reincidencia de los excombatientes

8/12/2019 Reincidencia de Los Excombatientes

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Retorno a la legalidad o reincidenciade excombatientes en Colombia: Dimensin del fenmeno y factoresde riesgo

Junio de 2014


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Fundacin Ideas para la paz

Bogot, junio de 2014 Serie Informes No. 22

Retorno a la legalidado reincidencia deexcombatientes en Colombia:Dimensin del fenmeno y

factores de riesgo

Con el auspicio del:Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia

Y el apoyo de la:Misin de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA


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Retorno a la legalidad o reincidenciade excombatientes en Colombia: Dimensin del fenmeno y factores de riesgo

Contenido

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19

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242426

282829293031

343538

Agradecimientos

1. Resumen ejecutivo2. Metodologa3. Medir la reincidencia4. Explicar la reincidencia5. Recomendaciones de poltica pblica 5.1. Recomendaciones para el proceso de

reintegracin 5.2. Recomendaciones generales

INFORME FINALIntroduccinCaptulo I. Contexto1. Antecedentes del desarme, desmovilizacin y reintegracin (DDR) de excombatientes enColombia2. La desmovilizacin individual: unaestrategia entre la guerra y la paz3. El DDR con los paramilitares: de lanegociacin poltica al sometimiento a la justicia 3.1. La reintegracin de los paramilitares y la

reforma del programa nacional dereintegracin

Captulo II. Aspectos metodolgicos y retos dela investigacin1. Naturaleza compleja de la reincidencia2. Una muestra representativa3. La encuesta

Captulo III. Medir la reincidencia1. ndices de reincidencia y otras medidas 1.1. Medida binaria 1.2. Los ndices

1.3. Experimentos de lista 1.4. Estimacin del tamao de las redes

(network scale-up )2. Reincidencia por grupo y por regin3. ResumenCaptulo IV. Explicar la reincidencia

1. Marco conceptual: factores de riesgo de la

reincidencia2. Metodologa3. Factores explicativos antes de lareintegracin 3.1. Experiencias previas al ingreso al grupo

armado ilegal 3.2. Experiencias dentro del grupo armado ilegal

o experiencia en el con icto

3.3. Experiencias en la desmovilizacin4. Factores explicativos durante lareintegracin 4.1. Las intervenciones hipotticas 4.2. Los bene cios del programa de

reintegracin 4.3. Bienestar econmico 4.4. Reintegracin poltica, social y comunitaria 4.5. Factores sicolgicos 4.6. Factores de seguridad 4.7. Redes sociales de excombatientes5. Clasi cacin de las intervencioneshipotticas6. Controles7. Factores que explican una reintegracin

exitosa

Captulo V. Conclusiones y recomendaciones1. Conclusiones2. Recomendaciones de poltica pblica 2.1. Recomendaciones para el proceso de

reintegracin 2.2. Recomendaciones generales

Bibliografa

ANEXOSAnexo 1. La estrategia de muestreoAnexo 2. Lista de variablesAnexo 3. Tablas y guras adicionalesAnexo 4. Tablas de correlacionesAnexo 5. Parte 1Anexo 5. Parte 2

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4343

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4 www.ideaspaz.org/publicaciones

Resumen ejecutivo


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Retorno a la legalidad o reincidencia de excombatientes en Colombia: Dimensin del fenmeno y factores de riesgo junio de 2014 5

Agradecimientos

Agradecemos a los desmovilizados que voluntaria ygenerosamente respondieron la encuesta, que fue el ins-trumento principal de esta investigacin. De igual forma,agradecemos a todas las instituciones del Estado que apo-yaron este estudio abriendo sus puertas a los investigado-res y aportando informacin. Quisiramos expresar nuestragratitud a la Agencia Colombiana para la Reintegracin(ACR), cuyos funcionarios estuvieron permanentementedispuestos a colaborarnos para acceder a la poblacin des-movilizada y a la informacin clave para el estudio. Igual-mente, aportaron con su conocimiento y experiencia en lasdiscusiones sobre los hallazgos del estudio.

Tambin agradecemos el invaluable aporte de los fun-cionarios de la MAPPOEA, que apoyaron este estudio des-de sus inicios en el diseo metodolgico, durante el trabajoen terreno y en la posterior discusin de resultados.

Adicionalmente, queremos resaltar y agradecer el tra-bajo hecho por Sistemas Especializados de Informacin(SEI), rma encuestadora que aport en el diseo de la en-cuesta y que llev a cabo de manera impecable el trabajode campo correspondiente.

Finalmente, estamos especialmente agradecidos por elapoyo del gobierno de Suecia, y en particular de su Emba- jada en Colombia, que don los recursos para realizar estainvestigacin.

1. Resumen ejecutivoUna de las problemticas ms delicadas que han expe-

rimentado las sociedades en las que se han vivido procesosde desmovilizacin, desarme y reintegracin es el reingresode los excombatientes a diversas estructuras criminales yal ejercicio de la violencia. En el caso colombiano, este fe-nmeno, que no solo ha redundado en problemas de segu-ridad a nivel regional, sino que ha generado debates sobreel programa de reintegracin del Gobierno, no ha podidoser abordado cuidadosamente por la precariedad de la in-formacin y el escaso conocimiento sobre la materia.

Si bien las cifras o ciales muestran un esfuerzo sis-temtico por conocer las dinmicas de la poblacin des-movilizada, resultan insu cientes para comprender lacomplejidad del fenmeno de la reincidencia. Por un lado,es preciso reconocer que hasta el momento no se conocecon absoluta certeza (ms all de los registros o ciales) eltamao de la poblacin desmovilizada que ha retornado ala ilegalidad; por otro, es necesario sealar que tenemospoca informacin relacionada con las motivaciones que ge-neran y explican la reincidencia de los excombatientes.

En ese sentido, la pregunta sobre por qu algunos ex-combatientes retornan a la ilegalidad mientras otros sereintegran exitosamente a la vida civil es el punto de partidaen este estudio, el cual presenta una primera aproximacina la comprensin del fenmeno de la reincidencia. Los objetivos principales de este trabajo fueron la identi cacinde los factores de riesgo asociados a la reincidencia y la

determinacin del tamao y la distribucin geogr ca de lapoblacin reincidente en Colombia.Este estudio, realizado por la Fundacin Ideas para la

Paz y un equipo de investigadores de las universidades deNotre Dame, Pittsburgh y Nueva York1, y permitir un mejor uso del conocimiento adquirido para la orientacin delas polticas pblicas en materia de reintegracin de po-blacin desmovilizada. Sin duda, los resultados son muypertinentes de cara a la coyuntura actual de dilogos queposiblemente conduzcan a la desmovilizacin de un nme-ro considerable de combatientes de las FARC y el ELN.

A continuacin se resume la metodologa utilizada y sesealan los resultados de la investigacin. Finalmente, serecogen algunas recomendaciones de poltica pblica enmateria de reintegracin.

1 En el equipo dirigido por Sarah Zukerman Daly, investigadora principal, tambin participaron los investigadores Laura Paler y Cyrus Samii.


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2. Metodologa

Para cumplir con los propsitos del estudio se llev acabo una encuesta con una muestra aleatoria de ms de1.158 desmovilizados (la cual, en su diseo, incluy partici-pantes del programa de reintegracin y desmovilizados enprisin), que es representativa de toda la poblacin actual-mente desmovilizada en Colombia. Se emplearon tcnicasnovedosas y variadas para obtener informacin con abley robusta. Entre estos mtodos se encuentra la inclusinde una encuesta de autoreporte, en la que el desmoviliza-do responde a las preguntas de la encuesta sin que el en-cuestador conozca las respuestas directamente, esto conla intencin de garantizar la con abilidad y el anonimatodel desmovilizado en relacin con la informacin compro-metedora. Adems, se incluyeron preguntas hipotticas,experimentos de lista y preguntas sobre redes, que indirec-tamente indagan sobre los comportamientos reincidentes.Estos constituyen las ms recientes innovaciones metodo-lgicas para estudiar los comportamientos comprometedo-res.

3. Medir la reincidencia

Este estudio midi la reincidencia de diversas maneras,basndose tanto en los datos de la encuesta como en lasestadsticas o ciales. La primera medida que se cre fue lamedida binaria, la cual es comparable con las cifras o cia-les. En este sentido, se pudo constatar que el 76 % de la po-blacin no es reincidente, mientras el 24 % restante s lo es.

FIGURA 1 MEDIDA BINARIA

FIGURA 2 REINCIDENCIA DIRECTA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No reincidente Reincidente

76% 24%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Sin seales Medio Alto

61,9% 18,6%19,6%

Para una aproximacin ms detallada al fenmeno de lareincidencia se construyeron medidas directas e indirectas,a travs de ndices, que muestran unos resultados ms ma-tizados. El primer ndice que se cre fue el dereincidenciadirecta, que busca conocer si el desmovilizado cometi o hacometido alguno de los crmenes contemplados en el estu-dio. Con este ndice se pudo constatar que el 61,8 % de losdesmovilizados no muestran ninguna seal de reincidenciaen ninguna de las medidas directas que incluye el ndice.El 19,6 % muestran niveles medios de reincidencia, lo cual

signi ca que tienen valores positivos para algunos de loscomponentes del ndice. Finalmente, el 18,6 % muestranaltos niveles de reincidencia, puesto que contestaron demanera a rmativa varias de las medidas de reincidenciadirecta en la encuesta.

El segundo ndice que se cre fue el de laproclividada la reincidencia, que busca conocer la simpata de losdesmovilizados por comportamientos reincidentes. Paraesta medida se pudo constatar que el 38% parecen estar

rmemente en la legalidad, y un 47% del 62% de la medidadirecta de reincidencia tienen simpata a comportamientos


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FIGURA 3 VULNERABILIDAD AL RECLUTAMIENTO

FIGURA 4 NDICE COMBINADO

reincidentes. Finalmente, se cre un tercer ndice, deno-minadovulnerabilidad al reclutamiento, que tiene comopropsito conocer si el desmovilizado ha sido abordado porgrupos criminales para ser reclutado y si est tentado aaceptar tales ofertas. Mediante este ndice se constat queel 54 % de los desmovilizados no han sido abordados, queel 36 % s lo han sido y que el 10 % han sido abordados yhan estado tentados a aceptar la oferta.

que no cambian con el tiempo) como a la concentracinde factores individuales y al tipo de relaciones que los ex-combatientes tienen y que varan de regin en regin. Enese sentido, lo que se puede a rmar es que la posibilidadde reincidencia en determinadas zonas aumenta cuandoen estas con uyen factores de riesgo que, como veremos,dependen ms de la experiencia misma de la reintegracindel desmovilizado. De todas maneras, como se comproben el estudio realizado, la poblacin que se reintegra en lasregiones en las que desarroll su actividad delictiva tienems posibilidades de reincidir que la que no.

En suma, los resultados varan de acuerdo al tipo demedicin e indican una proporcin de excombatientes rein-cidentes, una proporcin de excombatientes que se ha rein-tegrado de manera exitosa a la vida civil y un grupo restanteque an es potencialmente vulnerable a la reincidencia, alreclutamiento por parte de nuevos grupos armados o a caer

en la zona gris de reincidentes potenciales pero no com-probados. Los procesos de paz y reintegracin en Colom-bia son ms exitosos de lo que plantean los crticos, peroan queda mucho trabajo por hacer. Entender los factoresde riesgo asociados a un retorno a la legalidad exitoso esla mejor manera de de nir los medios para prevenir quelos reincidentes potenciales se conviertan en reincidentescomprobados.

0%

0%

20%

20%10% 30% 50% 70% 90%

40%

40%

60%

60%

80%

80%

100%

100%

No han sido abordados Abordados pero no tentados Abordados y tentados

Reintegrados Riesgo bajo-medioRiesgo medio-alto Reincidentes

54%

42%20%

10%

24%

36%

14%

Finalmente, para sintetizar los resultados de las anterio-res medidas se construy un ndice combinado que recogelos distintos resultados. Mediante este ndice se logr esta-blecer que el 20 % de los desmovilizados estn totalmentereintegrados, puesto que no tienen ningn valor positivo enlas distintas medidas construidas; que el 42 % se encuen-tra en un riesgo bajo-medio de reincidencia, dado que tie-nen algn valor positivo en las medidas de vulnerabilidadal reclutamiento o proclividad a la reincidencia; que el 14 %est en un nivel de riesgo medio-alto, puesto que tiene unvalor positivo en la medida de reincidencia directa pero noen la binaria, y que el 24 % son desmovilizados plenamentereincidentes, dado que tienen valores positivos tanto en lamedida de reincidencia directa como en la binaria.

En cuanto a la distribucin regional de la reincidencia,el anlisis de los datos sugiere que, si bien existen varia-ciones en los resultados de cada una de las diferentesmedidas de reincidencia (directa, indirecta, vulnerabilidadal reclutamiento), esta variacin regional no se debe tan-to a los aspectos idiosincrticos del municipio (variablesno observadas o no medibles, inherentes al municipio y


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4. Explicar la reincidencia

En la segunda parte del estudio se hizo el respectivoanlisis de los factores de riesgo asociados a la reinciden-cia o a la reintegracin exitosa. Los resultados demuestranque, en general, los factores asociados con la experienciamisma de la reintegracin son predictores ms precisos dela reincidencia directa que los factores previos y los asocia-dos al periodo de pertenencia al Grupo Armado ilegal (GAI),lo cual con ere una especial importancia al trabajo de laACR. Con todo y ello, la evaluacin muestra que tambin juegan un papel importante en las distintas medidas dereincidencia, en especial en la de vulnerabilidad al recluta-miento, motivaciones como el nivel educativo, el dinero, unempleo estable, una vida cmoda u otros bene cios mate-riales; el poder, el estatus, el respeto, la venganza, el gus-to por la vida militar, la aventura u otras determinacionessicolgicas, y las malas relaciones familiares. En cuanto ala experiencia en el grupo armado ilegal, el tiempo en elgrupo, el grado de disciplina interna de la unidad a la quese perteneci y la experiencia en combate son los factores

asociados de manera positiva con la vulnerabilidad al reclu-tamiento. A continuacin, en la tabla 1 y 2 se presentan losresultados de este anlisis.

Adems de las distintas correlaciones aplicadas a losfactores de riesgo antes de la reintegracin, se realizaronintervenciones hipotticas sobre los factores de riesgo enel momento de la reintegracin, con el propsito de acer-carse a la comprensin de las relaciones causales existen-tes entre los factores de riesgo y los distintos ndices dereincidencia. En un primer momento, se determinaron inter-venciones hipotticas relevantes en trminos de poltica p-blica. Luego se estim el impacto de dichas intervencionespor medio de escenarios contrafactuales (cules seranlos niveles de reincidencia si se implementara dicha inter-vencin?). Finalmente, se llevaron a cabo comparacionesentre los resultados de tales intervenciones y los niveles dereincidencia que se observan en los datos de la encuesta.

El estudio de los factores de riesgo y de las intervencio-nes hipotticas muestra que romper las relaciones con losexcompaeros y excomandantes del grupo, disminuir la in-satisfaccin con el programa, disminuir los niveles de inse-guridad tanto reales como percibidos, disminuir los niveles

PERIODO FACTOR DE PROTECCIN/RIESGO REINCIDENCIA DIRECTA PROCLIVIDAD A LAREINCIDENCIAVULNERABILIDAD AL

RECLUTAMIENTO

ANTES DE INGRESAR ALGRUPO ARMADO ILEGAL

Ms nivel de educacin Incrementa Incrementa NES*Tuvo motivaciones materiales para ingresar a

un grupo armado ilegal NES Incrementa NES

Tuvo motivaciones sicolgicas para ingresar aun grupo armado ilegal NES Incrementa Incrementa

Tuvo dbiles relaciones familiares NES NES IncrementaFue forzado a ingresar al grupo armado ilegal NES NES IncrementaTuvo motivaciones ideolgicas para ingresar al

grupo armado ilegal NES NES Incrementa

DURANTE LAPERTENENCIA AL

GRUPO ARMADO ILEGAL

Ms exposicin a la guerra Incrementa Incrementa IncrementaMs tiempo en el grupo armado ilegal NES NES Incrementa

Perteneci a una unidad armada disciplinadadurante la guerra NES NES Incrementa

DESPUS DE LADESMOVILIZACIN

Tiene relaciones con sus excomandantes Incrementa NES IncrementaTiene una mejor reintegracin comunitaria Incrementa Incrementa NESTiene relaciones con excombatientes de su

mismo grupo Incrementa Incrementa IncrementaNo est satisfecho con el programa de

reintegracin Incrementa NES NES

Tiene mejor bienestar econmico objetivo Incrementa NES NESTiene altos niveles de inseguridad real o

percibida NES NES Incrementa

Se arrepiente de desmovilizarce NES NES IncrementaTiene traumas sicolgicos (depresin y/o estrs

postraumtico) NES NES Incrementa

*NES signi ca No es Estadsticamente Signi cativo

TABLA 1 FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS CON LAS MEDIDAS DE REINCIDENCIA


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de ciertos traumas sicolgicos (principalmente el sndromede estrs postraumtico y la depresin), garantizar la cer-cana de la familia y una alta exposicin al programa redu-cen de manera signi cativa la probabilidad de reincidenciadirecta, la proclividad a la reincidencia y la vulnerabilidad alreclutamiento. Sobre este punto es importante resaltar quela intervenciones con mayor impacto son las que incremen-tan la permanencia en el programa de reintegracin de me-

nos de tres aos a ms de tres y las que rompen relacionesverticales y horizontales entre combatientes. En efecto, talincremento reduce la probabilidad de reincidencia directa eindirecta de manera signi cativa.

Tambin es importante sealar que el estudio realizadomostr resultados contraintuitivos relacionados con fac-tores e intervenciones como la reintegracin comunitaria,el bienestar econmico y la formacin para el trabajo2. Deacuerdo con los datos recolectados, estos factores y susintervenciones hipotticas asociadas tienen impactos posi-tivos en distintas de las medidas de reincidencia. Es decir,a mayor reintegracin comunitaria, bienestar econmico yformacin para el trabajo, mayor probabilidad de reinciden-cia directa, proclividad a la reincidencia y vulnerabilidad alreclutamiento. Estos resultados, que desafan opiniones ge-

nerales sobre la materia, rati can la importancia que tieneun anlisis ms detallado de estos procesos.

Uno de los datos ms interesantes de la evaluacin con-siste en la evidencia que relaciona los bene cios aisladosdel programa con la reincidencia. A propsito de este asun-to, se debe mencionar que, a partir de los clculos realiza-dos, no se pueden inferir impactos positivos signi cativossobre la reintegracin exitosa de los bene cios considera-

dos individualmente (formacin para el trabajo, apoyo eco-nmico y atencin sicosocial). Como se constat, uno de losresultados ms signi cativos es la importancia que tiene laexposicin por periodos prolongados al programa. A conti-nuacin, en la tabla 3 presentamos las intervenciones quetuvieron algn efecto sobre una o varias de las medidas dereincidencia.

Finalmente, resulta importante mencionar que la eva-luacin realizada muestra la importancia que tienen, en losprocesos de reintegracin, los vnculos, las redes y el capi-tal social de los excombatientes. Por un lado, se debe men-cionar que a travs del uso de experimentos de lista comometodologa alternativa, se pudo constatar que la reinci-dencia se lleva a cabo principalmente como parte de ungrupo y no de manera individual. Por otro lado, estimando

TABLA 2 FACTORES DE PROTECCIN QUE TIENEN UNA CORRELACIN NEGATIVA CON LAS MEDIDAS DE REINCIDENCIA

PERIODO FACTOR DE RIESGO/PROTECCIN REINCIDENCIADIRECTAPROCLIVIDAD A LA

REINCIDENCIAVULNERABILIDAD AL

RECLUTAMIENTO

Durante la pertenenciaal grupo armado ilegal

Tuvo un alto rango en el grupo armado ilegal NES* Disminuye NESPerteneci a una unidad cohesionada en el grupo

armado ilegal NES NES Disminuye

Despus de ladesmovilizacin Esta expuesto al programa de reintegracin Disminuye Disminuye NES


TABLA 3 RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES HIPOTTICAS

ESCALAFN INTERVENCIONES REINCIDENCIADIRECTAPROCLIVIDAD A LA

REINCIDENCIAVULNERABILIDAD AL

RECLUTAMIENTO1 Tiene mnimo 3 o ms aos en el programa Disminuye Disminuye NES2 No tiene redes con excombatientes Disminuye Disminuye Disminuye3 No tiene redes con los excomandantes Disminuye Disminuye Disminuye4 Verse a menudo con su familia NES Disminuye NES5 Integrado con el Estado NES NES Disminuye6 Tiene cdula NES NES Disminuye7 Tener percepcin positiva de su seguridad NES NES Disminuye8 Bajos niveles de depresin NES NES Disminuye9 Tener un ingreso mensual promedio ($ 3.700.000) NES Disminuye NES10 Recibio formacin para el trabajo Incrementa NES NES


2 Este es uno de los bene cios que ofrece la ACR a los desmovilizados de los grupos armados ilegales.


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el tamao de las redes (network scale-up), se logr tambinconocer las regiones con mayor nivel de redes reincidentes,los cuales, de mayor a menor, son: Santander, Antioquia,Bogot, Crdoba, Meta, Norte de Santander y Sucre.

Los anteriores resultados permiten sugerir que en lareincidencia con uyen, de manera frecuente, incentivosque provienen de los nexos a los que est vinculado el ex-combatiente. En ese sentido, una de las intervenciones quetiene ms impacto es la que rompe las estructuras de lasredes de excombatientes. En efecto, el resultado obtenidoen este sentido indica que este rompimiento incide direc-tamente en la disminucin de la reincidencia. En trminosgenerales, se puede a rmar que romper las redes de ex-combatientes es signi cativo para evitar la reincidencia entodos sus ndices.

La evaluacin muestra que es crucial proveer a los ex-combatientes de un entorno de relaciones y capital social

protector, en el que se reduzca la oferta a participar nueva-mente en actos criminales.

5. Recomendaciones de polticapblica

5.1. Recomendaciones para el proceso dereintegracin

Tras constatar los resultados de los factores de riesgoasociados a las diversas medidas de reintegracin, serecomienda al programa realizar un anlisis del per l deingreso del participante, de modo que incluya las varia-bles previas relacionadas con reincidencia. Estas son: - Alta exposicin al combate directo. - Ingreso al GAI por motivaciones materiales o si-

colgicas. - Nivel educativo. - Niveles de depresin y estrs postraumtico. - Tiempo en el grupo. - Nivel de disciplina y cohesin del grupo al que se

perteneci. Con este anlisis de per l se podra identi car el riesgo

previo del participante y encaminar acciones para unseguimiento ms cercano a medida que el riesgo au-menta.

Con base en los hallazgos sobre el tema de redes, serecomienda al programa realizar un mapeo y anlisis delas redes desde dos perspectivas: un anlisis de aque-llas redes sociales que contribuyan a la reintegracinde los excombatientes a la vida civil y otro de aquellasredes sociales que potencialmente los vinculen de nue-

vo a la ilegalidad. Sobre las primeras, resulta vital esta-blecer los entornos y redes protectores con que cuentael participante al inicio del proceso, con el n de ga-rantizar su fortalecimiento en desarrollo de la ruta. Encuanto a las segundas, resulta crucial complementar osuperar el enfoque que se ha dado al estudio de las re-des, que hace del participante un mero informante po-tencial de la fuerza pblica, de modo que la informaciny el anlisis de las redes ilegales de los excombatientesse pueda poner al servicio del proceso de reintegracinpara evitar los factores de riesgo que posibiliten la rein-

cidencia. Teniendo en cuenta el efecto variable que en la rein-cidencia tienen los bene cios considerados por apar-te, se recomienda al programa elaborar una estrategiainstitucional que le permita, por un lado, identi car lavoluntad del desmovilizado para participar en cada unode los bene cios y, por otro, conocer el sentido que losdesmovilizados le otorgan a los bene cios que les ofre-ce el programa. Lo anterior con la intencin de superar


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una potencial visin de los bene cios como meros re-quisitos por parte de los desmovilizados, y as poderinspirar en estos una voluntad real de reintegracin a lavida civil.

El estudio sugiere que los factores sicolgicos tienenimportantes efectos sobre la reincidencia. Sin embargo,la atencin sicosocial parece no tener un efecto sobrela disminucin de la probabilidad de reincidir. Enfocarsedirectamente en el estrs postraumtico, la depresin,la entrada al grupo armado por motivaciones sicolgi-cas y la alta exposicin a la violencia puede ayudar amejorar la atencin sicolgica, y en ese sentido dismi-nuir la probabilidad de reincidencia de los excomba-tientes. Teniendo en cuenta que hasta el momento nose conoce un diagnstico riguroso sobre la situacinsicolgica de los excombatientes, se sugiere a la ACR,adicionalmente, realizar una investigacin que permi-

ta identi car el tamao de la poblacin desmovilizadaque tiene problemas sicolgicos, as como realizar sucaracterizacin para poder atenderla de manera msefectiva.

En consecuencia, se recomienda a la ACR incentivary fortalecer, como un eje transversal de sus talleressicosociales y de la intervencin a lo largo de la ruta,estrategias didcticas enmarcadas en el fomento de lacultura de la legalidad. En ese sentido, resulta funda-mental desarrollar actividades que permitan identi carel nivel de desarrollo del juicio moral de las personasvinculadas al programa y su modi cacin a lo largo delproceso de reintegracin. Algunos de los ndices cons-truidos en el marco de esta evaluacin pueden ser deutilidad para la ACR como una herramienta de segui-miento de estos temas.

Si bien la ACR propone una ruta basada en el trabajoindividualizado sobre su poblacin, es deseable fomen-tar procesos intencionados en redes y dinmicas quereemplacen el capital social de riesgo de los desmovi-lizados por un capital social que apoye el proceso dereintegracin. Esta estrategia puede observarse comoun mtodo para contrarrestar las redes sociales que

halan a los desmovilizados hacia la vida ilegal. De acuerdo a los anlisis sobre reintegracin, la proba-

bilidad de reincidencia disminuye si el desmovilizadofortalece sus relaciones familiares. Por lo tanto, suge-rimos que el programa de reintegracin elabore unaestrategia en la que el desmovilizado reconstruya susantiguas relaciones familiares, siempre y cuando estasno hayan sido funcionales a su motivacin para ingre-sar al GAI (violencia intrafamiliar, redes familiares cri-

minales, etc.) o que fomente la generacin de nuevosvnculos familiares, de manera que fortalezca su arraigosocial en lo legal y disminuyan as los riesgos de reinci-dencia.

Tal y como se est haciendo en la actualidad, es de-seable garantizar una exposicin prolongada de losexcombatientes al programa, que incluya, como se havenido construyendo con los aos, una ruta de aten-cin centrada en el acompaamiento y conocimientode las motivaciones y apreciaciones individuales de losexcombatientes en desarrollo del proceso. En vista deque las experiencias durante la reintegracin son de-nitivas, es fundamental no circunscribir la valoracin delos involucrados a momentos discretos o intermitentesen el tiempo, sino, por el contrario, garantizar que sevalore la interaccin permanente.

Los resultados de la presente investigacin sugieren

que un mayor nivel de con anza en el Estado reducela probabilidad de reincidencia del desmovilizado. Porlo tanto, se sugieren a la ACR tres cursos de accin quecontribuiran a incrementar la con anza del desmo-vilizado en el Estado. Por un lado, la ACR debe seguirfortaleciendo una interlocucin con las diferentes enti-dades del Estado en la que estas tengan en cuenta alos desmovilizados como una poblacin que tiene queser atendida prioritariamente para lograr la meta de lareconciliacin nacional y la construccin de una pazsostenible y duradera. Por otro lado, se le sugiere a laACR, en coordinacin con las otras entidades estatalesinvolucradas, realizar campaas y estrategias de sensi-bilizacin hacia su poblacin participante con el obje-tivo de que esta conozca a fondo la oferta del Estado.Lo anterior, enmarcado en una estrategia en la que eldesmovilizado vea representado el conjunto del Estadoen la diversidad de instituciones que este tiene, msall de lo que puede representar la ACR. En tercer lugar,la evaluacin muestra que la credibilidad de la ACR esfundamental en el xito del proceso. Por eso, es desea-ble que se mantengan los altos niveles de satisfaccinde los participantes con la oferta y el acompaamiento

que brinda la Agencia. Los ndices utilizados para evaluar los factores de segu-

ridad de los desmovilizados (una medida compuesta yotra binaria) sugieren que a mayor nivel de seguridad,menor probabilidad de reincidencia. En este sentido, serecomienda a la ACR en materia de seguridad, por unlado y en coordinacin con otras entidades del Estado,brindar garantas, en la ruta individual del desmoviliza-do, que logren disminuir la percepcin de inseguridad;


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y, por otro lado, hacer trabajos previos con la poblacinque recibe a los desmovilizados, con la intencin dereducir los entornos que potencien su percepcin deinseguridad por la marginacin comunitaria y, por elcontrario, procurar que estas nuevas comunidades quelos acogen fomenten entornos de proteccin para ellos.

5.2. Recomendaciones generales Dada la complejidad que implica indagar sobre el fe-

nmeno de la reincidencia, y los efectos jurdicos quetiene para los desmovilizados la aceptacin de su vincu-lacin con actividades criminales, el Gobierno nacionalpodra considerar la posibilidad de establecer alianzaspermanentes con organizaciones no gubernamentales(internacionales o nacionales), tal y como se realiz enel contexto de esta evaluacin, para apoyar el segui-miento y monitoreo del fenmeno. Ello, considerando la

importancia que tiene mantener un anlisis detalladosobre la materia. El estudio corrobor que el programa de reintegracin

es bastante e caz para los desmovilizados individuales,los cuales son mayoritariamente guerrilleros y han en-trado al programa por conviccin o decisin. Por lo tan-to, en cuanto a reincidencia, se sugiere a la ACR prestarmayor atencin a los desmovilizados paramilitares, enespecial a los colectivos, que segn los resultados tie-nen una mayor probabilidad de reincidir.

Dados los resultados puntuales obtenidos a propsitodel tema de formacin para el trabajo, se sugiere reali-zar una investigacin enfocada en la relacin entre estebene cio y la reincidencia, con el n de detallar las per-cepciones que la poblacin desmovilizada tiene acercade este tema y precisar cmo los cambios a lo largo deltiempo han transformado esas percepciones y efectos.Similar ejercicio resulta deseable con respecto al temade atencin sicosocial, en el cual no se encontraron losresultados esperados, y en los asuntos de bienestareconmico y reintegracin comunitaria, cuyos resulta-dos fueron contraintuitivos.

La experiencia exitosa de la ACR en la estructuracin de

una oferta institucional que logra controlar riesgos dereincidencia y consolidar procesos de transicin exito-sos a la vida civil podra transferirse ms ampliamentea nivel institucional. Sin duda, el INPEC podra nutrir supoltica penitenciaria y carcelaria de este proceso.

A partir de los datos recolectados y del estudio de losprocesos de reintegracin y teniendo en cuenta par-ticularmente la importancia que tienen para la rein-tegracin la con anza en el Estado, la seguridad y la

provisin de reglas de juego y de una justicia e caz,resulta fundamental concebir la reintegracin comouna poltica de Estado, en la que debe haber correspon-sabilidad de las autoridades de los distintos sectores.En ese sentido, sera ingenuo pensar que en las capa-cidades de la ACR reside la totalidad de los elementosnecesarios para conseguir una reintegracin exitosa.

Para nalizar estas recomendaciones y teniendo encuenta la coyuntura en la que se escribe este informe, acontinuacin se sealan un par de apreciaciones inicialessobre los desafos y consideraciones que se podran teneren cuenta en un posible proceso futuro de DDR con lasFARC.

En primer lugar, el estudio realizado, tanto en su sec-cin de contextualizacin como en la seccin de resultados,muestra que los arreglos para la reintegracin dependen

de condiciones histricas y polticas muy diferentes. En esesentido, es lcito a rmar que cada modelo implementadobusca una solucin ptima frente a los retos que supone elentorno, los grupos involucrados, las expectativas sociales,los marcos normativos vigentes y la interpretacin polticade la desmovilizacin. Por ese motivo, en un eventual pro-ceso con las FARC sera deseable sopesar los procesos yavividos y de nir una va que se nutra de las diversas ex-periencias y de sus aprendizajes, teniendo en cuenta quelos resultados del estudio que ac se presentan no son ge-neralizables sino a la poblacin actualmente vinculada alprograma de la ACR.

Con todo y eso, y de manera nal, sera deseable man-tener la ruta actual de DDR como una alternativa. En estepunto es importante anotar que la va de tratamiento indi-vidualizada puede constituirse en un elemento que hagaparte de un arreglo exitoso en el marco del nuevo proceso,y que manteniendo esta oferta en pie se rati que la posibi-lidad de los excombatientes de entrar a una dinmica deconstruccin de legalidad como la que, hasta el momento,ha ofrecido el Estado.


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Informe nal


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Introduccin

Una de las problemticas ms delicadas que ha experi-mentado Colombia a lo largo de los ltimos aos es el ingre-so de varios excombatientes de los grupos de autodefensao de guerrilla que participaron en los procesos previos dedesmovilizacin, desarme y reintegracin a distintas es-tructuras criminales, y en particular a las llamadas bandascriminales (BACRIM). Esta situacin, que no solo ha redun-dado en problemas de seguridad a nivel regional, sino queha generado un debate sobre la e cacia del programa dereintegracin del Gobierno, enfrenta la enorme di cultadderivada de la precariedad de informacin y el escaso cono-cimiento sistemtico que se tiene sobre la materia. Pregun-tar por qu algunos excombatientes retornan a la ilegalidadmientras otros se reintegran exitosamente a la vida civil es,pues, el punto de partida del presente estudio.

El fenmeno de la reincidencia posdesmovilizacin noes exclusivo del caso colombiano. En Nicaragua, desmo-vilizados de la Contra y el EPS crearon los Recontra, losRecompa y los Revueltos, bandas armadas que expresa-ron su malestar social hacia los militares y recurrieronal bandidaje (Aguilera Peralta, 1994, 68). Antiguos com-batientes tambin jugaron un rol desestabilizador en lasredes criminales de Rusia y los Balcanes. Exrebeldes enZimbabue incitaron a un estallido de violencia mientras losexcombatientes de la Europa del Este y de Sudfrica sehan empleado como mercenarios en una Angola devasta-

da y el Congo. En Sudfrica y Mozambique antiguos jve-nes soldados con frecuencia se involucran en la violenciacriminal que desestabiliza a las comunidades, debilita laconstruccin de paz y mina el desarrollo (Wessells y Da-vidson, 2006, 27).

Alrededor del mundo, excombatientes retornan a la vio-lencia, a veces a precios ms altos que durante la guerra(Mac Ginty, 2006). Por ejemplo, en Italia 15.000 personasfueron asesinadas en el ao siguiente al cese de hostili-dades, durante los tiempos de paz (Pavone, 1991). Para1995, en El Salvador los homicidios excedieron el prome-dio anual durante los doce aos de guerra civil (Call, 2007,41; ver tambin Call, 2012; Pearce, 1998). Sin embargo,incluso dentro de entornos con niveles elevados de reinci-dencia, no todos los antiguos actores armados vuelven a laviolencia. En otros contextos, la reincidencia de los excom-batientes es baja, tal como se re eja en las estadsticasmacro, segn las cuales cerca del 50% de las guerras civi-les empiezan de nuevo (Collier et l., 2003).

Dado el alto riesgo de que los excombatientes retornena la ilegalidad, los programas de desarme, desmovilizacin

y reintegracin (DDR) constituyen actualmente un eje fun-damental de los esfuerzos de consolidacin de la paz alcual se le dedican recursos considerables. Desde los pri-meros programas de DDR en Namibia, Camboya, Centroa-mrica y Mozambique, a nales de los ochenta y principiosde los noventa, se han documentado ms de sesenta pro-cesos de DDR alrededor del mundo (Muggah, 2009). Deacuerdo con el gobierno sueco (Government of Sweden,2006), el objetivo de estos programas es asegurar que uncombatiente no necesite volver a usar la violencia para so-brevivir. Por su parte, el Banco Mundial y Naciones Unidasconciben de manera similar los objetivos de los programasde DDR. El Banco Mundial (2002) entiende que el objetivodebe ser reducir el riesgo de que excombatientes regresena la violencia y Naciones Unidas seala la necesidad deconvertir a los combatientes que persiguen sus objetivosmediante la violencia, a civiles que persiguen sus objetivos

por otros medios (2000, p. 11). En Colombia se conocenprogramas de esta ndole desde los aos noventa, desa-rrollados a partir de los procesos de negociacin adelanta-dos con varios grupos guerrilleros entre 1990 y 1994 (FIP,2006), y actualmente, el programa de reintegracin tienecomo misin impulsar el retorno de la poblacin desmovi-lizada a la legalidad de forma sostenible, contribuyendo ala paz, la seguridad y la convivencia ciudadana (ACR, s. f.).

A pesar de la variacin en trminos de reincidencia yde los incentivos polticos que hay para entenderlo y abor-darlo, este fenmeno es poco entendido. Hay quienessuponen que la reintegracin social, econmica, polticay sicolgica reduce la probabilidad de reincidencia del ex-combatiente. Sin embargo, estas relaciones nunca se hanprobado. Otros autores aseguran que la reintegracin es laintervencin que est ms directamente relacionada conla consolidacin de la paz, y sin embargo no es as como lareintegracin exitosa es evaluada. De acuerdo con la revi-sin de literatura que se llev a cabo en el marco de estainvestigacin, los estudios se ha centrado principalmenteen una u otra dimensin de la reintegracin y buscan expli-car por qu los excombatientes tienen mayor o menor pro-babilidad de encontrar trabajo, evitar traumas sicolgicos

o votar, pero no exploran la relacin entre esos resultadosy la reincidencia (Humphreys y Weinstein, 2007; Anna etal., 2011; Pugel, 2006). As, el estudio de la reincidenciade excombatientes se ha visto ignorado, al igual que el va-lor que tiene para el anlisis del rearme y el fracaso dela reintegracin. La principal justi cacin para estudiara los excombatientes por separado del resto de la pobla-cin radica en que, precisamente, es una poblacin quetiene mayor tendencia a la ilegalidad. Estudios destinados


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a comprender la variacin en la participacin poltica y elempleo deberan estudiar a los excombatientes junto a sushomlogos civiles.

Esta investigacin es una primera aproximacin a lacomprensin del fenmeno de la reincidencia, y su objetivoprincipal es entender de manera profunda las condicionessociales y econmicas de los desmovilizados que los llevana reintegrarse exitosamente o a regresar a la ilegalidad.Para alcanzar este propsito se plantearon cuatro objetivosespec cos: 1) estimar el tamao de la poblacin desmovi-lizada reincidente en Colombia; 2) mapear la distribucingeogr ca de dicha poblacin; 3) identi car los factoressociales y econmicos que explican la reintegracin exito-sa de algunos desmovilizados y no de otros y, nalmente,4) hacer recomendaciones de poltica pblica sobre reinte-gracin sostenible a la vida civil y otros temas fundamenta-les relacionados con esta.

Cabe sealar que en el presente estudio se entiendecomoreincidente a un desmovilizado, ya sea paramilitar oguerrillero, que en el periodo posdesmovilizacin incurre endelitos tales como desaparicin forzada, extorsin, tr co,porte ilegal de armas, homicidio, robo, asonada, terrorismo,rebelin, reclutamiento y utilizacin de menores, secuestro,sedicin, tortura, lavado de activos o narcotr co1. Paracumplir con el objetivo se llev a cabo una encuesta conuna muestra aleatoria de ms de 1.158 desmovilizados. Te-niendo en cuenta lo delicado que resulta el asunto en cues-tin, el estudio emple tcnicas novedosas para obtenerrespuestas cercanas a la realidad y para poner a pruebalas principales hiptesis en materia de reintegracin.

A continuacin se presenta la estructura de este in-forme. El primer captulo introduce los antecedentes delcontexto de la investigacin, las experiencias recientes enmateria de DDR en Colombia, y describe el actual progra-ma de reintegracin. El segundo captulo expone los retosde la investigacin y los datos as como la descripcin dela metodologa de medicin de la reincidencia. El tercer ycuarto captulo explica la variacin entre retorno a la lega-lidad y reincidencia en el marco de argumentos tericosacerca de los factores explicativos de una reintegracin

exitosa versus la reincidencia. El quinto captulo expone lasconclusiones principales del estudio y seala algunas ru-tas de exploracin, profundizacin y uso de los resultados.As mismo, presenta recomendaciones a poltica pblicaen materia de reintegracin.

1 El Gobierno Nacional y sus diversas instituciones de nen la reincidencia de manera distinta puesto que incluyen todo tipo de delito doloso, a difepresente estudio, que limita el tipo de delitos a los mencionados previamente.


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Captulo I. Contexto2

Colombia presenta un contexto ideal para la investi-gacin emprica de los factores que explican la reinciden-cia de los excombatientes de los grupos armados ilegales(GAI). En el presente captulo se har un breve recuento delas primeras experiencias de desarme, desmovilizacin yreintegracin (DDR) en Colombia, as como la descripcindel programa de reintegracin que ejecuta actualmente laAgencia Colombiana para la Reintegracin (ACR). Este cap -tulo est dividido en cuatro secciones: la primera consisteen un anlisis de los procesos de DDR de los noventa; lasegunda, en el anlisis de la aparicin de la desmoviliza-cin individual como una estrategia contrainsurgente in-tensi cada en el periodo presidencial de lvaro Uribe Vlez(2002-2008); en la tercera, se estudia el DDR paramilitar(2003-2006), y en la ltima se describe el actual programade reintegracin de la ACR.

El objetivo central de este captulo es evidenciar queen nuestro pas se han puesto en marcha principalmentedos modelos de accin en este campo, amparados, cadauno de ellos, en una interpretacin muy diferente de la na-turaleza de los GAI y de la ruta necesaria para la construc-cin de la paz. Tal y como se sealar en las tres secciones,en este captulo se expondr, mediante el recuento de losprocesos de DDR de nales de los ochenta y principios delos noventa, un modelo amparado en el reconocimiento delcarcter poltico de las guerrillas y de la necesidad de hacer

reformas estructurales para el logro de la paz en el pas.Como se ver, en estos casos la experiencia colombianamuestra un aparente xito en trminos de integracin pol -tica de los grupos alzados en armas y, al mismo tiempo, unaenorme debilidad al no poder garantizar ni la seguridad delos excombatientes ni, con ello, la proteccin adecuada delos grupos polticos derivados de las negociaciones.

El segundo modelo que se expresa vivamente en elcaso colombiano parte del supuesto segn el cual es po-sible adelantar procesos de DDR con GAI sin necesidad deconcederles un estatus poltico ni de reconocer sus preten-siones de reforma institucional. En este marco, que se hapuesto en evidencia tanto en el modelo de desmovilizacinindividual que se inici en los noventa como en la apuestadesarrollada por el gobierno de lvaro Uribe alrededor delas autodefensas, el esquema responde mucho ms a laidea de un sometimiento a la justicia a cambio de bene-

2 Este captulo fue elaborado con artculos previos publicados y no publicados por la Fundacin Ideas para la Paz con relacin a los temas de DesarDesmovilizacin y Reintegracin de los excombatientes en Colombia.

cios, tras el reconocimiento de la majestad del Estado comolegtimo administrador de la ley. En este caso, la vinculacinque se puede establecer entre los procesos de DDR y el iti-nerario de la construccin de la paz se puede resumir de lasiguiente forma: la accin de GAI es un claro impedimentopara la consolidacin de condiciones para la paz; por ello,es fundamental, por un lado, lograr la desarticulacin detales grupos y, por otro, a travs de procesos de acompa-amiento, construir opciones para que los excombatientespuedan vincularse social, econmica y polticamente a lavida regional.

En un contexto como el actual, en donde se est co-menzando a re exionar sobre los posibles arreglos institu-cionales para un eventual DDR derivado de acuerdos depaz con las FARC, resulta fundamental re exionar sobre lospros y los contras de los dos modelos hasta el momentoaplicados. En efecto, solo una revisin detallada de estos

le permitir al pas tomar una nueva decisin, ajustada alpresente, en la cual se sopesen las alternativas y se contro-len los riesgos.

1. Antecedentes del desarme, desmovilizacin y reintegracin (DDR) de excombatientes enColombia

En Colombia se pueden distinguir al menos dos grandesantecedentes en materia de DDR, enmarcados en el primermodelo de DDR expuesto anteriormente. El primero tuvolugar en el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), yel segundo, a principios de los noventa, con la desmoviliza-cin de ocho grupos guerrilleros.

Con la llegada de Betancur a la Presidencia de Colom-bia se reconoci el carcter poltico de las guerrillas, lo cualpermiti la negociacin poltica con los grupos alzados enarmas (Arias, 2008). Esta opcin por una solucin polticadel con icto armado permiti que las negociaciones con losgrupos insurgentes no se fundamentaran nicamente en lareincorporacin de los excombatientes, sino que se abrierala discusin a las reformas que el Estado necesitaba parasolucionar las causas estructurales de tal con icto. Comolo plantea Rafael Pardo, quien al nal de los aos ochenta

asumira el cargo de Consejero Presidencial de Paz: Quelo poltico sea lo principal, implica que la negociacin sobreel acceso y la distribucin del poder es lo esencial del pro-ceso (2000, p. 11). Gracias al reconocimiento poltico delas guerrillas, Betancur promulg la Ley de Amnista o Ley


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35 de 1982 que estableci los mecanismos por los cualesse adelantara el proceso de reincorporacin de los comba-tientes a la vida civil, por medio de programas de tierras,vivienda, crdito y microempresas, salud, empleo y educa-cin. Lo anterior permiti el retorno a la legalidad de 1.423guerrilleros provenientes de los distintos grupos insurgen-tes activos en los ochentas.

Para avanzar en ese propsito se crearon el Fondo Ley35 y la Comisin Nacional de Veri cacin. As mismo, seorganizaron crditos de vivienda rural y programas de do-tacin de tierras, reforestacin y transferencia tecnolgica.A nivel educativo se orden la organizacin de un sistemaespecial de validacin de cursos y obtencin de ttulos. Seconcedi a cada amnistiado un auxilio de $9.000 men-suales, durante seis meses, ms $600 por cada menor deedad a cargo. Todos estos programas fueron coordinados yejecutados bajo el ya creado Plan Nacional de Rehabilita-

cin (PNR) (Turriago y Bustamante, 2003, p. 16).La ley creara un ambiente de distensin para el acerca-miento con los grupos guerrilleros. No obstante, si bien seestablecan mecanismos para la reincorporacin a la vidacivil de manera individual, esto no se dara como resulta-do de una negociacin. Como dice Pardo, la ley era unaespecie de gracia otorgada a compatriotas descarriadosy no un mecanismo concertado entre Estado y rebeldes(2000, p. 10). Por lo tanto, varios grupos polticos, incluidoslos insurgentes, coincidieron en que la amnista no es lapaz, siendo entonces indispensable el dilogo poltico conlos GAI.

La ley de amnista sera entonces el embrin de doseventos futuros: preparara, por una parte, la desmoviliza-cin individual en los noventa y, por otra, supondra un gestode paz que facilitara las negociaciones con las guerrillas enlos aos venideros. A partir de esta ley comenzaron a darseacercamientos con el M-19, la ADO, el EPL y las FARC. Coneste ltimo grupo guerrillero, el presidente Betancur lleg aimportantes avances que se concretaron en la creacin dela Unin Patritica. La aparicin de esta agrupacin polticaevidencia, de nuevo, un reconocimiento y un abordaje pol -tico de la negociacin, enfoque que determinar las reglas

de juego de los siguientes procesos de DDR en los noventa.El segundo gran referente en materia de DDR, previo a

la accin de la actual ACR, tuvo lugar durante los gobiernosde Virgilio Barco (1986-1990) y Csar Gaviria (1990-1994).Barco impuls la Iniciativa para la Paz con la que busc ladisolucin de la subversin, su desarme y reincorporacin.De esta manera, Barco inici acercamientos con grupos ar-mados como el M-19. Entre el 8 y el 9 de marzo de 1990se llev a cabo en Caloto, Cauca, y Suaza, Huila, el acto de

dejacin de armas. Al da siguiente, se rm el acuerdo depaz de nitivo y as se dio inicio al proceso de incorporacina la vida civil, cuya regulacin estuvo a cargo del ConsejoNacional de Normalizacin. En este proceso se desmovili-zaron un total de 900 miembros del M-19, que se convirtien la Alianza Democrtica M19 (AD-M19).

Con el propsito de dar continuidad a los avances lo-grados con otros grupos guerrilleros, Csar Gaviria cre, alinterior del PNR, la O cina Nacional de Reinsercin y logrconcretar acuerdos de paz con el Partido Revolucionario delos Trabajadores (PRT), el Movimiento Armado Quintn Lam(MAQL), el Ejrcito Popular de Liberacin (EPL) en 1991; coel Comando Ernesto Rojas (CER) en 1992, y con la Corrientede Renovacin Socialista (CRS), las Milicias Populares y elFrente Fernando Garnica (FFG) en 1994. Tales acuerdos setradujeron en la desmovilizacin de 5.536 combatientes.

Segn Pardo, estos procesos de negociacin tuvieron

dos caras, por un lado, fueron acuerdos de carcter gene-ral que establecieron una negociacin sobre avances de-mocrticos para todo el pas y por el otro, permitieron elingreso de estos grupos armados como un actor poltico(Pardo, 2000, pg. 12). Estas desmovilizaciones estuvieronacompaadas de una reinsercin poltica en la que el Es-tado se comprometi a garantizar la competencia polticade los excombatientes y la existencia de partidos polticosdistintos a los grupos polticos tradicionales. De esta mane-ra, todos los acuerdos rmados en los noventa prevean uncomponente de favorabilidad poltica que se convirti paralos grupos guerrilleros en el punto quiz ms importante y,en efecto, la motivacin fundamental que llev a la mayorparte de los combatientes a dejar las armas (Giha, Mora-les y Arias, 2006, p. 23).

En de nitiva, el enfoque poltico de DDR en las negocia-ciones de los noventa fue moldeando los esquemas de lareincorporacin social, econmica y poltica de los desmovi-lizados, que se materializaron de distintas maneras. Por unlado, con la conversin de varios grupos guerrilleros en par-tidos polticos como la Alianza Social Indgena y el AD-M19Esta mutacin llev a que grupos como el PRT, el EPL, elM-19 y el MAQL participaran en la Asamblea Nacional Cons-

tituyente que de ni la Constitucin de 1991. Por otro lado,los consejos municipales de rehabilitacin permitieron quelas organizaciones desmovilizadas participaran en el segui-miento de los compromisos adquiridos en los acuerdos so-bre la reincorporacin a la vida civil. En este sentido, dichasorganizaciones tuvieron mayor incidencia en la de nicinde proyectos a realizar, montos de estos y convocatorias co-munitarias. Por lo tanto, el modelo poltico de DDR de losnoventa les permiti a las organizaciones de desmoviliza-


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dos jugar un papel central como punto de encuentro parasu adecuada reincorporacin a las comunidades (Turriago yBustamante, 2003).

Sin embargo, estos procesos de reincorporacin inicial-mente se planearon para no ms de dos aos, y debido asus limitaciones llevaron a su reestructuracin institucional,lo cual gener confusiones entre los desmovilizados. Unode los problemas ms preocupantes fue el de seguridad: unestudio encontr que el 9 % de los desmovilizados habanmuerto y del 20,2 % no haba informacin (Franco, 200 pg.144). Mientras tanto, Len Valencia, lder desmovilizado dela Corriente de Renovacin Socialista, a rm que ms demil de los reinsertados de todos los grupos fueron asesina-dos, es decir, un 15% de los excombatientes que optaronpor la paz (Valencia, 2005, p. 16). Por lo tanto, parece serque el Estado no pudo garantizar la seguridad de los des-movilizados. As mismo, vale resaltar que para estos proce-

sos no se tienen datos sobre reincidencia, solo se conocede algunos casos anecdticos de desmovilizados del EPLque se rearmaron en alianza con bloques paramilitares, yde combatientes del M-19 en el Cauca que se incorporarona las FARC.

2. La desmovilizacin individual: una estrategiaentre la guerra y la paz

Despus de los procesos de desmovilizacin colectivosde nales de los ochenta y principios de los noventa, sepromulg el Decreto 1385 de 1994, por medio del cual seotorgaban bene cios a quienes de manera individual deci-dieran dejar, voluntaria e individualmente, organizacionesilegales en concordancia con las disposiciones de la Ley104 de 19933.

Ahora bien, aunque la desmovilizacin individual norepresenta un proceso de DDR en estricto sentido, porcuanto no se da como resultado de un proceso de nego-ciacin con un grupo, la norma correspondiente (Decreto1385 de 1994) cre un mecanismo, el Comit Operativode Dejacin de Armas (CODA), para veri car la pertenenciaal grupo armado y la voluntad de abandono para el otorga-miento de bene cios tras la reincorporacin a la vida civil

bajo el programa de reinsercin que para la poca tenael gobierno colombiano en el marco del Plan Nacional deRehabilitacin (PNR). Posteriormente, en el 2001 se creel Grupo de Atencin Humanitaria al Desmovilizado (GAHD)en el Ministerio de Defensa, para coordinar las desmovili-zaciones individuales (CNRR, 2010, p. 90), y en el 2003 se

creara el Programa para la Reincorporacin a la Vida Civilde Excombatientes y Alzados en Armas (PRVC) adscrito alMinisterio del Interior.

Para principios de la primera dcada del siglo XXI, lapoltica en materia de DDR se entenda y aplicaba endos etapas diferentes. La primera etapa,el desarme y ladesmovilizacin, estaba a cargo del GAHD y ofreca servi-cios bsicos de alojamiento, paralelos a la veri cacin depertenencia realizada por el CODA. La segunda etapa,lareinsercin, a cargo del PRVC y con una duracin mximade dos aos, le ofreca al desmovilizado la posibilidad deestablecerse en albergues, donde tendra acceso a bene-cios en educacin, salud, atencin sicoafectiva, asistenciaeconmica, capacitacin para el empleo y asistencia paracreacin de proyectos productivos.

La gura 1 muestra la dinmica de desmovilizacin indi-vidual en los ltimos 17 aos en Colombia.

3 Esta ley fue derogada por lo que hoy se conoce como la Ley de Orden Pblico, Ley 418 de 1997.

Fuente: GAHD (2013); Pinto, Vergara y LaHuerta (2002).

FIGURA 1 NMERO DE DESMOVILIZACIONES INDIVIDUALES(1998-2013)

1 99 8 1 99 9 2 00 0 2 001 2 00 2 2 00 3 20 04 2 00 5 2 00 6 20 07 2 00 8 2 00 9 2 01 0 2 011 20 12 2 01 3150 360 795 1200 730 2538 2972 2564 2460 3192 3461 2638 2446 15281140 1350

Desmovilzados

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

Desde 1998 se han desmovilizado individualmente29.524 combatientes, presentndose una tendencia as-cendente hasta el 2008 y un decrecimiento constante apartir de ese ao y hasta el momento, sin que pueda porello a rmarse que existe un agotamiento de la estrategia.Durante el gobierno de Andrs Pastrana (1998-2002) sedesmovilizaron alrededor de 2.600 personas. En los dosperiodos presidenciales de lvaro Uribe (2002-2006/2006-2010) se desmovilizaron individualmente alrededor de21.000 personas, mientras que durante el primer periododel presidente Juan Manuel Santos, lo hicieron aproximada-

mente 6.464 combatientes.A partir del primer mandato de Uribe (2002-2006), la

Poltica de Seguridad Democrtica fue el principal curso deaccin del Gobierno, que se bas en una estrategia con-trainsurgente que implic una vasta campaa militar conobjeto de contener a las guerrillas y controlar el territorio


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nacional. En consecuencia, la desmovilizacin individual seconvirti en parte de la estrategia contrainsurgente sirvien-do a dos objetivos: debilitar el pie de fuerza de las guerrillasy conseguir informacin clave para realizar operaciones mi-litares e caces (Leal, 2011, p. 64).

El Decreto 128 del 2003 cre el PRVC e identi c lasdesmovilizaciones individuales como un propuesta de con-trainsurgencia; el Decreto 2767 del 2004, por su parte,aclara que los desmovilizados que voluntariamente deseendesarrollar actividades de cooperacin para la fuerza pbli-ca podrn recibir del Ministerio de Defensa una boni cacineconmica. En este sentido, los excombatientes son ubica-dos en albergues donde son interrogados por los militares.Estas entrevistas veri can si la persona es realmente uncombatiente y tratan de obtener informacin para planearoperaciones militares. En la Directiva Ministerial 16 del2007 del Ministerio de Defensa se precis: El Programa

de Desmovilizacin y Reintegracin [] ofrece informacinvaliosa para lograr el desvertebramiento de las organiza-ciones armadas al margen de la ley; liberar secuestrados,evitar atentados terroristas, encontrar armamento, dineroproducto del narcotr co o cualquier otra actividad ilcita.

Adicionalmente, hay que destacar dos rasgos caracte-rsticos de la desmovilizacin individual. El primer rasgo esla despolitizacin de la reintegracin. En el momento en elque el guerrillero desertor entra en los procesos de veri ca-cin y certi cacin como antiguo combatiente, es indultadopor los delitos polticos asociados a la pertenencia al grupoarmado ilegal y reconocido, de este modo, como actor po-ltico. No obstante, el proceso no contempla la reinsercinpoltica de los excombatientes. En efecto, tal proceso seenfoca principalmente en los bene cios socioeconmicosy privilegia al individuo como unidad de anlisis y atencin.Esta despolitizacin puede ser explicada en parte por laausencia de lo que Vargas y Rubio (2004), llaman criteriode negociabilidad, es decir, la reintegracin no hizo partede la discusin para la rma de un acuerdo de paz; convir-tindose entonces la reintegracin poltica en la dimensinolvidada de la reintegracin.

El segundo rasgo es el aislamiento colectivo. Debido a

los componentes de desercin y delacin que tiene la estra-tegia de desmovilizacin individual, el proceso incluye unadimensin de riesgo que no puede ocultarse. En efecto, enmuchas ocasiones los desmovilizados tienen que reubicar-

se en ciudades que no conocen a n de garantizar su ano-nimato como una estrategia de seguridad (Nussio, 2012).Se trata de un arma de doble lo porque, aunque alejarsede los entornos donde se hizo parte del grupo puede apo-yar el proceso de reescribir la propia historia personal, eldesprendimiento de estos entornos puede implicar, valgasealarlo, la falta de un apoyo organizativo y moral de sugrupo, como suele suceder en las grandes desmovilizacio-nes, que podra ser, en ciertas condiciones, favorable a lareintegracin. Esteaislamiento colectivo, que es un rasgodistintivo del proceso de desmovilizacin individual, genera,como se ver ms adelante, una situacin que requiere unaprofunda re exin.

3. El DDR con los paramilitares: de la negociacinpoltica al sometimiento a la justicia

Con el objetivo de entrar en dilogos con los parami-

litares y abriendo la posibilidad de determinar de maneraconjunta las reglas para el desarme, desmovilizacin yreintegracin de sus estructuras militares, durante el pri-mer gobierno Uribe (2002-2006) se reform la Ley de Or-den Pblico4. El resultado fue la Ley 782 del 2002. Uno delos cambios fundamentales en esta ley fue el de eliminarla necesidad de reconocer el carcter poltico de los GAIpara comenzar un proceso de negociacin. Dicha refor-ma facilit los dilogos con los paramilitares, dado que elprincipal dilema que tena el Gobierno era reconocerles unestatus poltico sin que estas buscaran la instauracinde un orden revolucionario (Gnzalez, 2011, p. 154). Para-lelamente, es necesario acentuar que, a pesar del discursopoltico que impugnaban, son varias las investigaciones quehan demostrado que parte de los mviles principales de laamalgama de estructuras que constituyeron las AUC fueronel bene cio econmico a travs del negocio del narcotr-co, la apropiacin ilegal de tierras y la cooptacin del Esta-do local y nacional5.

El proceso de negociacin con los paramilitares co-mienza con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC),divididas por las diferencias entre los comandantes de losbloques (GMH, 2013, p. 182). Es despus de anunciado el

cese unilateral de hostilidades por parte de las AUC, a na-les del 2002, que el Gobierno establece una Comisin dePaz para sentarse a dialogar. Tras los primeros seis mesesse rma, el 15 de julio del 2003, el Acuerdo de Santa Fe

4 Esta ley ha sido reformada sucesivamente por las leyes 548 de 1999, 782 del 2002 y 1106 del 2006.5 Un ejemplo de esto es el estudio de Arias y Prieto (2011), que a partir del estudio de caso del Bloque Central Bolvar demuestran que el principal

este fue el control del negocio del narcotr co. Adicionalmente, la FIP recientemente pblico un Informe en el que rati ca esta tesis (Echanda, 2


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de Ralito, que da comienzo a lafase de negociacin. Esteacuerdo de ni los trminos en que se llevara a cabo ladesmovilizacin gradual y escalonada, sin determinar unahoja de ruta para la negociacin.

Paralelo al proceso de negociacin, en agosto del 2003el Gobierno presenta el proyecto de alternatividad penal,que estableca el marco jurdico para la desmovilizacin pa-ramilitar. Esta ley estuvo en debate durante un largo tiempoentre los actores polticos, con constantes tensiones y fric-ciones. Finalmente, en julio del 2005 el Congreso aprobla Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), que a diferenciadel proyecto de alternatividad penal cumpla estndaresinternacionales en materia de justicia, verdad y reparacin.Como lo sealara el Grupo de Memoria Histrica, era laprimera vez que en Colombia se intentaba un proceso dedesmovilizacin colectiva bajo estos estndares (2013, p.226). Este proceso tendra ms elementos de un someti-

miento a la justicia que de una negociacin poltica (Gnza-lez, 2011, p. 156).Mientras tena lugar la discusin sobre la Ley, las AUC

se desmovilizaron de manera gradual: el primer bloque lohizo en el 2003 y el ltimo, en abril del 2006. En total, entre2003 y 2006, se desmovilizaron 37 bloques paramilitaresconformados por 31.671 paramilitares6. Es importante te-ner en cuenta que los trminos de reintegracin siemprepermanecieron marginados de la negociacin y nunca seformalizaron acuerdos sobre cmo sera el proceso de in-sercin poltica, social y econmica de los combatientes.Esta sera una de las diferencias fundamentales con res-pecto a las desmovilizaciones de los aos noventa, dadoque los grupos guerrilleros s dejaron constancia de lasprestaciones y los bene cios que recibiran los desmovili-zados, mientras que en el acuerdo de Santa Fe de Ralito nise mencion.

Luego de la aprobacin de la Ley de Justicia y Paz se dioinicio a una discusin jurdica para fortalecerla de acuerdoa los estndares internacionales de justicia transicional. Enel 2007, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determin queel paramilitarismo no poda ser considerado delito poltico.Por lo tanto, el delito de sedicin, que era por el que se

pensaba juzgar a los paramilitares7, no sera el ms acorde.Es as como, poco a poco, las negociaciones mutaron deuna relacin de t a t a unas negociaciones asimtri-cas entre un majestuoso Estado de derecho y unos sim-

ples delincuentes comunes (Orozco, 2011). El 10 de abrildel 2008, la CSJ cali c la pertenencia a las Autodefensascomo concierto para delinquir agravado. A raz de esto, que-daron en un limbo jurdico todos los desmovilizados parami-litares que no hicieron parte de la Ley de Justicia y Paz. Estasituacin se intent subsanar por varias vas y slo se lo-gr encontrar una salida a travs de la Ley 1424 del 2010,que le permita a los excombatientes rasos acogerse a unaserie de bene cios jurdicos, siempre y cuando cumplieranvarias condiciones entre ellas el aportar a acuerdos de laverdad. Esto sin excluir la condena por el delito de concier-to para delinquir simple o agravado previa decisin judicial.

El proceso de desmovilizacin paramilitar enfrentconstantes desafos, tanto en materia jurdica como en ma-teria poltica. La desmovilizacin y el proceso de reintegra-cin se llevaron a cabo en un ambiente de controversia ydiscusin, el cual implic muchas veces cambios en las re-

glas de juego para los involucrados. Adicionalmente, comose ha podido constatar, uno de los rasgos caractersticosde este proceso fue la ausencia del reconocimiento poltico,asemejndolo al modelo de sometimiento a la justicia. Enefecto, las negociaciones polticas discuten las transforma-ciones del grupo armado ilegal para convertirse en organi-zacin poltica legal, los bene cios jurdicos, las reglas parala reintegracin, e incluso reformas al Estado. Los dilogoscon los paramilitares no tuvieron en cuenta nada de lo an-terior, sino que recayeron primordialmente sobre el temade la favorabilidad penal y la suspensin de la extradicin[] en estas condiciones, la participacin en poltica de losdesmovilizados [era] percibida como asimtrica y peligro-sa (Palou y Llorente, 2009, p. 17). As, el proceso con losgrupos paramilitares fue realmente un sometimiento a la justicia, lo cual sin duda repercuti sobre el modelo de rein-tegracin desarrollado.

3.1. La reintegracin de los paramilitares y la reforma delprograma nacional de reintegracin

El Bloque Cacique Nutibara (BCN) fue el primer bloqueparamilitar en desmovilizarse a nales del 2003. En el Acuer-do de La Ceja participaron el Gobierno Nacional, la coman-

dancia del bloque y el gobierno local de Medelln. Este ltimose encargara, en principio, del seguimiento y monitoreo delproceso; tiempo despus, sera el administrador de todo elproceso y del diseo del Programa de Paz y Reconciliacin

6 Esta cifra supera todas las desmovilizaciones de los noventa y la suma de las desmovilizaciones individuales que se han dado hasta el 2013.7 El artculo 71 de la Ley 975 del 2005 estableca que los paramilitares seran juzgados por el delito de sedicin; la Corte Constitucional, en la sente

C-370, declar inexequible este artculo.


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(PPR) que servira de ejemplo para la reformulacin del pro-grama nacional de reintegracin. En efecto, durante la ad-ministracin de Sergio Fajardo (2004-2007) se desarroll elPPR, el cual elimin el lmite de tiempo para la reintegracinque segn lo pactado deba ser de doce a dieciocho me-ses, plante un enfoque individual para la reintegracin, yestableci la formacin para el trabajo como condicin paraadquirir el capital semilla, y el apoyo psicosocial como ejetransversal del programa (Palou y Llorente, 2009). Adicio-nalmente, en desarrollo del Acuerdo de La Ceja, se cre laCorporacin Democracia (CD) como una organizacin de losdesmovilizados encargada de acompaar el proceso, similara las que se establecieron en los procesos de desmoviliza-cin de los noventa. De igual modo, esta corporacin sirvide plataforma poltica para que los desmovilizados se postu-laran a cargos de eleccin popular, lo cual hicieron para laselecciones municipales de 2007 con poco xito.

Vale aclarar que para estas elecciones el debate sobreel delito por el cual deban ser juzgados los paramilitaresdesmovilizados segua abierto y por ello pudieron participaren la contienda electoral, algo que se tornara imposibledespus de las sentencias de la Corte Suprema de Justi-cia mencionadas anteriormente y la posterior reforma a laConstitucin con el Acto Legislativo 01 de 2009 en el quese reform el art. 107, prohibiendo la participacin en po-ltica de personas que hayan sido condenadas por delitosrelacionados con la vinculacin a grupos armados ilegales,actividades del narcotr co o delitos de lesa humanidad.Actualmente, estos efectos jurdicos, en cuanto a las inha-bilidades para desempear cargos pblicos y para ser con-tratado por las administraciones pblicas, en la prcticaterminan excluyendo a los desmovilizados paramilitares departicipar en poltica, lo cual los condena a una especie deciudadana recortada (Palou y Llorente, 2009, p. 19).

En medio de las negociaciones con los paramilitares ylas desmovilizaciones individuales, el Programa de Rein-corporacin a la Vida Civil adscrito al Ministerio del Interiorempezara a ser criticado al considerrsele particularmenteasistencialista. Para esta poca, los bene cios entre des-movilizados individuales y colectivos eran diferentes. Esta-

ba establecida una duracin mxima en el programa de 24meses para los desmovilizados individuales y, en cambio,una de apenas 18 meses para los colectivos. La ayudahumanitaria, un estipendio mensual entregado por el pro-grama, corresponda a $537.000 ms $179.000 pesos por

cada miembro adicional del grupo familiar para el desmo-vilizado individual; para el desmovilizado colectivo la ayudamensual estaba limitada, en cambio, a los $537.000 ini-ciales. Se aduce que es por esto que algunos paramilitarespre rieron desmovilizarse de manera individual, puesto queas recibiran bene cios adicionales para ellos y sus fami-lias (Mndez y Rivas, 2008, p. 10). En materia de proyectosproductivos, o lo que el programa llamaba capital semilla,a los desmovilizados individuales les eran entregados ochomillones de pesos, pero no podan realizar asociaciones. Alos desmovilizados colectivos, por su parte, aunque apenasse les otorgaban dos millones, tenan la oportunidad deasociarse y realizar proyectos productivos en el marco delos llamados Proyectos Productivos por la Paz (Mndez yRivas, 2008, p. 17).

Mltiples di cultades ocasionadas por la atencin di-ferenciada a los desmovilizados, problemas de coordina-

cin entre instituciones, fuertes cuestionamientos polticosal proceso y el desbordamiento de la capacidad del PRVCfrente a la magnitud de la poblacin desmovilizada llevarona que en 2006 se sacara el programa del Ministerio delInterior y se creara la Alta Consejera para la Reintegracin(ACR). El principal cambio fue de enfoque y de marco tem-poral: de intervenciones de corto plazo limitadas a la rein-sercin, se pas a intervenciones de largo plazo basadasen la nocin de reintegracin8. Estos y otros cambios es-tuvieron inspirados en la experiencia del Programa de Pazy Reconciliacin de Medelln. Es as como se migr haciaun programa ms personalizado basado en laruta (indivi-dual) de reintegracin, cuyas intervenciones no estaran di-ferenciadas por la condicin de desmovilizado individual ocolectivo, sino por los atributos sicosociales, vocacionales,educacionales y cvicos de los participantes.

Teniendo en cuenta este nuevo enfoque se conform unequipo multidisciplinario para brindar atencin en seis ejesde trabajo: Atencin sicosocial, educacin, formacin parael trabajo, gestin de oportunidades laborales, asistencia jurdica y reintegracin comunitaria. Al mismo tiempo, laACR inici un proceso de regionalizacin y cre veintisietecentros de servicios que atenderan a la poblacin desmovi-

lizada en dichas zonas bajo estos ejes de trabajo. Adicional-mente el excombatiente recibira mensualmente un apoyoeconmico. Finalmente hay que decir que con el objetode asegurar el compromiso de los desmovilizados con suproceso de reintegracin, se estableci que los bene cios

8 El 14 de febrero del 2007 el Gobierno Nacional sancion el Decreto 3951 del 2007, que cambi el enfoque de reinsercin al de reintegracin.


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econmicos del programa estaran condicionados al des-empeo del participante respecto de su proceso de rein-tegracin9.

En 2011, mediante el Decreto 4138, la Alta Conseje-ra pas a ser la Agencia Colombiana para la Reintegracin(ACR). Este cambio con gura a la Agencia como una unidadadministrativa especial, con personera jurdica, adscrita alDepartamento Administrativo de la Presidencia de la Rep-blica (DAPRE), lo cual permiti continuar y fortalecer la pol -tica de reintegracin, con mayor autonoma administrativa,

nanciera y presupuestal, y con una estructura organizativams slida. La ACR realiz un importante esfuerzo por in-dividualizar ms el proceso de reintegracin, de modo queun reintegrador tiene actualmente a cargo cuarenta parti-cipantes.

Pero el cambio de la ACR no se da solamente en trmi-nos administrativos. A partir de su reforma, la Agencia con-

form lo que se conoce hoy como laruta de reintegracin10

,que asume un enfoque integral orientado a la superacinde la vulnerabilidad del desmovilizado, en el cual las per-sonas deben asumir la responsabilidad frente a su procesode reintegracin, que tendr una duracin entre seis a sieteaos aproximadamente. El primer paso de la reintegracines la creacin, con el apoyo de un profesional reintegrador,de un plan de trabajo para el desmovilizado. Este trabajoinvolucra, en principio, una atencin sicosocial (bsica, in-termedia I, intermedia II, avanzada), con una duracin demximo dos aos y medio11; un cubrimiento en salud (art.6) y un apoyo en educacin (art. 8), con una duracin demximo seis aos y medio, mediante el cual se espera queel desmovilizado mejore sus conocimientos y habilidades.Luego, el desmovilizado podr acceder al bene cio de for-macin para el trabajo (FpT), teniendo como prerrequisitohaber aprobado al menos quinto de primaria (art. 13). Encuanto a los bene cios econmicos de apoyo a la reintegra-cin, el desmovilizado actualmente recibe mensualmente160.000 pesos por la asistencia y cumplimiento de cadabene cio, con un tope mximo de $480.00012. Finalmente,despus de que el desmovilizado cumpla con gran parte delos anteriores bene cios y compromisos, podr acceder a

un bene cio de reinsercin (arts. 21-28) que consiste en un

capital semilla para planes de negocio, educacin superioro vivienda propia. Este bene cio est supeditado al cumpli-miento de requisitos relacionados con el nivel de educaciny el nivel de formacin vocacional.

Sin embargo, a pesar de la intencin integral del actualprograma de reintegracin y de los esfuerzos en cuanto ala personalizacin de la ruta de reintegracin, en Colom-bia sigue existiendo un debate en torno a la capacidad dela oferta estatal para retener a los excombatientes en lalegalidad. El caso, sin datos concluyentes, que vincula ex-combatientes de las AUC y las guerrillas con las llamadasBACRIM es una muestra de ese debate, el cual se debe am-pliar tambin a la participacin de poblacin desmovilizadaen diversas formas de criminalidad. Al equiparar toda la cri-minalidad con la reincidencia, dicha problemtica eviden-cia nuevos riesgos para la reintegracin. Los datos sobre elfenmeno de la reincidencia continan siendo precarios e

insu cientes y, por lo tanto, se desconoce en qu medida ypor qu algunos desmovilizados se han integrado a la vidacivil de manera exitosa, mientras que otros han retornado ala ilegalidad. Hasta la fecha, el proceso de reintegracin noha sido objeto de evaluacin rigurosa, aun cuando el xitode cualquier acuerdo de paz futuro con las FARC y el ELNpresupone aprender del proceso de reintegracin existentey emplear ese conocimiento para evitar el aumento de lareincidencia en desmovilizados.

9 La Resolucin 0754 del 2013, en su artculo 16, establece que para el acceso al apoyo econmico a la reintegracin la persona en proceso de reinteg-cin deber cumplir mensualmente con el 90 % de los compromisos sealados de acuerdo con su ruta de reintegracin.

10 La Resolucin 163 de 2011 reglament los bene cios del programa, y se actualiz en el 2013.11 Ver Resolucin 163 del 2011, espec camente el art. 3.12 Art. 19: Causar el valor de cuatrocientos ochenta mil pesos ($480.000), la persona en proceso de reintegracin que asista y cumpla con tres (3) ben-

cios (atencin sicosocial, formacin para el trabajo y gestin para la educacin).


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Captulo II. Aspectos metodolgicos y retos de la investigacin

Los antecedentes y experiencias recientes en materiade DDR, y el programa de reintegracin actual, demues-

tran que Colombia es un pas con una vasta experiencia encuanto se re ere a la reintegracin de excombatientes a lavida civil. Sin embargo, como se mencion anteriormente,el fenmeno de la reincidencia contina siendo una preocu-pacin y un mayor entendimiento de dicha problemtica esindispensable si lo que se busca es una reintegracin sos-tenible.

Si bien las cifras o ciales muestran un esfuerzo sistem-tico por conocer las dinmicas de la poblacin desmoviliza-da, no resultan su cientes para comprender la complejidaddel fenmeno de la reincidencia. En ese sentido, es precisoreconocer que hasta el momento no se conoce con absolu-ta certeza (ms all de los registros o ciales) el tamao dela poblacin desmovilizada que ha retornado a la ilegalidad.As pues, la investigacin se vio enfrentada a una serie deretos. Por un lado, la construccin de una encuesta que per-mitiera medir temas comprometedores como lo es la par-ticipacin en actividades ilegales posdesmovilizacin. Porotro lado, construir una muestra representativa y aleatoriaque no solo incluyera participantes del programa de reinte-gracin, sino desmovilizados en prisin y no activos en elprograma de reintegracin del Gobierno.

Este segundo captulo busca poner en discusin losretos que enfrent la investigacin, as como algunos as-pectos metodolgicos relacionados con la medicin del fe-nmeno. En ese orden de ideas, el captulo se dividir entres secciones: la primera, expone la naturaleza del fen-meno a estudiar y discute sobre la medicin de los temascomprometedores; la segunda, explica la construccin me-todolgica que permiti tener una muestra representativade toda la poblacin desmovilizada y, nalmente, la tercera,describir el contenido y la distribucin del instrumento dela presente pesquisa, la encuesta.

1. Naturaleza compleja de la reincidenciaUno de los principales retos que enfrent el estudio

es el hecho de que su objeto es una conducta delicada ycomprometedora: la participacin en actividades ilegales/criminales. Admitir que se reincidi supone costos muy al-tos para los excombatientes: la prdida de los bene cios dela reintegracin bajo los trminos de la Ley 782 del 2002;la Ley 975 del 2005, o Ley de Justicia y Paz; el Decreto 128del 2003, la Ley 1106 del 2006 y la Ley 1424 del 2010,

que incluyen la suspensin condicionada de la pena fren-te al delito de concierto para delinquir simple o agravado,un bene cio econmico mensual tambin conocido comoapoyo econmico para la reintegracin, apoyo en edu-cacin, capacitacin laboral y apoyo sicosocial bajo la con-dicin de no retornar a actividades ilegales, criminales oviolentas. As mismo, admitir que se reincidi supone ungran riesgo judicial puesto que se est confesando un actodelincuencial, incluso para algunos desmovilizados reclui-dos en prisin que an no han sido condenados o acusadosde su verdadera participacin en actividades ilegales.

Para hacer frente a este reto, el estudio emple lassiguientes soluciones: 1) asegurar el anonimato de losencuestados siguiendo de manera estricta un protocolode con dencialidad para proteger las encuestas y 2) apli-car metodologas innovadoras, como los experimentos delista, para medir la reincidencia tanto de manera directa

como indirecta. Del mismo modo, se gestion y fortaleciuna colaboracin estrecha con la ACR y la MAPPOEA paralograr la participacin de los desmovilizados que estn enel programa de reintegracin y de los que estn en prisin.Tanto la ACR como la MAPPOEA gozan de legitimidad y dla con anza tanto de los participantes del programa comode los no participantes que estn en prisin, lo que mitigahasta cierto punto la naturaleza comprometedora del temaen cuestin.

Como parte de la metodologa, tanto la ACR como laMAPPOEA, dedicaron tiempo vital a socializar los objetivodel estudio entre los excombatientes, con el propsito deque estos estuvieran bien informados y su participacin fue-ra clara. As mismo, se seleccion una rma encuestadoraSistemas Especializados de Informacin (SEI) que cuen-ta con una vasta experiencia realizando encuestas enescenarios complejos, incluida poblacin desmovilizada.Adicionalmente, cada encuestador fue elegido de acuerdoa su capacidad y habilidad para trabajar con poblacionesvulnerables y fue entrenado para la aplicacin de la en-cuesta. El estudio fue piloteado en tres municipios del pasque cuentan con caractersticas diversas y la MAPPOEAacompa la aplicacin de las encuestas en crceles para

asegurar que el estudio no generar problemas de seguri-dad para los recluidos.

2. Una muestra representativaCon el objetivo de estudiar las razones por las que algu-

nos excombatientes retornan a la ilegalidad mientras otrosescogen reintegrarse de manera exitosa, es necesario con-tar con una muestra representativa de tal poblacin. Dichamuestra permite hacer inferencias acerca del total de la po-


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blacin objetivo de este estudio: los desmovilizados tantodel paramilitarismo como de la guerrilla.

La estrategia ms sencilla para hacer esto es sacar unamuestra aleatoria simple de excombatientes en el programade reintegracin. Sin embargo, esto representara problemasde cobertura que sesgaran los resultados puesto que noincluira a los excombatientes que, despus de la desmo-vilizacin, fueron asesinados, muertos en combate, captu-rados, encarcelados, decidieron reintegrarse sin apoyo delprograma de reintegracin o continuaron involucrados conactividades ilegales. Por lo tanto, se puede asumir que unamuestra que incluya nicamente a participantes del progra-ma de reintegracin tendra en cuenta a aquellos con mayo-res probabilidades de reintegrarse y excluira a aquellos conmayores probabilidades de reincidir o que ya han reincidido,lo cual di culta el entendimiento de la problemtica en cues-tin. No obstante, generar una muestra representativa de

todos los excombatientes supone importantes retos.En consecuencia, el presente estudio dise una meto-dologa que abord este reto directamente. Al contar con lacolaboracin de la ACR, el estudio tuvo acceso a una basede datos completa y anonimizada de los excombatientes13 que entregaron sus armas y se han desmovilizado, ascomo tambin informacin bsica sobre esta poblacin.As mismo, la fusin de informacin de varias fuentes laACR, la Polica Nacional, la Fiscala, Medicina Legal y el Ins-tituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia (IN-PEC) permiti conocer el estado de cada excombatiente:a) participante del programa desmovilizado que est ac-tualmente activo en este, b) fallecido desmovilizado queha muerto por diferentes causas despus de la desmovili-zacin, c) capturado desmovilizado que ha sido captura-do por la Polica por haber cometido delitos despus de sudesmovilizacin, d) interno en una crcel desmovilizadocondenado e internado en un centro carcelario o peniten-ciario, e) acusado de un crimen desmovilizado sindicadode la comisin de delitos despus de la desmovilizacin y

f) no ubicable desmovilizado que hoy en da no participaen el programa de reintegracin porque est inactivo o estreintegrndose por su propia cuenta.

El acceso a dicha informacin permiti trazar una es-trategia innovadora que busc encuestar a excombatientesen prisin (quienes aportan mayor fuerza en el anlisis dela reincidencia) y participantes del programa de la ACR te-niendo en cuenta su estado ante el sistema judicial y poli-cial. As mismo, dicha estrategia permiti corregir sesgospor la abstencin derivada de excombatientes fallecidos.Es importante resaltar que el marco muestral del estudio esprobablemente el mejor que se pudo obtener para realizarun anlisis exhaustivo sobre excombatientes en Colombia,dado que se desarroll en el marco de la aplicacin de laLey 1424 del 2010. Dicha ley orden, entre otras cosas, quetodos los excombatientes paramilitares que quisieran be-ne ciarse de una suspensin de la sentencia judicial en su

contra por condena o acusacin por concierto para delinquirdeban retornar o ingresar al programa de reintegracin dela ACR, contribuir a la reparacin y construccin de la verdadhistrica, as como participar en las actividades de serviciosocial que ofrece el programa. El incentivo creado por la Ley1424 estimul el ingreso de desmovilizados al programa dela ACR y, de paso, los convirti en potenciales encuestadosen el marco de este estudio14. Sin embargo, para el momen-to de la construccin de la muestra, el estudio en cuestinno contaba con la informacin sobre los desmovilizados queingresaron al programa a raz de la ley y, por lo tanto, se creuna proxi comparando la informacin del programa de rein-tegracin del 2010 (previa a la Ley 1424) con la informacindel 2012 (luego de la Ley 1424), con lo que fue posible id

reincidencia de los excombatientes

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