en la ciudad de Crdoba.

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