La inseguridad vial se considera un problema universal, por eso, más que una epidemia es una pandemia que amenaza la estabilidad económica global, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos en el aspecto emocional, que hasta en cierto modo vulnera la gobernabilidad

Reconocida esta crisis de la seguridad vial planetaria por los países parte de Naciones Unidas como un verdadero desafío, planteada la posible solución para frenar y luego disminuir los efectos de las tragedias viales con el Plan de Acción Mundial, no queda otra cosa que crear conciencia en los sectores de poder político, empresarial y religioso.

América Latina con las islas del Caribe esta compelida a entrar a ese proceso de concienciación. Primero, porque siendo una región de naciones de ingresos medios en su mayoría, presenta indicadores de siniestralidad viaria en franco crecimiento que pueden calificarse como catastróficos.

Segundo, el impacto económico negativo que deja cerca de 104 mil fallecidos y casi 1.3 millones de heridos al año en la zona latinoamericana, de estos últimos, un gran porcentaje con traumas de por vida, obliga a que los gobiernos orienten sus miradas a adoptar un nuevo modelo en sus políticas de seguridad vial.

Los 590 millones de habitantes que conforman el conglomerado latinoamericano demandan una revisión del paradigma actual que se implementa.

Costa Rica hasta hace poco se encaminaba hacia un liderazgo en el tema quedando en rezago de acuerdo a los informes después de la partida del Presidente Oscar Arias Sánchez. En los últimos tiempos hasta se ha sugerido la desaparición del Consejo rector de la seguridad vial-COSEVI.

En México, los avances se aprecian lentamente, sin embargo, la rectoría autónoma del tema es la oportunidad de un reclamo a viva voz para poder avanzar.

Cuba por lo pronto, se ha visto obligada a una reciente revisión luego de la aplicación de la última reforma de la ley en la que ha

tenido que intervenir ante el Parlamento su Presidente Castro con el objetivo de hacerla más efectiva.

Jamaica en cambio, las estadísticas ha demostrado un comportamiento en franco descenso con la atención en proyectos bajo la orientación y financiamiento de bancos multilaterales.

Nuestro país, la República Dominicana, exhibe lamentablemente indicadores de siniestralidad entre los más trágicos del planeta, que por razones del documento que distribuimos no vamos a referirnos, porque en él se analiza todo lo concerniente al tema de la seguridad vial.

Uruguay se perfila entre los países de avanzada, mientras que Chile afianza su tradición por mejorar los indicadores manteniendo una tasa en la franja de banda media.

Colombia pudiera ser un ejemplo para nuestros países, vigila celosamente las actuaciones. Se descubren los entuertos y se toman las medidas pertinentes y necesarias para continuar. Esto se debe a un factor clave que se llama Estrategia de Desarrollo Nacional, a la que está integrada el tema en cuestión.

No fue casual la intervención de la Contraloría General de la República Colombiana hace poco. Detectó a tiempo las anomalías publicando 19 informes al respecto y se crearon nuevas condiciones para continuar tratando de diezmar la siniestralidad en la circulación con renovadas iniciativas legislativas.

El gobierno colombiano entendió a principio de este año que no basta una nueva institución sino también recursos para sostener los planes y la estructura organizacional. También está en proceso de readecuación allí, el observatorio de datos sin el cual no pueden aplicar eficientemente las medidas y los programas.

Argentina se enfrenta exitosamente al status de los municipios ganando terreno en la lucha por unificar sus provincias para erradicar las muertes por siniestros viales. La República Argentina impulsa cuatro puntos fundamentales: 1.- La seguridad como un tema político y por tanto de ESTADO; 2.- Cree en la institucionalización de un órgano oficial con financiamiento; 3.- Cree en el fortalecimiento de un observatorio de datos transparente y fiable 4.- Y, cree en el desarrollo de un plan de seguridad vial sostenido y sustentable.

Los organismos internacionales deben fomentar la aplicación de políticas nacionales de gastos públicos en seguridad vial, para que ésta sea sostenible y sustentable.

España, aunque no es objeto de analizar, tenemos que mencionarla porque nos enseñó cuáles son las claves del éxito en seguridad vial: en todo lo antes nombrado referido a Argentina, pero basado en un sistema de gestión interinstitucional eficiente; en un sistema de autoridad reestructurado a los fines de asimilar los cambios y en preservar leyes integrales flexibles a reformas continuas acorde con los tiempos. Por lo que en nuestra Madre Patria, se han producido 17 reformas de la ley de seguridad vial del 1990 a la fecha.

Esto último, tiene una explicación a la que obviamente debemos dedicar un espacio para la reflexión y la meditación que permitan tomar decisiones contundentes y firmes. Al basarnos en dos aspecto: que la justicia debe ser dinámica y que debe ser sujeta a constante revisión conforme evoluciona la sociedad.

Esto es así, la sociedad se somete a continuas transformaciones.

Si Naciones Unidas recomienda la implementación de los pilares del Plan de Acción Mundial, entendemos que solo podría ser efectivo si

estos se aplican simultáneamente, enfocándose en cada uno de los factores de riesgo y de atención a las víctimas.

No es un desface retomar la visión de William Haddon y agregarle otros nuevos factores de riesgo predominantes al sistema, como los son el medio ambiente propiamente dicho por los cambios climáticos a que está sometido el planeta; además del sistema de autoridad que manifiesta una profunda crisis. Así como, en el orden académico, enseñar ergonomía como una disciplina vinculada íntimamente al desarrollo de la seguridad vial.

En otro orden, una vez teniendo la estructura orgánica y judicial en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no tienen la mayoría de nuestros pueblos, será cuando nuestros países de la región cumplirán con el Plan de Naciones Unidas, por lo que representaría un verdadero reto su implantación para los Estados.

La tendencia general en Latinoamérica es el crecimiento de las víctimas cada año por los siniestros viales. Cambiar este escenario no quiere decir que tengamos que esperar ser un país rico. Solo se requiere cambiar la mentalidad de los políticos primero, y la de los ciudadanos, después. Y este es otro reto.

Los tiempos no son los mismos, ya lo hemos dicho. Implementar políticas hoy día cuyo eje temático sea la competitividad sin incorporar la seguridad vial es un error. Asimismo lo es pretender ignorar que la seguridad vial es un factor que impide avanzar en la lucha contra la pobreza, hasta de ser parte de los programas gubernamentales de ahorro de energía y combustible, también de la seguridad ciudadana, fortalecimiento de las políticas de desarrollo de la juventud y de la mujer. Promover la integración con nuevas políticas del transporte transfronterizo, tendrá que replantearse nuevas políticas de seguridad vial, como lo ha hecho Europa.

Si no se incluye el tema de la seguridad vial a partir del 2015 en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la erradicación de la pobreza será una utopía, porque el uso aberrante de las tecnologías durante la conducción está enpobreciendo cada vez más a las familias y a los gobiernos. Aunque paradógicamente, es con el uso de las nuevas tecnologías que se combate la inseguridad en la circulación incorporada a la aplicación de las debidas regulaciones.

La seguridad vial será por siempre un eje transversal básico en los temas sociales fundamentales, contenidos en los programas de gobierno, por demás. Con la condición de que debe ser sostenible y sustentable. Entender esta parte, significa otro desafío para los gobiernos.

Está en los Congresos de todos los niveles, incluyendo el IV CISEV que hoy culmina en esta ciudad de Cancún, la responsabilidad de llevar la preocupación y los resultados de sus discusiones a los diversos sectores de poder creando los mecanismos considerados viables y oportunos a lo largo no solo de toda América Latina y el Caribe, sino en toda Ibero-América.

Somos de convicción desde FundaReD, que Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, los organismos multilaterales de financiamiento, el Mercosur, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Secretaria General Iberoamericana (SEGIB) y otros organismos deliberantes multilaterales y religiosos que inciden de alguna manera en el desarrollo humano de América Latina, deben afianzar su compromiso moral y enfrentar la problemática de la inseguridad vial en los países de bajos y medianos ingresos para que los indicadores de siniestralidad viaria se precipiten hasta alcanzar estabilizarlos en la banda líder o de bajo riesgo, integrando y promoviendo seriamente las políticas en materia de seguridad vial en los temas climáticos, de educación, de salud, de seguridad pública, de la tecnología y la comunicación; en el tema de erradicación de la pobreza; incluso, fomentar la aplicación de políticas nacionales de gastos públicos en seguridad vial, para que ésta sea sostenible y sustentable.

IV  CONGRESO  IBERO-­‐AMERICANO  DE  SEGURIDAD  VIAL  (CISEV)  Cancún  (México),  30  de  septiembre  a  2  de  octubre  de  2014  

 

DECLARACIÓN  DE  CANCÚN    

Motivados  por  un  profundo  compromiso  para  mejorar  la  seguridad  vial  en  la  región  de  América  Latina,   el   Caribe,   España  y  Portugal,   a   la  mitad  del   camino   iniciado   con   el  lanzamiento  del  Decenio  de  Acción  por  la  Seguridad  Vial  en  el  año  2010  y  en  el  afán  de  contar  con  un  espacio  para  el  intercambio  de  experiencias  y  buenas  prácticas,  así  como  de   favorecer   una   reflexión   sobre   los   obstáculos   y   retos   inmediatos   a   vencer   para  avanzar   en   el   cumplimiento   de   la  meta   de   reducción   de   víctimas   de   accidentes   en   un  50%  en  2020.  

Aun  Reconociendo  que  se  han  producido  avances  en  materia  de  seguridad  vial  en  la  Región  desde  el  III  Congreso  Ibero-­‐Americano  de  Seguridad  Vial  celebrado  en  Bogotá  en  2012  en  diversos  ámbitos,  destacando  una  mayor  sensibilidad  social  y  política  ante  esta  realidad  y  la  inclusión  de  la  seguridad  vial  en  las  políticas  gubernamentales;  

Entendemos   que   los  cambios  y  mejoras  acometidos  no  son  suficientes  para  hacer  frente   a   los   ambiciosos   retos   establecidos   y,   a   tenor   de   las   cifras   de   siniestralidad  actuales,   los   niveles   de   seguridad   vial   no   alcanzan   los   estándares   deseables   para   la  mitad   del   Decenio   y   se   puede   predecir   un   fracaso   por   contener   la   epidemia   que  representan  los  fallecidos,   lesionados  y  discapacitados  como  consecuencia  del  tránsito;  los  esfuerzos,  por  tanto,  deben  incrementarse  de  manera  significativa  y  sostenible  en  el  tiempo;  

Por   todo   ello,  Reclamamos   un   nuevo   impulso   al   tratamiento   de   la   seguridad   vial,  con   el   objetivo   de   promover   un   cambio   de   ritmo   que   permita   alcanzar   las   metas  establecidas;  cambio  de  ritmo  que  pasa  por  una  implicación  política,  labor  de  liderazgo  y  coordinación,   asignación   de   recursos   humanos   y   económicos,   redefinición   de  prioridades     y   recopilación,   difusión   y   aplicación   de   buenas   prácticas   en   materia   de  seguridad  vial.    

Para  ello,  como  aporte  estratégico  de  la  Declaración  de  Cancún,  definimos  la  siguiente  

 

HOJA  DE  RUTA  

Consideramos  INAPLAZABLE:  

ü La  declaración  de  la  seguridad  vial  como  una  política  de  Estado.    

ü La   promulgación   de   una   Ley   que   permita   la   institucionalización   real   de   la  seguridad  vial  en  los  países  que  no  la  tengan,  estableciendo  entes  responsables,  programas   de   acción,   recursos   humanos,   prioridades,   objetivos   definidos   y  presupuestos.  

ü La   creación   de   una   Agencia   u   organismo   líder   similar   que   regule   la   seguridad  vial  en  los  países,  con  recursos,  competencias  suficientes,  capacidad  de  actuación  y  respaldo  político  al  más  alto  nivel.    

ü La  creación  y  el   fortalecimiento  de   los  sistemas  de   información  de  movilidad  y  seguridad   vial,   como   indispensables   para   la   toma   de   decisiones,   con   acceso  público.    

ü La   incorporación   de   las   asociaciones   de   víctimas,   organizaciones   civiles   y   los  medios   de   comunicación   en   las   políticas   de   seguridad   vial,   como   canal  fundamental   para   llegar   a   toda   la   ciudadanía,   consiguiendo   la   máxima  implicación  de  la  sociedad.  

ü El   posicionamiento   de   la   seguridad   vial   en   el   centro   de   las   políticas   de  planificación,   diseño,   construcción,   conservación  y   gestión  de   carreteras   y   vías  urbanas.  

Asumimos  como  URGENTE:  

ü Establecer  los  mecanismos  que  conduzcan  a  la  profesionalización  de  una  policía  especializada   en  materia   de   tránsito   dotada   de   la   tecnología   adecuada   para   el  desempeño  de  su  labor  de  vigilancia  y  control.  

ü Diseñar  un  procedimiento   sancionador   adecuado  que  asegure   el   cumplimiento  de  las  normas  mediante  la  ejecución  efectiva  de  las  sanciones.    

ü Promover,   desde   la   planificación,   políticas   para   garantizar   la  movilidad   segura  de   todos   los   usuarios,   en   particular   de   los   más   vulnerables,   entre   los   que  destacan  los  peatones  y  los  ciclistas.    

ü Adoptar   la   norma   de     vehículos   seguros   de   Naciones   Unidas,   para   permitir  mejorar  la  seguridad  vehicular,  involucrando  a  los  fabricantes  en  el  compromiso  del  máximo  nivel   de   seguridad  para   todas   las   unidades   de   la  Región,   como   en  otras  partes  del  mundo.      

ü Aplicar   una   política   integral   de   movilidad   segura   para   las   motocicletas,  considerando  el  creciente  problema  que  supone  su  uso  incontrolado.    

ü Implantar  sistemas  seguros  de  transporte  público.  

ü Abordar   el   problema   de   la   adecuación   de   la   velocidad   en   las   vías   urbanas   e  interurbanas,  estableciendo  límites  adecuados  a  las  características  y  usos  de  las  vías,  así  como  a  la  composición  del  tránsito,  y  estableciendo  procedimientos  de  control  sistemático,  preferiblemente  con  medios  tecnológicos.    

ü Controlar   de   manera   efectiva   el   consumo   de   alcohol   y   drogas   asociado   a   la  conducción,   generando   marcos   reguladores,   procedimientos   de   control   y  sanción   y   políticas   de   educación   y   concienciación   social,   que   se   hayan  demostrado  exitosas.    

ü Aspirar  a  ratios  del  100%  en  el  uso  del  casco  y  del  cinturón  de  seguridad  entre  los   usuarios,   para   lo   que   es   necesario   establecer   marcos   normativos,   asignar  medios  de  control  y  difundir  información  y  concienciación  a  los  ciudadanos.    

ü Adoptar   y   aplicar   normativas   para   la   generalización   de   los   Sistemas   de  Retención  Infantil  en  la  región.  

ü Promover   la   transferencia   de   conocimiento   y   buenas   prácticas   basadas   en  evidencias   científicas   entre   los   países   de   la   comunidad   de   América   Latina,   el  Caribe,  España  y  Portugal,  con  el  CISEV  junto  con  otras  iniciativas,  como  máximo  exponente  de  colaboración  internacional.  

ü Regular  la  obtención  de  los  permisos  de  conducir,  garantizando  una  formación  y  evaluación   adecuadas   y   su   expedición   por   parte   de   una   única   entidad   o   de  acuerdo  a  criterios  y  procedimientos  homogéneos.    

ü Implementar   programas   de   formación   adecuados   a   cada   nivel   de  responsabilidad   de   los   distintos   actores   de   la   seguridad   vial,   para   la   adecuada  preparación  de  funcionarios  públicos  y  privados.    

ü Reforzar   el   Programa   Mesoamericano   de   Seguridad   Vial,   como   ejemplo   de   la  generación   de   fuertes   alianzas   multisectoriales   para   la   seguridad   vial,  reconociendo  el  alto  potencial  para  desarrollar  nuevos  enfoques  que  maximizan  el  esfuerzo  de  colaboración.  

 Acordamos   esta   hoja   de   ruta   los   responsables   gubernamentales,   asociaciones   de  carreteras   de   la   Región,   representantes   de   organismos   multilaterales,   la   academia,  asociaciones   de   víctimas,   organizaciones   civiles,   empresas   privadas,   expertos  internacionales,   ponentes   y   profesionales   comprometidos   con   la   seguridad   vial   de   23  países,  reunidos  en  el  IV  Congreso  Ibero-­‐Americano  de  Seguridad  Vial  (CISEV),  al  tiempo  que  invitamos  a  otros  implicados  y,  de  manera  muy  significativa,  a  los  responsables  de  la  toma   de   decisiones   en   los   países,   a   asumir   este  manifiesto   como   propio,   permitiendo  que  sirva  de  guía  en  los  próximos  años  para  conseguir  el  necesario  cambio  de  ritmo  con  vistas  a  lograr  las  metas  del  Decenio.    

 

 

En  Cancún  (México),  a  2  de  octubre  de  2014