resumen de noticias energéticas para pensar · 2006-05-24 · resumen de noticias energéticas...

Resumen de Noticias Energéticaspara Pensar

Informaciones seleccionadas por el NPELNúmero 12 - Mayo 2006

RECUPEREMOS EL PETRÓLEOLa nacionalización de los hidrocarburos y los recursos naturales en general deben

estar en el objetivo de todos los trabajadores y el pueblo argentino, pero sabemos que losprocesos no siempre son tan contundentes y es por eso que creemos que debemos iniciaruna campaña nacional –con alcances continentales- por la recuperación de los hidrocarburos.

“Recuperemos el petróleo” es la idea que debe comenzar a rondar cada vez conmayor insistencia en nuestras cabezas y nuestros discursos. Desde el Nuevo ProyectoEnergético Latinoamericano (NPEL) pretendemos que esta campaña incluya a todos losargentinos, aunque desde nuestro grupo impulsamos algunas premisas básicas:

Estamos en contra de las actuales políticas gubernamentales en elámbito de la energía y los recursos naturales. Rechazamos la creaciónde Enarsa.

Estamos a favor de la integración de América Latina, pero no en base ade acuerdos entre gobernantes sin la participación de los trabajadoresy los pueblos.

Estamos por la recuperación total de la renta petrolera y de losrecursos naturales.

Estamos por la Nacionalización y Estatización de los hidrocarburos y losrecursos naturales.

Estamos por la expropiación de las petroleras privadas, sin ningún tipode pago indemnizatorio.

Estamos por el control obrero y popular de los hidrocarburos y recursosnaturales nacionalizados.

Estamos por el manejo sustentable de los recursos naturales y por elrecambio de los recursos no renovables al servicio del los pueblos.

Estamos por el pago adeudado a los trabajadores ex ypefianos, a todoslos trabajadores de la energía, y por la sumatoria de sus experienciasdurante años en las empresas estatales.

Estamos por la jornada laboral de 8 horas en el ámbito de loshidrocarburos, sin ningún tipo de reducción en los salarios.

Nuevo Proyecto Energético [email protected]

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Índice:Este Boletín esta especialmente dedicado al proceso de Nacionalizaciónproducido en Bolivia, pero también agregamos materiales sobre los últimosy novedosos hechos producidos en Ecuador, Venezuela y Argentina.

1) BoliviaNacionalización de los recursos naturalesPor Leandro Andrini – NPEL

Un paso hacia delante

En el mapa de la política internacional, y en particular la latinoamericana, lanacionalización de los hidrocarburos en Bolivia ha sido uno de los temas prioritariosen la agenda de mandatarios y de empresas petroleras por estos días. Esta medida,publicada como Decreto Supremo 28701, “Héroes del Chaco”, fue tomada yasumida bajo los condicionantes impuestos por los diversos sectores políticos enlucha que se expresan en la actual Bolivia. Hacia principios de abril, los principaleslíderes de las fuerzas populares y críticos del gobierno de Evo Morales sepronunciaron disconformes con las medidas llevadas a cabo hasta ese entonces porel ex-cocalero y ahora presidente.

La disconformidad del pueblo boliviano había comenzado ha notarse en lasúltimas semanas, inclusive fijando fecha límite para el comienzo de una serie demanifestaciones en las que se pediría la concreción de los proyectos presentados encampaña electoral del Movimiento al Socialismo (MAS). En el centro de las críticasdos fueron los temas recurrentes: la nueva constituyente y la nacionalización de loshidrocarburos de acuerdo a lo expresado por el pueblo boliviano en el referéndumdel 18 de julio de 2004.

Puede entenderse entonces, desde la perspectiva anterior, que el líder bolivianono tiene margen de maniobra frente a los intereses populares expresados por losdiversos sectores que reclaman el respeto a las raíces por parte de este presidente,cuyo pasado de trabajador sindicalizado cocalero lo depositó en el ruedo grande dela política boliviana, y a la vez reclaman por aquello que les pertenece como pueblosoberano.

El primero de mayo de 2006 Evo Morales dio un paso hacia delante alnacionalizar los recursos hidrocarburíferos del país. No puede ser juzgado más alláde los alcances que tal decreto tiene, ni presentarse exclusivamente como lasolución total, ni la única, y mucho menos como no perfectible. Muy por elcontrario, es una salida limitada, conducida por los motivos descriptossomeramente en párrafos previos, y bajo la tensión que impone un discretoequilibrio gubernamental con los sectores más radicalizados de Bolivia; sectoresque no han temido a la hora de manifestarse en contra de presidentes promoviendosu debilidad política y desapareciéndolos de la escena.

El decreto supremo ha generado las más de las reacciones en los sectoreseconómicos y los medios de comunicación ligados a estos sectores que estánacostumbrados a la expoliación y a la usurpación vía las leyes que se creansistemáticamente para favorecerlos. No soportan, pues, que un decreto sea creadono otorgándole la totalidad del beneficio, y así entienden que no es justo lo que haocurrido en Bolivia.


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Por otro lado, sectores ligados a la demagogia populista de los gobiernos deArgentina y de Brasil han puesto en tela de juicio la nacionalización de los recursosaduciendo que se trata sólo de una maniobra mediática, puesto que los recursosenergéticos en Bolivia pertenecen al Estado tal lo establece el artículo 136 de laConstitución Boliviana: “Son de dominio originario del Estado, además de los bienesa los que la ley les da esa calidad, el suelo y el subsuelo con todas sus riquezasnaturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales, así como los elementos yfuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento”. Por lo que concluyen con ligerezaque no ha habido modificación de lo ya existente, y que sólo se ha reivindicado laconstitución en un discurso que no es nuevo ni mucho menos original. Se trataría,como el caso de los gobiernos a los que adhieren, de cuestiones de discurso. Esdecir, menoscaban la decisión boliviana por la “incapacidad” propia, poniéndola a lamisma altura de los procederes políticos que defienden.

Si bien la decisión tomada, por acatamiento de las presiones popularesexistentes, por parte del gobierno de Morales no debe ser vista como la medida ensí y por sí, sin dudas desnuda la chatura ideológica de los demás gobernantesregionales. Ante su falta de entereza política, y bajo la subordinación a los interesescapitalistas foráneos, los “neo-populistas” argentinos y brasileños, junto alentreguista de Tabaré Vázquez y a la chilena Bachelet, han mantenido un rotundosilencio, y no han esbozado siquiera una tímida palabra en apoyo alpronunciamiento respecto de la soberanía de los pueblos que realizó su parboliviano. En Iguazú, con la presencia de Hugo Chávez, y cuatro días después deanunciada la medida, los presidentes de Argentina y de Brasil concedieron elcalificativo de soberana a la decisión tomada por Morales, pero tanto uno como otrode estos presidentes se sentaron en la negociación por el precio del gas atendiendoprevios reclamos de las empresas REPSOL-YPF y Petrobrás, ambas afectadas por losalcances de las medidas.

La nacionalización de los recursos energéticos, y este caso particular,constituyen un paso hacia delante en el permanente reclamo de la soberaníalatinoamericana. “Héroes del Chaco” puede leerse como un reclamo de soberaníarealizado por un presidente, y no desde lo meramente reclamativo. La semántica haquedado subordinada a los hechos políticos. Este presidente ha sido conducido porsu pueblo para que reclame el derecho a la soberanía; un pueblo que a través de suférrea e intransigente lucha, como lo ha mostrado en el último lustro, estámarcando parte del pulso en cuanto a la política latinoamericana, y máspropiamente buscando la propia de los “condenados de la tierra”.

Esto remarca, al menos, dos aspectos fundamentales, uno es que los pueblosque luchan tarde o temprano obtienen el fruto de su andar, y el otro es que existenluchas que son ignoradas por quienes gobiernan (no es menos cierto que en laArgentina no se haya gestado un proyecto divergente con el actual en funciones; yque el actual gobierno desconoce el proceso que le permitió alzarse con las urnashace tres años atrás), y como sabemos que el primero de los aspectos se cumple enel desarrollo de la historia, debe trascenderse la pequeñez de los gobernantes querepresentan los intereses neo-burgueses y empresario-imperialistas y no losintereses soberanos del pueblo.

Estatización de la totalidad de yacimientos

El mismo día del anuncio de nacionalizar los cincuenta y seis camposyacimientos del país, Morales ordenó al ejército a ocuparlos. Invitó, e indujo, a suscoterráneos a defender la medida porque hacerlo así era defender los derechos decada uno y de todos los bolivianos doblegados ante una política económicadepredatoria.

El problema de la exportación de gas a México y Estados Unidos de América aprecios y negociados irrisorios motivó la caída del gobierno de Sánchez de Losada el17 de octubre de 2003. Desde entonces, los movimientos sociales bolivianos nocesaron en la serie de reclamos y de medidas adoptadas para que desde el PoderEjecutivo y desde el Congreso se aprobara una nueva ley de hidrocarburos.


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Hacia mediados de 2005 algunos estudiosos del problema de los hidrocarburos ylos reclamos sociales en Bolivia aseguraban que si bien el movimiento social sehabía expandido en los últimos cinco años, carecía de liderazgos sólidos que seancapaces de darle una perspectiva teórica y técnicamente sustentable al proceso denacionalización de los hidrocarburos, y presentaban las consignas como válidaspero inviables en el presente.

Dado que la Constitución boliviana no admite que empresas privadas detentencomo propiedad los recursos naturales del país, en la década pasada se creó la Leyde Capitalización, que no es más que una ley privatizadora por antonomasia.Mediante esta ley se cedió la explotación de los recursos naturales a empresasprivadas, quienes sobre el cien por ciento de las ganancias totales se quedaban –yaun siguen quedándose- con el ochenta y dos por ciento, y el restante dieciocho porciento era patrimonio del Estado (el que ofició como “contratista”). Fue así que elpueblo boliviano siendo dueño de los recursos no poseía las ganancias quegeneraban los mismos, sino apenas disponían de las sobras.

El reclamo por la nacionalización de los hidrocarburos fue una de las proclamastomadas por diversos movimientos sociales en lucha, y desde los diferentes maticesideológico-políticos que barnizan a los mismos, se procedió a forzar las decisionesen tal sentido.

El 1º de mayo, luego de su regreso de La Habana, Morales procedió a anunciarla nacionalización de los hidrocarburos; al día siguiente el vicepresidente de Bolivia,Álvaro García Linera, expresó que las empresas petroleras seguirán obteniendo suganancia, pero en este contexto serán normales. Es decir, las empresas siguenoperando con las condiciones impuestas por el Estado boliviano. La diferencia sepresenta en la inversión de distribución de ganancias, ahora se quedan con eldieciocho por ciento de las ganancias y el ochenta y dos restante pertenece alEstado. Por supuesto que queda latente la decisión de redistribución social de estasganancias. Será esta redistribución, entre otros factores, las que determinen demanera calificatoria al gobierno de Morales.

Las empresas que hasta este momento han operado en Bolivia tienen un plazoperentorio de ciento ochenta días para acogerse al decreto “Héroes del Chaco”. Estepool de empresas está constituido, entre las más importantes, por British Gas (BG)Bolivia, Chaco S.A. (de la holandesa Amoco Neetherlands Petroleum Company),Pluspetrol (empresa argentina), Total Exploration Production Bolivia (Total EPB;subsidiaria de la francesa Total Fina ELF), Petrobrás (estatal de Brasil), PecomEnergía S.A. (Argentina), Repsol-YPF (española con tres subsidiarias: : Andina S.A.,Maxus Bolivia y Repsol Gas), Shell-Transredes (consorcio constituido por Petrobrás,Shell y Enron para el transporte de gas a Brasil). Se puede observar que las mismasson multinacionales que sostienen vivo el imperialismo voraz.

Asimismo desde el gobierno boliviano se nombraron los nuevos directorios delas empresas capitalizadas, conformados por ejecutivos de YPFB, empresa la cual apartir del decreto pasó a ser la accionista mayoritaria de estas compañías.

Es en este marco en el cual se desarrolla la nacionalización de los hidrocarburos.Es claro que no existe una estatización, sino una nacionalización en la que el

Estado pasa a controlar las acciones de manera mayoritaria, y pasa a tener elmayor porcentaje en las ganancias de la explotación de los yacimientos.

Bolivia se encuentra, junto con Venezuela, Trinidad y Tobago, y Argentina,como una de las principales fuentes de gas de la región. En el plano internacional,en reservas probadas de gas hasta 2002, participa del 0.45% del porcentaje total,siendo la trigésimo primer nación, en tanto que Venezuela ocupa el octavo con unaparticipación porcentual del 2.8%, Argentina el vigésimo séptimo con el 0.5% de laproducción total mundial, y Trinidad y Tobago se encuentra en una escalóninmediatamente inferior a Bolivia con el 0.42%. Estimaciones actualizadas ubican aBolivia como la segunda reserva más importante de América Latina, después deVenezuela.

Si bien la nacionalización no ha implicado en este caso una inmediataestatización de las empresas, ni una expropiación, suponemos que será el curso deltiempo y de los esfuerzos militantes mancomunados de aquellos que desean la


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concreción de una hermandad latinoamericana mediante la patria grande ysocialista.

Esta estatización debe estar mediada por nuevas formas de control,promoviendo un hacer democrático sobre la base de un proyecto tendiente areivindicar el socialismo en el siglo XXI.

La nacionalización en sí misma no significa nada, como tampoco significa nadaque el Estado se quede con la mayoría absoluta de las ganancias: el significado deeste hecho se adquiere en cómo impacte y se concrete en términos de laredistribución social que se realice. Se debe procurar el control para que este nuevoingreso de divisas se traduzca en un mejoramiento objetivo de las condicionesmateriales de vida de los compañeros bolivianos, y que este mejoramiento redundeen la superación ideológica a un esquema de postergación centenario, tanto enBolivia como en el resto de los países de América.

La estatización tampoco significa nada en sí; adquiere su significado cuando elEstado es instrumento de expresión de las voluntades populares organizadas paraejercer el gobierno.

La estatización de los pozos significará otro paso hacia delante, y lasmodalidades en las que esta se desarrolle puede que también signifique otro pasohacia delante. Si esto se concreta, de acuerdo a las expectativas de quienesestamos involucrados en esta lucha, vemos que un paso tras otro consiste en unaforma de caminar. Debemos aprovechar este tiempo, y tomar el ejemplo de loscompañeros bolivianos para empezar a dar nuestros primeros pasos. Esperamos ala vez que los compañeros bolivianos puedan seguir dando los respectivos pasos enla búsqueda del socialismo.

Iguazú y la hora del desconcierto “progresista”

El decreto de nacionalización de los hidrocarburos produjo el desencaje de losdos “neo-populistas” que coquetean con discursos de izquierda, e inclusiveinscriben su historia a futuro por un pasado supuesto o de hecho en el campo de laizquierda. Así es que Kirchner y Da Silva, respectivamente, tuvieron que organizarde urgencia una reunión para el jueves 4 de mayo en Iguazú, previa consulta a losdirectivos de REPSOL-YPF y de Petrobrás. La cumbre fue organizada contrarreloj, aldía siguiente en que en Bolivia se dispuso el traspaso al Estado del 82% de lasganancias producidas por la explotación los recursos hidrocarburíficos; hastaentonces esta cifra permaneció en poder de grandes transnacionales. Esta cumbretambién contó con un la presencia de Hugo Chávez, a quien no se cansan deendilgar la autoridad intelectual del decreto y del proceso, al igual que flota elinfluyente halo de Fidel Castro sobre la decisión de soberanía tomada por loshermanos bolivianos. Por cuanto, esta decisión no hace más que articular un nuevo“eje del mal”: La Habana-Caracas-La Paz, un eje que además de administrarrecursos naturales está en un profundo proceso de ideologización, debidoprincipalmente a la lucha desarrollada por estos pueblos a lo largo de su historia.

Petrobrás fue denunciada por Morales por imponer una política de chantaje,hecho que no se corresponde a una empresa de un estado con visos de progresista.De facto, opera como una multinacional en término de las reglas de imperialismoeconómico, y espera que exista una subordinación a sus intereses, inclusive que lasoberanía de un pueblo sea súbdita a sus necesidades de mercado. Y como si estedespropósito fuera poco, Lula aseveró que Petrobrás es una empresa independienteque invertirá donde mejor le convenga. En los discursos y los hechos de los últimosdías se desprende la intencionalidad política ideológica de este líder que surgió delas filas de los Trabajadores.

Como los argentinos no tenemos empresa estatal de hidrocarburos, Kirchnerofició de vocero del rey de España y de otro de los progresistas de estos días:Rodríguez Zapatero, quien está muy preocupado por el futuro de REPSOL enBolivia. En este orden, las autoridades de REPSOL en la persona de Antoni Brufauatacaron la medida diciendo que era imposible mantener la explotación en Bolivia


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bajo las condiciones impuestas por el decreto de nacionalización. Por este motivohan calificado de injusta a la medida tomada por Morales.

En el caso de Kirchner, está atado a la defensa de REPSOL como es de públicodominio de acuerdo a la historia de su gobierno santacruceño, pero a la vez a laactualidad de la política desarrollada a partir de la creación de ENARSA, debido a laasociación anunciada a comienzos de año entre Repsol YPF y la “petrolera estatal”ENARSA para iniciar proyectos off shore, para lo que Brufau adelantó en sumomento, una inversión inicial de 120 millones de dólares, según el diario Infobae.De aquí que en vez de la defensa de la soberanía de los pueblos, trasladando lasdecisiones de Morales a nuestro territorio, realicen desesperadas maniobras paraque el decreto quede sin efecto en lo que afecta a REPSOL. Lo mismo ocurre conPetrobrás. Tanto REPSOL como Petrobrás son las dos empresas más importantes en“inversiones” en Bolivia.

Sobre esta base, si bien la medida no ha tenido la profundidad ideológica de unproceso de estatización, y además da un margen a las empresas de 180 días paraque recapitulen su decisión lo que es un peligro potencial de vaciamiento, halesionado intereses económicos

Repercusiones mediáticas

Simón Romero y Juan Forero, escribieron el artículo Bolivia’s Energy Takeover:Populism Rules in the Andes en The New York Times. En él indican que espreocupante, al menos en lo simbólico, el envío de tropas a los campos petrolíferospara preservar la política nacionalista impulsada por Morales con el consentimientode Chávez. Estos cínicos no se asombran cuando Estados Unidos desplaza sustropas por el mundo para custodiar los pozos petroleros de otros países o cuandodecide interferir en las elecciones de un pueblo, y sí comienzan a horrorizarseporque los bolivianos cuidan lo que les pertenece por ser bolivianos.

En la misma nota, L. Goldstein, quien preside el grupo de energía PIRA con cedeen Nueva York, indicó que esto sienta un precedente muy peligroso que va moversedesde las Américas –sic- a los africanos.

En este documento periodístico se indica que desde la administración de Bushse ha intentado de manera reservada contactar al nuevo gobierno boliviano, aunqueesa insinuación y los esfuerzos del Brasil de moderar a Morales parecen habertenido poco efecto.

En BBC News se encargaron de decir que la decisión y las opiniones de Moralessobre le pillaje internacional no hacen más que reflejar la opinión tradicional de losnacionalistas latinoamericanos, y la creencia de este estilo económico basada en elhecho de que un país debe mantener el control sobre sus fuentes de recursosnaturales a toda costa. Acotando además, que la población boliviana en mayoríaindígena tiene la sensación de que la economía ha funcionado beneficiando a unaélite local que permitió que los extranjeros explote sus reservas de plata, de lata,de aceite y de gas.

Sin dudas, la realidad material y objetiva, ni el fenómeno en sí tienenimportancia para este tipo de periodistas de élite internacional.

Reuters difundió un comunicado del analista W. Brandimarte, en el que quedaperfectamente definido el “temor” de Wall Street respecto de la nacionalización dehidrocarburos realizada por el presidente de Bolivia. Esto puede ser un mal ejemplopara los países latinoamericanos –sic-. En un acto que no se comprende, elpresidente Morales envió al ejército a ocupar los “yacimientos de gas natural ylimitó el papel de las compañías extranjeras a simples operadores de las reservasnacionales, las segundas más grandes de América Latina”. "Creo que el ejemploque Morales está dando podría ser muy peligroso si es exitoso en el corto plazo.Creo que es indiscutible que no tendrá éxito en el mediano plazo ni largo plazo,"dijo Christian Stracke, analista de mercados emergentes con CreditSights, unafirma de investigación de Wall Street.

La analista de Standard & Poor's Lisa Schineller, dijo que la experienciaboliviana no debería generalizarse en otras naciones latinoamericanas pero mostró


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su preocupación por la situación en países con instituciones políticas más débiles."Yo destacaría a Bolivia, Venezuela, Ecuador y Perú. Esos están entre los países dela región que son vistos con instituciones débiles y que son menos pronosticablespolíticamente," dijo, previendo menos inversiones extranjeras directas en esospaíses.

"Morales ha hecho realidad una de sus promesas de jefe de campaña, pero alhacerlo podría perjudicar en vez de ayudar a la población indígena que quiere sacarde la pobreza," dijo la firma de investigaciones Stratfor en un informe. "Losdepósitos de gas ahora son de ellos, pero sin asistencia los bolivianos encontrarándifícil descubrir o exportar el gas," agregó Stratfor.

Uno de los portavoces de una de las compañías petroleras más grandes delmundo, la Exxon Mobil Corp., B. Davis ha dicho que están monitoreando muy decerca la situación en Bolivia, y que se ha tornado preocupante.

Para el Washington Post la medida satisface una promesa del presidenteizquierdista, quien forja cercanos lazos con Fidel Castro y Hugo Chávez. Indica quedebe venderle el gas a sus vecinos porque carece de salida al mar, y exportarlo, locual sin dudas contradice la negociación de Sánchez de Losada. Se hacen eco de laspalabras del director de Petrobrás indicando que la medida adoptada es antipática yunilateral. Reproducen las críticas de P. Pitts, redactor en jefe para elLatinPetroleum, quien asevera que Morales sigue los pasos de su mentor político: elpopulista Hugo Chávez.

Los diarios conservadores estadounidenses no dejan de acusar a Bush por ladecisión de Morales. Semanas previas a la asunción de Morales, el Washington Postindicaba que el gobierno estadounidense al tender una mano a Bolivia pretendíaevitar los errores que cometió con Chávez en Venezuela, donde una guerra depalabras ha conducido a un enfrentamiento constante, mientras que Chávezestrecha las relaciones con Cuba, Irán y China. Hoy en día han visto la decisión deMorales con “amargura” porque contradice la política de “respeto mutuo” queesperaba el gobierno de Estados Unidos por los esfuerzos para ayudar a Bolivia sininterferir en sus decisiones. A la vez acusan a Chávez de interferir en las decisionesde los países soberanos.

1) BoliviaNacionalización de los hidrocarburos en

Bolivia: Algunos datos, cifras ypensamientos

Por: Vicent Boix (especial para ARGENPRESS.info) (Fecha publicación:11/05/2006)Bolivia

En el índice de desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,(1) Bolivia ocupaba el lugar 113 en el año 2005. España el 21. La esperanza devida era de poco más de 64 años. España sobrepasaba los 79. El analfabetismo enadultos afectaba al 13,5% de la población del país sudamericano, mientras noalcanzaba el 3% en España. El número de médicos por cada 100.000 habitantes erade 73 en Bolivia, frente a los 320 de España, los 549 de Estados Unidos o los 591de Cuba. Los partos atendidos por personal médico suponían el 65% del total enBolivia, el 99% en Estados Unidos y Argentina, y el 100% en Cuba, Uruguay y


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Chile. La desnutrición afectaba al 21% de la población boliviana entre los años2000-2002, mientras que este porcentaje era del 5% en México y 4% en CostaRica. La tasa de mortalidad infantil en Bolivia era de 53 niños muertos por cada1.000 nacimientos en el año 2003, frente a los 4 de España, los 6 de Cuba y los 7de Estados Unidos.El informe “Panorama Social” (2) de 2005, de la Comisión Económica para AméricaLatina (CEPAL), descubría con datos del año 2002 que, entre un 20 y un 30% de lapoblación boliviana no disfrutaba de una fuente adecuada de agua. Este mismoporcentaje era aplicable entre los jóvenes de más de 18 años, pero con menos de 5en estudios. Más del 40% de la sociedad sufría hacinamiento, no poseía un sistemaadecuado de eliminación de excrementos y el piso de sus casas era de tierra. Entrelos niños de 7 a 12 años, más del 40% no acudían a ningún establecimientoeducativo. Y entre el 30 y el 40% de la sociedad boliviana no tenía servicio sanitarioni electricidad.En el año 2002 y según la misma fuente, (3) el 62,4% de la población estaba pordebajo de la línea de la pobreza y un 37,1% era indigente, mientras la media delcontinente era de un 44 y un 19,4% respectivamente.Con datos del Banco Central de Bolivia, (4) la deuda externa en el año 2005 era de4.961,6 millones de dólares. 300 millones más que en 1996. El PIB para 2004 erade 8.758 millones de dólares según el Instituto Nacional de Estadísticas. (5) Condatos de 2004, la deuda externa suponía más del 57% del PIB.Esta caótica y desigual situación se ha traducido en numerosas movilizaciones queacabaron con los gobiernos de Sánchez de Lozada en el año 2003 y Carlos Mesa enel 2005. En esta coyuntura, Evo Morales gana las elecciones el diciembre de 2005con un 54% de los votos.

Repsol – YPF

En información obtenida en su página web, (6) la multinacional hispano-argentinaobtuvo unos beneficios netos de 3.120 millones de euros en 2005, gracias en partea la subida de los precios del petróleo. Esto representó un incremento de un 29,4%respeto al 2004.Según un informe de Intermon-Oxfam, (7) desde las privatizaciones ycapitalizaciones de 1996, las empresas establecidas en Bolivia han reportado algobierno regalías por valor del 18%, en aquellos campos que no estuvieron enproducción antes de ese año (el 95% de las reservas actualmente). Este tributo esel más bajo de la región y según el Ministerio de Desarrollo Económico, lascondiciones excesivamente favorables para las empresas impedirá al estado elingreso de 3.152 millones de dólares entre 1996-2006. Cantidad equivalente al63,5% de la deuda externa. De hecho, sólo las reservas de gas existentespermitirían pagar 13 veces la deuda externa y 130 la inversión pública anual.Antes de 1996, la empresa estatal YPFB aportaba al Estado una media de 400millones de dólares al año, es decir, más del 30% de la recaudación del TesoroGeneral Nacional (TGN). El 2001 esta cifra bajó a menos de 200 millones y a un12% de los ingresos del TGN, a pesar del incremento de la producciónexperimentado. A nivel de REPSOL y según La Razón, la contribución en 2002 de lamayor empresa propiedad de la multinacional fue del 0,14% del TGN. De 2001 al2002 este valor cayó en más de un 76%.José María Vera Villacián, director de Estudios de Intermon-Oxfam, afirma en unartículo en Cinco Días que REPSOL tiene una posición dominante al mercado de loshidrocarburos bolivianos con un 30% del total del sector en el año 2001. Indica quedirectivos de la empresa han manifestado que por cada dólar invertido a Bolivia sehan ganado 10, cuando la rentabilidad óptima en este sector puede ser de 1 a 5 eincluso de 1 a 3. Además, las privatizaciones iniciadas en 1996 a favor de lasempresas extranjeras, han priorizado las exportaciones por lo cual la ciudadanía seha visto obligada a comprar el gas a precios internacionales, que en muchos casosha resultado prohibitivo para el sector más pobre de la sociedad. Según este artículo, los puestos de trabajo creados son mínimos y las actividades


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de exploración y explotación han generado numerosos y graves impactosambientales y sociales, al desarrollarse en parques naturales y tierras habitadas porpoblaciones indígenas. La compensación a las comunidades locales por el dañoinfringido -en palabras de Vera Villacián- ha sido “…voluntaria, económicamenteirrelevante, y los primeros análisis sobre la calidad del agua en estas zonas arrojanresultados preocupantes sobre su impacto en la salud”. (8) Es tanto el olvido al medio ambiente, que Intermon-Oxfam ha denunciado que unEstudio de Evaluación de Impacto Ambiental, sobre una actividad dentro de unparque natural, estaba formado únicamente por 4 hojas. En otro lugar, el estudio lohizo una consultora norteamericana copiando párrafos idénticos a otrasevaluaciones. (9) La escasa preocupación en todo aquello ajeno al puro procesoproductivo también ha derivado en consecuencias trágicas. Las organizacionesEquipo Nizkor y Derechos Human Rights informaron, en junio de 2005, sobre lamuerte de dos personas que se quemaron en las cercanías de un pozo de REPSOLcon posibles fugas de gas. (10) Todos estos datos, unidos al descubrimiento de unpresunto caso de contrabando de petróleo, dan una idea mínima de la oscuridad ycómoda trayectoria empresarial en Bolivia de REPSOL y otras transnacionales.

Nacionalización y estalla el gallinero

En julio de 2004, más del 89% del la ciudadanía apoyó la nacionalización de loshidrocarburos mediante referéndum. El gobierno de Mesa miró a otro lado y ladecisión no se aplicó nunca. En mayo de 2005, una nueva ley subió los diferentesimpuestos a las empresas privadas, del 18% de antes al 50% y no en todos loscampos. Esta postura resultó insuficiente para la sociedad civil, a pesar de que elEstado obtuvo 460 millones de dólares ese año.La denominada nacionalización iniciada por Morales, pretende lograr para el estadoel 82% de las utilidades en dos grandes pozos. El resto de campos continuarían conel 50% existente. Aparte ha nacionalizado algunas acciones para recuperar elcontrol sobre algunas empresas capitalizadas 10 años atrás. Todas estas medidasestán sometidas a posibles negociaciones entre las partes. En palabras delvicepresidente Alvaro García Linera, con esta nueva ley se pretende recaudar 300millones de dólares extras, para sumar un total de 780 anuales. (11)Mientras esto pasaba en Bolivia, en otros países saltaba la alarma. España haencabezado un vergonzoso, helado y tergiversado ataque a nivel político ymediático. Hemos visto y leído a políticos de todos los colores, articulistas ytertulianos de mediodía, criticar a Morales en nombre de los intereses de España,cuando REPSOL es una empresa privada, que al igual que otras, ha obtenidobuenos beneficios gracias al incremento del precio internacional del petróleo. Lamayoría se aprietan el cinturón y ellos se llenan los bolsillos. REPSOL está formadapor accionistas nacionales y extranjeros, y en todo caso, el gobierno estádefendiendo los intereses de un microscópico porcentaje de españoles.Que triste ha sido escuchar a Zapatero, Moratinos, Solana, Rajoy o algunas vocesde la emisora de la Conferencia Episcopal. Socialistas unos y católicos los otros.Inmunes a la tragedia del pueble boliviano. Complacientes con el expolio de losrecursos. Agresivos ante el ejercicio de soberanía y justicia de un pueblomasacrado, empobrecido y hambriento. Pocas veces se les ha visto señalar ydesnudar la grave desigualdad y el comportamiento de las empresastransnacionales. Contrariamente tildan de populista a Morales y afirman quearruinará al país, como si el país no estuviera ya arruinado. Curioso país España,donde se acusa a Morales mientras se premia a la duquesa de Alba o a Bill Gates. La CEPAL decía en su informe “Panorama Social” del año 2004 que “Mejorar ladistribución del ingreso es un imperativo ético que, además, permitiría incrementarla tasa de crecimiento. La mala distribución del ingreso y, sobre todo, la maladistribución de la riqueza tienen consecuencias negativas…” (12) Morales ha dado elprimer paso y el tiempo dirá el resto.

Notas:


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1) http://hdr.undp.org/reports/global/2005/espanol/pdf/HDR05_sp_HDI.pdf2) http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/8/LCG2288PE/PSE2005_Sintesis_Lanzamiento.pdf3) http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/8/LCG2288PE/PSE2005_AnexoEstadistico.pdf4) http://www.bcb.gov.bo/deudaexterna/documentos/general/doc_1-6-1__4813.pdf5) http://www.ine.gov.bo/asp/indicadores.asp?TI=26) http://www.repsolypf.com/Comunes/Archivos/4T05_NOTA_RDOS_esp_mod__158228.pdf7) “Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza”, maig de 2004, enhttp://www.intermonoxfam.org/unidadesinformacion/anexos/2988/0_2988_150704_Repsol_Bolivia.pdf 8) VERA, J.M.: “Repsol y Bolivia, matrimonio de conveniencia”, en Cinco días, Madrid, Espanya, 1 d’abrilde 2006, enhttp://www.cincodias.com/articulo/opinion/Repsol/Bolivia/matrimonio/conveniencia/cdscdi/20060401cdscdiopi_4/Tes/9) “Repsol YPF en Bolivia: una isla de prosperidad en medio de la pobreza”, maig de 2004, enhttp://www.intermonoxfam.org/unidadesinformacion/anexos/2988/0_2988_150704_Repsol_Bolivia.pdf 10) http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/surubi.html11) ABI: “García Linera pide a los bolivianos defender la nacionalización de los hidrocarburos”, en LosTiempos, La Paz, Bolivia, 1 de maig de 2006, en http://www.lostiempos.com/noticias/30-04-06/01_05_06_ultimas11.php 12) http://www.eclac.cl/publicaciones/DesarrolloSocial/0/LCL2220PE/PSE2004_Cap1_Pobreza.pdf

1) BoliviaLa nacionalización del petróleo y del gas

en Bolivia

Por: Orlando Caputo y Graciela Galarce (CETES, especial para ARGENPRESS.info)*(Fecha publicación:20/05/2006)

En Chile ha sido muy criticada la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. ElMercurio ha encabezado una dura crítica, por ejemplo, titulando “Prensa mundialcrítica a Evo con gran dureza”. También han hecho una dura crítica losparlamentarios de derecha. Lo que sorprende es que parlamentarios de laConcertación hagan una crítica más virulenta que El Mercurio y la derecha. Tal es elcaso del diputado Jorge Tarud, quien además es Presidente de la Comisión deRelaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. El diputado Tarud señaló:'El acuerdo de Morales con Cuba y Venezuela es uno de los 70, en blanco y negro,ideológico […].” 'Lo ocurrido es una lección para nosotros si vemos los lazos deamistad que había entre Lula y Evo, y sin embargo, éste las emprende contra sucompañía sin avisarle […]'

El Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores olvida que la nacionalizaciónde los hidrocarburos era el tema principal del Programa de Evo y respondía a unaConsulta Nacional y Popular al pueblo de Bolivia. EL Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadosse refiere con desprecio y descalificación a la nacionalización, ubicándola como unaidea “de los 70, en blanco y negro, ideológico”. Olvida el Honorable, que esjustamente en los 70 –el 11 de julio de 1971-, que se nacionalizó el cobre en Chile,el cual ha entregado cuantiosos recursos al país. ‘Nadie sabe para quien trabaja’, señala un viejo adagio. Lo cierto es que los grandesrecursos generados por la nacionalización del cobre en Chile -realizada por Allende-,han sido fundamentales en el funcionamiento de la economía durante la dictadurade Pinochet, aunque esto nadie lo mencionaIncluso, en los gobiernos de la Concertación -a pesar de la desnacionalización delcobre, ya que cerca del 70% del cobre chileno está en manos de las empresas


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extranjeras, el aporte de Codelco ha sido vital. En los años recientes nadie duda que los grandes excedentes de Codelco hayanpermitido que la economía chilena supere la larga recesión desde 1998 hasta 2003.El ‘tema’ central actualmente, es cómo utilizar los grandes excedentes del cobre. ¿Por qué tanta virulencia con la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia? Las ganancias en Chile y los ingresos por la nacionalización de los hidrocarburos enBolivia 1. Evo Morales, en su discurso sobre la nacionalización de los hidrocarburos dijo:“Se acabó el saqueo de nuestros recursos naturales por empresas extranjeras”. ElVicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera señaló: “[…] Con la nueva ley (del2005) subimos a US$ 460 millones, hoy subimos a US$ 780 millones [...]”. Esdecir, Bolivia aumentará sus ingresos por la nacionalización de los hidrocarburos enUS$ 320 millones anuales. 2. Las ganancias de las empresas extranjeras en el cobre chileno, serán a lo menos–como hemos estimado-, de US$ 16.000 millones en 2006 (“Lo que todos callan.Las ganancias de las empresas extranjeras en el cobre”, El Mostrador.cl, 21 de abrilde 2006). 3. Las utilidades proyectadas por Codelco para 2006, en base a los resultados delprimer trimestre, serán de US$ 7.500 millones. Como las empresas privadasproducen cerca del 70% y tienen costos menores, sus utilidades más queduplicarán las de Codelco, superando las estimaciones de US$ 16.000 millones quehemos realizado, dado que los precios del cobre han seguido subiendo. Los ingresosadicionales por ventas se transforman casi en su totalidad en incrementos de lasganancias de las empresas extranjeras. 4. Si sólo consideramos US$ 16.000 millones como ganancias de las empresasextranjeras en el cobre en Chile -en 2006-, ellas equivalen a 50 veces lo querecaudará adicionalmente Bolivia, en un año, por la nacionalización de loshidrocarburos. 5. El saqueo de los recursos naturales por parte de las empresas extranjerasdenunciado por Evo Morales, es mucho mayor en Chile. En efecto, las utilidades delas empresas extranjeras en la minería chilena, equivaldrían -en 2006- al 70% delpresupuesto nacional y se ubicarían entre el 13 % y el 15% del PIB chileno de esteaño.En julio del 2001, a treinta años de la nacionalización del cobre realizada por elPresidente Allende, le enviamos al Presidente Ricardo Lagos, el documento, “LaSobreproducción Mundial de Cobre Creada desde nuestro País y la Crisis de laEconomía Chilena”. En ese el precio del cobre había caído a 69 centavos de dólar lalibra. En el documento le señalábamos lo siguiente: “El precio del cobre se recuperará cuando la sobreproducción sea absorbida […]Como dijimos, […] los precios promedios anuales desde 1950 a 1995, en términosreales [dólares de 1995] eran aproximadamente 140 centavos de dólar. Cuando losprecios se recuperen serán más evidentes aún los daños causados por los preciosbajos debido a la sobreproducción creada desde Chile. Las empresas privadas yparticularmente las extranjeras serán las más beneficiadas, porque como hemosdicho, se apropian del valor del recurso en el yacimiento y los impuestos puedenpermanecer bajos porque las pérdidas tributarias actuales, la depreciaciónacelerada y otros ítems, pueden ser usados para disminuir el balance tributario”.El precio promedio anual entre los años 1950 y 1995, en dólares de 1995 – comohemos dicho, fue de 140 centavos de dólar. En dólares de este año 2006, el preciopromedio anual de la libra de cobre desde 1950 a 1995, fue superior a 181centavos. Tomamos 1995 como año final de referencia del periodo, dado que de allíse provocó la profunda caída de precios debido a la sobreproducción que desdeChile generaron las empresas extranjeras. Nuestros estudios fueron descalificados por gran parte de los actuales ejecutivos delsector que estimaban precios futuros de largo plazo, en torno a 90 centavos dedólar la libra de cobre. Este gran error y otros errores fueron los fundamentos delmal denominado ‘Royalty’. Como la aprobación del Royalty estuvo vinculada a una disminución de los


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impuestos a la renta de 7 puntos porcentuales, es posible que en términos netos, elEstado chileno capte lo mismo o menos, que lo que hubiese captado sin el nuevoimpuesto o mal llamado royalty’. Como los balances tributarios de las empresas noson públicos, el gobierno, el Parlamento y el Consejo de Defensa del Estado,deberían exigir una investigación al respecto. Las utilidades de las empresas extranjeras son tan elevadas, porque se apropianilegalmente del valor del cobre y del oro que están en los yacimientos que explotanen Chile. Expropian al pueblo chileno, propietarios de estos recursos según laConstitución, la que señala categóricamente que “El Estado tiene el dominioabsoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas”.Durante la Dictadura, con una simple Ley anticonstitucional, se posibilitó la entregade los yacimientos en propiedad privada. Esto permitió la desnacionalización delcobre a manos de las grandes mineras mundiales durante los gobiernos de laConcertación. Reiteramos la gran síntesis de Radomiro Tomic, que citamos en la nota anterior, enla que previó la desnacionalización del cobre y el saqueo a Chile. Radomiro Tomic en la Revista ‘Hoy’ -septiembre de 1983-, escribió lo siguiente:'Hace poco, The Washington Post, principal diario de la capital norteamericana,resumió así la opinión de una de las grandes transnacionales interesadas en elcobre chileno: 'No necesitamos esta habilidad. La Ley Minera no puede asegurarla.‘It is to good to be true' [Esto es demasiado bueno para ser verdad] Resumenmagistral. Ni en los pobres estados africanos podrían perdurar leyes tan contrariasal interés nacional y al movimiento de la historia. No puede garantizar la primera detodas las exigencias: estabilidad.'no durarán en Chile. Más temprano que tarde elcobre volverá a ser chileno.'Por todo lo anterior, si la Presidenta Michelle Bachelet y los partidos de laConcertación no modifican esta situación, serán cómplices de la continuación delsaqueo al país que ha posibilitado la desnacionalización del cobre que nacionalizóSalvador Allende.

* Orlando Caputo Leiva. Economista Univ. de Chile, Investigador de CETES y delGrupo de Economía Mundial de CLACSO y de la REDEM. // Graciela GalarceVillavicencio. Economista Univ. de Chile, Magíster en Ciencias Sociales–FLACSO,Investigadora de CETES.

1) BoliviaRadiografía del nuevo fraude petrolero

montado en la nacionalización simbólica

Blanqueo de delitos y legalización de las petroleras. El millonario fraude de Repsoly Pan American. El asalto de Enron y Shell. El nuevo axioma: preservar el negociode U$S 3.500 millones de las trasnacionales, y luego negociar centavos. Númerosy realidades: una combinación letal contra la trampa.

IAR-Noticias / Econoticias Bolivia 10-May-06

El decreto de “nacionalización” ficticia del presidente Evo Morales legalizará elsaqueo y los millonarios fraudes de las petroleras en contra de Bolivia e


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intentará, con la fuerza del Estado y el aval del Congreso, cerrar toda posibilidadpara que las transnacionales sean expulsadas del país y sus bienes y recursosexpropiados.Esta promesa, aunque usando otras palabras elegantes, la realizó elvicepresidente Álvaro García Linera, durante su encuentro de este viernes con losenviados del gobierno de España, a quienes aseguró que los nuevos contratospetroleros de explotación del gas y petróleo, que serán negociados entre las partesen un plazo máximo de seis meses, tendrán tres candados de seguridad: seránrefrendados por el Parlamento para tener total seguridad jurídica, no seránmodificados en el tiempo y garantizarán altas ganancias para las transnacionales."Lo que el gobierno le dice a la inversión extranjera del mundo, española,europea, norteamericana, latinoamericana es: este gobierno respeta y va agarantizar tres principios básicos que creemos que es lo que necesita la inversiónextranjera en cualquier parte del mundo (...) Estos son los principios básicos querequiere cualquier inversionista extranjero y eso el gobierno boliviano lo va agarantizar como nunca ningún gobierno lo hizo en el país", aseguró.Actualmente, todos los contratos de las petroleras que operan en Bolivia han sidodeclarados sin validez jurídica e inconstitucionales por decisión inapelable delmáximo tribunal de justicia de Bolivia, el Tribunal Constitucional, lo que hareforzado la lucha que libran desde el 2003 los sindicatos y las organizacionespopulares para lograr la expulsión de las transnacionales y para renacionalizar elgas y el petróleo. En esta lucha, se enfrentaron a los tanques y la metralla y derribaron a dospresidentes (Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa), aunque sin lograr laexpulsión/nacionalización de las petroleras, una consigna que a muchos les pareceexcesiva e inviable.Entre los que creen esto último están los partidarios del nuevo gobierno de EvoMorales, que quieren, por el contrario, convertirse en buenos socios de lastransnacionales, a las que han conminado a firmar nuevos contratos en un plazode 180 días, en cumplimiento de la ley pro petrolera 3058, aprobada hace un añopor el Congreso dominado por las fuerzas neoliberales y que preserva losmillonarios intereses de las transnacionales.

Blanqueo de delitos

Esta ley, viabilizada ahora por el decreto de Morales, blanquea todos los delitosmayores que las petroleras han cometido en Bolivia desde mediados de losaños 90, cuando tomaron control y dominio de toda la industria petrolera alamparo de onerosas concesiones otorgadas por el poder neoliberal.La ley 3058 posibilita, por ejemplo, que las compañías como Repsol, Petrobras,Total, British Petroleum, Amoco & Pan American Energy, British Gas, Exxon,Enron, Shell, Pluspetrol, Vintage y otras puedan legalizar su permanencia enBolivia, donde operan de facto con contratos suscritos con los gobiernosneoliberales, pero que no tienen validez jurídica al no haber sido refrendados porel Congreso, tal como establece la Constitución Política del Estado. Un tema que el gobierno de Evo Morales quiere enmendar pronto y rápido. Así,con la suscripción de nuevos contratos, el Estado perderá la posibilidad legalde echar a las transnacionales y recuperar así más de 150 mil millones dedólares, que es el valor de las reservas de gas y petróleo, las segundas másimportantes de Sudamérica.La Ley 3058 infiere un segundo daño de magnitud a Bolivia cuando elimina todaposibilidad legal para que el Estado retome de inmediato, sin necesidad denacionalización, decreto o ley expresa, el 60 por ciento de las reservas degas y petróleo de manos de las petroleras, que incumplieron el artículo 30 deuna ley anterior y que les obligaba a devolver todos los campos y yacimientos enlos que no hubiesen perforado pozos en los últimos cinco años. En esta situación están casi todos los megacampos de gas y petróleo queestán siendo explotados por Repsol, Petrobras, Total y otras compañías y que, si


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se cumpliera la ley, ya sólo deberían beneficiar al Estado.Así, “la ley 3058 (ratificada vía decreto por Morales N.d.E), resulta ser másentreguista y antinacional que la anterior, aprobada por el ex presidenteGonzalo Sánchez de Lozada”, decía hace un año el ex parlamentario nacionalistaAndrés Soliz Rada. Hoy, Soliz Rada, elegido como ministro de Hidrocarburos de Evo, guarda unprudente silencio sobre este tema, lo que sin embargo no resta mérito a su certeracrítica emitida en mayo del 2005. El daño estimado en contra del Estado es, en este caso, de casi 100 mil millonesde dólares, monto que, paulatinamente en el tiempo, irá a parar a la bolsa delas petroleras, producto de la explotación y comercialización de las reservas.

El millonario fraude de Repsol y Pan American

Un tercer atentado contra Bolivia. La misma ley 3058 y el nuevo decreto deMorales convalidan otro millonario fraude en contra del Estado al legalizar, defacto, la mayor parte de las acciones que Repsol y Amoco & Pan Americantienen en las empresas mixtas de Andina y Chaco, levantadas sobre los camposque eran antes de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Repsol y Amoco & Pan American recibieron de los gobiernos neoliberales el 50 porciento de las acciones a cambio de la promesa de invertir 843 millones dedólares. Sin embargo, esta entrega no tomó en cuenta que estos campos de YPFB (enChaco y Andina) tenían reservas probadas y certificadas valuadas actualmente en24 mil millones de dólares y que fueron pignoradas a título gratuito para que seanexplotadas en beneficio de Repsol y Amoco & Pan American.Este fraude es conocido por los principales hombres de Evo Morales, como elministro de Hidrocarburos, Soliz Rada, y el nuevo Superintendente deHidrocarburos, Víctor Sainz. Hace un año, Sainz aseguraba que “el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,haciendo abuso de poder, regaló estas reservas que en 1996 tenían un valor demás de 12 billones de dólares (165 millones de barriles de petróleo a un preciopromedio de 30 dólares por barril = 5,45 billones de dólares más 5,3 trillones depies cúbicos de gas a precio promedio de 1,25 dólares por 1.000 pies cúbicos =6.625 billones de dólares. Total = 12.07 billones de dólares)”, advirtiendo que“una (futura) nacionalización de lo que se entregó a Chaco y Andina no puededejar de lado 12 billones de dólares que valían las reservas en el momento defirmar los contratos”.Pero ahora el superintendente Sainz, al igual que el ministro de Hidrocarburos,Soliz Rada, prefiere ya no cuestionar el decreto de Morales que convalida lafraudulenta propiedad de Repsol y Amoco & Pan American sobre el 50 porciento de las acciones de Andina y Chaco, cuando en realidad la participaciónlegal de estas transnacionales no debería ser mayor al cinco por ciento. Pese a ello, la intención del gobierno de Morales es “nacionalizar” el 3 por cientode las acciones en Andina y Chaco, respetando el otro 48 por ciento.

El asalto de Enron y Shell

Un cuarto atentado. La ley 3058 y el decreto de Morales dejan en total impunidad,sin sanción ni reparación, el asalto que la Enron, primero, y la Shell, después,realizaron en Bolivia al tomar a título gratuito el 40 por ciento del gasoductoa Brasil y otros ramales de transporte y distribución de hidrocarburos.Sin poner un solo centavo, la corrupta Enron tomó a medidos de los 90 la posesióny control de las acciones en estos gasoductos, que posteriormente los transfirió ala Shell. La Enron había sido contratada por el ex presidente Gonzalo Sánchez deLozada para financiar o buscar financiamiento para construir el gasoducto alBrasil, que finalmente fue construido por Petrobras, sin ningún concurso de la


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transnacional norteamericana.El daño inferido al Estado fue cuantificado en 120 millones de dólares, por el exdelegado presidencial, Juan Carlos Virreina, que pretendió recuperar esos recursosmediante un juicio que fue dejado de lado por los últimos gobiernos, incluido elactual.

Una ley antinacional

Por esta su esencia pro petrolera, la aprobación de la ley 3058, en mayo de 2005,constituyó una virtual declaratoria de guerra del poder transnacional contrael pueblo boliviano, que se alzó furibundo contra el presidente Carlos Mesa, alque derribó del cargo, y contra el Congreso neoliberal, recortándole su mandatoconstitucional y abriendo paso a nuevas elecciones, ganadas ampliamente por eldeseo y la urgencia del pueblo para nacionalizar el gas y el petróleo.Razones más que suficientes para que el nuevo gobierno de Evo Morales, que ganólas elecciones agitando la bandera de la nacionalización, se juegue a fondo paramontar una ficción y para mostrar y convencer a los bolivianos que su decreto de“nacionalización”.Por ello, el primero de mayo, día mundial del trabajo, usó al Ejército para ocuparsimbólicamente los campos petroleros y utilizó demagógicamente el alzatemporal de tributos hasta un 82 por ciento en los megacampos de gas, paratratar de mostrar que al fin había llegado la nacionalización, cuando en realidad loúnico que estaba haciendo era refrendar y viabilizar la ley pro petrolera 3058.Muchos, dentro y fuera de Bolivia, deslumbrados por toda la parafernaliaindigenista y militar, se rindieron ante el ardid, que sin embargo no alcanza paraesconder una clara realidad. El único cambio que efectivamente realiza el decreto Morales es la elevacióntemporal de tributos en los campos de San Alberto y Sábado (82% para el Estadoy 18% para las petroleras), pero sólo hasta que se firmen los nuevoscontratos, que se regirán en lo esencial a la 3058, que establece que laspetroleras pagarán nominalmente el 50 por ciento de regalías y tributos (eldecreto tiene un rango inferior y se subordina a la ley). El montaje de la ficción nacionalizadota se dio tras fracasar los intentos que alinterior del gobierno y del Movimiento al Socialismo (MAS) realizaron variossectores y personalidades para introducir modificaciones a la ley 3058, tratando derecuperar parte de las riquezas hidrocarburíferas a favor del Estado. Estos intentos fueron neutralizados y apagados por el propio Evo Morales, ainstancias del vicepresidente García Linera, que cree que inflando las cifras podráburlar la demanda de la nacionalización.Según los cálculos del propio vicepresidente, el Estado recibirá un total de 780millones de dólares (250 millones más que ahora) como resultado de los nuevoscontratos ajustados a la ley 3058 y de la vigencia temporal de los nuevos tributos.Un monto mínimo si se toma en cuenta que el negocio hidrocarburífero mueveanualmente más de 3.500 millones de dólares y un monto casi insignificantepara erradicar el hambre, la pobreza y la discriminación que agobian a dos terciosde la población de nueve millones de bolivianos.

Cuestión de centavos

En este marco, las declaraciones de los representantes de Repsol, Petrobras, Totaly de los gobiernos de Brasil, España y Argentina sobre la situación en Bolivia y lanegociación de los nuevos contratos han generado optimismo en esferas de laadministración de Morales, alentado por la aceptación inicial de su decreto por laspetroleras.“Estamos convencidos que se va a desarrollar un proceso de negociaciónsobre la base de la confianza y la lealtad, hemos recibido garantías por partedel gobierno de Bolivia sobre el marco en que esa negociación debe llevarse acabo”, dijo el viernes Bernardino León, secretario de Estado de Relaciones


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Exteriores de España, tras reunirse con García Linera.“Estamos convencidos de que sobre la base de esa lealtad y confianza podemosllegar a acuerdos que sean provechosos, que beneficien a los intereses de estepaís, de Bolivia, tan próximo tan amigo, yo diría hermano de España y losintereses de quienes queremos contribuir a que este país siga creciendo", agregóLeón en el lenguaje diplomático, que parece indicar que las petroleras estándispuestas a negociar los centavos, una vez puestos a salvo los millones.

1) BoliviaAnálisis del decreto 28.701

Análisis realizado por el Equipo de CEDIB

ARTICULO 1.

En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo al mandato del pueblo bolivianoexpresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio del 2004 y en aplicaciónestricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos naturaleshidrocarburíferos del país.El estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estosrecursos.

Análisis e Implicaciones:

El artículo tiene un énfasis declarativo: nacionaliza hidrocarburos del país,asumiendo el Estado la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de losmismos. El análisis de las implicaciones del resto de artículos será el que permitainferir si el control de los hidrocarburos es –como dice el artículo- total y absolutopor parte del Estado:

El artículo reafirma parte del artículo 139 de la constitución Política del Estadorespecto de la propiedad estatal sobre los recursos hidrocarburíferos:

CPE. Artículo 139:“Los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estadoen que se encuentren o la forma en que se presenten, son del dominio directo,inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podráconferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La exploración,explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados,corresponden al estado. Este derecho lo ejercerá mediante entidades autárquicas oa través de concesiones y contratos por tiempo limitado, a sociedades mixtas deoperación conjunta o a personas privadas conforme a Ley”.

El artículo va un poco más allá de la ley 3058 de Hidrocarburos (vigente) en elsentido que no limita esta propiedad a “Boca de Pozo” ni punto de fiscalización,sostenido en los artículos 5, 16 y 22 inciso 1 de la ley 3058 .

Ley 3058.Artículo 5.(Propiedad de Hidrocarburos)”.Por mandato soberano delpueblo boliviano, expresado en la respuesta a la pregunta número 2 delReferéndum vinculante de 18 de julio, y en aplicación al artículo 139 de la


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Constitución Política del estado, se recupera la propiedad de todos los hidrocarburosen boca de Pozo para el estado Boliviano. El Estado ejercerá a través de YPFB, suderecho propietario sobre la totalidad de los hidrocarburos….”

Ley 3058.Artículo 16 (Propiedad de los Hidrocarburos).”Los yacimientos dehidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o la forma en quese presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado.Ningún contrato puede conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos nide los hidrocarburos en boca de Pozo ni hasta el punto de fiscalización…”

Ley 3058.Artículo 22. (Estructura y atribuciones de yacimientos Petrolíferos FiscalesBolivianos) Inciso I: “YPFB a nombre del Estado Boliviano ejercerá el derechopropietario sobre la totalidad de los hidrocarburos y representará al estado en lasuscripción de contratos Petroleros y ejecución de las actividades de toda la cadenaproductiva establecido en la presente Ley”.

ARTICULO 2.

Artículo 2 inciso I

A partir del 1 de mayo del 2006, las empresas petroleras que actualmente realizanactividades de producción de gas y petróleo en el territorio nacional están obligadasa entregar en propiedad a Yacimientos petrolíferos fiscales Bolivianos YPFB, toda laproducción de hidrocarburos.

Análisis e Implicaciones:

El artículo define la obligación para las empresas petroleras que actualmenteoperan en territorio nacional de entregar toda la producción de hidrocarburos alEstado que para tales efectos estará representado por YPFB:

Este artículo es la concreción de la Ley 3058 en lo referente a los artículos 16,párrafo 3 y 66 que dejan claro que el titular de un contrato de ProducciónCompartida, Operación o Asociación está obligado a entregar al Estado la totalidadde los hidrocarburos producidos (en los términos contractuales que seanestablecidos).

Ley 3058. Artículo 16 párrafo 3.”El titular de un contrato de producción compartida,Operación o asociación está obligado a entregar al estado, la totalidad de loshidrocarburos producidos en los términos contractuales que sean establecidos poréste”

Ley 3058: Artículo 66 (Retribución o Participación al titular. “ Una vez iniciada laproducción, el titular está obligado a entregar a Yacimientos Petrolíferos fiscalesbolivianos , la totalidad de los hidrocarburos producidos. Del total producido yentregado a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el titular tendrá derecho aun retribución bajo el contrato de Operación y a una participación en la producciónde hidrocarburos en los Contratos de Producción compartida y Asociación, la mismaque estará contemplada en el contrato respectivo.”

Artículo 2 inciso II.

II. YPFB, a nombre y en representación del Estado, en ejercicio pleno de lapropiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país, asume su


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comercialización, definiendo las condiciones, volúmenes y precios tanto para elmercado interno, como para la exportación y la industrialización

Análisis e Implicaciones

YPFB asume la representación del Estado para efectos de comercialización de loshidrocarburos. Lo que supone una decisión de fortalecer a esta institución estatal ymejorar la posición del Estado en la real política hidrocarburífera del país:

El artículo confiere competencia a YPFB para disponer sobre el destino de laproducción, competencia que hasta este decreto no le era atribuida. Estacompetencia posibilitaría a YPFB mejorar su capacidad de negociación con lasempresas transnacionales: posibilitaría mejorar las condiciones en las que YPFB (yen consecuencia del Estado) habrá de negociar con las empresas los precios deexportación y para el mercado interno; y establece la posibilidad de romper elmonopolio sostenido hasta ahora por las empresas productoras y compradoras.

El artículo tiene relación con los artículos 17 del 1 al 5; 18 inciso 4, 5, 6; y artículo56 de la Ley 3058. Yendo inclusive, más allá de estos artículos pues deja de lado a“sociedades mixtas, personas individuales o colectivas del ámbito público o privado,conforme a Ley” que de acuerdo a la ley de hidrocarburos vigente tendríanpotestad para asumir esta función.

Ley 3058. Artículo 17.

I. La exploración, explotación, comercialización, transporte, almacenaje,refinación e industrialización de los hidrocarburos y sus derivadoscorresponden al Estado, derecho que será ejercido por sí, medianteentidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempolimitado, a sociedades mixtas o a personas privadas, conforme a Ley.

II. La actividad de comercialización en el mercado interno de los productosderivados de los hidrocarburos, podrá realizarse por Yacimientos PetrolíferosFiscales Bolivianos (YPFB), sociedades mixtas o por personas individuales ocolectivas del ámbito público o privado, conforme a Ley.

III. La actividad de comercialización para exportación de Gas Natural, serárealizada por el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos FiscalesBolivianos (YPFB) como agregador y cargador, por personas individuales ocolectivas, públicas o privadas o asociado con ellas, conforme a Ley.

IV. La actividad de comercialización para exportación de petróleo crudo,condensado, gasolina natural y Gas Licuado de Petróleo (GLP), serárealizada por el Estado, a través de Yacimientos Petrolíferos FiscalesBolivianos (YPFB), por personas individuales o colectivas, públicas o privadaso asociado con ellas, conforme a Ley.

V. La actividad de comercialización para exportación de productos refinados depetróleo y productos derivados del Gas Natural será realizada por el Estado,a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por personasindividuales o colectivas, públicas o privadas o asociado con ellas, conformea Ley.

El artículo está en cambio, en oposición a los artículos 24, 25, 67 y 85 de la Ley3058. que adjudicaban esta competencia de comercialización al Ente Regulador oSuperintendencia de Hidrocarburos.


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ARTÍCULO 24º (Ente Regulador). La Superintendencia de Hidrocarburos delSistema de Regulación Sectorial (SIRESE) es el Ente Regulador de lasactividades de transporte, refinación, comercialización de productos derivados ydistribución de gas natural por redes.

Ley 3058.ARTÍCULO 25º (Atribuciones del Ente Regulador). Además de lasestablecidasEn la LeyNº 1600, de 28 de octubre de 1994, y en la presente Ley, laSuperintendencia de Hidrocarburos tendrá las siguientes atribuciones específicas:

a) Proteger los derechos de los consumidores.

b) Otorgar concesiones, licencias y autorizaciones para las actividades sujetas aregulación.

c) Otorgar permisos para la exportación de hidrocarburos y sus derivadosconforme a Reglamento.

d) Autorizar la importación de hidrocarburos.

e) Llevar un registro nacional de las personas individuales y colectivas que realicenactividades hidrocarburíferas en el país.

f) Aprobar tarifas para las actividades reguladas y fijar precios conforme aReglamento.

g) Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de las entidadessujetas a su competencia.

h) Requerir de las personas individuales y colectivas que realizan actividadeshidrocarburíferas, información, datos, contratos y otros que considerenecesarios para el ejercicio de sus atribuciones.

i) Velar por el abastecimiento de los productos derivados de los hidrocarburos yestablecer periódicamente los volúmenes necesarios de éstos para satisfacer elconsumo interno y materias primas requeridas por proyectos de industrializacióndel sector.

j) Las demás facultades y atribuciones que deriven de la presente Ley y de laeconomía jurídica vigente en el país y que sean necesarias para el adecuadocumplimiento de sus responsabilidades.

k) Aplicar sanciones económicas y técnicas administrativas de acuerdo a normas yReglamentos.

Todas las actividades hidrocarburíferas reguladas establecidas en la presente Leyquedan sometidas a las normas y al Sistema de Regulación Sectorial, contenidas enla Ley Nº 1600, de 28 de octubre de 1994.

Ley 3058. ARTÍCULO 85º (Autorizaciones de Exportación de Hidrocarburos). La exportación de Gas Natural, Petróleo Crudo, Condensado, Gasolina Natural, GLP

yexcedentes de Productos Refinados de Petróleo, será autorizada por el Reguladorsobre la base de una certificación de existencia de excedentes a la demandanacional expedida por el Comité de Producción y Demanda, verificación del pago deimpuestos e información sobre precios y facilidades de transporte en el marco delas disposiciones legales vigentes.


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ARTICULO 3.-


I. Sólo podrán seguir operando en el país las compañías que acateninmediatamente las disposiciones del presente Decreto Supremo, hasta que en unplazo no mayor a 180 días desde su promulgación, se regularice su actividad,mediante contratos, que cumplan las condiciones y requisitos legales yconstitucionales. Al término de este plazo, las compañías que no hayan firmadocontratos no podrán seguir operando en el país.


Es obligatorio para las empresas petroleras acatar las disposiciones del Decreto y dela ley 3058 estableciéndose un plazo de 180 días para regularizar su situación porla vía de suscripción de nuevos contratos. En caso de desacato las empresasdeberán abandonar sus operaciones en territorio nacional:

Se contrapone al artículo 5 de la Ley 3058, porque estando las petrolerasactualmente fuera de la Ley debido al in cumplimiento de los plazos queobligatoriamente debieron acatar para efectivizar la migración de contratos, nosolamente no se sanciona la ilegalidad en que ya están comprometidas, sino quese otorga un plazo de seis meses más.( En total las petroleras acumulan 11 mesesde tolerancia – desde noviembre de 2005- para regularizar sus operaciones,funcionando mientras tanto al margen de la ley sin sanción alguna)

Artículo 5 Ley 3058….”Los Titulares que hubieran suscrito Contratos de RiesgoCompartido para ejecutar las actividades de Exploración, Explotación yComercialización, y hubieran obtenido licencias y concesiones al amparo de la Leyde Hidrocarburos, Nº 1689, de 30 de abril de 1996, deberán convertirseobligatoriamente a las modalidades de contratos establecidas en la presente Ley, yadecuarse a sus disposiciones en el plazo de ciento ochenta (180) días calendariocomputables a partir de su vigencia. (Promulgada 5 mayo 2005)

Artículo 3 Inciso II

II. Para garantizar la continuidad de la producción, YPFB, de acuerdo a directivasdel Ministerio de Hidrocarburos y Energía, tomará a su cargo la operación de loscampos de las compañías que se nieguen a acatar o impidan el cumplimiento de lodispuesto en el presente Decreto Supremo.


En caso de desacato por parte de las empresas a las disposiciones del decreto28701 y a la ley 3058 en lo referido a la migración de contratos, será YPFB quienopere los campos y garantice la continuidad de la producción de los mismos:

A diferencia de la ley 3058, el Decreto 28701 establece sanciones para lasempresas que no acaten sus disposiciones (no podrán seguir operando) de talforma que sería YPFB quien asumiría el control total de las mismas. Esto en lapráctica es una amenaza de expropiación. (Esta implicación parece haber quedadoclara en las declaraciones hechas el 3 de mayo en el programa tramo final de canal7 por el Sr. Morales Olivera, asesor de YPFB, quien explicitó que el desacato deldecreto supone para las petrolera el retirarse del país, dejando su infraestructura o“herramientas” como él mismo aclaró. )

Artículo 3 inciso III


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III. YPFB no podrá ejecutar contratos de explotación de hidrocarburos que no hayansido individualmente autorizados y aprobados por el Poder Legislativo en plenocumplimiento del mandato del inciso 5 del Artículo 59 de la Constitución Política delEstado.

Análisis e Implicaciones.

YPFB solo ejecutará los contratos de explotación de hidrocarburos cuando éstoshayan sido autorizados (de forma individual) por el Congreso. Lo que impediría laejecución de cualquier otro contrato que no haya sido aprobado por el PoderLegislativo (como por ejemplo, los actuales contratos bajo los que las empresasoperan al margen de la ley):

Este inciso es en estricto cumplimiento del artículo 68 de la ley 3058 y por tanto delos artículos 7 y 59 inciso 5 a. de la CPE que establecen que los Contratos(Producción compartida, Operación, Asociación) y sus modificaciones deberán serautorizados por el Poder Legislativo.

Ley 3058 ARTÍCULO 68º (Autorización y Aprobación de Contratos). Los Contratosde Producción Compartida, Operación, Asociación y sus modificaciones, deberán serautorizados y aprobados, de conformidad a lo dispuesto el Artículo 59º, atribución5ª, de la Constitución Política del Estado

Por otro lado, los contratos a los que se hace referencia, solo pueden ser losestipulados en la ley 3058 (Producción compartida, Operación y Asociación). Contratosque en sí mismos suponen una limitación del Decreto Supremo, ya que sus términos,son opuestos al ejercicio de la soberanía del Estado: léase el caso del Contrato deProducción Compartida - por ejemplo-, que es un contrato de concesión en los mismostérminos que los vigentes Contratos de Riesgo Compartido. Y donde solo existe unafigura de “prestación de servicios” en los Contratos de Operación.

En términos generales, este artículo 3 legaliza la inconstitucionalidad de loscontratos petroleros de Riesgo Compartido que a pesar de ser ilegales, gozan – conla promulgación del Decreto Supremo- con un plazo adicional de 180 días más,constituyendo esto un reconocimiento de hecho de los mismos. Se obliga a lasempresas a migrar, pero se consiente la ilegalidad en la que ya están y se descartade plano las sanciones por haber operado ilegal e inconstitucionalmente todos estosaños en los que han acumulado ganancias exageradas en desmedro de losintereses nacionales y de la ley.

A esto se suma – en correspondencia con la 3058- el desconocimiento al fallo delTribunal Constitucional que ha observado la inconstitucionalidad de los contratospetroleros por no haber sido aprobados en el Congreso. Sobre este aspecto elDecreto Supremo hace “borrón y cuenta nueva” lo que es, en definitiva, consentirla ilegalidad (más aún cuando la 3058 prevé que el estado pague a las petrolerasen compensación por esa migración).

ARTICULO 4.-


I. Durante el período de transición, para los campos cuya producción certificadapromedio de gas natural del año 2005 haya sido superior a los 100 millones de piescúbicos diarios, el valor de la producción se distribuirá de la siguiente forma: 82%para el Estado (18% de regalías y participaciones, 32% de Impuesto Directo a losHidrocarburos IDH y 32% a través de una participación adicional para YPFB), y 18%


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para las compañías (que cubre costos de operación, amortización de inversiones yutilidades).


La medida es- en primer lugar -, transitoria: tiene una vigencia de 180 días. Afecta– en segundo lugar- a la producción de gas natural de dos campos que generarían82% de ingresos monetarios para el Estado (se trata claramente, de recursoseconómicos). De este 82%, solamente un 32% (el destinado a YPFB) supone unmonto adicional, ya que, el 32% de IDH y el 18 % de regalías está contemplado enla ley de Hidrocarburos vigente 3058. Por tanto cuando se habla de ingresosadicionales al Estado se habla de ese 32% para YPFB, único monto adicionalcontemplado en el artículo:

Solo afecta a 2 campos productores de gas (de 51 en total): San Alberto y Sábalo(San Antonio), que representan de 49% de la producción nacional de gas. Estos doscampos, han aportado 53 millones de dólares en el 2004 por concepto de regalías yun aproximado de 148 millones de dólares el 2005 por 18% de regalías y 32% deIDH. Según los datos que son públicos y sobre los cuales puede hacerseproyecciones y extrapolaciones, estos dos campos podrían generar 141 millones dedólares en el 2006 (durante el periodo de transición), por concepto del 82% queestipula el decreto, cifra bastante inferior a la que, según declaraciones defuncionarios gubernamentales, se espera.

Según datos del gobierno el monto por un año alcanzaría más de 300 millones dedólares adicionales (al parecer con un precio de 3.40 que no tiene –hasta ahora-respaldo documental con el cual pueda ser verificado). Este monto adicional seríaentonces, en concepto del 32% que con el decreto se destina a YPFB y que es elúnico porcentaje que es nuevo ya que, el 32% de IDH y el 18% de regalías yaestán contemplados en la ley 3058. Sin embargo, de acuerdo a las estimacionesmáximas que pueden inferirse de los datos de producción y precios con los que secuenta, este monto adicional alcanzaría a 39 millones de dólares (en 180 días),cifra muy por debajo de lo esperado de acuerdo a declaraciones del gobierno.

Estos pozos representan el 87% de la exportación al Brasil, afectandoprincipalmente a Petrobrás, Repsol (accionista principal de Andina, que en 50%participa de ambos campos gasíferos) y Total. Es una medida de gran sensibilidadpara la Petrobras operadora de San Alberto y San Antonio.

Sin embargo al tratarse de una medida transitoria de 180 días, la apropiación demayores recursos y la sostenibilidad de la medida a favor de YPFB se ve limitadapor la vigencia de 6 meses de la medida y por afectar a dos (aunque los mássignificativos) de 51 campos y a la producción exclusiva de gas (y no petróleo).

Los nuevos recursos, o recursos adicionales, ingresarían por un tiempo no mayor a180 días (solo durante la vigencia del periodo de transición) y no generaríanrecursos adicionales para las arcas del Tesoro General de la Nación pues ingresaríancomo recursos para YPFB exclusivamente. Por otro lado la distribución de Regalías eIDH no es modificada en el decreto Supremo.

Según indican funcionarios de gobierno, el 18% destinado a las empresas essuficiente para cubrir sus costos de operación y obtener una ganancia promedio del15 al 20 % de las petroleras afectadas (en específico Petrobras que es la operadorade los campos en cuestión), considerando que en años anteriores las empresas hanrecuperado sus inversiones y que más allá del 18% que ahora les corresponde loúnico que se generan son ganancias extraordinarias en perjuicio del país. Dada esta


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argumentación del gobierno es necesario preguntarse ¿a que se debe el caráctertransitorio de esta medida que incrementa a 82% los ingresos para el país?

La medida afecta solo a la producción de gas, no afecta a la producción de petróleodel campo San Alberto (en Sábalo no hay producción petrolera) que alcanza1.300,000 millones de barriles anuales y que aportaron 5 millones de dólares enregalías (del 18%) el año 2004.

Si se tratase de un incremento en los impuestos (el gobierno manifiesta que setrata de participación) esta disposición estaría en clara contraposición con elCódigo tributario en los artículos 6 y 9 que establecen que ningún Decreto Supremopuede modificar los montos ya establecidos en el Código referido.

Artículo 4 inciso II

II. Para los campos cuya producción certificada promedio de gas natural del año2005 haya sido menor a 100 millones de pies cúbicos diarios, durante el período detransición, se mantendrá la actual distribución del valor de la producción dehidrocarburos.

Análisis e Implicaciones.

Todos los campos, a excepción de los dos contemplados en el inciso anterior, nosufren modificación respecto de la distribución del valor de la producción:

49 campos seguirían bajo las reglas de la Ley 3058 sin modificaciones. (6 de esoscampos tienen una producción superior a 50 millones de pies cúbicos y 4 seacercan a los 100 millones de pies cúbicos/día). Los 49 campos exentos demodificación han generado el 51% de todas las regalías registradas el 2004 (56millones de dólares).

Es una medida transitoria (180 días)


III. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía determinará, caso por caso y medianteauditorías, las inversiones realizadas por las compañías, así como susamortizaciones, costos de operación y rentabilidad obtenida en cada campo. Losresultados de las auditorias servirán de base a YPFB para determinar la retribucióno participación definitiva correspondiente a las compañías en los contratos a serfirmados de acuerdo a lo establecido en el Artículo 3 del presente Decreto Supremo.


Durante el periodo transitorio se realizarán auditorías sobre las inversiones,amortizaciones, costos de operación y rentabilidad. El fin de tales auditorías es darinsumos a YPFB para determinar retribuciones o participaciones de las petroleras enlos nuevos contratos a suscribirse:

Contraviene la Primera de las disposiciones transitorias de la Ley 3058 referente aque las Auditorías a las empresas petroleras deberían haber sido realizadas por laContraloría General de la República en 180 días( plazo que venció hace 5 meses ymedio)

Por otro lado, lo que resulta preocupante de la medida no es el reemplazo de laControlaría como ente ejecutor de las auditorías (que dicho sea de paso nunca hacumplido la función encomendada), sino que, lo que preocupa es la limitación delcarácter de esa auditoria que antes del decreto era integral ( financiera, operativa,


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jurídica y técnica) relativa al cumplimiento de los contratos y que ahora quedacircunscrita a la función de determinar amortizaciones y participaciones para lasempresas.

Ley 3058 .disposiciones Transitorias. PRIMERA. A efectos de realizar auditoriasespeciales, en las áreas financiera, operativa, jurídica y técnica de las empresaspetroleras, resultantes del llamado proceso de capitalización, contrato de riesgocompartido y del proceso de privatización, se encomienda y conmina a laContraloría General de la República a cumplir este cometido, en un plazo no mayora 180 días, con el objeto de establecer el cumplimiento estricto de las leyes envigencia, disponiéndose que para este objetivo sea el Ministerio Público, la entidadque apoye en los ámbitos que sean de su competencia.

La ley 3058 solo establece la auditoría bajo responsabilidad de YPFB en el caso delos contratos de Producción Compartida y para fines de reconocer amortización delas inversiones. Por tanto este artículo del Decreto 28701 amplía lo estipulado enel artículo 73, párrafo 2 de la Ley 3058.

Ley 3058. Artículo 73, párrafo 2.”Para establecer los costos incurridos en laobtención de los hidrocarburos, el organismo administrador y fiscalizador YPFBefectuará una auditoria externa y el Titular a este propósito presentará lainformación debidamente respaldada. Con base a los resultados de la auditoria elorganismo administrador y fiscalizador YPFB reconocerá al Titular las inversionesrealizadas, regalías y participaciones, y entre partes acordarán un programa deamortización de las mismas, pagadera con la producción del campo”.

ARTICULO 5.-


I. El Estado toma el control y la dirección de la producción, transporte, refinación,almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos en elpaís.


A partir del decreto las competencias necesarias para el control de la producción,almacenaje, distribución, comercialización e industrialización de hidrocarburos sonrecuperadas por el Estado quien sería el único con potestad para ejercerlas:

Se restablece el control y la dirección unitaria de la política nacional dehidrocarburos en manos del estado en concordancia con el artículo 11, inciso b dela Ley 3058.

ARTÍCULO 11º (Objetivos de la Política Nacional de Hidrocarburos). Constituyenobjetivos generales de la Política Nacional de Hidrocarburos:

a) Ejercer el control y la dirección efectiva, por parte del Estado, de la actividadhidrocarburífera en resguardo de su soberanía política y económica.


II. El Ministerio de Hidrocarburos y Energía regulará y normará estas actividadeshasta que se aprueben nuevos reglamentos de acuerdo a Ley.



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Será el Ministerio de Hidrocarburos y Energía quien garantice (transitoriamentehasta aprobación de nuevos reglamentos), el control unitario del Estado sobre laproducción, transporte, refinación, almacenaje, distribución, comercialización eindustrialización de hidrocarburos en el país:

El control y la dirección unitaria, será realizada por el Ministerio de Hidrocarburoslo que va más allá de la propia Ley 3058 que establece esa competencia en manosde la Superintendencia de Hidrocarburos (y que está además en oposición a la leySIRESE).

Estas actividades de forma transitoria estarán en manos del Ministerio dehidrocarburos hasta que sean reglamentadas. Podría inferirse que tal y comopropuso el MAS durante su campaña, la superintendencia deberá desaparecer (o -en su defecto- , ser modificada, como han señalado en meses anteriores Ministrosde Gobierno)

ARTICULO 6


I. En aplicación a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos, setransfieren en propiedad a YPFB, a título gratuito, las acciones de los ciudadanosbolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en lasempresas petroleras capitalizadas Chaco SA., Andina SA. y Transredes SA.


Las AFP´s bajo cuya potestad se encuentra la administración de estos fondos(FCC), transferirán la propiedad de las acciones del FCC a YPFB sin que medieninguna compensación económica para tal efecto. A partir del Decreto, YPFB tienela propiedad de esa parte del paquete accionario:

Esta medida es en estricto cumplimiento del Artículo 6 de la Ley de Hidrocarburos3058 vigente.

Ley 3058. ARTÍCULO 6º (Refundación de Yacimientos Petrolíferos FiscalesBolivianos - YPFB). Se refunda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB),recuperando la propiedad estatal de las acciones de los bolivianos en las empresaspetroleras capitalizadas, de manera que esta Empresa Estatal pueda participar entoda la cadena productiva de los hidrocarburos, reestructurando los Fondos deCapitalización Colectiva y garantizando el financiamiento del BONOSOL.

Se trata de las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva (FCC)en manos delas AFP´s que en cada uno de los casos, originalmente era el 50% del paqueteaccionario de cada empresa pero que a través de los años, ha ido reduciéndose yque actualmente implican: 30.17 % de las acciones de Transredes; 44.84% de lasde Andina y 44.88 de Chaco.

Composición Accionaria Petroleras Capitalizadas Transredes Andina Chaco

FCC 30.17% 44.84% 44.88%Socio 50.00% 50.00% 50.00%Otros 19.23% 5.16% 5.12%Fuente: Superintendencia de Pensiones, Valores y seguros. Datos al 2006



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II. Para que esta transferencia no afecte el pago del BONOSOL, el Estado garantizala reposición de los aportes por dividendos, que estas empresas entregabananualmente al Fondo de Capitalización Colectiva.


Los dividendos (ingresos por utilidades correspondientes al FCC) seguirándestinados al pago del Bonosol, siendo a partir del Decreto, YPFB (ahora propietariode las acciones) quien garantice esos dividendos, sin que el monto y pago delBONOSOL sufra alteraciones:

YPFB, en el marco de la empresa SA mixta, asume la obligación de destinar yentregar los dividendos para el pago del Bonosol.

Se trata aproximadamente de un monto de 19.207.372 millones de dólares endividendos, aportados1 por las capitalizadas petroleras en el 2004. Aunque esprevisible un aumento en las utilidades y por tanto en los dividendos que YPFBdestine al Bono, debe recordarse que en el 2004 se pagó un total de 101.004.287millones de dólares en concepto de Bonosol. De ese monto TODAS LAS EMPRESASCAPITALIZADAS aportaron apenas 27.091.497 millones de dólares y de esteúltimo monto las petroleras Chaco, Andina y Transredes han aportado 19.207.372millones de Dólares. El déficit anual que genera el pago del BONOSOL oscilaalrededor de 75 millones de dólares2.


III. Las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva que están a nombre de lasAdministradoras de Fondos de Pensiones en las empresas Chaco SA., Andina SA. yTransredes SA. serán endosadas a nombre de YPFB.


La forma de transferencia de las acciones a YPFB será a través del endoso de lasacciones de las 3 petroleras capitalizadas.

• Se consolida lo definido en el inciso I especificando que las AFP endosarán lasacciones del FCC a YPFB.

ARTICULO 7. -

I. El Estado, recupera su plena participación en toda la cadena productiva del sectorde hidrocarburos.

II. Se nacionalizan las acciones necesarias para que YPFB controle como mínimo el50% más 1 en las empresas Chaco SA., Andina SA., Transredes SA., PetrobrásBolivia Refinación SA. y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA.III. YPFB nombrará inmediatamente a sus representantes y síndicos en losrespectivos directorios y firmará nuevos contratos de sociedad y administración enlos que se garantice el control y la dirección estatal de las actividadeshidrocarburíferas en el país.

1 Fuente: datos de la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros del 2004 (datos completos másrecientes)2 Según datos denunciados por Juan Carlos Virreyra, Delegado presidencial para la revisión y mejora dela Capitalización (cuaderno 2) las petroleras han dejado de aportar a este fondo durante varios años ya quehan reportado pérdidas.


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Se establece la participación del Estado (por medio de la administración) en unaparte de la cadena productiva a través de obtener la propiedad del 50% más 1 (noel 51%) de las acciones en 5 empresas (capitalizadas: Chaco, Andina y Transredes.Privatizadas: Petrobrás Bolivia Refinación SA. y Compañía Logística deHidrocarburos de Bolivia SA). En las capitalizadas, una parte de este porcentaje seconsigue con la transferencia prevista en el artículo anterior. Para la obtención delporcentaje de acciones que hace falta para alcanzar el 50% más 1 requerido y parael caso de las dos empresas totalmente privadas, se procederá a la nacionalizaciónde las acciones:

En el caso de las capitalizadas (Chaco, Andina y Transredes) se trataría de laconcreción del Programa de gobierno del MAS en el sentido que las capitalizadas“transfieren las acciones del FCC de los bolivianos a YPFB y éste comprará lasacciones de los trabajadores y adquirirá 1% de acciones en manos de las empresasextranjeras”. Eso supondría (si se compran las acciones de los trabajadores) que elEstado “nacionalizaría” el 0.1% de las acciones de cada empresa puesto que elDecreto no habla de 51% sino de 50% más 1.

Lo que no se tiene claro es cuál es el mecanismo para nacionalizar esas acciones(¿compra? o ¿confiscación?).

En el caso de las empresas privatizadas: Petrobrás Bolivia Refinación SA yCompañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia SA, se trata de una medida degran sensibilidad para las compañías extranjeras pues implica- en el mejor de loscasos- proceder a una venta forzada que se interpreta como una forma deconfiscación.

YPFB administraría 5 empresas petroleras (3 capitalizadas y 2 Privatizadas) queserían empresas Mixtas y participaría en ellas, como Administrador en una parteintegrada de la cadena productiva.

Si el mecanismo de “nacionalización” fuera el de la compra (como ha sidodeclarado por Jorge Alvarado Pdte. de YPFB), en el caso de las capitalizadassupondría, al menos un monto de 47.571.752 millones de dólares (según el valornominal de las acciones registradas 3y el número de acciones necesarias paraobtener mayoría por parte del Estado en cada empresa capitalizada)

En el caso de las privatizadas Petrobrás Bolivia Refinación SA y Compañía Logísticade Hidrocarburos de Bolivia, no existe en la Bolsa de Valores datos sobre los que sepueda hacer estimaciones, pero se prevé que supondrá un desembolso importantedado que en la composición accionaria de las mismas no tiene presencia el FCC delos bolivianos administrados por las AFP ni entidad alguna del Estado Nacional. Estoquiere decir que se deberá obtener el total del porcentaje previsto (50% más 1),mediante compra ya que, el mecanismo alternativo – que sería la confiscación deacciones -, ha sido de plano descartado en las declaraciones emitidas porfuncionarios del Gobierno.

ARTICULO 8

En 60 días, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Supremo ydentro del proceso de refundación de YPFB, se procederá a sureestructuración integral, convirtiéndola en una empresa corporativa, transparente,eficiente y con control social.

3 Datos de La Bolsa Boliviana de Valores. 2006


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Se procedería en los siguientes 60 días a la refundación de YPFB convirtiéndola enuna empresa con control social:

Las implicaciones estarían referidas (aunque no lo explicita) a la derogatoria delDecreto Supremo 28324 del 9 de Septiembre del 2005 que define los Estatutos deYPFB (fragmentándolo y haciéndolo permeable a intereses políticos y económicos depoderosas minorías departamentales).

Debería suponer la creación de mecanismos de Control Social por parte de sectoresde la población.

ARTICULO 9.-

En todo lo que no sea contrario a lo dispuesto en el presente Decreto Supremo, seseguirán aplicando los reglamentos y normas vigentes a la fecha, hasta que seanmodificados de acuerdo a ley.


Las normas y reglamentos que no entran en contradicción con el Decreto Supremosiguen en plena vigencia hasta que de acuerdo a Ley sean modificados.

Al mantenerse la jerarquía jurídica, el Decreto Supremo de nacionalizacióntiene un rango menor al de cualquier Ley, de lo que se infiere que ninguna deéstas será afectada por el presente Decreto.

Por tanto, leyes como la inconstitucional Ley 3065 (respecto de la cual, elvicepresidente ha asumido el compromiso a no modificarla, derogarla oabrogarla), seguiría en total vigencia. Lo que supone que la Prefectura deTarija continuaría con la propiedad de los recursos hidrocarburíferosdepartamentales (que incluyen los de los campos Sábalo y San Alberto). ElDecreto Supremo no tiene implicaciones sobre la mencionada Ley.

En similar relación de rango estarían otras Leyes, o artículos de Leyes quemantienen un rango superior al del Decreto, tal es el caso de la LeySIRESE1600 (que está en oposición a varios artículos del Decreto Supremo) yartículos de la Ley 3058 que también están reñidos con artículos de esteDecreto Supremo.

Cambios respecto de lo mencionado en los párrafos anteriores, solo seránposibles mediante otras acciones jurídicas especiales (abrogaciones,anulaciones, derogaciones y/o modificaciones, según sea necesario), o en sudefecto, mediante una férrea voluntad política (como sucedió con el DecretoSupremo 21060 que fue impuesto precisamente apelando a la voluntadpolítica de los gobiernos de turno).

CONCLUSIONES Y ANALISIS GLOBAL DEL DECRETO SUPREMO “HEROES DELCHACO” 28701 DE 1 MAYO DE 2006.

Consideramos que los alcances del Decreto Supremo 28701 deben ser analizadosen relación a los efectos e implicaciones que supone sobre: la industriahidrocarburífera, la economía y la política nacional.

I. EFECTOS EN LA INDUSTRIA PETROLERA


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Sobre la producción.

Determina que 82% del valor de la producción de gas natural de San Albertoy San Antonio, por 180 días, sean para el país. El 32% adicional (más alládel 50% estipulado en la ley 3058) será a favor de YPFB. A futuro lasauditorias realizadas por YBFB en 6 meses determinaran la participación oretribución de las compañías.

El decreto obliga a las empresas productoras a suscribir nuevos contratos(en aplicación de la ley 3058). Otorgándoles para el efecto 180 días más detiempo, en el cual negociarán con YPFB.

Además de definir el destino de la producción (condiciones, precios yvolúmenes), YPFB administraría las empresas Chaco y Andina en virtud deposeer el 50% más 1 de las acciones de estas empresas productoras.

Sobre el almacenaje, comercialización, transporte y refinación de hidrocarburos.

YPFB al disponer de la producción (negociando condiciones, precios yvolúmenes) podría intervenir en defensa de los ingresos del Estado y elmercado interno.

La propiedad del 50% más 1 de las Acciones de Transredes le permite aYPFB asumir la administración de la empresa, lo que es un cambio respectode la participación del Estado en el transporte de Hidrocarburos del quehasta ahora, ha estado, en la práctica, excluido.

Con la administración por parte de YPFB de la CLHB (por medio de lamayoría accionaría) y Transredes se vería roto el control y la operaciónmonopólica que estas trasnacionales han tenido sobre el almacenaje y eltransporte de hidrocarburos en los últimos años.

La Administración de las refinerías por YPFB es la medida más fuerte en elámbito de la industria ya que rompe el monopolio que ha detentado laempresa Petrobrás Bolivia Refinación (ex EBR) desde 1999.

Solo en el caso de desacato de las medidas previstas en el Decreto Supremo, YPFBasumiría el control total de las operaciones de la Empresa infractora, hasta tantoesto no suceda, el control y dirección de las 5 empresas involucradas estaría sujetaa las ventajas que obtiene YPFB al asumir la administración.

II. – IMPLICACIONES EN LO ECONOMICO

Respecto del incremento del ingreso que con el Decreto se obtendría en beneficiodel Estado, la medida afecta a dos - de los 51- campos que existen en territorionacional y únicamente a la producción de gas (se excluye el petróleo). Dichamedida generaría en concreto, un ingreso económico de un 32% adicional de loscampos San Alberto y Sábalo, que de acuerdo a estimaciones del gobiernoreportaría cerca de 300 millones de dólares extras. Sin embargo estas estimacionesgubernamentales realizadas al parecer sobre un precio del gas de 3.40 (sinespecificar si es precio en boca de pozo) parecen estar referidas al ingreso total del82% anual. La medida tiene vigencia por 6 meses lo que implica ingresosadicionales por la mitad del monto estimado.

Sobre estas estimaciones del gobierno, que no pueden hasta ahora ser respaldadasen este análisis por falta de datos públicos, se debe especificar que si bien elDecreto contempla un ingreso del 82% en el caso de los campos afectados, no todo


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el 82% es un ingreso adicional, ya que un 50% de éste está compuesto por el 32%de IDH y el 18% de regalías que ya está en vigencia de acuerdo a la Ley 3058. Ental sentido, solamente otro 32% es en realidad un ingreso extra (el 32% paraYPFB). En todo caso, la medida beneficia la obtención de esos ingresos adicionalespor un tiempo de 180 días, al término del cual y en base a las auditorías arealizarse, se tomarán decisiones definitivas.

Los montos esperados por el gobierno, todavía deben ser respaldados por datosactualizados, ahora no disponibles. Sin embargo, de acuerdo a proyecciones quepueden realizarse en base a los datos oficiales públicos más recientes (2004), el32% adicional alcanzaría un monto de 39 millones de dólares que estaríandestinados a YPFB.

Ningún artículo del Decreto prevé una modificación en la distribución del 50% enconcepto de IDH y regalías estipulado en la Ley 3058.

Es previsible que por la administración de 5 empresas petroleras y la propiedad dela mayoría accionaria, el Estado se beneficie con el incremento de los ingresos porutilidades correspondiente a su mayoría accionaría en cada empresa.

Respecto de las implicaciones de una compra de acciones, el Estado tendríadesembolsar de cerca de 47 millones de dólares para los casos de Chaco, Andina yTransredes.

En el caso de las privatizadas Petrobras Bolivia y Compañía Logística deHidrocarburos de Bolivia es de suponer que el desembolso deberá ser aún mayor.

Respecto del Bonosol, el Estado a través de YPFB (ahora en propiedad de lasacciones bolivianas de las empresas petroleras capitalizadas), repondrá los aportespor dividendos que las empresas entregaban al FCC. Como referencia, estos aporteshan supuesto en el año 2004, exactamente 19.207.372 millones de dólares, montoimportante respecto de los casi 27 millones de dólares que aportaron todas lascapitalizadas ese año; pero claramente insignificante de cara a los casi 101 millonesde dólares que debieron desembolsarse a fin de pagar el Bonosol.

III. CONNOTACIONES POLITICAS

El Decreto esta restringido en materia de contratos a la Ley 3058 que contemplasolo una modalidad de prestación de servicios (Contrato de Operación) dejandotodavía abierta la posibilidad de suscribir contratos de Producción Compartida quepara efectos concretos replican las condiciones (contrarias al interés nacional) delos Contratos de Riesgo Compartido que ejecutó Gonzalo Sánchez de Lozada.

El eje fundamental en el que tiene base la “nacionalización” con control “absoluto ytotal” de los hidrocarburos es la conformación de Sociedades Mixtas conparticipación mayoritaria del Estado. Este eje otorga al Estado una posicióncualitativamente diferente en la industria de hidrocarburos del país (a diferencia dela capitalización de Goni). Genera mejores condiciones para negociar con laspetroleras, pero los efectos concretos para el país están todavía supeditados a esanegociación en el marco de empresas de sociedad mixta.

Lo anterior reafirma la voluntad política del gobierno para posibilitar la participación(no mayoritaria) de las empresas transnacionales en toda la cadena productiva delos hidrocarburos en el país. Reafirmando por tanto, como su políticahidrocarburífera, la coexistencia entre lo público y privado (propiedad pública ypropiedad privada).


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La medida es importante y expresa un avance significativo en el ejercicio delderecho propietario del Estado sobre los hidrocarburos, aunque no se trata denacionalización de la industria de los hidrocarburos. Su carácter, en variosaspectos, es transitorio y su ejecución estará sujeta a presiones internas yexternas.

1) BoliviaAnálisis del decreto de nacionalización de

los hidrocarburos en Bolivia(IAR-Noticias) 04-May-06

La llamada nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia no es tal.Además, el decreto presenta una cantidad considerable de imprecisionesjurídicas y ambigüedades.

Por Mauricio E. Ochoa Urioste (*) - La Haine

La prensa boliviana e internacional informa que el gobierno boliviano nacionalizólos hidrocarburos. ¿El Decreto Supremo 28701 - D.S. 28701 – promulgado por elPresidente Evo Morales nacionaliza verdaderamente la industria petrolera enBolivia? El jurista Eduardo Novoa Monreal, define la nacionalización como “un actogubernativo de alto nivel destinado a un mejor manejo de la economía nacional osu reestructuración, por el cual la propiedad privada sobre empresas deimportancia es transformada, de manera general e impersonal, en propiedadcolectiva y queda en el dominio del Estado… La nacionalización permite alcanzarpor su propio efecto y mediante un solo acto integral los complejos procesos yresultados necesarios para que un área de la actividad económica nacional, enactual explotación por empresarios particulares: a) quede sustraída a la posibilidadjurídica de ser realizada por particulares; b) pasen en dominio al Estado los bienesy elementos con que los empresarios privados la llevaban a cabo anteriormente; yc) corresponda al Estado la futura explotación de ella”.En primer lugar, el D.S. 28701 se inscribe - tal como anunció el Presidente de laRepública y el Ministro de Hidrocarburos y Energía – dentro del denominado“proceso de nacionalización”. Sin embargo, la nacionalización es un solo actointegral, por lo que no es posible un proceso de nacionalización, es decir unanacionalización llevada por etapas. En efecto, la naturaleza de la nacionalización se diferencia de la expropiación, elmonopolio estatal y otras formas de participación del Estado en la economía, enque se trata de un solo acto integral que abarca todos los procesos necesarios paraconvertir la propiedad privada de las empresas en propiedad colectiva de dominiodel Estado. Por esta razón, es impropio hablar de un “proceso de nacionalización”.En segundo lugar, el D.S. 28701 no imposibilita a los empresarios particularesla explotación de los hidrocarburos; sino, por el contrario, mantiene vigente laposibilidad que éstos realicen todas las actividades de la cadena productiva, ya seaindividualmente o por medio de convenios de asociación con el Estado boliviano. En tercer lugar, mediante la indicada norma jurídica no pasan al dominio del


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Estado los bienes de las empresas petroleras que operan en el país -plantas, maquinarias y otros activos -. A pesar de que se infiere del art. 7 num. IIque YPFB controlaría el 50% más 1 de las acciones de las empresas capitalizadas,las demás acciones de las empresas petroleras quedarían vigentes, así como susbienes.Por estas tres razones, la llamada nacionalización de los hidrocarburos en Boliviano es tal. Además, el texto del D.S. 28701 presenta una cantidad considerable deimprecisiones jurídicas y ambigüedades:El art. 1 indica que se “nacionalizan los recursos naturales hidrocarburíferos delpaís”. Cualquier nacionalización afectaría a la industria del sector que explota unrecurso natural, pero no así a los recursos naturales que son, constitucionalmente,de dominio inalienable e imprescriptible del Estado. El art. 7 num. II prescribe que “se nacionalizan las acciones necesarias para queYPFB controle como mínimo el 50% más 1 en las empresas Chaco S.A., AndinaS.A., Transredes S.A., Petrobrás Bolivia Refinación S.A. y Compañía Logística deHidrocarburos de Bolivia S.A”. A simple vista podría pensarse que YPFB sería, bajola nueva norma jurídica, propietaria del 50% más 1 de las acciones de lasempresas capitalizadas. Sin embargo, esto no es muy claro: el texto refiere el“control” de las acciones y no así la titularidad o la propiedad del 50% más1 de las acciones. Tampoco queda claro si el Estado debería o no indemnizar a lasempresas capitalizadas.El art. 4 indica que para ciertos campos se crea una participación adicional de 32%para YPFB, con lo que el Estado incrementaría su renta petrolera hasta alcanzar un82% del valor de la producción. Esta nueva participación adicional es un tributo:son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder deimperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de susfines (art. 9 Código Tributario). Según el art. 6 del Código Tributario, enconcordancia con la Constitución boliviana, sólo la ley – entiéndase la ley aprobadapor el Poder Legislativo - puede crear, modificar y suprimir tributos, definir elhecho generador de la obligación tributaria; fijar la base imponible y alícuota o ellímite máximo y mínimo de la misma; y designar al sujeto pasivo. Por lo tanto lacreación de este nuevo tributo mediante decreto supremo es completamente ilegal.Pero las mayores ambigüedades e imprecisiones de este decreto se presentan en elart. 3 y en el art. 9. El art. 3 otorga un plazo de 180 días a las empresas petroleraspara suscribir nuevos contratos; caso contrario instruye al Ministerio deHidrocarburos y Energía a tomar a su cargo la operación de los campos. El art. 9indica que se mantienen vigentes los reglamentos y normas vigentes hasta quesean modificados de acuerdo a ley. Esto significa que la plena vigencia del decreto promulgado por el Presidente EvoMorales está subordinado a la suscripción de nuevos contratos con lasempresas petroleras. Ahora bien, según el art. 450 del código civil boliviano “haycontrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificaro extinguir entre sí una relación jurídica”. Uno de los requisitos para la formaciónde los contratos es el consentimiento de las partes. Según el art. 473 de la normacivil sustantiva “no es válido el consentimiento prestado por error, o con violencia odolo”. En otras palabras, el Estado y las empresas petroleras, al momento desuscribir nuevos contratos, pueden introducir los términos que vean convenientes,pero en ningún caso pueden ser obligados a firmar contratos que sean lesivos a susintereses, porque ello sería causal de anulación de los mismos.El art. 3 y el art. 9 no definen en qué condiciones se llevaría a cabo estatoma de control de los campos en caso de que el Estado y las empresaspetroleras no llegasen a un acuerdo para la suscripción de los nuevos contratos.¿Serían los campos petroleros ocupados por la fuerza pública?, ¿Cuál sería lasituación laboral de los trabajadores de estas empresas?. En el régimen jurídicoactual los campos petrolíferos son de propiedad de las empresas petroleras, por loque el Estado sólo podría tomar a su cargo la operación de los campos si existe unanorma jurídica que regule la nacionalización de la industria petrolera, o laexpropiación de las empresas petroleras.


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¿Cuál fue el verdadero motivo del Presidente Evo Morales para promulgar estedecreto supremo que no nacionaliza los hidrocarburos y subordina la participacióndel Estado en este sector de la economía a la suscripción de nuevos contratos?. Laprimera hipótesis es que el Presidente pretende con esta norma jurídica – y toda laparafernalia de discursos, vítores y aplausos - presionar a las empresas petroleraspara mejorar las rentas petroleras. La segunda hipótesis es que desea desquitarsede manera burda de una de sus principales promesas electorales para preservar sutodavía elevada popularidad en vísperas a la Asamblea Constituyente. En ciento ochenta días – o antes - lo sabremos. Por el momento, la nacionalizaciónde la industria petrolera ha sido desechada por el nuevo gobierno.

(*) Mauricio E. Ochoa Urioste es abogado y escritor independiente. Candidato altítulo de doctor en Derecho.

1) BoliviaBolivia la nacionalización ficticia de Evo

Morales(IAR-Noticias) / Econoticias Bolivia 04-May-06

Hace un año, Evo Morales y los sindicatos marchaban hacia La Paz paraechar abajo la Ley de Hidrocarburos 3058, que el Congreso neoliberalhabía aprobado para defender a las petroleras. Hoy, el mismo Morales,mediante decreto, decide aplicar a fondo la pro petrolera Ley 3058 y dice,sin rubor, que es la nacionalización p ropio Morales.

El gobierno del presidente Evo Morales dio este primero de mayo otrademostración de su vocación por poner el guiñador hacia la izquierda ymarchar hacia la derecha.La anunciada y ficticia nacionalización de los hidrocarburos no es más que laaplicación a fondo de la ley 3058, aprobada hace un año por las fuerzasneoliberales, que dominaban el Congreso y el gobierno del ex presidente CarlosMesa, para defender el poder petrolero amenazado por una gigantescarebelión popular.Esa ley otorgaba 180 días para que las transnacionales petroleras, que operanilegal e inconstitucionalmente en Bolivia –según dictamen inapelable del TribunalConstitucional-- firmen nuevos contratos para poder seguir explotando lasriquezas naturales del país. La aprobación de esta ley ocasionó hace un año un levantamiento popular quederivó en la caída del expresidente neoliberal Carlos Mesa, sustituto de GonzaloSánchez de Lozada.De uno u otro modo, aunque a regañadientes, todas las petroleras extranjerascomo Repsol, Petrobras, British Petroleum, Vintage, Total, Enron, Shell,Panamerican y otras, ya anunciaron hace meses su disposición a adecuarse a laLey 3058, que nominalmente les obliga a cancelar más impuestos y regalías,hasta en un 50%, aunque en términos reales, según estudios especializadosindependientes, no superaría el 35%.


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Esa ley ofrecía legalizar la actividad de las petroleras, impidiendo su expulsiónreclamada por los sindicatos, a cambio de un aumento nominal de impuestoshasta un 50%. El decreto de “nacionalización” de Morales da un nuevo plazo de 180 días para quelas petroleras se ajusten a esa ley, que entrega al Estado el control y propiedadformal de los hidrocarburos, pero que otorga a las transnacionales lapropiedad real y los mayores beneficios derivados de la explotación,comercialización, exportación e industrialización del gas y el petróleo.El 7 de abril del 2005, el Tribunal Constitucional declaró sin validez jurídica los78 contratos con los que Repsol, Petrobrás, Total, Enron, Shell, BritishPetroleum, Vintage y otras transnacionales explotaban las reservas de gas ypetróleo de Bolivia, valuadas actualmente en por lo menos 150 mil millones dedólares, las segundas en importancia de Sudamérica.Según los cálculos optimistas del gobierno de Morales, con la aplicación deldecreto de “nacionalización” el Estado boliviano obtendría un ingreso deaproximadamente 750 millones de dólares, generados por la recepción deimpuestos y regalías, incluidos los ingresos extraordinarios temporales por elalza de impuestos en los megacampos de gas, además de la limitada participaciónestatal en la cadena productiva. Actualmente se estima que los ingresos generados anualmente en toda la cadenahidrocarburífera superan los 3.500 millones de dólares, que se traducen en sumayor parte en utilidades para las petroleras, dados los bajísimos costos deoperación, producción y comercialización.Por ello, los expertos y algunos altos funcionarios del gobierno admitieron a laprensa que el decreto 28701 de “nacionalización” de Morales no tiene nadade nuevo con relación a la Ley de Hidrocarburos 3058, con la excepción de lacreación de impuestos transitorios y la compra del 3% de acciones en dosempresas petroleras y del 17% en la de transportes.El presidente de la estatal YPFB, Jorge Alvarado, dirigente del partido de Morales,admitió ayer que el decreto 28701 “evidentemente” se asienta en la Ley deHidrocarburos 3058 y, por eso, mal se puede decir que Bolivia está tratando deimponer nuevas reglas a las empresas.Lo paradójico es que hace un año, Evo Morales y los sindicatos marchaban haciaLa Paz para echar abajo la Ley de Hidrocarburos 3058, que el Congreso neoliberalhabía aprobado para defender a las petroleras, y hoy es el mismo Morales el quedecide aplicar a fondo la Ley 3058 y dice, sin rubor, que es la nacionalización.Los ex titulares del Ministerio de Hidrocarburos y de la Superintendencia del sectorMauricio Medinacelli y Carlos Miranda, respectivamente, coincidieron en que eldecreto de Morales, en el fondo, lo único que hace es dar las condicionespara la aplicación de la Ley 3058.Asimismo, el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada, aseguró ayer en unaconferencia de prensa que el principal aporte del Decreto Héroes del Chaco resideen el aumento fiscal en los megacampos de hidrocarburos.Para el analista Ronald Hurtado Paravicini, abogado especializado en DerechoPetrolero, “lo único que el Gobierno está haciendo es aplicar la Ley 3058. No hayninguna nacionalización, es sólo un espectáculo, un show para generar másvotos para las elecciones de los constituyentes”, comentó.Los expertos coinciden en que el decreto promulgado este lunes no es unreglamento de la Ley de Hidrocarburos 3058, pero es un aporte a lo que se estaúltima establecía.La vigencia de la Ley 3058 y el nuevo decreto de Morales cierra, por tanto, laposibilidad legal de una verdadera nacionalización. Para muchos, incluidos los sectores populares que apoyan a Morales, el dictamendel Tribunal Constitucional equivalía a una virtual "nacionalización", ya que sincontratos legales y operando ilegalmente en el país, todas las petrolerasextranjeras podían ser echadas de inmediato de Bolivia y todas las reservasde gas que controlan, junto a sus inversiones y equipos, podían pasar al Estadoboliviano, en un verdadero proceso de nacionalización.


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1) BoliviaEl gobierno no compensará a las AFPs por

el traspaso de acciones petrolerasEl vicepresidente segundo del gobierno español Pedro Solbes comentó que sería"inaceptable" que Bolivia confiscara las acciones petroleras que el Banco BilbaoVizcaya Argentaria (BBVA) gestiona en un fondo de pensiones. "Tomarle (a BBVA)parte de sus activos y no existir ninguna compensación obviamente esinaceptable", dijo. El Presidente Evo Morales respondió desde Bruselas que nohabrá indemnización. En Bolivia, el presidente de la AFP Futuro, Gonzalo Bedoya,informó que respetará la decisión oficial, pero no descarta medidas legales.

Bolpress – 16 de mayo de 2006

El gobierno de Morales dio tres días de plazo al grupo español Banco Bilbao VizcayaArgentaria (BBVA) y al suizo Zurich Financial Service para entregar al Estado "atítulo gratuito" las acciones que gestiona a través de un fondo de pensiones en lasempresas petroleras nacionalizadas. De lo contrario, advirtió, sus instalacionesserán intervenidas. Bedoya indicó que su empresa no tiene otra que aceptar lamedida, pero hizo patente su protesta y no descartó con asumir acciones legalescontra lo que él considera una medida unilateral.El BBVA y Zurich manejan en Bolivia desde 1997 las Administradoras de Fondos dePensiones (AFP) Previsión y Futuro, respectivamente, dos entidades queadministran un fondo colectivo creado con las acciones de unas cuantas empresascapitalizadas/privatizadas de petróleo, telecomunicaciones, ferrocarriles,aeronavegación y energía eléctrica.A través de un reciente decreto, se obliga a las AFP a entregar al Estado lasacciones que manejan en las petroleras Andina (un 48% del capital social), filial dela hispano-argentina Repsol YPF; Transredes (un 34%), de la estadounidense Enrony la anglo-holandesa Shell, y Chaco (un 48%), del grupo británico BritishPetroleum. Con el traspaso, YPFB pasará a controlar entre el 34 y el 48% de las tressociedades bolivianas.Los fondos que hasta la fecha eran administrados por empresas privadas, ahora loserán por las empresas del Estado, por lo que "no se afecta, no se quita nada anadie, no se expropia a nadie", explicó Morales en Bruselas. Lo único que sucede esun cambio de gestión de esos fondos que en teoría son del Estado y del puebloboliviano. Por esa razón, agregó el Presidente, el gobierno no indemnizará al BBVA:“No hay nada que indemnizar porque no estamos expulsando a nadie ni estamosexpropiando. Sólo estamos recuperando lo que corresponde al pueblo boliviano”,argumentó.

Las quejas

El BBVA parece dispuesto a jugar hasta la última de sus cartas en la negociación."Es una posición muy drástica y contundente por parte del gobierno", comentó aldiario El Mundo Ildefonso Núñez, gerente general de BBVA Previsión en Bolivia.Según Núñez, el BBVA no se opone a transferir la administración de las acciones,


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pero quiere que se haga "de acuerdo a la ley". "Bolivia nos dio la administración deestas acciones por una ley y ahora nos las quita por un decreto. Por tanto nosgustaría negociar dándole el marco legal adecuado", explicó el funcionario."Fuera de la economía de libre mercado y la democracia no hay futuro", declaró elpresidente de BBVA Francisco González luego de conocer los alcances de decretoboliviano. El funcionario abogó por la creación de un marco institucional sólido,transparente y fiable en Latinoamérica, "que proteja las libertades individuales ycolectivas y los derechos legítimos de todos los agentes económicos y proporcionecauces para la resolución acordada de las diferencias y los conflictos". En sucriterio, "uno de los riesgos más serios que afronta en este momento la economíaglobal es el proteccionismo (...) fuente de conflictos y una traba que limita elcrecimiento y el bienestar de estas naciones".El coordinador general de Izquierda Unida española Gaspar Llamazares destacó quelas decisiones de Morales eran totalmente previsibles porque habían sidoanunciadas en la campaña electoral. Por ello llamó "hipócritas" a los que ahora lasreciben con sorpresa. El líder de IU contrapuso la actitud de BBVA con la del Gobierno y el PP. "El BBVAno se ha escandalizado. Aquí se escandalizan más los gobiernos que los propiosbancos y empresas. Las empresas y los bancos negocian y la impresión sobre todosi hiciéramos caso al PP, de que España debería agitar las banderas deconfrontación con el Gobierno boliviano y eso sería un gran error", advirtió.Fuentes de BBVA restaron importancia a la eventual expropiación de los títulos,dado que las operaciones en Bolivia representan una parte insignificante de sunegocio. El beneficio en Bolivia el año pasado tan sólo supuso 2,8 millones dedólares (0,1% de los beneficios conjuntos del grupo), frente a los más de 3.800 quelogró el grupo. Por ello, Bolivia "no es nada para el grupo", dijeron estas mismasfuentes.Llamazares anticipó que va a pedir al Gobierno de su país que "tenga en cuenta quees está produciendo un cambio" en América Latina y que hay que se "respetuosocon la soberanía de los países latinoamericanos y apoyar el cambio porque espositivo" para la zona. A su juicio, eso implica promover también un cambio "en lacultura de las empresas españolas en América Latina". "Si queremos estar enAmérica Latina, no cuatro días sino estar con futuro como país y como empresas,hay que cambiar la cultura del expolio por la cultura de la colaboración", sentenció.

El ahorrista no perderá

Fuentes vinculadas a las pensiones explicaron al diario El País de España que eldecreto no tendrá una gran repercusión práctica para los titulares de los fondos depensiones. En Bolivia, estos fondos tienen dos tipos de clientes. Por un lado, los queinvierten cada mes una cantidad de dinero y que recibirán la pensión en proporcióna su rentabilidad, y otros que están protegidos por el Estado boliviano. Estosúltimos son personas mayores o con escasos recursos que reciben parte de losdividendos de las empresas capitalizadas a través de un beneficio denominadoBonosol.El gobierno garantizó el pago del Bonosol hasta el 2007 y anunció una reingenieríafinanciera. “A partir del 2007 hay que hacer una nueva ingeniería financiera paramantener el mismo pago de los 1800 bolivianos", declaró el Presidente interinoÁlvaro García Linera.


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1) BoliviaYPFB toma el control en las petroleras

designa directores y síndicosJ. Osvaldo Calle QuiñonezBolpress - 11-05-2006

La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) posesionó ayer adirectores y cinco síndicos en las petroleras capitalizadas y privatizadas. Ya noestán más los funcionarios ligados a las transnacionales, sino que esta vez, entrelos posesionados figuran críticos del proceso de la capitalización y los contratos delas petroleras, además de representantes de las Fuerzas Armadas. Los nuevos directores fueron posesionados en un acto que contó con la presenciadel ministro de Hidrocarburos, Andrés Solíz, y el presidente ejecutivo de YPFB,Jorge Alvarado, el encargado de entregar las designaciones a los representantes delEstado ante las empresas petroleras y que tendrán la misión de transparentar elhasta ahora oscuro manejo de esas empresas en las que los bolivianos tenían unaparticipación accionaria cercana al 50 por ciento."Pasaron diez años de la década infame (de capitalización) y saber el nombre (delos directores) era una información confidencial, como todo. Ahora siento que laspersonas que van a integrarse como síndicos y directores están entrando a uninfierno, y el pueblo boliviano quiere saber qué es lo que hay ahí adentro", dijoSoliz Rada.Y es que después de la capitalización, la designación de los representantes de losbolivianos ante el directorio de esas empresas fue responsabilidad, primero de unComité de Administración del Fideicomiso de los recursos de la capitalización -ungrupo de tres personas que no tenían la obligación de rendir cuentas a nadie- yluego de las AFPs, empresas que nombraban para esos cargos a funcionariosligados a la rosca petrolera y a personajes que dirigieron el oscuro proceso decapitalización.Esa forma de administración, ocurrida en momentos en que funcionarios de Repsolse ufanaban de tener retornos de 10, allí donde sólo habían invertido 1, generó lascríticas que luego se convirtieron en pedidos de nacionalizar las empresas del sectorpetrolero.El acto de la víspera fue una de las consecuencias del decreto 28701, aquel que elgobierno llama de la nacionalización de los hidrocarburos.

Los críticos

Entre los designados figura el abogado José Luis Roca, autor del primer libro quecuestionó el proceso de capitalización y lo que el llamó la extraña formación de lasSOCA, Sociedades capitalizadas, que no figuran en el Código de Comercio boliviano.Roca es cercano a Soliz Rada y a grupos de bolivianos que participaron en la"resistencia" al poder de las petroleras en Bolivia.Otro de los designados es el abogado Santiago Berríos Caballero, quien realizóestudios sobre la validez legal de los contratos de las petroleras y luego presentóuna demanda de nulidad en contra de los contratos petroleras, debido a que éstosno fueron ratificados por el Congreso, una paso ineludible según la legislaciónboliviana.Durante los días de efervescencia popular, Berríos explicó varias veces que no eranecesaria la nacionalización, sino que simplemente agilizar el proceso de nulidad delos contratos petroleros.Entre los directores también figuran representantes de las Fuerzas Armadas, unsector que -al margen de los comandantes, cuya lealtad se compraba con pagosextra- durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada había cuestionado la


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política entreguista del gobierno y que le llegó a plantear la toma inmediata de loscampos petroleros.

La nueva realidad petrolera

Si las intenciones del gobierno van viento en popa, se prevén profundos cambios enel manejo del negocio petrolero en Bolivia, particularmente en las empresas quetienen participación accionaria del Estado, las capitalizadas Chaco, Andina yTransredes.Hasta ahora, estas empresas funcionaron en base a las directivas impuestas por lastransnacionales, casi sin ninguna objeción por parte de los representantesbolivianos. A partir de ahora, con la nueva estructura accionaria en la que YPPBtendrá la mayoría, las directivas serán definadas por esta empresa que se convierteen socio mayoritario.

1) BoliviaMorales niega expropiación y dice que las

empresas conservarán inversión yutilidades

(IAR-Noticias) 12-Mayo-06

El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó el jueves que no se plantea laposibilidad de "indemnizar" a las empresas afectadas, entre las que se encuentraRepsol YPF, porque el decreto "nacionalizador" no se trató de una expropiación nide sus activos ni de su tecnología.

El mandatario boliviano aseguró que las empresas "recuperarán la inversión ytendrán ganancias de utilidades", por lo que no hay que pensar en unaindemnización. "No estamos expulsando a nadie, sólo ejerciendo el derecho de propiedad sobrenuestros recursos", prosiguió el presidente boliviano."Hay empresas que han invertido y tienen todo el derecho a recuperar su inversióny a tener utilidades, pero no ejercerán el derecho de propiedad", afirmó Morales enrueda de prensa en Viena, antes de participar en la IV Cumbre Unión Europea -América Latina y el Caribe.Morales reconoció que la seguridad jurídica "es importante" pero acusó a algunasempresas "que no pagan impuestos y que incluso son contrabandistas", de ser losprimeros en violar la seguridad jurídica. "¿De qué seguridad jurídica nos pueden hablar estas empresas o sus países?", sepreguntó.Al ser preguntado por Repsol se mostró especialmente cauto: "No tengo ningunainformación con relación a Repsol, aunque hay algunas acusaciones que hay queinvestigar", dijo como toda referencia al proceso judicial por contrabando iniciadocontra Andina, la filial de Repsol en el país."Las empresas que respeten las normas bolivianas tendrán seguridad jurídica. El


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problema es que hay empresas que no respetan a los bolivianos, porque habíagobiernos entreguistas", prosiguió.Luego precisó que sus acusaciones estaban dirigidas "no sólo" a la brasileñaPetrobras, sino a "todas las que no pagan impuestos". Morales fue especialmenteduro con Petrobras, a la que acusó de haber "operado ilegalmente" y con lasempresas agrícolas brasileñas.Morales señaló que los contratos firmados hasta ahora por las petroleras "soninconstitucionales" porque no pasaron por el Parlamento, como sucederá tras eldecreto de nacionalización, y arremetió además contra quienes le acusan de nohaber negociado con otros países su plan de nacionalización.El presidente boliviano se refería a que el decreto de nacionalización viabiliza la ley 3058, que fueresistida por el propio Morales y por todos los sindicatos y organizaciones querealizaron la rebelión popular en mayo/junio del año pasado.La refrendación por parte del Congreso posibilitará, por ejemplo, que las compañías como Repsol, Petrobras, Total, BritishPetroleum, Amoco & Pan American Energy, British Gas, Exxon, Enron, Shell,Pluspetrol, Vintage y otras puedan legalizar su permanencia en Bolivia, dondeoperan de facto con contratos suscritos con los anteriores gobiernos antipopulares.Para los sindicatos y las organizaciones combativas de Bolivia, la ley 3058(ratificada vía decreto por Morales N.d.E), resulta ser más entreguista yantinacional que la anterior, aprobada por el ex presidente Gonzalo Sánchez deLozada."No tengo por qué consultar, ni informar ni preguntar sobre políticas que tiene queadoptar un país soberano, advirtió, Morales en sus declaraciones del jueves.Después, más conciliador, el presidente boliviano dijo que en los días previos alsecreto de nacionalización trató de contactar con el presidente brasileño, LuisIgnacio 'Lula' da Silva, pero sin ningún éxito, y afirmó que los asesores de 'Lula' le"bloquearon".Morales también se refirió a las dificultades que atraviesa la Comunidad Andina deNaciones tras la decisión de Venezuela de retirarse del bloque. Así, consideró quelos Tratados de Libre Comercio de Colombia y Perú con Estados Unidos y laintención de Ecuador de lograr uno están "destrozando" a la CAN y la única formade salvarla es "deponerlos"."Los principios básicos de la fundación de la Comunidad Andina de Naciones erafortalecer la economía nacional, el comercio interno de la región, y en el momentoen que algunos países empiezan a negociar el TLC con Estados Unidos abandonanlos principios básicos del CAN", señaló.El presidente boliviano también dejó claro su apoyo a la idea del venezolanoHugo Chávez de crear una empresa energética latinoamericana sobre labase de empresas estatales. Advirtió, por otro lado, que la nacionalización de recursos, que calificó de "únicocamino" para combatir la pobreza, no parará con los hidrocarburos, y apuntó al"latifundio improductivo".En las últimas horas (y más allá de ciertos roces con Lula) las declaraciones de losrepresentantes de Repsol, Petrobras, Total y de los gobiernos de Brasil, España yArgentina sobre la situación en Bolivia y la negociación de los nuevos contratos hangenerado optimismo en esferas de la administración de Morales, alentado por laaceptación inicial de su decreto por las petroleras.“Estamos convencidos que se va a desarrollar un proceso de negociaciónsobre la base de la confianza y la lealtad, hemos recibido garantías por partedel gobierno de Bolivia sobre el marco en que esa negociación debe llevarse acabo”, dijo el viernes pasado Bernardino León, secretario de Estado de RelacionesExteriores de España, tras reunirse con el vicepresidente García Linera.“Estamos convencidos de que sobre la base de esa lealtad y confianza podemosllegar a acuerdos que sean provechosos, que beneficien a los intereses de estepaís, de Bolivia, tan próximo tan amigo, yo diría hermano de España y los interesesde quienes queremos contribuir a que este país siga creciendo", agregó León.


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1) BoliviaAumentan ganancias de Repsol pese

a temores desatados pornacionalización

(IAR-Noticias) 12-Mayo-06 AP

Repsol YPF dijo el jueves que sus beneficios netos aumentaron un 8,2%en el primer trimestre, pese a los temores desatados por la nacionalizaciónde la industria energética de Bolivia y una merma en la producción decrudo.

Los beneficios netos de la empresa energética hispano-argentina aumentaron a862 millones de euros (1.100 millones de dólares) en el primer trimestre del 2006,de 797 millones de euros en el mismo periodo del 2005, dijo la empresa.Los beneficios netos - excluyendo las partidas irrepetibles - aumentaron un 7,5%en el primer trimestre a 844 millones de euros (1.080 millones de dólares), de 785millones de euros en el primer trimestre del 2005. La cifra excluye 18.000 millonesde euros (23 millones de dólares) en pagos irrepetibles.Sin embargo, la incertidumbre que tendrá la nacionalización de la industriaenergética decretada por el presidente boliviano Evo Morales y la recientereducción de las reservas probadas pudieron más que los resultados, dijeron losanalistas."Repsol ha producido un 13% menos en lo que va de año que las principalesempresas europeas" del ramo, dijo la firma corredora estadounidense MerrillLynch.Repsol redujo en febrero sus reservas probadas en 1.254 millones de barriles decrudo a partir del 31 de diciembre del 2005, especialmente por el ajuste de susreservas de gas natural en Bolivia y Argentina.El asesor especial de Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos, Manuel Morales,dio a entender que las firmas extranjeras tendrán que reducir sus informes sobrereservas probadas y cifras de producción."Presumiblemente las empresas tendrán que ajustar sus informes para reflejar el100% de propiedad de YPFB", aunque "recibirán un porcentaje", advirtió Morales.Las firmas extranjeras tienen un plazo de 6 meses para renegociar sus contratoscon el estado o tendrán que abandonar el país.Aunque menos del 2,5% de los beneficios netos de Repsol procedieron en el 2005de Bolivia, el 18% de las reservas probadas de la empresa y el 11% de suproducción procedieron de ese país. Repsol, la brasileña estatal Petroleo BrasileiroSA (Petrobras), es la mayor inversionista extranjera en Bolivia, con más de 1.000millones de euros (1.280 millones de dólares) desde 1997.

Sin embargo, la producción de crudo decreció un 6,1% en el primer trimestrerespecto al mismo periodo hace un año, debido a la declinación de los pozosmaduros en Argentina, pero la de gas natural aumentó un 0,6%,


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Las acciones de Repsol bajaron en la bolsa madrileña un 0,7% a 22,43 euros(28,66 dólares).

1) Bolivia¿Se nacionalizan realmente los

hidrocarburos en Bolivia?(IAR-Noticias) 17-Mayo-06

Mediante el decreto sólo se nacionalizarían las reservas del subsuelo, ya que aquélno dice nada de las ganancias del proceso de extracción, refinado, manufacturacióny exportación de hidrocarburos, por lo que las empresas transnacionales, comoBritish Petroleum, Petrobras, Total, Panamerican, Shell y Repsol (por citar a lasmás importantes), no dejarían de percibir ganancias.

Por Maximiliano Sbarbi Osuna (*)

Precisamente por eso, están interesadas en renegociar los contratos y noamenazaron con retirarse de Bolivia. A pesar de contener partes oscuras, poco precisas y ambiguas, el Decreto Supremo28701 firmado por el presidente boliviano ha sido objeto de varias críticasantagónicas entre sí. Se ha dicho que mediante este decreto se legitimarían las privatizaciones enmateria energética realizadas en la década del 90 por el ex presidente GonzaloSánchez de Lozada, contrariamente se manifestó que Evo Morales llevaría adelanteuna expropiación similar a los regímenes comunistas de Europa Oriental y por otrolado se sostuvo que el estado boliviano sólo nacionalizaría las reservas dehidrocarburos, y que necesita para ello renegociar los contratos con lascompañías extranjeras.Lo cierto es que la firma de este decreto se produce en un marco convulsionado enlas relaciones de los estados latinoamericanos entre sí y además de éstos con lasempresas multinacionales. Los tratados de Libre Comercio que han firmado algunosde los países de la Comunidad Andina (CAN) y que amenaza con firmar Uruguay,sumado a la influencia de Venezuela en Bolivia, están provocando la ruptura de laCAN y del Mercosur.

Pelea con Brasil

El presidente brasileño Lula da Silva, a pesar de haberle brindado apoyo en lacampaña electoral a Evo Morales, está sufriendo fuertes presiones internas paraque negocie con Bolivia la supuesta nacionalización de los hidrocarburos,que afectaría principalmente a la semi estatal Petrobras. Por otra parte, una renegociación de contratos desfavorable para esta empresasignificaría un descrédito tal que sumados a los escandalosos casos de corrupciónmuy cercanos al presidente, podría llegar muy debilitado a las elecciones deoctubre.A pesar de que la empresa no se vea privada de obtener buenas ganancias, nide ser expropiadas sus refinerías, ni sus maquinarias, un descenso marcado de los


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réditos podría afectar la imagen del gobierno brasileño ante las presiones dePetrobras. Pero, si el gobierno boliviano se endurece, Brasil va a tener que negociarporque depende demasiado del gas boliviano.

¿Nacionalización parcial?

Concretamente, mediante el decreto sólo se nacionalizarían las reservas delsubsuelo, ya que aquél no dice nada de las ganancias del proceso de extracción,refinado, manufacturación y exportación de hidrocarburos, por lo que las empresastransnacionales, como British Petroleum, Petrobras, Total, Panamerican, Shell yRepsol (por citar a las más importantes), no dejarían de percibir ganancias. Precisamente por eso, están interesadas en renegociar los contratos y noamenazaron con retirarse de Bolivia.Este decreto impulsaría la renegociación de contratos en condiciones másfavorables para Bolivia, pero muchos analistas advierten sobre su ambigüedad entanto que otorga un plazo de 180 días a las empresas para rever loscontratos, de lo contrario el Ministerio de Hidrocarburos y Energía toma a su cargolas tierras donde se realiza la extracción, pero al mismo tiempo establece que semantienen las normas vigentes hasta que sean renegociados los contratos. Esta es la clave del asunto. Si pasados los 180 días las empresas se negasen arenegociar los contratos ¿se mantendrían las condiciones actuales y el decreto noserviría para nada? o ¿el gobierno mandaría a ocupar militarmente las instalacionesde las multinacionales rebeldes? ¿Se debe a eso el despliegue de soldados en loscampos de las transnacionales? o ¿es todo una demostración visual de fuerza queno obliga a hacer grandes concesiones a las empresas evitando que cambiedemasiado el panorama desigual, que beneficia muchísimo a las empresasproductoras y casi nada al estado?

Voces encontradas

Los medios que representan los intereses de las transnacionales hicieron un torpeanálisis de lo que significa este decreto, acusando a Evo Morales de expropiar losmedios de producción a las empresas extranjeras, perjudicando su inversión. Esto es totalmente falso, ya que las empresas podrán recuperar suinversión y seguir invirtiendo si así lo desean, porque este decreto no impide queobtengan ganacias de los procesos de extracción, refinado, manufacturación yexportación.A estas voces críticas se sumaron, además de los directivos de las principalesempresas implicadas, el Primer Ministro Británico Tony Blair, el Canciller austríacoWolfgang Schüssel y el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan.Sin embargo, están los que acusan a Evo Morales de demagogo, ya que afirmanque si realmente se quisiera poner fin a la desigualdad que existe en Bolivia conrespecto a los hidrocarburos habría que investigar las irregularidades cometidasdurante el proceso de privatización, ya que al firmar un decreto el gobiernoestaría legitimando las turbias privatizaciones, y el contrabando de gas ypetróleo acometido por varias transnacionales. Entre los que culpan a Evo demoderado se encuentra Jaime Solares, principal dirigente de la Central ObreraBoliviana.Es claro que resulta difícil enjuiciar a las compañías por las enormes e injustasganancias, ya que el estado boliviano avaló este proceso durante las presidenciasde Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer, Tuto Quiroga y Carlos Mesa.

Gasoducto del Sur

El gobierno boliviano redobló la apuesta al condicionar la entrada de Brasil alproyecto del gasoducto del sur impulsado por el presidente venezolano, HugoChávez, ya que inicialmente el plan consistía en unir a Venezuela, Brasil, Bolivia yArgentina mediante un gasoducto financiado enteramente por empresas estatales.


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Petrobras es estatal sólo en un 40 %, el resto le pertenece a empresastransnacionales.La negativa boliviana aumentó la tensión entre los dos países, debido a que elgasoducto tiene que pasar obligatoriamente por territorio brasileño. Este proyectoestaría financiado por las empresas estatales: YPFB (Bolivia), Enarsa (Argentina),PDVESA (Venezuela) y Petrobras. (*) http://pmundial.8m.com/

1) BoliviaSigamos el ejemplo de la lucha del pueblo

boliviano

Declaración de la LIT-CI sobre la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia

Pocos días atrás, el gobierno boliviano de Evo Morales dictó el Decreto 28701 quenacionaliza las reservas de gas y petróleo del país. La medida fue recibida con granentusiasmo por el pueblo boliviano que ve que es un resultado un primer triunfo dela lucha revolucionaria que hace años lleva adelante y que ya derribó dospresidentes con la exigencia, precisamente, de la nacionalización de loshidrocarburos. En este sentido, más allá de las limitaciones que el gobierno leimpuso al decreto, la LIT-CI considera que se trata de una medida de carácterantiimperialista. No casualmente, el gobierno imperialista de los EE.UU. manifestó rápidamente surechazo y su preocupación, no tanto por ser el principal afectado por la medida,sino por "el grave precedente" que sienta la medida. En este sentido, CondoleezzaRice expresó sus amenazas contra "los demagogos y autoritarios" que afectan lasnormas jurídicas y "el libre comercio", refiriéndose a Bolivia y Venezuela. Lasempresas imperialistas, especialmente las petroleras, y el conjunto de la derechaeuropea exigen que sus gobiernos den una dura respuesta a esta medida. Todosellos temen que medidas de este tipo puedan extenderse a otras áreas y otrospaíses.En la misma dirección, la burguesía brasileña (principal afectada en términoseconómicos ya que la Petrobrás es quien tiene las mayores inversiones en las áreasnacionalizadas y Brasil depende del gas boliviano para el funcionamiento de suindustria) también le ha exigido al gobierno de Lula "una respuesta contundente".Así lo expresaron tradicionales revistas de la burguesía de este país como Veja yÉpoca o la red O Globo. Frente a estas amenazas, la LIT-CI defiende el derecho de Bolivia a lanacionalización sin indemnización del petróleo y del gas de su país. Defendemosque esos recursos naturales, así como su industrialización y comercialización, pasena manos de los trabajadores y del pueblo boliviano. Llamamos a todos lostrabajadores y pueblos del mundo, especialmente a los de los países imperialistas yde Brasil, a defender ese derecho y a luchar por impedir que sus gobiernos yempresas puedan concretar esas amenazas.


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Los límites del decreto

Compartimos la alegría del pueblo boliviano, y de la mayoría de loslatinoamericanos, por este primer triunfo de su lucha. Pero creemos que nodebemos confundirnos. A pesar de lo que afirman muchos sectores, esta medida nose debe al "carácter antiimperialista y popular" del gobierno de Evo Morales. Élmismo, durante los años anteriores y en medio de lucha contra Gonzalo Sánchez deLozada y Carlos Mesa, muchas veces manifestó su rechazo a la nacionalización,apoyó la política del gobierno de Mesa y su tramposo plebiscito del 2004. Por eso,como ya hemos señalado, la LIT-CI sostiene que esta medida es el resultado delproceso revolucionario que vive Bolivia y de la lucha de las masas bolivianas quelogra imponérsela al gobierno de Evo Morales. En realidad, viéndose obligado a responder a esta lucha (que, en última instancia,fue la que lo llevó el poder), el gobierno de Evo Morales ha tratado, con su decreto,de limitar los alcances de la nacionalización, En primer lugar, restringió lanacionalización sólo a las reservas de hidrocarburos, dejando fuera la refinación, ladistribución y la comercialización, sectores para los que se abre un plazo denegociación de 180 días con las empresas extranjeras que actualmente operan enesos rubros. También ha abierto un período de negociación por los precios que pagan los paísesimportadores del gas boliviano, hoy muy por debajo del mercado internacional.Recordemos que por cada dólar de menos que cobra Bolivia por "unidad térmica" degas, pierde ingresos anuales por más de 300 millones de dólares. Pero, en estasnegociaciones con los gobiernos de Brasil y Argentina, Evo Morales se ha atado lasmanos ya que anunció, de antemano, que "no cortaría el suministro del gas". Algoasí como si un sindicato que solicita aumento salarial, entrase a las negociacionesavisando que, cualquiera sea la respuesta de la patronal, no va a hacer huelga.

Avanzar en la lucha por la nacionalización

Frente a estas limitaciones que el gobierno de Evo Morales le ha impuesto a lanacionalización, creemos que el pueblo boliviano, seguramente fortalecido por esteprimer triunfo de su lucha, debe avanzar y profundizar la lucha por lanacionalización de los hidrocarburos.Es necesario exigirle al gobierno de Evo Morales que extienda la nacionalización alos sectores de refinación, distribución y comercialización del petróleo y el gas, queexpropie a las petroleras imperialistas y a Petrobrás, sin indemnización, ya que nodebe pagar ni un peso a quienes saquearon la riqueza boliviana todos estos años.¡Qué YPFB tome la propiedad de todo el complejo petrolero-gasífero! ¡Que la COB ylos sindicatos petroleros asuman el control de la empresa! Finalmente, esimprescindible que tanto las negociaciones por el precio del gas como las otrasderivadas de este decreto sean hechas de cara al pueblo boliviano y no de modosecreto, como vienen siendo realizadas hasta ahora.

Una lucha continental

El decreto de Evo Morales también ha causado también un gran impacto en lavanguardia y en el movimiento de masas de Latinoamérica y del mundo. Lostrabajadores y los pueblos lo ven con entusiasmo y simpatía como "la primeranacionalización" en el continente, luego de décadas de privatizaciones y entrega delos recursos naturales. Incluso, ya ha tenido un primer reflejo en Ecuador, con lasuspensión por parte de la Justicia del contrato de la Occidental Petroleum (la"Oxy"), una de las principales empresas imperialistas que operan en este país.La LIT-CI propone que este primer triunfo de la lucha del pueblo boliviano sirva deejemplo y de impulso para una lucha continental por la nacionalización sin pagos delos hidrocarburos. Una lucha que, seguramente, deberá hacerse no sólo contra lasempresas imperialistas sino también contra la política que aplican los gobiernos delcontinente, como Lula, Kirchner, Palacio e, incluso, Chávez En Argentina, por


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ejemplo, está planteada la necesidad de expropiar la Repsol y las otras empresaspetroleras imperialistas (que vienen llevando adelante una irracional política deexplotación y exportación) y reconstruir la YPF estatal, bajo control de sustrabajadores. En Brasil, es necesario que Petrobrás recupere el monopolio estatal dela explotación y vuelva a ser una empresa verdaderamente estatal (hoy la mayoríadel capital accionario está en manos de inversionistas privados) bajo control de sustrabajadores. En Venezuela, está planteada la exigencia a Chávez de que deje deentregar áreas a las empresas extranjeras y revierta la privatización encubierta queviene haciendo en PDVSA, a través de las empresas mixtas.Es necesaria una lucha continental por la defensa de una de las riquezas másestratégicas del mundo. O ellas son usufructuadas en beneficio de los puebloslatinoamericanos o seguirán siendo saqueadas, como hoy ocurre, en beneficio delas empresas y los países imperialistas. Llamamos especialmente a lasorganizaciones obreras, a las centrales sindicales y a los sindicatos del sectorpetrolero y energético a ser partícipes centrales de esta lucha. El pueblo bolivianomostró que es posible avanzar en ese camino. Sigamos su ejemplo.

Secretariado Internacional de la Liga Internacional de los TrabajadoresSan Pablo, 18 de mayo de 2006

1) BoliviaLlamamiento a campaña internacional de

socialistas internacionalistasPor: Fracción Trotskista - Cuarta Internacional

I. La lucha por el petróleo, el gas y el conjunto de los recursos naturales yestratégicos vuelve a plantearse en América Latina. Frente a la medida dictada porel gobierno de Evo Morales de realizar una semi-nacionalización del gas y elpetróleo, se ha lanzado una fuerte campaña destinada no sólo a mitigar los efectosde esta medida (de por sí limitada) sobre el capital imperialista sino a desacreditartoda idea de nacionalización de los recursos estratégicos como son loshidrocarburos.

II. El decreto 28.701 del gobierno boliviano encabezado por Evo Morales no defineuna nacionalización integral ni expropia a las transnacionales, sino que impone suasociación con el Estado buscando constituir empresas mixtas (49% privados, 51%estatales, de manera similar a un modelo ya adoptado en Venezuela por Chávez enlas áreas en que la estatal PDVSA no tenía control mayoritario anteriormente) ybajo control de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia(YPFB). Esta medida no es revolucionaria, ni siquiera consecuentementeantiimperialista, sino limitadamente nacionalista. Se mantiene por completo dentrode la legalidad burguesa para permitir que las transnacionales sigan operando, apesar de la ilegalidad de los contratos con que se apoderaron de los hidrocarburos(nunca ratificados en el Parlamento) e innumerables delitos como contrabando,fraudes fiscales, daños al medioambiente, etc., que por sí solos justifican suexpulsión del país. Es una medida que está por detrás de las dos nacionalizacionesocurridas anteriormente en la historia de Bolivia, la de la Standard Oil en 1938 y la


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de la Gulf en 1969. Su principal efecto es tratar de aumentar la renta que seapropia el estado boliviano por la explotación de estos recursos, en una cifra finalque resultará de las negociaciones encaradas en los próximos seis meses, pero quedistintos analistas señalan entre 700 y 800 millones de dólares de una renta totalde 3.500 millones.

III. La medida tomada por Evo Morales sólo puede entenderse en el marco delcontinuado proceso de rebeliones populares que vive Bolivia desde comienzos de2000, cuando se desarrolló la llamada “guerra del agua” en Cochabamba, y cuyasdos últimas grandes acciones tuvieron como centro el reclamo por lanacionalización del gas y el petróleo, tanto el levantamiento de octubre de 2003que terminó con el gobierno de Sánchez de Losada como el de junio de 2005 quellevó a su fin al gobierno de su sucesor, Carlos Mesa. Levantamientos que no hansido una exclusividad de Bolivia, sino que han abarcado a distintos paíseslatinoamericanos, como Ecuador y Argentina, y que han sido las principalesexpresiones del rechazo de los trabajadores y el conjunto de los explotados de laregión a las políticas neoliberales que durante la década de los noventa entregaronlos recursos naturales y estratégicos al control de un puñado de monopolios eimpusieron a través de todo tipo de leyes y decretos “flexibilizadores” condicionesde mayor explotación y sojuzgamiento a la clase trabajadora.

IV. Aún con los límites que hemos señalado, la medida tomada por el gobiernoboliviano ha concitado rechazo y preocupación entre los personeros del capitalimperialista y entre los gobiernos cuyas empresas quedan directamenteinvolucradas por la semi-nacionalización, como Brasil (Petrobras), Estado Español(Repsol-YPF) y, en menor medida, los países cuyas petroleras tienen unaparticipación menor en Bolivia, como la francesa Total. Ni bien se conoció lamedida, Lula y Kirchner realizaron una cumbre de emergencia con Morales y conHugo Chávez, en la cual los dos primeros se esforzaron por fijar los límites a lamedida tomada por el gobierno boliviano. Chávez, por su parte, intentó demostrarque la medida tomada por Bolivia no era preocupante y que la construcción delprevisto “gasoducto del sur” garantizaba nuevos negocios para todos.Aunque es administrada por el estado brasileño, en Petrobras existe unaparticipación creciente de los fondos de inversiones estadounidenses y británicos: sibien el Estado mantiene la propiedad de una mayoría de las acciones con derecho avoto, un 60% de su capital ya es privado y al menos la mitad de sus acciones estánen manos extrajeras. Con la española Repsol, que se transformó en una petrolerade importancia mediana a partir de obtener a precio de remate la muy rentableempresa argentina, hasta entonces estatal, YPF (recordemos que el Estado Españolno cuenta con reservas petrolíferas propias), ocurre algo similar, ya que en sucontrol accionario han ido creciendo progresivamente los inversoresestaodunidenses. En Argentina, Kirchner mantiene muy buenas relaciones conRepsol desde los tiempos en que era gobernador de la sureña provincia de SantaCruz, cuando apoyó abiertamente la privatización de YPF realizada por el gobiernode Menem.Cabe señalar que el conjunto de las concesiones gasíferas y petrolíferas realizadasen Bolivia son ilegales, ya que los decretos que las otorgan nunca fueron aprobadospor el Parlamento, como indica la Constitución boliviana. El propio TribunalConstitucional boliviano ya se había expedido sobre la ilegalidad de todos loscontratos.La prensa brasileña ha lanzado una virulenta campaña instando al gobierno de Lulaa ejercer represalias sobre Bolivia, expresando los intereses de la burguesíapaulista, que se alimenta energéticamente en un 80% del gas conseguido a precioregalado de Bolivia. Aunque el tono de las controversias luego ha bajado, la tensiónllegó incluso al punto que Brasil amenazó con retirar su embajador de este país. Lomismo ocurre en el Estado Español con el gobierno de Rodríguez Zapatero, querápidamente envió una misión a Bolivia y ha amenazado con represalias. Los diariosimperialistas, que ayer nomás festejaban el “hecho pintoresco” que para ellos


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significaba la presencia de un campesino indígena en la presidencia de Bolivia hoylanzan todo tipo de diatribas contra lo que consideran una “inadmisiblemanifestación de populismo sudamericano”. Estos ataques buscan condicionar elelemental derecho que tiene Bolivia (y el conjunto de las naciones oprimidas por elimperialismo) a ejercer el control de sus recursos naturales y estratégicos, derechoque defendemos en forma incondicional. El carácter imperialista del Estado y elgobierno español vuelve a quedar claro con esta actitud frente a la medida tomadapor Bolivia, como lo es su participación en la coalición imperialista encabezada porEE.UU. que ocupa actualmente Afganistán o en su control colonial de Ceuta yMelilla. Cabe especialmente a los trabajadores y al pueblo del Estado Español, cuyamasiva movilización obligó al retiro de las tropas españolas en la ocupación de Irak,una particular responsabilidad en condenar los ataques y presiones lanzados sobreBolivia.

V. Aunque busque ejercer un derecho elemental de soberanía nacional y es ungolpe a las petroleras, la medida tomada por el gobierno boliviano es una accióninsuficiente, que espera obligarlas a operar en sociedad y bajo control del Estado.Como antiimperialistas y socialistas decimos claramente que con ello no basta yque es preciso avanzar hacia la nacionalización integral de los hidrocarburos, sinindemnización y bajo gestión de los trabajadores, que permita no sólo laapropiación de la renta gasífera en beneficio de los trabajadores y campesinosbolivianos sino su utilización en un plan de industrialización y desarrollo quepermita dar pasos en la superación del atraso de la nación. Esta perspectiva sólopuede materializarse con la intervención de la clase obrera y las masas campesinas,originarias y populares, junto con la activa solidaridad regional e internacional, yaque el gobierno del MAS, que sostiene el proyecto de un “capitalismo andino”, esincapaz de enfrentar consecuentemente al gran capital y el imperialismo, auncuando ensaye giros como el actual. En mucha mayor medida podemos decir lomismo del gobierno de Kirchner en Argentina, que a pesar de su retórica ha venidogarantizando una rentabilidad récord a las grandes empresas imperialistas ynacionales, y ha pagado de una vez 10.000 millones de dólares al FMI y al BancoMundial mientras se mantienen las condiciones de existencia de la clase trabajadorason peores al promedio de la “década neoliberal” de los ’90 pese a cuatro años defuerte crecimiento económico. Y ni hablar en el caso de Lula, que ha mantenido unapolítica favoreciendo al capital financiero en completa continuidad con la realizadapor su antecesor Fernando Henrique Cardoso. La clase obrera y las masas popularesde América Latina deben tomar en sus manos la lucha por la recuperación de losrecursos naturales y estratégicos de la región, luchando por su nacionalizaciónefectiva e integral bajo gestión de los trabajadores. Con los altos precios actualesde los recursos hidrocarburíferos y de otras materias primas que se producenlocalmente en el mercado mundial, estos recursos serían una herramientaformidable para la integración de los distintos países latinoamericanos, tarea quedurante el siglo XX se han mostrado incapaces de realizar las burguesías locales.Toda la experiencia histórica muestra que en el siglo XXI la unidad latinoamericanaserá socialista y encabezada por la clase obrera o no será.

VI. Quienes firmamos este llamamiento somos organizaciones socialistas einternacionalistas de distintos países. Llamamos a la más amplia y activa unidad deacción en defensa del derecho de Bolivia a disponer de sus propios recursos y por lanacionalización bajo gestión de los trabajadores de los recursos naturales yestratégicos. Llamamos a realizar todo tipo de acciones para enfrentar a los pulpospetroleros, el imperialismo y sus agentes locales, como Lula en Brasil -abogado dePetrobras- y Kirchner en Argentina -defensor de Repsol-YPF-. Llamamos en especiala las organizaciones que se reivindican de la izquierda socialista, como el PSTU y elPSOL de Brasil, el PO, el MAS y los MST’s en Argentina, el POR y el MST en Bolivia,El Militante y el PRT en el Estado Español, la LCR, LO y la FLO en Francia, para quepongamos nuestra fuerza en común impulsando actos, movilizaciones ypronunciamientos por:


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Defensa del derecho de Bolivia a disponer de sus recursos naturales yestratégicos. ¡Nacionalización efectiva e integral del petróleo y el gas bajo gestión de los

trabajadores! ¡Fuera las transnacionales y el imperialismo de Bolivia y Américalatina! Por la unidad de los trabajadores, campesinos y sectores populares oprimidos en

la lucha por terminar con la opresión y expoliación imperialista.

Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI) de Bolivia;Liga Estratègia Revolucionaria - Quarta Internacional (LER-QI) de Brasil;Clase contra Clase del Estado Español; Partido de los Trabajadores Socialistas(PTS) de Argentina; Juventud de Izquierda Revolucionaria (JIR) en el PRS deVenezuela; Clase contra Clase de Chile; Liga de Trabajadores por elSocialismo-ContraCorriente (LTS-CC) de México.

1) BoliviaLa otra nacionalización

Humberto MárquezIPS Noticias - 22-05-2006

En la historia de las nacionalizaciones latinoamericanas de hidrocarburos, el procesode Venezuela tres décadas atrás siguió a una larga negociación con las compañíasoperadoras, por lo que no hubo ocupación sorpresiva de las instalaciones, adiferencia de la última medida boliviana.Mucho antes aun se nacionalizó la industria petrolera de México, históricamentecélebre por su carácter pionero y por las reacciones de los afectados. Los bolivianosregistran dos intentos fallidos anteriores, en 1937 y en 1969. El 1 de mayo, el presidente boliviano Evo Morales condujo la ocupación de loscampos de gas y petróleo que en su país operaban principalmente la estatalbrasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la francesa Total, cuyosejecutivos aún no habían digerido el decreto de nacionalización. También el presidente mexicano Lázaro Cárdenas (1934-1940) sorprendió a lascompañías, estadounidenses y europeas --que rehusaban atender demandassindicales--, con su anuncio de nacionalización, a las 10 de la noche del 18 demarzo de 1938. En cambio, la mañana del 1 de enero de 1976 el presidente venezolano CarlosAndrés Pérez (1974-1979 y 1989-1993) izó la bandera de su país sobre el pozoZumaque 1, donde en 1914 se había iniciado la explotación a gran escala, en unacto signado por la tranquilidad entre las partes. El 29 de agosto de 1975, Pérez había promulgado la ley de nacionalización, y al díasiguiente se creó Petróleos de Venezuela (Pdvsa), corporación estatal que devino enaglomerado de las empresas operadoras cuyas concesiones se extinguieron eseaño. Junto a las filiales de las gigantes estadounidenses Standard Oil (luego Exxon),Gulf, Amoco, Texas o Mobil, y la angloholandesa Shell, fueron "nacionalizadas", enrealidad estatizadas, dos pequeñas compañías privadas venezolanas, Mito Juan yLas Mercedes. La nacionalización petrolera fue una reivindicación de las fuerzas sindicales y de la


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izquierda política en Venezuela, y en general de los defensores de la primacía delEstado, desde que en 1935 terminó la dictadura de 27 años de Juan VicenteGómez. Rómulo Betancourt (1945 y 1959-1964), el gran líder socialdemócrata del siglopasado, escribió en su libro "Venezuela, política y petróleo" que cuando Gómez, uncaudillo telúrico, debió legislar sobre la materia, llamó a representantes de lastrasnacionales y les dijo: "Ustedes saben de petróleo. Hagan ustedes las leyes.Nosotros somos novatos en eso". El dictador Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) dio nuevas concesiones a laspetroleras pero tras su caída, el partido de Betancourt, Acción Democrática, hizo ungiro hacia el nacionalismo, creó una pequeña empresa petrolera estatal y auspicióla fundación, en 1960, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo,OPEP. El presidente socialcristiano Rafael Caldera (1969-1973 y 1994-1999) nacionalizóen 1971 la entonces modesta industria del gas, y en 1973 se aprobó una ley queordenaba la reversión anticipada, al Estado, de concesiones petrolerasabandonadas, subutilizadas o que provocasen daños severos al entorno. Las trasnacionales disminuyeron sus inversiones durante esos años, convencidas deque Venezuela seguiría los pasos nacionalizadores de Indonesia (1965), Argelia(1971), Libia e Iraq (1973). Cuando a raíz del embargo árabe a Occidente, en 1973, se triplicaron los preciosdel petróleo, el Estado dispuso de recursos para abordar la nacionalización de susindustrias de hierro y petróleo, y tras asumir la Presidencia en 1974 elsocialdemócrata Pérez creó una comisión multipartidaria para estudiar la materia. Mientras se discutían las modalidades de la nacionalización y se redactaba la ley, seentablaron negociaciones con las compañías operadoras, con lo que resultó unatransición relativamente tranquila, apenas alterada por dos cuestionesintensamente debatidas. Primero, si debía indemnizarse o no a las compañías, en términos parecidos a losque ahora afloran con la nacionalización boliviana: las trasnacionales exigían unaindemnización, con apoyo de sus gobiernos, y grupos radicales venezolanosmostraban cómo las corporaciones habían recuperado varias veces el valor de susinversiones. Un maestro de varias generaciones de economistas, Domingo Maza, dijo que sólocon el gas que las compañías habían quemado y arrojado a la atmósfera en lacuenca del lago de Maracaibo (oeste) durante décadas se había causado un daño alpaís que equivalía a los más de 5.000 millones de dólares reclamados comoindemnización. Al final hubo acuerdo y se pagó a las compañías 4.300 millones de dólares portodos sus activos, 20 por ciento en efectivo y el resto en bonos. En México, para reunir el dinero de la indemnización a compañías, los ciudadanoshicieron manifestaciones populares. Hasta gallinas fueron donadas durante lascolectas. El boliviano Morales ocupó primero los campos y ahora negociará durante 180 díaslas condiciones de nuevos contratos, dijo que las compañías podrán recuperar suinversión, pero descartó que La Paz pague un centavo como indemnización. Otra polémica se sostuvo en Venezuela por el artículo quinto de la ley, que abrióuna rendija para el regreso de las trasnacionales en casos determinados y bajoformas de asociaciones o contratos. Las corporaciones regresaron en la décadapasada. Con nuevas leyes, el actual presidente Hugo Chávez mantuvo sin embargo lasasociaciones y, más aún, eliminó el año pasado la figura de los conveniosoperativos o contratos de servicios y obligó a unas 30 firmas a migrar hacia lafigura de empresas mixtas, en las que Pdvsa tiene al menos 60 por ciento deacciones. También Morales ha dicho que quiere "socios, no dueños" sobre los recursoshidrocarburíferos cuya posesión devolvió a Yacimientos Petrolíferos Fiscales de


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Bolivia (YPFB). En México todavía la industria petrolera es un monopolio estatal.

1) BoliviaEvo nacionalizar no es fácil

Por: BOLPRESS (Fecha publicación:24/04/2006)

En julio de 1997, el entonces ministro de Capitalización había sentenciado que nosería posible cambiar ni una coma al oscuro proceso de extranjerización deempresas que él dirigió. Casi 10 años después, el presidente Evo Morales reconoceque la tarea de nacionalización no es una tarea fácil y que se necesita un batallónde expertos petroleros, aunque al momento la mayoría de ellos trabaja al serviciode las petroleras.'No es sencillo, no es fácil', dijo Morales, durante una improvisada conferencia deprensa en la que fue cuestionado por su tardanza en cumplir con la demandapopular que lo llevó hasta la presidencia.'Si tenemos expertos petroleros no están en este momento trabajando en Bolivia,sino en las transnacionales (...)¿de dónde conseguimos ese batallón de expertospetroleros que tienen que asumir el control y ejercer el derecho de propiedad. Eltema del decreto o la ley, cualquiera sea el instrumento, es un problema sencillo;pero el problema es cómo operativamente vamos a analizar el tema', agregó elmandatario.Según el presidente los temas operativos son los que demoran la anunciadanacionalización de hidrocarburos.Morales, descartó desde hace mucho una nacionalización por la vía de la expulsiónde las petroleras, planteamiento hecho desde los sectores populares quedemandaron la inmediata toma física de los campos petroleras operados porempresas que no cumplieron los pasos establecidos en la Constitución.'¿Qué pasa si expulsamos a las empresas? ¿O por expulsar a las empresas podríanpasar meses de desabastecimiento, sin gas, sin gasolina, sin GLP? ¿Qué diría elpueblo boliviano al cabo de 50 ó 60 días?', se preguntó.

1) BoliviaGanancia de Petrobras en Bolivia cayó en

primer trimestreAFP - BRASILIAPetroleumworld Bolivia 16 05 06


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Los beneficios de la empresa nacional brasileña del petróleo Petrobras en Boliviacayeron casi 50% en el primer trimestre del año, contra igual período de 2005,informó el lunes a la prensa el director financiero de la compañía, Almir Barbasa. Las operaciones de la empresa en Bolivia presentaron un beneficio de 13 millonesde dólares en el primer trimestre del año, contra 24 millones del mismo período delaño anterior.La caída en los beneficios se debió al aumento de impuestos, de 18 a 50%, queBolivia ya aplicó el pasado año sobre la producción de las empresas dehidrocarburos.El director financiero no quiso evaluar cual es la pérdida prevista con el nuevoaumento de impuestos, que está previsto pase a 82%, tras la nacionalización de loshidrocarburos aprobada por el gobierno boliviano a principio de mes, informó laoficial Agencia Brasil.El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, dijo en su emisión radial semanaldel lunes que Brasil seguirá comprando gas de su vecino, siempre que el precio seaconveniente para el consumidor brasileño. También dijo que ambos países "precisanestar en paz".Petrobras es la empresa extranjera con mayores inversiones en Bolivia. Además, enBrasil el 50% del gas consumido es boliviano. Ambos países negocian cómoquedará el abastecimiento, los precios del gas y la situación de Petrobras despuésde la nacionalización de los hidrocarburos.

2) EcuadorMarcha contra la OXY

QUITO: MILES DE AMAZÓNICOS Y SUS AUTORIDADES SECCIONALES, CAMINARONPOR LA CADUCIDAD DEL CONTRATO CON PETROLERA OCCIDENTAL (OXY). DANPLAZO DE 15 DÍAS A GOBIERNO.

ALTERCOM

«Vamos a tener una salida feliz» (¿?) fue la respuesta de Alejandro Serrano,encargado de la Presidencia de la República del Ecuador, a los planteamientos de ladelegación de los pobladores amazónicos, que en un número superior a las 4.000personas, llegaron a la ciudad de Quito, este martes 9 de mayo, para exigir lacaducidad del contrato con la petrolera Occidental y la aprobación de la reforma dela Ley 0-10 que prevé un incremento de US$ 0.50 centavos por barril de petróleo alas rentas de las 6 olvidadas provincias amazónicas.Según información proporcionada a nuestra redacción por Julio González, diputadopor Sucumbíos, el presidente encargado se comprometió a entregar estasdemandas al Presidente Palacio cuando regrese al país. Alejandro Serrano expresótambién a la delegación que el gobierno central ha dado muestras de soberanía,autonomía e independencia tanto en su política petrolera como internacional.Añadiendo, el mismo funcionario, que el Procurador abrió una puerta para que larenegociación se convierta en un instrumento positivo a los intereses del Estado.Por su parte los delegados amazónicos, entre los que se contaba a Prefectos,Alcaldes, Presidentes de Juntas Parroquiales, Diputados y dirigentes de


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organizaciones de la sociedad civil, fieles al mandato de sus ciudadanos yorganizaciones sociales, expresaron su absoluto rechazo a cualquier formula denegociación con la petrolera y dieron plazo, hasta el 31 de mayo, para que elgobierno se pronuncie por la caducidad del contrato atendiendo, no sólo losintereses del país, sino la voluntad de la gran mayoría de ecuatorianos.La caducidad del contrato con la petrolera, lejos de ser un problema de simpletrámite jurídico por el incumplimiento de las clausulas contractuales y violacionesexpresas a la Ley, determinadas en los informes de la Procuraduría General delEstado, la Contraloría de la Nación, la estatal PETROECUADOR y la comisión jurídicaad-hoc integrada por los abogados Álvarez Grau y Flores, ha sido convertida en«problema de Estado» por el el presidente ecuatoriano*, su gobierno y por laembajada estadounidense en nuestro país, a través de sus servidores y voceroscriollos. Ahora según la embajada y sus corifeos, la caducidad de la OXY lasnegociaciones con las petroleras son motivo de chantaje para la continuación de las«negociaciones» del TLC.Ante este hecho inaudito, la respuesta de las fuerzas sociales es tambiéncontundente. Si el gobierno persiste en su posición o intención denegociación con la petrolera el país entero se levantará. La cantidad de genteque salió a las calles en Quito el día de hoy martes 9 de mayo, fue un anticipo delas movilizaciones que prácticamente, todas las organizaciones sociales ypopulares, se proponen realizar en las próximas semanas.

LA REPRESIÓN DE RIGOR EN LA PLAZA DE LA INDEPENDENCIA DE QUITO...

Mientras el presidente encargado se reunía con la delegación amazónica, en lasafueras del Palacio de Gobierno, la policía nacional, cumplía su papel represivo. Enun inusual operativo unos 300 efectivos policiales, en motos de a dos pese a laprohibición de su ministro de Gobierno, a pié protegidos con escudos plásticos yacompañados de perros entrenados, cercaron a un centenar de pobladores de laamazonía que había logrado penetrar la barrera policial levantada en torno de laPlaza Grande para impedir su ingreso.Con movimientos bien calculados, lentos pero seguros, los 300 efectivoscomenzaron a rodear a los manifestantes para posteriormente desalojarlos del lugara empujones, no sin antes agredir a Fidel Narváez, integrante de la AsambleaPermanente de los Derechos Humanos, que en esos momentos se encontrabacumpliendo labores informativas para Radio La Luna, y al corresponsal del periódicodigital Ecuador Inmediato, a través de cuyas señales se difundió la soez agresión,en directo, a una enorme audiencia que seguía con indignación la acción policial. No pudieron hacerlo con dos valerosas mujeres que se sostuvieron de lasemblemáticas cadenas del monumento y que resistieron la furia de sus agresores,que las rociaron, manchándolas, con una novedosa agua gasificada de colores.A pocas cuadras de distancia, en la Plaza de San Francisco, el grueso de la marchamanifestaba su oposición a la torcida maniobra de renegociación del contrato con lapetrolera Oxy. La marcha de los amazónicos, a los que se sumaron dirigentes de laCONAIE, Ecuarunari, Frente Popular, organizaciones barriales de Quito y variosreconocidos analistas del tema petrolero, cumplió su objetivo: demostrar algobierno de Alfredo Palacio, que el pueblo tiene opinión y voluntad para exigir elrespeto al país, a sus leyes y a su soberanía. En horas de la tarde comenzó el regreso de los amazónicos: «hasta pronto Quito,en 15 días oirán de nosotras y nosotros»”, fue la despedida.

Altercom Quito.

* N de la R: A mediados del año pasado, ante el requerimiento del periodistaAndrés Carrión sobre qué posición iba a adoptar el gobierno en torno al casoOccidental, el presidente Palacio, dijo que se trataba de 'política de Estado', conel claro propósito de evadir la pregunta.


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2) EcuadorGobierno anula contrato de

estadounidense Oxy para operar enEcuador

AFP - QUITOPetroleumworld.com.ve 16 05 06

El gobierno ecuatoriano anuló este lunes el contrato que le permitía operar a lapetrolera Oxy en Ecuador, tras culparla de vender ilegalmente parte de sus accionesy rechazar una oferta de la empresa para evitar la sanción, anunció el ministro deEnergía, Iván Rodríguez, juez del caso."Cumplidos los presupuestos determinados, se resuelve aceptar la demanda ypetición presentada por Petroecuador y el Procurador, y se declara la caducidad delcontrato de participación para la exploración de hidrocarburos y explotación depetróleo crudo" de la compañía, señaló Rodríguez en conferencia de prensa.La decisión deja sin efecto el convenio mediante el cual Occidental (Oxy) explotaba100.000 barriles diarios de crudo en la Amazonia ecuatoriana desde la década delos noventa.El ministro de Energía aclaró que el fallo obliga a la estadounidense a "devolverinmediatamente las áreas contratadas, las instalaciones y los equipos y maquinariapara la explotación o producción de crudo"."Además implica la pérdida de cauciones y garantías ofrecidas en el contrato",señaló Rodríguez, y agregó que las operaciones de la multinacional serán asumidaspor la estatal Petroecuador.La empresa "está en capacidad técnica y económica para asumir el control delbloque 15 que operaba Occidental", puntualizó.La petrolera, por su parte, "espera las instrucciones de la casa matriz para fijar unaposición", dijo a la AFP una alta funcionaria de la compañía bajo condición deanonimato.El gobierno resolvió anular el contrato de Oxy, tras un dispendioso proceso iniciadoen 2004 contra la multinacional por vender, sin autorización oficial, el 40% de susacciones a la canadiense Encana, ahora de propiedad de la china Andes Petroleum.Oxy -que se presenta como el principal inversionista en Ecuador- planteó al alEstado un arreglo amistoso que incluía la entrega de 20 millones de dólares y el50% de las ganancias excedentes por la disparada de los precios del crudo.Si bien una controvertida norma ya obliga a las petroleras extranjeras a repartiresas utilidades, Oxy argumentaba que el Estado podría perderlas si prosperan lasdemandas de las compañías y por ello ofrecía incluir en un arreglo amistoso unacláusula que garantizara el desembolso.No obstante, este lunes el presidente de Petroecuador, Fernando González, rechazóel ofrecimiento, con el argumento de que es contrario a la ley."En mi calidad de presidente de Petroecuador rechazo la propuesta transaccionalpor ser contraria a la ley, inviable y lesiva a los intereses de mi representada",señaló González en una carta pública al ministro Rodríguez, quien actúa como juezde última instancia del caso.Apoyado en ese pronunciamiento, el gobierno retiró a la estadounidense la licencia


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de operaciones y, de paso, calmó a los sectores indígenas y populares que exigíanla salida de la multinacional. Sin embargo, la decisión también podría sepultar sus posibilidades de cerrar unTratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos por cuanto Washington habíasupeditado la firma del acuerdo a una arreglo amistoso con la petrolera, segúnadmitieron funcionarios de Quito.El equipo negociador estadounidense mantiene suspendidas las conversacionesdesde abril, pese a los llamados del gobierno de Alfredo Palacio para renudarlasdejando por fuera de las tratativas el caso Oxy y el de las petroleras afectadas porla medida que las obliga a repartir sus utilidades excedentes.

2) EcuadorECUARUNARI invita a continuar en la

lucha por la nacionalización del PetróleoQuito, 16 de mayo de 2.006

Como Pueblos Kichwas del Ecuador debemos felicitarnos todos por la victoria parcialcontra la Oxy, empresa transnacional de Estados Unidos, al pueblo valiente de laAmazonia y de Quito por su lucha incansable y apoyo solidarios a nuestras luchasúltimas y movilizaciones de noviembre del 2005 y marzo de este año.“Como ecuatorianos y aún más como Kichwas, como indígenas, estamos muycontentos y muy emocionados de este triunfo del movimiento social del Ecuador yespecialmente el movimiento indígena. Hemos tenido que sacrificar mucho, hacermovilizaciones y levantamientos, que han costado casi vidas humanas, hanencarcelado a nuestros compañeros, pero al final se ha hecho justicia en este país.Deben saber las petroleras y los empresarios, que aquí existen leyes que debenrespetarse, a partir de la lucha, de la insurgencia social, ninguna empresa, niempresario puede saciar de nuestros recursos, así como lo ha estado realizandoOccidental”, dijo Humberto Cholango, presidente de ECUARUNARI.Como dirigentes de ECUARUNARI, invitamos a continuar en la lucha incansablehasta nacionalizar especialmente el Petróleo y todos nuestros recursos naturales.Más de dos mil personas nos reuniremos en nuestro II Congreso de los kichwas delEcuador en Cañar del 18 al 20 de mayo y una de las mesas de trabajo y debateserá analizar la coyuntura política del país, como el TLC, Asamblea Constituyente yahora con el triunfo parcial de la caducidad de la Oxy, dice Humberto Cholango.Nuestras comunidades de base, sus dirigentes provinciales y todos, estamos muycontentos por este triunfo parcial en nuestra lucha, ahora tenemos que exigir algobierno de Palacio que de inmediato exija la salida de esta empresa transnacionalOxy de nuestro país, que por muchos años han saqueado nuestros recursos;continuar y reforzar la lucha hasta derrotar al TLC y hacer realizar una verdaderaAsamblea Constituyente con todos los poderes y la participación directa de lospueblos y nacionalidades.Otros temas como la integración de Tratados de Comercio con los Pueblos, el ALBA,Coordinadora Andina, temas políticos, participación electoral, organizativosinternos, la misma constituyente serán analizados y revisados por los asistentes anuestro Congreso.


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Patricio Zhingri T.DIRIGENTE COUNICACION ECUARUNARI / ANPE.

2) EcuadorEl gobierno ecuatoriano declara el fin de

su contrato con la Oxy

El 15 de mayo el gobierno ecuatoriano decidió rescindir el contrato de OXY(Occidental Petroleum Corporation) (5) para extraer petróleo en ese país y aplicarel artículo 75 de la Ley de Hidrocarburos. OXY ha mantenido actividad petrolera enEcuador por 20 años desde 1985. Y ese fue el final de un largo conflicto. Porque loque ahora parece una decisión de última ahora llevaba ya tiempo en litigio – quizáshaya sido la actitud decidida de Evo o los años de protesta con las huelgas de losúltimos meses la que haya forzado la acción. En 1999 la petrolera modificó elcontrato de participación con el estado de Ecuador y en el 2004 ya se planteó larescisión del contacto, pero Oxy rechazó los argumentos. Aún así el proceso decaducidad de su contrato continuó y se presentó en noviembre de 2005.La compañía estatal Petroecuador se hará con las infraestructuras de estacompañía. Esta decisión se debe a alegaciones contra OXY de violar la Ley deHidrocarburos y el contrato con el Estado Ecuatoriano, además de violar losderechos ambientales (y colectivos de la población indígena y campesina de lazona) (interesante el leer los planteamientos medioambientalistas de esta compañíaen su pagina web. Se dice fácil, queda bien, pero es algo más (4)). OXY estabaubicada en el Bloque 15 (toda la Amazonia está dividida por una cuadricula dondese sitúan las distintas petroleras) y en los campos Edén Yuturi y Limoncocha(Reserva Biológica). En esta reserva se le acusa a OXY de exterminar especies deaves únicas en el mundo y también de los típicos vertidos, contaminación de ríos,lagunas así como de tierra. La compañía sin embargo declara que ha cumplido laley y anuncia el tomar acción legal si la situación no se soluciona ‘de una formaamistosa’.Activistas apuntan que con rescindir el contrato no es suficiente sino que se debehacer pagar a OXY por esos daños. La organización Acción Ecológica – Ecuador, conun largo historial de observación y trabajo sobre impacto petrolero, se ha ofrecidopara identificar y cuantificar los daños ocasionados. (1)La compañía tramitó una demanda en el Centro Internacional de Establecimiento deConflictos de Inversión, que cómo no está sito en Washington. Oxy invocó eltratado bilateral firmado por los gobiernos de EEUU y Ecuador. (2)

Repercusiones

La primera es el sentar un precedente – como sabemos los delitos de Oxy son losmismos que muchas otras petroleras (si no todas) en esos países. Otra fue la caídadel valor de acciones de la compañía de Los Angeles. El precio de sus accioneshabía alcanzado (como el de todas las petroleras – ¡Siempre tan rentables!) el añopasado un valor máximo de casi 80 dólares. Una de las repercusiones será el final de actividad de Oxy en Ecuador. Por lo quenos podemos sentir content@s es porque Oxy era uno de los inversores del


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polémico oleoducto de crudo pesado OCP con el 12.2% (10). Otro de ellos es elBBVA. Esperamos que retirando Oxy su capital, este proyecto encuentre dificultadespara seguir adelante y se paralica como han exigido los ecologistas y comunidadesde ese país. Pero sin duda la mejor noticia es que como efecto de esta decisión el TLC que desdetanto tiempo han negociado los USA y el gobierno ecuatoriano es resultaautomáticamente desestimado. Y esto es algo por la que ecuatorian@s e indígenashan luchado fuerte y por mucho tiempoEl diputado estadounidense Dan Burton (responsable por la legislación para aplicarel embargo a Cuba, el Acta Helms-Burton) propuso el cesar toda la actividadcomercial con Ecuador. Burton valoró la acción contra Oxy como ‘peor que losmovimientos de nacionalización en Venezuela y Bolivia’. (2)

Más sobre la Oxy

La Oxy como todas las compañias de su sector se ha visto envuelta en muchoescándalos. Uno de ellos data de 1942, cuando una compañía secundaria de Oxy,Hooker Chemical and Plastics Corporation vertió residuos químicos en la región delcanal Love. La cosa es que luego aquí se construyeron un escuela y urbanizacionesy mucha gente resultó intoxicada y desarrollo canceres! Finalmente fueronrelocalizados y Oxy forzada a ‘limpiar’ la zona. (4)También fue terrible el accidente en una plataforma de esta compañía en el Mar delNorte en 1988. Un escape de gas provocó la explosión de la plataforma y la muertede 167 trabajadores. (4)Alguien que defendió y que tuvo muchos intereses en la compañía fue el abogado ysenador Albert Gore, el padre del ex -vicepresidente y candidato a presidente AlGore e irónicamente, escritor de ‘La Tierra en equilibrio – Ecología y el espírituhumano’. Al Gore también fue acusadó de mediar en la venta de la reservapetrolera gubernamental de Elk Hills a Oxy en 1998. (4)También fue sonado el proyecto de extracción petrolera en Colombia en el territoriode los U-wa. Oxy vendió aquel proyecto a Repsol YPF.

Movilización de masas contra el TLC y represión encarnizada en Colombia

En Colombia también la población ha estado movilizándose contra el TLC, en unacampaña que comenzaba el pasado 15 de mayo y que a día de hoy todavíacontinúa (20 Mayo). Estas movilizaciones son continuación de las anteriores deseptiembre, octubre y noviembre y han tenido especial seguimiento en el sur delpaís (dos de los departamentos son limítrofes con Ecuador: Nariño y Putumayo, yCauca esta próximo también). Las movilizaciones fueron secundadas por más de 24organizaciones obreras y campesinas, pero como en Ecuador, las comunidadesnativas -y en este caso también las afrocolombianas - han sido muy activas (comoen Ecuador con la CONAIE la ONIC también tuvo protagonismo en lasmovilizaciones). Por ello, y unido a la historia de represión de la que han sidoobjeto por siglos, también han sido l@s más [email protected] jornada del 18 de mayo se saldó con la muerte de 10 personas (incluido unaanciana y una niña), la desaparición de un número indeterminado, centenares deheridos (siete de ell@s de bala) y 52 detenidos. En Cauca el Consejo RegionalIndígena canjearon dos policías por 29 compañeros que habían sido detenidos. LosNasayuwe (o Nasa) del Cauca vieron como varios de sus miembros eranasesinados. Los ataques contra sus comunidades también incluyeron la destrucciónde sus lugares de concentración, comida, emisora y otra infraestructura. En otrascomunidades casas fueron incendiadas y el abastecimiento del agua contaminado. El día 20 asociaciones de derechos humanos alertaban por la situación de crisiscreada en Nariño por el cerco militar ante la falta de alimentos y el brote deepidemias. (6)

Movilización y represión por comunidades:


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Piendamó (Cauca): muerte de una menor de edad y una mujer mayor La María (Cauca): más de quince mil indígenas movilizad@s. Ametrallamiento demanifestantes y bombas lacrimógenas desde helicópteros. Saldo de un indígenamuerto, 32 heridos graves y 46 leves. Tres policías fueron detenidos por la guardiaindígena y entregados. (9) Popayán (Cauca): 4 heridos graves por pelotas de goma, 39 leves y 25 detenidosEl Rosal (Cuandinamarca): 2 heridos de bala, 3 graves (uno con perdigones en unojo) gases lanzados desde helicópteros. Destrucción de tuberías conductoras delagua de la región por la policía. Al día siguiente el ejército volvió a disparar contrala población.Remolino (Nariño): unos 4 heridos de bala, 9 heridos y contunsionados Dispararonbalines y gases desde helicóptero. Se estiman dos personas desaparecidas. Elataque en esta zona incluyó el vertido de Glifosato (utilizado por el ejercito parafumigar cultivos – fabricado por MONSANTO) con el objeto de contaminar elabastecimiento de agua. La población quedó sin agua potable. También se incluyela obstaculación por los militares de la evacuiación de heridos y quema de enseres ycomida de manifestantes. (8)Carretera a Tumaco (Nariño): 2.000 personas (entre ell@s indígenas AWÁ) enmanifestaciones. Dos agentes provocadores infiltrados retenidos por loshuelguistas. Cañodanta Puerto Rico (Meta): 10.000 campesinos – presencia de policíaantimotines y disturbios. Putumayo: las comunidades Mocoa Pasto, San Miguel, Orito, Puerto Leguizamo ySan Miguel reprimidas con gases Policarpa (Nariño): Más de 5 mil personas concentradas fueron interferidas porparamilitares. Un herido con arma de fuego. Contaminación del abastecimiento deagua del acueducto Ricaurte (Nariño): unos 5.000 manifestantes. Acoso policial.Barbacoas (Nariño): más de 9 mil manifestantes. Sitio policial

El TLC y Colombia

El TLC es un nueva agresión imperialista para Latinoamérica. Para Colombia es lacontinuación de otros tratados y planes, el más reciente de ellos y todavía vigente,el Plan Colombia (con una nueva versión enfocada en combatir ‘terrorismo’), quedisfrazado de plan contra narcotráfico ha escondido un plan intervencionista militar,de influencia en el área y países vecinos y de control económico de este país. Encinco años, Estados Unidos ha entregado 4.729 millones de dólares para gastosmilitares a través del Plan Colombia (más ayuda a través de la Iniciativa RegionalAndina que suma siete mil millones de dólares) (como hemos visto ante, conalguien tienen que utilizar todo ese armamento!). El Plan Colombia escondióintervención contra guerrillas y contra grupos contestatarios, organización para-militar y el control de la implantación de proyectos petrolíferos y viarios como el delproyecto de un canal transoceánico, ambos con un impacto humano y ecológicotremendos. El 28 de febrero de 2006, el presidente de Colombia Alvaro Uribe cerró lanegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. Como hemosvisto en anteriores artículos, el pueblo de Colombia vio en este nuevo tratado unanueva claudicación de la producción y recursos colombianos a las firmasnorteamericanas. En la declaración de organizaciones campesinas y indígenascontra el TLC estos criticaban que este tratado supondría la pérdida de 300.000hectáreas, dos millones de jornales y 17.000 empleos permanentes. La plataformatambién se posicionaba contra los daños que el TLC supondría para labiodiversidad, bosques y fuentes de agua, territorios ancestrales indígenas ynegros, por los nuevos contratos de bioprospección, ley Forestal y el proyecto deLey de Agua. Otras crítica también se merecían las claudicaciones en materia debiopiratería y privatización de servicios. (6)


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El propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), advirtió que el impacto del TLCpodía afectar al 40,8 % del comercio interregional, lo que podría suponer una ladisminución del 84% del total (un costo de 5.600 millones de dólares). El efecto enColombia sería desastroso pues exporta la mitad de lo que se venden entre sí lospaíses andinos y el 82% de sus materias primas tienen como destino los USA! ElTLC ahora aspira a incrementar todavía más esas exportaciones y las facilidadespara las empresas usamericanas!! (7)

(1) Acción Ecológica – Boletín de prensa, Alexandra Almeida(2) (http://ecuador.indymedia.org/es/2006/05/14448.shtml) (3) http://ecuador.indymedia.org/es/2006/05/14490.shtml(4) www.oxy.com/Social%20Responsibility/environment/ENVIRONMENT.htm(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Occidental_Petroleum(6) http://colombia.indymedia.org/news/2006/05/43015.php(7) www.comunidadandina.org (8) http://colombia.indymedia.org/news/2006/05/43014.php (9) http://colombia.indymedia.org/news/2006/05/42938.php(10) www.rainforestinfo.org.au/ocp/background_files/ocp_ecuad.html

3) VenezuelaGobierno de Venezuela crea nuevoimpuesto petrolero y aumenta otro

tributoAFP - CARACAS

Petroleumworld.com.ve 05 08 06

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, anunció este domingo que su gobiernocreará un tributo que aumenta a 33% las regalías, y que incrementará al 50% elimpuesto sobre la renta para las empresas que explotan el petróleo extrapesado dela Faja del Orinoco (sureste)."Vamos a crear un nuevo impuesto petrolero, llamado impuesto a la extracción (...)lo mismo que el impuesto sobre la renta petrolero es de 50% (en el resto del país),y ellos pagan todavía por debajo de 50%, están en 34%. Vamos a llevarlo a 50%",dijo Chávez en su programa dominical "¡Aló, Presidente!".El mandatario explicó durante su discurso de seis horas que el nuevo impuesto quecrea será de 33%, y en la práctica servirá para reemplazar las regalías que paganactualmente las asociaciones de la Faja del Orinoco, que son de 16,66%.Chávez dijo que su gobierno había venido estudiando por meses esta decisión, yque su aplicación se logrará luego de que la Asamblea Nacional (AN, legislativo)modifique la Ley de Hidrocarburos."Esto va a impactar un incremento en la recaudación anual de 885 millones dedólares", precisó. Señaló que parte de este dinero será destinado a un plan masivo de construcción deviviendas que adelanta su gobierno.Chávez dijo que la intención era equilibrar el cobro de impuestos y regalías de laFaja a la de las otras empresas mixtas petroleras que operan en el país, bajo unesquema de pago de 30% de regalías y 50% de impuesto sobre la renta.En la Faja del Orinoco, en la orilla norte del río Orinoco antes de su desembocadura,


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operan cuatro asociaciones estratégicas de petroleras extranjeras con la estatalPetróleos de Venezuela (PDVSA), ésta con una participación minoritaria media de40%, que producen unos 600.000 barriles de petróleo por día.Las cuatro asociaciones estratégicas de la Faja son: Sincor (Total, PDVSA, Statoil),Hamaca (ConocoPhillips, Chevron, PDVSA), Cerro Negro (Exxon-Mobil, PDVSA, BP)y Petrozuata (ConocoPhillips, PDVSA).La enorme Faja tiene una producción de alrededor de 230.000 millones de barrilesde crudo extrapesado.Chávez dijo que esta medida también obedece a que "están ganando mucho dinerolas empresas que están sacando petróleo en Venezuela".El mandatario, de 51 años, dijo que en la Ley de Hidrocarburos aprobada en 2001sus "adversarios infiltrados todavía en la estatal PDVSA (...) lograron meter en laley que las empresas de la Faja paguen impuestos sobre la renta de 34%".Este anuncio de Chávez se produce luego de que el jueves la AN aprobara loscontratos que crean 22 empresas petroleras mixtas controladas accionariamentepor PDVSA, que cancelarán 30% de regalías y 50% en impuesto sobre la renta.Venezuela produce un total de 3.270.000 barriles diarios de petróleo, según elministerio de Energía, aunque los opositores del gobierno la ubican en unos600.000 barriles menos.Este país miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) esel quinto exportador mundial y el cuarto proveedor de Estados Unidos, a quienvende 1,5 millones de barriles diarios.

3) VenezuelaAnuncia el presidente Chávez un nuevoimpuesto para las empresas petroleras

(Fecha publicación:07/05/2006)

El presidente venezolano, Hugo Chávez, anunció hoy la creación de un nuevoimpuesto a las empresas petroleras que extraen de la faja del Orinoco, a través delque se obtendrán cientos de millones de dólares. 'Continuamos recuperando la plena soberanía petrolera', apuntó el mandatario alseñalar que deberá ser transformada la Ley Orgánica de Hidrocarburos por parte dela Asamblea Nacional.Aún existen empresas en esa región que pagan impuestos sobre la renta de 34%,por debajo de lo establecido, que es de un 50%, explicó. Las ganancias que se recuperarán por esa vía ascenderán el próximo año a unomiles de millones, destacó el gobernante.Asimismo, dijo que de esa recaudación se destinarán 50 millones de dólares paradistintos planes de construcción de viviendas en el país.Venezuela eliminó los convenios operativos, a través de los cuales laborabanempresas extranjeras en las diferentes tareas del petróleo, y unas 32 pasaron serempresas mixtas.PDVSA dispuso que esas compañías pagaran una tasa de más del 30% de regalíascuyo destino fundamental será al trabajo social en los municipios y regionesaledañas a las sedes de dichas compañías.


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3) VenezuelaAsamblea Nacional aprobó nueva Ley de

HidrocarburosPetroleumworld - CARACAS

Petroleumworld.com.ve 05 17 06

La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad y en segunda discusión lareforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que incluye la incorporación delImpuesto de Extracción y el Impuesto de Registro de Exportación, los cualesaportarán al fisco nacional importantes recursos que impulsarán los programassociales en beneficio del pueblo venezolano.El presidente de la comisión de Energía y Minas de la AN, diputado Ángel Rodríguez,informó que tras la aprobación de la reforma se espera remitir el texto legal alEjecutivo Nacional para el visto bueno y posterior publicación en Gaceta Oficial. El parlamentario destacó la incorporación del Impuesto a la Extracción en lareforma del instrumento legal, pues dicho gravamen nivelará el régimen fiscal delos negocios petroleros, bien sea PDVSA en su esfuerzo propio, las Empresas Mixtaso los Convenios de Asociación en la Faja Petrolífera del Orinoco, operaciones quedespués de la entrada en vigencia de la Ley deberán cancelar la misma tasa de33,33% por cada barril extraído a boca de pozo.Agregó que el Impuesto a la Extracción y el Registro de Exportación aportarán alfisco nacional recursos por el orden de los 2 billones 883 mil 150 millones debolívares anuales, “fondos que tendrán un impacto económico importante y queserán invertidos en la mejora de la calidad de vida de los sectores másdesfavorecidos”, dijo Rodríguez.El mismo artículo 48 también establecerá el Impuesto de Registro de Exportación,el cual será de 0,1% del valor de los hidrocarburos exportados y permitirá fortalecerel control fiscal sobre las exportaciones. Con su recaudación el Ministerio de Energíay Petróleo (MENPET) creará una base de datos donde constará, por cadacargamento, el volumen, la calidad, es decir los grados API y contenido de azufre,el destino del producto y el precio de exportación.Rodríguez también resaltó que esta nueva herramienta jurídica facilita los procesosde migración de convenios operativos a Empresas Mixtas, figura cuyo marco legalquedó estipulado en el artículo 33 de la Ley, el cual también prevé un fondoespecial para apoyar programas sociales.La Ley también deja claramente establecido que los hidrocarburos gaseosos, esdecir, el gas asociado a petróleo que viene en las actividades primarias petrolerasse regirá por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, mientras que el gas libre se regirápor la Ley de Hidrocarburos Gaseosos.Igualmente, se modificó el artículo 44 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, debidoa que se suprimió el término bitumen, para los hidrocarburos que se extraen en laFaja Petrolífera del Orinoco, pues está demostrado que en dicho reservorio sólo seencuentra petróleo.La nueva ley entrara en vigencia a su publicación en la gaceta oficial de Venezuela.


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3) VenezuelaPrimera sanción de USA a Venezuela no le

venderá más armas

Washington lo "descertificó" por no cooperar en la lucha contra el terrorismo.Caracas tampoco podrá comprar material estadounidense a terceros países.

WASHINGTON. CORRESPONSAL Clarín – 16 de mayo de 2006

Estados Unidos prohibió ayer la venta de armas a Venezuela, porque consideraque el gobierno de Hugo Chávez "no coopera plenamente" en la lucha contra elterrorismo. El subsecretario para Asuntos Hemisféricos del Departamento deEstado, Tomas Shannon, dijo que habían tomado la decisión "con reticencia". Yexplicó que Venezuela tiene relaciones estrechas con Cuba y con grupos guerrillerosen Colombia, específicamente con las FARC y con el Ejército de Liberación Nacional.Ambos grupos figuran en la lista de organizaciones terroristas del Departamento deEstado. Shannon se refirió también a la relación de Venezuela con Irán,particularmente por la postura de Venezuela durante la votación en la que sedecidió elevar el caso iraní a la ONU. La prohibición, la primera sanción que Washington le aplica al gobierno de HugoChávez, abarca también a todo tipo de armas y tecnología militar estadounidensespor parte de terceros. Es decir, de ahora en más ningún país le puede vender aVenezuela ni siquiera repuestos para las armas estadounidense que ya tiene en suarsenal. Si bien esto ya estaba sucediendo, de ahora en más la prohibición será automática.En efecto, Estados unidos se opuso a principios de este año a que el gobiernoespañol le vendiera a Venezuela 12 aviones que tenían incorporada tecnologíamilitar estadounidense. Lo mismo ocurrió con Brasil, cuando el gobierno brasileñointentó venderle a Venezuela aviones de entrenamiento Tucano, cuyo motor esestadounidense. "Pero en ambos casos la decisión no fue automática", explicoShannon. "De ahora en más, lo será", agregóDesde Londres, Chávez reaccionó inmediatamente y consideró la decisión deEstados Unidos como "una manifestación de la política del imperio contra paísespequeños de la Tierra", aunque se apresuró a precisar que no iba a suspender lasexportaciones de petróleo a Estados Unidos. "Tengo conciencia de miresponsabilidad", declaró Chávez, afirmando que suspender los envíos de petróleoa Estados Unidos "sería una locura" que llevaría el precio del crudo "arriba de 100dólares el barril", dijo.Tras el discurso que pronunció ayer en un almuerzo organizado en su honor en laUniversidad de George Washington, del que participaron fundamentalmentediplomáticos y académicos, Shannon explicó que habían tratado de mejorar lasrelaciones con Venezuela tanto en el terreno energético, en el comercial, como en lalucha contra el narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. Pero que a estos dosniveles no lo habían logrado, por lo que habían decidido primero "descertificar" aVenezuela de la lucha contra el narcotráfico y ahora declarar que no coopera en lalucha contra el terrorismo. Un oficial de la Marina chilena lo encaró diciéndole que no estaba de acuerdo con elenfoque de "están con nosotros o están con ellos", que según él viene practicando


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el Departamento de Estado en América latina con respecto a Venezuela. "Ese es unenfoque equivocado, Se necesita más humildad", dijo el marino que lucía suuniforme blanco, impecable.Con mucha calma Shannon le respondió que Estados Unidos no estaba señalando anadie con el dedo y que tampoco está dictándole políticas a nadie. "Cada gobiernopuede tener la relación que quiera con quien quiera", dijo. Dicho eso, Shannonagregó que Estados Unidos "tiene principios que respeta" y que no va a callar lo quepiensa, porque la gente quiere que "hablemos claro"."Nosotros hemos lanzado un proceso de democratización en el mundo, pero si nofunciona en nuestro hemisferio será muy difícil que funcione en otro lado", agregó.De hecho Shannon dijo que considera que en este momento hay dos visiones enAmérica latina que están compitiendo entre sí.

3) VenezuelaVenezuela no cortará el suministro de

petróleo a Estados UnidosABN - LONDRESPetroleumworld.com.ve 05 16 06

El presidente de la República, Hugo Chávez Frías, aseguró este lunes que Venezuelano cortará el suministro de petróleo a Estados Unidos por la decisión de ese país deprohibir la exportación de armas hacia territorio venezolano. El Jefe de Estado hizo la aseveración este lunes durante un encuentro con más de500 empresarios, en su mayoría británicos, realizado en la sala Whitehall deledificio Banqueting House, en la capital británica, donde realiza una visita privada. Chávez dijo que la sanción contra Venezuela por parte de EEUU demuestra una vezmás el atropello del imperio, al tiempo que garantizó que no utilizará el suministrodel vital recurso como un arma política para tomar represalias. Explicó que el corte de suministro de petróleo afectaría a la poblaciónestadounidense, por lo que reiteró que no utilizará este recurso como un arma encontra de las necesidades del pueblo. Durante su presencia en Londres, el Primer Mandatario venezolano asistió a actoscon organizaciones sociales, sindicatos y empresarios, con los cuales compartió suvisión de un mundo más justo y equitativo.

3) Venezuela


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Gobiernos de izquierda se enfrentan porel petróleo

José Suárez-Núñez / El Nacional (Venezuela) - 17/04/06

Luce como una incógnita si las diferencias afectarán a la docena deproyectos energéticos firmados entre Pdvsa y Petrobras

La nacionalización boliviana de los hidrocarburos sacudió las relaciones diplomáticasde cuatro gobiernos de la región e involucró a igual número de empresas petrolerasestatales. Y los medios internacionales registraron que causó distan-ciamiento enlas relaciones de los presidentes Néstor Kirchner y Lula Da Silva, de Argentinay Brasil, con sus homólogos de Venezuela y Bolivia, Hugo Chávez y EvoMorales.Los medios argentinos re-señaron que en la cumbre tripartita Sao Paulo, a laque asistieron Kirchner y Lula, el presidente Chávez llegó disculpándose con unabroma de la que todos rieron: “Sólo quise ayudar, al final fui de bombero y salíquemado”.La estatal brasileña Petrobras y la argentina-hispano Repsol YPF son lasmayores inversionistas foráneas de hidrocarburos en Bolivia. Y enVenezuela, si no realizan las mayores operaciones, tienen unas estupendasrelaciones con el Gobierno figuran en la lista de los grandes proyectos de laFaja del Orinoco. Así, ambas empresas son las más perjudicadas con lanacionalización decretada por el presidente Evo Morales.El gobierno venezolano se deshizo de ExxonMobil y Shell –del proyectoSucre-, para explotar los campos de gas del golfo de Paria y se entregó aPetrobras ante la urgencia de corregir el déficit de gas para los planesdomésticos.

La visita del presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, a Caracas, para


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acordar una prórroga del proyecto Sucre, causó sorpresa y afecta alGobierno venezolano considerablemente, porque de los campos del nortede Paria es del único sitio donde puede salir el gas para mercado interno encorto tiempo, mucho antes de que salga la burbuja de gas de la PlataformaDeltana, y los campos off-shore del golfo de Venezuela.Otro proyecto vital para el despegue petroquímico es la planta de olefinas, con 10años de retraso, de la cual el Gobierno también despidió a ExxonMobil ycomenzó los tratos con Braskem, la firma brasileña petroquímica más importantedel Hemisferio Sur.La refinería de Pernambuco, en Recife, promocionada ampliamente por lapresencia de los presidentes Chávez y Lula, en el acto de inauguración de lasobras, utilizará una dieta de crudos brasileños y venezolanos de la Faja.Petrobras ha mostrado su disgusto y ha demorado el arranque del proyectoSucre, por la participación de Venezuela en la nacionalización en Bolivia.Ahora piensa dos veces antes de meterse en un negocio con Pdvsadestinado únicamente al mercado interno, cuando el negocio está en laexportación, dijeron gerentes petroleros.

4) ArgentinaEncuesta sobre nacionalización

Página 12 - Domingo, 07 de Mayo de 2006

Fuente: OPSM/Zuleta Puceiro.

¿Estaría de acuerdo con que Kirchner siga el ejemplo de Evo Morales ynacionalice el sector energético? Muy de acuerdo 12,3De acuerdo 61,7Poco de acuerdo 22,1Nada de acuerdo 0,2Ns/Nc

Lo que ocurrió en Bolivia, ¿es una tendencia en el continente o una decisiónparticular de la economía de ese país? Es una tendencia 42,3Es algo particular 54,9Ns/Nc

Si se nacionalizan esos recursos, ¿quién debe administrarlos? El Estado 31,5Las privadas, bajo nuevas condiciones 4,1Por gestión mixta Estado/privadas 61,8Ns/Nc 2,7


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El manejo estatal de los recursos naturales, ¿es parte de la soberanía de unpaís? ¿O la soberanía pasa por otro lado? Es parte de la soberanía 63,4Pasa por otro lado 31,6Ns/Nc 5

Y este manejo estatal, ¿mejora las condiciones de vida de la población,especialmente de los más pobres? Sí, la mejora 54,8No, la pobreza es más compleja 40,1Ns/Nc 5,1

4) ArgentinaRepsol daría entrada a capital privado

argentino en YPF mediante una OPV en laBolsa de Buenos Aires

"En ningún caso alcanzaría el 35% de YPF de que han hablado algunos medios;más bien rondaría entre el 10% y el 15%".

El Confidencial - Viernes, 21 de abril de 2006

Los gestores de Repsol YPF están dispuestos a dar entrada al capital privadoargentino en el accionariado de YPF mediante la realización de una OPV en la Bolsade Valores de Buenos Aires, por una cuantía no superior al 20% del capital de lapetrolera argentina. Fuentes próximas a Repsol han reconocido a este diario que, en cualquier caso, setrataría de empresarios privados locales, nunca el Estado argentino como tal, y que"en ningún caso esa salida a Bolsa alcanzaría el 35% de YPF de que han habladoalgunos medios locales; más bien rondaría entre el 10% y el 15% del capital". La pasada Semana Santa, el presidente de Repsol, Antonio Brufau, y elresponsable para Argentina, Brasil y Bolivia, Enrique Locutora, dirigieron unacarta abierta a los 10.000 empleados de YPF ( ver El Confidencial de ayer ) en laque dejaban la puerta abierta a la entrada de uno o varios socios privados localesen su capital. "Repsol YPF quiere ratificar que siempre mantendrá una participación ampliamentemayoritaria en el capital de YPF", aseguraba la misiva que, sin embargo, añadía que"ello no elimina la eventual participación minoritaria de terceros en el capital o endeterminados activos, si esto es considerado oportuno en términos financieros yeconómicos por parte de todos los stakeholders". Lo que parece evidente es que los gestores de Repsol YPF están dejando víasabiertas capaces de dar salida a la intensa presión que el Gobierno Kirchner estásometiendo a las petroleras que operan en el país, la primera de las cuales es


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Repsol YPF, y ello como consecuencia del fracaso de su política de recrear un nuevosector público petrolero con la creación de Enarsa y el apoyo de Hugo Chávez.Esa presión, canalizada a través del ministro de Planificación, Julio De Vido, secentra en acusar a las petroleras de "no invertir lo suficiente". Según De Vido, "elEjecutivo considera que no son suficientes los esfuerzos que están haciendo parahacer sostenibles en el tiempo adecuados niveles de producción y de reservas decrudo y gas", lo cual dejaría al Gobierno las manos libres para no renovar a suvencimiento los contratos de explotación de los campos.

Expropiación de pozos

Las versiones sobre el interés del Gobierno de Néstor Kirchner para quedarse conYPF se multiplican. ¿A través de qué mecanismo? Esa es la cuestión sin resolver,cuando es obvio que Enarsa no tiene la capacidad financiera alguna para abordaresa operación, Hugo Chávez ha dicho que no y otro tanto ha ocurrido con labrasileña Petrobrás. ¿Qué podría hacer entonces el Gobierno? El único camino, se temen en Repsol YPF y en otras petroleras que operan en elpaís, consistiría para el Ejecutivo Kirchner en echar mano de legislación vieja, quepermitiría la expropiación de pozos por falta de inversión. Según algunas versiones,la Secretaría de Energía argentina tendría un centenar de pozos en el punto de mirapara engordar el patrimonio de Enarsa. De ahí la promesa realizada por Brufau en la entrevista que mantuvo el 11 de abrilcon De Vido en Buenos Aires, de aumentar las inversiones de Repsol YPF en el paíspara mantener el nivel de producción, así como la campaña de imagen emprendidaen los medios de comunicación argentinos explicando las cifras millonarias que lapetrolera proyecta invertir entre los años 2005-2009.

4) ArgentinaLas acciones de YPF salen a la venta en

junio

Será después del anuncio en Madrid de un plan de inversiones por parte de Repsol.Dicen que el paquete quedará en manos de bancos, AFJP y minoristas.

Silvia Naishtat [email protected]

Clarín – 15 de mayo de 2006

Después de varios meses de coordinar agendas, el congreso latinoamericano deenergía que hoy se inaugura en Buenos Aires se quedó sin su plato fuerte. Losministros de Brasil y Bolivia pegarán el faltazo y la mesa programada para debatirla integración energética de la región pasó a mejor vida. Pero hay algo que lospetroleros comentarán en los pasillos. Cómo será la salida a la bolsa del 15 al20% de YPF que Repsol puso en venta. Clarín supo anoche, de distintas fuentes, que la petrolera cotizará esa porción enel mercado a fines de junio, una vez que su presidente Antoni Brufau le anuncieen Madrid a Néstor Kirchner un suculento plan de inversiones para buscar


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petróleo.De esa manera, intenta salir a la bolsa con el mejor precio posible para unacompañía que posee muchos pozos maduros y rendimientos decrecientes.Brufau anunció el último jueves en una conferencia con inversores la venta del 15al 20% de YPF. Por lo que trascendió, esos mismos inversores le cuestionan que el45% del negocio de Repsol dependa de la Argentina. "Está demasiado expuesta ypuede tropezar, como le acaba de ocurrir en Bolivia", comentaron en un banco.En los últimos días comenzaron a circular los nombres de notorios interesados. Enla lista figuran Gregorio Pérez Companc, Techint, el banquero Jorge Brito, loshermanos Carlos y Alejandro Bulgheroni, el grupo Werthein y Marcelo Mindlin,dueño de Edenor.Este diario habló con algunos y en sus respuestas hubo un común denominador: siRepsol está valuada en 25.000 millones de dólares, aún los que posean el dineroo tengan capacidad de financiarse, no van a destinar entre 3.750 y 5.000 millonespara no tener el control de la compañía. Cuando comunicó la venta, Antoni Brufau dijo sin medidas tintas: "Nunca vamosa abandonar el control estratégico de YPF". El Gobierno argentino insiste quetampoco será de la partida.De resultar así las cosas, las acciones de Repsol quedarían en manos de AFJP,bancos y accionistas minoritarios. Por eso el papel cayó desde el último jueves: sedescuenta en el mercado que no habrá una puja entre distintos grupos por elpaquete. Ayer algunos especulaban con que Repsol podría hasta ofrecer acciones condescuento. La posibilidad fue negada de plano por fuentes de la compañía.Para uno de sus competidores, Repsol comenzó a mover sus fichas cuando elgobierno argentino le advirtió que no estaba invirtiendo en sus áreas para encontrarmás crudo. Inmediatamente Brufau, para frenar cualquier ofensiva, anunció un plande 400 millones de dólares que ampliará el próximo junio.Lo cierto es que los petroleros apuntan que la empresa ya está solucionando lo quese llaman deudas ocultas, una manera de poner en caja las cosas cuando se la estápor vender. Los bancos que se mencionan para la operación son el BBVA ( dueño enla Argentina del Francés) en sociedad con el también español Santander. Otrosnombran al JP Morgan y al Citi.Para el experto Jorge Lapeña esta operación se produce justo con el cambio deescenario regional provocado por la decisión de Evo Morales de nacionalizar loscombustibles. "Es una situación que nos alcanza, nos afecta y todavía no sabemoscómo", dijo.

4) ArgentinaSe aprobó en el Concejo Deliberante deTartagal el Proyecto para reclamar la

Nacionalizar el Gas y el Petróleo.José Barraza concejal de Partido Obrero presentó al CONCEJO DELIBERANTE DETARTAGAL un Proyecto de Declaración para reclamar al Poder Ejecutivo Nacional laNacionalización de los Recursos Hidrocarburíferos y su explotación poradministración estatal bajo control de los trabajadores. Sin Indemnización. El


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mismo fue aprobado por unanimidad. En Tartagal se estaría organizando unamarcha con amplia convocatoria de los todos los sectores para apoyar este medidaque produciría un cambio fundamental para el país, y particularmente para laRegión. Lea aquí el proyecto completo!.

VISTOLa decisión del gobierno de Bolivia de nacionalizar los recursos petroleros y lasimultánea convocatoria a adjudicación de nuevas áreas en exploración yeventualmente en producción de hidrocarburos en la Provincia de Salta, y

CONSIDERANDOQue las consecuencias de la privatización petrolera de la década pasada han sidonefastas en todos los sentidos. Fruto de la ausencia de inversiones y exploración delas concesionarias, se ha reducido a la mitad las reservas disponibles y el país estaamenazado de tener que importar crudo en 3 años y gas en 5.Que las compañías han desenvuelto una explotación parasitaria de las inversionesrealizadas por años por el estado nacional imponiendo la masiva pérdida de puestosde trabajo y la destrucción de las conquistas laborales de los trabajadorespetroleros.-Que los precios internacionales de los hidrocarburos están en el nivel mas alto de lahistoria.Que las concesiones realizadas en el marco de la Ley 17319 habilitan un saqueo lisoy llano de los recursos con compañías que apenas liquidan de un 6% a un 12 % deregalías de un volumen de producción completamente subcalculado y sin que existacontrol alguno de parte del estado.Que de este modo la renta petrolera se va casi en su totalidad de la provincia eincluso del país fugando los capitales indispensables para cualquier política dedesarrollo y planificación económica que pueda industrializar el recurso, crearfuentes de trabajo y financiar la gran obra publica necesaria para paliar el déficit enmateria de viviendas, salud ,educación e infraestructura .-Que ,en resumen la política de entrega del recurso petrolero ha sido y es laprincipal fuente de empobrecimiento de los trabajadores y el pueblo de Salta.-Que la decisión del gobierno boliviano al nacionalizar el petróleo es el resultado ,obligado ,de una política de privatizaciones similar a la de la Argentina que condujoa este pueblo hermano a una situación sin salida y a la rebelión popular para exigirla nacionalización del gas y la recuperación de la renta petrolera .Que la convocatoria a licitación publica para la exploración y explotación de lasáreas “Tartagal Oriental”, “Hickman”,” Morillo”, “La Unión” y “Malvalay” por partedel gobierno de la provincia se hace en el mismo marco legal que llevo a laprivatización petrolera de la década pasada y hasta es probable que queden enmanos de los mismos grupos empresarios que han llevado a la actual crisis dereservas y fuga de divisas.-Que hoy se discute en el país la posibilidad de que el gobierno vaya en ayuda de lacompañía Repsol capitalizándola con recursos del estado en lugar de una política denacionalización del recurso para recuperar el patrimonio del que se ha despojado alpaís en estos años de concesión.Por todo ello

EL CONSEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE TARTAGAL EN SESION,HA ACORDADO

Art 1.-Reclamar al Poder Ejecutivo Nacional la Nacionalización de los RecursosHidrocarburíferosy su explotación por administración estatal bajo control de los trabajadores. SinIndemnizacionArt 2.-Exigir al gobierno provincial la anulación de la convocatoria a licitaciónpublica para la entrega de nuevas áreas petroleras en la provincia.-


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Art 3.- Elevar copia de la presente a ambas Cámaras Legislativas de la Provincia deSalta, al Poder Ejecutivo Provincial, al Congreso Nacional y al PEN.-Art. 4 -De forma.-

4) ArgentinaEl Gobierno reiteró que nadie estápensando en una nacionalización

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, afirmó que la venta de acciones de RepsolYPF es una decisión "pura y exclusivamente de la empresa". Ayer, el ministro dePlanificación Federal, Julio De Vido, se expresó en el mismo sentido y garantizó elprecio del gas en la Argentina más allá del que se acuerde con Bolivia

Infobae – 14 de mayo de 2006

El jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ratificó ayer que en el Gobierno "nadie estápensando" en nacionalizar YPF.Al hablar desde Viena con una radio porteña, Fernández sostuvo que la venta deacciones "es una decisión pura y exclusivamente de la empresa" y aclaró que"nunca he opinado sobre cómo forma su capital accionario ninguna empresa,tampoco lo voy a hacer con Repsol".Fernández, quien participa en la capital austríaca de la cumbre presidencial UE-América Latina, se sumó a la desmentida hecha ayer por el ministro de PlanificaciónFederal, Julio De Vido, acerca de la posible nacionalización de la petrolera Repsol-YPF, imitando lo hecho recientemente por el gobierno boliviano encabezado por EvoMorales.El ministro de Planificación, Julio De Vido, aseguró en Radio 10 que "bajo ningúnaspecto hemos forzado a Repsol ni ninguna compañía a vender sus activos.Tampoco hicimos una oferta. Si ellos lo quieren hacer, es por voluntad propia",agregó."Estamos trabajando con las autoridades de Repsol para que lleguen másinversiones", agregó el funcionario tras salir a desmentir un despacho de unaagencia internacional que hablaba de una presión de Argentina para que lasempresas vendan parte de sus activos.La agencia Bloomberg había levantado una noticia publicada en un sitio webllamado “Mergermarkets”, donde se aseguraba que el gobierno había presionado alos inversores locales para adquirir una mayoría del paquete accionario de laempresa hispano-argentina.Según esta agencia, donde se citaba a un anónimo funcionario, Repsol YPF “debevender una mayoría del paquete accionario rápidamente y a un precio limpio”, deacuerdo con el cable que Bloomberg citaba.Pero la información fue desmentida rotundamente por el Ministro de Planificación enRadio 10, mientras que Alberto Fernández hacía lo propio ante la agenciainternacional.También la empresa Repsol YPF emitió un comunicado de prensa en el mismosentido. Allí, la compañía niega "haber recibido indicación alguna sobre unasupuesta adquisición del 51% del capital de YPF" de parte de la administraciónKirchner, con la que -aclara- "mantiene una relación fluida".


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"Repsol YPF lamenta que se puedan difundir informaciones que, no siendo veraces,pretendan o puedan ocasionar perjuicios para el correcto funcionamiento delmercado de valores o para la buena marcha de las compañías", agrega elcomunicado.

Kirchner con Zapatero

En tanto, el presidente Néstor Kirchner, que viajará a España el próximo 22 dejunio, subrayó hoy en un encuentro con el jefe del Gobierno español, José LuisRodríguez Zapatero, su interés por que Repsol "se involucre aún más" en el país yaumente las inversiones, explotación y búsqueda de yacimientos.Fuentes oficiales informaron de que éste fue el principal asunto abordado hoy porKirchner y Zapatero en el transcurso de un encuentro bilateral que mantuvieron almargen de los trabajos de la IV cumbre UE-América Latina y Caribe en la queambos participan.En este marco, Kirchner subrayó su "interés y plena confianza" en que la compañíaRepsol continúe en Argentina "contribuyendo al desarrollo de la política energética".

El precio del gas

En tanto, De Vido se refirió al conflicto entre Bolivia y Brasil por el gas, y señaló que"eso es un tema bilateral". En este sentido, De Vido anunció que está partiendo una misión hacia ese país delaltiplano para renegociar el precio del gas. "El precio que se acuerde no va a tenerpor ningún aspecto repercusiones negativas en el mercado interno argentino",aclaró el funcionario."Nosotros necesitamos aseguraron grandes volúmenes para el crecimiento futurodel país, y para eso estamos trabajamos", resumió el funcionario.

4) ArgentinaReclaman una nueva ley de hidrocarburosAsí lo expusieron el presidente de la Cámara de Exploración y Producciónde Hidrocarburos y director de Petrobras, Oscar Vicente, y el ex secretariode Energía, Daniel Montamat, en un encuentro empresarial

La Nación - Martes 16 de mayo de 2006

La necesidad de definir una nueva ley de hidrocarburos y de diversificar la matrizenergética del país, el futuro de la provisión de gas natural y la importancia deatraer inversiones para plantear un escenario energético previsible a largo plazofueron las principales conclusiones de un panel que compartieron esta tarde elpresidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos y director dePetrobras, Oscar Vicente y el ex secretario de Energía y ex presidente de YPF,Daniel Montamat. Durante su exposición en la mesa sobre "Desarrollo energético, factor decompetitividad", que se desarrolló en el marco del II Encuentro EmpresarialAcadémico EDDE en la sede de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE),


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Vicente afirmó que, "en la medida en que se aumente el conocimiento en el sectorproductivo, seremos más eficientes y competitivos". El directivo remarcó la necesidad de "reemplazar paulatinamente los hidrocarburospor otro tipo de energía porque se van a terminar". "En Argentina, el 88 por ciento de la energía que se consume proviene de loshidrocarburos. La producción de petróleo cayó un 25 por ciento entre 1998 y 2005 ylas reservas, un 20 por ciento. Por eso, la comprometida situación de reservas depetróleo y gas debería ser considerada prioritaria hasta 2016, fecha en que caducanlos contratos de explotación. Eso representa hoy un limitante para la inversión",sostuvo el director de la petrolera.

Cambios. En ese marco, el ejecutivo pidió que la fijación de políticas sobrehidrocarburos quede bajo la órbita del gobierno nacional y que las concesiones seextiendan hasta el agotamiento de los pozos en lugar de que se establezca unafecha de caducidad, como condición para generar confianza entre las empresas. Son, en rigor, viejos reclamos que el directivo ya había expuesto en octubre del añoanterior, en el II Foro Internacional de Energía que se celebró en Costa Salguero.En esa ocasión, Vicente dijo que la nueva nomra debería seguir el ejemplo delmarco legal de la minería. Montamat, en tanto, expuso como un tema central la negociación del precio del gascon Bolivia para definir el valor de la canasta energética del país y explicó que, si laArgentina crece al 3 por ciento anual deberá invertir 30.000 millones de dólareshasta el 2020, mientras que si crece al 5 por ciento, esa cifra ascendería a 50.000millones. "Si el mercado sigue como hoy, en 2020 la dependencia del gas natural va aincrementarse. El interrogante es a qué precio lo vamos a importar, ya que hoy lopagamos tres veces más que el que proviene de los pozos argentinos. Y en esemarco, no sólo interesa el precio, sino que el depender de otro productor generamás inestabilidad. Eso se puede comprobar con la incertidumbre que existerespecto de la política de hidrocarburos de Bolivia, nuestro proveedor de gas",explicó el consultor. Para enfrentar ese desafío, el especialista planteó la necesidad de desarrollarnuevas reservas. "Se debería construir cuanto antes el gasoducto troncal desdeBolivia, para luego ampliarlo a otros países. Es la opción más razonable y másbarata", planteó.

Otras opciones. Estas no fueron las únicas alternativas planteadas por Montamat:agregó, tambipen, la opción de importar gas natural licuado por barco "para lo cualhay que construir una planta de regasificación cerca de Buenos Aires" y el proyectodel gasoducto Sudamericano, que impulsa Hugo Chavez. "Pero para hacer eso ya deberíamos estar vertebrados en redes en el sur de laregión", advirtió. Según señaló Montamat, la incidencia del gas en la matriz energética es del 50 porciento. Para que al menos se mantenga en ese rango en el largo plazo, planteó quees necesario diversificar las fuentes primarias de energía: incorporar energíahidroeléctrica, energía eólica, biocombustibles y centrales a carbón, y determinar elfin de la pausa nuclear. "Tenemos que pensar rápido y decidir ya, porque todas estas obras llevan años. Poreso, hace falta una nueva ley de hidrocarburos, una ley de incentivo a laexploración de alto riesgo, una tarifa social para no subsidiar a los ricos, larenegociación de los contratos, de los precios y tarifas, y la recomposición defuentes financieras", sostuvo Montamat.

4) Argentina


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Una Operación Clamor para Repsol yPetrobras

Por: Jorge Altamira (PRENSA OBRERA) (Fecha publicación:22/05/2006)

Cuando falta una semana para el acto convocado por los ‘borocotó’ de Kirchner, sonpocos los que parecen darse cuenta de la confusión en que ha quedado sumido elgobierno luego de la nacionalización de los hidrocarburos por parte de Bolivia.Cuando se descuenta que el Presidente se prepara para anunciar un futurodefinitivamente promisorio, lo que se le dibuja en el horizonte es más bien locontrario. Ahora, la anulación de las concesiones a la norteamericana OccidentalPetroleum, por parte de Ecuador, viene a reforzar la acción de Bolivia, mientras quela respuesta de Bush de cancelar los acuerdos de libre comercio con losecuatorianos acentúa la crisis internacional iniciada por Bolivia e introduce en ella,de una manera directa, al imperialismo yanqui. De una parte, la medida de Evo Morales ha dejado a la vista la enormidad de lacrisis energética de Argentina, que se verá obligada a importar petróleo y gas en unplazo más o menos breve, cuando el precio internacional de los combustibles seencuentra en niveles estratosféricos. Sólo como muestra, el aumento del precio dela nafta, en Estados Unidos, ya está planteando una recesión económica y, en otroplano, una generalizada bronca popular. La crisis energética de Argentina es unaconsecuencia de la privatización de YPF, en la que Kirchner y su séquito jugaron unrol eminente. Por otro lado, el gobierno argentino ha quedado atrapado en unacrisis internacional que lo obliga a tomar partido por España y Brasil, o sea porRepsol y Petrobras, contra la nacionalización boliviana. O sea con ‘Braden’ contra‘Juan Pueblo’, nada menos que en la víspera del ‘gran abrazo popular’. Aunque lohemos señalado en varias oportunidades, repetimos que tanto Petrobras comoRepsol no tienen un pelo de ‘autóctonas’, dado que la mayoría de sus accionesordinarias se encuentran en manos de fondos de inversiones internacionales. ¿Alguien se acuerda de la ‘cumbre’ de Puerto Iguazú, que fuera convocada deurgencia hace menos de dos semanas, entre Lula, Kirchner, Evo y Chávez parahacer frente a la crisis provocada por la nacionalización boliviana? El ‘éxito’ que sele atribuyó a la reunión no sobrevivió el tiempo que les llevó a sus protagonistas elretorno a sus países. Los choques con Petrobras se acentuaron cuando Evo laacusó, en la reunión con la Unión Europea, en Viena, de explotar en forma ilegal elpetróleo y el gas, y también de contrabandearlo, y luego cuando Bolivia conminó alas AFJP, controladas por el BBVA, de España, a cederle, ‘a título gratuito’, lasacciones que tienen en los tres consorcios petroleros que se quedaron con losactivos de YPFB. Con esta cesión el Estado se queda con una parte del capital de losconsorcios que explotan el petróleo boliviano, que deberá completar hasta llegar ala mitad más uno de las tenencias. La decisión de Bolivia, completamente natural, de reclamar un aumento del 65%del precio del gas que vende a Argentina y Brasil, ha complicado las cosas todavíamás para Lula y para Kirchner. Este aumento no debería representar un ataquecontra el bolsillo popular de argentinos y brasileños si se obliga a los pulpos aachicar sus márgenes de ganancias. Son estas ganancias las que provocan lareacción de los Kirchner y de los Lula, que amenazan a Bolivia con cerrarle a


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mediano plazo sus mercados. Para no afectar, precisamente, esas ganancias,Kirchner se propone transferir el aumento al gas que se exporta de Argentina aChile, delatando de este modo la triangulación que ha negado sistemáticamente.Lula, por su lado, simplemente teme que una caída de los beneficios de Petrobrasderribe a la Bolsa de Sao Paulo. Según Clarín, Lula y Kirchner, o sea Petrobras y Repsol (hay que agregar aTechint), se están concertando en la negociación con Bolivia, lo cual explica lapostergación de un viaje que tenía ya agendado De Vido a La Paz. Esperemos que,si hace uso de la palabra el 25, Kirchner le cuente a la concurrencia sus planes paradestruir la nacionalización boliviana. Hay que tener presente que Evo ha anunciadonacionalizaciones también en la minería, mientras que todo el mundo sabe queKirchner tiene puesto incluso su propio dinero en las inversiones de los grandespulpos mineros en Argentina. De todos modos, el plato fuerte de la crisis es la situación de Repsol en Argentina,que promete más inversiones para exploración y explotación apenas un mesdespués de haber anunciado también mayores inversiones para el quinquenio2006-11. La falta de seriedad de este nuevo anuncio la prueba la ‘preocupación’que han expresado los ‘inversores’ en Madrid por la ‘excesiva’ dependencia deRepsol de sus operaciones en Argentina y Bolivia. Repsol, en realidad, no sepropone invertir sino desinvertir -por eso anuncia la venta en Bolsa de un 25% desu capital en Argentina-. Es una invitación para asociar a Enarsa al rescate de unnegocio que se agota y, de paso, ¡por qué no!, comprometer al Estado argentino enla defensa de los intereses del pulpo en Bolivia. Es necesario subrayar que el grannegocio del gas boliviano no está en los mercados de Argentina y Brasil sino en laexportación del gas licuado a México y Estados Unidos. El gran negocio que hizonaufragar la insurrección boliviana de octubre de 2003. En el caso de que hable,¿Kirchner anunciará el rescate de Repsol disfrazado de ‘nacionalización’? La posicióneconómica de Repsol está afectada por una constante disminución de sus reservaspropias de hidrocarburos y por el elevado costo que significa reponerlas en mediode un nivel elevado de los precios del petróleo. Con una asociación con Enarsa yalgunos grupos de la ‘burguesía nacional’ (kirchnerista, claro), los jefes de Repsolquieren evitar que pueda ser acaparada por otro pulpo internacional o por unconsorcio financiero. De todos modos, la ‘nacionalización’ trucha es políticamenteindigerible, porque el Estado debería pagar por ella cuatro veces más de lo querecibió por las privatizaciones. En medio de todos estos ajetreos, Pino Solanas y Mario Cafiero, entre otros, lepropusieron a Kirchner que declare la caducidad de las concesiones petroleras.Kirchner los gambeteó con la mención de que la soberanía sobre los recursos delsubsuelo ¡es de las provincias! La crónica de la reunión no registra que se lehubiera retrucado con la pregunta de ¿para qué se creó entonces Enarsa? Lo que laentrevista deja claro, sin embargo, es que los que peregrinaron a la Rosada fueronpor peras al olmo. Pero no se sería tampoco suficiente ni adecuado una caducidadde concesiones, porque solamente significaría, al cabo de un cierto plazo, elreemplazo de Repsol por otros pulpos. El Estado no podría asumir la tarea desuperar la crisis de abastecimiento de petróleo y de gas si no es por medio de lanacionalización sin pago de todas las operaciones de exploración y explotación. Loscapitales invertidos han recuperado sus beneficios hace bastante tiempo, al puntoque Repsol pudo convertirse de una gasolinera en un pulpo internacional. En resumen, por más que el gobierno pretenda impresionar con la ‘operaciónclamor’ y que los opositores batan el parche de que es imbatible en una reelección,la verdad es que se encuentra confundido por una crisis que lo ha sorprendido en suvelocidad y en los alcances internacionales que ha cobrado. Demás está decir quellamamos a aprovechar esta coyuntura tan excepcional como inevitable para armaruna gran campaña por la nacionalización sin pago del petróleo en Argentina y todaAmérica Latina. Para ‘recuperar’ la Plaza para la ‘burguesía nacional’ hace falta mucho más que una‘operación clamor’ y el rejunte de punteros amortizados.


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4) Argentina¿Nacionalizarán YPF de Argentina?

Leonardo VeniniAPM - 18-05-2006

Todo parece indicar que los ganadores serían otra vez los capitales privados y queel Estado y la sociedad seguirán esperando. Sin embargo, en la región aparecieronmodelos alternativos. Luego de las repercusiones políticas y económicas que trajo y que traerá lanacionalización de hidrocarburos en Bolivia, las especulaciones y desmentidas sobreuna supuesta re-nacionalización de la petrolera más importante del país (Repsol-YPF) se venden como pan caliente. La semana pasada, la prensa nacional hizo públicas las declaraciones del presidentede la española Repsol-YPF Antonio Brufau, quien manifestó la decisión de lacompañía de vender parte del capital de la corporación (se habla de una cantidadque ronda el 20 por ciento del paquete accionario). Fue justo un día después de queel gobierno desmintiera la versión no confirmada sobre su intención de re-estatizarla empresa. El rumor corrió rápido en el ambiente bursátil lo que provocó una leve caída en lacotización de las acciones de la petrolera. No obstante, persisten murmullos acercade las intenciones del presidente Néstor Kirchner de asociar el Estado con elconsorcio petrolero y de hacer esos anuncios durante el acto que el gobierno tieneprevisto realizar el próximo 25 de mayo, en conmemoración de la fecha patria delos argentinos. En fuentes allegadas al gobierno se dice que esa inversión estaría condicionada auna pronta recuperación de las reservas federales luego de la cancelación de ladeuda pública con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En la actualidad, el Estado argentino posee 1.000 acciones (representan el0,000254 por ciento del total), la firma española Repsol controla el 99,4 por ciento,mientras que el 0,959746 restante está distribuido en pequeños inversoresprivados. Pese a la evidente imposibilidad del Estado de tener peso en lasdecisiones de la asamblea de accionistas, el director de la compañía Ernesto Dardis,se encarga de animar el debate. En una de las editoriales del último número del semanario económico “Fortuna”, eldirectivo intentó ahuyentar fantasmas ante el eventual ingreso de nuevosconsorcios extranjeros en la empresa, refiriéndose a rumores de que las petrolerasBritish Petroleum, Chevreon y ENI querían desembarcar en Repsol-YPF. Conmovido porque el Estado podría ejercer control sobre estos movimientosaccionarios de procedencia extranjera (misma cualidad que comparte la actualfirma dueña de casi la totalidad de las acciones), Dardis dijo “mientras el Estadoargentino conserve al menos una acción Clase A de YPF (Repsol-YPF) se requiere desu voto afirmativo para fusionar YPF con otra u otras sociedades”, según dispone lalegislación argentina (Ley 24.474). Sin embargo, la confusión se da en dos planos,el legal y el político, ambos relacionados. La nota da a entender que el Estado nacional posee un instrumento parecido a lallamada “Acción de oro”, la cuál permite a los Estados que la poseen ejercer ciertapotestad de participar en las decisiones centrales de las empresas privatizadas.


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Lo seguro es que los argentinos carecen de una herramienta semejante. Es decir,nos falta eso mismo que el presidente boliviano Evo Morales ha recuperado: elcontrol del comercio de sus recursos energéticos. Una cosa es poder de veto sobre una fusión societaria y otra muy distinta es gozarde la “acción de oro” y con ello tener control sobre a quiénes se les vende elpetróleo y a qué precios. Argentina registra un crecimiento económico de aproximadamente el 8 por cientoanual, lo que implica un aumento creciente de de energía, tanto para el sectoragroexportador (el más importante en cuánto a volumen comercial) como para elincipiente despertar industrial. Ante ese escenario, este país no cuenta con herramientas políticas a la vista comopara garantizar las previsibles necesidades de abastecimiento en el mercadointerno, mientras que los pronósticos sobre el agotamiento de reservas esalarmante. A menos, claro, que Argentina no se resigne (como hasta ahora) a utilizar susrecursos energéticos como si fuesen un “commodittie” más (como la soja,producción de monocultivo que al decir de técnicos especializados provoca severasconsecuencias en el medio ambiente). Claro que las multinacionales sí lo harán, ya que su objetivo es tener máximasganancias en el contexto favorable de precios internacionales record, que rondanlos76 dólares por barril de crudo. Durante la reunión del viernes pasado entre el Kirchner y el jefe del gobiernoespañol, José Luis Rodríguez Zapatero, el sudamericano le pidió que ejerza suinfluencia para Repsol invierta en la exploración de nuevos pozos petroleros enArgentina. Lo que llama la atención es que un presidente apele al gobierno de otropaís para que éste ayuda a cumplir con las leyes del primero (Ley de Hidrocarburosde Argentina). En opinión del periodista argentino Raúl Dellatorre (publicada el pasado domingo 7de mayo en el diario Pagina12 y citando a Gustavo Calleja, miembro del GrupoMoreno (movimiento por la recuperación de los recursos naturales), algunos de losinstrumentos legales más importantes con que cuenta el Estado para regular laactividad petrolera serían la fijación de precios en todas las etapas (de extracción yprocesamiento), en virtud de la Ley de Abastecimiento; revertir las concesiones deexplotación que no se ajusten estrictamente a lo señalado en la Ley deHidrocarburos (la 17319) y suspender las exportaciones de gas y petróleo.Agreguemos a esta lista, que los contratos establecen niveles de inversiones enexploración que no han sido cumplidos por Repsol-YPF. El gobierno no aclara que una nacionalización de los hidrocarburos declarada por lasautoridades federales sería inconstitucional, ya que luego de la reforma de la CartaMagna en 1994, los recursos naturales pasaron a dominio de las provincias. Hasta ahora, las propuestas gubernamental parecen apuntar más al fortalecimientode los capitales privados que a la recuperación de ingerencia por parte del Estado.Asimismo, suena a indulgente con la empresa en materia impositiva. El Congresotratará esta semana un proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que ofreceexenciones del Impuesto a las Ganancias para promocionar la exploración denuevos pozos. La prebenda llama la atención, teniendo en cuenta que Repsol-YPFes el principal contribuyente al fisco en el rubro con un 12 por ciento del total. En cambio si lo que se quiere es participar de la renta petrolera la solución essimple: un aumento en las retenciones a la exportación haría más justo el reparto.La actual renta extraordinaria -la diferencia entre el volumen de utilidades “normal”(que contemple el retorno de inversiones y los costos locales) y las ingresossiderales -producto de la coyuntura del precio internacional del crudo-, no debeseguir siendo entregada a los capitales privados. Más provechoso sería que la renta extraordinaria financie el desarrollo y elbienestar de quienes son dueños de los hidrocarburos: los habitantes del la Nación.En ese sentido, se podría seguir el ejemplo de Venezuela y Bolivia (a partir de lanacionalización), quienes distribuyen la renta petrolera en un 82 y un 87 por cientopara el Estado respectivamente. Actualmente, el Estado argentino sólo retiene el 38


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por ciento. Este sería un escenario de utilidades normales para las transnacionales,cercano a los parámetros de beneficios que se logran en el mundo desarrollado. -----------------El autor de esta nota es alumno del Seminario “Periodismo en Escenarios PolíticosLatinoamericanos” que actualmente dicta la Agencia Periodística del MERCOSUR(APM) en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP

4) ArgentinaAUTOCONVOCATORIA por la

NACIONALIZACION del PETROLEO, elGAS y todos los recursos energéticos

Las organizaciones y personas abajo firmantes creemos que ha llegado la hora deluchar solidaria y mancomunadamente por los siguientes objetivos que hacen alfuturo y bienestar -de todos los argentinos- (y, se encuentran concatenadoscon la decisión tomada por el presidente Evo Morales, interpretando uno delos propósitos mas sentidos del pueblo de la Nación hermana):

1. Por la nacionalización del petróleo, el gas y todos los recursos energéticos;para que nuestras riquezas queden en nuestro país y no se vayan paraafuera.

2. Por la recuperación de la renta petrolera para el pueblo; para que los 42.000$ por segundo que ganan las petroleras en la Argentina se invierta enresolver necesidades -del Pueblo trabajador- (y, de las demás víctimasdel modelo neo liberal que todavía continua)

3. Por la nulidad de la privatización de YPF, de las concesiones petroleras (y,de GAS DEL ESTADO).

4. (Por la re estatización, con la participación de trabajadores yconsumidores, de YPF y GAS DEL ESTADO)

5. Por la inmediata suspensión de las exportaciones de petróleo y gas; paraque no agoten las reservas y que en un futuro cercano nos veamosobligados a importar combustibles más caros.

6. Por la derogación de los convenios firmados por ENARSA para la exploracióndel subsuelo de nuestro mar con petroleras privadas; para que no se sigaentregando la riqueza potencial petrolera del mar que rodea a nuestrasMalvinas.

7. Por la integración energética sudamericana: para avanzar en laindependencia económica pero en beneficio de los pueblos y no de lasempresas.

8. (Por la anulación de la nefasta ley de minería y, el retiro del proyectode ley, que la hace extensiva a la explotación petrolera.)

También manifestamos:NUESTRO RECHAZO AL ENGAÑO DE UNA PSEUDO NACIONALIZACION A TRAVES DELA PARTICIPACION ACCIONARIA DEL ESTADO O PRIVADA EN REPSOL-YPF. FUERA REPSOL DE ARGENTINA Y DE BOLIVIA.NUESTRA SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DEL PUEBLO Y GOBIERNO DE BOLIVIA PORLA NACIONALIZACION DE SUS RECURSOS(SI EL PUEBLO BOLIVIANO PUDO, ELPUEBLO ARGENTINO TAMBIEN PUEDE)


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resumen de noticias energéticas para pensar · 2006-05-24 · resumen de noticias energéticas...

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