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Política Internacional

Nº 111Enero-Marzo 2014

Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar

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REVISTA POLÍTICA INTERNACIONAL:

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Diseño y diagramación: Elka Saldarriaga García

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5Política 4 Internacional

ContenidoLa bioprospección y el principio de libertad de investigaciónantártica Stefany Cépeda Gonzales 7

Buenas prácticas en el sector minero canadiense: Un análisiscomparativo con el caso peruanoMaría Sol Delgado Ayca 29

Propuesta para la inserción estratégica del Perú en el AsiaPacífico: Conectividad marítimaSebastián A. García Marengo 51

La falacia de la racionalidad y su impacto en el comportamientodel consumidorAníbal Sierralta Ríos 72

Actividades institucionalesRelación de actividades Enero - Marzo 2014 163

DocumentosDisputa Marítima Perú-Chile – El fallo de La Haya 93


Stefany Cépeda Gonzales

La bioprospección y el principio de libertad de investigación antártica

Resumen

El objetivo de esta investigación es definir la naturaleza de la bioprospección y determinar si existen normas para regularla en la zona donde rige el Tratado Antártico. Como primer paso se resolvió entender la bioprospección como una actividad científica, en la cual existe una relación continua entre la fase de descubrimiento y comercialización del producto resultante; por lo cual esta actividad cae en el ámbito del régimen jurídico del Tratado Antártico. También se determinó que no existe compatibilidad entre el carácter comercial de la bioprospección y el principio de libre divulgación. Finalmente, se definió que en los regímenes internacionales desarrollados para la regulación del uso de recursos se pueden encontrar elementos válidos para desarrollar un régimen para la bioprospección en la Antártida.

Palabras clave: bioprospección, investigación científica, recursos genéticos, recursos biológicos.

Introducción

En el presente estudio se ha realizado una investigación sobre la bio-prospección y el principio de libertad de investigación. Para el de-

sarrollo del mismo, se planteó la necesidad de formular un mecanismo regulador de esta actividad en la Antártida. En primer lugar se buscó determinar la naturaleza de la bioprospección, en tanto resultaba clave para determinar la aplicabilidad del principio de libertad de investi-gación, ya que el Tratado Antártico no presenta ninguna definición de

Bachiller en Biología por la Universidad Nacional Agraria La Molina. Diplomática de carrera y magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática. Actualmente se desempeña en la Dirección de Control de Drogas del Ministerio de Relaciones Exteriores.


“bioprospección”, como tampoco define “investigación científica”. En un segundo paso se hizo la revisión de los diferentes sistemas de regula-ción de recursos en busca de elementos aplicables para este mecanis-mo; así también se tratarán temas relacionados al acceso a los recursos biológicos, los tipos de beneficios y los mecanismos de distribución jus-ta y equitativa de los mismos.

¿Qué es la Bioprospección?

Algunos autores diferencian prospección biológica de bioprospección; dentro de la prospección biológica se incluyen todas las actividades que ayuden en la exploración de nuevos usos y aplicaciones de recursos bio-lógicos1. Y es así que se diferencia de bioprospección, en tanto esta im-plica hacer prospección biológica con fines comerciales y en el marco de una legislación determinada. Ruiz (2001) señala que la bioprospección se define como la búsqueda de genes, proteínas, moléculas, extractos bioquímicos o cualquier derivado de origen biológico para su utiliza-ción en procesos de investigación y desarrollo, por lo general –aunque no exclusivamente– en el campo farmacéutico y agro-industrial. Para Microbial Life, bioprospección es la búsqueda de componentes orgáni-cos útiles de la naturaleza, que comúnmente involucra la colección y examen de ejemplares biológicos (plantas, animales, microorganismos) como fuentes de recursos genéticos o bioquímicos2. Rogan- Finnemore, et al la define como la búsqueda de material biológico útil –general-mente compuestos químicos o genes– o la investigación del potencial biológico del material colectado

Jabour-Green, et al3 señala como pasos inherentes a la bioprospección el descubrimiento de un organismo a través de una colecta, screening y descripción; desarrollo de un producto a través del aislamiento, pu-rificación, modificación y test clínico; manufactura y marketing. Con lo que se extiende el proceso de la bioprospección más allá de la etapa de descubrimiento a la de aplicación comercial. Asimismo, otros au-tores indican que la bioprospección involucra cuatro fases: coleta de muestras; aislamiento, caracterización y cultivo; screening para una actividad farmacéutica y el desarrollo de un producto, patente, venta y marketing4. Por otro lado en la reunión 27 del Comité científico para la investigación en la Antártida, 2002, se notó que la bioprospección se da a dos niveles, el estudio del material genético y la determinación comercial de la importancia de los códigos genéticos; y la colecta in situ de organismos para la extracción de metabolitos. Asimismo, el Reino Unido en el WP-0435 definió la prospección biológica o bioprospección como la exploración que se da naturalmente sobre microorganismos,

plantas y animales para conseguir recursos genéticos y bioquímicos de valor comercial. Ante la diversidad de acepciones con las que es en-tendida la bioprospección y con el fin de poder avanzar en la discusión sobre el régimen que debería aplicarse en la Antártida, se trabajará con una definición general relacionada con la investigación y el exa-men de los recursos biológicos con potencial para desarrollar un valor comercial.

¿Qué se entiende por Investigación Científica?

La investigación puede ser definida como la actividad intelectual de búsqueda y ampliación del conocimiento que se caracteriza por ser una metódica y que se presenta sistematizada6. Martínez Val señala que “investigar es seguir las huellas que encontramos en la apariencia de la naturaleza hasta conseguir entender, aunque sea despacio y con lar-go proceso de observaciones, medidas y pruebas, lo que hay dentro de la mera apariencia paladina o patente, que nos muestran las cosas”. Y Silva añade que el hombre es el ser del conocimiento7.

El International Council for Science define la investigación científi-ca como una investigación fundamental, teórica o experimental, para avanzar en el conocimiento sin necesidad de que tenga una aplicación práctica inmediata. Es la búsqueda de nuevo conocimiento y la explo-ración de lo desconocido. También es definida como la aplicación del método científico a las relaciones entre fenómenos naturales, o para resolver un problema.

La libertad de investigación científica, en términos generales, garan-tiza la realización sin trabas de todas las actividades destinadas a la búsqueda del conocimiento, en cualquier ámbito del saber, sea que se desarrolle de manera individual o colectiva, particularmente o dentro de instituciones públicas o privadas, sin perjuicio de respetar otros de-rechos, bienes jurídicos y valores constitucionalmente valiosos. Su ob-jeto es el desarrollo de la ciencia a través de la investigación científica.

La determinación de lo que es la ciencia, es una tarea compleja. Gar-cía Fernández señala que si se carece de una “aproximación jurídica” sobre lo que es la ciencia “es porque, en definitiva, ni el poder consti-tuyente, ni el legislador ni la doctrina jurídica están capacitados para elaborar elementos definitorios sólidos de este concepto, pues es el ope-rador no jurídico (el científico, el investigador, el técnico) quien tiene que aportar los materiales que se manejan en cada situación histórica”. Solo tras esta aportación, el jurista puede avanzar en una noción sin

La biosprección y el principio de libertad de investigación antártica


ninguna pretensión dogmática, sino simplemente orientativa. La rela-ción que existe entre investigación científica y ciencia permite sostener que hay dos momentos en la investigación; uno dinámico, donde la in-vestigación individualizada adquiere nuevos conocimientos. Diferente del momento estático, en que se plasman los resultados. Entrelazando ambas nociones se concluye que la ciencia como cuerpo de conocimien-to es el resultado de la investigación científica. Esta actividad previa mediante la cual se aumenta el conocimiento, consistente en diversas actuaciones realizadas para descubrir algo, la realización sistemática de actividades intelectuales y, en algunos casos, de experimentación, con el propósito de aumentar o modificar los conocimientos sobre una determinada materia o asunto.

El conocimiento es el principal resultado del ejercicio de la actividad científica. De la cual derivan de ella otros “productos indirectos”, los beneficios, que se relacionan con el “derecho” de toda la colectividad a acceder y a disfrutar de los resultados de la ciencia. La convergencia entre ciencia y tecnología se da a partir de dos factores. El primero es la unión casi inmediata entre el conocimiento y las aplicaciones prácticas, de manera que hay continuidad entre ellas. El segundo factor es el uso de nuevas tecnologías conlleva a la búsqueda del conocimiento. Por lo que, la ciencia no consiste en pura teoría ni la tecnología en pura apli-cación, de modo que los resultados de la actividad científica no podrían ser separados de los instrumentos que se utilizan en su elaboración8.

En este sentido se concluye que la bioprospección es entendida como una actividad científica, en la cual existe una relación continua entre la fase de descubrimiento y comercialización del producto resultante. Siendo así que la bioprospección consiste en la investigación y el exa-men de materiales biológicos con potencial para desarrollar un valor comercial.

La bioprospección en el Sistema del Tratado Antártico

El Tratado Antártico

El Tratado9 estipula que el continente solo puede ser usado con fines pacíficos. Así también afirma que existe libertad de investigación cien-tífica10, que acorde con el entender de Ahumada, esta sería entendida como “…la realización sin trabas de todas las actividades destinadas a la búsqueda del conocimiento, en cualquier ámbito del saber, sea que se desarrolle de manera individual o colectiva, particularmente o dentro de instituciones públicas o privadas, sin perjuicio de respetar

otros derechos, bienes jurídicos y valores constitucionalmente valiosos; teniendo como objeto el desarrollo de la ciencia a través de la investi-gación científica”. En este sentido las observaciones científicas y los re-sultados obtenidos en dichas investigaciones deben ser de libre dispo-sición11. Asimismo, el Tratado garantiza el intercambio de información y de personal científico. Con este fin las partes acuerdan cumplir con lo siguiente (artículo III): (a) al intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos en la Antártida, a fin de permitir el máximo de economía y eficiencia en las operaciones; (b) al intercambio de personal científico entre las expediciones y estaciones en la Antárti-da; (c) al intercambio de observaciones y resultados científicos sobre la Antártida, los cuales estarán disponibles libremente.

El régimen del ATS sobre las soberanías en el continente, plasmado en el artículo IV, representa un ejemplo de cooperación y que beneficia tanto a los países demandantes como a los no demandantes de sobera-nía. Los países demandantes se benefician en tanto el Tratado permite preservar las demandas soberanas, lo que significa la protección en el largo tiempo de sus intereses en la región, a un costo menor del que re-presenta el defender la jurisdicción. Por su parte los países no deman-dantes se ven beneficiados en tanto este régimen les permite gozar de los beneficios de la investigación científica multinacional y de la coope-ración internacional. A pesar del consenso actual sobre el status de la Antártida como un continente en el que las reclamaciones de soberanía se encuentran congeladas, las Partes tienen posturas opuestas. Para unos, la Antártida tiene la condición de terra nullius y en ese sentido los recursos sobre los que se ejerce la bioprospección están sujetos a libre apropiación. Para otros, la Antártida tiene la condición de terra communis y por tanto la bioprospección debe estar sometida a un régi-men que garantice que sus beneficios sean repartidos equitativamente.

En este contexto, y en el entendido que la bioprospección, es un tipo de investigación científica, se podría sostener que dicha actividad debe desarrollarse bajo el principio de la libre divulgación de los resulta-dos. Este es un tema sobre el cual existe discrepancia entre los autores como Joyner, quien tiene una postura opuesta a la comercialización y explotación del área, y que propugna el mantenimiento y conserva-ción del ambiente antártico. Sin embargo, para Tvedt y Hemmings la comercialización de las invenciones a partir de recursos antárticos y el derecho de patentes debe prevalecer. Las actividades de bioprospec-ción podrían remitirse al artículo III sobre cooperación con respecto a programas científicos, personal científico, observaciones y resultados científicos. Los reportes deben proveer información sobre estas acti-vidades, incluyendo la información sobre las aplicaciones comerciales



y/o industriales de estos recursos. Lo que implica reconciliar la confi-dencialidad comercial con los requerimientos legales del artículo III. Para León (2013) en tanto los investigadores patenten la información obtenida relativa a la aplicación industrial o comercial, podrían incluir dicha información en los informes12. Pero esto implicaría un proceso de información post patente, limitando la divulgación de la información a etapas tardías.

Protocolo de Protección Ambiental (Protocolo de Madrid)

El desarrollo de las actividades de bioprospección tiene una directa relación con los compromisos de los Estados en materia ambiental. En el caso del Sistema del Tratado Antártico, sus objetivos ambientales fueron consolidados en el Protocolo sobre Medio Ambiente. En este se reafirma a la Antártida como una zona de especial conservación y re-fuerza el marco para la protección del medio antártico, incluidos los ecosistemas dependientes y asociados. Asimismo se designa a la Antár-tida como una reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia, y se pro-híben las actividades relacionadas con los recursos minerales, excepto aquéllas con fines de investigación científica13. También se define un marco para zonas protegidas con la finalidad de proteger áreas únicas, importantes o especialmente vulnerables14.

El Protocolo establece una serie de principios ambientales que estipu-lan que las actividades en el área del Tratado deben ser planificadas y conducidas de modo que se limiten los impactos ambientales adversos, y se eviten los cambios negativos sobre la abundancia o productividad de las especies15. Así también, se refuerza lo señalado en el Tratado Antártico sobre cooperación, donde los Estados Partes deben cooperar en la planificación y ejecución de actividades en la zona sometida a dicho acuerdo.

Con respecto a las actividades a las que hace referencia el artículo 8, el Protocolo presenta un anexo sobre la evaluación de impacto ambiental exigida para éstas. Aquí se indica que se deberá preparar una eva-luación previa sobre los impactos ambientales que podrían ocasionar las actividades planificadas, acorde con los programas de investigación científica, turismo u otra actividad gubernamental o no. Como conse-cuencia, las actividades de bioprospección estarán sujetas a una eva-luación de impacto ambiental, en la cual se determinará si la colecta de material para la bioprospección impactará negativamente sobre las especies o sobre los hábitats. Cabe señalar que el Estado en cuyo terri-torio se organiza la expedición, o del cual sus nacionales emprendan la investigación, es responsable del EIA16.

Convención sobre la Conservación de los Recursos Marinos Vivos (CCAMLR)

La CCAMLR tiene como objetivo la conservación de los recursos vivos marinos y se aplica a los recursos vivos marinos antárticos de la zona situada al sur de los 60º de latitud sur y a los recursos vivos marinos antárticos de la zona comprendida entre dicha latitud y la Convergen-cia Antártica que forma parte del ecosistema marino antártico17.

Este Convenio tiene relevancia en el caso de la bioprospección dado que regula la recolección de recursos vivos, todos los cuales tienen un va-lor potencial para la bioprospección, De acuerdo con el artículo 2 toda recolección deberá ser regulada para prevenir la reducción del tamaño de la población de la especie colectada a niveles por debajo de aquéllos que aseguren el restablecimiento a niveles estables. Esta disposición es importante dado que aún no se ha identificado el impacto de la reco-lección de especies con fines de bioprospección al no haber sido objeto de monitoreo. Asimismo, las disposiciones de la Convención relativas a la presentación de informes anuales sobre las actividades de pesca que incluyen información estadística, biológica, y otra información que la Comisión y el Comité Científico puedan requerir; así también tendrán que reportar sobre las áreas de pesca18. Esta información podría ayu-dar a la identificación de posibles actividades de bioprospección y a su supervisión indirecta.

Convención para la Reglamentación de las Actividades sobre Recursos Minerales Antárticos (CRAMRA)

Esta Convención fue adoptada en 1988, más nunca entró en vigor en tanto que el Protocolo de Madrid prohibió las actividades mineras en la Antártida. El área de aplicación de la CRAMRA es el continente antár-tico y todas las islas antárticas, incluyendo todas las barreras de hielo al sur de los 60º Latitud Sur, y el lecho del mar y el subsuelo de áreas marinas adyacentes costa afuera hasta el fondo oceánico profundo19. Excluyendo de su jurisdicción las actividades de recursos naturales más allá de la extensión geográfica de la plataforma continental antár-tica, lo que asegura que su regulación no aplica a actividades mineras que puedan ser conducidas de acuerdo a la CONVEMAR y lo regulado por la Autoridad Internacional de Fondos Marinos.

Acorde con el artículo 37, las actividades de prospección que no requie-ren autorización previa de las instituciones de la Convención, deben ser autorizadas por los Estados Patrocinadores quienes se asegurarán de que las actividades se lleven a cabo acorde con la Convención. Con



respecto a la exploración y explotación, la Convención otorga autoriza-ción expresa a través de los cuerpos que establece20.

La Convención dota a la Comisión con plena responsabilidad por sobre todo el funcionamiento del mecanismo regulatorio establecido y decide por consenso en áreas a ser identificadas para exploración y explota-ción. El tratado señala que una vez que la Comisión identifica un área de exploración y explotación, esta debe establecer un Comité Regula-dor que debe constar de diez miembros y adoptar decisiones con dos tercios de la mayoría. El rol del Comité es desarrollar, en línea con los estándares de la Convención, regulaciones para la posibles exploración y explotación por parte de los operadores.

CRAMRA estimula la participación internacional de las Partes inte-resadas, particularmente de países en desarrollo. Asimismo, se señala que nada de los dispuesto en la Convención, ni ningún acto o actividad, constituirá fundamento para hacer valer, apoyar o negar una reclama-ción de soberanía territorial en el área del tratado Antártico ni para crear derechos de soberanía en el área del Tratado Antártico21.

Con respecto a la disponibilidad y confiabilidad de datos básicos e in-formación de valor comercial generados por la prospección, éstos serán conservados por el Estado Patrocinador en archivos y podrán en cual-quier momento, para fines científicos o ambientales, ser dados a conocer parcial o totalmente en las condiciones que se establezcan22. Finalmente el artículo 16 señala con respecto a la data e información derivada de exploración y desarrollo la Comisión deberá aceptar medidas relativas, como apropiación, a la liberación y asegurar la confidencialidad de la data e información de valor comercial. Asimismo, se señala que el Es-tado Patrocinador deberá certificar que los datos básicos y la informa-ción, generados producto de la prospección estén disponibles cuando no tengan o hayan perdido su valor comercial. En todo caso a más tardar a los 10 años a partir del año en que los datos e información fueron recogidos, a menos que certifique ante la Comisión que esos datos e in-formación continúan teniendo valor comercial23. El inciso 13 del mismo artículo indica que la Comisión podrá adoptar medidas que estén en conformidad con este Artículo relacionadas con la publicidad de los da-tos e información de valor comercial incluyendo los requerimientos para las certificaciones, la frecuencia de las revisiones y el plazo máximo de la extensión para la protección de tales datos e información. Lohan, et al señalan que la CRAMRA no desarrolla ningún articulado sobre la asignación de las utilidades financieras derivadas de las actividades mineras en la Antártida.

Otros regímenes relevantes para la bioprospección

Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y la Bioprospección

El CDB es importante en tanto contiene normas de carácter general aplicables a la bioprospección en la Antártida y en su artículo 5to esta-blece el compromiso de las “Partes a cooperar con otras Partes Contra-tantes, directamente o, cuando proceda, a través de las organizaciones internacionales competentes, en lo que respecta a las zonas no sujetas a jurisdicción nacional, y en otras cuestiones de interés común para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica”. Ba-sados en esta cláusula se han llevado a cabo esfuerzos regionales para aplicar las regulaciones del CBD, asimismo se ha buscado considerar la aplicación del CBD en la regulación del uso de los recursos genéticos marinos en alta mar y en los fondos marinos. Cabe señalar que el CDB es el principal marco legal internacional para la conservación de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la partici-pación justa y equitativa en los beneficios que deriven del uso de los re-cursos genéticos, a través de un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes24. Se considera el primer tratado internacional con un acercamiento holístico, basado en el ecosistema para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. En el CDB se reconoce el derecho soberano de los Estados so-bre sus recursos naturales y la facultad de estos para regular el acceso a los recursos genéticos, los cuales son sujetos de la legislación nacio-nal. Asimismo, se señala que cada Parte Contratante procurará crear condiciones para facilitar a otras Partes el acceso a los recursos gené-ticos para usos ambientalmente adecuados. El acceso a los recursos genéticos será en condiciones mutuamente convenidas, y las investiga-ciones científicas basadas en los recursos genéticos aportados por otras Partes contarán con la plena participación de la parte que proporciona los recursos. En este sentido, en el inciso 7, del artículo 15 se señala que se deberá compartir en forma justa y equitativa los resultados de las actividades de investigación y desarrollo y los beneficios derivados de la utilización comercial y de otra índole de los recursos genéticos con la Parte aportante de los recursos.

En el CDB también se establece un compromiso de las Partes a asegu-rar y/o facilitar la transferencia de tecnologías en condiciones justas y en los términos más favorables. En caso la tecnología esté sujeta a patentes u otros derechos de propiedad intelectual, el acceso y trans-ferencia de la misma estará asegurada en condiciones que protejan los derechos de propiedad intelectual y sean compatibles con ella25. Así



también, en el Convenio se indica que se adoptarán las medidas para promover e impulsar el acceso de las Partes aportantes de recursos genéticos, a los resultados y beneficios derivados de las biotecnologías basadas en estos. En el sentido de que el CBD presenta lineamientos para los diversos temas que se derivan de la bioprospección, hay quie-nes han planteado la posibilidad de aplicar el régimen del CBD en la Antártida. Para lo cual se ha considerado que el CBD y los lineamien-tos de Bonn26 regulan la bioprospección27; y que cerca de 50 estados han reportado esfuerzos para desarrollar una legislación nacional, o políticas para la implementación de los puntos de la CBD relacionados a recursos genéticos. Asimismo, existen diversos esfuerzos regionales para su implementación a través del Pacto Andino, ASEAN, Unión Europea, Programa Regional Ambiental del Pacífico, Fondo para el Ambiente y el Desarrollo de Centro América, Fondo para el Ambiente Global, Programa de Ayuda para Biodiversidad de África Meridional, Estrategia para la Diversidad Biológica y Paisajística Pan-Europea, Red Pan- Europea Ecológica, y el Programa de Cooperación Ambiental del Sur de Asia28.

Algunos Partes como los Países Bajos han optado por recomendar la aplicación del Protocolo de Nagoya29 (conexo al CBD) en tanto desarro-lla como idea principal el compartir los beneficios que se deriven del uso de los recursos genéticos30 de forma equitativa y justa, incluyendo el accesos apropiado a los recursos genéticos y a través de la transfe-rencia oportuna de tecnologías relevantes; tomando en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y tecnologías, y a través de un financia-miento, de modo que se contribuya a la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes. Si bien este Protocolo aplica sólo a la jurisdicción nacional de los países, en el artículo 10 se deja abierta la posibilidad futura de desarrollar un mecanismo global multilateral de intercambio de beneficios (global multilateral benefit-sharing mechanism). Este mecanismo resulta de interés para el pre-sente estudio en tanto sería un elemento aplicable en el desarrollo de un mecanismo de repartición de beneficios producto de la bioprospec-ción. Sin embargo, considerando que el CBD se desarrolla bajo supues-to en virtud del cual los recursos están sometidos a la soberanía de un Estado, y en base al desarrollo de acuerdos bilaterales entre usuario y proveedor de recursos, podría decirse que el CBD no resulta de aplica-ción directa en la Antártida. Asimismo, resulta importante señalar que EEUU no es país firmante del CBD y que acorde con Porter y Welsh (1996) la ausencia de la participación de EEUU en un régimen ambien-tal lo debilita, en tanto es un actor estatal clave. Finalmente el régimen de la Antártida en el que no existe la jurisdicción nacional representa la mayor dificultad en la aplicabilidad del CBD en la Antártida.

Cabe indicar que el uso de elementos relevantes de este mecanismo, podrían ser usados en el diseño de un mecanismo regular de la bio-prospección en la Antártida. Por lo que para los fines de este trabajo resultan relevantes los artículos del 15 al 21 del CDB, en los cuales se trata los temas referidos al acceso a recursos genéticos, acceso y trans-ferencia de tecnología, gestión de la biotecnología y distribución de sus beneficios, intercambio de información y financiamiento.

La Propiedad intelectual y la Bioprospección

En el Sistema de Patentes resulta de gran interés resaltar que el otor-gamiento de una patente es esencialmente un acto soberano de cada nación Estado, y que por ende es materia de cada Estado determinar los términos bajo los cuales de otorgará o no la patente, esto siguiendo los parámetros de su ley doméstica pero siendo consecuente con sus obligaciones internacionales. Este punto resulta de especial importan-cia para el presente trabajo en tanto significaría que los derechos del poseedor de una patente son determinados por la ley nacional del Es-tado que la otorga, con lo que los derechos en relación a una patente no se verían afectados por la ausencia de regulación en las áreas fuera de la jurisdicción nacional31.

La mayoría de países en el mundo son obligados a tener una normativa referida a la propiedad intelectual en cumplimiento del ADPIC32, los cuales señalan los requerimientos esenciales para obtener una paten-te, las exclusiones y restricciones permisibles en el uso de patentes. Las patentes son justificadas por la Pharmaceutical Research and Ma-nufacturers of America33, en el sentido de que permite recuperar el costo de inversión. Las patentes lo permiten en tanto monopolizan el precio, los costos de las licencias y el pago de regalías.

El patentar organismos vivos, genes y otro tipo de productos de este tipo resulta controversial, en parte porque esto implica apropiarse de algo vivo o ser dueño de la vida, hasta cierto punto. El sistema de pa-tentes otorga al poseedor de la patente el derecho a prevenir la explo-tación de sus invenciones sin un permiso, por un periodo de 20 años. Sin embargo, las patentes, por lo general, son redactadas de tal forma que nadie excepto el poseedor pueda usar los materiales naturalmente producidos.

Según el Artículo 27 del ADPIC, son materia de patente todas las in-venciones, sean de productos o procedimientos, en todos los campos de la tecnología; siempre que sean nuevas, impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En el artículo



29 se subraya la exigencia de divulgación de la invención de manera clara y completa para que las personas capacitadas en la técnica de que se trate puedan llevar a efecto la invención. Este requerimiento, es la principal justificación para el sistema de patentes en tanto provee una exclusividad temporal al inventor para que otros puedan usarla una vez la patente haya expirado.

Los microorganismos y sus procesos no son excluidos de ser patenta-dos, por lo que los microorganismos antárticos no podrían ser excluidos de ser patentados. A pesar que la mayoría de países industrializados no excluyen expresamente a plantas y animales; la mayoría de países europeos sí lo hacen. Respecto de las patentes sobre microorganismos cabe analizar el Tratado de Budapest34, con el cual se facilita el proceso de obtención de una patente sobre un microorganismos en tanto esta-blece que en lugar de describir detalladamente la invención (de modo que permita que un experto pueda repetir la invención35), se acepta que los solicitantes de patentes de un microorganismos lo depositen en cualquiera de las llamadas Autoridades Internacionales de Depósito (AID)36 y 37. Cabe señalar que las regulaciones bajo el Tratado de Buda-pest no requieren indicar la ubicación del lugar donde se muestreo del organismo. Sin embargo, en el artículo 12 del Tratado se manifiesta que la Asamblea de las Partes tienen poder para modificar las regula-ciones. Kenneth (2007) comenta que en caso se cambiasen las regula-ciones, sería plausible que las autoridades nacionales que otorgadoras de patentes identifiquen si un microorganismo ha sido aislado de un área fuera de jurisdicción nacional, en cuyo caso se podría condicionar la patente. Este punto resultaría de gran importancia para el segui-miento de las actividades de bioprospección en la Antártida y porque en tanto no se dé una modificación de la regulación, se deja abierta la posibilidad de obtener patentes sobre recursos biológicos antárticos.

Sobre la patentabilidad de los recursos biológicos antárticos; Villami-zar (2012) señala que son patentables en tanto cumplan con los cri-terios para patentar. Asimismo, manifiesta que el Derecho de las Pa-tentes no confiere dominio sobre el recurso patentado, sino que otorga el derecho a explotar la invención por un tiempo determinado; con lo que no se incumpliría con el Tratado Antártico. Pero si se analiza el sistema de patentes desde la perspectiva del principio de cooperación internacional en la investigación científica antártica (artículo III) que incluye el intercambio de información sobre los proyectos de programas científicos antárticos, intercambio de personal científico, y la libre di-vulgación de observaciones y resultados científicos en la Antártida; se pude encontrar discordancia con el sistema de patentes, en tanto éste busca dar el derecho para que otros no exploten la invención. La situa-

ción presentada podría conllevar a dos situaciones. Una en la que el de-recho dado por la patente se ve alterado si se intercambia información, ya que como se establece en el Tratado de Budapest existe un derecho a no revelar información sobre los microorganismos depositados para ser patentados38. En el segundo caso podría resguardarse lo patentado e incumplir con lo estipulado en el Tratado Antártico. De esta forma se plantea que la oposición a patentar invenciones originadas a partir de recursos antárticos basados en la ética no prosperará. La prevalen-cia del Derecho de Patentes sobre el Tratado Antártico es justificada por algunos juristas en tanto señalan que el artículo 3c del Tratado Antártico no está definido con precisión, por lo que el espectro de esa obligación se vuelve impreciso. Para Tvedt (2010) si el resultado de una investigación genera un producto que cumple con los requisitos de para ser patentado, debe patentarse, mientras que en caso de conflicto entre el Derecho de Patentes y las regulaciones antárticas, el primero debe prevalecer39. Sin embargo, para Hemmings (2010) la prevalencia en caso de conflicto entre ambos regímenes la debería tener la economía nacional.

El Derecho del Mar

En tanto la bioprospección es considerada como una actividad cientí-fica, la Parte XIII sobre investigación científica marina de la CONVE-MAR40 podría representar una herramienta útil para la organizar la investigación científica marina en la Antártida. En la CONVEMAR se señala que todos los Estados tienen libertad sobre la realización de in-vestigaciones científicas con sujeción a los derechos y deberes de otros Estados41. En este sentido la Convención promueve el uso pacífico de los mares y océanos, la conservación de los recursos, el estudio, protec-ción y preservación del ambiente marino. Indica también que se deberá facilitar la difusión de información de los principales programas cien-tíficos marinos42. Se promueve la transmisión de conocimientos a los países en desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad autónoma de investigación científica marina de los mismos. Los Estados y organiza-ciones internacionales deberán fomentar la cooperación internacional en base al principio del respeto de la soberanía y de la jurisdicción sobre la base del beneficio mutuo. Así también cabe mencionar que el CONVEMAR no define investigación científica marina, dejándose esta a la libre interpretación nacional.

La Parte XIV sobre Desarrollo y Transferencia de Tecnología Marina resulta de interés para el presente estudio en tanto se destaca algunos principios e ideas que también están presentes en el Sistema del Trata-do antártico. Uno de ellos es el principio de cooperación bajo el cual los



Estados promoverán el desarrollo y la transferencia de ciencia y tecno-logía marina en términos justos y equitativos. También se señala que se deberán promover las condiciones económicas y legales favorables para la transferencia de tecnología se hará sobre una base equitativa; tomando en consideración todos los intereses legítimos, los derechos y deberes de los poseedores, los proveedores y los receptores de tecnolo-gía marina. Asimismo, busca fomentar el intercambio de científicos y expertos, y las condiciones favorables para la celebración de acuerdos, contratos y otros arreglos similares en condiciones equitativas y razo-nables43.

La Parte XI sobre la Zona de los Fondos Marinos define a esta como un espacio marítimo que se encuentra más allá de las áreas someti-das a la jurisdicción de los Estados y cuyo régimen establecido en la CONVEMAR tiene como base el principio de Patrimonio Común de la Humanidad. Si bien las actividades que se regulan en dicha Zona están asociadas a la actividad minera, los principios y mecanismos que conforman dicho régimen podrían ser aplicables al caso de la biopros-pección en la Antártida en tanto que dichos recursos son res communis y tienen valor comercial.

La Zona se encuentra situada en los fondos marinos o en su subsuelo y comprende los recursos que en ella se encuentran. En el artículo 136 se indica que la Zona y sus recursos son patrimonio común de la hu-manidad, por lo que ningún Estado podrá ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la Zona o sus recursos, y ningún Esta-do o persona natural o jurídica podrá apropiarse de parte alguna de la Zona o sus recursos. Así también todos los derechos sobre los recursos de la Zona pertenecen a toda la humanidad. No obstante, los minerales extraídos de la Zona sólo podrán enajenarse de conformidad con la Au-toridad Internacional de los Fondos Marinos44. Esta entidad organiza y controla las actividades en la Zona referidas a los minerales de los fondos; recibe la documentación técnica sobre los equipos, maquinaria, dispositivos y procedimientos pertinentes; y asegura que los Estados en desarrollo, sean asistidos en la adquisición de nuevos equipos, ins-talaciones, procedimientos y otros conocimientos técnicos necesarios, por medio de cualquier arreglo financiero previsto en esta Convención.

La Autoridad para ejercer de manera eficiente su rol administrativo se compone de tres órganos, la Asamblea, el Consejo y la Secretaría. A través de esta entidad los Estados Partes organizarán y controla-rán las actividades en la Zona, basados en el principio de la igualdad soberana de todos los miembros, los cuales deben cumplir de buena fe con las obligaciones contraídas45. En esta sección se busca desarrollar

el sistema paralelo, en el que se señala a las empresas de prospección minera deberán presentar un plan con dos sitios de explotación; uno destinada a ser explotado por la empresa de la Autoridad y el otro a ser explotado por los mineros.

Como parte de sus funciones la Autoridad aprobó en el 2000 las re-gulaciones sobre prospección y exploración de nódulos polimetálicos. Estas regulaciones incluyen cláusulas sobre prospección, solicitudes de aprobación de planes de trabajo para exploración en forma de contra-tos, contratos de exploración, protección y preservación del ambiente marino, y confidencialidad. Este documento enfatiza que ninguna de las regulaciones afectará de ninguna forma la libertad de investiga-ción científica o el derecho a conducir una investigación científica en la Zona, asimismo ninguna de las regulaciones restringirá el libre ejerci-cio de los Estados sobre alta mar.

Se señala además que la prospección sólo podrá darse una vez la Se-cretaría General haya informado al solicitante sobre el registro de la notificación y cumplimiento con los requisitos previstos por la Conven-ción, no se aprobará en caso la evidencia indique que existe un serio riesgo de dañar el ambiente marino. En este documento también deja en claro que la prospección no da derechos al investigador sobre los recursos. No obstante, el interesado podrá extraer una cantidad razo-nable de minerales, la necesaria para las pruebas de ensayo, pero no con fines comerciales46. El incentivo para que el interesado notifique a la Autoridad de sus actividades es mínimo ya que puede llevar a cabo sus actividades bajo la fachada de investigación científica, en tanto no se otorgan derechos sobre los recursos.

Las reglas referidas a la confidencialidad indican que con pocas excep-ciones, la data y la información presentada o transferida a la Autoridad durante el proceso de aprobación de un plan de trabajo, será protegida por la Secretaría General. Así también se aclara que el Secretario Ge-neral podrá autorizar el acceso a esos datos y a esa información sólo para una utilización limitada en relación con las funciones y obligacio-nes del personal de la Secretaría y las de la Comisión Jurídica y Téc-nica, en la medida en que sean necesarios y pertinentes para el eficaz desempeño de sus facultades y funciones. Por otro lado, la regulación señala que pasados los diez años de la fecha de presentación de los da-tos e información confidencial a la Autoridad o de la expiración del con-trato de exploración, si esta última fecha es posterior, y posteriormente cada cinco años, el Secretario General y el Contratista examinarán los datos y la información a fin de determinar si deberán seguir teniendo carácter confidencial. Esos datos e información seguirán siendo confi-



denciales si el Contratista establece que podría existir un riesgo impor-tante de sufrir un perjuicio económico grave e injusto en caso de que se dieran a conocer los datos y la información. No se darán a conocer dichos datos ni información a menos que se haya dado al Contratista oportunidad razonable de agotar los recursos judiciales de que dispone de conformidad con la sección 5 de la Parte XI de la Convención. Es im-portante señalar que este régimen sólo es aplicable a la explotación de recursos minerales en la Zona, debido a lo cual los recursos biológicos se mantiene amparados bajo el principio de libertad en alta mar: “first come, first served”47.

Ante el planteamiento de algunas Partes sobre la aplicación de la CONVEMAR al sur de los 60° Sur, cabría señalar que se tendría que incorporar dos consideraciones; entre ellas la extensión de las regula-ciones relacionadas a la prospección y exploración de nódulos polime-tálico de la CONVEMAR a los organismos de la Zona, y la delimitación de un área en el Océano Meridional en consideración a lo estipulado en el artículo IV sobre el congelamiento de los reclamos territoriales. La aplicación de estas hipótesis podría servir como regulaciones para la protección y conservación de las especies biológicas de los fondos mari-nos del Océano Meridional.

Conclusiones

En tanto la bioprospección se enmarca dentro de la investigación cien-tífica, y por ende esta actividad debe estar regulada acorde con el prin-cipio de libertad de investigación científica antártica; se concluye que la bioprospección se enmarca dentro de la investigación científica, esta actividad debe estar regulada acorde con el principio de libertad de investigación científica antártica.

La bioprospección es una actividad científica, en tanto implica realizar actividades de investigación, dejándose en claro que no existen diferen-cias entre investigación científica teórica y aplicada; en tanto no hay mayor diferencia entre los métodos y actividades que se realizan.

En el entendido de que la bioprospección es una actividad científica esta debe cumplir con la obligación de disponer libremente de las ob-servaciones y los resultados científicos en la Antártida. Por lo tanto, se demuestra que existe incompatibilidad entre las cláusulas del artículo III del Tratado Antártico y los derechos de propiedad intelectual; por lo cual se concluye que el carácter comercial de la bioprospección es contrario al principio de libre divulgación.

A lo largo de todo el estudio se ha comprobado que los regímenes inter-nacionales desarrollados para la regulación del uso de recursos presen-tan elementos válidos para desarrollar un régimen para la bioprospec-ción en la Antártida.

Se concluye que el desarrollo de un listado de términos debidamente definidos es fundamental en la formulación de un futuro mecanismos de regulación de la bioprospección en la Antártida, en tanto permite definir los alcances de los sistemas.

El desarrollo de un sistema multilateral para el acceso y distribución de beneficios en el contexto antártico podría resultar de gran utilidad, en tanto busca que los países en desarrollo tengan acceso a la tecnolo-gía, lo que implica cooperación tecnológica y transferencia de tecnolo-gías; en tanto es fundamental para el desarrollo sostenible de los paí-ses en desarrollo.

Con respecto a la autoridad competente respecto de la bioprospección en la Antártida cabría señalar que la aplicación de las regulaciones na-cionales no resulta convincente; mientras que los elementos presentes en la CRAMRA parecen ser más adecuados para la formulación de una regulación, teniendo presentes los requerimientos ambientales actua-les con respecto de la elaboración de estudios de impacto ambiental para todas las actividades.

Notas

1 Pastor & Sigueñas, 2008.2 Traducción de Pastor, 2008. Bioprospecting is the search for useful organic compounds in

nature, commonly involving the collection and examination of biological samples (plants, animals, microorganisms) for sources of genetic or biochemical resources.

3 Information Paper IP-075-UK, NO, 2003.4 Jabour-Green & Nicol, 2003.5 Reino Unido, 2002.6 Ahumada, 2012.7 Él es el ente que en un principio puede conocer todas las cosas, naturales, las divinas y las

humanas (…) El hombre es el ser que habla, porque el ser es la razón; él es el ser de la razón, porque es el único ser que es capaz de tomar la palabra. (Silva).

8 Ahumada (2012) Al decir de Edgard Roy Ramírez, mientras que el producto de la ciencia es el conocimiento, la tecnología se traduce “en un objeto, una situación tecnológica o una serie de procedimientos con vistas a la obtención de una función deseada”.

9 ElTratadoAntártico fuecreadoafinde regularel usodel territorio ymateriaprimadelcontinente y eventualmente encontrar una solución al problema de reclamos de soberanía. Asimismo, resulta un instrumento importante para asegurar la desmilitarización del área y parafomentareldesarrollocientífico.(PrietoLarraín,2004)

10 Artículo II.11 Artículo III.12 LeónCollazos,2013.



13 Artículo 7, Prohibition of Mineral Resources Activities, Protocolo de Madrid, 1998.14 United Nations Environment Programme, 2002.15 En el artículo 8 se plasma la exigencia de presentar una evaluación de impacto ambiental

en la zona sometida al Tratado Antártico respecto de las actividades que puedan entrañar consecuencias adversas considerables para el ambiente.

16 Lohan&Johnston,2005.17 ArtículoI,CCAMLR.18 ArtículoXX,CCAMLR.19 Se entenderá por fondo oceánico profundo, el lecho del mar y el subsuelo situado más allá de

laextensióngeográficadelaplataformacontinental,segúneltérminoplataformacontinentalqueestádefinidoacordeconelderechointernacional.(Artículo5,inciso3,CRAMRA).

20 Artículo39,inciso1yartículo53,inciso1,CRAMRA.21 Artículo9,CRAMRA22 Artículo37,inciso10,CRAMRA.23 Artículo37,inciso12,CRAMRA.24 Artículo1,CDB.25 Artículo16,inciso2,CDB.26 LasdirectricesdeBonnproporcionanunaguíavoluntariaparalosEstados,Gobiernosyotros

actores para ayudarlos a establecer medidas legislativas, administrativas o políticas para el accesoyrepartodelosbeneficios,cuandosenegociencontratosdeaccesoeintercambiodebeneficios.Estedocumentoaplicasobretodos losrecursosgenéticos incluidosen laCDB, conexcepcióndeaquéllos cubiertospor elTratado Internacional sobreRecursosFitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura. En la Guía de Bonn se trata sobre los rolesyresponsabilidadesenelaccesoydistribucióndelosbeneficiosreferidosalartículo15delaCDB.Aplicablealasautoridadesnacionalescompetentes,proveedores,usuariosystakeholders.Lacuartasecciónidentificapasosenelprocesodeaccesoyenelcompartirdelosbeneficios.Elaccesoalosrecursosgenéticosestarásujetoalconsentimientoinformadodel Estado que provee los recursos (se considera que el sistema de consentimiento informado podríaincluirlaidentificacióndeunaautoridadcompetentequeproveainformaciónsobrelos tiemposy losplazos límite,especificacionesdeuso,procedimientosparaobtenerelconsentimiento informado y mecanismos de consulta de los stakeholders. También se propone la adopción de términos mutuamente aceptados para asegurar la participación justayequitativadelosbeneficios.Tambiénpresentaunaguíadeincentivos,registroparalaimplementacióndelacceso,arreglosparacompartirbeneficios,monitoreonacionaleinformessobreverificaciónyarreglodecontroversias,ysoluciones.Asimismo,enlosapéndicesIyIIse sugieren elementos a ser considerados para los acuerdos de transferencia de materiales ybeneficiosmonetariosynomonetarios.

27 LabioprospecciónnohasidodefinidaniporlaCBD,nienningunadelasdecisionestomadasporlasCOPs,sinembargo,sedescribecomolaexploracióndelabiodiversidadenbuscade recursos bioquímicos o genéticos de valor comercial. También es entendida como el proceso de colectar información a partir de la biosfera sobre la composición molecular de recursos genéticos para el desarrollo de nuevos productos comerciales.

28 Lohan&Johnston,TheInternationalRegimeforBioprospecting,2003.29 Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa

enlosBeneficiosqueseDerivendesuUtilizaciónalCBD,adoptadoen2010,peroquetodavíanoentraenvigencia(SecretaríadelConveniosobrelaDiversidadBiológica,2011).

30 ElProtocolodeNagoyaaplicasobre los recursosgenéticoscubiertosporelCBDy losbeneficiosquesederivendesuutilización.

31 KennethLeary,2007.32 ADPIC,acuerdodelaOMCsobrelosAspectosdelosDerechosdePropiedadIntelectual

relacionadosconelComercio.33 Pharmaceutical Research and Manufacturers of America, PhRMA Pharmaceutical Industry

Primer 2001 (2001) 4 <http://www.phrma.org/publications/publications/10.08.2001.528.cfm> at 1 May 2003.

34 TratadodeBudapestsobreelReconocimientoInternacionaldelDepósitodemicroorganismosalosFinesdelProcedimientoenMateriadePatentes,firmadoen1977,entraenvigenciaen 1980.

35 El principal principio en la ley de patentes es que quien solicita la patente describa su invención usando el leguaje escrito. En los 70s cuando se inició el patentamiento de organismos vivos, especialmente microorganismos, se aceptó el depósito de material biológico en reemplazo de la descripción escrita; lo que facilitó el otorgamiento de patentes sobre material biológico. (Tvedt, 2010).

36 Artículo 3, Tratado de Budapest.37 ParaconcederelderechoalestatutodeAID,lainstitucióndedepósitodeberádomiciliar

en territorio de un Estado contratante y gozar de seguridades proporcionadas por dicho Estado, según las cuales dicha institución deberá cumplir con los requerimientos del Tratado, incluyendo el hecho de estar a disposición de cualquier depositante, en las mismas condiciones,a losfinesdeldepósito;asícomoaceptarendepósitomicroorganismosdetodos los tipos o de algunos de entre ellos, examinar su viabilidad y conservarlos, de conformidad con el Reglamento. Asimismo, deberá entregar muestras en cualquier momento aldepositante,oaquienposeaunaautorizaciónporescritodeeste,oacualquieroficinadepropiedadindustrial.LasAIDdeberácontarconlaexperienciarequeridaparamantenerlosmicroorganismos viables y libres de contaminantes durante el periodo de almacenamiento. (Artículo 6, Tratado de Budapest).

38 TratadodeBudapestsobreelreconocimientoInternacionaldelDepósitodeMicroorganismosalosfinesdelProcedimientoenmateriadePatentesysureglamento.

39 “In case of conflict between patent law and current Antarctic regulation relevant to bioprospecting, patent law seems most likely to prevail“. (Tvedt, 2010).

40 LaConvencióndelasNacionesUnidassobreelDerechodelMarfuefirmadaen1982yentraenvigenciaen1994,conlafinalidaddeestablecerunordenlegalparaelusodelosmaresyocéanos,elusoeficienteyequitativodelosrecursos,laconservacióndelosrecursos,yel estudio, protección y preservación del ambiente marino.

41 Artículo238,CONVEMAR.42 Artículo244,CONVEMAR.43 Artículo266-273,CONVEMAR.44 Artículo137,UNCLOS.45 Artículo157,UNCLOS.46 Artículo 2, Reglamento sobre Prospección y Exploración de Nódulos Polimetálicos en la

Zona.47 Guyomard, 2010.

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Canadá representa uno de los casos más conocidos de buenas prácti-cas en la actividad minera a nivel mundial. Este logro le ha permi-

tido a dicho país desarrollar su industria minera y posicionarse a nivel internacional como un modelo en minería. En el Perú, la extracción minera, que constituye la principal actividad económica del país, es también la fuente de cerca de la mitad de los conflictos sociales identi-ficados que en él se producen.

La actividad minera es considerada como una industria nacional en Canadá, ya que se encuentra presente en las todas las provincias y territorios del país. El 22.8% de las exportaciones canadienses están vinculadas a la minería, actividad económica que representa la prin-cipal empleadora privada de las poblaciones indígenas1 (The Mining Association of Canada, 2013). Actualmente, Canadá se encuentra den-tro de los diez principales productores mundiales de diversos metales y minerales como potasa, uranio, níquel, aluminio, cobalto, entre otros. En este sentido, la extracción y el procesamiento de estos materiales constituye una parte importante del sector industrial canadiense y una fuente esencial del PBI, empleo e ingresos del gobierno a lo largo y an-cho de todo el país (The Canadian Chamber of Commerce, 2013).

Los logros socio-económicos de Canadá están estrechamente vincula-dos a sus recursos naturales. En particular, los minerales y metales han contribuido de manera significativa a su crecimiento económico y prosperidad, convirtiéndolo en uno de los países mineros más impor-tantes del mundo.

María Sol Delgado Ayca

Buenas prácticas en el sector minero canadiense: Un análisis comparativo con el caso peruano

Bachiller en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Diplomática de carrera y magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática. Actualmente se desempeña en la Dirección General de América del Ministerio de Relaciones Exteriores.


Desde el Gobierno del actual Primer Ministro Stephen Harper, la res-ponsabilidad social corporativa ha sido y es esencial para el desarrollo de la actividad minera en dicho país. Las alianzas público – privadas son claves, por lo que la promoción de proyectos de cooperación consti-tuye una política de Estado pues ellos tienen la capacidad de asegurar el éxito de las actividades extractivas como la minería. Incluso, en el 2012 se creó el Instituto Canadiense Internacional para Industrias Ex-tractivas y el Desarrollo, el cual busca compatibilizar las actividades extractivas con el medio ambiente y las poblaciones indígenas para evitar la conflictividad.

El Perú, por su parte, es también un país minero pues esta actividad económica constituye la primera de nuestro país, representa el 56.79% del total de las exportaciones y 11% de su Producto Bruto Interno (PBI) (Ministerio de Energía y Minas, 2013). Actualmente, el territorio concesionado a la minería en el país representa un 15% del territorio nacional, el cual se encuentra principalmente en la zona andina y en partes de la zona costera. Al igual que Canadá, el Perú es uno de los países líder en producción minera en el mundo, y se ubica dentro de los diez principales productores de cobre, plata, zinc, estaño, oro, entre otros a nivel mundial. En el año 2012, el Perú ocupó el séptimo puesto en el ranking mundial de producción minera con el 4.1% del total de la producción de dicho año (Gestión, 2013).

El acelerado crecimiento del sector minero en el Perú se ha consolidado en las dos últimas décadas, debido principalmente a cambios legisla-tivos que incentivaron las inversiones en este sector y generaron con-diciones favorables para las empresas mineras (De Echave, 2010). Sin embargo, la extracción minera es la fuente de casi la mitad de los con-flictos sociales del país. De acuerdo a cifras provistas por la Defensoría del Pueblo, a lo largo del año 2013 los conflictos sociales registrados en el Perú fluctúan alrededor de 220-230 por mes. De todos los tipos de conflicto que registra la Defensoría los casos que tienen que ver con conflictos socioambientales son los más numerosos, de los cuales la mayoría están vinculados a la actividad minera (entre 105-108 casos). Estos conflictos no se encuentran aislados en algunas regiones, sino que están presentes en todas ellas (Defensoría del Pueblo, 2013). Como podemos observar a partir del gráfico, existe un grave problema vinculado al acelerado crecimiento de la extracción minera, ya que la permanencia de los conflictos sociales impide la ejecución de los proyec-tos mineros que constituyen el mayor ingreso económico del país.

A nivel mundial y latinoamericano el Perú se ubica entre los primeros productores de diversos metales. Sin embargo, la abundancia de recur-sos debe ir de la mano con la capacidad de producción de la actividad minera y la estabilidad de las políticas económicas y públicas de nues-tro país.

Las inversiones extranjeras son claves. Actualmente somos el quinto país de destino de exploración minera en el mundo, luego de Canadá (16%), Australia (12%), Estados Unidos (8%) y México (6%). A nivel de la región Latinoamericana el Perú ocupa el segundo lugar empata-do con Chile e inmediatamente después de México (Metals Economic Group, 2013).

La perspectiva de la cartera de proyectos mineros para los próximos años en este sector superan los US$54,000 millones (Ministerio de Energía y Minas, Perú: País Minero, 2012). El sector minero concentró el mayor porcentaje de las inversiones extranjeras directas (IED) por sector que llegaron al Perú durante el año 2012: 23.89% (ProInversión, 2013). Por este motivo, es necesario desarrollar las actividades mine-ras sin contratiempos, ni perjuicios a la población.

Es cuestión de interés nacional evitar los conflictos sociales y de esta manera permitir y motivar la llegada e implementación de la inversión extranjera orientada a esta actividad económica tan importante para nuestro país. Reducir los conflictos sociales, vinculados con la actividad minera, tendrá un impacto económico muy positivo en la imagen del país y dará seguridad a los inversionistas. Ello, a su vez, repercutirá positivamente en el ámbito político y de nuestras relaciones interna-cionales. Como señalan Robert Keohane y Joseph Nye, actualmente se observa una "politización de la economía", que puede observarse clara-mente en las agendas de las Cumbres al más alto nivel, en las cuales

Elaboración:propia.Fuente:(DefensoríadelPueblo,2013)

Buenas prácticas en el sector minero canadiense


algunos países de pequeñas dimensiones y escaso poder militar pueden tener una importante influencia y poder si es que poseen una economía vibrante (Keohane & Nye, 1998). Se puede desprender que tanto la economía, como el poder y el estatus, son conceptos intrínsecamente ligados. Finalmente, el buen estatus económico de un país le permitirá lograr objetivos en otros ámbitos.

Los recursos naturales en general y los recursos minerales y metales, en particular, se convierten cada vez más en un elemento estratégico y están ganando relevancia en el escenario internacional. Las cuatro eco-nomías más grandes del mundo (Estados Unidos, China, Japón y Ale-mania) han desarrollado estrategias respecto a los minerales y metales a fin de evitar interrupciones de suministro, mitigar los problemas de sus sectores industriales y maximizar las oportunidades económicas asociadas con la economía verde (Energy and Mines Ministers´ Confe-rence, 2013).

El desempeño ambiental y la necesidad de obtener la licencia social para extraer los recursos minerales de una manera responsable y sos-tenible son igual de importantes. En este sentido, las comunidades lo-cales, los gobiernos y las organizaciones internacionales son cada vez más exigentes con respecto a las buenas prácticas en las actividades extractivas. De esta manera, un enfoque de desarrollo responsable y sostenible se ha vuelto esencial para obtener una ventaja competitiva frente a otras empresas y/o países, para evitar paralizaciones o inte-rrupciones de los proyectos mineros, promover la inversión, mejorar los avances tecnológicos, y fortalecer las alianzas nacionales e internacio-nales (Energy and Mines Ministers´ Conference, 2013). La necesidad de dedicar abundantes recursos a apagar los incendios de múltiples conflictos sociales y la costosa pérdida de inversiones que ello represen-ta es un factor que, de reducirse, nos permitirá alcanzar una influencia mucho mayor en el sistema internacional debido al factor económico que representa, así como por el efecto positivo que reverbera sobre la imagen de nuestro país.

Si bien la conflictividad social varía de país en país, existen algunos ca-sos de éxito y/o buenas prácticas de países que han desarrollado activi-dades mineras como Canadá y que han logrado avances en compatibili-zar el desarrollo económico con los derechos de sus pueblos indígenas. Ello puede servirnos como un modelo, en los aspectos que coinciden con la realidad de nuestro país. Durante la visita del Primer Minis-tro Harper al Perú en mayo de 2013, el Presidente Humala reiteró la importancia de la minería en el país y resaltó las buenas prácticas del modelo minero canadiense y la necesidad de trabajar en colaboración

con Canadá para replicar dicha experiencia en el Perú (Dirección de América del Norte, 2013).

Es importante mencionar que la realidad social, política, demográfica, ecológica y hasta legal difiere en ambos países. Por ello, se hará refe-rencia a dichas diferencias para alcanzar una mejor comprensión de hasta qué punto ciertos aspectos del modelo extractivo canadiense se pueden aplicar en el Perú. Asimismo, en contraste con nuestro país, gran parte de la minería en Canadá se produce en las regiones escasa-mente pobladas (Hart, 2013).

1.1. Comparación del marco legal de Perú y Canadá

La regulación legal es esencial para comprender cómo funciona la mi-nería en ambos países. La principal diferencia que se debe establecer se refiere a la estructura política y administrativa. Mientras que el Perú es una república (Estado unitario), Canadá es una federación in-tegrada por 10 provincias, 3 territorios y una monarquía constitucio-nal, por lo cual aún se mantienen en vigencia tratados entre la Corona (inglesa) y los pueblos ancestrales.

En este sentido, la minería es en gran medida una actividad económica que se rige bajo una gobernanza regional en Canadá, mientras en el Perú existe un estándar general para la aplicación de la regulación minera que es determinado por la Constitución de 1993 y la Ley Ge-neral de Minería de 1992. De esta manera, en el Perú las regiones no son independientes y es el gobierno central quien decide respecto a los territorios. De acuerdo a la actual Constitución Política del Perú, en el artículo 54 sobre territorio, soberanía y jurisdicción se menciona lo siguiente: “El territorio del Estado es inalienable e inviolable. Com-prende el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que los cubre”. Asimismo, establece en su artículo 66 que “Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento” (Constitución Política del Perú, 1993). De ello se desprende que el Estado es dueño del suelo y del subsuelo, por eso es quien decide sobre la ejecución de los proyectos mineros.

En el caso de Canadá, debido a que es un gobierno federal, esto implica que las provincias son independientes, como es el caso de la British Columbia (Columbia Británica). Esto se debe a que Canadá es un país relativamente joven y ha ido anexando provincias progresivamente. En este sentido, las provincias tienen su propia legislación, así como



representantes e historia. Con respecto a los proyectos de desarrollo de actividades mineras, el gobierno provincial es el que decide y no un gobierno central. Sin embargo, coexisten escenarios distintos donde existen tratados previos entre la Corona y los pueblos ancestrales que sostienen que le concierne a la comunidad decidir. Otro escenario sería aquel que se presenta cuando el gobierno provincial y la comunidad involucrada han negociado previamente un acuerdo. En el caso que un proyecto minero abarque más de una provincia, el Gobierno Federal debe decidir. Podemos deducir que existen diferentes estándares para la regulación legal de los proyectos mineros en Canadá, dependiendo si es competencia del gobierno provincial o federal, así como de la existen-cia o no de acuerdos previos entre la Corona y los pueblos ancestrales.

En base a lo mencionado anteriormente, se analizarán las fortalezas y debilidades de las leyes de ambos países con respecto a la minería. La primera crítica con respecto a la regulación legal de la minería en el Perú es la diferencia entre la propiedad de la tierra (suelo) y el sub-suelo.

Algunos teóricos sostienen que esta diferencia de propiedad es lo que genera el conflicto social. Consideran que si el ciudadano fuera el único propietario eso le otorgaría una mayor protección que la misma consul-ta previa, pues se ha observado que en países donde el dueño del te-rreno también es dueño del subsuelo, los niveles de conflicto social son menores (Gestión, 2012). Bajo este criterio se propone que el régimen de propiedad en el Perú debería ser absoluto (titularidad única).

Se debe buscar un reconocimiento legal del territorio de las poblaciones indígenas, así como otorgarles los beneficios de su propio territorio y el control para la extracción de los recursos naturales, ya que ahí es donde se originan todos los problemas (De Soto, 2009).

Como hemos visto, Canadá no tiene un sistema único de funcionamien-to con respecto al tema de la propiedad del territorio. Sin embargo, en algunas regiones como Nunavut, la propiedad comprende el suelo y el subsuelo, entre otras. Este sistema le permite al dueño del te-rreno, también ser dueño de los recursos naturales (riquezas mineras y/o hidrocarburíferas) que pudieran existir en dicho territorio (Eguren, 2009), lo cual ha demostrado otorgar una mayor autonomía para de las poblaciones indígenas al momento de decidir sobre la viabilidad o no de un proyecto minero.

La regulación de la minería canadiense le otorga al Gobierno o la Coro-na la propiedad de la mayoría de los recursos naturales (Hart & Hoo-

geveen, 2012). Sin embargo, existen mecanismos como los land claim agreements que reconocen la propiedad de la tierra indígena. Estos acuerdos son específicos, por ejemplo en el caso de los Inuit en Nuna-vut los títulos de propiedad del suelo, así como del subsuelo han sido reconocidos, lo cual les ha otorgado autonomía para tomar decisiones sobre estas tierras. De esta manera, los Inuit han desarrollado sus pro-pios estándares de exploración minera que incluyen el consentimiento para todas las actividades de exploración en su territorio (Hart & Hoo-geveen, 2012).

No obstante, gran parte del territorio canadiense no está regulado por estos land claim agreements y carece de regulaciones claras para una adecuada consulta a las poblaciones sobre sus territorios. Por esta ra-zón, muchos grupos indígenas han desarrollado sus propios protocolos de involucramiento con la industria minera y la protección de sus tie-rras. Algunos ejemplos de estos incluye a los Taku River Tlingit First Nation y a los Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (Hart & Hoogeveen, 2012). No obstante, estos acuerdos no son reconocidos oficialmente por los gobiernos provinciales o federales, pero por medio de la Corte Su-prema se ha resaltado la importancia de estos en los procesos de con-sulta (Hart & Hoogeveen, 2012).

Con respecto a los acuerdos entre la Corona y las poblaciones ances-trales, el Gobierno de Canadá los reconoce como acuerdos solemnes que establecen promesas, obligaciones y beneficios para ambas partes. La mayoría de estos se iniciaron en 1701, cuando la Corona británica acordó estos tratados para fomentar las relaciones pacíficas entre los pueblos indígenas y los no aborígenes. Durante los siguientes siglos, se han firmado otros tratados para definir, entre otras cosas, los derechos de las poblaciones ancestrales y los gobiernos para utilizar las tierras que estas poblaciones tradicionalmente habitaron. Estos tratados in-cluyen tratados históricos realizados entre 1701 y 1923, así como los tratados de hoy en día conocidos como comprehensive land claim settle-ments. Todos estos tipo de tratados son reconocidos por la Constitución de Canadá (Aboriginal Affairs and Northern Development Canada & Government Of Canada, 2010).

Esto nos deriva al siguiente punto que ha sido clave en el caso de la mi-nería en Canadá: el reconocimiento de la población indígena. La base legal es necesaria, sin embargo no es suficiente para llegar a un acuer-do de explotación de un yacimiento minero en territorio de poblaciones indígenas (Ruiz, 2013).



1.2. Reconocimiento de la Población Indígena

Canadá y Perú poseen una diversidad de pueblos indígenas, sin em-bargo existen diferencias entre sí. En el caso de Canadá, los pueblos indígenas o ancestrales representan el 3.8% del total de la población canadiense (35 millones), los cuales están representados por tres gru-pos: Naciones Originarias, Métis e Inuits (Davis, 2012). La situación del Perú es distinta, ya que los pueblos indígenas representan alrede-dor del 40% de la población total (30 millones), del cual los Quechuas y los Aymaras constituyen los grupos mayoritarios. Sin embargo, existe una gran diversidad de pueblos y grupos etnolingüísticos con alta dis-persión geográfica y menor cantidad poblacional (Organización Inter-nacional del Trabajo, 2013).

Ambos países han pasado por un proceso de una inicial negación y posterior reconocimiento de sus poblaciones indígenas. En el caso de Canadá, la relación entre la Corona y los pueblos ancestrales ha evo-lucionado mucho. Se pasó de un período de contacto entre 1600-1800 a uno de desplazamiento y asimilación entre 1800-1973, para pasar a un período de reconocimiento de los derechos, consulta y negociaciones a partir de 1973 al día de hoy (Ricard, 2011).

Distintos factores motivaron este cambio. Entre los más resaltantes se encuentran la evolución de la Constitución canadiense y las inicia-tivas del Gobierno dirigidas a lograr la reconciliación. La evolución del sistema jurídico canadiense reconoció en 1973 por medio de la Corte Suprema el concepto de derechos indígenas. Asimismo, el artículo 35 de la Ley Constitucional de 1982 reconoce y afirma los derechos indíge-nas y de los tratados existentes, como la obligación de consultar a los pueblos ancestrales y de adaptarse a sus demandas en la medida de lo posible (Hart & Hoogeveen, 2012). En este sentido, la Corte Suprema de Canadá promueve la reconciliación entre la Corona y los pueblos indígenas mediante la consulta y la negociación de tratados modernos.

El Gobierno de Canadá buscó lograr la reconciliación mediante la so-lución de las injusticias pasadas y la definición de un futuro común. Es a partir de 1973 que se buscó resolver y gestionar las reivindicaciones relativas a los derechos de los pueblos ancestrales y a los títulos de tierras y recursos negociando acuerdos globales, también denominados como tratados modernos. Este es un punto clave para el relacionamien-to entre el gobierno canadiense y sus pueblos ancestrales, ya que par-ten de una nueva relación basada en la confianza y el respeto mutuo (Ricard, 2011).

Canadá ratificó en 2010 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el cual se compromete al consentimiento previo, libre e informado (CPLI) que es el derecho a participar en la toma de decisiones y el derecho a decir “sí” o “no” a las actividades que afectan a los pueblos indígenas, las tierras y los recur-sos de desarrollo (Hart & Hoogeveen, 2012).

Mientras en el caso del Perú, la Constitución de 1993 reconoce el carác-ter pluricultural del país, por ende el derecho a la identidad cultural, así como otros derechos de las comunidades nativas y campesina. En su artículo 89 sostiene: “Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del mar-co que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nati-vas” (Constitución Política del Perú, 1993).

También, se han aprobado leyes para la protección de las poblaciones indígenas en situación de aislamiento y la educación bilingüe intercul-tural. Asimismo, si bien en 1994 el Perú ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la actualidad la situación de la seguridad jurídica de los territorios de las comunidades nativas se ve amenazada por actividades extractivas como la minería. Esto se debe a que estas actividades no son a menudo consultadas con las po-blaciones. En este sentido, la OIT sostiene que el mayor reto del país es la implementación efectiva de normas protectoras, el ejercicio de los derechos de consulta y participación, así como el reconocimiento de las mismas poblaciones indígenas (Organización Internacional del Trabajo, 2013).

El primer censo de comunidades indígenas en el Perú fue realizado en 1993. Luego, en el XI Censo Nacional de Población de 2007, a pesar de que las poblaciones indígenas propusieron indicadores para la iden-tificación de pueblos indígenas, el único criterio que se utilizó fue la lengua materna (Organización Internacional del Trabajo, 2009). Por este motivo, el Ministerio de Cultura tiene la actual labor de realizar el registro de las poblaciones indígenas, así como la implementación de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los pueblos indígenas y originarios, por medio de la Dirección General de Interculturalidad y Derechos de los Pueblos (Sanborn & Dammert, 2013). En el mes de octubre de 2013, el Ministerio de Cultura publicó la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios la cual es referencial para los proce-



sos de consulta previa. Esta base reconoce 52 pueblos originarios, de los cuales 48 son pueblos amazónicos y cuatro andinos, la cual se irá expandiendo y actualizando (Gestión, 2013).

Podemos observar que en el Perú el reconocimiento de las poblaciones indígenas se ha dado por lo menos en el papel, no obstante hay un lar-go camino que recorrer para poner en práctica estos derechos. La Ley del Derecho a la Consulta Previa es un paso importante, pero no basta con este mecanismo que recién se está implementando. La consulta previa la debe implementar el Estado, no las empresas. Si el Estado va a actuar con ineficiencia está no va a ser positiva, pero si cumple con informar a las comunidades será positiva (Benavides, 2013).

En el caso de Canadá, las poblaciones indígenas tienen derechos e inte-reses que son reconocidos por el gobierno federal. Este marco legal y el reconocimiento internacional de los derechos de los pueblos indígenas han influido en la relación entre los pueblos indígenas, el Gobierno ca-nadiense y las empresas de extracción de recursos naturales. De esta manera, el compromiso y la consulta con las poblaciones indígenas se han convertido en una buena práctica en Canadá (Burns, 2013).

Podemos observar que existe un reconocimiento y puesta en práctica de los derechos de las poblaciones indígenas más fuerte en Canadá que en el caso del Perú. Es importante reiterar que el Perú cuenta con una cantidad mucho mayor y dispersa de poblaciones indígenas, lo cual di-ficulta la identificación de las poblaciones nativas que ha sido posible realizar en Canadá. Sin embargo, nada de esto se hubiese podido llevar a cabo sin un eficiente rol del Estado canadiense, desde el Ministerio de Recursos Naturales de Canadá y el Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá. Por esta razón, el siguiente punto a analizar es el rol del Estado, el cual ha sido y es un aspecto clave en el caso de la minería en Canadá.

1.3. Rol del Estado

El rol del Estado canadiense ha variado de enfoque con respecto a los recursos naturales de su territorio. En 1995 se creó el Ministerio de Recursos Naturales (NRCan por sus siglas en inglés) que principal-mente fusionó los departamentos de Energía, Minas y Recursos y Bos-ques. Dentro de este ministerio, se encuentra el sector de Minerales y Metales (MMS por sus siglas en inglés) el cual está comprometido a promover la participación de las poblaciones indígenas en las activida-des mineras del país. Como parte de la política de gobierno del MMS

se fomentan las alianzas y el diálogo entre los pueblos indígenas, la industria minera y el Gobierno para garantizar el entendimiento y be-neficios mutuos. Asimismo, este promueve y difunde el conocimiento y las herramientas necesarias para la creación de capacidades y toma de decisiones en las comunidades indígenas, así como proporciona infor-mación sobre la industria minera (Natural Resources Canada, 2011).

El principal elemento de esta política son las alianzas para el desarro-llo sostenible. En este sentido, la política de gobierno del MMS promue-ve la participación de las comunidades indígenas en las actividades mineras, mientras el Gobierno reconoce los intereses y preocupaciones de dichas poblaciones vinculados a la explotación de minerales, como la potencial contribución que esta explotación puede generar en el bien-estar de sus pueblos y los posibles impactos adversos (Minerals and Metals Sector, 1996).

El Ministerio de Recursos Naturales de Canadá ha elaborado y difun-dido guías y manuales de información para facilitar la cooperación y el diálogo entre los pueblos indígenas, la industria minera y el Gobierno. En este sentido, con el apoyo del Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá publicó en 2006 una guía diseñada para promover el conocimiento del ciclo minero en las comunidades indígenas. La guía describe el proceso de reglamentación para garantizar que los pueblos indígenas estén bien informados sobre los efectos económicos, sociales y ambientales, así como sobre los beneficios y oportunidades que este proceso implica (Natural Resources Canada, 2013).

Adicionalmente, la Cámara de Comercio Canadiense (CanCham por sus siglas en inglés) ha resaltado las políticas y prácticas que ha reali-zado Canadá para el éxito del desarrollo de su industria minera. Den-tro de estas resalta el rol de las instituciones, así como la labor de la CanCham como la asociación empresarial más grande e influyente del país y la principal conexión entre las empresas y el Gobierno, tanto den-tro como fuera de Canadá (The Canadian Chamber of Commerce, 2013).

En marzo de 2009, el Gobierno de Harper estableció la Oficina del Con-sejero de la Responsabilidad Social Corporativa la cual juega un papel importante en la promoción de prácticas empresariales responsables en el sector extractivo y ofrece un proceso de diálogo y solución de con-flictos para prevenir estos entre las empresas canadienses del sector extractivo y las comunidades en la zona de impacto (Foreign Affairs Trade and Development Canada, 2013). Pese a existir problemas con la implementación de esta Oficina para operaciones de empresas cana-dienses afuera de Canadá, es una buena iniciativa (Hart, 2013).



En el caso del Perú, se reestructuró la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales dentro de las Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que pasó a llamarse como la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS).

La implementación de una política de diálogo le ha sido encomendada a la ONDS, la cual busca enfatizar la importancia de la prevención y atender las demandas de la población. El objetivo final es reforzar la legitimidad del Estado y la credibilidad de las instituciones. Sin em-bargo, se debe trabajar en base a una articulación entre los intereses del sector privado, la sociedad civil y el Estado (Huaroc, 2013).

Otro mecanismo que se ha propuesto desde el Estado son las mesas de desarrollo. Estas buscan mejorar la relación entre las empresas mineras, el Gobierno y las comunidades. Este mecanismo tiene como propósito prevenir el conflicto, ya no se trata de dialogar y dialogar, sino de ir con propuestas de desarrollo que le generen oportunidades a las comunidades. Lo que se busca lograr es que los pueblos indígenas sientan que cuando hay una mina, ellos también reciben beneficios y oportunidades para poder desarrollarse (Benavides, 2013).

Existe una labor pendiente que consiste en demostrar que el sector minero del país ha madurado. En este punto nos referimos no solo a las empresas mineras, sino también al Ministerio de Energía y Minas, así como a las comunidades. Las empresas del sector minero deben apren-der a integrarse y no a imponerse, mientras el Estado tiene que tener una presencia más efectiva. El objetivo de estas mesas de desarrollo es que participan todos, tanto las comunidades, como el Estado y las empresas.

Sin embargo, aún prevalecen tres fallas desde el Estado peruano en cuanto al abordaje de los conflictos. Primero, la falta de capacidades institucionales. Segundo, la ausencia o insuficiencia de desarrollo nor-mativo. Por último, la falta de políticas de Estado y de gobierno (visio-nes contradictorias) (Tanaka, 2012).

De lo que se trata es de canalizar los reclamos de la comunidad (Mu-ñoz-Nájar & Zhang, 2012). En el Perú y en Canadá ello se ha estado llevando a cabo como una política de gobierno en la que este reconoce los intereses y preocupaciones de las poblaciones indígenas vinculados con la actividad minera.

Finalmente, podemos observar que un elemento clave dentro del rol del Estado canadiense es la responsabilidad social corporativa que exige

y demanda tanto de las empresas canadienses que operan en su país como de las que operan afuera.

1.4. Responsabilidad Social Corporativa

El desarrollo responsable y sostenible de recursos naturales es una prioridad para el Gobierno de Canadá. Por lo que en 2009 anunció su Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. La definición de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) acordada por el Gobierno de Canadá constituye la forma en la cual las empresas incorporan las preocupaciones sociales, ambientales y económicas a sus valores y ope-raciones, de manera transparente y responsable (Foreign Affairs and International Trade Canada, 2013).

Las principales justificaciones para ejercer la RSC son que esta per-mite relaciones más estrechas con las comunidades, así como mejores relaciones con los empleados, un desempeño financiero más previsible y mayor rentabilidad, pero sobre todo genera una mejor reputación e imagen del país, tanto a nivel nacional como internacional. En este sen-tido, el Gobierno de Canadá alienta a su comunidad empresarial a que desarrolle e implemente normas y mejores prácticas relativas a la RSC.

El concepto de RSC empezó a operar en Canadá desde la década del 70, donde los pueblos indígenas y las empresas mineras comenzaron a desarrollar acuerdos en materia de RSC. Luego en la década del 90, el sector extractivo canadiense adoptó mejores prácticas vinculadas a la RSC desarrolladas tanto dentro como fuera de Canadá. Dando pasó finalmente al 2009 donde se aprueba la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa del Gobierno de Canadá (Foreign Affairs and Inter-national Trade Canada, 2013).

La nueva política de Canadá en materia de RSC se basa en cuatro pi-lares complementarios los cuales son: primero, la continua asistencia del Gobierno canadiense hacia los gobiernos extranjeros para mejorar su capacidad para gestionar el desarrollo de los recursos naturales de manera sostenible y responsable; segundo, la promoción de directrices voluntarias de desempeño vinculadas a la RSC (como el pacto mun-dial, principios rectores, entre otros); tercero, la oficina del Consejero de RSC; y cuarto, la creación del Centro de Excelencia en RSC (Foreign Affairs Trade and Development Canada, 2013).

Esta política mejorará la competitividad de las empresas extractivas canadienses y reforzará su capacidad para establecer cooperaciones



eficientes y manejar de una manera más efectiva los riesgos sociales y ambientales. Asimismo, esta política fortalece el compromiso de Cana-dá de trabajar con los países receptores de sus inversiones para fomen-tar aún más el desarrollo económico y los beneficios para las comunida-des como resultado de un manejo responsable de los recursos naturales (Foreign Affairs Trade and Development Canada, 2013).

Otra iniciativa de RSC proviene de la misma Asociación Minera de Ca-nadá (MAC por sus siglas en inglés) conocida como Towards Sustaina-ble Mining (Hacia una Minería Sustentable), la cual es un conjunto de principios guía que rigen las principales actividades de las empresas mineras, lanzada en 2004 (The Mining Association of Canada, 2011). Este programa ha sido reconocido como una iniciativa importante de la industria minera para operar de una manera socialmente responsable.

Los Acuerdos de Impacto y Beneficios (IBAs por sus siglas en inglés) son uno de los avances más importantes que han podido desarrollar las empresas mineras canadienses en el tema de la RSC. Estos son un contrato formal que delinea los impactos del proyecto minero, el compromiso y las responsabilidades de ambas partes y cómo las comu-nidades compartirán los beneficios de la operación a través del empleo y el desarrollo económico. Las empresas mineras negocian el IBA con el fin de garantizar el acceso a los minerales en o cerca de territorios reconocidos como propiedad indígena (Fraser Institute, 2012).

Estos acuerdos son una parte esencial de las relaciones entre empresas y pueblos indígenas, ya que describen los efectos negativos que pueden ocurrir como resultado de la actividad minera y cuáles son los pasos que deben seguir ambas partes para garantizar la mitigación de dichos efectos. Adicionalmente, estos acuerdos ayudan a ejemplificar cómo las poblaciones indígenas serán beneficiadas de los mismos proyectos mi-neros (Fraser Institute, 2012).

A pesar que los IBAs no cuentan con una legislación que regule u obli-gue su uso, en las últimas dos décadas se han establecido una serie de estos acuerdos entre las empresas mineras y las comunidades para desarrollar proyectos mineros sobre todo en el norte de Canadá. Al-gunos ejemplos de esto son las minas de diamantes (Ekati, Diavik y Snap Lake) en los Territorios del Noroeste, así como el proyecto Inco´s Voisey´s Bay en la provincia de Terranova y Labrador (IBA Research Network, 2006).

La principal funcionalidad de los IBAs es registrar de manera contrac-tual los beneficios que una comunidad local puede obtener de la explo-

tación de un recurso natural ubicado en su territorio a cambio de su apoyo. De esta manera proporcionan garantías y beneficios tangibles para las comunidades en la zona de impacto de la actividad minera de una manera que los mecanismos de regulación convencional, como los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), no han sido capaces de propor-cionar. Asimismo, la mayoría de estos acuerdos se han establecido sin la participación explícita del Estado (IBA Research Network, 2006). Podemos observar que la RSC va más allá de los marcos legales, ya que constituye una inversión en el éxito propio de la misma empresa. En este sentido, las iniciativas voluntarias pueden promover los objetivos de política pública de manera flexible y menos costosa que la misma re-glamentación como es el caso de los IBAs. Aunque el deber de consultar a las poblaciones indígenas le corresponde a la Corona o al Gobierno en el caso de Canadá, las empresas mineras se han dado cuenta que el mismo éxito del desarrollo del proyecto minero está en trabajar con las comunidades, ya que su apoyo u oposición puede afectar de manera significativa la velocidad en la que se aprueba o no un proyecto.

En muchos casos, las buenas prácticas como la aplicación de los IBAs ha funcionado y, a pesar de que no existe una regulación que obligue su aplicación, las empresas buscan implementarlos debido al éxito de estos proyectos en territorios vecinos (Funcionarios Embajada Canadá, 2013).

Una empresa debe ser respetuosa con las comunidades desde el inicio del proyecto, es decir desde el inicio del ciclo minero, la prospección (Nolan, 2013). Por este motivo, PDCA ha desarrollado un Marco para la Exploración Responsable – e3 Plus con el fin de ayudar a las em-presas de exploración a mejorar continuamente su desarrollo social, ambiental y de salud y seguridad e integrar globalmente estos tres aspectos en todos sus programas de exploración. Es una guía volunta-ria diseñada para informar a los exploradores en el proceso de toma de decisiones (Prospectors and Developers Association of Canada, 2013). Este marco para la exploración responsable se basa en las buenas prác-ticas y apoya la estrategia de RSC del Gobierno canadiense.

En el caso del Perú, el concepto de RSC no tiene más de tres o cuatro décadas de puesta en práctica y en el Perú recién se viene desarrollan-do hace unos 15 años. De esta manera, la gestión social de las empresas ha cambiado y se ha transformado aceleradamente en los últimos años. Además, ahora existen mayores protocoles de gestión, las oficinas de relaciones comunitarias están cada vez más fortalecidas e integradas en las empresas y se está cambiando el paradigma de gestión de con-



flictos de apagar incendios a un sistema de prevención. Los conflictos normalmente se generan por falta de cumplimiento de los compromi-sos por parte de las empresas mineras y el Estado, así como por una gestión interna ineficiente del mismo sector o empresa, por lo que se está buscando seguir estándares más altos, a nivel internacional (como el pacto mundial o los principios rectores) que incorporan conceptos de buenas prácticas. Estos estándares son diferentes con respecto a la antigua minería, ya que se buscan compatibilizar los intereses de los stakeholders (Murillo & Puntriano, 2013). Actualmente, desde la So-ciedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía se promueve un código de conducta con respecto al uso y aprovechamiento de los minerales, los hidrocarburos y la energía.

La RSC en el Perú es un tema designado más a las empresas, no existe una clara iniciativa por parte del Estado para desarrollar estándares de RSC que vayan de acorde con los lineamientos internacionales. La mayoría de los esfuerzos realizados en nuestro país respecto a la RSC es responsabilidad exclusiva de las empresas.

Podemos observar que existe una gran diferencia en cómo se lleva a cabo la RSC en Canadá y en el Perú. En este aspecto, el Gobierno ca-nadiense ha puesto énfasis en regulaciones sobre sus empresas nacio-nales para que actúen de acuerdo a estos estándares tanto dentro como fuera de Canadá. Al observar las buenas prácticas de sus empresas decidieron compartir su experiencia con sus socios comerciales para que estas políticas apoyen un entorno de inversión responsable y soste-nible en beneficio tanto de los trabajadores y las empresas. Compartir las buenas prácticas con líderes de la industria va ayudar a que las empresas canadienses tengan éxito en la competitiva economía global de hoy (Foreign Affairs Trade and Development Canada, 2013).

Conclusiones

El Perú y Canadá comparten muchas similitudes como una geografía poseedora de grandes yacimientos minerales, lo cual le ha permitido a ambos países posicionarse a nivel mundial como productores y ex-portadores de diversos metales. Sin embargo, ambos países también cuentan con diferencias por lo que han llevado el desarrollo económico en base a la extracción minera por caminos diferentes.

Canadá es reconocido a nivel mundial como un modelo a seguir con respecto a las buenas prácticas en la actividad minera. El modelo ca-nadiense resalta por su valor agregado en base a la RSC, la cual es una

política de Estado. Pese a no contar con un modelo perfecto, Canadá ha podido tener un manejo muchos más amplio y efectivo sobre estos conflictos. En el caso del Perú, el conflicto social y la protesta parecen ser la respuesta más efectiva ante los problemas de las poblaciones en zonas de extracción minera para que el Estado llegue a actuar. Preva-lece una actitud por parte del Estado de reacción frente a los conflictos sociales antes que de prevención.

La política de gobierno de Canadá con respecto al reconocimiento de los derechos de sus poblaciones indígenas ha sido un factor clave en el modelo de extracción minero canadiense. Por un lado, el sistema legal reconoce los derechos indígenas y por otro, el mismo Gobierno moti-vó un proceso de reconciliación con los pueblos indígenas mediante la solución de las injusticias pasadas y la definición de un futuro común basado en la confianza y el respeto mutuo. En este sentido Canadá ratificó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por el cual se compromete al CPLI que es el derecho a participar en la toma de decisiones que afectan a los pueblos indígenas.

El rol que ha jugado el gobierno de Canadá en la promoción de buenas prácticas en el desarrollo de actividades mineras es indispensable para el éxito del modelo minero canadiense. El fomento de las alianzas y el diálogo entre los pueblos indígenas, la industria minera y el Gobier-no es necesario para garantizar el entendimiento y beneficios mutuos. Asimismo, la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa del gobierno canadiense promueve las prácticas empresariales responsa-bles en el sector extractivo y ofrece un espacio de diálogo y solución de conflictos para prevenir estos entre las empresas mineras canadienses y las poblaciones indígenas en la zona de impacto. En este sentido, Ca-nadá busca promover la gestión responsable de los recursos naturales con sus socios comerciales en el mundo por medio de la cooperación, como es el caso del Perú.

El Perú está avanzando en distintos aspectos respecto al reconocimien-to de los derechos de sus poblaciones indígenas, la ley de la Consul-ta previa es un primer paso. Sin embargo, hay que tener en cuenta las principales diferencias entre el Perú y Canadá. La principal es el porcentaje de población indígena de cada país, mientras en Canadá ni llegan al 4% de la población, en el Perú representan el 40%, por lo que un proceso completo y eficiente del reconocimiento de las poblaciones indígenas es más complicado de llevar a cabo. En la misma línea, el Ministerio de Cultura del Perú aún tiene la tarea pendiente de realizar una identificación completa de toda la población indígena del país. Sin



embargo, el Perú puede rescatar lo positivo del modelo canadiense y re-crearlo en base a tres aspectos principales. El primer aspecto es el eco-nómico: que el sector minero sea uno de los principales contribuidores de puestos de trabajo y beneficios para las comunidades indígenas del país. En el segundo aspecto, el ambiental: actuar bajo los estándares internacionales de respeto con el medio ambiente y colaborar con la re-ducción de gases de efecto invernadero. Por último, referente al tercer aspecto, el social: se debe aumentar el número de acuerdos firmados entre las empresas mineras, las comunidades indígenas y el Estado.

Tanto para el Perú como para Canadá, no es una opción declarar que la minería no es viable y renunciar al importante ingreso económico que esta actividad aporta a cada país. En este sentido, el modelo de extrac-ción canadiense ha establecido algunas pautas de buenas prácticas y creado un sello país reconocido a nivel internacional. El Perú necesita un Estado que pueda interactuar con su población y llegar a acuerdos antes de la concesión de un proyecto minero. La labor del Estado debe estar orientada principalmente a su población y no solo con las empre-sas que invierten en el país, por lo que debe garantizar los derechos de todos sus habitantes, incluidas las poblaciones indígenas. Se debe redefinir el rol de la minería y mostrar ese compromiso por parte del Estado.

Por último, es importante reconocer que los conflictos siempre van a existir, pero es posible prevenirlos y reducir su frecuencia. De esta ma-nera, las inversiones y los proyectos mineros serán viables y podrán seguir colaborando con el desarrollo económico del país y ubicarlo en una posición de poder y prestigio en el escenario geoeconómico inter-nacional.

Nota

1 Alolargodel2012,lamineríaenCanadágeneró330000trabajosdirectosdeloscuales10 300 fueron ocupados por trabajadores de poblaciones indígenas (Energy and Mines Ministers´Conference,2013)

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1. Problemática e importancia de la conectividad marítima para la inserción del Perú en el Asia Pacífico

La región del Asia Pacífico se ha convertido desde hace algunos años en la zona más dinámica para el intercambio comercial a nivel glo-

bal. Según los estudios realizados por el Banco Mundial, esta región es un motor del crecimiento planetario pues contribuye con alrededor del 40% del comercio en el mundo (The World Bank, 2013). Como con-secuencia, mientras que en el siglo pasado situarnos a espaldas del Océano Atlántico nos llevaba a ocupar una condición periférica, lejos de las grandes decisiones políticas y económicas del mundo, al iniciarse el siglo XXI, la ubicación del Perú adquiere centralidad en relación a estas decisiones, a las rutas de comercio y a los ejes marinos y estraté-gicos “que definen la hegemonía internacional en la Post Guerra Fría” (Mercado Jarrín, 1995, pág. 22).

Esto representa una oportunidad extraordinaria para que el Perú se convierta en un país de gran importancia en el sistema global. Por ello, hemos optado por insertarnos más profundamente en el Asia Pacífico a través del fortalecimiento de nuestras relaciones políticas, de la aper-tura económica y la participación en foros y acuerdos comerciales.

Sin embargo, el país sufre un problema estructural que limita su inser-ción estratégica en esta región privilegiada: la conectividad marítima. Este tema resulta crucial debido a que según el informe de la Confe-

Sebastián A. García Marengo

Propuesta para la inserción estratégica del Perú en el Asia Pacífico: Conectividad Marítima

Licenciado en Lingüística y Literatura por la PUCP, diplomático de carrera y magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática. Actualmente se desempeña en la Direcciòn General de Asia y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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rencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) sobre Transporte marítimo 2012-2013, de todo el comercio mundial, el 80% por volumen y el 70% por valor, se realiza por el mar (UNCTAD, 2012). De ahí la importancia del concepto de “conectividad marítima”, que pretende reflejar “la disponibilidad de medios con que cuenta cada país de cara al desarrollo del comercio internacional marítimo” (Galin-do, 2010).

Hasta hace poco, la situación del país en este tema era tal, que el Banco Mundial calificó en el 2009 al Perú en los últimos puestos en competi-tividad portuaria (Gubbins, 2009). Si bien, en la actualidad, las conce-siones del puerto del Callao le han permitido a ese puerto ubicarse en el 6to puesto en América Latina y ser el primero del Pacífico sur ame-ricano (CEPAL, 2013), se encuentra muy lejos de poder compararse con los mejores puertos del mundo ubicados en su mayoría en el Asia Pacífico, y, particularmente, en China. Como se mostrará más adelan-te, otros puertos del Perú (Chimbote, Ilo, Paita, Matarani, Salaverry y San Juan de Marcona) se encuentran en condiciones mucho más limi-tadas que el Callao. Por estos motivos, el Perú se encuentra por debajo de sus socios en la Alianza del Pacífico (México, Chile y Colombia) en materia de tráfico portuario como muestra el siguiente gráfico:

una canasta de productos semejante. Si bien el Perú busca vincularse y acercarse a los países de la Alianza del Pacífico, también es cierto que a menudo competimos en la búsqueda de nuevos mercados para nuestras exportaciones.

Por si esto fuera poco, debe repararse en que según el Libro Blanco, las cuatro bases geoestratégicas que sustentan la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado Peruano, se encuentran relacionadas al desarrollo de la conectividad marítima del Perú:

a) Ser pivote en la región Sudamericana. b) Satisfacer futuras demandas por Megapuertos. c) Asegurar la presencia del Perú en el Pacífico d) Consolidar la proyección geopolítica bioceánica del Perú. (Consejo de Seguridad Nacional, 2005)

Se comprueba de esta manera que tanto desde el aspecto de la facili-tación del comercio, como de la geoestrategia, el concepto de conecti-vidad marítima adquiere una importancia central. En tal sentido, las grandes tareas del país en materia de desarrollo marítimo son: desa-rrollar la Ciudad Puerto Interoceánica de Paita, Desarrollar la Ciudad Puerto Internacional de Iquitos, convertir al Callao en puerto hub o puerto pivote regional y desarrollar la Ciudad Puerto Interoceánica de Ilo (Chiabra, 2012).

Diferentes analistas consideran que en las últimas décadas se ha ob-servado una cierta transición de la importancia de la “geopolítica” a la “geoeconomía”, que puede definirse como el análisis de estrategias económicas que son decididas por los Estados a fin de proteger su eco-nomía nacional o ciertos sectores, adquirir tecnologías de importan-cia fundamental y conquistar segmentos del mercado mundial (Lorot, 2000). Ello se debe a que el objetivo actual de la mayoría de Estados es, antes que adquirir nuevos territorios, “conquistar o preservar una posición deseada al centro de la economía mundial” (Lorot, 2000).

Por ello, resulta lógico que los Estados se interesen por aquellos facto-res que les permiten incrementar su competitividad de cara al comer-cio mundial. Según un estudio de Kogan y Guasch, en el año 2006 el costo logístico asumido por el comercio exterior peruano representaba el 32% de su PBI, mientras que en países desarrollados como Estados Unidos, Singapur y países miembros de la Organización para la Coo-peración y Desarrollo Económico (OCDE), no supera el 10% (Autoridad Portuaria Nacional, 2011).

Gráfico1.Tráficoportuarioparaelaño2010(TEUs)delospaísesdelaAlianzadelPacífico

Elaboraciónpropia.Fuente:UNCTAD.Reviewofmaritimetransport.NacionesUnidas:NuevaYork&Ginebra,2012.

A menos que los decisores del Perú comprendan la importancia pri-mordial de este tema y tomen medidas contundentes, el país correrá el riesgo de quedarse atrás en su vinculación con el Asia Pacífico frente a los avances de estos vecinos inmediatos, algunos de los cuales exportan

Propuesta para la inserción estratégica del Perú en el Asia Pacífico


Si consideramos que nuestros costos de transporte para la importación superan no sólo el promedio de los países desarrollados sino también el promedio latinoamericano, que la eficiencia portuaria juega un rol más importante que la distancia y la reducción de aranceles en los costos de transporte, y que se producen US$ 280 millones anuales de sobrecos-tos en la cadena logística de los puertos del país (Autoridad Portuaria Nacional, 2011), concluiremos que una agenda comercial que considere la mejora en la eficiencia portuaria conllevará a una reducción en los costos del comercio mucho mayor que una que se concentre únicamente en reducir aranceles mediante acuerdos comerciales.

Dado que el 90% del comercio exterior del Perú se transporta por el me-dio marítimo y que los puertos constituyen elementos esenciales en la cadena logística (Alfaro, 2010) el sector portuario es un factor esencial para el desarrollo económico (D'Alessio, 2012). Por esta razón, pasare-mos a discutir el estado de los principales puertos del Perú.

2. Situación de los puertos peruanos

2.1 Callao

El Perú es un país centralizado, con una capital sobredimensionada que mantiene al Callao como su puerto natural, por lo que es lógico que concentre también la carga nacional. Si se incluyen los puertos públi-cos y privados, el 50% del comercio peruano que se transporta por vía marítima se moviliza por el Callao y si consideramos sólo los puertos de uso público, la cifra asciende a 80% (Autoridad Portuaria Nacio-nal, 2011). El puerto debiera conectarse con la Carretera Interoceánica Centro, sin embargo esta carretera no parte desde el Callao sino desde la Vía de Evitamiento (Santa-Gadea, 2012). Influye especialmente en los departamentos de Lima, Pasco, Huánuco, Ayacucho, Junín y Huan-cavelica (D'Alessio, 2012).

Actualmente existe una competencia geoeconómica en la Costa Oeste de América del Sur (COAS) por contar con el puerto hub de la región. Se considera que el puerto del Callao cuenta con una ubicación estra-tégica al centro de la costa occidental de Sudamérica, equidistante de los puertos Buenaventura (Colombia) y Valparaíso (Chile). Una limi-tación para que el Callao cumpla el rol de hub, es que el Perú no está adecuadamente interconectado por medio de ferrocarriles y el costo del flete por carretera es alto. Asimismo, para algunos destinos del Asia Pacífico, la distancia y por tanto del tiempo de viaje resulta menor des-de el Atlántico (Cruz, ¿En realidad el puerto del Callao es el ‘hub’ de la región?, 2013).

Pese a ello, la visión que mantiene la empresa DP World (Muelle Sur) del Callao es constituirlo en el puerto hub del Pacífico, para lo cual de-berá desplazar a Balboa (Velit, 2013).

Hasta años recientes, el puerto sufría de una inmensa ineficiencia. En el año 2005 se concluyó el “Estudio de los Costos y Sobrecostos Portua-rios del Puerto del Callao”, realizado a solicitud de MINCETUR, en el que se concluyó que los sobrecostos anuales ascendían a US$217 millo-nes, es decir el doble a la facturación anual por los servicios para carga de contenedores. Por cada dólar facturado, se generaban 2 adicionales de sobrecosto, lo cual que afectaba el comercio nacional (Sgut, 2005). Ello ha mejorado notablemente con las concesiones producidas bajo el régimen de Asociación público-privada del Decreto Legislativo 1012, en el Muelle Sur en 2006 y en el Muelle Norte en 2011.

Muelle Sur: El Muelle Sur del Callao se concesionó el 19 de junio de 2006 a DP World Callao S.A., subsidiaria de Dubai Ports World (DPW), por un plazo de 30 años. Esta empresa se encuentra entre los 4 operadores portuarios más grandes del mundo con 50 terminales portuarios en 32 países de cinco continentes. La concesión comprende el diseño, cons-trucción, financiamiento, operación, administración y mantenimiento de un Nuevo Terminal de Contenedores (Velit, 2013).

DPW Callao inició sus operaciones en mayo de 2010 con una inversión desde 2006 de US$260 millones en infraestructura y equipamiento, junto con US$144 millones destinado a obras comunes. Para la Etapa II del desarrollo del Muelle Sur se realizará una inversión adicional de US$220 millones (González-Vigil, Yong, & Hurtado, 2012).

Muelle Norte:El Muelle Norte (Multipropósito) del puerto del Callao fue concesiona-do a la empresa APM Terminals el 25 de marzo de 2011. Esta empresa se ubica igualmente entre los 4 mayores operadores portuarios a nivel mundial, y cuenta con 54 instalaciones portuarias bajo su administra-ción en 33 países. Pertenece al grupo A.P. Moller-Maersk, dueño de Maersk-Sealand, la naviera número uno en transporte contenedoriza-do. Se fundó el 2001 en Copenhaguen aunque su sede principal se en-cuentra en La Haya (Holanda) desde 2004.

Esta concesión se realizó también por un plazo de 30 años e implica inversiones por un monto de US$ 748.71 millones que se ejecutarán en seis etapas. La primera etapa consiste en la optimización de áreas e



instalaciones existentes y la modernización del amarradero, a fin que pueda atender a naves Post-Panamax1 (González-Vigil, Yong, & Hur-tado, 2012).

Gracias a las inversiones mencionadas y al mejor manejo del puerto, los costos han mejorado ostensiblemente en el puerto del Callao. Ac-tualmente, según cálculos del informe encargado por la APN, el costo promedio por contenedor asciende a 2,577 nuevos soles (US$ 920). Al parecer, los costos por servicios marítimos como practicaje y remolcaje se habrían mantenido estables en los últimos años.

2.2 Chimbote

El puerto de Chimbote se ubica en Chimbote, en la Provincia de Santa, Ancash, y estará conectado con la carretera interoceánica, lo cual per-mitirá un tráfico directo desde Brasil con los departamentos de Huánu-co, Ancash y Ucayali (Andina, 2013).

Chimbote es uno de los principales puertos del país y se mantiene vi-gente desde hace 50 años. Las industrias que lo utilizan son: minería, agrícola y ganadera. Su zona de influencia está compuesta por las re-giones de Ancash, La Libertad y Huánuco. Se calcula que existe una carga potencial de Ancash (20%), La Libertad (17%) y Huánuco (99%) que podría movilizarse por el puerto (D'Alessio, 2012).

Su potencial se basa en el hecho de que además de dominar el merca-do de harina de pescado, existen proyectos de desarrollo regional que pueden hacer uso intensivo de sus servicios como, por ejemplo, los pro-yectos Chinecas y Chavimochic (agroexportación). Si presentara una eficiencia adecuada, podría movilizar la producción proveniente de la integración macrorregional de Ancash, Huánuco y Ucayali, así como de la carga que provenga del pueblo de Acre, Brasil.

Hasta agosto de 2013, dos de los tres muelles eran administrados por ENAPU y uno por la Empresa Siderúrgica del Perú (SIDERPERU). Desde entonces, ENAPU entregó la administración portuaria de Chim-bote al Gobierno Regional de Ancash. Hasta noviembre de 2014, no se ha realizado ningún anuncia respecto al esquema de modernización del puerto.

Las principales cargas movilizadas en el puerto de Chimbote son pro-ductos pesqueros y agrícolas. Depende casi en su totalidad de las ex-portaciones de harina de pescado y 55% de toda la pesca extractiva del país proviene del puerto de Chimbote (D'Alessio, 2012).

La situación actual del puerto de Chimbote se explica por la nula in-versión realizada en la infraestructura, tecnología o investigación. No existe un presupuesto destinado a la mejora continua de la organiza-ción (D'Alessio, 2012). El muelle actual que se extiende por 184 metros de largo y 16 de metros ancho, se encuentra en condiciones obsoletas. Los amarraderos resultan ineficientes para la atención de naves de más de 200 metros de eslora2 y el calado tiene sólo 10m de profundidad, por lo que limita la atención de naves de gran envergadura. Asimismo, no existen patios adecuados para la atención de carga de contenedores (D'Alessio, 2012).

2.3 Ilo

El puerto de Ilo se encuentra ubicado en el Departamento de Moquegua. Posee acceso terrestre a la zona sur del país y tiene acceso a la carrete-ra interoceánica del sur. Ilo es en la actualidad uno de los principales puertos de la zona sur del país y mantiene un área de influencia sobre las regiones de Arequipa, Moquegua, Puno y Tacna. Los productos que se comercializan a través del puerto son fundamentalmente pesqueros (harina y aceite de pescado) y mineros. Presenta un potencial de inte-gración bioceánico, de comercio entre Bolivia y Perú. Ostenta el tercer lugar en tráfico de contenedores a nivel nacional.

El sector minero es aquel con un mayor auge en la zona de influencia, en especial debido a las actividades extractivas de Southern Peru Cop-per Corporation en las minas de Cuajone y Toquepala.

En setiembre de 2013, la Comisión de Relaciones Exteriores del Con-greso del Perú aprobó el Protocolo adicional de 2010 a los Convenios de Ilo de 1992, que facilitan una salida para Bolivia al Océano Pacífico a través del puerto de Ilo. El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció la construcción de un “tren rápido” desde Puerto Suárez hacia Ilo y parece haber decidido orientar la carretera bioceánica que conec-taría el Atlántico (Brasil) con el Pacífico, ya no por los puertos chilenos de Arica e Iquique, sino por los de Ilo y Matarani.

Sin embargo, los puertos del sur peruano, no cuentan con capacidad su-ficiente para atender toda la demanda comercial de salida e ingreso de Bolivia. Edgardo Mercado Jarrín reflexionó sobre este tema y observó que Bolivia movilizaba en 1995 un millón quinientos mil toneladas en-tre importación y exportación por los puertos de Antofagasta, Iquique y Arica, y sólo 250 mil toneladas por Ilo (Mercado Jarrín, 1995). Esta situación de precariedad de los puertos del sur, se mantiene. Por el momento, el puerto de Ilo administrado por ENAPU no soportaría un



aumento repentino de carga. Parece difícil que los comerciantes boli-vianos elijan los puertos peruanos pues no pueden competir con los chi-lenos en infraestructura y logística. Para ser atractivos, los puertos del sur del Perú como Ilo y Matarani deberán además contar con espigo-nes, grandes almacenes y un alto tráfico de navieras (Mendoza, 2013).

La modernización del puerto de Ilo constituye una de las necesidades más urgentes de conectividad marítima del Perú, que debe ser com-pletada por un avance claro en materia de conectividad terrestre. Ac-tualmente la mejor oferta para modernizar el puerto de Ilo parece ser la del consorcio chino China Harbour Engineering Company (CHEC) que invertiría US$300 millones en obras de abrigo, infraestructura y equipamiento portuario. Además, CHEC ha planteado la construcción de un ferrocarril de doble vía que uniría el puerto de Ilo (Perú) con San-ta Cruz (Bolivia) y Mato Grosso (Brasil) que requeriría otra inversión, esta vez de US$4000 millones.

El puerto de Ilo se localiza al norte de la formación Punta Choles que le brinda protección frente a la mayoría de olas y corrientes provenientes del sur. Sin embargo, las frecuentes mareadas del suroeste afectan las operaciones portuarias (D'Alessio, 2012). Por ello, requiere un dique de abrigo a fin de abrir su campo de maniobras que debería realizarse en la zona de Gentilares que cuenta con una formación natural apropiada (Mendoza, 2013).

El total de carga movilizada por los Puertos de Ilo representa un 4% del total de carga a nivel nacional (70’ 524, 976 TM de 2’806, 864). Las principales cargas son de granel líquido y sólido (D'Alessio, 2012).

2.4 Iquitos

El puerto de Iquitos está ubicado en el distrito de Belén, al noroeste de la ciudad de Iquitos, a orillas del río Itaya. La ciudad no tiene acceso vía terrestre que la conecte con el resto del país. Las únicas formas de transporte son la aérea y la fluvial. Sus puertos de enlace son las ciudades de Pucallpa (hacia Lima) y Yurimaguas (hacia el norte). Otro punto de acceso es por el río Amazonas desde Brasil, principalmente desde el puerto de Manaos (D'Alessio, 2012). Iquitos reinició en el año 2012 los vuelos directos internacionales, el primero de los cuales tuvo como destino a Panamá (La República, 2012). Este puerto se beneficia-rá del proyecto de la Hidrovía Amazónica, actualmente en cartera de Proinversión. Ello completaría el Eje IIRSA norte en un esquema de transporte multimodal.

El puerto de Iquitos es uno de los principales puertos fluviales de Lati-noamérica y cumple un rol fundamental en el sistema portuario fluvial del Perú pues es un punto de enlace de los otros puertos fluviales de la Amazonía. El puerto es parte de la ruta para la exportación de madera e importación de equipos y maquinaria para la exploración de pozos petroleros y exportación de petróleo. Por ello, existe un fuerte desarro-llo del comercio internacional, por vía fluvial y aérea (D'Alessio, 2012).

Dado el elevado costo que implica movilizar carga por vía aérea, se re-quiere facilitar el comercio fluvial a través de los ríos de la cuenca ama-zónica. El fuerte incremento del comercio por la explotación de pozos petroleros y gas natural así como por la comercialización de madera, ejercen presión sobre la infraestructura y logística del puerto de Iqui-tos. Por ello su modernización es indispensable.

En tal sentido, mediante el Decreto de Urgencia Nº047-2008, publicado el 18 de diciembre de 2008, el Gobierno peruano dictó disposiciones extraordinarias a fin de facilitar las asociaciones público-privadas, y declaró de necesidad nacional y ejecución prioritaria la concesión del puerto de Iquitos (Cruz, ¿Qué debe hacer el Gobierno para avanzar en infraestructura portuaria?, 2013).

Sin embargo, a la fecha, su equipamiento e infraestructura sigue siendo deficiente. El puerto cuenta con grúas y espacio para atender a naves de gran tamaño, pero que resultan inútiles ante piezas so-bredimensionadas o sobrepesadas. En algunos casos se envía carga de 120 toneladas y, dado que no puede ser manipulada correctamente, deben transportarse desde Lima o la ciudad más cercana, grúas que son armadas en Iquitos para desestibar la carga. Además, las naves transatlánticas no pueden recalar en el puerto por la sedimentación que se produce, de manera que se requiere el uso de motochatas que descargan y transportan las mercancías. Estos factores incrementan los costos de transporte para cualquier empresa inversionista.

Las actividades comerciales básicas que requieren del puerto de Iqui-tos son petroleras y madereras, así como las agroindustriales.

2.5 Matarani

El puerto de Matarani se ubica en el distrito de Islay en Islay, Arequi-pa y es uno de los tres puertos del Pacífico peruano junto con Marcona e Ilo hacia donde llega la carretera interoceánica del sur. Por ello tiene conexión con Brasil y Bolivia. Su zona de influencia son las regiones de



Ica, Moquegua, Tacna, Puno y Lima. Posee acceso directo a la Paname-ricana Sur y cercanía al ferrocarril de Arequipa.

Matarani fue el primer puerto en ser concesionado en el Sistema Por-tuario Nacional del Perú. El derecho lo obtuvo en 1999 la empresa TI-SUR perteneciente al grupo Romero. Respecto de los servicios com-plementarios eficientes, el grupo económico al que pertenece TISUR cuenta con diferentes empresas relacionadas que brindan servicios de practicaje, remolcaje, agenciamiento marítimo, estiba y desestiba, agenciamiento aduanero y almacenes extraportuarios (TISUR).

La importancia del puerto se debe a los proyectos mineros en la zona de influencia: ampliación de Sociedad Minera Cerro Verde, los proyectos de Antapaccay y Las Bambas, el proyecto Quellaveco de Angloame-rica, y el proyecto Tía María de Southern Peru Copper Corporation (D'Alessio, 2012).

Actualmente parece que el puerto de Matarani no tiene incentivos para mejorar su competitividad y reducir sus tarifas puesto que los clientes necesitan de sus servicios al constituir, el puerto de Ilo, una pobre com-petencia. Los clientes de Matarani son los de la región sur del Perú, Bolivia y el suroeste brasileño.

El puerto de Matarani sólo cuenta con una línea regular de contene-dores por lo que una parte de la carga se desvía al Callao. Se requiere incrementar los atractivos del puerto y ampliar la frecuencia de naves y gama de destinos. El rol estratégico del puerto de Matarani es similar al descrito para el puerto de Ilo. Si actualmente el comercio boliviano prefiere los puertos de Antofagasta, Iquique y Arica, un desarrollo por-tuario y ferroviario importante podría resaltar el atractivo de un eje Ilo, Matarani y San Juan de Marcona.

El puerto cuenta con infraestructura especializada para productos mi-nerales concentrados y a granel y posee una grúa móvil. Se considera que el sistema de embarque de minerales es el más moderno de Suda-mérica. Ha duplicado la velocidad de procesos y ha reducido en 40% el tiempo de estadía de las naves en el puerto.

Respecto del tipo de carga que se moviliza por el puerto de Matarani, se aprecia una elevada concentración en el sector minero La minería concentra el 51.1% de la actividad del puerto. Luego la construcción (23.5%), granos (11.8%), agricultura (4.9%), comercio (0.8%), pesca (0.2%) y otros (7.5%) (D'Alessio, 2012).

2.6 Paita

El puerto se ubica en la provincia de Paita, en Piura, y es parte de la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional Surame-ricana (IIRSA Norte), que busca conectar la costa norte del Perú con Brasil. La zona de influencia del puerto son las regiones de Amazonas, Cajamarca, Lambayeque, Piura, Tumbes, San Martín y el sur de Ecua-dor.

Actualmente, Paita es el segundo puerto de importancia del Perú, des-pués del Callao (Proinversión, 2010). Este fue el tercer puerto en ser privatizado en el Perú después de Matarani y el Muelle Sur. El muelle de Euroandinos moviliza actualmente 25 contenedores por hora. Su debilidad estriba en el copamiento de las vías de acceso al espigón del muelle que se produce por la acumulación del tráfico de botes y barcos en el canal de acceso al puerto (D'Alessio, 2012). La importancia estra-tégica del puerto consiste en que tiene la capacidad de ser un puerto que concentre carga de Ecuador y, gracias a la interoceánica, de Brasil.

El puerto se dio en concesión a la Empresa Terminales Portuarios Eu-roandinos (TPE) en el año 2009. Terminales Portuarios Euroandinos es un grupo conformado por la empresa portuguesa Tertir y Cosmos, cuyas acciones pertenecen al grupo chileno Von Appen (Fairlie & Quei-ja, 2007). En su momento, se criticó que el puerto de Paita se haya dado en concesión a una empresa que, a diferencia de los Muelles Norte y Sur del Callao, no constituye un operador global de terminales portua-rios, y que cuenta con capitales de un país competidor en la COAS.

En octubre de 2014 se inauguró la primera fase de la modernización del puerto de Paita. La inversión de US$155 millones ha permitido dragar el muelle a 13 metros de profundidad, construir un amarradero de 300 metros y un patio de contenedores de 12 hectáreas, además de la instalación de una grúa pórtico de muelle y dos grúas pórtico de pa-tio (Cruz, Inauguran el puerto de Paita, 2014).

El puerto centra sus operaciones en productos agrícolas, pesqueros, minerales, y derivados del petróleo. Algunos productos de exportación relevantes considerados en el estudio de APN son: mango orgánico, pota congelada, café verde, banano orgánico, harinas y aceites de pes-cado, conchas de abanico. Productos de importación: carga de proyecto (maquinarias), trigo duro, motocicletas y partes, aceite de soya, nitrato de amonio, pescado congelado (Autoridad Portuaria Nacional, 2011).



2.7 Salaverry

Salaverry se ubica a 13km del sur de Trujillo en una zona de costa abierta sin protección natural. El puerto cuenta con una vía de acceso asfaltada de 8km que lo comunica con la Panamericana Norte (Proin-versión, 2010). Por otro lado, la infraestructura vial interoceánica que conecta la costa norte con el puerto de Yurimaguas está en buenas condiciones. El área de influencia del puerto comprende a las regiones de La Libertad, Lambayeque, Ancash, Cajamarca y Lima. Estos depar-tamentos presentan tendencias favorables de crecimiento.

El puerto centra sus operaciones en productos agrícolas, minerales, mercadería en general, así como ganado y turismo. Las condiciones ambientales de la zona han sido aprovechadas para el desarrollo de la agroindustria en la región, por el proyecto Chavimochic.

Salaverry, que fue administrado hasta 1970 por el Ministerio de Ha-cienda y Comercio, es manejado en la actualidad por ENAPU. La situa-ción en la que se encuentra se está volviendo insostenible a causa del arenamiento constante que padece. De no modernizarse pronto, en los próximos dos años, podría cerrar definitivamente.

El puerto cuenta con una faja transportadora para su principal expor-tación: azúcar a granel. Para la carga de concentrados de minerales el puerto utiliza el shiploader (cargador) de la empresa Gold Fields La Cima S.A (D'Alessio, 2012). A fin de movilizar contenedores y atender naves será necesario, además de aumentar el calado a 14 metros, ins-talar grúas pórtico y acondicionar un patio para almacenamiento de 12 hectáreas (Autoridad Portuaria Nacional, 2011).

La mayoría de los productos que se movilizan corresponden a la indus-tria minera y empresas azucareras. A causa de la baja competitividad del puerto, no causa sorpresa el hecho de que los agroindustriales lo utilicen limitadamente.

2.8 San Juan de Marcona

El puerto se ubica en la Provincia de Nazca, región Ica. Se considera que esta es una ubicación privilegiada cercana a la zona central del Perú y de grandes yacimientos mineros. Cuenta con acceso a la intero-ceánica del Sur y su área de influencia son las regiones de Ica, Moque-gua, Ayacucho, Huancavelica, Cusco, y Apurímac, así como el norte de Arequipa. Por otro lado, una ventaja de este puerto estriba en que las vías de acceso no pasan por zonas urbanas (D'Alessio, 2012).

Pese a que la construcción del Megapuerto de Marcona es considera-do de necesidad y utilidad pública según la ley 28521 del año 2005, este no se encuentra operativo. Actualmente el puerto de San Juan de Marcona se encuentra bajo la custodia del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En su zona de influencia existe una gran reserva minera no explotada (Ministerio de Energía y Minas, 2010), desarrollo agrícola, y puede ser un potencial puerto de salida para el acceso de Brasil al océano Pacífico.

Entre los proyectos que resaltan la importancia del puerto se encuen-tran OPABAN, Hierro Apurímac, Las Bambas, Los Chancas, Alicias, Jinzhao Mining Perú, CF Industries, Shougang Hierro Perú, MARCO-BRE y el proyecto Majes, que incluye la minería, agricultura, ganade-ría, industria textil, y el turismo (Proinversión, 2010).

Este puerto dispone de una batimetría natural3 de 22 metros a 800 metros de la línea de playa y con una protección natural contra el olea-je de la zona. Ello le permitiría atender a embarcaciones hasta Very Large Ore Carrier4 y naves de cuarta generación como las Cape Size y Super Post Panamax, sin incurrir en los costos económicos y sociales del dragado que se requieren para otros puertos. Esas naves permi-ten economías de escala, generan menos costo de transporte y por lo tanto aumento de la competitividad. Esta ventaja es valorada para los minerales con una menor cotización internacional como el hierro que abunda en la zona (D'Alessio, 2012).

Sin embargo, los muelles de Acarí y San Juan no brindan servicios por las condiciones en las que se encuentran. El primero se encuentra inoperativo y deteriorado por la falta de mantenimiento, sus pilotes metálicos están corroídos y mutilados en algunos sectores, algunos pórticos deteriorados, mientras que el segundo se encuentra colapsado (D'Alessio, 2012).

3. Importancia de las líneas navieras y situación de la Marina Mercante del Perú

3.1 Importancia de las líneas navieras

Una competitiva conectividad marítima no implica únicamente la po-sesión de puertos eficientes sino el desarrollo de una marina mercante nacional que sea capaz de generar líneas navieras que alimenten a los puertos nacionales y los conecten a través de rutas relevantes con otros puertos del sistema internacional. Según un informe del BID, los



determinantes del costo de transporte son: la política gubernamental, la eficiencia portuaria y la estrategia de los transportistas (Mesquita, Volpe, & Blyde, 2008). Por ello, las líneas navieras tienen un rol funda-mental en el comercio internacional.

Incluso puede afirmarse que el transporte marítimo ha jugado un rol clave en los cambios en la participación de los países sudamericanos en el comercio con el Asia Pacífico entre 1975-2008 (González-Vigil, Yong, & Hurtado, 2012). Puede observarse por ejemplo que mientras que el Perú redujo su participación en el comercio con el Asia Pacífico en el promedio total de América Latina entre 1975 y 2008 (exportaciones: 11%– 7%. importaciones: 7-4%) Chile la aumentó significativamente (exportaciones 11%-23%. importaciones 2-8%). Esto se debería en bue-na medida a que Chile constituye el único país andino que dispone de líneas navieras competitivas a nivel internacional además que se ade-lantó a sus vecinos de COAS en materia de modernización portuaria (González-Vigil, Yong, & Hurtado, 2012).

Contar con líneas navieras representa una ventaja competitiva debi-do a que el sector marítimo-portuario funciona como una competencia imperfecta en la que las navieras se basan en ciertos puertos pivotes (hubs) a lo largo de rutas marítimas. La cadena se articula en función de la importancia de cada puerto mediante mecanismos de integración vertical (González-Vigil, Yong, & Hurtado, 2012). Por ello la estrategia gubernamental debe, al mismo tiempo, asegurar la competitividad de sus puertos por medio de concesiones a administradores de primer ni-vel con capacidad de negociar con navieras, así como permitir y fomen-tar el desarrollo de una marina mercante nacional.

Para explicar la desventaja competitiva que mantenemos frente a Chi-le en este tema, resulta indispensable poner la atención sobre las ru-tas que realiza la empresa naviera de mayor presencia en el tráfico de contenedores en el Muelle Sur (Velit, 2013): la chilena “Compañía Sudamericana de Vapores” (CSAV). A diferencia de lo que ocurre en las rutas transatlánticas que van en la lógica dirección norte hacia sus mercados de destino (northbound), en la rutas que conectan la COAS con el Asia Pacífico, CSAV en su servicio Andex Sling 1 obliga a la carga a dirigirse hacia el sur (southbound) antes de realizar la ruta hacia el norte y luego al este (CSAV). Con ello, CSAV consigue acumular mayo-res volúmenes de carga hacia los puertos chilenos y convertir al puerto final en el pivote (hub) de la cadena. Si a esto se añade la vinculación de las navieras chilenas con agencias marítimas y almacenes extrapor-tuarios, observamos que la estrategia se encuentra bien encaminada.

Afortunadamente el rol de hub del Pacífico aún no está consolidado. La modernización del puerto del Callao así como su manejo eficiente por DP World y APM Terminals le permitirá concentrar una mayor cantidad de rutas y carga lo que podría aumentar el predominio que el puerto mantiene en la COAS. Resulta muy favorable que el muelle norte sea manejado por el operador de la naviera más grande del mun-do (Maersk Sealand). Sin embargo, la ausencia de una línea naviera nacional representa una desventaja estratégica considerable para el Perú.

3.2 Situación de la Marina Mercante del Perú

La Marina Mercante Nacional alcanzó en el año 1981 algo más de un millón de toneladas de peso muerto. Diez años después, durante el gobierno del Presidente Fujimori, el Decreto Nº644 eliminó todos los incentivos existentes para la Marina Mercante Nacional puesto que se adoptó una política liberal para el transporte marítimo. Actualmen-te sólo una empresa privada con bandera peruana realiza transporte internacional: Línea Amazónica Peruana S.A. De manera que prác-ticamente todo el transporte marítimo lo realizan naves de bandera extranjera pertenecientes a 24 empresas. Por este motivo, el Perú no cuenta con ingreso de divisas por concepto de fletes marítimos. Se esti-ma que por ello el Perú deja de percibir unos US$ 240 millones de dóla-res anuales (Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 2012). Según este instituto, como efectos de la desaparición de la Marina Mer-cante se pueden identificar las siguientes desventajas: • Pérdida de empleo de personal altamente capacitado. • Reducción del aporte tributario de las empresas navieras. • Alto grado de dependencia de bodegas de terceros. • Inestabilidad de los fletes. • Dificultad para un planeamiento comercial de acceso a nuevos

mercados. • Déficit en la cuenta de servicios de la Balanza de Pagos por con-

cepto de fletes. • Dependencia del comercio internacional del Perú de flotas extran-

jeras. (Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, 2012, pág. 9)

Con estos factores en mente, durante el Gobierno del Presidente Ale-jandro Toledo se promulgó la ley de reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional, Ley Nº 28583 del año 2005, modificada du-rante el gobierno del Presidente Alan García a través de la Ley 29475 del año 2009. Esta ley está orientada a apoyar el desarrollo de las em-presas navieras nacionales (art. 1) y busca, como señala el artículo 2,



establecer los mecanismos que promuevan la reactivación y promoción de la Marina Mercante Nacional marítima, fluvial y lacustre, promover las actividades directas y conexas inherentes al transporte acuático nacional e internacional e incentivar el desarrollo de la Marina Mer-cante para competir en condición de igualdad –como mínimo– con las empresas establecidas en países de baja o nula imposición tributaria. Con este fin se estableció la libertad total de rutas y Permisos de Ope-ración en el transporte acuático comercial para los navieros nacionales y por lo tanto se eliminaban las restricciones legales y administrativas que les impedían o limitaban el libre acceso a los tráficos, servicios y rutas (art 6.2).

Asimismo, el transporte acuático comercial en tráfico nacional o cabo-taje quedaba reservado exclusivamente a naves mercantes de bandera peruana (art. 7.1) y sólo en caso en que no existieran naves propias o bajo modalidades de arrendamiento financiero o arrendamiento a cas-co desnudo5, se permitirá el fletamento de naves de bandera extranjera para ser operadas únicamente por navieros nacionales o empresas na-vieras por un periodo de seis meses no prorrogable (art. 7.2).

En la actualidad, la marina mercante peruana básicamente se limita al transporte de hidrocarburos por los puertos del Perú. Este movimiento se realiza a partir de 21 naves de bandera nacional y cuatro de bandera extranjera, pero la mayoría son operadas por empresas chilenas.

Consideramos que la situación de la marina mercante del Perú consti-tuye una seria desventaja estratégica para la consolidación del puerto del Callao como el hub de la COAS y del Perú como un líder regional en conectividad marítima e inserción en el Asia Pacífico.

4. Propuesta para impulsar la conectividad marítima del Perú

Las siguientes son las líneas de acción que este trabajo propone a fin de impulsar la conectividad marítima del Perú e insertar al país en el Asia Pacífico:

i. Política marítima El Perú debe desarrollar una política marítima de Estado con el fin de otorgar coherencia, orden y estrategia a las acciones que emprenda en relación al mar. Esta política incluirá el interés de desarrollar la co-nectividad marítima del Perú y posicionarnos como el hub de la COAS. Debería ser diseñado por un panel multidisciplinario y multisectorial de alto nivel.

ii. Difusión de la consciencia marítimaSe le debe dar un mayor impulso y recursos a la Dirección de Intereses Marítimos de la Marina de Guerra a fin de incrementar la consciencia marítima de los ciudadanos. En ello juega un rol el fomento de deportes náuticos, de literatura relativa al mar, etc.

iii. Marco legal del sistema portuarioRevisar la modernización del marco legal del sistema portuario tenien-do en mente las últimas reformas en diversos países en el mundo.

iv. Inversiones en el sistema portuarioContinuar con el proceso de concesionar la administración de los puer-tos a fin de mejorar su infraestructura, equipamiento y eficiencia. Sin embargo, este proceso debe realizarse de manera geoestratégica, de manera que se contemplen los intereses geoeconómicos de países ve-cinos y así evitar realizar concesiones que lleguen a ser perjudiciales.

En los casos de Chimbote, Ilo, Iquitos, Salaverry y San Juan de Mar-cona, se recomienda concretar concesiones cuanto antes a fin de que se realicen inversiones que permitan potenciar su funcionamiento. En el caso de Salaverry, la continuación del statu quo puede llevar a cerrar el puerto.

v. AduanasMejorar la eficiencia del sistema de aduanas. Esto implica una amplia-ción de personal, revisión de tarifas y mejora de equipos. La falta de personal en Aduanas genera pérdidas en tiempo y dinero.

vi. Marina MercanteComenzar el planeamiento de la reactivación de la Marina Mercante. Eventualmente debe constituirse una línea naviera nacional por medio de una asociación público-privada. Los capitales deberán ser peruanos a fin de no subvencionar una empresa con capitales de un país que compita con nosotros por posicionarse como hub de la COAS.

vii. Conectividad terrestreReforzar el sistema vial y desarrollar un sistema ferroviario moderno y eficiente puesto que la conectividad marítima depende de adecuadas conexiones con todas las regiones del país. Sin adecuadas conexiones tampoco sería posible alcanzar una proyección bioceánica y encauzar el comercio de países vecinos.

viii. HidrovíasContinuar con la constitución de hidrovías que conecten la Amazonía



con el resto del país y nos permita, asimismo, concretar la proyección bioceánica. El transporte aéreo, alternativa a las hidrovías, resulta mucho más costoso.

ix. Marina de GuerraReforzar la Marina de Guerra a fin de que pueda hacer frente a las amenazas que inevitablemente traerá el incremento del comercio como consecuencia de la mejora de nuestra conectividad marítima.

x. Ministerio de Relaciones ExterioresFomentar una participación mucho mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores en el objeto de mejorar nuestra conectividad marítima. Esto resulta indispensable debido a que, mientras que los funcionarios de otras instituciones son elegidos por períodos, aquellos del Ministerio de Relaciones Exteriores velan por los intereses del Estado a lo largo de los años. Como se ha demostrado en el análisis, la conectividad maríti-ma constituye un factor determinante para la inserción del país en el Asia Pacífico, por lo cual debe existir una consciencia clara al respecto de manera que se pueda acompañar y orientar los procesos de desa-rrollo del Sistema Nacional Portuario, el aumento de la presencia de líneas navieras y la reactivación de la Marina Mercante.

5. Conclusiones y recomendaciones

La conectividad marítima de un país depende de su eficiencia portua-ria, líneas navieras que alimenten los puertos, buenas conexiones con el hinterland y el resto del país, y una Marina Mercante nacional com-petente. En tal sentido, el déficit de infraestructura portuaria así como la falta de eficiencia de nuestro sistema portuario constituyen desven-tajas estratégicas pues influyen de manera determinante en los costos de transporte.

La estrategia para modernizar el sistema portuario que se ha iniciado en los Muelles Norte y Sur del Callao, consiste en concesionarlos a administradores de primer nivel, con experiencia movilizando grandes cargas y que aporten infraestructura y equipamiento de última genera-ción para la mejora de la eficiencia portuaria. Estos “operadores globa-les de terminales portuarios”, generan condiciones que atraen a líneas navieras mundiales y cuentan con capacidad para negociar con ellas.

Si bien el Callao ha mejorado notablemente su eficiencia por las con-cesiones mencionadas, otros puertos (Chimbote, Ilo, Iquitos, Salave-rry, San Juan de Marcona) presentan gran ineficiencia por su pobre

infraestructura y equipamiento. En el caso de Paita y Matarani, las concesiones no resultaron todo lo beneficiosas que hubieran sido si se hubiesen entregado a empresas de talla mundial.

Dado que el transporte marítimo se realiza a través de líneas navieras que se basan en ciertos puertos pivotes a lo largo de rutas marítimas, la segunda estrategia estatal consiste en permitir y fomentar el desarro-llo de una Marina Mercante nacional que sea capaz de generar líneas navieras. En el Perú, el Decreto Nº644 de 1991 eliminó los incentivos existentes para la Marina Mercante nacional puesto que se adoptó una política liberal para el transporte marítimo. Como consecuencia, se re-duce el aporte tributario de las empresas navieras, se genera un alto grado de dependencia de bodegas de terceros y se dificulta realizar un planeamiento comercial de acceso a nuevos mercados por las rutas que convengan a los empresarios peruanos.

Es necesario que el Estado asuma una visión realista que identifique a la conectividad marítima como un alto interés, determinante en la competencia geopolítica y geoeconómica que se ha establecido en la COAS por contar con el puerto hub subregional y alcanzar una mayor participación en el comercio con el Asia Pacífico.

Se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones:

1. Desarrollar y ejecutar un plan estratégico multidisciplinario para el Desarrollo del Sistema Nacional Portuario del Perú en el que participe Cancillería.

2. Investigar cómo fue posible convocar a Operadores Globales de Ter-minales Portuarios (GTO) como DP World y APM Terminals a fin de repetir la experiencia.

3. Desarrollar y ejecutar un plan que apunte a que esos Operadores Globales de Terminales Portuarios busquen ampliar sus inversio-nes en el país.

Notas

1 LasnavesPostPanamaxmovilizanentre90y100milTEU’s.318-347metrosdeeslora,42metros de manga, 14-15 metros de profundidad. Su nombre se debe a que superan a las navesPanamaxentamañoycapacidad(DPWorldCallao,2013).

2 Laesloraesladimensióndeunaembarcacióntomadaasulargo,desdelaproahastalapopa.

3 Profundidad o calado.4 Son los buques cargadores de hierro más grandes del mundo. Pueden transportar hasta

300 mil toneladas pero son de profundo calado.5 Modalidad de arrendamiento por el cual se concede la nave sin tripulación.



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Aníbal Sierralta Ríos

La falacia de la racionalidad y su impacto en el comportamientodel consumidor

Magíster en Administración de Empresas. Posgrado en Comercio Internacional, Diplomado en Negociaciones, Diplomado en Gerencia Internacional, Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor de la Academia Diplomática del Perú, del Centro de Altos Estudios Nacionales (Lima), de la Maestría de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Doctorado en Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro de la Asociación Americana de Profesores de Derecho Internacional Privado (ASADIP).

RESUMEN:El presente trabajo aborda la forma cómo actúa el consumidor en una economía de libre mercado y bajo qué supuestos se articula su decisión de operar comercialmente. A partir de esa comprobación se analizan los elementos de la Teoría de los Juegos y sus principios que están basados en la razonabilidad, el azar y el equilibrio. Plantea el enfrentamiento entre la naturaleza humana que se mueve por intereses, emociones, sentimientos y suposiciones frente a la rígida posición de la razonabilidad que es el pilar de la Teoría de los Juegos y del comportamiento del consumidor.

PALABRAS CLAVE:Teoría, racionalidad, equilibrio, azar, estrategia y probabilidad.

ABSTRACT:This paper deals with the way the consumer acts within a free-market economy and under which assumptions his decision to commercially operate is articulated. From that point on, the elements of Game Theory and its principles are analyzed, which are based on reasonability,

chance and equilibrium. It presents the confrontation between human nature, moved by interests, emotions, feelings and assumptions, and the inflexible position of reasonability which is the mainstay of Game Theory and the consumer’s behavior.

KEY WORDS:Theory, reasonability, equilibrium, chance, strategy and probability.

En febrero del 2014 una talentosa y bella administradora de empresas compró una camioneta 4x4 full equipo. Cambiaba su pequeño y anti-guo Toyota por una flamante camioneta Chery Tigo cero kilómetros que fue pagada íntegramente al contado con el total de sus ahorros. El representante de la casa comercial, que anteriormente había vendido a plazos la casi totalidad de sus unidades, comprendió que si la compra-dora había abonado sin solicitar crédito tenía la capacidad financiera intacta para utilizarla en otra operación, sobre todo si el reporte de ingresos indicaba que nuestra atractiva profesional trabajaba en una importante organización internacional. Entonces el hábil vendedor si-guiendo esa tendencia del marketing de extraer el excedente del con-sumidor le propuso cambiar el flamante tapiz interior del vehículo por otro con color y calidad diferentes.

Lo curioso es que la buena administradora de empresas que no había puesto aún sus sugerentes posaderas en el asiento de la camioneta con-vino en aceptar ese cambio pagando un adicional de US$ 800 dólares estadounidenses a pesar de que todos sus ahorros estaban en el anhe-lado vehículo recién adquirido y no quería asumir más deudas pues tenía tarjetas de crédito al límite de su capacidad.

¿Qué llevó a una profesional que estudió el comportamiento del mer-cado y la acción de las empresas a tomar esta decisión por encima de sus intereses iniciales? ¿Por qué el audaz vendedor propuso un gasto adicional cambiando un objeto nuevo y sin uso, que iría al tacho de desperdicios, por otro similar aduciendo el supuesto atractivo del color?La respuesta no está en los libros de marketing, ni en los manuales de comercialización, ni siquiera en las recomendaciones de las asociacio-nes de consumidores.

Y es que la economía de libre mercado se basa fundamentalmente en un presupuesto errado, confuso y engañoso: las personas actúan y de-ciden racionalmente y con frecuencia queriendo satisfacer su propio in-terés. Sin embargo, el libre mercado y la naturaleza humana no van de

La falacia de la racionalidad y su impacto en el comportamiento del consumidor


la mano, y a veces ni siquiera coinciden o convergen, afectando nuestra tranquilidad y deteriorando la salud pues el consumidor experimenta, después de una decisión errada, la frustración, la preocupación y luego la angustia cuando se extralimita en su capacidad de pago, incrementa sus obligaciones o recibe la insistencia obsesiva de las cobranzas cuan-do llega al nivel del sobre endeudamiento.

Hay un juego de intereses: los vendedores constriñen a los consumi-dores a partir de sus metas de ventas, tasas de interés subversivas, moras exageradas y condiciones de pago, utilizando para ello las su-gerentes e ilusas pautas de la moda, el mayor beneficio, el adminiculo adicional innecesario y la engañosa posibilidad de posición social. En tanto que el consumidor se deja llevar por la sensualidad de lo reciente y novedoso, la autoafirmación de que nos va bien y que con espíritu calvinista estamos alcanzando el paraíso en la tierra.

En ese artilugio de intereses quien tiene la mayor influencia y peso son los vendedores y los comerciantes que hacen uso de la publicidad, el marketing, la televisión, la prensa escrita, los modelos vivientes, la sensualidad del espectáculo e incluso, el revestimiento de poder ocasio-nal y superficial que hace creer al consumidor que “es absolutamente libre y poderoso pues es el rey del mercado”.

Esa confrontación de intereses, en el cual el consumidor es la parte más débil obliga a invocar la intervención de un tercero para reequi-librarlo. Este tercero solo puede ser el Estado y las asociaciones de consumidores en una labor preventiva.

Es un nuevo desafío de la sociedad y el Estado para enfrentar el des-borde del mercado logrado por una cultura basada en lo simple, lo fácil, lo redituable y el lucro voraz, junto al falso paradigma de la racionali-dad de los consumidores.

Lo cierto es que las personas en general saben menos sobre su com-portamiento frente a un bien satisfactor de aquellas otras que se han preparado durante mucho tiempo para ofrecerlos y, por supuesto, ven-derlos.

Hay una competencia entre el consumidor y el comerciante o las em-presas que puede generar situaciones conflictivas y cooperativas como ocurre y trata la Teoría de los Juegos, que es un área de estudio preci-samente sobre el comportamiento de las personas cuando actúan fren-te a otras en el mercado, la vida política, las relaciones vecinales y las actividades comunales. Esa vinculación es la que nos lleva abordar

esta situación que se ha construido a partir del absoluto valor de la li-bertad y la creencia, equivocada por cierto, de que las personas actúan guiadas, sustancialmente, por la razón.

Todos los juegos de niños y adultos son modelos de situaciones conflic-tivas, competitivas y cooperativas en las que podemos reconocer situa-ciones que se repiten en el mundo real. En ellas se articulan además, conceptos como probabilidad, razonabilidad, equilibrio y estrategias, dentro de las que hay que adoptar decisiones y asumir riesgos ante competencias aleatorias. Se olvida el mundo de sentimientos y emocio-nes que mueve a todos los seres humanos.

Y es que el libre mercado se ha construido a partir de concebir la razón como la viga maestra del comportamiento del consumidor, ocultando que por el mismo hecho de ser persona está dotada de emociones, pa-siones, sentimientos, amor y celos.

1. Ámbito de la Teoría de los Juegos

La teoría de los juegos tiene como objetivo principal el estudio de de-cisiones multipersonales y como tal es aplicable en la economía, cuan-do los diferentes agentes toman decisiones para actuar y dominar los mercados; pero también se aplica en el Derecho, al establecer términos que afectan o establecen conductas de los individuos, como es el caso de los contratos de financiamiento; igualmente en el campo internacional, cuando los países empiezan a competir por ocupar espacios económicos, políticos o formar bloques comerciales; y, finalmente, en los procesos de intercambio o solución de conflictos.

El objetivo de la teoría de los juegos es el comportamiento estratégico de las personas que intervienen con otras en las diferentes áreas de la actividad social como las relaciones políticas, comerciales o del merca-do. En un mundo real, y particularmente en el mercado, son muy fre-cuentes las situaciones en las que, al igual que en los juegos, el resul-tado depende de la conjunción de las decisiones de diferentes actores y jugadores. Se dice que un comportamiento es estratégico cuando se adopta teniendo en cuenta la influencia reciproca del resultado propio y ajeno de las decisiones propias y de las otras partes intervinientes.

La teoría de los juegos, se ocupa sobre lo que ocurre cuando los hombres se relacionan de manera racional, es decir cuando los individuos se in-terrelacionan utilizando el raciocinio y el criterio lógico. Sin embargo, definirlo es tan absurdo, como su lógica, ya que la realidad muestra un



razonamiento circular, que no puede ser soslayado al considerar cues-tiones estratégicas. Con frecuencia a las personas no les gusta pensar sobre los problemas de las relaciones estratégicas, pues generalmente la solución es la lógica a la inversa.

En la teoría de los juegos la intuición es frecuentemente desestimada, pero es una realidad vigente e influyente. Por otro lado ella parte del principio de que los actores son honestos y ello no es siempre así. Para un experto, jugar deshonestamente es un pecado capital pues no res-peta las reglas o las viola porque no le gustan los resultados que está obteniendo.

Podemos encontrar libros que señalan que la Teoría no sirve para nada ya que la vida no es un juego de “suma cero” o porque se puede obte-ner el resultado que uno quiere seleccionando o predeterminando el “concepto de solución cooperativa”. Sin embargo, las cosas han evolu-cionado y ya no se sufre de los presupuestos restrictivos iniciales que requiere especificar detalladamente lo que los jugadores pueden y no pueden hacer durante el juego, y después buscar cada jugador una es-trategia óptima. Lo que es mejor para un jugador depende de lo que los otros jugadores piensan hacer y esto a su vez depende de lo que ellos piensan de lo que el primer jugador hará.

Jhon Von Neumann y Oskar Morgenstern, los más influyentes teóri-cos, aunque no los primeros, resolvieron este problema en los juegos de dos jugadores cuyos intereses son opuestos. A este juego se le llama “competitivos” o de “suma cero” porque cualquier ganancia para un ju-gador siempre se equilibra exactamente por la pérdida correspondiente para el otro jugador.

Jhon von Neumann concibe el mundo como si fuera un juego matemá-tico; un mundo regido por una lógica universal en el que la persona po-see y actúa como un ser perfectamente lógico que trata con la realidad circundante intercambiando información matemática. Así, la teoría es estructurada para facilitar un nuevo acceso al mundo de la economía, a través de las matrices de toma de decisiones en la articulación de estra-tegias frente a situaciones con componentes aleatorios. Tal concepción es completada con el aporte de su socio intelectual Oskar Morgenstern, quien señala que el futuro desarrollo de la teoría se debe no tanto al amplio campo de aplicaciones posibles, sea en la economía, el comer-cio, la política, las finanzas y el Derecho, sino a la incapacidad de las ciencias físicas para explicar matemáticamente las complejidades de los fenómenos sociales y legales. A su vez pretende superar los huecos negros de tales ciencias al considerar que estas aportaban discusiones

plenamente escolásticas que culminaban en divagaciones, por lo que la teoría podría superar los juicios subjetivos y emocionales de muchos problemas sociales, políticos y económicos, llevándolos a un raciona-miento más lógico y matemáticamente frío1.

El comportamiento de una persona, empresa, institución o país tie-nen, siempre, un punto de partida que se puede explicar mediante una cadena de razonamientos lógicos. Ello ha motivado la atención de las ciencias exactas, desde Euclides, quien introdujo la noción de demos-tración matemática de un modo preciso a través de los axiomas que consistía en un enunciado o punto de partida que debía ser verdad. Von Neumann, aplicó este método axiomático a la física, particularmente en la mecánica cuántica, lo que llevó a enrarecer la teoría de los juegos cuando empezó a provocar la atención de la Economía y sobre todo del Derecho.

De tal manera que el objetivo de la teoría es el estudio de los compor-tamientos estratégicos de las personas, empresas, asociaciones de con-sumidores o de los Estados —jugadores en general— cuando buscan desarrollar sus proyectos, actúan o intentan solucionar conflictos y en donde los resultados o el acuerdo depende de la conjunción de otras decisiones generadas por otros jugadores.

El énfasis en la estrategia, desde John Nash, Reinhart Selten y John Harsanyi, ha llevado a algunos autores como Doblado, Nieto y Santos a afirmar:

“Un concepto fundamental de esta teoría es el de estrategia y puede interpretarse de la forma siguiente: una persona que tiene que adoptar una decisión en el transcurso de un juego, debe efectuarla en función de circunstancias específicas… es conveniente que se identifique el concepto de circunstancias, a partir de las cuales la persona adopta una decisión con la totalidad de información que posee de la experiencia anterior que, de acuerdo a las normas o reglas establecidas en el juego, tiene a su disposición en el instante en que tiene que tomar una decisión particular”2.

La teoría de los juegos se dice busca “evitar el impacto de juicios de un valor subjetivo en la discusión de problemas sociales y económicos con carga emocional”3. Es decir, se aparta de los sentimientos y las emocio-nes y ése es, a nuestro modo de ver, el talón de Aquiles.

El paradigma de esta teoría parte de supuestos primitivos acerca de las funciones de utilidad —beneficio—, producción, información y la forma



cómo los actores/jugadores maximizan su utilidad bajo las limitacio-nes impuestas por tales supuestos. Tal enfoque es una combinación de la “maximización sujeta a limitaciones” establecida por la escuela del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) y el criterio de “no hay almuerzo gratis” de la Escuela de Chicago. Sin embargo, la teoría de los juegos no solo depende de estos dos enfoques sino que se ha aleja-do de las maximizaciones; de otro lado, los jugadores actúan de modo racional, pero frecuentemente sus consecuencias no son coincidentes, lo que trae como resultado que se articule en un mundo de hombres racionales con resultados, a veces, ridículos4. También se conceptualiza a partir de su origen, cuando se afirma que “es una rama de la matemática aplicada, que permite analizar situa-ciones donde el futuro de distintas personas es interdependiente y don-de la posición de cada jugador depende de las acciones de las demás integrantes de la partida”5.

Es posible concluir, entonces, que esta es una disciplina destinada a proporcionar instrumentos para adoptar decisiones en situaciones de competencia o de conflicto, a partir de la construcción de una matriz for-mal en la cual ingresan las decisiones de otros jugadores, así como las características objetivas del asunto a definir o resolver. Ello posibilita comprender la situación, las diferentes estrategias de los involucrados, explicar el conflicto o el objetivo común y sus posibles soluciones.

Es John Nash, quien resalta el supuesto de la racionalidad, a partir de métodos de originalidad que destacan su genio matemático. La noción o criterio de racionalidad sostiene que los jugadores prevén racional-mente los movimientos de los demás lo cual supone opiniones correctas y consistentes de cada actor frente a la estrategia del otro. Lo curioso es que Nash padecía de esquizofrenia hasta su muerte y que la racio-nalidad con la que cimentó la teoría no era coherente con el sufrimien-to que impuso a su esposa. Tal vez ello lo llevó a plantear el criterio del equilibrio en un afán por alcanzar aquello que el desborde de su personalidad lo había hecho perder al extralimitarse en sus relaciones personales y familiares.

La crítica mayor que ha recibido la teoría es respecto a la supremacía de la racionalidad en las acciones de los jugadores, personas al fin y al cabo. Así como el énfasis derivado de la influencia de las matemáticas y de la economía en la determinación de su estructura y sus elemen-tos. En los últimos años se ha cuestionado tal detalle y condición de la teoría, principalmente a partir de Herbert Simón, quien en su artículo A Behavioral Model of Racional Choice habló de racionalidad limita-

da, ya que la evidencia muestra que el conocimiento y la razón tienen también sus límites y que con más frecuencia de lo que quisiéramos, las personas —jugadores— toman decisiones motivadas en base a con-sideraciones que no siempre soporta o admite la razón6.

Así, Lacan afirma que es una ciencia conjetural a la que propuso lla-marla “estocástica”, por el arte de suponer, señalando que negar los atributos psicológicos del sujeto —jugador— no significa reducir el campo de aplicación de la teoría sino más bien posibilita aprovechar el carácter calculable de un sujeto reducido a la fórmula de una matriz de combinaciones significantes7.

Afortunadamente la paradoja de la racionalidad, está justamente sobre el tapete, ya que su análisis por parte de los psicólogos que la llaman razonamiento mágico concluye que la lógica es retorcida para asegurar algún deseo anhelado. O de otra manera la confronta con la lógica kan-tiana que reclama que dicha racionalidad demanda obedecer un impe-rativo categórico. De tal manera que sería posible que cualquier perso-na pudiera orientarse a cosas malas si la otra fuera muy persuasiva8.

La racionalidad individual que empuja a cualquier sujeto a buscar el mejor resultado o conveniencia posible en cada escenario —mercado, empresa o relación internacional—, puede producir generalmente una consecuencia nociva para el bienestar de la comunidad o de los demás. Este resultado paradójico del interés individual contra el interés de los demás o de la colectividad fue ilustrada por William Forster Lloyd a mediados del siglo XIX, en su obra Two lectures on the Checkes to Population. Allí, hace la ilustración de los pastores que comparten una misma zona de pastoreo y en el cual el incentivo individual y natural de cada pastor, que busca obtener el mayor y mejor alimento para su ganado, choca violentamente con el interés colectivo de los ganaderos en conjunto. Detalle que más tarde es adoptado y recreado por los se-guidores del análisis económico del Derecho.

La teoría de los juegos posibilita que los consumidores tomen decisiones estratégicas, ya que cualquier persona podría estructurar una relación teniendo en cuenta las acciones de la otra parte. Así como un compra-dor, un economista, un empresario, un conjunto o grupo de empresas y un Estado pueden apreciar más claramente el escenario y la ruta de acción cuando se encuentran ante una situación en la que la estrategia es decisiva, también permite observar y apreciar las sutilezas estraté-gicas de sus oponentes, competidores o grupos antagónicos, como sería el hábil vendedor de autos Chery.



2. La razón del libre mercado

El soporte o pilar principal del libre mercado es la libertad, valor por el cual estamos todos dispuestos a morir. Ella nos permite escribir los temas y asuntos más atrevidos —como este trabajo—, posibilita esco-ger una carrera, un trabajo, una religión, una esposa, novia o pareja, y también la hamburguesa para saciar un hambre momentánea sin mi-rar los resultados que quedarán permanentes como sobrepeso durante toda la vida.

Sin embargo, esa libertad y su uso no siempre ocurre solo al dictado de la razón, sino con frecuencia al impulso de una emoción, una cora-zonada, una frustración o la carga de un pasado que nos marca para siempre.

Por encima de ese criterio se ha construido el comportamiento o con-ducta del consumidor, afirmándose que los consumidores actúan bajo criterios lógicos y de plena razonabilidad; sin embargo, el azar, la in-fluencia externa, la suposición, los sentimientos, y a veces lo ilógico están presentes en la conducta del consumidor. Y es que el mundo no es únicamente racional. El propio ser humano está formado de materia y espíritu; de cuerpo y alma, de sentido lógico pero, además, de impulsos emocionales y sentimentales, que no siempre coinciden. Los intereses personales se superponen a los intereses colectivos y sociales y también aquellos se subordinan y sacrifican en aras de una causa suprema o un ánimo de logro superior.

El amor que es un acto sublime que nos acerca a lo divino y que llena de goce y de felicidad a quien lo disfruta y lo prodiga no solo es fre-cuentemente ilógico sino puede ir en contra de lo racional. El amor no se conoce siempre por el momento de la felicidad y disfrute sino, con frecuencia, por un acto de dolor, de manera que podemos afirmar que se conoce el amor atravesando el largo camino del pesar y la angustia.

La muerte de un ser querido evidencia el amor; la ausencia del ser amado descubre la intensidad de nuestros afectos y anhelos. Los inter-valos de desosiego, conflicto y desazón van mostrando la dimensión del amor y eso posibilita su conservación, que sí puede ser un acto lógico.

Toda la vida del ser humano es la búsqueda del afecto, el cariño y el amor. Ello marca una superioridad, por lo menos en la intensidad y la frecuencia, por sobre lo racional. Sin embargo, ¿Las decisiones basa-das al imperio del amor pueden ser calificadas de racionales? O por el contrario se adoptan por encima o en contra de la razón, como ilustró

Blaise Pascal cuando afirmó: “El corazón tiene razones que la razón ignora”.

¿Acaso no es verdad que la mayoría, sino la totalidad de las personas, tomamos decisiones siguiendo nuestras emociones?

Nuestra mente racional tan trabajada, tan repleta de informaciones, de ruidos, cuadros estadísticos, juicios y determinación de costos, suma de beneficios puede imponer su dominio y ahogar nuestras emociones, pero luego vendrá la frustración y la desazón y entonces el costo de lo racional será inmenso9.

Precisamente nuestra compradora disfrutaba de un intenso momento de amor, ternura y pasión. Había coincidido en una relación con quien conoció en el aula universitaria. ¿Al impulso del amor quiso mostrar un tapiz de carro único y original que recibiera al ser amado? ¿Esa cir-cunstancia la hizo adoptar una decisión irracional, por encima de sus intereses subyacentes de no afectar su situación financiera? ¿El ins-tante de goce y alegría la hizo olvidar las limitaciones de la prudencia financiera? ¿Su actuación fue ilógica? ¿Quiso sorprenderse asimismo y sorprender al ser amado?

Gran parte de la teoría económica se ha estructurado con el objeto de revelar la lógica existente en una amplia variedad de manifestaciones del comportamiento humano, en particular la actitud del consumidor. Uno de esos principios es del costo- beneficio que tiende a ser la regla filo-sofal no solo del mercado sino de la vida misma del hombre y de la mujer.

Nuestra atractiva administradora, antes de tomar la decisión de cam-biar el tapiz de su flamante camioneta enfrentó una serie de decisiones en su vida y, en la mayoría de ellas, las hizo de manera racional; en esta vez pensó que cambiar un tapiz sin estrenar era lo más lógico, solo que tenía que orientar esos US$ 800 dólares realmente al desperdicio pues físicamente dejaba algo útil por otro igual pero más costoso.

Algo más, la pareja de nuestra administradora, un experimentado pro-fesor universitario, que presumía de ser lógico, racional y cartesiano, frecuentemente la llevaba a comer hamburguesas, pan de queso y bebi-das gaseosas, a pesar de que él mismo estaba con sobrepeso.

Ni el local de ventas de autos tenía carteles recordando los peligros del sobreendeudamiento ni el restaurante de comida rápida tenía avisos sobre los peligros de la diabetes, colesterol y males cardiovasculares que ocasionan la comida chatarra.



Cuando el mercado no proporciona al consumidor las informaciones necesarias para que adopte decisiones correctas habrá fracasado y el Estado deberá decidir si es necesario que los consumidores dispongan de esas informaciones. Mas eso es mínimamente relevante, ya que al fi-nal lo que influye es esa cultura de lo fácil, lo simple y lo redituable que empuja a cada una de las personas a decidir su felicidad cambiando algo útil por otro con mayor costo y solo en razón del color, o qué lo lleva a comer algo que en el corto plazo será perjudicial para la salud. Más aun cuando ella no quería sobre endeudarse ya que deseaba mantener un record limpio de obligaciones financieras, y anhelaba, por otro lado, mantenerse esbelta; en tanto el profesor ser saludable.

Las personas adoptan decisiones rutinariamente de manera irracio-nal. Se presume que sean relativamente consistentes en sus gustos y acciones y que no actúen imprevistamente cayendo en el sobre en-deudamiento a través de errores persistentes o afectando su salud. Si una cantidad suficiente de personas actuara de manera consistente, evitando mudanzas imprevisibles en su comportamiento de consumo y generalmente no sobre endeudándose, o buscando una comida saluda-ble para enfrentar el calendario; la teoría económica sería más sólida.

En otras palabras, las personas no son perfectas, solo anhelan la per-fección en sus actitudes como consumidores, de tal forma que científi-camente hay sentido en suponer que los consumidores adoptan deci-siones racionales o mejor dicho se acercan mucho más a las decisiones racionales aunque no siempre llegan a tocarla. Lo cual plantea la ne-cesidad de que un tercer actor intervenga para reequilibrar las asime-trías o desbalances.

“Los mercados siempre precisan ser restringidos, algunas veces por razones de justicia, otras en función del bien mayor. Y también por una tercera razón: cuando las personas operan sus comportamientos inconscientes acostumbran hacer que ellas actúen contra sus propios mejores intereses”10. La administradora y el profesor gustaban de la vida tranquila y confor-table. Juntos comían, sustancialmente, comida rápida, aprovechando esa libertad que da poder optar en uno u otro restaurante que el mer-cado les ofrecía con una abundante oferta de opciones de comida y de accesorios innecesarios. Esas son las características y las consecuen-cias del libre mercado.

Sin embargo, ese modelo de mercado no logra que las personas tomen, necesariamente, decisiones racionales. Cada uno de sus actores actúa

y se mueve al impulso fundamental de sus intereses. Así, del lado de la oferta cada uno de los restaurantes de fast food aparece y crece en número necesario para atender la demanda ansiosa de hamburguesas y gaseosas que el consumidor requiere desesperadamente al mediodía.

En tanto por el lado de la demanda el profesor universitario maduro y con sobrepeso, disfruta de la big hamburguer, el pan de queso, las papas fritas y las gaseosas. ¿Será que lo hace priorizando y poniendo por delante sus propios y mejores intereses para mantener su salud y mostrarse atractivo?

Con certeza que no. Las fuerzas de la oferta, con el apoyo de la media, las técnicas del marketing y el impulso de la moda, ejercen una inmen-sa presión sobre los consumidores, haciéndoles creer que sus decisiones de compra son inteligentes y hasta ventajosas por encima de las em-presas proveedoras de bienes y servicios.

Toda esta armazón de fantasía, ilusión y falsa percepción del poder se ha estructurado a favor del análisis o la teoría del costo–beneficio que rige la vida humana.

3. Análisis costo-beneficio

El análisis costo-beneficio utilizado para decidir u optar por una al-ternativa puede ser un ejercicio de equilibrio pero con frecuencia es una relación cínica cuando lo juzgamos dentro de criterios de justicia o equidad ya que puede ser económicamente correcto pero inequitativa-mente errado. Veamos un ejemplo:

Antes de la Cumbre de la Tierra convocada por la Organización de las Naciones Unidas, en Río de Janeiro el año 1992, se tomó conocimiento de un informe del Director Económicos del Banco Mundial, Laurence Summers, en el que recomendaba que los países ricos deberían expor-tar basura a los países pobres, ya que como en estos los salarios son más bajos sufrirían una pérdida menor si los trabajadores enfermaban o morían. Señaló que en un país pobre la contaminación causaba me-nos daño que otros factores; incluso las probabilidades de tener cáncer de próstata era más elevada en un país rico en el que la gente sobrevive hasta más de 90 años, que en aquel país pobre donde la mortalidad de los menores de cinco años es de 200 por mil. Vale decir los niños, en países como los latinoamericanos, se morirán de cualquier manera a edad temprana y no necesariamente por el exceso de basura.



El costo de comerciar con la basura en los países latinoamericanos es cero, no porque a sus habitantes les guste el muladar, sino porque sus gobiernos ceden a la presión contaminante de las transnaciona-les industriales, petroleras y mineras Empero Summers también tenía razón: en América Latina un entorno saludable es menos valioso que otras cosas que abundan en los países más ricos como escuelas u hos-pitales, de manera que les convendría aceptar la basura a cambio de escuelas o consultorios médicos.

Es cierto que el análisis costo-beneficio puede expresarse en dinero, efectivo o en tarjetas de crédito; pero, también, puede medirse en tér-minos del amor, el trabajo, la caridad, la solidaridad o el tiempo. De hecho nuestra moneda más importante es la oportunidad. El coste de emprender cualquier acción o tomar cualquier camino depende de las alternativas que disponemos en un momento determinado. El precio de una hamburguesa se mide comparando todas las demás cosas que po-dríamos haber comprado. El precio del innecesario tapiz nuevo de US$ 800 incluye todas las cosas que habríamos hecho de haber mantenido el tapiz original de la camioneta. Los economistas llaman a esto “coste de oportunidad”. Y a partir de estos costos de oportunidad ordenamos toda nuestra vida11.

Al igual que muchos criterios de estandarización se quiere imponer el análisis costo-beneficio como una guía universal en la vida de las personas y eso es un error ya que no se puede estandarizar la vida. Los consumidores no se mueven necesariamente bajo estos criterios y esa es una falacia.

4. Racionalidad para construir una teoría

Toda teoría económica y de cualquier ciencia social se construye a par-tir de la racionalidad. De manera que tiene sentido afirmar que los consumidores adoptan decisiones racionales. De hecho, una ciencia so-cial se debe concentrar en los aspectos sistemáticos si verdaderamente quiere partir de una base sólida con poder de previsión relevante. En tal razón, la economía, sobre todo la neoclásica, parte del presupuesto de la racionalidad para poder construir una teoría previsible. Hay que reconocer que si eso no ocurriera, no podría referirse a la disciplina con respeto y valor.

Empero los más serios economistas, desde Paul Samuelson y William Norhaus hasta Gary Becker, consideran que los consumidores toman

la mayoría de decisiones de manera irracional. Ello explicaría, enton-ces, la conducta de nuestra administradora de empresas y de su pareja.

Entonces, surge la pregunta cómo es posible que los más destacados economistas del mundo, la mayoría premios Nobel, que reconocen la irracionalidad de los seres humanos sostengan, por otro lado, que la base de su ciencia económica es justamente el de la racionalidad. ¿Se-rán incongruentes?

Con certeza la respuesta será: No, necesariamente. Lo que ocurre es que ninguna ciencia puede partir de la irracionalidad, hay que cons-truirla a partir de la lógica. Luego el andamiaje ha de sostenerse a partir de la razón, la lógica, la eficiencia y la eficacia.

Sucede que los economistas de estos días y sus antecesores del siglo XX para abrir y consolidar los mercados elaboraron categorías irre-ductibles, casi apodictas, que dirigieran la vida de los hombres y de los países por rutas fijas, sin atajos y, entonces, se adoptó el criterio de la racionalidad como equivalente al de la utilidad.

Para que nazca esta concepción racional se omitió la ecuación utilidad=felicidad, diseñada en el siglo XVIII por Jeremy Bentham quien sostenía que el objetivo de toda actividad humana y de los Esta-dos es la felicidad. Pero ella es una aspiración y anhelo difícil de cuan-tificar o ecuacionar por lo que en un período de racionalismo cartesiano equipararon la utilidad —que sí es cuantificable— con la racionalidad —que también puede ser medible— dejando a la vera del camino a la felicidad que es un anhelo emocional.

Evidentemente ello propició una escisión de las escuelas de derecho que usualmente incluían los estudios de derecho, economía y ciencias políticas para dividirse en tres ramas diferentes y a veces antagónicas. Esa disposición trajo consigo enfoques diferentes ya que determinadas categorías no eran compatibles según el enfoque jurídico, económico o político desde el que se analizaran los fenómenos sociales y particular-mente del mercado.

A principios del siglo XX, las universidades más destacadas comenza-ron a crear facultades de Economía o de Ciencias Sociales, debilitando la formación jurídica y abandonando los estudios de moral y de política. La economía dejó de ser guiada por filósofos morales. Estos fueron sus-tituidos por hombres que estaban más interesados en las matemáticas que en filosofía moral, con tendencia a ser más versados en ingeniería



que en psicología. Ello trajo como consecuencia que se fortaleciera el concepto y sentido de utilidad12.

Así la racionalidad se quedó en el pensamiento económico, sepultando una evidencia palpable como es el sentimiento y el anhelo de felicidad que es el motor de todas las cosas ya que ella es un anhelo que nace sin racionalidad, pues se puede ser feliz sin atesorar bienes o transfirién-dolos gratuitamente y teniendo la satisfacción del altruismo o el de la entrega sin esperar reciprocidad que es la manifestación máxima y su-prema del amor: amar sin esperar nada a cambio, o amar hasta perder la vida como proclamaba el divino nazareno.

Sin embargo, desarrollar una ciencia a partir de la felicidad como medio para consolidar un mercado sería poco práctico y mensurable; porque habrían miles de expresiones de felicidad y variadas manifestaciones humanas y ello en un medio en donde la producción y los procesos de-ben ser uniformes para desarrollar economías de escala no es racional; por lo que habría que lanzar el ancla al mar de lo racional y medible.

5. Emociones vs. racionalidad

Hay una relación estrecha y dinámica entre lo que se piensa, se siente y se dice o hace. Tales expresiones las tienen las religiones al momento de empezar una oración o dar un saludo. Empero no siempre se acaba haciendo lo que se piensa que debería hacerse. El gasto innecesario de nuestra administradora fue ilógico; sin embargo, lo hizo pensando en lo bien y original que se vería con camioneta nueva y un tapiz nada común.

El día que se lo contó a su pareja, lo hizo con moderada satisfacción dejando entrever que después de su decisión el placer del tapiz nuevo se estaba diluyendo. En tanto el profesor nunca hizo comentario algu-no. ¿Por qué si él era lógico y racional no expresó su desacuerdo? No fue coherente consigo mismo. Y la respuesta no tiene nada que ver con la razón: es el amor y para entenderlo solo se requiere comprender el tiempo y su intensidad.

Y justamente el amor es harto difícil de racionalizar o constreñirlo a los estándares de coherencia, sindéresis y normalidad. Y eso mueve o salvará al mundo.

El amor no tiene una estructura única. Cada expresión es indepen-diente, no está conectado a otros acontecimientos similares, salvo en

las composiciones humanas retrospectivas, ansiosas por localizar —o inventar— esas conexiones y comprender lo incomprensible. Y por eso es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprender a morir. Y nadie puede aprender el elusivo —inexistente aunque intensamente deseado— arte de amar o de no caer en sus brazos. Cuando llega el momento, vendrá, a pesar de que no tengamos ni un indicio de cuándo llegará13.

El amor es fundamentalmente una creación de a dos. Construir, con-cebir y procrear van juntos e indesligables, por ello las parejas se com-prometen y superan la banal discusión de un tapiz o la momentánea satisfacción de compartir una hamburguesa y un pan de queso que puede afectar la salud.

“El amor está muy cercano a la trascendencia; es tan solo otro nombre del impulso creativo y, por lo tanto, está cargado de riesgos, ya que toda creación ignora siempre cuál será su producto final. En todo amor hay por lo menos dos seres, y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación del otro. Eso es lo que hace que el amor parezca un capricho del destino, ese inquietante y misterioso futuro, imposible de prever, o de prevenir o conjurar, de apresurar o detener. Amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de las condiciones humanas en la que el miedo se funde con el gozo en una aleación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse”14.

Entonces esa expresión humana, junto a las demás emociones como la envidia, cólera, rabia y las ambiciones están vigentes y activas en todas las conductas frente al mercado y a veces se entremezclan. Por ello es que nuestros dos personajes pensaron de una forma, sienten de otra y acabaron haciendo algo que no se corresponde ni a lo que pensaron ni a lo que entendieron como lógico de acuerdo a sus circunstancias.

Y esa es la gran lucha del ser humano, armonizar esa presión de la razón con los sentimientos y las emociones. La propia naturaleza nos empuja a esa búsqueda infinita del equilibrio. Luego es falaz hacernos creer que en el mercado las personas actúan guiadas por la razón. Pero también es falaz sostener lo contrario: las emociones pueden anular nuestro intelecto, como son los celos, la rabia o el desamor. El desafío entonces es la búsqueda del equilibrio y eso es lo que sostiene la teoría de los juegos. Esa es la cuerda por la que debe transitar el ser humano y por ello la posibilidad de enmienda, el acto reparador, el perdón, la justicia que persigue la equidad.

Lo cínico es que las técnicas de marketing que vemos aplicar por do-quier en los grandes centros comerciales se basen en algunas emocio-



nes y sentimientos exagerados, particularmente en la satisfacción in-mediata, la simplicidad, el deseo a flor de piel y lo fácil. Pero se nos dice que nosotros consumidores somos racionales e incluso se ha inventado un libro de reclamaciones en cada tienda en donde el consumidor pue-da desahogar su malestar de no ser atendido dentro de esa cultura de la inmediatez, pero que a su vez no da cabida para reclamar cómo el vendedor de autos haciendo juego de los deseos encandiló a la compra-dora para distraer recursos escasos en algo innecesario como un tapiz igualmente nuevo o cómo el sugerente fast food impulsó las papilas gustativas a nuestros ya amigos para que sucumbieran al colesterol y el sobrepeso que propician las hamburguesas y los pasteles.

Las tiendas y restaurantes se diseñan teniendo en cuenta esa cultura de lo fácil, lo sensual, lo simple y la obsolescencia acelerada, para que los consumidores desesperadamente se lancen a comprar artículos in-necesarios o comer productos nocivos para la salud. De manera que los consumidores no razonan sino se dejan llevar.

La obsolescencia acelerada propiciada por la moda y el añadido de nue-vas aplicaciones o funciones a los aparatos electrónicos es la ventaja con la que actúan los comerciantes sobre los deseos de los consumido-res. Hay una presión para que se rindan ante los artilugios y a veces artimañas del mercado en un momento de vacilación. La sensualización de la vida es una característica impuesta por el mer-cado. El placer o satisfacción inmediatos es lo que empujó a nuestros dos personajes por encima de la razón; sin embargo, en su relación más íntima y personal con certeza han sucumbido al amor que es la única forma de caminar en la vida a través de la materia. Y como diría el zorro al Principito: solo vemos bien con el corazón. Luego son los senti-mientos los que dan satisfacciones y no precisamente la razón, aunque esta puede servir para los otros bordes de la vida en comunidad.

Notas

1 AníbalSIERRALTARÍOS.Negociaciones y Teoría de los Juegos, p. 248.2 JoséMaríaDOBLADO,CarmenNIETOy JuliánSANTOS.Juegos de Estrategia. Una

revolución silenciosa en la economía y la empresa, pp. 18-19.3 MortonD.DAVIS.Games Theory: A non Technical Introduction, p. 17.4 Eric RASMUSEN. Juegos e información. Una introducción a la Teoría de los Juegos, p.14.5 Roberto SERRA. El nuevo juego de los negocios, p. 10.6 AníbalSIERRALTARÍOS.Op.cit,p.249.7 J.LACAN,“Lacienciaylaverdad”.EnEscritos 2, p. 839.8 G. Ken BINMORE. Game Theory, p. 19.9 MercéCONANGLA,JaumeSOLERyLaiaSOLERCONANGLA.Emociones: las razones

que la razón ignora, p. 14.10 PeterA.UBEL.Loucura do livre mercado, p. 11.

11 Eduardo PORTER. Todo tiene un precio, p. 15.12 PeterA.UBEL.Op.cit.p.3013 Zygmunt BAUMAN. Amor líquido. p. 17. 14 Zygmunt BAUMAN. Op.cit. p. 21.

Bibliografía

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– SERRA,Roberto.El nuevo juego de los negocios, 2000, Buenos Aires: Norma, 2000.

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– UBEL,PeterA,Loucura do livre mercado.RiodeJaneiro,CivilizaçaoBrasileira,2014.

– PORTER,Eduardo,Todo tiene un precio. Madrid, Aguilar, 2011.

– BAUMAN,Zygmunt.Amor líquido.BuenosAires,FondodeCulturaEconómicadeArgentinaS.A., 2005.



Documentos


27 JANUARY 2014 JUDGMENT

MARITIME DISPUTE (PERU v. CHILE)

___________

DIFFÉREND MARITIME (PÉROU c. CHILI)

27 JANVIER 2014 ARRÊT


INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE

YEAR 2014

27 January 2014

MARITIME DISPUTE

(PERU v. CHILE)

Geography — Historical background — 1929 Treaty of Lima between Chile and Peru — 1947 Proclamations of Chile and Peru — Twelve instruments negotiated by Chile, Ecuador and Peru.

*

No international maritime boundary established by 1947 Proclamations No shared understanding of the Parties concerning maritime delimitation Necessity of establishing the lateral limits of their maritime zones in the future.

1952 Santiago Declaration is an international treaty — Rules of interpretation — No express reference to delimitation of maritime boundaries — Certain elements relevant however to maritime delimitation — Ordinary meaning of paragraph IV — Maritime zones of island territories — Scope of 1952 Santiago Declaration restricted to agreement on limits between certain insular maritime zones and zones generated by continental coasts — Object and purpose — Supplementary means of interpretation confirm that no general maritime delimitation was effected by 1952 Santiago Declaration — Suggestion of existence of some sort of a shared understanding of a more general nature concerning maritime boundaries — 1952 Santiago Declaration did not establish a lateral maritime boundary between Chile and Peru along the parallel.

1954 Agreements — Complementary Convention to 1952 Santiago Declaration — Primary purpose to assert signatory States’ claims to sovereignty and jurisdiction made in 1952 — Agreement relating to Measures of Supervision and Control of Maritime Zones — No indication as to location or nature of maritime boundaries — Special Maritime Frontier Zone Agreement — Not limited to the Ecuador-Peru maritime boundary — Delay in ratification without bearing on scope and effect of Agreement — Acknowledgment of existence of an agreed maritime boundary —Tacit agreement — Tacit agreement cemented by 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement — No indication of nature and extent of maritime boundary —1964 Bazán Opinion — Conclusion of the Court as to the existence of an agreed maritime boundary not altered.

1968-1969 lighthouse arrangements — Limited purpose and geographical scope — No reference to a pre-existent delimitation agreement — Arrangements based on presumed existence of a maritime boundary extending along parallel beyond 12 nautical miles — No indication of extent and nature of maritime boundary.

Nature of agreed maritime boundary — All-purpose maritime boundary.

TABLE OF CONTENTS

CHRONOLOGY OF THE PROCEDURE

I. GEOGRAPHY

II. HISTORICALBACKGROUND

III. POSITIONSOFTHEPARTIES

IV. WHETHERTHEREISANAGREEDMARITIMEBOUNDARY 1. The 1947 Proclamations of Chile and Peru 2. The 1952 Santiago Declaration 3. The various 1954 Agreements A. The Complementary Convention to the 1952 Santiago

Declaration B. The Agreement relating to Measures of Supervision and

Control of the Maritime Zones of the Signatory Countries C. The Agreement relating to a Special Maritime Frontier

Zone 4. The 1968-1969 lighthouse arrangements 5. The nature of the agreed maritime boundary 6. The extent of the agreed maritime boundary A. Fishing potential and activity B. Contemporaneous developments in the law of the sea C. Legislative practice D. The 1955 Protocol of Accession E. Enforcement activities F. The 1968-1969 lighthouse arrangements G. Negotiations with Bolivia (1975-1976) H. Positions of the Parties at the Third United Nations

Conference on the Law of the Sea I. The 1986 Bákula Memorandum J. Practice after 1986 K. The extent of the agreed maritime boundary: conclusion

V. THE STARTING-POINT OF THE AGREED MARITIME BOUNDARY

VI. THE COURSE OF THE MARITIME BOUNDARY FROM POINT A

VII. CONCLUSION

OPERATIVE CLAUSE

___________

1-15

16

17-21

22-23

24-15125-44 45-70 71-95

74-77

78-79

80-9596-99

100-102103-151104-111112-118119-122123-125126-129

130 131-133

134-135136-142143-148149-151

152-176

177-195

196-197

198

201427 January

General List No. 137


Extent of agreed maritime boundary — Assessment of relevant practice of the Parties pre-1954 — Fishing potential and activity — Species taken in the early 1950s were generally to be found within a range of 60 nautical miles from the coast — Orientation of the coast — Location of main ports in the region — Zone of tolerance along the parallel for small fishing boats — Principal fishing activity carried out by small boats — Fisheries activity, in itself, not determinative of extent of the boundary — Parties however unlikely to have considered the agreed maritime boundary to extend to 200-nautical-mile limit — Contemporaneous developments in the law of the sea — State practice — Work of the International Law Commission — Claim made in 1952 Santiago Declaration did not correspond to the international law of that time — No evidence to conclude that the agreed maritime boundary along parallel extended beyond 80 nautical miles.

Assessment of relevant practice of the Parties post-1954 — Legislative practice of the Parties — 1955 Protocol of Accession to 1952 Santiago Declaration —Enforcement activities — 1968-1969 lighthouse arrangements — Negotiations with Bolivia (1975-1976) — Positions of the Parties at Third United Nations Conference on the Law of the Sea — 1986 Bákula Memorandum — Practice after 1986 — No basis to put into question the Court’s earlier conclusion.

In view of entirety of relevant evidence presented to the Court, agreed maritime boundary between the Parties extends to a distance of 80 nautical miles along the parallel.

*

Starting-point of the agreed maritime boundary — 1929 Treaty of Lima — The Court not asked to determine location of starting-point of land boundary identified as “Concordia” — Boundary Marker No. 1 — 1968-1969 lighthouse arrangements serve as compelling evidence that the agreed maritime boundary follows the parallel that passes through Boundary Marker No. 1 — Point Concordia may not coincide with starting-point of maritime boundary — Starting-point of maritime boundary identified as the intersection of the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 with the low-water line.

*

Delimitation to be effected beginning at endpoint of agreed maritime boundary (Point A) — Method of delimitation — Three-stage procedure.

First stage — Construction of a provisional equidistance line starting at Point A — Determination of base points — Provisional equidistance line runs until intersection with the 200-nautical-mile limit measured from Chilean baselines (Point B).

Peru’s second final submission moot — No need for the Court to rule thereon.

Course of the maritime boundary from Point B — Boundary runs along the 200-nautical-mile limit measured from the Chilean baselines until intersection of the 200-nautical-mile limits of the Parties (Point C).

International Court of Justice - Maritime Dispute (Peru v Chile)

Second stage — Relevant circumstances calling for an adjustment of the provisional equidistance line — No basis for adjusting the provisional equidistance line.

Third stage — Disproportionality test — Calculation does not purport to be precise — No evidence of significant disproportion calling into question equitable nature of provisional equidistance line.

*

Course of the maritime boundary — Geographical co-ordinates to be determined by the Parties in accordance with the Judgment.

JUDGMENT

Present: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-amor; Judges owada, abraham, keiTh, bennouna, SkoTnikov, Cançado Trindade, YuSuf, Xue, donoghue, gaja, SebuTinde, bhandari; Judges ad hoc guillaume, orrego viCuña; Registrar Couvreur.

In the case concerning the maritime dispute,

between

the Republic of Peru,

represented by

H.E. Mr. Allan Wagner, Ambassador of Peru to the Kingdom of the Netherlands, former Minister for Foreign Affairs, former Minister of Defence, former Secretary-General of the Andean Community,

as Agent;

H.E. Mr. Rafael Roncagliolo, Minister for Foreign Affairs,

as Special Envoy;

H.E. Mr. José Antonio García Belaunde, Ambassador, former Minister for Foreign Affairs,

H.E. Mr. Jorge Chávez Soto, Ambassador, member of the Peruvian Delegation to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea, former Adviser of the Minister for Foreign Affairs on Law of the Sea Matters,

as Co-Agents;

Mr. Rodman Bundy, avocat à la Cour d’appel de Paris, member of the New York Bar, Eversheds LLP, Paris,



Mr. Vaughan Lowe, Q.C., member of the English Bar, Emeritus Professor of International Law, Oxford University, associate member of the Institut de droit international,

Mr. Alain Pellet, Professor at the University Paris Ouest, Nanterre-La Défense, former Member and former Chairman of the International Law Commission, associate member of the Institut de droit international,

Mr. Tullio Treves, Professor at the Faculty of Law, State University of Milan, former judge of the International Tribunal for the Law of the Sea, Senior Consultant, Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosle, Milan, member of the Institut de droit international,

Sir Michael Wood, K.C.M.G., member of the English Bar, Member of the International Law Commission,

as Counsel and Advocates;

Mr. Eduardo Ferrero, Member of the Permanent Court of Arbitration, former Minister for Foreign Affairs, member of the Peruvian Delegation to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea,

Mr. Vicente Ugarte del Pino, former President of the Supreme Court of Justice, former President of the Court of Justice of the Andean Community, former Dean of the Lima Bar Association,

Mr. Roberto MacLean, former judge of the Supreme Court of Justice, former Member of the Permanent Court of Arbitration,

H.E. Mr. Manuel Rodríguez Cuadros, Ambassador of Peru to UNESCO, former Minister for Foreign Affairs,

as State Advocates;

Ms Marisol Agüero Colunga, Minister-Counsellor, LL.M., former Adviser of the Minister for Foreign Affairs on Law of the Sea Matters, Co-ordinator of the Peruvian Delegation,

H.E. Mr. Gustavo Meza-Cuadra, MIPP, Ambassador, Adviser of the Ministry of Foreign Affairs on Law of the Sea Matters,

Mr. Juan José Ruda, Member of the Permanent Court of Arbitration, Legal Adviser of the Ministry of Foreign Affairs,

as Counsel;

Mr. Benjamin Samson, Researcher, Centre de droit international de Nanterre (CEDIN), University of Paris Ouest, Nanterre-La Défense,

Mr. Eran Sthoeger, LL.M., New York University School of Law,

as Assistant Counsel;

Mr. Carlos Enrique Gamarra, Vice Admiral (retired), Hydrographer, Adviser to the Office for Law of the Sea of the Ministry of Foreign Affairs,

as Special Adviser;

Mr. Ramón Bahamonde, M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Alejandro Deustua, M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Pablo Moscoso de la Cuba, LL.M., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign Affairs,

as Legal Advisers;

Mr. Scott Edmonds, Cartographer, International Mapping,

Mr. Jaime Valdez, Lieutenant Commander (retired), National Cartographer of the Peruvian Delegation,

Mr. Aquiles Carcovich, Captain (retired), Cartographer,

Mr. Thomas Frogh, Cartographer, International Mapping,as Technical Advisers;

Mr. Paul Duclos, Minister-Counsellor, LL.M., M.A., Advisory Office for the Law of the Sea of the Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Alfredo Fortes, Counsellor, LL.M., Embassy of Peru in the Kingdom of the Netherlands,

Mr. José Antonio Torrico, Counsellor, M.A., Embassy of Peru in the Kingdom of the Netherlands,

Mr. César Talavera, First Secretary, M.Sc., Embassy of Peru in the Kingdom of the Netherlands,

as Advisers;

MsEvelyn Campos Sánchez, Embassy of Peru in the Kingdom of the Netherlands, Ph.D. candidate, Amsterdam Center for International Law, University of Amsterdam,

Ms Charis Tan, Advocate and Solicitor, Singapore, member of the New York Bar, Solicitor, England and Wales, Eversheds LLP,

Mr. Raymundo Tullio Treves, Ph.D. candidate, Max Planck Research School for Successful Disputes Settlement, Heidelberg,



as Assistants,

and

the Republic of Chile,

represented by

H.E. Mr. Albert van Klaveren Stork, Ambassador, former Vice-Minister for Foreign Affairs, Professor at the University of Chile,

as Agent;

H.E. Mr. Alfredo Moreno Charme, Minister for Foreign Affairs of Chile, as National Authority; H.E. Mr. Juan Martabit Scaff, Ambassador of Chile to the Kingdom of the Netherlands,

H.E. Ms María Teresa Infante Caffi, National Director of Frontiers and Limits, Ministry of Foreign Affairs, Professor at the University of Chile, member of the Institut de droit international,

as Co-Agents;

Mr. Pierre-Marie Dupuy, Professor at the Graduate Institute of International Studies and Development, Geneva, and at the University of Paris II (Panthéon-Assas), associate member of the Institut de droit international,

Mr. James R. Crawford, S.C., LL.D., F.B.A., Whewell Professor of International Law, University of Cambridge, member of the Institut de droit international, Barrister, Matrix Chambers,

Mr. Jan Paulsson, President of the International Council for Commercial Arbitration, President of the Administrative Tribunal of the OECD, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

Mr. David A. Colson, Attorney-at-Law, Patton Boggs LLP, Washington D.C., member of the Bars of California and the District of Columbia,

Mr. Luigi Condorelli, Professor of International Law, University of Florence,

Mr. Georgios Petrochilos, Avocat à la Cour and Advocate at the Greek Supreme Court, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

Mr. Samuel Wordsworth, Q.C., member of the English Bar, member of the Paris Bar, Essex Court Chambers,

Mr. Claudio Grossman, Dean, R. Geraldson Professor of International Law, American University, Washington College of Law,

as Counsel and Advocates;

H.E. Mr. Hernan Salinas, Ambassador, Legal Adviser, Ministry of Foreign Affairs, Professor, Catholic University of Chile,

H.E. Mr. Luis Winter, Ambassador, Ministry of Foreign Affairs, Mr. Enrique Barros Bourie, Professor, University of Chile, Mr. Julio Faúndez, Professor, University of Warwick, Ms Ximena Fuentes Torrijo, Professor, University of Chile,

Mr. Claudio Troncoso Repetto, Professor, University of Chile, Mr. Andres Jana, Professor, University of Chile, Ms Mariana Durney, Legal Officer, Ministry of Foreign Affairs, Mr. John Ranson, Legal Officer, Professor of International Law, Chilean Navy,

Mr. Ben Juratowitch, Solicitor admitted in England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

Mr. Motohiro Maeda, Solicitor admitted in England and Wales, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP,

Mr. Coalter G. Lathrop, Special Adviser, Sovereign Geographic, member of the North Carolina Bar,

H.E. Mr. Luis Goycoolea, Ministry of Foreign Affairs,

Mr. Antonio Correa Olbrich, Counsellor, Embassy of Chile in the Kingdom of the Netherlands,

Mr. Javier Gorostegui Obanoz, Second Secretary, Embassy of Chile in the Kingdom of the Netherlands,

Ms Kate Parlett, Solicitor admitted in England and Wales and in Queensland, Australia,

Ms Nienke Grossman, Assistant Professor, University of Baltimore, Maryland, member of the Bars of Virginia and the District of Columbia,

Ms Alexandra van der Meulen, Avocat à la Cour and member of the Bar of the State of New York,

Mr. Francisco Abriani, member of the Buenos Aires Bar,

Mr. Paolo Palchetti, Professor of International Law, University of Macerata,

as Advisers;

Mr. Julio Poblete, National Division of Frontiers and Limits, Ministry of Foreign Affairs,

Ms Fiona Bloor, United Kingdom Hydrographic Office,

Mr. Dick Gent, Marine Delimitation Ltd.,

as Technical Advisers,



THE COURT,

composed as above,

after deliberation,

delivers the following Judgment:

1. On 16 January 2008, the Republic of Peru (hereinafter “Peru”) filed in the Registry of the Court an Application instituting proceedings against the Republic of Chile (hereinafter “Chile”) in respect of a dispute concerning, on the one hand, “the delimitation of the boundary between the maritime zones of the two States in the Pacific Ocean, beginning at a point on the coast called Concordia ... the terminal point of the land boundary established pursuant to the Treaty ... of 3 June 1929” and, on the other, the recognition in favour of Peru of a “maritime zone lying within 200 nautical miles of Peru’s coast” and which should thus appertain to it, “but which Chile considers to be part of the high seas”.

In its Application, Peru seeks to found the jurisdiction of the Court on Article XXXI of the American Treaty on Pacific Settlement signed on 30 April 1948, officially designated, according to Article LX thereof, as the “Pact of Bogotá” (hereinafter referred to as such).

2. In accordance with Article 40, paragraph 2, of the Statute of the Court, the Registrar immediately communicated the Application to the Government of Chile; and, under paragraph 3 of that Article, all other States entitled to appear before the Court were notified of the Application.

3. Pursuant to the instructions of the Court under Article 43 of the Rules of Court, the Registrar addressed to States parties to the Pact of Bogotá the notifications provided for in Article 63, paragraph 1, of the Statute of the Court. In accordance with the provisions of Article69, paragraph3, of the Rules of Court, the Registrar moreover addressed to the Organization of American States (hereinafter the “OAS”) the notification provided for in Article 34, paragraph 3, of the Statute of the Court. As provided for in Article 69, paragraph 3, of the Rules of Court, the Registry transmitted the written pleadings to the OAS and asked that organization whether or not it intended to furnish observations in writing within the meaning of that article; the OAS indicated that it did not intend to submit any such observations.

4. On the instructions of the Court, in accordance with the provisions of Article 69, paragraph 3, of the Rules of Court, the Registrar addressed to the Permanent Commission for the South Pacific (hereinafter the “CPPS”, from the Spanish acronym for “Comisión Permanente del Pacífico Sur”) the notification provided for in Article 34, paragraph 3, of the Statute of the Court with regard to the Declaration on the Maritime Zone, signed by Chile, Ecuador and Peru, in Santiago on 18 August 1952 (hereinafter the “1952 Santiago Declaration”), and to the Agreement relating to a Special Maritime Frontier Zone, signed by the same three States in Lima on 4 December 1954 (hereinafter the “1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement”). In response, the CPPS indicated that it did not intend to submit any observations in writing within the meaning of Article 69, paragraph 3, of the Rules of Court.

5. On the instructions of the Court under Article 43 of the Rules of Court, the Registrar addressed to Ecuador, as a State party to the 1952 Santiago Declaration and to the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, the notification provided for in Article 63, paragraph 1, of the Statute of the Court.

6. Since the Court included upon the Bench no judge of the nationality of either of the Parties, each Party proceeded to exercise the right conferred upon it by Article 31, paragraph 3, of the Statute to choose a judge ad hoc to sit in the case. Peru chose Mr. Gilbert Guillaume and Chile Mr. Francisco Orrego Vicuña.

7. By an Order dated 31 March 2008, the Court fixed 20 March 2009 as the time-limit for the filing of the Memorial of Peru and 9March2010 as the time-limit for the filing of the Counter-Memorial of Chile. Those pleadings were duly filed within the time-limits so prescribed.

8. By an Order of 27 April 2010, the Court authorized the submission of a Reply by Peru and a Rejoinder by Chile, and fixed 9 November 2010 and 11 July 2011 as the respective time-limits for the filing of those pleadings. The Reply and the Rejoinder were duly filed within the time-limits thus fixed.

9. Referring to Article 53, paragraph 1, of the Rules of Court, the Governments of Colombia, Ecuador and Bolivia asked to be furnished with copies of the pleadings and documents annexed in the case. Having ascertained the views of the Parties pursuant to that same provision, the Court decided to grant each of these requests. The Registrar duly communicated these decisions to the said Governments and to the Parties.

10. In accordance with Article 53, paragraph 2, of the Rules of Court, the Court, after having ascertained the views of the Parties, decided that copies of the pleadings and documents annexed would be made accessible to the public on the opening of the oral proceedings.

11. Public hearings were held between 3 and 14 December 2012, at which the Court heard the oral arguments and replies of:

For Peru: H.E. Mr. Allan Wagner, Mr. Alain Pellet, Mr. Rodman Bundy, Mr. Tullio Treves, Sir Michael Wood, Mr. Vaughan Lowe.

For Chile: H.E. Mr. Albert van Klaveren Stork, Mr. Pierre-Marie Dupuy, Mr. David Colson, Mr. James Crawford, Mr. Jan Paulsson, Mr. Georgios Petrochilos, Mr. Luigi Condorelli, Mr. Samuel Wordsworth.



12. At the hearings, a Member of the Court put a question to the Parties, to which replies were given orally in accordance with Article 61, paragraph 4, of the Rules of Court.

*

13. In its Application, the following requests were made by Peru:

“Peru requests the Court to determine the course of the boundary between the maritime zones of the two States in accordance with international law . . . and to adjudge and declare that Peru possesses exclusive sovereign rights in the maritime area situated within the limit of 200 nautical miles from its coast but outside Chile’s exclusive economic zone or continental shelf.

The Government of Peru, further, reserves its right to supplement, amend or modify the present Application in the course of the proceedings.”

14. In the written proceedings, the following submissions were presented by the Parties:

On behalf of the Government of Peru,

in the Memorial and in the Reply:

“For the reasons set out [in Peru’s Memorial and Reply], the Republic of Peru requests the Court to adjudge and declare that:

(1) The delimitation between the respective maritime zones between the Republic of Peru and the Republic of Chile, is a line starting at ‘Point Concordia’ (defined as the intersection with the low-water mark of a 10-kilometre radius arc, having as its centre the first bridge over the River Lluta of the Arica-La Paz railway) and equidistant from the baselines of both Parties, up to a point situated at a distance of 200 nautical miles from those baselines, and

(2) Beyond the point where the common maritime border ends, Peru is entitled to exercise exclusive sovereign rights over a maritime area lying out to a distance of 200 nautical miles from its baselines.

The Republic of Peru reserves its right to amend these submissions as the case may be in the course of the present proceedings.”

On behalf of the Government of Chile,

in the Counter-Memorial and in the Rejoinder:

“Chile respectfully requests the Court to:

(a) dismiss Peru’s claims in their entirety;

(b) adjudge and declare that:

(i) the respective maritime zone entitlements of Chile and Peru have been fully delimited by agreement;

(ii) those maritime zone entitlements are delimited by a boundary following the parallel of latitude passing through the most seaward boundary marker of the land boundary between Chile and Peru, known as Hito No. 1, having a latitude of 18° 21' 00" S under WGS 84 Datum; and

(iii) Peru has no entitlement to any maritime zone extending to the south of that parallel.”

15. At the oral proceedings, the Parties presented the same submissions as those contained in their written pleadings.

*

* *

I. GEOGRAPHY

16. Peru and Chile are situated in the western part of South America; their mainland coasts face the Pacific Ocean. Peru shares a land boundary with Ecuador to its north and with Chile to its south. In the area with which these proceedings are concerned, Peru’s coast runs in a north-west direction from the starting-point of the land boundary between the Parties on the Pacific coast and Chile’s generally follows a north-south orientation. The coasts of both Peru and Chile in that area are mostly uncomplicated and relatively smooth, with no distinct promontories or other distinguishing features. (See sketch-map No. 1: Geographical context.)



II. HISTORICAL BACKGROUND

17. Chile gained its independence from Spain in 1818 and Peru did so in 1821. At the time of independence, Peru and Chile were not neighbouring States. Situated between the two countries was the Spanish colonial territory of Charcas which, as from 1825, became the Republic of Bolivia. In 1879 Chile declared war on Peru and Bolivia, in what is known historically as the War of the Pacific. In 1883 hostilities between Chile and Peru formally came to an end under the Treaty of Ancón. Under its terms, Peru ceded to Chile the coastal province of Tarapacá; in addition, Chile gained possession of the Peruvian provinces of Tacna and Arica for a period of ten years on the basis of an agreement that after that period of time there would be a plebiscite to determine sovereignty over these provinces. After the signing of the truce between Bolivia and Chile in 1884 and of the 1904 Treaty of Peace and Friendship between them, the entire Bolivian coast became Chilean.

18. Chile and Peru failed to agree on the terms of the above-mentioned plebiscite. Finally, on 3 June 1929, following mediation attempts by the President of the United States of America, the two countries signed the Treaty for the Settlement of the Dispute regarding Tacna and Arica (hereinafter the “1929 Treaty of Lima”) and its Additional Protocol, whereby they agreed that Tacna would be returned to Peru while Chile would retain Arica. The 1929 Treaty of Lima also fixed the land boundary between the two countries. Under Article 3 of that Treaty, the Parties agreed that a Mixed Commission of Limits should be constituted in order to determine and mark the agreed boundary using a series of markers (“hitos” in Spanish). In its 1930 Final Act, the 1929-1930 Mixed Commission recorded the precise locations of the 80 markers that it had placed on the ground to demarcate the land boundary.

19. In 1947 both Parties unilaterally proclaimed certain maritime rights extending 200 nautical miles from their coasts (hereinafter collectively the “1947 Proclamations”). The President of Chile issued a Declaration concerning his country’s claim on 23 June 1947 (hereinafter the “1947 Declaration” or “Chile’s 1947 Declaration”, reproduced at paragraph 37 below). The President of Peru issued Supreme Decree No. 781, claiming the rights of his country, on 1 August 1947 (hereinafter the “1947 Decree” or “Peru’s 1947 Decree”, reproduced at paragraph 38 below).

20. In 1952, 1954 and 1967, Chile, Ecuador and Peru negotiated twelve instruments to which the Parties in this case make reference. Four were adopted in Santiago in August 1952 during the Conference on the Exploitation and Conservation of the Marine Resources of the South Pacific (the Regulations for Maritime Hunting Operations in the Waters of the South Pacific; the Joint Declaration concerning Fishing Problems in the South Pacific; the Santiago Declaration; and the Agreement Relating to the Organization of the Permanent Commission of the Conference on the Exploitation and Conservation of the Marine Resources of the South Pacific). Six others were adopted in Lima in December 1954 (the Complementary Convention to the Declaration of Sovereignty on the Two-Hundred-Mile Maritime Zone; the Convention on the System of Sanctions; the Agreement relating to Measures of Supervision and Control in the Maritime Zones of the Signatory Countries; the Convention on the Granting of Permits for the Exploitation of the Resources of the South Pacific; the Convention on the



Ordinary Annual Meeting of the Permanent Commission for the South Pacific; and the Agreement Relating to a Special Maritime Frontier Zone). And, finally, two agreements relating to the functioning of the CPPS were signed in Quito in May 1967.

21. On 3 December 1973, the very day the Third United Nations Conference on the Law of the Sea began, the twelve instruments were submitted by the three signatory States to the United Nations Secretariat for registration under Article 102 of the Charter. The four 1952 instruments (including the Santiago Declaration) were registered on 12 May 1976 (United Nations, Treaty Series (UNTS), Vol. 1006, pp. 301, 315, 323 and 331, Registration Nos. I-14756 to I-14759). The United Nations Treaty Series specifies that the four 1952 treaties came into force on 18 August 1952 upon signature. The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement was registered with the United Nations Secretariat on 24 August 2004 (UNTS, Vol. 2274, p. 527, Registration No. I-40521). The United Nations Treaty Series indicates that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement entered into force on 21 September 1967 by the exchange of instruments of ratification. With regard to the two 1967 agreements, the Secretariat was informed in 1976 that the signatory States had agreed not to insist upon the registration of these instruments, as they related to matters of purely internal organization.

Representatives of the three States also signed in 1955 and later ratified the Agreement for the Regulation of Permits for the Exploitation of the Resources of the South Pacific. That treaty was not, however, submitted to the United Nations for registration along with the other twelve instruments in 1973 or at any other time.

III. POSITIONS OF THE PARTIES

22. Peru and Chile have adopted fundamentally different positions in this case. Peru argues that no agreed maritime boundary exists between the two countries and asks the Court to plot a boundary line using the equidistance method in order to achieve an equitable result. Chile contends that the 1952 Santiago Declaration established an international maritime boundary along the parallel of latitude passing through the starting-point of the Peru-Chile land boundary and extending to a minimum of 200 nautical miles. It further relies on several agreements and subsequent practice as evidence of that boundary. Chile asks the Court to confirm the boundary line accordingly. (See sketch-map No. 2: The maritime boundary lines claimed by Peru and Chile respectively.)

Peru also argues that, beyond the point where the common maritime boundary ends, it is entitled to exercise exclusive sovereign rights over a maritime area lying out to a distance of 200 nautical miles from its baselines. (This maritime area is depicted on sketch-map No. 2 in a darker shade of blue.) Chile responds that Peru has no entitlement to any maritime zone extending to the south of the parallel of latitude along which, as Chile maintains, the international maritime boundary runs.

23. Chile contends that the principle of pacta sunt servanda and the principle of stability of boundaries prevent any attempt to invite the Court to redraw a

boundary that has already been agreed. Chile adds that there have been significant benefits to both Parties as a result of the stability of their long-standing maritime boundary. Peru argues that the delimitation line advocated by Chile is totally inequitable as it accords Chile a full 200-nautical-mile maritime extension, whereas Peru, in contrast, suffers a severe cut-off effect. Peru states that it is extraordinary for Chile to seek to characterize a boundary line, which accords Chile more than twice as much maritime area as it would Peru, as a stable frontier which is beneficial to Peru.



IV. WHETHER THERE IS AN AGREED MARITIME BOUNDARY

24. In order to settle the dispute before it, the Court must first ascertain whether an agreed maritime boundary exists, as Chile claims. In addressing this question, the Parties considered the significance of the 1947 Proclamations, the 1952 Santiago Declaration and various agreements concluded in 1952 and 1954. They also referred to the practice of the Parties subsequent to the 1952 Santiago Declaration. The Court will deal with each of these matters in turn.

1. The 1947 Proclamations of Chile and Peru

25. As noted above (see paragraph 19), in their 1947 Proclamations, Chile and Peru unilaterally proclaimed certain maritime rights extending 200 nautical miles from their respective coasts.

26. The Parties agree that the relevant historical background to these Proclamations involves a number of comparable proclamations by other States, namely the United States of America’s two Proclamations of its policy with respect to both the natural resources of the subsoil and sea-bed of the continental shelf, and coastal fisheries in certain areas of the high seas, both dated 28 September 1945, the Mexican Declaration with Respect to Continental Shelf dated 29 October 1945 and the Argentinean Declaration Proclaiming Sovereignty over the Epicontinental Sea and the Continental Shelf dated 11 October 1946. Both Parties agree on the importance of fish and whale resources to their economies, submitting that the above-mentioned Proclamations by the United States of America placed increased pressure on the commercial exploitation of fisheries off the coast of the Pacific States of Latin America, thus motivating their 1947 Proclamations.

27. Beyond this background, the Parties present differing interpretations of both the content and legal significance of the 1947 Proclamations.

28. According to Peru, Chile’s 1947 Declaration was an initial and innovative step, whereby it asserted an alterable claim to jurisdiction, dependent on the adoption of further measures; nothing in this Declaration indicated any intention, on the part of Chile, to address the question of lateral maritime boundaries with neighbouring States. Peru argues that its own 1947 Decree is similarly provisional, representing an initial step and not purporting to fix definitive limits of Peruvian jurisdiction.

Peru contends that although its 1947 Decree refers to the Peruvian zone of control and protection as “the area covered between the coast and an imaginary parallel line to it at a distance of two hundred (200) nautical miles measured following the line of the geographical parallels”, such reference simply described the manner in which the seaward limits of the maritime zone would be drawn, with there being no intention to set any lateral boundaries with neighbouring States. Peru further considers that, according to terminology at the relevant time, the language of “sovereignty” in its 1947 Decree referred simply to rights over resources.

29. By contrast, Chile understands the Parties’ 1947 Proclamations as more relevant, considering them to be “concordant unilateral proclamations, each



claiming sovereignty to a distance of 200 nautical miles”, being “substantially similar in form, content and effect”. Chile observes that each of the Parties proclaims national sovereignty over its adjacent continental shelf, as well as in respect of the water column, indicating also a right to extend the outer limit of its respective maritime zone.

30. Peru contests Chile’s description of the 1947Proclamations as “concordant”, emphasizing that, although Chile’s 1947 Declaration and Peru’s 1947 Decree were closely related in time and object, they were not co-ordinated or agreed between the Parties.

31. Chile further argues that the 1947 Proclamations set clear boundaries of the maritime zones referred to therein. Chile contends that the method in Peru’s 1947 Decree of using a geographical parallel to measure the outward limit of the maritime zone also necessarily determines the northern and southern lateral limits of such zone along such line of geographical parallel. According to Chile, its own references to a “perimeter” and to the “mathematical parallel” in its 1947 Declaration could be similarly understood as indicating that a tracé parallèle method was used to indicate the perimeter of the claimed Chilean zone.

32. Chile adds that parallels of latitude were also used in the practice of American States. Peru responds that the use of parallels of latitude by other American States described by Chile are not instances of the use of parallels of latitude as international maritime boundaries.

33. For Chile, the primary significance of the 1947 Proclamations is as antecedents to the 1952 Santiago Declaration. Chile also refers to the 1947 Proclamations as circumstances of the conclusion of the 1952Santiago Declaration and the 1954Special Maritime Frontier Zone Agreement, in accordance with Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Chile maintains that the 1947 Proclamations, in particular Peru’s use of a “line of the geographic parallels” to measure its maritime projection, rendered the boundary delimitation uncontroversial in 1952, as there could be no less controversial boundary delimitation than when the claimed maritime zones of two adjacent States abut perfectly but do not overlap. However, Chile further clarifies that it does not consider that the 1947 Proclamations themselves established a maritime boundary between the Parties.

34. Peru questions the Chilean claim that the adjacent maritime zones abut perfectly by pointing out that the 1947 Proclamations do not stipulate co-ordinates or refer to international boundaries. Peru’s view on the connection between the 1947 Proclamations and the 1952 Santiago Declaration is that the 1947 Proclamations cannot constitute circumstances of the 1952 Santiago Declaration’s conclusion in the sense of Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties as they pre-date the conclusion of the 1952 Santiago Declaration by five years. Peru also questions Chile’s assertion that the 1947 Proclamations constitute circumstances of the conclusion of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement.

35. The Parties further disagree on the legal nature of the 1947 Proclamations, particularly Chile’s 1947 Declaration. Chile contends that the 1947 Proclamations each had immediate effect, without the need for further formality or enacting

legislation. Peru denies this, contending rather that Chile’s 1947 Declaration did not have the nature of a legal act. It points to the fact that the 1947 Declaration was published only in a daily newspaper and not in the Official Gazette of Chile.

36. Chile’s response to these arguments is that the status of its 1947 Declaration under domestic law is not determinative of its status under international law, emphasizing that it was an international claim made by the President of Chile and addressed to the international community. Chile points out that the Parties exchanged formal notifications of their 1947 Proclamations, arguing that the lack of protest thereto demonstrates acceptance of the validity of the other’s claim to sovereignty, including in relation to the perimeter. This was challenged by Peru.

*

37. The relevant paragraphs of Chile’s 1947 Declaration provide as follows:

“Considering:

1. That the Governments of the United States of America, of Mexico and of the Argentine Republic, by presidential declarations made on 28 September 1945, 29 October 1945, and 11 October 1946, respectively,

................................................................

2. That they have explicitly proclaimed the rights of their States to protect, preserve, control and inspect fishing enterprises, with the object of preventing illicit activities threatening to damage or destroy the considerable natural riches of this kind contained in the seas adjacent to their coasts, and which are indispensable to the welfare and progress of their respective peoples; and that the justice of such claims is indisputable;

3. That it is manifestly convenient, in the case of the Chilean Republic, to issue a similar proclamation of sovereignty, not only by the fact of possessing and having already under exploitation natural riches essential to the life of the nation and contained in the continental shelf, such as the coal-mines, which are exploited both on the mainland and under the sea, but further because, in view of its topography and the narrowness of its boundaries, the life of the country is linked to the sea and to all present and future natural riches contained within it, more so than in the case of any other country;

................................................................

(1) The Government of Chile confirms and proclaims its national sovereignty over all the continental shelf adjacent to the continental and island coasts of its national territory, whatever may be their depth below the sea, and claims by consequence all the natural riches which exist on the said shelf, both in and under it, known or to be discovered.

(2) The Government of Chile confirms and proclaims its national sovereignty over the seas adjacent to its coasts whatever may be their depths, and within those limits necessary in order to reserve, protect, preserve and exploit the natural resources of whatever nature found on, within



and below the said seas, placing within the control of the government especially all fisheries and whaling activities with the object of preventing the exploitation of natural riches of this kind to the detriment of the inhabitants of Chile and to prevent the spoiling or destruction of the said riches to the detriment of the country and the American continent.

(3) The demarcation of the protection zones for whaling and deep sea fishery in the continental and island seas under the control of the Government of Chile will be made in accordance with this declaration of sovereignty at any moment which the Government may consider convenient, such demarcation to be ratified, amplified, or modified in any way to conform with the knowledge, discoveries, studies and interests of Chile as required in the future. Protection and control is hereby declared immediately over all the seas contained within the perimeter formed by the coast and the mathematical parallel projected into the sea at a distance of 200 nautical miles from the coasts of Chilean territory. This demarcation will be calculated to include the Chilean islands, indicating a maritime zone contiguous to the coasts of the said islands, projected parallel to these islands at a distance of 200 nautical miles around their coasts.

(4) The present declaration of sovereignty does not disregard the similar legitimate rights of other States on a basis of reciprocity, nor does it affect the rights of free navigation on the high seas.”

38. The relevant paragraphs of Peru’s 1947 Decree provide as follows:

“The President of the Republic

Considering: ................................................................

That the shelf contains certain natural resources which must be proclaimed as our national heritage;

That it is deemed equally necessary that the State protect, maintain and establish a control of fisheries and other natural resources found in the continental waters which cover the submerged shelf and the adjacent continental seas in order that these resources which are so essential to our national life may continue to be exploited now and in the future in such a way as to cause no detriment to the country’s economy or to its food production;

................................................................

That the right to proclaim sovereignty and national jurisdiction over the entire extension of the submerged shelf as well as over the continental waters which cover it and the adjacent seas in the area required for the maintenance and vigilance of the resources therein contained, has been claimed by other countries and practically admitted in international law (Declaration of the President of the United States of 28 September 1945; Declaration of the President of Mexico of 29 October 1945; Decree of the President of the Argentine Nation of 11 October 1946; Declaration of the President of Chile of 23 June 1947);

................................................................

With the advisory vote of the Cabinet:

Decrees:

1. To declare that national sovereignty and jurisdiction are extended to the submerged continental or insular shelf adjacent to the continental or insular shores of national territory, whatever the depth and extension of this shelf may be.

2. National sovereignty and jurisdiction are exercised as well over the sea adjoining the shores of national territory whatever its depth and in the extension necessary to reserve, protect, maintain and utilize natural resources and wealth of any kind which may be found in or below those waters.

3. As a result of previous declarations the State reserves the right to establish the limits of the zones of control and protection of natural resources in continental or insular seas which are controlled by the Peruvian Government and to modify such limits in accordance with supervening circumstances which may originate as a result of further discoveries, studies or national interests which may become apparent in the future and at the same time declares that it will exercise the same control and protection on the seas adjacent to the Peruvian coast over the area covered between the coast and an imaginary parallel line to it at a distance of two hundred (200) nautical miles measured following the line of the geographical parallels. As regards islands pertaining to the Nation, this demarcation will be traced to include the sea area adjacent to the shores of these islands to a distance of two hundred (200) nautical miles, measured from all points on the contour of these islands.

4. The present declaration does not affect the right to free navigation of ships of all nations according to international law.”

39. The Court notes that the Parties are in agreement that the 1947 Proclamations do not themselves establish an international maritime boundary. The Court therefore will consider the 1947 Proclamations only for the purpose of ascertaining whether the texts evidence the Parties’ understanding as far as the establishment of a future maritime boundary between them is concerned.

40. The Court observes that paragraph3 of Chile’s 1947 Declaration referred to a “mathematical parallel” projected into the sea to a distance of 200 nautical miles from the Chilean coast. Such a mathematical parallel limited the seaward extent of the projection, but did not fix its lateral limits. The 1947 Declaration nonetheless stated that it concerned the continental shelf and the seas “adjacent” to the Chilean coasts. It implied the need to fix, in the future, the lateral limits of the jurisdiction that it was seeking to establish within a specified perimeter. The Court further notes that Peru’s 1947 Decree, in paragraph 3, referred to “geographical parallels” in identifying its maritime zone. The description of the relevant maritime zones in the 1947 Proclamations appears to use a tracé parallèle



method. However, the utilization of such method is not sufficient to evidence a clear intention of the Parties that their eventual maritime boundary would be a parallel.

41. The Court recalls that paragraph3 of Chile’s 1947Declaration provides for the establishment of protective zones for whaling and deep sea fishery, considering that these may be modified in any way “to conform with the knowledge, discoveries, studies and interests of Chile as required in the future”. This conditional language cannot be seen as committing Chile to a particular method of delimiting a future lateral boundary with its neighbouring States; rather, Chile’s concern relates to the establishment of a zone of protection and control so as to ensure the exploitation and preservation of natural resources.

42. The language of Peru’s 1947 Decree is equally conditional. In paragraph 3, Peru reserves the right to modify its “zones of control and protection” as a result of “national interests which may become apparent in the future”.

43. In view of the above, the language of the 1947 Proclamations, as well as their provisional nature, precludes an interpretation of them as reflecting a shared understanding of the Parties concerning maritime delimitation. At the same time, the Court observes that the Parties’ 1947 Proclamations contain similar claims concerning their rights and jurisdiction in the maritime zones, giving rise to the necessity of establishing the lateral limits of these zones in the future.

44. Having reached this conclusion, the Court does not need to address Chile’s argument concerning the relevance of the communication of the 1947 Proclamations inter se and Peru’s response to that argument. The Court notes, however, that both Peru and Chile simply acknowledged receipt of each other’s notification without making any reference to the possible establishment of an international maritime boundary between them.

2. The 1952 Santiago Declaration

45. As noted above (see paragraph 20), the Santiago Declaration was signed by Chile, Ecuador and Peru during the 1952 Conference held in Santiago de Chile on the Exploitation and Conservation of the Marine Resources of the South Pacific.

46. According to Chile, the 1952 Santiago Declaration has been a treaty from its inception and was always intended by its signatories to be legally binding. Chile further notes that the United Nations Treaty Series indicates that the 1952 Santiago Declaration entered into force upon signature on 18 August 1952, with there being no record of any objection by Peru to such indication.

47. Peru considers that the 1952 Santiago Declaration was not conceived as a treaty, but rather as a proclamation of the international maritime policy of the three States. Peru claims that it was thus “declarative” in character, but accepts that it later acquired the status of a treaty after being ratified by each signatory (Chile in 1954, Ecuador and Peru in 1955) and registered as such with the United Nations Secretariat on 12 May 1976, pursuant to Article 102, paragraph 1, of the Charter of the United Nations.

*

48. In view of the above, the Court observes that it is no longer contested that the 1952 Santiago Declaration is an international treaty. The Court’s task now is to ascertain whether it established a maritime boundary between the Parties.

49. The 1952 Santiago Declaration provides as follows: “1. Governments have the obligation to ensure for their peoples the necessary

conditions of subsistence, and to provide them with the resources for their economic development.

2. Consequently, they are responsible for the conservation and protection of their natural resources and for the regulation of the development of these resources in order to secure the best possible advantages for their respective countries.

3. Thus, it is also their duty to prevent any exploitation of these resources, beyond the scope of their jurisdiction, which endangers the existence, integrity and conservation of these resources to the detriment of the peoples who, because of their geographical situation, possess irreplaceable means of subsistence and vital economic resources in their seas.

In view of the foregoing considerations, the Governments of Chile, Ecuador and Peru, determined to conserve and safeguard for their respective peoples the natural resources of the maritime zones adjacent to their coasts, formulate the following Declaration:

I. The geological and biological factors which determine the existence, conservation and development of marine fauna and flora in the waters along the coasts of the countries making the Declaration are such that the former extension of the territorial sea and the contiguous zone are inadequate for the purposes of the conservation, development and exploitation of these resources, to which the coastal countries are entitled.

II. In the light of these circumstances, the Governments of Chile, Ecuador

and Peru proclaim as a norm of their international maritime policy that they each possess exclusive sovereignty and jurisdiction over the sea along the coasts of their respective countries to a minimum distance of 200 nautical miles from these coasts.

III. The exclusive jurisdiction and sovereignty over this maritime zone shall also encompass exclusive sovereignty and jurisdiction over the seabed and the subsoil thereof.

IV. In the case of island territories, the zone of 200 nautical miles shall apply to the entire coast of the island or group of islands. If an island or group of islands belonging to one of the countries making the declaration is situated less than 200 nautical miles from the general maritime zone belonging to another of those countries, the maritime zone of the island or group of islands shall be limited by the parallel at the point at which the land frontier of the States concerned reaches the sea.



V. This declaration shall be without prejudice to the necessary limitations to the exercise of sovereignty and jurisdiction established under international law to allow innocent and inoffensive passage through the area indicated for ships of all nations.

VI. For the application of the principles contained in this Declaration, the Governments of Chile, Ecuador and Peru hereby announce their intention to sign agreements or conventions which shall establish general norms to regulate and protect hunting and fishing within the maritime zone belonging to them, and to regulate and co-ordinate the exploitation and development of all other kinds of products or natural resources existing in these waters which are of common interest.”

*

50. Peru asserts that the 1952 Santiago Declaration lacks characteristics which might be expected of a boundary agreement, namely, an appropriate format, a definition or description of a boundary, cartographic material and a requirement for ratification. Chile disagrees with Peru’s arguments concerning the characteristics of boundary agreements, pointing out that a treaty effecting a boundary delimitation can take any form.

51. According to Chile, it follows from paragraph IV of the 1952 Santiago Declaration that the maritime boundary between neighbouring States parties is the parallel of latitude passing through the point at which the land boundary between them reaches the sea. Chile contends that paragraph IV delimits both the general and insular maritime zones of the States parties, arguing that the reference to islands in this provision is a specific application of a generally agreed rule, the specification of which is explained by the particular importance of islands to Ecuador’s geographical circumstances. In support of this claim, Chile relies upon the Minutes of the 1952 Conference dated 11 August 1952, asserting that the Ecuadorean delegate requested clarification that the boundary line of the jurisdictional zone of each country be the respective parallel from the point at which the border of the countries touches or reaches the sea and that all States expressed their mutual consent to such an understanding. Chile argues that such an understanding, as recorded in the Minutes, constitutes an agreement relating to the conclusion of the 1952 Santiago Declaration, within the meaning of Article 31, paragraph 2 (a) of the Vienna Convention on the Law of Treaties. Although Chile recognizes that the issue of islands was of particular concern to Ecuador, it also stresses that there are relevant islands in the vicinity of the Peru-Chile border.

52. Chile maintains that the relationship between general and insular maritime zones must be understood in light of the fact that the delimitation of insular zones along a line of parallel is only coherent and effective if there is also a general maritime delimitation along such parallel. Further, Chile points out that, in order to determine if an island is situated less than 200 nautical miles from the general maritime zone of another State party to the 1952 Santiago Declaration, the perimeter of such general maritime zone must have already been defined.

53. Peru argues that in so far as the continental coasts of the States parties are concerned, the 1952 Santiago Declaration simply claims a maritime zone extending to a minimum distance of 200nautical miles, addressing only seaward and not lateral boundaries. In Peru’s view, paragraph IV of the 1952 Santiago Declaration refers only to the entitlement generated by certain islands and not to the entitlement generated by continental coasts, with the issue of islands being relevant only between Ecuador and Peru, not between Peru and Chile. Peru contends that even if some very small islands exist in the vicinity of the Peru-Chile border these are immediately adjacent to the coast and do not have any effect on maritime entitlements distinct from the coast itself, nor were they of concern during the 1952 Conference.

54. Peru rejects Chile’s argument that a general maritime delimitation must be assumed in paragraph IV so as to make the reference to insular delimitation effective. It also questions that a maritime boundary could result from an alleged practice implying or presupposing its existence. Peru argues that, if it were true that parallels had been established as international maritime boundaries prior to 1952, there would have been no need to include paragraph IV as such boundaries would have already settled the question of the extent of the maritime entitlements of islands. Peru further claims that the purpose of paragraph IV is to provide a protective zone for insular maritime entitlements so that even if an eventual maritime delimitation occurred in a manner otherwise detrimental to such insular entitlements, it could only do so as far as the line of parallel referred to therein. Finally, Peru contests Chile’s interpretation of the Minutes of the 1952 Conference, arguing also that these do not constitute any form of “recorded agreement” but could only amount to travaux préparatoires.

55. According to Chile, the object and purpose of the 1952 Santiago Declaration can be stated at varying levels of specificity. Its most generally stated object and purpose is “to conserve and safeguard for their respective peoples the natural resources of the maritime zones adjacent to [the parties’] coasts”. It also has a more specific object and purpose, namely to set forth zones of “exclusive sovereignty and jurisdiction”. This object and purpose is naturally concerned with identifying the physical perimeter of each State’s maritime zone within which such sovereignty and jurisdiction would be exercised. Chile further emphasizes that, although the 1952 Santiago Declaration constitutes a joint proclamation of sovereignty, it is made by each of the three States parties, each claiming sovereignty over a maritime zone which is distinct from that claimed by the other two.

56. Peru agrees with Chile to the extent that the 1952 Santiago Declaration involves joint action to declare the maritime rights of States parties to a minimum distance of 200 nautical miles from their coasts so as to protect and preserve the natural resources adjacent to their territories. Yet, Peru focuses on the 1952 Conference’s purpose as being to address collectively the problem of whaling in South Pacific waters, arguing that, in order to do so, it was necessary that “between them” the States parties police the 200-nautical-mile zone effectively. According to Peru, the object and purpose of the 1952 Santiago Declaration was not the division of fishing grounds between its States parties, but to create a zone functioning “as a single biological unit” — an exercise of regional solidarity — designed to address the threat posed by foreign whaling. Thus, Peru stresses that the 1952 Santiago



Declaration does not include any stipulation as to how the States parties’ maritime zones are delimited from each other.

*

57. The Court is required to analyse the terms of the 1952 Santiago Declaration in accordance with the customary international law of treaty interpretation, as reflected in Articles 31 and 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (see Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of America), Preliminary Objections, Judgment, I.C.J. Reports 1996 (II), p. 812, para. 23; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, pp. 21-22, para. 41). The Court applied these rules to the interpretation of treaties which pre-date the Vienna Convention on the Law of Treaties (Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Ricav. Nicaragua), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p.237, para.47; Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, pp. 645-646, paras. 37-38; Kasikili/Sedudu Island (Botswana/Namibia), Judgment, I.C.J. Reports 1999 (II), p. 1059, para. 18).

58. The Court commences by considering the ordinary meaning to be given to the terms of the 1952 Santiago Declaration in their context, in accordance with Article 31, paragraph 1, of the Vienna Convention on the Law of Treaties. The 1952 Santiago Declaration does not make express reference to the delimitation of maritime boundaries of the zones generated by the continental coasts of its States parties. This is compounded by the lack of such information which might be expected in an agreement determining maritime boundaries, namely, specific co-ordinates or cartographic material. Nevertheless, the 1952 Santiago Declaration contains certain elements (in its paragraph IV) which are relevant to the issue of maritime delimitation (see paragraph 60 below).

59. The Court notes that in paragraph II, the States parties “proclaim as a norm of their international maritime policy that they each possess exclusive sovereignty and jurisdiction over the sea along the coasts of their respective countries to a minimum distance of 200 nautical miles from these coasts”. This provision establishes only a seaward claim and makes no reference to the need to distinguish the lateral limits of the maritime zones of each State party. Paragraph III states that “[t]he exclusive jurisdiction and sovereignty over this maritime zone shall also encompass exclusive sovereignty and jurisdiction over the seabed and the subsoil thereof”. Such a reference to jurisdiction and sovereignty does not necessarily require any delimitation to have already occurred. Paragraph VI expresses the intention of the States parties to establish by agreement in the future general norms of regulation and protection to be applied in their respective maritime zones. Accordingly, although a description of the distance of maritime zones and reference to the exercise of jurisdiction and sovereignty might indicate that the States parties were not unaware of issues of general delimitation, the Court concludes that neither paragraphII nor paragraphIII refers explicitly to any lateral boundaries of the proclaimed 200-nautical-mile maritime zones, nor can the need for such boundaries be implied by the references to jurisdiction and sovereignty.

60. The Court turns now to paragraph IV of the 1952 Santiago Declaration. The first sentence of paragraph IV specifies that the proclaimed 200-nautical-mile maritime zones apply also in the case of island territories. The second sentence of that paragraph addresses the situation where an island or group of islands of one State party is located less than 200 nautical miles from the general maritime zone of another State party. In this situation, the limit of the respective zones shall be the parallel at the point at which the land frontier of the State concerned reaches the sea. The Court observes that this provision, the only one in the 1952 Santiago Declaration making any reference to the limits of the States parties’ maritime zones, is silent regarding the lateral limits of the maritime zones which are not derived from island territories and which do not abut them.

61. The Court is not convinced by Chile’s argument that paragraph IV can be understood solely if it is considered to delimit not only insular maritime zones but also the entirety of the general maritime zones of the States parties. The ordinary meaning of paragraph IV reveals a particular interest in the maritime zones of islands which may be relevant even if a general maritime zone has not yet been established. In effect, it appears that the States parties intended to resolve a specific issue which could obviously create possible future tension between them by agreeing that the parallel would limit insular zones.

62. In light of the foregoing, the Court concludes that the ordinary meaning of paragraph IV, read in its context, goes no further than establishing the Parties’ agreement concerning the limits between certain insular maritime zones and those zones generated by the continental coasts which abut such insular maritime zones.

63. The Court now turns to consider the object and purpose of the 1952 Santiago Declaration. It recalls that both Parties state such object and purpose narrowly: Peru argues that the Declaration is primarily concerned with addressing issues of large-scale whaling, whereas Chile argues that it can be most specifically understood as concerned with identifying the perimeters of the maritime zone of each State party. The Court observes that the Preamble of the 1952 Santiago Declaration focuses on the conservation and protection of the necessary natural resources for the subsistence and economic development of the peoples of Chile, Ecuador and Peru, through the extension of the maritime zones adjacent to their coasts.

64. The Court further considers that it is not necessary for it to address the existence of small islands located close to the coast in the region of the Peru-Chile land boundary. The case file demonstrates that the issue of insular zones in the context of the 1952 Santiago Declaration arose from a concern expressed by Ecuador. It is equally clear from the case file that the small islands do not appear to have been of concern to the Parties. As stated by Chile in its Rejoinder, referring to these small islands, “[n]one of them was mentioned in the negotiating record related to the 1952 Santiago Declaration ... The only islands that were mentioned in the context of the Santiago Declaration were Ecuador’s Galápagos Islands.” Peru did not contest this.

65. The Court recalls Chile’s argument, based on Article 31, paragraph 2 (a), of the Vienna Convention on the Law of Treaties, that the Minutes of the 1952 Conference constitute an “agreement relating to the treaty which was made between



all the parties in connection with the conclusion of the treaty”. The Court considers that the Minutes of the 1952 Conference summarize the discussions leading to the adoption of the 1952 Santiago Declaration, rather than record an agreement of the negotiating States. Thus, they are more appropriately characterized as travaux préparatoires which constitute supplementary means of interpretation within the meaning of Article 32 of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

66. In light of the above, the Court does not need, in principle, to resort to supplementary means of interpretation, such as the travaux préparatoires of the 1952 Santiago Declaration and the circumstances of its conclusion, to determine the meaning of that Declaration. However, as in other cases (see, for example, Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment, I.C.J. Reports 2002, p. 653, para. 53; Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatarv. Bahrain), Jurisdiction and Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1995, p. 21, para. 40; Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 27, para. 55), the Court has considered the relevant material, which confirms the above interpretation of the 1952 Santiago Declaration.

67. Chile’s original proposal presented to the 1952 Conference provided as follows:

“The zone indicated comprises all waters within the perimeter formed by the coasts of each country and a mathematical parallel projected into the sea to 200 nautical miles away from the mainland, along the coastal fringe.

In the case of island territories, the zone of 200 nautical miles will apply all around the island or island group.

If an island or group of islands belonging to one of the countries making the declaration is situated less than 200 nautical miles from the general maritime zone belonging to another of those countries, according to what has been established in the first paragraph of this article, the maritime zone of the said island or group of islands shall be limited, in the corresponding part, to the distance that separates it from the maritime zone of the other State or country.”

The Court notes that this original Chilean proposal appears intended to effect a general delimitation of the maritime zones along lateral lines. However, this proposal was not adopted.

68. Further, the Minutes of the 1952 Conference indicate that the delegate for Ecuador:

“observed that it would be advisable to provide more clarity to article 3 [which became paragraph IV of the final text of the 1952 Santiago Declaration], in order to avoid any error in the interpretation of the interference zone in the case of islands, and suggested that the declaration be drafted on the basis that the boundary line of the jurisdictional zone of each country be the respective parallel from the point at which the frontier of the countries touches or reaches the sea”.

According to the Minutes, this proposition met with the agreement of all of the delegates.

Ecuador’s intervention, with which the Parties agreed, is limited in its concern to clarification “in the case of islands”. Thus the Court is of the view that it can be understood as saying no more than that which is already stated in the final text of paragraph IV. The Court considers from the foregoing that the travaux préparatoires confirm its conclusion that the 1952 Santiago Declaration did not effect a general maritime delimitation.

69. Nevertheless, various factors mentioned in the preceding paragraphs, such as the original Chilean proposal and the use of the parallel as the limit of the maritime zone of an island of one State party located less than 200 nautical miles from the general maritime zone of another State party, suggest that there might have been some sort of shared understanding among the States parties of a more general nature concerning their maritime boundaries. The Court will return to this matter later.

70. The Court has concluded, contrary to Chile’s submissions, that Chile and Peru did not, by adopting the 1952 Santiago Declaration, agree to the establishment of a lateral maritime boundary between them along the line of latitude running into the Pacific Ocean from the seaward terminus of their land boundary. However, in support of its claim that that line constitutes the maritime boundary, Chile also invokes agreements and arrangements which it signed later with Ecuador and Peru, and with Peru alone.

3. The various 1954 Agreements

71. Among the agreements adopted in 1954, Chile emphasizes, in particular, the Complementary Convention to the 1952 Santiago Declaration and the Special Maritime Frontier Zone Agreement. It puts the meetings that led to those agreements and the agreements themselves in the context of the challenges which six maritime powers had made to the 1952 Santiago Declaration in the period running from August to late October 1954 and of the planned whale hunting by a fleet operating under the Panamanian flag.

72. The meeting of the CPPS, preparatory to the Inter-State conference of December 1954, was held between 4 and 8 October 1954. The provisional agenda items correspond to five of the six agreements which were drafted and adopted at the December Inter-State Conference: the Complementary Convention to the 1952 Santiago Declaration, the Convention on the System of Sanctions, the Agreement on the Annual Meeting of the CPPS, the Convention on Supervision and Control, and the Convention on the Granting of Permits for the Exploitation of the Resources of the South Pacific.

73. The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement also resulted from the meetings that took place in 1954. In addition to considering the matters listed on the provisional agenda described above, the October 1954 meeting of the CPPS also considered a proposal by the Delegations of Ecuador and Peru to establish a “neutral zone ... on either side of the parallel which passes through the point of the coast that signals the boundary between the two countries”. The Permanent



Commission approved the proposal unanimously “and, consequently, entrusted its Secretariat-General to transmit this recommendation to the signatory countries so that they put into practice this norm of tolerance on fishing activities”. As a consequence, at the inaugural session of “The Second Conference on the Exploitation and Conservation of the Marine Resources of the South Pacific”, the proposed Agreement appeared in the agenda as the last of the six Agreements to be considered and signed in December 1954. The draft text relating to the proposal to establish a “neutral zone” along the parallel was then amended in certain respects. The term “neutral zone” was replaced with the term “special maritime frontier zone” and the reference to “the parallel which passes through the point of the coast that signals the boundary between the two countries” was replaced with “the parallel which constitutes the maritime boundary between the two countries”. This is the language that appears in the first paragraph of the final text of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, which was adopted along with the other five agreements referred to in the preceding paragraph. All of the agreements included a standard clause, added late in the drafting process without any explanation recorded in the Minutes. According to this clause, the provisions contained in the agreements were “deemed to be an integral and supplementary part” of the resolutions and agreements adopted in 1952 and were “not in any way to abrogate” them. Of these six Agreements only the 1954 Complementary Convention and the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement were given any real attention by the Parties in the course of these proceedings, except for brief references by Chile to the Supervision and Control Convention (see paragraph 78 below). The Court notes that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement is still in force.

A. The Complementary Convention to the 1952 Santiago Declaration

74. According to Chile, “the main instrument” prepared at the 1954 Inter-State Conference was the Complementary Convention, “[t]he primary purpose [of which] was to reassert the claim of sovereignty and jurisdiction that had been made two years earlier in Santiago and to defend jointly the claim against protests by third States”. It quotes its Foreign Minister speaking at the inaugural session of the 1954 CPPS Meeting:

“The right to proclaim our sovereignty over the sea zone that extends to two hundred miles from the coast is thus undeniable and inalienable. We gather now to reaffirm our decision to defend, whatever the cost, this sovereignty and to exercise it in accordance with the high national interests of the signatory countries to the Declaration.

................................................................

We strongly believe that, little by little, the legal statement that has been formulated by our countries into the 1952 Agreement [the Santiago Declaration] will find its place in International Law until it is accepted by all Governments that wish to preserve, for mankind, resources that today are ruthlessly destroyed by the unregulated exercise of exploitative activities that pursue diminished individual interests and not collective needs.”

75. Peru similarly contends that the purpose of the 1954 Complementary Convention was to reinforce regional solidarity in the face of opposition from third

States to the 200-nautical-mile claim. It observes that in 1954, as in 1952, the primary focus of the three States was on maintaining a united front towards third States, “rather than upon the development of an internal legal régime defining their rights inter se”. It also contends that the 1954 instruments were adopted in the context of regional solidarity vis-à-vis third States and that they were essentially an integral part of the agreements and resolutions adopted in 1952. The Inter-State Conference was in fact held less than a month after the Peruvian Navy, with the co-operation of its air force, had seized vessels of the Onassis whaling fleet, under the Panamanian flag, more than 100 nautical miles off shore (for extracts from the Peruvian Judgment imposing fines see American Journal of International Law, 1955, Vol. 49, p. 575). Peru notes that when it rejected a United Kingdom protest against the seizure of the Onassis vessels, the Chilean Foreign Minister sent a congratulatory message to his Peruvian counterpart — according to Peru this was “an indication of the regional solidarity which the zone embodied”. In its Reply, Peru recalls Chile’s characterization in its Counter-Memorial of the 1954 Complementary Convention as “the main instrument” prepared at the 1954 Inter-State Conference.

76. The Parties also refer to the agreed responses which they made, after careful preparation in the first part of 1955, to the protests made by maritime powers against the 1952 Santiago Declaration. Those responses were made in accordance with the spirit of the Complementary Convention even though Chile was not then or later a party to it. Similar co-ordinated action was taken in May 1955 in response to related proposals made by the United States of America.

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77. The Court observes that it is common ground that the proposed Complementary Convention was the main instrument addressed by Chile, Ecuador and Peru as they prepared for the CPPS meeting and the Inter-State Conference in Lima in the final months of 1954. Given the challenges being made by several States to the 1952 Santiago Declaration, the primary purpose of that Convention was to assert, particularly against the major maritime powers, their claim of sovereignty and jurisdiction made jointly in 1952. It was also designed to help prepare their common defence of the claim against the protests by those States, which was the subject-matter of the second agenda item of the 1954 Inter-State Conference. It does not follow, however, that the “primary purpose” was the sole purpose or even less that the primary purpose determined the sole outcome of the 1954 meetings and the Inter-State Conference.

B. The Agreement relating to Measures of Supervision and Control of the Maritime Zones of the Signatory Countries

78. Chile seeks support from another of the 1954 Agreements, the Agreement relating to Measures of Supervision and Control of the Maritime Zones of the Signatory Countries. It quotes the first and second articles:

“First

It shall be the function of each signatory country to supervise and control the exploitation of the resources in its Maritime Zone by the use of such organs and means as it considers necessary.



Second

The supervision and control referred to in article one shall be exercised by each country exclusively in the waters of its jurisdiction.” (Emphasis added by Chile.)

Chile contends that the second article proceeds on the basis that each State’s maritime zone had been delimited. Peru made no reference to the substance of this Agreement. Chile also referred in this context to the 1955 Agreement for the Regulation of Permits for Exploitation of the Resources of the South Pacific (see paragraph 21 above) and to its 1959 Decree providing for that regulation.

79. The Court considers that at this early stage there were at least in practice distinct maritime zones in which each of the three States might, in terms of the 1952 Santiago Declaration, take action as indeed was exemplified by the action taken by Peru against the Onassis whaling fleet shortly before the Lima Conference; other instances of enforcement by the two Parties are discussed later. However the Agreements on Supervision and Control and on the Regulation of Permits give no indication about the location or nature of boundaries of the zones. On the matter of boundaries, the Court now turns to the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement.

C. The Agreement relating to a Special Maritime Frontier Zone

80. The Preamble to the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement reads as follows:

“Experience has shown that innocent and inadvertent violations of the maritime frontier [‘la frontera marítima’] between adjacent States occur frequently because small vessels manned by crews with insufficient knowledge of navigation or not equipped with the necessary instruments have difficulty in determining accurately their position on the high seas;

The application of penalties in such cases always produces ill-feeling in the fishermen and friction between the countries concerned, which may affect adversely the spirit of co-operation and unity which should at all times prevail among the countries signatories to the instruments signed at Santiago; and

It is desirable to avoid the occurrence of such unintentional infringements, the consequences of which affect principally the fishermen.”

81. The substantive provisions of the Agreement read as follows:

“1. A special zone is hereby established, at a distance of [‘a partir de’] 12 nautical miles from the coast, extending to a breadth of 10 nautical miles on either side of the parallel which constitutes the maritime boundary [‘el límite marítimo’] between the two countries.

2. The accidental presence in the said zone of a vessel of either of the adjacent countries, which is a vessel of the nature described in the paragraph

beginning with the words ‘Experience has shown’ in the preamble hereto, shall not be considered to be a violation of the waters of the maritime zone, though this provision shall not be construed as recognizing any right to engage, with deliberate intent, in hunting or fishing in the said special zone.

3. Fishing or hunting within the zone of 12 nautical miles from the coast shall be reserved exclusively to the nationals of each country.”

Article 4 is the standard provision, included in all six of the 1954 Agreements, deeming it to be “an integral and supplementary part” of the 1952 instruments which it was not in any way to abrogate (see paragraph 73 above).

82. According to Chile, the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement was “the most relevant instrument adopted at the December 1954 Conference”. Its “basic predicate” was that the three States “already had lateral boundaries, or ‘frontiers’, in place between them”. Chile continues, citing the Judgment in the case concerning Territorial Dispute (Libyan Arab Jamahiriya/Chad), that in the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement “the existence of a determined frontier was accepted and acted upon” (I.C.J. Reports 1994, p. 35, para. 66). It points out that Article 1 uses the present tense, referring to a maritime boundary already in existence, and the first recital indicates that it was violations of that existing boundary that prompted the Agreement.

83. Peru contends (1) that the Agreement was applicable only to Peru’s northern maritime border, that is, with Ecuador, and not also to the southern one, with Chile; (2) that Chile’s delay in ratifying (in 1967) and registering (in 2004) the Agreement shows that it did not regard it as of major importance such as establishing a maritime boundary; and (3) that the Agreement had a very special and temporary purpose and that the Parties were claiming a limited functional jurisdiction. Peru in its written pleadings, in support of its contention that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement applied only to its boundary with Ecuador and not to that with Chile, said that the “rather opaque formula” — the reference to the parallel in Article 1, introduced on the proposal of Ecuador — referred to only one parallel between two countries; it seems clear, Peru says, that the focus was on the waters between Peru and Ecuador.

84. With regard to Peru’s first argument, Chile in reply points out that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement has three States parties and that the ordinary meaning of “the two countries” in Article 1 is a reference to the States on either side of their shared maritime boundary. Chile notes that there is no qualification of the “maritime frontier” (in the Preamble), nor is there any suggestion that the term “adjacent States” refers only to Ecuador and Peru. Chile also points out that in 1962 Peru complained to Chile about “the frequency with which Chilean fishing vessels have trespassed into Peruvian waters”, stating that “the Government of Peru, taking strongly into account the sense and provisions of ‘the Agreement’” wished that the Government of Chile take certain steps particularly through the competent authorities at the port of Arica. As Chile noted, Peru did not at that stage make any reference to the argument that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement applied only to its northern maritime boundary.



85. In the view of the Court, there is nothing at all in the terms of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement which would limit it only to the Ecuador-Peru maritime boundary. Moreover Peru did not in practice accord it that limited meaning which would preclude its application to Peru’s southern maritime boundary with Chile. The Court further notes that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement was negotiated and signed by the representatives of all three States, both in the Commission and at the Inter-State Conference. All three States then proceeded to ratify it. They included it among the twelve treaties which they jointly submitted to the United Nations Secretariat for registration in 1973 (see paragraph 21 above).

*

86. With regard to Peru’s second argument, Chile responds by pointing out that delay in ratification is common and contends that of itself the delay in ratification has no consequence for the legal effect of a treaty once it has entered into force. Further, it submits that the fact that registration of an Agreement is delayed is of no relevance.

87. The Court is of the view that Chile’s delay in ratifying the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement and submitting it for registration does not support Peru’s argument that Chile considered that the Agreement lacked major importance. In any event, this delay has no bearing on the scope and effect of the Agreement. Once ratified by Chile the Agreement became binding on it. In terms of the argument about Chile’s delay in submitting the Agreement for registration, the Court recalls that, in 1973, all three States signatory to the 1952 and 1954 treaties, including the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, simultaneously submitted all of them for registration (see paragraphs 20 to 21 above).

88. With regard to Peru’s third argument that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement had a special and temporary purpose and that the Parties were claiming a limited functional jurisdiction, Chile’s central contention is that the “basic predicate” of the Agreement was that the three States “already had lateral boundaries, or ‘frontiers’, in place between them” (see paragraph 82 above). The reference in the title of the Agreement to a Special Maritime Frontier Zone and in the recitals to violations of the maritime frontier between adjacent States demonstrates, Chile contends, that a maritime frontier or boundary already existed when the three States concluded the Agreement in December 1954. The granting to small vessels of the benefit of a zone of tolerance was, in terms of the Preamble, intended to avoid “friction between the countries concerned, which may affect adversely the spirit of co-operation and unity which should at all times prevail among the countries signatories to the instruments signed at Santiago”. According to Chile, this was an inter-State problem and “not a problem relating to itinerant fishermen”. The States wished to eliminate obstacles to their complete co-operation in defence of their maritime claims. Chile emphasizes that Article 1, the primary substantive provision, is in the present tense: the ten-nautical-mile zones are being created to the north and south of a maritime boundary which already exists. Article 2, it says, also supports its position. The “accidental presence” in that zone of the vessels referred to in the Agreement is not considered a “violation” of the adjacent State’s maritime zone. Chile claims that although its ratification of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement came some time after its

signature, the boundary whose existence was acknowledged and acted upon was already in place throughout the period leading to its ratification.

89. According to Peru, the aim of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement “was narrow and specific”, establishing a “zone of tolerance” for small and ill-equipped fishing vessels. Defining that zone by reference to a parallel of latitude was a practical approach for the crew of such vessels. The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement did not have a larger purpose, such as establishing a comprehensive régime for the exploitation of fisheries or adding to the content of the 200-nautical-mile zones or setting out their limits and borders. Peru also maintains that “the 1954 Agreement was a practical arrangement, of a technical nature, and of limited geographical scope, not one dealing in any sense with political matters”.

90. In the view of the Court, the operative terms and purpose of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement are indeed narrow and specific. That is not however the matter under consideration by the Court at this stage. Rather, its focus is on one central issue, namely, the existence of a maritime boundary. On that issue the terms of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, especially Article 1 read with the preambular paragraphs, are clear. They acknowledge in a binding international agreement that a maritime boundary already exists. The Parties did not see any difference in this context between the expression “límite marítimo” in Article 1 and the expression “frontera marítima” in the Preamble, nor does the Court.

91. The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement does not indicate when and by what means that boundary was agreed upon. The Parties’ express acknowledgment of its existence can only reflect a tacit agreement which they had reached earlier. In this connection, the Court has already mentioned that certain elements of the 1947 Proclamations and the 1952 Santiago Declaration suggested an evolving understanding between the Parties concerning their maritime boundary (see paragraphs 43 and 69 above). In an earlier case, the Court, recognizing that “[t]he establishment of a permanent maritime boundary is a matter of grave importance”, underlined that “[e]vidence of a tacit legal agreement must be compelling” (Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v Honduras), Judgment, I.C.J. Reports 2007 (II), p. 735, para. 253). In this case, the Court has before it an Agreement which makes clear that the maritime boundary along a parallel already existed between the Parties. The 1954 Agreement is decisive in this respect. That Agreement cements the tacit agreement.

92. The 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement gives no indication of the nature of the maritime boundary. Nor does it indicate its extent, except that its provisions make it clear that the maritime boundary extends beyond 12 nautical miles from the coast.

*

93. In this context, the Parties referred to an Opinion prepared in1964 by Mr. Raúl Bazán Dávila, Head of the Legal Advisory Office of the Chilean Ministry of Foreign Affairs, in response to a request from the Chilean Boundaries Directorate



regarding “the delimitation of the frontier between the Chilean and Peruvian territorial seas”. Having recalled the relevant rules of international law, Mr. Bazán examined the question whether some specific agreement on maritime delimitation existed between the two States. He believed that it did, but was not able to determine “when and how this agreement was reached”. Paragraph IV of the 1952 Santiago Declaration was not “an express pact” on the boundary, but it “assum[ed] that this boundary coincides with the parallel that passes through the point at which the land frontier reaches the sea”. It was possible to presume, he continued, that the agreement on the boundary preceded and conditioned the signing of the 1952 Santiago Declaration.

94. According to Peru, the fact that such a request was addressed to the Head of the Legal Advisory Office illustrates that the Chilean Government was unsure about whether there was a pre-existing boundary. Chile emphasizes Mr. Bazán’s conclusion that the maritime boundary between the Parties is the parallel which passes through the point where the land boundary reaches the sea. Chile also notes that this was a publicly available document and that Peru would have responded if it had disagreed with the conclusion the document stated, but did not do so.

95. Nothing in the Opinion prepared by Mr. Bazán, or the fact that such an Opinion was requested in the first place, leads the Court to alter the conclusion it reached above (see paragraphs 90 to 91), namely, that by 1954 the Parties acknowledged that there existed an agreed maritime boundary.

4. The 1968-1969 lighthouse arrangements

96. In 1968-1969, the Parties entered into arrangements to build one lighthouse each, “at the point at which the common border reaches the sea, near boundary marker number one”. At this point, the Court observes that on 26 April 1968, following communication between the Peruvian Ministry of Foreign Affairs and the Chilean chargé d’affaires earlier that year, delegates of both Parties signed a document whereby they undertook the task of carrying out “an on-site study for the installation of leading marks visible from the sea to materialise the parallel of the maritime frontier originating at Boundary Marker number one (No. 1)”.

That document concluded as follows:

“Finally, given that the parallel which it is intended to materialise is that which corresponds to the geographical location indicated in the Act signed in Lima on 1 August 1930 for Boundary Marker No. 1, the Representatives suggest that the positions of this pyramid be verified by a Joint Commission before the execution of the recommended works.”

97. Chile sees the Parties, in taking this action, as explicitly recording their understanding that there was a “maritime frontier” between the two States and that it followed the line of latitude passing through Boundary Marker No. 1 (referred to in Spanish as “Hito No. 1”). Chile states that the Parties’ delegates “recorded their joint understanding that their task was to signal the existing maritime boundary”. Chile quotes the terms of the approval in August1968 by the Secretary-General of the Peruvian Ministry of Foreign Affairs of the Minutes of an earlier meeting that the signalling marks were to materialize (“materializar”) the

parallel of the maritime frontier. Chile further relies on an August 1969 Peruvian Note, according to which the Mixed Commission entrusted with demarcation was to verify the position of Boundary Marker No. 1 and to “fix the definitive location of the two alignment towers that were to signal the maritime boundary”. The Joint Report of the Commission recorded its task in the same terms.

98. In Peru’s view, the beacons erected under these arrangements were evidently a pragmatic device intended to address the practical problems arising from the coastal fishing incidents in the 1960s. It calls attention to the beacons’ limited range — not more than 15 nautical miles offshore. Peru argues that they were plainly not intended to establish a maritime boundary. Throughout the process, according to Peru, there is no indication whatsoever that the two States were engaged in the drawing of a definitive and permanent international boundary, nor did any of the correspondence refer to any pre-existent delimitation agreement. The focus was consistently, and exclusively, upon the practical task of keeping Peruvian and Chilean fishermen apart and solving a very specific problem within the 15-nautical-mile range of the lights.

*

99. The Court is of the opinion that the purpose and geographical scope of the arrangements were limited, as indeed the Parties recognize. The Court also observes that the record of the process leading to the arrangements and the building of the lighthouses does not refer to any pre-existent delimitation agreement. What is important in the Court’s view, however, is that the arrangements proceed on the basis that a maritime boundary extending along the parallel beyond 12 nautical miles already exists. Along with the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, the arrangements acknowledge that fact. Also, like that Agreement, they do not indicate the extent and nature of that maritime boundary. The arrangements seek to give effect to it for a specific purpose.

5. The nature of the agreed maritime boundary

100. As the Court has just said, it is the case that the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement refers to the existing boundary for a particular purpose; that is also true of the 1968-1969 arrangements for the lighthouses. The Court must now determine the nature of the maritime boundary, the existence of which was acknowledged in the 1954 Agreement, that is, whether it is a single maritime boundary applicable to the water column, the sea-bed and its subsoil, or a boundary applicable only to the water column.

101. Chile contends that the boundary is an all-purpose one, applying to the sea-bed and subsoil as well as to the waters above them with rights to their resources in accordance with customary law as reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Peru submits that the line to which the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement refers is related only to aspects of the policing of coastal fisheries and facilitating safe shipping and fishing in near-shore areas.

102. The Court is concerned at this stage with the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement only to the extent that it acknowledged the existence of



a maritime boundary. The tacit agreement, acknowledged in the 1954 Agreement, must be understood in the context of the 1947 Proclamations and the 1952 Santiago Declaration. These instruments expressed claims to the sea-bed and to waters above the sea-bed and their resources. In this regard the Parties drew no distinction, at that time or subsequently, between these spaces. The Court concludes that the boundary is an all-purpose one.

6. The extent of the agreed maritime boundary

103. The Court now turns to consider the extent of the agreed maritime boundary. It recalls that the purpose of the 1954 Agreement was narrow and specific (see paragraph 90 above): it refers to the existing maritime boundary for a particular purpose, namely to establish a zone of tolerance for fishing activity operated by small vessels. Consequently, it must be considered that the maritime boundary whose existence it recognizes, along a parallel, necessarily extends at least to the distance up to which, at the time considered, such activity took place. That activity is one element of the Parties’ relevant practice which the Court will consider, but it is not the only element warranting consideration. The Court will examine other relevant practice of the Parties in the early and mid-1950s, as well as the wider context including developments in the law of the sea at that time. It will also assess the practice of the two Parties subsequent to 1954. This analysis could contribute to the determination of the content of the tacit agreement which the Parties reached concerning the extent of their maritime boundary.

A. Fishing potential and activity

104. The Court will begin with the geography and biology in the area of the maritime boundary. Peru described Ilo as its principal port along this part of the coast. It is about 120 km north-west of the land boundary. On the Chilean side, the port city of Arica lies 15 km to the south of the land boundary and Iquique about 200 km further south (see sketch-map No. 1: Geographical context).

105. Peru, in submissions not challenged by Chile, emphasizes that the areas lying off the coasts of Peru and Chile are rich in marine resources, pointing out that the area in dispute is located in the Humboldt Current Large Maritime Ecosystem. That Current, according to Peru, supports an abundance of marine life, with approximately 18 to 20 per cent of the world’s fish catch coming from this ecosystem. The Peruvian representative at the 1958 United Nations Conference on the Law of the Sea (paragraph 106 below) referred to the opinion of a Peruvian expert (writing in a book published in 1947), according to which the “biological limit” of the Current was to be found at a distance of 80 to 100 nautical miles from the shore in the summer, and 200 to 250 nautical miles in the winter.

Peru recalls that it was the “enormous whaling and fishing potential” of the areas situated off their coasts which led the three States to proclaim 200-nautical-mile zones in 1952. Industrial fishing is carried out nowadays at significant levels in southern areas of Peru, notably from the ports of Ilo and Matarani: the former is “one of Peru’s main fishing ports and the most important fishing centre in southern Peru”.

106. Chilean and Peruvian representatives emphasized the richness and value of the fish stocks as preparations were being made for the first United Nations Conference on the Law of the Sea and at that Conference itself. In 1956 the Chilean delegate in the Sixth (Legal) Committee of the United Nations General Assembly, declaring that it was tragic to see large foreign fishing fleets exhausting resources necessary for the livelihood of coastal populations and expressing the hope that the rules established by the three States, including Ecuador, would be endorsed by international law, observed that “[t]he distance of 200 miles was explained by the need to protect all the marine flora and fauna living in the Humboldt current, as all the various species depended on one another for their existence and have constituted a biological unit which had to be preserved”. At the 1958 Conference, the Peruvian representative (who was the Foreign Minister at the time of the 1947 Declaration), in supporting the 200-nautical-mile limit, stated that what the countries had proclaimed was a biological limit:

“Species such as tunny and barrilete were mostly caught 20 to 80 miles from the coast; the same anchovetas of the coastal waters sometimes went 60 or more miles away; and the cachalot and whales were usually to be found more than 100 miles off.”

He then continued:

“The requests formulated by Peru met the conditions necessary for their recognition as legally binding and applicable since first, they were the expression of principles recognized by law; secondly, they had a scientific basis; and thirdly, they responded to national vital necessities.”

107. Chile referred the Court to statistics produced by the Food and Agricultural Organization of the United Nations (FAO) to demonstrate the extent of the fishery activities of Chile and Peru in the early 1950s and later years for the purpose of showing, as Chile saw the matter, the benefits of the 1952 Santiago Declaration to Peru. Those statistics reveal two facts which the Court sees as helpful in identifying the maritime areas with which the Parties were concerned in the period when they acknowledged the existence of their maritime boundary. The first is the relatively limited fishing activity by both Chile and Peru in the early 1950s. In 1950, Chile’s catch at about 90,000 tonnes was slightly larger than Peru’s at 74,000 tonnes. In the early 1950s, the Parties’ catches of anchovy were exceeded by the catch of other species. In 1950, for instance, Peru’s take of anchovy was 500 tonnes, while its catch of tuna and bonito was 44,600 tonnes; Chile caught 600 tonnes of anchovy that year, and 3,300 tonnes of tuna and bonito.

Second, in the years leading up to 1954, the Parties’ respective catches in the Pacific Ocean included large amounts of bonito/barrilete and tuna. While it is true that through the 1950s the take of anchovy, especially by Peru, increased very rapidly, the catch of the other species continued at a high and increasing level. In 1954 the Peruvian catch of tuna and bonito was 65,900, and of anchovy 43,100, while Chile caught 5,200 and 1,300 tonnes of those species, respectively.

The Parties also referred to the hunting of whales by their fleets and by foreign fleets as one of the factors leading to the adoption of the 1947 and 1952 instruments.



The FAO statistics provide some information about the extent of whale catches by the Parties; there is no indication of where those catches occurred.

108. The above information shows that the species which were being taken in the early 1950s were generally to be found within a range of 60 nautical miles from the coast. In that context, the Court takes note of the orientation of the coast in this region, and the location of the most important relevant ports of the Parties at the time. Ilo, situated about 120 km north-west of the seaward terminus of the land boundary, is described by Peru as “one of [its] main fishing ports and the most important fishing centre in Southern Peru”. On the Chilean side, the port of Arica lies just 15 km to the south of the seaward terminus of the land boundary. According to Chile, “[a] significant proportion of the country’s small and medium-sized fishing vessels, of crucial importance to the economy of the region, are registered at Arica”, while the next significant port is at Iquique, 200 km further south.

The purpose of the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement was to establish a zone of tolerance along the parallel for small fishing boats, which were not sufficiently equipped (see paragraphs 88 to 90 and 103). Boats departing from Arica to catch the above-mentioned species, in a west-north-west direction, in the range of 60 nautical miles from the coast, which runs essentially from north to south at this point, would not cross the parallel beyond a point approximately 57 nautical miles from the starting-point of the maritime boundary. The orientation of the coast turns sharply to the north-west in this region (see sketch-maps Nos. 1 and 2), such that, on the Peruvian side, fishing boats departing seaward from Ilo, in a south-west direction, to the range of those same species would cross the parallel of latitude at a point up to approximately 100 nautical miles from the starting-point of the maritime boundary.

109. The Court, in assessing the extent of the lateral maritime boundary which the Parties acknowledged existed in 1954, is aware of the importance that fishing has had for the coastal populations of both Parties. It does not see as of great significance their knowledge of the likely or possible extent of the resources out to 200 nautical miles nor the extent of their fishing in later years. The catch figures indicate that the principal maritime activity in the early 1950s was fishing undertaken by small vessels, such as those specifically mentioned in the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement and which were also to benefit from the 1968-1969 arrangements relating to the lighthouses.

110. A central concern of the three States in the early 1950s was with long-distance foreign fishing, which they wanted to bring to an end. That concern, and the Parties’ growing understanding of the extent of the fish stocks in the Humboldt Current off their coasts, were major factors in the decisions made by Chile and Peru to declare, unilaterally, their 200-nautical-mile zones in 1947, and, with Ecuador, to adopt the 1952 Santiago Declaration and other texts in 1952 and to take the further measures in 1954 and 1955. To repeat, the emphasis in this period, especially in respect of the more distant waters, was, as Chile asserts, on “[t]he exclusion of unauthorized foreign fleets ... to facilitate the development of the fishing industries of [the three States]”.

111. The Court recalls that the all-purpose nature of the maritime boundary (see paragraph 102 above) means that evidence concerning fisheries activity, in itself, cannot be determinative of the extent of that boundary. Nevertheless, the fisheries activity provides some support for the view that the Parties, at the time when they acknowledged the existence of an agreed maritime boundary between them, were unlikely to have considered that it extended all the way to the 200-nautical-mile limit.

B. Contemporaneous developments in the law of the sea

112. The Court now moves from the specific, regional context to the broader context as it existed in the 1950s, at the time of the acknowledgment by the Parties of the existence of the maritime boundary. That context is provided by the State practice and related studies in, and proposals coming from, the International Law Commission and reactions by States or groups of States to those proposals concerning the establishment of maritime zones beyond the territorial sea and the delimitation of those zones. By the 1950s that practice included several unilateral State declarations.

113. Those declarations, all adopted between 1945 and 1956, may be divided into two categories. The first category is limited to claims in respect of the sea-bed and its subsoil, the continental shelf, and their resources. They include declarations made by the United States (28 September1945), Mexico (29 October1945), Argentina (11 October1946), Saudi Arabia (28 May 1949), Philippines (18 June 1949), Pakistan (9 March 1950), Brazil (8 November 1950), Israel (3 August 1952), Australia (11 September 1953), India (30 August 1955), Portugal (21 March 1956) and those made in respect of several territories then under United Kingdom authority: Jamaica (26 November 1948), Bahamas (26 November 1948), British Honduras (9 October 1950), North Borneo (1953), British Guiana (1954), Brunei (1954) and Sarawak (1954), as well as nine Arab States then under the protection of the United Kingdom (Abu Dhabi (10 June1949), Ajman (20 June1949), Bahrain (5 June1949), Dubai (14 June1949), Kuwait (12 June 1949), Qatar (8 June 1949), Ras al Khaimah (17 June 1949), Sharjah (16 June 1949), and Umm al Qaiwain (20 June 1949)). Other declarations, the second category, also claim the waters above the shelf or sea-bed or make claims in respect of the resources of those waters. In addition to the three claims in issue in this case, those claims include those made by the United States of America (28 September 1945), Panama (17 December 1946), Iceland (5 April 1948), Costa Rica (5 November 1949), Honduras (7 March 1950), El Salvador (7 September 1950) and Nicaragua (1 November 1950). The above-mentioned acts are reproduced in the United Nations collection, Laws and Regulations on the High Seas, Vol. I, 1951, Part 1, Chap. 1, and Supplement, 1959, Part 1, Chap. 1, and in the Parties’ Pleadings.

114. Some of the declarations did address the issue of establishing maritime boundaries. The first was the continental shelf declaration of the United States, which provided that, whenever the continental shelf extends to the shores of another State, or is shared with an adjacent State, the boundary shall be determined by the United States and the State concerned in accordance with equitable principles. Those of Mexico and Costa Rica (like that of Chile, see paragraph 37 above) stated that the particular declaration each had made did not mean that that Government sought to disregard the lawful rights of other States, based on reciprocity. The



wording in the Argentinean decree accorded conditional recognition to the right of each nation to the same entitlements as it claimed. Proclamations made by the Arab States then under United Kingdom protection all provided in similar terms that their exclusive jurisdiction and control of the sea-bed and subsoil extended to boundaries to be determined more precisely, as occasion arises, on equitable or, in one case, just principles, after consultation with the neighbouring States.

115. Those declarations were part of the background against which the International Law Commission worked in preparing its 1956 draft articles for the United Nations Conference on the Law of the Sea, held in 1958. On the basis, among other things, of the material summarized above, the report of a committee of experts, and comments by a significant range of States, the Commission proposed that, in the absence of an agreement or special circumstances, an equidistance line be used for delimitation of both the territorial sea and the continental shelf. The Commission in particular rejected, in the absence of an agreement, as a basis for the line the geographical parallel passing through the point at which the land frontier meets the coast. Chile and Ecuador in their observations submitted to the Commission contended that the rights of the coastal State over its continental shelf went beyond just “control” and “jurisdiction”; Chile, in addition, called for “sovereignty” over both the continental shelf and superjacent waters. However, neither State made any comment on the matter of delimitation. Peru made no comment of any kind. This further supports the view that the chief concern of the three States in this period was defending their 200-nautical-mile claims as against third States. The Commission’s proposals were adopted by the 1958 Conference and incorporated, with drafting amendments, in the Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone (Art. 12) and the Convention on the Continental Shelf (Art. 6). The territorial sea was not seen by the International Law Commission, and would not have been seen at that time by most nations, as extending beyond 6 nautical miles and the continental shelf line was for the sea-bed and subsoil, extending to a 200-metre depth or beyond to the limit of exploitability, and not for the resources of the water above the shelf.

116. The Court observes that, during the period under consideration, the proposal in respect of the rights of a State over its waters which came nearest to general international acceptance was for a 6-nautical-mile territorial sea with a further fishing zone of 6 nautical miles and some reservation of established fishing rights. As the Court has noted previously, in this period the concept of an exclusive economic zone of 200 nautical miles was “still some long years away” (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 87, para. 70), while its general acceptance in practice and in the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea was about 30 years into the future. In answering a question from a Member of the Court, both Parties recognized that their claim made in the 1952 Santiago Declaration did not correspond to the international law of that time and was not enforceable against third parties, at least not initially.

117. On the basis of the fishing activities of the Parties at that time, which were conducted up to a distance of some 60 nautical miles from the main ports in the area, the relevant practice of other States and the work of the International Law Commission on the Law of the Sea, the Court considers that the evidence at

its disposal does not allow it to conclude that the agreed maritime boundary along the parallel extended beyond 80 nautical miles from its starting-point.

*

118. In light of this tentative conclusion, the Court now considers further elements of practice, for the most part subsequent to 1954, which may be of relevance to the issue of the extent of the agreed maritime boundary.

C. Legislative practice

119. In examining the legislative practice, the Court first turns to the adoption by Peru in 1955 of a Supreme Resolution on the Maritime Zone of 200 Miles. Its Preamble recites the need to specify, in cartographic and geodesic work, the manner of determining the Peruvian maritime zone of 200 nautical miles referred to in the 1947 Decree and the 1952 Santiago Declaration. Its first article states that the line was to be limited at sea by a line parallel to the Peruvian coast and at a constant distance of 200 nautical miles from it. Article 2 provides:

“In accordance with clause IV [‘el inciso IV’] of the Declaration of Santiago, the said line may not extend beyond that of the corresponding parallel at the point where the frontier of Peru [‘la frontera del Perú’] reaches the sea.”

Peru contends that Article 1 employs an arc of circles method, as, it says, was also the case with its 1952 Petroleum Law. Chile rejects that interpretation of both instruments and submits that both use the tracé parallèle method, supporting the use of the parallel of latitude for the maritime boundary. Chile also places considerable weight on the reference in the Resolution to paragraph IV of the 1952 Santiago Declaration.

120. In this regard, the Court has already concluded that paragraph IV of the 1952 Santiago Declaration does not determine the maritime boundary separating the general maritime zones of Peru and Chile. It need not consider that matter further in the present context. The Court does not see the requirement in Article 1 of the 1955 Supreme Resolution that the line be “at a constant distance of 200 nautical miles from [the coast]” and parallel to it as using the tracé parallèle method in the sense that Chile appears to understand it. Some points on a line drawn on that basis (using the parallel lines of latitude) would in certain areas of Peruvian coastal waters, especially near the land boundary of the two States, be barely 100 nautical miles from the closest point on the coast. That would not be in conformity with the plain words of the 1955 Supreme Resolution. Hence, the Peruvian 1955 Supreme Resolution is of no assistance when it comes to determining the extent of the maritime frontier whose existence the Parties acknowledged in 1954.

121. In respect of Chilean legislation, Peru highlights the absence of references to a lateral maritime boundary in five Chilean texts: a 25 July 1953 Decree which defined the maritime jurisdiction of the Directorate General of Maritime Territory and Merchant Marine; a 26 July 1954 Message from the Chilean Executive to the Congress for the Approval of the 1952 Agreements; a 23 September 1954 Supreme Decree by which Chile approved the 1952 Santiago Declaration; an 11 February 1959 Decree on Permits for Fishing by Foreign Vessels in Chilean Territorial



Waters; and a 4 June 1963 Decree on the Appointment of the Authority which Grants Fishing Permits to Foreign Flag Vessels in Chilean Jurisdictional Waters. In response, Chile contends that the 1952 Santiago Declaration became part of Chilean law upon ratification and so there was no need to reaffirm the existence of the maritime boundary in subsequent legislation.

122. The Court finds that these five Chilean instruments are of no assistance as to the extent of the maritime frontier whose existence the Parties acknowledged in 1954, for the following reasons. The 1953 Decree relates to the territorial sea out to 12 nautical miles. The 1954 Message recalls the 200-nautical-mile claim made by the three States in 1952 but makes no mention of boundaries between those States. The 1954 Supreme Decree simply reproduces the text of the instruments adopted at the Lima Conference without commenting on their effect. The 1959 Decree refers repeatedly to “Chilean territorial waters” without defining the limits — lateral or seaward — of these waters. Finally, the 1963 Decree speaks of the 200-nautical-mile zone established under the 1952 Santiago Declaration but makes no reference to a lateral boundary within that zone.

D. The 1955 Protocol of Accession

123. In 1955 the three States adopted a Protocol of Accession to the 1952 Santiago Declaration. In that Protocol they agree “to open the accession of Latin American States to [the 1952 Santiago Declaration] with regard to its fundamental principles” contained in the paragraphs of the Preamble. The three States then reproduce substantive paragraphs I, II, III and V, but not paragraph IV. On the matter of boundaries they declare that

“the adhesion to the principle stating that the coastal States have the right and duty to protect, conserve and use the resources of the sea along their coasts, shall not be constrained by the assertion of the right of every State to determine the extension and boundaries of its Maritime Zone. Therefore, at the moment of accession, every State shall be able to determine the extension and form of delimitation of its respective zone whether opposite to one part or to the entirety of its coastline, according to the peculiar geographic conditions, the extension of each sea and the geological and biological factors that condition the existence, conservation and development of the maritime fauna and flora in its waters.”

The only other provision of the 1952 Santiago Declaration which was the subject of an express exclusion from the 1955 Protocol was paragraph VI which concerns the possibility of future agreements in application of these principles. This provision was excluded on the basis that it was “determined by the geographic and biological similarity of the coastal maritime zones of the signatory countries” to the Declaration. It is common ground that no State in fact ever took advantage of the 1955 Protocol.

124. Peru sees the affirmation of the power of an acceding State to determine the extension and limits of its zone as confirming that the 1952 Santiago Declaration had not settled the question of the maritime boundaries between the States parties. Chile reads the positions of the two Parties on paragraph IV in the

contrary sense: by that exclusion they indicated their understanding that their maritime boundary was already determined.

125. Given the conclusion that the Court has already reached on paragraph IV, its exclusion from the text of the 1955 Protocol, and the fact that no State has taken advantage of the Protocol, the Court does not see the Protocol as having any real significance. It may however be seen as providing some support to Peru’s position that the use of lateral maritime boundaries depended on the particular circumstances of the States wishing to accede to the 1952 Santiago Declaration. More significantly, the 1955 Protocol may also be seen as an attempt to reinforce solidarity for the reasons given by Peru, Chile and Ecuador in their own national legal measures and in the 1952 Santiago Declaration, and as manifested in their other actions in 1955, in response to the protests of maritime powers (see paragraphs 76 to 77 above).

E. Enforcement activities

126. Much of the enforcement practice relevant to the maritime boundary can be divided between that concerning vessels of third States and that involving Peru and Chile, and by reference to time. In respect of the second distinction the Court recalls that its primary, but not exclusive, interest is with practice in the early 1950s when the Parties acknowledged the existence of their maritime boundary.

127. In respect of vessels of third States, Chile draws on a 1972 report of the CPPS Secretary-General on Infractions in the Maritime Zone between 1951 and 1971. The data, the report says, are incomplete for the first ten years. According to the report, in the course of the 20 years it covers, Peru arrested 53 vessels, Chile five and Ecuador 122, the final figure explained by the fact that the interest of foreign fishing fleets had focused, especially in more recent years, on tuna, the catch of which was greater in Ecuadorean waters. All but six of the 53 vessels arrested in Peruvian waters carried the United States flag; five (in the Onassis fleet) carried the Panamanian; and one the Japanese. In the case of 20 of the 53 arrests, the report records or indicates the place at which the arrests took place and all of those places are far to the north of the parallel of latitude extending from the land boundary between Peru and Chile, and closer to the boundary between Peru and Ecuador. For 36, the distance from the coast is indicated. They include the Onassis fleet which on one account was arrested 126 nautical miles offshore (see paragraph 75 above). Of the other arrests, only one (in 1965) was beyond 60 nautical miles of the coast of Peru and only two others (in 1965 and 1968) were beyond 35 nautical miles; all three of these arrests occurred more than 500 nautical miles to the north of that latitudinal parallel.

128. Until the mid-1980s, all the practice involving incidents between the two Parties was within about 60 nautical miles of the coasts and usually much closer. In 1954 and 1961, Chile proposed that fishing vessels of the Parties be permitted to fish in certain areas of the maritime zone of the other State, up to 50 nautical miles north/south of the parallel, but the exchanges between the Parties do not indicate how far seaward such arrangements would have operated; in any event Chile’s proposals were not accepted by Peru. In December 1962, Peru complained about “the frequency with which Chilean fishing vessels have trespassed into Peruvian waters, at times up to 300 metres from the beach”. In March 1966, the Peruvian



patrol ship Diez Canseco was reported to have intercepted two Chilean fishing vessels and fired warning shots at them, but the entire incident took place within 2 nautical miles of the coast. Two incidents in September 1967 — the sighting by Peru of several Chilean trawlers “north of the jurisdictional boundary” and the sighting by Chile of a Peruvian patrol boat “south of the Chile-Peru boundary parallel” — both occurred within 10 nautical miles of Point Concordia. Following a third incident that month, Peru complained about a Chilean fishing net found 2 nautical miles west of Point Concordia. In respect of these incidents, the Court recalls that the zone of tolerance established under the 1954 Agreement starts at a distance of 12 nautical miles from the coast along the parallel of latitude.

129. The practice just reviewed does not provide any basis for putting into question the tentative conclusion that the Court expressed earlier. That conclusion was based on the fishing activity of the Parties and contemporaneous developments in the law of the sea in the early and mid-1950s.

F. The 1968-1969 lighthouse arrangements

130. The Court recalls its discussion of the 1968-1969 lighthouse arrangements (see paragraphs 96 to 99 above). The record before the Court indicates that the lights would have been visible from a maximum distance of approximately 15 nautical miles; as Chile acknowledges, the Parties were particularly concerned with visibility within the first 12 nautical miles from the coast, up to the point where the zone of tolerance under the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement commenced, and where many of the incursions were reported. There are indications in the case file that the towers had radar reflectors but there is no information at all of their effective range or their use in practice. The Court does not see these arrangements as having any significance for the issue of the extent of the maritime boundary.

G. Negotiations with Bolivia (1975-1976)

131. In 1975-1976, Chile entered into negotiations with Bolivia regarding a proposed exchange of territory that would provide Bolivia with a “corridor to the sea” and an adjacent maritime zone. The record before the Court comprises the Chilean proposal to Bolivia of December 1975, Peru’s reply of January 1976, Chile’s record (but not Peru’s) of discussions between the Parties in July 1976 and Peru’s counter-proposal of November 1976. Chile’s proposal of December 1975 stated that the cession would include, in addition to a strip of land between Arica and the Chile-Peru land boundary, “the maritime territory between the parallels of the extreme points of the coast that will be ceded (territorial sea, economic zone and continental shelf)”. This proposal was conditional, among other things, on Bolivia ceding to Chile an area of territory as compensation. The record before the Court does not include the Bolivian-Chilean exchanges of December 1975. As required under Article 1 of the Supplementary Protocol to the 1929 Treaty of Lima, Peru was formally consulted on these negotiations. In January 1976, Peru acknowledged receipt of documents from Chile regarding the proposed cession. Peru’s response was cautious, noting a number of “substantial elements” arising, including the consequences of “the fundamental alteration of the legal status, the territorial distribution, and the socio-economic structure of an entire region”. According to Chile’s record of discussions between the Parties, in July 1976 Chile informed Peru

that it would seek assurances from Bolivia that the latter would comply with the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, while Peru confirmed that it had not identified in Chile’s proposal any “major problems with respect to the sea”. On 18 November 1976, Peru made a counter-proposal to Chile which contemplated a different territorial régime: cession by Chile to Bolivia of a sovereign corridor to the north of Arica; an area of shared Chilean-Peruvian-Bolivian sovereignty over territory between that corridor and the sea; and exclusive Bolivian sovereignty over the sea adjacent to the shared territory.

132. According to Chile, its negotiations with Bolivia proceeded on the explicit basis that the existing maritime boundary, following the latitudinal parallel, would delimit the envisaged maritime zone of Bolivia vis-à-vis Peru. Chile submits that Peru was specifically consulted on this matter, and expressed no objection or reservation, but rather “acknowledged the existence and course of the Chile-Peru maritime boundary” at one of the sessions between the Parties in 1976. For its part, Peru stresses that neither its Note of January 1976 nor its alternative proposal of November 1976 mentioned a parallel of latitude or suggested any method of maritime delimitation for Bolivia’s prospective maritime zone. Peru further contends that Chile’s records of the 1976 discussions are unreliable and incomplete, and that its own position at the time was clearly that the territorial divisions in the area were still to be negotiated.

133. The Court does not find these negotiations significant for the issue of the extent of the maritime boundary between the Parties. While Chile’s proposal referred to the territorial sea, economic zone and continental shelf, Peru did not accept this proposal. Peru’s January 1976 acknowledgment did not mention any existing maritime boundary between the Parties, while its counter-proposal from November of that year did not indicate the extent or nature of the maritime area proposed to be accorded to Bolivia.

H. Positions of the Parties at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea

134. The Parties also directed the Court to certain statements made by their representatives during the Third United Nations Conference on the Law of the Sea. First, both referred to a joint declaration on 28 April 1982 made by Chile, Ecuador and Peru, together with Colombia, which had joined the CPPS in 1979, wherein those States pointed out that:

“the universal recognition of the rights of sovereignty and jurisdiction of the coastal State within the 200-mile limit provided for in the draft Convention is a fundamental achievement of the countries members of the Permanent Commission of the South Pacific, in accordance with its basic objectives stated in the Santiago Declaration of 1952”.

The Court notes that this statement did not mention delimitation, nor refer to any existing maritime boundaries between those States.

135. A second matter raised by the Parties is Peru’s involvement in the negotiations relating to maritime delimitation of States with adjacent or opposite coasts. The Peruvian position on that matter was expressed at various points



during the negotiations; on 27 August 1980, the Head of the Peruvian Delegation stated it as follows:

“Where a specific agreement on the delimitation of the territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf between States with opposite or adjacent coasts did not exist or where there were no special circumstances or historic rights recognized by the Parties, the median line should as a general rule be used ... since it was the most likely method of achieving an equitable solution.”

Peru contends that its “active participation” in the negotiations on this matter illustrates that it had yet to resolve its own delimitation issues. Given the conclusions reached above, however, the Court need not consider that matter. The statements by Peruvian representatives at the Third United Nations Conference on the Law of the Sea relate to prospective maritime boundary agreements between States (and provisional arrangements to be made pending such agreements); they do not shed light on the extent of the existing maritime boundary between Peru and Chile.

I. The 1986 Bákula Memorandum

136. It is convenient to consider at this point a memorandum sent by Peruvian Ambassador Bákula to the Chilean Ministry of Foreign Affairs on 23 May 1986, following his audience with the Chilean Foreign Minister earlier that day (“the Bákula Memorandum”). Peru contends that in that Memorandum it “invites Chile to agree an international maritime boundary”. Chile, to the contrary, submits that the Bákula Memorandum was an attempt to renegotiate the existing maritime boundary.

137. According to the Memorandum, Ambassador Bákula had handed the Chilean Minister a personal message from his Peruvian counterpart. The strengthening of the ties of friendship between the two countries

“must be complemented by the timely and direct solution of problems which are the result of new circumstances, with a view to enhancing the climate of reciprocal confidence which underlies every constructive policy.

One of the cases that merits immediate attention is the formal and definitive delimitation of the marine spaces, which complement the geogra-phical vicinity of Peru and Chile and have served as scenario of a long and fruitful joint action.”

At that time, the Memorandum continued, the special zone established by the 1954 Agreement

“is not adequate to satisfy the requirements of safety nor for the better attention to the administration of marine resources, with the aggravating circumstance that an extensive interpretation could generate a notorious situation of inequity and risk, to the detriment of the legitimate interests of Peru, that would come forth as seriously damaged”.

It referred to the various zones recognized in UNCLOS and said this:

“The current ‘200-mile maritime zone’ — as defined at the Meeting of the Permanent Commission for the South Pacific in 1954 — is, without doubt, a space which is different from any of the abovementioned ones in respect of which domestic legislation is practically non-existent as regards international delimitation. The one exception might be, in the case of Peru, the Petroleum Law (No. 11780 of 12 March 1952), which established as an external limit for the exercise of the competences of the State over the continental shelf ‘an imaginary line drawn seaward at a constant distance of 200 miles’. This law is in force and it should be noted that it was issued five months prior to the Declaration of Santiago.

There is no need to underline the convenience of preventing the difficulties which would arise in the absence of an express and appropriate maritime demarcation, or as the result of some deficiency therein which could affect the amicable conduct of relations between Chile and Peru.”

138. On 13 June 1986, in an official communiqué, the Chilean Foreign Ministry said that:

“Ambassador Bákula expressed the interest of the Peruvian Government to start future conversations between the two countries on their points of view regarding maritime delimitation.

The Minister of Foreign Affairs, taking into consideration the good relations existing between both countries, took note of the above stating that studies on this matter shall be carried out in due time.”

139. Peru contends that the Bákula Memorandum is perfectly clear. In it Peru spelled out the need for “the formal and definitive delimitation” of their maritime spaces, distinguishing it from the ad hoc arrangements for specific purposes, such as the 1954 fisheries policing tolerance zone. It called for negotiations, not “renegotiations”. And, Peru continues, Chile did not respond by saying that there was no need for such a delimitation because there was already such a boundary in existence. Rather “studies ... are to be carried out”. Peru, based on the Memorandum and this response, also contends that the practice after that date which Chile invokes cannot be significant.

140. Chile, in addition to submitting that the Bákula Memorandum called for a renegotiation of an existing boundary, said that it did that on the (wrong) assumption that the maritime zones newly recognized in UNCLOS called for the existing delimitation to be revisited. As well, Peru did not renew its request to negotiate. Chile submits that the fact that Peru was seeking a renegotiation was reflected in contemporaneous comments by the Peruvian Foreign Minister, reported in the Chilean and Peruvian press.

*

141. The Court does not read the Bákula Memorandum as a request for a renegotiation of an existing maritime boundary. Rather, it calls for “the formal



and definitive delimitation of the marine spaces”. While Peru does recognize the existence of the special zone, in its view that zone did not satisfy the requirements of safety nor did it allow an appropriate administration of marine resources; further, an extensive interpretation of the Special Maritime Frontier Zone Agreement would negatively affect Peru’s legitimate interests. In the Court’s view, the terms used in that Memorandum do acknowledge that there is a maritime boundary, without giving precise information about its extent. The Court does not see the newspaper accounts as helpful. They do not purport to report the speech of the Peruvian Minister in full.

142. There is force in the Chilean contention about Peru’s failure to follow up on the issues raised in the Bákula Memorandum in a timely manner: according to the record before the Court, Peru did not take the matter up with Chile at the diplomatic level again until 20 October 2000, before repeating its position in a Note to the United Nations Secretary-General in January 2001 and to Chile again in July 2004. However, the Court considers that the visit by Ambassador Bákula and his Memorandum do reduce in a major way the significance of the practice of the Parties after that date. The Court recalls as well that its primary concern is with the practice of an earlier time, that of the 1950s, as indicating the extent of the maritime boundary at the time the Parties acknowledged that it existed.

J. Practice after 1986

143. The Court has already considered the Parties’ legislative practice from the 1950s and 1960s (see paragraphs 119 to 122 above). Chile also relies on two pieces of legislation from 1987: a Peruvian Supreme Decree adopted on 11 June 1987 and a Chilean Supreme Decree adopted on 26 October of that year. Chile sees these instruments as evidence that, in defining the areas of sovereign control by their navies, the Parties respected the maritime boundary.

144. The Court notes that these Decrees define the limits of the Parties’ internal maritime districts. However, as Peru points out in respect of its own Decree, while these instruments define the northern and southern limits of districts with some specificity (by reference to parallels of latitude), that is not the case for those limits abutting international boundaries between Ecuador and Peru, Peru and Chile, or Chile and Argentina. These Decrees define the internal limits of the jurisdiction of certain domestic authorities within Chile and within Peru; they do not purport to define the international limits of either State. In view also of the temporal considerations mentioned above, the Court does not see these Decrees as significant.

145. Peru in addition referred the Court to a Chilean Decree of 1998 defining benthonic areas of the Chilean coast; the northern limit ran to the south-west. But, as Chile says, the Decree was concerned only with the harvesting of living resources on and under the sea-bed within its “territorial seas”. The Court does not see this Decree as significant for present purposes.

146. The Court returns to evidence of enforcement measures between the Parties. The next capture recorded in the case file after May 1986 is from 1989: the Peruvian interception and capture of two Chilean fishing vessels within Peruvian waters, 9.5 nautical miles from land and 1.5 nautical miles north of the parallel.

147. Chile also provided information, plotted on a chart, of Peruvian vessels captured in 1984 and from 1994 in the waters which, in Chile’s view, are on its side of the maritime boundary. The information relating to 1984 records 14 vessels but all were captured within 20 nautical miles of the coast; in 1994 and 1995, 15, all within 40 nautical miles; and it is only starting in 1996 that arrests frequently occurred beyond 60 nautical miles. Those incidents all occurred long after the 1950s and even after 1986. The Court notes, however, that Chile’s arrests of Peruvian vessels south of the parallel, whether they took place within the special zone or further south, provide some support to Chile’s position, although only to the extent that such arrests were met without protest by Peru. This is the case even with respect to arrests taking place after 1986.

148. Given its date, the Court does not consider as significant a sketch-map said to be part of the Chilean Navy’s Rules of Engagement in the early 1990s and which depicts a Special Maritime Frontier Zone stretching out to the 200-nautical-mile limit, or information provided by Chile in respect of reports to the Peruvian authorities by foreign commercial vessels between 2005 and 2010 and to the Chilean authorities by Peruvian fishing vessels across the parallel.

K. The extent of the agreed maritime boundary: conclusion

149. The tentative conclusion that the Court reached above was that the evidence at its disposal does not allow it to conclude that the maritime boundary, the existence of which the Parties acknowledged at that time, extended beyond 80 nautical miles along the parallel from its starting-point. The later practice which it has reviewed does not lead the Court to change that position. The Court has also had regard to the consideration that the acknowledgment, without more, in 1954 that a “maritime boundary” exists is too weak a basis for holding that it extended far beyond the Parties’ extractive and enforcement capacity at that time.

150. Broader considerations relating to the positions of the three States parties to the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement, particularly the two Parties in this case, in the early 1950s demonstrates that the primary concern of the States parties regarding the more distant waters, demonstrated in 1947, in 1952, in 1954 (in their enforcement activities at sea as well as in their own negotiations), in 1955 and throughout the United Nations process which led to the 1958 Conventions on the Law of the Sea, was with presenting a position of solidarity, in particular, in respect of the major third countries involved in long distance fisheries. The States parties were concerned, as they greatly increased their fishing capacity, that the stock was not depleted by those foreign fleets.

The seizure of the Onassis whaling fleet, undertaken by Peru in defence of the claims made by the three signatories to the 1952 Santiago Declaration (see paragraph 75 above), was indicative of these concerns. This action occurred 126 nautical miles off of the Peruvian coast. Prior to its seizure, the fleet unsuccessfully sought permission from Peru that it be allowed to hunt between 15 and 100 nautical miles from the Peruvian coast.

151. The material before the Court concerning the Parties’ focus on solidarity in respect of long distance fisheries does not provide it with precise information as to the exact extent of the maritime boundary which existed between the Parties.



This issue could be expected to have been resolved by the Parties in the context of their tacit agreement and reflected in the treaty which acknowledges that tacit agreement, namely the 1954 Special Maritime Frontier Zone Agreement. This did not happen. This left some uncertainty as to the precise length of the agreed maritime boundary. However, based on an assessment of the entirety of the relevant evidence presented to it, the Court concludes that the agreed maritime boundary between the Parties extended to a distance of 80 nautical miles along the parallel from its starting-point.

V. THE STARTING-POINT OF THE AGREED MARITIME BOUNDARY

152. Having concluded that there exists a maritime boundary between the Parties, the Court must now identify the location of the starting-point of that boundary.

153. Both Parties agree that the land boundary between them was settled and delimited more than 80 years ago in accordance with Article 2 of the 1929 Treaty of Lima (see paragraph 18) which specifies that “the frontier between the territories of Chile and Peru ... shall start from a point on the coast to be named ‘Concordia’, ten kilometres to the north of the bridge over the river Lluta”. Article 3 of the 1929 Treaty of Lima stipulates that the frontier is subject to demarcation by a Mixed Commission consisting of one member appointed by each Party.

154. According to Peru, the delegates of the Parties to the Mixed Commission could not agree on the exact location of Point Concordia. Peru recalls that this was resolved through instructions issued by the Ministers of Foreign Affairs of each State to their delegates in April 1930 (hereinafter the “Joint Instructions”), specifying to the delegates that Point Concordia was to be the point of intersection between the Pacific Ocean and an arc with a radius of 10 km having its centre on the bridge over the River Lluta, with the land frontier thus approaching the sea as an arc tending southward. Peru notes that the Joint Instructions also provided that “[a] boundary marker shall be placed at any point of the arc, as close to the sea as allows preventing it from being destroyed by the ocean waters”.

155. Peru recalls that the Final Act of the Commission of Limits Containing the Description of Placed Boundary Markers dated 21 July 1930 (hereinafter the “Final Act”), agreed by the Parties, records that “[t]he demarcated boundary line starts from the Pacific Ocean at a point on the seashore ten kilometres northwest from the first bridge over the River Lluta of the Arica-La Paz railway” (emphasis added). Peru argues that the Final Act then indicates that the first marker along the physical demarcation of the land boundary is Boundary Marker No. 1 (Hito No. 1), located some distance from the low-water line so as to prevent its destruction by ocean waters at 18° 21' 03'' S, 70° 22' 56'' W. Peru thus considers that the Final Act distinguishes between a “point” as an abstract concept representing the geographical location of the starting-point of the land boundary (i.e., Point Concordia) and “markers” which are actual physical structures along the land boundary. In Peru’s view, as the Final Act refers to both the point derived from Article 2 of the 1929 Treaty of Lima and Boundary Marker No. 1, these two locations must be distinct. Thus, relying on both the Joint Instructions and the Final Act, Peru maintains that Boundary Marker No. 1 was not intended to

mark the start of the agreed land boundary but was simply intended to mark, in a practical way, a point on the arc constituting such boundary. Peru moreover refers to contemporaneous sketch-maps which are said to clearly demonstrate that the land boundary does not start at Boundary Marker No. 1. Peru further contends that the reference in the Final Act to Boundary Marker No. 1 as being located on the “seashore” is a mere general description, with this being consistent with the general manner in which other boundary markers are described in the same document. Finally, Peru clarifies that the Final Act agrees to give Boundary Marker No. 9, located near the railway line, the name of “Concordia” for symbolic reasons, an explanation with which Chile agrees.

156. In Chile’s view, the outcome of the 1929 Treaty of Lima and 1930 demarcation process was that the Parties agreed that Boundary Marker No. 1 was placed on the seashore with astronomical co-ordinates 18° 21' 03'' S, 70° 22' 56'' W and that the land boundary started from this Marker. Chile characterizes the Joint Instructions as indicating that there would be a starting-point on the coast of the land boundary, instructing the delegates to ensure the placement of a marker to indicate such starting-point. Chile relies on an Act of Plenipotentiaries dated 5 August 1930 signed by the Ambassador of Chile to Peru and the Minister of Foreign Affairs of Peru, claiming that it records the “definitive location and characteristics” of each boundary marker and acknowledges that the boundary markers, beginning in order from the Pacific Ocean, demarcate the Peruvian-Chilean land boundary.

157. Peru considers that Chile’s claim that Boundary Marker No. 1 is the starting-point of the land boundary faces two insurmountable problems. For Peru, the first such problem is that it means that an area of the land boundary of approximately 200 metres in length has not been delimited, which is not the intention of the 1929 Treaty of Lima and the Final Act. The second problem, according to Peru, is that a maritime boundary cannot start on dry land some 200 metres inland from the coast, referring to what it claims to be a “cardinal principle” of maritime entitlement that the “land dominates the sea”. Alternatively, Peru notes that Chile’s interpretation requires that the maritime boundary starts where the parallel passing through Boundary Marker No. 1 reaches the sea, with this being inconsistent with the 1929 Treaty of Lima and the Joint Instructions which clearly refer to the land boundary as following an arc southward from Boundary Marker No. 1. Peru argues that, at least until the 1990s, Chile’s own cartographic and other practice clearly acknowledges the starting-point of the land boundary as being Point Concordia, a point recognized as distinct from Boundary Marker No. 1.

158. Chile argues that the lighthouse arrangements of 1968-1969 are also relevant in that they involved a joint verification of the exact physical location of Boundary Marker No. 1. According to Chile, the 1952 Santiago Declaration did not identify the parallel running through the point where the land frontier reaches the sea. The observance and identification of such parallel by mariners gave rise to practical difficulties between the Parties, as a result of which they agreed to signal such parallel with two lighthouses aligned through Boundary Marker No. 1. Chile refers to a document dated 26 April 1968, signed by both Parties, which it claims represents an agreement that it is the parallel of the maritime frontier which would be marked by the lighthouses. Thus, Chile claims that “[t]he 1968-1969 arrangements and the signalling process as a whole confirmed Hito No. 1 as the reference point for the parallel of latitude constituting the maritime boundary



between the Parties”, further contending that the Parties have also used the parallel passing through this point as the maritime boundary for the capture and prosecution of foreign vessels. Chile further argues that there is corresponding Peruvian practice between 1982 and 2001 treating the parallel running through Boundary Marker No. 1 as the southernmost point of Peruvian territory.

159. Peru recalls that when it proposed to Chile, in 1968, to conclude the lighthouse arrangements, it suggested that it could be “convenient, for both countries, to proceed to build posts or signs of considerable dimensions and visible at a great distance, at the point at which the common border reaches the sea, near boundary marker number one”, with Peru submitting that the language of “near Boundary Marker No. 1” clearly indicates that this point was distinct from the seaward terminus of the land boundary at Point Concordia. Peru then continues to explain that the placement of the Peruvian lighthouse at Boundary Marker No. 1 was motivated by practical purposes, arguing that as the purpose of the arrangement was to provide general orientation to artisanal fishermen operating near the coast, not to delimit a maritime boundary, aligning the lights along Boundary Marker No. 1 proved sufficient.

160. The Peruvian Maritime Domain Baselines Law, Law No.28621 dated 3 November 2005, identifies the co-ordinates of Point Concordia as 18° 21' 08'' S, 70° 22' 39'' W, as measured on the WGS 84 datum. The Law sets out 266 geographical co-ordinates used to measure Peru’s baselines, culminating in so-called “Point 266”, which Peru claims coincides with Point Concordia.

161. Peru contends that Chile has sought, in recent years, to unsettle what it claims to be the Parties’ previous agreement that the starting-point of the land boundary is Point Concordia, referring in this regard to an incident in early 2001 in which Chile is alleged to have placed a surveillance booth between Boundary Marker No. 1 and the seashore, an action which elicited an immediate protest from Peru, with this booth being subsequently removed. Chile claims that its decision to remove this booth was motivated by the proposals of the armies of both Parties that no surveillance patrols occur within 100 metres of the international land boundary, with Chile claiming that it duly reserved its position regarding the course of the land boundary. Peru refers also in this regard to Chilean attempts to pass internal legislation in 2006-2007 referring to the starting-point of the land boundary as the intersection with the seashore of the parallel passing through Boundary Marker No. 1, rather than Point Concordia. Chile considers that its failure to pass the relevant legislation in its originally proposed form was not connected to the substance of the aforementioned reference.

*

162. The Court notes that on 20 October 2000, Peru communicated to Chile that the Parties disagreed concerning the status of the parallel passing through Boundary Marker No. 1 as a maritime boundary. On 9 January 2001, Peru informed the Secretary-General of the United Nations that it did not agree with Chile’s understanding that a parallel constituted the maritime boundary between them at 18° 21' 00'' S. On 19 July 2004, Peru described the situation as being one in which exchanges between the Parties had revealed “totally dissenting and opposed juridical positions about the maritime delimitation which, in accordance

with International Law, evidence a juridical dispute”. In such circumstances, the Court will not consider the arguments of the Parties concerning an incident involving a surveillance booth in 2001, the Peruvian Maritime Domain Baselines Law dated 3 November 2005 or the Chilean legislative initiatives in 2006-2007, as such events occurred after it had become evident that a dispute concerning this issue had arisen and thus these actions could be perceived as motivated by the Parties’ positions in relation thereto.

163. The Court observes that a considerable number of the arguments presented by the Parties concern an issue which is clearly not before it, namely, the location of the starting-point of the land boundary identified as “Concordia” in Article 2 of the 1929 Treaty of Lima. The Court’s task is to ascertain whether the Parties have agreed to any starting-point of their maritime boundary. The jurisdiction of the Court to deal with the issue of the maritime boundary is not contested.

164. The Court notes that during the early preparations for the lighthouse arrangements in April 1968 (discussed at paragraph 96 above) delegates of both Parties understood that they were preparing for the materialization of the parallel running through Boundary Marker No. 1, which the delegates understood to be the maritime frontier, and that the delegates communicated such understanding to their respective Governments.

165. The Governments of both Parties then confirmed this understanding. The Note of 5 August 1968 from the Secretary-General of Foreign Affairs of Peru to the chargé d’affaires of Chile states:

“I am pleased to inform Your Honour that the Government of Peru approves in their entirety the terms of the document signed on the Peruvian-Chilean border on 26 April 1968 by the representatives of both countries in relation to the installation of leading marks to materialise the parallel of the maritime frontier.

As soon as Your Honour informs me that the Government of Chile is in agreement, we will be pleased to enter into the necessary discussions in order to determine the date on which the Joint Commission may meet in order to verify the position of Boundary Marker No. 1 and indicate the definitive location of the towers or leading marks ...”

The Court notes Peru’s approval of the entirety of the document dated 26 April 1968.

166. The Chilean response of 29 August 1968 from the Embassy of Chile to the Ministry of Foreign Affairs of Peru is in the following terms:

“The Embassy of Chile presents its compliments to the Honourable Ministry of Foreign Affairs and has the honour to refer to the Meeting of the Joint Chilean-Peruvian Commission held on 25 and 26 April 1968 in relation to the study of the installation of the leading marks visible from the sea to materialise the parallel of the maritime frontier originating at Boundary Marker No. 1.



On this point, the Embassy of Chile is pleased to accept on behalf of the Government of Chile the proposals which the technical representatives of both countries included in the Act which they signed on 28 [sic] April 1968 with a view to taking the measures for the abovementioned signalling in order to act as a warning to fishing vessels that normally navigate in the maritime frontier zone.

Given that the parallel which it is intended to materialise is the one which corresponds to the geographical situation indicated by Boundary Marker No. 1 as referred to in the Act signed in Lima on 1 August 1930, the Chilean Government agrees that an ad hoc Joint Commission should be constituted as soon as possible for the purpose of verifying the position of this pyramid and that, in addition, the said Commission should determine the position of the sites where the leading marks are to be installed.”

167. The Act of the Chile-Peru Mixed Commission in Charge of Verifying the Location of Boundary Marker No. 1 and Signalling the Maritime Boundary of 22 August 1969 (hereinafter the “1969 Act”), signed by the delegates of both Parties, introduces its task using the following language:

“The undersigned Representatives of Chile and of Peru, appointed by their respective Governments for the purposes of verifying the original geographical position of the concrete-made Boundary Marker number one (No. 1) of the common frontier and for determining the points of location of the Alignment Marks that both countries have agreed to install in order to signal the maritime boundary and physically to give effect to the parallel that passes through the aforementioned Boundary Marker number one ...” (Emphasis added.)

168. The 1969 Act recommends the rebuilding of the damaged Boundary Marker No. 1 on its original location, which remained visible. The 1969 Act also includes a section entitled Joint Report signed by the Heads of each Party’s Delegation, describing their task as follows:

“The undersigned Heads of Delegations of Chile and of Peru submit to their respective Governments the present Report on the state of repair of the boundary markers in the section of the Chile-Peru frontier which they have had the opportunity to inspect on the occasion of the works which they have been instructed to conduct in order to verify the location of Boundary Marker number one and to signal the maritime boundary.”

169. The Court observes that both Parties thus clearly refer to their understanding that the task which they are jointly undertaking involves the materialization of the parallel of the existing maritime frontier, with such parallel understood to run through Boundary Marker No. 1.

170. In order to determine the starting-point of the maritime boundary, the Court has considered certain cartographic evidence presented by the Parties. The Court observes that Peru presents a number of official maps of Arica, dated 1965 and 1966, and of Chile, dated 1955, 1961 and 1963, published by the Instituto Geográfico Militar de Chile, as well as an excerpt from Chilean Nautical Chart 101 of 1989. However, these materials largely focus on the location of the point “Concordia” on the coast and do not purport to depict any maritime boundary.

171. The Court similarly notes that a number of instances of Peruvian practice subsequent to 1968 relied upon by Chile are not relevant as they address the issue of the location of the Peru-Chile land boundary.

172. The only Chilean map referred to by Peru which appears to depict the maritime boundary along a parallel passing through Boundary Marker No. 1 is an excerpt from Chilean Nautical Chart 1111 of 1998. This map, however, confirms the agreement between the Parties of 1968-1969. The Court considers that it is unable to draw any inference from the 30-year delay in such cartographic depiction by Chile.

173. The evidence presented in relation to fishing and other maritime practice in the region does not contain sufficient detail to be useful in the present circumstances where the starting-points of the maritime boundary claimed by each of the Parties are separated by a mere 8 seconds of latitude, nor is this evidence legally significant.

174. The Court considers that the maritime boundary which the Parties intended to signal with the lighthouse arrangements was constituted by the parallel passing through Boundary Marker No. 1. Both Parties subsequently implemented the recommendations of the 1969 Act by building the lighthouses as agreed, thus signalling the parallel passing through Boundary Marker No. 1. The 1968-1969lighthouse arrangements therefore serve as compelling evidence that the agreed maritime boundary follows the parallel that passes through Boundary Marker No. 1.

175. The Court is not called upon to take a position as to the location of Point Concordia, where the land frontier between the Parties starts. It notes that it could be possible for the aforementioned point not to coincide with the starting-point of the maritime boundary, as it was just defined. The Court observes, however, that such a situation would be the consequence of the agreements reached between the Parties.

176. The Court thus concludes that the starting-point of the maritime boundary between the Parties is the intersection of the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 with the low-water line.

VI. THE COURSE OF THE MARITIME BOUNDARY FROM POINT A

177. Having concluded that an agreed single maritime boundary exists between the Parties, and that that boundary starts at the intersection of the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 with the low-water line, and continues for 80 nautical miles along that parallel, the Court will now determine the course of the maritime boundary from that point on.

178. While Chile has signed and ratified UNCLOS, Peru is not a party to this instrument. Both Parties claim 200-nautical-mile maritime entitlements. Neither Party claims an extended continental shelf in the area with which this case is concerned. Chile’s claim consists of a 12-nautical-mile territorial sea and an exclusive economic zone and continental shelf extending to 200 nautical miles



from the coast. Peru claims a 200-nautical-mile “maritime domain”. Peru’s Agent formally declared on behalf of his Government that “[t]he term ‘maritime domain’ used in [Peru’s] Constitution is applied in a manner consistent with the maritime zones set out in the 1982 Convention”. The Court takes note of this declaration which expresses a formal undertaking by Peru.

179. The Court proceeds on the basis of the provisions of Articles 74, paragraph 1, and 83, paragraph 1, of UNCLOS which, as the Court has recognized, reflect customary international law (Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain (Qatar v. Bahrain), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 2001, p. 91, para. 167; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), p. 674, para. 139). The texts of these provisions are identical, the only difference being that Article 74 refers to the exclusive economic zone and Article 83 to the continental shelf. They read as follows:

“The delimitation of the exclusive economic zone [continental shelf] between States with opposite or adjacent coasts shall be effected by agreement on the basis of international law, as referred to in Article 38 of the Statute of the International Court of Justice, in order to achieve an equitable solution.”

180. The methodology which the Court usually employs in seeking an equitable solution involves three stages. In the first, it constructs a provisional equidistance line unless there are compelling reasons preventing that. At the second stage, it considers whether there are relevant circumstances which may call for an adjustment of that line to achieve an equitable result. At the third stage, the Court conducts a disproportionality test in which it assesses whether the effect of the line, as adjusted, is such that the Parties’ respective shares of the relevant area are markedly disproportionate to the lengths of their relevant coasts (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, pp. 101-103, paras. 115-122; Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Judgment, I.C.J. Reports 2012 (II), pp. 695-696, paras. 190-193).

181. In the present case, Peru proposed that the three-step approach be followed in the delimitation of the maritime boundary between the two States. Peru makes the three following points. First, the relevant coasts and the relevant area within which the delimitation is to be effected are circumscribed by the coasts of each Party lying within 200 nautical miles of the starting-point of their land boundary. The construction of a provisional equidistance line within that area is a straightforward exercise. Secondly, there are no special circumstances calling for an adjustment of the provisional equidistance line and it therefore represents an equitable maritime delimitation: the resulting line effects an equal division of the Parties’ overlapping maritime entitlements and does not result in any undue encroachment on the projections of their respective coasts or any cut-off effect. Thirdly, the application of the element of proportionality as an ex post facto test confirms the equitable nature of the equidistance line.

182. Chile advanced no arguments on this matter. Its position throughout the proceedings was that the Parties had already delimited the whole maritime area in dispute, by agreement, in 1952, and that, accordingly, no maritime delimitation should be performed by the Court.

183. In the present case, the delimitation of the maritime area must begin at the endpoint of the agreed maritime boundary which the Court has determined is 80 nautical miles long (Point A). In practice, a number of delimitations begin not at the low-water line but at a point further seaward, as a result of a pre-existing agreement between the parties (Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/United States of America), Judgment, I.C.J. Reports 1984, pp. 332-333, para. 212; Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroonv. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, pp. 431-432, paras. 268-269; Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 130, para. 218). The situation the Court faces is, however, unusual in that the starting-point for the delimitation in this case is much further from the coast: 80 nautical miles from the closest point on the Chilean coast and about 45 nautical miles from the closest point on the Peruvian coast.

184. The usual methodology applied by the Court has the aim of achieving an equitable solution. In terms of that methodology, the Court now proceeds to the construction of a provisional equidistance line which starts at the endpoint of the existing maritime boundary (Point A).

185. In order to construct such a line, the Court first selects appropriate base points. In view of the location of Point A at a distance of 80 nautical miles from the coast along the parallel, the nearest initial base point on the Chilean coast will be situated near the starting-point of the maritime boundary between Chile and Peru, and on the Peruvian coast at a point where the arc of a circle with an 80-nautical-mile radius from Point A intersects with the Peruvian coast. For the purpose of constructing a provisional equidistance line, only those points on the Peruvian coast which are more than 80 nautical miles from Point A can be matched with points at an equivalent distance on the Chilean coast. The arc of a circle indicated on sketch-map No. 3 is used to identify the first Peruvian base point. Further base points for the construction of the provisional equidistance line have been selected as the most seaward coastal points “situated nearest to the area to be delimited” (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 101, para. 117). These base points are situated to the north-west of the initial base point on the Peruvian coast and south of the initial base point on the Chilean coast. No points on the Peruvian coast which lie to the south-east of that initial point on that coast can be matched with points on the Chilean coast, as they are all situated less than 80 nautical miles from Point A (see sketch-map No. 3: Construction of the provisional equidistance line).

186. The provisional equidistance line thus constructed runs in a general south-west direction, almost in a straight line, reflecting the smooth character of the two coasts, until it reaches the 200-nautical-mile limit measured from the Chilean baselines (Point B). Seaward of this point the 200-nautical-mile projections of the Parties’ coasts no longer overlap.

187. Before continuing the application of the usual methodology, the Court recalls that, in its second submission, Peru requested the Court to adjudge and declare that, beyond the point where the common maritime boundary ends, Peru is entitled to exercise sovereign rights over a maritime area lying out to a distance of 200 nautical miles from its baselines (see paragraphs 14 to 15 above). This claim is



in relation to the area in a darker shade of blue in sketch-map No. 2 (see paragraph 22 above).

188. Peru contends that, in the maritime area beyond 200 nautical miles from the Chilean coast but within 200 nautical miles of its own coast, it has the rights which are accorded to a coastal State by general international law and that Chile has no such rights.

Chile in response contends that the 1952 Santiago Declaration establishes a single lateral limit for all maritime areas of its States parties whether actual or prospective, invoking the reference in paragraph II of the Declaration to “a minimum distance of 200 nautical miles”.

189. Since the Court has already concluded that the agreed boundary line along the parallel of latitude ends at 80 nautical miles from the coast, the foundation for the Chilean argument does not exist. Moreover, since the Court has decided that it will proceed with the delimitation of the overlapping maritime entitlements of the Parties by drawing an equidistance line, Peru’s second submission has become moot and the Court need not rule on it.

190. After Point B (see paragraph 186 above), the 200-nautical-mile limits of the Parties’ maritime entitlements delimited on the basis of equidistance no longer overlap. The Court observes that, from Point B, the 200-nautical-mile limit of Chile’s maritime entitlement runs in a generally southward direction. The final segment of the maritime boundary therefore proceeds from Point B to Point C, where the 200-nautical-mile limits of the Parties’ maritime entitlements intersect.



191. The Court must now determine whether there are any relevant circumstances calling for an adjustment of the provisional equidistance line, with the purpose, it must always be recalled, of achieving an equitable result. In this case, the equidistance line avoids any excessive amputation of either State’s maritime projections. No relevant circumstances appear in the record before the Court. There is accordingly no basis for adjusting the provisional equidistance line.

192. The next step is to determine whether the provisional equidistance line drawn from Point A produces a result which is significantly disproportionate in terms of the lengths of the relevant coasts and the division of the relevant area. The purpose is to assess the equitable nature of the result.

193. As the Court has already noted (see paragraph 183 above), the existence of an agreed line running for 80 nautical miles along the parallel of latitude presents it with an unusual situation. The existence of that line would make difficult, if not impossible, the calculation of the length of the relevant coasts and of the extent of the relevant area, were the usual mathematical calculation of the proportions to be undertaken. The Court recalls that in some instances in the past, because of the practical difficulties arising from the particular circumstances of the case, it has not undertaken that calculation. Having made that point in the case concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) (Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 53, para. 74), it continued in these terms:

“if the Court turns its attention to the extent of the areas of shelf lying on each side of the line, it is possible for it to make a broad assessment of the equitableness of the result, without seeking to define the equities in arithmetical terms” (ibid., p. 55, para. 75).

More recently, the Court observed that, in this final phase of the delimitation process, the calculation does not purport to be precise and is approximate; “[t]he object of delimitation is to achieve a delimitation that is equitable, not an equal apportionment of maritime areas” (Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine), Judgment, I.C.J. Reports 2009, p. 100, para. 111; see similarly Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen (Denmark v. Norway), Judgment, I.C.J. Reports 1993, pp. 66-67, para. 64, and p. 68, para. 67, referring to difficulties, as in the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta) case, in defining with sufficient precision which coasts and which areas were to be treated as relevant; and Land and Maritime Boundary between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guinea intervening), Judgment, I.C.J. Reports 2002, pp. 433-448, paras. 272-307, where although the Court referred to the relevant coastlines and the relevant area, it made no precise calculation of them). In such cases, the Court engages in a broad assessment of disproportionality.

194. Given the unusual circumstances of this case, the Court follows the same approach here and concludes that no significant disproportion is evident, such as would call into question the equitable nature of the provisional equidistance line.

195. The Court accordingly concludes that the maritime boundary between the two Parties from Point A runs along the equidistance line to Point B, and then along the 200-nautical-mile limit measured from the Chilean baselines to Point C (see sketch-map No. 4: Course of the maritime boundary).



VII. CONCLUSION

196. The Court concludes that the maritime boundary between the Parties starts at the intersection of the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 with the low-water line, and extends for 80 nautical miles along that parallel of latitude to Point A. From this point, the maritime boundary runs along the equidistance line to PointB, and then along the 200-nautical-mile limit measured from the Chilean baselines to Point C.

*

197. In view of the circumstances of the present case, the Court has defined the course of the maritime boundary between the Parties without determining the precise geographical co-ordinates. Moreover, the Court has not been asked to do so in the Parties’ final submissions. The Court expects that the Parties will determine these co-ordinates in accordance with the present Judgment, in the spirit of good neighbourliness.

* * *

198. For these reasons,

The CourT,

(1) By fifteen votes to one,

Decides that the starting-point of the single maritime boundary delimiting the respective maritime areas between the Republic of Peru and the Republic of Chile is the intersection of the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 with the low-water line;

in favour: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Sebutinde, Bhandari; Judges ad hoc Guillaume, Orrego Vicuña;

againST: Judge Gaja;


Decides that the initial segment of the single maritime boundary follows the parallel of latitude passing through Boundary Marker No. 1 westward;

in favour: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaja, Bhandari; Judges ad hoc Guillaume, Orrego Vicuña;

againST: Judge Sebutinde;

(3) By ten votes to six,

Decides that this initial segment runs up to a point (Point A) situated at a distance of 80 nautical miles from the starting-point of the single maritime boundary;

in favour: Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Donoghue; Judge ad hoc Guillaume;

againST: President Tomka; Judges Xue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Judge ad hoc Orrego Vicuña;

(4) By ten votes to six,

Decides that from Point A, the single maritime boundary shall continue south-westward along the line equidistant from the coasts of the Republic of Peru and the Republic of Chile, as measured from that point, until its intersection (at Point B) with the 200-nautical-mile limit measured from the baselines from which the territorial sea of the Republic of Chile is measured. From Point B, the single maritime boundary shall continue southward along that limit until it reaches the point of intersection (Point C) of the 200-nautical-mile limits measured from the baselines from which the territorial seas of the Republic of Peru and the Republic of Chile, respectively, are measured;

in favour: Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Donoghue; Judge ad hoc Guillaume;

againST: President Tomka; Judges Xue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Judge ad hoc Orrego Vicuña;


Decides that, for the reasons given in paragraph 189 above, it does not need to rule on the second final submission of the Republic of Peru.

in favour: President Tomka; Vice-President Sepúlveda-Amor; Judges Owada, Abraham, Keith, Bennouna, Skotnikov, Cançado Trindade, Yusuf, Xue, Donoghue, Gaja, Sebutinde, Bhandari; Judge ad hoc Guillaume;

againST: Judge ad hoc Orrego Vicuña.


Actividades institucionales

Relación de actividades enero - marzo 2014

Done in English and in French, the English text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this twenty-seventh day of January, two thousand and fourteen, in three copies, one of which will be placed in the archives of the Court and the others transmitted to the Government of the Republic of Peru and the Government of the Republic of Chile, respectively.

(Signed) Peter TOMKA, President.

(Signed) Philippe COUVREUR, Registrar.

President Tomka and Vice-President Sepúlveda-amor append declarations to the Judgment of the Court; Judge owada appends a separate opinion to the Judgment of the Court; Judge SkoTnikov appends a declaration to the Judgment of the Court; Judges Xue, gaja, bhandari and Judge ad hoc orrego viCuña append a joint dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judges donoghue and gaja append declarations to the Judgment of the Court; Judge SebuTinde appends a dissenting opinion to the Judgment of the Court; Judge ad hoc guillaume appends a declaration to the Judgment of the Court; Judge ad hoc orrego viCuña appends a separate, partly concurring and partly dissenting, opinion to the Judgment of the Court.

(Initialled) P. T.

(Initialled) Ph.C.

___________


ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Enero - Marzo 2014

Del 09 al 20 de enero se convocó a concurso público para cubrir hasta veinte (20 ) vacantes en la sección aspirantes de la Academia Diplomá-tica del Perú Javier Pérez de Cuéllar.

El 15 de enero, en el Aula Magna, tuvo lugar la Conferencia “La po-lítica exterior de Perú en el siglo 21: Un punto de vista académico", a cargo del Profesor Ronald Bruce St John, Ph.D, dirigida a miembros del servicio diplomático y a los alumnos de la Academia Diplomática.

El 22 de enero, en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos de la Cancillería, el empezó un Curso de Altos Estudios para funcionarios con categoría de Ministro-Consejero, a través de la Plata-forma Virtual de la Academia.

El 6 de febrero, en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos de la Cancillería, se dio inicio a un Diplomado sobre Gestión Pública, dirigido a funcionarios del Servicio Diplomático de la Repúbli-ca y de cuadros administrativos del sector, a través de la plataforma virtual de la Academia.

El 19 de febrero, en coordinación con la Oficina General de Recursos Humanos de la Cancillería, empezó el Curso Superior 2014 para fun-cionarios con categoría de Primer Secretario, a través de la Plataforma Virtual de la Academia.

Del 24 al 27 de febrero se realizó un curso para los Agregados de las Fuerzas Armadas destinados para prestar servicios en Agregadurías Militares, Navales y Aéreas a ciertas Misiones Diplomáticas de la Re-pública en el exterior. Más de veinte Embajadas en total.

El 4 de marzo tuvo lugar la clausura del Diplomado sobre Cooperación Internacional para el Desarrollo a cargo de la Directora de la Acade-mia.

El 6 de marzo se clausuró el Curso sobre Relaciones Internacionales y Política Exterior del Perú dirigido a distinguidos Oficiales participan-tes en el Noveno Programa de Alto Mando de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, a cargo de la Directora de la Academia.


El 7 de marzo, en el Edificio Carlos García Bedoya del Ministerio de Relaciones Exteriores el doctor Christian Leffler, Director Ejecutivo para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior ofreció una conferencia cuyo tema fue “La Unión Europea y las Américas. Balance y Perspectivas”.

El 17 de marzo se dio inicio al Año Lectivo 2014, recibiendo a los aspi-rantes de la Academia. En sus palabras la Directora los felicitó por el exitoso desempeño que permitió que puedan ocupar vacante en el muy competitivo concurso de admisión.

El 18 de marzo tuvo lugar la Clausura de Diplomado sobre Relaciones Internacionales a cargo de la Directora de la Academia.

El 24 de marzo la Academia sirvió de sede al Seminario “Seguridad y Defensa en el Mundo Actual”, con la participación de distinguidos ex-positores y comentaristas. Iniciativa del Instituto de Estudios Políticos y Estratégicos, IDEPE.

Pautas para los colaboradores

1- Política Internacional es una publicación trimestral de la Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuellar, abierta a la colabora-ción nacional y extranjera y con énfasis en la investigación y análisis de las relaciones internacionales. El contenido de las colaboraciones publicadas será de responsabilidad exclusiva de sus autores.

2- Las colaboraciones, consistentes en textos o reseñas originales e inédi-

tos, deberán versar sobre la temática internacional, procurando man-tener un estilo académico y objetivo. Las colaboraciones estarán escri-tas preferentemente en español pero también podrán serlo en francés, inglés o portugués. El Consejo Editorial podrá decidir si acepta la pu-blicación de una colaboración no inédita o ajena a la temática indicada, así como escrita en otro idioma que los indicados.

3- Las colaboraciones no excederán las 7000 palabras de extensión y esta-rán escritas en formato MS Word, tipo de letra Arial 11, con interlínea a espacio y medio. Se entregarán en soporte electrónico (disco compac-to o archivo adjunto a correo electrónico) con su respectiva impresión en papel A4; no se admitirán textos sin digitar. El Editor evaluará la pertinencia de aceptar colaboraciones de mayor extensión.

4- Para el estilo y la ortografía, las colaboraciones estarán sujetas a las nor-

mas fijadas por la RAE para las ediciones académicas. Asimismo, el cuerpo del texto no podrá presentar variaciones en el tamaño de letras, sangrados innecesarios, cuadros, cajas o numeración de páginas; se usarán cursivas en lugar de subrayados; se evitará en lo posible el uso de negritas y de abreviaturas; las referencias a otras obras del (o los) autores del escrito deberán aparecer en tercera persona. Las referencias bibliográficas se consignarán al final del documento bajo el encabezamiento –NOTAS– y se ceñirán a los criterios tradicionales de presentación (artículos, ensayos, reseñas, libros, documentos y semejantes).

5- Las citas textuales menores a 4 líneas se consignarán en el cuerpo del texto, sin cursivas y empleándose comillas (“ ”) en lugar de paréntesis angulares (< >). Los signos de puntuación irán después de las comillas, paréntesis o llamadas a nota. En las citas con una extensión mayor se usará el sangrado, con dos retornos antes y después de la cita. Se deberá indicar necesariamente el origen y fuente de cada cita (autor, año, número de página, etc.). Las referencias procedentes de Internet deberán incluir, además del título y el autor, de haberlos, la dirección Web y la fecha en que fue consultada la información consignada.

6- Las palabras de otras lenguas deberán escribirse en cursivas pero sin comillas ni negritas, ni estarán subrayadas. Las voces y expresiones


latinas usadas en español y que figuren así en el DRAE, no se destaca-rán con marca alguna.

7- El material complementario de apoyo visual –ilustraciones, fotos, ma-pas, croquis, esquemas, dibujos, cuadros y semejantes– será numerado correlativamente en el archivo electrónico y contará con su respectiva leyenda. Se procurará insertar dicho material al final del escrito; para ello, en el cuerpo del texto se consignará una nota indicando el refe-rente para cado caso. El material complementario, cuando no sea de propiedad del autor, deberá contar con la autorización escrita de la persona o empresa titular de los derechos legales (copyright) o, en su defecto, de una constancia escrita del autor indicando que autoriza y se responsabiliza por la reproducción de dicho material. Según el tipo de material complementario (fotografía, cuadro estadístico) será necesario remitir originales, o el escaneo de estos en una resolución mínima de 300 dpi.

8- Las colaboraciones estarán encabezadas únicamente con el título de la colaboración y el (los) nombre(s) y apellido(s) del (de los) autor(es). Todo el título irá en mayúsculas y estará centrado (“justificado”) en la pá-gina. En el renglón siguiente figurarán el (los) nombre(s) y apellido(s) del (los) autor(es), alineados al margen derecho. Los subtítulos dentro del texto se espaciarán en renglones apartados del cuerpo anterior y posterior, sin cursivas ni negritas ni subrayados.

9- Las reseñas no excederán las 3000 palabras de extensión y se regirán por lo indicado en el punto -4- supra. Encabezará la reseña el título en cursiva de la obra criticada, seguido del (los) nombre(s) y apellido(s) del autor, todos en mayúsculas. Luego se consignarán, centrados, la ciudad, la editorial y el año, así como el número de páginas, en abrevia-tura (pp.), de la obra reseñada. Figurará igualmente el(los) nombre(s) y apellido(s) del crítico pudiendo añadirse, en renglón debajo, alguna referencia explícita y concisa (título, institución a la que pertenece o semejante) acerca del comentarista.

10- En relación con los puntos -3- al -9-, la revista se reserva el derecho de efectuar las correcciones de edición que considere necesarias. De igual forma, no estará obligada a explicar el rechazo de cualquier colabora-ción que le sea presentada.

11- Se remitirá un resumen de la trayectoria del (los) autor(es) no mayor a 4 líneas. Deberá considerarse prioritariamente referencias a la pro-fesión, centros de educación superior, títulos y grados académicos de mayor jerarquía y ocupación actual.

12- El Consejo Editorial, en adición a lo indicado en el punto -2- supra y a solicitud del (de la) Director(a) de la Academia Diplomática y/o del Editor, podrá evaluar y calificar independientemente las colaboracio-nes que se sometan a la revista, o las que esta solicite.

13- Política Internacional entregará a todo colaborador 5 ejemplares del número de la revista en que aparezca su escrito, y le remitirá gratuita-mente los números sucesivos correspondientes a los dos años siguien-tes a dicha publicación.

14- Las colaboraciones y toda correspondencia relativa a la revista Políti-ca Internacional se enviarán a: Editor, Revista Política Internacional. Academia Diplomática del Perú Javier Pérez de Cuéllar – Av. Fausti-no Sánchez Carrión 335, San Isidro, Lima 27 – Perú; o por vía electró-nica a: [email protected] o [email protected].

Política 168 Internacional