resolucion: sala penal-penal militar-penal … · de 2011 se desprende que el ilícito que se...
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIASALA PENAL-PENAL MILITAR-PENAL POLICIAL Y TRANSITO
JUICIO PENAL: No. 769-2013—AR
RESOLUCION: No. 1410-2013 - SALA PENAL-PENALMILITAR-PENAL POLICIAL Y TRANSITO
PROCESADO: BUSTILLOS MOLINA LUIS FERNANDO,JARAMILLO CARVAJAL EMILIA JOHANA,VALLEJO VILLACORTE PEDRO GERMÁNICO,
OFENDIDO: ESTADO ECUATORIANO
RECURSO: CSACION
POR. ASOCIACION ILICITA
A.R
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Expediente 769-2013
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CORTE NACIONAL DE JUSTICIA - SALA ESPECIALIZADA DE LO
PENAL, PENAL MILITAR, PENAL POLICIAL Y TRÁNSITO.
Quito, 18 de noviembre de 2013, las 14h00.
VISTOS:
ANTECEDENTES
Del parte policial de fecha 29 de diciembre de 2011, suscrito por el
Teniente de Policía Santiago Cubero Flores, oficial operativo de la UIAD
P-SIA-DNPJeI, se colige la detención del señor Luis Germánico Bustillos
Molina, en cumplimiento de la orden emitida por el señor Juez Vigésimo
de Garantías Penales de Pichincha doctor Santiago Coba Rodríguez. Del
Acta de Audiencia de Formulación de Cargos, de fecha 29 de Diciembre
de 2011 se desprende que el ilícito que se persigue es el de un supuesto
atentado contra la vida del señor subsecretario de Seguridad Interna,
señor Felipe Córdova Unda. Una vez llevadas a cabo las investigaciones
pertinentes y bajo el acervo de elementos de convicción
correspondientes, el 28 de diciembre del 2012, a las 15h50, el Tribunal
Cuarto de Garantías Penales de Pichincha, dictó sentencia condenatoria
Expediente 769-2013
en contra de LUIS GERMÁNICO BUSTILLOS MOLINA y OTROS, con
base a que se ha podido comprobar la existencia del delito y la
responsabilidad de los acusados acorde a lo previsto en los Arts. 304-A,
305, 306 del Código de Procedimiento Penal, en calidad de autores del
delito tipificado y sancionado en los Arts. 369 y 370 del Código Penal
imponiéndoles la pena de cuatro años de prisión correccional.
El 23 de mayo de 2013, la Segunda Sala de Garantías Penales de la
Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó los recursos de
apelación interpuestos por Luis Germánico Bustillos Molina y Emilia
Johana Jaramillo Carvajal; sin embargo y a efecto de llevar a cabo el
control de legalidad de lo resuelto por el Tribunal Cuarto de Garantías
Penales de Pichincha y acogiendo la fundamentación del defensor
público de Johana Jaramillo, la Segunda Sala de Garantías Penales de
la Corte Provincial de Justicia de Pichincha considera que el antedicho
Tribunal Cuarto de Garantías Penales ha incurrido en un error en la
imposición de la pena al establecer cuatro años de prisión correccional
que no corresponde al tipo penal; corrigiendo en este sentido el error del
tipo penal que es del Art. 369 sancionado con el Art. 370 del Código
Penal, lo que correspondería una pena de 3 a 6 años de reclusión
menor, razón por la cual acogiendo en parte el recurso de Johana
Jaramillo, reforma la sentencia venida en grado únicamente en cuanto a
la pena impuesta; así, la Sala estableció que son cuatro años de
reclusión menor que se debe imponer a los sentenciados; fallo del cual,
el sentenciado Luis Germánico Bustillos Molina, interpone recurso de
casación.
Encontrándose la tramitación del recurso de casación, en estado de
resolver; para hacerlo, se considera:
2
COMPETENCIA
Expediente 769-2013
Este Tribunal de Casación, de la Sala Especializada de lo
Militar, Penal Policial y Tránsito, de la Corte Nacional de Justi~
competencia para conocer los recursos de casación, revisión y los demás
que establezca la ley, en virtud del artículo 184.1 de la Constitución de
la República del Ecuador, de los artículos 8 y 9 de la Ley Orgánica
Reformatoria del Código Orgánico de la Función Judicial publicado en el
Suplemento del Registro Oficial Nó. 38, ~~de 17 de julio del 2013, que
sustituye a los artículos i~3 y 186 de lá misma ley, y de las
Resoluciones de la Corte Nacional de JusÜcia~No. 03-20 13 de 22 de julio
del 2013 y No. 04-2013 d~ 22 de juifb del 2013. Por lo expuesto,
avocamos ¿ónocimiento de la presefite causa, doctores Paúl Iñiguez
Ríos, Juez ‘Nacional pdñente, Lucy Blacio Pereira Jueza Nacional y
Johnnj Aylüardo Salcedo, tJuez N~cionai.
VALIDEZ PROCESAL
En el trámite del presente recurso de casación, no se encuentran vicios
de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este
Tribunal de Casación, declara la validez de lo actuado.
FUNDAMENTACIÓN Y CONTESTACIÓN DEL RECURSO DE
CASACIÓN
FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO: El doctor Norman Jaramillo
Verdesoto, en representación de Luis Germánico Bustillos Molina,
manifiesta que:
‘11C/lCf
Expediente 769-2013
Se ha interpuesto recurso de casación, porque la Segunda Sala
de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de
Pichincha, rechazó el recurso de apelación interpuesto por el
recurrente, el señor Luis Germánico Bustillos Molina, quien fue
determinado por el Tribunal Cuarto de Garantías Penales como
autor del delito de asociación ilícita, particularizado en los
artículos 369 y 370 del Código Penal, imponiéndo una pena de
cuatro años de reclusión menor.
II. En esta sentencia se establece un hecho que no es parte de la
casación en nuestro ordenamiento jurídico, pero que sin
embargo, a juicio del recurrente; y doctrinariamente, se establece
como una situación de violación indirecta y es que existe un error
de hecho. Específicamente existiría un falso juicio de existencia,
porque se está determinando que el señor Cristian Fabián Cofre
Quispe fue parte del delito, argumento que se apoyaría en la
presencia de testimonios que determinan esta situación.
III. Las declaraciones rendidas por Pedro Javier Vallejo Viliacorte
sustenten la existencia del elemento objetivo y subjetivo del delito
de asociación ilícita, constituye otro error por cuanto el señor
Vallejo Villacorte se acogió al derecho al silencio.
IV. La Segunda Sala de Garantías Penales, al haber corroborado la
sentencia del inferior, comete un error de interpretación de los
artículos 369 y 370 del Código Penal.
V. La sentencia incurre en una equivocación respecto del ejercicio de
la interpretación jurídica, por cuanto para fijar los alcances de la
norma, el tribunal cae en error y da unos razonamientos que no
concuerdan con la literalidad de la ley, su espíritu o lineamientos
de la jurisprudencia y de la doctrina. En base a lo antedicho,
concluye que la tipicidad del comportamiento, con el evidente
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ízc]cr,~
Expediente 769-2013
2iv~ i n1,nu~
resultado de que en el primer supuesto, el errado, la decisión fue
de condena; y en el segundo, el acertado, hubiera sido el de
absolución.
VI No se establecen los elementos objetivos y subjetivos de1//~o h
penal, que son la permanencia, el deseo de permanecer o de(~tar ‘~
y que sobre la base de que se trata de un delito de peligro,~ TR~J~SIO )
especifica si se trata de un delito de peligro concreto o abstra~~cÑ.~’
como tampoco se especifica cual fue el bien jurídico protegido
puesto en grave riesgo o peligro y que en el mismo orden de ideas,
no existen elementos que objetiven el supuesto de que la
asociación ilícita era poner en riesgo la vida del señor
Viceministro del Interior, Ingeniero Felipe Córdova Unda.
VII. No se ha establecido, en la sentencia, el día, la hora, el lugar
donde supuestamente el señor Viceministro tuvo ese riesgo o ese
peligro a su vida a sus bienes, o a su propiedad.
VIII. La triangulación de llamadas no constituye prueba técnica, es
meramente referencial.
IX. Existe en el presente caso, atipicidad, en vista de que se ha
establecido que se trata de un delito de peligro pero que no se ha
probado, porque a criterio del recurrente, no existe y porque en
ningún momento el recurrente ha formado una asociación, en
ningún momento ha cometido delitos contra las personas y los
bienes. Sobre el supuesto de la existencia de atipicidad, se afecta
al principio de legalidad.
X. En la sentencia en ningún momento se establece algún medio
probatorio que determine el elemento objetivo del tipo penal de
asociación ilícita establecido en el Art. 370 del Código Penal.
XI. Los elementos objetivos que determinan una asociación ilícita
son: el secuestro extorsivo, el terrorismo, los robos en banda, el
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Expediente 769-2013
tráfico de estupefacientes, los delitos con automotores; y que
ninguno de los esquemas anteriormente planteados constan en la
sentencia.
XII. No existen los presupuestos jurídicos establecidos en los artículos
369 y 370 del Código Penal, por lo cual, no hay una conducta
típica del señor Bustillos Molina.
INTERVENCIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO: La señora
delegada del Fiscal General del Estado, Doctora Paulina Garcés
Cevallos, en lo principal señaló que:
El señor Bustillos reclama el estado de inocencia por una errónea
interpretación de la Segunda Sala de Garantías Penales de la
Corte Provincial de Pichincha en relación con la interpretación que
se ha dado a los artículos 369 y 370 del Código Penal relacionado
al delito de asociación ilícita.
II. La defensa a pesar de haber dejado muy clara la definición del
delito de asociación ilícita, como delito de peligro concreto; no
señala, que en los delitos de peligro concreto, los elementos del
tipo, en especial en el caso de la asociación ilícita, no requieren
para su punibilidad que el delito se haya cometido. En este
sentido la norma establece que es suficiente la mera asociación y
que no se tiene que ejecutar el hecho delictivo.
III. En los delitos de asociación ilícita, entre los elementos del tipo, la
Corte Suprema y ahora, la Corte Nacional, mantienen que es
suficiente la simple asociación de los individuos para cometer un
delito en general. Ser parte de este hecho ya implica de por si el
estar en este concierto delictivo.
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13ty ec ~
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1V. Si existe prueba del ilícito, constituye la misma lo manifestado por
el señor chofer personal y de más confianza del señor Viceministro
del Interior, quien por si solo acude a los estamentos policiales del
Ministerio del Interior para contarles que él y el señor Bustillos,
junto a la señorita o señora Johana Jaramillo es~e,~
involucrados en esta situación. Ellos mismos señalan
declaraciones personales, el por qué no se pudo atentar ~traJÍ~ ~(Itt-’ 2;Lv.fr ~iI
vida del señor Viceministro de Interior. Es ademá~pnu~~EQ~L ¡importante la triangulación de llamadas y los testimonio~$p lB~iSITø /
ETRinvolucrados, especialmente Bustillo, Vallejo y Jaramillo
V. Es el señor Vallejo quien pone en conocimiento de la policía,
quienes forman parte de esta banda, y los dirige donde los otros
implicados.
VI. Dentro del proceso no existe ningún error de derecho y en este
sentido solicita que se deseche el recurso de casación planteado
por improcedente.
RÉPLICA: se le concede la palabra al doctor Norman Jaramillo
Verdesoto, a fin de que haga uso de su derecho a la réplica, quien
manifestó:
En la sentencia recurrida no dice que éste es un delito de peligro, no se
configuró el peligro concreto, la triangulación de las llamadas no es una
prueba técnica que determine responsabilidad sino solo podría
considerarse como prueba referencial, en ambas sentencias hay
contradicciones, hay una errónea interpretación de la ley, jamás hubo
un hecho que ponga en peligro concreto la vida y la integridad del señor
Viceministro del interior.
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Expediente 769-2013
EL RECURSO DE CASACIÓN
El tratadista español Andrés de la Oliva Santos, respecto del recurso de
casación, dice: «El recurso de casación es un recurso devolutivo
extraordinario ante el grado supremo de la jerarquía judicial. Por su
carácter extraordinario procede únicamente si concurren los presupuestos
y requisitos especiales determinados en la ley”, de este concepto se
infiere, que para la procedencia del recurso de casación, es necesario
que en la fundamentación se determinen con certeza los cargos contra
la legalidad de la sentencia impugnada, esto es, que se precise la
violación de la norma en cualquiera de las hipótesis determinadas en la
ley. La casación al ser un medio de impugnación extraordinario, está
sometida a restricciones para su procedencia, se ha configurado en
interés de la ley para un control de legalidad de la sentencia impugnada.
En tal virtud, el recurso de casación penal constituye un instrumento
protector de los derechos humanos y de las garantías constitucionales
de los sujetos procesales, teniendo por objeto alcanzar la justicia y
recuperar la paz social. Asimismo, la casación constituye una
manifestación del ejercicio del derecho a la impugnación, garantizado en
el artículo 76.7.m de la Constitución de la República, en relación con el
artículo 8.2 literal h) de la Convención Interamericana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José) que señala: «Durante el proceso, toda
persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas: «. . . derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”,
norma que guarda concordancia con el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece: «toda
1 Derecho Procesal Penal, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Cuarta
Edición, Primera Reimpresión, 2000, Madrid- España, pág. 623
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C eL1c’
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persona declarada culpable de un delito tendra derecho a que el fallo
condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un
tribunal superior, conforme lo prescrito por la ley».
La jurisprudencia ecuatoriana, sobre la procedencia del recur~de ~4lic ~casacion penal, se ha pronunciado en los siguientes terminos Pt’,i~ra la\~ s~uc~PW~”’ - A
— — . . . . ,-~gi ~pjjM~ PtNs&t ?OUC~’procedencia del recurso de casacion en el ambito penal, es imprescznat~~e ~iRR~tO
que en la fundamentación se determinen con certeza los cargos~
legalidad de la sentencia impugnada, vale decir, que se especifique la
violación de la norma en cualesquiera de las hipótesis fijadas en el Art.
369 del Código de Procedimiento Penal. La violación del precepto no debe
buscarse en la parte motivada de la sentencia, sino en la parte
dispositiva que es la que contiene la decisión definitoria. De otro lado,
necesario es destacar que por cuanto la casación no es un recurso
ordinario, no está en la esfera de las facultades de la Sala efectuar nueva
valoración del caudal probatorio, ni volver a analizar las argumentaciones
jurídicas sostenidas por los sujetos procesales durante la sustanciación
de la causa. En lo atinente a la apreciación de la prueba, debe tener
presente que la sana crítica no está sujeta a una escala valorativa, por lo
cual no puede sustentarse un recurso de casación en supuesta violación
de su normativa.2 No hay otra causa que sustente la procedencia del
recurso, puesto que, en virtud del principio de taxatividad, solo la ley
determina los motivos para su procedencia.
EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA
El delito de asociación ilícita se encuentra tipfficado en el Art. 369 del
Código Penal, que establece: “Toda asociación formada con el fin de
~ Judicial. Año CV. Serie XVIII. No. 1. Página 186.
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atentar contra las personas o las propiedades, es un delito que existe por
el solo hecho de la organización de la partida.”
En el mismo sentido la jurisprudencia correspondiente ha manifestado:
«El delito de asociación ilícita tipificado en el Art. 369 del Código Pena~
para su existencia se requiere de cierta organización de personas, con
permanencia en el tiempo y con un programa para cometer varios delitos,
sea que se realicen o no se realicen, inclusive con alguna jerarquía o
mando, no la simple reunión de personas y la planificación de un delito
determinado.”3 y en el mismo orden de ideas: «El delito de asociación
ilícita, (...), se lo considera delito de peligro y se consuma desde el
momento en que se organizan y se conciertan los complotados para
cometer varios delitos determinados o indeterminados.”4
La jurisprudencia española se ha manifestado en este sentido: «la
asociación ilícita precisa la unión de varias personas organizadas para
determinados fines, con las siguientes exigencias: a) Pluralidad de
personas asociadas para llevar a cabo una determinada actividad. b)
Existencia de organización más o menos compleja en fiznción del tipo de
actividad prevista. c) Consistencia o permanencia en el sentido de que el
acuerdo asociativo ha de ser duradero y no puramente transitorio. d) El
fin de la asociación ha de ser la comisión de ciertos otros delitos (...) o la
promoción de la discriminación o el tráfico ilegal de personas (..j,
derivándose también la ilicitud de los medios violentos empleados para la
consecución de un fin lícito 4..) o del carácter paramilitar y peligroso de la
asociación (...). El delito de asociación se consuma desde que se busca
Gaceta Judicial. Año CIV. Serie XVII. No. 12. Página 3890. (Quito, 20 de noviembre de2002)
Gaceta Judicial. Año CII. Serie XVII. No. 7. Página 2025. (Quito, 15 de Octubre de2001)
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¡59’ lmiep.
Expediente 769-2013
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una finalidad ija inicialmente delictiva y no hace falta esperar a que en
ese desenvolvimiento societario se cometan determinadas infracciones.
La asociación es autónoma e independiente de los delitos que se realice
a traves de ella No cabe pues confundir el delito de asociacion il Apara delinquir con el delito o delitos cometidos al desenvolver el fin s sal, L~~Rni puede tampoco considerarse la pluralidad de sujetos integrada ~ S~~iL~uon~AL,
asociación como un supuesto de codelincuencia o participación en
infracciones penales de posterior ejecución, ni siquiera cuando ésta lo es a
título de conspiración para el delito, porque si asociación y conspiración
tienen en común el acuerdo previo para delinquir, les diferencia que la
conspiración es inestable en su existencia y presenta concreción en el
delito a efectuar mientras que la asociación ilícita para delinquir es
estable en el acuerdo o unión asociativa y se caracteriza por cierta
inconcreción sobre las infracciones criminales a ejecutar.”5
El tratadista español, Francisco Muñoz Conde manifiesta: «Antes del
análisis de cada uno de los fines señalados en el precepto (de la
asociación ilícita), conviene establecer qué se entiende por asociación.
Debe recurrirse, por tanto, al significado gramatical o lingüístico de dicho
ténnino y entender por tal toda unión de varias personas organizadas
para la consecución de detenninados fines. Tampoco ofrece el Código
apoyo para establecer el número mínimo de personas que deben constituir
la asociación. En principio bastaría con dos, pero creo que del sentido
originario de la expresión puede deducirse que son necesarias por lo
menos tres personas para poder hablar de asociación. Es indiferente la
forma en que esas personas lleguen a ponerse de acuerdo y que unas
lleven la iniciativa y otras se adhieran simplemente a ella. Pero, en todo
caso, es preciso una cierta organización (que será más o menos compleja
Sentencia del Tribunal Supremo de 3-5-2001
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en función del tz~o de actividad a que se dedique la asociación) y que el
acuerdo asociativo sea duradero y no puramente transitorio. En esto
radica la d~ferencia entre la asociación y cualquier otra forma de acto
preparatorio o fase previa a la consumación de un delito, o forma de
participación intentada en el mismo. La asociación es autónoma e
independiente del delito o delitos que a través de ella se cometan,
pudiendo apreciarse un concurso entre ella y estos delitos (..j”6
ANÁLISIS DEL TRIBUNAL DE CASACIÓN
PRIMERO: El artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, establece
las causales por las cuáles procede el recurso de casación, así, cuando
en la sentencia se hubiera violado la ley, ya por contravención expresa
de su texto, por indebida aplicación, o por errónea interpretación.
Existe contravención expresa del texto de la ley, cuando se desobedece o
se actúa en contrario de lo que la ley expresamente señala; tiene lugar
la aplicación indebida de una norma, cuando se aplica una norma legal
de manera errónea a determinado caso, hay una norma (la defectuosa)
aplicada y una norma (la correcta) que se ha dejado de aplicar; y, hay
errónea interpretación, cuando por interpretar la norma de derecho
material que se encuentra oscura e incompresible, se llega a una
interpretación distinta de su verdadero sentido.
SEGUNDO: El casacionista por medio de su abogado, considera que
existe una falsa o errónea interpretación, del artículo 369 del Código
Penal, estableciendo que el recurrente nunca fue parte del delito; que no
existen testimonios que lo corroboren y que además no se determinaron
los elementos para configurar la asociación ilícita. En el mismo sentido
6 Francisco Mufloz conde, 2004, p. 832
12
/6d~
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manifiesta, que al tratarse el delito de asociación ilícita de un delito de
peligro, se debería objetivar de manera puntual la acción peligrosa a la
que el actuar del recurrente se ajusta; por cuanto en la sentencia, a su
juicio, no se determinan los elementos objetivos ni subjetivos del~
par~cular, pues no establece el día, la hora o el lugar donde se ge~~ el~L
peligro sobre la vida o la propiedad del señor Viceministro del Ir~or ~ ~
en definitiva no se configuró el peligro concreto sobre el cual el
como tal se estructura.
Al respecto de lo dicho, este Tribunal de Casación, considera en primer
término, que el delito de asociación ilícita sobre la base del carácter de
punibiidad de la conducta, como bien lo establece la normativa, se
objeti~ solamente bajo la mera asociación, no es necesario entonces
que se ejecute ningún delito; en este sentido la norma pena la
circunstancia en sí del concierto delictivo de los sujetos miembros de tal
asociación, con independencia de que se consumen o no los delitos
objeto la misma; de forma concluyente se puede afirmar que el delito se
consuma en el momento mismo en que la agrupación se constituye, se
organiza: se asocia.
El carácter de delictiva de la asociación es en suma, su objetivo, su
directriz; la misma que para materializar esta calidad, tiene como fin, la
comisión de un delito; y que como afirma la norma penal vigente, no es
necesario que tal cometimiento se materialice ya que con la sola
formación de la asociación basta, en este sentido y una vez más sobre el
caso en concreto, la norma está precautelando un supuesto de peligro,
se entiende, el supue~to de peligro sobre la vida del señor Viceministro
del Interior, Javier Córdoba LInda; es decir que la punibilidad en el caso
en concreto no está limitada a la afectación de un bien jurídico en
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Expediente 769-2013
particular sino al supuesto de peligro de una afectación sobre la
mencionada víctima.
TERCERO: En la especie, la prueba goza de validez total y ha sido
considerada en estricto apego a las normas que regulan su evacuación y
valoración, es decir, que los juzgadores a quienes correspondió la
valoración de la prueba, acorde a los principios de inmediación y
contradicción, han concluido, que tanto la existencia material de la
infracción como la responsabilidad del ciudadano Luis Germánico
Bustillos Molina, se han comprobado, explicándose la forma en que se
ha desvirtuado la presunción de inocencia del justiciable, de acuerdo a
los artículos 79, 89, 91, 94, 117, 252, 312 y Disposición Transitoria
Segunda del Código de Procedimiento Penal, disposiciones cuyo
cumplimiento permiten la subsunción de la conducta del sentenciado al
tipo delictual de asociación ilícita.
La sentencia impugnada entonces resulta congruente, por cuanto,
decide la causa en los términos que han sido propuestos por las partes
en el desarrollo de su~teorías del caso y el acervo probatorio desplegado
para tal fm, sin que se haya verificado en la actuación del juzgador, viole
normas sustantivas o subjetivas penales, siendo la decisión adecuada,
porque justifica la elección de una solución jurídicamente legitimada en
el caso concreto, consecuentemente la sentencia se encuentra motivada
en cumplimiento del artículo 76 numeral 7 literal 1 de la Constitución
de la República, siendo evidente que la ley fue aplicada correctamente
por el Juzgador.
CUARTO: En virtud de lo expuesto, no se evidencia la violación de la
ley, por cuanto el artículo 369 del Código Penal se ha materializado en la
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~{re~Q /n 9(Va41
conducta del ciudadano Luis Germánico Bustillos Molina, del proceso se
infiere la configuración de los elementos constitutivos del delito de
asociación ilícita, por lo que al condenarlo a dicho ciudadano se
actuado en derecho, al haberse establecido la existencia del d~
consecuentemente la responsabilidad del procesado, en el mismo
de ideas se ha apreciado la prueba actuada en juicio conforme
reglas de la sana crítica, consecuentemente al haber certeza
existencia del delito y culpabilidad del encausado, conforme a
establecido en el artículo 304-A del Código de Procedimiento Penal, se
confirmó la culpabilidad del señor Luis Germánico Bustillos Molina.
En consecuencia, el recurrente Luis Germánico Bustillos Molina, no
logra justificar las violaciones de la ley en la sentencia impugnada, en
los términos del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal, es
decir, sobre los presupuestos de que en la sentencia impugnada se
hubiese violado la ley, por contravención expresa de su texto, por
indebida aplicación o por errónea interpretación.
DECISIÓN
En consecuencia, al tenor de lo previsto por el artículo 358 del Código
de Procedimiento Penal, este Tribunal de Casación, de la Sala
Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito, de la
Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, declara
improcedente el recurso de casación interpuesto por el procesado Luis
Germánico Bustillos Molina, por cuanto se ha demostrado la existencia
del delito tipificado en el artículo 369 del Código Penal, se ratifica la
15
Expediente 769-2013
culpabilidad del ciudadano Luis Germánico Bustillos Molina. Actúe la
Dra. Martha Villarroel Vifiegas, en calidad de Secretaria Relatora (e).
Notifíquese, publiquese y devuélvase al órgano jurisdiccional de origen
para los fines legales pertinentes.
16
AL
CERTIFICO.-
Dra. Martha Villarr
SECRETARIA RELATORA (e)