resumen ejecutivo lecciones en tiempos de guerra...

GCPEA

Uso militar de escuelas y universidades durante conflictos

Lecciones en tiempos de guerra 2015

RESUMEN EJECUTIVO

Coalición Global para

Proteger la Educación de Ataques

La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Educationfrom Attack, GCPEA) fue creada en 2010 por distintas organizaciones dedicadas a educación encontextos de emergencia o en Estados vulnerables afectados por conflictos, educación superior,protección, derechos humanos internacionales y derecho internacional humanitario, en respuestaante la persistencia de ataques contra instituciones educativas, sus estudiantes y personal enpaíses afectados por conflictos e inseguridad.

La GCPEA es administrada por un Comité Directivo integrado por las siguientes organizacionesinternacionales: ACNUR, Council for Assisting Refugee Academics (CARA), Human Rights Watch,Institute International/IIE’s Scholar Rescue Fund, Protect Education in Insecurity and Conflict, Savethe Children, UNESCO, y UNICEF. La GCPEA es un proyecto de Tides Center, una organización sinfines de lucro constituida en virtud del apartado 501(c)(3)

El presente informe se elaboró a partir de un estudio independiente que fue encargado en formaexterna por GCPEA. Se llevó a cabo con independencia de las organizaciones miembros que integran el Comité Directivo de GCPEA y no refleja necesariamente la opinión de estas.

Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques

Mayo 2015


RESUMEN EJECUTIVO



“La guerra está dentro denuestra escuela” Alumno, Yemeni


RESUMEN EJECUTIVO


Aleppo, Siria.© 2013 REUTERS/Muzaffar Salman

RESUMEN EJECUTIVOLas escuelas y universidades deberían ser sitios segu-ros de aprendizaje, donde los jóvenes sientan quepueden indagar, explorar, reflexionar, anhelar y des-arrollar su potencial al máximo. Todo esto se ve ame-nazado cuando las fuerzas armadas convierten aescuelas en parte del campo de batalla y utilizan a ins-tituciones dedicadas a educación con fines militares.

En la mayoría de los países donde se desarrollan con-flictos armados —incluidos al menos 26 países en laúltima década— distintas fuerzas armadas guberna-mentales y grupos armados no estatales han utilizadoescuelas y otras instituciones educativas para fines mi-litares. Cuando eso sucede, es común que se ubiquenfrancotiradores en las ventanas de las aulas. Se cons-truyen puestos de defensa en los techos de las escue-las. Aulas pintadas con letras de colores se conviertenen el lugar donde duermen soldados. Los patios dejuego se cercan con alambre de púa. Bolsas de arenaapiladas bloquean el ingreso a las escuelas. Tanques yvehículos que transportan a personal armado causan

estruendo en los patios. Se acumulan fusiles de asaltoen pasillos, y se esconden proyectiles en los sótanosde las escuelas. Se borran de los pizarrones las tareas,para escribir en ellos eslóganes de combate. Se retieney tortura a detenidos en edificios donde antes habíaniños que aprendían a contar y leer. Y sitios que ante-riormente eran fuente de alegría y bienestar para losalumnos, ahora se transforman en lugares de temor ypánico.

Los combatientes armados no solo toman por la fuerzaescuelas, sino que además ocupan instituciones deeducación superior y destinan guarderías y jardinesmaternales a fines militares. Instalan allí cuarteles,centros logísticos y bases de operaciones, almacenanarmas y municiones, y utilizan las instalaciones comocentros de detención o para efectuar interrogatorios,puestos de observación y de tiro, o como base para re-clutar combatientes. De este modo, los grupos arma-


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Sanaa, el Yemen. © 2014 REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

dos ponen en peligro la vida y seguridad de alumnos ydocentes, y atentan contra el derecho de estos estu-diantes a recibir educación.

A veces los soldados ocupan una escuela en su totali-dad, e impiden que los alumnos ingresen. Sin em-bargo, con demasiada frecuencia, los soldados utilizansolo una parte de la escuela o universidad —por ejem-plo, algunas aulas, un piso entero o el patio— y de estemodo exponen a los estudiantes a la posibilidad deataques de fuerzas contrarias y abusos por parte de losmismos soldados.

La posibilidad de acceder a escuelas y universidadespuede ofrecer a los estudiantes un importante res-guardo ante los incontables riesgos que enfrentan ha-bitualmente los niños y jóvenes en contextos de guerray contiendas. La seguridad en las escuelas permitetransmitir a los alumnos información vital y mitigar lassecuelas psicosociales de la guerra, y puede proteger aniños de la posibilidad de trata y reclutamiento porgrupos armados. El acceso a educación de calidad esademás un derecho humano fundamental, con inde-pendencia del entorno. A largo plazo, una educaciónadecuada fomenta la paz y la reconstrucción despuésde un conflicto, y ayuda a que los jóvenes adquieranlas aptitudes y la formación necesarias para progresaren el plano personal y contribuir a la prosperidad de sucomunidad. Pero sobre todo, poder acceder a un sitioseguro para estudiar y aprender puede brindar a losestudiantes una sensación de normalidad, rutina ytranquilidad en medio del caos que implica la guerra.

Para este estudio, se recogieron evidencias relativas ala naturaleza, la magnitud y las consecuencias del usode instituciones educativas por fuerzas armadas du-rante el período comprendido entre enero de 2005 yoctubre de 2015. Este período abarca una década dedocumentación, desde que el mecanismo de vigilanciay presentación de informes de las Naciones Unidas(ONU) sobre violaciones graves contra los niños en si-

tuaciones de conflicto armado informó por pri-mera vez sobre casos de uso militar de escuelas.A través de ejemplos extraídos de regiones detodo el mundo, el estudio evidencia tanto la prác-tica militar de uso de instituciones educativascomo las consecuencias que esto tiene para losestudiantes, los docentes y las comunidades.

El presente estudio constituye una actualizacióndel documento difundido en 2012 por la Coali-ción Global para Proteger la Educación de Ata-ques (Global Coalition to Protect Education from

Attack, GCPEA). Si bien las evidencias sugieren que eluso militar de escuelas continúa siendo una constanteen tiempos de guerra, hay motivos para ser optimistas.En los años transcurridos desde ese estudio, distintosgobiernos, fuerzas armadas y organizaciones interna-cionales han prestado mayor atención al problema deluso militar de escuelas y universidades. En apenas lostres últimos años, se ha incrementado sustancial-mente el caudal de información que revela la magnituddel problema y pone en evidencia las consecuenciasnegativas para estudiantes y docentes. Como resul-tado, existe mayor reconocimiento, aceptación y con-senso con respecto a que el uso militar de escuelaspone en riesgo a los alumnos y obstaculiza su derechoa la educación. Ahora es más difícil que los gobiernosy grupos armados no estatales puedan explicar o justi-ficar el uso de escuelas con fines militares.

También se observa considerable interés por parte deestados afectados, organizaciones internacionales yorganizaciones de la sociedad civil en formular solu-ciones efectivas para disuadir la práctica y mitigar susconsecuencias perniciosas. El Consejo de Seguridadde la ONU ha sido un importante propulsor de este es-crutinio más riguroso, en primer lugar, al solicitar quese informe periódicamente sobre el problema, luego alexigir en dos oportunidades la desmilitarización de es-cuelas en Siria y, más recientemente en 2014, al instara todos los estados miembros de la ONU a considerarla adopción de medidas concretas para disuadir el usode escuelas. Los esfuerzos de la oficina de la Repre-sentante Especial del Secretario General para la Cues-tión de los Niños y los Conflictos Armados también hansido cruciales para conseguir una respuesta interna-cional y acciones concretas en el terreno en paísesafectados por conflictos.

Entre los enfoques innovadores desarrollados en losúltimos años, se incluyen el análisis forense de imáge-nes satelitales y medios sociales para documentar el

Lecciones en tiempos de guerra: 2015

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“Llegaron unos hombres a nuestra aldea. Intenté esca-par, pero me llevaron a la cárcel. Sin embargo, esta noera una cárcel normal, sino la escuela donde yo habíaasistido. Es paradójico: me llevaron allí para torturarme,en el mismo sitio al cual antes yo iba a aprender... Habían tomado el control de la escuela y la convirtieronen un centro de tortura”Alumno, 15 años, Siriaii


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Bunagana, Congo.© 2012 James Akena/REUTERS

uso militar de escuelas. Por consiguiente, son muchosmás los países que expresan su voluntad de adherir anuevas directrices internacionales destinadas a prote-ger a escuelas y universidades del uso militar, y com-prometerse a implementar medidas concretas paradisuadir la práctica dentro de sus propias fuerzas.

Organismos internacionales de tratados de la ONU —comités de expertos independientes que supervisan elcumplimiento de tratados por los países— tambiénhan aportado recomendaciones influyentes sobre laactuación de las fuerzas armadas en lo que atañe a lasescuelas.

A pesar de esos avances, para demasiados alumnos entodo el mundo la situación continúa siendo poco pro-metedora.

La devastación causada al sistema educativo en Siriaes inconmensurable, y tanto fuerzas alineadas con elgobierno como de oposición han utilizado escuelas y,a su vez, han atacado y destruido estos establecimien-tos debido a que eran utilizados por la facción contra-ria. Sudán del Sur —cuya situación era muyprometedora al momento en que se difundió el estudioinicial, con la evacuación progresiva de las fuerzas ar-madas que ocupaban escuelas y la formulación denuevas garantías legales de orden militar— ha rever-tido este curso, y numerosas escuelas nuevamenteestán siendo ocupadas por tropas. Esto es un claro re-cordatorio de que las buenas intenciones en papel, in-cluso la definición de leyes formalmente correctas,significan muy poco cuando el Estado no tiene capaci-dad o voluntad de exigir rendición de cuentas a quie-nes las transgreden.

La cantidad de estados que instan a las fuerzas arma-das a abstenerse de utilizar escuelas ha aumentado demanera sostenida en los últimos años. No obstante,aún queda por verse cuántos gobiernos estarán a la al-tura del desafío que enfrentan y se comprometerán aimplementar garantías efectivas para proteger a escue-las y universidades del uso militar en su propia doc-trina y práctica castrense.

Asimismo, los gobiernos donantes y las institucionesque aportan recursos a sectores de educación en paí-ses propensos a conflictos aún deben reconocer am-pliamente que, si la asistencia financiera no estáacompañada por acciones de incidencia o condicionespara proteger a escuelas del uso militar, su impactoserá sencillamente menos efectivo.


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Las organizaciones internacionales y de la sociedadcivil también deben intensificar sus esfuerzos. Se ne-cesita optimizar la recolección de datos, y especial-mente diferenciar entre la cantidad de escuelasutilizadas con fines militares y aquellas que son ataca-das, saqueadas o usadas como lugar de acogida paradesplazados internos, ya que actualmente estos datossuelen omitirse. La mayor cooperación entre actoresinvolucrados en la protección de menores y el sectoreducativo en países afectados por conflictos armadosu otro tipo de inseguridad ha tenido resultados positi-vos hasta el momento, y esta colaboración no solodebe continuar sino también extenderse.

Estructura del estudioSon dos los capítulos que ofrecen una introducción alpresente estudio. El primero describe la metodología ydefine términos importantes. El segundo ofrece una

descripción del contexto. Para ello, ejemplifica la im-portancia vital que tiene para los estudiantes —y, endefinitiva, para las comunidades— la continuidad delacceso a educación en épocas de conflicto.

El capítulo tres explica los usos que los grupos arma-dos asignan a las instituciones educativas y expone al-gunos de los motivos por los cuales las fuerzasmilitares utilizan los edificios y recintos escolares yuniversitarios.

El capítulo cuatro analiza el carácter gravemente exten-dido y el alcance del uso militar de establecimientoseducativos.

Con el objeto de examinar las consecuencias del usomilitar de instituciones educativas, el capítulo quintomuestra cómo esta práctica pone en riesgo la vida y laseguridad de estudiantes y docentes. En el momentomismo en que ingresan soldados a una escuela o uni-versidad, el establecimiento puede convertirse en ob-jeto de ataques enemigos y, por ende, deja de ser unsitio seguro para alumnos y docentes. Existen ejem-plos de fuerzas beligerantes que han atacado a solda-dos dentro de escuelas o instituciones de educaciónsuperior, incluso cuando estaban presentes alumnos y


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Bangui, República Centroafricana.© 2013 AP Photo/Jerome Delay

docentes. En los casos más graves, niños y otros civi-les han muerto o sufrido lesiones al ser alcanzadospor el fuego cruzado.

La seguridad de los estudiantes también puede versemenoscabada por la conducta indebida de soldadosque no han recibido adecuada capacitación ni controldisciplinario y están presentes en su escuela o univer-sidad, y esto incluye la posibilidad de abuso y acososexual, o de que se activen armas o se detone artilleríaen forma accidental o por equivocación.

El capítulosexto mues-tra distintasmaneras enlas cuales eluso militarde institucio-nes educati-vas repercute

en el acceso de los estudiantes a la educación y de-grada la calidad de su formación. El uso de estableci-mientos educativos por fuerzas armadas puedeincrementar la deserción escolar, interrumpir los estu-

dios, destruir infraestructura importante, generar haci-namiento en las aulas, reducir la proporción de nuevosinscriptos y obstaculizar la transición a niveles educa-tivos más avanzados.

El capítulo séptimo analiza una serie de buenas prácti-cas, y presenta ejemplos de comunidades y gobiernosque encontraron soluciones para reducir el uso militarde instituciones educativas e implementaron medidasque permiten mitigar sus consecuencias perniciosascuando esto sucede. Algunos países han prohibido ca-tegóricamente esta práctica, entre ellos Colombia,India, Nepal, las Filipinas y Sudán del Sur. Durante dé-cadas, estos países han sufrido numerosos conflictosen su propio territorio. Es sumamente revelador queestos países, familiarizados con las necesidades tácti-cas de los operativos militares y, a la vez, con las se-cuelas negativas del uso militar de institucioneseducativas, hayan decidido tomar esa medida. Tam-bién muestra claramente la viabilidad y la importanciade esta prohibición.


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Mogadishu, Somalia. © 2012 John Cantlie/Getty Images

“No sé por qué los soldados estabanen la escuela. Había muchos, pero nopude contarlos. Creí que iban a matarnos a todos allí”.Alumno, 12 años, República Democrática del Congoiii

El capítulo octavo ofrece una descripción general delas normas internacionales —incluido el derecho inter-nacional humanitario (el derecho de guerra) y las nor-mas internacionales de derechos humanos— queregulan el uso militar de instituciones educativas. Elderecho internacional dispone que el uso militar deuna institución educativa puede convertirla en un obje-tivo militar legítimo, y exponer a estudiantes y docen-

tes al riesgo de ataque por parte de fuerzas enemigas.Aun cuando no se produzca un ataque físico a escue-las y universidades, el deterioro del acceso a estableci-mientos de enseñanza, la calidad educativa y lasoportunidades de aprendizaje puede redundar en vio-laciones del derecho a la educación.

El último capítulo ofrece algunas observaciones finalesy concluye que los estados deberían implementar ga-rantías claras e inequívocas para proteger a escuelas yuniversidades del uso militar.

Una de las limitaciones de este estudio es que está ba-sado mayormente en ejemplos de casos concretos. Lasdescripciones no exhaustivas que se presentan en elestudio y los documentos de los cuales se extraen amenudo capturan momentos puntuales en el tiempo.Sin embargo, la frecuencia incesante de los ejemplosdemuestra que existe una indiferencia sistémica porlas escuelas, los estudiantes y la educación, y eviden-cia también las consecuencias duraderas de ese desin-terés. El desafío para el lector será el de intentarponerse en el lugar de un alumno que viva estas situa-ciones, y comparar esa realidad con las experienciaspropias de la vida escolar y educativas, a fin de com-prender los peligros y obstáculos que afrontan dema-siados niños en todo el mundo a causa del perniciosouso de escuelas para fines militares.


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“[Los soldados de Al-Shabaab] armaron [unaplataforma para lanzar proyectiles] y comenzaronlos lanzamientos dentro del recinto de la escuela.La armaron en el patio... Y también llegabanimpactos de armas en nuestra dirección. Cayeroncinco proyectiles cerca del perímetro de la escuela.Uno de ellos impactó justo cuando nos estabandejando salir y mató a ocho estudiantes”. Alumno, 18 años, Somaliaiv


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Popasna, Ucrania.© 2014 ANATOLII STEPANOV/AFP/Getty Images


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PRINCIPALES CONCLUSIONES➢ En la mayoría de los países con conflictos armados, las fuerzas o los grupos armados utilizaron

escuelas y otras instituciones educativas. Entre enero de 2005 y marzo de 2015, usaron institucio-nes educativas en al menos 26 países durante conflictos en África, Asia, Europa, Medio Oriente ySudamérica. El uso militar de escuelas y universidades supone un problema de alcance global.

➢ Las fuerzas armadas gubernamentales han utilizado escuelas en todos los países donde se in-formó este tipo de uso militar.

➢ En cuatro quintos de todos los países donde se informó uso militar, también hubo casos de es-cuelas utilizadas por grupos armados no estatales.

➢ Distintas fuerzas multinacionales e incluso fuerzas de paz también han usado escuelas y univer-sidades.

➢ En los peores casos, hubo niños que murieron o resultaron heridos e incidentes de deterioro odestrucción de escuelas cuando fuerzas beligerantes atacaron establecimientos educativos de-bido a que estaban siendo usados por fuerzas militares.

➢ Las consecuencias del uso militar de escuelas y otras instituciones educativas incluyen altosíndices de deserción escolar, menor nivel de inscriptos, un menor índice de transición a niveleseducativos más avanzados, hacinamiento en aulas y cancelación de horas de clase. Esta situa-ción afecta particularmente a las niñas.

➢ El uso militar de instituciones educativas puede causar deterioro a infraestructuras y sistemas deeducación que ya son de por sí vulnerables. Por ejemplo, en Sudán del Sur, donde la ONU haconstatado que se utilizaron 83 escuelas para fines militares entre marzo de 2011 y septiembrede 2014, el costo de reparar los daños causados ascendió a cerca de USD 67.000 por escuela.

➢ Existen ejemplos de buenas prácticas. Distintas comunidades, organizaciones internacionales,legislaturas, tribunales y fuerzas armadas han encontrado mecanismos para una mayor eficaciaen la prevención del uso de escuelas por fuerzas y grupos armados. Por ejemplo, en la India,donde las fuerzas de seguridad usaron más de 129 escuelas durante 2010, y se estima que inte-rrumpieron así la educación de cerca de 20.800 estudiantes, la Suprema Corte ordenó a lasfuerzas que se retiraran de las escuelas. En 2015, casi la totalidad, si no todas, habían sido yaevacuadas. En Filipinas, si bien aún continúan produciéndose algunos incidentes de uso militarde escuelas, la práctica ha sido prohibida expresamente por la legislación nacional y en las políti-cas militares. Asimismo, en 2012, las Naciones Unidas publicaron un nuevo manual para todoslos batallones de infantería que actúan como fuerzas de paz, en el cual se prohíbe a las fuerzasmilitares usar escuelas durante sus operativos.

RECOMENDACIONES

Implementar las Directrices para Prevenirel Uso Militar de Escuelas y Universidadesdurante Conflictos Armados➢ Todos los Estados deberían implementar las Di-

rectrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas yUniversidades durante Conflictos Armados, incor-porándolas a su doctrina militar, manuales, di-rectivas de intervención, órdenes operativas,capacitaciones y otros medios de difusión, a finde fomentar una práctica adecuada en toda lacadena de mando.

➢ Todos los Estados deberían promover una adhe-sión amplia a las Directrices para Prevenir el UsoMilitar de Escuelas y Universidades durante Con-flictos Armados, y que los Estados expresen elcompromiso de implementarlas.

➢ Todos los grupos armados no estatales que sonparte en conflictos armados deberían incorporarlas Directrices para Prevenir el Uso Militar de Es-cuelas y Universidades durante Conflictos Arma-dos en sus mecanismos de mando y control.

➢ Los países donantes y organismos interna-cionales que ofrecen financiamiento u otro tipode ayuda a los sectores de educación o seguri-dad y defensa deberían instar a los países bene-ficiarios, en especial aquellos que están en laactualidad afectados por conflictos o lo estuvie-ron recientemente, a poner en práctica medidasconcretas para disuadir el uso militar de escue-las, incluso mediante la implementación de lasDirectrices para Prevenir el Uso Militar de Escue-las y Universidades durante Conflictos Armados.

Reconocer las consecuencias negativasdel uso militar de instituciones educativas➢ La comunidad internacional, los estados, los

grupos armados no estatales y otros actores de-berían seguir reconociendo que el uso militar deescuelas y demás instituciones educativas cons-tituye una táctica habitual que ocurre durante losconflictos y requiere una respuesta coordinada anivel nacional, regional e internacional.

➢ Los estados deberían reconocer que el uso mili-tar de escuelas y universidades no es tan solo unproblema regulado por el derecho de los conflic-tos armados, sino que también afecta el derechohumano a educación de los alumnos.

Supervisión y denuncia➢ Los estados, organizaciones locales y organis-

mos internacionales relevantes deberían conti-nuar supervisando rigurosamente el uso militarde instituciones educativas, a fin de incorporaresa labor a la definición de respuestas coordi-nadas y efectivas, como intervenciones preventi-vas, respuestas rápidas y medidas de rendiciónde cuentas jurídicas y de otro tipo dirigidas apersonas o grupos que transgredan las leyes vi-gentes u órdenes judiciales o militares.

➢ Entre los datos básicos que deben ser recogidose informados se incluyen los nombres y la ubica-ción de las instituciones educativas que esténsiendo utilizadas, la finalidad y el lapso de uso,la fuerza o grupo armado responsable, la canti-dad de inscriptos con anterioridad al uso, elnivel de asistencia estudiantil durante el períodode uso y qué están haciendo los alumnos que yano asisten a la escuela. Se requiere, en particu-lar, una documentación más rigurosa de las con-secuencias educativas del uso militar deescuelas y universidades, incluidos los índicesde deserción, la reducción en la escolarización,el deterioro de la infraestructura educativa y elimpacto psicosocial para estudiantes y docen-tes.

➢ La supervisión y denuncia debería diferenciar lacantidad de escuelas utilizadas con fines milita-res de aquellas que son atacadas o utilizadascomo lugar de acogida por personas desplaza-das.

➢ Los órganos creados en virtud de tratados dederechos humanos, como el Comité de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales; el Comitépara la Eliminación de la Discriminación contrala Mujer; y el Comité de los Derechos del Niño,deberían continuar respondiendo al uso militarde instituciones educativas cada vez que estosuceda. Los órganos de tratados relevantes de-berían actualizar sus pautas para la preparaciónde informes de país, a fin de solicitar informa-


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ción sobre uso militar de escuelas durante elperíodo relevado, así como las medidas con-cretas para proteger a escuelas de este fin.Los estados deberían implementar medidasrelevantes recomendadas por tales órganos.

➢ El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Deten-ción Arbitraria, el Comité contra la Tortura y elSubcomité para la Prevención de la Torturadeberían supervisar y denunciar los casos enque se usen escuelas y universidades comocentros de detención, y las consiguientesconsecuencias de dicho uso. Los estados de-berían implementar medidas relevantes reco-mendadas por tales órganos.

➢ El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ysus mecanismos, incluidas las comisiones deinvestigación, y los Relatores Especiales de laONU sobre el derecho a la educación y sobrelos derechos humanos de las personas inter-namente desplazadas deberían empleartodos los medios a su disposición para llamarla atención con respecto al problema del usomilitar de instituciones educativas cada vezque esto suceda, incluso durante el ExamenPeriódico Universal y en informes temáticos ysobre la situación de países. Los estados de-berían implementar medidas relevantes reco-mendadas por las sesiones del Consejo deDerechos Humanos y por mecanismos asocia-dos.

➢ Los equipos de tareas en los países pertene-cientes al Mecanismo de Supervisión y Pre-sentación de Informes (Monitoring andReporting Mechanism, MRM) de la ONU sobrelas violaciones graves contra los niños en si-tuaciones de conflicto armado deberían con-tinuar intensificando sus acciones desupervisión y denuncia del uso militar de es-cuelas, en consonancia con lo establecido enla Nota Orientativa sobre la Resolución 1998del Consejo de Seguridad, emitida por la Re-presentante Especial del Secretario Generalpara la Cuestión de los Niños y los ConflictosArmados.


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➢ La documentación de ataques contra escuelas yotras instituciones educativas debería ademásexaminar si estas estaban siendo usadas poruna fuerza militar o grupo armado en el mo-mento en que ocurrió el ataque o poco tiempoantes.

➢ Se deberá profundizar la investigación y docu-mentación de los efectos a largo plazo del usomilitar de instituciones educativas.

Medidas programáticas➢ Los legisladores deberían considerar la posibili-

dad de sancionar leyes acordes con las buenasprácticas identificadas en este estudio, como laprohibición de que fuerzas y grupos armados uti-licen instituciones educativas.

➢ Los ministerios de educación en países donde seproducen incidentes de uso militar de institucio-nes educativas deberían adoptar medidas pre-ventivas, por medio de acciones de coordinaciónconjunta con sus ministerios de defensa y lasfuerzas armadas, para evitar este uso y disponerel retiro de las fuerzas armadas que las ocupantan pronto como sea posible.

➢ Las fuerzas armadas que hayan prohibido o re-gulado de otro modo el uso militar de escuelas yotras instituciones educativas deberían compar-tir sus buenas prácticas con otros países.

➢ Los organismos de la ONU y regionales, y lasONG que tengan experiencia en la negociacióncon fuerzas y grupos armados para cesar o pre-venir el uso de escuelas, deberían efectuar enforma interna una evaluación de la efectividadde sus acciones, y luego transmitir sus buenasprácticas tanto dentro de la organización como aterceros.

➢ Las organizaciones que hayan planteado conéxito acciones judiciales en los países para quelas fuerzas armadas se retiren de escuelas debe-rían asesorar a otros actores que estén interesa-dos en emprender estrategias similares.

➢ Los ministerios de educación y los actores delsector que trabajen en contextos donde ocurranincidentes de uso militar de escuelas deberíanadoptar sistemas de respuesta rápida para gene-rar espacios temporarios de aprendizaje destina-dos a estudiantes desplazados por este usomilitar, y reclamar que se restituya inmediata-mente el establecimiento ocupado. Las organiza-ciones internacionales deberían apoyar estasiniciativas.

➢ Los ministerios de defensa y las fuerzas armadasdeberían establecer medidas de planificaciónpreventivas para reducir al mínimo o erradicar lanecesidad de uso de instituciones educativasdurante operativos militares.

Rendición de cuentas➢ Todas las partes de un conflicto armado debe-

rían cumplir sus obligaciones conforme al dere-cho internacional humanitario y tomar todas lasprecauciones a su alcance para proteger a la po-blación civil y los bienes de carácter civil, comolas instituciones educativas, frente a los efectosde los ataques. Los estados deberían investigary juzgar, de conformidad con estándares interna-cionales, a aquellas personas que utilicen insti-tuciones educativas de un modo que contravieneel derecho internacional, o que den órdenes paraque se produzca dicho uso.

➢ Los estados que regulan o prohíben el uso mili-tar de escuelas u otras instituciones educativas através de la legislación nacional, órdenes o polí-ticas militares, o resoluciones judiciales, debe-rían asegurar que los individuos que infrinjanestas normas rindan cuentas por su actuación.


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i “Guns ‘n grammar: Yemen school occupied by rebels”, AFP, 29 de septiembre de 2014. ii Save the Children, Untold Atrocities: The Stories of Syria’s Children, 2012, pág. 8. iii Human Rights Watch, Sabotaged Schooling: Naxalite Attacks and Police Occupations of Schools in India’s Bihar

and Jharkhand States, 2009, pág. 29. iv Entrevista de Human Rights Watch, Kalungu, República Democrática del Congo, 17 de junio de 2015.

Portada: Aleppo, Siria. © 2012 PHILIPPE DESMAZES/AFP/Getty Images

Arriba: Colombia © 2007 Getty Images

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Proteger la Educación de AtaquesGCPEA

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