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REVISTA DE SERVICIO CIVIL ISSN 1409-2123

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL (DGSC)

José Joaquín Arguedas HerreraDIRECTOR GENERAL

Maricela Tapia GutiérrezSUBDIRECTORA GENERAL

Ruth Piedra Marín [email protected]

DIRECTORA DE LA REVISTA

EDITORJuvenal Ramírez Artavia

[email protected]

CONSEJO EDITORIALJosé Joaquín Arguedas Herrera

Ruth Piedra Marín Ferdinando Goñi OrtizRóger Umaña Chacón

Juvenal Ramírez ArtaviaMauricio Álvarez Rosales

Sergio Ulloa MatteyWilliam Elizondo Calderón

San José, Costa RicaApartado Postal 3371-1000, teléfono 2227-2133, fax 2227-0231

San José, Costa Rica. www.sercivil.go.cr

LEVANTADO DE TEXTO YCORRECCIÓN DE ESTILOJuvenal Ramírez Artavia

IMPRESIÓN Y ARTES FINALESImprenta Nacional

La Uruca, San José, Costa RicaTel. 2296-9570. Dirección Electrónica: www.lagaceta.go.cr

REVISTA DE SERVICIO CIVIL es una publicación semestral sobre temas alusivos al Régimen de Servicio Civil, la administración del Estado y la administración de recursos humanos. Admite una amplia gama

de opiniones o criterios que no necesariamente coinciden con las de la Dirección General deServicio Civil, por lo que los contenidos de los artículos o ensayos son responsabilidad

exclusiva de los autores. Esta edición consta de 1000 ejemplares

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RECONOCIMIENTO

La Dirección General de Servicio Civil felicitaa la señora Laura Chinchilla Miranda, por haber sido elegida

Presidenta de la República para el período 2010 - 2014,deseándole muchos éxitos en su gestión

Laura Chinchilla MirandaPresidenta de la República de Costa Rica

2010 - 2014

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EDITORIAL

El país sigue su marcha

A partir del 08 de mayo de 2010, un nuevo equipo de gobierno asumió las riendas del Poder Ejecutivo costarricense. Más de 250.000 funcionarios públicos, respetando como corresponde la primacía de la política sobre el quehacer administrativo, esperaron con ansia instrucciones y una política clara, siempre dentro del ámbito del principio de legalidad, para contribuir a la implementación de las acciones conducentes a hacer realidad las propuestas de campaña del gobierno liderado por la Presidenta de la República Laura Chinchilla Miranda.

La Presidenta creó los Consejos Presidenciales que atenderán cuatro sectores específicos: social, ambiente, seguridad y competitividad, todos de una gran complejidad y que, sin duda, requerirán no sólo de estrategias bien articuladas desde el punto de vista político o presupuestario, sino de un funcionariado público capaz de introducirlos en sus políticas internas y contribuir al desarrollo del país.

Cada nuevo gobierno tiene la oportunidad en Costa Rica de nombrar a poco más de mil personas en los llamados puestos de confianza, muchos de ellos ya son funcionarios cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, teniendo una visión clara del quehacer público con toda su normativa. La experiencia funcionarial es apetecida por quienes deberán desempeñar cargos políticos, quienes en su mayoría desempeñarán cargos politécnicos.

Esto, en el ámbito regional y en buena parte del mundo, junto con la no existencia de ejército, resulta inverosímil. El punto es que somos el primer país de América Latina que integró en su Constitución Política, un capítulo sobre Servicio Civil. Vemos como, desde la primera mitad del siglo XX, ilustres pioneros vieron más allá de la inmediatez que caracteriza usualmente a la política, y sentaron las bases de nuestro régimen administrativo.

Ya en el lejano primero de mayo de 1928, en el Informe Presidencial, Don Ricardo Jiménez Oreamuno dejaba dicho: “Nombramientos hechos basándose en política partidista resultan pésimos, tiempo es ya de establecer el Servicio Civil…Hay que desarraigar la idea de que los cambios de gobierno se hacen para que cambien los usufructos de sinecuras… Cambios en puestos políticos sí, cambios en los puestos administrativos, con el solo propósito de repartir los despojos de la victoria, no”.

José Joaquín Arguedas Herrera,Director General de Servicio CivilMaricela Tapia Gutiérrez,Subdirectora General de Servicio Civil

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En 1943, Don José Figueres Ferrer, desde su exilio mejicano, señalaba que, en cuanto al proceder de nuestro país en el mundo de la postguerra, “se debía implantar, con la rapidez que se pueda, el tecnicismo profesional y el servicio Civil en todos los organismos administrativos, en sustitución del empirismo y el compadrazgo”.

Costa Rica goza hoy de ocupar los primeros lugares en los barómetros de profesionalización del continente y concurrentemente, coincidiendo con la regla universalmente reconocida, sobre la existencia de una relación cuasi directa entre el Índice de Profesionalización del Funcionariado, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en cada país.

Con esos instrumentos esperamos continuar por la senda que hoy marca la Región, una función pública que integre mecanismos democráticos para el acceso al empleo público, en igualdad de condiciones, primero, basado en la idoneidad y la capacidad, segundo, con un fuerte compromiso hacia la gestión de la calidad y con una gran apertura a la participación ciudadana.

Por este motivo, nos complace compartir en esta Edición No. 26 de la Revista de Servicio Civil, las principales incidencias del XV Foro de la Función Pública de Centroamérica, Panamá y República Dominicana. “Compromiso con la Innovación y la Calidad en la Gestión Pública”, realizado en San José, Costa Rica del 14 al 16 de abril de 2010, organizado por la Dirección General de Servicio Civil y el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP).

Figuras como Julio César Fernández-Toro, Secretario General del Centro Latinoamericano para el Desarrollo (CLAD), Luis Tenorio Puentes, experto peruano en el tema de la calidad, Ramón Ventura Camejo, Ministro de la Función Pública de República Dominicana, Hernán Vera y Eduardo Salas, Catedráticos universitarios de Puerto Rico y Argentina, pusieron en perspectiva, la importancia de los sistemas de carrera en la Latinoamérica.

Sirva esta oportunidad para recordar la famosa cita de Carlos Matus: “Parece ser que, mientras mayor es la madurez institucional de un país, su capacidad de gobierno, no descansa significativamente en métodos y técnicas de avanzada, sino en la experticia adquirida por los cuadros estables de gobierno y en la solidez de su estilo de hacer política.” 

Y eso es precisamente lo que permite el servicio público, en especial el servicio de carrera, dar continuidad a los programas existentes o bien, reformular políticas de acuerdo con las exigencias de una nueva propuesta política; en otras palabras, gracias al servicio público el país sigue su marcha.

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William Elizondo/Róger Umaña/Juvenal Ramírez

Eduardo Arturo Salas: Argentina apuesta por la participación sindical en la gestión de los recursos humanos del Estado

Por: William Elizondo Calderón,Róger Umaña Chacón,

Juvenal Ramírez Artavia. Dirección General de Servicio Civil,

Costa Rica.

Cuando nos referimos al sistema de carrera administrativa, servicio civil o función pública de la República de Argentina, desde el punto de vista funcional formal, encontramos un profundo despliegue de leyes, decretos y resoluciones.

Desde el punto de vista de las innovaciones, hemos decidido acercarnos a la negociación con los sindicatos para diseñar, aprobar y aplicar las normas que tienen que ver con la carrera administrativa.

En este sentido, lo que más distingue a Argentina es que ya no solo es la negociación empresa-Estado, sino que la negociación colectiva abarca incluso la negociación central. Y esto no es habitual en la región, y creo tampoco en el resto del mundo.

Eduardo Arturo Salas, Director Nacional de la Oficina Nacional de Empleo Público –ONEP-, Secretaría de Gabinete y Gestión Pública (SGGP), Argentina.

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William Elizondo/Róger Umaña/Juvenal Ramírez

Otro de los aspectos importantes de nuestro sistema de carrera es que éste cubre únicamente la administración pública federal, no están incluidos dentro de la administración pública federal, los servicios de salud y educación.

En nuestro caso, la administración pública es fundamentalmente administradora o reguladora de los servicios de las instituciones públicas, privadas o concedidas a obras privadas, institutos de investigación o quienes ejercen la gestión de los gobiernos centrales, no en aquellas organizaciones en las cuales se establecen políticas públicas sustantivas de gran impacto para la población. Esto explica nuestras cifras; somos comparativamente muy pocos en el sistema de carrera, a lo sumo un 3% por de la población económicamente activa; estamos hablando del gobierno federal, incluyendo a los militares. Un Estado pequeño.

Esto lo que hace es que el tipo de servicios y de inversión en las políticas públicas sea diferente. La administración no tiene tanto contacto con la prestación de estos servicios a la población, sino más bien es una actividad de gestión de las políticas. En este sentido nuestra administración es de Estado Mayor.

Por ejemplo, el servicio eléctrico, el servicio de gas, el servicio telefónico, son privados. En general si uno lo compara con la provisión de servicios de los años 70, podríamos decir con certeza que se prestan servicios más eficientes. Los costos salen de la tarifa.

En cuanto a la gestión de los recursos humanos, entre los años 1994-2003, no hubo aumento salarial, más aún hubo una reducción del 13%.

A la fecha y a partir del año 2003, todos los años ha habido una recuperación nominal realmente impresionante del salario público.

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William Elizondo/Róger Umaña/Juvenal Ramírez

Hemos recuperado un papel más activo, más proyectivo. Se suponía que el Estado estaba en manos del mercado, sin embargo hemos razonado al funcionariado como un sujeto que también es responsable de los recursos públicos. Esta apuesta de que los sindicatos participen en el marco laboral, en el plan de carrera, es una cosa que no solo alcanza a los políticos sino también al funcionariado público.

El conocimiento de la capacidad intelectual está en la gente que todos los días gestiona y sabe dónde están los puntos débiles. Esta participación sindical implica la redacción de los códigos de trabajo donde se establece ¿cómo se entra, cómo se promueve, cuántos requisitos, cuántas categorías, cuál es el salario? y hay una interpretación de ese pacto, de ese acuerdo que es una condición paritaria, porque en el fondo es una ley de partes, que precisan los alcances.

En Argentina, se ingresa a la función pública, bajo el principio de la idoneidad porque todos somos iguales.

“La participación sindical

implica la redacción de

los códigos de trabajo

donde se establece

¿cómo se entra, cómo

se promueve, cuántos

requisitos, cuántas

categorías, cuál es el

salario de los recursos

humanos?”