resumen del informe situación de los derechos humanos en el oriente paraguayo en 2009

8/10/2019 Resumen del Informe Situacin de los derechos humanos en el Oriente paraguayo en 2009

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Departamentos Cordillera, Paraguar,San Pedro, Concepcin y Central

Resumen delINFORMESITUACIN DE LOS DERECHOS

HUMANOS EN EL ORIENTE PARAGUAYOEN 2009

Conflicto por la imposicin de unmodelo cultural y agroindustrial


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CRDITOS

Elaboracin

Educacin para la Accin Crtica (EdPAC)Ctedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politcnica de Catalua (UPC)Grupo de Investigacin en Derechos Humanos y Sostenibilidad (GIDHS)

Coordinacin del proyecto: Xavier lvarez del CastilloCoordinacin de la investigacin: Arturo Landeros

Contacto

Ctedra Unesco en SostenibilitatUniversidad Politcnica de CatalunyaColom, 108222 Terrassa (Espaa)

EdPACSant Pere ms alt, 31, 2308003 Barcelona (Espaa)

[email protected]://investigaccionddhh.wordpress.com

Diseo y compaginacin: EdPACIlustracin portada: Paula LaverdeImpresin: El Tinter SL

Informe completohttp://edpac.org/docs/Informe_Paraguay_2009.pdf

Licencia

Creative Commonshttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/


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NDICE

1. Presentacin 4

2. Introduccin 5

3. Coyuntura sociopoltica y actores polticos y sociales 7

4. Socioeconoma, pobreza e indigencia en el campo 9

5.Avance de la frontera agropecuaria en el oriente 13

La poblacin rural y el conflicto por la tierra 17

6. Consecuencias del modelo agroindustrial paraguayo 22

Los agrotxicos y el derecho a un medio ambiente sano 22Algunos casos de intoxicacin reportados por ONGS en 2009 27Violencia y represin hacia las comunidades rurales 29Debilitamiento de las instituciones 34

7. Casos reportados al Consejo de DDHH de NNUU en 2010 35

Cordillera 35Paraguar 35San Pedro 36Concepcin 37

Central 38

8. Reflexiones finales entorno al modelo agroindustrial 39

Impactos al desarrollo econmico, poltico y cultural de las poblaciones rurales delnoroeste y del oriente 39Papel de las lites econmicas y polticas en la expansin de la agroindustria

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Relacin entre la innovacin agrcola y los impactos socio-ambientales, polticos y

econmicos en la poblacin rural 40

9. Conclusiones sobre las violaciones de DDHH en el Oriente Paraguayo 42


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2. INTRODUCCIN

Las comunidades campesinas e indgenas paraguayas del siglo XXI estn viviendo,literalmente, en islas de tierra rodeadas de mares de monocultivos verdes. Hacia finesdel siglo XX irrumpi en el pas un modelo agroindustrial basado en el uso masivo deuna nueva tecnologa agrcola conocida como paquete tecnolgico. Esta tecnologaimplica la utilizacin de semilla genticamente modificada, el uso intensivo de pesticidasy la implementacin de maquinaria agrcola para la Siembra Directa. A partir del ao1996, arrib a Paraguay la soja transgnica acompaada del herbicida Roundup y de lamecanizacin de la produccin rural. La introduccin de transgnicos fue ilegal ya queel pas no autoriz la siembra de Organismos Genticamente Modificados hasta 2004.

La demanda internacional de produccin de cereales y oleaginosas ha convertido aBrasil, Argentina y Paraguay en tres de los mayores exportadores mundiales, que ahora

ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente en cuanto a la exportacin desoja. El crecimiento de la produccin requiere la ocupacin y el desmonte de cantidadescada vez mayores de tierra. El modelo y la oportunidad de negocio impulsan tanto a losantiguos grandes productores generalmente terratenientes como a los nuevos inver-sionistas, algunos provenientes del mbito agropecuario y otros del mbito financiero.

Pas Super ficie

arable

Algodn Maz Soja Trigo

Argentina 28.500 305 2.838 16.100 5.500

Bolivia 3.050 80 306 960 114

Brasil 59.000 1.110 13.828 20.638 1.818

Chile 1.950 - 134 - 282

Colombia 2.004 75 590 40 17

Ecuador 1.348 3 440 31 12

Paraguay 4.200 250 417 2.300 352

Per 3.700 95 481 2 145

Uruguay 1.370 - 50 366 200

Venezuela 2.650 15 630 13 1

Superficie total arable (2005) y cosechada (2007) por tipo de cultivo segn pas

El requerimiento de tierras en estos pases tensa una frgil relacin de aos entre loslatifundistas y las comunidades campesinas e indgenas de las llanuras del Cono Sur. EnParaguay, la escasa institucionalidad sumada a las inercias provenientes de los tiemposde la dictadura de Stroessner, agravan la posibilidad de defender legalmente la propie-

dad de la tierra, incluso aquellas que an pertenecen al Estado. El acceso a la tierra delos jvenes campesinos depende de su capacidad organizativa, de gestin o de presin

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para que el Estado, por medio del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra,

redistribuya las tierras.Por su parte, las comunidades campesinas y sus organizaciones, al hallar cerradas las

vas institucionales ya sea por omisin gubernamental o corrupcin o dficit presupues-tal, recurren a la ocupacin de tierras, mediante la cual se busca poner en la mesa denegociacin nacional el tema del reparto o el reconocimiento de la posesin de la tierra.

Para las organizaciones campesinas la tierra no basta, y piden la democratizacinde sus pases en los mbitos econmicos, sociales, culturales y ambientales. El modeloagroindustrial implica dinmicas destructivas hacia el medioambiente: la deforestacinmasiva y la utilizacin de agrotxicos reportan tantos daos a la salud humana y animal,incluida la muerte.

En Paraguay, el cambio de gobierno efectuado en abril de 2008 no ha podido contra-rrestar la situacin de indefensin que sufren los pobladores de esta regin. El gobiernode Fernando Lugo se muestra, en el mejor de los casos, como un equilibrista ante flancoscontradictorios como la agresividad de las lites econmicas por mantener su status quoes acompaada por buena parte de los poderes estatales, especialmente el legislativo yel judicial. Para ellas el ejecutivo y las organizaciones sociales preparan una lucha de clases

contra los sectores productivos. Estos mismos sectores, a la hora de tener que asumirlas propuestas redistributivas sobre los amplios beneficios econmicos que produce elagronegocio, son los primeros en incumplir el pacto social que busca y promueve elbienestar colectivo. Los rechazos a las reformas fiscales y al cumplimiento de las normasambientales o fitosanitarias son un claro ejemplo.

Las comunidades campesinas e indgenas paraguayastienen que luchar por el reconocimiento y respeto haciasus tierras ancestrales a pesar de que la Constitucin les

otorga amplios derechos. Las protestas o el rechazo alavance sojero sobre su territorio tienen como respuestala represin, e incluso fumigaciones desde avionetas a lascomunidades. Por otra parte, los campesinos y las co-munidades indgenas poseedoras de la tierra, no suelentener los medios econmicos necesarios para hacer va-ler sus derechos y conseguir los ttulos de propiedad. Lanueva tecnologa implica tambin el uso de medios eco-nmicos, sociales y culturales que afectan la capacidad del

Estado para establecer un equilibrio entre acumulacinde capital privado y desarrollo local, especialmente de lapoblacin campesina e indgena.

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3. COYUNTURA SOCIOPOLTICA YACTORES POLTICOS Y SOCIALES

En febrero de 1989 un golpe de estado pona fin a 35 aos de dictadura de Stroessner.Lograban derrocar al dictador pero conservaron intacto el aparato de Estado que posi-bilit la consolidacin del gobierno stroessnista y del Partido Colorado, que gobern elpas durante 61 aos ininterrumpidos hasta 2008.

El 20 de abril de 2008, con el 40,8% de los electores, Fernando Lugo fue elegidoPresidente de Paraguay de la mano de una coalicin de partidos polticos. Si bien la APCestaba formada principalmente por partidos de izquierda, se hicieron alianzas estratgi-cas fundamentales para conseguir la victoria en las urnas con el Partido Liberal RadicalAutntico.

Pese al xito en las votaciones, Lugo slo cuenta con el respaldo de cinco escaosen el Congreso. No es difcil comprender las limitaciones de la negociacin poltica delEjecutivo a la hora de emprender algn tipo de renovacin en cualquier orden, social,poltico, econmico, cultural o ambiental. El antiguo rgimen mantiene alianzas con dife-rentes niveles institucionales, incluido el Poder Judicial.

Paraguay afronta un importante dficit en la credibilidad de sus instituciones. El climapoltico y el contexto parecen poco propicios para una negociacin que refuerce (oconstruya) una estructura democrtica incluyente que no sea nicamente un pacto deno agresin con los partidos y los poderes fcticos.

Un estudio del 2009 de la misin paraguaya del Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo concluy que: Ms de la mitad de la poblacin ve en la expansin dela agricultura mecanizada un freno al desarrollo (entendido como desarrollo humano yno como crecimiento econmico). Son los habitantes rurales (63%) mucho ms que losurbanos (47%) quienes opinan de esta manera.

Vctor Manuel Nez, Ministro de la Corte Suprema de Justicia

Cuando se edit la Constitucin en el 1992, ya no se quiso dejar al ejecutivo la desig-

nacin de los jueces. Y se cre un rgano, que se llama Consejo de la Magistratura []Nunca hicieron poltica. Nunca actuaron en un comit poltico. Nunca. Porque desde

jovencitos como estudiantes de derecho, en primer ao, ya entraron al poder judicial,y estando en el poder judicial no se puede hacer poltica. Pero provienen de familias deun partido, los tres. Porque anteriormente, les voy a contar un fenmeno Anterior-mente, en el Paraguay haba por lo menos un 90% de afiliados al partido colorado, elprimer partido de gobierno, y lamentablemente, para trabajar en algn lugar [] para

trabajar en la administracin pblica te pedan afiliacin, y la gente se afiliaba.

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Por su parte, las organizaciones empresariales han mantenido una fuerte presin so-bre las propuestas legislativas del Ejecutivo. Un ejemplo de esto fue la convocatoria, enagosto de 2009, de una accin de fuerza contra el Decreto 1.937 que restringa el usode plaguicidas en la agricultura. La convocatoria tena como referente el tractorazo de2008 en el que demandaron al gobierno seguridad y cese de las ocupaciones de hacien-das por parte de los sin tierra. El Decreto fue derogado en julio.

Algunas ONG como la Red Rural, la Coordinadora de Derechos Humanos del Para-guay y la Asociacin de ONG del Paraguay POJOAJU, lamentaron la decisin del gobier-no de ponerse de parte de los agroexportadores: A pesar del apoyo sin condicionesque dicho decreto recibi de los sectores populares y de las organizaciones sociales, porla vigencia del decreto por el cual se establecen medidas sanitarias para el uso adecuadode plaguicidas en la produccin agropecuaria, con vistas a la proteccin de la salud de laspersonas, as como de los alimentos y del ambiente, el Poder Ejecutivo resolvi ubicarsedel lado de los poderosos.

Jorge Galeano, dirigente delMovimiento Agrario y Popular

En el proceso poltico nuevo que vivimos,no se ha podido avanzar en la transforma-cin de la justicia paraguaya, los miembrosde la corte suprema de justicia son losmismos, [] la polica, no ha habido unavance en el saneamiento institucional dela fuerza pblica, tampoco en la justicia ymucho menos en la fiscala, y esos operanen funcin a los intereses de los grandessojeros, ganaderos, latifundistas que existenen el pas [] la criminalizacin de lasluchas sociales no ha bajado de nivel, y esuna gran tarea que nos toca, impulsar esteproceso de cambio.

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4. SOCIOECONOMA, POBREZA EINDIGENCIA EN EL CAMPO

Paraguay tiene una superficie de 406.700 km2 y una poblacin de 6.163.913 de habi-tantes en 2008 (2.552.864 en las reas rurales), a la que se suman cerca de 1.2 millonesque viven en el extranjero. El ro Paraguay divide el territorio en dos regiones: la occi-dental o Chaco, amplia zona semirida (61% del territorio con el 3% de la poblacin) y laoriental, con mejores suelos para la agricultura.

La concentracin de la tierra es uno de losproblemas ms sealados en el mundo rural.Segn la Presidencia de la Repblica, el 1% delos latifundistas posee el 77% de las tierras, en-

tretanto, 200.000 campesinos estn a la esperade una nueva distribucin de la tierra mediantela Reforma Agraria pendiente. Alrededor de100.000 sin tierra, que en un primer momen-to engrosaron los suburbios de grandes ciuda-des como Asuncin y Ciudad del Este, emigra-ron a partir del 2004 hacia Estados Unidos oEspaa.

El pas es eminentemente agrcola, la gana-dera y la agricultura representan el 30% de suPIB y la poblacin campesina representa el 43%

del total. Pese a ello, el sistema econmico campesino tradicional ha empezado a trans-formarse presionado por un sistema empresarial de produccin extensiva, fundamen-talmente de soja. Durante el periodo 1995-96 se cultivaban 800.000 ha de soja, y en elao 2006-07 la superficie representaba ya 2.400.000 ha, con una produccin de casi 6millones de toneladas.

Paraguay es el sexto productor de soja y cuarto exportador mundial, y se coloca enprimer lugar mundial de produccin de esta oleaginosa por habitante. La soja y sus de-rivados junto con las carnes bovinas constituyen los productos de exportacin con mspeso del pas, reuniendo juntos el 65% del total de exportaciones.

Segn la DGEEC en 2008, el 37,9% de los habitantes del pas vive en la pobreza(2.324.556 personas) y el 19% vive en situacin de indigencia. La CEPAL sita al 58% delos paraguayos en situacin de pobreza y al 30,8% en condiciones de indigencia.

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Cuadro Poblacin a partir de los 10 aos de edad por categora de ocupa-cin, segn rama econmica. Oct-dic 2008 (Direccin General de Estadsti-ca, Encuestas y Censos)

Rama de actividad econmica Total Empleadoro patrn

Agricultura, ganadera, silvicultura, caza y pesca 745.248 22.061

Industrias manufactureras, minas y canteras 346.803 25.582

Electricidad, gas y agua 10.769 -

Construcciones 174.096 28.383

Comercio, restaurantes y hoteles 673.821 41.932

Transporte y comunicaciones 118.415 4.460

Establecimientos financieros, seguros, etc. 120.802 10.554

Servicios comunales, sociales y personales 619.950 7.530

No disponible 602 -

Total 2.810.506 140.502

De la poblacin rural, la DGEEC seala que el 49,8% es pobre (1.243.693 personas)y entre ellas 786.795 en situacin de indigencia. Un informe del Foro Permanente paraAsuntos Indgenas seala que un indgena en Paraguay tiene una probabilidad 7,9 vecesms alta de ser pobre que el resto de la poblacin.

Enzo Cardozo, Ministro de Agricultura y Ganadera

Por eso nosotros queremos dar un enfoque de apoyo [] dentro de la agricultura fa-miliar y campesina y que esta gente que tiene campo se sienta tranquila, tenga suficiente

arraigo, y para tener arraigo lgicamente se necesita tener ttulo de propiedad, un pro-yecto productivo, cadena productiva, posibilidad de tener subsistencia a travs de losalimentos [] y tenga tranquilidad para seguir viviendo en su comunidad y que no se

sienta tentado por ningn comprador para comprarle su terreno a un precio ms alto.

La poblacin rural ha vivido una fuerte presin migratoria teniendo que desplazarsea las periferias de las grandes ciudades de Paraguay, Asuncin, Ciudad del Este, Encarna-cin y otras regiones importantes, o bien ha tenido que emigrar al extranjero.

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En 2009 Paraguay tena una esperanza de vida de 75 aos. La mortalidad infantil es de34,5 por mil. Segn la FAO padece un nivel de subnutricin de ms de 800.000 personas

(14% del total).

La desnutricin crnica alcanza el 11% (645.000 personas), y la desnutricin aguda el5%. Se estima que la tasa global de vulnerabilidad alimentaria de la poblacin est sobreel 40%; unas 2.500.000 personas no tendran garantizada su alimentacin durante el ao.

Tambin existen problemas de carcter estructural, un ejemplo es el caso del IN-DERT. Este Instituto, creado en 2004 es la entidad encargada de llevar a cabo el repartode tierras va la Reforma Agraria. Sin embargo, segn Palau: en la prctica [el INDERT]se comporta como una gran empresa inmobiliaria del sector pblico que se encarg derepartir tierras especialmente en el perodo de gobierno de Stroessner- a lderes pol-ticos, militares y clientela poltica del momento (Palau, 2009).

Para la ejecucin de los programas sociales el problema ms apremiante sigue siendola baja recaudacin fiscal. Segn la CEPAL, Paraguay est entre los pases de menor nivelde presin tributaria: un 12,9 % del PIB. El 45,3% de todos los ingresos tributarios pro-viene del IVA, un impuesto indirecto generalizado para el consumo que suele impactarfuertemente en la poblacin con menos recursos, mientras que el Impuesto a la Rentaes slo del 15,8%.

La poltica fiscal impacta claramente en la dotacin de recursos necesarios para metascomo la Reforma Agraria. El IMAGRO transfiere el 80% de su recaudacin al Fondode Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible, dependiente del INDERT, con elobjetivo de comprar tierras y fortalecer los asentamientos. Sin embargo, a pesar de queel agropecuario es el sector que ms dinero mueve en la economa, el IMAGRO recau-d apenas 4,8 $ millones en 2009, lo que resulta del todo insuficiente para financiar laReforma Agraria.

Maggiorina Balbuena, dirigente de Conamuri

Los campesinos siguen siendo expulsados por diferentes formas del campo, ya con lashumillaciones de los sojeros que les atacan o por la miseria o porque les ofrecen los bra-sileros en dlares por el terrenito que tienen [] Eso para nosotros es muy grave y cada

vez ms hay ms gente en la ciudad, como 650 mil sin techo. Hace rato que [] cientosde comunidades ya desaparecieron en Paraguay y eso el gobierno ni respira porque sonsituaciones que los campesinos van saliendo, van saliendo las familias y se est llenando elcampo de soja, soja, soja y ms soja.

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5. AVANCE DE LA FRONTERAAGROPECUARIA EN EL ORIENTE

El pas hace frontera con Argentina, Bolivia y Brasil. Gran parte de la regin Orientalestuvo cubierta por el Bosque Atlntico del Alto Paran, del cual tan slo queda un 7,4%de su cobertura original. Entre 1945 y 1997, el 76.3% de la cobertura boscosa de laregin Oriental de Paraguay fue convertida en tierras para la produccin agropecuaria.

El avance sobre el territorio Oriental tiene como referente la llegada de productoresbrasileos a finales de los sesenta, con la introduccin del cultivo de soja. El arribo de es-tos nuevos colonos se debi a los impactos de la modernizacin de la agricultura en losestados del sur de Brasil, en el marco de la revolucin verde impulsada por la entoncesdictadura militar, debido a lo cual muchos pequeos y medianos productores brasileos

buscaron su suerte en las zonas limtrofes del Paraguay (Palau, 2007).Esta ocupacin trajo la modificacin del sistema de cultivo tradicional paraguayo,

adaptando la tierra para la agricultura y la ganadera extensiva, contando con mano deobra de Brasil. Pero adems, como seala Palau: la instalacin de colonos brasileosfavoreci tanto la geopoltica brasilea como la Doctrina de Seguridad Nacional para-guaya, ya que de esta manera se logr romper la resistencia campesina y se cumplieronlas metas de control social.

La expansin de la industria brasilea y del sector agropecuario favorece el buen po-

sicionamiento de la agroindustria exportadora brasilea, lo que da como resultado unaimportante concentracin de tierra en manos de pocos productores. Tras ellos viene lamecanizacin del sistema y el modelo de monocultivo intensivo de exportacin y de altadependencia de insumos

Diego Segovia, investigadorde BASE-IS

Tenemos datos de que Cargill controla msdel 40% de las exportaciones de grano delParaguay. Creo que a nivel de Amrica con-trola el 25% de todas las exportaciones degrano. El 90 o 95% segn nuestros datos, dela soja que se planta hoy en Paraguay es sojatransgnica de Los Altos. Es un sistema quegenera dependencia en los insumos, no sepuede producir sin tractores, no se puede

producir sin petrleo, no se puede producirsin fertilizantes, sin pesticidas, y ninguna deestas cosas se produce en el pas.

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La segunda oleada brasilea llega con la soja transgnica que comenz a cultivarsemasivamente en el ciclo agrcola de 1999. La frontera de la soja se va expandiendo so-bre tierras campesinas o indgenas, campos ganaderos reconvertidos y lo que resta demonte.

Cuadro Produccin de soja en Paraguay

Aos agrcolas Superficie (ha) Produccin (t) Rendimiento (kg/ha)

2003/04 1.870.000 3.583.685 1.916

2004/05 1.970.000 3.988.000 2.024

2005/06 2.200.000 3.800.000 1.727

2006/07 2.400.000 6.000.000 2.500

2007/08 2.463.510 6.311.794 2.562

2008/09 2.596.653 4.152.660 1.599

Promedio 2.250.027 4.639.357 2.055

Sntesis Estadstica y estimaciones de la Direccin de Censos y Estadsticas Agropecua-rias/MAG.

Alrededor del 73% del cultivo de soja paraguaya va al mercado exterior, quedando un25% para la industria y un 2% para semillas. La presin ejercida en los pases suramerica-nos para la produccin de esta oleaginosa es bsicamente la misma: amplia ocupacin detierras y bsqueda de altos rendimientos con semillas transgnicas resistentes a pestici-das y herbicidas, plantadas con maquinaria de siembra directa. Los pesticidas y herbicidasson rociados varias veces durante el ciclo agrcola, utilizando maquinaria tanto terrestrecomo area para realizar estas fumigaciones.

Desde 1996 la soja RR empez a llegar por medio del contrabando procedente deArgentina y Brasil, generalizando su uso con el asesoramiento de agrupaciones argenti-nas como la Asociacin Argentina de Productores en Siembra Directa. La invasin delOGM - con la complicidad de Monsanto- inund los campos de forma incontrolada. Secalcula que cerca del 60% de la produccin de soja en Paraguay era transgnica.

La presencia ilegal de Soja RR pudo haber acarreado serias consecuencias comercialesa las exportaciones paraguayas, ya que desde 1998 la Unin Europea, uno de los desti-nos principales de su comercio exterior, no acepta la soja OGM que no venga etiquetadacomo tal. Pero resulta ms sencillo legalizar el cultivo que intentar controlarlo, as queMonsanto comienza una fuerte presin para cobrar regalas una vez que los gobiernoshan reconocido su presencia.

La columna vertebral del agronegocio la constituyen las corporaciones transnaciona-les, en torno al cual se van organizando y expandiendo las diferentes actividades: la pro-visin de insumos agrcolas (agroqumicos, semillas y maquinaria); la produccin agrcola;el acopio y la comercializacin de los rubros fundamentalmente con la agroexportacin;

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el procesamiento de las materias primas agrcolas, que en Paraguay se implementa enmuy baja proporcin; y finalmente, la comercializacin al consumidor final.

El uso de semillas transgnicas y agroqumicos genera una creciente y estratgica de-pendencia de los productores hacia las industrias que detentan las patentes, que lesoriginan enormes ganancias y el control de la forma de produccin. Notoriamente, las

corporaciones transnacionales no participan en la produccin agrcola directamente, portanto, no tienen una presencia territorial muy visible y eluden en gran manera los mlti-ples conflictos que genera la produccin de soja, fundamentalmente entre las comunida-des campesinas afectadas con las empresas y colonos que la producen.

Sin participar en la produccin, las corporaciones se vuelven a insertar con toda sufuerza en el acopio de la produccin y la exportacin de la mayor parte. Mediante la ex-portacin de la soja se obtienen las mayores ganancias de los agronegocios y aqu el pre-dominio de las transnacionales es avasallador (cerca del 40% de todas las exportaciones

de Paraguay, considerando todos los sectores econmicos). Tambin son proveedorasde insumos a travs de contratos, con lo que logran comprometer la produccin conla empresa proveedora. Los productores son slo un engranaje al recibir los insumos yentregar la produccin, a cambio de una pequea ganancia.

Cuadro Exportaciones de las corporaciones trasnacionales en millones $

Corporacin 2006 2007 Variacin %

Cargill Agropecuaria Saci 279,3 613,5 119,6

ADM Paraguay Saeca 200,9 289,1 43,9Bunge Paraguay S.A. 18,9 202,8 973

Louis Dreyfus Paraguay S.A. 60,4 121,0 100,3

Noble Paraguay S.A. 30,0 83,4 178

Contipar Aguay (Unilever) 29,3 44,0 50,2

Total 618,8 1.353,8 118,8

Una gran mayora de las empresas nacionales es propiedad total o parcial de empre-sarios brasileos o argentinos. El agronegocio ha entrado a Paraguay en gran medidaporque los precios de la tierra son menores. Esto refuerza la orientacin externa de laproduccin agrcola, descuidando la demanda interna de alimentos. Entre ellas destacael Grupo Favero, con una produccin de soja cercana a las 50.000 ha. Las empresasDap, Tierra Roja y Agroganadera Aguaray muestran el lado agresivo del agronegocioen cuanto a la expansin territorial, ampliando fuertemente la propiedad y el control deimportantes tierras agrcolas, destinadas a la produccin de soja.

Desde el Censo Agrcola Nacional de 1991 hasta el ms reciente del ao 2008, laconcentracin de la tierra se mantuvo en pocas manos. . Actualmente el 85,5% de lastierras pertenece a un 2,1% de propietarios. Las propiedades entre 20 y 50 ha tuvieron

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una disminucin de 27,5%. De las que tienen entre 100 y 500 ha, el aumento fue de34,8% y las fincas de ms de 500 ha aumentaron un 56,9%. Hay 5.418 nuevas fincas dems de 100 ha, mientras que 22.973 desaparecieron en las que tenan hasta 100 ha. Lasfincas menores de 20 ha (84% del total) slo poseen el 4% de las tierras. Tomando encuenta que la Unidad Bsica de Economa Familiar se ubica en fincas de no menos de10 hectreas, estos niveles de desigualdad en la propiedad representan un alto nivel deconflictividad rural, y una polarizacin mayor entre pequeas y grandes propiedades.

De la distribucin de las fincas sojeras, el 87% se encuentra en fincas de ms de 100ha. Los 5 departamentos de mayor produccin de soja son: Alto Paran con 281.155ha; Canindey con 191.406 ha; Caaguaz con 182.232 ha; Itapa con 107.379 ha; y San

Pedro con 106.610 ha.

Cuadro Superficie cultivada de soja por tamao de cultivo y ao

Superfciecultivada

Menosde 20 ha

De 20 a49 ha

De 50a 99 ha

De 100a 999 ha

1.000 hay ms

Total 2008 2.463.510 98.442 97.014 133.907 1.048.693 1.085.454

Total 1991 552.657 110.740 91.598 86.905 203.050 60.364

Variacin +345,8% -11,1% +5,9% +54,1% +416,5% +1.698,2%

La facilidad que han tenido los empresarios agropecuarios para acceder a los recursosnaturales paraguayos, revela la magnitud del vaco institucional que ha reinado en el pas.La contraparte es la indefensin de las comunidades campesinas e indgenas que hanhabitado esta regin. Como seala Rulli (2008), esta forma de produccin es como unamaquila agrcola. Este sistema es puesto en marcha en el marco de una legalidad dbil.El acceso del capital extranjero a la tierra viene acompaado de ventajas comparativas.Una empresa inmobiliaria argentina seala para incentivar la compra en Paraguay, dondeel pas aparece como el paraso fiscal para la agroexportacin, que no hay retencionesa la exportacin (exonerada de pagar IVA), el Rgimen de Admisin Provisoria de Im-portacin permite que las tasas de importacin queden exoneradas de IVA, las leyes deinversin ofrecen el mismo tratamiento a las inversiones forneas que a las locales, y lasnuevas leyes fiscales promueven ventajas tributarias a la reinversin. Paraguay ha firmadoacuerdos de garanta de Inversiones con varios pases.

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La poblacin rural y el conflicto por latierra

El dictador Stroessner facilit el reparto de tierras a los poderes polticos y fcticos desu rgimen. Estas tierras, denominadas malhabidas, han permanecido en manos de esosmismos beneficiarios sin que se registren apenas intentos por aclarar la situacin legal desu entrega. Por ejemplo el expresidente Andrs Rodrguez, ya tena miles de hectreasmalhabidas y aprovech el cargo para adjudicarse otras dos mil. .

A principios de los aos sesenta, las incipientes movilizaciones rurales logran la con-solidacin de las Ligas Agrarias, organizaciones de base cristiana que exigan la redistribu-cin de la tierra, as como el pago justo por los productos agrcolas. Sin embargo, la altarepresin ejercida durante la siguiente dcada terminar por desarticular este esfuerzo.

Los tiempos por venir dejaran poco margen a la reorganizacin campesina. Algunasde ellas como el Movimiento Campesino Paraguayo, fundado en 1980, siguen presentes.La Coordinacin Nacional de Organizaciones Campesinas se constituye en 1985 y en1986 la Organizacin Nacional Campesina.

Una vez cada la dictadura, las ocupaciones de tierras se multiplicaron creyendo queel nuevo orden poltico dejara espacios a la demanda campesina. Pero la estructura depoder no fue modificada en lo estructural. En palabras de la CODEHUPY: Fue unmomento peligroso porque las asociaciones campesinas creyeron que con la cada de ladictadura podan avivar sus reclamaciones de tierra y se produjeron bastantes ocupacio-nes de fincas. Pero haba cado Stroessner, no el Partido Colorado y de 370 ocupacionesque se registraron entre 1990 y 2004, casi 360 fueron desalojadas violentamente, conms de 7.000 campesinos detenidos. Fue cuando empezaron a proliferar las ejecuciones:77 hombres y mujeres vinculados con el movimiento campesino fueron asesinados.

En ms de una ocasin, el proceso de adquisicin de predios por parte del INDERTha sido bloqueado por el mecanismo en el que el empresario agroindustrial fija valoresmuy por encima de sus posibilidades presupuestarias. En el acuerdo entre partes, el em-presario no se ve obligado a aceptar la expropiacin.

Las organizaciones campesinas quedan ante la disyuntiva de esperar pasivamente aque la compraventa se desbloquee, lo cual puede llevar varios aos, o la opcin derecurrir a medidas de presin como la ocupacin del predio en cuestin, accin que essancionada por el Estatuto Agrario. Sin embargo, la ocupacin de los predios no sueleser la primera accin perpetrada. En la mayora de los casos, la lucha por la tierra se iniciadentro del marco legal-institucional. El paso inicial comienza con una comisin vecinalgestora de los trmites que sern presentados al INDERT, encargada de realizar la inves-tigacin del predio para solicitarlo para su compra o expropiacin.

La culminacin exitosa en ambas Cmaras no garantiza de ninguna manera que el casosea favorable a los sin tierra. Varios proyectos de expropiacin aprobados por el Parla-mento, han sido vetados por el Ejecutivo durante los gobiernos de transicin democr-

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tica. En paralelo al proceso legal se suelen dar negociaciones y cabildeos con instanciasgubernamentales y con aliados del movimiento social que puedan acompaar y asesorar.Pero ante el silencio administrativo, las organizaciones campesinas slo dependern desu fuerza de presin para conseguir modificar el contexto tcnico legal adverso para elacceso a la tierra.

Maggiorina Balbuena,dirigente de Conamuri

Que acompae [el gobierno] esteproceso [Reforma Agraria] conelectrificar el campo, construccin decaminos, abrir mercados, un sistema

de comercializacin para sacar losproductos, pequeos crditos parala produccin y la asistencia tcnica.Es nuestro planteamiento, ademsde la entrega de tierras. Eso significapara nosotros el arraigo, porque loscampesinos siguen siendo expulsadospor diferentes formas del campo.

Pablo, dirigente campesino

A unos 140 km de ciudad del Este quedanuestro asentamiento, y de ah hay que ir encamino [] Y ah entramos prcticamentecomo animal, como nosotros llamamos.Porque no hay posibilidades de crear unasentamiento institucionalmente. El estadono tiene una poltica de crear asentamien-

tos as, ms humanos como nosotros lellamamos. Y ah empezamos a construir,nosotros mismos construimos para nuestroasentamiento. Hay ms de cien jefes defamilias en mi comunidad que estn traba-

jando honestamente. Hasta ahora nosotrosprcticamente no tenemos crditos, notenemos asistencia tcnica.

Vctor M. Nez, Ministro de laCorte Suprema de Justicia

Yo s que siempre se dice por ahque el juez aprieta ms con el pobreque con el rico. Pero para la justicia

no tienen que existir ricos ni pobres,sino el que tiene derecho y el que notiene derecho, simplemente.

M. J. Durn, defensora de derechoshumanos de Codehupy

Esto es un tema estructural. Desde la mis-ma universidad nos forman para el respetoa las leyes sin hacer una interpretacin

diferente a lo que estrictamente dicen estas.Lo que pasa es que muchos de ellos [losfiscales] son colocados en esos cargos nopor mritos propios, sino por pertenecer auno u otro partido poltico. Esa es la reali-dad en el Ministerio Pblico. El Consejo dela Magistratura, que es el que finalmente losnombra, tampoco tiene un mecanismo denombramiento que responda a estndares

de mrito. Entonces estn all por padrinajepoltico y defendiendo esos intereses.

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Segn informa la CODEHUPY: La Fiscala mantiene la prctica de perseguir inclusola tentativa de invasin y de aumentar la pena por imputacin del delito de asociacincriminal cuando la ocupacin se realiza en forma organizada. Las ocupaciones de tierrasgeneralmente se realizan con el propsito de lograr que el Estado se pronuncie e inter-venga como aval para la adjudicacin de parcelas. Esto implica que el conflicto, debera

dirimirse por una va civil antes que por causes penales. Pero la constante ha resultadoser la intervencin de las fuerzas policiales o parapoliciales en la resolucin del conflicto.Muchas con la ausencia de rdenes otorgadas por algn juez a pesar de contar con elapersonamiento de un fiscal. Los desalojos, en ocasiones, no van a acompaados de unfiscal o autoridad que responda por la accin de fuerza ejercida contra la poblacin.

Profesor de la Escuela agrcolade la comunidad Curupayty

[En la comunidad] entraron fuerzas policiales, an-

timotines, policas civiles, armados, sin el acom-paamiento fiscal que se qued afuera. Fueroncasa por casa. Hubo atropello, robo y detencinde personas y maltrato fsico a seoras, nios,personas mayores, a docentes de la institucin.

El Ministerio Pblico ha mante-nido una poltica de criminalizacinde la protesta de los campesinos.Muchas denuncias se han realizado

sobre las actuaciones no ajustadas ala ley y violatorias del debido proce-so por parte de fiscales:

Pilar Royg, Secretaria Ejecutiva de Codehupy

La polica acta en comunicacin con el ministerio pblico. En los ltimos meses lasgrandes represiones que se dieron, algunas se dieron a instancia solamente de la polica,pero otras se dieron por rdenes del ministerio pblico, que es quien ordena: despeje-mos la ruta, despejemos el cruce, demos palos, desalojemos, y esos desalojos no sloconsisten en quitar a la gente, sino con quema de ranchos, robos, hurtos, adems de laextrema violencia fsica hacia la gente.

Uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones campesinas son

los grupos paramilitares o pistoleros contratados por los terratenientes, para amedren-tar, atentar y asesinar a los dirigentes campesinos. Para Riquelme (2003) Los sucesivosgobiernos y el Poder Judicial se han mostrado permisivos con estos grupos, quedandoimpunes la mayora de los ilcitos cometidos por ellos.

M. J. Durn, defensora de derechos humanos de Codehupy

Toda la gente que tiene una empresa, una estancia o una granja, tiene dos o tres guar-

dias de seguridad de las muchas empresas privadas que existen, y son personas que, sinformacin, tienen un arma en la mano. Si un polica tiene una formacin de un ao, ellosla tienen de 15 das y tambin tienen la posibilidad de poder matar.

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Manuel M. Pez Monges,Defensor del Pueblo

Segn el criterio que tenemos aqu en la de-fensora del pueblo, el problema de la gentedel rea rural es un problema de trabajo, noes de tierra.

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6. CONSECUENCIAS DEL MODELOAGROINDUSTRIAL PARAGUAYO

Vctor Manuel Nez, Ministro de la Corte Suprema de JusticiaAlgunos hablan de agrotxicos, otros de agroqumicos. Los campesinos que se sientenafectados, hablan de que son agrotxicos, que han afectado a sus familias y tierras.

Los agrotxicos y el derecho a un medioambiente sano

El uso intensivo de pesticidas, herbicidas o fungicidas se ha generalizado con la con-solidacin del paquete tecnolgico. Los herbicidas que funcionan en combinacin conlos OGM se consideran como no selectivos, ya que eliminan al conjunto de organismosque no contengan el evento transgnico resistente. Por su potencia txica en muchossectores se les denomina agrotxicos. Pese a ello, muchos actores de la produccin noestn de acuerdo en nombrarlos as Los agroqumicos slo son agrotxicos en elParaguay (editorial del diario ABC), culpando a las organizaciones campesinas de creareste concepto para desprestigiarlos.

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Segn The National Agricultural Law Center de la Universidad de Arkansas los pla-

guicidas son: por definicin, intrnsecamente txicos para determinados organismos.Esta toxicidad inherente requiere una regulacin cuidadosa para asegurar la seguridad delpblico, el suministro de alimentos y el medio ambiente. Para los grandes productores,su toxicidad se soluciona con el uso correcto, pero los intentos gubernamentales porregular su utilizacin se han visto obstaculizados.

Hctor Cristaldo, presidente de la Unin de Gremios para la Produccin

El ao pasado segn el Centro Nacional de Toxicologa, dieron 229 intoxicados, de los

cuales 129 son intentos de suicidio, gente que tom veneno, y 16 de esos 229, son enlas zonas de produccin, entonces yo no s en qu se basan para tener esa preocupa-cin. Y ac en Paraguay estn prohibidos los clorados, hace muchsimo, los fosforados[] mientras que Argentina y Brasil todava lo estn usando. Nosotros tenemos unanormativa que estamos bastante avanzados. Yo no s si el glifosato puede intoxicar deesa manera. Las casas estn en medio de la chacra y los menonitas no s si tienen unbicho especial en la nariz porque no se intoxican, pero ninguno. Mi casa est a 15 m dela parcela y no hay ningn problema. Si se usa bien, no creo porque, ahora, lo que pasaes hay un gran prejuicio con relacin al glifosato que se correlaciona con el tema de lasoja transgnica y el que est contra el transgnico entonces ya est contra el glifosato.

La Ley de Control de Productos Fitosanitarios de Uso Agrcola, de 2009 para regu-lar los plaguicidas ha sido fuertemente criticada por varios sectores sociales y guberna-mentales, incluidos los ministerios de Salud Pblica y Bienestar Social y la Secretara delAmbiente. La principal preocupacin es que prioriza el inters particular por encima delgeneral: relativiza derechos garantizados por la Constitucin. Se seala que la iniciativaprioriza la proteccin vegetal (los cultivos), a la proteccin de la vida, la salud, las fuentes

de agua dulce y el ambiente. Y si los agrotxicos afectan la salud y el ambiente, corres-pondera protegerlos al Ministerio o al SEAM, y no a la nica autoridad de aplicacin dela ley es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.

Diego Segovia, investigacin de BASE-IS

La ley de agrotxicos es una ley que desregula prcticamente todas las escasas normati-vas que haba para la regulacin de los txicos, quedan barridas y da va libre a las fumi-gaciones, a pesar de todas las intoxicaciones que se van dando. Las modificaciones del

Cdigo Procesal Penal son otras de las polticas que se estn aplicando que tienen comoobjetivo facilitar el encarcelamiento de bienes sociales, es un proceso de criminalizacinde las luchas sociales y bueno, adems la continuidad de este modelo de desarrollo.

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Maggiorina Balbuena, dirigente de Conamuri

Ac las leyes son muertas para ellos. Y ahora que ellos plantearon una ley fitosanitaria,fueron aprobados por las dos cmaras y tienen una ley los sojeros ahora. Y nuestra ley,que hemos presentado ahora hace un ao fue rechazada por el Parlamento, una ley decontrol sobre el uso y control de los agrotxicos que las organizaciones sociales pre-sentamos en el Parlamento, dos aos y dos meses se encajon y cuando hubo muchapresin de las organizaciones sacaron los legisladores y rechazaron, y ahora en noviem-bre pasado presentaron los sojeros una ley y esa ley en menos de once das de habersepresentado ya fue tratada en el Parlamento.

Esta ley disminuye: los requisitos de aplicacin, las franjas de proteccin para la apli-cacin de pesticidas, la fiscalizacin de la fumigacin area, elimina la obligatoriedad delaviso previo a la pulverizacin, y disminuye la franja de bosque protector para nacientesy arroyos, y las sanciones por incumplimiento.

Beatriz Silvero, Jefa de Gabinete de la Secretara del Ambiente

Y en nuestro pas es difcil habiendo 24.000 productores determinar qu tipo de plagui-cidas estn utilizando. Las barreras siempre deberan estar por una cuestin de principio

de precaucin. Las estadsticas en nuestro pas muestran cmo se usan indiscriminada-mente los agrotxicos, que entran de distintas formas, entran ilegal o legalmente, estoes un problema que esta nuevo gobierno trata de ver cmo solucionar.

El Decreto 1937 intentaba corregir algunas de estas regulaciones a la baja conside-rando la necesidad de establecer un ordenamiento en el uso de los agrotxicos. Pero lasmovilizaciones y acciones en contra, encabezadas por la Unin de Gremios de la Pro-duccin, mantenan que estableca condiciones incumplibles para el uso de plaguicidas.

Esperanza Martnez, Ministra de Salud Pblica y Bienestar Social

En 15 das se aprob una ley que es un mamotreto, y desde este momento se est denuevo plantendose desde el ejecutivo un veto parcial para sacar aquellas cosas queson casi un retroceso a lo que se estaba teniendo como legislacin vigente, que hoy enestos das est en tratamiento, pero que de todas maneras, nosotros creemos que una

vez que se apruebe lo que se apruebe, igual se puede volver a reglamentar y buscar al-guna manera de ir imponiendo las reglamentaciones que tenga que ver con frenar estasprcticas abusivas del derecho de la gente.

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Los empresarios sojeros tienen como toda solucin a los impactos de los agrotxicos,su buen manejo. Pero lo dejan a la decisin de cada uno de ellos, en un ambiente carentede leyes e institucionalidad que pueda actuar en defensa de los vecinos y antiguos habi-tantes de esas tierras.

Gustavo Volpe, Presidente de la Unin Industrial Paraguaya

Nosotros creemos que hay una exageracin en ese sentido y que si unapersona ingiere un elemento txico, va a tener que morir, porque vemos queinclusive el propio Lula se est comiendo parte del Amazonas para seguir culti-vando soja en su pas, entonces, resulta que porque nosotros somos pequeosy subdesarrollados, entonces todo el mundo se nos viene encima. Obviamen-te, nosotros no estamos de acuerdo con la mala utilizacin y que haya una

exageracin en la utilizacin, y que esto cause problemas de salud a la pobla-cin circundante, pero tampoco pasar a la exageracin de lo que se pretendiregular con un decreto. [El decreto] limitaba y pona una serie de restricciones.Nosotros estamos de acuerdo que el control sea mucho ms severo y que alos que violan las leyes medioambientales, se le caiga con todo el peso de laLey, pero eso no significa que vamos a autolimitar la produccin siendo quetodava este pas, digamos, se mantiene por un elemento as, entonces, s esta-mos de acuerdo con que haya un control mucho ms estricto y que las penasa los que violan las leyes medioambientales en este sentido, sean mucho ms

severas y que si los responsables, son responsables, vayan a la crcel.

Ms de 20 millones de litros de agroqumicos son esparcidos por ao sobre el te-rritorio paraguayo. La mayora de los informes reportan contaminacin de arroyos ypozos, muerte de animales y destruccin de cultivos no transgnicos (huertos familiaresy cultivos convencionales de subsistencia). Sus efectos crnicos incluyen el cncer (linfo-mas, sarcomas, leucemias y tumores), afecciones del sistema nervioso, malformacionesfetales, y afectaciones del sistema inmunolgico. La contaminacin puede darse por inha-

lacin, contacto o ingestin, y es mucho ms grave en personas desnutridas o enfermas,nios y embarazadas.

Graciela Gamarra, titular de la Direccin Generalde Informacin Estratgica en Salud del Ministerio de Salud

Pero sabemos que en salud van a pasar 20 aos para tener evidencias cientficas deexposicin, el principio debe ser de precaucin porque son txicas, cancergenas, son

utilizadas en forma descuidada sin control porque no respetan, se va a ver se va a oler,es a simple vista la falta de respeto de las medidas mnimas internacionales reconocidasde control. Es la responsabilidad del Estado.

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Los plaguicidas ocasionan envenenamiento o intoxicacin aguda, causando de formacasi inmediata mareos, vmitos, dolor de cabeza e incluso la muerte. Prohibidos en lospases desarrollados, siguen proliferando en pases como Paraguay. Causan intoxicacincrnica despus de consumir un largo periodo alimentos envenenados y perjudican r-ganos vitales como el hgado, el rin, el pulmn, el cerebro o los rganos reproductivos.

Florencia,dirigente campesina

El veneno es lo que apura a todala gente, porque en nuestroentorno estn toditos los sojerosy ahora esta [legislacin] fitosani-taria que se est haciendo, esto

van hacer ellos [legisladores] peor,porque no se acta [.] Ac, porejemplo, con tractores fumiganentre pequeas parcelas inclusive.Ellos estn haciendo fumigacionesen sus sojales con transgnicos yellos manejan con herbicidas igualcomo en Argentina y eso traemucha enfermedad.

Maggiorina Balbuena,dirigente de Conamuri

Ellos hicieron barbaridades contra el medioambiente y la intoxicacin sigue... desastres delas consecuencias que tienen en las comunidadescampesinas e indgenas, como el aborto de lasmujeres, las deformaciones de las criaturas, las en-

fermedades que tienen las gentes, las alergias. Lapoblacin est totalmente desprotegida y enfer-ma. Y ahora con esta Ley es peor an, va a ser lasituacin en el campo, estamos con mucho dolory con mucho miedo y las organizaciones campesi-nas se resisten, por nuestras vidas, en defensa denuestras vidas. Y les decimos que nuestras vidassern defendidas no por la Ley, sino defendindo-se las propias familias campesinas de la muerte.

Los agrotxicos ms usados en Paraguay

I. GLIFOSATO II. PARAQUAT

Es un herbicida no selectivo. Se argumentaque es una alternativa al uso de herbicidascon niveles ms altos de toxicidad aguda,

como el 2,4-D o el Paraquat, sin embargoexisten evidencias de que puede causarefectos dainos crnicos. Adems, un estudioen Dinamarca revel un comportamiento noprevisto en el medioambiente.

Recientes estudios toxicolgicos indicanque ha sido errneamente calificado comotoxicolgicamente benigno a nivel sanitarioy ambiental. Revelaron efectos adversos en

todas las categoras de pruebas: toxicidadsubaguda y crnica, daos genticos, trastor-nos reproductivos, y carcinognesis.

El Paraquat constituye uno de losprincipales causantes de intoxicacinpor plaguicidas. Los trabajadores

expuestos regularmente a l hanexperimentado serios problemas ensu salud. Las condiciones de uso y lasrealidades de los pases del Sur (altatemperatura y humedad, falta deropa de proteccin y de tratamientomdico, y repetidas exposiciones)hacen que el uso seguro de Paraquatno sea posible en estos pases.

Es altamente txico en animales ytiene efectos tardos serios e irrever-sibles si es absorbido. absorbido.

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Varios convenios internacionales han sido firmados y ratificados por Paraguay de pro-teccin ambiental. Sin embargo, para Alter Vida: tampoco hay normas relativas a ladisposicin final de los envases vacos de plaguicidas usados, ni tampoco para la ventacontrolada, bajo receta agronmica, de ciertos plaguicidas de alta toxicidad. En susenvases se omite informacin o estn escritas en otro idioma. Debido a ello, los agricul-

tores manipulan estos qumicos sin ningn tipo de proteccin.Para la CODEHUPY, los intentos de regular el uso de agrotxicos y la presin ejercida

por los poderosos gremios constituyen probablemente el episodio ms escandaloso[] priman los intereses de un pequeo sector econmicamente poderoso por sobrelos derechos y garantas de la gran mayora de los ciudadanos y ciudadanas [donde] lossucesos de intoxicacin y muerte en comunidades indgenas de la regin Oriental sonuna muestra de la vulnerabilidad de estos grupos humanos y de la discriminacin.

Algunos casos de intoxicacin reportadospor ONGS en 2009

Caso intoxicacin y muerte de indgenas en Aba en Informe CODEHUPY,

2009Los casos de fallecimiento de 12 indgenas en Aba (departamento de Caazap), fue-

ron denunciados en 2009. La presidenta del INDI, Lida Acua, manifest: Son islas enmedio de cultivos de diversos rubros agrcolas en gran escala donde sistemticamente sefumigan y donde no existen [] las barreras vivas. Aunque las autoridades del MSPyBSconfirmaron que siete de los fallecimientos fueron a causa de infecciones respiratoriasagudas, el vicepresidente de la Repblica afirm que la exposicin a agroqumicos pudohaber coadyuvado. Varias organizaciones campesinas e indgenas condenaron estas

muertes y repudiaron la actitud asumida por Hctor Cristaldo, de la Unin de Gremiosde la Produccin que rest importancia a los hechos.

Caso Intoxicacin de indgenas en Itakyry en Informe CODEHUPY, 2009

En noviembre, personas de origen brasileo dedicadas al cultivo de soja se presenta-ron en la comunidad Kaaguy Poty para amedrentar a la poblacin con camiones para sutraslado. Esta comitiva fue enfrentada por la comunidad con lanzas y flechas, oponin-dose al desalojo. Segn la comunidad, reaccionaron enviando un avin que realiz unvuelo rasante y roci veneno sobre la gente. El MSPyBS y la SEAM confirmaron que ms

de 200 indgenas presentaron cuadros de intoxicacin y que se realizaron fumigacionescon plaguicidas fuera de las zonas cultivadas. La fiscala del ambiente de Ciudad del Esteimputar a uno de los colonos por trasgresin a la ley ambiental.

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Caso del nio Silvino Talavera.

Entrevista a Beatriz Silvero,Jefa de Gabinete de la

Secretara del Ambiente

Hay casos de muerte por intoxica-cin con agrotxicos. Hay casos judi-ciales en los que se ha condenado asojeros, como el caso simblico quefue el nico que se pudo ganar, el deSilvino Talavera, gracias al apoyo dela sociedad y del Ministerio de Salud.

Este caso se remonta a enero de 2003,da en que Silvino fue rociado con glifosatoal pasar por debajo de una fumigadora, a 15m de la casa de la familia. Silvino, de 11 aos,

falleci a los pocos das y el resto de la fami-lia tambin enferm. Tres hermanos y vein-te vecinos debieron ser hospitalizados. Lamadre de Silvino, sostiene que los mdicosle han recomendado que no tenga ms hijosa causa de las secuelas de la intoxicacin.

Tras una larga batalla judicial, los pro-ductores sojeros alemanes que causaron su

muerte por envenenamiento fueron senten-ciados a dos aos de prisin sin pena susti-tutiva. Ulises Lovera de Alter Vida manifestque el dictamen sienta un importante prece-dente judicial en la utilizacin de agroqumi-cos en los cultivos de soja.

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Violencia y represin hacia lascomunidades rurales

La expansin del agronegocio sojero en la regin oriental ha acarreado violencia yrepresin contra las comunidades campesinas e indgenas. La agresin es inherente al de-sarrollo del modelo productivo cuando ste se basa en la desposesin de los pequeosproductores para acumar tierras.

Cesar Bez Samaniego, asesor de la Direccinde Derechos Humanos de la Fiscala General

La distribucin de presupuesto general de gastos entre la fiscala y la defensora pblicaes una vergenza. La fiscala tiene por lo menos de 20 a 30 veces ms presupuesto quela defensora, con una cantidad de 50% de pobres. Esto representa una aberracin, nohay plata para la defensa de los pobres, con lo que se desnaturaliza el derecho de ladefensa en juicio que es pattico.

Ante la capacidad de los grandes propietarios para poner de su lado a la justicia, lasorganizaciones campesinas e indgenas van encontrando medios para que el despojo nosea tan abyecto. Varias organizaciones han documentado el nmero de ataques a sus

comunidades, detenciones arbitrarias, heridos, encarcelados y el nmero de campesinosy campesinas muertos desde 1989 hasta la fecha. El conteo reportaba de 1989 a enero2006, 93 muertos. En 2007 ya se contabilizaban ms de 100 personas.

En el ltimo ao y medio una serie de actos represivos son un mecanismo articuladopara frenar y romper el trabajo de las organizaciones, segn sealan las ONG entrevista-dos. La represin es ejercida por parte del Estado pero tambin por grupos parapolicia-les o guardias de seguridad privada. Las familias se organizan para ocupar pacficamentetierras que no cumplen su funcin econmica y social, como ltimo recurso para pre-

sionar a las autoridades e implementar la legislacin sobre reforma agraria. En muchasocasiones, los miembros de las organizaciones son detenidos de manera arbitraria y concargos penales.

Segn el informe FIAN (2006) las personas detenidas e imputadas por invasin detierras o por participar en cortes de ruta y otras manifestaciones de protesta alcanz enel 2004 la cifra de 1.156 y un total de 7.018 en el perodo 1990- 2004. Las organizacio-nes campesinas entrevistadas misin calculan que 2.000 de sus miembros se encuentranactualmente imputados con cargos penales.

Las cifras que reporta BASE-IS de agosto de 2008 a diciembre de 2009, muestran queel conflicto sigue presente con la apertura de nuevos espacios democrticos en la polticasocial de Lugo.

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Para el sector empresarial, el asunto campesino slo es un problema laboral y lasolucin est en poder asimilar la mano de obra en actividades agroindustriales que per-mitira, a su vez, liberar las pequeas propiedades para poder disponer de los extensoscampos que este tipo de produccin requiere.

Hctor Cristaldo,Presidente de la

Unin de Gremiospara la Produccin

[Los campesinos son]pequeos y medianosproductores descapi-talizados con un nivel

de ingresos muy bajosque no le permiten unavida digna y desconec-tados o con conexio-nes intermitentes a laeconoma o al merca-do y estn siempre sinposibilidad de generaringresos suficientespara mantenerse ellosy su familia.

Manuel Ma. Pez, Defensor del Pueblo

Lamentablemente no se respetan algunas reglas, ni loscampesinos que se hacen llamar campesinos sin tierra e in-vaden, no siguen los canales para reclamar una parcela sinoque en forma violenta invaden una finca, un inmueble. Seda la invasin y ah el gobierno interviene y ve de pagarle alpropietario y distribuir las parcelas. Otra cuestin tambin

que el gobierno ha hecho es que, por ejemplo, un grupode campesinos invadi la parcela de un empresario y elempresario no quiere pelearse, no est en condiciones depelearse con la gente. No quiere arriesgarse los nervios yconsigue que el gobierno le pague una suma tal vez inferioral costo del inmueble, pero se libere del problema. El in-mueble entonces es dividi as en parcelas de no s, cuatrohectreas entre los ocupantes. Como estos ocupantes notienen asistencia tcnica, ni crediticia, ni hay obra pblica,ni camino ah, lo que hacen es cortar todos los rbolesque estn en el inmueble, venden la madera, abandonandespus el inmueble que han pelado y se organizan parainvadir otro inmueble.

Desde este punto de vista empresarial, el gran obstculo es la falta de seguridadjurdica en la propiedad privada. Para ellos, la titulacin de las tierras sigue siendo un

faltante imprescindible para conseguir que los campesinos puedan vender sus predioslegalmente: Al penalizar la venta, fomentan la corrupcin y convierten a los campesinosen siervos que deben permanecer atados a la tierra [] Otros utilizan las invasionespara extorsionar a los propietarios. La concentracin de la tierra, sin embargo, resultser otro engao socialista. En la agricultura moderna, las grandes propiedades manejadaspor empresas, dan empleo y favorecen a millones de campesinos.

Sectores del empresario y otros desde el Estado, parecen querer establecer un pactode trabajo con los campesinos a cambio de dejar sus tierras. El sector sojero levanta

amenazas, y muchas de ellas coinciden con o se materializan en ataques y asesinatosa miembros de las organizaciones campesinas. Una de sus principales voceras, ClaudiaRusser, declar El polvorn ya se encendi en el campo, y el Gobierno est ausente yseal que su sector est armado y recurrir a la defensa directa de sus intereses. Horas30


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despus de esta declaracin el dirigente de ASAGRAPA, Bienvenido Melgarejo, fue ase-sinado despus de un desalojo en Alto Paran. La persecucin judicial a los dirigentes esla otra cara del intento por desarticular a las organizaciones.

Salvador Campesino Comunidad ArroyitoDe la estancia salan, polica nacional y guardias de seguridad que estn cubriendo lapropiedad. El seor [el propietario] les facilitaba vehculos para salir y atemorizar a lacolonia. Salan de civil, en estado etlico y se quedaban afuera de las casas de los msconocidos, de los dirigentes, al que se le persigue realmente es al que dirige. Conocenlos lugares donde estamos ubicados, donde vivimos. Hubo un momento en que lacomunidad se paraliz.

La violencia se registra en los asesinatos selectivos, los ataques a comunidades le-galmente asentadas, los desalojos de campamentos al costado o en tierras en disputa,fincar responsabilidades civiles o penales a los representantes, o perseguir o amenazar adirigentes, entre muchas otras prcticas realizadas desde niveles gubernamentales o porparticulares.

Pilar Royg, directora de la Coordinadora

de Derechos Humanos de ParaguayPersisten los matones, los civiles armados dentro de las grandes propiedades. La ma-yora de casos de ejecuciones extrajudiciales que se dan no son a manos de la policainstitucionalizada sino a manos de estos civiles armados, pero que actan con aquies-cencia del Estado. Despus estn en las estancias donde estn los empleados que hacensus trabajos, y por supuesto, los guardias, entonces depende cuan matn sea el propiodueo de la estancia para que esos guardias sean ms o menos violentos, o inclusollegar a disparar al primer movimiento.

En cuanto a los asesinatos, la CODEHUPY seala que Entre octubre de 2008 yoctubre de 2009 se produjeron al menos nueve ejecuciones extrajudiciales sumarias oarbitrarias. En todos estos casos el resultado de la intervencin judicial ha sido la impuni-dad. En ninguna de las causas abiertas se investig adecuadamente a las personas respon-sables del hecho, produciendo las pruebas de rigor obligatorias en casos de ejecucionesarbitrarias segn el derecho nacional e internacional. Solamente en tres de ellas se realizuna autopsia bajo supervisin de un mdico forense acreditado, y apenas en dos de loscasos se realiz un peritaje balstico completo. Una similar falta de diligencia se observacon otros medios de investigacin como el interrogatorio de testigos y la inspeccin dela escena del crimen.

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En la mayora de casos de asesinatos no se da curso a las denuncias presentadas antela fiscala o se dilatan y manipulan las investigaciones. Esto constituye una violacin aldebido proceso y a la proteccin judicial que constata el alto grado de impunidad.

El ataque a las comunidades campesinas o indgenas se relaciona con la necesidad demantener bajo amenaza a las organizaciones y tratar de romper los enlaces de la red de

resistencia e incidencia. Se acompaa de la previa estigmatizacin de los asentamientoscomo lugares que dan cobijo a delincuentes o a grupos subversivos.

Salvador, campesino de la comunidad Arroyito

Llegaron 500 efectivos policiales, el comisario era Carlos Aguilera, la fiscala DoraIrrazabal y el juez penal de garanta Hernn Centurin, de la fiscala zonal y el juzgadopenal de Horqueta. Pensamos que sera una orden de cateo pero directamente vinieron

sin intercambio de palabras a atacar el campamento. Atacar con dispararos, con golpes,apresando compaeros, generaba un caos total en todos. Los primeros momentoseran balas de goma, anti-tumultos, despus disparos de todos los gruesos: fusiles, 38mm, pistolas, cantidad de disparos. Nos rodearon y era un operativo tipo cacera, cadapolica disparaba a la altura del cuerpo de uno, la gente no pudo ni correr, nada msde recostarse en el suelo y esperar que vinieran por nosotros y nos dieran la paliza. Elprimer operativo arroj 94 detenidos. En el segundo operativo ya fueron casa por casaal interior del asentamiento. Y nosotros estbamos en el terreno de la colonia, asenta-da hace veinte aos. Los policas quemaron todas nuestras pertenencias ropas, camas

y todo lo que encontraron y una bandera paraguaya. Como el dueo es brasileopensamos que estamos en una frontera y pusimos una bandera, un smbolo, aqu esParaguay y all es extranjero.

Joel, campesino de la comunidad Arroyito

Acampbamos frente de la estancia [del empresario] dentro de la comunidad delasentamiento nmero 4 de Arroyito y ellos [la polica] vinieron a nuestra propia casadigamos y ah, eso, nosotros no estbamos en la tierra de ellos, ellos vinieron y nos

garrotearon sin mediar palabra. Y queran matar dirigentes, eso es lo ms penoso paranosotros. Preguntaban dnde estn los dirigentes, dnde estn las comisiones, as de-can y nosotros nos callamos porque si uno dice yo soy ah te matan.Los policas no dijeron ni una palabra, nosotros pusimos el cuerpo para abajo y las ma-nos a la nuca, y si vos te entregas es porque una persona ya no puede ms reaccionar, yah te siguen garroteando hasta que te suben al camin.Fueron encarcelados ms de 90 compaero, fuimos once a la penitenciaria regional y,de acuerdo a la justicia, ms o menos salieron los dems pero quedamos los dirigentes.Estuvimos ms tiempo en la penitenciaria. Ah los malos tratos, el maltrato fsico ya nohay ms, pero el psicolgico sigue.

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Viviano Machado, Comisario General Director de la Polica Nacional

Nosotros ltimamente hemos enviado representantes del departamento de derechoshumanos y gente con filmadoras para documentar y estamos prohibiendo, por msque haya orden, de que tiene que ser destruido el campamento o casas instaladas enpropiedades ajenas, estamos prohibiendo que sea el personal policial el que destruya.Que el propietario contrate a personal a su cargo remunerado para que ellos procedana destruir esas viviendas en las propiedades invadidas.

El resultado fue de 94 personas detenidas, de las cuales, varios permanecieron cercade un mes en reclusin. Los aprehendidos fueron remitidos a la jefatura de la capital de-partamental y recibieron tratos humillantes, obligndolos a mantener posturas incmo-

das, dejndolos a la intemperie y privndolos de alimento. El da del ataque, los policasaccionaron con extrema violencia al golpear tanto a adultos como a nios menores de12 aos y a las mujeres que los acompaaban, destruyendo pertenencias y accediendoilegalmente a viviendas del asentamiento. En un momento de la accin policial se escu-charon disparos de armas de fuego, segn testimonios. Los campesinos indicaron quefueron los policas quienes utilizaron las armas de fuego. Muchos de los detenidos tienenlibertad condicional.

Joven familia campesina recuperando pertenencias entre los restos calcinados,

das despus de la entrada de la polica al asentamiento Arroyito.33


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Debilitamiento de las instituciones

Dentro de las principales expectativas de cambio, se percibe una posibilidad de me-jorar la defensa de derechos fundamentales frente a los abusos del poder poltico yeconmico.

ste es un problema estructural de la democracia paraguaya que se ve condicionadapor el carcter netamente rentista de la economa en trminos de lo que Bobbio llamabala privatizacin de los poderes pblicos. Muchas de estas dinmicas se pueden encon-trar en las lites econmicas y polticas del pas, especialmente entre el empresariadosojero y los Partidos Colorado y Liberal, en las Cmaras de Diputados y Senadores. Elalto grado de represin y violencia generado por el modelo agroindustrial profundizaeste desencanto con la democracia.

Profesor de la Escuela agrcolade la comunidad Curupayty

Este operativo nos hizo rememorar queparece que estamos en la poca de la dicta-dura, eso es lo que nos sorprendi mucho,que se sigan procedimientos de esta forma.Nosotros estamos de acuerdo que se haganprocedimientos formales pero no como eneste caso, con atropellos, robos y destruc-cin. Y de ver que en este caso el sistema

antiguo est intacto y que la esperanza decambio est en discusin.

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Asesinato del dirigente campesino Sindulfo Brtez (asentamiento KaaguyPoty, Distrito Mbuyapey)

Sindulfo Brtez tena 33 aos, era trabajador rural y dirigente del Movimiento Cam-pesino Paraguayo. Presida la Junta de saneamiento del asentamiento Kaaguy Poty. Suorganizacin haba denunciado que lotes de tierra fiscales del asentamiento se haban

vendido mediante operaciones ilegales a personas que no reunan los requisitos paraser beneficiarios de la reforma agraria. Denunciaron ante el INDERT que un funcionariodepartamental haba titulado fraudulentamente tierras fiscales a nombre de Mariano L-pez, presidente de la seccional colorada de Mbuyapey. Dentro de los lotes transferidosilegalmente se encontraban la escuela, el pozo, la iglesia, el centro urbano y dos casas defamilias que fueron amedrentadas por la polica para abandonar el lugar. Brtez llevabaadelante el trmite de estas denuncias. El 4 de agosto de 2008, al entrar a su casa, fuerecibido por Richard Carmona, un presunto sicario y recibi el disparo de una escopetacalibre 12, y qued agonizante. Al cabo de varios minutos, recibi en su telfono mvil

una llamada y pidi auxilio. En una patrullera policial lo llevaron hasta el centro de saludde Mbuyapey, de donde fue trasladado en una ambulancia hasta el centro de emergen-cias mdicas en Asuncin, al que lleg sin signos de vida.

San Pedro

Ataques a las comunidades de Curupayty y Mbocayaty (distrito Chor)

El 19 de junio de 2009, un grupo de diez policas fueron emboscados mientras custo-diaban la estancia Agroganadera Jeju, propiedad de Emio Ramrez. Uno de los policas,Hernn Flietas, falleci por impacto de bala y otro result herido. Al da siguiente, unosdoscientos policas bajo la responsabilidad del comisario Andrs Gonzlez y acompaa-dos de las fiscales Lilian Ruiz y Fanny Villamayor, intervienen las comunidades de Curupa-yty y Mbocayaty lindantes con la propiedad de Ramrez, buscando supuestamente a losresponsables de la emboscada. Segn los testimonios recopilados por la CONAMURI:

Mientras las fiscales realizaban averiguaciones en la entrada de la comunidad, la policaactuaba desde las casas ubicadas al fondo de la misma. Ms que un operativo policial,este fue un amedrentamiento y saqueo. Segn las denuncias realizadas los hombres eransacados literalmente a patadas y a bofetadas de sus viviendas, luego tirados al piso, piso-tendoles la espalda con sus botas. Este procedimiento afect tambin a algunos nios.Muchas mujeres tambin fueron abofeteadas y golpeadas. Quemaron tres viviendas, ro-baron celulares, implementos agrcolas y ms de diez millones de guaranes.

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Asesinato del dirigente campesino Enrique Brtez (colonia Jeju, distritoChor)

El 1 de mayo de 2009 fue encontrado el cuerpo de Enrique Brtez colgando de sus ro-pas en un rbol de la estancia Agroganadera La Fortuna, propiedad del ganadero Fernan-do Garca. Brtez tena 30 aos de edad y perteneca a la Mesa Coordinadora Nacional

de Organizaciones Campesinas y se hallaba desaparecido desde el 28 de abril, fecha enque particip de una reunin en un campamento de campesinos sin tierra. Su desapari-cin fue denunciada por sus compaeros de organizacin.

El dueo de Agroganadera La Fortuna, Fernando Garca, rechaz toda vinculacincon la muerte de Brtez. Garca afirm que la vctima no era campesina: Volvi haceun mes de Espaa, encontr muchos problemas en su casa y se suicid. A la fecha, elresultado no ha sido agregado a la carpeta fiscal, ya que la fiscal interviniente, NormaSols, de la Unidad Penal 1 de San Estanislao, maneja la hiptesis de un suicidio, razn por

la cual considera prcticamente cerrada la causa, pese a que el cuerpo mostraba signosde tortura y de haber muerto antes de ser colgado a una altura de 15 metros.

Concepcin

Ataques a la comunidad de Arroyito (distrito Horqueta)

El 23 de junio de 2009 en la poblacin de Arroyito, distrito de Horqueta, campesinosmiembros de la comisin de sintierras 22 de Septiembre, fueron desalojados violenta-mente por la accin de fuerzas policiales que los atacaron en el predio de la comunidaddonde acampaban colindante a la estancia Santa Adelia, del brasileo Jorge Zanetti. Msde 30 campesinos y campesinas recibieron golpes con cachiporras, culatas de fusiles yrevlveres, as como insultos y tratos humillantes tanto a personas adultas como a me-nores de edad. Sus pertenencias fueron quemadas, as como las carpas donde pernocta-

ban. El resultado fue de 94 personas detenidas, de las cuales, varias permanecieron cercade un mes en reclusin. Los aprehendidos fueron remitidos a la jefatura de la capitaldepartamental para ser identificados a travs de las averiguaciones correspondientes,recibiendo tratos humillantes, obligndolos a mantener posturas incmodas, dejndolosa la intemperie y privndolos de alimento.

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CentralContaminacin por la empresa Chemtec y coercin a la poblacin y adefensores de derechos humanos de Los Naranjos (emby)

emby es una ciudad perifrica de Asuncin. En ella se encuentra el barrio Los Na-ranjos, en el que se ubica la empresa Chemtec S.A.E dedicada a la formulacin y sntesisde agroqumicos. La empresa se instal el 2002 y ocupa 19 ha. Su produccin cubreel 15% del mercado interno. La empresa maniobra con productos que pueden tener

efectos sobre la salud humana y el ambiente por su grado toxicolgico, incluyendo algu-nos ilegales, como el paraquat, monocrotofos y atrazina. Los vecinos de Los Naranjos,obligados a vivir en las inmediaciones de la empresa, han tenido que hacer frente a dosfugas que les provocaron picores en la piel, lesiones cutneas, dificultades respiratorias,alergias, nuseas, vmitos y cefaleas.

La primera fuga ocurri en diciembre de 2004 y la segunda en septiembre del 2007.En esta segunda ocasin, gracias a las insistentes denuncias realizadas por la comunidadorganizada en el Consejo de Derechos Humanos de emby, un equipo conformado pormiembros del Ministerio Pblico, el SENAVE, la Secretara de Ambiente y la direccinde toxicologa del Ministerio de Salud realizaron una visita epidemiolgica, llegando a laconclusin de que en el barrio existe un brote de intoxicacin aguda por plaguicidas conlo que se confirmaba la existencia de riesgo para la salud de los pobladores de la comuni-dad. A raz del informe elaborado se revoc la licencia de la empresa y se suspendieronsus actividades de forma temporal, hasta finalizar las investigaciones del sumario.

La empresa presentuna imputacin a la doctoraGraciela Gamarra de la di-

reccin de toxicologa porla supuesta produccin dedocumentos pblicos decontenido falso y al presi-dente de la Coordinadorade Derechos Humanos deemby, Hugo Cspedes, leabrieron una querella por

un supuesto rapto de unafuncionaria de Chemtec.

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8. REFLEXIONES FINALES ENTORNOAL MODELO AGROINDUSTRIAL

Qu impactos tiene la implantacin del modelo agroindustrial exportador en el de-sarrollo socioeconmico de la poblacin rural de la zona oriental paraguaya, frecuen-temente sometida por empresas monoplicas? Paraguay experimenta un panorama decompleta hegemona en el sector agroindustrial, sin espacios para la negociacin entrelas fuerzas polticas y sociales del pas. La introduccin del modelo muestra los proble-mas socioeconmicos derivados de la concentracin de la tierra, la riqueza, los ingresosy las oportunidades.

El modelo agroindustrial exportador ha generado una importante desigualdad social,econmica y ambiental, entendiendo esto como discriminacin hacia un sector de la

poblacin que padece continuadamente los efectos de contaminacin, deforestacin,depsitos de desechos o acumulacin de materiales txicos, en comparacin con otrosque no los padecen, especialmente los sectores con posibilidades econmicas mayor-mente resueltas. De este modo, los actores que participan en el conflicto parecen estardeterminados, por el compromiso o alejamiento que puedan tener con sus aspiracionesdemocrticas o intenciones oligrquicas y en ello, su adherencia o distanciamiento haciael modelo agroindustrial productor de desigualdad.

Impactos al desarrollo econmico,poltico y cultural de las poblacionesrurales del noroeste y del oriente

Las organizaciones campesinas sealan el grado de exclusin que el modelo genera.Les preocupa que no exista capacidad de asimilar mano de obra en una agricultura al-tamente tecnologizada que no requiere ms que de dos o tres empleos por cada cien

hectreas y que condena a la poblacin a migrar a los centros urbanos o al extranjeropara emplearse en sectores informales y precarios. Se obvia es que una poblacin mayo-ritariamente rural como la paraguaya ha desarrollado una forma de vida eficiente y auto-sustentable que podra desarrollarse en esas cien hectreas dando trabajo y alimento acinco familias, solventando un importante problema econmico familiar.

Las dinmicas de la expansin de la agroindustria sojera indican que un pacto socialy poltico que contribuya a combatir la pobreza y la desigualdad est lejano. Las litesempresariales no se encuentran amenazadas o con incentivos para mutar su posiciona-

miento ante los grandes beneficios que han venido capturando. A su vez, las organizacio-nes sociales no parecen encontrarse en su mejor momento para incidir en las polticaspblicas ni en sus gobiernos por ms progresistas o favorables a los intereses socialesque sean.

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Papel de las lites econmicas ypolticas en la expansin de laagroindustria

Las lites econmicas se han consolidado en sociedades oligrquicas protegiendo susderechos de propiedad y estableciendo barreras a posibles reformas que toquen susintereses. La agroindustria es un sector dinmico pero con poca vinculacin productivacon el resto de la economa, parecido a un enclave o al sistema de una maquiladora.A fuerza de incentivar el anclaje de este tipo de actividades con incentivos fiscales yliberndolas de todo requisito de insumos internos y transferencia de tecnologa, se haminimizado el efecto positivo que podran tener la inversin extranjera o la economaexportadora.

Se ha destruido el tejido industrial, anteriormente protegido, sin darle la oportunidadde modernizarse o reconvertirse. Este proceso puede colocar a pases como Argentinay Paraguay en el camino hacia la reprimarizacin modelo primario-exportador de sueconoma, lugar donde las oligarquas se han sentido tradicionalmente ms cmodas.

Una sociedad oligrquica adopta las polticas que reducen demanda de trabajo, pre-siona salarios y aumenta los beneficios de empresarios.

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Relacin entre la innovacin agrcola ylos impactos socio-ambientales, polticosy econmicos en la poblacin rural

El agronegocio genera elevadsimas ganancias, principalmente a travs de la exporta-cin e importacin. En contrapartida, genera pocos empleos y desplaza a las comunida-des campesinas de sus asentamientos por las necesidades de produccin a gran escalaque requieren los monocultivos para ser rentables. Los ingresos laborales que generanson proporcionalmente bajos, y los impuestos que aportan al Estado son marginales,en relacin a las ganancias que obtienen estas empresas, y a los impactos negativos quegeneran a nivel social y ambiental. En este panorama la exportacin de commoditiesagroindustriales seguir teniendo un impulso creciente por lo menos hasta el agotamien-to de los recursos que, cabe recordar, son finitos.

La pregunta es si esta estructura econmica primarizada puede transformarse en unamejora de los trminos del intercambio comercial para lograr una mejor redistribucinmonetaria va polticas fiscales aplicadas a la renta, una produccin y exportacin quelogre financiar dignamente programas sociales que combatan la profunda desigualdad ypobreza en la regin, una solucin a los impactos ambientales y en la salud humana pro-ducto del uso de sustancias txicas, un reduccin de la deforestacin y contaminacinde suelos y aguas, un desarrollo institucional que fomente la inclusin de las poblacionesrurales y urbanas y que brinde acceso a formas alternativas de trabajo como la agricul-

tura familiar y la produccin local de alimentos, un respeto a los derechos econmicos,sociales y culturales como parte fundamental del comportamiento democrtico de lassociedades, especialmente el comportamiento de las lites econmicas y polticas parareducir los riegos de fractura social.

La reprimarizacin de la produccin es preocupante por su vulnerabilidad ante losvaivenes de los mercados y los precios internacionales. El clima, las sequas por ejemplo,ya ha jugado en contra de los productores sudamericanos en ms de una ocasin.

Queda pues en la capacidad de los decisores de las polticas pblicas latinoamericanas

en general, y paraguayas en particular, aprovechar ese bono, en cierto modo inespe-rado, de crecimiento econmico y la coyuntura de no caer en una crisis mundial quepudiera revivir la dcada perdida.

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9. CONCLUSIONES SOBRE LASVIOLACIONES DE DDHH EN ELORIENTE PARAGUAYO

La situacin de los derechos humanos en Paraguay es extremadamente crtica, y lafalta de respuestas concretas apuntan a un gobierno paraguayo est incumpliendo susobligaciones adquiridas de derecho internacional con las ratificaciones del Pacto Interna-cional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organiza-cin Internacional del Trabajo, entre otros.

Las regiones presentan una situacin social atravesada por profundas dinmicas deexclusin y desigualdad. Tales dinmicas se agudizan especialmente en el caso de las

mujeres y de la poblacin indgena y campesina, cuya situacin de marginacin social,econmica, poltica y cultural dibujan las citadas violaciones de derechos.

El problema de raz se sita en la distribucin y el control de recursos bsicos para lasupervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo. Esta situacin es histrica pero,en los ltimos tiempos, se ha reforzado por el avance de la frontera agroindustrial.

Las problemticas recogidas son:

Desalojos forzosos y vulneracin del derecho a disfrutar de vivienda digna y

decorosa. Represin en contra de campesinos, campesinas y pueblos indgenas, que recla-man mejores condiciones de vida.

Asesinatos y ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias.

Falta de garantas procesales.

Omisin, morosidad y limitada capacidad institucional para implementar la legis-lacin sobre derechos humanos en dichas comunidades.

Destruccin de las comunidades campesinas e indgenas y de sus medios de

vida, a causa de la expansin sojera. Aumento de la inseguridad de la tenencia de la tierra de familias campesinas e

indgenas, a causa de la expansin sojera.

Riesgos sobre la salud y el medio ambiente por el uso de agrotxicos.

Falta de reconocimiento de las tierras y territorios indgenas.

Falta de independencia del poder judicial que conforma un clima generalizadode desconfianza en las instituciones.

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Informe completohttp://edpac.org/docs/Informe_Paraguay_2009.pdf


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La demanda internacional de cereales y oleaginosas ha convertido Paraguay en uno delos mayores productores y exportadores mundiales de soja. La oportunidad de negocioimpulsa a los antiguos terratenientes y a los nuevos inversionistas a sumarse a la expan-sin del modelo agroindustrial.

El requerimiento de tierras para su produccin tensa la ya frgil relacin entre los

latifundistas y las comunidades campesinas e indgenas. La escasa institucionalidad juntoa la inercia de la dictadura de Stroessner agravan la obtencin y el reconocimiento de lapropiedad de la tierra de las comunidades rurales.

Pero la sola tierra no basta. Las organizaciones campesinas piden la democratizacineconmica, social, cultural y ambiental. Denuncian la deforestacin a gran escala, lautilizacin de potentes agrotxicos que reportan daos a la salud humana, o la prdidairreparable del Bosque Atlntico Paraguayo.

Este informe es el resultado de la Misin de Observacin que visit Paraguay en 2009.

En su estudio documentado de las situaciones aqu descritas prevalecen los testimoniosde las personas protagonistas desde los diversos mbitos del conflicto.

Informes como ste son claves para visibilizar el acoso al

que se enfrenta la agricultura campesina, y por ende, las

comunidades campesinas e indgenas.

La Va Campesina seguir trabajando como hasta ahora

por la soberana alimentaria de los pueblos e invitamos a

cuantos y cuantas crean en su lucha a sumarse en la de-fensa de una agricultura campesina, social y sustentable.

Paul Nicholson

resumen del informe situación de los derechos humanos en el oriente paraguayo en 2009

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