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REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº132

Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 2002

Casos Vinculados Caso Asesinato Orlando Sierra Hernández

Colombia No

Resumen caso Orlando Sierra Hernández, sub director del periódico La Patria de Manizales, fue asesinado el 30 de Enero de 2002. El periodista denunciaba a la clase política del departamento de Caldas a través de su columna “Punto de Encuentro” del periódico. En 1998 solicitó escoltas por las amenazas recibidas después de denunciar a Ferney Tabasco, dirigente del Partido Liberal en el mencionado Departamento, por cobrar dinero por la gestión para la expedición de libretas de servicio militar. Ferney Tabasco, quien perdió su investidura como congresista en 1998, fue señalado por varios testigos de ser el autor intelectual del asesinato de Sierra, "Yo estaba con don Ferney y Dixon (Tapasco) un martes, cuando Ferney cogió el periódico y dijo: a ese hp de Sierra no quiero verlo vivo mañana a la hora del almuerzo. Dixon dijo: hay que salir de ese problema de una vez. Al otro día mataron al periodista. ", dijo uno de los principales testigos a la revista SEMANA. Después desapareció en extrañas circunstancias. (Semana, 2007). Según los reportes de la Fiscalía, en los meses siguientes al asesinato de Sierra, seis personas, entre sicarios y testigos del crimen, fueron acribilladas. La mayoría de ellos habían sindicado al ex diputado Ferney Tapasco como el autor intelectual del asesinato. Sin embargo, investigadores afirman que hasta el año 2007, transcurridos 5 años de la investigación, la cifra real de homicidios relacionados con el caso Sierra Hernández es de 27 personas. (Semana, 2007)

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Homicidio Ilegal 2002 2. Obstrucción de la Justicia/investigación Ilegal 2002

Actores implicados 1. Partido Político Liberal 2. Medio de Comunicación escrita-Periódico La Patria

Denunciante (y cargo si aplica)

Luis Eduardo Vélez Atehortúa, denuncias anónimas

Acusado/a (cargo y jerarquía)

Dixon Ferney Tabasco (congresista, público alto), Luis Arley Ortiz Soto, alias 'Pereque' (privado bajo), Luis Fernando Soto Tapia (privado bajo), Luis Miguel Tabares, alias 'Tilín' (privado bajo), Ferney Tabasco González (diputado, público alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Civil No Político No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico No aplica Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Muertos(as) y lesionados(as) en la tragedia-Orlando Sierra Hernández

Mayor información 1. Documental Batalla del Silencio de la Sociedad Interamericana de Prensa y el Canal

Caracol: http://www.youtube.com/watch?v=keilDiuWYwo&NR=1 y http://www.youtube.com/watch?v=TKmRBMFCyzU

2. Semana (2007, 21 de Julio), “Cero y van 27 muertos”, Consultado el 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web:

http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=105094 Otras observaciones o comentarios

En agosto de 2009 el Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez solicitó abrir una nueva investigación sobre el asesinato de Orlando Sierra Hernández donde solicita vincular a los Ferney y Dixon Tabasco (congresista y ex congresista). Dixon Tapasco, hijo del ex diputado Ferney, está preso dentro del proceso de parapolítica por los señalamientos que en su contra ha hecho el ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), 'Ernesto Báez'. Las condenas este caso son: • Luis Fernando Soto Zapata, autor material del crimen recibió una condena de 19 años y seis

meses. • Luis Miguel Tabares y Luis Arley Ortiz, en mayo de 2005 fueron condenados a 28 años de

prisión como coautores materiales. Fecha del registro: Noviembre/2009



Casos Vinculados Caso Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)

Colombia No

Resumen caso Entre los años 2002 y 2005 la Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL), entidad encargada de la administración del régimen pensional de los empleados estatales, perdió más de 500 mil millones de pesos colombianos (U$256.748.070) por fraudes en el manejo y asignación de pensiones. Los abogados Omar y Armando Cabrera Polanco en diciembre de 2002, falsificaron una tutela en la que, con la complicidad de funcionarios de la Caja de Previsión Social y de la ex secretaria del Juzgado Tercero de Bogotá, Rosalba Fonseca Florido, se ordenaba la reliquidación pensional y laboral de 218 maestros a quienes, supuestamente por orden del Juzgado, se les incrementaron las mesadas pensionales, que fueron cobradas hasta el año 2005.La Fiscalía estableció que dicha tutela no existió. Quien descubrió el fraude fue el juez Carlos Milton Fonseca, del Juzgado Tercero de Bogotá, pues su secretaria fue quien se prestó para adulterar el supuesto fallo judicial y darle visos de legalidad. Cuando los hermanos Cabrera Polanco se vieron perseguidos escondieron los documentos que probaban sus actividades, los cuales fueron encontrados por los investigadores de la Fiscalía, evidenciando la existencia de pagarés firmados por el congresista Hernán Andrade como garantía de un préstamo por un total de 250 millones de pesos colombianos (U$128.374). Aunque el congresista Andrade admitió que recibió el préstamo, no explicó la destinación del mismo. Por este caso, fueron acusados los hermanos Cabrera Polanco, y Jeiner Gilombo (abogados), condenados a 74 meses de prisión por falsedad en documentos públicos, enriquecimiento ilícito, prevaricato, y peculado. Luis Álvaro Sánchez ex juez condenado a 15 años y 10 meses de cárcel por los delitos de prevaricato por acción, peculado por apropiación, concierto para delinquir y falsedad ideológica en documento público. Manuel David Arrieta Bejarano, Director Seccional de CAJANAL en el departamento de Sucre, se le imputaron 12 cargos que incluyen la autorización de manera irregular del pago de cuentas, y ordenar giros de dinero a personas que declararon que nunca lo recibieron, de servicios.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación Indebida Ilegal 1998, 2002, 2005 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1998, 2002, 2005 3. Falsificación de documentos/Uso malicioso Legal 1998, 2002, 2005

de Documentos 4. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 1998, 2002, 2005

Actores implicados 1. Otras instituciones públicas-Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL)


Carlos Milton Fonseca (Juez, Público Alto)


Omar y Armando Cabrera Polanco (Abogados, público bajo), Manuel David Arrieta Bejarano (Director Seccional Sucre, Público Alto), Rosalba Fonseca Florido (Secretaria, Público Bajo), Ricardo León Parra (Director CAJANAL, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Político Sí, Abierto Civil No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Actores Afectados 1. Beneficiarios(as) de la Política Pública 2. Usuarios(as) del Servicio

Mayor información 1. http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso149478-venas-rotas-de-

cajanal Otras observaciones o comentarios

CAJANAL fue liquidada en Julio del 2009

Fecha del registro: Diciembre/2009



Casos Vinculados Caso Carimagua Colombia No

Resumen caso Carimagua es la denominación de un conjunto de predios ubicados en el departamento del Meta, al oriente de Colombia, que habían sido prometidos a decenas de familias de desplazados en el año 2004 por el Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural – Incoder-. Sin embargo en el año 2008 el entonces ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, anunció que dichos terrenos serían entregados en concesión a empresas privadas para la explotación de cultivos de palma por medio de una licitación a la que fueron llamados quienes demostraran un patrimonio neto de $15.000 millones de pesos colombianos (US$7.702) en 2006 e ingresos por negocios agrarios de $50.000 millones de pesos colombianos (US$25.674.807) en los últimos 7 años. El mencionado ministro señaló que estos grandes empresarios darían mejor uso a la tierra, lo que representaría mayores dividendos para el Estado. De otra parte los desplazados, argumentaban que la tierra no servía, que no había desplazados interesados y que sólo podrían vivir 50 familias en los mencionados terrenos. Pese a lo anterior, en el año 2004, el Ministro Arias viajó a Japón para hacer el lanzamiento del proyecto Carimagua en Tokio, exaltando la fertilidad del suelo y las posibilidades de renta que ofrecían las tierras para cosechar palma, caucho, madera y, además,

producir oxigeno, demostrando que las 15.000 hectáreas eran aptas para la explotación agrícola y ganadera, y donde era posible ubicar al menos 500 familias campesinas. La exposición hecha por parte del ministro Arias, desató una serie de polémicas y acusaciones contra el Gobierno Nacional por la contradicción en la destinación de las tierras de Carimagua, las que favorecían a grandes empresarios en contravía del bienestar de las familias desplazadas. Frente a esta situación, el ministro Arias suspendió la licitación que entregaría a privados 15.000 hectáreas del predio Carimagua; sin embargo, a pesar de detener la convocatoria, el Gobierno no revertió los actos administrativos con los cuales le cambió la destinación de las tierras de Carimagua, por lo que en la actualidad siguen en curso el acuerdo 06 y la resolución 1791, del 6 y el 10 de julio del 2007 con los que fue aprobada la cesión de dichas tierras para cultivos de palma, caucho y maderables. Los sucesos que rodearon el cambio en la destinación de los suelos destinados a los desplazados de la violencia en Colombia, para ser vendidos a empresarios, hasta el momento no han sido investigados por las autoridades disciplinarias, penales o fiscales, razón por la cual es considerado un escándalo de presunta corrupción, principalmente “mediático”

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2008 2. Licitación pública fraudulenta Ilegal 2008 3. Negociación incompatible/Conflicto de

interés Ilegal 2008

Actores implicados 1. Ministerio de Agricultura 2. Empresas Privadas


Héctor Eli Rojas (congresista, Público, Alto)


Andrés Felipe Arias (Ministro de Agricultura, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Mediático Sí, Abierto Administrativo No Político Sí, Abierto Civil No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Primario-Agropecuario y Silvícola Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la Política Pública 3. Habitantes de la zona de Carimagua

Mayor información

Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Noviembre/2009


Nombre mediático del caso País Año de aparición en prensa

2006 Casos Vinculados Caso Chuzadas del Departamento

Administrativo de Seguridad (DAS) Colombia

Caso Jorge Noguera ex director Departamento Administrativo de

Seguridad (DAS) Resumen caso

El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) es señalado de interceptar las líneas telefónicas y los correos electrónicos a diferentes personajes públicos colombianos desde el año 2000. El escándalo estalló al revelarse que entre abril y mayo de 2006, época preelectoral donde el presidente Uribe hacía campaña para su primera reelección, habían sido interceptadas más de 100 personas. Entre éstas se destacan candidatos a la presidencia, miembros de la oposición, magistrados de las Altas Cortes, periodistas, entre otros. La directora del DAS María del Pilar Hurtado (2007 - 2008), dijo que el Presidente de la República había ordenado investigar a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, dados los rumores de posibles nexos con narcotráfico. Durante tres meses fueron interceptadas 1.900 llamadas de los magistrados de la Corte Suprema. Se destacaba el énfasis hecho en Iván Velásquez, magistrado auxiliar, jefe de la investigación de la para-política. También fueron interceptadas las llamadas de los fiscales de Justicia y Paz encargados de las investigaciones a paramilitares, y la oficina de protección de testigos de la Fiscalía, entre cientos de otras llamadas. Según un detective del DAS, al estallar el escándalo fueron destruidos CDs, discos duros, archivos de voces y documentos confidenciales en la sede principal del DAS en Bogotá. Adicionalmente se evidenció una relación informal entre la Presidencia de la República y el DAS en la cual cualquier alto funcionario de Palacio podía hacer solicitudes a esa entidad. También se reveló que interceptar los teléfonos era un servicio cobrado con tarifas que dependían del tiempo y de la persona objeto de vigilancia.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2006, 2007, 2008 2. Asociación Ilícita Ilegal 2006, 2007, 2008 3. Delitos informáticos Ilegal 2006, 2007, 2008 4. Falsificación de documentos/Uso malicioso

de Documentos Ilegal 2000, 2006, 2007, 2008

Actores implicados 1. Servicio de Inteligencia - Departamento Administrativo de Seguridad DAS 2. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República 3. Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia


Medios de comunicación escrita-Revista Semana, Medios de comunicación radial-Emisora La W, denuncias anónimas (Técnicos del Departamento Administrativo de Seguridad)

Acusado/a (cargo y jerarquía) Carlos Arzayus (Director de Inteligencia del DAS, público alto), María del Pilar Hurtado (Directora del DAS, público alto), Jorge Alberto Lagos (Jefe de Contrainteligencia del DAS, público alto), Jorge Noguera,(Ex Director del DAS, público alto) Andrés Peñate (Ex Director del DAS, público alto), Joaquín Polo (Ex Director del DAS, público alto), Fernando Tabares (Jefe de inteligencia del DAS. público alto)


No


1. Alcaldes(as) de la ciudad de Bogotá 2004-2011 2. Colaborador/Asesor(a) legal/Abogado del magistrado César Julio 3. Columnistas de Medios de Comunicación 4. Congresistas/Diputados(as)/Senadores(as) 5. Directores(as) de Medios de Comunicación 6. Electores(as) 7. Magistrados(as) de la Corte Suprema de Justicia 8. Ministro del Interior

Mayor información 1. “El DAS sigue grabando”: http://www.semana.com/noticias-nacion/das-sigue-

grabando/120991.aspx Otras observaciones o comentarios

1. Se mantiene en anónimo la identidad de los denunciantes Técnicos del DAS por temor a ser asesinados.

2. Producto del Caso, ocurrieron las siguientes renuncias y despidos: • Jorge Castro, Director de la Policía • Guillermo Chávez, Director de Inteligencia de la Policía • 11 generales de la policía salieron de sus cargos 3. Investigaciones Disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación: • Bernardo Moreno - Secretario General de la Presidencia de la República • César Mauricio Velásquez, Secretario de Prensa de Palacio. • Jorge Mario Eastman Robledo, Asesor Presidencial. • Mario Alejandro Aranguren Rincón, director Unidad de Información y Análisis

Financiero –UIAF. • José Miguel Narváez, ex director de Inteligencia y al ex sub Director del Departamento

Administrativo de Seguridad DAS. Fecha del registro: Noviembre/2009



Casos Vinculados Caso Coca en avión de la Fuerza Aérea Colombiana

Colombia No

Resumen caso En noviembre de 1998 fueron hallados 725 kilos de cocaína avaluados US$18 millones en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana –FAC- que aterrizó en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en Estados Unidos. La cocaína estaba camuflada en 4 plataformas metálicas de carga, y 1.304 gramos netos de heroína mimetizados en una de las mallas de la aeronave. Los 700 paquetes en lo que estaba empacada la droga fueron introducidos en hangares del Centro Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá. Este evento, evidenció la existencia de una organización al interior de la FAC que se dedicaba al tráfico de estupefacientes llamada el “cartel azul”, que estaría operando desde la base del Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), en Bogotá. Desde 1996 se había iniciado un juicio que seguía a tres técnicos de la institución armada, sindicados de haber ocultado heroína en uno de los compartimentos del avión en el que el entonces Presidente Ernesto Samper viajaría a Nueva York el 19 de septiembre de 1996. Uno de los técnicos detenidos, dio las listas de oficiales y suboficiales que, según él, habían estado vinculados a la actividad clandestina del trasiego de drogas y explicó

cómo operan las rutas en las que se utilizan aviones de la institución. Estos hechos fueron investigados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía que mencionó los posibles nexos de miembros de la FAC con el narcotraficante Jairo Correa Alzate. Además de propiciar la renuncia del General de la Armada Manuel Sandoval, la tripulación de la aeronave -oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea- fue enjuiciada por ese caso y el 10 de abril del 2002 fueron condenados el Teniente Ricardo Ramírez Ruiz y al Cabo Ismael Pulido Gómez a 15 años de prisión. Sin embargo el Teniente y el Cabo presentaron a la Fuerza Aérea Colombiana una de la sentencia de absolución supuestamente firmada por el magistrado Sigifredo Espinosa con el fin de no ser retirados de la institución. El documento resultó ser falso y por tal motivo fueron capturados, aceptando sus cargos por fraude procesal.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 1996, 1997, 1998 2. Tráfico de

Estupefacientes Ilegal 1998

Actores implicados 1. Fuerzas Armadas - Fuerza Aérea Colombiana (FAC)


Agentes Norteamericanos, Técnico de la Fuerza Aérea Colombiana detenido en Estados Unidos


Luis Fernando Cañaveral (Privado bajo), Gonzalo Alberto Noguera (Mayor FAC, medio público), Jairo Alberto Payán Bolaños (Teniente Coronel de la FAC, alto público), Ismael Pulido Gómez (Cabo FAC, bajo público), Ricardo Alberto Támara Gómez (Teniente FAC, medio público), Juan Ricardo Ruiz Ramírez (Teniente FAC, medio público)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Ciudadanía Mayor información

1. Proceso No. 25702 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal http://www.usergioarboleda.edu.co/derecho_penal/jurisprudencia_segundo_trimestre_2009/25702(06-05-09).doc

2. Las largas Alas del Cartel Azul http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-830121

Otras observaciones o comentarios Los acusados fueron condenados a 15 años de prisión, además de pagar una multa $9.938 millones de pesos colombianos (US$5.103.124) EN la base de datos, el delito de Asociación para delinquir, se clasifica dentro de la Asociación ilícita Fecha del registro: Diciembre de/2009



Casos Vinculados Caso Contralor de Cundinamarca 2004-2007

Colombia Caso Pablo Ardila Gobernador

de Cundinamarca Resumen caso

Juan Carlos Medina Ovalle fue nombrado Contralor del Departamento de Cundinamarca para ejercer sus funciones entre el 1ro de enero 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007. Dos presuntos hechos de corrupción fueron divulgados por la prensa nacional y local, y fueron sujeto de investigaciones disciplinarias y penales por parte de los organismos competentes. En el primero de ellos se sindicó al Contralor Medina Ovalle de haber presionado al Señor Mario Rueda Fonseca, gerente de la empresa Reimpodiésel, para que pagara una extorsión al Señor Libardo Antonio Correa Castañeda, luego de que Reimpodiésel obtuviera un contrato para el mantenimiento del parque automotor de la Gobernación de Cundinamarca, extorsión que tuvo lugar durante una reunión en la sede de la Contraloría en septiembre de 2004. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la intimidación de Correa pasó de la presión amenazante de que iba a obstaculizar la firma del contrato, incluso, a las amenazas contra la integridad personal de los beneficiados. La extorsión solicitada fue de $140.000.000 millones de pesos colombianos (US$71.889) y correspondían al 20% del valor comercial del contrato. El Contralor Medina Ovalle se fue denunciado por el Señor Mario Rueda Fonseca debido a que luego de que éste se negase a pagar la extorsión, la Contraloría de Cundinamarca finalizó unilateralmente el contrato entre Reimpodiésel y la Gobernación de Cundinamarca. Las indagaciones adelantadas por los investigadores llevaron a la conclusión que entre Correa Castañeda y el ex contralor Medina Ovalle existía una relación íntima de amistad, confirmada por el propio Correa, por lo menos desde 16 años atrás, cuando ambos estudiaron economía en una universidad en Bogotá. De acuerdo con la providencia del Vicefiscal Fernando Pareja Reinemer, quien fue el encargado de dirigir la investigación en la Fiscalía General de la Nación: “es evidente que la relación cercana que tenían el sindicado y el ex contralor fungió como el medio ideal que aprovechó aquél para citar a la Contraloría departamental al representante de Reimpodiésel y hacerle una exigencia, intimidándolo con su aparente poderío y dándole la impresión de contar con el manejo del ejercicio de las potestades del control fiscal.”(El Espectador, 2009). Pese a los hallazgos del cuerpo investigativo de la Fiscalía, en noviembre de 2007, Ruth Esperanza Gómez Osorio, juez 53 penal del circuito de Bogotá dejó en libertad al ex contralor Medina Ovalle, al considerar que la Fiscalía carecía de argumentos penales contundentes para mantenerlo detenido en un establecimiento carcelario. (El Tiempo, 2007). Otro de los presuntos hechos de corrupción sobre los cuales fue acusado el Contralor Medina, se descubrió debido de las denuncias efectuadas en el año 2004 por el diputado a la Asamblea de Cundinamarca Orlando Gaitán Mahecha, quien aseguró que “Medina Ovalle desvió los dineros del presupuesto de la Contraloría para contratar una nómina paralela, con lo que desfinanció la nómina oficial.” (El Tiempo, 2004). La información de prensa, con fecha del 29 de septiembre de 2004, señala que el diputado denunció que el Contralor despilfarró $798 millones de pesos colombianos (US$409.769) para pagar salarios a 87 funcionarios nombrados por Medina durante sus primeros 7 meses en el cargo de Contralor. En ese sentido, la prensa informa que Gaitán Mahecha aseveró que “el Contralor despilfarró el presupuesto a tal punto que en solo 7 meses gastó el 68,8% del presupuesto total de la entidad, incurriendo en gasto desmesurado que no garantiza el cumplimiento del equilibrio presupuestal.” (El Tiempo, 2004). Frente a las denuncias formuladas por el Diputado, el Contralor de Cundinamarca desvirtuó los señalamientos e instauró una denuncia penal por calumnia, injuria y falsa denuncia contra Gaitán Mahecha. Mediante un comunicado, el Contralor dijo que el presupuesto con el que recibió la entidad fue de $4.692 millones de pesos colombianos (US$ 2.409.323), aprobados por la Asamblea de Cundinamarca, mediante Ordenanza 24 del primero de diciembre de 2003, de acuerdo a la Ley 617 de 2000, y el mismo organismo, del que hace parte el diputado Gaitán Mahecha, aprobó un ajuste por Ley al presupuesto inicial de $3.900 millones de pesos colombianos (US$2.002.634), con una ejecución a la fecha del 48,2% (El Tiempo, 2004). Frente a este último caso, la Fiscalía General no tuvo pronunciamiento alguno. En la actualidad el Ex Contralor Medina Ovalle, no tiene en su contra sanciones penales o disciplinarias conocidas, luego de que, como se mencionó

anteriormente, fuera dejado en libertad por la Juez 53 Penal del Circuito en lo referente a su vinculación al caso de extorsión/soborno arriba explicado.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2007 2. Fraude: Malversación de caudales

públicos/Peculado Ilegal 2004

3. Utilización de información privilegiada Ilegal 2007 Actores implicados

1. Gobierno Regional-Gobernación de Cundinamarca 2. Entes Fiscalizadores y Reguladores-Contraloría de Cundinamarca 3. Empresa Privada


Orlando Gaitán Mahecha (Diputado a la Asamblea de Cundinamarca, Público Alto), Mario Rueda Fonseca (Gerente General Empresa Reimpodiésel, Privado Alto)


Juan Carlos Medina Ovalle (Contralor del Departamento de Cundinamarca, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político No Civil No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario - Servicios Personales/Profesionales/Técnicos Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de la Política Pública 2. Empresas competidoras

Mayor información 1. http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso169600-costosa-mordida 2. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1576787 3. El Tiempo, (2004, 2 de Octubre) “Diputado Denuncia Al Contralor” Consultado el día

5 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1576787

4. El Tiempo, (2007, 28 de Noviembre).”Nula medida de aseguramiento contra Juan Carlos Medina Ovalle, contralor de Cundinamarca” Consultado el día 5 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3834922

5. El Espectador, (2009, 30 de Octubre). “Costosa ‘mordida’” Consultado el día 5 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.elespectador.com/impreso/judicial/articuloimpreso169600-costosa-mordida

Otras observaciones o comentarios El caso volvió a aparecer en la prensa el año 2007




Casos Vinculados Caso Contrataciones en la Dirección Nacional de Estupefacientes

Colombia No

Resumen caso La Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) fue creada para coordinar algunas políticas del Estado colombiano en materia de drogas y estupefacientes, relacionadas con el decomiso y administración de bienes adquiridos con dineros producto de la comisión de los delitos de narcotráfico. En el año 2004 la entidad se vio involucrada en el cobro de comisiones a cambio del arriendo de casas, fincas y demás inmuebles incautados al narcotráfico, situación que involucró directamente al entonces director Luis Alfonso Plazas Vega. Plazas Vega fue denunciado por el senador Javier Cáceres por la presunta celebración de contratos en beneficio de personas cercanas sin cumplir los requisitos legales, y por la entrega de bienes incautados a personas con antecedentes penales, entre ellos Napoleón Garavito Acosta, investigado por peculado por apropiación y falsedad en documento; Mario Tomás Mosquera López, condenado por estafa; y la corporación CISER, entidad de la cual uno de sus socios había sido condenado a 40 meses por extorsión. Con base en estas denuncias, la Contraloría General de la República inició investigaciones que evidenciaron la entrega de predios a terceros sin que mediara un acta de inventario que permitiera la presentación de informes mensuales relacionados con rendimientos y frutos. Por esta razón se encontró mérito para indagar sobre un posible daño patrimonial al Estado que supera los $700.000.000 de pesos colombianos (US$359.447). Además del caso antes enunciado, la DNE, desde el año 2004 ha estado involucrada en diversos escándalos sobre presuntos hechos de corrupción, dentro de los cuales se destacan: la expedición y uso de documentos falsos, resoluciones adulteradas, suplantación de personas y esguinces a los procedimientos legales, la asignación a testaferros de decenas de millonarios bienes decomisados a los narcotraficantes, así como el uso de dichos bienes para realizar estafas. A raíz de esto, los medios de comunicación en Colombia han llegado a señalar que la entidad la rodea una mafia, razón por la cual el Ministerio del Interior y Justicia, entidad a la cual se adscribe la DNE, decidió entregar la administración de los bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que depende del Ministerio de Hacienda. Actualmente la Fiscalía adelanta 110 investigaciones sobre las presuntas irregularidades de la DNE, los juzgados especializados 14 y los tribunales 2. Los involucrados están siendo investigados por delitos tales como: lavado de activos, peculado, concusión, estafa, falsedad en documento público, hurto agravado y calificado, además de invasión de tierra. El Valle del Cauca, Puerto Boyacá, el Magdalena Medio y el Eje Cafetero son las zonas del país donde se reportaron estas irregularidades.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Legal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 2. Apropiación indebida Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 3. Falsificación de documentos/Uso

malicioso de documentos Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

4. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 5. Fraude: Malversación de caudales

públicos/Peculado Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

6. Lavado de dinero Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Actores implicados

1. Otras instituciones públicas – Dirección Nacional de Estupefacientes 2. Ministerio de Hacienda Denunciante (y cargo si aplica)

Javier Cáceres (Senador de la Republica, Público Alto)


Luis Alfonso Plazas Vega (Director de la DNE, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Abierto Civil No

Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la Política Pública

Mayor información 1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1511394 2. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1530593

Otras observaciones o comentarios



Año de aparición en prensa

Nombre mediático del caso País

2006 Casos Vinculados Caso Convenios Interadminstrativos entre

Universidad de Cartagena y Departamento del Casanare

Colombia Caso Parapolítica, Caso

Financiamiento de Campañas por

Paramilitares-Caso de Miguel Ángel Perez

Resumen caso En el año 2002, la Gobernación del Departamento del Casanare suscribió varios Convenios interadministrativos con la Universidad de Cartagena, universidad pública colombiana de régimen especial. Los hechos irregulares se presentaron en los convenios Nos. 867 y 230, a los que fueron adicionados acuerdos hasta llegar a sumas superiores a los $128.000 millones de pesos colombianos (US$ 65.727.506). Ese dinero fue erogado por la Gobernación del Casanare a la Universidad de Cartagena, sin embargo, estudios técnicos practicados por funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, establecieron la existencia de sobrecostos por más de $5.000 millones de pesos colombianos (US$2.567.480). (Fiscalía General de la Nación, 2007). En el proceso adelantado fueron involucrados como responsables el, en su momento, rector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández Gamarra y el Gobernador del Casanare William Hernán Pérez Esquivel. En materia Disciplinaria el Ministerio Público, estableció que al llevar a cabo dichos convenios se “desconocieron los principios de selección objetiva, transparencia y economía, al no convocar a otras entidades públicas, y no realizar estudios técnicos, administrativos, económicos ni jurídicos para determinar la necesidad y conveniencia para el departamento”. (Radio Santa Fe, 2008). En el marco de la Investigación, la Procuraduría y la Fiscalía descubrieron que el exgobernador William Hernán Pérez Espinel, también promovió, auspició y financió a grupos paramiltiares, y recibió de estas organizaciones $3.000 millones de pesos colombianos (US$1.540.488) para costear su campaña electoral. Según la Procuraduría, el ex mandatario del Casanare tuvo estrechos vínculos con el grupo paramilitar liderado por Germán Darío Buitrago Parada, más conocido con el alias de “Martín Llanos”. En fallo de única instancia, el Ministerio Público afirmó que quedó plenamente comprobado que Pérez Espinel, quien se desempeñó como gobernador entre el 2001 y 2003, incurrió en una falta disciplinaria gravísima y a título de dolo

al poner su cargo al servicio del grupo paramilitar dominante en la zona, con el propósito de promocionar, auspiciar y financiar el mismo como “retribución” al hecho de que gracias a su apoyo accedió a esa dignidad. (Radio Santa Fe, 2008). De acuerdo con declaraciones dadas por Carlos Guzmán Daza, alias “Salomón”, considerado el vocero político del grupo paramilitar, el entonces gobernador del Casanare, manejó la contratación del departamento a través de cooperativas creadas con ese propósito como Conalde, Coopnal, Cooespro, Proteger y Codeter. Adicionalmente, se comprobó la creación de una “oficina paralela” de la Oficina Jurídica de la Gobernación, la cual estaba destinada a adelantar todo el trámite de legalidad de la contratación ocultando su finalidad de cumplir compromisos previamente adquiridos. (Radio Santa Fe, 2008). La Procuraduría General de la Nación también comprobó que el exgobernador Pérez Espinel pasó por alto todo el trámite de legalidad de la contratación pública, para poder cumplir sus compromisos financieros con la asociación delictiva, actuaciones que fueron objeto en su momento de sanción disciplinaria. Para finalizar es importante aclarar que, de acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, este caso no se trata de la violación del régimen contractual sino del régimen presupuestal y, específicamente, del ordenamiento de la utilización de las regalías, producida mediante de este instrumento de gestión administrativa que constituye el contrato. (Procuraduría General de la Nación, 2009)

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta

1. Apropiación Indebida Ilegal 2002 2. Asociación Ilícita Ilegal 2002 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2002 4. Fraude: Malversación de caudales


Actores implicados 1. Otras instituciones públicas - Universidad de Cartagena 2. Gobierno Regional - Gobernación de Casanare 3. Empresa Privada - Meyán Ltda. 4. Empresa Privada - Servicios de Ingeniería S.A. (SDI) 5. Grupos Paramilitares

Denunciante (y cargo si aplica) Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República

Acusado/a (cargo y jerarquía) Sergio Manuel Hernández Gamarra (Rector de la Universidad de Cartagena, Público Alto), Felipe Agustín Incer Covo (Representante legal de la Sociedad de Servicios de Ingeniería S.A., SDI, Privado Alto), Baltazar Eduardo Mesa Restrepo.(Representante legal de Meyán Ltda., Privado Alto), William Hernán Pérez Espinel (Gobernador de Casanare, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Primario-Construcción Actores Afectados

1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la Política Pública

Mayor información

1. Fiscalía General de la Nación, (2007, 24 de Mayo), “Medida de aseguramiento en contra del ex rector de la Universidad de Cartagena” Consultado el día 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.fiscalia.gov.co/pag/DIVULGA/noticias2007/anticorrupcion/CorrupCartagenaMay24.htm

2. Radio Santa Fe, (2008, 27 de Noviembre). “Paramilitarismo: Exgobernador del Casanare William Pérez Esquivel inhabilitado 20 años” Consultado el día 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.radiosantafe.com/2008/11/27/gobernador-del-casanare-william-perez-esquivel-inhabilitado-20-anos/

3. Procuraduría General de la Nación, (2009, 28 de Septiembre). “Destituido ex rector de la universidad de Cartagena” Consultado el día 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.procuraduria.gov.co/html/noticias_2009/noticias_529.htm

Otras observaciones o comentarios 1. El caso volvió a aparecer en prensa el año 2007. 2. Las sanciones derivadas de las investigaciones en este proceso son las siguientes: • Sergio Manuel Hernández Gamarra: En materia Penal, un fiscal de la Unidad Nacional

Anticorrupción dispuso la detención preventiva del ex rector de la Universidad de Cartagena, contra quién se adelanta un proceso por el delito de peculado por apropiación. En materia disciplinaria, en Septiembre de 2009, la Procuraduría General de la Nación lo destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos.

• William Hernán Pérez Espinel: En materia Penal, en mayo de 2008, la Fiscalía General de la Nación le dictó medida de aseguramiento por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación en favor de terceros y concusión. En noviembre de 2009, luego de acogerse a sentencia anticipada en los delitos de concierto para delinquir agravado y celebración indebida de contratos, sumados a otros como peculado a favor de terceros y concusión, Pérez fue sentenciado a 15 años de prisión, y multado por $2.400 millones de pesos Colombianos. En materia Disciplinaria, el exgobernador Pérez fue destituido de su cargo e inhabilitado para desempeñar cargos públicos por 20 años, la resolución tomó en cuenta las irregularidades en la celebración de contratos y los vínculos con grupos paramilitares anteriormente descritos.

• En el mismo proceso, el fiscal instructor también vinculó por el delito de peculado por apropiación a Baltazar Eduardo Mesa Restrepo, representante legal de Meyán Ltda., quien suscribió el contrato No. UDC-867-04-01 con la Universidad de Cartagena. En este caso se detectaron sobrecostos por más de tres mil millones de pesos.

• Así mismo, fue vinculado Felipe Agustín Incer Covo, representante legal de la Sociedad de Servicios de Ingeniería S.A., SDI, quien firmó contrato de consultoría con la Universidad de Cartagena, pero figura escogiendo a los contratistas que desarrollaron los convenios suscritos con la Gobernación del Casanare. Esta persona también es investigada por el delito de peculado por apropiación.

Fecha del registro: Diciembre 2009



Casos Vinculados Caso Corrupción en el Instituto Nacional de Concesiones

(INCO)

Colombia Caso INVIAS – Daniel García Arizabaleta, Caso Parapolítica,

Caso Los Nule

Resumen caso El Instituto Nacional de Concesiones (INCO), es una entidad pública del nivel nacional, adscrita al Ministerio de Transporte de Colombia, encargada de identificar y proponer iniciativas de vinculación del capital privado para el desarrollo de la infraestructura de transporte y de los servicios conexos o relacionados en Colombia. Actualmente, administra una red vial primaria concesionada de más de 4.000 kilómetros con inversiones público - privadas que ascienden a $12,09 billones de pesos colombianos (US$6.500 Millones, aproximadamente.). (La República, 2009). Desde el año 2006, esta entidad ha sido mencionada en diversas ocasiones por la prensa nacional en escándalos de corrupción. Sus tres últimos directores han dejado el cargo por presuntos hechos de corrupción. Teniendo en cuenta lo anterior, esta ficha revisa los tres casos de corrupción más relevantes de los últimos años que han determinado el retiro de sus directivos. 1. Luis Carlos Ordosgoitia Santana, Ingeniero Civil que se desempeñó como Director del

INCO hasta el mes de Noviembre de 2006, fecha en la cual se retiró voluntariamente del cargo tras admitir que era uno de los cerca de 30 políticos que el 23 de julio de 2001 asistieron a una conferencia convocada por la organización paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), activa en ese entonces. Dicho encuentro terminó con la firma del llamado “Acuerdo de Ralito”, que comprometía a los asistentes, entre ellos algunas docenas de congresistas, con la “refundación” del Estado y la suscripción de un "nuevo contrato social". La divulgación del documento desató el llamado escándalo de la "parapolítica,” por nexos de políticos con las Autodefensas Unidas de Colombia – AUC. Aunque el acto ilegal del que se acusó a Ordosgoitia no ocurrió durante el tiempo que éste ocupó el cargo de Director del INCO, el proceso de investigación penal y el escándalo ante la opinión pública sí se desató durante este periodo, razón por la cual el nombre y la imagen del Instituto se vieron involucrados. Luego de la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, Ordosgoitia fue declarado inocente por el vicefiscal general, Guillermo Mendoza Diago, quien ordenó la libertad inmediata del ex congresista y ex director del INCO, al considerar que su participación en el denominado Acuerdo de Ralito, no constituyó delito. Según la decisión del Vicefiscal, el hecho de que un político hubiera ido a la reunión de Ralito no da una absoluta certeza para condenar a los asistentes, sino que se deben analizar las razones que los llevaron allí. Según el abogado del ex congresista, en este caso, Ordosgoitia cumplía una misión de acercamiento con los jefes paramilitares, encomendada por el presidente Andrés Pastrana Arango y en el momento de la reunión aún se encontraba en cumplimiento de esa comisión de facilitador autorizada por el Primer Mandatario. (El Tiempo, 2008)

2. Fabio Méndez Dangond, Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales, se desempeñó como Director del INCO desde diciembre de 2006 hasta el mes de Marzo de 2007. Fue destituido por presentar un diploma falso de magister en Finanzas y Evaluación de Proyectos. Según el Ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, Méndez Dangond le juró por Dios que había cursado los estudios sobre los cuales fue acusado de mentir. En declaraciones a “W radio”, Méndez Dangond señaló que sí le hizo tal juramento al ministro, pero no aportó los documentos del magister. Hasta la fecha no se conocen fallos de investigaciones de tipo penal en contra del funcionario, la sanción disciplinaria fue la destitución de su cargo, no obstante en los archivos de la Procuraduría General de la Nación no se registra ninguna inhabilidad o sanción disciplinaria adicional a su despido.

3. Alvaro José Soto, se desempeñó como Director del INCO hasta Septiembre de 2009, cuando el Presidente Álvaro Uribe Vélez, lo relevó del cargo de director, al tiempo que a tres funcionarios más de la entidad y a un asesor del Ministerio del Transporte, por presuntos hechos de corrupción. Esto se debió a la aparición en los medios de comunicación de una grabación de una conversación telefónica en la cual se oía a un asesor del INCO hablar de la presunta distribución de dineros a directivas de la entidad para otorgar una millonaria concesión de la obra del ferrocarril central de Colombia. Dicho asesor fue identificado como Guillermo Gómez, quien habla con una segunda persona sobre la distribución de los dineros que entregará un licitante. El asesor menciona no sólo al director

del INCO, sino a otros cuatro funcionarios de esta institución y la distribución de los dineros, que sería del 60 por ciento del valor de la licitación. Gómez, según la grabación, dice como sería entregado el porcentaje entregado para Álvaro José Soto, quien lo recibiría a través de una tercera persona. Actualmente el proceso está en investigación ante los órganos Fiscales, Penales y Disciplinarios.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 2001 2. Falsificación de Documentos/Uso malicioso

de documentos Ilegal 2007

3. Licitación pública fraudulenta Ilegal 2009 Actores implicados

1. Poder Legislativo – Congresistas 2. Empresas Privadas - Proveedores y/o Contratistas del Estado 3. Grupos Paramilitares 4. Ministerio de Transporte


Fiscalía General de la Nación (Público Alto), Andrés Uriel Gallego (Ministro de Transporte, Público Alto)


Fabio Méndez (Director INCO , Público Alto), Luis Carlos Ordosgoitia (Director INCO, Público Alto), Álvaro José Soto (Director INCO, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Político Sí, Cerrado

Civil Sí, Abierto Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Primario – Construcción Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de Política Pública 2. Empresas Competidoras 3. Otros(as) candidatos(as) al cargo de director

Mayor información 1. La República, (2009, 22 de Septiembre). “Por corrupción, destituyen a director del

INCO”. Consultado el día 10 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: 2. http://rse.larepublica.com.co/archivos/MACRO/2009-09-22/por-corrupcion-destituyen-

a-director-del-INCO_83727.php 3. http://www.cmi.com.co/?ir=noticia&nota=35015&seccion=8 4. El Tiempo, (2008, 3 de Septiembre). “Libre Luis Carlos Ordosgoitia por no tener

responsabilidad en la reunión de Ralito” Consultado el día 10 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.eltiempo.com/colombia/justicia/2008-09-03/libre-luis-carlos-ordosgoitia-por-no-tener-responsabilidad-en-la-reunion-de-ralito_4498335-1

Otras observaciones o comentarios Fecha del registro: Diciembre/2009



Casos Vinculados Caso Corrupción en el Sector Salud del Departamento del Chocó

Colombia No

Resumen caso En el año 2006 la Superintendencia de Salud de Colombia, adelantó importantes acciones de vigilancia a las entidades del sector salud del departamento del Chocó, una de ellas, la intervención del hospital San Francisco de Asís, de Quibdó, el más grande del departamento. En dicho hospital, la superintendencia encontró problemas de ineficiencia, bajos estándares de calidad y ausencia de gestión en riesgos hospitalarios, así como cuentas sin pagar superiores a $5.413 millones de pesos colombianos (US$2.800.541). Según un informe de la Supersalud. “Al momento de la visita, el hospital no disponía de existencias mínimas de insumos hospitalarios, medicamentos, ni material médico-quirúrgico. Además, no había control de los recursos financieros, ni existía plan de pago”. (Colprensa- El Colombiano -El País, 2006). Por su parte, investigaciones adelantadas por la Defensoría del Pueblo, señalaron que la ineficiencia administrativa en el sector salud del Departamento conjugaba, problemas políticos y personales entre el, en su momento, Gobernador Julio Ibarguén Mosquera y la Dirección del Hospital San Francisco de Asís. Por ese problema, la Defensoría indicó que la Gobernación dejó de girar recursos al hospital, lo cual llevó al deterioro del establecimiento, y al embargo de $2.222 millones de pesos colombianos (US$1.149.603) de las cuentas de los recursos de la salud, afectando a los trabajadores, contratistas y proveedores. (Colprensa- El Colombiano -El País, 2006). La situación dejó al departamento del Chocó sin recursos para vacunas y atención sanitaria durante 2006 y 2007. Con base en estos antecedentes, la Supersalud estudió las posibles medidas contra el Departamento Administrativo de Salud - DASALUD, entidad encargada de la administración de los recursos del sector. El ente de vigilancia, encontró que DASALUD no contaba con un sistema contable ni soportes de los cheques girados, así como tampoco había registro exacto de las cuentas por pagar y el inventario de las cuentas ascendía a más de $12.000 millones de pesos colombianos (US$6.208.478) (Colprensa- El Colombiano -El País , 2006). No siendo la situación lo suficientemente grave, en el año 2007 la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía General de la Nación, informó a la opinión pública que la organización criminal de Olmes Durán Ibargüen, el más importante narcotraficante del Pacífico colombiano, había infiltrado el manejo de recursos públicos para la salud y de la Licorera de Chocó. De acuerdo a las autoridades, en la casa del Narcotraficante, los investigadores encontraron un listado de 13 contratos firmados en 2006 con DASALUD, por valor de $5.000 millones de pesos colombianos (US$2.586.866), y el monto de las comisiones que cobraba por ellos. Según las indagaciones del organismo judicial, era la contraprestación que el ex gobernador Julio Ibargüen Mosquera, le había dado a Durán, quien había invertido en su campaña más de $700 millones de pesos colombianos (US$362.161). (Fiscalía General de la Nación, 2007). A estas evidencias se sumaron grabaciones de más de 100 horas de conversaciones telefónicas ente Durán y sus aliados, en las cuales se habla sobre las cifras del negocio de los licores y sobre los contratos en DASALUD. Dichas grabaciones también demuestran que algunos funcionarios de la Gobernación y de DASALUD, mantenían a Durán al tanto de las investigaciones administrativas, penales y disciplinarias en curso y de las reuniones promovidas por el Gobierno Nacional y los órganos de control para enfrentar la crítica situación de la salud del departamento. (Cambio, 2007). Según pruebas en poder de las autoridades, los cerca de $57.000 millones de pesos colombianos (US$29.490.272) que el Gobierno asigna cada año a DASALUD y los cerca de $12.000 millones de pesos colombianos (US$6.208.478) que deja la comercialización de los licores en cabeza del Consorcio Chocó-Pacífico en el cual Durán tiene participación, hacían parte de los negocios del narcotraficante. (Cambio, 2007) Investigaciones, resoluciones o penas: En Julio de 2007, la Fiscalía General de la Nación, ordenó abrir investigación contra el Gobernador del Chocó Julio Ibarguén Mosquera, por el presunto desvío de recursos oficiales

hacia personas que lideraban organizaciones dedicadas al narcotráfico, delito que es actualmente investigado por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. En el mismo proceso fueron asegurados sin beneficio de excarcelación Olmes Durán Ibargüen, Anurio Murillo Murillo, Ermes Prudencio Mosquera Mosquera, Francisco Reyis Murillo Murillo, Héctor Jaime Castillo Córdoba, Iber Andrés Valencia Rebolledo, Ignacio Lemos Potes, Rubén Perlaza y Jilmar Guevara Saavedra. Estas personas fueron capturadas el 15 de junio de 2007 y actualmente están siendo procesados por los delitos de tráfico, fabricación ó porte de estupefacientes agravado y concierto para delinquir. (Fiscalía, 2007). En materia disciplinaria, en seguimiento a los casos de Corrupción en la Administración de DASALUD, en el año 2007, el ex Gobernador Julio Ibarguén y el ex Director del Departamento Administrativo de Salud Departamental, Víctor Oscar Klinger, fueron sancionados por la Procuraduría General de la Nación con destitución de sus cargos e inhabilidad por irregularidades cometidas en la adjudicación de un contrato para la compra de equipos hospitalarios, insumos y medicamentos para los centros de salud del Departamento, en donde se registraron sobrecostos superiores al 443 % en la compra de medicamentos. (Procuraduría General de la Nación, 2008. p 74).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación Indebida Ilegal 2006, 2007 2. Asociación Ilícita Ilegal 2006, 2007 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2006, 2007 4. Fraude: Malversación de caudales

públicos/Peculado Ilegal 2006, 2007

5. Licitación pública fraudulenta Ilegal 2006, 2007 Actores implicados

1. Gobierno Local-Gobernación del Chocó 2. Otras instituciones públicas - Departamento Administrativo de Salud Departamental

de Chocó (DASALUD) 3. Hospital - San Francisco de Asís, de Quibdó - Chocó 4. Carteles de narcotráfico - Grupo de Narcotraficantes liderado por Olmes Durán

Ibargüen Denunciante (y cargo si aplica)

Fiscalía General de la Nacional, Procuraduría General de la Nación (Ente Fiscalizador y Regulador), Superintendencia de Salud (Ente Fiscalizador y Regulador)

Acusado/a (cargo y jerarquía) Olmes Durán Ibargüen, (Narcotraficante), Julio Ibarguén Mosquera (Gobernador del Chocó, Público Alto), Víctor Oscar Klinger (Director del Departamento Administrativo de Salud Departamental de Chocó-DASALUD, Público Medio).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Civil No se accede al dato Penal Sí, Abierto Político No se accede al dato Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No se accede al dato

Sector Económico Terciario – Servicios de Salud Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de la Política Pública 2. Habitantes de la zona del Chocó

Mayor información 1. Colprensa- El Colombiano -El País, (2006). “Corrupción se devora al Chocó”

Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.elpais.com.co/paisonline/notas/Abril012007/corrupcion.html

2. Cambio, (2007, 29 de Junio), “El Gobernador y el narco” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web:

http://www.cambio.com.co/paiscambio/731/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-3618300.html

3. Fiscalía General de la Nación, (2007, 6 de Julio) “Fiscalía Investigará a Gobernador del Chocó” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.fiscalia.gov.co/pag/divulga/noticias2007/seccosta/Scgoberna6jul.htm





Casos Vinculados Caso DMG-Financiamiento de campañas Colombia No

Resumen caso DMG, es la sigla con la que se dio a conocer la multimillonaria empresa de David Murcia Guzmán, captadora ilegal de dinero que funcionaba bajo el esquema de “pirámides financieras”, en el que los responsables pagaban altos rendimientos con el dinero de nuevos clientes captados en cadena. Luego de tres años de estar operando bajo el esquema de pirámide y con más de 30 empresas constituidas, el Gobierno Nacional decide intervenir la firma DMG por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concierto para delinquir, captación ilegal de dineros del público y cohecho. Después de algunos meses de ser intervenida la empresa DMG, se conoció la noticia en la que señalaban que la empresa intervenida tenía en sus bodegas guardados los documentos con las firmas para convocar un referendo para la reelección presidencial, y que la empresa de transporte de valores Transval, que transportó los documentos sin cobrar por este servicio, tenía como accionista a la firma Proval, la cual a su vez tenía acciones en DMG. Debido a esto se inició una investigación sobre la financiación de la campaña por la reelección en la que se encontró que $5.000 millones de pesos colombianos (US$2.590.000) no fueron declarados a las autoridades competentes, y la violación de los topes fijados por la ley. Al parecer se recibieron y gastaron alrededor de $1.900 millones de pesos colombianos (US$98.300). David Murcia Guzmán en declaraciones hechas durante la audiencia de juzgamiento señaló que aportó no menos de $5.000 millones de pesos colombianos (US$2.590.000) para la financiación del proceso logístico del referendo: aviones, helicópteros y vehículos blindados, y en la compra de camisetas, gorras y papelería, actividades que se realizaron a solicitud del Comité Promotor del Referendo para la Reelección de Uribe. El Consejo Nacional Electoral investigó cómo se financió la recolección de millones de firmas de respaldo a un proyecto que busca convocar a los electores a las urnas para que aprueben una enmienda constitucional que permita que el actual presidente, Álvaro Uribe Vélez sea reelegido y determinó que la campaña no recibió dinero por parte DMG. Adicionalmente, se conoció la noticia de que la campaña electoral de Samuel Moreno a la Alcaldía de Bogotá, pudo haber sido financiada por este grupo. Al respecto se señalo que David Murcia Guzmán, y William Suarez presidente de la comercializadora DMG, se reunieron con el Personero Distrital de Bogotá, Francisco Rojas Birry, en la casa de María Eugenia Rojas, madre del alcalde Samuel Moreno, con el fin de conocer su posición frente a la candidatura de Enrique Peñalosa (principal contendor político de Moreno Rojas), quien cuestionaba y atacaba a DMG. No obstante, en las investigaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación, fueron encontradas grabaciones donde funcionarios de DMG acordaban la entrega de $200 millones de pesos colombianos

(US$103.000) al personero Rojas Birry, quien recibió cargos por parte de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 2008 2. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2008 3. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2008 4. Fraude Electoral Ilegal 2008 5. Intervención electoral Legal 2008 6. Lavado de dinero Ilegal 2008

Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Gobierno Local 3. Gobierno Regional 4. Empresa Privada-DGM

Denunciante (y cargo si aplica) Wilson Borja (Representante a la Cámara, Público Alto), Germán Navas (Representante a la Cámara, Público Alto)

Acusado/a (cargo y jerarquía) Francisco Rojas Birry (Personero de Bogotá, Público Alto), Álvaro Uribe Vélez (Presidente de la República, Público alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Civil No Político Sí, Abierto Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios Personales/Profesionales/Técnicos Actores Afectados

1. Candidatos(as) Competidores(as) 2. Electores(as) 3. Ciudadanía

Mayor información 1. http://www.semana.com/noticias-opinion/comodin-dmg/121998.aspx

Otras observaciones o comentarios Otras personas que han sido señalados de recibir recursos para la financiación de las campañas políticas, por parte de DMG fueron:

• Pedro Alonso Sanabria, Gobernación de Boyacá; • Jorge Enrique Guáqueta; Alcaldía de Suesca, Cubndinamarca; • Juan Pablo Díazgranados Pinedo, Alcaldia de Santa Marta, Magdalena • Ómar Díazgranados Velásquez, Gobernación del Magdalena • Joaco Berrío, Gobernación de Bolívar ( • Felipe Guzmán, Gobernación de Putumayo • Raúl Iván Flores, Gobernación de Casanare • Jorge Pérez, Gobernación de La Guajira • Pedro Gallardo, Gobernación de San Andrés • Darío Vásquez, Gobernación del ) Meta • Mario Aristizabal, Gobernación de Caldas ¡ • Arturo García y Pedro Alonso Sanabria, Gobernación de Boyacá • Juan Carlos Abadía, Gobernación del Valle • y otros 50 alcaldes municipales

Fecha del registro: Noviembre/2009



Casos Vinculados Caso Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe (DRAGACOL)

Colombia No

Resumen caso La Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe (Dragacol), fue constituida en 1994 con US$104.000, no obstante para finales del año de su creación su contratación superaba los US$3.861.000. Sus contratos eran celebrados principalmente con el Ministerio de Transporte para ejecutar las obras de dragado y adecuación del río Magdalena, en el sector Barrancabermeja-Chingaló. Sin embargo los funcionarios del Ministerio que realizaban la contratación no tuvieron en cuenta la figura de interventoría, por lo que no se pudo dar inicio a las obras, situación que le costó a la Nación US$6.725 diarios. Dragacol demandó al Gobierno por estas irregularidades, el cual se tuvo que comprometer por medio de varias solicitudes de conciliación a pagar una suma de US$2.475.000 y posteriormente de US$13.450.000 por motivo de conciliación. Las razones que desataron la investigación se enfocaron en el tráfico de influencias y fallas en la conciliación laboral por cerca de US$13.450.000 entre el Ministerio de Trabajo y Dragacol; Reginaldo Bray director de Dragacol fue contribuyente de la campaña del Presidente Andrés Pastrana Arango; (aportes que no fueron registrados en la contabilidad oficial y que evadieron, los controles legales a que estaba sujeta la financiación de la campaña). Por esta razón Reginaldo Bray y su abogado, el ex ministro Hugo Escobar Sierra, fueron sindicados por apropiación y por celebración indebida de contratos, Bray fue llamado a juicio y la Contraloría encontró méritos para abrir procesos de responsabilidad fiscal. Sumado a esto, el Consejo de Estado ordenó a la firma de Reginaldo Bray restituir a la Nación más de US$6.726.000 que el Ministerio de Transporte pagó en exceso a Dragacol por los controvertidos contratos para la limpieza del río Magdalena en el departamento de Bolívar, el valor real que se debió reconocer por dicha contratación no debió exceder los US$2.070.000. Hoy Reginaldo Bray Bohórquez, se encuentra prófugo de la justicia

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación indebida Ilegal 1998, 1999 2. Conflicto de Intereses Legal 1998, 1999 3. Fraude: Estafa el Fisco Ilegal 1998, 1999 4. Tráfico de Influencias Legal 1998, 1999

Actores implicados 1. Poder Ejecutivo - Gobierno Nacional 2. Empresa Privada – Dragacol 3. Ministerio de Desarrollo


Javier Cáceres Leal (Senador liberal, Público Alto)


Reginaldo Bray Bohórquez (Director Dragacol, Privado Alto), Mauricio Cárdenas (Ministro de Transporte, Público

Alto) Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Civil No Político Sí, Cerrado Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Trabajadores(as) de Dragacol 2. Beneficiarios(as) de la política 3. Empresas competidoras

Mayor información 1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-954589 2. http://www.semana.com/noticias-nacion/cae-dragacol/21981.aspx

Otras observaciones o comentarios 1. Otros de los funcionarios implicados en el caso son:

• Alfonso Campo Soto, ministro encargado, autorizó el contrato 0098 del 11 de mayo de 1995 para el dragado y limpieza del río Magdalena por US$3.515.033.

• Juan Gómez Martínez. Fue el encargado de autorizar los otrosí a los contratos aumentar los valores.

• Carlos Hernán López y Rodolfo Espinosa, autorizo contratos • Rodrigo Marín Bernal, inició una conciliación con Dragacol por cerca de

US$4.294.197.589 • Mauricio Cárdenas. autorizó la conciliación cuando Dragacol pretendía

demandar al Estado ante el Tribunal de Cundinamarca. • Juan Alberto Páez, entonces viceministro de Transporte participó el

comité de conciliación. • Hugo Escobar, fue abogado de Dragacol, cuando se firmó la conciliación



Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 1998 (reaparición) Casos Vinculados Caso El Guavio Colombia

No Resumen caso

La Central Hidroeléctrica del Guavio es la segunda central en funcionamiento más grande de Colombia. Entró en operación el 15 de diciembre de 1992, aún cuando no alcanzó a ser terminada, pues presentó sobrecostos por US$2.053 millones debido a que se comenzaron los trabajos sin comprar los predios. Los sobrecostos fueron apropiados por los consorcios contratistas, Vianini–Entrecanales y Tavora y Campenon Bernard-Spie Batignolles, que ganaron cuantiosas sumas como resultado de las compensaciones por la demora en la compra de los predios. Adicionalmente, al gerente de la Empresa de Energía de Bogotá , Fabio Puyo Vasco, se le comprobaron US$360.000 de aumento patrimonial injustificado (Suárez,2007). En el

desarrollo de la investigación de la Fiscalía por enriquecimiento ilícito, se estableció que la documentación aportada por Puyo para justificar sus ingresos era falsa. Además la Contraloría General de la Nación inició un juicio fiscal contra Puyo y lo responsabilizó con US$555.000 el 23 de mayo de 1993, en su calidad de Gerente Ordenador de la Empresa de Energía de Bogotá –EEB- . Fue sentenciado a 7 años de prisión, pero para ese tiempo Puyo vivía en España, y Colombia no logró la extradición. Así, pasaron siete años desde que la sentencia contra Puyo por enriquecimiento ilícito, falsedad en documento, falsedad ideológica y concierto para delinquir quedó ejecutoriada, y la sanción prescribió. Las irregularidades de este proyecto le costaron a cada bogotano un promedio de U$130 y permanentes racionamientos eléctricos. Cada día de retraso en la terminación de la obra le costó a la EEB US$238.000 en lucro cesante. Debió estar concluida en 1988 y sólo se logró su terminación en 1994. De los 145 funcionarios comprometidos en las irregularidades, 110 fueron beneficiados con la prescripción de las sanciones disciplinarias. Además de tres ex gerentes de la Empresa de Energía de Bogotá, incluido Puyo, y dos ex alcaldes, que también fueron favorecidos con esta figura debido a que durante diez años no se adelantó ninguna investigación sobre las irregularidades cometidas durante la construcción de la hidroeléctrica.


1. Asociación Ilícita Ilegal 1993 2. Enriquecimiento Ilícito Ilegal 1993 3. Falsificación de documentos/Uso malicioso

de Documentos Ilegal 1994

Actores implicados 1. Empresas Públicas de Bogotá


Oficial de la Procuraduría


Fabio Puyo Vaco (Gerente Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Civil No Administrativo No Político No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios Básicos Actores Afectados

1. Habitantes de la zona - Bogotá Mayor información

1. Suarez, Aurelio (24 de Mayo de 2007,) “Con la plata del Guavio se comprará el Guavio”, Consultado el 28 de Noviembre de la Word Wide Web : http://www.polodemocratico.net/Con-la-plata-de-El-Guavio-se?page=video&id_article=8140

Otras observaciones o comentarios El caso se considera cerrado por la prescripción de los términos. Este caso aunque ocurrió entre los años 1991 y 1994, tuvo reaparición en los medios durante 1998 cuando prescribió la sentencia de Fabio Puyo Vasco Fecha del registro: Noviembre/2009



Casos Vinculados Caso Entrega de Notarías Colombia Caso Yidispolítica, Caso DMG-Financiamiento de Campañas

Resumen caso El Supertintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute, denunció ante la Corte Suprema de Justicia la entrega de notarías a cambio de votar a favor de la primera iniciativa reeleccionista, que permitió que Álvaro Uribe continuara por cuatro años más en la Presidencia en 2006. Aseguró que 34 congresistas se vieron beneficiados con la entrega de 79 notarias a cambio del voto en favor de la primera reelección presidencial. Después de ser aprobado el proyecto de reelección, Cuello Baute empezó a ser contactado por miembros del gobierno, quienes no estaban de acuerdo con la iniciativa que permitiría nombrar a los notarios por un concurso de méritos y no por recomendaciones políticas, como era la costumbre, pues el gobierno no podría cumplir con compromisos que ya habían sido adquiridos de entregar notarías a políticos. La principal prueba de Cuello Baute fue un listado en el que aparecen 72 decretos por medio de los cuales, se crearon y entregaron notarías a recomendados de políticos. El 25 de noviembre de 2005 se expidieron 21 decretos para nombrar igual número de notarios. "El afán básicamente consistía en que había que cumplir con los acuerdos que se habían hecho con los políticos para la reelección, y el último plazo para hacerlo era ese día", explicó Cuello a la Corte. En efecto, dos días más tarde, el 27 de noviembre, Álvaro Uribe anunció que iba a ser candidato a la Presidencia. El lunes 28 entró a regir la Ley de Garantías, la cual le prohibía al gobierno realizar nombramientos en cargos públicos hasta las elecciones presidenciales de mayo de 2006 (Semana, 2009). No obstante, Cuello Baute fue señalado por el zar anticorrupción, Rodrigo Lara, de presionar a notarios, a quienes pedía dinero a cambio de medidas que los favorecieran, por lo que fue condenado en abril de 2008 a cien meses de prisión por el delito de concusión. El testimonio que permitió probar la culpabilidad de Cuello fue el del coordinador de actividades notariales de la Superintendencia, Milton Amell Contreras, quien aseguró a la Fiscalía que el ex superintendente hizo que un notario le llevara diez cabezas de ganado a la finca de propiedad de su familia.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007

Actores implicados 2. Poder Legislativo - Congreso de la República 3. Otras instituciones públicas - Superintendencia de Notariado y Registro 4. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República


Manuel Cuello Baute (Ex superintendente de Notariado y Registro, Público Alto)


Manuel Cuello Baute (Ex superintendente de notariado y registro, Público, Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Civil No Político Sí, Abierto Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico No Aplica Actores Afectados


1. Semana, (2009, 27 de Junio), “El Ventilador de las Notarías”, Consultado el 27 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticias-politica/ventilador-notarias/125628.aspx

Otras observaciones o comentarios Hubo una serie de Congresistas acusados(as), además de Manuel Cuello. Fecha del registro: Noviembre/2009

REGISTRO DE CASOS DE CORRUPCIÓN Ficha Nº 146

Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 2007 (reaparición) Casos Vinculados Caso Fernando Botero Zea-Proceso

8000 Colombia

No Resumen caso

El proceso 8.000 es el nombre con el que se conoce al proceso judicial contra el Presidente de Colombia, Ernesto Samper (1994 – 1998), por la acusación de recibir financiación de parte del narcotráfico, específicamente de los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del Cartel de Cali, para su campaña presidencial. La condena más significativa dentro del proceso 8000 fue la de Fernando Botero Zea, representante legal y director de la campaña “Samper Presidente”, quien en octubre de 1996 fue condenado a 5 años y 3 meses de prisión por enriquecimiento ilícito a favor de terceros, dados los señalamientos de la Fiscalía sobre su conocimiento de la filtración de dineros del narcotráfico en la campaña. En Febrero de 1998, luego de 30 meses detenido, recobró su libertad, aunque quedó debiendo una multa que le impuso el juez por US$1.655.594. Sin embargo, sus deudas con la justicia no quedaron saldadas, porque, según se denunció, en 1993 algunos empresarios y empresas ofrecieron hacer un aporte a la campaña de Ernesto Samper en el exterior. Botero puso a disposición sus cuentas personales en Nueva York para canalizar esos recursos sin revelar el nombre de los donantes. De esa forma, no habría que registrarlos en la contabilidad oficial y la campaña podría sobrepasar el tope máximo reglamentario que ascendía a US$2.069.492. Así, a las cuentas personales de Botero Zea ingresaron US$1.725.000 donados por diferentes empresas. (SEMANA, 2008) La investigación de la Fiscalía determinó que en 1994, entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, Botero trasladó US$1 millón de sus cuentas de Nueva York a Bogotá. El dinero fue transferido a la sucursal del Banco de Colombia en Panamá y allá se expidieron unos bonos Ley 55 que fueron repartidos entre nueve personas allegadas a Fernando Botero. Esas personas recibieron cheques de gerencia que fueron endosados por ellos mismos y entregados a Botero Zea. (SEMANA, 2008). Según las denuncias, estos dineros provenientes de Nueva York no fueron invertidos en su totalidad en la campaña. Las investigaciones de la Fiscalía, señalaron que Botero Zea se había apoderado de US$413.898, que fueron invertidos en la compra de una finca en el municipio de Tabio (Cundinamarca) En noviembre del 2002 la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría pidieron condenarlo por hurto, al plantear que, como director de la campaña de Ernesto Samper, se apoderó de la cifra mencionada destinada a la misma. El dinero habría sido consignado en tres cuentas que Botero tenía en bancos de E.U. En Abril del 2003 el Tribunal Superior de Bogotá lo condenó a 30 meses de prisión por hurto agravado. Después de una apelación hecha por la defensa, el 24 de Enero de 2007 Corte Suprema de Justicia falló en contra de Botero Zea. No obstante, él se encontraba viviendo en México, donde se instaló después de cumplir su primera condena. Por haber nacido en México, país que prohíbe la extradición de sus nacionales, Botero Zea no ha regresado a Colombia a pagar su condena.


1. Apropiación Indebida Ilegal 1994 2. Enriquecimiento Ilícito Ilegal 1994 3. Infracción a normas financiamiento electoral Ilegal 1994

Actores implicados 1. Partido Político Liberal 2. Carteles de narcotráfico


Cesar Gaviria Trujillo (Ex presidente de la Nación, Público Alto), Andrés Pastrana Arango (Ex presidente de la Nación, Público, Alto), Fiscalía General de la Nación (Público Alto)


Fernando Botero Zea (Director de la campaña “Samper Presidente”, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Civil Sí, Cerrado Penal Sí, Abierto Político Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Electores(as) Mayor información

1. SEMANA, 2008, “Veredicto Final”, Consultado el día 18 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdArt=100655





Casos Vinculados Caso Financiamiento de Campañas por Paramilitares. Caso de Miguel Ángel Pérez

Colombia Caso Parapolítica

Resumen caso En Octubre de 2003 el señor Miguel Ángel Pérez fue elegido Gobernador del Departamento del Casanare, cargo que empezó a ejercer en enero de 2004. En noviembre de ese mismo año, el informativo de televisión “Noticias Uno” desató un escándalo en la opinión pública nacional, al transmitir un video en el que el gobernador Pérez aparece recibiendo una importante suma de dinero, presuntamente, para el financiamiento de su campaña a Gobernador. Según el informativo, dicho dinero habría sido entregado a mediados de octubre de 2003 por Luis Martín Sacristán alias "Fox", conocido por ser el vocero político del grupo de paramilitares liderado por alias “Martín Llanos”. Pérez reconoció la autenticidad del video, pero insistió en que se trataba de una celada del grupo paramilitar y que no sabía con quién estaba reunido ni de quién recibía

el aporte, y aseguró que devolvió los dineros cuando supo el origen. (Semana, 2006). Atendiendo las denuncias del importante medio de comunicación, el 22 de diciembre de 2004, la Fiscalía General de la Nación solicitó la suspensión del cargo y libró una medida de aseguramiento en su contra. No obstante, antes de su captura, el gobernador se escabulló y desapareció de la escena. El 16 de junio de 2005, luego de más de 6 meses de búsqueda, la Policía de Bogotá lo capturó en un restaurante del norte de la ciudad. En julio del año 2006, después de varias audiencias, los magistrados de la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia lo declararon culpable de recibir US$52.000 de las autodefensas de Martín Llanos para financiar su campaña electoral en 2003. Lo condenó a seis años de cárcel y a pagar US$103.500. En la sentencia el máximo tribunal señaló que “para la sala es evidente que el doctor Pérez Suárez acudió a la cita conociendo la identidad de sus gestores y de su vinculación con grupos armados ilegales, por lo que al aceptar y recibir el aporte económico incurrió en la conducta punible de enriquecimiento ilícito de particulares”. (Semana, 2006). Además de los delitos anteriormente mencionados, la Corte Suprema de Justicia, inició en 2008 una investigación contra Miguel Ángel Pérez por el delito de Celebración Indebida de Contratos, aduciendo que en el año 2.007, cuando se desempeñaba como Gobernador, celebró un contrato sin cumplir con todos los requisitos de ley para llevar energía eléctrica a los municipios de Trinidad y San Luis. Frente a este último delito, la sala penal absolvió al exgobernador argumentando que la Fiscalía no presentó las pruebas contundentes que demostraran la responsabilidad de Pérez en la comisión de la conducta de que se le acusaba. (Notillano, 2007)

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2003 2. Asociación Ilícita Ilegal 2003 3. Infracción a normas financiamiento electoral Ilegal 2003

Actores implicados 1. Gobierno Regional-Gobernación de Casanare 2. Grupos Paramilitares - Autodefensas del Casanare


Medios de comunicación televisiva-“Noticias Uno”

Acusado/a (cargo y jerarquía) Miguel Ángel Pérez (Gobernador de Casanare, Público Alto) Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No se accede al dato


1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la Política Pública 3. Candidatos(as) Competidores(as)

Mayor información 1. Semana, (2006, 29 de Julio) “Entre Rejas” Consultado el día 30 de Noviembre de 2009

de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticias-nacion/entre-rejas/96161.aspx

2. Notillano, (2007), “Corte absolvió por celebración indebida de contratos, al exgobernador del Casanare Miguel Ángel Pérez” Consultado el día 30 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.notillano.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12:el-contralor-julio-cesar-turbay-quintero-hoy-en-villavicencio-realizara-foro-sobre-regalias-e-inversion-social-en-el-meta-existen-hallazgos-por-3444-millones-de-pesos&catid=25:primera-emision&Itemid=28

3. Cambio, (2007, 29 de Junio), “El Gobernador y el narco” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.cambio.com.co/paiscambio/731/ARTICULO-PRINTER_FRIENDLY-PRINTER_FRIENDLY_CAMBIO-3618300.html

Otras observaciones o comentarios 1. http://www.semana.com/noticias-nacion/entre-rejas/96161.aspx

2. http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=313810 Fecha del registro: Diciembre/2009


Año de aparición en prensa

Nombre mediático del caso País

2004 Casos Vinculados Caso Guillermo Fino Colombia

No Resumen caso

Guillermo Fino Serrano, quien para el año 2002 era el presidente del Instituto de Seguros Sociales (ISS), fue acusado por cobrar una comisión ilegal a la multinacional “Fresenius Medical Care” a cambio de entregarle contratos del ISS. El caso de corrupción señalado consistió en la exigencia por parte de Guillermo Fino Serrano de una comisión del 10% a la mencionada firma Fresenius Medical Care Colombia S.A. a cambio de adjudicarle un contrato por US$20.695.000 para la prestación de servicios médicos y quirúrgicos a pacientes con insuficiencia renal adscritos al Seguro Social. Los US$2.070.000 fueron cancelados por el representante legal de Fresenius, con recursos provenientes del anticipo de US$8.278.000 efectuado por el ISS el 5 de abril de 2002, mediante cheques girados a una cuenta clandestina a la contabilidad de Fresenius, abierta por ese mismo representante, según informó la Procuraduría General de la Nación en ese entonces. (Semana, 2006). Las denuncias fueron hechas por Jesús Antonio Buriticá, (esposo de Claudia Hernández, asesora de Fino en el Instituto de Seguros Sociales) quien actuaba como intermediario para realizar el cambio de los pesos que recibía Guillermo Fino, a dólares. Como Buriticá no recibió de Fino el pago prometido por su trabajo, empezó a extorsionarlo, y Fino lo denunció. En el momento de la denuncia Buriticá publicó las acciones de Guillermo Fino. La Procuraduría pudo constatar que Fino cobró además otra comisión para ordenar la cancelación de la cartera pendiente que tenía el Instituto con la firma Fresenius a la fecha de 30 de junio de 2001. Para tal efecto, el ex presidente del Seguro Social suscribió un contrato de acuerdo de pago con dicha firma, por más de US$20.695.00, valor sobre el que solicitó una participación del 6% que le fue cancelada por el Representante Legal de Fresenius, también mediante cheques girados a nombre de diferentes personas, que posteriormente se hicieron efectivos y fueron convertidos en divisas (Semana, 2006). Como parte de las investigaciones adelantas por la Fiscalia y procuraduría, se descubrieron otras irregularidades como el ejercicio de la curul de Concejal de Bogotá estando inhabilitado debido a un contrato de consultoría que firmó con la Corporación de Abastos S.A – Corabastos-. En el año 2006 Procuraduría General de la Nación, inhabilitó a Guillermo Fino por 20 años para ocupar cargos públicos e impuso una multa de US$13.000. Rodrigo Díaz Sandoya, representante de la multinacional Fresenius fue investigado.


1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2004 2. Enriquecimiento Ilícito Ilegal 2004

3. Falsificación de documentos/Uso malicioso de documentos

Ilegal 2004

4. Lavado de dinero Ilegal 2004 Actores implicados

1. Otras instituciones Públicas - Instituto de Seguros Sociales 2. Empresa Multinacional - Fresenius Medical Care

Denunciante (y cargo si aplica) Jesús Antonio Buriticá, esposo de Claudia Hernández, asesora de Fino en el Instituto de Seguros Sociales (Privado, Bajo), Rodrigo Días Sendoya (Ex Presidente de Fresenius Medical Care, Privado, Alto)

Acusado/a (cargo y jerarquía) Guillermo Fino (Ex director del Instituto de Seguros Sociales, Público, Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios de Salud Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de la Política Pública 2. Ciudadanía 3. Candidatos(as)/Competidores(as)

Mayor información 1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1587698 2. Sala Disciplinaria – Mayo 16 de 2006

http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/PROCURADURIA/SALA%20DISCIPLINARIA/2006/161-3018.doc

3. Semana, (2006, Martes 11 Julio), Inhabilitado Guillermo Fino por 20 años, Consultado el 30 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticias-on-line/inhabilitado-guillermo-fino-20-anos/95834.aspx

Otras observaciones o comentarios 1. El Señor Fino Serrano, comenzó su vida pública como secretario de Hacienda del

Distrito de Bogotá en 1993, se desempeñó como director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN desde el año 2000 al 2002, y como Concejal de Bogotá en el año 2006, además de ser defensor de David Murcia Guzmán, el dueño de la comercializadora DMG, señalado de lavado de activos y captación ilegal de dinero.




Casos Vinculados Caso Guillermo León Valencia Cossio Colombia No

Resumen caso

El escándalo de Guillermo León Valencia Cossio, entonces director de Fiscalías de Medellín (Antioquia), y hermano del actual Ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, estalló tras comprobar que compartía información de reserva con el empresario Juan Felipe Sierra, hijo de un reconocido empresario del país, y sindicado de ser el enlace de la organización del narcoparamilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, con altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía en Antioquia y Córdoba. “Don Mario” fue cabecilla del bloque paramilitar Centauros y es el jefe de la “Oficina de Envigado” una red de sicarios creada en la década de 1980 por el capo Pablo Escobar. La información que compartía Valencia Cossio (identificado como 'el Señor del Vino' para esconder su identidad) con Sierra, se refería al estado de las investigaciones contra los grupos del narcotráfico y autodefensas en la región. Adicionalmente Valencia Cossio reconoció que tenía una relación cercana con John Fredy Manco Torres alias 'el Indio', segundo de la organización de alias “Don Mario”, y admitió haber recibido una cuatrimoto de US$20.600 por los oficios prestados a esa red entre los que se incluyen la exclusión de alias “el Indio” del organigrama de la llamada 'Oficina de Envigado', dada su participación activa en los Consejos de Seguridad Regionales, por ser el director de la Fiscalía de Medellín, y por ser el hermano del Ministro del Interior. La Fiscalía General de la Nación, gracias a interceptaciones a un teléfono celular que Valencia Cossio introdujo irregularmente a la cárcel de Itagüí (por lo que es procesado a nivel disciplinario), pudo comprobar que éste había dado instrucciones a algunos familiares para que ocultaran pruebas y documentos que demostrarían el origen ilegal de buena parte de su fortuna que entre los años 2006 – 2008 registró un incremento patrimonial no justificado de US$620.900. Personal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía efectuó registros de allanamiento a varios bienes de Valencia Cossio, en los que realizó la incautación de la cuatrimoto mencionada, una motocicleta y un vehículo marca BMW, algunos de los que se encontraban a nombre del ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio. Otros investigados por la Fiscalía General de la Nación son: Marco Antonio Pedreros, Comandante de la Policía en el Valle de Aburrá, Antioquia; y Perla Emperatriz Dávila, Directora seccional de fiscalías en Montería, Córdoba.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 2006, 2007, 2008 2. Enriquecimiento Ilícito Ilegal 2006, 2007, 2008 3. Falsificación de documentos/Uso

malicioso de Documentos Ilegal 2006, 2007, 2008

4. Violación al secreto público Ilegal 2006, 2007, 2008 Actores implicados

1. Poder Judicial - Fiscalía Regional de Medellín 2. Carteles de narcotráfico


Fiscalía General de la Nación


Guillermo León Valencia Cossio (Fiscal, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Civil No Penal Sí, Abierto Político Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No






Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 1998 (reaparición) Casos Vinculados Caso Inversiones de Gases de

Colombia S.A. (Invercolsa) Colombia

No Resumen caso

A principios de los años 90, la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) organizó parte de sus inversiones en una firma llamada Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa), contratando la asesoría de la firma Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda., del abogado Fernando Londoño Hoyos, Ministro del Interior y de Justicia del gobierno de Álvaro Uribe durante los años 2002 y 2004. Londoño actuó como representante legal hasta 1995, a través de un contrato comercial de mandato con representación. Dos años después, Ecopetrol decidió vender las acciones que tenía en Invercolsa. De acuerdo con el artículo 60 de la Constitución, cuando el Estado quiere vender una empresa, debe ofrecerla primero al sector solidario, a los trabajadores y ex trabajadores, en condiciones preferenciales. Londoño, comprobando su relación laboral con Invercolsa a través de una falsa certificación dada por el nuevo representante legal de la firma Enrique Vargas Ramírez, compró un paquete equivalente al 20% de la empresa (145 millones de acciones) por $9.000 millones de pesos colombianos (US$4.657.000). Ecopetrol inició acciones para exigir que los compradores pertenecieran efectivamente al sector solidario, alegando que Londoño Hoyos había presentado un documento laboral que no reunía los requisitos legales. Londoño inició contra Invercolsa un proceso ordinario laboral para reclamar el pago de salarios y prestaciones causados entre 1990 y 1995 años en los que fue representante legal por delegación de la consultora Fernando Londoño Abogados Asociados Ltda. Si se le reconocían estos pagos, implícitamente se legitimaría su estatus de ex empleado. Pero mientras las investigaciones judiciales avanzaban, Londoño entregó las acciones a un encargo fiduciario para respaldar un crédito del Banco del Pacífico (del que era miembro de la junta directiva). Así, a partir del 27 de mayo de 1999 el beneficiario de las acciones es la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana, Afib, de Panamá. En diciembre de 2003, el Consejo de Estado falló una acción popular en la cual determinó que Londoño Hoyos adquirió las 145 millones de acciones de Invercolsa de manera irregular, y ordenó devolver esos dineros al Estado. Londoño apeló esa decisión y en 2005 el Consejo de Estado dejó sin efectos la sentencia. No obstante, Ecopetrol y la Procuraduría insistieron en la ilegalidad de los hechos y la Corte Constitucional, en el 2007 les dio la razón. La Procuraduría sancionó disciplinariamente a Fernando Londoño con 15 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos por este caso. Este presentó su carta de renuncia como Ministro del Interior luego de que la Superintendencia de Sociedades le impusiera una sanción por la adquisición de las acciones. Londoño Hoyos y la Arrendadora Financiera Internacional Bolivariana S.A., deben devolver a los accionistas de Invercolsa un total de $4.223.896.809 de pesos colombianos (US$2.185.000), por concepto de dividendos percibidos durante el tiempo que las acciones estuvieron bajo su custodia. Hasta el momento no se ha hecho efectivo.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Falsificación de documentos/Uso

malicioso de Documentos Ilegal 1997

2. Fraude: Malversación de caudales Ilegal 1997

públicos/Peculado Actores implicados

1. Empresa Pública - Empresa Colombiana de Petróleos ECOPETROL 2. Empresa Privada - Inversiones de Gases de Colombia S.A. (Invercolsa)


ECOPETROL


Fernando Londoño Hoyos (Ministro del Interior, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Civil Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Secundario-Industria Petrolera Actores Afectados

1. Candidatos(as)/Competidores(as) 2. Ciudadanía 3. Trabajadores(as)

Mayor información





Casos Vinculados Caso Instituto Nacional de Vías (INVIAS)-Daniel García Arizabaleta

Colombia Caso Corrupción en el Instituto

Nacional de Concesiones (INCO)

Resumen caso En el año 2007, atendiendo denuncias anónimas, la Procuraduría General de la Nación, abrió un proceso de investigación disciplinaria por presuntas irregularidades cometidas por Daniel Andrés García Arizabaleta, en ese momento Director del Instituto Nacional de Vías – Invías, entidad pública colombiana adscrita al Ministerio de Transporte, encargada de la ejecución de los proyectos de la infraestructura no concesionada de la Red Vial Nacional y de la infraestructura marítima. La investigación adelantada por la Procuraduría, identifico que el Señor García Arizabaleta, había incurrido en una serie de faltas disciplinarias, no solo durante su cargo como Director de Invias, también mientras ocupó otros cargos públicos de importancia como Viceministro de Transporte, Director del Instituto Colombiano para el Deporte – COLDEPORTES y Asesor de la Presidencia de la República. Los dos primeros cargos contra García hacen referencia a un documento que éste entregó para probar su experiencia laboral y que, según la Procuraduría, tiene datos no verídicos. En este sentido, el organismo aseguró que

el acusado ejerció funciones de asesor sin cumplir los requisitos legales. (El Tiempo, 2007). En tercer lugar, García habría incurrido en incompatibilidad porque asumió la Dirección de Coldeportes aún ejerciendo como asesor presidencial. El cuarto reparo que hace la Procuraduría es que García se posesionó en esta última entidad sin tener los requisitos, pues él es arquitecto y esta profesión no figuraba dentro de las posibles para la Dirección. En quinto lugar, dice la investigación, García Arizabaleta nunca acreditó la experiencia profesional requerida para ese cargo, a pesar de que estuvo en Coldeportes hasta agosto del 2006. (El Tiempo, 2007). Una sexta irregularidad, dice el Ministerio Público, es que García habría usado su cargo en Coldeportes en beneficio propio, al modificar los requisitos para llegar a Director: bajo las nuevas reglas, un profesional en cualquier disciplina académica, incluida la arquitectura, que era la suya, podía dirigir Coldeportes. Los cargos séptimo y octavo se relacionan con haberse posesionado y ejercido como director (e) del Invías sin los requisitos de ley. En ese momento, García estaba en el Viceministerio de Transporte. Entre los requisitos estaba tener un título profesional en ingeniería civil, de transporte y vías, administración de empresas o pública, derecho o economía, que García Arizabaleta no posee. La Procuraduría sostiene que, haciendo las veces de director encargado del Invías y sabiendo que no cumplía con los requisitos legales, modificó el manual de requisitos para ese cargo público e incluyó la arquitectura, como lo hizo en Coldeportes, como una de las profesiones válidas para ocuparlo. La décima irregularidad que habría cometido García fue posesionarse como director en propiedad del Invías. Una vez más, el cargo está relacionado con la experiencia laboral en la firma de propiedad de su familia que, según la Procuraduría, no tenía. Además, estaba inhabilitado para ejercer la arquitectura, pues carecía de tarjeta profesional. La Procuraduría dice que hay indicios de irregularidades, como usurpación de funciones públicas e indebida ejecución presupuestal en Invías, que trasladó a la Fiscalía General de la Nación. (El Tiempo, 2007). Por las irregularidades mencionadas, el Procurador General de la Nación, ordenó la destitución de García Arizabaleta como Director de Invías y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 12 años.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2. Ejercicio ilegal de la profesión Ilegal 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 3. Falsificación de documentos/Uso

malicioso de Documentos Ilegal 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

4. Negociación incompatible/Conflictos de intereses

Ilegal 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Actores implicados 1. Otras instituciones públicas - Instituto Nacional de Vías (Invías) 2. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República 3. Ministerio de Transporte 4. Otras instituciones públicas - Instituto Colombiano Para el Deporte (COLDEPORTES)

Denunciante (y cargo si aplica) Denuncias Anónimas, Procuraduría General de la Nación Acusado/a (cargo y jerarquía) Daniel Andrés García Arizabaleta (Director de Invías,

Público Alto) Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Candidatos(as) Competidores(as) 2. Trabajadores(as) del Instituto Nacional de Vías

3. Trabajadores(as) del Instituto Colombiano para el Deporte - Coldeportes 4. Beneficiarios(as) de la Política Pública

Mayor información 1. EL TIEMPO, (2007, 18 de Septiembre) “De falsedad en documento y abuso de poder

acusa procuraduría a Director de Invías” Consultado el día 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.partidoliberal.org.co/root/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1474





Casos Vinculados Caso Jorge Noguera ex director Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

Colombia Caso Parapolítica, Caso Chuzadas del

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)

Resumen caso Jorge Noguera, Director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) entre los años 2002 y 2005, fue acusado por el ex jefe de informática la institución, Rafael García, de tener vínculos con grupos paramilitares en Colombia. El proceso de investigación adelantado por las autoridades judiciales contra Noguera señaló que durante su paso por el DAS, el funcionario facilitó la base de datos de la institución a paramilitares, además de ello, eliminó antecedentes penales a narcotraficantes y a otras personas requeridas por la justicia, entre los cuales se encontraba Nodier Giraldo, narcotraficante hermano del jefe paramilitar Hernán Giraldo solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Por su parte, la Procuraduría General de la Nación concluyó que fueron más de 10 las reuniones que Jorge Noguera sostuvo con líderes de los paramilitares en la ciudad de Santa Marta y el Parque Tayrona en el departamento del Magdalena. Noguera llegó a ser uno de los hombres más cercanos al presidente Álvaro Uribe Vélez, toda vez que en el año 2002 se desempeñó como jefe de su primera campaña a la Presidencia en el departamento del Magdalena. Tras su salida del DAS fue nombrado como Cónsul en Milán, Italia. (Semana, 2008). Rafael García acusó al ex director del DAS de sostener vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40” reconocido paramilitar de la zona norte del país y Álvaro Pupo, primo de Jorge 40, quien viajaba hasta Bogotá y se reunía con ellos en el despacho de Noguera. Después de realizar las investigaciones pertinentes, la Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento contra Noguera por el delito de concierto para delinquir agravado. Según García, Álvaro Pupo le entregó a 'Jorge 40' la información secreta del DAS, incluyendo la lista de 15 sindicalistas que posteriormente fueron asesinados en la ciudad de Barranquilla, razón por la cual Jorge Noguera se encuentra sindicado por homicidio. Jorge Noguera, al llegar a la entidad nombró en la sede nacional del DAS a dos de sus hombres de confianza: Gian Carlo Auqué De Silvestri, Secretario General y Director (e) de Inteligencia, y Rafael García, Director de informática, y continuó con Emilio Vence, Rómulo Betancourt y Mauricio Rosales, a quienes nombró en las direcciones de los departamentos de Atlántico, Bolívar y Norte de Santander. Hoy dichos funcionarios se encuentran investigados y juzgados por delitos conexos, al igual que el mismo denunciante Rafael García, quien fue condenado por la Fiscalía General de la Nación por promover y permitir la infiltración paramilitar de la entidad.

Por su parte Auqué De Silvestri tiene un pliego de cargos de la Procuraduría en el mismo proceso abierto contra Noguera. Emilio Vence fue detenido por los falsos atentados al Presidente Álvaro Uribe; Rómulo Betancourt fue declarado insubsistente y Mauricio Rosales renunció tras conocerse que trabajó con la polémica empresaria del chance. Enilce López, la ‘Gata’. Rafael García entregó una declaración a autoridades de los Estados Unidos en la que aseguró que usando el DAS, Jorge Noguera y él hicieron envíos de cocaína a Estados Unidos y a otros países. En su declaración García asegura que el Presidente Álvaro Uribe conocía y aprobaba las relaciones entre el DAS con grupos paramilitares. García también declaró que Jorge Noguera viajó a México en razón de su cargo como Director del DAS; dicho viaje oficial y pagado por el Estado colombiano, tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los Hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó, consiguiendo de esta manera que las lanchas rápidas con droga fueran recibidas en México por esta organización, la cual se encargaba de trasladarla a los estados de la Costa Este de los Estados Unidos. García aseguró que entre el 2003 y el 2004 con funcionarios del DAS, la Aeronáutica Civil de Colombia y la DIAN, se introdujeron a Colombia cerca de 100 millones de dólares, producto del narcotráfico. En el año 2006 se abrieron dos procesos penales en la Fiscalía, y otro disciplinario, en la Procuraduría, contra Jorge Noguera. En el año 2007 Jorge Noguera fue destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos El 11 de junio de 2008, Jorge Noguera fue puesto en libertad debido a que el Fiscal Mario Iguarán delegó la función de investigación, pero en diciembre del mismo año fue recapturado y llamado a juicio por la Fiscalía.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Legal 2007 2. Asociación ilícita Ilegal 2007, 2008, 2009 3. Homicidio Ilegal 2007 4. Utilización de información privilegiada Ilegal 2007, 2008, 2009

Actores implicados 1. Poder Ejecutivo 2. Servicios de Inteligencia - Departamento Administrativo de Seguridad 3. Grupos paramilitares 4. Carteles de narcotráfico Denunciante (y cargo si aplica) Rafael García,(Ex jefe de informática del DAS, Público

Medio) Acusado/a (cargo y jerarquía) Rómulo Betancourt (Director Departamental del DAS en

Bolívar, Público Medio), Rafael García (Director de Informática, Público Medio), Jorge Noguera (Ex Director del DAS, Público Alto), Mauricio Rosales (Director Departamental del DAS en Norte de Santander, Público Medio), Emilio Vence (Director Departamental del DAS en Atlántico, Público Medio).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Civil No Político Sí, Abierto Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Ciudadanía 2. Muertos y lesionados en la tragedia-Sindicalistas asesinados

Mayor información 1. Semana, (2008, 12 de Diciembre) “Jorge Noguera, Otra vez a la cárcel”,

Consultado el 29 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticias-justicia/jorge-noguera-otra-vez-carcel/118670.aspx





Casos Vinculados Caso Las losas del Transmilenio Colombia No

Resumen caso Las losas de la vía por la cual transita el Transporte Masivo en Bogotá –Transmilenio-, sufrieron daños después de cinco años de ser instaladas, cuando tenían una supuesta vida útil de 20 años. La razón fue el uso de un relleno fluido que resultó ser altamente erosionable como material de nivelación Las más afectadas fueron las losas de la llamada Autopista Norte, entre las calles 80 y 170 de Bogotá. Hasta diciembre del 2007 el Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU) había reparado 1.262 losas en la Autopista Norte y 1.340 en la Avenida Caracas. El costo de estos arreglos fue de $16.542 millones de pesos colombianos (US$8.558.000). En total, hasta el 2008 en la Autopista Norte en las reparaciones a las losas inicialmente instaladas se habían invertido $7.635 millones de pesos colombianos (US$3.950.144) y en la Avenida Caracas, $8.907 millones de pesos colombianos (US$4.608.000). La Autopista Norte tiene 24.753 losas y se ha reparado 5,1 % del total, y la Avenida Caracas, 16.997 de la que se han arreglado el 8 %. El 23 de julio del 2004 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una acción popular instaurada por la Contraloría Distrital para que se establecieran los responsables de los daños en las losas de la troncal Autonorte de TransMilenio. En el 2005 fueron abiertos nueve procesos por responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría. En diciembre del 2006, siete personas fueron llamadas a juicio por la Fiscalía General de la Nación. Entre ellos, el ex director del Instituto de Desarrollo Urbano, Andrés Camargo, y dos ex funcionarios más de la entidad. Dicha determinación se derivó del pliego de cargos que la Procuraduría General de la Nación le había formulado a Camargo por supuesta negligencia en la construcción del tramo en mención. La Contraloría profirió en febrero de 2008, un auto de imputación por responsabilidad fiscal por la suma de $9.268 millones de pesos colombianos (US$4.795.000) debido a los daños en las losas que se presentaron en la troncal de la Avenida Caracas, entre las calles 80 y sexta. El fallo, por una cuantía de $7.304 millones de pesos colombianos (US$3.778.893), cobija como fiscalmente responsables al director y subdirector del IDU en ese momento, Andrés Camargo y Carlos Alberto Torres Escallón, respectivamente. De la misma forma, se halló responsables a Óscar Hernando Solórzano Piedrahíta, director técnico de construcciones; María Elvira Bolaño Vega, gerente del proyecto; Antonio José Jaramillo, coordinador general de la construcción y Jorge Alberto Ordóñez, coordinador de las obras. (El Espectador, 2008). Asimismo, también se hizo responsable al interventor del contrato, un consorcio conformado por las empresas Integral S.A., Silva Fajardo y Cía Ltda. y Silva Carreño y Asociados S.A. La responsabilidad también fue extendida a las compañías de seguros, terceros civilmente responsables: Aseguradora Suramericana, Seguros del Estado y La Previsora S.A. (El Espectador, 2008)

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Fraude: Malversación de caudales


Actores implicados

1. Otras instituciones públicas - Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá 2. Gobierno Local - Alcaldía de Bogotá Denunciante (y cargo si aplica) Contraloría Distrital Acusado/a (cargo y jerarquía) María Elvira Bolaño Vega (Gerente del proyecto, Público

Medio), Andrés Camargo (Director del IDU, Público Alto), Antonio José Jaramillo (Coordinador general de la construcción, Público Medio), Jorge Alberto Ordóñez (Coordinador de las obras, Público Medio), Óscar Hernando Solórzano Piedrahíta, (Director técnico de construcciones, Público Medio), Carlos Alberto Torres Escallón (Subdirector del IDU, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Civil Sí, Abierto Penal Sí, Abierto Político No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No



1. El Espectador (2008, 2 de Julio), “Daños en losas de Transmilenio”, Consultado el 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.elespectador.com/impreso/bogota/articuloimpreso-danos-losas-de-transmilenio

2. El Espectador, (2008, 7 de Febrero), “Fiscalía ordena captura del ex director del IDU Andrés Camargo”,Consultado el 25 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.elespectador.com/noticias/bogota/articulo-fiscalia-ordena-captura-del-ex-director-del-idu-andres-camargo





Casos Vinculados Caso Los Nule Colombia Caso Contrataciones en la

Dirección Nacional de Estupefacientes, Caso Corrupción

en el Instituto Nacional de Concesiones (INCO)

Resumen caso Los Nule son un grupo de tres empresarios Guido, Manuel y Miguel, que desde 1992 han conformado más de 30 empresas de ingeniería civil, y facturan anualmente más de US$200 millones. Guido Nule es hijo del ex Ministro de Minas, Guido Nule Amín y sus primos, Manuel y Miguel Nule son hijos de Miguel Nule Amín, ganadero, ex Gobernador del Departamento de Sucre y tres veces concejal de la Ciudad de Barranquilla. En junio de 2004 los Nule obtuvieron la concesión del megaproyecto vial más importante del país, la autopista Bogotá-Girardot. Su mayor socio en esta obra, que participó con el 25% de la concesión, fue Alejandro Char, actual

alcalde de la ciudad de Barranquilla, hijo del ex senador y empresario del Atlántico Fuad Char, cuñado de Guido Nule. Cuatro días después de obtener la adjudicación de concesión de la autopista se empezó a modificar el contrato. Hasta el 2008 se habían presentado 18 variaciones que incluyeron cambios de fechas, ampliación de plazos, cambios técnicos modificaciones de cláusulas y adiciones de recursos. Adicionalmente, el Instituto Nacional de Concesiones – INCO- le reconoció a la concesión el pago de US$13.957.694, ocasionados por la construcción de nuevas obras. Para financiar la construcción de la Autopista Bogotá – Girardot, en el año 2006 la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) le prestó al grupo US$13.441.000, incautados al narcotráfico y destinados a la construcción de cárceles y para la administración de justicia,. Los Nule le incumplieron a la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) con el pago de US$7.000.000. Según la Contraloría General de la Nación, dicha transacción -que no revistió ilegalidad- dejó en evidencia debilidades que ponen en riesgo inversiones tan significativas. Por otro lado, en el 2008 fueron señalados de usar recursos de regalías mineras que tienen destinación específica, al encontrar cómo Manuel Nule Velilla (MNV S.A.), hace parte de la unión temporal que audita las regalías del Departamento del Casanare. Pero, además, que MNV S.A., se benefició de U$2.070.000 de esos fondos, a través del consorcio vial de la autopista Bogotá-Girardot. A finales del 2007, la Procuraduría inicia investigación disciplinaria preliminar por supuesto tráfico de influencias a: Juan Carlos Vives, ex director de la DNE. Carlos Albornoz actual director de la DNE. 15 funcionarios de la DNE. En el 2008 la Contraloría General de la Nación abrió un proceso de responsabilidad fiscal por lo que considera "un detrimento al erario" en el préstamo de la DNE al grupo Grupo Nule. Por esto instauró demandas contra las firmas MNV y Gas Kpital del mismo grupo.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Tráfico de influencias Ilegal 2006

Actores implicados 1. Empresas Privadas - Grupo Nule 2. Otra institución pública - Instituto Nacional de Concesiones (INCO) 3. Otra institución pública - Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE)


Medios de comunicación escrita-Periódico El Espectador y Periódico El Tiempo


Guido Nule (Empresario, Privado Alto), Manuel Nule (Empresario, Privado Alto), Miguel Nule (Empresario, Privado Alto), Juan Carlos Vives (Exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Público Alto).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto Civil No Político No Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Beneficiarios(as) de las Políticas Públicas 2. Ciudadanía

Mayor información





Casos Vinculados Caso Pablo Ardila Gobernador de Cundinamarca

Colombia No

Resumen caso En el mes de Diciembre de 2007, por solicitud de Mario Iguarán Arana, Fiscal General de la Nación, el Presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez suspende de su cargo al Gobernador del Departamento de Cundinamarca Pablo Ardila Sierra. La destitución estuvo acompañada de una orden de captura proferida por las autoridades Judiciales quienes le acusaron por los delitos de extorsión y prevaricato. Para expedir la medida de aseguramiento, la Fiscalía tuvo en cuenta los testimonios de 38 areneros del Municipio de Ricaurte al sur del Departamento de Cundinamarca, y de dos pescadores quienes aseguraron que Ardila los presionó para que vendieran un título de explotación minera y terrenos que después aparecieron en manos de una empresa de allegados al mandatario regional. Los dos pescadores le dijeron a la Fiscalía que el propio Ardila habló con ellos para que vendieran los islotes en el río Magdalena que venían habitando hace varios años. Además de lo anterior, la Fiscalía consideró que había evidencias para creer que el Gobernador, siendo servidor público, estuvo detrás de la negociación que dejó en manos de la empresa SAP Agregados el título minero que le permitía la explotación artesanal de gravilla del río Magdalena. (El Tiempo, 2007). La investigación contra Ardila por parte del órgano judicial, empezó poco después de que el diario “El Tiempo”, uno de los más importantes y de mayor circulación en Colombia, revelara una comprometedora grabación en la que uno de los asesores de Ardila, Julio Eduardo Riveros, apodado 'Yiyo', admitía que en el departamento había manejos irregulares y que de ellos se beneficiaba el propio Gobernador. En la actualidad la Fiscalía General de la Nación adelanta contra Ardila Sierra procesos por los delitos de enriquecimiento ilícito y estafa, por las irregularidades presentadas en la compra de los areneros, anteriormente mencionada. Además de ello, los hechos investigados se relacionan con el incremento patrimonial injustificado de Ardila en el año 2004, quien, según los peritos del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, percibió ingresos por $1.575.801.903 de pesos colombianos, que no fueron legalmente justificados, razón por la cual, el ex gobernador sigue recluido en la cárcel “La Picota” en la ciudad de Bogotá. (El Espectador, 2009).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Abuso de funciones/de autoridad Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007 2. Apropiación Indebida Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007 3. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007 4. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2004, 2005, 2006, 2007

Actores implicados 1. Gobierno Regional - Gobernación de Cundinamarca 2. Empresa Privada - SAP Agregados 3. Trabajadores(as) – Areneros del Municipio de Ricaurte

Denunciante (y cargo si aplica) No se accede al dato-Areneros del Municipio de Ricaurte, Medio de comunicación escrita-Periódico “El Tiempo”

Acusado/a (cargo y jerarquía) Pablo Ardila Sierra, (Gobernador de Cundinamarca, Público Alto), Julio Eduardo Riveros (Asesor de la Gobernación de Cundinamarca, Público Medio).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Abierto

Político No Civil No se accede al dato Penal Sí, Abierto Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Ciudadanía 2. Beneficiarios(as) de la Política Pública 3. Trabajadores(as)

Mayor información 1. El Espectador, (2009, 27 de Enero), “Por enriquecimiento ilícito, Pablo Ardila seguirá

tras las rejas”. Consultado el día 1 de diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo112087-enriquecimiento-ilicito-pablo-ardila-seguira-tras-rejas

2. El Tiempo, (2007, 27 de Diciembre), “Capturado el gobernador saliente de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra, por corrupción”. Consultado el día 1 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3875418





Casos Vinculados Caso Parapolítica Colombia Caso Campañas por Paramilitares. Caso de

Miguel Ángel Perez , Caso Convenios Interadminstativos entre Universidad de

Cartagena y el Departamento del Casanare, Caso Corrupción en el Sector Salud del

Departamento del Chocó, Caso Chuzadas del DAS, Caso Jorge Noguera ex director

Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Caso Yidispolítica

Resumen caso En el mes de Junio de 2005, Clara López Obregón, dirigente del Partido Político Polo Democrático Alternativo (PDA), denunció la presunta vinculación de congresistas con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), luego de que Salvatore Mancuso, líder del grupo paramilitar, en su desmovilización en el año 2004, señalara que un 35% del Congreso eran “amigos" de su organización. (El País, 2007). A las denuncias de López se sumaron las de otros

miembros del PDA como Gustavo Petro y la de periodistas investigativos que desde el año 2002 venían alertando vínculos entre el paramilitarismo y la política regional colombiana. Atendiendo las denuncias de Mancuso, en noviembre de 2006, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de tres congresistas: los Senadores Álvaro García y Jairo Merlano, y el representante Eric Julio Morris, a quienes se les imputaron los delitos de "concierto para delinquir, homicidio y promover, armar y financiar grupos paramilitares". (El País, 2007). El proceso adelantado en contra de dichos congresistas se convirtió entonces en el primero de una serie de procesos que la Rama Judicial inició en contra de decenas de políticos colombianos. Desde el año 2006 a 2009, las investigaciones han identificado que más de 200 políticos entre dirigentes políticos y funcionarios del Estado se habrían beneficiado de alianzas con grupos paramilitares, los cuales por medio de la intimidación y la acción armada contra la población civil habrían, presuntamente, presionado para que esta votara por determinados candidatos a cargos en alcaldías, concejos, asambleas municipales y gobernaciones así como al Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional. (Semana, 2006). El proceso de “destape” del caso ha estado marcado por diferentes escándalos a lo largo de los más de 3 años de conocimiento público y de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. Entre los momentos más importantes se pueden destacar 2: el primero de ellos fue la incautación por parte de las autoridades de un computador portátil a alias 'Don Antonio' (hombre de confianza de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, jefe del bloque norte de las AUC) con documentos que revelaban crímenes contra líderes sociales, y una alianza de las AUC con autoridades políticas. Estos hallazgos llevaron a abrir investigaciones contra cuatro Senadores de la coalición del Gobierno de Álvaro Uribe: Zulema Jattin, Dieb Maloof, David Char y Álvaro García Romero. (Semana, 2006, 10 de Octubre). El segundo momento importante fue el descubrimiento del “Pacto de Ralito”, documento firmado en el año 2001 en un encuentro entre el Estado Mayor de la Autodefensas y siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes. Hoy la mayoría de los firmantes se encuentran en la cárcel acusados del delito de concierto para delinquir agravado aunque algunos de los involucrados pidieron ser juzgados por el delito de sedición, iniciativa que no prosperó. De acuerdo a investigaciones publicadas por el diario El Espectador, el Pacto estaba enmarcado dentro de una estrategia de las AUC para consolidar una alianza de fuerzas al margen de la ley con la financiación del narcotráfico y concretar, a futuro, la toma del poder político, inicialmente en la Región Caribe para más tarde consolidarse a nivel nacional. Actualmente, según datos de la Misión de Observación Electoral, MOE, red de organizaciones sociales y académicas que hace vigilancia a los procesos electorales en Colombia, más de 140 personas han sido involucradas en procesos de investigación adelantados por las autoridades Judiciales.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Apropiación Indebida Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 2. Asociación Ilícita Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 3. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 4. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 5. Fraude: Malversación de caudales

públicos/Peculado Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

6. Homicidio Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 7. Secuestro Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 8. Intervención electoral Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 9. Infracción a normas

financiamiento electoral Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

10. Lavado de dinero Ilegal 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Actores implicados

1. Poder Legislativo – Congresistas 2. Gobierno Local – Concejales 3. Gobierno Local – Alcaldes 4. Grupos Paramilitares 5. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República 6. Gobierno Regional - Gobernadores Denunciante (y cargo si aplica) Clara López Obregón (Militante y dirigente del

Partido Político Polo Democrático Alternativo, Público Medio), Salvatore Mancuso (Paramilitar), Gustavo Petro (Congresista, Público Alto)

Acusado/a (cargo y jerarquía) En total más de 140 funcionarios públicos. Entre ellos 28 Senadores (Público Alto), 24 Representantes (Público Alto). Ver en información adicional.


Sí, Abierto

Sector Económico Actores Afectados

1. Beneficiarios(as) de la política pública 2. Candidatos(as) Competidores(as) 3. Ciudadanía 4. Electores(as) 5. Empresas competidoras 6. Representados(as) por autoridad 7. Muertos y lesionados en la tragedia-Secuestrados y Asesinados

Mayor información 1. Para conocer los 53 congresistas involucrados, revisar:

http://parapoliticaycongreso.blogspot.com/2008/05/lista-de-involucrados-en-la-parapoltica.html

2. Semana, (2006, 11 de Noviembre) “Las pruebas hablan por sí solas” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=98170

3. Semana, 2007, 1º de Febrero. “Para entender la para-política” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticias-nacion/para-entender-parapolitica/100953.aspx

4. El País, 2007, 20 de Febrero, “El escándalo de la 'parapolítica' en Colombia” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.elpais.com/articulo/internacional/escandalo/parapolitica/Colombia/elpepuint/20070220elpepuint_6/Tes

5. Semana, (2006, 10 de Octubre) “El computador de ‘Jorge 40’ puede ser el inicio de un nuevo proceso 8.000” Consultado el día 4 de Diciembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=97456



Listado de Congresistas Involucrados en el Proceso de "Parapolítica" por Partido Partido de la U

1 Mauricio Pimiento. Ex Gobernador, Senador del Cesar. Obtuvo 52.485 votos. Actualmente en juicio. Está detenido.

2 Jairo Merlano. Senador de Sucre. Obtuvo 50.946 votos. Renunció a su investidura. Actualmente en juicio. Está detenido.

3 Jairo Fernández. Representante de Sucre. Llamado a indagatoria.

4 Carlos García Orjuela. Senador del Tolima. Ex Presidente del Congreso. Investigación preliminar.

5 Armando Benedetti. Senador del Atlántico. Investigación preliminar.

Colombia Democrática

6 Mario Uribe. Senador de Antioquia. Ex Presidente del Congreso. Renunció a su investidura. Preso.

7 Álvaro García Romero. Senador de Sucre. Obtuvo 55.573 votos. Renunció a su investidura. Llamado a juicio. Está Preso.

8 Miguel de la Espriella. Senador de Córdoba. Obtuvo 49.958 votos. Sentenciado a 45 meses. Está Preso.

9 Erik Morris. Representante por Sucre. Obtuvo 33.365 votos. Sentenciado a seis años de prisión. Está Preso.

10 Ricardo Elcure Chacón. Senador de Norte de Santander. Reemplazo de Mario Uribe. Obtuvo 4.017 votos. La Corte Suprema le dictó medida de aseguramiento. Está preso.

Partido Conservador

11 William Montes. Senador de Bolívar. Obtuvo 65.321 votos. Actualmente en juicio. Está Preso.

12 Ciro Ramírez Pinzón. Senador de Boyacá. Obtuvo 62.394 votos. Investigación preliminar. Está Preso.

13 Luís Humberto Gómez Gallo. Senador del Tolima. Ex Presidente del Congreso. Obtuvo 48.897 votos. Investigación preliminar. Está Preso.

14 Gonzalo García. Representante del Tolima. Obtuvo 17.199 votos. Llamado a indagatoria. Está detenido.

15 Alfredo Cuello Baute. Representante del Cesar, ex Presidente de la Cámara de Representantes. Llamado a indagatoria.

16 Eduardo Enríquez Maya. Representante de Nariño. Investigación preliminar.

17 Myriam Paredes. Representante de Nariño. Investigación preliminar.

18 Javier Darío Devia. Representante del Tolima. Investigación preliminar.

19 Alfonso Campo Escobar. Representante del Magdalena. Obtuvo 33.602 votos. Condenado a 6 años. Está detenido.

20 Luis Fernando Almario. Representante del Caquetá. Renunció a su investidura. Investigación preliminar. Preso.

21 Muriel Benito Revollo. Ex Representante a la Cámara por Sucre. Está presa cumpliendo condena.

Cambio Radical

22 Nancy Patricia Gutiérrez. Senadora de Cundinamarca. Presidenta del Congreso. Investigación preliminar.

23 Reginaldo Montes. Senador de Córdoba. Obtuvo 38.948 votos. Actualmente en juicio. Está Preso.

24 Karelly Lara. Representante del Magdalena. Obtuvo 12.002 votos. Actualmente en juicio. Está detenida.

25 Óscar Wilchez. Representante del Casanare. Obtuvo 24.723 votos. Llamado a indagatoria. Está Preso.

26 Rubén Darío Quintero. Senador de Antioquia. Obtuvo 49.937 votos. Llamado a indagatoria. Está Preso.

27 Miguel Pinedo Vidal. Senador del Magdalena. Ex Presidente del Congreso. Obtuvo en su última elección 39.181 votos. Investigación preliminar. Está Preso.

28 Alonso de Jesús Ramírez. Representante reemplazo de Karelly Lara. Obtuvo 9.485 votos. Llamado a indagatoria. Está detenido.

29 Humberto Builes. Reemplazo de Rubén Darío Quintero. Obtuvo 21.033 votos. Llamado a indagatoria. Está preso.

30 Luís Carlos Torres. Senador del Meta. Apertura de investigación.

31 Óscar Wilches. Ex Representante a la Cámara por Casanare. Llamado a juicio.

Alas Equipo Colombia

32 Álvaro Araújo. Senador del Cesar. Obtuvo 75.068 votos. Renunció a su investidura. LLamado a Juicio. Está Preso

33 Álvaro M. Cuello. Representante del Cesar. Llamado a indagatoria. Está Preso.

Partido Liberal

34 Juan Manuel López. Senador de Córdoba. Obtuvo 145.991 votos. Actualmente en juicio. Está Preso

35 Luís Fernando Velasco. Senador del Cauca. Obtuvo 40.644 votos. Llamado a indagatoria. Está detenido

36 Emilio Enrique Ángel Barco. Representante de Caldas. Obtuvo 21.069 votos. Investigación preliminar. Preso.

37 Dixon Tapasco. Representante de Caldas. Obtuvo 24.729 votos. Investigación preliminar. Preso.

38 Pompilio Avendaño. Representante del Tolima. Obtuvo 19.336 votos. Investigación preliminar. Está Preso.

39 Mauricio Parodi. Representante de Antioquia. Investigación preliminar.

40

Guillermo Gaviria. Senador de Antioquia. Ex Presidente de la Cámara de Representantes. Obtuvo en su última elección 43.470 votos. Llamado a indagatoria. Está preso.

41 Jorge Morales Gil. Representante a la Cámara por Antioquia. Investigación preliminar.

Convergencia Ciudadana 42 Carlos Barriga. Senador. Investigación preliminar.

43 Oscar Reyes. Senador. Investigación preliminar.

44 Luis Alberto Gil. Senador. Investigación preliminar.

45 Alfonso Riaño. Representante por Santander. Investigación preliminar.

46 Eleonora Pineda. Ex Representante por Córdoba. Está Presa.

47 Rocio Árias. Ex Representante por Antioquia. Está Presa.

48 Luis Eduardo Vives. Senador del Magdalena. Obtuvo 54.609 votos. Está Preso.

Colombia Viva

49 Dieb Maloof. Ex Senador. Renunció a su investidura. Obtuvo 44.764 votos. Condenado a 4 años y 9 meses por acogerse a sentencia anticipada. Preso

50 Jorge Castro. Ex Senador. Renunció a su investidura. Medida de aseguramiento.

51 Vicente Blel. Ex Senador de Bolívar. En su última elección obtuvo 32.989 votos. Llamado a indagatoria. Está Preso.

Apertura Liberal

52 Héctor Julio Alfonso López. Representante de Bolívar. Renunció a su investidura. Llamado a indagatoria.

53

Jorge Luis Caballero. Representante del Magdalena. Obtuvo 45.090 votos. Renunció a su investidura. Condenado por concierto para delinquir agravado. Tiene una investigación en curso por homicidio. Está preso.

Fuente: http://parapoliticaycongreso.blogspot.com/2008/05/lista-de-involucrados-en-la-parapoltica.html



Casos Vinculados Caso Pomarico Colombia No

Resumen caso En marzo del año 2000 el presidente de la Cámara de Representantes, Armando Pomarico, dimitió de su cargo debido a las presiones del Presidente de Colombia Andrés Pastrana por un escándalo de corrupción de varios millones de dólares. Pomarico aceptó la responsabilidad política por haber gastado US$2.800.000 en 62 contratos, algunos de los cuales no cumplían con los requisitos legales para su celebración. El 22 de marzo del año 2000, la Fiscalía General de la Nación comenzó una investigación sobre esos contratos, en la que se señalaba que el Congreso gastó U$50.000 en papel higiénico, US$49.000 dólares en construir un baño y U$56.990 para prevenir el "efecto 2000". Estos contratos se firmaron entre el 30 y 31 de diciembre de 1999, días en los que el Congreso no funcionó (AE, Internacional 2000). Con la complicidad de funcionarios del Departamento Administrativo del Congreso, se falsificaba presupuestos de empresas reconocidas, con precios exageradamente altos, para justificar la elección de un tercero, siempre más barato. Adicionalmente, las empresas contratistas utilizaban materiales de calidad inferior a los que figuraban en el presupuesto, para elevar las ganancias. La Mesa

Directiva de la Cámara también se vio implicada en la adjudicación irregular de contratos a empresas fantasmas para la limpieza de fachada y reparación de tapetes del Capitolio Nacional. Uno de ellos, el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Octavio Carmona, consiguió 188 contratos para sus amigos. Armando Pomarico fue condenado por concierto para delinquir, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, y peculado por apropiación a 12 años de prisión y una multa de US$130.000, a interdicción de los derechos de elegir, ser elegido, y ejercer cualquier otro derecho político por diez años; y a pagar indemnización de perjuicios a favor de la Cámara de Representantes por valor de US$128.000.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación ilícita Ilegal 1999 2. Falsificación de documentos/Uso malicioso


3. Fraude: Malversación de caudales públicos/Peculado

Ilegal 1999

Actores implicados 1. Poder Legislativo - Congreso de la República


Denuncia anónima (Diputado, Público Alto)


Octavio Carmona Salazar (Congresista, Público Alto), Miguel Ángel Flórez Rivera (Congresista, Público Alto ), Luis Norberto Guerra Vélez (Congresista, Público Alto ), Armando de Jesús Pomárico Ramos (Congresista, Público Alto), Darío Saravia Gómez (Congresista, Público Alto).

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo Sí, Cerrado Político Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Cerrado Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Electores(as) 2. Ciudadanía

Mayor información 1. AE Internacional, (2000,27 de Marzo,) “La corrupción pesa sobre el Congreso de la

República”.Consultado el 28 de Noviembre de 2009 de la World Wide Web: http://www.americaeconomica.com/numeros/39/noticias/eclbcongreso.htm

Otras observaciones o comentarios El Consejo de Estado decidió que los siguientes congresistas fueran despojados de su investidura con base en lo establecido en la Constitución de 1991:

• Armando De Jesús Pomárico Ramos • Octavio Carmona Salazar. • Miguel Ángel Flórez Rivera. • Darío Saravia Gómez. • Luis Norberto Guerra Vélez



Año de aparición en prensa Nombre mediático del caso País 1999 (reaparición) Casos Vinculados Caso Registrador Nacional Bruges Colombia

No Resumen caso

Jaime Calderón Bruges, Registrador Nacional del Estado Civil para el periodo 1998-2002, se vio envuelto en líos de corrupción por recibir siete cheques por parte de empresas vinculadas al Cartel de Cali (importante bloque narcotraficante del occidente del país) en 1991. Los cheques aparecieron girados por Jesús Zapata, chofer de la esposa de Miguel Rodríguez; por Alfonso Martínez Arévalo, escolta del capo, y por Jorge Castillo, que resultó ser un nombre ficticio. Esta situación, sumado al hecho de no poder aclarar ni el incremento patrimonial personal ni el gasto de $48 millones de pesos colombianos (US$25.000) en 1991, al parecer con dineros provenientes de la mafia, lo llevaron a ser acusado de enriquecimiento ilícito, cargos que no pudo aclarar a las autoridades competentes. La Fiscalía tomó la decisión de mantener al ex registrador privado de la libertad por 5 años, y una multa de $45 millones de pesos colombianos (US$23.500). En defensa el ex registrador sostuvo que el dinero le fue prestado por el periodista Alberto Giraldo para pagar una deuda con la Federación de Algodoneros y que desconocía el origen de la plata. Calderón interpuso una tutela argumentando que se había violado el debido proceso pues la Corte Suprema de Justicia no podía revisar el caso porque ley que lo permitía había sido fue tumbada por la Corte Constitucional y esta le permitió salir de la cárcel.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Enriquecimiento ilícito Ilegal 1991

Actores implicados 1. Otra institución pública - Registraduría Nacional 2. Carteles de narcotráfico


Organismos de Control

Acusado/a (cargo y jerarquía) Jaime Calderón Bruges (Ex Registrador Nacional, Público Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Civil Sí, Cerrado Penal Sí, Cerrado Político No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Actores Afectados 1. Ciudadanía 2. Electores(as)

Mayor información 1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-907246

Otras observaciones o comentarios Si bien el caso ocurrió a comienzos de los noventa, reapareció en prensa en 1999.




Casos Vinculados Caso TermoRío Colombia No

Resumen caso Durante el Gobierno de César Gaviria Trujillo se adoptaron medidas para promover la entrada de capital extranjero al país. Uno de los sectores beneficiados fue el eléctrico, permitiendo la generación de energía eléctrica a los inversionistas privados. El acuerdo preveía que el inversionista construía una planta de generación térmica y la electrificadora, y el Estado garantizaba pagarle durante 15 ó 20 años por el derecho potencial de adquirir la energía. En 1996 la Electrificadora del Atlántico (Electranta), controlada por el Estado Colombiano, y la empresa Coenergía (empresa estadounidense) firmaron un contrato de gestión para crear una empresa generadora y distribuidora de energía. En 1997 se creó la empresa TermoRío S.A. A los días Electranta convocó empresas que vendieran más barato el servicio de energía; TermoRío ganó la licitación y firmó el contrato para generar electricidad por 20 años. Esto puso a la Electrificadora del Atlántico, que para ese entonces tenía una deuda morosa por cerca de US$52.000.000, en riesgo de ser intervenida por la Superintendencia Servicios Públicos. Orlando Cabrales, para entonces Ministro de Minas y Energía, advirtió al gerente de Electranta, Antonio Holguín, no continuar con el proceso de TermoRío, advertencia que fue ignorada por el funcionario. El Gobierno consideró sospechoso el afán con que actuó Holguín y la poca información que suministró al gobierno, siendo el principal accionista de Electranta. (SEMANA, 2001) En abril de 1998, se anunció un plan de privatizaciones y, por disposición del gobierno, Electranta cedió sus activos y sus pasivos a Electrocaribe, una nueva sociedad Electranta continuaba obligada a adquirir la electricidad generada por TermoRío, pero al quedar sin activos, no podía cumplir con este compromiso. Los inversionistas extranjeros, inconformes con lo sucedido, acudieron a un tribunal de arbitramento en Barranquilla, Colombia. Según el contrato celebrado entre las partes, este tribunal debería guiarse por las reglas de la Cámara de Comercio Internacional. TermoRío demandó por los daños sufridos y en diciembre de 2000, el tribunal de arbitramento le dio la razón y ordenó a Electranta, y al gobierno colombiano, pagar US$60.300.000 a TermoRío. En agosto de 2002, el Consejo de Estado Colombiano anuló el laudo arbitral, con el argumento de que para la época en que se desarrolló el tribunal de arbitramento, no era legal bajo el derecho colombiano usar las reglas procesales de la Cámara de Comercio Internacional (SEMANA,2001). A raíz de la anulación, TermoRío demandó a la República de Colombia y a Electranta ante la Corte del Distrito de Columbia de Estados Unidos, con el objeto de que dicha Corte ejecutara el laudo arbitral y, por lo tanto, desconociera la anulación emitida por el Consejo de Estado. En marzo de 2006, la Corte del Distrito de Columbia respaldó los argumentos presentados por la Nación Colombiana, y ordenó rechazar la demanda. La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en una sentencia del 26 de noviembre de 2008, ordenó archivar la demanda interpuesta por TermoRío y Lease Co., La Fiscalía dictó resolución de acusación contra Antonio Holguín y Jorge Quintero, gerente y subgerente de Electranta, y Rodolfo Plata gerente de TermoRío.

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Asociación Ilícita Ilegal 2001 2. Falsificación de documentos/Uso malicioso


3. Fraude: Estafa al Fisco Ilegal 2001 4. Licitación Pública Fraudulenta Ilegal 2001

Actores implicados 1. Empresa privada - TermoRío 2. Empresa pública – Electrificadora del Atlántico (Electranta)

3. Ministerio de Minas y Energía Denunciante (y cargo si aplica)

TermoRio

Acusado/a (cargo y jerarquía) Antonio Holguín Calonge (Gerente de Electranta, Privado Alto), Rodolfo Plata (Gerente Termo Rio, Privado Alto)

Tratamiento del caso Situación del caso Administrativo No Civil Sí, Cerrado Penal Sí, Cerrado Política No Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No

Sector Económico Terciario-Servicios básicos Actores Afectados

1. Usuarios(as) del servicio 2. Empresas competidoras

Mayor información 1. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-619856 2. SEMANA, (2001, Lunes 26 de Marzo), “El ABC de Termorio”. Consultado el día 5

de Enero de 2010 de la World Wide Web: http://www.semana.com/noticias-nacion/abc-termorio/17435.aspx





Casos Vinculados Caso Yidis Política Colombia Caso Entrega de Notarías, Caso

Parapolítica Resumen caso

Álvaro Uribe Vélez fue reelegido Presidente de Colombia para el período 2006 - 2010 después de impulsar una reforma a la Constitución Política de Colombia, que prohibía la reelección presidencial. La aprobación de la reforma en el Congreso fue controversial pues los representantes a la Cámara Yidis Medina y Teodolindo Avendaño cambiaron su decisión a última hora; Medina votó favorablemente la reelección después de comprometer su voto en contra, mientras que Avendaño se ausentó de la votación. El escándalo se desató en abril de 2008, cuando el informativo “Noticias Uno”, transmitió un video en el que Yidis Medina admitió haber aceptado sobornos de parte de algunos de los más cercanos colaboradores del Presidente Uribe: Sabas Pretelt de la Vega, Ministro del Interior y de Justicia y Diego Palacio, Ministro de Protección Social; quienes pretendían que Medina cambiara su voto en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en el proyecto de acto legislativo tramitado por el gobierno para permitir la reelección presidencial inmediata. El video fue grabado en agosto de 2004 pero la entonces congresista solicitó que éste solo fuera revelado en caso de que a ella le sucediera algo, pues afirmó haber recibido amenazas contra su vida. Medina dijo que el video también podía revelarse en caso que ella no recibiera lo pactado con el gobierno a cambio de su voto (Caracol Radio, 2008). En sus denuncias, Medina involucró a otros altos funcionarios del Gobierno, los cuales, según ella, también ofrecieron dádivas a los Congresistas para incidir en su intención de voto. Entre ellos se

encontraban: Alberto Velázquez, Secretario General de la Presidencia; Hernando Angarita, Viceministro del Interior y de Justicia; Jorge Noguera, Director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y José Félix Lafaurie, Superintendente de Notariado y Registro. De acuerdo con Yidis Medina, ella era intermediaria para entregar sobornos a otro Congresista, Teodolindo Avendaño, quién habría recibido US$103.500 por no asistir a la votación de la reelección. Avendaño admitió haber recibido dineros de Medina aunque negó que esos dineros tuvieran relación con su ausencia en la votación del proyecto. Después de la investigación correspondiente, la Corte Suprema de Justicia condenó a Yidis Medina a 43 meses de cárcel y a una multa de 85 salarios mínimos por el delito de cohecho propio. Cuando la Corte Suprema dictó la resolución de acusación en contra de Medina, aseguró que "el cargo que se le imputa a la procesada es el de autora de cohecho propio, toda vez que en su condición de congresista aceptó promesa remuneratoria con el fin de ejecutar actos contrarios a sus deberes". Teodolindo Avendaño fue condenado a ocho años de prisión, por los delitos de cohecho propio y enriquecimiento ilícito, al ausentarse para dar vía libre a la reelección presidencial en el 2004. (El Espectador, 2008).Por su parte, en materia disciplinaria, Sabas Pretelt de la Vega, Diego Palacio y Alberto Velázquez:, fueron exonerados de toda responsabilidad, el Ministerio Público argumentó falta de pruebas y contradicciones en el testimonio de Medina; en materia Penal, actualmente el proceso se encuentra en investigación en la Fiscalía General de la Nación. El Viceministro del Interior y de Justicia Hernando Angarita, Jorge Noguera y el ex superintendente de Notariado y Registro, José Felix Lafaurie, quedaron por fuera del proceso disciplinario que en su contra cursaba en el Ministerio Público. (El Espectador, 2009) De acuerdo a la información de la prensa nacional, la diferencia entre la decisión del Procurador y la de la Corte parece radicar en la clase de pruebas que cada instancia tomó en consideración para fundamentar su fallo. El Procurador le dio enorme valor a las declaraciones públicas de Medina y respaldó su decisión de absolver al ministro Palacio y al hoy embajador Pretelt no solo en la falta de coherencia de Medina sino en la imposibilidad de confrontar su versión con la de los incriminados. Para la Corte Suprema, en cambio, la declaración de Medina es solo el punto de partida de una investigación que adelanta contra los dos funcionarios que incluyó, además de su testimonio, una serie de pruebas documentales y testimoniales que la llevaron a concluir que, en efecto, se había configurado el delito de cohecho. "La Corte no fundamentó el delito de cohecho con base en un solo testimonio", le dijo a la Revista CAMBIO de Colombia un magistrado del alto tribunal. (Cambio, 2006).

Conducta/s Reprochable/s Estatus Año de la conducta 1. Cohecho/Soborno/Extorsión Ilegal 2004 2. Enriquecimiento ilícito Ilegal 2004

Actores implicados 1. Poder Legislativo - Congreso de la República 2. Ministerio de Protección Social 3. Ministerio del Interior y de Justicia 4. Poder Ejecutivo - Presidencia de la República

Denunciante (y cargo si aplica) Yidis Medina (Congresista Representante a la Cámara, Público Alto), Medios de comunicación televisiva-“Noticias Uno” de canal Televisión Nacional

Acusado/a (cargo y jerarquía) Hernando Angarita (Viceministro del Interior y de Justicia, Público Medio), Teodolindo Avendaño (Congresista Representante a la Cámara, Público Alto), José Félix Lafaurie (Ex superintendente de Notariado y Registro, Público Alto), Yidis Medina (Congresista Representante a la Cámara, Público Alto), Jorge Noguera (Ex director del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, Público Alto), Diego Palacio (Ministro de la Protección Social, Público Alto), Sabas Pretelt de la Vega (Ministro del Interior y de Justicia, Público Alto), Bernardo Velásquez (Secretario General de la Presidencia, Público Alto).

Tratamiento del caso Situación del caso

Administrativo Sí, Cerrado Civil No Penal Sí, Abierto Político No se accede al dato Sistema Interamericano de Derechos Humanos

No


1. Representados(as) por autoridad 2. Candidatos(as)/Competidores(as)

Mayor información 1. http://www.colombia.com/especiales/2008/resumen/actualidad/politica.asp 2. http://www.colombia.com/actualidad/autonoticias/politica/2008/04/21/DetalleNoticia32837.asp

Otras observaciones o comentarios Se considera pertinente señalar que en Colombia jurídicamente el cohecho supone, mínimo, la existencia de dos actores: quien ofrece y quien recibe. En este caso los ex – representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño, receptores de los pagos derivados del cohecho, están pagando una pena impuesta por las autoridades por dicho delito; no obstante a la fecha las autoridades penales y disciplinarias no han procesado a ninguna persona por el delito de la entrega y/u ofrecimiento del soborno. Fecha del registro: Diciembre/2009

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