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RESUMEN DE ORIENTACIÓN En la agricultura de los últimos veinte años han aparecido a nivel mundial un número importante de normas sociales y ambientales voluntarias, así como de programas de certificación. La mayoría de las normas sociales y ambientales han sido desarrolladas por organizaciones no gubernamentales (ONG), como el sistema del comercio justo, la norma SA8000 sobre responsabilidad social y el ‘Programa para la Agricultura Sostenible’ de SAN/Rainforest Alliance. Muchos programas han sido impulsados directamente por el sector privado, tales como el Sistema Armonizado COLEACP o el EurepGap. Los gobiernos también han participado o se han ido involucrando en algunos de ellos, sobre todo en aquellos relacionados con la agricultura orgánica y el etiquetado. Los productos tropicales etiquetados orgánicos y del comercio justo tienen una participación comercial del 1 o 2 por ciento del total de los mercados norteamericanos y europeos. En el café es de aproximadamente el 0,8 por ciento, y en el banano y cítricos del 2 por ciento. El crecimiento anual del volumen comercializado ha sido durante varios años superior al 20 por ciento. Se han observado tasas de crecimiento cercanas al 100 por ciento en algunos productos como el banano orgánico, aunque parecería ser que estas tasas de crecimiento han alcanzado su tope. Los volúmenes de ventas de productos con etiqueta de comercio justo han crecido entre un 10 y un 25 por ciento por año, aunque se trata de volúmenes pequeños. No todos los productos certificados llevan etiqueta. Existen mercados de productos certificados sin etiqueta, como los de la Red de la Agricultura Sostenible (Sustainable Agriculture Network - SAN), SA8000 y los productos certificados EurepGap, que sólo se diferencian en los niveles de mayorista y minorista y no a nivel del consumidor. En consecuencia, no hay cifras disponibles sobre su participación en los mercados y se desconoce la demanda por estos tipos de certificación. Los estudios de caso documentados del Capítulo 6 dan una idea del efecto de la certificación a nivel del predio rural. La aplicación de métodos orgánicos en fincas que tradicionalmente emplean bajos insumos puede resultar en un incremento en la productividad a largo plazo. Sin embargo, los métodos van frecuentemente acompañados de mayores costos de producción, principalmente debido a un incremento en el uso de la mano de obra. El acceso a los mercados con primas adicionales por certificación normalmente aporta a los productores un incremento en sus ganancias netas. Los estudios de caso de conversión desde sistemas de altos insumos a sistemas orgánicos reportan un declive inicial en la productividad, la cual se recupera en parte o completamente al cabo de un tiempo. Los efectos sobre los costos de producción son muy variados, pero a menudo implican una considerable inversión inicial. En estos casos es esencial el acceso a los mercados de primas para compensar la caída de la productividad y los costos de las inversiones. Para las cooperativas de agricultores certificadas por las Organizaciones de Etiquetado de Comercio Equitativo - Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), el precio con prima parece ser sólo una parte, y a menudo muy pequeña, de los beneficios derivados del sistema. Su participación resulta en mejoras en la organización, mejores posiciones en las negociaciones, crédito comercial y economías de escala, parecen tener mayor importancia. Los beneficios provienen del sistema de comercialización y de las actividades adicionales de apoyo que brindan las agencias, que parecen estar fuertemente vinculadas entre sí y apoyarse mutuamente. El efecto de la prima es limitado debido a que solamente una pequeña parte de la producción total se vende como comercio justo. Parecería ser que tanto la certificación orgánica como la del comercio justo resultarían en mejoras generales en la calidad del producto, lo es beneficioso también para su eventual venta en mercados de productos convencionales. Con respecto a otras normas discutidas en este documento, los estudios disponibles eran limitados y tratan solamente de un estándar por país, por lo que no se pueden hacer generalizaciones sobre su efecto.

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El capítulo 7 analiza las normas sociales y ambientales voluntarias y la programación del etiquetado en relación con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Por su naturaleza voluntaria, a las normas y a los programas de certificación analizados no se les considera restrictivos del comercio y, por ende, son de poco interés para los comités de la OMC. Es más, la OMC es un acuerdo entre gobiernos y por lo tanto sólo tiene un efecto indirecto sobre las acciones de las ONG. Sin embargo, existen algunas inquietudes sobre la naturaleza discriminatoria de las normas sociales y ambientales, puesto que éstas hacen distinciones sobre la base de una producción no relacionada con el producto o con los métodos de elaboración. De hecho, algunas normas voluntarias parecen tener algún impacto sobre el acceso a mercados. El informe concluye con un breve análisis sobre algunos de los debates actuales y del papel del gobierno con respecto a las normas sociales y ambientales voluntarias. El primer tema de debate es la necesidad de que los programas de certificación cuenten con una cierta flexibilidad a nivel local y al mismo tiempo logren un grado de credibilidad global. Es importante que un amplio número de interesados participe en el establecimiento de normas para asegurar que éstas no vayan a discriminar en contra de algunas categorías de productores o elaboradores. Igualmente, los requisitos de un estándar deben estar vinculados directamente al objetivo esencial del mismo, sin incluir criterios superfluos o ser demasiado prescriptivos en cuanto a la manera de lograr el objetivo. Además, y teniendo en cuenta la especificidad local, los sistemas genéricos de normas deben ser complementados por normas locales o específicas del cultivo, o por un sistema de normas mínimas que irán desarrollándose y creciendo. En los sistemas de verificación se pueden hacer arreglos especiales para los propietarios de pequeñas granjas, tales como los sistemas de control interno. El incremento en el uso de la certificación por terceros ha conducido al desarrollo de una «industria certificadora», con sus propios intereses económicos. La certificación es un medio y no debe volverse un fin. Todos los actores involucrados deben trabajar continuamente para minimizar los costos y el tiempo de certificación, sin comprometer la calidad o la credibilidad. Los países en desarrollo y los pequeños productores que quieran participar de sistemas de certificación social y ambiental pueden enfrentarse a restricciones específicas. En algunos países la falta de organismos locales de certificación aumenta los costos de certificación. Además, el sistema de rastreabilidad favorece a las granjas comerciales de mayor tamaño. Algunas normas, como la SA8000 referentes a las condiciones laborales de los trabajadores contratados, no son pertinentes para aquellos productores que utilizan solamente mano de obra familiar. Por otra parte, el comercio justo ha sido ideado especialmente para ayudar a los productores de pequeña escala de los países en desarrollo, aunque su beneficio potencial es poco debido al pequeño tamaño de este mercado. Finalmente, la certificación EurepGap podría en el futuro ser obligatoria, lo que podría ocasionar serios problemas para los productores que no tienen acceso a los laboratorios que deberían realizar las pruebas requeridas, y además podrían enfrentarse a dificultades para satisfacer los criterios establecidos debido a la extensa documentación exigida. Los gobiernos asumen varios papeles con relación a la certificación social y ambiental voluntaria. Ellos proporcionan el marco jurídico en el cual operan dichos sistemas. Pueden también otorgar protección legal al uso de ciertos términos que se utilizan en el etiquetado de los productos. Las agencias de gobierno pueden actuar como organismos de acreditación o de establecimiento de normas. Además pueden facilitar la certificación apoyando a aquellas organizaciones locales que aboguen por la aplicación de normas, dando subvenciones o incentivos fiscales para los productores que aplican las normas, o mediante la capacitación de personal de extensión.

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ÍNDICE

RESUMEN DE ORIENTACIÓN III SIGLAS Y ABREVIACIONES VII AGRADECIMIENTOS IX GLOSARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS CON LOS PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN X 1. INTRODUCCIÓN 1 2. UN POCO DE HISTORIA 3

2.1 EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS 3 2.2 LAS NORMAS LABORALES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 3 2.3 LA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y EL ETIQUETADO 4 2.4 EL COMERCIO JUSTO 5

3. LOS CONCEPTOS DE NORMAS, CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO 7 3.1 NORMALIZACIÓN 7 3.2 NORMAS 7 3.3 CERTIFICACIÓN 7 3.4 ACREDITACIÓN 8 3.5 ETIQUETADO 8 3.6 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ETIQUETADO SOCIAL Y AMBIENTAL 8

ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN 8 VARIABLES QUE DETERMINAN LOS EFECTOS DEL ETIQUETADO 9

4. SINOPSIS DE LAS NORMAS Y PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN ACTUALES 11 4.1 TIPOS DE ORGANIZACIONES QUE ESTABLECEN NORMAS 11 4.2 NORMAS CON PARTICIPACIÓN GUBERNAMENTAL 12

NORMAS ORGÁNICAS Y LA CERTIFICACIÓN 12 EL CAFÉ DE SOMBRA «AMIGO DE LAS AVES» DEL SMITHSONIAN MIGRATORY BIRD CENTER 16 ISO 14001 16

4.3 NORMAS ESTABLECIDAS POR LA INDUSTRIA 18 EUREPGAP 18 SISTEMA ARMONIZADO COLEACP 19

4.4 NORMAS ESTABLECIDAS POR ONG 20 CERTIFICACIÓN DE LA RAINFOREST ALLIANCE 20 COMERCIO JUSTO 22 SA8000 23

4.5 ESTANDARES SIN PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN 24 CÓDIGO BÁSICO DE PRÁCTICAS LABORALES DE LA CIOSL/ITS 24 LA INICIATIVA DEL COMERCIO ÉTICO - ETI 25 PLATAFORMA INICIATIVA DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE 25 PROYECTO «RACE TO THE TOP» (CARRERA HACIA LA CIMA) 26

4.6 COLABORACIÓN EN INICIATIVAS DE ETIQUETADO 26 LA ALIANZA DEL SELLO ISEAL 26 PROYECTO SASA 27

5. PRODUCCIÓN Y MERCADOS 29 5.1. MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS ETIQUETADOS 29

PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y MERCADOS 29 PRODUCTOS ETIQUETADOS POR LA RAINFOREST ALLIANCE 31 PRODUCCIÓN Y MERCADOS DE COMERCIO JUSTO 31

5.2. ESTUDIO DE CASOS: EL MERCADO DEL BANANO ORGÁNICO Y DE COMERCIO JUSTO 33 FUENTES DE SUMINISTRO 33 SITUACIÓN DEL MERCADO 33 PRECIOS 36 PERSPECTIVAS DE MERCADO 37 CONSECUENCIAS PARA LOS PRODUCTORES DE BANANO 38

5.3 MERCADOS PARA PRODUCTOS CERTIFICADOS SIN ETIQUETA 39 PRODUCTOS CERTIFICADOS POR SAN 39 PRODUCTOS CERTIFICADOS POR SA8000 40 EUREPGAP 41

6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 43 6.1 LA AGRICULTURA ORGÁNICA CERTIFICADA 43

HORTALIZAS ORGÁNICAS FRESCAS PARA LOS SUPERMERCADOS LOCALES EN EL SALVADOR 45 PULPA ORGÁNICA DE MANGO DEL ALTO PIURA, PERÚ 46 FRUTAS TROPICALES ORGÁNICAS – UNA OPORTUNIDAD EMPRESARIAL EN UGANDA 46

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BANANO ORGÁNICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 47 PRODUCCIÓN DE CACAO Y BANANO EN TALAMANCA, COSTA RICA 48 CAFÉ ORGÁNICO DE SOMBRA DE LAS MONTAÑAS BATURITÉ EN EL NORESTE DE BRASIL 49 CAFÉ ORGÁNICO DE COSTA RICA 50 CAFÉ ORGÁNICO DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA 51 ALGODÓN MAIKAAL DE LA INDIA 52 EL PROYECTO EPOPA Y EL ALGODÓN ORGÁNICO DE UGANDA 53 AZÚCAR ORGÁNICO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN MISIONES, ARGENTINA 54 TÉ ORGÁNICO DE BIO FOODS LTD., SRI LANKA 56

6.2 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS CASOS DE CULTIVOS ORGÁNICOS 57 6.3 COMERCIO JUSTO 58

BANANO DEL COMERCIO JUSTO DE VOLTA RIVER ESTATES LTD., GHANA 58 CACAO ‘DIVINE’ DE KUAPA KOKOO, GHANA 61 CAFÉ DEL COMERCIO JUSTO EN BOLIVIA 63 CAFÉ DEL COMERCIO JUSTO DE COOCAFÉ, COSTA RICA 65 CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE UCIRI, MÉXICO 66 CAFÉ MAM DE GRAN ALTURA, ISMAM, MÉXICO 66 CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE TANZANIA 67

6.4 LECCIONES APRENDIDAS DE LOS CASOS DEL COMERCIO JUSTO 69 6.5 OTRAS NORMAS 70

NARANJAS DE CULTIVOS SOSTENIBLES EN COSTA RICA 72 VINO ÉTICO DE SUDÁFRICA 73 PIÑAS DE GHANA CON CERTIFICACIÓN EUREPGAP 76

6.6 DEBATE 77 7. LA OMC Y LAS NORMAS SOCIALES Y AMBIENTALES, LA CERTIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO 79

7.1 INTRODUCCIÓN 79 7.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA OMC 79 7.3 EL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO 81 7.4 CONSECUENCIAS DE LAS DISPOSICIONES DEL OTC Y GATT PARA LAS NORMAS SOCIALES Y AMBIENTALES VOLUNTARIAS, LA CERTIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO 88 LEYES NACIONALES 89

NORMAS Y SISTEMAS DE ETIQUETADO DESARROLLADOS POR LAS ONG 90 7.5 DEBATES EN CURSO A NIVEL DE LA OMC 92

ACTUALES DISCUSIONES 92 CUESTIONES PENDIENTES 93

8. DEBATES EN CURSO 95 8.1 ESPECIFICIDAD LOCAL Y CREDIBILIDAD GLOBAL 95

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS 95 SISTEMA DE VERIFICACIÓN 96

8.2 RESPONSABILIDAD DE LAS ONG QUE ESTABLECEN NORMAS Y DE LOS ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN 97 8.3 LA «INDUSTRIA CERTIFICADORA» 98 8.4 ¿QUIÉN PAGA? 99 8.5 POTENCIAL Y RESTRICCIONES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 100

POTENCIAL Y RESTRICCIONES GENERALES 100 POTENCIAL Y RESTRICCIONES DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CERTIFICACIÓN 101

8.6 EL PAPEL POTENCIAL DE LOS GOBIERNOS 102 BIBLIOGRAFÍA 105

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SIGLAS Y ABREVIACIONES ACG Área de Conservación Guanacaste [Costa Rica] ACP Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico que firmaron el Acuerdo de Cotonou con la Unión Europea Acuerdo MSF Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias ADIPCO Asociación de Desarrollo Integral Productivo Cocolense [Guatemala] AEAAZ Agricultural Ethics Assurance Association of Zimbabwe (Asociación para la garantía de la ética en la agricultura) ANACAFE Asociación Nacional del Café [Guatemala] APEMB Asociación de Productores Ecologistas del Macizo de Baturité [Brasil] APPTA Asociación de Pequeños Productores de Talamanca [Costa Rica] ASEAN Asociación de Naciones del Asia Sudoriental ATO Organizaciones de Comercio Alternativo BPA Buenas Prácticas Agrícolas CAN Conservation Agriculture Network (Red de la Agricultura Sostenible) [ahora SAN] CCI Centro de comercio internacional UNCTAD/OMC CCMA Comité de Comercio y Medio Ambiente [de la OMC] CEI Comisión Electrotécnica Internacional CIF Costo, seguro y flete [término estándar de contrato] CIMS Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles CIOSL/ITS Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres/ Secretaría Internacional de Comercio CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria CNUMAD Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo COLEACP Comité de Enlace para las Frutas Tropicales y las Hortalizas de fuera de Temporada Coocafé Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro RL [Costa Rica] CSA La Comunidad Apoya a la Agricultura DCC Day Chocolate Company DED Deutscher Entwicklungsdienst (Servicio Alemán de Cooperación) EPOPA Export Promotion of Organic Products from Africa (Promoción a la exportación de productos orgánicos de África) ETI Ethical Trading Initiative (Iniciativa del Comercio Ético) EUREP Euro-Retailer Produce Association (Asociación de Minoristas Europeos) EurepGap Asociación Global para una Agricultura Segura y Sostenible Buenas Prácticas Agrícolas EUREP FECAFEB Federación de Cafetaleros Exportadores de Bolivia FEDECOOP Federación de Cooperativas de Caficultores RL FFTU Farmers Fair Trade Uganda FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FLO Organización de Etiquetado de Comercio Equitativo (Fairtrade Labelling Organizations International) FOB Franco a bordo [término estándar de contrato] FONAES Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad [México] GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio IBS Normas Básicas de IFOAM ICP Información y consentimiento previos IFOAM Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica IIMAD Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo IMO Institut für Markökologie [Organismo de Certificación de la Producción Orgánica, Suiza]

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IOAS International Organic Accreditation Service (Servicio Internacional de Acreditación de la Producción Orgánica) ISEAL Alianza de Etiquetado para la Acreditación Social y Ambiental Internacional ISMAM Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San Isidro Labrador [México] ISO Organización Internacional de Normalización JAS Norma Agrícola Japonesa KKL Kuapa Kokoo Limited [Ghana] KNCU Kilimanjaro Native Cooperative Union [Tanzania] LBC Licensed Buyer Organization – Organización de compradores con licencia [en la industria ghanesa del cacao] LCU Lango Cooperative Union [Uganda] MAFF Ministerio de Agricultura, Forestal y de Pesca [Japón] MAPO Movimiento Argentino de Producción Orgánica MIP Manejo Integrado de Plagas MPP Métodos de Producción y Procedimiento NMF Nación Más Favorecida [contexto de GATT/OMC] NOP National Organic Program – programa orgánico nacional [EE.UU.] NT Trato Nacional [contexto GATT/OMC] OAC Organismo Acreditado de Certificación OIT Organización Internacional del Trabajo OMC Organización Mundial del Comercio OMG Organismo modificado genéticamente OMS Organización Mundial de la Salud ONG Organización no gubernamental OTC Obstáculos Técnicos al Comercio PMO Organización para la Comercialización de Productos PNUMA Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente RSE Responsabilidad Social Empresarial SA8000 Social Accountability 8000 SAI Responsabilidad Social Internacional SAI-Platform Plataforma de la iniciativa para la agricultura sostenible SAN Red de la agricultura sostenible [anteriormente CAN] SASA Proyecto responsabilidad social en la agricultura sostenible SERRV Sales Exchange for Refugee Rehabilitation Vocation SNV Organización de los Países Bajos para el Desarrollo SSE Equivalente de jugo de concentración natural UCIRI Unión de Comunidades Indígenas en la Región del Istmos [México] UITA Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines UNCTAD Conferencia de la Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo USDA Departamento de Agricultura de los Estados Unidos VREL Volta River Estates Limited [Ghana]

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AGRADECIMIENTOS Los autores desean expresar sus agradecimientos a muchas personas por la asistencia prestada, en particular a Paul Pilkauskas (ESCR), Pedro Arias (ESCR), Mikkel Andersen (FAO/RUTA), Patrick Mallet (ISEAL Alliance) y Sasha Courville, así como al Comité Directivo del proyecto SASA. La versión original (en inglés) fue editada y preparada para su publicación por Thorgeir Lawrence.

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GLOSARIO DE CONCEPTOS BÁSICOS ASOCIADOS CON LOS PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN

Acreditación: Evaluación y reconocimiento formal de un programa de certificación por un organismo autorizado. Auditoría, auditor, organismo auditor: ver inspección, inspector. Certificación: Procedimiento por terceros de garantir (por escrito) de que un producto o servicio en conformidad con ciertas normas. Organismo certificador o de certificación: Organización que realiza la certificación. A veces se la refiere como certificador o agencia certificadora. Dicho organismo puede utilizar normas ya establecidas o establecer sus propias, basándose en un estándar internacional y/o normativo. Etiqueta o sello de certificación: Sello o símbolo que indica que el cumplimiento de normas o estándares específicos ha sido verificado. Por regla general el uso del sello es controlado por un organismo que establece normas. Programa de certificación: Sistema de reglas, procedimientos y gestión para realizar la certificación, y que a veces también se le llama sistema de certificación. Un organismo de certificación puede ejecutar diferentes programas de certificación. Control, organismo de control: Término comúnmente utilizado por el comercio cuando se hace referencia a la inspección y al organismo de inspección. Inspección: Visita al lugar de producción (in situ) para verificar que ésta se realiza en conformidad con las normas específicas de un programa de certificación. Inspector: Persona nombrada para realizar la inspección, que puede ser un operador independiente o un empleado del certificador. Organismo de inspección: Organismo que realiza la inspección de una certificación. Cuando el organismo de certificación realiza sus propias inspecciones, el organismo de certificación es además uno de inspección. Licencia: Documento emitido bajo las reglas del programa de certificación, mediante el cual un organismo de certificación concede a un organismo o a una persona el derecho a utilizar certificados o sello de certificación para sus productos, procedimientos o servicios, de acuerdo con las reglas del programa de certificación pertinente. Normas: Acuerdos documentados que contienen ciertas especificaciones técnicas u otros criterios precisos para una aplicación coherente. Reglas, directrices o definiciones, cuyo objetivo es garantizar que los materiales, productos, procesos y servicios sean adecuados a su fin. Normas ambientales: Normas para materiales, productos y procesos de producción, cuyo objeto es garantizar que los impactos negativos sobre el medio ambiente sean mínimos o se mantengan dentro de cierto límite. Normas orgánicas: Normas para la producción y elaboración de productos orgánicos. Normas laborales: Normas para las condiciones de trabajo cuyo objetivo es garantizar el cumplimiento de los derechos laborales. Normas sociales: Pueden ser empleadas como normas laborales, aunque también pueden incluir normas de otros aspectos sociales como por ejemplo la relación con las comunidades vecinas. Normas normativas: Normas o directrices genéricas para uso de organismos locales que establecen las normas, o de los órganos de certificación, como marco para la formulación de un estándar específico en su programa de certificación. A las normas normativas se les suele llamar Normas de Normas, por ejemplo: las normas Básicos de IFOAM y el Codex Alimentarius de la FAO/OMC.

Introducción 1

1. INTRODUCCIÓN

La presente publicación analiza varios aspectos de las normas ambientales y sociales voluntarias y de los programas de certificación que operan en los sistemas de producción de cultivos comerciales, especialmente en los países tropicales. El número de normas y programas de certificación para la producción agrícola ha crecido rápidamente en los últimos 20 años. Los productores que desean exportar se ven enfrentados no solamente a una multitud de reglas de importación, sino también, dentro de los países importadores, a diferentes mercados de nichos, cada uno de ellos con sus propios requerimientos adicionales. Sin embargo, visto desde otra perspectiva sus productos pueden ya estar cumpliendo con tales requisitos, y los mercados de nicho constituyen entonces nuevas oportunidades para aumentar el acceso al mercado o incluso para obtener primas en los precios. Los consumidores se ven cada día frente a un mayor número de sellos de productos y, aunque son sus propias demandas las que han desatado esta tendencia, hoy se ven abrumados por su gran número. En cuanto a las etiquetas ambientales y sociales, los consumidores escasamente pueden estar al tanto de su significado y grado de credibilidad. Los gobiernos que tratan de servir a los productores, comerciantes y consumidores no siempre tienen claro qué papel pueden o deben desempeñar ante estos acontecimientos. A pesar de que las normas ambientales y sociales voluntarias son principalmente promovidas por las organizaciones no gubernamentales (ONG) y aplicadas por el sector privado, dichas normas afectan áreas de competencia del gobierno tales como el medio ambiente, las condiciones laborales, el acceso a los mercados de nicho y los precios con primas. Este documento pretende dar una perspectiva general de las actuales normas sociales y ambientales internacionales que existen y que operan en forma voluntaria, y de los programas de certificación para la producción de cultivos comerciales, en particular para los productos hortícolas tropicales. Incluye información sobre las organizaciones que operan detrás de las iniciativas, así como sobre el alcance de las normas y sistemas de verificación. Se le presta atención a los acontecimientos del mercado y a los efectos potenciales a nivel del productor. También se analizan las disposiciones contenidas en los acuerdos de la OMC en relación con las normas y programas existentes. Finalmente, el documento analiza algunos temas en torno al proceso de estandarización y los métodos de verificación pertinentes a otros sectores e industrias. Esperamos que este documento sea una fuente útil de información para gobiernos, ONG, compañías privadas e individuos, y que contribuya en la toma de decisiones relacionada con los temas de normas ambientales y sociales voluntarias, la certificación y el etiquetado de productos.

Un poco de historia 3

2. UN POCO DE HISTORIA

El desarrollo de normas sociales y ambientales voluntarias, así como los programas de certificación y etiquetado de la agricultura, han sido moldeadas por varios acontecimientos históricos. El presente capítulo relata brevemente algunos de estos eventos con el fin de hacer posible una mejor comprensión de la situación actual. 2.1 EL ETIQUETADO DE LOS ALIMENTOS (FAO/OMS, 1999)

Los archivos históricos evidencian que las autoridades gobernantes del pasado también se ocuparon de las reglas de codificación, principalmente de aquellas dirigidas a proteger a los consumidores de prácticas deshonestas en el comercio de alimentos. Las tablas asirias describían el método según el cual se calibraban las pesas para cereales, y manuscritos egipcios prescribían el tipo de etiqueta para ciertos tipos de alimentos. Hacia la segunda mitad del siglo XIX se adoptaron las primeras leyes generales y los primeros sistemas de control de alimentos básicos. En el Imperio Austro-Húngaro, entre 1897 y 1911, el Codex Alimentarius Austriacus elaboró una serie de normas y descripciones de productos para una amplia variedad de alimentos. De allí toma su nombre el actual Codex Alimentarius. A comienzos del siglo XX las asociaciones comerciales realizaron los primeros intentos de facilitar el comercio mundial armonizando normas. A partir de los años 1950, y a medida que más información surgía sobre la alimentación y sus temas relacionados, comenzó también a aumentar la información sobre las preferencias de los consumidores. Si bien al principio su inquietud sólo se reducía a los aspectos «visibles» - el peso del contenido, variaciones en el tamaño, calidad - ahora incorporan aspectos «invisibles», como su procedencia, la presencia de microorganismos, residuos de plaguicidas, contaminantes ambientales y aditivos, y más recientemente la forma de cultivar y elaborar los alimentos. Hoy día se puede ver que los empaques de alimentos contienen información sobre éstos y otros temas. 2.2 LAS NORMAS LABORALES Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL1 Ya en el siglo XIX los industriales Robert Owen (1771–1853) de Gales y Daniel Legrand (1783-1859) de Francia expresaron la necesidad de crear una organización que estableciera normas laborales. Sus ideas fueron posteriormente incorporadas a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que fuera adoptada a finales de la Primera Guerra Mundial, y cuya motivación era humanista. Los trabajadores, cada vez más numerosos y sometidos a mayor explotación, percibían que su situación era día a día menos aceptable y que podrían estallar disturbios sociales. La motivación también era económica, ya que los costos aumentarían en toda industria o país que adoptara una reforma social, dejándola en desventaja frente a sus competidores. Una reforma simultánea en muchos países, a través de la OIT, evitaría este problema. La OIT es una organización tripartita que reúne a representantes de gobiernos, empresarios y trabajadores. La primera reunión anual de la Conferencia Internacional del Trabajo fue realizada en octubre de 1919. En ella se adoptaron los primeros seis convenios internacionales, que estaban relacionados a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de las mujeres, a la edad mínima y al trabajo nocturno de menores en la industria. Algunos años más tarde la Corte Internacional de Justicia declaró que la reglamentación internacional de las condiciones de trabajo del sector agrícola se encontraba dentro del campo de acción de la OIT. En 1948 La Conferencia Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 87 sobre la libertad sindical.

1 Los primeros dos párrafos se basan en el texto de la OIT, 2000.

Las normas sociales y ambientales, la certificación y el etiquetado de cultivos comerciales 4

Más recientemente, los convenios de la OIT han servido para desarrollar algunas normas laborales verificables. En el sector agrícola las más importantes son la norma SA8000 de la Organización SAI (Social Accountability International) y el Código Básico de la ETI (Ethical Trading Initiative). Otras normas que serán analizadas más adelante, como las ambientales y del comercio justo, incluyen requisitos laborales que tienen su origen en los Convenios de la OIT. 2.3 LA AGRICULTURA SOSTENIBLE Y EL ETIQUETADO En 1983 las Naciones Unidas nombraron una comisión internacional para facilitar el desarrollo de propuestas relativas a un «desarrollo sostenible», es decir, formas de mejorar el bienestar humano a corto plazo sin poner en peligro a largo plazo el medioambiente local y global. Su informe «Nuestro Futuro Común», publicado en 1987, se conoce ampliamente como el «Informe de Brundtland». En 1992, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD o La Cumbre del Planeta Tierra), en Río de Janeiro, la comunidad internacional adoptó El Programa 21, un plan global de acción para el desarrollo sostenible (CNUMAD, 1992). La Comisión para el Desarrollo Sostenible fue creada en diciembre de 1992, para garantizar el seguimiento efectivo de CNUMAD. El Capítulo 14 del Programa 21 trata específicamente sobre la Agricultura y Desarrollo Rural Sostenibles (ADRS). La FAO fue designada como coordinadora sectorial para la aplicación del Capítulo 21. El Capítulo 4 del Programa 21, que lleva como título «Evolución de las modalidades de consumo», incluye las siguientes secciones: 4.20 Un acontecimiento significativo que debe ser alentado es el reciente surgimiento en muchos países de un público consumidor más consciente desde el punto de vista ecológico, sumado a componentes del sector industrial cada vez más interesados en proveer productos de consumo ecológicamente racionales. Los gobiernos y las organizaciones internacionales, conjuntamente con el sector privado, deben desarrollar criterios y métodos para evaluar los efectos sobre el medio ambiente y las necesidades de recursos durante la totalidad de los procesos y todo el ciclo de vida de los productos. Los resultados de esa evaluación deben expresarse en forma de indicadores claros a fin de poder informar a los consumidores y a los encargados de adoptar decisiones. 4.21 Los gobiernos, en colaboración con el sector industrial y otros grupos interesados, deben alentar la difusión del etiquetado con indicaciones ecológicas y otros programas de información sobre productos que tienen relación con el medio ambiente, a fin de que el consumidor pueda hacer una selección fundamentada. Uno de los sellos ambientales de alimentos más conocidos es el orgánico o ecológico. Si bien la agricultura «orgánica» ha sido practicada durante miles de años en todas las partes del mundo, el «certificado orgánico» tiene su origen en Europa. En los años veinte del siglo pasado, las enseñanzas de Rudolf Steiner inspiraron a muchas personas a practicar lo que ahora comúnmente se conoce como agricultura biodinámica. En los años sesenta, la agricultura ecológica u orgánica llegó a conocerse fuera de este pequeño grupo de pioneros, y se comenzó a formar una base de consumidores. Sin lugar a dudas el desarrollo de la agricultura orgánica estuvo influenciado por el libro de Rachel Carson titulado Silent Spring, que en 1962 sacó a la luz los peligros del plaguicida DDT. La obra causó gran impacto sobre un amplio sector público con respecto a los aspectos negativos de los métodos agrícolas intensivos en general y, en particular, de los peligros del uso incontrolado de los plaguicidas. A medida que el sector orgánico se desarrollaba, las asociaciones de productores orgánicos comenzaron a establecer sus propias normas, más con miras a comunicar lo que estaban aprendiendo que a codificar lo que constituye la «agricultura orgánica». La necesidad de codificar los parámetros de la producción orgánica sólo se hizo evidente cuando aumentó la demanda del consumidor por los productos cultivados orgánicamente, los que pasaron a situarse en los puntos de venta de alimentos convencionales. Esto llevó a que los precios con prima se convirtieran en un incentivo para el fraude.


Otras etiquetas ambientales sobre alimentos aparecidas más recientemente incluyen el sello de producto certificado Rainforest Alliance (anteriormente conocido como ECO-OK), el sello del Smithsonian Institute para el café Birdfriendly (amigo de las aves) y varias declaraciones de uso de «métodos integrados de producción» y de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Paralelamente, la Organización Internacional de Normalización (ISO) ha establecido un estándar para los sistemas de gestión ambiental, ISO 14001. 2.4 EL COMERCIO JUSTO En la década de los años 1930, en la Conferencia de Londres sobre la Economía, la Sociedad de Naciones reconoció dos hechos significativos: primero, la importancia de aumentar el poder adquisitivo de quienes producen alimentos básicos, a través de precios de exportación remunerativos. Segundo, que las medidas proteccionistas a menudo llevan a una producción en exceso, lo que a su vez provoca una caída de precios (CNUMAD, 1992). No fue sino hasta la fundación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1947, que empezó a existir una organización mundial dedicada a asuntos comerciales. GATT concentró su atención en la supresión de obstáculos al comercio, imponiendo compromisos para la reducción y eliminación de contingentes y aranceles de importación. La insatisfacción de muchos países en desarrollo con el enfoque único del GATT sobre reducciones arancelarias y de contingentes, condujo en 1964 a la creación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Los países en desarrollo hicieron un llamado con la consigna «comercio sí, ayuda no» («Trade not Aid») durante la Conferencia UNCTAD en Delhi en 1968. Este eslogan hace referencia a la necesidad de salvar la brecha que existe en los países en desarrollo entre las divisas generadas en sus exportaciones y las que necesitan para sus importaciones (Corea, 2001). Las primeras actividades del «comercio justo» fueron realizadas por ONG y tuvieron lugar hacia finales de los años cuarenta en los Estados Unidos con Ten Thousand Villages y SERRV, con comunidades pobres de países en desarrollo. En Europa, Oxfam comenzó importando y vendiendo artesanías a finales de la década de los años cincuenta hechas en China por refugiados en Hong Kong. En 1964 Oxfam creó la primera organización del comercio alternativo (ATO). Los Países Bajos también dieron origen a iniciativas paralelas con la fundación en 1967 de la importadora S.O.S Wereldhandel (ahora llamada Fair Trade Organisatie). Simultáneamente, los grupos neerlandeses del tercer mundo comenzaron a vender azúcar de caña con el mensaje: «al comprar este azúcar de caña usted … le está dando a los países pobres un lugar en el sol de la prosperidad». Estos grupos pasaron a vender artesanías de los países en desarrollo y en 1969 se abrió la primera tienda del comercio justo (Bowen, 2001; Douglas, 2002). Las ATO establecieron relaciones directas con los pequeños productores y les pagaban (o decían pagar) un precio más alto por sus productos. A comienzos de los años ochenta los precios de muchos productos agrícolas básicos se derrumbaron, afectando particularmente a los productores de café en pequeña escala. En los Países Bajos se creó un sello del comercio justo (Max Havelaar Keurmerk) que en 1988 vendió por primera vez café. Este hecho marca el comienzo de la segunda generación de las iniciativas del comercio justo, donde las organizaciones de etiquetado eran sin fines de lucro. Este modelo ha permitido la venta de productos del comercio justo a través de canales convencionales.


3. LOS CONCEPTOS DE NORMAS, CERTIFICACIÓN Y ETIQUETADO 3.1 NORMALIZACIÓN La normalización, es decir la adhesión a procedimientos o especificaciones de productos, puede reducir los procedimientos logísticos, facilitar el comercio, prevenir el engaño a los consumidores y mejorar la calidad de los productos. Es fácil comprobar cómo la normalización y otros procedimientos logísticos facilitan el comercio tan sólo observando situaciones en las que existen diferentes sistemas de medición. La normalización no logra un aumento de la calidad, sino que dicha mejoría sólo se logra cuando la norma recomendada es «alta»; esto significa que los requisitos constituyen una mejoría en relación con la práctica común. 3.2 NORMAS La Organización Internacional de Normalización (ISO) define las normas como: ... acuerdos documentados que contienen especificaciones técnicas y otros criterios precisos para su uso consecuente como reglas, directrices o definiciones, con el objetivo de asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios sean apropiados a su fin (ISO, 1996). Las normas de productos son especificaciones y criterios aplicables a características de los productos. Las normas de elaboración son criterios relativos a la manera en que éstos deben ser fabricados. Las normas agrícolas sociales y ambientales son esencialmente de elaboración ya que pueden influir o no en las características del producto final. Las normas de elaboración pueden aún subdividirse en normas de los sistemas de gestión y en normas de funcionalidad. Los primeros establecen criterios para los procedimientos de gestión, por ejemplo para la documentación y los procedimientos de evaluación y supervisión. No establecen criterios para lo que sucede en el campo o en la estación de empaque. En contraste, las normas basadas en los resultados o en la funcionalidad establecen requisitos verificables para factores tales como la aplicación de plaguicidas o la disponibilidad de servicios sanitarios. El establecimiento de normas internacionales ha resultado ser muy difícil debido a la diversidad de circunstancias que existen en el mundo. Eso es especialmente cierto para las prácticas agrícolas, que se ajustan a diferencias climáticas, de tierra y ecosistemas, y que son parte integral de la identidad cultural. En respuesta a esta diversidad, las normas internacionales ambientales y sociales a menudo son estándares normativos, es decir genéricos, o directrices para ser utilizadas como marco de trabajo por organismos locales que establecen normas o por los organismos de certificación, que formulan normas más específicas. Es de notar que las normas sociales y ambientales en la agricultura no tienen el objetivo de la normalización (estandarización) per se, sino que intentan mejorar la sostenibilidad social y ambiental de una gran variedad de sistemas agrícolas y comerciales existentes. 3.3 CERTIFICACIÓN La certificación es un procedimiento mediante el cual un tercero otorga una garantía escrita de que un producto, elaboración o servicio está en conformidad con ciertas normas (ISO, 1996). La certificación se puede ver como un medio de comunicación a lo largo de la cadena de abastecimiento. El certificado (por terceros) le demuestra al comprador que el proveedor cumple con ciertas normas, lo cual puede ser más convincente que una garantía del proveedor. La organización que hace la certificación se llama organismo de certificación o certificador. Dicho organismo puede realizar la inspección o contratar a un inspector u organismo de inspección. La certificación, es decir el otorgamiento de una garantía escrita o de un «certificado», se basa en un informe de inspección que puede o no contener información de fuentes secundarias.


La certificación es una verificación realizada por terceros. Terceros son partes que no tienen interés directo en la relación económica con el proveedor o el comprador. Cuando la verificación es hecha por la primera parte, ésta es un control interno, mientras que cuando el comprador verifica si el proveedor cumple con un estándar, ello constituye la verificación de la segunda parte. Es importante observar que la verificación por terceros no garantiza automáticamente la imparcialidad o la ausencia de incompatibilidades o conflictos de interés. En primer lugar, el establecimiento de normas puede ser realizado por una de las partes. El productor puede fijar una norma que probablemente reflejará sus intereses. También el comprador (segunda parte) puede fijar una norma que reflejará los intereses comerciales. En segundo lugar, si el organismo que establece normas es el mismo que realiza la certificación, este hecho también puede crear conflictos. Dicho organismo querrá ver un alto nivel de aplicación de su norma o estará en contra de algunos productores por motivos ideológicos, lo que puede influir en las decisiones pertinentes a la certificación. En tercer lugar, también pueden surgir desacuerdos, según a quien le corresponda cubrir los costos de la certificación. Los organismos comerciales de certificación enfrentan la competencia de otros organismos y pueden perder clientela si son demasiado estrictos. 3.4 ACREDITACIÓN Al sistema de reglas, procedimientos y gestión de la certificación, incluyendo las normas, se le conoce como Programa de Certificación. A fin de garantizar que los organismos de certificación estén capacitados para efectuar los programas, éstos son evaluados y acreditados por organismos autorizados, pudiendo estos ser una institución gubernamental o paraestatal que evalúa el cumplimiento de las directrices establecidas. Los organismos que establecen las normas también pueden acreditar a organismos de certificación específicos de su competencia: una vez desarrolladas las normas, el organismo que las establece puede evaluar si el método de verificación es satisfactorio. La certificación y la acreditación llevan un costo. La puesta en práctica de normas requiere una inversión, a pesar de que algunas veces también resulta en una reducción a largo plazo de los costos de producción. Los posibles efectos de la aplicación de normas y de la certificación, sobre los costos de producción, los ingresos y la economía agrícola, serán analizados más detalladamente en el capítulo 6. 3.5 ETIQUETADO Una etiqueta de certificación es un símbolo que indica que el cumplimiento de las normas ha sido verificado. Por lo general, el uso de dicha etiqueta está regulado por el organismo que establece las normas. De hecho, cuando los organismos certifican sobre la base de sus propias normas específicas, la etiqueta generalmente es de su propiedad. La etiqueta es un medio de comunicación con el consumidor al final de la cadena. La etiqueta debe tener sentido para que esta comunicación sea efectiva. Conforme a la unión de consumidores de los Estados Unidos (Consumers’ Union), una etiqueta no sólo debe estar respaldada por un buen sistema de certificación sin conflictos de interés, sino que también debe ser transparente; debe ser posible consultar en ella la información sobre el contenido y la organización que lo respalda, y debe ofrecer un espacio para los comentarios públicos. La Unión también sostiene que el significado de la etiqueta debe tener coherencia a través de toda la diversidad de productos que la ostentan (Rangan, 2002). 3.6 ASPECTOS ECONÓMICOS DEL ETIQUETADO SOCIAL Y AMBIENTAL ECONOMÍA DE LA INFORMACIÓN (FAO, 2001) El etiquetado brinda la oportunidad de crear nichos de mercado en los cuales sería posible obtener precios más altos. La teoría económica sobre el etiquetado de productos se halla expuesta en la obra de Stigler (1961). Dicha obra destaca la información como un recurso valioso, especialmente la


información sobre los precios. La evaluación de precios por parte de consumidor puede requerir mucho tiempo; i.e. es costoso. Nelson (1970 y 1974) sostiene que es incluso más costoso y problemático descifrar niveles de calidad que de precios, dado que como la calidad puede no ser visible en el momento de la compra, existe la posibilidad de fraude por parte de los vendedores (Akerlof, 1970). En virtud de ello, en algunos mercados los consumidores enfrentan mayor incertidumbre con respecto a la calidad que con respecto a los precios (Andrews 1992). Los economistas hacen distinción entre atributos de búsqueda, experiencia y buena fe. Los atributos de búsqueda son aquellas características que los consumidores pueden examinar antes de comprar un producto, tales como precio, tamaño y color. Los atributos de experiencia son los que pueden ser evaluados después de la compra, como el sabor (Nelson, 1970). Aquellos atributos que los consumidores no consiguen evaluar aún durante el uso de un producto se les llama atributos de buena fe (Darby y Karni, 1973). El impacto ambiental de los métodos de producción y las condiciones laborales a lo largo de la cadena de suministro son por ejemplo atributos de buena fe. Los proveedores pueden declarar a través de la publicidad que sus productos tienen muchos atributos de experiencia y buena fe. Aldrich (1999) argumenta que esto crea desconfianza entre los consumidores con respecto a aquellos productos que no llevan dicha información. Los consumidores tienden a ser más escépticos frente a una declaración por parte del proveedor sobre los atributos de buena fe, porque saben que no están en posición de controlar su validez. El etiquetado con verificación por terceros puede transformar los atributos de buena fe en atributos de búsqueda; es decir en atributos que pueden efectivamente ser verificados por los consumidores en antes de su compra (Caswell 1998). Si la información que poseen productores y consumidores acerca de la calidad por unidad de alimento es la misma, entonces el mercado será eficiente (FAO 2001). Los consumidores pueden comprar los productos que más coincidan con sus preferencias y los recursos de la sociedad serán utilizados más eficientemente. Sin embargo si la información es asimétrica, este equilibrio del mercado no será eficiente. Un ejemplo podría ser que los productores mientan con respecto a las normas de calidad. La información asimétrica puede ser particularmente problemática en los mercados de alimentos con atributos de buena fe negativos (por ejemplo residuos de plaguicidas o el trabajo infantil). En estos casos puede que las empresas no se sientan incentivadas a revelar información y que los consumidores terminen comprando productos que no coinciden con sus preferencias. De hecho, el mercado así no funciona eficientemente: puede ocurrir que productos que generarían beneficios en situaciones de información completa no sean producidos, mientras que los de un valor menor para los consumidores sí lo sean (Golan, Kuchler y Mitchell, 2000). Es aquí donde, eliminando la asimetría de información, la certificación (verificación por terceros) y el etiquetado podrían mejorar la eficiencia de los mercados. VARIABLES QUE DETERMINAN LOS EFECTOS DEL ETIQUETADO Se han realizado varios intentos por cuantificar el probable efecto del etiquetado sobre la demanda, los precios y los niveles de producción2. Éstos estudios inevitablemente realizan varias suposiciones, algunas de las cuales serán analizadas a continuación. El análisis se enfoca en el etiquetado orgánico, ya que éste es actualmente el segmento del mercado «ambiental» más importante de los productos tropicales y hortícolas. La certificación y la agricultura orgánicas serán presentadas más formalmente en el siguiente capítulo junto con otras normas y programas de etiquetado. La primera suposición de muchos modelos es que no existe una diferenciación de los productos previa a la introducción de la etiqueta. Sin embargo, existen mercados diferenciados con anterioridad a la introducción de las etiquetas. La agricultura orgánica se origina en los agricultores mismos, quienes crean canales alternativos de mercadeo dentro de sus comunidades. Conforme a estos programas, el productor o la tienda naturista forman canastas con alimentos orgánicos que pueden ser despachadas a

2 Inter alia, Mattoo y Singh, 1994, y Sedjo y Swallow, 1999, estudiaron las eco-etiquetas en un modelo de equilibrio parcial. Marette, Crespi y Schiavana, 1999, usan la teoría de cartel, y Mason, 2002, los modelos de certificación como prueba ruidosa.


las casas o recogidas por los consumidores, normalmente una vez por semana. Además, y según lo documenta el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), los precios con prima ya existían en los años setenta para algunos productos agrícolas (USDA, 1980). Tal segmentación pudo haber equilibrado la oferta y la demanda hasta cierto punto, reduciendo la posibilidad de una sobreoferta o escasez de producto en el momento de introducir la etiqueta. La segunda suposición es que existe un producto homogéneo que puede ser producido por cualquier tipo de tecnología. En la agricultura orgánica es difícil «definir» lo orgánico ya que existe todo un continuismo, desde la agricultura «industrial» de alto insumo externo, pasando por todo tipo de métodos integrados y hasta llegar a la agricultura que no utiliza insumos externos. Además, la existencia de otras etiquetas (por ejemplo ambientales) puede también tener un impacto sobre la reacción del consumidor frente a la etiqueta orgánica y al precio con prima. Algunos modelos asumen que los consumidores de estos productos sólo compran productos con etiqueta, aunque reconocen que esta suposición es algo rigurosa. La realidad del mercado es que los consumidores de productos orgánicos también compran productos convencionales. Es probable que los consumidores compren de ambas versiones de un mismo producto, con etiqueta y sin etiqueta, de acuerdo con su disponibilidad, precio, tiempo y lugar. Los consumidores pueden ir ocasionalmente a tiendas especializadas en la venta de productos orgánicos o de comercio justo donde existe una amplia gama de productos, aunque normalmente compren en supermercados donde hay una menor variedad relativa. Algunos modelos asumen que el número de consumidores de una u otra categoría está fijo. Sin embargo el deseo de pagar la prima puede variar entre consumidores, es decir que si el precio baja son más los consumidores que estarían dispuestos a comprar un producto con etiqueta. Es más, la presencia de etiquetas puede aumentar la sensibilidad de los consumidores y multiplicar el número de consumidores potenciales. En efecto, muchos consumidores sólo llegan a enterarse de la existencia de los métodos de la agricultura orgánica y su diferencia con los métodos convencionales mediante la etiqueta. Una de las suposiciones más importantes es que todos los productos originarios de granjas orgánicas llevan etiqueta. Sin embargo, cuando la oferta es mayor que la demanda, parte de estos productos se venden en el mercado convencional (sin etiqueta). La experiencia en el mercado de orgánicos revela que esto sucede antes de que los precios de productos orgánicos caigan a los niveles de los precios convencionales. Por lo tanto, los productores certificados no dejan de producir orgánico y continúan recibiendo una prima por parte de su producción. Debido a la naturaleza de los sistemas de producción orgánica, no sólo existe una cierta resistencia de los productores convencionales a cambiarse a los métodos de producción orgánica, sino que también los productores orgánicos se resisten a volver a los métodos convencionales. Algunos estudios consideran que las elasticidades de precio de los productos etiquetados y convencionales son iguales. Sin embargo, el hecho que los consumidores puedan estar dispuestos a pagar más por productos de etiqueta no significa que éstos respondan a una baja en la prima. Además, precios reducidos pueden persuadir a consumidores indecisos a que cambien hacia productos con etiqueta. Por lo tanto, la demanda de productos orgánicos bien puede ser más elástica al precio que la demanda de alimentos convencionales. En efecto, en Dinamarca se encontraron elasticidades de precios en los productos orgánicos lácteos más altas en comparación con los alimentos convencionales (Wier, Hansen y Smed, 2001).


Una última consideración incumbe a la transmisión de los precios a lo largo de la cadena. Es ampliamente conocido que la transmisión de los precios es en general imperfecta. La prima para el consumidor de orgánicos puede ser más baja o más alta que la prima para los productores primarios. Muchos observadores de los mercados orgánicos piensan que las primas son generalmente más altas a nivel minorista que a nivel del productor. El efecto del etiquetado sobre los precios es aún más difícil de analizar si se tiene en cuenta la existencia de varios precios para un mismo producto convencional dependiendo de la marca. Los precios para el consumidor de orgánicos a menudo se encuentran dentro del nivel de precios que las marcas convencionales más costosas.

Sinopsis de las normas y programas de certificación actuales 11

4. SINOPSIS DE LAS NORMAS Y LOS PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN ACTUALES

Cada día son más los códigos de conducta empresariales que existen a nivel mundial. Algunos surgieron por preocupaciones de los consumidores, otros por iniciativas empresariales. Todos ellos han dado pie a un número de iniciativas de etiquetado o de certificación. Algunos de ellos fueron realizados por las ONG o por el sector empresarial o instituciones gubernamentales. Muchos hacen referencia a acuerdos y convenciones internacionales, a veces traduciéndolos en normas verificables para su aplicación directa por los productores o los comerciantes. 4.1 TIPOS DE ORGANIZACIONES QUE ESTABLECEN NORMAS En primer lugar, las normas pueden ser establecidas por el gobierno. Generalmente a las normas gubernamentales se les llama reglamentos, excepto cuando éstas son elaboradas y administradas por agencias semi-independientes. Las normas pueden estar basadas en acuerdos internacionales o directrices establecidas por organismos intergubernamentales tales como la Comisión del Codex Alimentarius de la FAO/OMS. Las directrices intergubernamentales normalmente son de naturaleza genérica que permiten a los gobiernos establecer normas más específicas que estén adaptadas a la situación y necesidades del país. Los reglamentos nacionales pueden también acordar el sistema de certificación, bien sea para acreditar a organismos de certificación privada o para mantener la certificación en manos de organismos gubernamentales. Los gobiernos pueden desarrollar una etiqueta nacional para sus productos, para su uso exclusivo o para ser usada junto a etiquetas de otros organismos de certificación. Tales normas son voluntarias, en cuanto a que se puede elegir no certificar y no portar la etiqueta. Sin embargo, si se usa el certificado y/o la etiqueta, los productores y los comerciantes tienen que cumplir con las reglas. Un segundo tipo de organizaciones que establece normas es la industria, pudiendo ser los mismos productores u otros actores de la cadena (compradores o minoristas). Por definición, la certificación involucra a terceros que no tienen ningún interés en que la empresa sea certificada. Por lo tanto, en esta publicación sólo se analizarán las normas de la industria que son verificados por terceros. Los productores, generalmente miembros de una asociación o cooperativa, pueden estar interesados en establecer un estándar e invitar a terceros a verificar su aplicación, con el fin de demostrarle a una amplia gama de compradores que están cumpliendo con ciertos requisitos exigidos en el mercado. Un programa que da tal garantía puede ahorrar tiempo y dinero, si se compara con el de dar a cada comprador una garantía individual. Ejemplo de este tipo de normas son las establecidas por las asociaciones nacionales de productores armonizadas conforme al sistema COLEACP. Otro ejemplo lo constituyen las primeras normas establecidas por las asociaciones de productores orgánicos, que no sólo sirvieron para darle seguridad al consumidor, sino que también funcionaron como una herramienta de aprendizaje para los productores. Los comerciantes también pueden definir normas. Si un grupo de compradores reconoce que ellos exigen básicamente los mismos requisitos para ciertos productos, ellos pueden establecer una norma conjunta. Esto motivaría a los productores a aplicar la norma rápidamente, puesto que queda claro que una gran parte del mercado así lo requiere. Un ejemplo de normas establecidas por los comerciantes es el protocolo de EurepGap. También con un interés en la industria misma pero visto desde otra perspectiva, encontramos a los sindicatos. Su principal modo de trabajo es la negociación colectiva de acuerdos para las empresas individuales, y esto no concuerda muy bien con el establecimiento de normas generales. Sin embargo, la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) ha establecido una especie de código genérico donde los sindicatos pueden participar en coaliciones multipartitas que estén estableciendo normas.


Muchas normas sociales y ambientales son establecidas por las ONG. Las ONG pueden estar constituidas por grupos amplios de interesados. Las ONG que establecen normas pueden ser coaliciones de varias ONG más pequeñas, cada una de ellas con sus propios elementos constitutivos. El grado de aceptación de las normas establecidas por las ONG depende de muchos factores, entre ellos, el reconocimiento público que tenga la ONG establecedora; el proceso relativo al establecimiento de las normas, especialmente el grado de consulta con los interesados; la «aplicabilidad» de los requisitos y la publicidad alrededor de la norma. Al igual que los organismos gubernamentales establecedores de normas, las ONG mismas pueden realizar la verificación o acreditar a organismos de certificación. Finalmente, los gobiernos, el sector privado y las ONG pueden formar coaliciones para el establecimiento de normas. Por ejemplo los gobiernos, la industria y las organizaciones de consumidores tienen sus miembros acreditados ante ISO, y la Iniciativa del comercio ético (ETI) es una organización tripartita: gubernamental, de ONG y sindical. En lo que queda de este capítulo, se dará un vistazo general a los principales programas para el establecimiento de normas sociales y ambientales voluntarias, y a los programas de certificación en el ámbito de los cultivos tropicales y hortícolas. Sólo se incluirán normas aplicadas internacionalmente. Junto a cada programa se presentará brevemente la organización que está detrás de la iniciativa, luego se analizarán el alcance de la norma y el sistema de certificación y de etiquetado. Los programas han sido agrupados de acuerdo con el tipo de organización establecedora, aunque en el caso de las organizaciones multipartitas la selección ha sido algo arbitraria. La perspectiva general no es exhaustiva, especialmente en relación a aquellas normas que no están acompañadas por un programa de certificación3. 4.2 NORMAS CON PARTICIPACIÓN GUBERNAMENTAL NORMAS ORGÁNICAS Y LA CERTIFICACIÓN La producción orgánica consiste en el manejo holístico del ecosistema agrario, enfatizando los procesos biológicos y minimizando el uso de los recursos no renovables. Aunque los términos «orgánico, ecológico o biológico» se han desarrollado en Europa y Norte América para distinguir a la agricultura orgánica de la convencional, muchos sistemas de agricultura tradicional de bajo insumo en otras partes del mundo son también sistemas orgánicos de facto. En este sentido se ha introducido el término «orgánico por defecto», e incluso «orgánico por negligencia». Sin embargo, estos términos dan la falsa impresión de que cualquier sistema de agricultura que no utilice agroquímicos automáticamente cumpliría con las normas orgánicas, lo cual no es cierto necesariamente. Evolución y alcance de las normas orgánicas4 Inspirados en las ideas de Rudolf Steiner (en la década de los años veinte), de Sir Albert Howard (en los años treinta) y de Lady Eve Balfour (en los años cuarenta), muchos agricultores desarrollaron sus propios métodos de agricultura orgánica. A medida que el sector orgánico evolucionaba, se formaron asociaciones de agricultores orgánicos que creaban sus propias normas, más con el ánimo de comunicar lo que habían aprendido que de codificar lo que constituye la agricultura orgánica. La inspección en el lugar de producción no comenzó sino hasta la mitad de los años setenta, cuando las asociaciones de agricultores desarrollaron sus propios sistemas de certificación con el objetivo de atender a sus propios miembros. Con el tiempo, estas unidades de certificación se volvieron más independientes para así evitar conflictos de interés y aumentar la confianza entre un número creciente de consumidores.

3 Para una descripción más profunda y un análisis comparativo de las normas ETI, FLO, orgánicos, SAN y SA8000, véase Courville, 2000 (revisado por Piano, 2001). 4Los párrafos sobre el desarrollo histórico de las normas orgánicas se basan en Rundgren, 2002.


La Federación Internacional de los Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM) fue fundada en 1972 y tiene su sede central en la ciudad de Bonn, Alemania. IFOAM formuló la primera versión de sus Normas Básicas (IBS) en 1980, las cuales han sido revisadas bienalmente desde entonces. Las IBS sirven de directrices para que los organismos públicos y privados puedan producir normas orgánicas más específicas. La última revisión de las IBS fortaleció las normas para el manejo de ecosistemas con la protección del paisaje terrestre, el control de la contaminación y la conservación del agua y el suelo. Se está discutiendo si también se deben incluir criterios para las condiciones laborales y otros temas sociales, sobre los cuales hasta el momento sólo se hacen referencias generales (Schmid, 2002; Riddle y Coody, 2002). Las normas de elaboración, empaque y rastreabilidad normalmente incluyen estipulaciones para prevenir que los productos convencionales y orgánicos se mezclen, así como criterios para el uso de aditivos y herramientas para la elaboración de alimentos. Dado que las distancias contribuyen al uso de insumos externos, se debate si deben establecerse criterios relativos al abastecimiento desde las fuentes locales y a las formas de transporte (el debate sobre las «food miles» - o cantidad total de millas que recorren los alimentos antes de ser consumidos). Además de los sistemas de normas y certificación de orgánicos, el grupo comercial de IFOAM lanzó un Código de Conducta de IFOAM para el Comercio Orgánico en febrero de 2003. El Código de Conducta tiene ocho principios básicos que incluyen la «transparencia y responsabilidad en las negociaciones» y la «distribución justa de las ganancias». Cualquier empresa orgánica puede adherirse al código y participar en el proceso continuo de auto-evaluación (IFOAM, 2003). Si bien la demanda de productos orgánicos ha ido creciendo, la oferta se ha quedado atrás y los precios con primas han creado incentivos para el engaño. Muchos países han formulado reglamentos para los productos orgánicos con el fin de proteger a los productores honrados y a los consumidores. Las primeras normas fueron adoptadas en Estados Unidos (en el Estado de Oregon en 1974 y en California en 1979). Francia fue el primer país de Europa en adoptar una norma orgánica (en 1985). El Reglamento 2092/91 de la Unión Europea, que cubre todas las etiquetas de productos orgánicos, fue adoptado en 1991. Otras normas nacionales importantes para el comercio internacional son: la Norma Agrícola Japonesa (JAS, sigla en inglés), las normas orgánicas para los productos vegetales (2000) del Ministerio Japonés de Agricultura, Bosques y Pesca (MAFF, sigla en inglés) y las normas del Programa Orgánico Nacional de Estados Unidos (NOP, sigla en inglés), creado por el Departamento de Agricultura en 2002. Con miras a la armonización, el Codex formuló directrices para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos orgánicamente producidos, adoptado en 1999 para los productos vegetales. Las directrices fueron revisadas en 2001 con el fin de incluir disposiciones para el ganado y los productos pecuarios. Las directrices del Codex son voluntarias y los países miembros pueden decidir hasta qué grado seguirlas. Existen normas orgánicas para todos los cultivos y para casi toda la producción animal. Los órganos que establecen normas también los están elaborando para la explotación piscícola, la apicultura y la recolección de productos silvestres. Las normas orgánicas para la producción vegetal típicamente incluyen: criterios para los períodos de conversión; semillas y plantas de propagación; mantenimiento de la fertilidad del suelo mediante el uso y reciclaje de materiales orgánicos; control de plagas y enfermedades y eliminación de malezas. Prohíben el uso de abonos y plaguicidas sintéticos así como de organismos producidos por ingeniería genética. También tienen criterios para el uso de abonos orgánicos y plaguicidas naturales.


Certificación y acreditación IFOAM/IOAS El Servicio Internacional de Acreditación de la Producción Orgánica (IOAS) acredita a organizaciones de certificación que cumplan con los criterios de IBS. Dado que la IBS es una norma genérica, IOAS exige que los organismos de certificación elaboren algunas normas más específicas. En 1999 los Organismos de Certificación Acreditados por IFOAM firmaron un acuerdo de reconocimiento mutuo que permita facilitar la aceptación de productos certificados por cualquiera de ellos. Sin embargo, no todos ellos contienen las mismas normas. De hecho, el acuerdo contiene una cláusula de «estipulaciones adicionales», que establece que dichos productos deben también cumplir con aquellas normas que van más allá de las requeridas por la IBS, las cuales deben ser exigidas por el organismo que «acepta el reconocimiento mutuo» (Commins, 2002). Reglamento de la Unión Europea El Reglamento EEC 2092/91 de la Unión Europea concierne a la acreditación nacional de los organismos de certificación o la certificación por autoridades nacionales (EEC, 1991). Normalmente los organismos de certificación deberán estar en conformidad con la norma europea EN 45011 o la Guía ISO 65 relativos al manejo de los sistemas de certificación. Países fuera de la Unión Europea pueden hacer equivaler sus sistemas de certificación y ellos aparecen en una lista de «países terceros». La lista también puede especificar unidades de producción u organismos de inspección. Para importar de países que no estén incluidos en esta lista es necesario obtener la autorización de un Estado Miembro de la Unión Europea. El importador debe demostrar que el producto fue producido y sometido a inspección conforme a normas equivalentes a las normas orgánicas de la Unión Europea, y que fue certificado por un organismo que opera en cumplimiento de la Guía ISO 65 (Commins y Kung Wai, 2002). Los procesos administrativos para la obtención de tales autorizaciones de importación pueden diferir considerablemente entre los países. Desde 2002 se requiere enviar el certificado original con los productos. El Programa Orgánico Nacional de los Estados Unidos (NOP) El NOP establece que todos los productos vendidos en los Estados Unidos como «orgánicos», deberán ser imprescindiblemente certificados por un organismo o un programa estatal que haya sido previamente acreditado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El NOP entró en vigor en octubre de 2002 y, actualmente (marzo de 2003) cuenta con 81 organismos de certificación, 30 de los cuales están registrados fuera de los Estados Unidos. Las agencias extranjeras pueden también ser reconocidas por el USDA para acreditar conforme al NOP. Los programas de acreditación reconocidos hasta la fecha (marzo de 2003) son aquellos de Dinamarca, Francia, Nueva Zelandia, Québec (Canadá) y el Reino Unido (USDA, 2003). Los organismos de certificación pueden ser evaluados por las agencias de sus propios gobiernos para determinar si cumplen con las estipulaciones del NOP. La Guía ISO 65 es de carácter voluntario para los organismos de certificación comprendidos en el sistema NOP (Anónimo, 2002b). La Norma Agrícola Japonesa (JAS) A comienzos del año 2000 MAFF promulgó el programa JAS, el cual entró en vigor en abril de 2001. A partir de entonces los productos orgánicos de origen vegetal vendidos en el Japón necesitan portar la etiqueta JAS y tener la certificación expedida por un organismo aprobado y registrado. La norma JAS requiere que cada planta elaboradora o de empaque tenga un «gerente clasificador» calificado que sea responsable de revisar la ruta de la auditoria. Además debe tener procedimientos de operaciones y un informe de la clasificación que cumpla los requisitos de JAS (Weinberg, 2002b). En mayo de 2002 el número de organizaciones de certificación japonesas llegaba a 62, a los que se deben sumar otras 6 organizaciones de certificación extranjeras. Una particularidad es que la responsabilidad de des-certificar recae directamente sobre MAFF y no sobre el organismo de certificación. MAFF ha


reconocido a los sistemas de la Unión Europea, los Estados Unidos y Australia a pesar de lo cual los comerciantes y las compañías elaboradoras japoneses que desean usar sus productos tienen la obligación de obtener, en el Japón, un «certificado del gobierno u organización correspondiente» (Anónimo, 2002a). Sistemas internos de control Muchas normas orgánicas5, incluido el sistema IFOAM/IOAS, permiten que se puedan certificar grupos de productores. En este caso, el grupo está obligado a establecer un sistema interno de control (incluyendo la documentación), que garantice que todos los miembros cumplen con la norma. El organismo de certificación se transforma entonces en contralor y verifica si el sistema interno funciona adecuadamente. Se debate en forma continua sobre los requisitos de tales sistemas, así como sobre la llamada «tasa de re-inspección» (o sea el porcentaje de productores individuales que necesitan volver a ser inspeccionados por el organismo externo). La armonización internacional de las normas orgánicas y los sistemas de certificación Existen diferentes normas y requisitos para la certificación y el etiquetado, y ello aumenta los costos de certificación para aquellos productores que quieran exportar a más de un mercado. Ello también impone desafíos logísticos para el comercio orgánico internacional; los problemas administrativos para manejar productos compuestos con ingredientes de varios orígenes y para varios mercados potenciales se multiplican. En un esfuerzo por armonizar los actuales sistemas de garantía orgánica, se ha creado un grupo de acción integrado por IFOAM, FAO y UNCTAD: el Grupo de Acción sobre la Equivalencia de los Sistemas de Garantía Orgánica. Éste comenzó su labor en 2003 y sirve como plataforma abierta para el diálogo. El grupo tiene como objeto evaluar propuestas relacionadas a los mecanismos para establecer equivalencias, reglamentos y sistemas de evaluación de conformidad, y que serán puestos a consideración de los gobiernos, la Comisión del Codex Alimentarius y otros organismos pertinentes. Etiqueta y mercado Existe un sinfín de etiquetas de productos orgánicos, que reflejan la cantidad de programas de certificación existentes. No obstante, en los países con legislación para dichos productos, el uso de etiquetas de productos orgánicos está sujeto a criterios estrictos. Para los productos compuestos, normalmente se estipula que sólo cuando un alto porcentaje (del 90 al 100 por ciento) de los ingredientes proviene de plantas o fincas con certificación orgánica, éstos pueden ser llamados orgánicos. Si el «porcentaje orgánico» está por debajo del nivel señalado, en muchos casos se permite especificar cuales son los ingredientes orgánicos. Las declaraciones de orgánicos deben, en general, ir acompañadas de información sobre el organismo de certificación y el sistema o reglamento conforme al cual estos productos fueron certificados. El sello acreditado de IFOAM puede aparecer sobre el producto sólo como parte del logotipo del organismo de certificación, y en el propio material de promoción del organismo certificador. El uso del logotipo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos es voluntario siempre y cuando se cumplan los requisitos para su uso. En el Japón, el uso del logotipo JAS es obligatorio si se ha hecho una afirmación a nivel minorista de que es orgánico (Schmid, 2002; Riddle y Coody, 2002; Weinberg, 2002ª). El Centro de Comercio Internacional (CCI) estimó las ventas mundiales de productos orgánicos para 2001 en 19 mil millones de dólares EE.UU., lo que representa un aumento de 10 mil millones desde 1997. Se prevé que en 2003 el mercado europeo estará entre los 10 y 11 mil millones de dólares EE.UU., el de Norte América en 12 mil millones de dólares EE.UU. y el del Japón en 400 millones. Antes de que el estándar JAS entrara en vigor, en el Japón existía un «mercado verde» indiferenciado 5 Los países y unidades administrativas adicionales que tienen reglamentos son: Argentina, Australia, Bulgaria, Canadá, China, Costa Rica, República Checa, China, Región Administrativa Especial de Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Nueva Zelandia, Noruega, Eslovaquia, Eslovenia, República de Corea, Suiza, Taiwan Provincia de China, Tailandia, Túnez y Turquía. Otros países están redactando sus reglamentos.


del cual se desconoce la participación de los productos orgánicos. En consecuencia, las cifras japonesas eran sobreestimaciones (Kortbech-Olesen, 2003). En el capítulo 5 se entregan mayores detalles sobre los mercados orgánicos para otros productos hortícolas y tropicales. EL CAFÉ DE SOMBRA «AMIGO DE LAS AVES» DEL SMITHSONIAN MIGRATORY BIRD CENTER (Smithsonian Migratory Bird Center, 2003; Consumers Union, 2002) El Smithsonian Migratory Bird Center (Centro Smithsonian para las aves migratorias) es parte del Smithsonian National Zoological Park, un instituto del gobierno de los Estados Unidos para la investigación y la conservación de la vida silvestre. Este centro tiene el objeto de proteger a las aves migratorias y a su hábitat natural, y sus actividades se extienden por todas las Américas. El centro pretende investigar de qué manera los cambios causados por los seres humanos afectan a las poblaciones de aves, y cómo la conservación de su hábitat afecta a las poblaciones humanas. Elaboración y alcance de la norma Las directrices para el café de sombra han sido elaboradas por científicos de esta institución. Su campo de trabajo se enfoca en las Américas y los expertos admiten que sus conocimientos sobre los sistemas de sombra en África y en Asia son limitados. Reconocen que se requeriría más investigación antes de adoptar normas para su aplicación más allá de las Américas. La participación de las diferentes partes interesadas fue escasa durante el proceso inicial de establecer las normas, y en 2003 se invitó al público a comentar sobre las mismas. Las normas son fundamentalmente requisitos adicionales para los criterios orgánicos, mientras que la certificación orgánica es un prerrequisito para la certificación amiga de las aves. Los criterios se centran en la composición de las especies de árboles de sombra, la estructura de la cima, la diversidad secundaria de plantas y las zonas tampón. El programa de certificación comenzó en 1999. Acreditación y certificación El instituto Smithsonian reconoce la certificación orgánica, a su vez acreditada por el USDA conforme a la Guía ISO 65 (Smithsonian Migratory Bird Center, 2002). Además, el Centro Smithsonian de aves migratorios capacita y acredita a inspectores en forma individual. Ambas inspecciones pueden ser realizadas al mismo tiempo. El sistema permite la certificación colectiva de operadores que cuenta con un sistema de control interno. La etiqueta y el mercado El café de producción certificada puede portar la etiqueta «amigo de las aves» que es de uso exclusivo en los Estados Unidos. El centro no publica cifras sobre el volumen de ventas del café etiquetado, pero en el Capítulo 5 se incluye un cálculo de las cifras relativas al café de etiqueta. ISO 14001 Aunque la norma ISO 14001 no sea un estándar intergubernamental de jure (de derecho), sí lo es de facto (de hecho) puesto que los gobiernos, o están involucrados con el sistema ISO o lo apoyan en su totalidad. La ISO ha sido reconocida como uno de los mayores organismos establecedores de normas armonizadas internacionales de la industria. La ISO se declara a sí misma como una organización no gubernamental, sin fines de lucro. Sus miembros son gubernamentales, paraestatales, tripartitas o no gubernamentales. Este último grupo a menudo está compuesto por representantes de la industria. Cada país sólo puede estar representado por un delegado. La ISO fue fundada en 1947 y tiene la sede de su secretariado en Ginebra. Hace poco la ISO empezó a elaborar normas ambientales y ya está trabajando sobre la responsabilidad social.


La ISO ha sido mencionada en párrafos anteriores con referencia a sus directrices para el establecimiento de normas y certificación. Las normas ISO más importantes a este respecto son las ‘definiciones’ (Guía 2), las guías para el establecimiento de normas (Guías 7 y 59), la acreditación (Guía 61) y los organismos de certificación (Guías 62, 65 y 66). No obstante, esta sección trata sobre la norma de la gestión ambiental ISO 14001. Evolución y alcance de la norma El desarrollo y manutención de la Serie ISO 14001 está a cargo del Comité Técnico 207. Éste está integrado por expertos del mundo empresarial y gubernamental de 55 países y sus primeras normas se publicaron en 1996 (ISO, 1998a). La ISO 14004 da directrices sobre principios, sistemas y soportes técnicos para la aplicación de los sistemas de gestión ambiental, incluyendo una orientación que va más allá de los requerimientos impuestos por la ISO 14001. Algunas normas en la Serie ISO 14000 también son «herramientas» para la aplicación del sistema de gestión ambiental y están previstas para la supervisión y la auditoria ambiental, etiquetado y evaluación del ciclo de vida de los productos. La ISO 14001 fue formulada para apoyar la aplicación de sistemas de gestión ambiental en muchos tipos de organizaciones, incluyendo a las empresas manufactureras y de servicios, agencias de gobierno, asociaciones y ONG. Los requisitos para la certificación incluyen el desarrollo de políticas ambientales con su debido plan de aplicación y comunicación, definición de responsabilidades, actividades para la capacitación de personal, la documentación y la supervisión. Aparte del cumplimiento impuesto por las reglas y leyes locales, la norma no establece objetivos específicos de rendimiento. En lugar de ello, la ISO 14001 busca constantes mejoras. Acreditación y certificación La ISO no certifica ni acredita a organismos de certificación (ISO, 1998b). La certificación conforme a la ISO 14001 la realizan organismos independientes de certificación, públicos o privados, bajo su propia responsabilidad. Normalmente el país en el cual operan les exige estar acreditados por las autoridades nacionales de acreditación, que generalmente son miembros de la Federación Internacional de Acreditación. Debido a que la ISO sólo establece normas y no tiene autoridad para controlar las actividades de acreditación o certificación, el logotipo ISO no puede ser utilizado en conexión con la certificación o los certificados, ni en las etiquetas. La etiqueta y el mercado Un creciente número de fincas está siendo certificadas conforme a las normas de la ISO 14001. Sin embargo sus productos no pueden ser etiquetados como certificados por la ISO 14001 porque el producto en sí no es el objeto de la certificación. No obstante se permite una indicación en el sello de que la empresa productora ha sido certificada por la ISO 14001, incluso indicando el organismo certificador. El uso de tal referencia podría caer bajo el control del organismo certificador. Día a día se ve con mayor asiduidad sobre las etiquetas de los productos afirmaciones tales como «empresa certificada por la ISO 14001». La ISO 14001 se está convirtiendo en la certificación de las plantaciones por excelencia. Los directivos de estas grandes unidades de producción a menudo declaran que la ISO 14001 les ha sido muy útil en la estructuración de la documentación, en proveerles las herramientas para la gestión ambiental, reduciendo en algunos casos los costos. Sin embargo, la ISO 14001 no tiene el mismo atractivo para explotaciones agrícolas más pequeñas, ya que no ofrece el incentivo de un precio con prima, la certificación puede ser costosa y requiere de una extensa documentación.


4.3 NORMAS ESTABLECIDAS POR LA INDUSTRIA EUREPGAP (Foodplus, 2002; M. Andersen, RUTA/FAO, comunicación personal) EUREPGAP es un sistema privado de certificación conducido por 22 grandes cadenas minoristas en Europa que forman el núcleo de los miembros de EUREP, la asociación de minoristas europeos (supermercados). El programa de Buenas Prácticas Agrícolas de EUREP llamado EurepGap, reúne a los minoristas con los grandes abastecedores de productos frescos y los productores. Incluye además a los miembros asociados del sector de insumos y servicios agrícolas (principalmente los proveedores de agroquímicos, organismos de certificación y empresas de consultoría). Los miembros asociados pueden participar en los encuentros pero no forman parte del proceso de toma de decisiones de EurepGap. Antiguamente el EuroHandelsinstitut e.V. (EHI), o Instituto Europeo de Comercio, actuaba como secretariado internacional. En marzo de 2001 el EHI fundó una empresa filial independiente 'FoodPLUS GmbH’,empresa comercial que actúa como organismo mundial, sirve de titular jurídico del documento normativo y hospeda al Secretariado de EUREP. Evolución y alcance de la norma El estándar EurepGap para frutas y verduras fue desarrollado por el Comité Técnico de EurepGap. Dicho comité solía estar dominado por minoristas pero ahora está compuesto por dos grupos con representación por igual de minoristas y proveedores. Existen otras normas que están en proceso de elaboración a cargo de otros comités técnicos, pero hasta el momento sólo está operando la norma de frutas y verduras. A continuación se empleará el término EurepGap para indicar «EurepGap frutas y verduras». EurepGap tiene el objetivo explícito de aumentar la confianza de los consumidores en la inocuidad de los alimentos. El enfoque central de las normas EurepGap es la seguridad de los alimentos y la rastreabilidad. Las normas también preceptúan sobre algunas dimensiones ambientales (prácticas relativas al manejo integrado de plagas – MIP) y otras sociales (relativas a la salud ocupacional), aunque algunos críticos las califican de ambiguas. EurepGap también busca la armonización de los requisitos relativos a la higiene de los alimentos y al límite máximo de residuos (LMR) de plaguicidas que se les permite contener. Este esfuerzo de armonización sólo ha tenido éxito en parte, si se considera que no todos los minoristas están involucrados y que las normas se refieren a los reglamentos nacionales vigentes, que no son homogéneos en todos los países europeos. El sistema EurepGap tiene como grupo meta los productores en gran escala (por lo menos ésta ha sido la experiencia en América Latina), quienes cuentan con los recursos humanos y económicos para aplicar y supervisar el «sistema de gestión» de EurepGap. Acreditación y certificación Los organismos que deseen certificar conforme a las normas de EurepGap necesitan ser acreditados por FoodPLUS y haber sido otorgados la norma ISO 65/EN 45011. Una particularidad del sistema EurepGap es la posibilidad de otorgar certificados no acreditados: todo organismo de certificación solicitante tiene un período de seis meses para completar la acreditación requerida, que incluye como ejercicio práctico la entrega de los certificados no acreditados que también son aceptados. Además de los costos de la certificación, los productores certificados tienen que pagar una cuota anual a FoodPLUS (alrededor de €25). Las organizaciones de productores que han implementado un programa de verificación por terceros, pueden incluirlo como punto de referencia para EurepGap. Si el programa es aceptado como equivalente y es acreditado, la auditoria de la finca para dicho programa también puede ser válida como si fuese una de EurepGap.


También es posible obtener una certificación de grupo para las llamadas «organizaciones de comercialización de productos» (PMO). Una PMO puede ser una cooperativa u otro grupo de cultivadores con personería jurídica que asumen la responsabilidad de aplicar las normas de EurepGap, en nombre de los cultivadores asociados y contratados mediante un sistema de control interno. La comprobación del no cumplimiento por parte de un productor, puede resultar en la cancelación de la certificación del grupo entero. La etiqueta y el mercado No hay ninguna etiqueta de EurepGap y tampoco hay prima sobre el precio. El mercado para los productos certificados por EurepGap son los 22 minoristas en EUREP. La certificación no garantiza que el producto sea incluido en estos supermercados, aunque en el futuro podría convertirse en un prerrequisito. Se dijo que algunos minoristas de frutas y verduras requerirían la certificación EurepGap para enero de 2003. Sin embargo la página Web de EurepGap (en la primavera de 2003) mencionaba que «algunos minoristas dicen que todos sus proveedores deberían estar certificados por EurepGap para el 2004. Otros no han fijado una fecha límite, pero con el tiempo se preguntarán por qué los proveedores preferidos no están certificados en EurepGap y que entonces quizá revisen su decisión de hacer negocios con ellos». No existe una etiqueta para los productos, aunque EurepGap está actualmente preparando las reglas y prerrequisitos para que a nivel de caja los productos hagan referencia a EurepGap. Ello llevaría a la aparición de referencias acerca de EurepGap en los supermercados europeos, pero no sobre los productos individuales. SISTEMA ARMONIZADO COLEACP El COLEACP es una asociación interdisciplinaria de exportadores, importadores y otros participantes interesados en el comercio hortícola6 de la Unión Europea con los países ACP (COLEACP 2001). A fin de mejorar el reconocimiento del mercado de los productos de los ACP, y para responder a las demandas del mercado desde el punto de vista ambiental y condiciones de producción socialmente responsables, el COLEACP tomó la iniciativa de estimular a las asociaciones de horticultores exportadores a buscar la armonización de sus códigos de prácticas de trabajo. El sistema armonizado COLEACP está diseñado como un conjunto mínimo de normas de seguridad para los alimentos, el medioambiente y las condiciones sociales, para ser incorporadas en los códigos nacionales. Hoy cuenta con 13 asociaciones comercializadoras de productos frescos que participan y provienen de 9 países africanos y caribeños. Evolución y alcance de la norma La norma se desarrolló a partir de una comparación de los códigos existentes de las organizaciones participantes y de un diagnóstico comparativo frente a los códigos existentes en Europa. El sistema es revisado anualmente por un comité de control compuesto por representantes de cada una de las asociaciones participantes. El sistema armonizado es una «»norma genérica» o «norma de normas» y el sistema se aplica a todas las exportaciones de productos hortícolas frescos (frutas, hortalizas, flores y plantas) y excluye a los productos elaborados. El sistema cubre la cadena productiva completa, desde el cultivo, la cosecha, los tratamientos poscosecha, el empaque y el almacenamiento. Las asociaciones nacionales de comercio pueden establecer normas más rigurosas para ciertos parámetros, o pueden desarrollar requisitos adicionales para satisfacer a situaciones más específicas.

6 País de África, El Caribe o del Pacífico que ha firmado el Acuerdo de Cotonou con la Unión Europea.


El sistema contiene normas relativas a la inocuidad de los alimentos durante la producción del cultivo, la época de cosecha, el manejo poscosecha y las instalaciones agrícolas. Las normas ambientales incluyen criterios para la selección, uso, almacenamiento y transporte de plaguicidas y fertilizantes, el manejo de cultivos integrados, la salud y seguridad ocupacional, el uso del suelo, el agua y los desechos, la protección de la flora y fauna, el uso de energía, los materiales de empaque y el mantenimiento de los registros correspondientes. Las normas de tipo laboral están los contratos, salarios y horarios de trabajo, procedimientos disciplinarios e inconformidades, la libertad de asociación y negociación colectiva, la no discriminación, la protección de los derechos del niño, condiciones especiales para la mujer, el trabajo no forzado, un trato no inhumano o cruel, la salud y seguridad ocupacional. También el acceso a los servicios de salud y sanidad, y el alojamiento para los trabajadores. Además, la agenda contiene un capítulo que trata sobre las relaciones con los productores externos, incluyendo normas de producción y políticas de compra, asesoría técnica y apoyo para la aplicación del código. Acreditación y certificación Toda asociación que desee declarar que sus normas están de acuerdo con las del sistema armonizado, debe remitirlas anualmente para que sean verificadas por el grupo de control. Este mecanismo puede ser considerado como un mecanismo de acreditación. Siendo un estándar genérico, el sistema armonizado no contiene ningún programa de certificación ni de etiquetado. Sin embargo, el sistema requiere que los códigos de cada nación incluyan un sistema de certificación con auditorias anuales ejecutadas por equipos independientes. Los equipos pueden ser organismos de auditoria reconocidos internacionalmente o grupos nacionales que a su vez necesitarían ser verificados externamente. Los grupos de auditores nacionales tendrían que asistir al curso de capacitación en la auditoria de COLEACP y los organismos auditores externos serían aprobados por el grupo de control del sistema armonizado. COLEACP tuvo que suspender las actividades de control debido a la falta de recursos. No obstante, las asociaciones nacionales de productores continúan trabajando con el sistema armonizado. Ejemplo de un código nacional operando de acuerdo con este sistema son las bien conocidas normas de oro y plata del Consejo Florístico Keniano (KFC). Otro ejemplo es el Código de Prácticas de la Industria Hortícola de Zimbabwe, del Consejo para la promoción hortícola de Zimbabwe, que quedan fuera del alcance de esta publicación puesto que son iniciativas del sector nacional. La etiqueta y el mercado No hay una etiqueta o sello asociado con el sistema armonizado. Algunos de los programas de las asociaciones agrupadas han desarrollado una etiqueta que se concede a los productores certificados. Se ha intentado en ganar una mayor notoriedad en los mercados europeos en todos los programas participantes, pero parece que existen variaciones en los niveles de reconocimiento obtenido por programas individuales en los mercados europeos. No se dispone de datos específicos de mercado relacionados con productos certificados. 4.4 NORMAS ESTABLECIDAS POR ONG El movimiento orgánico y las normas básicas de IFOAM, que es una ONG, fueron discutidos anteriormente junto con la reglamentación gubernamental referente a la agricultura orgánica. CERTIFICACIÓN DE LA RAINFOREST ALLIANCE La Red de Agricultura Sostenible (SAN), anteriormente Red de Agricultura para la Conservación (CAN), es una coalición de 10 organizaciones no gubernamentales orientadas hacia la conservación en el continente americano (CAN, 2001; Rainforest Alliance, 2003). El programa se enfocó inicialmente hacia el impacto ambiental de los métodos de producción y la conservación del hábitat, pero ha ido


incorporando normas para las relaciones comunitarias y las condiciones laborales. La Rainforest Alliance es la fuerza principal detrás de la iniciativa, y su oficina en Costa Rica es la Secretaría de SAN (la oficina matriz de Rainforest Alliance está en Nueva York)7. Evolución y alcance de la norma Las normas son para productos específicos y han sido desarrolladas junto con los productores, principalmente en Costa Rica y otros países de América Latina. El programa ha establecido normas para cinco cultivos tropicales: banano, cítricos, café, cacao, helecho y plantas ornamentales. Actualmente se han desarrollado normas «granja integral» para cultivos que carecen de normas específicas. La promoción e incorporación de las normas se limita principalmente al continente americano. Las normas ambientales incluyen la prohibición de eliminar el bosque primario, requisitos para el de manejo de suelos y agua, para la conservación de las zonas tampón, para el uso, almacenamiento y transporte de productos agroquímicos, manejo integrado de plaguicidas, criterios para el manejo y reciclaje de desechos y para el sistema de control. Con respecto a los criterios sociales, la compañía certificada deberá respetar todos los convenios de la OIT que han sido ratificados por el país en el que operan. Las normas de certificación se aplican directamente sobre aquellos temas que no han sido ratificados en los convenios de la OIT. Ellas incluyen requisitos para una política social y de comunicación con los trabajadores; contratos y salarios, la no discriminación, en contra del trabajo de los menores de 14 años; condiciones específicas para trabajadores discapacitados y mujeres embarazadas; el trabajo no forzado, libertad de expresión, el derecho sindical y a la negociación colectiva; salud y seguridad ocupacional, horario de trabajo, capacitación, alojamiento y vínculos con las comunidades locales. Acreditación y certificación No existe un sistema de acreditación de SAN. En muchos casos la certificación es otorgada por miembros locales de SAN. La Rainforest Alliance opera el sistema de certificación en Costa Rica y Honduras así como en países donde no hay miembros de SAN. Todos los auditores, incluso aquellos que son miembros de la red local, son capacitados por la Secretaría del Programa de Agricultura Sostenible, es decir, la Alianza Rainforest. Los productores cubren los costos de las auditorias y de la certificación, dependiendo este del tipo de servicio brindado (es decir los viáticos del auditor, etc.), además de una cantidad fija por hectárea (CAN, comunicación personal). La etiqueta y el mercado Los sellos anteriormente llamados «proyecto mejor banano» y «ECO-OK» están siendo reemplazados en la actualidad (2003) por una nueva etiqueta: «Rainforest Alliance Certified» – certificado por la Rainforest Alliance. Los sellos se usan principalmente en actividades de relaciones públicas de productores certificados y en comunicaciones entre productores y compradores (importadores, mayoristas y minoristas). La etiqueta es administrada por la Rainforest Alliance, que exige un pago por el uso de la etiqueta en los productos, del cual los productores pueden ser eximidos.

7 Otros miembros de SAN son Conservación y Desarrollo (CyD) en Ecuador; Centro Científico Tropical (CCT) en Costa Rica; Toledo Institute for Development and the Environment (TIDE) en Belice; SalvaNatura en El Salvador; Instituto Para la Cooperación y Autodesarrollo (ICADE) en Honduras; Fundación Interamericana de Investigación Tropical (FIIT) en Guatemala; Pronatura Chiapas en México; Fundación Natura en Colombia; e Imaflora en Brasil.


Hasta ahora las etiquetas han sido poco usadas en los productos, excepto para el café y jugo de naranja en América del Norte y Japón. Las compañías que consideran que su propia marca es de calidad dudan en usar una etiqueta adicional. Es más, en Europa no pudo usarse la etiqueta «ECO-OK» porque el término «ECO» legalmente está reservado para los productos de la agricultura orgánica. Aunado a ello, en la cadena comercial las grandes compañías bananeras (Chiquita y Reybanpac) no separaban el banano que provenía de explotaciones certificadas. Eso significaba que no se podía hacer ninguna declaración orientada a los consumidores finales hasta que todas las explotaciones agrícolas, así como los proveedores independientes, hubiesen sido certificados. En 2002 se desarrolló y probó un protocolo «cadena de custodia» en instalaciones de molienda de café. La nueva etiqueta ya se usa en café y en el futuro podría ser usada directamente en productos finales. Debido a que muchos productos de explotaciones certificadas por la Rainforest Alliance no se etiquetan, no existe un segmento de mercado claro para estos productos. COMERCIO JUSTO Las iniciativas de comercio justo tratan de proporcionar mejor acceso al mercado y mejores expectativas comerciales a los agricultores de pequeña escala. Incluyen una prima en el precio al productor, la cual será invertida en mejoras sociales y ambientales. En unidades de producción más grandes tiene el propósito adicional de mejorar las condiciones laborales. La organización internacional Fairtrade Labelling Organizations International FLO (Organización de Etiquetado de Comercio Equitativo) fue fundada en 1997 como la organización central de 17 iniciativas nacionales de etiquetado del comercio justo. Hoy día su junta directiva y varios comités cuentan con la representación de productores y comerciantes. Evolución y alcance de la norma Desde sus inicios, FLO ha establecido normas para varios productos, empezando por el café. En 2002 FLO estableció una agenda de normas genéricas diferenciadas para la producción en pequeña escala y en plantaciones, que era complementada con criterios específicos para los productos cuando ello era necesario. Las normas laborales son para asociaciones de agricultores y cooperativas, y las comerciales incluyen precios mínimos para comerciantes autorizados. Las normas laborales en plantaciones y fábricas incluyen la libertad de asociación, criterios sobre salarios y alojamiento, normas relativas a la salud y seguridad ocupacional, además de otras como la prohibición de trabajo de menores o de trabajo forzado. Las normas para las asociaciones de productores y cooperativas establecen criterios para una estructura organizativa participativa. Las normas comerciales estipulan que los comerciantes tienen que pagar precios mínimos fijados por FLO más las primas por comercio justo, un adelanto parcial cuando los productores lo soliciten, y comprometerse a tener una relación comercial de largo plazo. Los criterios ambientales están incluidos en las normas para cultivos específicos. Actualmente existen normas específicas para café, té, cacao, caña de azúcar, miel, banano y otras frutas frescas, jugos de frutas, arroz y balones deportivos. Se están desarrollando normas para el vino y las flores cortadas. En 2003, FLO esperaba desarrollar normas genéricas para criterios ambientales y para la determinación de precios mínimos. Actualmente estos precios se establecen en diferentes formas: para el café, por ejemplo, precio mínimo de referencia establecido por la Organización Internacional de Café mientras que para el banano el precio mínimo se establece país por país sobre la base del costo de producción (FLO, 2003). Acreditación y certificación FLO se reorganizó en 2002 para permitir una mayor separación entre sus cuatro funciones de: promoción del comercio justo en general, apoyo al productor, establecedor de normas y certificador. Desde enero de 2003 la Unidad de Certificación es un organismo de certificación jurídicamente independiente. La inspección la llevan a cabo auditores locales mientras que la decisión de la


certificación se toma en la oficina central en Bonn, Alemania. FLO reconoce también a Certimex como órgano de inspección de certificación orgánica en México, lo que reduce los costos de certificación (Zonneveld, 2003). Las iniciativas nacionales de etiquetado otorgan licencias a los comerciantes de productos etiquetados de comercio justo (con el pago de una cuota), y supervisan el flujo comercial para controlar el uso correcto de la etiqueta. Por otra parte, las iniciativas nacionales promueven la adopción del sello y el comercio justo en general. Parte de las cuotas por la licencia se canalizan a FLO para el pago de los costos de certificación. Esto hace posible certificar sin cargo a las organizaciones de productores. La etiqueta y el mercado Desde 2003, los sellos de comercio justo en Europa están siendo reemplazados por la nueva marca de certificación internacional del comercio justo. En los Estados Unidos y el Canadá por el momento se continuarán usando los sellos nacionales. La etiqueta internacional reducirá grandemente los costos logísticos, ya que los productos no tendrán que empacarse por separado para cada destino. El crecimiento anual de los volúmenes de comercio justo ha sido de alrededor del 20 por ciento en los últimos años. Los mayores volúmenes han sido para el banano, con un total de 30 000 toneladas en 2001 y para el café, con 14 000 toneladas comercializadas. Los mercados más grandes del comercio justo son Suiza y el Reino Unido (FLO, comunicación personal). SA8000 La norma de responsabilidad social SA8000 es para el lugar de trabajo y fue desarrollada en 1998 por la organización SAI (Social Accountability International) (SAI, 2003). SAI fue fundada por el Consejo de Prioridades Económicas, un instituto de investigación sobre la responsabilidad social empresarial con sede en los Estados Unidos, que operó de 1969 a 2001. En 1996, SAI convino en que un comité consultor internacional representante de múltiples interesados desarrollara las normas SA8000. El comité consultor SAI incluye expertos de sindicatos, de negocios y de ONG. La sede de SAI está en Nueva York. Evolución y alcance de la norma La norma promueve la aplicación de convenios de la OIT que abarcan la justicia social y las condiciones de trabajo. Esto incluye la prohibición del trabajo de menores y de trabajos forzados, el cumplimiento de condiciones ambientales de trabajo relativas a la seguridad y la salud, los derechos de libertad de asociación y de negociaciones colectivas, y los criterios sobre los horarios de trabajo y salarios, así como el derecho a no ser discriminado y la necesidad de un sistema de gestión social. Las normas fueron desarrolladas para la industria manufacturera, y aprobadas para su uso en el sector agrícola en 2000. Fueron revisadas en 2001 y actualmente se realiza una evaluación de los documentos guía. Certificación y acreditación SAI acredita a organismos de certificación de unidades productivas. Los requisitos de acreditación incluyen: la adhesión demostrada a la Guía 62; ISO/IEC (Organización Internacional de Normalización y Comisión Electrotécnica Internacional), documentación sobre cómo obtener información acerca de las condiciones de trabajo; información sobre cómo se determinará el salario mínimo y documentación sobre cómo se asegura que el personal de auditoria esté capacitado en los componentes y en la aplicación de la SA8000. Del mismo modo, los auditores individuales que llevan a cabo las inspecciones deberán estar acreditados.


Las compañías que se proveen de contratistas pueden unirse al programa llamado Miembro Signatario, pero requiere que la compañía emita un plan mediante el cual, tanto las explotaciones propiedad de la empresa como sus proveedores, adopten con el tiempo la certificación SA8000 e informen sobre sus avances. La norma SA8000 para el sector agrícola se aprobó en 2000, y hasta ahora 15 explotaciones agrícolas han sido certificadas para el cultivo, empaque y elaboración de banano, piña, frutas enlatadas, café, tabaco y vino. La etiqueta y el mercado La etiqueta SAI-SA8000 no se usa en los productos pero sí pueden usarla las explotaciones certificadas y los miembros signatarios. El «mercado» es el de los grandes proveedores, por ejemplo, minoristas que sean miembros signatarios y que, en consecuencia, traten de mover a sus proveedores hacia la certificación SA8000. 4.5 ESTÁNDARES SIN PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN CÓDIGO BÁSICO DE PRÁCTICAS LABORALES DE LA CIOSL/ITS La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres se estableció en 1949; tiene 231 organizaciones afiliadas en 150 países y 158 millones de miembros (CIOSL, 1997, 2003). Es una confederación de centros sindicales nacionales, cada uno de los cuales reúne a los sindicatos del país. También mantiene vínculos estrechos con las federaciones sindicales mundiales que reúnen a los sindicatos nacionales de una rama particular del comercio o la industria a nivel internacional, tal como la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines - UITA. Evolución y alcance de la norma El texto del código fue desarrollado por el grupo de trabajo sobre compañías multinacionales miembros de la CIOSL/ITS, en consulta con varias organizaciones sindicales y otros individuos y organizaciones interesadas. El Código Básico apunta a establecer una lista mínima de normas que debieran ser incluidas en todos los códigos de conducta de prácticas laborales. Se refiere a códigos de conducta de compañías, especialmente aquellos que rigen las operaciones internacionales de una compañía multinacional. El propósito del Código Básico es promover el predominio de las normas laborales internacionales e incorporarles la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. No existe la intención de que los acuerdos en las negociaciones colectivas se limiten a lo dispuesto en el código También se pretende que el Código Básico estimule el uso de un lenguaje consistente, y que sea un medio para apoyar a cualquier sindicato en sus negociaciones con las compañías, así como en las campañas de las ONG que discutan esos códigos. El contenido del código sigue los mismos convenios de la OIT que la norma SA8000. Debido a que el Código Básico de la CIOSL es de tipo genérico y no está diseñado para propósitos de certificación, éste no es tan detallado con respecto a los indicadores verificables. Sin embargo, puede ser usado como punto de referencia para evaluar códigos de prácticas laborales que hayan sido adoptados unilateralmente.


LA INICIATIVA DEL COMERCIO ÉTICO - ETI La iniciativa de comercio ético del Reino Unido – ETI - es una alianza múltiple de entidades interesadas en el comercio ético (ETI, 2003). Tiene una estructura tripartita en la que están representadas ONG, sindicatos y el sector privado, con el apoyo del gobierno. La ETI se enfoca a compañías que tienen una política de abastecimiento ética, en particular cadenas de minoristas. Aunque la ETI es una iniciativa nacional y estrictamente hablando queda fuera del alcance de este documento, su aprovisionamiento y su impacto son de carácter internacional. La ETI es una iniciativa de aprendizaje para saber cómo pueden desarrollarse e interpretarse las normas sociales. Evolución y alcance de la norma La ETI ha desarrollado un código basado en los convenios de la OIT y que consta de nueve principios. El código fue publicado en 1998 y es similar a la norma SA8000. La ETI dirige varios proyectos piloto para aprender acerca de la supervisión de la aplicación del código base, la aplicación de las normas laborales fundamentales como parte de la gestión de cadenas de suministro en un país dado, cómo aplicar el código de base en circunstancias que han sido identificadas como potencialmente problemáticas, y aspectos particulares de la aplicación de dicho código. Los proyectos piloto dirigidos en el sector agrícola hasta ahora son uno hortícola en Zimbabwe y otro en la industria vinícola en Sudáfrica. Un proyecto piloto de banano en Costa Rica ha sido suspendido debido a la imposibilidad de que las partes del comité directivo costarricense (tripartita) llegasen a un acuerdo. El proyecto hortícola en Zimbabwe concluyó con la fundación de la Asociación para la garantía de la ética en la agricultura (AEAAZ, sigla en inglés) que incluye a empresarios locales, sindicatos y agencias de desarrollo. La AEAAZ planea realizar un sistema para la supervisión y la verificación de su propio código y que actualmente se encuentra en borrador. Acreditación, certificación, etiqueta y mercado Las compañías involucradas en la ETI llevan a cabo programas de evaluación interna de los negocios para revisar el cumplimiento de su código básico y, posteriormente, tratar de concentrarse en aquello que no cumpla con los requisitos. No hay un sistema de certificación y por consiguiente no se usan etiquetas ni se deriva de ello un mercado específico. PLATAFORMA INICIATIVA DE LA AGRICULTURA SOSTENIBLE La Plataforma Iniciativa de la Agricultura Sostenible (SAI-Platform) fue fundada en 2002 por tres grandes compañías de la industria mundial de alimentos - Unilever, Nestlé y Danone - para apoyar activamente el desarrollo de la agricultura sostenible y darlo a conocer en todo el mundo. En 2003, había 16 compañías de la industria alimenticia que ya eran miembros de la plataforma SAI. La plataforma define la agricultura sostenible como una manera productiva, competitiva y eficiente de producir materias primas agrícolas, protegiendo y mejorando al mismo tiempo el entorno natural y las condiciones socio-económicas de las comunidades productoras. La Plataforma SAI busca el reconocimiento y la aplicación de prácticas sostenibles en la agricultura convencional (no de mercados de nicho) a escala mundial. Los miembros de la Plataforma SAI son libres de participar o no en los procesos de evaluación, y son libres de tomar cualquier acción específica, como las respectivas a su implementación (SAI-Platform, 2003). La plataforma SAI realizó su primera asamblea general en abril de 2003 y creó tres grupos de trabajo para desarrollar líneas directrices para los cereales, el café y el aceite de palma. Para los cultivos y hortalizas tropicales, el trabajo de Unilever sobre los indicadores de la sostenibilidad es importante. En proyectos piloto se desarrollan buenas prácticas agrícolas y se definen los parámetros para evaluar el funcionamiento de cada indicador. Los diez indicadores son: fertilidad del suelo y salud; pérdida de suelos; nutrientes; manejo de plagas; biodiversidad; valor de los


productos; energía; agua; capital social y humano y economía local. Se han desarrollado ya directrices para el cultivo del té (plantaciones y pequeños productores), aceite de palma, duraznos y espinacas, y se están elaborando las correspondientes a tomate, colza y girasol. Las directrices son específicas para el país en el que operan o hayan operado los proyectos piloto que las desarrollaron, pero siempre conforme a los diez indicadores de sostenibilidad (UNILEVER, 2002). No existe un sistema de certificación o etiqueta asociadas con la Plataforma SAI, pero sus miembros forman una gran parte del mercado total de productos alimenticios. Los proveedores de estas compañías pueden ser invitados a participar en proyectos piloto, o a aplicar las directrices desarrolladas por la Plataforma o por uno de sus miembros. PROYECTO «RACE TO THE TOP» (CARRERA HACIA LA CIMA) (IIED, 2003) Por ser una iniciativa nacional, y por no haber formulado norma alguna, el proyecto «Race to the Top» quedaría nominalmente fuera del alcance de este documento. Sin embargo vale la pena mencionarlo porque tiene un impacto potencial en los productores y sobre las iniciativas de certificación mencionadas. Es un proyecto de colaboración entre los principales minoristas del Reino Unido y una alianza de organizaciones de agricultores, conservacionistas, trabajadores, protectores de los animales y de desarrollo sostenible. El proyecto es coordinado por el Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo (IIMAD), y ofrecerá a los supermercados una referencia independiente frente a los indicadores. Los indicadores estarán agrupados en siete módulos: ambiente (emisiones y desechos), trato justo a productores, salarios y condiciones laborales para los trabajadores, comunidades, fuentes locales de aprovisionamiento, naturaleza (en relación con la agricultura), conservación de la fauna y alimentación saludable. En 2002 se desarrollaron indicadores y mediciones y en 2003 se recogerán los datos sobre los que se medirá el avance. «Carrera hacia la cima» tiene el potencial de transformarse en un programa de certificación para minoristas de la industria alimenticia. 4.6 COLABORACIÓN EN INICIATIVAS DE ETIQUETADO Los organismos de certificación buscan cada vez más la acreditación múltiple, de modo tal que puedan ofrecer más programas de certificación a sus clientes. Para los agricultores que requieren una certificación múltiple esto puede aligerar la pesada carga que implican los requisitos de documentación y los costos de certificación. Los organismos de certificación podrían cubrir dos programas con una auditoria integrada. No obstante, no siempre es fácil integrarlas, debido a que los programas de certificación tienen diferentes requisitos para sus informes, algunas veces incluso en contradicción con las demandas de los agricultores. Es por tanto estimulante ver que algunos programas de etiquetado y certificación estén aumentando su colaboración. LA ALIANZA DEL SELLO ISEAL (ISEAL, 2003a) La Alianza de Etiquetado para la Acreditación Social y Ambiental Internacional (ISEAL), es un esfuerzo de organizaciones líderes en el establecimiento de normas internacionales, acreditación y etiquetado preocupadas por criterios sociales y ambientales en productos y en la certificación del manejo de recursos renovables. Incluye a SAN, FLO, IFOAM, IOAS Y SAI. Los objetivos principales de la alianza ISEAL son: lograr credibilidad y reconocimiento en las organizaciones participantes, defender intereses comunes y promover la continua superación profesional de las actividades de sus miembros. Los miembros de ISEAL tienen su origen en la sociedad civil y sostienen que cuentan en sus estructuras ejecutivas con un numeroso grupo de interesados. Además, sus normas y programas de acreditación son de naturaleza verdaderamente internacional y se enfocan en procesos de certificación no relacionados con el producto y en los métodos de producción. Estas características se combinan para hacer que las organizaciones miembros de ISEAL sean únicas en las áreas de asesoramiento de la conformidad con las normas y de instrumentos de etiquetado voluntario. En su calidad de miembros, ellos le han dado prioridad a la necesidad de supervisar y de contribuir a las políticas de desarrollo,


para asegurar que la interpretación de los asuntos reglamentarios y de sistemas voluntarios sea favorable, y para que estos tipos de programas, de evaluación de la conformidad, sean reconocidos como legítimos. Se realizará un programa de evaluación por pares tanto en el establecimiento de normas como en la acreditación. Para la acreditación, las organizaciones participantes serán evaluadas conforme a la norma ISO/IEC Guía 61:1996, «requisitos generales para la evaluación y la acreditación de instituciones de acreditación/certificación» y la Guía de ISEAL. En cuanto al establecimiento de normas, un documento guía similar (código de buenas prácticas para procedimientos de establecimiento de normas) está siendo elaborado mediante un proceso de debate con las partes interesadas que complementaría el Anexo 3 de los «Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)» de la Organización Mundial del Comercio y aquellos elementos pertinentes de Guía 59 de la ISO. Su propósito es empezar por los procedimientos reconocidos sobre el establecimiento de normas, y adaptarlas para que sean más apropiadas al proceso voluntario y a las normas sobre métodos de producción y procedimiento (MPP). Un objetivo a largo plazo para ISEAL es actuar como agente en la armonización de los diferentes sistemas que son utilizados por sus miembros. Este se inicia con la armonización de los procedimientos para el establecimiento de normas y la realización de la acreditación, y continuará con la eliminación de la duplicación en áreas donde las normas tengan puntos en común. PROYECTO SASA (ISEAL, 2003b) Cuatro miembros de ISEAL (FLO, IFOAM, SAI y SAN) también forman parte del proyecto SASA, Responsabilidad Social en la Agricultura Sostenible. Los objetivos del proyecto son reforzar la cooperación entre las organizaciones y desarrollar directrices y herramientas para auditar a una amplia gama de sistemas de producción agrícola y cadenas productivas. También existen objetivos secundarios tales como examinar el impacto y las responsabilidades de los actores de las cadenas de suministro, para tratar de las necesidades particulares de los pequeños productores y explorar las posibilidades de realizar auditorias integradas para programas de certificación múltiple. Para lograr estos objetivos, las cuatro organizaciones están dirigiendo una serie de ejercicios piloto para diferentes cultivos en diversas partes del mundo, tanto en países en desarrollo como industrializados. Cada auditoria piloto organiza una discusión por correo electrónico y una reunión local de interesados, que garantiza un amplio suministro de información al proyecto. Las actividades piloto contribuyen al desarrollo de recomendaciones para las mejores práctica de condiciones de trabajo seguras y decentes en una amplia gama de instalaciones agrícolas. Se ha reconocido que asuntos críticos de orden social como el horario de trabajo en sistemas estacionales de producción, la libertad de sindicación y el derecho a la negociación colectiva, constituyen retos para la auditoria social. Aparte de las auditorias piloto se organizan talleres que enfocan normas específicas o procedimientos de certificación, tales como la certificación de pequeños productores para la auditoria social. Además, con el fin de facilitar la auditoria conforme a normas múltiples durante una visita de inspección, se está desarrollando una plantilla para la auditoria integrada junto con recomendaciones para la capacitación conjunta de inspectores.

Producción y mercados 29

5. PRODUCCIÓN Y MERCADOS Los censos agrícolas nacionales y las estadísticas oficiales de importación generalmente no realizan una distinción entre productos certificados y no certificados, por lo tanto las cifras aquí presentadas son aproximaciones basadas en varias fuentes de información. Existen mercados diferenciados sólo para aquellos productos certificados que llevan la etiqueta correspondiente. De los programas discutidos en el capítulo precedente, sólo los productos orgánicos y los certificados de comercio justo llevan etiquetas, junto con un pequeño volumen de café certificado por la Red de la Agricultura Sostenible (SAN). Sus mercados se discuten de manera general en la sección 5.1 y, seguidamente, en la sección 5.2, se discuten como estudio de casos los mercados del banano orgánico y del comercio justo. Finalmente en la sección 5.3 se discuten los «mercados» de menor grado de diferenciación para las certificaciones SAN, SA8000 y EurepGap. 5.1. MERCADOS PARA LOS PRODUCTOS ETIQUETADOS PRODUCCIÓN ORGÁNICA Y MERCADOS De acuerdo con el estudio de SÖL de febrero de 2003 (Yussefi y Willer, 2003), el número de hectáreas que se manejan globalmente en condiciones orgánicas es de casi 23 millones. Más de la mitad de esta superficie es tierra de pastoreo extensivo. Los países que cuentan con mayor superficie son, en primer lugar Brasil con 275 500 hectáreas certificadas, le siguen Uganda con 122 000 y China con 100 000. El mayor porcentaje de tierra para propósitos agrícolas bajo manejo orgánico lo tiene Costa Rica con el 2 por ciento, le siguen Uganda con el 1,4 por ciento y Belice con el 1,3 por ciento. Los principales productos orgánicos tropicales certificados son el café, el banano, el cacao, la caña de azúcar, el té, el algodón y la piña (Yussefi y Willer, 2003). Los mercados locales para estos productos son generalmente muy limitados, aunque existen algunos en los países en desarrollo, incluyendo Argentina, China y Egipto. En América Latina, la forma más popular del comercio orgánico local es el mercado de los agricultores. Muchos países de América Latina tienen también negocios y supermercados que están comenzando a vender productos orgánicos, principalmente frutas frescas y hortalizas. También existen programas comerciales mediante los cuales se expenden estos productos en cajas o se entregan a domicilio. Con frecuencia no se obtienen primas para los precios en el mercado local. Inspirados por los sistemas Teikei (japonés) y el Community Supported System (CSA) estadounidense (sistema de apoyo comunitario), se han establecido sistemas similares en el sur de Brasil y en los alrededores de Lima, Perú. En este sistema, un grupo de unas 40 familias de consumidores sostiene a una unidad agrícola y participa en la planeación, los riesgos y las decisiones para fijar precios (Lernoud, 2003). En Asia existen tiendas especializadas, específicamente en Malasia y las Filipinas. En la India, particularmente en las grandes ciudades, el mercado de los productos orgánicos está en crecimiento (Yussefi, 2003). En África, los mercados más importantes son Sudáfrica (donde los supermercados están empezando a vender productos orgánicos) y Egipto (donde la organización Sekem ha desarrollado mercados locales para el algodón y el té orgánicos). Se continúan realizando esfuerzos para establecer mercados locales en Kenya, Malawi y Uganda (Walaga, 2003). Muchos productos tropicales orgánicos certificados son para los mercados de exportación, siendo los principales Europa, el Japón y los Estados Unidos. Los Estados Unidos son el país con el mercado de alimentos y bebidas orgánicos más grande del mundo. Las ventas al consumidor fueron estimadas por el CCI en cerca de 9 500 millones de dólares EE.UU. en 2001, y se esperaba que alcanzaran los 12 000 millones de dólares EE.UU. en 2003 (Kortbech-Olesen, 2003). La categoría líder de alimentos es frutas frescas y hortalizas. El mercado


norteamericano de alimentos orgánicos frescos está segmentado en dos sectores primarios. El primero de ellos, representado por almacenes de alimentos naturales, tuvo transacciones por un valor de 833 millones de dólares EE.UU. en frutas frescas y hortalizas en 1999, mientras que el segundo sector, los supermercados tradicionales, las tuvieron por 618 millones de dólares EE.UU. Juntos alcanzaron operaciones comerciales por 1 450 millones de dólares EE.UU. lo que representa el 22 por ciento del total de las ventas de alimentos orgánicos en los Estados Unidos en 1999 (FAO, 2001). A esto hay que agregar las ventas por frutas y hortalizas cultivadas en el país, cuyo comercio se realiza a través de canales de comercialización directos. En un sondeo llevado a cabo por la Fundación para la Investigación en Agricultura Orgánica (OFRF, sigla en inglés) en 1997, se determinó que los agricultores orgánicos vendieron en forma directa a los consumidores, productos del 23 por ciento de sus superficies (Fundación de Agricultores Orgánicos para la Investigación, 1997). Probablemente la importancia relativa de las ventas directas ha disminuido desde entonces debido al incremento de las ventas en almacenes de alimentos naturales y en supermercados. De acuerdo con la publicación Nutrition Business Journal, el total de las ventas de frutas y hortalizas orgánicas se incrementó hasta alcanzar la cifra de 2 200 millones de dólares EE.UU. en 2000 (Dimitri y Greene, 2002). En 2001, el mercado de los productos orgánicos en Europa se estimó en 9 000 millones de dólares EE.UU. Los pronósticos para 2003 fueron de entre 10 000 y 11 000 millones de dólares EE.UU. La mayor parte de las ventas se efectúa en los países de la Zona Económica Europea, de la que Suiza es líder. Suiza concentra la mayor parte de las ventas totales de productos orgánicos (Kortbech-Olesen, 2003). El mercado de los Estados Unidos para frutas y hortalizas orgánicas se estimó entre 13 000 y 15 000 millones de dólares EE.UU. en 2000, lo que representaría entre el 15 y el 20 por ciento del total de las ventas de productos orgánicos al consumidor. Este mercado disfrutó de un crecimiento rápido a finales de los años noventa, pero decreció en el 2002 (Yussefi y Willer, 2003). Antes de la nueva reglamentación del JAS de abril de 2000, no existía en Japón una definición clara de «producto orgánico». Se les conocía con el mismo término tanto a los productos orgánicos como a los «cultivados por medios menos perjudiciales para el medio ambiente». Se estima que la reglamentación de la JAS determinó que únicamente un 1 por ciento de esos productos «verdes» calificara para obtener la etiqueta de orgánicos. De acuerdo con CCI (CCI, 2002), se estima que en el Japón el valor de las ventas al consumidor de los productos orgánicos genuinamente certificados era de cerca de 400 millones de dólares EE.UU. en 2003, o menos del 0,5 por ciento del total de las ventas de alimentos. Las ventas de frutas y hortalizas orgánicas se redujeron a causa del nuevo reglamento de JAS. En forma adicional, las importaciones de productos frescos pasan por estrictos controles fitosanitarios donde muchos contenedores son fumigados y los productos pierden la etiqueta de orgánicos (son etiquetados como «fumigado, sin productos químicos») (D. Nordeng, Ecocert-Qai Japan Ltd., comunicación personal). Los productos orgánicos tienen primas elevadas en países desarrollados. No obstante, las primas que rebasan el 50 por ciento normalmente implican problemas de suministro y son con frecuencia temporales. En mercados inmaduros los precios pueden ser muy inestables, con primas que varían del 0 al 100 por ciento en poco tiempo. Las primas mantenidas por largo tiempo reflejan graves problemas en la producción que están relacionados con plagas endémicas crónicas, que no pueden ser manejadas de manera efectiva con las técnicas biológicas y culturales existentes. Las situaciones donde los costos de producción orgánica están al nivel o aún por debajo de los precios de producción convencional, con frecuencia implican que los productores recibirán precios con primas por producción orgánica muy reducidas o inexistentes, especialmente mientras los mercados maduran (FAO, 2002). La expansión equilibrada de la oferta y la demanda será un factor que definirá el valor de la prima. Las primas actuales no sólo reflejan precios de producción más altos, sino también costos más altos de manejo poscosecha y de rastreabilidad de los productos (por ejemplo transporte por separado y almacenamiento) e ineficiencias en la cadena debidas a bajos volúmenes de producto y a la falta de información.


PRODUCTOS ETIQUETADOS POR LA RAINFOREST ALLIANCE La etiqueta de Rainforest Alliance/SAN aparece solamente en los EE.UU. y el Japón, y dichos productos son solamente una fracción del producido por las granjas que han sido certificadas. El café etiquetado por la Rainforest Alliance se origina principalmente en Centroamérica. PRODUCCIÓN Y MERCADOS DE COMERCIO JUSTO En un principio las iniciativas del comercio justo apuntaban a incluir una amplia variedad de orígenes para extender los beneficios y para contar diversas historias «detrás de los productos». Como resultado, la base de productores está altamente dispersa, los procedimientos logísticos son complejos y se carece de economías de escala. Los volúmenes totales de ventas de FLO se incrementaron en un 21 por ciento en 2002 y llegaron a las 58 800 toneladas. El ingreso obtenido de las licencias comerciales para usar la etiqueta alcanzó los 4,5 millones de euros en el año 2001. Las ventas se diversificaron, mostrando el café un descenso en su participación desde el 71 por ciento en 1997 hasta el 57 por ciento en 2001. La oferta de los productos de comercio justo de FLO no puede ampliarse más allá de la demanda del mercado. En ocasiones, esta dificultad ha llevado a la pérdida de oportunidades de mercado, debido a que los productos no pueden ser entregados de manera inmediata en el momento en que alguno de los negociadores ha expresado su interés en comprar. Esto afecta a los productos para los que aún se necesita desarrollar un estándar, pues se requiere más tiempo para llevar a cabo una transacción. Las normas genéricas desarrolladas recientemente deberían reducir el tiempo necesario para el desarrollo de normas de cultivos específicos. FLO está también buscando una estructura financiera alternativa para sus actividades de certificación, a fin de poder trabajar independientemente de los acontecimientos de mercado.


El cuadro 1 presenta estimaciones de los volúmenes importados en mercados de relevancia para banano, café, té y jugos de cítricos, lo cual representa el grueso de los productos tropicales y hortalizas etiquetados. En la sección siguiente se da información acerca de los mercados del banano orgánico y de comercio justo8. Cuadro 1 - Cifras sobre ventas e importación en mercados dominantes para productos etiquetados selectos

Importaciones (toneladas) Norteamérica Europa(3) Japón Total(4)

Banano 2002(7) Orgánico

48 000

87 500

5 400

141 300

Comercio justo – 36 600 Balangon(6) 36 600 Total(1) 48 000 115 000 5 400 168 400 Porcentaje del mercado(2) 1,1% 2.9% 0,6% – Total 2001 39 000 97 500 5 000 141 500

Café 2002(8) Orgánico

11 000

13 500?

2 000

26 500

Comercio justo 2 300 13 500 9 15 800 De sombra(5) (2001) 2 700 100 150 2 950 Total(1) 14 000 19 500 2 000 35 500 Porcentaje del mercado (2) 0,9% 0,7% 0,5% Total 2001 8 800 19 000 1 400 29 200

Té 2001(8) Orgánico

2 000

2 000

No disp.

> 4 000

Comercio justo 26 1 039 12 1 077 Total(1) 2 000 2 500 No disp. > 4 500 Porcentaje del mercado (2) 2,2% 1,2% – –

Cítricos frescos 2002(10) Orgánico

64 000

130 000

2 000

196 000

Porcentaje del mercado (2) 2% 2% 0,1% –

Jugo de cítricos 2002(10) Orgánico (SSE)

30 000

24 000

No disp.

54 000

Comercio justo 0 1387 0 944 Total 30 000 25 390 No disp. > 55 400

NOTAS: (1) Los totales no siempre coinciden con las cifras reportadas, porque el comercio justo incluye también los productos orgánicos (el porcentaje correspondiente al comercio justo orgánico se estimó y se restó del total), excepto en jugo de naranja, para el cual no existe comercio justo orgánico actualmente. Por ello, para 2001, se calcula que el 15 por ciento del banano de comercio justo fue orgánico y el 25 por ciento en 2002 (el banano introducido por comercio justo en fechas recientes fue con frecuencia orgánico). (2) La participación en el mercado se calcula como total certificado en términos de porcentaje del mercado total. (3) EU (15) + Suiza + Noruega, excluyendo las ventas en Italia por CTM Altromercato sin la etiqueta de FLO/Transfair. (4) Total que incluye otros destinos (principalmente Nueva Zelandia y Europa del Este). (5) El café de sombra incluye los sellos Rainforest Alliance, ECO-OK y el Smithsonian «Bird Friendly - amigo de las aves». El café con el sello Smithsonian «Bird Friendly» es también orgánico y puede computarse doblemente. (6) Banano de comercio justo en el mercado japonés, importado desde 1989 de las Filipinas por ATO, Alter Trade de Japón. El banano de Balangon se vendió también como orgánico y se desconoce de qué manera el nuevo reglamento del estándar JAS haya afectado a este producto. FUENTES: (7) Fuentes industriales, FLO y algunas estadísticas no oficiales (República Dominicana y Aduanas, Perú). (8) Orgánico: para Europa – SIPPO/FiBL/Naturland (2002); para EUA y Japón: Banco Mundial (2002) e ITC (2002). Comercio justo: FLO. Sombra: Giovannucci (2001). (9) SIPPO/FiBL/Naturland (2002); CFC/FAO (2002); FLO. Nótese que mucho del té orgánico no se exporta (por ejemplo mercado local orgánico en China). La producción total de té orgánico se estima en unas 9 000 toneladas cortas (10) FLO; FAO (2003).

8 Para obtener más información acerca de los mercados de cítricos de calidad orgánica, véase FAO, 2003a. Para obtener más información sobre los mercados del té para el comercio justo, véase FAO, 2003b.


5.2. ESTUDIO DE CASOS: EL MERCADO DEL BANANO ORGÁNICO Y DE COMERCIO JUSTO FUENTES DE SUMINISTRO Los bananos de comercio justo se originan en Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, Ecuador, Ghana, el Perú y las Islas Barlovento. Hay uno o dos grupos de productores registrados en cada país. El principal proveedor de banano orgánico es la República Dominicana. En 2002, sus exportaciones fueron de 60 000 toneladas, superando las exportaciones de banano convencional. Ese año sus exportaciones decrecieron por primera vez desde que este país empezó a exportar banano orgánico, debido a una sequía que redujo la producción. El segundo productor de banano orgánico es Ecuador, llegando a cerca de 24 000 toneladas en 2002 luego de dos años de altas tasas de crecimiento. Por su parte, las exportaciones peruanas han experimentado un crecimiento vigoroso desde 2000. Muchos productores de pequeña escala han completado ya sus períodos de conversión y el país exportó casi 19 000 toneladas en 2002. México fue durante mucho tiempo el segundo exportador de banano orgánico, pero debido a que tiene una tasa de crecimiento menor que la de Ecuador y el Perú, hoy debe conformarse con el cuarto lugar, con cerca de 14 000 toneladas en 2002. Otras fuentes de abastecimiento son Colombia, Guatemala, Honduras y las Islas Canarias (España). Las tasas de crecimiento en las Canarias también han sido elevadas, si bien partiendo desde una base que puede considerarse muy baja. SITUACIÓN DEL MERCADO Orgánico El cuadro 2 y la figura 2 permiten apreciar el crecimiento del mercado del banano orgánico durante los años recientes. Las tasas de crecimiento han sido muy altas, pero las exportaciones de productos orgánicos aún representan sólo cerca de un 2,5 por ciento del total del mercado de banano en Europa, y sólo un 1 por ciento del mercado de América del Norte. La demanda ha sido impulsada en gran medida por la percepción de los beneficios para la salud de los productos orgánicos en relación con los productos convencionales. Hasta ahora no se tiene una prueba científica de que el consumo de productos cultivados orgánicamente sea más saludable que el de productos no orgánicos. Sin embargo, según un estudio llevado a cabo en los Estados Unidos se determinó que, efectivamente, los niños con una dieta con predominancia de productos orgánicos, en gran medida, ingieren menos residuos de plaguicidas que los niños con dietas convencionales (Curl, Felske y Elgethun, 2003). Otros motivos para elegir banano orgánico son el sabor, la preocupación por la conservación del ambiente y, en menor medida, factores altruistas como los riesgos para la salud de los trabajadores de las plantaciones de banano por la aplicación de plaguicidas (Zanoli y Naspetti, 2001). Comercio justo Hasta ahora el banano de comercio justo se ha vendido solamente en Europa. Las importaciones totales de banano se incrementaron desde unas 12 500 toneladas en 1997 a 36 600 en 2002. Entre 1998 a 2001 esto se debió principalmente al aumento del número de países donde se vende el banano de comercio justo, y a un incremento sostenido en las importaciones del comercio justo en Suiza (ver cuadro 3). En muchos países las ventas declinaron después del éxito inicial. Por ejemplo, en los Países Bajos, el banano del comercio justo logró un 10 por ciento en la participación del mercado en sólo unos meses después de su introducción, en noviembre de 1996 (Eurofruit, 1997), pero hoy sólo


alcanza alrededor del 2 por ciento del mercado total. En Alemania se ha observado un desarrollo similar; allí el banano etiquetado por FLO casi ha desaparecido. Sin embargo, en el Reino Unido después de la exitosa introducción de este producto en 2000, el banano del comercio justo ha continuado siendo popular entre los consumidores británicos. En Bélgica, las ventas se recuperaron en 2001 y su tendencia es nuevamente al alza. También en Dinamarca se detuvo la tendencia negativa. Cuadro 2 - Estimación de las importaciones de banano orgánico fresco por año, por región o país

Importaciones (miles de toneladas)(2) Crecimiento anual Región o país 1998 1999 2000 2001 2002 1999-2000 2000-2001 2001-2002

EE.UU. y Canadá 13 (3) 16 24,5 39 48 53% 60% 23% Europa(1) 13 23,5 46,5 73 87,5 98% 57% 20% Japón 3 5,5 6,5 5 5,3 18% -23% 6% Otros – – – 0,5 0,5 – – – Total 29 45 77,5 117,5 141,3 72% 52% 20%

NOTA: (1) EC (15) + Suiza + Noruega FUENTES: (2) Basadas en estimados de la industria, encuestas nacionales y estadísticas oficiales del país, a menos que se indique otra cosa. (3) Sauvé, 1998. Figura 1 - Crecimiento de las exportaciones mundiales de banano orgánico desde 1998

Estimación de exportaciones mundiales de banano orgánico (miles de toneladas)

020406080

100120140160

1998 1999 2000 2001 2002 2003(estimado)


Cuadro 3 - Importaciones europeas de banano con sello de comercio justo

Importaciones (toneladas) Crecimiento anual (%) País 1998 1999 2000 2001 2002 1999-2000 2000-2001 2001-2002

Suiza 7 500 10 778 11 403 13 170 15 090 6 15 15 Reino Unido – – 5 557 9 701 11 426 75 18 Finlandia – – – 1 707 2 833 66 Países Bajos 5 200 4 180 3 603 2 303 1 996 -14 -36 -13 Austria – – – – 1 775 Bélgica 849 431 401 925 1 314 -7 123 42 Francia – – – 82 696 750 Suecia 50 301 570 568 586 89 0 18 Dinamarca 725 847 493 294 365 -42 -40 24 Luxemburgo – 74 179 168 178 142 -6 6 Noruega – – – 33 154 367 Alemania 3 042 1 580 617 101 117 -61 -84 16 Italia(1) – – – 20 82 310 Total 17 366 18 191 22 823 29 065 36 612 25 27 26

NOTA: (1) En Italia, en 2.001, la Organización de Comercio Alternativo CTM Altromercato, comenzó a vender banano de comercio justo proveniente de productores certificados por FLO que cumplían con los criterios comerciales de FLO, pero sin la etiqueta FLO/Transfair Italia. Estas cifras no estaban disponibles y por ello no se incluyeron en este cuadro. Pero son parte de la demanda de comercio justo en Italia. FUENTE: Datos proporcionados por FLO.

Total de ventas del comercio justo (millones de toneladas)

0

10

20

30

40

1997 1998 1999 2000 2001 2002

Figura 2 - Crecimiento del mercado de banano del comercio justo desde 1997 Suiza sigue siendo el mercado más grande para el banano del comercio justo y, en cierta forma sorpresivamente, este mercado continúa creciendo. El banano del comercio justo se distribuye y se promueve a través de cadenas importantes de supermercados, y tiene una participación en el mercado de cerca del 20 por ciento. El éxito se atribuye en parte a la alta sensibilidad de los consumidores en cuanto a los artículos del comercio justo y además a la promoción que realizan las dos más grandes cadenas de supermercados. Otros factores son las bajas primas de los precios al consumidor (Fundación Max Havelaar, Suiza, 2001, comunicación personal) y un mercado en general abierto al banano de importación sin contingentes restrictivos. En Finlandia – mercado pequeño para el banano - las ventas de banano de comercio justo en el primer año (2001) fueron muy buenas. En 2002 alcanzaron las 2 830 toneladas, una participación del 5 por ciento en el mercado finlandés total.


Se calcula que alrededor del 25 por ciento de las operaciones de comercio justo también incluyen productos orgánicos certificados y, por lo que se observa, esta proporción va en aumento. En Noruega, por ejemplo, el banano del comercio justo recientemente introducido es todo orgánico. Algunos de los productores registrados en FLO (por ejemplo Ecuador y Ghana) están convirtiendo toda su producción, o parte de ella, a orgánica a fin de poder satisfacer esta demanda de productos con «doble certificación». La estrategia seguida por Agrofair - principal importador de banano de comercio justo, que es en un 50 por ciento propiedad de asociaciones de productores - es negociar la venta de banano de comercio justo y «doble certificado» en paquete. De esta forma se asegura un mercado para aquellos productores de comercio justo que, por las condiciones climáticas y la agricultura convencional a su alrededor, están imposibilitados de convertir sus cultivos a orgánicos. La organización del etiquetado del comercio justo Transfair/Japón no está involucrada en la importación de banano. Sin embargo, en el mercado japonés ha habido banano de comercio justo desde 1989, importado de las Filipinas por ATO Alter Trade Japan. El banano conocido como balangon fue vendido también como orgánico, y se desconoce de qué forma haya sido afectado el comercio de este producto por el reglamento de JAS. PRECIOS Productos orgánicos Se dispone de muy pocos datos sobre los precios del banano orgánico. Para los productos frescos en general, las primas de los precios al consumidor iban del 0 por ciento para la coliflor en Italia en enero de 2002 (AIAB, 2002) hasta el 175 por ciento para una canasta de hortalizas en el Reino Unido (Ross, 2002). Los precios al consumidor de banano orgánico reportados en Italia, oscilaban entre €2,00/kg, en febrero de 2002 y €4,71/kg en septiembre del mismo año. El precio promedio en el período de febrero a noviembre de 2002 fue de €3,15/kg. La variación de los precios fue mayor en los almacenes especializados que en los mercados de autoservicio o supermercados, pero el precio promedio fue el mismo para los dos lugares de venta. (Observatorio Nacional de Precios de Productos Biológicos, Italia). En cuanto a los precios al por mayor, en Italia, oscilaron entre un mínimo de €1,40/kg y un máximo de €1,75/kg en el 2003 (C.C.I.A.A., Bolonia, Italia). En Norteamérica, Dole entró con fuerza en el mercado en 2001 (Fuentes industriales), y es de esperarse que esta empresa pueda mantener precios relativamente bajos debido a su eficiente sistema de distribución y economía de escala. Un negociador indicó que los precios FOB (franco a bordo) y CIF (costo, seguro y flete) han permanecido estables, siendo los precios CIF en Europa de €17/caja. Esto a pesar de una sobreoferta a finales de 2002, cuando se importó a Europa demasiado banano y los comerciantes tuvieron dificultades para conseguir clientes. El Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles - Sustainable Markets Intelligence Centre (CIMS, sigla en inglés), reportó precios FOB para el primer trimestre de 2003 de 5,4 a 8,5 dólares EE.UU./caja dependiendo del origen, y en general había una prima para el precio de un producto orgánico de 1 dólar EE.UU./caja (CIMS, 2003). Se informó asimismo que los precios FOB de productos provenientes del Perú habían estado en el rango de 5,5 dólares EE.UU./caja en 2001 y 6 dólares EE.UU./caja en 2002. Los precios fijados por los productores para el banano orgánico en el Perú estuvieron en un nivel bajo de 2,3 dólares EE.UU./caja en 2002 (Soldevilla Canales, anteriormente jefe del Programa de producción de banano orgánico en el valle del China, Perú, 2003, comunicación personal). Algunas fuentes opinan que los precios al productor no pueden deslizarse por debajo de los niveles actuales si se desea que la producción de banano orgánico continúe siendo rentable. La producción de banano orgánico rebasa los volúmenes de venta, especialmente en el Perú, pero los negociadores prefieren no inundar el mercado para evitar presiones más fuertes sobre los precios al por menor. Los productores entonces deben vender banano de plantaciones certificadas en el mercado convencional. Se dice que la competencia entre productores está basada principalmente en la calidad, y que la capacidad productiva da a los comerciantes la oportunidad de ser cada vez más exigentes.


Comercio justo Los precios de comercio justo de FLO se establecen sobre la base de los costos de producción. FLO ha calculado el promedio de los precios de producción por país, y los costos calculados toman en cuenta costos «extra» que podrían incurrirse de acuerdo a los criterios de certificación del comercio justo, tal como un «salario decente» para los trabajadores. El precio mínimo que pagan los concesionarios es el costo de producción más una prima por comercio justo. Una parte de esta prima puede ser usada por la asociación de productores o por el administrador de la plantación para mejorar la organización o la calidad del producto o para hacer otras inversiones importantes dirigidas a una sostenibilidad económica de largo plazo. La otra parte de la prima se usa para hacer mejoras ambientales y sociales. PERSPECTIVAS DE MERCADO Productos orgánicos La participación total del mercado de banano orgánico y de comercio justo ha alcanzado el 1,1 por ciento en Norteamérica y el 2,9 por ciento en Europa Occidental. En Suiza está por encima del 30 por ciento. Un factor importante que limita el crecimiento del volumen de ventas del banano orgánico ha sido la escasa oferta. No obstante, en 2001 la oferta cubrió a la demanda, en tanto que al año siguiente (2002), se reportó una capacidad excedente. La participación del mercado de frutas y hortalizas orgánicas en los supermercados convencionales de los Estados Unidos en 2000 fue de aproximadamente un 2 por ciento. El potencial para el banano orgánico en Norteamérica puede estimarse en por lo menos 2 o 2,5 por ciento del mercado total del banano. Esto se traduciría en volúmenes de 85 000 a 100 000 toneladas de banano para Norteamérica, comparando con las 48 000 comercializadas en 2002. Con las actuales tasas de crecimiento estos volúmenes podrían ser logrados en 2005. La FAO estima que en el largo plazo el consumo de banano en Norteamérica sería de aproximadamente 4,6 millones de toneladas en 2010. Suponiendo que el 5 por ciento de este volumen fuese orgánico, el mercado potencial de banano orgánico será de alrededor de 230 000 toneladas. Esto supondría tasas anuales de crecimiento sostenido cercanas al 25 por ciento. Tales tasas de crecimiento han sido observadas en el sector orgánico de los Estados Unidos desde 1985. En Europa occidental, el mercado de banano orgánico en los dos últimos años ha decrecido en vez de aumentar, lo cual no es sorprendente después del espectacular crecimiento en 1999 y 2000. Las participaciones en el mercado de banano orgánico han sido significativamente menores, si se les compara con las de otras frutas orgánicas. Aún así, las altas tasas de crecimiento han tenido como resultado que el banano orgánico y de comercio justo tenga una participación en el mercado cercana al 3 por ciento, cifra que se cree similar a la de otras frutas orgánicas. Se espera que las ventas continúen creciendo a una tasa del 10-15 por ciento anual, que ha sido la tasa de crecimiento de las ventas de otras frutas orgánicas durante los últimos años. Esto resultaría en una participación en el mercado de alrededor del 5 por ciento en 2010 en Europa occidental (CE15, Noruega y Suiza). Se informa que aún existen considerables extensiones de tierras de cultivo en proceso de conversión con miras a la certificación orgánica, particularmente en Ecuador y Perú. Estas superficies habrán de sumarse a la ya existente capacidad productiva en superávit y esos productores tendrán, en consecuencia, problemas para vender sus productos en el mercado orgánico. Probablemente no podrán obtener precios con primas y en cambio tendrán que afrontar los costos de la certificación. Estarán entonces ante la disyuntiva de decidir si no quieren la certificación para evitar sus costos o correr el riesgo de que si el mercado mejora en el futuro deberán volver a iniciar el período de conversión de tres años (a menos que puedan demostrar que no aplicaron agroquímicos durante el período no certificado).


Productos de comercio justo El mercado de comercio justo dependerá en gran medida de la habilidad de proveer banano orgánico de comercio justo. Las perspectivas para el mercado de banano del comercio justo, son alentadoras. Se pueden esperar crecimientos elevados en los mercados de Francia, donde la sensibilidad de los consumidores y el reconocimiento del sello de comercio justo han aumentado notoriamente durante los últimos dos años, y en los que dos cadenas de supermercados han comenzado a vender productos con este sello. Otros países donde puede esperarse crecimiento son Austria, Finlandia, el Reino Unido e Italia, aunque éste último probablemente sin el sello de FLO. Se espera una contracción severa del mercado para el banano de comercio justo en los Países Bajos, donde fue tan exitosamente introducido y que parece haber perdido interés por primera vez. Sin embargo, la caída en las ventas en los Países Bajos podría ser fácilmente superada por los incrementos en otros países. Por otra parte, en Alemania las ventas se mantendrán estables a niveles bajos, dada la situación económica general en el país y la fiereza de la competencia entre supermercados. La introducción de un nuevo régimen de importaciones de bananos en la CE en 2001 no afectó significativamente el mercado de comercio justo. Las organizaciones de comercio justo dudan de que obtendrán ganancias del sistema de importaciones de arancel único, que se espera sea aplicado (implementado) en 2006. Los productores agrupados en asociaciones del comercio justo en los países ACP, enfrentarán consecuencias diversas con respecto a los países que no forman parte de ACP. Mucho dependerá de los niveles arancelarios para los diferentes países de origen. Para los importadores de comercio justo y productos orgánicos, que son empresas relativamente pequeñas comparadas con los importadores convencionales, la abolición de licencias contingentarias podría representar una mejora ya que no tendrían más necesidad de otorgar garantías bancarias del valor de la transacción (comunicación personal de un importador). CONSECUENCIAS PARA LOS PRODUCTORES DE BANANO Aunque la oferta es actualmente más que suficiente para satisfacer la demanda, del lado de la oferta aún pueden quedar algunos problemas por resolver. A este respecto, fuentes industriales informan que el control orgánico de enfermedades como la Sigatoka Negra y la pudrición de la corona continúa siendo un obstáculo técnico importante, tanto para el crecimiento como para el transporte del banano orgánico. En este momento cualquier nueva investigación sobre métodos de control orgánico de las dos enfermedades sería acogida con beneplácito. Más aún, la estricta regulación fitosanitaria y las inspecciones representan fuertes retos al sector del banano orgánico en países como el Japón, Nueva Zelandia y los Estados Unidos. A esto hay que agregar las diferentes regulaciones orgánicas en los mercados principales, incluyendo diferentes normas. Todo ello, en conjunto, inspecciones y requisitos para certificaciones, tiene un alto costo en tiempo y dinero para productores y comerciantes. Al menudeo, las diferencias de precios entre el banano orgánico y el banano convencional podrían reducirse dado que el comercio orgánico está tratando de aumentar la eficacia de la distribución. Del mismo modo, se informa que el número de rechazos en varios puntos a lo largo de la cadena de aprovisionamiento es alto, y que los comerciantes tratan de reducirlos mediante un proceso de selección de calidad en la finca o plantación, así como con un mejor control del manejo poscosecha y de daños en el transporte. Para los productores, el riesgo comercial más grande de la conversión a la producción orgánica estaría en no encontrar canales de comercialización para el banano orgánico y que tuvieran que venderlo como convencional. Otro riesgo es que los precios al productor podrían bajar. Los nuevos productores participantes sólo podrán encontrar compradores si pueden ofrecer más calidad por el mismo precio que sus competidores. Será difícil competir en precio si deben cubrirse los costos de la producción orgánica, de por sí más altos, especialmente después de un período de conversión costoso.


Entrar en el mercado de comercio justo es difícil. Muchos productores aún están vendiendo una parte considerable de su producto en el mercado convencional. El crecimiento en los mercados de nicho estará entonces reservado para los productores registrados. Los nuevos grupos de productores que soliciten la certificación tendrán que demostrar que pueden vender en un nuevo mercado del comercio justo, por lo que no influirán negativamente en las asociaciones ya registradas. En ese contexto, Agrofair, el principal importador de bananos de Europa continental, recientemente agregó otro pequeño grupo de pequeños productores a su lista de proveedores, especialmente para la provisión de banano orgánico de comercio justo. 5.3 MERCADOS PARA PRODUCTOS CERTIFICADOS SIN ETIQUETA Los sistemas de certificación, como SA8000 y EurepGap, y parte del programa SAN, certifican las instalaciones productivas, pero esto no conduce a la concesión de una etiqueta para el producto. Por tal motivo, los consumidores no pueden hacer una elección consciente de estos productos. El mercado para estos sistemas de certificación se encuentra más en las operaciones mayoristas y a nivel de compradores. PRODUCTOS CERTIFICADOS POR SAN Muchos productos certificados por SAN no portan un sello o etiqueta dirigida a los consumidores. Sólo parte del café se vende etiquetado, y principalmente en los mercados de los Estados Unidos. El resto está buscando un lugar en el mercado convencional. Sin embargo, esto no significa que el mercado no específico exista. En el caso del banano, SAN convenció a dirigentes de Chiquita en Costa Rica a colaborar en el Proyecto de Mejor Banano. En ese tiempo, Chiquita estaba siendo fuertemente criticada por las ONG por su operación deficiente en los aspectos ambientales y sociales. Después de las primeras certificaciones de plantaciones de Chiquita en Costa Rica, la gerencia de la empresa, en Cincinnati, pudo ser convencida de que era posible colaborar con una ONG en mejoras ambientales. Un incentivo adicional fue, probablemente, que esto sería positivo para su imagen pública y aquietar así las críticas de las ONG que, particularmente en Europa, le habían costado a Chiquita alguna publicidad negativa. Así pues, el mercado para esta certificación está funcionando más indirectamente que en la certificación orgánica y de comercio justo y del etiquetado. En consecuencia, no se dispone de cifras de su participación en el mercado. Sin embargo, con las plantaciones propiedad de Chiquita certificadas al 100 por ciento, lo mismo que sus proveedores más importantes, la participación del mercado del banano certificado por SAN coincide, más o menos, con la de Chiquita. Por otra parte, fuentes industriales indicaron recientemente que Chiquita está aumentando la participación de proveedores externos, lo que a su vez puede incrementar el número de plantaciones no certificadas de las cuales proviene esa oferta. Otros productores independientes certificados que no le venden a Chiquita agregarían una mínima parte a la participación en el mercado del certificado de SAN. En el cuadro 4 se dan datos de las superficies certificadas y de los volúmenes producidos en las unidades productivas con el certificado de SAN.


Cuadro 4 - Superficies productivas con el certificado de SAN y volúmenes de producción

Sudamérica(1) América Central(2) Norteamérica(3) Filipinas Total Área (ha) en abril de 2003

Banano 15 826 22 940 150 1 701 47 509 Cítricos – 2 900(4) – – 2 900 Café 7 023 10 940 267 – 18 229

Volumen producido (ton.) en 2002 Banano 441 000 791 000 4 500 51 000 1 287 500 Cítricos – 14 164 – – 14 164 Café – 6 737 368 – 7 106

NOTAS: (1) Colombia, Ecuador y Brasil. (2) Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá. (3) México y los Estados Unidos. (4) Superficie cultivada. El área total certificada es de 7.050 ha. FUENTE: SAN / Rainforest Alliance / Red de la Agricultura Sostenible) PRODUCTOS CERTIFICADOS POR SA8000 El mercado para la certificación SA8000 es aún más difícil de definir. Los informes de SA8000 pueden ser juzgados como parte de iniciativas de responsabilidad social corporativa. De hecho, es común que los avances en la aplicación de SA8000 se incluyan en los reportes anuales de SAN, que en la actualidad son publicados por muchas de las más grandes compañías. El número de explotaciones agrícolas certificadas creció de cinco en junio de 2001 a 15 en diciembre de 2002. De ellas siete están involucradas en la producción de tabaco o en su elaboración, cuatro de piña y otras frutas, dos de banano, una de elaboración de café y una vinícola. La certificación de explotaciones agrícolas tuvo lugar en África, Asia, Europa y América Latina. De manera similar, hubo otras ocho instalaciones certificadas involucradas en el comercio de alimentos y distribución, entre las que había dos fincas de Coop Italia. En las corporaciones multinacionales líderes en la industria de frutas y hortalizas, Dole es un miembro signatario de SA8000 (en el llamado programa de compromiso corporativo, nivel 2) lo que significa que ellos se han comprometido a trabajar en su propia certificación SA8000 y en la de sus proveedores, y que tienen que han de informar públicamente los avances en ese sentido. A pesar de este compromiso, el número de plantas certificadas por SA8000 ha caído de tres a dos, debido a que vendieron la planta de Pascual Hermanos en España que en junio de 2000 había sido la primera explotación agrícola en ser premiada con la certificación SA8000. En su informe sobre la responsabilidad social empresarial también Chiquita publica los progresos en la aplicación de SA8000, aunque aún no es un miembro signatario (del programa de compromiso corporativo, nivel 1: explorador). Sin embargo, una de las divisiones de Chiquita (Costa Rica) ya ha sido certificada por SA8000. De acuerdo con SAI, el lento proceso de asimilación de la norma SA8000 a la agricultura se debe a las dificultades para aplicarla. En particular, las disposiciones del número máximo de horas de trabajo parecen ser difíciles de aceptar en cultivos estacionales. También podría ser que la presión del mercado sobre la norma SA8000 no es aún tan fuerte como lo es, por ejemplo, en las industrias textiles. Dicho eso, Coop Italia podría jugar un papel acelerador en la adopción de SA8000 en la agricultura. Coop Italia está buscando de manera activa la venta de un mayor número de productos orgánicos de comercio justo en sus almacenes y tiendas, del mismo modo que de productos provenientes de instalaciones certificadas bajo SA8000. Por ello, pueden estimular a sus proveedores a que adopten la certificación SA8000. Coop Italia ya ha hecho presión sobre sus productores de piña en Kenya, para mejorar las condiciones laborales. Esto fue en respuesta a una campaña común de los trabajadores y los consumidores, dirigida en particular a ese proveedor. Para incrementar la presión, la campaña hizo uso del hecho de que el comprador - Coop Italia - estaba certificado bajo SA8000 (Mutunga, Gesualdi y Ouma, 2002).


De hecho, el sistema de miembros signatarios (programa de compromiso corporativo) pudo estimular potencialmente la aplicación de SA8000 a través de la presión de los compradores de un modo muy similar a EurepGap, aunque en una escala de tiempo mucho más relajada, pues no hay fechas límite. Las principales diferencias en el procedimiento con relación a EurepGap, están en que la norma no ha sido establecida por los propios compradores y en que los miembros signatarios mismos también se comprometen a aplicar la norma en sus instalaciones y oficinas administrativas. EUREPGAP En el caso de EurepGap, el mercado es el grupo de 22 minoristas europeos que están detrás de la iniciativa. EurepGap difícilmente abre nuevos mercados para productores, pues está orientada a la aplicación de la norma para sus proveedores. En 2003, EurepGap declaró que9, lograr la coherencia global es un proyecto ambicioso, y se necesita trabajar sobre él durante mucho tiempo. Algunos minoristas dicen que todos sus proveedores deberán estar certificados por EurepGap para 2004. Otros no fijan una fecha límite, pero con el tiempo se preguntarán por qué los proveedores preferidos no están certificados en EurepGap y entonces quizá revisen su decisión de negociar con ellos.[C9] Si un minorista habla de la posibilidad de eliminar a alguien de la lista de proveedores, eso es suficiente para convencer a los productores de procurar la certificación. Al momento de escribir este documento, había cinco programas de productores aprobados como equivalentes a EurepGap. EUREP declaró en diciembre de 2002 que un total de 3 889 productores fueron certificados, con una superficie cultivable de 61 425 hectáreas. De esos grupos de productores, 39 se localizaban en América Latina, 316 en África (255 en Sudáfrica) y 3 en Asia.

9 FoodPLUS, 2003.

Evaluación del impacto de la certificación social y ambiental 43

6. EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA CERTIFICACIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

La aplicación de normas y el acceso a mercados certificados (y posiblemente etiquetados) impacta de manera compleja la economía de la granja. Puede afectar positiva o negativamente los costos de producción, los rendimientos y los precios al productor, los que tienen que ser analizados en conjunto. Más aún, los costos de inversión iniciales probablemente sean diferentes para cada granja. Pueden introducirse al sistema nuevos cultivos o nuevas actividades, lo que complica aún más el análisis de la relación costo-beneficio. No existen estudios sistemáticos que valoren el impacto de los programas de certificación en un número amplio de granjas, cultivos y localidades. Sin embargo, está creciendo el número de estudios de casos que han evaluado – más o menos exhaustivamente - el impacto de la certificación sobre diversos aspectos de los costos y la rentabilidad. Este capítulo trata de ofrecer una idea general de estudios de casos documentados acerca del impacto de la certificación en productores de países en desarrollo. Todos los casos seleccionados se refieren a cultivos hortícolas y tropicales, y fijan su atención en explotaciones certificadas que producen para el mercado, ya sea para centros urbanos locales o para la exportación. Este método de captar ‘evidencias’ tiene dos riesgos: en primer lugar, sólo se informan los casos que se consideran positivos, pues fracasos de hecho son descalificados. En segundo lugar, no se podría hacer una verificación de campo. Los datos vertidos en los informes fueron verificados con otras fuentes cuando ello fue posible. Finalmente, la mayoría de los casos documentados tuvieron apoyo de algún proyecto que contó con asistencia de un patrocinador. Esta es la razón principal de que se disponga de poca información acerca de la aplicación de las normas SAN, SAI e ISO 14001, aunque también puede asumirse que las iniciativas privadas orgánicas están poco representadas. El centro de atención en los casos estudiados, y de ahí que se use esta metodología, varía según el caso. Algunos se han enfocado al rendimiento, otros a las utilidades, otros a los factores de éxito y al papel de las organizaciones de apoyo. Para cada tipo de certificación se ofrece un cuadro resumen con los datos de los rendimientos, costos de producción y utilidades comparados con otros sistemas similares de producción convencional. 6.1 LA AGRICULTURA ORGÁNICA CERTIFICADA La publicación de la FAO Agricultura orgánica, ambiente y seguridad alimentaria, analiza el impacto de la agricultura orgánica, certificada y no certificada. El estudio enfatiza el hecho de que las utilidades de los sistemas orgánicos pueden parecer altas en una temporada, debido a las primas en los precios que se reciben por la comercialización de un cierto cultivo, pero bajas en la temporada siguiente debido a la siembra de cultivos para la producción de abono verde. Por ello, cuando se evalúa la rentabilidad de los sistemas orgánicos (FAO, 2002), es esencial tomar en consideración el ciclo total de rotación. En el cuadro 5 se ofrece un resumen de los estudios de casos de producción orgánica certificada por pequeños productores en los países en desarrollo.

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HORTALIZAS ORGÁNICAS FRESCAS PARA LOS SUPERMERCADOS LOCALES EN EL SALVADOR Basado en el informe de Damiani, 2001a. Historia y organización A finales de los años noventa dos ONG norteamericanas, CLUSA y Technoserve, estimularon la creación de tres cooperativas de agricultores en Los Planes y Las Pilas en El Salvador. El clima de la zona es adecuado para la producción orgánica de hortalizas, y las ONG identificaron oportunidades comerciales con los supermercados. En total participaron 66 agricultores. Una de las motivaciones más importantes para que adoptaran los métodos de producción orgánica fue la preocupación por posibles problemas de salud asociados a la ingestión de productos químicos. Los agricultores cultivaban anteriormente con un esquema de dos temporadas por año, hortalizas y riego en la estación seca y maíz en la estación de lluvias. Los agricultores habían estado vendiendo sus hortalizas convencionales a intermediarios, quienes las vendían en el mercado «La Tiendona» en San Salvador. Ahora, a través de los proyectos, los agricultores han estado vendiendo a algunas de las principales cadenas de supermercados en El Salvador. Inversión y cambios en los métodos agrícolas Debido a que los supermercados requerían un suministro constante de productos, los agricultores necesitaban contar con una infraestructura de riego; condición que impusieron CLUSA y Technoserve al crearse los grupos de agricultores. Los grupos tuvieron que programar su producción de tal manera que pudieran cosechar cada semana, predecir cuidadosamente las cosechas y asignar a cada productor individual la cantidad a cosechar y entregar. Los supermercados también requerían mayor calidad que los mercados tradicionales y mayor uniformidad en el color, el tamaño y el sabor. Se tuvieron que realizar inversiones más específicas, especialmente para construir terrazas y sembrar barreras vivas para la conservación de los suelos. Tanto CLUSA como Technoserve ayudaron a los grupos a obtener fondos para construir las instalaciones colectivas de empaque y un vivero para producir las plántulas. Economía de la granja Es difícil comparar la producción de hortalizas en un ciclo orgánico continuo con el sistema de siembra alternada de maíz y hortalizas. Debido a la mayor demanda laboral, los agricultores redujeron ligeramente la superficie total de tierra cultivada. Los agricultores que habían continuado sembrando el mismo cultivo reportaron una caída sustancial en las utilidades en los primeros dos o tres años y luego se recuperaron y estabilizaron ligeramente por debajo de los rendimientos de los métodos convencionales. El estudio indicó que los precios que pagaban los supermercados eran más altos que en La Tiendona y de que había una prima en el precio por ser productos orgánicos. La mayoría de los agricultores orgánicos eran hombres, lo que puede explicar porqué es necesaria la posesión de la tierra en forma estable a fin de hacer inversiones para la conservación de suelos que sólo se recuperan en un largo plazo, y el requerimiento de una infraestructura de riego (las mujeres pueden estar en una situación desventajosa debido a desigualdades en la tenencia de la tierra). Otra explicación podría ser que las tareas de conservación de suelos requieren un considerable esfuerzo físico y muchos agricultores no tienen los recursos para contratar mano de obra. Las tres instalaciones de empaque generaron mano de obra asalariada empleando en total a 45 trabajadores, principalmente mujeres.


PULPA ORGÁNICA DE MANGO DEL ALTO PIURA, PERÚ Basado en el informe de Cardoza, 2001. Historia y organización La Asociación de Productoras y Productores Ecológicos del Alto Piura, en el norte del Perú, organiza agricultores que operan en pequeña escala; en promedio con 2,1 hectáreas, bajo riego, y principalmente con árboles frutales. Desde 1993 el Centro IDEAS, una ONG, ha promovido la agricultura orgánica en el valle. Al momento de elaborarse este informe, IDEAS proporcionó asesoría a cerca de 200 agricultores con un total de 3 000 hectáreas. De ellos, alrededor de un 32 por ciento estaban certificados. El mango ha producido uno de los más altos volúmenes. En 1999, un importador (Douglas Stewart) solicitó un contenedor (20 toneladas) de pulpa de mango orgánico, pero no fue posible entregarlo debido a que la certificación se obtuvo demasiado tarde. Para el siguiente año sin embargo, se hicieron los preparativos del caso y se acordó que el mango fuera elaborado en la planta de Agrobackus en Motupe-Lambayeque. Tanto los agricultores como la planta fueron inspeccionados y recibieron la certificación a tiempo. Inversiones y cambios en los métodos agrícolas Una de las técnicas orgánicas más adoptadas es el uso de cubierta vegetal. En 2000, se instalaron o renovaron alrededor de 60 hectáreas de huertas frutícolas. La instalación de una huerta frutícola cuesta 500 dólares EE.UU./ha. La poda e injertos de nuevas variedades en árboles maduros requieren 175 dólares EE.UU./ha. La incorporación de material orgánico al terreno es también una inversión significativa. El centro IDEAS proporcionó asistencia técnica a través de parcelas demostrativas para pequeños productores, capacitación de coordinadores y promotores, investigación participativa, e inversión en relación 1:1 (lo que el agricultor invierte, lo invierte también IDEAS). Economía de la granja Después de la instalación, el mantenimiento de 1 hectárea de mango cuesta un promedio de 400 dólares EE.UU. para un huerto orgánico, mientras que para uno convencional se requieren 1 015 dólares EE.UU. El mango orgánico rinde alrededor de 25 toneladas/ha. Para mango fresco convencional, el costo variable de producción y cosecha fue de 7 nuevos soles/caja, y se vendieron en el mercado a un promedio de 9 nuevos soles/caja. En cuanto al mango orgánico para la planta de Agrobackus, los costos variables fueron de 2 nuevos soles/caja; el precio de venta fue 7 nuevos soles/caja, lo que significó un margen de utilidad considerablemente más alto. Los costos de la cosecha fueron en particular más bajos (descendieron desde 5,5 soles nuevos por caja hasta 1 nuevo sol/caja) principalmente porque no fue necesaria la clasificación por tamaños para la planta de pulpa. Los costos anuales de certificación para el grupo completo fueron de 1 300 dólares EE.UU., lo que daría un promedio de sólo 20 dólares EE.UU. por granja. FRUTAS TROPICALES ORGÁNICAS – UNA OPORTUNIDAD EMPRESARIAL EN UGANDA Basado en el informe de Kidd, Tulip y Walaga, 2001. Historia y organización La exportación de frutas orgánicas de Uganda se ha desarrollado sin el apoyo de patrocinadores. Bio Tropical Garden y la granja AMFRI han organizado de 10 a 20 agricultores en un esquema de productores externos. Los agricultores no reciben mucha información técnica más allá de lo que está prohibido. Los exportadores han estado haciendo tratos comerciales con los mismos agricultores de producción convencional.


Inversión y economía de la granja Los agricultores no tuvieron que cambiar mucho sus prácticas. Los exportadores pagan por la certificación (no un sistema de control complejo, pero sí una certificación en grupo con registros simples e inspección al 100 por ciento) y son dueños del certificado. Los excedentes que los exportadores no compran se venden en el mercado convencional local o en el mercado convencional de exportación. Los agricultores no reciben una prima; ésta la utiliza el exportador para pagar los costos de la certificación, con un margen más alto de utilidad. El beneficio para los agricultores es contar con un canal de mercado seguro. BANANO ORGÁNICO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Basado en el informe de Damiani, 2002c. Historia y organización Desde finales de los años ochenta, la producción de banano en Azua se ha caracterizado por el bajo uso de insumos químicos. No ha habido problema con la enfermedad Sigatoka Negra debido a las condiciones del clima seco. La empresa comercial nacional Plantaciones Tropicales estableció nexos con productores en pequeña escala y una compañía de certificación. Las primeras exportaciones se hicieron por 1988. En esa época se tuvo un segundo ciclo de producción y se estableció en Azua otra compañía comercializadora, Horizontes Orgánicos, trabajando de acuerdo con principios biodinámicos. En 1994, un técnico de Horizontes estableció su propia empresa, SAVID. SAVID y Horizontes iniciaron la firma de contratos con asociaciones de productores en pequeña escala y SAVID expandió sus actividades a otras partes de la República Dominicana. La producción de banano a gran escala creció a un ritmo constante en otras partes del país, y en el año 2001 Azua produjo sólo el 10 por ciento de la producción total. En Azua el 80 por ciento de la producción está aún en manos de productores en pequeña escala, cada uno con 1,25 hectáreas en promedio. La mayoría de los agricultores está organizada en asociaciones, pero éstas aún son débiles. Las empresas de mercadeo han establecido, gestionado y financiado el sistema de control interno y son propietarias del certificado. Los contratos con las asociaciones de productores, que eran para períodos más largos – hasta tres años – recientemente se acortaron para evitar problemas ocasionados por las variaciones en los precios. Inversiones El Centro Dominicano para la Promoción de la Exportación (CEDOPEX) ha organizado talleres y ha participado en ferias, promoviendo las exportaciones orgánicas en general. Tanto los dueños como los agrónomos de las dos compañías comercializadoras introdujeron nuevas tecnologías y variedades orgánicas. En un principio, las empresas no tenían otra opción que la de enviar sus productos en barcos de carga, lo cual era caro y afectaba negativamente su calidad. Finalmente, SAVID logró convencer a los transportadores de banano para que incluyeran a la República Dominicana en sus rutas. Obtuvieron fondos por adelantado de los compradores y los utilizaron para proporcionar créditos de corto plazo a los agricultores para que éstos pudieran adquirir sus insumos. También proporcionaron asistencia técnica para mejorar la calidad del producto. No obstante, debido a lo limitado de los recursos de los agricultores, los trabajos fueron postergados con frecuencia y las mejoras en el sistema de irrigación no se han realizado. Economía de la granja Si se compara a los productores convencionales en pequeña escala con los orgánicos, éstos últimos enfrentan en promedio costos de producción en un 8 por ciento más altos que los primeros (2 560 dólares EE.UU./ha orgánica contra 2 370 dólares EE.UU./ha en producción convencional). Estos costos reflejan las más altas demandas laborales; por ejemplo se requiere un 50 por ciento más de mano de obra para el control manual de malezas que con técnicas modernas. Aunque el monocultivo


requiere cantidades sustanciales de fertilizantes orgánicos y plaguicidas, los costos totales de insumos orgánicos fueron menores que en el caso de cultivos convencionales. Como resultado, los costos de la mano de obra agrícola constituyen el 71 por ciento del costo total en el sistema orgánico, mientras que en el convencional son el 51 por ciento. Los rendimientos en el sistema orgánico fueron similares a los convencionales, con 14 toneladas/ha. Los rendimientos bajos fueron atribuidos al empleo de cantidades insuficientes de abonos orgánicos, a un mantenimiento inapropiado del sistema de riego y a una sequía a finales de los años noventa. Las empresas comercializadoras exportaron alrededor de un 70 por ciento de la producción con primas significativas, y vendieron el resto en el mercado local como producto convencional. Debido a que los agricultores tuvieron una información limitada del mercado, y a causa de que SAVID y Horizontes fueron los únicos exportadores, correspondiendo a SAVID el 80 por ciento de todas las exportaciones de banano orgánico, los agricultores en pequeña escala estuvieron en una posición relativamente débil para negociar. Ello se acentuó por el hecho de las compañías eran las dueñas de los certificados orgánicos, aunque se debe decir que Horizontes ha estado alentando a las asociaciones a tomar en sus manos el sistema de control interno y la certificación. A pesar de esa posición negociadora débil, los agricultores recibieron una prima orgánica de aproximadamente 1 dólar EE.UU./caja en 2001 y 2002. En 2001, los agricultores orgánicos recibieron 4,5 dólares EE.UU./caja (en comparación con 3,5 dólares EE.UU./caja para banano convencional, más del 29 por ciento más) y en 2002, 5,5 dólares EE.UU./caja (en comparación con 4,5 dólares EE.UU./caja, 22 por ciento). Parte de la producción se vendió en el mercado de comercio justo, por lo cual los agricultores recibieron adicionalmente 1,75 dólares EE.UU./caja. Como resultado de la prima en el precio, el modesto incremento en los costos de producción y de los rendimientos similares, el ingreso neto fue un 52 por ciento más alto para los productores de banano orgánico (1 720 dólares EE.UU./ha en comparación con 1 130 dólares EE.UU./ha para el convencional). Sin embargo, los agricultores tuvieron que vender una parte importante en el mercado local durante el verano, cuando la demanda internacional es menor. Debido a la mayor disponibilidad de banano orgánico en el mercado internacional, los compradores se han vuelto cada vez más exigentes en términos de calidad, lo cual es un reto difícil para los agricultores en pequeña escala. Las empresas comercializadoras han estado expandiendo la producción en sus propias plantaciones, reduciendo aún más la participación de los productores en pequeña escala en la producción total de banano orgánico en el país. PRODUCCIÓN DE CACAO Y BANANO EN TALAMANCA, COSTA RICA Basado en el reporte de Damiani, 2002b, y Deugd, 2001. Historia y organización Talamanca es parte del Parque Nacional La Amistad y del Corredor Biológico Talamanca-Caribe. Los agricultores en pequeña escala en Talamanca cultivaban cacao en un sistema que incluía árboles de sombra y bosque pluvial. Los agricultores se vieron obligados a abandonar el cultivo a finales de los años setenta, debido a una infestación de hongos, bajos precios en el mercado mundial. La Asociación de Pequeños Agricultores de Talamanca (APPTA) fue creada en 1987, con la asistencia de ANAI (ONG de los Estados Unidos). Actualmente la asociación cuenta con 1 100 miembros productores. A través de ANAI, se hicieron contactos con compradores de cacao orgánico de los Estados Unidos, que estaban buscando regiones donde se hubiese abandonado el cultivo del cacao, con la idea de obtener certificación orgánica sin pasar por un período costoso de conversión. En su fase inicial de actividades de conservación, APPTA ha creado comités locales en los diferentes poblados para llevar a cabo actividades de reforestación. APPTA usó a estos comités como base del sistema de control interno. Posteriormente, APPTA negoció con éxito la venta de banano orgánico, con una compañía costarricense que fabrica puré de banano para la alimentación infantil (Gerber). En 2000, APPTA estaba exportando 210 toneladas de cacao orgánico (de las cuales el 24 por ciento se destinó a Europa) y estaba vendiendo 1 300 toneladas anuales de banano.


Inversiones y cambios en los métodos agrícolas Actualmente la mayoría de los agricultores tienen una hectárea de cacao mas frutas y tubérculos, sombra, y 1 ha de banano con sombra. Además, cultivan generalmente una superficie de granos básicos. La inversión principal fue la propia certificación. Desde 1995, todas las empresas de certificación que operaban en Costa Rica se han visto obligadas a tener oficinas en el país. Se esperaba que ello redujera los costos de certificación, pero eso no ocurrió. Otra inversión importante fue el reinicio del mantenimiento del plantío de cacao antes abandonado, aspecto que exigía una gran cantidad de mano de obra. Esto afectó especialmente a las mujeres solteras, que no tenían los recursos para contratar trabajadores asalariados. Para la APPTA como organización, fue esencial contar con crédito para poder rembolsar a sus miembros tras el envío. Este crédito fue habilitado por el comprador norteamericano de cacao, como capital inicial. Economía de la granja En 2000, la APPTA pagó a sus miembros por cacao orgánico 1 dólar EE.UU./kg, comparado con un precio promedio del producto convencional de 0,40 dólares EE.UU./kg. El banano orgánico fue adquirido a 81 dólares EE.UU. por tonelada para un promedio de producción de 12 toneladas por granja. Un estudio realizado por Deugd (2001) evaluó la operación micro-económica de los sistemas de producción predominantes entre los miembros de la APPTA. Se estudiaron tres sistemas: banano-cacao, banano y cacao. Todos ellos incluían frutas y árboles, aunque los sistemas con producción de banano están generalmente menos mezclados. El sistema cacao-banano generó 11,6 dólares EE.UU./jornada; el sistema de banano, 14,9 dólares EE.UU./jornada y el sistema de cacao, 5,50 dólares EE.UU. /jornada, en comparación con un salario en el área, por un trabajo similar, de 7,27 dólares EE.UU./jornada. Aunque el ingreso de la mano de obra en el sistema de cacao es menor que el costo de los salarios[C11], el ingreso neto anual derivado de este sistema de 264 dólares EE.UU./ha representa un importante complemento al ingreso familiar, especialmente de familias que no tienen acceso a otras oportunidades de empleo. Impacto ambiental De acuerdo con Deugd (2001), el grado de erosión y lixiviación fue mínimo debido al denso tapiz vegetal. Algunos estudios encontraron que aunque no tan diversos como el bosque natural, los sistemas de sombra eran mucho más diversos ecológicamente que los monocultivos de las tierras bajas (Guiracocha, 2000; Parrish et al., 1999), y se encontraron tantas especies de pájaros como en el bosque natural (Parrish et al., 1999). Deugd concluyó que la extracción de nitrógeno, fósforo y magnesio estaba más o menos compensada, pero que el balance de potasio era negativo, con una pérdida de cerca de 47 kg/año. En 2001, la Universidad de Costa Rica había iniciado un proyecto en colaboración con APPTA para identificar los materiales y las prácticas adecuadas para incrementar los nutrientes en los suelos, en especial el potasio. CAFÉ ORGÁNICO DE SOMBRA DE LAS MONTAÑAS BATURITÉ EN EL NORESTE DE BRASIL Basado en el informe de Saes, De Souza y Otani, 2001. La mayor parte del café brasileño se cultiva al sol. No obstante, los agricultores de la Sierra de Baturité, región de Ceará, han conservado alguna sombra porque las condiciones climáticas locales, con una estación pluvial intensa y otra seca, no permitieron el cultivo al sol. En los años noventa los rendimientos en el área cayeron de 10 sacos/ha a 5 sacos/ha, principalmente debido a la falta de poda y al envejecimiento de los cafetales. En 1990 se creó el área de protección ambiental de la Sierra de Baturité. Una de las actividades fue el Proyecto Café Ecológico, llevado a cabo por la ONG Fundación


CEPEMA, con nexos con una ONG sueca. El proyecto se inició en 1995, con asistencia técnica, provisión de nuevas plantas de café y fruta y especies de árboles de sombra. En 1996 se fundó la Asociación de los Productores Ecologistas del Macizo de Baturité APEMB, aglutinando a 158 agricultores, de los cuales 110 estaban certificados. Con la ayuda de una organización sueca, APEMB encontró un comprador en la Swedish Roaster Classic Kaffe. Inversiones y cambios en los métodos de la agricultura La APEMB trabajó sobre mejoras en la calidad, principalmente a través de la introducción de mejores prácticas de secado y de selección del grano. En los primeros años, el Banco del Noreste proveyó apoyo financiero para cubrir los costos de certificación, con un monto total de 5 000 dólares EE.UU. Economía de la granja En comparación con el café cultivado al sol en cualquier localidad del Brasil, el café de sombra da menor rendimiento debido a la densidad de las plantas (3 000 cafetos/ha) y su menor rendimiento por planta. Sin embargo, el rendimiento varía mucho, desde 1,3 sacos/ha hasta 12 sacos/ha con un promedio de 5,8 sacos elaborados/ha. La APEMB exportó 6 toneladas en el primer año, que aumentaron a 30 toneladas en 1999, equivalentes al 60 por ciento de la producción total. Recibieron 160 dólares EE.UU./saco, en comparación con 100 a 110 dólares EE.UU./saco en el mercado convencional (entre un 45 y un 60 por ciento por encima). Parte de la prima se obtuvo por la venta del café como arábica cuando ese mismo producto se había estado vendiendo como Conillón (robusta), cuyo precio es mucho menor. Durante esos tres años, el suministro mundial de café orgánico incrementó drásticamente, y el siguiente año Classic Kaffe decidió suspender sus compras a la APEMB. Esta ONG no logró conseguir un nuevo comprador y no pudo continuar pagando la certificación y debido a la falta de recursos financieros. Nueva estrategia Debido a los problemas de comercialización, CEPEMA redefinió las estrategias del proyecto y comenzó a desarrollar un sistema de promoción en el mercado local del café, frutas y hortalizas. Esto evitaría los altos costos de la certificación, al tiempo que se recibían modestas primas en los precios. El proyecto contemplaba beneficiarse del turismo en expansión y planeaba entregar canastas a domicilio en la capital del distrito, Fortaleza. Los noticieros confirmaron que las ventas del «Café Ecológico Pico Alto» se iniciaron en Fortaleza en marzo de 2003 (ADITAL, 2003). El café se promueve como «certificado» por CEPEMA y el hecho de que ya había sido exportado se utiliza en publicidad como evidencia de buena calidad. CAFÉ ORGÁNICO DE COSTA RICA Basado en el informe de Lyngbaek, Muschler y Sinclair, 2001. Metodología de la investigación El estudio comparó diez granjas agrícolas de pequeños productores en un programa de pares entre orgánicos y convencionales en Costa Rica. Según los criterios orgánicos las plantaciones debían estar bajo un manejo orgánico activo al menos durante los últimos tres años. Cuatro de las granjas orgánicas no fueron certificadas y vendieron al mercado convencional. Las granjas convencionales fueron seleccionadas por su cercanía con sus contrapartes orgánicas y por la similitud de las condiciones de altitud y superficie del cultivo. Los costos fijos no pudieron ser incluidos debido a la falta de información, pero probablemente fueron de poca importancia. Los rendimientos, los costos variables, los precios al productor y los ingresos netos se estudiaron durante tres años (1995-1998).


Economía de la granja En promedio, los rendimientos del café orgánico por hectárea fueron un 22 por ciento menores y los rendimientos por planta un 17 por ciento más bajos que los convencionales. Sin embargo, existieron grandes variaciones entre los pares. En el caso de tres pares, los rendimientos orgánicos fueron más altos; para dos pares el rendimiento fue similar y para los restantes cinco los rendimientos orgánicos fueron considerablemente menores. Los costos variables de producción fueron en promedio un 4,5 por ciento más alto para las explotaciones orgánicas, principalmente debido a la mano de obra, a la preparación y la aplicación de abono orgánico. Las explotaciones convencionales tuvieron costos más altos de mano de obra en la cosecha, los que también estuvieron directamente relacionados con los niveles de producción. A pesar de una media de rendimiento más baja y costos variables ligeramente mayores, el ingreso neto promedio proveniente del café fue sólo ligeramente inferior (un 4,5 por ciento) para las granjas orgánicas. También se observaron grandes diferencias entre el ingreso neto de los pares, en donde tres granjas orgánicas operaron mejor que su contraparte convencional. Los autores calcularon las primas que serían necesarias en cada caso para al menos equilibrar el ingreso neto de cada una de las dos granjas pareadas. Estas primas hipotéticas fueron de un 14 por ciento a un 54 por ciento (descartando los dos extremos). Los costos de la certificación no se incluyeron en el estudio porque las granjas, o no estaban certificadas, o el programa o la planta elaboradora los cubrió. Aunque los costos de certificación fueran patrocinados por una entidad externa (en tres de las granjas), estos productores amortizaron indirectamente los costos de certificación mediante el recibo de una prima más baja que la obtenida por la planta. CAFÉ ORGÁNICO DE HUEHUETENANGO, GUATEMALA Basado en el informe de Damiani, 2002a, y Cifuentes, sin fecha. Historia y organización El proyecto de desarrollo rural de las Tierras Altas de Cuchumatanes se realizó en el departamento de Huehuetenango, uno de los más pobres de Guatemala, luego que se firmaron los Acuerdos de Paz en 1996. El proyecto se concretó al crearse o revivirse tres asociaciones: La Asociación de Desarrollo de Cocolá (ADIPCO), la Cooperativa Agrícola de San José Quixabaj y la Cooperativa Agrícola de Chojzunil. Los productores de café de ADIPCO, Quixabaj y Chojzunil tradicionalmente no usan insumos químicos, o los utilizan muy poco. El componente mercadotécnico del proyecto identificó al café orgánico como una alternativa para las tres asociaciones. Se hizo contacto entonces con AGEXPRONT, una asociación de exportadores de productos no tradicionales. El proyecto se hizo miembro de una subcomisión de productos ecológicos de AGEXPRONT, y a través de ésta hicieron contacto con EXCAGUA, un exportador de café convencional y orgánico a Europa (en la Ciudad de Guatemala). Las asociaciones obtuvieron sus primeros certificados orgánicos en 1998 y 1999. Inversiones y cambios en los métodos agrícolas La inversión más importante que los agricultores debieron hacer durante la conversión fueron medidas de conservación de suelos y la introducción de nuevas variedades de árboles de sombra. Además, las asociaciones requirieron invertir en el procesamiento colectivo del café en forma separada del café convencional. En los primeros dos años, el 70 por ciento de los costos de certificación fueron cubiertos por el proyecto y por una organización ambientalista. El proyecto pagó a un extensionista para organizar el sistema de control interno. También se capacitó a los agricultores, quienes calificaron como «promotores», como «gerentes de crédito» y como «campesinos extensionistas». Esos agricultores acompañaban a los equipos de inspectores internos que hacían dos visitas al año.


Economía de la granja Mientras que otros caficultores en Guatemala, que habían usado insumos químicos, sufrieron reducciones sustanciales en el rendimiento durante los primeros años de manejo orgánico, no fue así para los caficultores de ADIPCO, Quixabaj y Chojzunil. Al contrario, ellos observaron incrementos de un 38 a un 67 por ciento en cinco años (de 0,86 toneladas/ha a 1,40 toneladas/ha de acuerdo con Cifuentes). Esto puede explicarse por los escasos insumos y los bajos rendimientos previos a la conversión, a un mejor uso de la sombra, a la aplicación de abono orgánico, y a las medidas de conservación de suelos. También significó costos de producción más altos, principalmente de mano de obra y costos de cosecha resultantes de un mayor rendimiento. De acuerdo con Cifuentes, al inicio hubo problemas de calidad, lo que resultó en precios bajos pagados por el primer cliente. Después de resolverlos y vender por medio de EXCAGUA los precios se incrementaron un 25 por ciento. Damiani estimó que en el año 2000 el precio obtenido por el café verde había sido un 30 por ciento más alto que el de los pequeños productores convencionales, y un 18 por ciento mayor un año después. Cifuentes observó que el ingreso familiar promedio se había incrementado de 1 250 a 1 970 dólares EE.UU./año. Circunstancias externas En el año 2000 se construyó una carretera para comunicar a las comunidades con la ciudad de Barillas. Esto redujo los costos del transporte a la mitad y el tiempo de traslado de un día a cuatro horas, lo cual benefició tanto a los agricultores orgánicos como a los convencionales. El proyecto también se benefició de las actividades de investigación de la Asociación Nacional de Café (ANACAFE), que tomó en cuenta las necesidades de los agricultores. En consecuencia, el programa de investigación se enfocó en la disminución de los costos de producción en lugar de en el incremento de la productividad. Como resultado, ANACAFE ha estado trabajando con compost y bocashi como alternativa a los fertilizantes químicos, con el control manual de la broca del café (Hypothenemus hampe) y el uso de insectos enemigos naturales de algunos parásitos. Además, ANACAFE capacitó a 16 extensionistas en la producción de café orgánico y entró en contacto con Mayacert para llevar a cabo talleres sobre certificación orgánica. ALGODÓN MAIKAAL DE LA INDIA Basado en los informes de Caldas, 1995; Myers, 1995; Myers y Stolton, 1999; y Parrott y Marsden, 2001 basado a su vez en Caldas, 2000, y Barauah, 2000. Historia y organización En el año 1992, una alianza entre agricultores, su molino (propiedad de Maikaal Fibres), agentes de ventas y un consultor en cultivos orgánicos, pusieron en marcha un programa de pruebas agrícolas y una granja experimental para producir algodón orgánico. Al año siguiente 200 agricultores se unieron al programa experimental y siete años después lo hicieron más de 1 000 agricultores, cubriendo a más de 6 000 hectáreas. La mayoría de los agricultores cultivaban algodón en pequeña escala y poseían en promedio 2 hectáreas de terreno. El algodón orgánico es el cultivo principal, en rotación con cultivos alimentarios. Inversiones y cambios en los métodos agrícolas El algodón convencional se cultivó siguiendo indicaciones de «paquetes técnicos», que incluían fertilizantes químicos y aspersión con plaguicidas entre 10 y 25 veces en una temporada de cultivo, y de la cual hubo informes de desarrollo de resistencia a los plaguicidas usados para combatir la mosquita blanca. Para el algodón orgánico se han desarrollado varias rotaciones y asociaciones de cultivos. Del mismo modo se han sembrado árboles de propósito múltiple alrededor de los límites de los terrenos. Los resultados del análisis de suelos han recomendado el uso de diversos fertilizantes orgánicos. Las plagas son observadas y controladas por medio de una combinación de trampas de feromonas, provisión de hábitat naturales para los predadores, liberación de insectos benéficos y


entomopatógenos, y el uso de plaguicidas botánicos. Se estableció un sistema alterno de crédito otorgado por Maikaal Fibres, que proporciona dinero en efectivo y en especie a tasa cero de interés. El cumplimiento de las directrices establecidas es coordinado por el servicio de extensión agrícola de Maikaal Fibres, y el instituto IMO efectúa la certificación en conformidad con las normas orgánicas internacionales. Economía de la granja Los rendimientos iniciales bajaron, pero en 1995 habían recuperado sus niveles anteriores y después de siete años los del algodón orgánico fueron un 20 por ciento mayores a los del convencional. Los agricultores tienen un mercado garantizado y reciben una prima del 25 por ciento. Los rendimientos de los cultivos con rotación son de hasta un 20 por ciento mayores y además, la calidad del suelo ha mejorado. Los requerimientos de mano de obra y riego se han reducido, resultando en costos de producción de un 30-40 por ciento menores. Los efectos combinados de costos de producción más bajos, de rendimientos equivalentes o más altos y de primas en el precio, dan como resultado márgenes más altos para el productor. Cuando se requieren insumos biológicos, éstos se piden a granel para reducir costos. En algunas áreas los anteriores proveedores minoristas de plaguicidas se han transformado en proveedores de bio-insumos. EL PROYECTO EPOPA Y EL ALGODÓN ORGÁNICO DE UGANDA Basado en los informes de Walaga, 1997; Malins y Nelson, 1998; Van Elzakker y Tulip, 2000; Van Elzakker y Leijdens, 2000; y Kidd, Tulip y Walaga, 2001. Historia y organización La mayoría de los cultivadores de algodón en Uganda son productores en pequeña escala y con escasos recursos. El proyecto de promoción para la exportación de productos orgánicos de África (EPOPA) inició en 1994 con el proyecto Algodón Orgánico de Lango en los distritos de Lira y Apac. Se eligió esa área para el proyecto debido a la presencia de hormigas negras que eran capaces de controlar a la mayoría de las plagas. EPOPA proporcionó un préstamo a tasa cero a la unión de cooperativas Lango Cooperative Union (LCU), que en ese momento se estaba separando del movimiento cooperativista controlado por el gobierno. Los agricultores se unieron al programa sobre la base de un grupo de pueblos pequeños llamado Sociedades Primarias. Una vez que una localidad era aceptada, los agricultores recibían semilla a crédito, siendo los costos deducidos del precio del algodón. En 1996 una empresa comercial con sede en los Países Bajos instituyó el comercio justo de los agricultores de Uganda (FFTU, siglas en inglés)10. FFTU intentó comprar directamente a las Sociedades Primarias, lo cual le dio a LCU la impresión de que su posición estaba siendo socavada. FFTU también tuvo problemas justificando la financiación de cultivos y optó por volver a comprar a través de LCU. Sin embargo, los problemas financieros continuaron y el arribo a destiempo de los fondos de FFTU trajo como resultado que una parte significativa del algodón se vendiera como convencional. A pesar de los problemas financieros, el número de agricultores participantes aumentó rápidamente de 200 en 1994 a entre 7 000 y 8 000 en 1998. La certificadora sueca KRAV o la holandesa SKAL se encargan de la inspección y la certificación, las cuales hacen en grupo. Se añadieron otros proyectos de algodón orgánico al programa de EPOPA, como el de la comunidad Adigo en el distrito de Apac, siendo Outspan Enterprises la exportadora. En el año 2000 el número de agricultores involucrados aumentó a cerca de 24 000. Aunque el gobierno se opuso en un principio al algodón orgánico, los funcionarios comenzaron a ver resultados positivos y comenzaron a excluir algunas áreas de las campañas de promoción de plaguicidas.

10 Aunque se use el término de «Fair Trade», FFTU no está trabajando con los sellos del comercio justo certificados por FLO.


Inversiones y cambios en los métodos agrícolas Hay poca diferencia entre los métodos de trabajo de los pequeños productores orgánicos y los métodos de los convencionales, excepto que éstos últimos pueden usar ocasionalmente pequeñas cantidades de fertilizantes y plaguicidas químicos. No obstante, también se vio que los agricultores tuvieron que empezar a usar rotaciones, abono verde y ganado. Durante tres años el proyecto proporcionó asistencia técnica, apoyo en los mercados y un descuento en los costos de certificación. Los exportadores no están acostumbrados a involucrarse con los agricultores y mucho menos a proveer servicios de extensión. En el primer año especialmente los exportadores requirieron asistencia para acostumbrarse a este nuevo papel. No obstante, el proyecto evitó el pago de servicios que normalmente tendrían que ser amortizados por el exportador. Economía de la granja Las primas orgánicas recibidas por los agricultores participantes en el proyecto Lango fueron del 10 por ciento en 1994/95, del 14 por ciento en 1995/96 y del 50 por ciento en 1996/97. En la comunidad de Adigo los agricultores han obtenido precios de un 15 a un 30 por ciento más altos, sin incrementos significativos en los costos de producción. En promedio el algodón orgánico recibe primas del 20 por ciento en los precios de exportación. Aproximadamente la mitad es para el productor, lo cual representa una prima sobre el precio al productor de entre el 15 y el 20 por ciento. La prima de exportación paga también al personal de campo empleado por el exportador, lo que le permite márgenes de ganancia más altos. Los costos de la inspección y de la certificación, controlados y pagados por los exportadores, aunque inicialmente altos han caído sustancialmente debido a las economías de escala. En general, los exportadores retienen los certificados y ello significa que los agricultores no pueden vender su producto como orgánico a ningún otro comprador. Sin embargo, se les permite vender a otros compradores convencionales. El precio más alto para el algodón orgánico ha tenido una influencia benéfica sobre el precio del convencional y ha obligado a los compradores de algodón convencional a ofrecer otros incentivos, tales como suministrar herramientas de labranza para asegurar sus operaciones. Los agricultores informaron que el dinero extra obtenido del algodón orgánico se emplea en viviendas, cuotas escolares, en utensilios domésticos, ganado, herramientas agrícolas y ropa. Un estudio reciente estimó que EPOPA ha incrementado el ingreso, en 50 dólares EE.UU./año en promedio, a más de 24 000 agricultores. Desde 2000, los proyectos de algodón continúan su operación por su propia cuenta. Hay que observar que, en cambio, el proyecto EPOPA de Tanzania manejado por la misma organización fue considerado un fracaso. La clave del éxito en Uganda fue el enfoque de negocios que le imprimió el coordinador local, mientras que en otras partes las actividades fueron realizadas teniendo en mente la idea de la participación y del proceso en lugar del beneficio económico. AZÚCAR ORGÁNICO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN MISIONES, ARGENTINA Basado en el informe de Serrano, 2002. Historia y organización La Unión Europea en 1992 consideró que Argentina ha alcanzado el estatus de País Tercero (desde el punto de vista de la certificación). El peso relativo de los agricultores en pequeña escala o minifundistas en el sector de la agricultura orgánica ha sido muy bajo. La producción de caña de azúcar orgánica en Misiones es el único caso en la Argentina donde un grupo numeroso de agricultores en pequeña escala (600), con explotaciones agrícolas en el rango de 5 a 50 hectáreas cada uno, ha adoptado un cultivo orgánico. Los agricultores comenzaron a cultivar caña de azúcar orgánica en 1997, cuando el único ingenio azucarero en la región decidió convertir su producción convencional a orgánica. El ingenio se había declarado en bancarrota en 1995, y fueron manejados desde entonces por IFAI, una agencia autónoma del gobierno provincial de Misiones. La situación macroeconómica


hizo muy difícil la competencia con el mercado del azúcar convencional con los países vecinos y la conversión fue una opción para mantener operando el ingenio. La idea de la alternativa orgánica vino de la ONG Movimiento Argentino de Producción Orgánica (MAPO), que también proporcionó el nexo con el comprador. Inversiones y cambios en los métodos agrícolas El ingenio ha estado promoviendo las variedades de caña de crecimiento rápido que pudieran competir con las malezas después de la cosecha. En la cosecha las hojas se cortan más cuidadosamente para cubrir el piso y para evitar la contaminación del azúcar con impurezas de las hojas. El proceso de certificación se inició en 1997. Para 2001 casi todo el azúcar proveniente de los ingenios era orgánico. El ingenio pudo producir pequeñas cantidades de azúcar orgánico aun desde el comienzo porque el período de tres años de conversión fue exceptuado por la agencia reguladora dado que existían tierras en barbecho por varios años (tierra capoeira). El ingenio paga por los costos de la certificación, que son realmente altos. Las leyes argentinas estipulan que los inspectores externos deberán visitar al 100 por ciento de los productores, por lo que los costos de la certificación no pueden ser reducidos mediante la aplicación de un sistema de control interno. De hecho a cada agricultor se le visita dos veces por año. Los costos de la certificación son de hasta 120 dólares EE.UU. por parcela y por año, pero una agencia competidora ofreció los mismos servicios por la mitad de esa cantidad. El ingenio y la IFAI tratan de diversificar los cultivos que manejan los productores de caña, y ya han organizado a un grupo de 20 agricultores que venden hortalizas orgánicas frescas a una de las cadenas de supermercados más importantes en la capital de la provincia. La diversificación también es importante para tener mejores ciclos de rotación. El crédito se hizo a través de un fondo de desarrollo rural provincial, instituido por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) con el fin de incrementar la superficie cultivada con caña orgánica. No obstante, en 2001 se usó crédito sólo para 150 hectáreas, mientras que el ingenio estimó que las 450 hectáreas de expansión fueron adaptadas con recursos de los propios productores. Economía de la granja La producción de caña de azúcar orgánica requiere más mano de obra, pero los costos totales de producción por hectárea son similares a los del azúcar convencional debido al ahorro en el uso de agroquímicos. La productividad se redujo de 60 a 45 toneladas/ha, pero esta disminución resultó más que compensada por las primas en los precios de los productos orgánicos (un 35 por ciento en 1998 y un 75 por ciento en 2001). La ganancia neta para los agricultores fue el doble, pasando de 168 a 367 pesos argentinos/ha. No obstante, los agricultores no siempre se percatan de las altas primas de los precios. Ellos entregan la caña de azúcar al ingenio entre julio y agosto y sólo reciben una parte del pago - que cubre los costos de cosecha y transporte. Luego tienen que esperar hasta noviembre o diciembre por el resto. Esto significa que los productores más pobres no tienen dinero en efectivo en ese período. Además, se ven obligados a buscar otros trabajos, teniendo que posponer las labores de limpieza de los terrenos. De todas formas, la caña de azúcar orgánica permitió a los agricultores, que también habían producido tabaco y que estaban preocupados por su salud, continuar cultivando caña de azúcar como su único cultivo comercial. Los administradores del ingenio estimaban que alrededor de 40 productores habían elegido esta opción. El beneficio principal de la conversión del proceso a orgánico fue que el ingenio pudo continuar operando, salvaguardando así la industria local que incluía a 50 vehículos de carga, el comercio de leña como fuente de energía para el ingenio y el empleo de la fuerza laboral (53 trabajadores permanentes y 75 zafrales). Aunque el ingenio mejoró sus utilidades debido a la conversión a orgánico, continuaba sin ser rentable, con un déficit anual de 400 000 dólares EE.UU. que fueron cubiertos por el gobierno provincial. La principal razón fue que el ingenio ha estado operando al 50 por ciento de su capacidad. El ingenio está presionando a los agricultores que tienen parcelas pequeñas para que incrementen la superficie cultivada o suspendan la producción de


caña de azúcar, porque los costos de certificación para parcelas pequeñas son relativamente altos. Los agricultores en mayor escala con más de 15 hectáreas de caña de azúcar (con explotaciones de mas de 50 hectáreas) que hicieron la conversión fueron aquellos que tenían parcelas con terreno en barbecho de buena calidad (capoeira), que garantizaban una productividad relativamente alta. En contraste, los agricultores en gran escala sin tierras con esas características dejaron de producir caña de azúcar y cambiaron a otros cultivos como los cítricos. TÉ ORGÁNICO DE BIO FOODS LTD., SRI LANKA Basado en el informe de Ediriweera, 2002. Historia y organización Bio Foods inició sus actividades en 1990 organizando a productores de té y especias en pequeña escala en el centro del país, en los alrededores de Kandy. Bio Foods le estuvo comprando a 443 productores distribuidos en 11 poblados, con una superficie total de 285 hectáreas (704 acres). La empresa cuenta con una sección de extensión y una de inspección local (interna), centros de acopio de producto, instalaciones de proceso y las secciones de exportación y administración. Los agricultores están organizados en comités por población. Los principales productos son té verde, té negro, té aromatizado, té de hierbas, especias y café. Inversiones Bio Foods ha organizado cursos de capacitación sobre la fertilidad del suelo, la protección vegetal, preparación de compost, sistemas de control interno, control de la calidad para el comercio justo y programas de ahorro. Todos los productos son orgánicos certificados, por SKAL, Naturland, IMO o JAS, dependiendo del país importador y de los requerimientos del comprador. Los costos de certificación son cubiertos por Bio Foods, quienes además son dueños de la certificación. Sin embargo, la asociación de pequeños agricultores orgánicos (SOFA) reembolsa a Bio Foods el importe de la certificación de sus miembros. Los productores de té de Bio Foods están registrados también por FLO y parte de éste se vende conforme a las condiciones del comercio justo. En tal caso, el comprador tiene una licencia de un miembro de FLO para la venta de productos del comercio justo. Se ha informado que los periodos de conversión e instalación del sistema de control interno de agricultores por grupo varían de uno a cinco años. Un obstáculo significativo ha sido los diferentes requerimientos de cada organismo de certificación en lo que se refiere a la estructura y al funcionamiento del sistema de control interno. Economía de la granja Se tienen informes de que la prima del té de hoja verde es del 100 por ciento (éstas pueden incluir la prima por comercio justo). Las especias orgánicas han obtenido primas de un 10 a un 30 por ciento. Bio Foods también proporciona otros beneficios a las sociedades agrícolas en sus poblaciones, como el aprovisionamiento de materiales para techos, sillas, ganado, insumos para suelos, unidades de cuidados maternales y edificaciones para la educación de los hijos, así como programas de crédito. A pesar de estos resultados positivos para los pequeños productores, Bio Foods tiene dudas en cuanto a la sostenibilidad de la compañía en el largo plazo. Ha sido difícil encontrar compradores dispuestos a firmar contratos con precios o volúmenes de producto garantidos. Sin embargo, ellos continúan comprando toda la materia prima certificada a los agricultores; el producto elaborado y terminado se almacena hasta encontrar un comprador. Algunos agricultores de Sri Lanka han renunciado a la agricultura orgánica por lo inestable de los precios y de la demanda. Al garantizarles la compra de sus productos, Bio Foods asegura que los agricultores continúen cumpliendo con las normas orgánicas.


6.2 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LOS CASOS DE CULTIVOS ORGÁNICOS Analizando los casos aquí referidos, queda claro que los agricultores tradicionales que utilizan bajos insumos pueden esperar incrementos en la productividad si utilizan métodos agrícolas orgánicos. No obstante, los rendimientos más altos vienen acompañados por costos de producción también mayores, principalmente de la mano de obra. En particular se mencionó con frecuencia que la introducción de nuevos métodos de conservación de suelos, tales como las terrazas y la preparación de fertilizantes orgánicos, incrementaban la demanda total de mano de obra. Es de esperarse que si anteriormente los suelos fueron explotados excesivamente, los requerimientos de mano de obra serán más altos. En general, la prima orgánica recibida cubre los costos adicionales de producción y certificación y resulta en una ganancia neta mayor. En los casos donde anteriormente se utilizaban bajos insumos, el incremento en la productividad podría en sí mismo compensar el efecto de los altos costos de producción, sin necesidad de acceder al mercado de primas a través de la certificación. Debe hacerse notar que en muchos de los casos citados, los períodos acostumbrados de tres años para la conversión fueron acortados o suprimidos completamente, gracias a que el organismo de certificación encontró evidencias satisfactorias de poco o ningún uso de insumos químicos en el pasado. Esta es una ventaja importante que conduce a la recuperación más rápida de la inversión y reduce el riesgo de la disminución de las primas por el tiempo requerido para obtener la certificación. No obstante, Kidd, Tulip y Walaga (2001) observaron una tendencia creciente en la certificación para los mercados de exportación a aplicar las mismas normas que en Europa, donde existe una menor flexibilidad para acortar o suprimir los períodos de conversión. En los pocos casos citados de conversión a partir de sistemas de altos insumos, se observó que el rendimiento inicial se reduce y posteriormente se recupera hasta niveles ligeramente inferiores a los de los rendimientos convencionales originales, y algunas veces hasta ligeramente superiores. Los efectos sobre los costos de producción por hectárea han sido diversos (más bajos, similares y superiores). En estos casos, dado el alto costo de la inversión inicial y la disminución en los rendimientos, es esencial acceder a los mercados de primas que generalmente requieren certificación. En todos los casos, la recuperación de la inversión en agricultura orgánica ocurre sólo en el largo plazo, particularmente en métodos de conservación de suelos y en conversiones a partir de situaciones de altos insumos. No es probable que tanto arrendatarios como aparceros, que carezcan de la garantía de un acceso continuo a la tierra, puedan realizar esta inversión. Damiani entrevistó (2001a) a un productor, quien describió dichas inversiones a largo término como sigue: «Habría sido imposible para mí producir hortalizas orgánicas si no fuera yo el propietario de la tierra. Cualquiera puede alquilar una parcela para cultivar repollo o tomate con fertilizantes y plaguicidas durante un solo año, pero se tiene que esperar varios años para ver el fruto de un nuevo cultivo orgánico. Se trabaja mucho y con bajo rendimiento de la inversión en el primer año, pero la tierra se mejora año tras año gracias a los abonos orgánicos y a la rotación de cultivos, y luego la productividad mejora constantemente. No tiene ningún sentido hacer todo este esfuerzo durante un año y en los siguientes dejar que otros reciban los beneficios». Otra característica importante de muchos de los casos es la certificación en grupo que involucra un sistema de control interno. Muchos autores observaron que era importante reducir los costos de certificación. Dicha certificación en grupo ha sido obtenida de dos maneras: primero, a través de las asociaciones de agricultores, en las que ellos participan directamente en la toma de decisiones y supervisión. En tales casos el certificado es propiedad de la asociación. En muchos de estos ejemplos los costos de la certificación fueron un subsidio de agencias donantes. Generalmente los subsidios decrecen después de la etapa inicial. Segundo: en Uganda se tiene un ejemplo de la segunda manera, según la cual el exportador organiza el proceso y paga la certificación. Kidd, Tulip y Walaga (2001) argumentan que, aunque esto tiene la desventaja de no permitir a los agricultores vender a otros compradores de productos orgánicos (pero sí se les permite vender a cualquier comprador convencional) la opción es preferible en donde no existen organizaciones de productores o que éstas


son débiles. En general, dada la importancia de la certificación en grupo para pequeños productores, la falta de claridad del estatus de la certificación en grupo con respeto al reglamento de la Unión Europea (y posiblemente también de NOP y JAS) es vista como una barrera para el desarrollo ulterior de las exportaciones orgánicas de pequeños agricultores. Se observó con frecuencia que los requisitos de calidad para el nuevo mercado orgánico eran más altos que para el anterior mercado convencional. Esto es fácil de comprender en aquellos casos en que el estatus orgánico posibilitaba ventas en un segmento de categoría superior, lejos de los mercados o agentes mayoristas (por ejemplo las hortalizas en El Salvador o el café en Brasil y Guatemala). El caso opuesto ocurrió con los mangos en el Perú, donde la conversión a la agricultura orgánica permitió hacer ventas al sector menos exigente de las plantas elaboradoras de pulpa de mango. En el caso del azúcar de Argentina, el elaborador orgánico solicitó un producto más limpio. En la República Dominicana, los precios con primas aparentemente no justificaron las inversiones necesarias para mejorar significativamente la calidad del banano orgánico cultivado por los pequeños productores, por lo que cada vez es más difícil para ellos competir en el hoy día exigente mercado orgánico internacional. 6.3 COMERCIO JUSTO Debido a que las iniciativas de comercio justo empezaron teniendo una perspectiva clara de desarrollo, además de los beneficios obtenidos a través del acceso al mercado y a los precios con primas, muchos grupos de productores también han recibido asistencia técnica. En el cuadro 6 se ofrece un resumen de los estudios de casos revisados. Algunas de las cooperativas de productores de café que se incluyen en este capítulo también son orgánicas certificadas. BANANO DEL COMERCIO JUSTO DE VOLTA RIVER ESTATES LTD., GHANA Basado en los informes de Blowfield y Gallat, sin fecha, y Budu, en la FAO, 2001. Historia y organización El grupo de productores Volta River Estates Limited (VREL) fue fundado en 1988 y fue el primer productor de banano orgánico de Ghana. La operación fracasó en 1990 como resultado de la infestación con la enfermedad de la Sigatoka Negra. En 1993 se volvieron a iniciar actividades en 140 hectáreas y con 23 trabajadores. VREL comenzó a exportar nuevamente en 1994 con su propio sello Ghanapack, y sólo entonces descubrieron que tenían que pagar los derechos de acceso al mercado de la Unión Europea. Esto, junto con una antigua disputa por problemas laborales y limítrofes en sus dos plantas iniciales, puso a VREL al borde de la bancarrota. En 1996 estableció contacto con la ONG holandesa Solidaridad y la fundación Max Havelaar. En ese tiempo estas organizaciones estaban promoviendo el sello Oké para banano orgánico en los Países Bajos, pero no pudieron obtener licencias de importación para el banano de América Latina. VREL fue aceptado como proveedor registrado en comercio justo. En 1997 VREL exportó 3 700 toneladas de banano, y hacia el fin de año tenía 280 hectáreas cultivadas, había resuelto sus problemas laborales y daba empleo a 3 900 personas. Los bananos se venden a Agrofair, un importador autorizado de productos del comercio justo de los Países Bajos. El 50 por ciento de Agrofair es propiedad de los productores que venden en comercio justo incluyendo a VREL. El otro 50 por ciento es propiedad de Solidaridad y una compañía de maduración de bananos. Agrofair vende los bananos en los Países Bajos. Inversiones VREL tiene dificultades para establecerse en el comercio justo de Suiza debido a problemas de calidad, que fueron a su vez el resultado de problemas relacionados con los embarques. Esto ocasionó que vendiera un 20 por ciento de los bananos en el mercado local, donde sólo se obtiene el 30 por ciento del precio de exportación. Hasta enero de 2003, existían diferentes sellos en los diversos países del mercado de bananos, y VREL tuvo problemas para encontrar el sello adecuado para sus productos.


Puesto que no se usan herbicidas, VREL mantiene una proporción alta de trabajadores por hectárea (3:1 en comparación con 1:1 en muchas plantaciones). Tampoco se usan bolsas impregnadas de plaguicidas. El Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Ghana que representa a los trabajadores de VREL (de acuerdo con las leyes de Ghana todos los trabajadores de las plantaciones deben afiliarse a este sindicato), aprobó un acuerdo de negociación colectiva a principios de 1998, el cual incluía un plan de seis años para el pago de incrementos a los salarios, así como un procedimiento de quejas. VREL proporciona capacitación informal. En 1999, las posiciones claves en la empresa aún estaban en manos de directivos expatriados (desde antes del registro con FLO), pero hay un número creciente de ghaneses en cargos de responsabilidad. Los trabajadores conocen el comercio justo y VREL está publicando folletos en la lengua local para explicarlo con más detalle.

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Economía de la granja La producción y las exportaciones han sido variables. Las exportaciones aumentaron en 1998 a casi 5 000 toneladas pero en 1999 cayeron a 3 290 y en 2001 ascendieron a 5 000. VREL inició una nueva plantación de banano orgánico en 2002. Agrofair informó que los niveles de producción habían bajado en 2003 debido a la conversión de toda el área a orgánicos (Agrofair, 2003). Agrofair puede financiar los pedidos con préstamos que obtiene de un banco holandés de desarrollo. VREL también necesita prefinanciar las licencias de importación a la Unión Europea, que pueden alcanzar un monto de un millón de dólares EE.UU. al año, o un valor aproximado al 50 por ciento del precio CIF. Las primas del comercio justo han sido absorbidas en un gran porcentaje por las licencias, con el resultado de que no pudieron ser usadas para mejoras sociales y ambientales. El precio mínimo de comercio justo para bananos es establecido por FLO a partir del cálculo de los costos de producción. Para Ghana éstos fueron de 8,5 dólares EE.UU./caja, lo cual es 1,25 dólares EE.UU. más alto que para los productores latinoamericanos del comercio justo. En determinadas épocas del año hubo exceso de oferta de bananos de comercio justo y Agrofair vendió parte de la producción al mercado convencional o en Europa del Este, en ocasiones a precios por debajo de los costos de producción. Como parte del movimiento de comercio justo, VREL ha tenido acceso a créditos blandos para expansión, con tasas de interés bajas, como el 2 por ciento, mientras que las tasas de interés comerciales en Ghana eran de casi un 50 por ciento Beneficios para los trabajadores VREL ha creado alrededor de 900 empleos permanentes, dando preferencia a la población local. Sin embargo, las dos primeras explotaciones agrícolas fueron establecidas en tierras que anteriormente habían sido usadas por pequeños productores. Aunque en un principio dichos productores tuvieron preferencia en ser integrados a la fuerza laboral, hoy día la mayoría de trabajadores vienen de otras comunidades. Debido a que parte de la tierra no había estado en producción, puede asumirse que las oportunidades de subsistencia se han incrementado en la región. Blowfield y Gallat (sin fecha) informaron que los salarios eran superiores al mínimo nacional, pero no significativamente diferentes al salario diario prevalente en la región. Budu (en FAO, 2001) informó que el ingreso familiar de los trabajadores de VREL era significativamente más alto que los ingresos familiares en otras partes de Ghana. Un Fondo de Solidaridad benefició a los trabajadores con alimentos básicos a precios reducidos y créditos sin tasas de interés. Las horas extras de trabajo se pagaron a precios aprobados por la OIT. VREL proporcionó botas y ropa de protección, e instaló un centro de salud en cada localidad. A los trabajadores también se les reembolsan los gastos de tratamientos hospitalarios. Una cuarta parte del valor de VREL pasó a manos de los trabajadores y es administrada por el Fondo de Solidaridad. No obstante, los trabajadores no se beneficiaron realmente de esta participación debido a que la compañía aún no tenía ganancias en 1997. Los trabajadores entrevistados dijeron que preferían el empleo en VREL que depender de los pequeños agricultores o del trabajo zafral. CACAO ‘DIVINE’ DE KUAPA KOKOO, GHANA Basado en los informes de Bayley, Mavrotas y Nyanteng, 2000; Mayoux, 2000; y Tiffen, 2002. Historia y organización En el momento en que el mercado de cacao de Ghana estaba siendo liberalizado, los precios del mercado mundial cayeron a nuevos niveles inferiores. Teniendo en cuanta las nuevas circunstancias, a los agricultores les pareció conveniente organizar sus propias cooperativas de compradores y exportar directamente. La compañía de sociedad anónima Kuapa Kokoo (que significa productor de buen cacao) – KKL - se formó en 1993 como una empresa de propiedad de los productores. Su base está constituida por sociedades primarias de pueblos o comunidades, cuyos miembros están representados en los niveles directivos. TWIN (del Reino Unido) ofreció asesoría operativa y financiera y un crédito


para la puesta en marcha. La Organización de los Países Bajos para el desarrollo, SNV (Países Bajos) proporcionó capacitación en las propias comunidades de productores para los comités y el personal de contabilidad. En un lapso de tres años, la compañía había crecido de 2 000 a 8 500 productores, y en 2000 KKL tenía alrededor de 30 000 miembros organizados en 462 sociedades aldeanas. KKL ganó prestigio por su honestidad (respetando la balanza de pesos) y confiabilidad (los cheques no son devueltos). Desde 1996 no hay personal extranjero en los grupos de gestión o en las estructuras formales. Sin embargo, TWIN y SNV fueron cruciales en la fase de arranque, facilitando el conocimiento de la mercadotecnia internacional del cacao de alta calidad y dando credibilidad a KKL. Inversiones KKL también formó por separado una compañía fiduciaria de agricultores, operada por productores elegidos y asesores ghaneses seleccionados, y financiada con donativos, utilidades y primas sociales del comercio justo. En 1968 TWIN, el sindicato Kuapa Kokoo y Body Shop se agruparon para crear una compañía de riesgo compartido llamada Day Chocolate Company (DCC), para lanzar al mercado la barra de chocolate Divine, en los supermercados del Reino Unido. A pesar de que el mercado de chocolate en el Reino Unido es muy competitivo, puesto que los tres mayores productores de chocolate disfrutan de los beneficios de sus marcas comerciales establecidas desde hace mucho tiempo y de grandes presupuestos para la promoción, el chocolate Divine ha tenido bastante éxito. Bayley, Mavrotas y Nyanteng calculan que la compañía recibe un precio con prima de comercio justo al menudeo del 44 por ciento por barra. Del mismo modo, en 1998 se establecieron dos programas crediticios: uno de crédito rotativo para las mujeres de Kuapa Kokoo, financiado por donaciones de diversos contribuyentes, y otro de ahorro y crédito para los productores de Kuapa Kokoo, el cual opera mediante contribuciones individuales en efectivo o en especie, y que es administrado por contribuyentes elegidos y ejecutivos de la asociación. Economía de la granja El impacto del comercio justo en Ghana coincidió con la liberalización general del mercado del cacao. La compañía Produce Buying Company, antigua compradora monopolista, perdió presencia en el mercado a favor de las LBC (Licensed Buying Companies), las nuevas compañías compradoras autorizadas por licencia de las cuales Kuapa Kokoo es una integrante. El mercado aún está regulado por un precio mínimo al productor, que tiene en cuenta los costos de producción. Las LBC continúan vendiéndole al Cocobod (consejo ghanés de cacao). Las LBC obtienen un margen de ganancia estimado en un 15 por ciento por encima del precio al productor y a los costos previstos. La política gubernamental ha sido la de incrementar gradualmente el precio al productor (mediante la reducción de impuestos gubernamentales) y entre 1993 y 1998 subieron los precios reales al productor convencional, a pesar de que caían los precios internacionales. Cocobod ha instituido un arreglo especial para el mercado del comercio justo. Todo el cacao proveniente de la KKL está identificado, y cuando un importador de comercio justo hace un pedido, Cocobod se asegura de que se le suministre con cacao de KKL. Entonces Cocobod recibe el importe de la venta a precios del mercado, mientras que la prima de comercio justo se paga a la compañía fiduciaria de productores de Kuapa Kokoo. Inicialmente, las ventas de comercio justo alcanzaban el 15 por ciento de las ventas totales de KKL, pero debido al incremento del volumen global, éstas decayeron hasta el 2 por ciento. La pregunta es si la empresa KKL hubiera podido ser tan exitosa sin el mercado del comercio justo. No obstante, KKL es la única compañía compradora de propiedad de los productores. Las LBC tienen agentes compradores, mientras que KKL se vale de los comités ejecutivos de las sociedades comunitarias para acopiar el cacao, lo que resulta en bajos costos fijos. Los miembros de los comités ejecutivos de las sociedades primarias reciben capacitación y se benefician de una pequeña comisión por bulto vendido. Los bajos costos fijos permiten el pago de una prima modesta del 1 por ciento por encima del precio de garantía del gobierno, un bono anual que depende de las utilidades, y una


aportación de 400 cedis (moneda ghanesa) por bulto a la sociedad comunitaria para el desarrollo de las cooperativas. La prima del comercio justo se usa para financiar proyectos comunitarios a través del consorcio de agricultores. Otros beneficios El consorcio de agricultores ha patrocinado programas de salud, becas escolares y la construcción de escuelas y pozos de agua de uso doméstico. Esto significa que los beneficios se extienden más allá de los miembros de la organización Kuapa Kokoo, quienes constituyen entre un 7 y un 10 por ciento de las poblaciones de tamaño mediano. Debe decirse que otras LBC han desarrollado proyectos similares. Complementando el programa de crédito a las mujeres, KKL aspira a reforzar su participación a través de acciones afirmativas ya que el cacao es visto en general como un cultivo masculino a causa de la estructura de propiedad de la tierra. Tanto el personal directivo como los miembros de la junta se benefician del fomento de la capacitación y de la publicidad en los mercados internacionales a través de nexos con la empresa DCC. CAFÉ DEL COMERCIO JUSTO EN BOLIVIA Basado en el informe de Eberhart y Chauveau, 2002. Historia y organización Bolivia perdió sus mercados internacionales del café a pesar de su potencial para producir café arábica de alta calidad en grandes alturas. El comercio del café estaba dominado por intermediarios que pagaban un precio uniforme al productor que no brindaba incentivos para mejorar la calidad. Como resultado, el café ha estado sujeto a una penalización de entre el 20 y el 30 por ciento del precio de referencia en la bolsa de productos de Nueva York. En 1991, con la ayuda del CICDA (Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola de Francia), diez cooperativas fundaron la Federación de Cafetaleros Exportadores de Bolivia (FECAFEB). Las primeras misiones de la Fundación Max Havelaar habían prometido ayudarlos en la comercialización. FECAFEB tuvo que representar a los productores organizados de café y dar asistencia técnica y facilitar crédito. Debido a que la organización era aún débil, la fundación Max Havelaar decidió no registrar a la FECAFEB y en su lugar registró a tres de las cooperativas más estables: CORACA Irupana, CENCOOP y COAINE. CORACA ha sido apoyada por la ONG boliviana Qhana, y ha desarrollado una relación de largo plazo con la ATO Oxfam Bélgica, su único destino de exportación. COAINE pareció ser la única organización con capacidad emprendedora de negociar con importadores privados, pasando a ser la proveedora de la mayor parte del café del comercio justo. Entre 1992 y 1998, COAINE experimentó un crecimiento acelerado. Con ayuda de las ONG se organizó y se registró a nuevos y más pequeños grupos que canalizaron su café a través de COAINE. La mayor parte del café se entrega en consignación; la cooperativa misma no compra el café sino que funciona sólo como un canal para la exportación y a los agricultores se les paga posteriormente. Por ello la mayoría de los productores venden parte de su café a comerciantes que pagan de inmediato, ajustando los precios diariamente. Si los precios del mercado son altos, ello puede provocar que la cooperativa no tenga las existencias necesarias y deje de cumplir con los contratos de compra. En 1998, surgió un conflicto en COAINE involucrando al gerente. En el mismo año, en el control de FLO, se observó falta de transparencia y la venta de café de grupos no registrados ostentando el sello de comercio justo de FLO. Acto seguido FLO suspendió el registro de COAINE, pero lo volvió a registrar una vez que el gerente fuera reemplazado.


Inversiones Las inversiones fueron principalmente en estructuras organizativas y mejoras de la calidad. Adicionalmente, un proyecto del DED (servicio alemán de cooperación) y cooperativas de la FECAFEB promovió la certificación orgánica, y en 2002 fueron certificados casi 1 300 agricultores de 18 cooperativas. Las mejoras en la calidad se han integrado ahora a los métodos orgánicos. Las inversiones para la conversión a la certificación orgánica fueron para la preparación de compost (especialmente en los viveros) y la instalación de barreras contra la erosión. Economía de la granja En 2000, el comercio justo y el orgánico alcanzaron el 61 por ciento de las ventas totales de las cooperativas (orgánicos el 40 por ciento; comercio justo el 7 por ciento; orgánicos del comercio justo el 14 por ciento). No obstante, de las 16 organizaciones registradas, 6 no exportaron en comercio justo. En las épocas de precios altos en el mercado (1994 y 1995), el precio de comercio justo fue similar o ligeramente superior a los precios convencionales del mercado boliviano, pero en 2000 y 2001 el precio del mercado mundial fue muy bajo y las primas muy altas. Comparadas con los precios convencionales recibidos por las mismas cooperativas, las primas en el año 2000 estuvieron entre el 21 y el 97 por ciento para orgánicos; el 106 y el 123 por ciento para el comercio justo y entre el 109 y el 195 por ciento para orgánicos de comercio justo. En el año 2001 las primas fueron aun superiores. Estas primas tan altas fueron incentivos para compensar el precio mínimo establecido por FLO. Ciertos importadores pidieron a las cooperativas venderles varios contenedores de café no etiquetado por debajo del precio del mercado, a cambio de un contenedor de comercio justo. Para FLO es casi imposible evitar esta práctica en la que se paga el precio mínimo de comercio justo por el contenedor etiquetado, pero donde no tiene autoridad para controlar los contenedores no etiquetados. Por supuesto, las ATO no se valen de tales prácticas pues no comercializan café convencional. La Asamblea General de las cooperativas decide cómo usar el dinero adicional recibido por las primas del comercio justo, que casi siempre se distribuye entre los productores. Sin embargo, son las comunidades las que generalmente deciden realizar inversiones comunitarias con las aportaciones que entrega cada familia. El efecto más importante del comercio justo ha sido la mejora de la calidad del producto. El producto de más alta calidad también se vende actualmente en los mercados convencionales de buena calidad, librándose de la penalización por baja calidad impuesta sobre Bolivia. Sólo tres de los importadores privados han otorgado financiamiento anticipado, aunque puede ser que éste no haya sido solicitado. Una de las ATO lo propuso pero las cooperativas optaron por no aceptarlo. No existen contratos de largo plazo para el café convencional de baja calidad. En contraste, las ATO y los importadores privados más pequeños de «café de origen» sí establecen relaciones duraderas con los productores. Resultados organizativos La FECAFEB ha tenido un éxito relativo canalizando un 40 por ciento del café de las cooperativas, ello gracias al hecho de que la gerente de COAINE también lo era de FECAFEB. Después de los conflictos en COAINE, ella comenzó a operar como agente privado y muchos de los compradores, incluyendo a aquellos de café etiquetado como comercio justo, siguieron negociando con ella. Como resultado FECAFEB entró en una crisis que no se resolvió hasta que se llegara a un acuerdo con el antiguo gerente en 2001. A pesar de que FLO estuvo promoviendo la compra directa a las cooperativas, los importadores privados de productos etiquetados del comercio justo prefirieron continuar comprando a través de intermediarios. En Bolivia no se ha observado un gran impacto sobre la transparencia en el ámbito de las organizaciones de productores. Esto puede atribuirse en parte al bajo nivel de educación de los productores y también a que el sistema ha sido demasiado flexible. Sólo en el caso de una disfunción seria como la que se menciona arriba la organización involucrada fue eliminada de la lista de agremiados. El resultado parece ser mejor cuando las ATO compran el café, debido a que ellas visitan


a los productores regularmente. Al final, el sello orgánico con su identificación individual más estricta ha contribuido a una nueva institucionalización de las organizaciones, con derechos y obligaciones más estrictos. En los grupos más pequeños, el gerente elegido ha tenido que abandonar (parcialmente) sus propias actividades productivas sin compensación. Esto necesariamente conduce a una alta rotación de gestores en el año, quienes adolecen casi siempre de inexperiencia en el manejo de grandes sumas de dinero, que alcanzan los 200 000 dólares EE.UU./año. Con frecuencia se toman las decisiones más importantes por consenso, con la desventaja de que puede tomar varios días para acordar una reunión, lo cual no se adapta a las expectativas de los importadores de obtener respuestas rápidas. CAFÉ DEL COMERCIO JUSTO DE COOCAFÉ, COSTA RICA Basado en el informe de Ronchi , 2002. Historia y organización En 1996 los agricultores en pequeña escala dominaban la producción de café en Costa Rica, donde el 92 por ciento de productores tiene fincas de menos de 5 ha. Hasta mediados de los años noventa, la mayoría de las cooperativas eran miembros de la Federación de Cooperativas de Caficultores RL (FEDECOOP). En 1988 seis cooperativas habían fundado una asociación de exportadores llamada Consorcio de Cooperativas de Caficultores de Guanacaste y Montes de Oro RL (Coocafé). Uno de sus miembros, la cooperativa Cerro Azul de muy pequeño tamaño, mantenía una relación de trabajo con la ATO S.O.S Wereldhandel (hoy Fair Trade Organisatie). En 1989 Coocafé empezó a exportar café del comercio justo. La mayoría de las cooperativas se asociaron y en el momento de recibir información para este documento, Coocafé contaba con nueve miembros. A partir de 1992 Coocafé también comenzó a exportar su primera marca comercial de café tostado y actualmente vende tres marcas: Café Paz (a los Estados Unidos y a los mercados del comercio justo del Japón), Café Forestal y Café Auténtico. Todas las exportaciones se hicieron a través de FEDECOOP hasta que en 1997 se estableció la propia filial exportadora de Coocafé. En el mismo año FLO estableció y formuló las normas del café y los mecanismos para fijar su precio. Economía de la granja El estudio no analizó ni costos ni rendimientos. No obstante, menciona la plantación de árboles de sombra (costo adicional) y un uso menor de plaguicidas y herbicidas (ahorros). De 1993 a 1998, en promedio, el 52 por ciento de los volúmenes exportados llegó a los mercados de comercio justo. Coocafé paga a los productores sobre la base del precio diferencial normal de Nueva York. De las utilidades adicionales derivadas de las ventas del comercio justo (ya sea por un nivel más alto en el precio mínimo del comercio justo o por la prima) el 70 por ciento se divide entre los productores primarios. Como resultado, los agricultores de la cooperativa Sarapiquí recibieron durante el período de 1989 a 1995 un precio de liquidación superior de entre un 25 y un 60 por ciento, y un promedio de ingresos, por ventas de café, más altos en un 39 por ciento en comparación con otros caficultores de la región. El otro 30 por ciento de utilidad adicional obtenida por el comercio justo es para el Fondo de capital social y el Fondo de desarrollo, destinados a otorgar créditos a los productores y a hacer inversiones en infraestructura para la producción de fertilizantes orgánicos y otras mejoras ambientales. En 1995 el gobierno de Costa Rica decidió que todas las plantas de elaboración de café adoptaran el uso de «tecnología limpia». Los costos de conversión de las cooperativas de Coocafé fueron de entre 38 000 y 70 000 dólares EE.UU., y los financiamientos provinieron del Fondo de capital social. Adicionalmente, Coocafé paga el 13 por ciento de interés a las acciones de las cooperativas del Fondo, y éstas pueden obtener financiamientos pagando el 3 por ciento de comisión a Coocafé. Las utilidades por ventas de las tres marcas de café tostado contribuyen al Fondo de extensión educativa y a la Fundación Café Forestal, que van a financiar proyectos ambientales.


Ronchi (2002) observó que mientras una cuarta parte de las cooperativas de Costa Rica había terminado operaciones en la década anterior, todas las cooperativas de Coocafé tenían proyectos de adquisición de tierras para miembros con parcelas pequeñas, así como para los hijos de los miembros. Ello sugiere que la rentabilidad del mercado de comercio justo induce a un incremento de la oferta. Desarrollo organizativo El comercio justo genera un beneficio indirecto para las cooperativas que consiste en que Coocafé las representa en algunos organismos nacionales importantes. Sin embargo, el intercambio de información con FLO podría mejorar. El único contacto que las cooperativas miembros pueden tener con FLO son solicitudes sobre información de naturaleza confidencial, mientras que sufren por la falta de reciprocidad en el intercambio de información. Ahora bien, dado que el informe que se discute aquí se generó en 1999, puede que mediante la reestructuración de FLO se haya mejorado la transparencia. Muchos productores tienen conocimientos limitados sobre el comercio justo. Al ser entrevistados hablaron de obtener mejores precios y de los servicios de sus cooperativas, pero sin una idea clara del papel que el comercio justo tiene en todo esto. CAFÉ DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE UCIRI, MÉXICO Basado en los informes de Pretty, Morison y Hine, 2003, y SAFE, 2001. La Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo, UCIRI, fue organizada para reducir la dependencia del crédito en el cultivo y la comercialización de café orgánico. El cultivo del café orgánico exige mayor cantidad de mano de obra, principalmente para el control de la erosión, tales como terrazas media-luna para cada cafeto. Antiguamente la pulpa del café se tiraba en arroyos o ríos, ocasionando una alta contaminación de las aguas. Actualmente los productores devuelven la pulpa a los campos después de convertirla en compost, junto con estiércol de ganado, cal y material verde de plantación. Esto ha mejorado los rendimientos en de un 30 a 50 por ciento para una producción de entre 600 a 1 200 kg/ha. La prima del comercio justo se emplea en particular para mejoras en las escuelas. La UCIRI opera también algunas unidades de transporte público y sistemas de seguro médico, además de ser propietaria de varias tiendas. CAFÉ MAM DE GRAN ALTURA, ISMAM, MÉXICO Basado en los informes de Damiani, 2001b y Mendoza Zazueta, [2001]. Historia y organización La organización ISMAM, Indígenas de la Sierra Madre de Motozintla San Isidro Labrador (ISMAM), Chiapas, se conformó inicialmente de 200 agricultores indígenas en pequeña escala, orientada al trabajo colectivo y a la comercialización. El café orgánico despertó el interés de compradores europeos, e ISMAM entró en contacto con la UCIRI (véase el anterior caso) y con agencias de certificación. En 1993 ISMAM vendió la primera cosecha orgánica a través de la UCIRI, y un año más tarde comenzó a exportar en forma directa. En el año 2001, ISMAM tenía 1 300 miembros, con una superficie total certificada de 5 000 hectáreas, es decir, un promedio de 3,8 ha/productor. Para realizar la inspección interna y elaborar la documentación, ISMAM creó un departamento de certificación. Convirtió a los «grupos de trabajo colectivo» creados por la iglesia en comités locales con una representación formal en ISMAM y con participación en el sistema de supervisión. Luego pidió a cada comité local elegir a uno de sus miembros para que fuera capacitado y certificado como promotor. El integrante elegido debía organizar reuniones y visitar a cada miembro al menos una vez por mes y recopilar información como parte del sistema de supervisión.


En 2001 las exportaciones llegaron casi a 2 900 toneladas. La organización contaba con el reconocimiento de su marca registrada como gourmet «Café Mam», café de gran altura. ISMAM adquirió una planta de tostado y empacado con capacidad de 2 toneladas/hora. Mendoza enfatiza el hecho de que la planta había estado operando muy por debajo de su capacidad, y que había tenido que competir con empresas transnacionales. Inversiones La iglesia jugó un papel determinante en el desarrollo de ISMAM. Uno de los sacerdotes se convirtió en el asesor oficial de la organización. El programa gubernamental «Alianza para el Campo» proporcionó subsidios de un 25 a un 50 por ciento a las inversiones de los productores individuales. A partir de 1992 ISMAM recibió también recursos del Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad (FONAES), los cuales se usaron inicialmente para el equipamiento de la planta de almacenaje y elaboración. Entre 1998 y 2001, FONAES financió la modernización de las instalaciones y proporcionó crédito a los miembros de ISMAM. Adicionalmente, el Banco de Crédito Rural ha financiado las operaciones de ISMAM por un período prolongado, incluyendo un crédito para la ampliación de las plantas de elaboración, una línea de crédito rotatorio a tres años para la compra de café a sus miembros y para créditos personales para los productores de ISMAM. En cuanto a los créditos, ISMAM nunca ha tenido un caso de incumplimiento, en tanto que los créditos personales a miembros individuales han tenido una tasa muy baja de incumplimientos, de sólo el 2 por ciento a finales de 2001. Economía de la granja Los métodos tradicionales usados en la producción de café de sombra eran muy similares a los métodos orgánicos. Los cambios más importantes son la aplicación de medidas de conservación de suelos y la introducción de nuevas especies de árboles, lo que exige ante todo mano de obra para la construcción de las terrazas. Los costos de producción por hectárea se incrementaron considerablemente; alrededor de un 47 por ciento más que en la producción convencional de bajos insumos, aunque el 46 por ciento de estos costos más altos se debió a la mayor productividad obtenida (del 30 al 50 por ciento), con costos más altos de cosecha, elaboración y transporte. Si se comparan con los costos de producción de agricultores en mayor escala que utilizan métodos convencionales de altos insumos, los costos de producción de café orgánico fueron inferiores en un 11 por ciento para el mismo rendimiento. Entre 1993 y 2001 ISMAM obtuvo primas del mercado orgánico de entre el 30 y el 87 por ciento, y ha vendido alrededor del 30 por ciento en comercio justo desde mediados de 1990, obteniendo así precios aún mejores. Esto le permitió a ISMAM pagar a sus miembros un precio con prima del 45 por ciento en promedio en 2000 y del 65 por ciento en 2001. Los productores pueden escoger si quieren recibir el pago a la entrega o posteriormente (al remate) con la ventaja de que se recibe un precio más alto. Las personas entrevistadas por Mendoza dijeron que la mayoría elegía la mitad de cada opción porque necesitaban efectivo para cubrir pagos de mano de obra contratada para la cosecha. Mendoza estimó asimismo que a través de ISMAM la media de los ingresos familiares se había incrementado en un 30 por ciento. La habilitación de un organismo local de certificación en la segunda mitad de los 90 (Certimex) contribuyó a disminuir los costos de certificación para los agricultores orgánicos en México en general. CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE TANZANIA Basado en el informe de Jones et al., 2000. Antecedentes históricos La intervención del gobierno en las cooperativas a finales de los años setenta y a principios de los años ochenta derivó en una estructura de cooperativas altamente politizada. El fracaso de este enfoque llevó en 1991 a la reintroducción de cooperativas que tuvieron una sólida base en sus miembros. Esto


coincidió con la adopción de políticas de liberalización del mercado de café y la entrada de los comerciantes privados. La participación en el mercado de café de los comerciantes privados se incrementó, de menos de un 10 por ciento en 1993/1994 a más del 70 por ciento en 1998/99. Había entonces alrededor de 20 comerciantes privados, muchos de ellos filiales o agentes de compañías multinacionales. El nuevo sistema de concesión de licencias requirió que los comerciantes pagaran la totalidad del importe de sus compras contra la entrega de los productos. Esto obligó también a las cooperativas a incrementar los montos de los anticipos y a abolir los créditos para insumos, porque no tenían la seguridad de recibir el pago, puesto que los agricultores podrían escoger a otros compradores. Como la mayoría de los productores han sido considerados como no fiables para obtener crédito por los bancos, la falta de servicios financieros es un problema muy importante. La liberalización conlleva a más competencia, y la proporción de los precios al remate transferidos a los productores creció del 50 por ciento en 1990/91 al 70 por ciento en 1998/99. Esto, aunado a niveles de precios más altos en el mercado mundial en 1995-1997, tuvo como resultado precios más altos al productor, pero que en el período 1999/2000 cayeron en un 50 por ciento. Historia y organización La Unión Cooperativa Kagera fue la primera cooperativa que vendió a través de los canales del comercio justo (1990). Esta organización compró café robusta a cerca de 40 000 agricultores del distrito de Kagera y vendió entre un 6 y un 10 por ciento como comercio justo. Al principio la cooperativa también compró arábica de la KNCU (unión de cooperativas nativas de Kilimanjaro) y lo vendió a los mercados del comercio justo. La operación no logró satisfacer a todos. En 1993 la unión KNCU se registró y empezó a adquirir gradualmente el mercado de exportación del comercio justo. KNCU contaba originalmente con 96 sociedades primarias. Los agricultores habían estado vendiendo en forma creciente a los compradores privados y sólo la mitad de su café a la KNCU. De ello, entre el 10 y el 15 por ciento al comercio justo. La tercera cooperativa que vendió utilizando los canales del comercio justo fue la Unión de cooperativas del distrito de Karagwe, pero en 1997 varios miembros directivos fueron acusados de corrupción y la cooperativa fue suspendida del registro de FLO. Después del nombramiento de un nuevo comité de gestión, la cooperativa fue readmitida en 1998. Pero en esta ocasión sólo se compró una pequeña cantidad del café del distrito. La Cooperativa Kagera introdujo la Unión de cooperativas Arusha a la Fundación Max Havelaar. En 1996 se exportó un contenedor a los mercados del comercio justo, pero fueron incapaces de obtener créditos para una financiación anticipada y sólo pudieron comprar cantidades limitadas de café. En 2000 nuevamente fueron considerados como fiables para la obtención de crédito y esperan reiniciar las exportaciones y ventas al comercio justo. Economía de la granja Debido a que la mayoría de las organizaciones e importadores del comercio justo negocian directamente con las cooperativas, los agricultores individuales están vagamente enterados del significado del comercio justo. Dado que sólo una pequeña parte se vende como comercio justo, el precio con prima difícilmente altera el precio promedio recibido por los agricultores individuales, además de que, en muchos casos, las primas no se pagan directamente sino que se destinan a proyectos. Por ejemplo, la KNCU ha elegido un «comité de primas» que pide sugerencias a las sociedades primarias para el uso de las primas. En tres años de operación, la prima se ha usado para la publicación de un libro sobre ganado de calidad, un viaje de investigación para 50 miembros a Kenya e intercambios de extensión entre los productores. Si los precios del mercado mundial suben, el café arábica de Tanzania sube aún más, debido a las primas por calidad, y las organizaciones del comercio justo tienen que esforzarse aún más para lograr comprar algo. A pesar del efecto directo, casi insignificante sobre los ingresos, se informa que el precio mínimo del comercio justo ha incrementado a su vez los precios del café convencional en un 3 por ciento en el momento en que las uniones vuelven a comprar el café de sus miembros en el remate para satisfacer los pedidos del comercio justo.


Desarrollo organizativo Se informó que los beneficios más importantes del comercio justo eran el financiamiento anticipado, el fomento de la capacidad y la simplificación del comercio. El financiamiento anticipado es importante debido a que la incapacidad de igualar los pagos por adelantado que otorgan los comerciantes privados, ha hecho que la mayoría de las cooperativas pierda su participación en los mercados. No obstante, el financiamiento anticipado recibido de los canales del comercio justo es sólo una pequeña parte del financiamiento total que requieren las cooperativas para comprar el café de sus miembros. El comercio justo ha sido un factor significativo para el establecimiento en las cooperativas de departamentos de exportación, que también han sido usados de manera limitada para exportar directamente a los mercados convencionales, reduciendo la dependencia de los remates y aportando conocimientos más amplios del mercado internacional del café. 6.4 LECCIONES APRENDIDAS DE LOS CASOS DEL COMERCIO JUSTO En todos los casos que involucran a cooperativas de agricultores, es claro que la prima en el precio del comercio justo es sólo una parte, y con frecuencia pequeña, de los beneficios totales derivados del sistema. El éxito de la auto-gestión parece ser más importante, y se manifiesta en mejores posiciones de negociación, mejor credibilidad para la obtención de crédito y economías de escala. El sistema de comercio justo contribuye a lograr estos éxitos a través del fomento de la capacidad, de un mercado inicial asegurado, de nexos con el mercado internacional y del aprendizaje en la práctica de la exportación. Aún más, y al igual fue en los casos de comercio orgánico, el comercio justo contribuyó a mejorar la calidad del producto. En el análisis y de manera ideal, uno quisiera separar la contribución del sistema de mercadeo del comercio justo de la contribución que dan las actividades adicionales de apoyo al desarrollo. Si los beneficios se derivaran principalmente del sistema de mercadeo, sería deseable lograr un incremento en el mercado de los productos del comercio justo. Si, por el contrario, los beneficios resultaran principalmente de las actividades adicionales de apoyo, se podría también reproducir el enfoque de estas actividades sin la necesidad del comercio justo. No obstante, parece que ambos se apoyan mutuamente y están sumamente entrelazados. Un motivo de preocupación para la evolución del comercio justo en el futuro es la ya comentada falta de información entre los agricultores de grandes cooperativas. Se podrían tener dudas en relación con la «democracia efectiva» de estas organizaciones y sospechar el surgimiento de una nueva «clase de gestores». Esto no es malo per se, puesto que cualquier organización se beneficiaría de tener una dirección profesional, mientras que ésta sea efectiva y democráticamente controlada por sus miembros. Probablemente sea de importancia para la evolución a largo plazo la percepción por parte de los consumidores de que pagar precios más elevados mejora directamente los ingresos de los agricultores. Como puede concluirse de estos casos, esto no siempre es así. Esos consumidores tendrían que ser convencidos de que el desarrollo de la capacidad organizativa de los grupos de agricultores y el crédito y los proyectos educativos financiados por las primas están contribuyendo a lograr mejoras permanentes en los niveles de vida de los agricultores. Como se hizo notar en el capítulo 5, la oferta de los productores certificados por FLO es mucho mayor que la demanda. Esta es una de las razones principales por las que las primas de comercio justo no siempre mejoran directamente los ingresos de los productores. Con frecuencia un porcentaje bajo de la producción total se vende en el mercado de comercio justo, por ejemplo, en los casos del café de Tanzania y del cacao de Ghana. Se requiere una participación mayor en los mercados para poder tener un impacto más directo en los ingresos.


En el caso del café orgánico de comercio justo el tema es diferente. Debido a que hay más controles para la certificación individual, los agricultores son mucho más conscientes del etiquetado y de que las primas por el comercio justo orgánico son significativas. UCIRI e ISMAM han logrado también vender una parte importante de sus productos con sus propios sellos, por lo que sí ha habido un impacto directo en los ingresos de los agricultores. VREL es aquí el único ejemplo de situaciones en que se contrata mano de obra y no puede ser usado como caso típico para sacar conclusiones generales. Sin el comercio justo VREL no habría obtenido licencias de importación a la Unión Europea, así que el comercio justo salvó a VREL. Seguramente será difícil repetirlo. 6.5 OTRAS NORMAS Pocos estudios de casos documentados que contengan información sobre el impacto y los costos de conformar con las otras normas analizadas en el capítulo 3. Algunos casos se resumen en los cuadros 8 a 10.

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NARANJAS DE CULTIVOS SOSTENIBLES EN COSTA RICA Basado en informes de Andersen y Somaribas, 2003, y Peris Moll, 2003. Historia y organización Del Oro tenía una superficie total de 7 000 hectáreas de las cuales 3 000 estaban destinadas a la producción de cítricos. El resto eran tierras boscosas. Del Oro era propiedad de la empresa Commonwealth Development Corporation (actualmente conocida como CDC Group plc). Como se trataba de una plantación joven, la producción anual crecía continuamente a medida que maduraban los árboles, con un súbito impasse en 1998 y 1999 debido a El Niño. La compañía tenía cinco plantaciones, todas certificadas con la norma ISO 14001. La colaboración con SAN empezó en 1996, con el desarrollo de las normas SAN para la producción de cítricos y fueron certificadas a finales de 1997. La transición de una granja a la producción orgánica comenzó en 1998 y fue certificada como orgánica en 2000. El análisis costo-beneficio se efectuó con los datos de cultivos de los años 2000/01 y 2001/02. Inversiones para la certificación conforme a SAN Se hicieron inversiones de infraestructura, incluyendo edificaciones, servicios sanitarios y galpones para la maquinaria y los agroquímicos. Se elaboró un plan de reciclaje así como un programa de salud ocupacional, que incluía la compra de equipo para la aplicación de plaguicidas. Al principio se aplicaba el herbicida paraquat junto con los fertilizantes, por lo que el cambio de herbicida a uno menos tóxico también significó una ronda extra de aplicación. Los costos totales anuales de aplicación de la norma, incluyendo las horas-extras de trabajo alcanzaron los 47 850 dólares EE.UU., equivalentes a 16 dólares EE.UU./ha/año, lo que representó el 1,5 por ciento de los costos totales de producción. Parte de estas inversiones tendrían que haber sido hechas posteriormente, debido a la introducción de una nueva legislación o de una observación más estricta del cumplimiento de la ya existente. De cualquier manera, los costos podrían haber sido diferentes, puesto que las normas SAN tenían especificaciones más precisas. Inversiones para la certificación orgánica Al iniciar la conversión a orgánica en una de las plantaciones, Del Oro suspendió la entrega de fertilizantes químicos, pero sin contar aun con un plan de manejo orgánico, lo que resultó en una fuerte caída de la producción. Después de ocho meses se empezó conscientemente a aplicar abono orgánico en forma de estiércol avícola, fertilizante foliar y encalado. Junto con un ligero incremento en los costos para combatir malezas y controlar plagas, los costos totales para el período de transición se calcularon en 1 484 dólares EE.UU./ha. Al ser anualizados, la amortización de estos costos de transición alcanzó el 1,3 por ciento de los costos totales de producción. Ayuda en relaciones públicas En 1998 Del Oro llegó a un acuerdo con el parque vecino «Guanacaste Conservation Area» (ACG), para transferir 1 200 hectáreas de las reservas de bosques al área de conservación en un período de 20 años. También se acordó que Del Oro pagaría por diversos beneficios derivados de la vecindad con el área protegida, tales como el control natural de plagas y el agua limpia proveniente de los bosques. El pago más importante al parque era por la biodegradación de 1 000 cargas de desechos de naranjas transportados por camiones de la planta de jugo. Se planeó que los desechos serían depositados en lugares seleccionados de antemano dentro del área de reserva, con la finalidad de regenerar suelos y en particular, de deshacerse de la jaragua, hierba introducida de origen africano, que estaba abundando y desplazando a la flora autóctona. El acuerdo entre Del Oro y el parque fue una gran noticia. Sin embargo, los cúmulos de desechos podridos e infestados de moscas despertaron las críticas. Como resultado, Del Oro ha gastado alrededor de 100 000 dólares EE.UU. en multas y en relaciones públicas para defender el acuerdo, pero todo fue en vano. El secretariado de SAN apoyó públicamente a la empresa durante este período, lo cual fue muy valorado, pero el acuerdo se canceló en 2000.


Economía de la granja Después de lograr la certificación de SAN, Del Oro trató de vender jugo de naranja certificado con esa etiqueta en los Estados Unidos y en Costa Rica, pero sin una buena respuesta de mercados porque se cree que existía desconocimiento de la norma SAN por parte de los consumidores. Hoy Del Oro vende el jugo como convencional mezclado con jugo de naranjas no certificadas que compran a productores locales. Para los períodos 2000/01 y 2001/02 se hizo un análisis de los costos de producción y las utilidades. Un aspecto destacado del análisis fue la aplicación de compost. Cuando no fue posible degradar los desechos de naranja en ACG, éstos fueron convertidos en compost. Ello resultó en un costo por aplicación de 2,50 dólares EE.UU./árbol, mientras que el precio de compost de buena calidad en el mercado no rebasaba los 1 dólar EE.UU./árbol. Esta distorsión se agravó porque Del Oro intentó usar el compost en plantaciones seleccionadas para elevar artificialmente los costos de producción por motivos fiscales. Los costos del compost fueron omitidos completamente del análisis. En 2002, los costos totales de producción para granjas certificadas bajo SAN fueron de 1 028 dólares EE.UU./ha y de 1 128 dólares EE.UU. para certificación SAN orgánica, es decir, un 9,7 por ciento más altos. Los costos variables antes de la cosecha fueron de 352 dólares EE.UU./ha y de 486 dólares EE.UU./ha respectivamente, es decir, un 37 por ciento más altos para el cultivo orgánico. Los rendimientos estuvieron en 24 toneladas/ha en promedio para las granjas certificadas como SAN, en comparación con 15,5 toneladas/ha para las orgánicas (que en 2000 habían descendido a menos de 10 toneladas/ha). Como los rendimientos en las granjas orgánicas estaban aún en recuperación, se esperaba que las diferencias entre uno y otro rendimiento se redujeran. También debe hacerse notar que se eligió a una de las granjas con las peores cifras de operación para su conversión a manejo orgánico. El precio con prima fue de 0,42 dólares EE.UU. x pps por caja (pps=pounds per solid, libra por sólido) Esto produjo una utilidad neta para la granja orgánica de 573 dólares EE.UU./ha quedando en el centro de la gama de utilidades de las otras cuatro granjas, que iban de 284 dólares EE.UU./ha a 878 dólares EE.UU./ha. Se esperaba que los rendimientos orgánicos mejoraran, pero el mercado orgánico estaba empezando a saturarse y en la temporada 2002/03 parte de la producción orgánica tuvo que venderse como convencional. Los costos de certificación SAN para el total de las plantaciones de Del Oro fueron de 25 000 dólares EE.UU./año mientras que los costos de certificación orgánica por dos organismos certificadores diferentes alcanzaron los 9 000 dólares EE.UU./año para una sola granja. Otros beneficios La gerencia de la empresa aprendió mucho durante el desarrollo y la aplicación del estándar de SAN, del mismo modo que durante el período de conversión a orgánico. Después de la certificación SAN, se desmotivaron por el hecho de que SAN dejó de ofrecer asesoría para evitar conflictos de intereses relacionados con su función certificadora. VINO ÉTICO DE SUDÁFRICA Basado en los informes de Collinson, 2001, y Ewert y Martin, 2002. Historia y contexto En los últimos diez años la industria vinícola de Sudáfrica ha estado enfrentando la desregulación, la transición a la democracia, la ampliación de la legislación laboral en la agricultura y la apertura de mercados internacionales. Para el sector de cooperativas fue difícil la adaptación debido a que hasta entonces había estado protegido por precios mínimos, contingentes de siembra y ausencia de derechos laborales, orientado todo ello a la producción de vinos blancos baratos. El sector de fincas y bodegas privadas acogió los cambios y aprovechó las ventajas del mercado internacional, principalmente en el Reino Unido. Visto en conjunto, la industria vinícola se expandió, pero el crecimiento del empleo no ha sido mucho, debido al incremento en la productividad de la mano de obra (Ewert et al., 1998).


Aunque el sistema no carecía de características de bienestar (por ejemplo: alojamiento gratuito), muchos jornaleros trabajaban muchas horas por un pago muy reducido. Las nuevas leyes laborales mejoraron las condiciones de trabajo, en especial las relativas al horario de trabajo, a las licencias y a los despidos injustificados, pero también estimuló el uso de trabajo zafral. Casi todas las granjas que adoptaron los códigos de conducta laboral y que tomaron parte en el estudio sobre el costo de la conformidad con la norma proporcionaban condiciones aceptables de trabajo y buenos salarios. Fairview es una empresa privada productora de vino, que procesa sus propias uvas y las que compra a otros productores. El propietario tiene fama de ser uno de los mejores empleadores, y en 1999 se decidió a obtener la certificación SA8000. Para cumplir con la norma, tuvo que imponer estándares laborales a sus cinco proveedores de uvas. Por su parte, Graham Back Wines es una empresa igualmente progresista e inusualmente grande que puede emplear a un gerente de recursos humanos. Sonop Savisa ha sido propiedad de empresarios suizos desde 1992 y ha estado mejorando constantemente el bienestar de los trabajadores, permitiéndoles poseer y manejar sus propias residencias, instalaciones comunitarias y una pequeña área de viñedo. La cooperativa Vredendal combinó una instalación vinícola con una empresa comercial mayorista. Tenía 160 agricultores miembros en un área caracterizada por el bajo bienestar de los trabajadores. Aparte de Fairview, todas las granjas y cooperativas participaron en la planta experimental piloto de vino ético ETI. Metodología Collinson (2001) estudió la aplicación de la norma y midió o estimó todos sus costos asociados. Los costos fueron predicciones, pues ninguno de los participantes había terminado su etapa de supervisión ni se había declarado como certificado. Como consecuencia, la autora tuvo que hacer muchas suposiciones concernientes a la interpretación de la norma por aquellos que deberían verificarla, especialmente en cuanto a lo que constituye una vivienda y salario «decentes». Además, la autora supuso que todos los trabajadores tendrían salarios ajustados en una cantidad equivalente a la diferencia entre el salario real previo a la conformidad del salario más bajo y el salario decente básico. Los costos de verificación (inspección) del piloto ETI corrieron por cuenta de la ETI y sus supermercados miembros, por lo que no se tomaron en cuenta. El estudio de impacto de Nelson et al. (2002) involucró a cinco compañías en proceso de adopción de los códigos, incluyendo a las cuatro implicadas en el estudio del costo de la conformidad, y se les comparó con cinco compañías «similares» que no adoptaron los códigos. Los primeros indicadores de impacto fueron identificados a través de discusiones focales en grupo con trabajadores y tres estudios de casos de hogares de trabajadores. Para el estudio del impacto en sí, se entrevistó a un total de 161 trabajadores, 122 de ellos trabajando en plantaciones en proceso de adopción de los códigos (de los cuales 63 eran permanentes) y 39 en granjas que no estaban adoptando los códigos (de los cuales 33 eran permanentes). El costo de la conformidad En el año previo a la certificación los costos de planificación del sistema de manejo de Fairview alcanzaron los 20 850 dólares EE.UU. Los costos de la conformidad fueron inicialmente de 5 060 dólares EE.UU. y luego de 3 650 dólares EE.UU. anuales, principalmente para un almacén de productos químicos y equipo de protección para los trabajadores. Los costos para los proveedores de Fairview representaron el 1,3 por ciento del total de las ventas. Para Vinos Graham Back, los costos estimados alcanzaron los 670 dólares EE.UU. para la preparación y 3 200 anuales en la operación, principalmente para elevar los salarios del personal eventual. Se calculó que los costos de planeación de Sonop Savisa fueron de 1 460 dólares EE.UU., después de lo cual la empresa habría gastado 11 400 dólares EE.UU. anuales para elevar los salarios de los trabajadores. Los costos de planificación de la


empresa vinícola Vredendal se calcularon en 2 920 dólares EE.UU., después de lo cual la empresa vinícola hubiese tenido que gastar 38 490 dólares EE.UU. anualmente en salarios más altos y en la amortización de un nuevo almacén de productos químicos. Un agricultor miembro de Vredendal gastaría 1 460 dólares EE.UU. en la preparación, y posteriormente de 12 450 a 14 762 dólares EE.UU. anualmente para realizar mejoras en las viviendas de los trabajadores. A excepción de la cooperativa Vredendal, los costos en sí no habrían sido un gran problema ya que ellos estarían entre el 0,1 por ciento y el 1,3 por ciento de las ventas. Sin embargo, para la empresa vinícola los costos reducirían la utilidad en forma drástica y para el agricultor miembro serían tan altos, que eventualmente los podrían llevar a la bancarrota. Las mejoras en la vivienda de los trabajadores necesarias para cumplir con las directrices de la ETI (tal como lo interpreta la autora) sólo pueden realizarse lentamente para asegurar que los trabajadores no pierdan su trabajo. Impacto y beneficios La identificación por parte de los trabajadores de necesidades prioritarias reveló que éstos coinciden con los aspectos centrales de las disposiciones de los códigos (alojamiento, salarios, y buen trato en general). Necesidades tales como el empleo y la seguridad laboral, la capacitación continua y la información sobre la operación de la empresa no están consideradas en el código, mientras que otras relativas a asuntos locales sí lo están. También se observó que ciertos asuntos que están previstos en el código, tales como la salud y la seguridad en el lugar del trabajo, la libertad de asociación, el trabajo de niños y el horario de trabajo, no fueron identificados como aspectos importantes. El estudio de impacto reveló que las compañías que adoptan los códigos exportan en promedio un mayor porcentaje de su vino y obtienen utilidades más altas que las empresas que no forman parte del proceso. Es importante hacer notar que la mayoría de las empresas en el primer caso probablemente decidieron aplicar el código debido a que ya estaban enfocando los asuntos sociales. La razón principal dada por los directivos para adoptar el código fue la simplificación del acceso a mercados específicos. Todos los administradores de empresas en proceso de adopción del código sabían a qué se refería éste, y sólo tres administradores de empresas no adoptantes sabían de su existencia, aunque no tenían un conocimiento detallado de su contenido. Casi la mitad de los empleados de las plantaciones adoptantes había oído del código de buenas prácticas, pero sólo 8 de ellos tenían un conocimiento más amplio de él. Una compañía había experimentado los beneficios de las relaciones públicas porque se la había usado como ejemplo en presentaciones. La granja cooperativa veía a la ETI como una tercera parte neutral que podía introducir cambios en las condiciones laborales, al tiempo que protegía a la dirección de convertirse en el blanco de conflictos entre miembros. Los acuerdos laborales siempre habían sido considerados como sacrosantos por los productores y no como asuntos de la dirección de la cooperativa. Inmediatamente después de suscribir el proyecto piloto de ETI, los miembros de la cooperativa habían introducido contratos escritos y mejorado las prácticas de salud y seguridad, y habían puesto en marcha un programa para mejorar la disponibilidad de viviendas. Una compañía había puesto fin a la discriminación de género; otra no volvió a permitir el trabajo de menores en la granja, aún cuando esto siempre había sido una decisión voluntaria. Una tercera granja había elevado el nivel de la reglamentación de la higiene y la seguridad. Los directores notaron que algunos asuntos sociales, especialmente los problemas domésticos de los empleados no estaban previstos en el código. Como la mayoría de los trabajadores permanentes viven en la granja estos problemas no se constriñen únicamente al ámbito doméstico.


Cuando se compara la posición de los trabajadores de compañías adoptantes del código con la de las no adoptantes, los primeros constituyen una fuerza laboral más educada, ya que más trabajadores han sido enviados a cursos de capacitación. Las compañías no adoptantes proveyeron a un 15 por ciento de sus trabajadores con bebidas alcohólicas (anteriormente era común pagar parcialmente con raciones de alcohol), frente a sólo un 3,5 por ciento de los trabajadores de empresas adoptantes del código. Las condiciones en el empleo fueron considerablemente más favorables en las granjas adoptantes, es decir, hubo un mayor número de contratos por escrito, más provisión de prendas protectoras, subsidios para tratamientos de salud y educación sobre el VIH y el SIDA. En las granjas adoptantes, el 87,5 por ciento de los empleados comentaron tener representados sus intereses por un comité de trabajadores, mientras que en las empresas no adoptantes sólo el 15 por ciento estaba representado. En contraste, la calidad de miembro de los sindicatos de trabajadores era cinco veces más alta en las compañías no adoptantes. Se concluyó que los trabajadores de las empresas adoptantes estaban en una mejor situación, pero que esto era debido principalmente a una política de responsabilidad social existente antes de la aplicación del código. PIÑAS DE GHANA CON CERTIFICACIÓN EUREPGAP Basado en el informe de Foli Gogoe, 2003. Historia y organización La piña es actualmente el cultivo no tradicional de exportación de Ghana con las mayores expectativas de utilidad económica. El valor de las exportaciones ascendió a un 37,5 por ciento entre 1997 y 2001, para alcanzar los 13,2 millones de dólares EE.UU. Ello a pesar de que un exportador reportó que el precio había caído entre 1993 y 1998 de 0,65 a 0,45 dólares EE.UU./kg. El uso de agroquímicos consiste en aplicaciones puntuales siguiendo las recomendaciones que dio un consultor a principios de los años noventa. Existen 60 exportadores registrados en Ghana, de los cuales 9 proveen alrededor de un 72 por ciento del total de las exportaciones. De este total, el 45 por ciento se obtiene de granjas de pequeños agricultores, ya sean productores externos, individuales o asociaciones de grupos (la mayoría asociados más con propósitos de capacitación que para el mercadeo). El financiamiento local ha sido siempre una limitante. En 2001 las tasas de interés fluctuaron entre 50 y 60 por ciento, combinándose con una inflación de dos dígitos. Cuando se puso en marcha el protocolo de EurepGap, Blue Skies fue uno de los primeros elaboradores-exportadores en desarrollo. Los agricultores prefieren vender a Blue Skies porque ésta ofrece el mejor precio, paga semanalmente y tiene programas de capacitación. Sin embargo, las desventajas de Blue Skies son los altos porcentajes de rechazos, una menor transparencia en el pesaje y un acceso no preferencial al crédito. Inversiones El protocolo de EurepGap tiene 250 puntos de control; la mitad de los criterios se refieren al uso de productos químicos durante el ciclo productivo y el tratamiento poscosecha. Para el proceso de certificación en EurepGap, Blue Skies opera como una organización de mercadeo o PMO (Producer Marketing Organization). Se gastaron casi 51 000 libras esterlinas en la realización de todo el proceso. Inicialmente 36 agricultores estaban dispuestos a someterse al proceso en dos grupos de 18 productores. Un grupo fue seleccionado por su capacidad de ofrecer un aprovisionamiento consistente y cumplir con los requerimientos de calidad. El tamaño de las granjas variaba entre 2 y 800 hectáreas. Blue Skies pagaba tres precios diferentes, dependiendo de la consistencia en el abastecimiento, de la calidad y de la habilidad negociadora del proveedor (se observó una correlación positiva entre tamaño y precio). Los agricultores fueron capacitados durante un período de dos años por el personal del área agronómica de la compañía, quienes habían sido a su vez capacitados por un consultor extranjero en la aplicación del protocolo de EurepGap. La lista de verificación de EurepGap tenía que adaptarse para que fuese pertinente al contexto de Ghana y se informó a las autoridades correspondientes. Los productores enfrentaron altos costos iniciales para construir y rehabilitar infraestructura como sanitarios y baños, almacén de productos químicos, recintos y oficinas. Algunos productores ya tenían cierta infraestructura e invirtieron menos dinero (especialmente aquellos con granjas más grandes que también eran exportadores de piña fresca entera). Alrededor de una quinta parte de los productores


obtuvieron créditos bancarios para las inversiones iniciales. En casos especiales Blue Skies incrementó los pedidos a fin de mejorar la situación financiera de los productores y permitirles cubrir el costo de la infraestructura. Como resultado del estándar de EurepGap, Blue Skies adoptó otro tipo de herbicida (menos tóxico) y reguló las cantidades de uso. Antes de EurepGap, algunos agricultores usaban un nematicida con clasificación 1b por la OMS, y que ya dejó de usarse. Economía de la granja Se recolectaron datos sobre los costos de producción antes y después de la aplicación del estándar EurepGap usando un enfoque participativo. Los resultados mostraron un incremento del 7,8 por ciento en las utilidades. No obstante, la diferencia no fue significativa porque hubo grandes variaciones entre los agricultores. Los costos totales de producción en promedio se mantuvieron iguales, pero la estructura presupuestaria cambió. En promedio, los costos totales se incrementaron en un 7,8 por ciento, principalmente debido al incremento significativo en la depreciación de las construcciones. Esto fue compensado por una disminución de los costos variables. En entrevistas a los agricultores, éstos informaron de grandes ahorros en agroquímicos, pero los resultados del estudio mostraron que éstos fueron muy modestos en realidad (en promedio el 5,4 por ciento en control de malezas, el 9,4 por ciento por uso de fertilizantes y un incremento en los costos de los plaguicidas debido a precios más altos). Los costos de cosecha disminuyeron debido a un menor uso de etefón para la maduración. Blue Skies trató de evitar completamente el uso de este insumo, pero ello conllevó a un nivel más alto de rechazos porque los productores no siempre podían determinar el momento preciso para la cosecha. En consecuencia Blue Skies decidió establecer de manera voluntaria el programa de maduración natural. Los productores enfrentaron costos adicionales por la eliminación de las plantas madres inmediatamente después del fin de su vida útil, antes de abandonar el barbecho y así prevenir la proliferación de enfermedades en el terreno. Los beneficios potenciales de esto sólo serían percibidos en años posteriores, lo que podría representar una reducción de los costos de plaguicidas. Los costos de mano de obra se incrementaron debido a la introducción de programas de pensión para los trabajadores y mejor asistencia médica. Otros costos relativos a la aplicación del estándar EurepGap fueron absorbidos por Blue Skies, como la capacitación y los análisis de suelos y agua, y los costos de certificación e inspección. Un efecto indirecto de la certificación EurepGap fue el incremento promedio del tamaño de las parcelas, debido a que ahora los productores certificados contaban con un mercado garantizado por Blue Skies. Otros beneficios y efectos El sistema de contabilidad fue de inmenso valor para el 80 por ciento de los agricultores que no llevaban un registro adecuado de sus operaciones. Otros efectos adicionales del estándar EurepGap consistieron en que los productores y los trabajadores pasaron más tiempo en las granjas, gracias a las comodidades adicionales como ser lugares sombreados, agua potable y servicios sanitarios, lo que permitió una mejor supervisión de las tareas. Los agricultores estaban orgullosos de que su granja se viese limpia y tanto ellos como los trabajadores mejoraron sus conocimientos sobre el manejo de agroquímicos. Los agroquímicos se almacenaban ahora adecuadamente y se usaba ropa de protección, medidas que redujeron los riesgos inherentes al uso de agroquímicos. 6.6 DEBATE Es difícil obtener conclusiones generales de los estudios de caso porque sólo hay un ejemplo para cada norma o estándar. No obstante, Del Oro es plenamente representativo de la aplicación del estándar SAN, habida cuenta de que no se involucra ningún precio con prima o etiqueta y que después de la aplicación del estándar la situación se ha mantenido estable. De los casos sobre la viticultura, es evidente que el costo de la conformidad con la norma SA8000 y el estándar de la ETI depende mucho de la situación inicial y de la exacta interpretación que se le dé a éste. Los costos de la conformidad cambian severamente si se especifican de manera diferente el salario decente o las condiciones de la vivienda de los trabajadores.


En Sudáfrica no sorprende que los requerimientos de las normas sólo hayan coincidido parcialmente con las prioridades de los trabajadores. En primer lugar, algunas normas son estándares que las compañías sudafricanas cumplen por defecto, por ejemplo no hay casos de trabajo forzoso. En segundo lugar, algunas de las prioridades de los trabajadores pueden ser difíciles de transformar en normas, como la seguridad laboral y las necesidades relativas a la esfera doméstica. Tercero, los códigos son internacionales y las prioridades de los trabajadores pueden diferir de país en país. Cuarto, algunos problemas pueden formularse de diferentes maneras. Por ejemplo, la reglamentación salarial puede estar basada en salario suficientemente elevado que elimine la necesidad de que el trabajo infantil aporte a la economía familiar, aun cuando éste puede no ser mencionado como un asunto prioritario. Blue Skies debería ser considerada como un caso especial por la forma en que aplicó el estándar EurepGap. El consultor externo normalmente trabaja sobre la aplicación de normas orgánicas, y este hecho podría haber influido en la interpretación del estándar EurepGap. En este caso, Blue Skies garantizó un mercado a los productores que sirvió como incentivo para su aplicación. Igualmente debe decirse que los minoristas que promueven el estándar pedirán en última instancia el estándar EurepGap como un prerrequisito, pero no están dispuestos o no son capaces de garantizar un mercado para proveedores certificados. Sólo unos pocos proveedores han obtenido la certificación y podrían usarla para sacar una cierta ventaja sobre sus competidores. No obstante, con el correr del tiempo se espera que esta ventaja se desgaste a medida que más y más proveedores obtengan la certificación. Antes de efectuar inversiones para cumplir con los requisitos de la certificación, los productores querrán consultar a sus compradores si el estándar EurepGap les dará alguna ventaja en el mercado.

La OMC y las normas sociales y ambientales, la certificación y el etiquetado 79

7. LA OMC Y LAS NORMAS SOCIALES Y AMBIENTALES, LA CERTIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las opiniones expresadas en este capítulo son exclusivamente responsabilidad de la autora y de

ninguna manera constituyen la postura oficial de la FAO. 7.1 INTRODUCCIÓN Los programas de certificación social y ambiental y de etiquetado utilizan los incentivos del mercado para promover mejoras administrativas por encima del mínimo nivel requerido por ley, para implementar leyes cuyo cumplimiento sería difícil de lograr por otros medios, o para sugerir un marco allí donde no existan leyes formales. A menudo estos programas hacen referencia a tratados o convenios internacionales y, a veces, son traducidos a normas verificables que son implementadas directamente, tanto por los productores como por los comerciantes. El papel complementario de estas iniciativas al marco reglamentario (inter)gubernamental, y el éxito de algunas de ellos en apropiarse de un segmento substancial del mercado, han desatado una serie de debates sobre el grado en el cual dichas iniciativas están sujetas a las disposiciones de la OMC, y si las quebrantan o no. El presente capítulo examina los aspectos jurídicos de las normas sociales y ambientales y de los programas voluntarios de certificación y etiquetado en la agricultura, conforme al GATT/ la OMC. Todas las transcripciones literales de los textos (OMC, 1994) de la OMC y los informes del grupo especial para la solución de diferencias, se encuentran en letras itálicas. Las disposiciones que aparecen en escritura romana son un resumen del texto o una interpretación de la autora. 7.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA OMC La OMC es la única organización internacional que se ocupa de las reglas de comercio entre las naciones. Su razón de ser son acuerdos, negociados y firmados por la mayoría de las naciones del mundo, y que fueron ratificados por sus parlamentos. Su función central es la de garantizar que el comercio fluya de la manera más calma, predecible y libre que sea posible. La OMC fue establecida en 1995 y actualmente cuenta con 130 miembros. Es la sucesora del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT). El Acuerdo del GATT de 1994 es ahora el principal acuerdo de la OMC para el comercio de productos. El sistema motiva a los países a resolver sus diferencias mediante la consulta. Si ello falla, las partes pueden seguir un procedimiento gradual, que incluye la posibilidad de un dictamen por un grupo de expertos, y la oportunidad de apelar en contra de su decisión (OMC, 2002a). ARTÍCULOS I Y III DEL GATT: APLICACIÓN NO DISCRIMINATORIA DE PRODUCTOS SIMILARES Los Artículos I y III de GATT son los principios básicos de la OMC y abogan por la no discriminación comercial. El Artículo I que lleva el título de Trato general de la nación más favorecida, establece:

1. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase [...], con respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de


otro país o destinado a él, será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinado.

El Artículo III lleva como título Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores, e incluye lo siguiente:

1. [...] los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos, [...] no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional. 4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior.

El principio de la nación más favorecida (NMF) en su párrafo 1, significa que los miembros de la OMC están obligados a tratar los productos de un país de una manera no menos favorable que los productos similares de otros países. El principio de trato nacional (TN) (§ III), indica que una vez que los productos hayan entrado al mercado éstos no pueden ser tratados menos favorablemente que los productos similares de origen nacional (adaptado de la FAO, 2000: 103-104). El término productos similares ha sido definido en grupos especiales como aquellos productos que cuenten con características y uso final iguales o parecidos. Esto dio origen a un debate acerca de los Métodos de Producción y Procedimiento (MPP). La OMC le permite a los países adoptar medidas de comercio que regulen las características de los productos o de los procesos relacionados y los métodos de producción, pero no permite restricciones de comercio sobre la base MPP no relacionados (o sea, MPP no relacionados con las características del producto como la calidad o la inocuidad de un producto) (según FAO, 2001: 60-63). En el informe de 1991 del grupo especial que examinó el caso atún-delfines (GATT, 1991), se interpretan los principios de NMF y TN para las reglas de etiquetado relativas a los MPP. Aunque el informe nunca fue adoptado, es uno de los pocos realizados por un grupo especial sobre etiquetado de MPP, que ha abierto las puertas a otras interpretaciones y continúa teniendo gran aceptación (Appleton, 1997: 145). El informe sostiene que:

«Las disposiciones de etiquetado del Acta de Información al Consumidor sobre la Protección a los Delfines (DPCIA, siglas en inglés[C14] ) no restringen la venta de productos de atún; esos productos pueden venderse libremente con o sin la etiqueta «Dolphin Safe» (delfines a salvo) [...] las disposiciones que rigen el derecho de acceso a la etiqueta [deben cumplir] las prescripciones del Artículo 1:1».

De esta manera el informe manifiesta que, siempre y cuando el etiquetado sea voluntario, el etiquetado sobre la base de los MPP no relacionados está permitido conforme al GATT, porque no restringe el comercio. El derecho al uso de la etiqueta no fue considerado como una ventaja otorgada por el gobierno – cualquier ventaja dependería de la posibilidad que tuvieran los consumidores de elegir libremente. No obstante, los criterios de certificación y etiquetado deberían ser aplicados de manera no discriminatoria a todos los solicitantes.


El informe del grupo de expertos también aclaró que el Artículo I del GATT era pertinente a tales esquemas de etiquetado. Pero fue menos claro en cuanto al Artículo III. Appleton estima que no es seguro que el Artículo III esté dirigido a los esquemas voluntarios, puesto que puede que no existan regulaciones o reglamentos en el sentido del Artículo III.1. Y aunque existiesen, no es seguro que se considere que afectaran la venta interna, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y uso de productos, debido a su naturaleza voluntaria (Appleton, 1997: 153). Ello debe determinarse caso por caso. ARTÍCULO XX DEL GATT: EXCEPCIONES GENERALES En los casos donde las normas, la certificación o los esquemas de etiquetado causaran una violación al Artículo I o al III, igualmente podrían cumplir con las reglas del GATT, siempre cuando fuera aplicable una de las Excepciones Generales del Artículo XX. Tales excepciones no deben aplicarse de manera arbitraria o ser injustificadamente discriminatorias entre países donde imperan las mismas condiciones. He aquí algunas de las excepciones más pertinentes del Artículo XX del GATT:

... ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas: (a) necesarias para proteger la moral pública; (b) necesarias para proteger la salud y la vida de las personas, de los animales y de las plantas; ... (d) [...] relativas a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error; ... (g) relativas a la conservación de los recursos naturales agotables, a condición de que tales medidas se apliquen conjuntamente con restricciones a la producción o al consumo nacionales.

7.3 EL ACUERDO SOBRE OBSTÁCULOS TÉCNICOS AL COMERCIO El GATT se ha vuelto un acuerdo central de la OMC y se aplica en todos los casos. También se han negociado acuerdos específicos que tratan determinados aspectos de comercio. El Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) es el más pertinente a las normas y los programas de certificación. El OTC aplica los principios de NMF y TN a los reglamentos técnicos y a las prácticas para el establecimiento de normas, y a los procedimientos de evaluación de la conformidad. Se debe tener en cuenta que el OTC está por encima del GATT en la jerarquía de Acuerdos de la OMC11. 7.3.1 Definiciones de los reglamentos y normas La interpretación de los términos y sus definiciones, conforme a su inclusión en el Anexo 1 del OTC, es crucial para entender otras disposiciones del OTC, y ha ocasionado muchos debates. Esta sección examina las definiciones de los reglamentos y normas, y si éstos abarcan las normas ambientales y sociales y los programas de certificación. El OTC establece reglas diferentes para reglamento o para norma, así que es necesario determinar si un estándar o programa de certificación queda incluido en uno u otro dentro del contexto del OTC.

11 Esto significa que, en caso de que hubiera conflicto con las disposiciones del GATT, se impone el Acuerdo OTC (Appleton, 1997:87, 91). Appleton se basa en Roessler, 1995.


Las definiciones El Anexo 1 del OTC estipula que [acentuado por la autora]:

Reglamento técnico: documento en el que se establecen las características de un producto o de los procesos y métodos de producción con ellas relacionados,… y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción. Norma: documento aprobado por una institución reconocida, que prevé, para un uso común y repetido, reglas, directrices o características para los productos o los procesos y métodos de producción conexos o para servicios o métodos de operación conexos, y cuya observancia no es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción. Nota explicativa: […] Las normas elaboradas por la comunidad internacional de normalización se basan en el consenso. El presente Acuerdo abarca asimismo documentos que no están basados en un consenso.

Debe observarse que aunque la mayoría de los debates que se dan a continuación se enfocan en casos de certificación o etiquetado, las definiciones también incluyen algunas reglamentaciones y normas no asociadas con declaraciones sobre el contenido o etiquetas. ¿De carácter obligatorio o voluntario? El cumplimiento con los reglamentos nacionales para la agricultura orgánica y etiquetado de productos orgánicos sólo es obligatorio si se ha escogido etiquetar a un producto como orgánico. Por lo que se podría argüir que el cumplimiento es voluntario, el cual no obstante es obligatorio si los productos orgánicos son considerados como pertenecientes a una categoría de productos específica. En el documento presentado al Comité OTC y el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA) en Suiza en 2001, se cuestionó la justificación de una distinción entre las normas y reglamentos obligatorios y voluntarios, argumentando que si un estándar tiene como efecto la segregación del mercado, la conformidad con la norma se vuelve obligatoria, para el productor que desea acceder a un nuevo segmento del mercado (OMC, 2001a). Algunos países están de acuerdo en que a veces los esquemas voluntarios pueden crear incertidumbre por su naturaleza voluntaria u obligatoria, o que los programas voluntarios pueden tener una relación con la competitividad o percepción y con la elección que hacen los consumidores. Muchos Miembros optaron por no considerar éste un tema de (re)negociación, opinando que no había necesidad de elaborar documentos explicatorios, aunque estuvieron dispuestos a debatir más sobre el tema para lograr un mejor entendimiento (OMC, 2001b, 2001g). La notificación por la Unión Europea en febrero de 2001 de un borrador de reglamento sobre las importaciones de productos orgánicos (OMC, 2001c) significa que, probablemente, la EU lo consideró como un reglamento técnico de carácter obligatorio en el sentido de OTC. Etiquetado MPP no relacionado Las normas sociales, laborales y generalmente también las ambientales pertenecen a los MPP que no afectan las características finales de un producto. En el Comité OTC se ha debatido si el etiquetado de un proceso no relacionado con el producto, y los métodos de producción (los MPP no relacionados), estaban cubiertos por las definiciones de los reglamentos o las normas. Algunos países piensan que ello no está claro porque la primera frase de cada definición habla de los MPP relacionados, pero en la segunda, sobre etiquetado, se omite la palabra «relacionado» (OMC, 2001a). Otros piensan que los MPP no relacionados no fueron objeto de una disposición. A algunos países les preocupó la proliferación de los requisitos del etiquetado para los MPP no relacionados.


Suiza observó que este asunto se complica más porque en la práctica puede ser difícil decidir si una etiqueta da la información sobre los MPP relacionados o no relacionados. Por ejemplo: una gran cantidad de zanahorias producidas orgánicamente contiene en promedio menos residuos de plaguicidas que las convencionales, pero cuando se compara una sola zanahoria orgánica con la convencional, puede que no se establezca una diferencia obvia. Por lo tanto no queda claro si las etiquetas orgánicas dan información sobre los MPP relacionados (afectando al mismo producto) o sobre los MPP no relacionados (OMC, 2001a). Appleton advierte que durante las negociaciones, la segunda frase no fue tratada como una disposición aislada. Por lo tanto argumenta que el etiquetado MPP no relacionado no está abarcado por el OTC. El trato que se le dará a los programas que conciernen tanto a los MPP relacionados como los no relacionados tiene que establecerse en la práctica. Una posibilidad sería que los Miembros apliquen el OTC a las normas relacionadas con el producto, y el GATT a las normas no relacionadas con el mismo (Appleton, 1997: 93-94, 124)12. Normas ONG Una peculiaridad del OTC es que define una norma como un documento aprobado por una institución reconocida sin definir la frase «institución reconocida». Webb argumenta que puesto que se usa la palabra «aprobado», «institución reconocida» puede querer decir el organismo que crea las normas, pero que puede también significar otro organismo que le dé aplicación a éstos (Webb y Morrison, 2002). Sin embargo, en la mayoría de la literatura se sobreentiende que las normas elaboradas por las ONG (al menos aquellos relacionados con las características de los productos) están incluidas en la definición sobre normas del OTC. ARTÍCULO 4: ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS Del análisis anterior se puede concluir que las normas ambientales voluntarias caen bajo la definición de «norma» del OTC, al menos para aquellas relacionadas con el producto. El OTC no se aplicaría a las normas laborales, que sólo incumben a requisitos no ligados a las características finales del producto. En cuanto a los programas de certificación y etiquetado que hacen referencia a dichas normas laborales, dependería de si la segunda frase de la definición de norma, se lee como una disposición aislada o no. Dado que el OTC es aplicable, por lo menos en parte, a las iniciativas que establecen las normas ambientales y laborales y de certificación, resulta útil examinar los requisitos para las normas en el OTC. El Artículo 4 del OTC dice:

Los Miembros se asegurarán de que las instituciones de su gobierno central con actividades de normalización acepten y cumplan el Código de Buena Conducta para la Elaboración, Adopción y Aplicación de Normas (denominado en el presente Acuerdo «Código de Buena Conducta») que figura en el Anexo 3 del presente Acuerdo. También tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para lograr que las instituciones públicas locales y las instituciones no gubernamentales con actividades de normalización existentes en su territorio, así como las instituciones regionales con actividades de normalización de las que sean miembros ellos mismos o una o varias instituciones de su territorio, acepten y cumplan el Código de Buena Conducta. Además, los Miembros no adoptarán medidas que tengan por efecto obligar o alentar directa o indirectamente a dichas instituciones con actividades de normalización a actuar de manera incompatible con el Código de Buena Conducta. Las obligaciones de los Miembros con respecto al

12 Appleton cita al señor Eglin, Director del OTC y de la División Medio Ambiente durante la Ronda Uruguay de negociaciones sobre la interpretación de la segunda frase de las definiciones.


cumplimiento de las disposiciones del Código de Buena Conducta por las instituciones con actividades de normalización se aplicarán con independencia de que una institución con actividades de normalización haya aceptado o no el Código de Buena Conducta.

La definición incluye normas de las ONG, pero a éstas no se las puede cuestionar directamente ante la OMC. La OMC sólo puede regular la acción emprendida por los gobiernos. En el evento de una disputa, pueden surgir preguntas en cuanto a si un miembro ha tomado «medidas razonables» que aseguren que dichas ONG cumplen con el Código de Buena Conducta. Un lenguaje análogo, que se encuentra en la solicitud que hace el GATT a los países para que tomen tales medidas razonables que estén a su alcance, ha sido interpretado por los grupos especiales como una exigencia a los gobiernos para que se sirvan de todas las medidas constitucionales con que cuentan. Existen una preocupación y un debate constante sobre lo que el término «constitucionalmente al alcance» exactamente requiere de los gobiernos (según FAO, 2001: 60-63). Al mismo tiempo las ONG, como cualquier otra organización, normalmente tienen que cumplir con las leyes y reglamentaciones nacionales en los países donde operan. Por ende, estas «medidas razonables» no deben ser muy preocupantes para las ONG puesto que ya serían operacionales y no significarían nada nuevo para ellas. CÓDIGO DE BUENA CONDUCTA PARA LA ELABORACIÓN, ADOPCIÓN Y APLICACIÓN DE NORMAS La OMC alienta a que los organismos de normalización acepten el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas (OTC Anexo 3). A continuación se analizará el Código, haciendo algunas comparaciones con los artículos del OTC relativos a los reglamentos técnicos. Estas últimas se presentan en cuadros de texto. Disposiciones Generales del Código de Buena Conducta El texto del Código de Buena Conducta comienza con algunas disposiciones generales, entre ellas:

B. El presente Código está abierto a la aceptación por todas las instituciones con actividades de normalización […]. Las instituciones con actividades de normalización que hayan aceptado o denunciado el presente Código notificarán este hecho al Centro de Información de la ISO/CEI en Ginebra.

Estas disposiciones indican el comportamiento que deben asumir las ONG que establecen normas. Sin embargo, la responsabilidad del cumplimiento con el Acuerdo de la OMC recae exclusivamente sobre las naciones Miembros. Los principios de NMF y TN La primera disposición sustancial del Código dice:

D. En relación con las normas, la institución con actividades de normalización otorgará a los productos originarios del territorio de cualquier otro Miembro de la OMC un trato no menos favorable que el otorgado a los productos similares de origen nacional y a los productos similares originados de cualquier otro país.

Lo anterior disposición combina los principios de TN y NMF y los aplica a las normas. Dicha disposición le agrega peso a la opinión de que el etiquetado MPP no relacionado no está permitido porque el sello establecería una diferencia entre los productos similares y ello, casi siempre, se trasluce en un trato menos favorable en la plaza de mercado. No obstante, en el informe de la disputa atún-delfines se argumenta que las ventajas no son impartidas por la autoridad que otorga el sello, sino que pueden surgir mediante la libre elección de los consumidores.


El Código continúa:

E. La institución con actividades de normalización se asegurará de que en el comercio internacional no se preparen, adopten o apliquen normas que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional.

Por su naturaleza obligatoria se supone que los reglamentos técnicos son más restrictivos al comercio y por lo tanto se han establecido condiciones más específicas que permiten tales reglamentos (véase el cuadro 1).

Cuadro 1. Objetivos legítimos del reglamento técnico restrictivo al comercio Conforme al Acuerdo OTC, Artículo 2 (2.2 y 2.3), los reglamentos técnicos no deberán ser más restrictivos de lo necesario para satisfacer el objetivo legítimo. Los objetivos legítimos son, entre otros: los imperativos de la seguridad nacional; la prevención de prácticas que puedan inducir a error y la protección de la salud y seguridad humanas, de la vida o la salud animal o vegetal, o del medio ambiente. Además, conforme al Artículo 2.5, un Miembro explicará, a petición de otro, la justificación del reglamento técnico. Los «objetivos legítimos» son una referencia para las Excepciones Generales del Artículo XX del GATT. Cuando los reglamentos relativos al etiquetado de los productos cultivados orgánicamente son considerados restrictivos al comercio, se puede razonar que están satisfaciendo el objetivo legítimo de prevenir prácticas engañosas o erróneas. Entonces se plantea la pregunta de si el objetivo de la «información al consumidor» está abarcado por la «prevención de prácticas que puedan inducir a error» (OMC, 2001a). Armonización internacional El Código de Buena Conducta establece que un organismo de normalización, conforme sea apropiado, puede adoptar normas internacionales existentes o inminentes, realizar esfuerzos para armonizar normas a nivel internacional, evitar la duplicación o solapamiento del trabajo de otros organismos y hacer esfuerzos para lograr consenso nacional sobre las normas elaboradas por éstos. En el Anexo 4 del informe de la tercera revisión trienal del OTC (OMC, 2000) se formulan principios para la elaboración de normas internacionales. El anexo contiene disposiciones relativas a la publicación y consulta, reglas no discriminatorias relativas a la calidad de miembro de los organismos internacionales de normalización y el acceso no discriminatorio e imparcial a la participación en la elaboración de normas. La imparcialidad y transparencia de cualquier proceso internacional de estandarización requiere la no exclusión de los países en desarrollo del proceso. El anexo establece además que las normas internacionales necesitan tener pertinencia y responder a las necesidades del mercado, y que no deben darle preferencia a las características o requisitos de países específicos cuando existen diferentes necesidades o intereses por parte de otros países. Se teme que el principio de la armonización internacional impediría el desarrollo de normas ‘superiores’ si ya existe un estándar internacional, ‘diluyendo’ de esta manera los reglamentos ambientales y orgánicos. Dentro del alcance del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF), en la «disputa carne de bovino tratada con hormonas», el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) falló que «basadas en» las normas internacionales significaba «en conformidad con» éstas, pero el órgano de apelación no estuvo de acuerdo con ello y dictaminó que «una medida basada en esa misma norma puede no conformarse con ella, como cuando solamente algunos elementos, y no todos, de la norma están incorporados en la medida» (OMC, 1998). Véase también el cuadro 2 para la interpretación de los artículos sobre armonización para los reglamentos a la luz de este dictamen.


Cabe notar que el OTC no indica sobre quién recae el peso de la prueba respecto de la decisión, si existe un estándar internacional pertinente y si un reglamento o estándar está en conformidad con la norma internacional. En caso de una disputa pueden surgir dudas acerca de qué constituye una norma internacional pertinente (según FAO, 2001: 60-63). La disposición que previene la duplicación y solapamiento toma mayor importancia en razón del número creciente de programas de normas y de certificación. También da origen al planteamiento de si, en efecto, ello evitaría la adopción de normas laborales dentro de un programa de certificación ambiental, cuando dichas normas ya han sido abarcadas por otro programa. Disposiciones para la publicación y consulta El Código dispone que un organismo de normalización publique sus programas de trabajo cada seis meses, indicando las normas que se hayan tomado como base para cada una de las normas internacionales. Antes de adoptar un estándar, el organismo de normalización tendrá un período de por lo menos 60 días de plazo para la presentación de comentarios por las partes interesadas. Dicho organismo proporcionará a petición una copia de los borradores presentados para ser comentados. Una vez que se adopte una norma, ésta será publicada inmediatamente. El organismo de normalización considerará toda queja, realizando un esfuerzo objetivo para darle solución conforme a la operabilidad del Código. Los miembros ISO/CEI harán todo lo que esté a su alcance para ser aceptados en su calidad de miembros de ISONET13.

Cuadro 2. Armonización internacional de los reglamentos técnicos Análoga a la interpretación que le da el Órgano de Apelación a los Artículos 3.1, 3.2 y 3.3 de 1998 (OMC, 1998) del Acuerdo MSF, y de los artículos 2.4, 2.5 y 2.9 del Acuerdo OTC, está la siguiente: 2.4 Los Miembros tomarán como base las normas internacionales pertinentes para sus reglamentos técnicos, pero ello no implica que deberán cumplir o estar de acuerdo con ellas. 2.5 Si el reglamento técnico está en conformidad con las normas internacionales pertinentes, entonces se presumirá que no crea un obstáculo innecesario al comercio internacional. 2.9 Si no están en conformidad con las normas internacionales, los Miembros notificarán a los demás Miembros, previendo un plazo para que puedan formular observaciones por escrito. La Unión Europea observó que los procesos internacionales de normalización pueden ir a un ritmo penosamente lento y por ende no responden a las necesidades reglamentarias de manera puntual. En consecuencia, la Unión Europea ha hecho un uso relativamente limitado de normas internacionales como base para sus reglamentos técnicos (OMC, 2002b). El Artículo 2.7 del OTC estipula que los Miembros considerarán favorablemente la posibilidad de aceptar como equivalentes reglamentos técnicos de otros Miembros, aun cuando difieran de los suyos, siempre que tengan la convicción de que esos reglamentos cumplen adecuadamente los objetivos de sus propios reglamentos. [Acentuado por la autora] Lo que sugiere que si los objetivos son legítimos y están basados sobre una evaluación de riesgo que considera la información científica (Artículo 2.2), un Miembro podrá establecer normas «superiores». OTROS ARTÍCULOS DEL OTC PERTINENTES A LAS NORMAS Artículos 5 a 9: evaluación de la conformidad Los artículos 5 al 9 del Acuerdo OTC describen los requisitos necesarios para la evaluación de la conformidad. Los artículos están precedidos por el título Conformidad con los reglamentos técnicos y las normas [acentuado por la autora]. Si bien los artículos 2 y 3 sólo hacen referencia a los reglamentos, y el 4 sólo a las normas, el título de los artículos 5 a 9 hace referencia a ambos. Por lo tanto es de asumirse que los imperativos para la evaluación de la conformidad se aplican tanto a los reglamentos como a las normas o estándares. Ello significa que para la elaboración, adopción y aplicación de un estándar, el artículo 4 hace referencia al Código de Buena Conducta y acepta que el

13 ISONET es la red de información de la ISO/CEI (Comisión Electrotécnica Internacional), cuyo monitoreo está a cargo del secretariado de la sede central de la ISO en Ginebra. En algunos países el centro de información de ISONET y el punto de información de la OMC para las normas y los reglamentos son la misma institución.


código es opcional, pero para la evaluación de la conformidad de las normas (o sea, incluyendo los programas de certificación y etiquetado), es obligatoria la conformidad con los artículos 5 a 9, al menos para los organismos gubernamentales. Los artículos 5 y 6 del Acuerdo OTC, exponen los requisitos para los organismos de evaluación de la conformidad de los gobiernos centrales. Entre otros, el artículo 5 estipula que: • Los procedimientos de evaluación de la conformidad por los organismos de los gobiernos respecto de los productos similares, tendrán un carácter no discriminatorio (conforme a los principios de la NMF y de TN), incluyendo el tiempo del proceso y honorarios, teniendo en cuenta la comunicación, el transporte y demás costos que surjan por las diferencias entre la ubicación de las instalaciones y la del organismo de evaluación de la conformidad; • los procedimientos de evaluación de la conformidad no serán más estrictos ni se aplicarán de forma más rigurosa de lo necesario para dar al Miembro importador la debida seguridad de que los productos están en conformidad con los reglamentos técnicos o las normas aplicables; • no se exija más información de la necesaria para evaluar la conformidad y calcular los derechos;

• se respete el carácter confidencial de los productos, como se hace con los nacionales, de tal manera que se protejan los intereses comerciales legítimos; • exista un procedimiento para examinar los reclamos y tomar medidas correctivas; y • se busque la armonización internacional y las notificaciones se hagan de manera similar a las normas y los reglamentos técnicos. El artículo 6 insta a los Miembros a aceptar los procedimientos de evaluación de la conformidad de los demás miembros, siempre que estén convencidos del nivel de equivalencia. Se reconoce que podrá ser necesario recurrir previamente a consultas para evaluar la competencia técnica de los organismos pertinentes de evaluación de la conformidad, y acordar la limitación de la aceptación de los resultados de la evaluación de la conformidad a los obtenidos por las instituciones designadas del Miembro exportador. Los Artículos 8 y 9 instan a los Miembros a tomar medidas razonables para garantizar que también las instituciones no gubernamentales y los sistemas internacionales, en los cuales participan organismos pertinentes dentro de su territorio, den cumplimiento a las disposiciones de los artículos 5 y 6. Las instituciones del gobierno central sólo deben confiar en dichos organismos y sistemas internacionales y ONG, si éstas cumplen con dichas disposiciones, a excepción de la obligación de notificar los procedimientos de evaluación de la conformidad en proyecto. Artículo 12: Información y trato diferenciado de los países en desarrollo Todo Miembro proporcionará un espacio de consulta apto para impartir información sobre los reglamentos, normas y procedimientos de evaluación de la conformidad en su territorio. Tomarán además las medidas razonables para facilitar el flujo de la información más reciente sobre dichas normas y sistemas de evaluación de la conformidad, elaborados, adoptados o puestos en operación por los organismos no gubernamentales, instituciones y sistemas internacionales pertinentes.


Los Miembros, cuando preparen o apliquen reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad, tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo, con el fin de asegurarse de que no se creen obstáculos innecesarios para sus exportaciones. Los Miembros tomarán las medidas razonables que estén a su alcance para facilitar la participación activa de los países en desarrollo en las instituciones internacionales de normalización y sistemas de evaluación de la conformidad, para asegurarse de que, cuando así lo pidan, las normas internacionales sean elaboradas teniendo en cuenta los productos de especial interés para ellos. Los Miembros proporcionarán asistencia técnica a los países en desarrollo, a fin de asegurarse de que la elaboración y aplicación de los reglamentos técnicos, normas y procedimientos para la evaluación de la conformidad no creen obstáculos innecesarios a la expansión y diversificación de sus exportaciones. El Comité OTC está facultado para conceder excepciones, especificadas y limitadas en el tiempo, al cumplimiento de obligaciones que emanan del presente acuerdo (a los países en desarrollo). Artículo 14: Solución de diferencias El Artículo 14 del Acuerdo OTC declara que la solución de diferencias se realizará siguiendo los procedimientos del GATT. Conforme al artículo 14.4, también es posible invocar al procedimiento para la solución de diferencias si los resultados, conforme a los artículos 3, 4, 7, 8 y 9 (concernientes a las instituciones locales y organismos no gubernamentales o a los organismos y sistemas internacionales), son considerados insatisfactorios por un Miembro, y sus intereses comerciales se ven significativamente afectados. A este respecto, dichos resultados tendrán que ser equivalentes a los previstos, como si la institución de que se trate fuese un Miembro. No queda claro si esto significa que los Miembros son responsables por el incumplimiento del Acuerdo OTC de las ONG de su territorio. Ello dependería, además, de la interpretación de «medidas razonables a su alcance», conforme al artículo 4.1. 7.4 CONSECUENCIAS DE LAS DISPOSICIONES DEL OTC Y GATT PARA LAS NORMAS SOCIALES Y AMBIENTALES VOLUNTARIAS, LA CERTIFICACIÓN Y EL ETIQUETADO El análisis anterior puede resumirse de la siguiente manera: las normas ambientales voluntarias ciertamente han sido abarcadas por la definición del OTC de norma, por lo menos en lo que se refiere a los requisitos relacionados al producto. El OTC no tendría validez en la elaboración y aplicación de estándares laborales que incluyen requisitos no conexos a las características del producto final. Pero sí tendría aplicación para los procedimientos de conformidad y programas de etiquetado que incumben a los MPP, y esto dependería de si se interpreta o no la segunda frase de la definición de norma como disposición autónoma. Los organismos que establecen normas (al menos los gubernamentales) deberían cumplir con el Código de Buena Conducta para la elaboración, adopción y aplicación de normas. Las normas que ellos elaboren deben ser no discriminatorias y no deben restringir el comercio; según convenga, deben estar basadas en normas internacionales; se debe realizar todo esfuerzo para la armonización internacional y ofrecer a las partes interesadas la posibilidad de opinar antes de que se adopte un estándar. Conforme al Artículo I del GATT, las normas no relacionadas con los productos no concederán ninguna ventaja a los productos de un país específico a costa de productos similares de otro país. No queda claro si el Artículo III también aplica, el cual estipula que una vez que los productos hayan entrado en un mercado, deben ser tratados de manera no menos favorable que los productos similares de origen nacional. En general, se considera que las normas voluntarias no violan estas disposiciones.


Los procedimientos de evaluación de la conformidad y de etiquetado para criterios relacionados al producto (y quizás hasta para los no relacionados) deben cumplir con los artículos 5 a 9 del Acuerdo OTC. Estos requieren, entre otras cosas, que las disposiciones que rigen el derecho de acceso a una etiqueta deben ser no discriminatorias, no más estrictas de lo necesario, lo más armonizadas internacionalmente posible, y contar con un procedimiento de quejas y de acción correctiva. Los organismos no gubernamentales están exentos de las obligaciones de notificación. LEYES NACIONALES Reglamentación de la agricultura orgánica No está claro si se considera que las reglas de etiquetado para los productos orgánicos están destinadas a los MPP relacionados o no relacionados. Cada vez hay más pruebas de que, en promedio, los productos de la agricultura orgánica contienen menos residuos de plaguicidas que los productos convencionales. En consecuencia, puede considerarse que el etiquetado de productos orgánicos, al menos en parte, está relacionado con los productos y por ende el OTC tendría aplicación. Las reglas nacionales para la agricultura orgánica y su etiquetado pueden ser consideradas reglamentos técnicos o normas, dependiendo de la interpretación de la palabra «obligatorio». En ambos casos, es probable que cumplan con el OTC y el GATT. Se puede trazar un paralelo con el caso atún-delfines, en cuyo informe el Grupo Especial estipula que «las disposiciones de etiquetado no restringen la venta de productos de atún; esos productos pueden venderse libremente con o sin la etiqueta «Dolphin Safe» (delfines a salvo) [...] las disposiciones que rigen el derecho de acceso a la etiqueta [deben cumplir] cumplen las prescripciones del Artículo 1:1» [principio NMF]. Los programas de certificación orgánica y el etiquetado no serían considerados restrictivos al comercio, porque los productos pueden ser vendidos libremente con o sin el rótulo de orgánico y se puede considerar que satisfacen requisitos legítimos como el de prevenir el engaño al consumidor. Sin embargo, las disposiciones que rigen el derecho de acceso a la etiqueta no deben ser discriminatorias. Las reglas se deben basar en las normas internacionales si así fuera necesario (las directrices del CODEX o las normas básicas de IFOAM). Los Miembros deben notificar sobre los proyectos de reglamentación orgánica o revisión de las normas vigentes que no esté en concordancia con las normas internacionales. Se permite a los Miembros establecer normas más estrictas que las fijadas por los demás Miembros, siempre que se pueda justificar con una evaluación de riesgo respaldada por evidencia científica. No obstante, esta última interpretación es muy controversial y sólo puede ser decidida a través de una disputa. Los actuales debates sobre la notificación que hiciera la Unión Europea en febrero de 2001 relativa a los requisitos de importación y certificación de productos orgánicos podrían esclarecer el significado práctico de las disposiciones del OTC. El borrador del Reglamento aspira a simplificar la rastreabilidad de los productos orgánicos importados, desde el momento en que salen de los sistemas de inspección de países terceros hasta su registro, conforme al sistema de inspección de la Unión Europea. El certificado de importación de los productos orgánicos garantizará que, efectivamente, éstos se originan en un sistema de elaboración o de producción cuya equivalencia ha sido reconocida por la Unión Europea La notificación se hizo conforme al artículo 2.9.2 por lo que el reglamento se considera obligatorio. Los Estados Unidos expresaron su preocupación acerca de los complejos procedimientos relativos a la aplicación de los nuevos requisitos de certificación para los países que no tienen un acuerdo equivalente con la Unión Europea14.

14 También se pudo haber hecho la notificación conforme al artículo 5.6.2, puesto que éste trata principalmente de los procedimientos de evaluación de la conformidad. El artículo 5.6.2 es pertinente para ambos reglamentos y normas, en tanto que el artículo 2.9.2 sólo incumbe a los reglamentos técnicos. OMC, 2001c.


Reglamentos nacionales sobre la responsabilidad social En enero de 2001, Bélgica notificó al Comité OTC acerca de un anteproyecto de ley que pretende promover la producción socialmente responsable. El objetivo de la ley es crear un sello que las compañías incluyan (voluntariamente) productos que cumplen con las normas fundamentales reconocidas por la OIT. La supervisión de estos criterios estaría a cargo de organismos acreditados y se crearía un comité para la producción socialmente responsable, cuya responsabilidad sería la de monitorear el otorgamiento de etiquetas y los procedimientos de asistencia a los países en desarrollo que deseen utilizar la etiqueta. Los organismos de control recibirían la acreditación conforme a los criterios EN 45004/ISO 17020 (criterios para la inspección de los órganos de inspección) y de la organización Social Accountability Internacional, SAI, para el ámbito de influencia de la norma SA8000 (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, 2002). En reuniones posteriores del Comité OTC se insistió en que el etiquetado fuera de carácter voluntario, por lo que no debería ser presentado bajo el artículo 2.9.2 (como reglamento) sino conforme al Anexo 3 relativo a las normas. Sin embargo, el Anexo 3 estipula que los organismos que establecen normas deben notificar al Centro de Información de la ISO/CEI. El parlamento belga no se considera a sí mismo como una institución de normalización y por lo tanto prefirió notificar al Comité OTC directamente para que cumpla con los procedimientos de notificación, es decir informar a los demás Miembros (OMC, 2001d). Los países ASEAN expresaron su preocupación de que la ley tiene su fundamento en un requisito arbitrario de adherencia a ciertos convenios de la OIT que resultarían en la discriminación comercial de productos. Su preocupación se explica por la naturaleza discriminatoria de la ley, puesto que sólo aplicaría a los productos importados, violando de esta manera el principio de Trato Nacional (OMC, 2001e). De hecho, la ley fue enmendada para que permitiera a las compañías belgas solicitar la etiqueta. Se reconocen las etiquetas equivalentes otorgadas por otros países u organizaciones internacionales si ofrecen garantías equiparables. Se adoptó la enmienda de ley que fue publicada en marzo de 2002 (Belgische Staatsblad/Moniteur Belge, 2002). Actualmente se está elaborando el reglamento para la ejecución práctica de la ley. Otro ejemplo de una propuesta de ley nacional fue una iniciativa de la ciudadanía votante en Berkeley, California, que fue votada en noviembre de ese año pero no fue aprobada. La iniciativa proponía una política para que el café en venta dentro de Berkeley fuera del comercio justo, cultivo de sombra u orgánico (Nieves, 2002; Hill, 2002). Esta ley hubiera sido obligatoria aún si las iniciativas de certificación fuesen voluntarias, y por lo tanto a ésta se le hubiese considerado como una ley del gobierno local. NORMAS Y SISTEMAS DE ETIQUETADO DESARROLLADOS POR LAS ONG Los estándares elaborados por las ONG (con o sin programas de etiquetado) se pueden considerar normas en el sentido del OTC. Una vez que una ONG haya aceptado públicamente el Código de Buena Conducta, está obligada a darle cumplimiento. Los Miembros deben tomar medidas razonables con el fin de asegurar que los sistemas de certificación y de etiquetado operados por las ONG cumplan con los artículos 5 y 6 del Acuerdo OTC (sobre evaluación de la conformidad). El Sistema ISO El sistema ISO/CEI está explícitamente reconocido en el OTC como uno que facilita normas aceptadas internacionalmente. Sus organismos miembros son organismos gubernamentales, paraestatales o no gubernamentales. A menudo estos últimos están compuestos por representantes de la industria. La ISO es reconocida desde hace mucho tiempo como la institución más importante que se ocupa del establecimiento de normas armonizadas internacionales para la industria.


El trabajo de elaboración de normas y responsabilidad social es una actividad reciente de la ISO. La norma relativa al sistema de la gestión ambiental (ISO 14001), ha sido rápidamente implementada por una amplia gama de sectores. Miembros de ONG ambientales y sociales con una posición crítica, declaran que algunos intereses, como los de los trabajadores y del medio ambiente, no se encuentran bien representados dentro del sistema ISO y que, por lo tanto, la ISO no sería la organización más apropiada para el establecimiento de estándares o normas en éstas áreas. De manera más amplia se ha reconocido que la ISO 14001 tiene un ámbito limitado porque sólo trata de sistemas de gestión. En vista de los imperativos de la armonización del Acuerdo OTC, se puede argumentar que los organismos que deseen establecer normas para los sistemas de gestión ambiental deben considerar la adopción de la ISO 14001, pero para las normas más orientadas a la productividad, la ISO 14001 es menos pertinente. Las normas y directrices de la ISO sobre los procedimientos para el establecimiento de normas o estándares y de evaluación de la conformidad están siendo ampliamente adoptadas por otras instituciones de acreditación y de certificación. IFOAM A los programas de certificación y etiquetado de los miembros de IFOAM no se les considera restrictivos al comercio. En la segunda revisión de sus IBS en agosto de 2002, IFOAM cumplió con las obligaciones de publicar y facilitar rondas de comentarios públicos. IFOAM promueve la armonización de normas a nivel internacional por un acuerdo de reconocimiento mutuo de los organismos de certificación acreditados por los IOAS (Servicio internacional de acreditación de la producción orgánica), por su participación en la preparación de las directrices del CODEX, así como en la ISEAL Alliance y en el proyecto SASA. Por su calidad de miembro de IFOAM y la participación internacional en la revisión de normas en agosto de 2002, se puede asumir también que las disposiciones que rigen el derecho de acceso a los sellos orgánicos administrados por los miembros de IFOAM son no discriminatorias. Parecería que IFOAM cumple con todas las disposiciones del Código a excepción de una: la notificación de aceptación del Código al Centro de Información de la ISO/CEI en Ginebra. IFOAM no aparece en las listas de organismos que han notificado al Centro (ISO, 2001). Puede que esto tenga que ver con el hecho de que esta lista sólo registra los organismos de estandarización nacionales. En sí, el cumplimiento con los artículos 5 y 6 no es pertinente a IFOAM puesto que no realiza evaluaciones de la conformidad. Sin embargo, sí es pertinente a todos los organismos de certificación que conducen programas de certificación orgánica y a los IOAS. Estos últimos, así como sus organismos acreditados de certificación, probablemente cumplen en un alto grado con los artículos 5 y 6, debido a que las directrices de acreditación y los criterios de IOAS están basados en las directrices de la ISO, y han sido desarrollados mediante un proceso internacional. Notable es que la ISO haya incluido a IFOAM en su Directorio de instituciones internacionales de normalización. La lista la clasifica como organismo internacional de normalización según la definición de la guía ISO/CEI, pero este hecho no constituye su reconocimiento formal (OMC, 2002c). En un informe de prensa sobre la lista ISO, IFOAM dijo que había desarrollado un proceso transparente, democrático y de fomento del consenso para el establecimiento internacional de normas orgánicas, el cual incluye a todos los interesados y cumple con los criterios del código de buena conducta de la OMC (IFOAM, 1999).


SAN, FLO, SAI y ETI La mayoría de las normas de la red SAN son ambientales, así como parte de las de FLO. Si bien sería necesario examinarlas individualmente, se puede asumir que al menos parte de ellas están relacionadas con el producto, en cuyo caso tendría aplicación el OTC. Simultáneamente la norma SA8000 de SAI y el Código Básico de la ETI son normas laborales no relacionadas con el producto. Como se analizó previamente, puede que los artículos relativos a la evaluación de la conformidad OTC tengan aplicación, sin embargo, aplicaría el Artículo I del GATT (y posiblemente también el Artículo IIII) para la elaboración, adopción y aplicación de las normas. Tanto SAN, FLO, SAI, como ETI, no han hecho ninguna declaración pública de aceptación del Código OTC. No obstante FLO, SAI y SAN, son miembros de la ISEAL Alliance. ISEAL está elaborando un programa de revisión para las actividades de acreditación y de establecimiento de normas realizadas por pares. Para el establecimiento de normas se está elaborando un documento normativo con base en el Anexo 4 (directrices para la elaboración de normas internacionales) de la segunda revisión trienal del OTC y basadas sobre las Guías de la ISO (ISEAL Alliance, 2001). Además, todas las normas laborales contenidas en SAN, GLO, SAI y ETI, se basan en los convenios de la OIT, cumpliendo por lo tanto con este importante requisito del Código. Respecto de las restricciones para el uso de plaguicidas, también FLO y SAN hacen referencia a mecanismos internacionales tales como el procedimiento de consentimiento previo informado. SAN, FLO y SAI no solamente establecen normas sino que también están directamente involucrados con las evaluaciones de la conformidad. SAI tiene en operación un sistema de acreditación. SAN y FLO realizan la certificación y ambos están en el proceso de separar las actividades de certificación de otras funciones. En enero de 2003, la unidad de certificación de FLO se convirtió en un organismo jurídicamente independiente y desde entonces opera conforme a las directrices de la ISO para instituciones de certificación (FLO y SAN, comunicación personal, 2002). Los miembros se comprometen a tomar las «medidas razonables a su alcance» para asegurar el cumplimiento de la norma SA8000 por parte de los organismos de certificación (si el OTC tiene aplicación). Hasta el presente no se conoce ningún tipo de acción por parte de los gobiernos que obligue o fuerce a las ONG a cumplir con el Acuerdo OTC, lo que sería además algo sin precedentes. La Iniciativa ETI no cuenta con un programa de evaluación de la conformidad. Las compañías que participan en ETI realizan una evaluación interna de sus plantas y a veces también las de sus proveedores, para verificar el cumplimiento con el Código Básico de la ETI, pero como este tipo de decisiones es interna el OTC no tiene aplicación. Se está desatando un debate pertinente acerca de la naturaleza cada vez más mundial de algunas compañías. ¿Hasta qué punto, las decisiones que dichas compañías toman son «internas», siendo que afectan a miles de proveedores en todo el mundo? Por su naturaleza voluntaria, las iniciativas no son restrictivas al comercio. Tampoco ofrecen ventajas, puesto que cualquier beneficio que se obtenga mediante el sello resultaría de la libre elección de los consumidores. Por lo tanto, lo más probable es que cumplan con el Artículo I del GATT, así como con el III, si a éste se le considera aplicable. 7.5 DEBATES EN CURSO EN EL SENO DE LA OMC ACTUALES DISCUSIONES Durante los dos últimos años, los sistemas de etiquetado han sido temas de discusión de las sesiones del Comité OTC. Dada la proliferación de los esquemas voluntarios y de carácter obligatorio se prevé que estos debates ganarán en importancia. El etiquetado en general, así como el ecológico (eco-etiquetado), también ha sido debatido en el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA). Sin embargo, la mayoría de los representantes pensaron que los debates en torno al etiquetado debían ser sostenidos por el Comité OTC y tan sólo los temas relativos al eco-etiquetado serían discutidos por el


CCMA (GATT, 1994). En octubre de 2001 Costa Rica presentó al CCMA un documento sobre la agricultura orgánica. En general, la agricultura orgánica se ve como un ejemplo de sinergias que pueden existir entre el comercio, el desarrollo y el medio ambiente. Se enfatizó la necesidad que existe de tener en pie sistemas efectivos y transparentes de certificación. La Declaración Ministerial de Doha instruyó al CCMA sobre la atención particular que éste debe prestarle a los requisitos del etiquetado ambientales. Esta labor incluye identificar cualquier necesidad de aclarar las reglas pertinentes de la OMC. El CCMA iba a presentar su informe ante la Quinta Sesión de la Conferencia Ministerial (en Cancún, México, 2003). No obstante, lo que pueda resultar de este trabajo no debe agregar o disminuir las obligaciones de los Miembros, conforme a los Acuerdos vigentes de la OMC y, en particular, conforme al Acuerdo sobre MSF (OMC, 2001f). En el Comité OTC, no se impartieron instrucciones para debatir los temas relativos a las normas y etiquetado. Una explicación no oficial en las páginas Web de la OMC, decía que el CCMA examinaría si las reglas vigentes de la OMC obstruían las políticas del eco-etiquetado y qué debates paralelos tendrían lugar dentro del Comité OTC (OMC, 2002d). En el Comité OTC muchos Miembros rechazaron la posibilidad de renegociación de las disposiciones del OTC. No obstante, dentro del Comité OTC y en el CCMA, algunos miembros han solicitado tener debates más estructurados sobre el etiquetado y varios documentos han sido presentados para este fin15. Se han organizado varios talleres. En el documento presentado en junio de 2002, la Unión Europea pregunta explícitamente si el Comité OTC ha analizado la necesidad de explicar las reglas de la OMC para el etiquetado (OMC, 2002f). Sin embargo otros Miembros han sido claros en expresar que no se requieren más aclaraciones. CUESTIONES PENDIENTES Considerando las opiniones expresadas en el Comité OTC, es probable que los debates en torno a las normas y a la certificación sociales y ambientales se concentren en el etiquetado. Estos debates pueden incluir los siguientes elementos: • Si los sistemas de etiquetado siempre son clasificados dentro de los procedimientos de evaluación de la conformidad y por lo tanto si tienen que cumplir con los Artículos 5 y 6. Si la respuesta es afirmativa, entonces los esquemas voluntarios de etiquetado gestionados por las ONG deben también conformar con los Artículos 5 y 6. • La interpretación del Acuerdo OTC, en relación con los sistemas de etiquetado MPP no relacionados: Algunos opinan que el OTC únicamente contiene disposiciones para los sistemas de etiquetado MPP relacionados, en cuyo caso se volvería pertinente el Artículo I del GATT, y posiblemente el III. • Si los sellos relativos a los organismos modificados genéticamente (OMG) contienen información sobre los MPP relacionados y no relacionados: Si se considera que están relacionados con la calidad y la inocuidad del producto final, entonces se justifica el sello obligatorio. Si se considera que son MPP no relacionados, probablemente sólo los esquemas voluntarios de etiquetado serían permitidos. • Si el objetivo legítimo de la «información a los consumidores» es el de evitar las prácticas que conducen al error o al engaño: Si la respuesta es afirmativa y el consumidor quiere estar informado acerca de los MPP utilizados en el proceso de producción, entonces parece que las disposiciones están en conflicto. La «información al consumidor» pasaría a ser una excepción de la aplicación de los principios NMF y TN, la cual permite el etiquetado obligatorio con información MPP no relacionada.

15 Inter alia WTO, 2002e (Communication from Canada); WTO, 2002f (Submission by the European Community); WTO, 2002g (Submission from Japan.); WTO, 2002h (Submission by Switzerland).


• La participación de los países en desarrollo en el establecimiento de normas requiere considerables recursos, tanto económicos como intelectuales, para participar en los organismos de establecimiento de normas como el sistema de la ISO y del Codex Alimentarius. Existe el peligro de que las normas reflejan los intereses de los países más ricos, los cuales pueden darse el lujo de enviar delegaciones a las negociaciones. En relación con este tema, se prevén debates adicionales sobre qué constituye un estándar (o norma) internacional y quiénes los establecen. • La naturaleza obligatoria de algunos de los esquemas voluntarios de etiquetado crea incertidumbre: Dichos esquemas se consideran no restrictivos con el comercio, puesto que no obstaculizan las importaciones de productos no etiquetados. Sin embargo, según lo han observado varias delegaciones en el OTC y en el CCMA, algunos esquemas voluntarios sí tienen un impacto sobre el acceso al mercado. En una situación de crecimiento del mercado de productos orgánicos, las diferencias en los reglamentos sobre orgánicos entre los países pueden constituirse, de hecho, en obstáculos al comercio. Hasta el momento no ha tenido lugar ningún debate en torno a lo que se requiere de los Miembros para el cumplimiento de las ONG involucradas en el establecimiento de normas. No obstante, la Unión Europea hizo observaciones sobre este tema en su documento sobre etiquetado presentado en junio de 2002. Dicho documento también pide la revisión del Código de Buena Conducta para que incluya disposiciones similares a los reglamentos sobre la equivalencia de acuerdos para normas y sobre el retiro de éstas, cuando las circunstancias que dieron paso a su creación ya no existan. El Japón comentó que los organismos que elaboran requisitos para el etiquetado no siempre eran organismos de normalización que hubiesen aceptado el Código de Buena Conducta, y ello constituye falta de transparencia (OMC, 2002g).

Debates continuos 95

8. DEBATES EN CURSO

Este capítulo trata algunos temas relacionados a las certificaciones sociales y ambientales voluntarias actualmente en debate, y que no han sido tocados en los capítulos anteriores. Las discusiones se centran en la certificación de cultivos comerciales hortícolas y tropicales, pero la mayoría son de relevancia para cualquier producto. Como en la mayor parte de este documento, el presente capítulo no es exhaustivo y trata de dar una visión general de los temas más importantes, antes que entrar en detalles específicos. 8.1 ESPECIFICIDAD LOCAL Y CREDIBILIDAD GLOBAL Los productores operan en medio de una gran variedad de circunstancias; en diferentes climas, suelos y situaciones socioeconómicas, con grados diferentes de servicios de apoyo y de infraestructura. Los consumidores, lejos de ser un grupo homogéneo, también tienen diferentes percepciones y prioridades con respecto a una producción y comercio social y ambientalmente responsables. No obstante, las normas y programas de certificación discutidos aquí aspiran a tener credibilidad y aplicación globales. No es pues sorprendente que haya sido y que siga siendo un reto continuo tener en cuanta la especificidad local para el establecimiento de normas y sistemas de verificación internacionales. Las normas no deberían ser muy detalladas, para que mantengan cierta flexibilidad que permita interpretaciones más específicas pertinentes a cada contexto local. Sin embargo, las normas que resulten generales e imprecisas son difíciles de explicar a los consumidores. Asimismo, puede ser que los procedimientos de inspección y certificación necesiten ser adaptados a la situación local, pero demasiada flexibilidad puede tener el efecto contrario al necesario para lograr una credibilidad sólida. Lo anterior acarrea algunas consecuencias, tanto para el establecimiento de normas como para el sistema de verificación. ESTABLECIMIENTO DE NORMAS Las normas elaboradas en un país en particular o área geográfica, pueden discriminar contra los productores de otros países o áreas, si no se tienen en cuanta las diferentes condiciones locales. En el establecimiento de las normas, es importante la participación para asegurar que no se discrimine sin intención a una categoría de productores o elaboradores. Sin embargo, en el proceso que establece las normas hay una compensación entre la eficiencia y la participación. Debe existir, para quienes quisieran hacerlo, la posibilidad de hacer comentarios sobre el contenido de un borrador de estándar. Con este fin, los organismos que los establecen deberían hacer públicos sus programas de trabajo y las versiones preliminares. Deberían además, fomentar la participación de los grupos interesados que pudieran ser afectados por la norma y que, de otra manera, no podrían percatarse de ella. En general, cuanto más prescriptiva sea una norma, tanto más probable será que discrimine sin intención a ciertos productores. Por el contrario, las normas formuladas en términos del logro de sus objetivos permiten a los productores decidir la manera del «cómo» hacerlo. El siguiente ejemplo puede ilustrar lo anterior. Si una norma aspira a «evitar la contaminación de los cursos de agua», ésta podría determinar qué plaguicidas no deben emplearse, el ancho de las zonas tampón, etc. También se podrían elaborar normas sobre la calidad del agua del caudal (quizás en relación con la calidad del agua de entrada), dejando a los productores la decisión sobre el uso del plaguicida y las zonas tampón. Sin embargo, puede haber una compensación entre los costos de verificación y los de certificación. Para utilizar el mismo ejemplo, un inspector puede verificar la zona tampón, pero el costo de las pruebas de laboratorio para medir la calidad del agua podría ser pagado por el productor.


Otra manera de incorporar flexibilidad, es la de elaborar normas genéricas internacionales que sirvan de base para el desarrollo de normas nacionales, sectoriales o específicas para los organismos de certificación. En un sistema tal, la acreditación es una forma de controlar si un estándar en particular está alineado con el genérico y en conformidad con su espíritu. La desventaja de dicho sistema es la existencia de diferentes normas específicas sobre el mismo tema, lo que puede obstaculizar el comercio. Un buen ejemplo de ello son las normas básicas de IFOAM y el sistema de acreditación. Si bien éstos últimos han sido acreditados por la misma institución, los organismos de certificación no aceptan automáticamente el trabajo de otras organizaciones acreditadas; en parte porque algunas de ellas exigen requisitos adicionales, debido a que los reglamentos nacionales así lo exigen, o por las preferencias de los consumidores en los mercados en los que dichos organismos operan. Con el fin de asegurar una flexibilidad adecuada, un enfoque diferente es la división entre las normas mínimas y las normas progresivas. Las mínimas serían iguales dondequiera que la norma fuese implementada, y serían la base de la credibilidad en el sello por parte del consumidor. Los criterios progresivos, también podrían ser los mismos, pero deberían ser implementados en un período gradual, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades locales específicas. Ejemplo de este enfoque es el sistema del comercio justo. Una desventaja potencial del mismo: es difícil sancionar a los productores o a las plantas que hayan cumplido con las normas mínimas, pero que no se han comprometido a aplicar los criterios de progresión. SISTEMA DE VERIFICACIÓN A los efectos de permitir una implementación en diversas circunstancias locales, es importante que los sistemas de verificación muestren diferencias entre ellos. Por ejemplo, los sistemas de certificación de productos orgánicos y de comercio justo han desarrollo sistemas internos de control para permitir que grupos de productores con explotaciones demasiado pequeñas puedan justificar los costos de la certificación. En este caso, un grupo de pequeños productores establece un sistema interno de supervisión con el fin de garantizar que todos los miembros del grupo se adhieren a la norma. El sistema de certificación controla si el sistema interno funciona bien inspeccionando solamente a un porcentaje del total de las fincas. De un modo más general, los organismos de certificación han estado exigiendo un sistema de inspección basado en la evaluación del riesgo de incumplimiento. Esto puede por ejemplo implicar visitas inesperadas a las plantas donde se perciba que el riesgo de incumplimiento es mayor. En el caso de la certificación orgánica, podría permitir un recorte en el tiempo de conversión de la tierra o hacer una salvedad, de acuerdo con el registro histórico de la granja. En el caso de las normas sociales, un enfoque basado en el riesgo podría conducir a realizar más entrevistas con un cierto grupo de empleados o trabajadores, en vez de hacerlas completamente al azar. Sin embargo, otras diferencias en los sistemas de verificación tienen su origen más en las diferentes historias administrativas de los organismos impositores que en el hecho de que se estén acomodando a las especificidades locales o a la demanda específica del consumidor. Estas diferencias pueden estar en las reglas de acreditación (por ejemplo la necesidad de que los organismos de certificación estén acreditados por la ISO 65), en la frecuencia de la inspección, en los formatos de los informes o en los requisitos de la rastreabilidad (por ejemplo la necesidad de que los productos estén certificados). En el caso de los productos orgánicos, tales diferencias obviamente obstaculizan el comercio. Existe una necesidad, ampliamente reconocida, de armonización y reconocimiento de la equivalencia de los sistemas garantes.


8.2 RESPONSABILIDAD DE LAS ONG QUE ESTABLECEN NORMAS Y DE LOS ORGANISMOS DE ACREDITACIÓN Bendell (2000) insiste en que los programas de certificación y normas constituyen solo una parte integrante de un hecho más significativo. Las empresas mundiales no cuentan con una fuerza efectiva que solo haga contrapeso a las normas ambientales vigentes o a los sindicatos mundiales de trabajadores. Al mismo tiempo, en la mayoría de los países desarrollados la identidad personal está cada vez más determinada por la manera como se gasta el dinero y el tiempo. Las ONG que establecen normas representan un «movimiento de consumidores» que exigen a las empresas mejores prácticas ambientales y sociales. Bendell identifica cuatro tipos de actividades de las ONG que pueden inducir al cambio: la presión (campañas), la promoción (investigación y asesoría), la facilitación y la realización. Los programas que establecen normas y etiquetado son facilitadores y promotores de cambio, que ofrecen incentivos de mercado para cambiar o proporcionar un modelo comercial alternativo (comercio justo). Sin embargo, el control que ejerce la sociedad civil mediante la actividad de las ONG como contrapeso frente a las empresas mundiales, tiene sus límites. En primer lugar, la legislación, a través de la certificación y el etiquetado, favorece a aquellos consumidores que cuentan con los recursos económicos para elegir productos éticos más costosos. En este caso, este tipo de legislación tendería a favorecer sus intereses específicos. En segundo lugar, las ONG tienen sus propios problemas en cuanto a responsabilidad (Simmons, 1998). Es comprensible que los sindicatos no siempre tengan una buena opinión de las normas de responsabilidad social o de los programas de certificación elaborados por las ONG. Ellos se ven a sí mismos como los verdaderos representantes de los trabajadores, pero éstos pueden no estar directamente representados en las ONG que establecen las normas. Sólo cuando los programas de certificación cedan más espacio a las organizaciones de los trabajadores y a la negociación colectiva, será posible reconocer el papel complementario que tales ONG puedan jugar. La responsabilidad ante los interesados podría asegurarse – aunque no necesariamente - mediante la condición de miembro de las ONG o de sus juntas asesoras. En todo caso es importante involucrar a los actores que se verán directamente afectados en el proceso de establecimiento de normas, como ya se ha dicho. La responsabilidad ante los consumidores puede ser mejorada mediante la transparencia, publicando información referente al contenido de la norma, la verificación de los métodos y de la organización y, en el caso del etiquetado, mediante sellos que tengan sentido. Dentro del debate sobre la responsabilidad de los organismos establecedores de normas, se incluye la responsabilidad de los organismos de certificación y acreditación. Es de aceptación general que la certificación realizada por la misma institución que establece normas crea problemas de conflictos de interés. Es por ello que la mayoría de las instituciones de este tipo analizadas en este documento, con excepción de SAN/Rainforest Alliance, han separado estas funciones mediante un programa de acreditación. Los organismos que establecen normas pueden opinar que no están en posición de juzgar la competencia de una institución de certificación per se. Por lo tanto pueden exigir que el organismo de certificación sea acreditado por otro agente (generalmente miembro de la Federación Internacional de Acreditación), de acuerdo con una o más directrices de la ISO para el funcionamiento de las instituciones de certificación e inspección (Guías ISO 62, 65 y 66). En dichos casos la acreditación hecha por el organismo establecedor sólo evalúa los aspectos específicos de la verificación de su estándar, tales como los indicadores de la misma.


En el sistema ISO, la acreditación está separada del proceso que establece normas y, como resultado, la ISO no tiene control sobre el uso de sus normas (por ejemplo ISO 14001). Aunque se eviten los conflictos de interés existe la desventaja de que si la verificación no es concienzuda, la norma puede perder su sentido en la práctica, y el organismo establecedor no tiene la forma de mejorar la situación. 8.3 LA «INDUSTRIA CERTIFICADORA» La agricultura no es el único sector atendido por un creciente número de sistemas de normas y certificación. Todas las actividades económicas son día a día más codificadas, y el cumplimiento de los códigos es, de manera creciente, controlado a través de la certificación por terceros. Esta situación ha llevado a un crecimiento de las empresas certificadoras que ahora constituyen un sector económico pujante. Aunque este modelo de certificación por terceros permite mayor independencia en las decisiones, no está completamente libre de conflictos de interés. Primero que todo, si el organismo de certificación es una empresa comercial, tendrá interés en realizar tantas inspecciones y otorgar tantos certificados como sea posible, manteniendo al mismo tiempo los costos bajos, lo que puede comprometer la calidad de las inspecciones. En segundo lugar, si se es muy estricto y hay más organismos de certificación que ofrecen el mismo servicio, se puede estar motivando a los clientes a dirigirse a la competencia. Al mismo tiempo, la competencia puede ofrecer incentivos para mejorar la calidad del servicio con el fin de preservar el «buen nombre». Cualquier escándalo como resultado de fraude que no haya sido detectado por el organismo certificador, no sólo perjudica el mercado del producto que porta la etiqueta sino que también daña la imagen y el mercado del correspondiente organismo certificador. Otra queja que a menudo se escucha sobre la «industria de la certificación» – que incluye a los organismos establecedores de normas – es la que se refiere al énfasis en los detalles. El mero hecho de describir una situación más o menos ideal en la forma de una norma, y las inspecciones de rendimiento, conduce a la «aplicación al pie de la letra» a costa del espíritu. Así que en vez del compromiso para lograr el ideal mediante una mejora continua, se fomenta el ver al certificado, como una meta. En consecuencia, las normas «mínimas» originales, se vuelven lo «máximo». Por muy bueno que sea el sistema, su calidad de verificación dependerá en gran medida de la capacidad y motivación del inspector. Este no sólo debe tener conocimientos acerca de los requerimientos de la norma y la certificación, sino también sobre el cultivo y el sistema de producción, la situación socio-económica local y preferiblemente hablar el idioma. Hay un continuo debate al respecto sobre el grado necesario de ser «suficiente». La anécdota del inspector orgánico quien en medio del cafetal preguntó dónde estaban las plantas de café, es un ejemplo de la falta de capacidad tanto del inspector como del organismo certificador. Al mismo tiempo, también hay límites en cuanto a lo que se requiere de los inspectores, los cuales tienen que abarcar una multitud de sistemas de producción, de países y normas. Especialmente en el caso de nuevas normas, puede que no sea posible encontrar un inspector con experiencia en la norma, el sistema de producción y el país. Es aconsejable utilizar inspectores locales o regionales, puesto que deben estar familiarizados con la situación local, y además reduce significativamente el costo de inspección. Sin embargo, los informes tienen que hacerse en el idioma de la oficina del organismo de certificación, que puede estar localizada en otro país. Además, se deben evitar los conflictos de interés: el inspector no debe tener nexos familiares o económicos en el lugar de inspección, ni estar expuesto al soborno o la coerción. La auditoria de criterios sociales y laborales presenta retos específicos. La línea divisoria entre el cumplimiento y el incumplimiento de ciertas normas es a menudo menos precisa que en los criterios ambientales. Esto deja un área gris que hace más importante la interpretación inmediata que el auditor le de al estándar. Algunos arguyen que es imposible ser perfectamente objetivo y que los organismos de certificación deben reconocerlo. Se han propuesto evaluaciones sobre la participación en el lugar de trabajo como una posible herramienta para el monitoreo de las normas sociales. Sin embargo, tales


métodos consumen tiempo y aumentan considerablemente los costos de inspección. Para solucionar estos problemas específicos, el proyecto SASA mencionado en el capítulo 4 busca identificar las mejores prácticas en la auditoria social. Un medio importante de asegurar una verificación seria y confiable es la acreditación de los organismos de certificación. Como se mencionó anteriormente, la acreditación puede tener dos aspectos, que pueden ser monitoreados mediante dos servicios diferentes de acreditación. Un aspecto es la supervisión de la operación general y de la organización de la entidad certificadora, para lo cual la ISO ha desarrollado las directrices. El otro es que la acreditación para las normas sociales o ambientales se concentra en los indicadores, los métodos particulares de auditoria y en las habilidades especiales requeridas para hacerlo, definidos por el mismo organismo establecedor. Un último aspecto de la industria certificadora es el de los honorarios por los servicios de certificación. Parece haber enormes diferencias en los costos de certificación, que varían según el organismo certificador. Por lo tanto es difícil comparar honorarios profesionales, pues cada organismo lo hace de diferente manera. Algunos los calculan en base a los servicios prestados. Inevitablemente esto hace que la certificación sea más costosa para los productores de zonas remotas, porque aumenta el tiempo de los viajes y los costos de alojamiento. Otros lo hacen en base a la superficie del terreno. Para los sistemas de producción extensiva, los costos de certificación pueden resultar muy altos en comparación con los ingresos. La mayoría de los organismos utilizan una combinación de cálculos basados en el servicio y la superficie, así que para un productor puede ser valioso investigar qué organismo ofrece el mejor precio por certificar su granja. A este respecto, no sólo es el precio lo que cuenta, sino también los servicios prestados. Las diferencias en los servicios ofrecidos pueden darse con respeto a la posibilidad de certificaciones múltiples (número de acreditaciones realizadas por el organismo), la equivalencia de acuerdos con otros organismos para facilitar el comercio, el conocimiento de otros requisitos de importación y exportación, la transparencia en la toma de decisiones y la oportuna actualización de los cambios en las normas y procedimientos de la certificación16. 8.4 ¿QUIÉN PAGA? Este aspecto del debate está relacionado con quién debe pagar el costo de los servicios de certificación. Los costos asociados con la certificación social y ambiental son: los costos de aplicación de la norma (costos de cumplimiento) y los honorarios de certificación. Los costos de la documentación y registro de la información son generalmente considerados como parte de los costos del cumplimiento, puesto que normalmente son parte de los requisitos de las normas. Sin embargo, los documentos por sí mismos, no contribuirán a aplicar métodos socialmente más justos o amigos del ambiente, pero sirven como herramientas de verificación. Por lo tanto, también podrían ser vistos como parte de los costos de certificación. En la mayoría de los casos los costos del cumplimiento y de la certificación los paga el productor o la planta certificada. Cuando tienen un impacto notable en los costos totales de producción, lo más probable es que sean amortizados mediante un precio más alto al productor, si las condiciones del mercado lo permiten. En algunos programas como el de la certificación orgánica y el del comercio justo, la posibilidad de obtener un precio con prima puede ser el motivo principal para buscar la certificación. En el caso del comercio justo, los costos de certificación son desembolsados por el comercio mediante el pago de honorarios por las licencias a las iniciativas nacionales del comercio justo. Sin embargo, los costos del cumplimiento son responsabilidad de los grupos de productores del comercio justo. Los casos estudiados en el capítulo 6 dan la impresión de que los costos relativos al cumplimiento se producen principalmente durante la creación de una organización y se compensan sobradamente gracias al precio mínimo y la prima del comercio justo.

16 Véase también Van Elzakker, 2002, para una “lista de deseos” de los requisitos de los organismos de certificación para los productores y

los exportadores.


El debate sobre quién debe pagar por una producción más socialmente justa y amiga del ambiente cuando no hay sello o prima es más controvertido, en particular cuando un comprador está tratando de convencer a los proveedores para que implementen un determinado estándar como el de EurepGap, la norma SA8000 para el programa de participación empresarial o el de la ETI. Como quedó demostrado en los estudios de los casos sudafricanos, el ajuste del salario mínimo o de las condiciones de vivienda puede ser muy costoso. Si un comprador en Europa o en los Estados Unidos exige a los proveedores cumplir con esas normas, ¿no debería también pagar por ello? ¿Pueden los compradores hacer que los consumidores carguen con el costo? ¿Cómo persuadir a los consumidores para que paguen más, sin un sello que demuestre el cumplimiento de las normas? ¿O es que los accionistas estarían dispuestos a recibir un dividendo menor y los minoristas quedarían satisfechos con un margen más bajo? Quizá la primera pregunta que se debe hacer en este debate es por qué dichos compradores exigen a sus proveedores que implementen tales normas. De alguna manera ellos deben valorar más los productos que provienen de las fuentes que están en conformidad que los de otras que no lo están. Puede que haya un interés genuino por el medio ambiente o el bienestar de los trabajadores, o puede que sea más una cuestión de imagen corporativa. En ambos casos, se puede argumentar que su percepción de la conformidad debería también expresarse en la relación comercial; lo que podría hacerse mediante un precio mayor al productor, o en términos comerciales más favorables, como contratos más largos, mejores arreglos para la financiación previa, etc. Sin embargo, en un mercado con exceso de oferta, los compradores, especialmente los supermercados, pueden imponer requisitos sin dar compensación. El único incentivo para la aplicación de un estándar podría ser que el comprador no cambie de proveedor. Si los costos de la conformidad y la certificación no son cargados a lo largo de la cadena de abastecimiento, puede ser que sólo los productores más grandes y adinerados estén en condiciones de aplicar tales normas, lo que a su vez reducirá el impacto de éstos sobre el medio ambiente o las condiciones laborales. Y si un estándar se vuelve la regla, más que la excepción, puede excluir completamente del mercado a los productores de pequeña escala y pobres. 8.5 POTENCIAL Y RESTRICCIONES PARA LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES Según se puede discernir del capítulo 5 sobre los mercados y del 6 sobre el impacto al nivel de la granja, las normas y programas de certificación analizados ofrecen un potencial de beneficios y desafíos para los productores de los países en desarrollo en general, y para los pequeños productores en particular. POTENCIAL Y RESTRICCIONES GENERALES Una restricción general para los productores y exportadores en muchos países en desarrollo es la falta de un organismo certificador o de la sede local de un organismo internacional. Esto significa que los operadores tienen que dirigirse a organismos extranjeros. Según se analizó en la sección sobre la industria de la certificación de este capítulo, generalmente se prefiere el uso de inspectores locales, no tanto por los costos sino por los conocimientos de la localidad. Sin embargo, un organismo certificador necesita invertir tiempo y recursos económicos en la búsqueda de un inspector local y en su detallada capacitación sobre normas y métodos de verificación. Por lo tanto, cuando el número de operadores que requieren ser inspeccionados en un determinado país es reducido, los organismos prefieren enviar inspectores del extranjero que contratar a un asesor local por un corto período. Esto supone costos más altos de certificación, pues los costos de viaje y hotel son parte de los honorarios. Cuando hay suficientes clientes, un organismo del exterior puede emplear a un inspector de la localidad sobre una base más permanente. Sólo cuando el mercado certificador es suficientemente grande, vale la pena para los operadores montar una oficina local que tramite los pagos a través de bancos locales y con alguien que responda al teléfono en el idioma local.


Algunas normas requieren pruebas de laboratorio para el análisis de los suelos, la evaluación de la calidad de las aguas o del residuo de plaguicidas. Si se piden las pruebas, normalmente el laboratorio necesita tener una acreditación, muy parecida a la del organismo de certificación. Algunos países en desarrollo no cuentan con un laboratorio que tenga suficiente capacidad, o uno oficialmente reconocido. En otros casos se encuentran demasiado lejos, son muy costosos o no son accesibles para los operadores que buscan la certificación. Dado que cada vez se necesitan más pruebas compatibles con otros propósitos (por ejemplo para cumplir con los requisitos del Acuerdo MSF), la capacidad de los laboratorios de los países en desarrollo ha estado mejorando gradualmente desde hace algunos años. No obstante, en algunos países los productores pueden tener enormes dificultades para cumplir con tales requisitos de certificación, y los organismos que establecen normas y certificación deben considerar alternativas para no discriminarlos. En general, las normas voluntarias sociales y ambientales y los programas de certificación ofrecen la posibilidad de un mayor acceso a los mercados. Ello puede ser a manera de un estatus de proveedores preferidos para algunos grandes compradores, una mejor imagen en el lugar del mercado, en general, o el acceso a un mercado de nicho específico de precios con prima. Sin embargo, tal posibilidad no es un hecho estático, puesto que los requerimientos del mercado pueden cambiar rápidamente y lo que hoy pueda dar valor a una certificación, en el futuro puede perder importancia. Por ejemplo, inicialmente, el hecho de poseer el certificado ISO 14001 tenía una gran influencia en las negociaciones con los compradores, pero después de que casi todas las compañías grandes y medianas lo hubieron obtenido, este certificado perdió importancia. POTENCIAL Y RESTRICCIONES DE LOS PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE CERTIFICACIÓN Con respecto a la agricultura orgánica, tanto los mercados como su impacto son variables. En cuanto a la exportación de productos orgánicos hacia las cadenas de supermercado europeas, Harris et al. (2001) señala el hecho de que algunos supermercados se están cambiando al «Sistema de Gestión por Categoría», según el cual se le da a una empresa la responsabilidad del abastecimiento de todos los productos, convencionales y orgánicos. Los requisitos para la uniformidad y rastreabilidad favorecen el uso de granjas de gran escala. Sin embargo, en algunos casos los rigores de la certificación orgánica hacen de los pequeños productores orgánicos una opción más aceptable comparada con los pequeños productores convencionales. Los compradores pueden estar seguros de que las granjas son visitadas una vez al año, y que los problemas de residuos de plaguicidas probablemente no vuelven a ocurrir. Lo que se puede aprender del estudio de casos es que los métodos orgánicos pueden mejorar los sistemas tradicionales agrícolas y aumentar el rendimiento. Sin embargo, si vale o no la pena pasar por todo el proceso de certificación depende mucho de los mercados, y de si los precios con prima compensan los costos de la certificación. Para los sistemas agrícolas que hacen uso intensivo de insumos externos, adoptar prácticas orgánicas puede al principio reducir la productividad. Los efectos sobre los costos de producción dependen mucho de circunstancias individuales, tales como los salarios locales para el trabajo no calificado. La certificación puede ser esencial para obtener una prima que compense los bajos rendimientos. Particularmente en los mercados de exportación, se debe prestar atención a la elección del programa de certificación y puede que sea necesaria una certificación múltiple. Además, el mercado de orgánicos está creciendo rápidamente y las situaciones de excesiva o baja oferta pueden aparecer y desaparecer rápidamente. Es difícil evaluar cómo será el mercado después del período obligatorio de conversión. El sistema del comercio justo ha sido creado especialmente para dar acceso a los mercados de exportación a aquellos productores de los países en desarrollo que ellos llaman «en desventaja», a los efectos de mejorar sus niveles de vida. Sin embargo los requisitos organizativos del comercio justo pueden crear dificultades a las asociaciones de productores. Además, el mercado del comercio justo es bastante limitado, por lo que el número de productores beneficiados es también limitado.


Las normas y los sistemas de certificación de la SAN/Rainforest Alliance han sido diseñados para su aplicación en países en desarrollo. Sin embargo, las normas para el banano fueron elaboradas para grandes plantaciones y los pequeños productores pueden tener dificultades con los cuantiosos requisitos de documentación y los costos de certificación. Al mismo tiempo, sus normas para el café se han implementado en fincas que cuentan con diversas escalas de operación. Como normas laborales, SA 8000 y el Código Básico de la ETI, están especialmente dirigidos a explotaciones que usan mano de obra asalariada en cantidades importantes. No tendría mucho sentido aplicar la norma en granjas pequeñas que tan sólo dependen de la mano de obra familiar. Ello no significa que las fincas familiares estén siendo discriminadas, pues no es probable que los compradores les exijan la conformidad con SA800017. Simplemente se trata de que algunos pueden preferir a los grandes proveedores que tengan el certificado SA8000, y no a los que no lo tengan. Los minoristas que promueven a EurepGap han recibido muchas críticas por imponer más requisitos a los productores sin remunerarles debidamente por los costos adicionales que ello les implica. Se temía que a los productores de los países en desarrollo, especialmente aquellos pequeños, se les imposibilitaría cumplir con la norma y perderían el mercado. Ciertamente, el número de pequeños productores certificados por EurepGap es muy limitado, y la mayoría son productores externos, cuyos costos de certificación y parte de la documentación son sufragados por el exportador. Parece, sin embargo, que los minoristas reconocen que los proveedores de los países en desarrollo podrían necesitar más tiempo. Algunos analistas observaron que en general estaban satisfechos si se demostraba el compromiso y se hacían mejoras, incluso si aún no se tuviese la certificación. También se observó que muchas veces los organismos de certificación divulgaron mensajes acerca de que los productores están a punto de perder el mercado europeo si no obtienen la certificación EurepGap, sin explicar cuáles son exactamente los minoristas que supuestamente la estén exigiendo. Con frecuencia, y de manera equívoca, se percibe a EurepGap como un reglamento de la Unión Europea, y parece que la mayoría de los organismos de certificación no realizan ningún esfuerzo para corregir este rumor y explicar que EurepGap es un estándar completamente privado. 8.6 EL PAPEL POTENCIAL DE LOS GOBIERNOS Los gobiernos tienen varios papeles potenciales en relación con los programas de certificación. Antes que nada, la legislación nacional tiene un impacto sobre cualquier programa que abogue por la aplicación de ciertas normas, porque establece el entorno jurídico en el cual se lleva a cabo tal aplicación. Más específicamente, los gobiernos pueden proteger jurídicamente el uso de ciertos términos en las etiquetas de los productos. Las agencias de gobierno pueden jugar el papel de organismo establecedor de normas, de acreditación y hasta de organismo de certificación. Los gobiernos pueden también estimular la adopción de ciertas normas mediante la provisión de información, incentivos fiscales o subsidios. En lo que queda de esta sección se considerará brevemente a cada uno de estos papeles potenciales. Facilitando el entorno jurídico Casi todas las normas estudiadas requieren que las empresas y los productores se adhieran a la legislación nacional; en particular, a la ambiental y social. Con frecuencia, los programas de certificación proporcionan un mecanismo alternativo para hacer cumplir las leyes nacionales allí donde los gobiernos no cuentan con los recursos – económicos o de otro tipo – para hacerlo efectivamente. Pueden surgir problemas cuando los requisitos de las normas voluntarias estén en conflicto con los reglamentos nacionales. En cualquier caso, los programas voluntarios de certificación no pueden exigir que los interesados actúen en contra de la legislación nacional. 17 No obstante, los compradores pueden preferir proveedores grandes por otras razones como las economías de escala.


Protección de la terminología En el caso de la agricultura orgánica, muchos gobiernos han decidido proteger jurídicamente los términos «orgánico», «biológico» y «ecológico», y han restringido el uso de éstos a aquellos productos y sistemas de producción que cumplen con las normas orgánicas. Para los términos como comercio justo, comercio ético, agricultura integrada, manejo integrado de plagas, etc., no existe todavía un control jurídico. El movimiento orgánico ha buscado activamente tal protección en el pasado. Sin embargo hoy día están divididas las opiniones sobre si ello ha sido sensato. Muchos piensan que han dejado escapar el control de sus manos. Los organismos gubernamentales como organismos establecedores de normas o de acreditación La protección legal de los términos asociados con los métodos de producción orgánica podría llevar a que los gobiernos desarrollen sus propios reglamentos y se conviertan en organismos establecedores de normas. Sin embargo esto no es necesario ya que los gobiernos pueden preferir darle un reconocimiento a las normas establecidas por otros agentes. Para la ISO y las normas orgánicas, los organismos gubernamentales (las agencias de gobierno) a menudo juegan el papel de organismos de acreditación, mediante los cuales se puede ejercer el control de la calidad de los servicios de certificación. A veces este papel se le delega a una agencia tripartita, con representación de la industria, gobierno y consumidores (no los sindicatos, puesto que estas agencias normalmente no tienen que ver con las normas laborales). Si los gobiernos sienten que una norma o sistema de verificación está discriminando a ciertos productores o procesos dentro de su jurisdicción, es posible que quieran señalarlo al organismo pertinente. Proporcionar la infraestructura Los gobiernos pueden proveer servicios de laboratorio para los productores y fomentar el establecimiento de oficinas locales de certificación, suministrando uno o varios servicios de certificación. Por ejemplo, Costa Rica ha exigido que todos los organismos de certificación orgánica pongan una oficina en el país. Otras medidas en este sentido pueden ir dirigidas a facilitar los trámites administrativos o a otorgar incentivos fiscales. Los gobiernos pueden también invitar activamente a organismos internacionales a que capaciten inspectores en el país en los programas de certificación que se consideren más importantes. Dando incentivos para la adopción de normas Si un estándar voluntario, social o ambiental, está alineado con la política gubernamental, es probable que un gobierno quiera estimular su adopción. Para ello el gobierno puede dotar con fondos a las organizaciones que lo promuevan. Los gobiernos pueden también subvencionar a los productores que implementen dicho estándar, mediante el pago de los costos de certificación durante el período de conversión, o de las auditorias previas a la certificación. Los incentivos fiscales pueden ser otra motivación para los productores que cumplen con la norma. Los costos se pueden justificar argumentando que, en promedio, aquellos productores pueden llegar a costar menos a la sociedad en términos de costos por contaminación ambiental o por atención médica debidos a problemas de salud del tipo ocupacional. Fomento de la capacidad Los gobiernos pueden capacitar a oficiales de extensión en los requisitos de las normas y de la certificación. Pueden también asegurarse de que todo lo concerniente a las normas sea incluido en el currículo de las escuelas agrícolas y universidades. Finalmente, ellos también pueden fomentar campañas públicas de información para los productores y consumidores.

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Workshop, Brussels, 6 March 2003.

Cubierta:

La seguridad en el sitio de trabajo y la sostenibilidad ambiental pueden ser promovidas mediante acuerdos sobre las normas, la certificación y el etiquetado de productos. Este documento da una reseña de las normas

pertinentes para los cultivos de exportación de los países en desarrollo, e incluye los de la agricultura orgánica, el etiquetado del comercio justo, SA8000, el programa de la agricultura sostenible de la Rainforest

Alliance, la ETI, la norma ISO 14001 y EurepGap.

En este documento se explora el origen de estas iniciativas, su alcance y sistemas de certificación. Asimismo se analiza la participación de los interesados, el proceso para el establecimiento de normas, los métodos de

verificación, la relación con los Acuerdos de la OMC y el posible papel de los gobiernos. Veintidós estudios de casos ilustran el impacto que las normas y programas de certificación han tenido sobre los costos de

producción y los ingresos de los productores en los países en desarrollo, con los más recientes datos sobre los mercados del banano, café, té y cítricos.

Este material puede resultar de utilidad para los gobiernos, compañías privadas y ONG que enfrentan

decisiones complejas en torno a las normas sociales y ambientales, la certificación y el etiquetado, encontrarán valioso este material.

resumen de orientaciÓn - fao.org · productos con etiqueta de comercio justo han crecido entre un...

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