Resistencias y Contradicciones en la Convivencia delProhibicionismo con las Polticas de Reduccin de DaosEl caso de los Programas de Intercambio de jeringuillas

en las prisiones catalanas

PorJos Luis Domnguez, Blai Guarn y M.'Dolors Valls

Introduccin

El desarrollo de polticas y programas de reduccin de riesgos y dedaos asociados al consumo de drogas desplaz el objetivo tradicional-mente nico de la abstinencia total de las polticas sobre drogas y en con-secuencia aparecieron nuevos mtodos de tratamiento y de control dedicho problema- Asimismo pas a un primer plano la infeccin por VIH,considerada por algunos como una amenLza a la salud pblica e indivi-dual mayor que el abuso de drogas, especialmente entre usuarios de dro-gas por va parenteral (UDVP).

Una de las nuevas estrategias que apa,reci fue el intercambio dejeringasr. Se trata de una estrategia para reducir la transmisin de lainfeccin por VIH entre y desde adictos a la droga por a parenteral queconsiste bsicamente en dejar de compartir el equipo de inyeccin. Losprogramas de intercambio de jeringas (PIf aparecieron en Espaa en elao 1988 y en la actualidad tienen una gran implantacin. La filosofiade base de estos progrrmas es generr servicios preventivos accesiblesa toda la poblacin UDVP que no acude a tratamiento. Los PIJ fomen-tan el uso de instrumental de inyeccin nuevo y propio, evitan compar-tirlo y tambin evitan su desecho sin control. Se realizan desde farma-cias, centros de salud y diversos tipos de colectivos (asociaciones,ONG...) Del estudio de sus resultados se desprende que disminuyen laprevalencia de distintas enfermedades infecciosas, favorecen prcticasms saludables y, en contra de lo que se haba pronosticado como un

297

RESISTENCIAS Y CONTRADICCIONES ...

posible efecto negativo de estos programas, no tienen el efecto perver-so de inducir al aumento en el consumo de drogas.

No obstante existe un sector de la poblacin de UDVP que no tieneacceso a estos programas de intercambio que cuentan ya con una histo-ria de 12 aos de existencia en Espaa. Estamos hablandq de la pobla-cin penitenciaria y ms en concreto del caso de Caalunya donde a pesarde diversas iniciativas pblicas y privadas que empezaron a finales delos aos 90, no existe hoy por hoy ningn PIJ en las prisiones catalanas,mientras que ya se han implantado con xito en algunas prisiones delEstado espaol, como veremos ms adelante.

La implantacin de los PIJ en las prisiones catalanas:una his toria interntinable

En Catalunya las propuestas de introduccin de los PIJ en las pri-siones parten del mbito de la salud 2. Siguiendo el hilo de la historiavemos que en el ao 1997 la Associaci Ciutadana Anti-Sida de Cata-lunya (A.C.A.S.C.) presenta el primer proyecto de PIJ penitenciariopara el

RESTSTENCI.AS Y CONTRADICCIONES ...

desde el equipo sanitaio de prisin. El programa ofrece la distribucindejeringas con mquinas. Las principales reacciones adversas partie-ron de los funcionarios y se referan a la seguridad. La primera eralua-cin que se hizo del programa mostr que la distribucin de jeringa! nohabla provocado ni aumento del consumo de drogas ni una utilizacinabusiva de las jeringas, no se observ ninguna seroconversin a lashepatitis B y C o al VIH y finalmente las jeringas en ningn caso se uti-lizaron como annas. En la prisin alemana de Vechta los PIJ se inicia-ron en 1996 y quien ms se opuso fie el sindicato de funcionarios deprisiones 5.

La administracin catalana en un primer momento se muesm sen-sible a esta propuesta y as en abril de 1997 la Direcci General d'Ins-titucions Penitenciaries anuncia que realizar un programa piloto dereparto de jeringuillas en la crcel, impulsado desde el rgano Tcnicode Drogodependencias del Departamento de Sanidad de la Generalitat.La reaccin de los funcionarios de prisiones no se hizo esperar y seempez a cuestionar la viabilidad legal de la implantacin de los PIJ enlas prisiones. Ante esta oposicin se suspende la puesta en marcha delprograma piloto y desde el rgano Tcnico de Drogodependencias sepide un informe a la Comisin de Drogas del Colegio de Abogados deBarcelona sobre la posible existencia de normas imperativas o prohibi-tivas que impidan o dificulten la puesta en marcha de un PIJ en las pri-siones catalanas.

Las conclusiones del informe que elabora el Colegio de Abogadosse entregan al rgano Tcnico de Drogodepondencias de la Generalitaten octubre de 1997 y confirman la legalidad de dichos programas yreclaman a la Administracin su puesta en marcha de forma urgente. Elinforme concluye con las siguientes recomendaciones:

- Debe destipificarse como infraccin disciplinaria la posesin dejeringuillas dento de la prisin, estableciendo los medios y lasmedidas de seguridad necesarias.

- No hay impedinentos legales ni de otro tipo para poner en mar-cha un PIJ en las prisiones catalanas, ms bien sera recomen-dable desde el punto de vista de la reduccin de daos, ante losactuales sistemas preventivos, ya que conllevara una mejora

5 Un sondeo realizado en Berln a l. I 70 firncionarios dc prisiones mosuaba que el81.4o estaba en contra de la implaaacin de los PIJ en prisiones.

300 301

JOS LUls DOMNGUEZ, BLA GUARN y M.. DOLORS vALLES

sanitaria y de la calidad de vida de los internos, de su entorno yde la salud pblica en general.

- El programa debera de cumplir ciefos requisitos pra asegurarsu viabilidad: eVla responsable del programa debe ser una per-sona independiente de la estructura del centro, debe actuar bajoel secreto profesional, y debe formar e informar tanto a los inter-nos como al personal del cento. El intercambio de jeringas debeinscribirse en una relacin teraputica y con sistemas que griran-ticen el anonimato.

- Es urgente iniciar un PIJ en las prisiones catalanas por la grave-dad de la situacin.

No obstante el informe no obtiene los frutos esperados y en marzode 1998 la misma Comisin realizauna campaa ante los medios decomunicacin para presionar a la Generalitat a iniciar los pIJ en las pri-siones catalanas. La Administracin responde que est en estudio apli-carlo de forma experimental en una de los prisiones catalanas pero hanpasado Ees aos desde esa carnpaa y nada ha cambiado en la situacinde los UDVP en las prisiones catalanas.

La implementacin de los PIJ en otras prisiones del Estado

El servicio de Drogodependencias de la Subdireccin General deSanidad Penitenciaria sealaba en su memoria de los programas deIntervencin con Drogodependientes correspondiente al ao 1998como los proyectos de reduccin de daos y riesgos deben abarcaractuaciones individuales y colectivas dirigidas a minimizar los efec-tos nocivos que a nivel fisico, psquico y social lleva asociado el con-sumo de drogas, controlando los trastornos de salud asociados alconsumo, evitando la transmisin de enfermedades infectocontagio-sas, facilitando la adaptacin social y laboral de los consumidores ysu contacto con los servicios de salu4 mejorando en definitiva su lacalidad de vida, con el objetivo final de reducir la mortalidad y mor-bilidad.

" Datos cxraidos det Servicio de Drogodependencias, Subdireccin General desanidad Penitenciaria, Dircccin General de lnstituciones Penitenciarias(1999) Memoria1998: Programas de intemencin con drogodependienies en centos penitenciarios.Madrid: Ministerio del Interior. (Punto 4.3.3.)

RESISTENCIAS Y CONTRADICCIONES ...

Alrededor del54% de la poblacin reclusa espaola es drogode-pendiente. Ms de un tercio de los internos que consumen lo hacen conuna frecuencia mayor o igual a una vez al da, y un36o/o de las personasque utilizan la va inyectada indican compartir o haber compartido jerin-guillas con otros internosT. En Catalunya, un 807o de los internos en cen-tros penitenciarios son usuarios de drogas E.

Asimismo la compleja realidad de los UDVP que ha emergido a par-tir de la implementacin de los programas de tratamientos sustitutivoscon metadona ha evidenciado los problemas logsticos a los que debeenfrentarse el personal mdico de los centros penitenciarios para esta-blecer criterios rigurosos y objetivos sobre la pertinencia de incluir uninterno en un programa de deshabituacin, as como un no desdeablenmero de fracasos.

La experiencia del Progrumo en Bilbao v Pantplona

En este contexto en agosto de 1997 se implement un programapiloto de intercambio de jeringuil lase en elCentro Penitenciario de Bil-baor0, como alternativa para aquellos consunidores activos que no admi-tian su inclusin en PMM. Un ao despus, en noviembre de 1998 seimplant un programa de caractersticas sinrilares en el centro peniten-c iar io de Pamplona r ' .

7 Datos extrados de Stl-vosA, G. ( 1999) t. Prot'ecto: tvt,islo lrinreslxtl cle lu Asociucin Pt'o.t'ecto Ilonthte (31):14-17. Proyecto Hombre

" Datos extrados de la Memoria 199 de la ACASC (Associaci Cliutadana Anti-Sida de Catalunya)

" Este programa cuenta con la colaboracin del PNSD (Plan Nacional sobre Dro-gas) en su financiacin, a travs de la subvencin de un equipo tcnico de apoyo.

'u En el programa de Bilbao participaron la Direccin General de Instituciones Peni-tenciarias a travs del Centro Penitenciario de Bilbao, el Departanrento de Sanidad delGobierno Vasco a travs del?lan Autonmico de Sida, la Secretaria General de Drogo-dependencias del Gobierno Vasco, el Departamenlo de Justicia y Trabajo del GobiernoVasco a travs de la Direccin Ceneral de Derechos Humanos. v la Universidad del PasVasco.

" En el prograna aplicado en el Centro Penitenciario de Pamplona participaronla Direccin General de Instituciones Penitenciarias a travs del propio Centro Peniten-ciario de Pamplona y los Planes Forales de Drogodependencias y del Sida del Cobiernode Navarra.

302 303

JOSE LUIS DOMiNCUEZ, BLAI GUARN Y M." DoLoRs VALLS

Durante 1998 fueron incluidos 481 internos usuarios de drogasinyectadas y se realizaron 893 dispensaciones y 4.050 intercambios dejeringuillas.

Los resultados del programa establecieron querz:. Los programas de intercambio de jeringuillas que ya han demos-

trado su eficacia en el medio comunitario, son reproducibles enel medio penitenciario sin provocar distorsiones ni problemasdirectos en el mbito regimental.

. La incorporacin de actividades informativas al programa deintercambio de jeringuillas incrementa la disminucin de prac-ticas de riesgo, y no contribuye a incrementar el uso de sustan-cias por esa va ni el consumo en general.

. Las experiencias negativas de los funcionarios no se vieron confir-madas y por el contrario se produjeron cambios en la percepcin deintemos y personal de instituciones penitenciarias respecto a la posi-bilidad de disminuir riesgos en el consumo por va endovenosa.

. La puesta en marcha de este tipo de iniciativas necesita de unaadecuada programacin y ejecucin protocolarizada, hacindo-se imprescindible la creacin de un mbito de confianza y res-peto que favorezca la participacin responsable de pacientes yprofesionales.

Ante estos resultados la valoracin del Programa concluia que elderecho a la salud de los internos, y la responsabilidad de la Adminis-tracin de procurar a la poblacin bajo su tutela las misnas oportunida-des que la poblacin generalrr, determinaban la necesidad de recomen-dar el desarrollo de intervenciones de reduccin del dao en usuarios de

't Datos extrados del Servicio de Drogodependencias. Subdireccin General deSanidad Penitenciaria, Direccin General de Instituciones Penitenciarias ( I 9991 Meuorkt1998: Ptogrumas de intervencin con dxtgodependientes en cent,os penite,rciarios,Madrid: Ministerio del lnterior. ( 1999, l9-20)

rr Cercano al espritu de la propuesta de la Comisin Europea que insta a los Esta-dos miembros a hacer todo lo posible para prevenir y reducir la transmisin de enferme-dades infectocontagiosas y en especial por VIH-Sida; y de la OMS en su Sesin de Gine-bra 1987, en referencia a la aplicacin en el mbito penitenciario del mismo modo que enla comunida{ de los principios generales de los programas nacionales sobre el Sida, reco-nociendo las administraciones penitenciarias su responsabilidad en la tarea de minimizarla transmisin del VIH en el medio penitenciario y adoptando las medidas necesarias paraesta propsito.

RESISTENCIAS Y CONTRADICCIONES ...

drogas inyectadas que contemplasen el intercambio de jeringuillas, sindejar de atender las intervenciones preventivas, teraputicas y rehabili-tadoras-reinsertadoras dirigidas a la poblacin drogodependiente.

La oposicin de losfuncionarios de prisiones

Frente a esta reconendacin y a la valoracin positiva que de laimplementacin de este tipo de proyectos se ha realizado, la aplicacinen los centros penitenciarios de Catalunya del Programa PIJ parece habertopado con el recelo y la desconfianza del colectivo de funcionarios deprisiones.

En medio de este recelo y desconfianza que se conforma en oposi-cin'o a la aplicacin del Programa parece posible distinguir argumen-tos de tipo:

. Jurdico. En torno a un supuesto incumplimiento de la legalidaden el que incurrira la propia Administracin al proporcionar losmedios necesarios para el consumo de estupefacientes.

. Sanitario. En torno el riesgo de sobredosis en drogodependien-tes habituados por su situacin de reclusin al consumo noparenteral, por otras vias como la inhalacin.

. Riesgo y Seguridad. En torno el riesgo que implicara Ia distri-bucin dejeringuillas entre los internos15. Parece ser que la per-cepcin de los funcionarios de prisiones ve en esta distribucinun peligro real, at disponer los internos de un objeto para auto-lesionarse, amenazar, o presionar a otros reclusos, o al propiopersonal de la institucin.

A pesar que la aplicacin del Programa PIJ en cl medio comunita-rio de Catalunya ha proporcionado evidencias muy favorables para suimplementacin en los centros penitenciarios, y que datos dificilmente

. incontrovertibles proporcionados por lnstituciones Penitenciarias en la

r Los datos referidos forman parte de una primera aproximacin al tema cn unainvestigacin e curso.

'5 As mismo la dificultad de acceso a los datos relativos a la incidencia del nivelde contagios de VIH-Sida y otras enfermedades infecto-contagiosas por va parenteral enel medio penitenciario contribuira a la dificultad de argumentar de un modo concluyen-te la necesidad de la distribucin dejeringuillas en este mbito.

304 305

JoS LUIS DoMiNcUEz, BLAI GUARN Y M.. DoLoRs VALLS

aplicacin de los programas pilotos de intercambios de jeringuillas enlos Centros de Bilbao y Pamplona han revelado que la posibilidad de uti-lizarjeringuillas estriles ni cotribuye a incremenrar el uso de sustan-cias por via parenteral, ni aumenta el nivel general de consumo entre losinternos, ni constifuye una amenaza para la seguridad de los centros, des-truyendo las expectativas desfavorables y los mitos negativos que entorno a su implementacin haban articulado los propios funcionarios,en Catalunya la situacin se ve caracterizada por la oposicin del per-sonal de los centros a la aplicacin del programa en el mbito peniten-ciario.

Desde un inicio la implementacin del Programa PIJ se ha vistosujeta a las constantes modificaciones y redefiniciones de su propuesta.De hecho, la percepcin que entre los funcionarios se tiene de la pro-puesta final a aplicar es que si bien en principio se plante la posibil i-dad de que fuesen los propios internos los que distribuyesen lasjerin-guil las con el control del nmero entregado, finalmente el control hasido aumentado pero de un modo insuficiente, con la creacin de la figu-ra de un auxiliar sanitario encargado de distribuir lasjeringuillas entrelo reclusos pero dejando abierta la posibilidad de reponer lasjeringui-llas si el interno declara haber perdido la recibida.

En este contexto, frente a la propuesta del Programa PIJ que por losargumentos antes sealados es percibida con desasosiego, se propone unmodelo distinto de intervencin caracterizado por un control ms estric-to por parte del Centro Penitenciario de la sustancia consumida y de sumodo de administracin. Un modelo similar al de las narcosalas quecomportara la creacin de un mdulo especial en los centros, tipo cen-tro de da, o mdulo teraputico si se pernoctara en 1, en el que se ana-lizase la sustancia consumida para determinar su grado de toxicidad, yse observase la evolucin del usuario antes, durante y despus del con-sumo'u.

Todo parece indicar que ante la paradoja que supone que un colec-tivo como el de funcionarios simblicamente vinculado con posicionesde tipo progresista, se enfrente ahora a la posibilidad de ser acusado dehaberse constituido en oposicin frontal a la implantacin de un pro-grama orientado a la lucha contra la transmisin de enfermedades infec-to contagiosas, como por el propio VIH-Sida, o incluso de impedir pro-

"' Cabe sealar que la aplicacin de un modelo de estas caracteristicas situara a lapropia Administracin en una situacin compleja desde un punro de vistajurdico.

i :

i"i

ir'.

i iil

RESISTENCTAS Y CONTRADICCIONES ...

mover una actitud posiva y respolsable del drogodependiente frente asu salud a partir del intercambio de jeringuillas, se responde con unmqdelo ulta-progresista cuya viabilidad tanto legal como logstica debeser cuanto menos cuestionada.

En este pulso entre la Administracin y los sindicatos de funciona-rios de prisiones parece ser que los funcionarios han establecido sus pro'pios riesgos, en rur juego de equilibrios y elecciones no exento de impli-caciones simblic'as t7.

Marco terico

Introduccin

Las polticas prohibicionistas en materia de drogas cuentan entre susresultados simblicos con una forma de concebi la caesn drcgabasa-da en la idea de arnenaza. Dicha amenaza puede ser presentada desdeuna perspectiva interna, en la que el punto de referencia subjetivo es elconsumidor de ciertos tipos de drogas, o externa, en la que el punto dereferencia subjetivo es el traficante de ciertos tipos de drogas (Domn-guez, 1998).

Lo que queremos destacar en este momento es que el discurso de ladroga como amenza est siendo objeto de cierta reorientacin argu-mentativa en los ltimos aos. Esta reorientacin puede ser interpreta-da como una forma adaptacin del discurso prohibicionista a unas nue-vas circunstancias sociopolticas. En nuestra opinin, el caso estudiadoen esta comunicacin permite analizar la emergencia de estos cambios

r7 Desde la Antropologa dcl Riesgo se ha sealado como toda sociedad elige decrtre un inmenso universo de rgcligros potencialesD una pequea serie dc a con-siderar culnralmente como (peligrcso$) y por tanto como - o de caer en compor-tamientos o modos de vida desviados que, arnque no tengan una vctimaexterna al sujeto consumidor, lo colocan en los mrgenes del orden socialestablecido. Por su parte, la vertiente poltico-medicalista de dicho dis-curso ha insistido en que el consumo de drogas se liga a una mayor pro-babilidad de presentar problemas de salud tanto en el propio individuoconsumidor como en los sujetos que forman parte de su entorno msinmediato (trastornos psico-afectivos, transmisin de pautas de conduc-ta desordenadas, transmisin de enfermedades contagiosas asociadas acierto tipo de mecanismos de consumo, etc.).

Por su parte, el discurso de la amenaza exterior suele girar en tornoa la imagen del traficante extranjero, y ha sido precisamente esta ima-gen la que ha permitido vincular un sentimiento difuso de inseguridadrelacionado con la cuestin droga --{ue se percibe en las encuestas devictimizacin espaolas desde los aos ochenta- con la problemticade la delincuencia organizadarE.

Lo cierto es que el discurso de la amenaza interior/exterior se habavisto gravemente cuestionado tanto por las crticas antiprohibicionistascomo por el propio avance de los conocimientos cientficqs en materiade drogase. Probablemente han sido estos cuestionamientos los que han

E Problemtica que, cntre otras, est determinando la orientacin de las politicasde seguridad europeas hacia Ia estrategia de la

RESISTENCIAS Y CONTF"ADICCIONES ...

permitido el desarrollo en el mbito estatal (ms correctamente en elmbito regional y local) de polticas gue ponen el acento en los aspec-tos teraputico'asistenciales" combinando estrategias preventivas de corteclsico con mecanismos dirigidos a la disminucin de riesgos o dedaos 20. Sin embargo hoy el discurso de la amenaza cuenta ahora connuevos argumentos, los cuales, como hemos visto en los apartados ante-riores, se pueden convefir en factores de oposicin frente a las polticasque pretenden ser impulsadas por las administraciones pblicas (en nues-tro caso, y no se trata de una cuestin irrelwante, alegndose cuestionesde seguridad).

No debe obviarse que esta renovacin argumental sg produce en unasituacin caracterizada por la crisis econmica y, en consecuencia, porla necesidad de priorizar los polos de atencin asistencial del Estado2r,los cuales se traducen en partidas presupuestarias no generadoras de

20 Las polticas de carcter teraputico-asistencial se encuentran en buena medidadeterminadas o, si se prefiere, limitatlas por su dependencia de las polticas penales prohi-bicionistas. Para un anlisis especfico de esta cuestin en el mbito cataln ver Domin-guez, Gondra y Valls (2000).

2r A partir de los aos setenta se produce la quiebra del principio de crecimien-to econmico continuado y se constatan los lmites de las funciones redistributivas eintegradoras de los poderes pblicos (O'Connor, I 98 l; Snchez, 199); es en este marcocuando comienza a cuestionarse la capacidad del Estado para configurar las relacionessociales. En otras palabras, se extiende la opinin que sostiene que las formas del Esta-do de derecho pueden resultar estructuralmente incapaces para vehicular las prestacio-nes positivas exigidas por el Estado social. Se habla, entonces, de la crisis del Estadosocial, o de bienestar, como una crisis de crecimiento que comporta una crisis de legi-timidad.

Es importante reconstruir con cuidado este pequeo puzzle argumental. Su prime-npieza supone afirmar que la incapacidad de autorregulacin que presenta el sistemaeconmico capitalista en el modelo liberal generaba una serie de disncionalidades parael subsistema de legitimacin, que en un sentido amplio tambin funciona como meca-nismo de seguridad del sistema social; la segunda pieza consiste en entender que el prin-cipal instrumento utiliza{o para salvar esta situacin es el Estado social, en el sentidode que en dicho modelo el Estado ha de intervenir entre los dos subsistemas --el eco-nmico y el de legitimacin- paa asgurar tanto la continuidad de la acumulacin capi-talista como la aceptacin por parte de los ciudadanos del status quo; ahora bien, y estaconstituye la tercera pieza argumental, esta mayor intervencin del Estado provoca, a suve?, un aumento de las demandas de los ciudadanos, y cuando no es posible hacer fren-te a ests peticiones, debido a los limites estructurales del sistema econmico aplicadosal terreno de la integracin social, es cuando nos encontramos ante una criss de legiti-midad.

308 309

JOS LUIS DoMfNCUEz. BLAI GUARNE Y M.. DoLoRs vALLs

riqueza apropiable. Es precisamente en el marco de la crisis del Estadode bienestar cuando se comienza a plantear la cuestin dela capacidadde resistencia sistmica ante el:problema drogaz2.

Desde la perspectiva de la resistencia sistmica, la poblacin adic-ta o la mafia traficante ya no slo nepresenta una potencial fuente de des-viacin que puede llegar a afectar a la poblacin sino tambin una msque probable perturbacin del frgil equilibrio econmico, funcional ysimblico de las instituciones que forman parte de los subsistemas penal,santario, asistencial, educativo; laboral, etc. 23.

Por tanto, las cuestiones que se manejan en el esquema discursivode la resistencia sistmica remiten a la capacidad de los diversos sub-sistemas para absorber los costes (no slo los econmicos pues tambinse tienden a valorar indicadores relativos al funcionamiento cualitativode las instituciones) delpnoblema droga sin que ello afecte a la calidaddel servicio prestado al conjunto de la poblacin o a las condiciones de

t' Ya hace muchos aos que la doctrina sociolgica por traslacin, la criminol-gica conocen y utilizan la diferenciacin entre las nociones de problema y de cuestinsocal. Una cuestin social podra definirse como un mbito temtico (las drogas, la vio-lencia juvenil, la prostitucin, la inmigracin, etc.) en el que se concentran ciertas mani-festaciones de uno o varios conflictos sociales. Lo importante a nuestros efectos es queuna cuestin social puede ser definida, a su vez, como problema en las dinmicas comu-nicativas que se establecen en los sistemas sociales.

El hecho de definir una cuestin como problema social implica realizar dos opera-ciones argumentativas: al mismo tiempo que son resaltados los aspectos o los efectos socia-les ms negativos de esa cuestin social, se colocan en segundo trmino --diluyndose-aquellos conflictos relacionados con la misma que afectan a Ia esencia del sistema socialy que manifiestan, habitualmente, algn elemento disfuncional ya sea en la estructura yasea en el funcionamiento del mismo.

La consecuencia de estas operaciones en la percepcin social, si se llega a imponerla definicin problematizada de una cuestin social, consiste en que los conflictos estruc-turales a.los que hace referencia pierden centralidad en los debates sociales, adquiriendorelevancia pblich una visin parcial y/o desenfocada de la realidad. Y esta visin parcialy/o descnfocada estar presente tanto en las demandas de los ciudadanos para que se solu-cione el poblema construido como en la respuesta institucional frente a dichas demandas.

2r Desde Ia perspectiva de la esistencia sistm'c las instituciones tienden a subra-yar como las problemticas derivadas d la droga colapsan a unos sistemas instituciona-les ya de por s tendentes a la saturacin en la crisis del estado benefactor (sensacin deincapacidad para cubrir todos los frentes de inseguridad, sobrepoblacin penitenciaria,aumento de los costes sanitarios conectados al hatamiento d drogodependientes, etc.). Lapregunta quE termina por aparecer tras esta persPectiva es: durante cunto tiempo, y enqu condiciones, podrn las instituciones resistir la presin que representa el problemadrcga?

El,ll i i& tll liFlrl

rili'|

iiilliiliiiliitij|rtilrlililllfritilil

RESISTENCIAS Y CONTRADICCTONES ...

trabajo de los funcionarios (es decir a la, siempre relativa e inestable,pazylo tranquilidad institucional) que prestan sus servicios en las ins-tituciones. De esta manera la amenaza no se proyecta de manera difu-sa sobre el conjunto de la poblacin sino que se concreta en cuanto asus sujetos pasivos: los usuarios y dispensadores de unos serviciospblicos que se encuentran amenazados, realmente, por la crisis fisgaldel Estado2a.

Es nepesario resaltar el carcter perverso de esta nueva argumenta-cin, pues acepta algunas de las crticas realizadas al prohibicionismo(siempre se ha reconocido que la prohibicin genera problemas institu-cionales de dificil gestin) para volver a ciertos colectivos en contra delas estrategias preventivas o de disminucin de riesgos. En suma, estaargumentacin permite esgrimir la velada acusacin de que son las pol-ticas de talante realista las que generan unos riesgos que pueden llegara afectaq debido a la incapacidad de resistencia de las instituciones, alas demandas de amplias capas de la pobla-cin o a las ya de por s duras condiciones de trabajo de determinadossectores funcionariales 25.

El sistema penal como gestor del riesgo

Qu esta permitiendo que el discruso dela resistencia sistmica c;;orjeen los operadores implicados en el sistemapenal? Porque la idea de la segu-

2a Esta nueva forma de argumentar sobre la amenaza de la droga remite, por tanto,a construcciones ideolgico-simblicas complejas, que tienen que ver con las contradic-ciones que se producen cuando la exigencia de hiperproteccin externalizada que rcalizanlos individuos se enfrenla con la sensacin de debilidad que desprenden algunas de las ins-tituciones que deben protegerlos.

t De esta manera se eludcn los problemas sociopolticos de fondo que plantea tantoel discurso antiprohibicionista como, en otro sentido, la crltica al desmantelamiento delEstado benefactor. Cor ello los debates pblicos e institucionales quedan desorientados,pues nicamnte se cuestiona qu se debe hacer con una poblacin definida como grupode riesgo para reducir su impacto en el sistema social, o en alguno de sus subsistemas,desde la opcin poltica p.revia de reducir el gasto social no productivo. Pero es que ade-ms se consigue que aparezcan como enfrcntados los intereses de determindos colecti-vos (, rncionarios, usuarios no conflicvos de los servicios institu-cionales, etc.). En suma, esta reorientacin discursiva tiene la rara habilidad de convcrtiruna cuestin polftica que afecta a la estructura misma de nuestra convivencia en un pro-blema de canictcr tecnocrtico.

310 3 l r

Jos LUTS DoMNGUEZ, BLAI GUARNE Y M.. DOLORS VALLS

ridad intemade la instinrcinpenitenciaria se ha convertido, enel caso anali-zado, enrm escollo para el desarrollo de unapolltica que cuerita con un arplioapqo entne los sectores especializados en dnogodependecias? Para rcspon-der a estas cuestiones nos parece necesario relacionar las cuestiones indi-cadas anteriormentc con dos temas especficos: el papel que hoy se asig-na al sistema pe,nal y el discurso imperante sobre la seguridad en nuesfros das.

Con relacin al primero de estos temas, y siguiendo a U. Becf(1993, 22), podramos sostener que mediante la lucha contra el delito,-entendido como rn riesgo social concreto 26, el sistema poltico intentadevolvernos la esperanza en el funcionamiento del viejo esquema delcontrato social aplicado ahora al Estado social en crisis.

Cmo lleva a cabo el sistema penal esta operacin de restauracinde la confianza de los ciudadanos? En nuestra opinin la simple imagende un sistema penal tosco, inmovilista e hipertrofiado -que controlam.s y de forma mis dura- no da cuenta de los cambios de carcter cua-littivo que le afectan y, por ello, carece de capacidad interpretativa2T.Por el conario, las investigaciones empricas existentes manifiestan laemergencia de dos tendencias adapativas que perfilan un panorama muydiverso al propio de la tradicin decimonnica.

A nuestros efectos interesa destacar la primera de estas tendencias.sta responde a la cuestin de cmo puede afrontar el sistema penal lasdemandas de seguridad en una situacin sistmica marcada por [a ausen-cia de unos referentes de actuacin hegemnicos y por los recortes pre-supuestarios. La respuesta se encontrara en la gestin managerial de!os, definidos como, nuevos riesgos sociales (Feeley y Simon, 1995)2E.

2 Ms adelante se insistini en el concepto de riesgo social y sus especificacionesen el mbito penal.

2? Con esta afirmacin no se quiere negar la posibilidad de que en determinadoscontextos pollticos y econmicos se puedan producir episodios de hipertrofia que afecrcnde manera generalizad al sisrcma penal o a partes concretas del mismo. Lo que se aftr-ma es que en aquellos Estados dondc la idea politica de bienestar ha tenido una realiza-cin ms o menos cfectiva dichos episodios no exprcsan correctamente sus reglas socia-les de funcionamiento y lo acaban ubicando en una posicin dbil.

2t La segunda reaccin del sisrcma penal nte la crisis ha consistido en dotarse demecanismos de flexibilidad que se ponen en marcha cuando la informacin sobre el deli-to es inroducida en el mundo procesal. Fcnmenos como la discrecionalidad en el ejerci-cio pblico de la accin penal o la presenci4 cada vcz ms imporante, de formas de nego'ciacin entre acusador y acusado (Ferrari, 1989, 150-155) cuestionn la imagensimplificada del sistcma penal como rm poder estatal monolitico que intenta dirigir losprocesos sociales desde la imposicin a la poblacin de concretos imperativos ticos. Estos

tFiliii! :.! i 'i

i::: : ,'l '

::i,;

RESISTENCIA,S Y COMRADICCIONES ...

En tos ltimos decenios hemos asistido a la inhoduccin de una ideade riesgo objetivada en el mbito de las polticas penales: el desarrollodel conjunto de tcnicas de investigacin social aplicadas al mbito penalha permitido calcular la probabilidad de que un riesgo de tipo delictivoacaezca, establecer el perfil del portador de ese riesgo, determinar el daoque puede producir y establecer medidas preventivas para evitarlo.

Esta capacidad de objetivar los riesgos ha conducido a un esfuerzocuantificador, de tal manera que en el derecho penal y en la criminolo-ga comienza a extenderse un lenguaje actuarial basado en el clculo deprobabilidades y en las distribuciones estadsticas. Dicho lenguaje, quelentamente va reemplazando al basado en el diagnstico clnico y en eljuicio retributivq no hace sino expresar una orientacin de las estrate-gias penales hacia la identificacin de determinadas categoras y seg-mentos de la poblacin (segmentos de riesgo), aquellos que segn lastcnicas de anlisis criminolgico focalizan los miedos de la poblacino son los actores fundamentales de los actos delictivos.

A partir de este esquema de anlisis y tratamiento de la informacindelictiva, las instituciones han aprendido a desarrollar estrategias queconsisten ms en gestionar los riesgos detectados, demostrando que algose est haciendo para evitarlos, que en trabajar sobre las causas a las quese deben.

En este ltimo sentido se observa como los objetivos de las polti-cas de seguridad (sean asistencialistas o penales) son renovadamente sis-tmicos. La rehabilitacin del delincuente o el control del delito handejado paso a la necesidad de identificar y manejar a los grupos msdificiles de controlar -aqullos que van quedando en los mrgenes delsistema social- a travs de una correcta coordinacin sistmica.

Pero es que adems en esta lgica se impone el mantenimiento o laoptimizacin de los indicadores del funcionamiento interno de las ins-tancias penales (por ejemplo, la reduccin de los casos en espera de sen-tencia, la rapidez en la atencin a la vctima del delito,.el manteni-mientos de los factores que favorecen la en elfuncionamiento cotiiano de las instituciones cerradas, etc.) y se rela-tiviza la obtencin de objetivos sociales externos (por ejemplo, la jus-

fenmenos generan en los actoresjurldicos implicados pnicticas cada vcz ms cercanas ala valoracin y autonegulacin de los intereses enjuego, intereses que pueden afectar tantoal concreto caio que sea objeto de anlisis en el proceso penal como a los diversos sub-sistemas a los que ese caso y ese proceso afectan.

3t2 313

JoSE LUIS DoMiNGUEz, BLA GUARN Y M.. DOLORS VALLS

ticia social, la reinsercin del delincuente, etc.)2e. De hecho, esos indi-cadores de funcionamiento interno se han convertido en uno de los fac-tores ms relevantes para la gestin poltica de la crisis de las institu-cionales penales ro.

Cuando los funcionarios de prisiones se oponen a los programasde intercambio de jeringas por razones de segurida{ estn manifes-tando en realidad que dichos programas -dirigidos a un especficogrupo de riesgo: el interno consumidor de herona- pueden alterar unpacto institucional implcito que permite el mantenimiento de un cier-to equilibrio, siempre frgil, en el funcionamiento cotidiano de la ins-titucin penitenc.iaria 3. Es decir, subrayan que estos programas, alamenazar su seguridad, se convierten en factores de conflictividadinterna que no son asumibles sistmicamente aunque sean racionalesdesde la perspectiva de la disminucin de riesgos para los internos dro-godependientes.

La idea de seguridad en la sociedad del riesgo

Hasta el momento.hemos visto como la lgica managenal presen-te en las instituciones penales, al sobrevalorar una cierta manera deentender los indicadores de funcionamiento interno, permite que se gene-re un enfrentamiento entre los intereses de una corporacin (en este caso,tos funcionarios que aplican el rgimen interno en las instituciones peni-tenciarias) y los intereses de los

ft$fi$li,I I

. I i' i l t

eit,l?,l:,

3iiit jt !:::Iiti.l1.:iitii,!rii: ti i ':,iii i l

iir iiitif:lr

1[itjIi$

RESISTENCIAS Y CONTRADTCCIONES ...

en oda su amplitud debemos ponerlo en relacin, en segundo lugar, condinmicas ms generales que afectan de manera clara a la idea de segu-ridad del sistema social12.

Una de las consecuencias de lacrisis del Estado de bienesta ha con-sistido en dejar al descubierto que la nocin de riesgo soial en los tiem-pos postmodernos no consiste en algo puramene externo o desconoci-do sino que tambin debe ser conectada con las consecuencias perversasy con las incapacidades del propio funcionamiento del sistema social yde sus subsistemas. Los riesgos sociales quedan, de esta manera" amplia-dos, reubicados y redefinidos. Esta cuestin ha sido remarcada por lateora sociolgica contempornea, que ha creado la categora de socie-dad del riesgo para describirla 33.

Ahora bien, desde.el punto de vista de la legitimacin estatal no esposible reconocer la existencia de unos riesgos descontrolado,s en susconsecuencias (es decir, frente a los cuales no existen zonas de protec-cin ni mecanismos de diferenciacin social) que son generados desdeciertos niveles de racionalidad del sistema social; reconocerla supondratener que aceptar el colapso tanto de las racionalidades cientfico-tcni-ca y jurdica como de las garantas de seguridad poltico-institucionales(Beck, 1993,27), y se es un precio que dificilmente se puede pagar. Porello la nocin de riesgo social ha sido reinterpretada teniendo en cuen-ta las necesidades de adaptacin (para su supervivencia) del sistemasocial. Cmo se lleva a cabo esta reinterpretacin?

Por una parte, la nocin de riesgo social se aplica institucionalmen-te sobre situaciones que son definidas como de riesgo social difuso. Sehabla en este caso de riesgos de causalidad ambigua, con vctima difu-sa (o simplemente lejana para un sujeto que pueda ubicarse, cmoda-

32 Sobre la idca de seguridad desde una perspectiva sistmica ver Domnguez y Vir-gili (2000).

I Resalta, en esta lnea, el esfucrzo realizado por U. Beck (1993, 1996 y 1998).Segn ste autor la nocinde riesgo social en nuesho tiempo ya no hace referencia a cual-quier tipo de drama o peligro sino que apunta directamente a las consccuencias dc deci-siones de carcter industrial o tenico-econmico tomadas tras las pertinentes pondera-ciones de beneficios apropiables. En otros trminos, cn la ctualidad puede observarsecomo ciertos riesgos sociales se derivan fundamentalmente de decisiones conscientestomadas desde instancias pblicas y/o privadas (dc la cadena de decisiones previa, porponer dos ejemplos diversos, al desastre producido en una central atmica o al dcsman-telamiento de todo un sector productivo que genera el empobrecimiento de una determi-nada regin).

3t4 3 1 5

Jos LUIS DoMINGUEZ, BLAI GUARNE Y M.. DoLoRs vALLs

mente, en la posicin de espectador), de responsabilidad diluida e nti-mamente conectados con decisiones polticas y econmicas 34.

Por otra parte, se aplica sobre situaciones que son definidas comode riesgo social concrero. Aqu podemos encontrarnos ante riesgos decausalidad establecida, con vctima concreta, responsabilidad determi-nada y conectados a las acciones (a veces presentadas como irraciona-les) de determinados sujetos o colectivos p ortadores de riesgo. Estosriesgos ponen en marcha respuestas de tipo penal y/o asistencialista.

Es necesario destacar que estos dos tipos de riesgos no son tratadosde manera homognea por las estructuras comunicativas previstas en elsistema social. Ante todo, estas estructuras tienden areforzar en el ima-ginario social la gravedad de la incidencia y la inmediatez de los riesgossociales concretos, relativizando, en consecuencia, la preocupacin socialpor los riesgos difusos 35.

Lo anterior explicara la funcionalidad sistmica de una nocin deriesgo social reducida al mbito de lo concreto. Por de pronto, devuelvela idea de peligro a una esfera individual y, con frecuencia, ajena al fun-cionamiento normal del sistema social; en segundo lugar, influye en lacapacidad cognoscitiva individual y colectiva, estructurando la inter-pretacin que la poblacin realiza de los fenmenos que se dan en [a rea-lidad sobre la base de un esquema

i l!!,i{1,

RESISTENCIAS Y CONTRADICCIONES ...

BibliograJa

A.C.A.S.C. (1997): Progruma de Prevencin en VI.H.-Sida con Voluntariado enel C.PH.B. la Modelo. Memoria 1996, Barcelona: Docqmeno no publicado.

BEcK, U. (1993): . Revista de Occi-dente l5O..1940.

BERGER, P L. y LucruANN, T. (198): La Construccin Social de la Realidad,Madrid: Amorrortu-Murgua.

Comisin de Drogas del Ilushe Colegio de Abogados de Barcelona (1997) Infor-me sobrc les limitacions legals quant a la posada en mama d'un prcgmmad'intercaui de xeringues a les presons catalanes, Barcelona, Documentono publicado.

Direccin General de Instituciones Penitenciarias (1999): Memoria 1998: Pro-gramas de intemencin con drogodependientes en cent os penitenciarios,Madrid: Ministerio del Interior.

DotrlNcuez, J. L. (1998): ,.en laProblemtica de las Drogas. Mitos y Realidades, compilado por R. Tovar.Bogot: Universidad Externado de Colombia/Proyecto Enlace-Ministeriode Comunicaciones, 45-64.

DoMINcuEz, J. L., GoNDRA, B.J.y VALLs, M.'D. (2000): , enDrogas. Cambios Sociales y Legales ante el Tbrcer Mleni4 coordinado porX. Arana, I. Markez y A. Vega, Madrid: Dykinson.

DoMlNcuEz, J. L. y VrRcILt, X. (2000): . Revista Catalana de Seguretat Pblica 6/7:2ll-245.

DoucLAS, M. & WLDAVSKv, A. (1982): Risk and Culture: An Essay on theSelection of Technological and Environmental Dangers, Berkeley: Univer-sity of California Press.

GnluELLn, J. (1991): >. Claves de RaznPrctica I 8: 72-80.

FEELEY, M. y SIMoN, J. (1995): >. Delito y Socie-dad 6/7:33-58. t

FERRAzu, V (1989): Funciones del Derecho, Madrid: Debate.MARKEZ, L; Po, M.; ETxEcorEtt, R. (2000): en Drcgas.Cambios sociales y legales ante el tercer milenb coordinado por X. Arana,I. Mrquez y A. Vega, Madrid: Dykinson.

O'CoNNoR, J. (1981): La Crisis Fiscal del Estado, Barcelona: Edicions 6UEdi-ciones Pennsula.

,gE;t::

3 t6 3t7

Jos LU$ DoMiNGUEz, BLAI CUARN Y M." DoLoRs vALLs

O'Hnns, P. A.; NewcouBE, R.; MArrHEws, A.; BuNrNc, E. C.; Dnucrn, E.( I 995): La reduccin de los daos relacionados con las drogas, Barcelona:Grup lgia.

SANcHEZ, J. (1996): , Prcyecto: revista trimestml de la Asociacin Proyecto Hombre (31):14- I 7. Proyecto Hombre.

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en,is;;;;;ur*rc,n , la informacin ni transmitir alguna parte de estai"-iiil,*ru"."*iquiera que sea et medio empleado -electrnico, mecnico,Jtipr", u;iin, .ic,-, sin el permiso previo de los titulares de losderechs dJla propiedad intelectual,

@ Copyright by:IISJXabier AranaDouglas HusakSebastian ScheererMadrid,2003

Editorial DYKINSON, S, L.Melndez Valds. 6l - 28015 MadridTels. (+34) 915 44 28 46 - (+34) 915 44 28 69E-mail: info@dykinson.comhttp://wwwdykinson.es !htp ://wwwdykinson.com

I.S.B.N. :'84-977 2-19 | -8Depsito Legal: M. 41.23-2003

Preimpres in e impres in :SAFEKAT S. L.Belmonte de Tajo, 55 - 3." A - 28019 Madrid

A Alessandro Baratta

El son en realidadlos