Contra el rescate que nos hipoteca los próximos 50 añosMás implicación en las asambleas Por una movilización sostenida y una huelga general unitaria

La masiva huelga general del 29 de marzo y las movilizaciones del 12-15 de mayo (15M) culminaron con una gran movilización unitaria, de todos los sindicatos y movimientos sociales, el 19 de julio. Para aquella huelga se realizaron miles de asambleas en empresas y barrios, y en ellas se acordó que si no retiraban las reformas laborales, se volvería a otra movilización global, con una lucha continuada.

El PP, con el apoyo de CiU y PNV no sólo no la retiró, sino que la empeoró tras su aprobación definitiva en el Congreso (los convenios sólo estarán vigentes un año en vez de dos). En julio, el PP siguió con nuevas medidas de recortes, y especialmente sonadas han sido la eliminación de la paga extra a los funcionarios, la reducción de la prestación de paro, la amnistía a los defraudadores fiscales, la mayor subida del IVA . Y ahora, con el RESCATE y la petición de una nueva ayuda para los bancos de hasta 100.000 millones € vendrá un nuevo gran paquete de recortes.

Mientras, se han sucedido una serie de reuniones, algunas en secreto, de los 2 sindicatos con Merkel, con Rajoy y con el Rey, sin ningún resultado positivo. A pesar de la reacción que hubo por la base a estas medidas, con muchos funcionarios vestidos de negro saliendo a la

calle cada semana, la recién creada cumbre social no ha convocado por ahora ninguna huelga general, pero sí que, tras el anuncio de ‘Rescatar’ el Parlamento el 25-S y la huelga en Euskadi convocada para el 26-S, se organizó la gran movilización el 15 de septiembre en Madrid, en la que también hemos participado con los compañeros del sindicalismo alternativo. El día 26 también hay huelga en Grecia y el 3 de octubre una jornada mundial de lucha convocada por la Federación Sindical Mundial-FSM.

(sigue en la pág. 2)

Tras los recortes de julio, Rajoy con la dictadura financiera del FMI-BCE-UE impondrán el ‘rescate’ y nuevos recortes

26-S, Huelga General en el País Vasco, jornada de lucha en el Estado

Hacia la huelga general

co.bas, manifestación del 15-S en Madrid

RENUEVA EL CONTRATO A URDANGARÍN, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN, POR 2,7 MILLONES

DE EUROS AL AÑO

DESPIDE A MARCOS POR BAJA MÉDICA JUSTIFICADA, A PESAR DE HABER GANADO EL JUICIO COMO IMPROCEDENTE

ESTA RENOVACIÓN Y ESTE DESPIDO SON

IMPRESENTABLES

co.bassindicato de comisiones de base

www.cobas.org Septiembre 2012

p.2// septiembre 2012// COBAS

A la espera de un nuevo e inminente rescate, que obligará al Gobierno a elaborar otro y más duro plan de ajuste, lo más destacado del paquete de julio pasado es lo siguientes:

-Bajada de las prestaciones por desempleo hasta el 50% de la base reguladora a partir del sexto mes. Posible suspensión de la prestación por parte del INEM a su antojo si “cree” que hay fraude.

-Rebaja en indemnizaciones por despido del FOGASA en un 32%. Eliminación del subsidio a mayores de 45 años. Los parados que cobren los 426 euros podrían perder la prestación si viajan al extranjero.

-Reducción de las cotizaciones de las empresas a la seguridad social.

-Bajada del 15% en las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia y supresión del abono de cotizaciones para las y los cuidadores.

-Eliminación del 65% de la ayudas sociales destinadas a la asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia machista, exclusión social, drogodependencias, inmigrantes, etc...

-Eliminación de la paga extra de navidad a todas y todos los empleados públicos. Reducción de días de libre disposición y eliminación de los días por antigüedad para el personal de todas las Administraciones. Eliminación de los complementos por IT.

-Suspensión de los Convenios Colectivos en todo o parte para el Personal Laboral de todas las

Administraciones Públicas a juicio del administrador de turno.

-Subida general del IVA del 18% al 21% y de dos puntos en el reducido, aminorando el listado de estos últimos para llevarlos al general.

-Subida de impuestos indirectos como los combustibles, alcohol y tabaco.

-Subida de los impuestos a las y los autónomos de hasta un 4% a lo que hay que añadir la subida del IVA de otro 3% que este colectivo abona trimestralmente.

-Reducción en un 30% la

El decretazo Rajoy de julioayuda al alquiler para jóvenes que ya lo tuvieren concedido y eliminación de la ayuda a nuevos solicitantes.

-Eliminación de la deducción por adquisición de vivienda habitual a aquellas personas que la hubieran realizado antes de 2006 y también a partir del 2013.

-Privatización de empresas públicas como Renfe, Adif y Aena.

-Liberalización de horarios comerciales para explotarnos más y mejor.

PSOE en 2010 subió el IVA 290 €. Ahora el PP tras subir el IRPF, nos sube 470€, igual a ti que a Botín

Gasto medio familiar

IVA antes IVA ahora Subida

Alimentos

y bebidas

no alcohólicas 4.279 269 323 54

Bebidas alcohólicas

y tabaco 627 96 112 16

Artículos de vestir y calzado

1.676 256 298 43

Vivienda, agua, electricidad y combustibles 8.935 233 273 40Mobiliario, equipamiento

y otros gastos de vivienda

1.452 169 197 28

Salud 943 23 27 4Transportes 3.680 533 623 91Comunicaciones 926 139 162 23Ocio, espectáculos y cultura 1.975 229 291 62Enseñanza 309 0 0 0Hoteles, cafés y restaurantes

2.716 201 251 50

Otros bienes y servicios

2.262 158 217 59

Total 29.780 2.304 2.774 470

A la espera de un nuevo e inminente rescate, que obligará al Gobierno a elaborar otro y más duro plan de ajuste, lo más destacado del paquete de julio pasado es lo siguientes:

-Bajada de las prestaciones por desempleo hasta el 50% de la base reguladora a partir del sexto mes. Posible suspensión de la prestación por parte del INEM a su antojo si “cree” que hay fraude.

-Rebaja en indemnizaciones por despido del FOGASA en un 32%. Eliminación del subsidio a mayores de 45 años. Los parados que cobren los 426 euros podrían perder la prestación si viajan al extranjero.

-Reducción de las cotizaciones de las empresas a la seguridad social.

-Bajada del 15% en las prestaciones derivadas de la Ley de Dependencia y supresión del abono de cotizaciones para las y los cuidadores.

-Eliminación del 65% de la ayudas sociales destinadas a la asistencia de mujeres y niños víctimas de violencia machista, exclusión social, drogodependencias, inmigrantes, etc...

-Eliminación de la paga extra de navidad a todas y todos los empleados públicos. Reducción de días de libre disposición y eliminación de los días por antigüedad para el personal de todas las Administraciones. Eliminación de los complementos por IT.

-Suspensión de los Convenios Colectivos en todo o parte para el Personal Laboral de todas las

(sigue de la pág. 1)

Los representantes del gran capital alemán, francés e inglés, dominan la UE y el BCE y junto al de EE.UU., controlan el FMI, BM y las organizaciones internacionales. Es el poder financiero de ese 1% (o menos) de millonarios y sus ejecutivos los que han secuestrado las democracias y han impuesto las

condiciones a los estados a través de la deudocracia. (ver imágenes con los datos que demuestran que la mayor deuda es de multinacionales y bancos, y no de particulares o Pymes). Es el desastre que provoca el capitalismo, las crisis tras la explosión de las burbujas en su fase actual de financiarización de la economía, con sus paraísos fiscales como bases para la especulación. La riqueza se sigue concentrando en menos manos (entre todos los bancos españoles han ganado 76.000 M € desde el 2007) y la precariedad y el paro siguen creciendo como la deuda.

La dictadura de los mercados no es ninguna solución ni para Portugal, Grecia, ni España, es solamente un saqueo de estos países. Para recuperar la democracia y la soberanía ante esta situación hay que derogar los tratados de la UE, como el Art. 63 y 125 del Tratado de Lisboa que prohíben controlar los movimientos de capitales y conceder ayudas a un Estado. La expropiación de los banqueros, los grandes responsables y al tiempo

beneficiarios de esta crisis, es la oportunidad de poner al servicio de toda la sociedad ese enorme parque de viviendas que hoy ellos atenazan.

Sin recuperar los salarios, elimi-nar la precariedad y rescatar a las personas no habrá nunca más estado del bienestar. Es necesaria la regulación total del movimiento de capital, actuar contra los corruptos y especuladores y construir una banca publica a partir de una expropiación de las grandes fortunas, para así, con una economía planificada en los sectores estratégicos, crear empleo, es lo fundamental. Mientras, hay que repartir el empleo entre todos y todas, no podemos dejar a nadie sin prestación y por ello,

las movilizaciones por alimentos del SAT en Andalucía tienen todo nuestro apoyo, como lo tienen los mineros que siguen luchando en León y Asturies.

Sino luchamos muchas per-sonas más, unitariamente y coti-dianamente organizados, como en los años 70 cuando hubo el triple de horas de huelga que ahora, siendo menos población

activa, no habrá una correlación de fuerzas para conseguirlo. La mayoría de las leyes a favor de los trabajadores no las regaló nadie, sino que las consiguieron millones de trabajadores con sus luchas, especialmente del 73 al 80 y no a

través de pactos sociales, como después fueron derivando en el sindicalismo institucional y acomodado, véase el último que alargó la jubilación a los 67 años. (ver artículo de V. Aragonés: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=155769).

Las luchas que se están dando en Portugal, Grecia, España, Italia, etc., son un camino a profundizar, recuperando el internacionalismo solidario y la democracia de base, en asambleas de empresa o de barrio. La lucha va a ser larga y difícil, la cultura imperante, la consumista e individualista es lo primero que debemos desterrar. Practicar el apoyo mutuo es importantísimo.

Extendamos el gran ejemplo dado por la PAH ante desahucios de vecinos, las asambleas con los parados realizando acciones para los que necesitan alimentos, junto al apoyo a los que son despedidos o represaliados, etc.

Co.bas no va a apoyar ningún pacto de concertación entre todos los partidos y sindicatos como hizo

la UGT de Portugal. Esto sólo sirve para acallar las protestas y preservar los privilegios de la minoría. No habrá referéndum sobre los recortes (se han negado ya Rajoy y Rubalcaba) salvo que piensen ganarlo como el de la OTAN, que ganaron tras manipular la pregunta con sus medios

de comunicación.Coincidimos en la necesidad de

movilización social permanente con muchas organizaciones de la cumbre social, pero recordamos que los sindicatos mayoritarios, con la CES, votaron a favor de esta Constitución de la Europa del capital, y la alternativa de los eurobonos no va a solucionar el paro y la precariedad. Mientras los 2 sindicatos mayoritarios siguen retrasando hasta el 17 de octubre decidir una fecha de lucha europea en diciembre, que en España podría ser huelga general, creemos que ante el inminente rescate con nuevos recortes no podemos retrasar más la huelga general. Pero tampoco es bueno poner una fecha como la del 31 de octubre sin tener el apoyo de miles

de asambleas.Un referéndum puede

profundizar la democracia si hay asambleas, debates y hay igualdad de uso de los medios de comunicación para difundir unas ideas u otras. Pero este no es el caso con los neoliberales al mando de la mayoría de medios: TV, radio y otros. Habría que garantizar condiciones mínimas suficientes. Y aquí, otra vez, necesitamos ser muchos y estar organizados en cada empresa y en cada barrio.

Los movimientos sindicales, de estudiantes y todos los movimientos sociales debemos incorporar a las movilizaciones unitarias toda la diversidad para integrarla en un proceso de acumulación fuerzas desde abajo.

Co.bas apoyará y participará de forma activa en todas las movilizaciones que se están convocando para potenciar el necesario conflicto social que nos conduzca a la convocatoria de una nueva huelga general unitaria, con tiempo suficiente para asambleas de empresas y barrios avalándola,

de forma que nos permita prepararla en condiciones.

Sí hay alternativas, sí es posible salir de la crisis con otro modelo alternativo al capitalismo. Desde co.bas entendemos que es preciso LUCHAR POR UNOS PUNTOS DEBATIDOS EN ASAMBLEAS

DE EMPRESAS Y BARRIOS que incluyan:

1-Retirada de las reformas laborales que han ido contra los derechos de las y los trabajadores. Reparto del trabajo con salario neto mínimo de 1000 €, reducción de la jornada laboral, reducción de la edad de jubilación.

2-Protección a los millones de personas desempleadas hasta que encuentre trabajo, con 664 € de prestación si no tienen ingresos ni patrimonios mas allá de su casa.

Protección ante los desahucios. Programa de viviendas sociales.

3-Contra la privatización de los servicios públicos: sanidad, educación, transportes…, y que sean prestados por empresas públicas con gestión pública los servicios básicos a la sociedad.

Desarrollo de las ayudas a la dependencia.

4-Suspender el pago de la deuda previa realización de una auditoría, y no pedir el rescate a la UE para rescatar bancos. Reforma fiscal para que paguen de verdad los ricos y con una persecución real del fraude fiscal, actuando contra los paraísos fiscales donde tienen sede todos los bancos y multinacionales.

Expropiar a la banca y crear una Banca Pública para impulsar la economía productiva sostenible, la creación de empleo y el cooperativismo. Nacionalización, sin indemnización de las industrias claves incluida la minería.

5-Condenar a los causantes de la crisis. Libertad sin cargos para todas las personas enjuiciadas por movilizaciones sociales. No a la represión, en las empresa lo que hace falta es democracia y no miedo, que es lo que hay ahora.

COBAS// septiembre 2012// p.3

Andalucía en pie, otra vez por pan y trabajoCerca de 100 personas han

reocupado la finca Somontes, una hacienda de casi 400 hectáreas que la Junta de Andalucía mantiene sin uso en Palma del Río, Córdoba. La toma se produjo menos de 24 horas después de que la Guardia Civil desalojara a los ocupantes. Porque la ocupación no pretendía ser sólo una denuncia de la falta de uso de los terrenos públicos -en este caso, pendientes de una subasta-, sino una vía de autoempleo para jornaleros y jornaleras en paro que están participando en la ocupación.

El SAT informó de que está abierto al diálogo con la consejería de Agricultura para buscar una solución a la finca pública ocupada desde el 4 de marzo. La ocupación de la finca Somontes se organizó con el objetivo de trabajar la tierra hasta convencer a la Junta de que cediera su uso a los jornaleros, quienes la explotarían a través de cooperativas. En este tiempo de ocupación, éstos han

construido un huerto en el que han sembrado todo tipo de productos, desde pimientos hasta olivos; han mejorado algunas zonas de terreno para poder sembrar y también algunas de sus instalaciones.

El 1 de mayo se celebró en la finca Palmeña, donde se reunieron

más de 2.000 personas de distintas provincias andaluzas. Hasta la finca llegaron 12 autobuses y más de un centenar de vehículos.

La idea es, seguir en Somontes el modelo de la cooperativa “El Humoso” que se ha creado en la localidad sevillana de Marinaleda y que puede dar trabajo hasta a 400 personas, porque han diversificado los cultivos para que haya campañas agrícolas prácticamente todo el año.

Posteriormente a esta ocupación también se ha ocupado otra finca denominada “La turquilla” en Osuna y se ha seguido con una serie de movilizaciones entre las que destaca “Andalucía en pie” Marcha Obrera. Un recorrido a pie, a través de todas las provincias andaluzas, con objeto de hacer

llegar a todos los trabajadores y trabajadoras una serie de reivindicaciones, y de despertar la conciencia y animar a la lucha ante la situación tan lamentable en que nos encontramos, especialmente, en el campo.

A principio de agosto, por otro lado, un grupo de sindicalistas retiró de dos supermercados en sendas ciudades de Andalucía varios productos para bancos de alimentos. La acción, anunciaron, volverá a repetirse “porque alguien tiene que hacer algo para que muchas familias que puedan comer todos los días”. Sánchez Gordillo (foto arriba, en una ocupación), junto con miembros del SAT, subrayó que los productos tienen “muy poco coste” y se han llevado a bancos de alimentos, que atraviesan una situación “muy complicada” ya que los ayuntamientos y la Cruz Roja ya

UPS: de nuevo en defensa del puesto de trabajoLa dirección de UPS ha dado un paso más en su intento de

deshacerse de una plantilla que le resulta profundamente incómoda. Y para ello ha orquestado una “operación” fraudulenta, con un personaje conocido por dedicarse a la compra de empresas en “crisis”, Fermín Elizalde, Administrador único de ILC. UPS pretende que éste les haga el trabajo sucio que ellos no han sido capaces de conseguir: derrotar de una vez por todas a los trabajadores/as de Vallecas, ponerlos en la calle y hacerlo además con el menor coste posible.

El 6 de julio, sin información de ningún tipo ni consulta previa, UPS notificaba que las instalaciones de Vallecas “habían sido vendidas a otra empresa”, con los trabajadores dentro.

UPS se basa en el artículo 44.4 del Estatuto de los Trabajadores. Pero lo sorprendente y escandalo-so es que lleva a cabo esa venta con los trabajadores dentro, como si fueran parte del mobiliario.

United Parcel Service, primera empresa mundial de paquetería, se encuentra en pleno proceso de absorción de una de sus grandes competidoras, la multinacional TNT (una inversión de más de 5.000 millones €), y “vende” su centro de trabajo de Vallecas a Integración de Logísti-ca Complementaria, S.L. (ILC), una empresa que contaba en el momento de la “compra” con un capital social de 3.010 euros.

Un “acuerdo comercial” don-de el pez pequeño se come al grande, con 3.010 € de capital

social se compra una nave con 75 trabajadores dentro y con un coste mensual de explotación de 350.000 € al mes. Y por si esto fuera poco, la carga de trabajo, que se supone es la parte esencial de cualquier negocio, no aparece por ningún sitio, sin que la empresa compradora haga reclamación alguna. Si tal y como dice ILC, UPS adquirió un compromiso de entregarles carga de trabajo y no lo está haciendo, ¿por qué no actúan contra UPS y sí lo hacen, en cambio, contra los trabajadores/as? ¿Hay quien pueda creer que esta “operación” no es un fraude?

La plantilla ha denunciado ante el Juzgado pidiendo la nulidad de la fraudulenta operación, así como la solicitud de medidas cautelares para que se suspenda el proceso, por entender que estamos ante un fraude de ley cuyo único objetivo es la liquidación de un centro de trabajo caracterizado por la lucha y la tenacidad.

A los 20 días ILC presentó un

ERE contra los trabajadores/as de UPS Vallecas. Por si a alguien le quedaba alguna duda sobre el objetivo de esta estafa, en sólo 20 días ILC la ha despejado presen-tando un ERE temporal con una duración de siete meses y que afecta prácticamente a la totalidad de la plantilla, con suspensión de contrato hasta el 14 de marzo de 2013, dejando dentro únicamente a 15 compañeros/as.

Con un cinismo inadmisible, el argumento de ILC es que han “descubierto” que los costes de la plantilla y los gastos de producción superan los 350.000 € al mes, frente a los ingresos, que rondan los 50.000 o 60.000 €. Según ILC, UPS se había comprometido a entregarles una media de 1.500 paquetes diarios, lo que no está haciendo.

Incluso resulta chocante que se presente un ERE temporal por seis meses cuando su plan, en el caso de que tuviera fiabilidad alguna, comenzaría a dar beneficios en el año 2015. ¿Y el 2013? ¿Y el 2014? Es evidente que seguirán aplicando EREs temporales o, más probablemente, uno de extinción.

El plan es sencillo: a costa de los trabajadores y los recursos públicos se montan el negocio, optimizan las cuentas de resultados y luego el beneficio se lo embolsan sin más. Socializar las pérdidas para privatizar los beneficios.

Pero con lo que no han contado ni UPS ni ILC es con que los trabaja-dores/as volveremos a salir a la lu-cha con todas las fuerzas que nos da el saber que tenemos la razón. Y volveremos a pelear por echar atrás esta fraudulenta subrogación

y porque les declaren nulo el ERE temporal que nos acaban de aplicar. Porque aunque la pelea legal es importante, sabemos que, si queremos ganarla de nue-vo, tiene que ir acompañada de lucha y movilización.

Un plan de lucha que inevita-blemente debe formar parte de la respuesta de todos los trabajadores/as a la política de este gobierno, porque somos conscientes de que solos/as no podemos, como no puede ninguna otra empresa o sector del país. Por eso, y porque al igual que el resto de trabajadores/as nos vamos a ver afectadas por esas medidas, apostamos por estar en cada una de las manifestaciones y movilizaciones que se convoquen contra los recortes y la política antisocial del gobierno.

no puede mandarles más artículos. La acción del SAT tuvo contagio inmediato en Extremadura e, incluso, en la ciudad catalana de Vilafranca, donde se replicaron movilizaciones del mismo tipo.

El sindicato co.bas de Granada, encuadrado en el Bloque Sindical Alternativo, junto con CGT y SAT en esta provincia, participó en la marcha a su paso por pueblos y ciudad de Granada.

Es de destacar el enorme desplie-gue policial realizado, en el que no faltaron ni los helicópteros, que contrasta con la poca información de la marcha por parte de los medios de comunicación y con la gran aceptación que dicha marcha está teniendo entre los ciudadanos de los distintos pueblos y ciudades por donde pasa, que con sus aplausos y ánimos demuestran su total solidaridad y acuerdo con las reivindicaciones que se plantean.

La marcha a su paso por pueblos y ciudad de Granada

Los militantes sociales

requisaron alimentos

en un supermercado

de Extremadura

La plantilla de UPS en la

manifestación del pasado 1º de Mayo

p.4// septiembre 2012// COBAS

Movimientos sociales ante la crisis en GipuzkoaComo consecuencia de la crisis

y de los recortes, han surgido durante el último año movimientos sociales de respuesta a los abusos constantes de la derecha gobernante. Entre ellos tenemos en Gipuzkoa las asambleas de parados, Stop Desahucios o Tolosa Osasun Publikoaren Alde (por la sanidad pública).

Las asambleas de parados surgieron debido a la necesidad de organización y a la falta de apoyo por parte de las instituciones, ante el aumento del paro. A día de hoy, existen diferentes asambleas en pueblos de Gipuzkoa (Renteria, Urnieta, Andoain), como en otras localidades de Euskal Herria (Barakaldo, Iruña, etc.).

La actividad de estos grupos empezó por asambleas abiertas a todo el pueblo, que acabaron haciéndose periódicas. Las asambleas se planteaban como objetivo la autoorganización de los parados y paradas, ante la inacción institucional. Han venido realizando manifestaciones y concentraciones de denuncia, además de ocupaciones de sucursales bancarias.

Además, elaboraron un decálogo de reivindicaciones, que han venido difundiendo con la intención de recabar el apoyo de sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones sociales. Este decálogo ha servido de base para solicitar a los ayuntamientos la intervención municipal en cuanto a contratación (generación

Catalunya: ILP por una renta básica de 660 euros contra el hambre y la pobreza, para todas las personas en paro y sin patrimonio

de empleo directo), gestión de las ayudas sociales, transporte público, garantía de acceso a servicios culturales y deportivos, cesión de terrenos para huertas, etc.

Se pretendía también, a través de partidos políticos, presentar este decálogo para su debate en instituciones como las Juntas Generales de las Diputaciones, pero hoy por hoy este objetivo no se ha conseguido.

Sí ha servido, en cambio, para el debate y para difundir reivindicaciones como el derecho a un trabajo digno, justamente remunerado, o a un subsidio indefinido; la intervención de las instituciones en los ERES, en control de subvenciones a las empresas, deslocalizaciones y eliminación de la subcontratación; derecho a una vivienda digna, expropiación de las viviendas en manos de bancos y cajas; renacionalización de sectores y empresas estratégicos privatizados, así como aquellos bancos o empresas en crisis que han recibido dinero público, y gestión de las empresas por los propios trabajadores y trabajadoras; educación pública y gratuita de calidad, así como formación y reciclaje para la inserción en el mercado de trabajo.

Además, las asambleas de parados también han colaborado, en los pueblos en que se mueven, con Stop Desahucios, en convocatorias de manifestaciones

y en tratar de impedir desalojos de vecinos por impagos de deuda. Especialmente en el último año, el aumento de los desahucios ha sido brutal, como en todo el Estado. Tal como ha sucedido en otros lugares, también en Gipuzkoa se ha formado el grupo de Stop Desahucios. Con el objetivo siempre de evitar los desalojos, además de las movilizaciones, también han mantenido reuniones con bancos y cajas de ahorros, así como con Diputaciones y Gobierno vasco, para acordar un protocolo

que permitiera a los afectados por una ejecución hipotecaria no quedarse sin vivienda, y que finalmente las entidades bancarias están incumpliendo.

Otra línea de defensa de derechos básicos de la ciudadanía es la que tiene que ver con la sanidad pública y gratuita. Este ha sido el lema del grupo Tolosa Osasun Publikoaren Alde, que surgió por la necesidad de hacer frente a las medidas de recorte adoptadas por el Gobierno vasco, que planteaba la disminución de especialidades

en los ambulatorios de la comarca e incluso el cierre de alguno de ellos, la derivación de pacientes al principal centro privado de la zona, así como la privatización de la atención a ancianos. Trabajadores y trabajadoras de estos centros públicos empezaron a coordinarse con la gente de los pueblos afectados. Han venido organizando durante los últimos meses recogidas de firmas, concentraciones en defensa de la sanidad pública, y una gran manifestación comarcal en junio.

El pasado 19 de julio presentamos en la sede de Justicia y Paz, la comisión promotora para una Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Garantizada Ciudadana (RGC).El objetivo de la propuesta es evitar la exclusión social de las ciudadanas y ciudadanos que no reciben ningún tipo de prestación. Actualmente hay 104.000 hogares catalanes que no tienen ningún tipo de ingreso ni reciben ningún tipo de prestación. Es el aumento de personas en el paro, la revisión de la Renta Mínima de Inserción realizada por el Gobierno que no facilita el reconocimiento de nuevos expedientes el recorte de expedientes en la misma revisión, la situación de crisis económica y falta de liquidez de las familias.

El artículo 24.3 del Estatut de Catalunya dice : “las familias o personas en situación de pobreza tienen derecho a acceder a una RGC que les garantice una vida digna”. “Nuestros” representantes nunca hicieron esta ley, así que la Comisión Promotora ha decidido presentar una ILP (Iniciativa Legislativa Popular) sobre la RGC. Es por este motivo que se ha

redactado un proyecto de ley, para presentarlo ante la mesa del Parlament de Catalunya; si el mismo es aprobado, se cuenta con algunos meses para recoger la cantidad de 50.000 firmas. Esto lo deberán hacer personas habilitadas para eso, que no deberán tener antecedentes penales, llamados fedatarios. Antes de presentarla al Parlamento, es necesario darla a conocer masivamente a todo el pueblo, para que a los diputados no les sea fácil despacharla como un mero trámite. Es por eso que se necesita amplia difusión.

La cuantía de esta renta será de

7.967,7 € al año, de acuerdo con declaración previa del propio Parlament acerca del mínimo para una vida digna, y tendrá carácter incondicional, no sujeta a ninguna obligación, porque el derecho a la vida es incondicional. Tendrá carácter indefinido, hasta que el perceptor salga de la situación de pobreza. Tendrá también un carácter complementario, de ma-nera que las pensiones y salarios precarios inferiores a esta canti-dad sean complementados hasta alcanzarla. Por otro lado, el total de esta renta representaría alre-dedor de 3.000 millones € para el

presupuesto, muchísimo menos de lo que se llevan los bancos.

La RGC tiene por objeto asegurar que nadie esté por debajo del límite de la pobreza y consiste en:

1- Un derecho universal de todos los ciudadanos/as de Catalunya, no condicionado a disponibilidades presupuestarias ni a obligación de participar en acciones de inserción social y laboral.

2- Un derecho subjetivo de carác-ter individual pero vinculado a la situación económica de la persona, y en su caso, del núcleo familiar o de convivencia.

3- El derecho a percibir una prestación económica de, como a máximo, 664 € mensuales por 12 pagas.

4- La prestación económica de la RGC tiene carácter suplementario; es el derecho a percibir la cantidad necesaria a fin que, sumada a los ingresos económicos que se tengan por cualquier concepto, se disponga de unos ingresos económicos iguales a 664 € mensuales por 12 pagas.

5- Los requisitos para acceder al derecho de cobrar la prestación económica de la RGC son:

a) Tener 18 o más años, o ser menor emancipado.

b) Estar viviendo legalmente en Catalunya.

c) Tener residencia continuada en Catalunya durante un mínimo de 12 meses.

d) No disponer de ingresos económicos superiores a los mínimos garantizados equiva-lentes a la cuantía del indicador de renta suficiente en Catalunya (para el año 2012, 664 € mensua-les por doce pagas), durante como mínimo los 4 meses anteriores a la solicitud.

6- El proyecto de Ley para la RGC regula también las obligaciones de las personas perceptoras de la prestación económica; el incumplimento de las obligaciones puede comportar la suspensión o la pérdida del derecho a percibir la RGC.

7- La financiación de la RGC es a cargo de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, y será gestionada por la Administración de la Generalitat de Catalunya, las administraciones locales, y con la participación de les entidades del Tercer Sector debidamente acreditadas.

8- La no respuesta de la administración pública competente a la solicitud hecha por el ciudadano o ciudadana comportará el reconocimiento del derecho a percibir la prestación económica.

COBAS// septiembre 2012// p.5

Asamblea de Gran Canaria: jornada de lucha el 3 de octubreA fines del pasado febrero, los

sindicatos miembros de la Mesa Sindical Canaria, preocupados por la ofensiva de recortes del gobier-no, convocaron para el 1º de Marzo una reunión de todos los colectivos sociales, organizaciones sindicales, asociaciones de vecinos y partidos políticos. La intención era lograr un acuerdo para la convocatoria de una huelga general en las Islas.

La primera de estas reuniones se celebró el 3 de Marzo con la asistencia de 20 organizaciones y colectivos sociales (desde radios independientes a asociaciones de vecinos), 11 sindicatos (sectoriales, nacionalistas, de clase) y 11 parti-dos u organizaciones políticas. Un total de 42 colectivos que llegaron a un acuerdo de dos puntos básicos: constituirse como Asamblea Permanente y convocar la Huelga General del 29 de marzo. Además se elaboró una hoja de ruta hacia esa huelga y un calendario de movilizaciones, incluida la manifestación del 8 de marzo, día de la Mujer Trabajadora.

Tal era la fuerza que adquirió la Asamblea que ni los sindicatos más domesticados como CC.OO. o la UGT fueron capaces de mantenerse al margen, firmando ambos los manifiestos y convocatoria de huelga general del 29-M, incluso antes de que sus direcciones en Madrid convocaran la Huelga. El movimiento sindical de clase había logrado coger con el paso cambiado a la burocracia sindical y aunar en torno a lucha sindical a

Hay Que Pararles Los PiesLa Plataforma unitaria ‘Hay que

pararles los pies’ está formada por diversas organizaciones sindicales, políticas y sociales, que desde hace más de tres años vienen impulsando la lucha de los trabajadores/as contra los

planes de los gobiernos de turno y la burocracia sindical cómplice de los mismos. Defienden que la crisis la paguen los capitalistas.

Dicen ¡No a los recortes!, defienden la educación y la sanidad públicas, los servicios públicos. Dicen ni un €uro más a los banqueros y especuladores. Defienden la suspensión de

Coordinadora Laboral 15M BCNEspacio de coordinación de

luchas laborales desde la base, está formada por trabajadores y trabajadoras en paro, con contratos precarios, prejubilables, o jubiladas, son gente de los barrios, de las comisiones laborales de las asambleas del 15M y también de los Puntos de Información Laboral y de las Oficinas de Derechos Sociales; trabajadoras sindicadas y no sindicadas, trabajadoras sin contrato, autónomas, precarias, parte de la izquierda sindical combativa trabajando conjuntamente.

¿En qué? En aquello que una, desde los territorios y desde las empresas, por la democracia de base, coordinados en lo compartido y trabajando autonónomamente en

toda la sociedad de la Isla. Era la primera vez, desde los tiempos de la lucha por la democracia, que se suscitaba tanto consenso en torno a un único objetivo.

La segunda Asamblea, celebrada el 10 de marzo fue más allá. Acordó una agenda común con 5 movilizaciones y un mitin unitario, un panfleto, un cartel y una pegatina convocando la Huelga General. Las organizaciones sindicales se comprometieron a presentar el aviso de huelga unitario, celebrar asambleas y reuniones en los cen-tros de trabajo por la huelga y las organizaciones sociales para difundir la idea de la huelga y trabajar por su consecución allí donde estuviera su ámbito de influencia. Todo ello determinó el éxito que tuvo la huelga el día 29 en Gran Canaria y su multitudinaria

manifestación. A partir de entonces el empeño

de algunos en que la Asamblea siguiera funcionando dio su fruto en consiguientes Asambleas, con los mismos colectivos y la creación de un calendario de movilizaciones durante los meses de abril, mayo y junio. La lucha contra la Reforma Laboral, las prospecciones petrolíferas en aguas canarias, a favor de la paz y la neutralidad, los derechos de los emigrantes, etc., ha ido marcando ese calendario. El rechazo a las políticas neoliberales del PP-PSOE y Europa es la bandera de esta Asamblea.

Sin embargo no ha sido un camino de rosas lograr este grado de unidad. Por un lado, la necesidad de que todo el mundo hable ha llevado a veces a largas asambleas

que cansan a los asistentes, por otra la necesidad de conseguir consensos en los acuerdos para que nadie se descuelgue provoca un cierto chantaje de las minorías sobre las mayorías. Sin embargo, la Asamblea rechazó la idea del referéndum sobre las políticas de Rajoy, por entender que era una acción desmovilizadora y ha ido decantándose por la convocatoria de una nueva huelga general en las islas antes de la presentación de los presupuestos estatales, este otoño. Cierto es que algunos, como CCOO y UGT, tienen miedo a esta convocatoria y se niegan a apoyarla como hicieron en el pasado, sin el beneplácito de sus direcciones centrales. Pero el sentir del resto de la organizaciones, con las dudas y titubeos normales en estas circunstancias, es el de avanzar

hacia esa convocatoria. Hay que destacar que la última asamblea, celebrada el sábado 1 de septiem-bre, acordó no sólo apoyar las diferentes movilizaciones secto-riales en Educación, Sanidad, Emigración, etc., sino también una jornada de lucha contra las políticas de recorte para el 3 de octubre como forma de presión para la convocatoria de esa huelga.

Es indudable que se ha recorrido un largo camino en la unidad de la clase trabajadora y en su vinculación con el resto del pueblo. Nadie niega que lograr que se sienten a hablar 42 organizaciones es un mérito indiscutible. Sobre todo cuando se va más allá de hablar y se empieza actuar en la sociedad de forma coordinada y con un solo objetivo, frenar las políticas neoliberales. Pero debemos ser conscientes de que es preciso ir más allá. Este gobierno está deslegitimado. La mayoría de la asamblea quiere la unidad hasta hacer realidad una nueva huelga general en Canarias con una consigna unitaria como la de “Hay que Echarlos”.

A pesar de las dificultades, poco a poco, la experiencia de la uni-dad, la firmeza y, sobre todo, la co-herencia de la izquierda sindical va decantando a la mayoría de las organizaciones sociales hacia el campo del enfrentamiento con el sistema actual, sus gestores y sus voceros. Nosotros, por nuestra parte, no vamos a renunciar a nues-tros objetivos de unidad y lucha.

pagos de la deuda pública y una auditoría pública de la misma. Defienden la nacionalización, sin indemnización, de la banca. Subsidio indefinido para los parados/as y congelación de los desahucios. Estas medidas deben

hacer parte de un plan de rescate para los trabajadores y el pueblo.

Luchan por unificar las luchas, aglutinando a todos los trabajadores/as con el objetivo de acabar con los recortes de los derechos laborales y sociales.

Forman parte de esta plataforma las siguientes organizaciones y colectivos: Coordinadora Sindical

de Madrid, Alternativa Sindical de Trabajadores, Sindicato Autónomo de Trabajadores Casa de la Moneda, Nueva Plataforma, Sindicato Unitario, Comisión de Trabajadores Asamblearios, Plataforma Sindical, Colectivo

Obrero Popular de Roca, Sindicato Unificado Independiente de Trabajadores del Hotel Meliá Castilla, Plataforma Sindical Independiente de Blas&cia, Comisiones de Base, Sindicato Fe-rroviario de Madrid-Intersindical, Comité de Empresa de UPS-Vallecas, Movimiento Asambleario de Trabajadores de la Sanidad, Sindicato de la Elevación, Corriente Roja, Iniciativa Comunista, Izquierda Anticapitalista, Partido Comunista de los Pueblos de España, Izquierda Castellana, Red

Roja, Reconstrucción Comunista, Asamblea de Vallecas por la Huelga General.

Contacto: p.u.hayquepararleslospies@gmail.comBLOG: plataformahayquepararleslospies.blogspot.com.es/

lo que diferencia.Como parte del 15M, se

plantean que la democracia y las asambleas lleguen de las plazas a los centros de trabajo, para romper con el miedo y la miseria a la que el sistema condena a la mayoría, el denominado 99%. Porque creen que el apoyo mutuo, la socialización y la unidad de las luchas son elementos fundamentales para la victoria.

La unión hace la fuerza. La solidaridad, es la mejor arma.

Constituida en noviembre de 2011, la Coordinadora viene creciendo desde entonces. Información sobre los acuerdos fundacionales en: http://c o o r d i n a d o r a l a b o r a l 1 5 m .wordpress.com/

Cortejo de co.bas en la

manifestación unitaria de

Gran Canaria

Espacio de coordinación de luchas laborales desde la base, está formada por trabajadoras en paro, con contratos precarios, prejubilables, o jubiladas, son gente de los barrios, de las comisiones laborales de las asambleas del 15M y también de los Puntos de Información Laboral y de las Oficinas de Derechos Sociales; trabajadoras sindicadas y no sindicadas, trabajadoras sin contrato, autónomas, precarias, parte de la izquierda sindical combativa trabajando conjuntamente.

¿En qué? En aquello que una, desde los territorios y desde las empresas, por la democracia de base, coordinados en lo compartido y trabajando autonónomamente en

Experiencias de lucha y unidad

p.6// septiembre 2012// COBAS

Defensa crece 28%, Ayuda al Desarrollo mengua 65%

Morenés y el complejo militar-industrial

El presupuesto del Ministerio de Defensa para este año aumenta un 28,21%, de acuerdo con informaciones difundidas por uno de los periódicos de referencia de la capital del Reino. Ha sido “un súbito incremento”, afirma.

El aumento estaría en relación con el crédito de 1.782 millones € que el Consejo de Ministros aprobó para programas de armamento. Aunque, añade, no para nuevas compras, sino sólo para pagar deudas pendientes.

El secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, reconoció un desfase de 2.370 millones entre la partida prevista y las obligaciones de pagos, y para buscar solución anunció la apertura de conversaciones con Hacienda, Economía e Industria; como cualquiera puede entender, ministerios cómplices, claro.

Con este crédito extraordinario, según Defensa, “el contador se pondrá a cero y será posible renegociar la factura pendiente a medio y largo plazo, que suma entre 27.000 y 30.000 millones €”. Aclara, además, que, si no se atendiesen estos pagos, Defensa tendría que abonar penalizaciones por incumplimiento de contrato y haría peligrar la supervivencia de muchas empresas, en alusión a compromisos del gobierno anterior. El portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa se descargó de culpas y señaló al gobierno de Aznar como el responsable de un 90% de la citada deuda.

Más allá de estas “peleas en broma” entre PP y PSOE, lo cierto es que la parte del león de esta

Pedro Morenés, el actual Ministro de Defensa, fue quien puso en marcha los PEA siendo Secretario de Estado de Defensa del ministerio que presidía Eduardo Serra y, también, Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004, siendo ministro Josep Piqué. Como es sabido, Pedro Morenés tiene un largo currículo en la industria de armamento: desde 2005 hasta su toma de posesión en 2011 ha sido consejero de Instalaza, empresa fabricante de municiones y bombas (entre otras, las famosas “bombas racimo”), cargo que compatibilizó con el de Presidente ejecutivo de

la empresa de misiles MBDA. También ha formado parte del Consejo de Administración de SAPA (empresa especializada en carros de combate, cañones y artillería), KuitVer Estudios S.L. (especializada en I+D+i militar) y Presidente y Consejero de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica (la empresa contratada para custodiar los atuneros en el océano Índico en la “Operación Atalanta”). Morenés nombró como Secretario de Defensa del actual gobierno a Pedro Argüelles, quien hasta su nombramiento dirigía la filial española de la empresa militar estadounidense Boeing.

deuda es debida a los Programas Especiales de Armamento (PEA), que nacieron entre 1997 y 1998, efectivamente con el gobierno Aznar de la “España va bien”, siendo el actual ministro Morenés Secretario de Estado en ese tiempo. Además, según fuentes del Centre d’Estudis per a la Pau, la deuda alcanza los 40.000 millones de euros, lo que “sitúa a este Ministerio en la banca rota”. Esto, en cualquier caso, no salva al PSOE, pues en este tema ha habido siempre un “acuerdo de Estado” entre los dos partidos. La política seguida por los distintos ministros y la ministra lo demuestran. Además, siempre en estrecha e íntima relación con el ministerio de Industria.

De acuerdo con las conclusiones de un estudio del citado Centre d’Estudis, “estamos en manos de un lobby: una clase política y militar, (...) con claras vinculaciones con las empresas de armamento que se benefician de jugosos contratos financiados con dinero público”. Por ejemplo: empresas beneficiadas con anticipos públicos de 23.415 millones €, entre 1997 y 2011 sólo han devuelto hasta el momento 147 millones.

A todo esto, hay que considerar que el montante de la deuda podría crecer mucho todavía si se tiene en cuenta que las armas compradas generan nuevas obligaciones de mantenimiento que en el ciclo de vida de los mismos puede llegar a “superar en tres veces su coste de adquisición”. Al mismo tiempo, cada PEA está sujeto a revisión de precios por contingencias varias de

mercado. Puede ser peor todavía si se produjera demora en el pago.

Por si acaso, y según la revista holandesa especializada ASD (Aerospace & Defense) el gobierno español estaría reservando más de 46.000 millones de euros para sus fuerzas armadas. Mientras tanto, los recortes en el Ministerio de Educación y Cultura son del 21%, en Ayudas a la Investigación del 25% y en Ayuda al Desarrollo del 65%. Claro que todo esto, según Morenés es para mantener puestos de trabajo. Preguntado sobre la venta de carros de combate a la dictadura de Arabia Saudita, el Ministro respondió: “No voy a entrar a analizar el régimen político del país. España apoya a sus empresas”.

El 3 de septiembre se celebró la segunda reunión para la creación de un frente contra el poder financiero. En primer lugar se leyó el “Manifiesto Ciudadano ante la crisis del sistema financiero” que dio origen a la convocatoria.

Las intervenciones destacaron la importancia de organizar la respuesta ciudadana en los ámbitos más estratégicos de lucha contra el capitalismo en su estado neoliberal y financiarizado, como causante de la crisis que asola el planeta, la justicia social y la democracia.

Los espacios estratégicos que, en general, se consideran de mayor necesidad de movilización y alternativas ciudadanas son: El financiero, el de la defensa y conservación del planeta, la soberanía alimentaria y la biodiversidad; el del sistema productivo y las fuentes de energía y el de denuncia de la farsa democrática, la defensa de los derechos de ciudadanía y el desarrollo y profundización de una democracia real.

En cada uno de estos ejes estratégicos se han de multiplicar las respuestas e incidir en sensibilizar a la opinión pública y movilizarla unitariamente. Como ya se hace en

defensa de los servicios públicos o denunciando la actual dictadura política y económica camuflada de democracia formal. Así como por una alternativa energética renovable y autogestionaria.

El poder financiero, fundamental-mente de origen especulativo, mueve en estos momentos en el

Mundo más de 70 veces el dinero que se mueve en la economía real y somete a ésta a su dominio vía decisiones en bolsas y mercados financieros diversos y sobre la economía productiva.

Esta especulación ataca el corazón del Planeta, la justicia social y la democracia a través

de la especulación sobre tierras, materias primas, alimentos básicos, combustibles, deuda soberana, armamento, fuentes de energía, divisas, derechos de emisión, derivados sobre abastecimiento de agua, y muchos otros, todo es especulable.

Esta especulación genera fraude, robo e inseguridad ciudadana, como se viene demostrando entre los afectados por la hipoteca y diversos productos bancarios: preferentes, swaps, clips, contratos de permuta financiera, cláusulas de suelo, afectados por diversos fraudes bancarios.

Es cada día más necesario unir a los movimientos sociales, políticos y asociaciones ciudadanas contra este gran poder financiero que son, fundamentalmente, la gran banca nacional e internacional, los fondos de alto riesgo, las aseguradoras y fondos de inversión y pensiones, que operan en bolsa y en los diversos mercados muchas veces a través de la cobertura opaca que les dan los paraísos fiscales.

En la reunión se hicieron varias propuestas, como la de creación de un amplio frente contra el poder financiero en Cataluña. Que por supuesto forme parte a su vez de

un frente de oposición al sistema más amplio cuando sea necesario.

Asimismo, formar un grupo amplio de trabajo que gestione las decisiones y garantice el trabajo para atraer a más ciudadanía y colectivos. Otras propuestas: programar una base de formación y de información, atrayendo a expertos y medios críticos y alternativos; reflexionar sobre las muchas facetas de la crisis y las consiguientes respuestas, y cómo generar nexos de unión en las respuestas.

También, profundizar en las formas en que la ciudadanía puede actuar, tanto a nivel particular como colectivo. Trabajar y mo-vilizarse para acabar con la im-punidad de los responsables ban-carios y políticos proclamando su indignidad. Estudiar formas de vincular la acción financiera al delito económico-social y promo-ver acciones para reformar el códi-go penal. Dar soporte activo a los diversos colectivos afectados en sus actuaciones y demandas.

La convocatoria se ampliará hasta la constitución de la primera asam-blea del Frente Ciudadano contra el Poder Financiero en Catalunya, que se realizará en breve.

Barcelona: por un frente contra el poder financiero

COBAS// septiembre 20112// p.7

Telefónica despide de nuevo a Marcos

En “carta a los y las compañeras” de trabajo, datada en agosto, Marcos anuncia que “si alguien pensaba que me iba a quedar de manos cruzadas se equivoca. Estoy dispuesto a pelear por mi readmisión, mientras tenga ánimo y compañeros que me apoyen”.

Y señala tres motivos: primero, “la cuestión personal”, pues “este despido vuelve a dejarme a la intemperie. Aun con la indem-nización de 45 días”. El segundo motivo, “porque creo que he de luchar contra la utilización que se ha hecho de mi, (y de Mº Cruz)”. Y afirma: “Es inhumano y de una bajeza moral tremenda utilizar a dos personas para amedrentar a miles, aunque claro: esta gente ya toma la distancia suficiente como para que el dolor que provocan no les salpique”.

Por ultimo, considera que “de-bo estar en las acciones que se rea-licen por mi readmisión porque estos despidos os afectan también a vosotras y a vosotros. Con estos despidos han conseguido en primer lugar infundiros el miedo a poneros enfermos, y en segundo lugar que no dudéis lo más mínimo en coger la puerta a la primera oportunidad que os ofrezcan”. Y subraya: “en realidad creo que eso es lo que realmente buscaban”. Señala, por tanto, motivaciones personales y colectivas, un colectivo al que “he pertenecido durante veinticuatro años de mi vida”.

Anuncia que, a pesar de estos motivos no va a recurrir la senten-cia. En opinión del abogado respon-sable de la defensa, habría a penas un 5% de posibilidades de que el constitucional admitiera a trámite un nuevo recurso; y que aunque

lo admitieran las posibilidades de ganarlo, (es decir de conseguir otro nulo), son menores todavía. Así las cosas, considera que “después de un año y medio de poner mi vida, mi salud mental y la de mi familia, en manos de jueces, después de ver con toda claridad en mi juicio del año pasado y el de Mª Cruz, como nos habían utilizado para fines mayores, mi decisión es rotunda: no voy a poner recurso al constitucional”.

Otro motivo, añade, “es que la inhumanidad y la injusticia con la que se me despidió están en la esencia de la propia ley que usaron para hacerlo”. Y se pregunta: “¿Qué clase de sociedad estamos haciendo cuando permitimos a las empresas convertirse en entes que tratan a las personas como mercancías, como objetos de uso, en terminos de gasto o ahorro?”. Para concluir: “Quizá en otros tiempos recurrir a las leyes nos daba una segunda oportunidad, si nuestra lucha no tenía éxito, ahora son las propias leyes las que nos vienen en contra y contra las que hemos de luchar. Pienso sinceramente que mi juicio no tuvo que celebrarse nunca, debimos ganar mi readmisión en la

calle. Pienso que quien necesite que ponga un recurso para luchar es porque no ha entendido contra qué nos toca luchar en este momento. Estamos como estamos por haber delegado nuestro poder personal y colectivo en otros; estos son tiempos de reconquista, que cada cual haga lo que le dicte la conciencia”.

Después de agradecer el interés y mediación de compañeros y organizaciones para conseguir una solución lo mejor posible, dadas las circunstancias, afirma: “Yo no quiero, no quería el dinero, quiero la readmisión, quería que no me despidieran. Y me comprometo desde aquí a no tocar la indemnización mientras la lucha se mantenga, (por si llegado el caso tuviera que devolverla, se entiende)”.

Llegados a este punto, Marcos concluye que “más allá del re-sultado personal, esta lucha es importante para el colectivo. Nuestros despidos, como en su día el de Álvaro, son despidos ejem-plarizantes, simbolizan el control y el autoritarismo que ostenta esta dirección de empresa”. Así pues, “por más que ellos se com-porten como si la empresa fuera suya, nunca lo será del todo si vosotras y vosotros también la sentís propia. Repito, más allá de los resultados, si mantenéis nues-tros nombres y la lucha en el tiempo, mantendréis la memoria, y un colectivo que tiene memoria es más difícil de derrotar. Puede que crean que nos han echado de la telefónica, pero si no nos echáis vosotros de vuestra memoria, nunca estaremos del todo despedidos”.

El viernes 4 de febrero de 2011, Telefónica comunicó la rescisión de contrato a dos trabajadores: uno de Barcelona, Marcos, y otra de Madrid, Mari Carmen. El motivo: “por faltas de asistencia al trabajo justificadas e intermitentes, que han superado el 25% en cuatro meses discontinuos, dentro de un período de 12 meses, siendo el índice total de absentismo de la plantilla de Telefónica de España, y en concreto, de su centro de trabajo superior al 2,5% en el mismo período”, lo cual se justificaría con la aplicación del Art. 52.d del Estatuto de los Trabajadores.

Para co.bas, el motivo real estaba muy claro: la dirección de la empresa está rabiosa porque no había obtenido ni la clasificación profesional ni un nuevo ERE. Actuaron, pues, con la venganza, y con la venganza hacia el más débil (casos de bajas justificadas por enfermedad). Una muestra de la catadura moral de los directivos. Estaba claro también, y principalmente, que pretenden liquidar las relaciones laborales que ha habido hasta ahora.

Se organizó con presteza y mucho apoyo una importante campaña por la readmisión, a base de manifestaciones y protestas en los centros de trabajo, llegando incluso a la huelga de solidaridad.

El comité de empresa puso todo su empeño en una doble vía: la defensa jurídica, imprescindible, pero con resultados siempre inciertos, y la defensa sindical.

En octubre, el Juzgado de lo Social nº 4 de Barcelona dictó sentencia, declarando nulo el despido de Marcos y su reingreso al trabajo se efectuó de inmediato. La sentencia consideraba que la empresa vulneró un derecho fundamental: la actividad sindical

de Marcos en su centro de trabajo, aunque en aquel momento no fuera delegado sindical.

La alegría, sin embargo, duró poco tiempo. El recurso de la empresa resultó en una nueva sentencia. De acuerdo con ésta el despido era improcedente y no nulo, de modo que era a Telefónica a quien tocaba decidir, y no le tembló el pulso: Marcos ha sido nuevamente despedido.

El despido de Marcos es injusto: es un despido improcedente, en el que la propia sentencia señala que Telefónica, al pretender aplicar una ley de forma retroactiva, ha vulnerado el artículo 9.3 de la Constitución. Pero es Marcos quien está en la calle, a pesar de contar con todo el apoyo de los sindicatos del Comité de Barcelona, en una experiencia que sirve de referencia

y punto de partida para la lucha de los derechos de todos los trabajadores en el difícil escenario que se presente. Se abre en estos días una nueva fase de lucha

contra el despido de Marcos que estará marcada por la realización de una huelga de hambre por parte de compañeras y compañeros de trabajo.

Carta a los compañeros/as

Huelga de hambre contra el despido

‘Flash mob’ de protesta contra despidos, en Barcelona

Huelga de hambre contra el despido

Entre las propuestas que han surgido en apoyo de Marcos y por su readmisión está la de realizar una huelga de hambre indefinida en octubre. La realizarán una serie de compañeros y compañeras con el apoyo de la mayoría de los sindicatos.

Uno de los objetivos es lograr que en los casos de despido improcedente (es decir, cuando el juez condena a la empresa porque no procede despedir), sea el trabajador y no el empresario (como ahora) el que decida si percibe la indemnización o si se acoge a la readmisión. No es imposible, hay convenios que lo estipulan y empresas donde se ha logrado.

Un grupo de médicos realizará el seguimiento de los huelga, que se acompañará de movilizaciones colectivas de la plantilla durante los días que dure. Sabemos que el contexto es difícil, pero si tocan a uno, nos tocan a todos, y desde co.bas no dejaremos a nadie solo.

ANDALUCÍA:Almería: 639 292 409Córdoba: 676 966 748Granada: 619 479 504Málaga: 669 390 444Sevilla: 608 571 536

CANARIAS: Tenerife: Tel.: 922 285281, 670787036 c/ Méndez Núñez 49, 1ºSta. Cruz Tenerife 38001Gran Canaria: Tel.: 928 380370 Fax: 928 373438c/ San Nicolás 16, 1º-3ª. Las Palmas G. Canaria 35002cobas@cobascanarias.org

CATALUNYA:Barcelona: -Paseo Urrutia 125 bjo. (Metro Lluchmajor)Tel.: 93 4305000, 660878780, 660878809. barcelona@cobas.org-Calle Marqués de Campo Sagrado 22, 3a planta. (Metro Paral·lel). Tel.: 934838710Girona: 699 431 563Lleida: 609 310 931 Tarragona: c/ Martí D´Ardenyà 3,

1ª-2ª. CP. 43001. tarragona@cobas.orgTel.: 606142091 Tel./Fax: 977228437

LEÓN: 629 329 649, 616 042 722

MADRID: c o b a s m a d r i d @ g m a i l . c o m , madrid@cobas.orgTel.: 677 418 600, 616 870 437, 699 023 038

PAÍS VASCO: 647 940 010

SECTORES:Contratas telecomunicaciones:637 958 565Metal: 619 357 423, 605 862 735Mujer: 659899162cobas@cobas.orgSeguros: 616 653 419Servicios (limpieza, basuras, otros): 636 497 788

COORDINADORA ESTATAL:639390710, 616870437, 610 508 232

CONTACTOS COBAS

Estamos viviendo una “reforma de Estado para instaurar una dic-tadura económica”, afirma el sindicato vasco LAB. “No nos encontramos ante unas medidas coyunturales, ni ante una serie de recortes que permitan abordar una dura fase económica. El único objetivo es instaurar el modelo capitalista más salvaje”.

La convocatoria de huelga afirma: “Quieren un sector público sin recursos, sin capacidad y completamente residual. Que ni sea motor ni tan siquiera regulador de la economía, que no preste ser-vicios ni protección social a la población”. LAB constanta que “mientras, se promueven medidas para que unos pocos sigan acumulando riqueza y especulando a costa de la mayoría, se utiliza la política fiscal para el puro saqueo, ejemplo de ello es la brutal subida el IVA tras aplicar una amnistía fiscal a quienes han defraudado a manos llenas”.

“El Estado ha decidido conver-tirse en un simple instrumento en beneficio de los intereses de unos pocos”, continúa, para “proveer y desviar recursos públicos al ámbito privado y garantizar el control social, a golpe de decreto y ley básica, un modelo totalmente centralizado y uniformizado. El ‘café para todos’ del 78 ya no les sirve, quieren un modelo

económico único con un marco político único”.

Así, “seguir atada a las políticas que está realizando el Estado español es un suicidio político y económico para Euskal Herria”. Pero, afirma, “hay una alternativa: no aplicar las medidas del gobierno español; anular los recortes establecidos en los presupuestos de las instituciones de EH; y poner sobre la mesa un plan institucional nuevo e integral para hacer políticas que nos permitan salir de la crisis. Un plan definido sobre cuatro pilares: justicia fiscal; desarrollo del sistema de servicios públicos; creación de un sistema financiero público para EH; un plan real de creación de empleo y garantía de una renta mínima, apostando por políticas de reparto del trabajo y la riqueza.

Y esto mediante consultas populares en Nafarroa y en la CAV. “Ésa es la decisión que hay que adoptar, le corresponde a la sociedad de EH tomarla y al ámbito político respetarla. Debemos pasar del “aplico porque es obligatorio” a “no puedo aplicar porque la sociedad de EH lo ha rechazado”. El 26 de septiembre, anuncia, se llenarán las calles de EH con un objetivo: que sea nuestro pueblo quien tome la palabra y la decisión.

26-S: Huelga General en Euskal Herria

p.8// septiembre. 2012// COBAS

Desde co.bas apoyamos y llamamos a participar en la huelga general del próximo 26 de septiembre. Compartimos los motivos que llevan a convocarla. Es una continuación de la anterior jornada de huelga general del 29 de marzo, que también apoyamos.

Ya entonces anunciábamos que la lucha debería continuar. Si entonces la razón principal, que no única, de la convocatoria era la reforma laboral, que afectaba principalmente a trabajadores y trabajadoras asalariados, ahora vemos que los ataque se han ampliado y afectan cada vez más a derechos ciudadanos básicos, incluso a los que considerábamos intocables. A la subida abusiva del IVA, se suman los recortes en educación, en salud pública y en prestaciones sociales de mínimos. Es un espectáculo deplorable verles regatear sobre unas ayudas mínimas de 400 euros mensuales para quienes no tienen otro recurso mientras se autoasignan un 7% de aumento en “ayudas” a los partidos políticos; oírles acusar de robo a las acciones del SAT en hipermercados y de “apropiación indebida”, con los miles de millones que se han llevado los corruptos, o justificar una y otra vez por qué debemos pagar entre todos la deuda privada de los banqueros. ¿Alguien se cree que van a ser los inmigrantes sin papeles los únicos que se queden completamente fuera de la atención sanitaria? ¿Qué pasará

con los parados y paradas de larga duración? ¿Y con l@s jóvenes que no han cotizado?

No podemos seguir esperando, pasivamente, a “quedarnos como estamos”. Debemos recurrir a las posibilidades de lucha que tenemos, y una de las más potentes es la huelga general. Pero también hemos de implicarnos en los movimientos sociales contra la crisis, contra la especulación, de parados, etc. Defendemos el derecho a un trabajo digno

justamente remunerado, a un subsidio que permita algo más que la pura supervivencia. Tenemos derecho a una vivienda digna, a una educación y una sanidad públicas y de calidad. No debemos pagar entre todos los ciudadanos y ciudadanas las deudas de unos irresponsables. Las administraciones públicas deben estar a nuestro servicio, no al servicio de las 35 grandes empresas que se reúnen con el rey, ni al servicio de los capitalistas europeos.

LAB: hay alternativas, decida el pueblo

Entidades de Madrid y Catalunya venían alertando sobre el carácter y objetivos reales del conocido como proyecto “Eurovegas”, que finalmente la empresa promotora y el gobierno de la Comunidad de Madrid han decidido realizar conjuntamente en Alcorcón, decisión que ha producido ya un aumento del doble del precio de las acciones de la empresa inmobiliaria Metrovacesa, una de las responsables de la burbuja inmobiliaria.

Sendas plataformas ciudadanas y de organizaciones sociales, sindicales y políticas denuncian que “el proyecto Eurovegas profundiza en un modelo de crecimiento económico basado en la especulación urbanística y financiera”. Representando el mismo una de las mayores inversiones de la historia de Madrid, llevaría a “perpetuar un modelo que se encuentra entre las causas principales de la crisis económica que sufre nuestro país”.

El negocio principal de Eurove-gas es el juego, y no otros sectores como el de las convenciones. Según el informe anual de Las Vegas Sands, el 75% de los ingresos de la empresa provienen del juego en los casinos, mientras que los ingresos en hoteles, convenciones y otras no llegan

al 25%. Este negocio y el modelo de ocio que comporta sólo genera beneficios a la multinacional implicada, sin aportar beneficios reales en los territorios cercanos ni a sus empresas. El Estado de Nevada, donde se encuentra Las Vegas, es el primero en tasas de paro y el tercero en criminalidad violenta de todos los EE.UU.

El modelo, además, trae asociado inevitablemente graves efectos secundarios, como el aumento de la corrupción, las mafias, las drogas, la prostitución y las ludopatías.

Por otro lado, es poco creíble que Eurovegas pueda aportar las decenas de miles de puestos de trabajo que se prometen. Según el informe anual de Las Vegas Sands, los cuatro megacomplejos que tiene actualmente la compañía en el mundo, dan trabajo sólo a 36.000 personas. Como referencia, todo el sector del turismo en Catalunya ocupa a un máximo de 350.000 personas en las aproximadamente 500.000 camas hoteleras. Por tanto, las cifras que se prometen son imposibles. Se está utilizando la desesperación de la población en paro para justificar socialmente este proyecto.

La ubicación de Eurovegas comportará vulneración de la pla-nificación urbanística y territorial que se ha desarrollado los últimos treinta años, pero la presidenta de

la Comunidad ha anunciado ya que “se cambiarán las leyes que haga falta”. Por otro lado, no es posible desarrollar este proyecto sin vulnerar la legislación europea.

Asimismo, este tipo de instalacio-nes son enormes consumidoras de energía. Aumentar el consumo eléctrico nos aleja del necesario apagón de las centrales nucleares, y nos vuelve más dependientes del petróleo, fomentando de manera irresponsable el cambio climático.

Otra cuestión importantísima en todo este asunto, es “el secretismo con el que los gobiernos de Madrid y Catalunya han negociado con la empresa responsable del proyecto, supone una actitud indigna de un gobierno democrático. Se está haciendo de espaldas al territorio y sin dar información veraz y

contrastada a la ciudadanía, ni a los y las representantes de los posibles ayuntamientos afectados”.

Al mismo tiempo, satisfacer las exigencias de modificaciones legales a medida, en un tipo de subasta a la baja de deberes legales, sería una intolerable violación del Estado de Derecho, en un comportamiento propio de una “república bananera” al servi-cio de los intereses de una gran empresa multinacional. Asimismo, “las exenciones de impuestos y de contribución a la Seguridad Social que plantea el promotor son un in-sulto para los miles de pequeños empresarios y emprendedores que cada día luchan para llevar ade-lante unos negocios que aportan, conviene no olvidarlo, la mayoría de puestos de trabajo del país”.

Concluyendo, la implantación del macrocomplejo representa un modelo de desarrollo insostenible, absolutamente opuesto a un modelo socioeconómico que contemple dos aspectos irrenunciables: satisfacer las necesidades sociales de trabajo, servicios públicos y bienestar, a la vez que se conserva el territorio para las generaciones futuras.

La alternativa que, sorpresiva-mente, se ha sacado de la manga el gobierno catalán, cuenta de entrada con el empresario mayor responsable de la burbuja inmo-biliaria en el País Valencià (pero que tiene sede fiscal en Holanda) y reproduce el modelo del magnate del juego. “Ni Eurovegas ni Barcelona World, ¡ni aquí ni en ninguna parte!

¡Ni Eurovegas ni BCN World, en ninguna parte!

Salvador López Arnal

Van de demócratas y a veces alardean de pasado antifranquista (aunque cada vez menos siendo muy pocos los que señalan en esa dirección). Pero vean, vean como se las gastan los alegres muchachos y muchachas de CiU. No les decepcionarán.

“El PP apoya el plan de CiU para endurecer las medidas contra manifestantes”, señala el titular de Público[1]. ¿Qué medidas? Entre otras, los convergentes y unionistas proponen crear un delito de violencia urbana. No sólo eso. La necesidad de endurecer los castigos contra manifestantes “es otro de los asuntos en los que están de acuerdo conservadores y convergentes”.

El PP, el partido neofranquista y neoliberal catalán, el partido de los Fernández y el OPUS, se mostró el miércoles 18 de julio -¡la fecha es reveladora!- a favor de una moción de CiU. El partido de Mas-Eurovegas, el del 3% (¡3 por cien! ¡Qué bromita, doña Risa!), propone, entre otras medidas, “la creación del delito específico de violencia urbana, así como de una nueva definición del delito de alteración del orden público y atentado”.

Durante el debate, el PP ha anunciado su apoyo a una iniciativa que, claro está, “coincide con el anuncio del Gobierno de un endurecimiento del Código

La política represiva de Convergencia i UnióPenal para atajar “la espiral de violencia” que protagonizan colectivos antisistema con técnicas de ‘guerrilla urbana’”. ¿Espiral de violencia? ¿Colectivos antisistema? ¿Guerrilla urbana? ¿De quién hablan? ¿De los bomberos? ¿De los antidisturbios por aquello de la violencia urbana?

El texto, menos mal -¡por una oposición que se oponga!- ha suscitado el rechazo del resto de grupos parlamentarios. Han alertado –¡campanas, que suenen las campanas, la izquierda catalana no está muda!- del peligro de limitar derechos fundamentales como los de reunión y manifestación.

La moción propone “una nueva regulación de las circunstancias agravantes en los actos de violencia urbana, como el uso de explosivos o líquidos inflamables, el lanzamiento de objetos contundentes o el porte de objetos peligrosos y contempla la prisión provisional como medida cautelar”, una prisión provisional ya usada despótica, arbitraria y antidemocráticamente en Catalunya cuanto menos en cuatro ocasiones: en el caso de los tres estudiantes detenidos de la UB y en el de la sindicalista de la CGT.

No sólo eso: “pide una tipificación específica de la difusión de cualquier tipo de información que tenga por objeto organizar o promover la participación de actos de alteración del orden público, siempre que sean constitutivos de

delito”. De forma paralela, “solicita

una actualización del catálogo de infracciones y sanciones para adaptarlos a las nuevas conductas”. ¿Qué conductas? La ocultación del rostro, la resistencia pasiva, la desobediencia o el bloqueo de la vía pública. ¿Se dan cuenta, nos damos cuenta, con qué personal tratamos? Están subiendo el tono. No se cortan a pesar de las protestas.

En defensa de la iniciativa, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha tenido la cara (de cemento) de argüir que es necesario

“amparar” a los ciudadanos que legítimamente ejercen el derecho de manifestación. Son perturbados “por quienes pretenden aprovechar este derecho para alterar el orden público”. ¿Se dan cuentan del hermoso sentimiento democrático de los cuadros políticos de CiU, el partido del caso Millet? ¿Ven cuáles son sus profundas preocupaciones?

Por su parte, el diputado del PP, Conrado Escobar, Dios los cría y ellos se juntan, ha negado que la reforma del Código Penal en la que trabaja el Gobierno Rajoy (del desgobierno) sea una apuesta por

Continúa la persecución a los huelguistas del 29M

COBAS// septiembre 20112// p.9

un “estado policial”. Nada de eso. Se trata de buscar “el equilibrio entre seguridad y libertad”. ¿Les suena la canción? No. ¿De verdad? Es la misma, exactamente la misma que la entonada por CiU.

Una pista: retrocedan 37 años atrás y recuerdan algunas declaraciones de la Transición Inmaculada, inmaculadamente concebida. Verán las similitudes.

[1] http://www.publico.es/espana/439781/el-pp-apoya-el-plan-de-ciu-para-endurecer-las-medidas-contra-manifestantes.

(Publicado en: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=153865)

Con cerca de 200 detenidos, casi el doble que el 29 de septiembre de 2010 y el 20 de junio de 2002, la huelga general del 29M ha sido la que se ha sufrido más represión en las últimas décadas.

No ha sido una sorpresa. Pocos días antes de la jornada de huelga, desde el Ministerio de Interior se anunciaba un dispositivo policial formado por un millar de antidisturbios sólo en Madrid, 3.000 en toda España, en previsión de posibles piquetes, y ya en diciembre el Gobierno compró gas lacrimógeno por valor de un millón y medio de euros.

Sólo en Madrid hubo hasta 57 personas detenidas por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores, atentados contra la autoridad, desórdenes públicos y daños, a 23 de las cuáles se abrió procedimiento judicial. Nueve de ellos durmieron en el calabozo antes de pasar a disposición judicial. Entre los detenidos en la jornada de huelga se contaban afiliados a sindicatos, muchas personas vinculadas al 15M y otras que no tenían relación con sindicatos o movimientos sociales. El caso de Willy Toledo, que pasó la noche del 29M en el calabozo acusado de daños en un local del barrio de Lavapiés que no han sido acreditados, fue tema estrella del día, pero se cuentan muchos más.

El mal trato a los letrados que asistieron a los detenidos en la huelga fue otra dinámica habitual. En muchos casos fueron obligados a esperar hasta diez horas en la puerta mientras eran “objeto de burlas y amenazas”, explicaban desde la Comisión Legal Sol, que denunció estos hechos ante el Colegio de Abogados.

La jornada de huelga también se saldó con más de un centenar de heridos en todo el Estado. El caso más grave fue el de Xuban Nafarrate, un joven de 19 años miembro de Acampada Gasteiz, que estuvo ingresado seis días en estado grave por un traumatismo craneoencefálico producido, según la Ertzaintza, por una caída mientras corría en una carga.

Con toda la gravedad de los hechos, la represión no paró con el

fin de la jornada de huelga. Meses después de la misma la Policía todavía realiza detenciones en diversas ciudades del Estado. En abril, 14 detenidos en Navarra, 7 de ellos menores de edad y 6 más en Catalunya. La represión contra los participantes en la pasada huelga general aún no ha escrito su último capítulo, la última redada se produjo en junio, en la ciudad de Badalona.

Especial saña en la tarea puso en Govern de la Generalitat de Catalunya que, violando derechos básicos, activó una página web para denunciar a ‘supuestos’ violentos, con fotografías de los presuntos sospechosos de desórdenes y otras acusaciones, doscientos de los cuales han pasado ya por los juzgados y, en algunos casos, esperan juicio.

Enseñanza: 20.000 interinos se quedarán sin plaza

En torno a 20.000 profesores interinos se van a quedar sin plaza en las escuelas y centros públicos de educación del Estado español este curso. Y no porque falten alumnos, sino porque el gobierno ha decidido que el presupuesto para esta área hay que recortarlo, al contrario que el Defensa (véase pág. 6). De esta manera y para no dejar a alumnos en la calle, se aumenta el número de los mismos en cada aula y se obliga a trabajar más horas a los profesores, a los mismos que ya se ha rebajado el salario. O sea, hasta destruir el actual modelo educativo por otro mucho peor, o por nada.

En Andalucía, el recorte implica la reducción de 5.000 docentes en Secundaria y Régimen Especial. En Madrid y Murcia, de 2.000

cada comunidad en todos los niveles. En Castilla-La Mancha, unos 1.700. Aragón perderá unos 1.500, Asturias 600 y Cantabria y La Rioja 320 y 200, respectivamente. Especialmente escandaloso es el caso de Catalunya, donde a un aumento de alumnos del orden de 20.000 el departamento autonómico del sector responde con un recorte de unos 3.000 docentes menos, entre jubilaciones que dejan plazas que no se cubrirán y la no contratación de interinos.

El curso en los diferentes niveles ha comenzado con protestas del profesorado, AMPAS y alumnos que marcan continuidad con las iniciadas durante el curso pasado y anuncian mucho movimiento para éste.

Joan Benach, Carles Muntaner, Gemma Tarafa, Clara Valverde

La obtención del derecho a la

atención sanitaria ha sido una de las conquistas sociales más importantes de la segunda mitad del siglo XX, un bien público equiparable al derecho al voto, la educación o tener una pensión

(...) En España ese proceso fue tardío. (...) En 1986 se produjo un cambio fundamental cuando la Ley General de Sanidad sentó las bases de un Sistema Nacional de Salud (SNS) que amplió la cobertura y proveyó atención sanitaria de mayor calidad para casi toda la población. (...) En 1987 y 1993 dos relevantes informes del Banco Mundial ya plantearon la necesidad de adoptar criterios mercantiles, desinstitucionalizar la atención sanitaria y otorgar un mayor papel a las aseguradoras y prestadores privados de servicios. (...) En 1991, el “Informe Abril” se convirtió en el primer intento serio de promover la mercantilización del sistema sanitario en España. (...) Los argumentos ideológicos, repetidos desde entonces hasta la saciedad, son bien conocidos: el sector público es “insostenible” y “burocrático”, el sistema privado es “más eficiente” que el público, “la salud pertenece al ámbito personal”, los usuarios

son responsables de “abusar de la sanidad”. Ni la investigación científica ni la propia OMS confirman esos supuestos. La sanidad pública es más equitativa. (...), eficiente (...) y tiene más calidad que la privada (...).

A finales de la década de los 90 el proceso mercantilizador se acelerará [por iniciativa, en diferentes momentos, lugares e intensidad, de PP, PSOE, PNV, CiU, PSC, ERC, ICV-EUiA]. (...) El resultado ha sido reducir progresivamente la capacidad asistencial de los centros públicos, cerrándose camas, consultas y quirófanos, restringiendo urgencias ambulatorias y alargando las listas de espera. A decir de políticos tan significados como Esperanza Aguirre o Artur Mas, se trata de reducir la sanidad pública a su “núcleo básico” manteniendo la gratuidad de los servicios sanitarios imprescindibles. Si las clases medias dejan el sistema público, éste se debilitará y convertirá básicamente en un sistema de y para los pobres.

Bajo el discurso de una supuesta insostenibilidad financiera, (...) llega ahora el turno al chorro de agua helada en forma de un Real Decreto-Ley (RDL 16/2012, 20 de abril) que comporta pasar de un sistema nacional de salud a un sistema tripartito basado en

los seguros sanitarios para los ricos, la seguridad social para los trabajadores y la beneficencia para el resto de personas. El RDL del gobierno del PP es una contrarreforma sanitaria que nos lleva tres décadas atrás.

Primero, porque se pasa de un sistema financiado con impuestos directos a un sistema basado en la financiación de un modelo de seguros con el pago del afiliado (asegurado) o el protegido (beneficiario) por la Seguridad Social y numerosos copagos.

Segundo, porque se renuncia a la atención sanitaria universal excluyendo a los sectores más débiles de la sociedad española: inmigrantes sin

Avanzar al pasado, la sanidad como mercancía

papeles y discapacitados con una discapacidad menor del 65%, entre otros colectivos.

Tercero, porque se establecen tres niveles de servicios sin definir aún, lo que apunta a una reducción de las prestaciones básicas y la generación de un sistema de beneficencia que “arrastrará” a la clase media hacia los seguros privados con prestaciones complementarias sometidas a repago. Millones de de pensionistas, cuya economía raya en la subsistencia, deberán realizar “repagos” (un “impuesto sobre la enfermedad”) según su nivel de renta (una gestión que es compleja e injusta), y pagar por fármacos que sirven para “síntomas menores”.

Y cuarto, ya que se niega la sanidad a inmigrantes o personas enfermas socialmente excluidas, el “nuevo” sistema acarreará problemas de salud pública con la saturación de los servicios de urgencias y la probable aparición de epidemias. Además, es un modelo implantado en forma autoritaria y anticonstitucional que producirá graves problemas de salud y desigualdades, espe-cialmente en pobres, enfermos crónicos, discapacitados y quie-nes deban desplazarse a los cen-tros sanitarios. (...)

Los sistemas de sanidad públi-cos, accesibles, con organización y gestión esencialmente públicas y una elevada calidad de pres-taciones, ofrecen resultados globales de salud mejores que otros modelos. Que el sistema sanitario público pueda mejorar su eficiencia (con más atención primaria y menos gasto far-macéutico), calidad (con más atención en salud mental por ejemplo) y equidad (protegiendo a toda la población) no puede ser excusa para que las fuerzas económicas y políticas que favorecen la mercantilización sanitaria destruyan un modelo conseguido a través de largas luchas sociales. (...)

(Leer íntegro en: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=5206)

p.10// septiembre 2012// COBAS

Semana europea por la sanidad pública,movilizaciones en el Estado español contra el decreto ‘Mato’

Por toda Europa, independientemente de quien gobierne, y con la complicidad de todo tipo de asociaciones y sindicatos subvencionados, los sistemas públicos de salud están siendo deteriorados y desmantelados: sus partes rentables se privatizan y, el resto, se está transformando en un modelo de baja calidad, similar a los antiguos de beneficencia.

Por mucho que ciertos sectores anuncien que si gobiernan retornaremos al “estado de bienestar”, esto ya no es posible; se han caído las caretas, los políticos no deciden nada y las transnacionales financieras han decidido convertir en su negocio nuestra salud, la educación, etc. El problema es el sistema capitalista, y sólo acabando con él tendremos asegurados servicios públicos de calidad para todos y todas.

Del 1 al 6 de octubre en varios países europeos (Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Eslovaquia, España, Irlanda, Polonia), se llevarán a cabo acciones y movilizaciones contra el desmantelamiento y la privatización de los sistemas públicos de salud.

Nos toca a trabajadores, parados y excluidos, organizarnos y salir a la calle para defender lo que es nuestro y reclamar su control: queremos sistemas sanitarios

del pueblo y para el pueblo, sin influencia de las multinacionales del sector y que actúen de verdad contra los determinantes de la enfermedad. La lucha será larga, no acabará con esta movilización. Desde Madrid, la Coordinadora Anti-privatización llama a crear una red estatal para defender nuestra sanidad pública.

En Catalunya, varios colectivos se han unido en una Plataforma Pel Dret a la Salut, que intenta aunar esfuerzos contra los ataques a la Salud de las personas. El

primer acto de presentación de esta plataforma fue una manifestación el sábado 28 de Julio en contra de las reformas propuestas en el Real Decreto Ley 16/12.

Al mismo tiempo, se ha iniciado una campaña contra el pago de 1€ por receta, tal y como aprobó el gobierno reaccionario catalán. La asociación Dempeus propone que la ciudadanía se niegue a pagarlo, pues ya se pagan impuesto y porque esta medida incrementará las desigualdades y pondrá en peligro la salud pública, ya que habrá

personas que no podrán pagar. En lugar de pagar se propone entregar una carta/declaración, distribuida por la Plataforma (ver cuadro verde), dirigida al Consejero Boi Ruíz informando de la negativa a pagar y haciendo “responsables de cualquier incidencia, agravamiento o complicación sobrevenida de mi actual estado de salud, relacionada con esta circunstancia, a los máximos directivos competentes del Departamento de Salud y toda su cadena de mando”.

Bajo el lema “Yo SÍ, sanidad

universal” una serie de usuarios y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud (SNS) organizan una campaña de desobediencia civil frente a la reciente reforma sanitaria, recogida en el Real Decreto-Ley 16/2012, que supone la exclusión de cientos de miles de personas del derecho a recibir atención sanitaria y el repago de medicamentos y de ciertas prestaciones sanitarias.

Se están desarrollando líneas de acción para articular y visibilizar la objeción de conciencia de los profesionales al RD y para organizar, sostener y proteger la desobediencia civil de profesionales y usuarias para mantener la atención sanitaria. ¡Queremos una sanidad pública, de tod@s, para tod@s!

Páginas de interés:

-http://www.casmadrid.org/includes/firmas_copago.pdf-www.dempeusper lasa lu t .wordpress.com-http://defensasanitatpublica.wordpress.com-http://acampadadebarcelona.org/es/acampadabcn/item/750-pel-dret-a-la-salut-http://yosisanidaduniversal.net/portada.php

Pilar García y Jose Mª Fernández (co.bas León)

El domingo, 19 de agosto de 2012, en un bar de un pueblecito del Bierzo, con tres mineros de Uminsa conversamos sobre la situación de la minería. El conflicto en el sector afectaba, en principio, a unas cuantas provincias pero llegó a interesar a toda la sociedad y a ser un referente para las luchas contra los recortes y los ajustes estructurales que con la excusa de la crisis se están aplicando a la población trabajadora.

Los tres fueron activos en las movilizaciones para reclamar el cumplimiento de los acuerdos Estado-sector, del segundo Plan del Carbón que abarcaba desde 2006 hasta el 2012, roto por parte del Gobierno de Rajoy con una reducción en el presupuesto pactado de ayuda a la minería, de un 64%, lo que supone en la práctica un adelanto en la liquidación de la actividad minera con las consiguientes consecuencias para los mineros y sus familias, y para todas las zonas geográficas en que se ubica la actividad.

El conflicto, por tanto, adquirió dimensiones bastante más amplias que las meramente laborales con los riesgos que ello conlleva de mezcla de intereses entre distintos sectores. Empleados de UMINSA (Unión Minera del Norte), el conglomerado de empresas (un verdadero ‘trust’) de Victorino Alonso, que entre la empresa matriz y las 17 auxiliares reúne a casi 2.000 trabajadores, 400 de ellos en la empresa matriz.

Tras más de dos meses de lucha les esperaba una reorganización de los turnos de trabajo que les impone diez horas seguidas durante seis días sucesivos, incluso sábados, domingos y festivos, y tres días de descanso. De manera que cada trabajador recibiría entre 5 y 6 jornales menos que antes y

se les reduciría 200 € mensuales el salario. Y, además, la supresión de la paga de vacaciones: una ‘oportuna’ aplicación del “descuelgue”, por parte de la empresa, de los acuerdos del convenio que la última Reforma Laboral facilita ante una “previsible” reducción de ganancias.

Ante esta situación hubo un intento de negociación con la empresa a la que ésta no acudió. Se votó en asamblea por una huelga, para el 23 de agosto. La empresa amenazó con el despido a los huelguistas y sus promotores. “¡O sea, una amenaza de despido por ejercer un derecho constitucional!” ¡El colmo de la ‘democracia’!

Así se activa la “ley del miedo”: es el jefe de personal que acude a la reunión con los trabajadores con una carpeta con todos los expedientes; de forma insinuante va moviendo y revisando cada expediente, en una sutil amenaza al que se implique en la huelga.

Ésta es la situación de coacción que vive el conjunto de los trabajadores en esta empresa. Situación que se extiende también

a los sindicalistas: nadie está am-parado ni siquiera por su condición de delegado sindical; si se mueve, a él también le pueden cambiar de grupo, de contrata, in-cluso ser desplazado de la empresa matriz a la que pertenece, a una de las otras 17 contratas, con el subsiguiente deterioro de derechos.

La tensión en este ámbito incluye el maltrato psíquico y físico por parte de algún capataz que llega a extremos de prohibir el bocata y hasta agredir al compañero que osa tomarlo. O el caso del compañero que interviene en una asamblea y posteriormente es destinado a un puesto al interior de la mina en durísimas condiciones: soportando hasta cinco horas medio sumergido en agua y barro. En estas condiciones hay quien todavía interpreta la reivindicación de derechos laborales como egoísmo por parte de los mineros.

Mientras que la huelga de la primavera fue una reivindicación asumida por el conjunto de la población, en ésta de agosto, clara expresión de la lucha de clases, hay riesgo de que falle la solidaridad;

que por miedo, amenazas, escasez de recursos económicos para vivir en sus familias, y de recursos ideológicos, no se responda con la misma contundencia a la agresión extrema del empresario que aprovecha todos los resquicios de la ley para exprimir más a los trabajadores al lado de los que se colocaba en las movilizaciones un mes antes. En este sentido, lamentaban cómo compañeros de lucha, ante esta nueva convocatoria de huelga, votaron en contra.

Convenimos en que es necesario que los trabajadores tengan una estrategia política, que se pueden perder las luchas si sólo se actúa en relación a los palos que se van recibiendo, que es necesaria la lucha ideológica y que hay que pensar a largo plazo.

Abordaron la crítica a las organizaciones sindicales y políticas. Esta crítica ha socavado la confianza de los trabajadores en las organizaciones, y de ahí su falta de participación y la consiguiente degeneración de la democracia en estas estructuras. Es verdad que razones no han

faltado, pero la crítica sólo tiene valor y derecho a ser hecha por aquellos que están implicados en la lucha y no por los enemigos clásicos de la clase trabajadora o por aquellos trabajadores que no se implican en la defensa de sus intereses aduciendo defectos o parapetándose en las “traiciones” de las mismas.

Es necesaria la recuperación de la independencia de la representación sindical mediante las cuotas de los afiliados y sin subvenciones del Estado, de su carácter asambleario, transparente, y auténticamente de clase, esto es indispensable. Reconocen que las direcciones sindicales es-tán vendidas a la patronal. Lo ilus-traban con ejemplos como el de las subvenciones que se dan para el cupo del carbón, en el que se incluía maquinaria que iba a tener otros destinos; o las facturas de justificación que también van fir-madas por el sindicalista de turno.

Otro ejemplo, la llegada de la marcha minera a Madrid. Cuando los que habían participado en la marcha se colocaban lógicamente a la cabeza de la misma, fueron abordados y desplazados por un alto dirigente sindical acompañado de guardaespaldas que reclamaba el puesto de la foto.

Es posible que la población de las zonas mineras haya estado involucrada en el anterior conflicto por sus propios intereses. Eran sectores populares que veían sus vidas amenazadas pero que probablemente no entendieron que su desentendimiento de las leyes antiobreras impuestas por los gobiernos de turno, como la última Reforma Laboral, o el caso de la última reforma de la Constitución de hace una año, afectaría de este modo a sus vidas siendo como somos todos sectores populares y que como tales debemos actuar con la convicción de que es necesario que nos unamos más allá de los conflictos particulares.

Al momento de redactar esta información, la huelga del 23 de agosto está en marcha, Y a mediados de septiembre se mantenía fuerte. ¿Llegaremos a entender las gentes que tanto apoyo mostramos en la anterior huelga minera que en esta necesitan aun más apoyo y compromiso que en la anterior? En esta sólo van a contar con nuestro apoyo, el de los sectores populares y de los trabajadores. Estamos ante una lucha de clases al desnudo.

Perspectivas del conflicto minero: siguen las huelgasCOBAS// septiembre 20112// p.11

Solidaridad con la lucha minera

Durante la visita del compañero de la CSI de Asturies, Segundo Meléndez, a Barcelona se acordó, como forma de apoyo para extender la lucha y de la solidaridad con los mineros, abrir una cuenta para recoger ayuda económica. Los datos de la cuenta son:

0081 5542 05 0006118122

Miles de trabajadores y trabajadoras de la función pública se concentraron el miércoles 12 de septiembre en las principales capitales de provincia convocados por la Plataforma Sindical de Asociaciones Profesionales de Empleadas y Empleados Públicos, ante las puertas de los centros de trabajo y las delegaciones de Gobierno para retomar la campaña de movilizaciones en las que protestan contra las políticas de recortes aprobadas por el Gobierno. Los recortes ya efectuados y los que se desprenden del Decreto Ley 20/2012 aprobado el día 13 de julio con el objetivo, pretende el Gobierno, de “garantizar la estabilidad presupuestaria”.

Claro que si se tiene en cuenta que la deuda pública española ha batido el récord establecido en el año 1913 (sí, 1913), la cifra absoluta superó en el segundo

Siguen los ‘viernes de negro’: jornadas de lucha del sector públicotrimestre el listón de los 800.000 millones de € por primera vez en la historia, y el endeudamiento en términos relativos escaló hasta el 75,9% del PIB, las previsiones son, claramente, de un nuevo ajuste.

Y se anuncia, justamente, que continuarán las movilizaciones y actos de protestan ya que no se espera que el Gobierno rectifique. Así pues, los sindicatos que forman la plataforma del sector público realizaron una reunión el jueves 13 para aprobar un nuevo calendario de movilizaciones.

En concreto, este calendario establecerá un día a la semana para las movilizaciones en los distintos sectores, de manera que cada día, especialmente los denominados “viernes de negro”, haya concentraciones y manifestaciones en algún área de la administración pública. Hay que mostrar el rechazo a las políticas que están dejando en ruina al país.

Constitución del Sector ‘Servicios’ de co.bas en Catalunyap.12// septiembre 2012// COBAS

Sindicalistas y delegados del sector de Limpieza de Edificios y Locales y RSU (saneamiento urbano) participaron en el acto de constitución formal del sector ‘Servicios’ del Sindicato de Comisiones de Base (co.bas), el pasado día 5 de julio, en los nuevos locales de la cooperativa de abogados Col•lectiu Ronda, en el centro de Barcelona. Con el objetivo de seguir luchando por un sindicalismo de base, asambleario y democrático. No ha sido fácil dejar la organización sindical en la que muchos de los nuevos afiliados han luchado durante décadas, las CC.OO. de Catalunya, pero “es la opción más coherente y efectiva para poder seguir trabajando en la defensa de los intereses inalienables de las trabajadoras y trabajadores”. Consideran que co.bas es un marco organizativo óptimo para continuar la lucha. Esta decisión, tomada por centenares de sindicalistas, se produce en un momento de crisis histórico para nuestro país y Europa. Estamos en un contexto de agudización de la lucha de clases y del incremento de la explotación que sufre la clase obrera. Participaron en el acto representantes del Colectivo Laboral 15M de Barcelona y Josep Bel, en representación de Comisión Multisectorial de co.bas.

Entrevista con Jesús Girón y Pascual Sánchez, de la coordinación del “Sector Serveis” de co.bas

La constitución del Sector Serveis de co.bas, a principios del mes de julio, marca un punto de inflexión en la lucha por la defensa de un sindicalismo democrático y de base como instrumento de resistencia y de combate para los trabajadores y trabajadoras en este sector de la producción. De un lado, pone fin a un largo camino de conflicto entre la cúpula dirigente de la CONC y la federación de Actividades Diversas. De otro, abre puerta a un proceso de reconstitución de una organización sindical capaz de impulsar la lucha en defensa de los intereses legítimos de las trabajadoras y trabajadores del sector a partir de las asambleas de base y democráticas.

Jesús Girón y Pascual Sánchez, elegidos democráticamente en el congreso de la federación de Actividades Diversas de la CONC y posteriormente destituidos por la dirección de la Confederación, forman parte de la actual coordinación del Sector Serveis de co.bas. “Hemos sufrido durante años la injerencia e intervención de la cúpula de la CONC”, afirma Jesús, “vulnerando los criterios básicos que dieron origen a las comisiones obreras, o sea el funcionamiento democrático por asambleas de base, contra acuerdos con empresas y gobiernos”. Se ha vivido, por tanto, “en un contexto de dura lucha de clases, la intervención de la dirección sindical contra las bases”.

El 22 de diciembre del año pasado, la dirección de la CONC destituyó a la dirección legítima de Actividades Diversas y aprobó la constitución de un consejo gestor para sustituirla. Se ponía así fin a un proceso de intervención antidemocrática que se había iniciado con fuerza

a partir del congreso que la Con-federación celebró en el 2008. “La combatividad y la lucha ensu-ciaba la imagen del sindicato, nos decían”, explica Pascual. Así fue, por ejemplo, que la cúpula sindical desautorizó la huelga de las trabajadoras y trabajadores de la Selectiva de Girona (empresa mixta municipal con gestión ma-yoritaria de la empresa privada FCC) por la equiparación salarial. “Por primera vez en la historia”, señala Jesús, “ la dirección del la CONC se posicionó públicamente a favor del Ayuntamiento y contra los trabajadores que protestaban”.

Destacan también otro caso, el de la desautorización por parte de la CONC del contencioso administrativo de la contrata de Salt, apoyada por todos los trabajadores de la plantilla antes de la sentencia. “A petición de la empresa, nuevamente FCC, la dirección de la CONC, mediante escrito al juzgado, retiró el recurso de los trabajadores”.

“De nuestra parte”, continúa Jesús, “siempre hemos mantenido

los métodos de organización y lucha que consideramos justos y necesarios: las asambleas de base como organismos de decisión, la solidaridad entre los compañeros y colectivos, la huelga”. Pascual añade que “la política de la Federación ha sido siempre ir a la ofensiva en la defensa de los derechos e intereses de las trabajadoras y trabajadores del sector. Y eso iba a contracorriente del modelo actual de funcionamiento de CCOO, que es el del pacto y el conformismo”.

No fue posible resistir más tiempo dentro. Ante la imposición de la gestora y la apertura de expedientes disciplinarios y de expulsión, la dirección legítima de Actividades Diversas elaboró un escrito denunciando la operación de la cúpula, que creó una comisión de investigación que era juez y parte en el conflicto. Finalmente, en una reunión conjunta de los afectados por el expediente, “decidimos ver cuál era la organización más idónea para que pudiéramos continuar nuestra actividad sindical, para

militar más activamente”, explica Jesús, “y finalmente optamos por el sindicato de comisiones de base co.bas, por considerar que es el que realiza una actividad que se parece más a los que nosotros pensamos”. Y continúa: “además, conocíamos su experiencia y motivos de creación, que son más o menos los mismos que los nuestros”.

Y ahora, pues a recomenzar, “nos proponemos reconstruir el sindicalismo de clase y combativo, y hacernos presentes en los sectores que representamos”. Informa Pascual que en este corto espacio de tiempo “ya se han afiliado a co.bas varias centenas de compañeras y compañeros, y se han incorporado varios comités”. Los

compañeros están muy animados, hacen una valoración muy positiva de las decisiones tomadas y de los primeros resultados, “es una experiencia alentadora y constructiva, recuperamos el sindicalismo de clase y de base”.

“La respuesta de las trabajadoras y trabajadores y de los comités demuestra que no sólo son las siglas las que funcionan, al contrario, son las personas que practican un sindicalismo auténtico las que impulsan la organización y la lucha por la defensa de los derechos históricos y legítimos de la clase obrera”, asegura Jesús, quien no se olvida de “agradecer la confianza en nuestro hacer y la defensa del modelo de sindicalismo”.

CO.BAS US CONVIDA A LA PRESENTACIÓ DEL NOU LLIBRE DE:

ADORACIÓN GUAMÁN I HÉCTOR ILLUECA BALLESTER

EL HURACÁN NEOLIBERAL

UNA REFORMA CONTRA EL TRABAJO LA PRESENTACIÓ TINDRÀ LLOC EL PRÒXIM DÍA 26 DE SETEMBRE DEL 2012 A LES 17 HORES, AL CARRER TRAFALGAR Nº50 DE BARCELONA. INTERVINDRÁN:

VICENÇ NAVARRO

Catedràtic de Ciències Polítiques i Socials, Universitat Pompeu Fabra

ADORACIÒN GUAMÁN

Professora titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social a la Universitat de València. Doctora en Dret per les Universitats de València i París X-Nanterre I membre de la fundació CEPS.

HECTOR ILLUECA BALLESTER Inspector de treball i seguretat social. Doctor en Dret per la Universitat de València

i membre de la Fundació CEPS

SARA DE LA VEGA

Per el 15 M

VIDAL ARAGONÉS

Advocat laboralista del Col.lectiu Ronda i professor associat de Dret del Treball de la UAB.

EL PRESENTADOR DE L´ACTE SERÀ:

JOSÉ BEL Com a representant del sindicat CO.BAS

US PREGUEM PER L´IMPORTÀNCIA D´AQUEST ACTE QUE NO FALTEU A AQUESTA PRESENTACIÓ. HEM D´ESTAR PREPARATS PER A LA LLUITA.

VISCA LA CLASE OBRERA

Protesta de trabajadoras de la limpieza en el ayuntamiento de Manresa

“Por un sindicalismo auténtico, impulsar la organización y la lucha por la defensa de los derechos históricos y legítimos de clase”