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    Reforma laboral,

    desarrolloincluyente e

    igualdad en

    Mxico

    Documento preparado para CEPAL----Versin 11 marzo de 2013 ----

    Graciela Bensusn, UAM/X

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    Introduccin 1

    1. La interaccin entre instituciones y mercados de trabajo 41.1. La especificidad de los mercados de trabajolatinoamericanos 41.2. Heterogeneidad estructural y convergencia

    productiva7

    1.3 Desarrollo, democracia y derechos colectivos 9

    2. Caractersticas y dinmica poltica 122.1 Las prioridades y su justificacin 12

    2.2 El trnsito por el Poder Legislativo 16

    2.3 Las posiciones de los actores 19

    2.4 Un balance preliminar 23

    3. Las tres dimensiones de la reforma 2012 y el mercado de trabajo 263.1. La segmentacin del mercado laboral: lneas de diferenciacin 27

    3.2. Los asalariados y la formalizacin del empleo 32

    3.3. El acceso a seguridad social 34

    3.4. Tiempos de Trabajo 36

    3.5. La distribucin de la ocupacin segn tamao de la

    unidad productiva y los diferenciales de productividad

    38

    3.6. El lugar de Trabajo 41

    3.7. Informalidad 42

    3.8. La cada de la sindicalizacin y los nuevos espacios debilateralidad

    45

    3.9. Las remuneraciones 48

    4. Las funciones de la Legislacin Laboral y los posibles ejes de transformacin 52

    4.1 El dficit de coordinacin econmica 53

    4.2 Distribucin de riesgos 56

    4.3 El impulso a la demanda agregada 604.4 Democratizacin del mundo del trabajo 62

    4.5 El empoderamiento de los grupos ms vulnerables 63

    5. Conclusiones 65

    5. Bibliografa 676. Anexo 73

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    Introduccin

    Despus del estallido de la crisis 2008-2009, hay mayor consenso en el debate internacional

    acerca de que el empleo es la piedra angular del desarrollo econmico y social, paradecirlo con las palabras del Banco Mundial (BM, 2012: 2 y 26). Se discute, no obstante,

    cul es el papel que les correspondera a los gobiernos, ms all de crear un clima favorable

    a la generacin de empleos, en tanto persiste la preocupacin sobre los posibles efectos

    negativos de las regulaciones y polticas laborales en la eficiencia econmica (Ibid:26).

    Prueba de la diversidad de posturas es que un gran nmero de pases- 19 de los 27

    integrantes de la UE- ha respondido a la crisis con nuevas reformas laborales que recortaron

    los derechos y las redes de seguridad social mientras otros pases, como algunos de los

    latinoamericanos, los han fortalecido y expandido, sin poner en peligro la recuperacin

    econmica (Ibid: 26 y OITa, 2012).

    Inserto en este debate y en el que se gener en Mxico en torno a la reforma de la

    legislacin laboral de noviembre de 2012, este documento analiza el papel que las

    instituciones laborales pueden jugar en el pas en el marco de un desarrollo incluyente que

    coloque la generacin de empleo formal en el centro de las polticas macroeconmicas y

    sectoriales y cierre las brechas de desigualdad originadas en los mercados de trabajo, con

    un horizonte de largo plazo. Me pregunto al respecto si la reforma recientemente aprobadapuede contribuir a lograr este objetivo y, en caso contrario, qu tipo de cambios deberan

    experimentar la legislacin y la poltica laboral para promoverlo.

    Entendemos por desigualdades sociales tanto las tradicionales o estructurales que se

    manifiestan entre empleadores y trabajadores, como las dinmicas que se dan dentro de

    las mismas categoras y tienden a persistir, mientras antes se trataba de categoras ms

    homogneas (como la de los trabajadores asalariados) o con diferencias transitorias que, se

    supona, tenderan a desaparecer (Fitoussi y Rosanvallon, 1997:73-75). Aunque estadistincin fue pensada en relacin a la situacin generada por la globalizacin en un pas

    desarrollado (Francia), puede tambin dar cuenta de lo ocurrido no solo histricamente sino

    recientemente en Mxico, en tanto la desigualdad entre capital y trabajo tendi a agravarse,

    incluso en pocas de bonanza econmica, y el empleo informal (sin acceso a la seguridad

    social) ya supera a la mitad de los trabajadores y creci en algunos perodos a ritmos ms

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    rpidos que el empleo formal. En consecuencia, la segmentacin laboral y las diferencias

    entre trabajadores no solamente subsisten, sino que se profundizan, sin perspectivas de

    poder corregirse en el mediano plazo a menos que se adopten las polticas adecuadas (OIT,

    2012a)1

    El concepto de desarrollo incluyente e integrado de la CEPAL (2012a) del que parto en este

    documento comprende tres dimensiones que deben interactuar y progresar de manera

    simultnea, lo que ha ocurrido solo de manera excepcional en la regin. Estas dimensiones

    son el cambio estructural, el crecimiento orientado a reducir las brechas internas (en el

    propio pas) y externas (con los pases desarrollados) de ingresos y productividad

    (convergencia) y la promocin de la igualdad (Ibd: 21). Es esta ltima dimensin del

    desarrollo la que nos interesa principalmente considerar a la hora de analizar los avances y

    dficits institucionales que nos deja la ltima reforma de la legislacin laboral mexicana(2012), sin dejar de mostrar su conexin con las otras dos.

    Desde esta perspectiva, visualizamos a las polticas e instituciones laborales, junto con otras

    polticas como las macroeconmicas, industriales y sociales, como herramientas para

    expandir el empleo de calidad y con derechos en la magnitud que se requiere para mejorar

    la capacidad de negociacin de los trabajadores y cerrar las brechas de desigualdad en los

    ingresos y condiciones de trabajo. Esto implicara recuperar para la legislacin y la poltica

    laboral un carcter redistributivo y dar centralidad al Estado para asegurar que la

    institucionalidad favorezca una mejor distribucin de los resultados del proceso productivo

    entre el capital y el trabajo, a la par que el sistema de proteccin social (con base

    contributiva y no contributiva) garantiza una proteccin efectiva de todos los trabajadores y

    sus familias, tanto frente a los riesgos clsicos (desempleo, enfermedad, vejez) como a los

    nuevos riesgos a los que los expone el cambio estructural (Ibd: 296).

    Con estos objetivos, a la luz del examen de los problemas que experimenta hoy el mercado

    de trabajo, exploro los logros y dficits en la reforma de sus instituciones y la necesidad de

    su rediseo (junto a las polticas pblicas) para promover el desarrollo incluyente, tomando

    1 De acuerdo a los datos y fuentes recabados por CEPAL/ OIT 2012a, en el perodo 2002-2008, que coincidecon la recuperacin econmica de la regin, aun cuando se registra una mejora en la distribucin de losingresos personales (a nivel de los hogares y de los ingresos laborales) debido, entre otros factores, a losmecanismos de transferencias en efectivo, la disminucin de los retornos por educacin y las polticas desalarios mnimos, en 13 de 21 pases latinoamericanos estudiados la participacin de las remuneraciones en elPIB se redujo, mientras que solamente aument en ocho pases (OIT, 2012a: 48).

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    en cuenta su carcter sistmico, como lo plantea Deakin (2010). La contribucin al respecto

    consistir en el anlisis del tipo de interaccin institucional que se registra en Mxico y la

    que puede esperarse a partir de los recientes cambios, sus posibles consecuencias en la

    desigualdad y las transformaciones que pudieran favorecer su disminucin, tanto a nivel de

    la relacin capital -trabajo como entre diversas categoras de trabajadores.

    En la primera parte de este trabajo se presenta el marco analtico utilizado para efectuar el

    diagnstico acerca de los problemas que presenta el mercado de trabajo y las instituciones

    que lo regulan. Para ello se recuperan las aportaciones que se han hecho al respecto desde

    los estudios sobre las variedades de capitalismo, el enfoque de CEPAL sobre la

    heterogeneidad productiva y el cambio estructural as como sobre las funciones

    econmicas, sociales y polticas que deben desempear las instituciones atendiendo, como

    ya se dijo, al carcter sistmico de las mismas (Deakin, 2010)2.En la segunda seccin presento las caractersticas de la reforma de la Ley Federal del

    Trabajo (LFT) aprobada en noviembre de 2012 y la dinmica poltica que se gener al

    transitar por el Poder Legislativo, incluyendo un balance inicial de los ganadores y

    perdedores.

    En la tercera seccin reviso la manera en que la reforma laboral (en sus tres dimensiones:

    econmica, social y poltica) pretende incidir sobre los principales problemas del mercado

    del trabajo. Contrasto al final algunos de los indicadores con otros provenientes de pases

    de la regin, donde se vienen experimentando mejoras apreciables. Se espera con ello

    mostrar cul es la dinmica real del mercado de trabajo en Mxico, ms all del diseo

    institucional, lo que resulta indispensable para identificar cules debieron haber sido las

    prioridades de la reforma y en qu forma las brechas de desigualdad tienen relacin con

    problemas de diseo institucional o se deben al incumplimiento de las normas laborales.

    La ltima seccin (IV) se destina al anlisis de los cambios que las instituciones deberan

    experimentar para potenciar sus efectos en la correccin de pobreza y la desigualdad

    originada en el mercado de trabajo y la necesidad de articularlos con otras

    transformaciones en el sistema de proteccin social y en las polticas pblicas. Finalmente

    se incluyen las conclusiones.

    2 Las funciones que se considerarn, siguiendo a este autor, son las de coordinacin econmica, distribucinde riesgos, impulso a la demanda agregada, empoderamiento de grupos vulnerables y democratizacin delmundo del trabajo (Deakin, 2010).

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    proteccin asociada al empleo formal. Los bajos niveles de calificacin se explicaran

    porqu los trabajadores no tendran incentivos para capacitarse ya que su perspectiva es

    ingresar al sector informal o tener ocupaciones de corta duracin y precarias6 en diferentes

    empleos formales o informales, dadas las altas tasas de rotacin laboral (Schneider y

    Karcher, 2010). Las interacciones entre estos rasgos generaran pocos incentivos para

    romper con el statu quo y desembocaran en un crculo vicioso difcil de superar en el que

    la efectividad de las regulaciones es muy limitada y se reproduce la pobreza y la

    desigualdad. 7

    La salida a esta interaccin viciosa por la va neoliberal, al flexibilizar las regulaciones, no

    resolvi los problemas del mercado de trabajo sino que los agrav, ampliando la brecha

    entre los trabajadores y generando nuevas desigualdades (Tockman, 2004 y 2011;Fitoussi y Rosanvallon, 1997)8. Esta estrategia fue ms tarde parcialmente revertida en

    algunos pases de la regin a travs de la revitalizacin de la intervencin estatal,

    sindicatos fortalecidos y polticas pblicas orientadas a generar empleos de calidad y

    compensar a los excluidos a travs de polticas sociales que tienden a universalizarse, con

    diferentes resultados9. Guardando las debidas distancias, sta es una estrategia ms acorde

    con un modelo de capitalismo coordinado, seguido por algunos pases desarrollados que

    lograron menor desigualdad (Suecia, Dinamarca y Noruega, entre otros).10

    6 El concepto de precariedad laboral se ha utilizado tanto para caracterizar los empleos informales como losformales, dando cuenta de las inseguridades, la carencia de proteccin en el mercado laboral y los bajosingresos (Rodgers y Rodgers, 1989; Garca, 2011:87)7 Vanse al respecto las evidencias reunidas acerca de los problemas de efectividad de la LL para los casos deArgentina (Senn y Palomino), Brasil (Cardoso y Lage), Chile (Figueroa) y Mxico (Bensusn) as como lacomparacin entre stos en Bensusn, 2006.8 Si bien las desigualdades entre empleos formales e informales no son nuevas en la regin, lo que s lo es elreconocimiento en la dcada del 2000 por algunos de los gobiernos de que no se trata de diferenciastransitorias, que desaparecern con el crecimiento econmico ni con la flexibilizacin de las regulaciones

    laborales, por lo que se requieren polticas laborales y sociales especficas orientadas a proteger a lostrabajadores informales. Tokman, 2011.9 En relacin a las diferencias en la calidad de los empleos en la regin, vase OIT (2012a). Sobre los efectosde la llegada de gobiernos de izquierda en los niveles de desigualdad social y pobreza en Amrica Latinavase Lustig, 2012: 103-106 y CEPALa, 2012.10 Entre otros factores poltico-institucionales en los que se apoyaron los modelos coordinados de capitalismoms de un siglo atrs estn la construccin de coaliciones polticas de centro- izquierda, con apoyo a lossindicatos, favoreciendo tasas altas de sindicalizacin y cobertura de la negociacin colectiva-

    predominantemente centralizada- y regmenes de bienestar universales y efectivos, aunque con muy diferentesregulaciones de empleo (Schneider y Soskice, 2009:23).

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    Como plantean Huber y otros autores, las polticas econmicas, laborales y sociales afectan

    la distribucin inicial o primaria del ingreso lo que es muy difcil de modificar ms tarde a

    travs de los impuestos y las transferencias (Huber, 2002: 440; CEPAL, 2012; Stiglitz

    2012). La ventaja que ofreceran los modelos de capitalismo coordinados, frente a los

    liberal-jerrquicos dominantes en la regin (con sus variaciones), es que la presencia de

    sindicatos fuertes y altas tasas de sindicalizacin y cobertura de la negociacin colectiva se

    traduce en una mayor capacidad para evitar la desigualdad en donde se gestan los ingresos,

    es decir, en los mercados de trabajo, incluso a niveles semejantes de riqueza (Hayter y

    Weinberg, 2011:159).

    A diferencia de algunos pases del Conosur, como fue el caso de Argentina, Brasil y

    Uruguay, Mxico registr una marcada continuidad en sus polticas de corte neoliberal y

    supedit los objetivos sociales de la poltica laboral a los econmicos (Bensusn y MorenoBrid, 2012). Sin logar el apoyo poltico necesario para introducir reformas en la legislacin

    laboral, sigui atrapado en una interaccin viciosa entre instituciones y mercado de trabajo,

    pero mantuvo la expectativa sin fundamento emprico, si nos atenemos a los malos

    resultados alcanzados por las reformas de los noventa en la legislacin laboral de Amrica

    Latina (Frayle, 2009; Vega Ruiz, 2008: 240-242)- de que una mayor flexibilidad en el texto

    legal se traducira en generacin de empleos formales. Esta expectativa fue la que, como

    muestro ms adelante, dio el mayor sustento a la reforma de la legislacin laboral de 2012,

    con la que se busc esencialmente institucionalizar mrgenes ms amplios de libertad en la

    contratacin y el despido y mantener bajos los salarios, tal como ya suceda en las prcticas

    de empleo dominantes en el pas en las recientes dcadas. Al menos hasta ahora, el

    resultado de esta dinmica fue que en Mxico el mercado de trabajo es no solamente fuente

    de marcadas desigualdades (entre el trabajo y el capital y entre los mismos trabajadores)

    sino un persistente generador de pobreza, como lo muestran los datos de Coneval (2012)

    que se examinarn en el siguiente apartado. 11

    En suma, el anlisis sobre las instituciones del mercado de trabajo que se ofrece en la

    tercera seccin, parte de las ventajas que suponen los modelos de capitalismo coordinados

    como alternativa para lograr una mayor igualdad en los mercados de trabajo, reconociendo

    11 http://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdf

    http://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdfhttp://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdfhttp://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdfhttp://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdfhttp://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdfhttp://web.coneval.gob.mx/Informes/ITLP/TERCER%20TRIMESTRE%202012/ITLP%20NACIONAL%20noviembre%202012.pdf
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    que para ello deberan superarse en Mxico diversas restricciones de orden econmico,

    socio- poltico e institucional. Si bien este trabajo se centra en los retos que en el plano

    institucional supone esta transformacin, contrastando las reformas implementadas en la

    legislacin laboral con las que se requeriran para reducir la pobreza y la desigualdad, es

    necesario tomar en cuenta tambin los condicionamientos que provienen de la marcada

    heterogeneidad estructural y los dficits de democratizacin en el mundo del trabajo.

    1.2. Heterogeneidad estructural y convergencia productiva

    De acuerdo al enfoque estructuralista de la CEPAL la persistente segmentacin de los

    mercados de trabajo en diferentes estratos con condiciones laborales muy diversas se debe a

    la heterogeneidad estructural caracterstica de la regin. Se entiende por ello una situacin

    en la que existen amplias diferencias en cuanto a niveles de productividad del trabajo, tanto

    entre los sectores de la economa como en su interior (Porcile, 2011: 31)12. Lo importante

    para nuestro argumento es que las diferencias en los niveles de productividad entre

    diversos estratos 13 se trasladan a las remuneraciones y condiciones de trabajo,

    constituyendo un factor determinante de la mala distribucin del ingreso y la deficiente

    inclusin social en la regin (Ibid:70).14

    12.A diferencia de las economas de los pases industrializados, donde tuvo un carcter transitorio, la marcadaheterogeneidad estructural de Amrica Latina ha perdurado en el largo plazo (bajo diferentes modeloseconmicos y tanto en pocas de crecimiento como de menor desempeo) y se complement con un menorgrado de diversificacin econmica, la especializacin en el sector de exportacin (recursos naturales), laconcentracin del progreso tcnico en un nmero reducido de empresas de gran tamao y el dbil vnculoentre los sectores de alta rentabilidad y el resto de la economa (Infante, 2011:66).13 Por ejemplo, considerando como parmetro la productividad de las grandes empresas (100%), lasmicroempresas apenas alcanzan en Mxico un 16%, las pequeas un 35% y las medianas un 60%, situacinque contrasta con lo que ocurre en pases desarrollados, como Francia, donde la brecha es mucho menor(CEPAL, 2010: 102). En cuanto a los diferenciales de productividad en Mxico por sector (siendo la ms altala de los servicios financieros y la ms baja la de la agricultura) y la distribucin de la poblacin por estratosde productividad y sectores para mediados del 2000, vase Fujii, 2011: 92 y 93.14 En relacin a los diferenciales de productividad en la regin entre los estratos ms significativos entre los

    aos sesenta y fines de la dcada del 2000 y su profundizacin a partir de los aos noventa vase Infante(2011). De acuerdo a este anlisis se registraron tres tipos de cambios en la estructura productiva a lo largo delas ltimas cinco dcadas que confirman la necesidad de adoptar polticas para corregir sus efectos en elaumento de la desigualdad social: aument la concentracin de la produccin en el estrato ms modernoaunque persisti la baja capacidad de generar empleo y el escaso encadenamiento con el resto de la economa;el estrato medio redujo su importancia tanto en relacin al PIB como en el empleo mientras ste se concentren los estratos de baja productividad, los que absorbieron en 2007 un 52% del empleo frente a un 47% en losaos sesenta Igualmente, los diferenciales de productividad se ampliaron en el perodo 1990-2008 y seregistraron cambios en la composicin del empleo al mantenerse constante la capacidad de absorcin delestrato de mayor productividad, crecer en el estrato medio y reducirse en el ms bajo (Ibid:71-72 y 75).

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    La extensin de la pobreza y la desigualdad en la distribucin del ingreso estara asociada

    positivamente con el grado de heterogeneidad estructural debido a la dificultad que

    experimentan los trabajadores en sectores de baja productividad, donde tiende a

    concentrarse la ocupacin, para obtener mejores ingresos y empleos estables con proteccin

    social, entre otras razones, por el carcter incompleto del sistema de proteccin dominante

    (Mauritzio y Bertranou, 2011). En cambio, los pases con mayor homogeneidad productiva

    tienen una estructura ms compleja de mercados, instituciones y polticas, lo que coincide

    con una menor volatilidad del crecimiento. De esta forma, se reduce la volatilidad de los

    empleos que llevan a altas tasas de rotacin laboral con las consecuencias negativas que de

    ello se derivan para los trabajadores en pases con sistemas de proteccin social

    incompletos, sin seguros de desempleo o con un limitado alcance

    y cobertura, como es el caso de los latinoamericanos (Velsquez Pinto, 2010). Lo ocurridoen Mxico entre 2008-2009, cuando 700 mil trabajadores quedaron sin ocupacin, es

    ilustrativo de lo anterior. Entonces, la volatilidad de los empleos afect ms a los

    trabajadores mexicanos que a sus pares en pases de desarrollo semejante, como Argentina,

    Brasil o Chile, en primer lugar en razn del mayor efecto de la crisis debido al destino de

    las exportaciones a los Estados Unidos, donde estaba el epicentro de la crisis, pero tambin

    debido a que el sistema de indemnizaciones ante despidos arbitrarios presenta graves

    deficiencias, a la par que no existe un seguro de desempleo (Bensusn 2006, Bensusn y

    Moreno Brid, 2012).

    La conclusin, segn los estudios coordinados por la CEPAL (2012a), es que la

    convergencia productiva (llamada tambin articulacin productiva o cohesin productiva

    por la OIT, 2012a) debe ser considerada como una parte fundamental de una estrategia de

    desarrollo que busque al mismo tiempo altas tasas de crecimiento econmico en un largo

    perodo, a la vez que una menor desigualdad en la distribucin del ingreso. Ello supone

    establecer sinergias entre las polticas e instituciones del mercado de trabajo, las polticas

    sociales y la convergencia productiva, lo que no ocurri en la regin (Infante, 2011:93;

    CEPAL, 2010:165 y 2012; OIT, 2012a). Es importante destacar que el concepto de

    convergencia va ms all de lo productivo ya que alude expresamente a promover la

    redistribucin de los ingresos de los individuos en el momento mismo de su gestacin

    e implicara que los ms pobres vean crecer el ingreso ms rpidamente que el resto de la

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    poblacin (Ibid: 119).15 Por ejemplo, como veremos ms adelante, una poltica de salarios

    mnimos activa, la expansin de la negociacin colectiva en las cadenas productivas,

    sindicatos con mayor presencia, agendas ms amplias y reglas que permitan a las mujeres y

    los jvenes acceder a empleos de calidad deberan estar articulados a una estrategia de

    desarrollo que busque dicha convergencia.16

    En suma, la convergencia o articulacin productiva en una visin de largo plazo implica

    superar a travs del cambio estructural e institucional los sesgos y problemas del actual

    estilo de desarrollo, como el perfil de especializacin (centrado en la exportacin de

    recursos naturales) y el tipo de crecimiento de enclave. En este ltimo, los beneficios se

    concentran en el sector formal y se inhiben las capacidades de innovacin tecnolgica

    endgenas, a la par que los incrementos de la productividad se logran principalmente

    expulsando trabajadores al sector informal de la economa, lo que tiende a afectar en mayormedida a las mujeres y jvenes y los que tienen menor calificacin, agravando las

    desigualdades entre los mismos trabajadores. 17

    En estas circunstancias, cabe preguntarnos en este documento si la reforma laboral ayudar

    a contrarrestar estas tendencias y, en caso contrario, qu tipo de reformas institucionales se

    requeriran en Mxico para lograr una interaccin virtuosa entre el mercado de trabajo y sus

    instituciones, de forma tal que se genere una nueva dinmica a favor de la inclusin social y

    la disminucin de la desigualdad va el empleo de calidad.

    1.3 Desarrollo, democracia y derechos colectivos

    15 La relacin entre crecimiento, desigualdad y pobreza no es lineal ni perfecta: aunque las evidenciasmuestran que un alto nivel de desigualdad afecta el crecimiento econmico, no las hay de que ste lleveautomticamente a corregir la desigualdad, ya que las polticas pblicas pueden afectar desde su mismoorigen la distribucin del ingreso (Huber, 2002:440).16 La importancia del trabajo femenino en el incremento de la productividad y de la actividad econmica,mitigando el efecto del envejecimiento, as como en la reduccin de la pobreza en Amrica Latina ha sido

    destacada por el Informe Tendencias globales 2030: mundos alternativos (NIC, 2012) y en el Informe sobreel Empleo en el Mundo del Banco Mundial 2012. Cabe sealar que Chile es el pas que tiene la brecha msamplia en los ingresos salariales de hombres y mujeres, aun teniendo el mismo nivel educativo, siendo la bajatasa de participacin de la mujer uno de los factores que la explican. CEPAL, 2012. Esta brecha salarialaumenta con los aos de educacin. En Brasil, por ejemplo, el salario femenino de las mujeres con ms dedoce aos de educacin alcanza al 62.8% del salario de los hombres, mientras equivale al 76.6 % en el casode las mujeres en general. CEPAL, 2011. Anuario Estadstico de Amrica Latina y el Caribe.

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    Un segundo eje de transformacin para lograr que el desarrollo sea realmente incluyente

    radica en la profundizacin de la democracia poltica en Mxico y su expansin hacia el

    mundo del trabajo. La importancia de la democracia poltica en el desarrollo ha sido una

    cuestin central para gobiernos, organismos internacionales y acadmicos, como lo destaca

    Kolben (2012:108). Siendo cierto, por s sola la democratizacin poltica no es garanta de

    correccin de la desigualdad, incluso en pocas de bonanza econmica, como lo prueba

    Amrica Latina. Se requiere para ello, entre otros factores, la democratizacin del mundo

    del trabajo, lo que todava constituye una asignatura pendiente tanto en Mxico como en la

    mayor parte de la regin18. No obstante, existen diferencias en las oportunidades abiertas

    por los procesos de transicin democrtica y las reformas econmicas y laborales para la

    proteccin de los derechos individuales y colectivos, la recuperacin del poder de los

    sindicatos o la expansin de la negociacin colectiva, que es uno de los pilares de lademocracia industrial y la reduccin de las brechas de ingresos entre los trabajadores

    (Traxler y Brandl, 2011).

    La secuencia de los cambios (primero reformas econmicas y despus democratizacin) fue

    un factor muy influyente y result en el caso de Mxico adverso al fortalecimiento sindical

    y de los derechos laborales, al haberse privilegiado las primeras sobre la segunda.19 Otro

    factor de diferenciacin fue el alineamiento poltico de los gobiernos latinoamericanos,

    marcando trayectorias diversas en las polticas pblicas en la dcada del 2000, a diferencia

    de la mayor homogeneidad observada en la dcada previa. En el caso de Mxico, la

    continuidad de las polticas macroeconmicas, laborales y sociales adoptadas por los

    gobiernos provenientes del PRI y el PAN desde los aos ochenta as como la opcin por el

    modelo exportador dirigido a los EEUU y en competencia con los pases asiticos, no

    18 Se ha destacado que puede existir contradiccin entre sistemas polticos democrticos y formas degobernabilidad laboral autoritarias, adems de que no siempre los sindicatos son fuerzas democratizadoras.(Kolben, 2010:112). Un estudio de caso donde se analizan estas tensiones y sus consecuencias para lostrabajadores en Mxico se encuentra en Bensusn y Middlebrook, 2012 y 2013.19 En el contexto de las transiciones, Chile y Mxico hicieron parte de sus reformas econmicas bajoregmenes autoritarios y transitaron a la democracia en condiciones de estabilidad macroeconmica,

    permitiendo mayor continuidad en las polticas neoliberales y menor espacio para la recuperacin del modeloestatista de regulacin laboral, el poder sindical y las polticas laborales y sociales incluyentes.19 Argentinainici las reformas pro mercado igualmente bajo la dictadura pero las profundiz en condicionesdemocrticas, dejando a los sindicatos ejercer algunos contrapesos. Brasil y Uruguay liberalizaron suseconomas de manera gradual bajo gobiernos democrticos, enfrentando una fuerte oposicin de izquierda y asindicatos que se haban fortalecido en la transicin. Esto impidi, o al menos moder, el alcance de lasreformas neoliberales y los intentos de desmantelamiento de las capacidades de intervencin estatal ensectores claves (Cook, 2007).

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    dejaron mayor margen para la democratizacin del mundo del trabajo, en tanto los

    sindicatos siguieron siendo un factor del control de los salarios y flexibilizacin de las

    condiciones de trabajo, debilitndose su papel en la representacin. En cualquier caso, la

    seleccin entre diversos modelos de capitalismo, estilos de desarrollo y sistemas de

    proteccin laboral/social es una cuestin que debera ser decidida y legitimada por la

    sociedad, lo que vuelve indispensable la consolidacin de regmenes democrticos y

    compromisos polticos slidos en torno a ellos as como sociedades civiles fuertes y

    organizadas20.

    El problema al respecto es que la voz de los trabajadores sigue teniendo en Mxico escasas

    oportunidades e instrumentos para expresarse a la hora de seleccionar las mejores opciones

    para acceder al bienestar, como es el caso de la decisin sobre el nivel de proteccin legal

    que debe ofrecerse a los trabajadores, la flexibilidad que debe permitirse a los empleadoreso las caractersticas del sistema de proteccin social (focalizada o universal, contributiva o

    no contributiva, etc). Como veremos, las limitaciones en la ciudadana laboral en este pas

    se observan tanto a nivel del ejercicio de los derechos colectivos (obstculos para la

    formacin de sindicatos independientes y representativos y la expansin de la

    sindicalizacin debido a restricciones a la libertad sindical), en el seno de los sindicatos

    (bajos o nulos niveles de democracia interna y participacin), a nivel de las empresas21,

    donde no existen espacios institucionalizados de participacin en la gestin, y finalmente

    en el escenario poltico, donde ha tendido a disminuir la presencia de los sindicatos, todo lo

    cual conduce a una ciudadana laboral de baja intensidad22. Entendemos por ciudadana

    laboral, siguiendo a Gordon, la participacin de los trabajadores en los esfuerzos

    colectivos para alcanzar reconocimiento y compensacin por su contribucin econmica a

    la sociedad (2009:512). 23

    20 Kolben destaca el valor instrumental de las regulaciones laborales que hacen posible la formacin deorganizaciones sindicales y otras formas de organizacin como que favorecen la democracia poltica, ascomo de las instituciones que favorecen la canalizacin institucional de los conflictos (2010:112).21 En relacin a la importancia de la democracia en el lugar de trabajo con el propsito de que los trabajadores

    puedan tener un mayor control de sus vidas y, ms en general, respecto del valor intrnseco e instrumental dela democracia laboral vase Kolben, 2012: 109-11222 Utilizo ac el concepto de ciudadana de baja intensidad acuado por ODonnell (1993: 75) referido por l ala ciudadana poltica.23 Original en ingls. Traduccin libre al espaol del autor.

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    Aunque son varios los instrumentos que pueden hacer avanzar la ciudadana laboral, por lo

    que se refiere a Mxico nos interesa evaluar de qu manera las instituciones pueden

    favorecer la expansin de los sindicatos, fortalecerlos y profundizar la democracia en su

    seno como factores decisivos para recuperar poder frente a los empleadores y lograr una

    mayor capacidad de representacin social y poltica de los trabajadores (con mayor nfasis

    en los ms vulnerables), cuyos intereses tienden a diversificarse cada vez ms en el nuevo

    contexto24. Como veremos ms adelante, la reciente experiencia de la reforma laboral

    confirma la limitada capacidad de los sindicatos independientes para hacerse escuchar en el

    debate parlamentario, frente a una dirigencia tradicional vinculada al PRI dispuesta a avalar

    el argumento de que ms flexibilidad laboral se traducir en una mayor generacin de

    empleos y sacrificar los derechos de los trabajadores a cambio de conservar sus privilegios

    en el sistema de representacin, cerrando antes que nada el paso a la democratizacin, larendicin de cuentas y la transparencia.

    2. El contenido de la reforma, la dinmica poltica y la posicin de los actores

    2.1. Las prioridades y su justificacin

    De acuerdo a su Exposicin de Motivos de la iniciativa preferente presentada por el

    Presidente Caldern, la reforma laboral de 2012 intent dar una respuesta a la insuficientegeneracin de empleos formales (dimensin econmica), los dficits de proteccin de

    grupos vulnerables (dimensin social) y la falta de democracia, transparencia y rendicin

    de cuentas de los sindicatos (dimensin poltica). El contenido principal de cada una de

    estas dimensiones se describe en el cuadro 1, incluido en el anexo. 25

    La iniciativa preferente se limit a proponer cambios en la LFT. No se incluyeron reformas

    al artculo 123 constitucional, tanto porque esa haba sido la posicin del PAN y del PRI a

    lo largo de la dcada previa, lo que usaron como prueba de que no se afectaran los

    derechos adquiridos, como porque las iniciativas preferentes deben limitarse a reformas a

    24 En relacin a la perdida de representacin de los trabajadores en la Cmara de diputados desde 1979 a 2012vase Bensusn y Middlebrook, 2012 y 2013.25 Iniciativa Preferente de reforma a la Ley Federal del Trabajo Felipe Caldern Hinojosa presentada el 1 deseptiembre de 2012 ante el Congreso de la Unin Esta iniciativa incluy cambios en 287 artculos y derogabaotros 23 de un total de 1,053 artculos contenidos en la Ley Federal del Trabajo vigente. Ver el texto completode la iniciativa en Gaceta Parlamentaria, 2012

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    leyes ordinarias. De esta forma, se mantuvo sin cambios la estructura del sistema de justicia

    laboral, tripartita y dependiente del Poder Ejecutivo, aunque se introdujeron reformas a los

    procedimientos ante las juntas, y se conserv la Comisin Nacional de Salarios Mnimos

    (CNSM) 26 . Por lo anterior, dos cuestiones centrales para mejorar la situacin de los

    trabajadores--como el acceso a una justicia laboral independiente y oportuna y percibir un

    salario digno, como lo exige el artculo 123 constitucional--quedaron completamente fuera

    del debate sobre los cambios necesarios en la institucionalidad laboral, satisfacindose de

    esta forma las posiciones de los empleadores, defensores a ultranza del statu quo en este

    terreno.27

    Ninguno de los cambios propuestos supona sorpresa alguna. En realidad, hubo un debate

    previo e intermitente durante ms de veinte aos con posiciones encontradas respecto a

    cul debera ser el nivel de flexibilidad reconocido a los empleadores para no afectar el

    desempeo econmico, respecto del grado y los medios de proteccin que deban

    garantizarse a los trabajadores y tambin sobre las ventajas y desventajas de seguir

    sosteniendo un modelo de representacin corporativo- estatista o profundizar la

    democratizacin en el mundo del trabajo (Bensusn, 2000, 2012a). Sin embargo, estas

    posiciones se expresaron de manera ms abierta en la discusin de la iniciativa preferente

    del presidente Caldern, aunque no todas tuvieron la misma capacidad para influir en el

    resultado, como se ver al analizar la dinmica poltica que se gener al transitar lainiciativa por el Congreso de la Unin.

    En cuanto a la dimensin econmica de la reforma, su justificacin provino de los

    diagnsticos de los organismos econmicos internacionales como la OCDE y el BM,

    compartidos por las organizaciones empresariales (COPARMEX y CCE), acerca de que las

    reglas de contratacin y despido obstruan la generacin de empleo formal. Por el contrario,

    26 La supresin de la CNSM fue propuesta por las iniciativas del PRD-UNT en 2002 y 2010, para trasladar

    esta funcin a la Cmara de diputados, donde se aprueba el presupuesto de egresos con base en las principalesvariables macroeconmicas y existe una mayor pluralidad poltica.27 Slo un senador del PRI, Joel Ayala Almeida (proveniente de la FSTSE) se ocup del tema de los salariosmnimo. Ocurri en un momento en que pareca peligrar la reforma por la insistencia del PAN y el PRD enrecuperar los artculos sobre democracia, transparencia y rendicin de cuentas inicialmente eliminados en laCmara de Diputados, mientras las organizaciones empresariales presionaban para que el Senado nointrodujera modificaciones a la minuta de la cmara revisora. El Senador Ayala exigi, tal vez como arma de

    presin para que el PAN se desistiera de su alianza con el PRD, que mejor se comenzara por aumentar lossalarios mnimos y elevarlos a 6 mil pesos mensuales (ms de tres veces el monto promedio vigente en 2012),

    junto a las modificaciones a la LFT. Notimex (2012).

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    no se tomaron en cuenta los malos resultados derivados de otras experiencias

    latinoamericanas que llevaron al BID a cuestionar la apuesta por la flexibilidad laboral

    como solucin a los problemas de los mercados de trabajo latinoamericanos (2004).

    Tanto en la iniciativa preferente presentada por el entonces presidente Caldern as comoen las anteriores del PAN y del PRI, una de las razones explcitamente invocadas para

    promover una mayor flexibilidad laboral fue el lugar que se asign a Mxico en el ndice de

    competitividad global 2011-2012 del Foro Econmico Mundial, uno de cuyos pilares- la

    eficiencia en el mercado de trabajo- lo coloc en el lugar 114 en ese ao, mientras cinco

    aos antes se ubicaba en el lugar 92. Ignorando las reiteradas crticas metodolgicas a este

    tipo de ndices que llevaron al Banco Mundial a eliminar el ndice de rigidez del empleo en

    su versin del Doing Business 2010, para formar un equipo de expertos y revisar los

    indicadores utilizados en tal medicin, la necesidad de mejorar la ubicacin del pas en

    dichos ndices dio fundamento a la aspiracin de flexibilizar dicho rgimen en el pas28.

    Con la misma intencin, la iniciativa preferente de reforma laboral citaba los principales

    datos del mercado de trabajo y la marcada segmentacin entre empleo formal e informal

    que lo caracteriza, a la vez que se atribua a la rigidez del marco jurdico la incapacidad del

    mercado de trabajo para absorber el incremento anual de la poblacin en edad de trabajar,

    especialmente de los jvenes cuyas tasas de desempleo, en efecto, duplican a la de la

    poblacin en general. De ello se derivaron dos objetivos fundamentales respecto de loscules habr que evaluar los resultados en el futuro: promover la generacin de ms

    empleos y lograr que aquellas relaciones laborales que se desarrollan en la informalidad

    se regularicen y transiten al mercado formal. 29

    28 Un anlisis de los supuestos tericos, los errores conceptuales y metodolgicos y las repercusiones queeste tipo de ndice pueden tener en el plano poltico, al dar fundamento a las reformas en la legislacin laboraly en las polticas de mercado de trabajo, se encuentra en Lee, Mc Cann y Torm, 2008. De acuerdo a estosautores, entre los principales problemas se encuentran los siguientes: no se toma en cuenta la complejidad de

    la relacin entre las instituciones y el entorno a la hora de evaluar las repercusiones en el empleo o lainversin, ni las diferencias entre los contextos; se visualiza a las normas laborales solo como restricciones ala libertad de los empleadores sin considerar los objetivos sociales que ellas persiguen ni las ventajas

    potenciales que de ello resultan, incluso en el desempeo econmico; parten de supuestos que no se condicencon lo que ocurre en los pases en desarrollo (como el tamao promedio de las empresas o la antigedad delos trabajadores) y no consideran la efectividad real de las regulaciones (solo las normas de iure), todo lo cual

    puede llevar a resultados equivocados. Adems, les brindan a los polticos el atajo fcil de cambiar las reglaspara mejorar su posicin en el ndice del Doing Business o en otros semejantes, en lugar de cambiar elentorno empresarial real (Ibid: 463-474).29 Gaceta parlamentaria,2012

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    El contexto de la crisis financiera internacional de 2008-2009 y sus efectos en el

    desempleo, una disminucin marcada en los flujos migratorios netos hacia los Estados

    Unidos y la crisis sanitaria detonada por el virus H1N1 de 2009 justificaban, segn la

    exposicin de motivos del Presidente Caldern, elaborada por la Secretara del Trabajo y

    Previsin Social, la necesidad de hacer ajustes en la legislacin que favorecieran

    especialmente el empleo de los jvenes y las mujeres. Con ese propsito, se propusieron y

    finalmente se legalizaron nuevas modalidades de contratacin (perodo de prueba,

    capacitacin inicial y de temporada) as como se redujo el costo del despido injustificado,

    al limitar el monto de los salarios cados, como se indica en el cuadro 1 incluido en el

    anexo. Igualmente se abri el paso a la subcontratacin como forma de acceder al empleo,

    lo que ya era una prctica muy extendida.

    Hay que decir que no se trataba en modo alguno de soluciones extremas ya que en todos los

    casos se impusieron restricciones a las libertades patronales en el uso de estas formas

    flexibles de contratacin. Estas reglas causaron una fuerte polmica entre los actores

    sociales y polticos: mientras para sus defensores iban a tener indiscutibles efectos positivos

    en el crecimiento econmico, la generacin de empleo formal y el incremento de la

    productividad y la competitividad, para sus detractores extenderan irremediablemente la

    precarizacin del empleo y la pobreza entre los asalariados. Especialmente, se cuestionaba

    que la dimensin social de la reforma fuera principalmente declarativa y superficial y no secrearan los mecanismos como el seguro de desempleo- para compensar los efectos

    negativos de la mayor flexibilidad. Tampoco se haca nada para mejorar el procedimiento

    de fijacin de los salarios ni para devolver a los trabajadores los derechos colectivos y

    reformar a fondo el rgimen corporativo. Los desplegados de las organizaciones

    empresariales y de los sindicatos aglutinados en la UNT durante el proceso legislativo

    ilustran por si solos esta polarizacin30.

    Si bien en esta iniciativa se avanz tambin hacia una flexibilidad de tipo funcional en el

    uso de la fuerza de trabajo (polivalencia o multihabilidad), sobre la que existe mayor

    consenso por sus menores consecuencias en la calidad de los empleos, el principal inters

    del gobierno de Caldern y de su sucesor, siguiendo las recomendaciones de la OCDE

    30 CONCAMIN, 2012; CE, 2012; Notimex, 2012a

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    (2010), fue ampliar la flexibilidad de tipo numrico. Es decir, la meta era aumentar la

    discrecionalidad del empleador en el manejo del volumen del empleo, como si sta no

    existiera en los hechos (tanto por los resquicios de la legislacin laboral como por las

    prcticas informales impuestas debido a la debilidad de los trabajadores). Por el contrario,

    como veremos en el siguiente apartado, los principales indicadores laborales muestran una

    gran distancia entre lo que sugieren los ndices de rigidez laboral (al ubicar a Mxico entre

    los pases con mayores restricciones para contratar a los trabajadores y costos ms altos de

    despido) y el funcionamiento real del mercado de trabajo en Mxico. Sin ir ms lejos, la

    crisis de 2009 haba demostrado con creces- como las anteriores- que el mercado de trabajo

    mexicano se haba adaptado rpidamente a las necesidades de reajuste en las empresas, al

    despedir a ms de 700 mil trabajadores tan solo en esa oportunidad, empleos que se fueron

    recuperando al reactivarse la economa con posterioridad.31

    2.2. El trnsito por el Poder Legislativo

    El proceso legislativo incluy dos vueltas en ambas cmaras (CD/de origen y

    CS/revisora) y tom un total de tres meses desde que la iniciativa fue presentada a la

    Cmara de diputados hasta su promulgacin por el Poder Ejecutivo el 29 de noviembre de

    2012 y su publicacin en el Diario Oficial de la Federacin un da ms tarde.

    En la dimensin econmica de la reforma, fuertemente respaldada por lasorganizaciones empresariales como la COPARMEX y el CCE, se concentr gran parte de

    la polmica, especialmente por lo que refiere a la mayor flexibilidad numrica32. Por el

    contrario, otro aspecto incluido en este eje, como la definicin de productividad o la

    creacin de nuevos espacios de bilateralidad a nivel de las empresas y tripartitas a nivel

    31 Paradjicamente, mientras en el documento de OCDE para Mxico sobre las polticas que deban adoptarsepara lograr un desarrollo sustentable se reconoca la capacidad del mercado de trabajo para adaptarse frente a

    la crisis 2008-2009, al sealar que el nmero de trabajadores inscritos en el IMSS haba disminuido un 2.6%entre marzo de 2008 y el mismo mes del siguiente ao, parte de los cuales fue absorbido por el sectorinformal, y se haba recuperado completamente en julio de 2010, al mismo tiempo se peda ms flexibilidad

    para realizar despidos y sustituir el rgimen de indemnizaciones por un sistema de cuentas individuales deahorro (OCDE, 2010: 9-11).32 Las modificaciones ms cuestionadas fueron el establecimiento de un perodo de prueba en los contratos detrabajo (de uno o seis meses, segn el caso), el contrato de capacitacin inicial (de tres o seis meses, segn elcaso), el lmite a los salarios cados en los juicios por despido injustificado a un perodo de un ao y, porltimo, la regulacin del pago por hora y de las relaciones de subcontratacin entre empresas y de stas conlos trabajadores

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    estatal, sectorial y nacional, relativos a la capacitacin, el adiestramiento y la productividad

    no generaron tanta polarizacin entre las distintas fuerzas polticas y sociales. Es claro que

    estos comits pudieran convertirse en espacios de coordinacin para impulsar el dilogo

    social, articulando aspectos de la poltica laboral, industrial y educativa orientados a lograr

    incrementos sostenidos de la productividad y el reparto de sus resultados. Sin embargo, la

    condicin para ello hubiera sido una renovacin del rgimen sindical que dotara a las

    dirigencias de la legitimidad y la capacidad para aprovecharlo, lo que la reforma no

    posibilit.

    Igualmente se incluyeron casi sin discusin alguna, como parte de la dimensin

    social de la reforma, escasas compensaciones favorables a los trabajadores la prohibicin

    de la exigencia de la prueba de no embarazo y de cualquier prctica discriminatoria, los

    diez das de licencia de paternidad (que terminaron reducindose a cinco) y los lmites en

    las jornadas de las trabajadoras domsticas (que de todas maneras suponen cuatro horas

    ms que la jornada de los dems trabajadores, al poder alcanzar hasta las 12 horas diarias).

    Algunas fueron puramente declarativas, como la definicin y los principios en torno al

    trabajo decente. En cambio, otras formas de proteccin que podran compensar los efectos

    negativos de la mayor flexibilidad en las contrataciones y despidos- como es el caso del

    seguro de desempleo- no fueron siquiera consideradas en el marco de la discusin de la

    iniciativa preferente, an cuando el PRD present una nueva iniciativa en ese contexto.33Estas lagunas o insuficiencias fueron cuestionadas por la UNT as como por el conjunto de

    los partidos de izquierda (Partido de la Revolucin Democrtica, Partido del Trabajo,

    Partido Movimiento Ciudadano).

    La dimensin poltica de la reforma gener tambin un fuerte debate. A diferencia de las

    anteriores iniciativas del PAN y del PRI y retomando algunas de las propuestas de las

    iniciativas del PRD-UNT (2002, 2010 y 2012), la iniciativa de Caldern se ocup tambin

    de esta cuestin al incluir propuestas relativas a la democracia, transparencia y rendicin de

    cuentas en los sindicatos que el PRI haba dejado de lado y haban sido acotadas en la

    33 Ibarra y Guerrero (2012).

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    anterior iniciativa del PAN de 2010. 34 Esta dimensin poltica de la reforma fue

    drsticamente limitada al pasar por el complejo proceso legislativo de dos vueltas en

    ambas cmaras (CD/de origen y CS/revisora), aunque tambin lo fue la dimensin

    econmica de la iniciativa.

    Una de las pocas propuestas vinculadas a la dimensin poltica de la reforma que no

    gener discusin fue la supresin de la clusula de exclusin por separacin, que permitir

    la separacin del empleo de los trabajadores que renuncien o sean expulsados de los

    sindicatos. A pesar de la importancia de esta ltima modificacin, por el papel que cumpli

    histricamente esta clusula (incorporada a la gran mayora de los contratos colectivos) al

    inhibir la disidencia sindical (ms que reprimirla), el consenso previo de los tres partidos

    polticos ms fuertes sobre la necesidad de eliminarla por su inconstitucionalidad (como lo

    haba declarado la Suprema Corte de Justicia de la Nacin) puede explicar porqu este

    cambio no gener discusin ni oposicin alguna.35 Sin negar que se trata de un avance por

    lo que se refiere a la libertad de asociacin, lo ms posible es que en las actuales

    condiciones la ausencia de este tipo de clusulas tienda a convertirse en una amenaza en

    contra de los sindicatos con mayor autonoma y representatividad, lo que podra incentivar

    el inters del empleador en debilitarlos, mientras difcilmente perjudicar a los ms

    disciplinados y cercanos a las posiciones del gobierno o de sus patrones, que son los que

    hubieran podido ejercer su poder de veto a travs de los legisladores del PRI.

    Un triunfo de los trabajadores y sindicatos es que no prosper el intento de limitar el

    ejercicio del derecho de huelga. En la iniciativa preferente del Presidente Caldern se

    haban retomado las propuestas de la iniciativa del PAN de 2010 que limitaban la

    posibilidad de entablar conflictos por la titularidad de los contratos colectivos y

    34 Estas eran el voto libre, universal y secreto en las elecciones sindicales y recuentos para determinar la

    titularidad de los contratos colectivos, o el derecho de los trabajadores a negarse a pagar las cuotas ante la

    falta de rendicin de cuentas).35 La supresin de la clusula de exclusin por separacinfue finalmente aprobada y no se trat de un cambiomenor porque abri la puerta a que los trabajadores abandonen a los sindicatos no representativos perotambin, por cualquier otra razn. Sin negar que se trata de un derecho fundamental que forma parte de lalibertad de asociacin garantizada constitucionalmente, hay que advertir que este cambio puede ser unincentivo para que los empleadores procuren sostener relaciones individuales con sus trabajadores. Ancuando se prevn sanciones para el caso de injerencia empresarial en la vida sindical, no se incluyeron

    procedimientos expeditos para reparar con oportunidad las consecuencias de este tipo de presionesempresariales sobre la integridad de las organizaciones sindicales.

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    posibilitaban a los empleadores solicitar a las juntas de conciliacin y arbitraje el arbitraje

    obligatorio de las huelgas, lo que en la legislacin vigente estaba solo reservado a los

    huelguistas. Sin embargo, estas modificaciones, rechazadas desde tiempo atrs por los

    partidos de izquierda y la UNT, fueron eliminadas por la Comisin de Trabajo y Previsin

    Social de la Cmara de Diputados en la votacin del 26 de septiembre de 2012, con el

    apoyo de los diputados del PRI. Otros cambios importantes contenidos en la iniciativa

    preferente, finalmente aprobados, se referan a las sanciones por incumplimiento de las

    obligaciones patronales- que en algunos casos llegaron a incrementarse en alrededor de un

    1,600 por ciento- -aunque no se adopt compromiso alguno para mejorar la capacidad

    estatal de fiscalizacin (por ejemplo, dotando de mayores facultades y recursos a la

    Inspeccin del Trabajo, salvo por lo que se refiere a la suspensin de labores en situaciones

    de extrema gravedad).36

    2.3. Las posiciones de los actores

    Los alineamientos de las fuerzas polticas y sociales fueron distintos segn las dimensiones

    de la reforma. Aunque la UNT rechaz la flexibilidad laboral (eje de la dimensin

    econmica) en la forma en que se propuso en la iniciativa preferente, apoy en cambio la

    necesidad de avanzar en materia de democracia, rendicin de cuentas y transparencia a lo

    largo de todo el proceso legislativo. En la fase final, cuando qued claro que los acuerdos

    del PRI y el PAN llevaran a aprobar la reforma con escasos avances en la dimensin

    poltica, mientras avanzaba en cambio la flexibilidad en las contrataciones y la reduccin

    del costo del despido, se discuti inclusive la posibilidad de convocar a un paro nacional. 37

    Asimismo, la UNT anunci que promovera acciones de inconstitucionalidad y amparos

    para evitar los efectos de la reforma, lo que finalmente ocurri.38

    Las organizaciones empresariales tuvieron un mayor protagonismo al transitar la iniciativa

    por el Senado, aunque ya haban logrado influir previamente en su contenido a travs de la

    participacin de sus propios abogados en el diseo de la iniciativa. 39 En sendos

    desplegados, el CCE y la CONCAMIN reconocieron que la iniciativa tena imperfecciones

    36 Ver Martnez y Ramos, 26 de septiembre del 2012.37 Gmez (2012).38 Notimex (2012a).39 Ver al respecto Alcalde Justiniani (2012)

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    (como las restricciones al outsourcing introducidas en la iniciativa preferente del

    Presidente Caldern al pasar por la Comisin de Trabajo y Previsin Social de la Cmara

    de Diputados) pero que deba ser aprobada sin ms por el Senado, para evitar que se

    perdiera lo ms por lo menos.Ello ocurri al da siguiente que el PRI amenaz (quizs

    como manera de presionar al PAN para que no insistiera en el agenda poltica de la

    reforma) con modificar el articulado que ampliaba la flexibilidad laboral y cuando se tema

    que este proceso nuevamente fracasara40. El Presidente Caldern apoy el argumento de

    que era preferible que la reforma se aprobara en el Senado en los trminos en que se

    encontraba, sin la dimensin poltica, ya que permitira generar empleos.41

    Hay que decir, no obstante, que a esas alturas el texto original ya haba sufrido

    modificaciones que podran complicar la utilizacin de las figuras legales que los

    empresarios ms defendan, como el perodo de prueba, el contrato de capacitacin inicial,

    la subcontratacin y el pago por horas. Estas restricciones se mantuvieron en el texto

    finalmente aprobado y promulgado por el Presidente Caldern el 29 de noviembre de 2012,

    es decir apenas un da antes de concluir su mandato. 42

    Adems de la mala tcnica legislativa que caracteriza a las reformas realizadas en diversos

    artculos de la LFT debido a la prisa con que se aprobaron 43 , el hecho de que estas

    40 Ibarra y Guerrero (2012b).41 Cruz Martnez (2012).42 Entre las restricciones ms importantes y que en la prctica debilitarn el inters patronal de utilizar estasfiguras con ventaja, cabe mencionar la incluida en el artculo 83, donde se estableci que el ingreso de untrabajador cuando su salario fuera fijado por unidad de tiempo (pago por horas) deba ser cuando menosequivalente al de una jornada diaria (8 horas) con base en un salario remunerador (sin definirse) y con elrespeto a los derechos laborales y de seguridad social correspondiente a la plaza de que se trate. Lo mismosucedi con el perodo de prueba o el contrato de capacitacin inicial, en donde se exigi que fueranimprorrogables, no pudieran aplicarse a un mismo trabajador en ningn caso y que la terminacin de larelacin laboral tomara en cuenta la opinin de las comisiones de productividad, capacitacin yadiestramiento (solo previstas para empresas de ms de 50 trabajadores). En cuanto a la subcontratacin seimpusieron en los artculos 15 A, B, C y D, restricciones que pueden llegar a complicar la expansin de las

    prcticas que actualmente se utilizan por parte de las empresas, al exigirse en la nueva redaccin que estamodalidad no abarque la totalidad de las actividades de la empresa, se justifique su carcter especializado (sindecir cundo, ante quin o qu se entiende por especializacin), no comprenda tareas iguales o similares a lasdesarrolladas por otros trabajadores y no se utilice para transferir de manera deliberada trabajadores de laempresa contratante a la contratista con el fin de disminuir derechos laborales, que es lo que s e ha venidohaciendo en gran parte del sector bancario y de servicios pero tambin de la manufactura, como en la industriaautomotriz 43Por ejemplo, no existe el concepto de plaza en la LFT en tanto es un trmino tomado de la LFTSEmencionado ahora en el artculo 83 o hay redacciones verdaderamente incomprensibles, como las del artculo15B en su fraccin b, donde se prohbe subcontratar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su

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    restricciones - negociadas con diputados del PRD y el Movimiento Ciudadano que

    buscaban reducir lo ms posible los mrgenes de discrecionalidad patronal- terminaran

    aprobndose con los votos del PRI, el PAN y el PVEM hace pensar que tanto Caldern

    como Pea Nieto prefirieron mandar la seal de que haba terminado por fin la parlisis

    legislativa en este mbito y se abra la oportunidad de futuras reformas, en ste y en otros

    mbitos caracterizados en el pas por la polarizacin y la polmica, como el energtico y el

    fiscal. Es posible tambin que la expectativa de mejorar en los ndices de competitividad

    por el solo hecho de hacer reformas con algn tinte flexibilizador, por limitado que fuere,

    los llevara a dejar de lado los problemas que las nuevas regulaciones pudieran generar,

    como sera el caso de un aumento significativo de los conflictos individuales por cuestiones

    de interpretacin.

    Tolerantes con las reformas en materia de flexibilidad laboral pero interesados en limitarlas

    lo ms posible (ya que la principal funcin del viejo sindicalismo ha sido, justamente,

    ayudar a los empleadores a evadir las reglas que les imponen restricciones), el CT y los

    legisladores del PRI rechazaron rotundamente los avances en materia de democracia,

    transparencia y rendicin de cuentas. Esto era de esperarse ya que la eleccin directa por

    voto secreto, universal y libre de las directivas (propuesta por Caldern y antes por el PRD)

    y la exigencia de votacin previa y aprobatoria de al menos la tercera parte de los

    trabajadores como condicin de validez de la negociacin colectiva (incluida en el art.388

    bis incorporado por una senadora del PRD al pasar la iniciativa por el Senado en su primera

    vuelta) tocaban puntos neurlgicos del viejo modelo sindical. De haberse aprobado, sin

    duda hubieran creado condiciones institucionales ms propicias para la transformacin del

    corporativismo y el fin de la simulacin y corrupcin que lo sostiene en la actualidad, as

    hubiera sucedido en forma gradual. Fue tal el temor de las viejas cpulas sindicales y sus

    aliados del PRI frente a estos cambios que estuvo a punto de frenar la reforma y enviarla

    nuevamente a la congeladora legislativa, a pesar de los compromisos que haban adquirido

    con el sector empresarial.

    totalidad. Adems de confuso, el texto es impreciso porque no se sabe si, por ejemplo, bastar consubcontratar al 99% de los empleos para que la figura sea conforme a la ley.

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    Sin embargo, la decisin del entonces Presidente electo Enrique Pea Nieto de apoyar la

    iniciativa de Caldern en el estado en que qued despus de pasar por la cmara de origen

    (CD), incluyendo las restricciones a las figuras que promovan la mayor flexibilidad laboral

    reclamada por el sector empresarial, ayud finalmente a vencer las posiciones sindicales

    ms resistentes que haban sido expresadas por el lder de la fraccin del PRI en la Cmara

    de Senadores, Joaqun Gamboa Patrn (quien das antes haba llegado a anunciar que el

    presidente electo enviara su propia iniciativa de reforma laboral al llegar al gobierno).44

    No obstante, es claro que la disciplina de los legisladores del PRI frente a la directiva de

    Enrique Pea Nieto no supuso en modo alguno aceptar las reglas democrticas recuperadas

    o incluidas por el Senado, sino ms bien encontrar la manera de acercarse a las posiciones

    del PAN sin poner en peligro sus principales recursos de poder. El mismo Pea Nieto habamandado una seal de apoyo a la dirigencia sindical opuesta a la apertura de los sindicatos

    al aclarar, durante su visita a Espaa en el mes de octubre, que la democracia y la

    transparencia no podan vulnerar la autonoma sindical y que las modalidades de su

    ejercicio deban ser decididas por los mismos trabajadores. Es obvio decir que esto es

    justamente lo que no ha sido posible bajo el rgimen sindical establecido en la Ley Federal

    del Trabajo por ms de ochenta aos, que gracias al PRI qued casi intacto despus de la

    reforma de 2012.

    Finalmente, el acuerdo entre el PAN y el PRI en la sesin del Senado del 13 de noviembre

    fue determinante para el xito alcanzado por la iniciativa preferente, la que segn

    estimaciones de la entonces titular de la STPS fue aprobada en ms del 90 por ciento de su

    contenido original.45 Por ello puede decirse que la paternidad de la reforma termin siendo

    compartida y benefici polticamente a ambos presidentes. Caldern puso en juego su

    facultad para enviar una iniciativa preferente en materia laboral, aun cuando no sera su

    administracin quien llevara a la prctica las nuevas reglas del juego. No obstante, sin elapoyo de Pea Nieto hubiera sido difcil conseguir los votos de los sindicalistas del PRI y

    44 El sentido del voto priista en el Senado fue definido una vez que el presidente electo se reuni con el lderde los coordinadores del PRI en esa cmara, el senador Joaqun Gamboa Patrn, lo que puso de manifiestoque la verticalidad seguira siendo la pauta en las relaciones entre el Ejecutivo y los legisladores de su partidoas como las que mantendra con los sindicatos aliados (Becerril, 2012).45 Ver Vlez Jurez (2012). La autora era entonces la titular de la Secretaria del Trabajo y Previsin Social(2011-2012).

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    sus aliados. Tanto uno como otro dejaron claro el inters de honrar sus compromisos con el

    sector empresarial y tuvieron la conviccin de que estaban en una coyuntura muy favorable,

    no solamente para hacerlos avanzar, sino para conseguir el respaldo de diversos sectores de

    la opinin pblica, incluidos los medios televisivos y algunos especialistas en la materia,

    que validaron el argumento de que la traba en la generacin de empleos y el incremento de

    las inversiones y la productividad radicaba en la excesiva rigidez de las normas laborales.

    Con ese apoyo, no fue difcil dejar de lado por completo en el debate el examen de otros

    aspectos de la realidad que estaban afectando el desempeo econmico. Por el contrario, no

    se atendieron cuestiones tales como la inseguridad o la necesidad de revisar el modelo de

    desarrollo centrado en exportaciones de bajo valor agregado y reducidos salarios, las

    conexiones entre la reforma de la legislacin y otras reformas pendientes (como la reforma

    del Estado), las evidencias de que ya exista en los hechos un alto grado de flexibilidad enel mercado de trabajo y que una solucin como la que estaban impulsando llev en otros

    pases a un aumento sistemtico de la precarizacin de los empleos y la pobreza.

    Aunque se mantuvo en el Senado el respaldo que el PAN le dio al PRD para introducir los

    artculos 388 bis y 390 relativos al voto de la asamblea como condicin de validez de la

    negociacin colectiva, este apoyo result hasta cierto punto inocuo, ya que finalmente se

    envi al Ejecutivo para su aprobacin solo la parte de la minuta aprobada en ambas

    cmaras, tal como haba venido pidiendo el sector empresarial. Los artculos sobre

    negociacin colectiva en disputa, que no llegaron a conseguir este apoyo mayoritario en

    ambas cmaras, volvieron a la Cmara de Diputados para discutirse en otras sesiones, sin

    ninguna posibilidad de llegar a aprobarse.46 Salvo uno de los senadores del PAN, los dems

    legisladores de ese partido y del PRI apoyaron los cambios a los artculos 371 y 373, que

    incluyeron el voto indirecto para la eleccin de las directivas (en lugar del voto directo,

    como proponan el PRD, el PT y el MC) y limitaron la rendicin de cuentas en los

    sindicatos.47

    46 Gonzlez y Robles (2012).47 En su voto particularel senador panista Javier Corral seal que por congruencia no se poda votar en unsentido distinto al que se haba hecho el 23 de octubre en el Senado, al aprobarse los artculos 371 y 373estableciendo la obligatoriedad del voto directo, secreto y libre de los trabajadores para la eleccin de susdirectivas. Dijo, adems, que la democracia en todas las instituciones y organizaciones haba sido la banderahistrica del PAN. Por ese motivo, el senador Corral apoy a los 28 senadores del PRD, PT y PMC, con su

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    2.4. Balance preliminar

    Un primer ejercicio destinado a valorar los posibles efectos de la reforma indicara que,

    contra los pronsticos catastrofistas pero tambin del entusiasmo sin fundamento, lo ms

    probable es que esta reforma no genere cambios significativos en la cantidad o calidad delos empleos que se generen ni tampoco en el incremento de la productividad o de las

    inversiones. Al pasar por el proceso legislativo, la meta central de la iniciativa del

    Presidente Caldern se alcanz hasta cierto punto en los temas de flexibilidad laboral. Sin

    embargo, como se dijo, algunas restricciones impuestas en la Comisin del Trabajo y

    Previsin de la Cmara de Diputados a la iniciativa preferente en esta dimensin de la

    reforma podran llegar a complicar su utilizacin por parte de los empleadores y crear la

    oportunidad de un sin nmero de conflictos individuales de trabajo, sea para lograr la

    proteccin de los trabajadores frente al mayor riesgo de la prdida del empleo como para

    fijar la interpretacin y alcance de las nuevas reglas de contratacin, subcontratacin y pago

    por horas.

    Los efectos positivos que se esperan difcilmente ocurrirn por varias razones. En primer

    lugar, porque los incentivos que se ofrecen para la formalizacin de los contratos de trabajo

    no sern suficientes en tanto ya existe una enorme flexibilidad numrica en los hechos y

    prcticamente gran parte de las relaciones que se llegan a formalizar ya incluyen clusulas

    con los perodos de prueba o son de naturaleza temporal, ms all de lo que permite la ley.

    En segundo lugar, el supuesto mejoramiento por lo que se refiere a la ubicacin de Mxico

    en los ndices de competitividad no podra compensar las fallas de la estrategia mexicana de

    desarrollo o los efectos de la inseguridad que afectan al pas en la capacidad para atraer

    inversiones productivas. En tercer lugar, la experiencia de otros pases, cuando se

    adoptaron nuevas formas de contratacin ms flexibles, fue negativa y no augura tampoco

    un buen pronstico (Weller, 2009). En tanto se seguirn ofreciendo empleos precarios de

    bajos salarios y mantenindose altsimas tasas de rotacin laboral, la promesa de que los

    empleadores invertirn en capacitacin y optarn por la innovacin tecnolgica y

    voto en contra de la nueva redaccin de esos preceptos propuesta por el PRI, el PVEM y el PANAL en laCmara de Diputados que volva a postergar indefinidamente la votacin directa para elegir a las directivas(Michel, 2012).

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    organizativa en las empresas para aumentar la productividad difcilmente se concretar

    (BID, 2004).

    En cuanto al aumento de las sanciones y la expectativa de lograr un mayor cumplimiento de

    la legalidad laboral ello depender de que se reoriente la poltica laboral y se incrementensustancialmente los recursos para las tareas de fiscalizacin, abandonando la idea de las

    ltimas administraciones del PRI y las dos del PAN de que es mejor un empleo precario

    que el desempleo.

    Por ltimo, los avances limitados en materia de democracia, rendicin de cuentas y

    transparencia sindical difcilmente abrirn la puerta a la gobernabilidad democrtica en el

    mundo del trabajo - se trate de conflictos intersindicales o redistributivos- o darn voz a los

    trabajadores en la toma de decisiones que afectan sus intereses. Esto implica que recursosinstitucionales tan importantes para el combate de la pobreza y la desigualdad, como la

    fijacin de salarios mnimos dignos, la negociacin colectiva sectorial vinculada a la

    productividad y el dilogo social con contrapesos al poder de los empleadores, seguirn en

    el futuro prximo ausentes de la realidad mexicana48.

    De confirmarse este balance, los principales ganadores al haberse generado nuevas reglas

    con una tcnica legislativa deficiente, en tanto las condiciones para su puesta en prctica

    resultan imprecisaspor decir lo menos- sern los abogados laboralistas, defensores de lostrabajadores y los empleadores, junto a estos ltimos y los dirigentes sindicales aferrados

    al statu quo.

    48 El voto secreto se impuso pero se mantuvo como posibilidad la eleccin directa o indirecta, de acuerdo a lodecidido por la asamblea general (artculo 371 en su nueva redaccin); se suprimi la clusula de excusin

    por separacin (artculo 395); se ampliaron las obligaciones en materia de rendicin de cuentas ante los

    trabajadores de la administracin del patrimonio sindical, incluidas las cuotas sindicales (artculo 373) y segan en transparencia ya que se estableci la obligacin de las Juntas de Conciliacin y Arbitraje de hacer

    pblica la informacin de los contratos colectivos de trabajo y de los reglamentos interiores de trabajo(artculo 391bis).Sin embargo, no se incluy el artculo 388 bis, que hubiera puesto un coto a la firma decontratos de proteccin patronal al exigir el voto previo aprobatorio de los trabajadores en la contratacincolectiva. Tampoco se limitaron las facultades de la autoridad laboral en materia de registro y toma de nota delas directivas sindicales, an cuando aquella queda obligada a hacer pblica la informacin sobre el registrode los sindicatos y se establece que deber observar los principios de legalidad, transparencia, certeza,gratuidad, inmediatez, imparcialidad y respeto, libertad, autonoma, equidad y democracia sindical (artculos364 y 365bis)

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    No es de extraar que apenas cuatro meses despus de aprobada la reforma y en el contexto

    de la detencin de la legendaria dirigente del SNTE Elba Esther Gordillo por lavado de

    dinero y delincuencia organizada, muchas voces estn reclamando una nueva reforma del

    rgimen sindical para hacer efectiva la democracia, la transparencia y la rendicin de

    cuentas en el seno de los sindicatos.49 Muy pronto se escucharn tambin las exigencias de

    los empleadores para conseguir mayor flexibilidad al mismo tiempo que se harn

    manifiestos los lmites de cualquier poltica social que no tome en cuenta las causas del

    incremento de la pobreza originada en el mercado de trabajo y que acte como un sustituto,

    en lugar de ser el complemento, de una poltica salarial activa. Estas lagunas y

    contradicciones de la reforma de 2012 constituyen el tema del siguiente apartado.

    7. Las tres dimensiones de la reforma 2012 y el mercado de trabajo50La capacidad del mercado de trabajo para generar empleos de calidad y proteger a los que

    no lo tienen y a los jubilados es esencial para la cohesin social e indicativa de la calidad

    del desarrollo de un pas (Cepal, 2010, p. 159). No obstante, los problemas que presenta el

    mercado de trabajo en Mxico y en especial, su creciente segmentacin, no se deben

    esencialmente a la rigidez de la legislacin laboral sino a una estrategia de desarrollo

    basada en la exportacin intensiva en trabajo no calificado y en bajos salarios y a su

    insercin en un sistema de produccin internacional compartida, que se ha mantenido

    invariable desde los aos noventa y genera poco empleo formal en el pas (Fuji, 2011, pp.

    60-61). Esto no significa que no pueda ser til crear nuevas formas de contratacin dotadas

    de garantas laborales, como las que se incluyeron en la reforma de 2012, sino que dado el

    contexto de extrema debilidad en que se encuentran los trabajadores, podran dar lugar a

    una mayor precarizacin de los empleos sin los beneficios esperados y prometidos a la

    ciudadana.

    49 Vanse al respecto las propuestas de la senadora Alejandra Barrales a favor de una reforma semejante enBarrales, 2013; CNN-Espaol, 2013. Cabe sealar tambin que la iniciativa de reforma constitucional enmateria de transparencia, aprobada por el Senado de la Repblica, incluye a los sindicatos que reciben fondos

    pblicos entre los sujetos obligados. Mercado y Brito, 2012; Montalvo, 2013; Sarmiento, 2013.50La autora agradece a Nelson Florez de Flacso, Mxico, la elaboracin de los datos contenidos en esteapartado.

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    Se parte aqu de la hiptesis de que la reforma de la LFT tiene al menos tres tipos de

    problemas: 1) sobreestim el potencial de la flexibilidad laboral de tipo numrico como

    incentivo para la generacin de empleos formales, la formalizacin de los existentes y el

    incremento de la productividad; 2) desestim los enormes niveles de flexibilidad laboral

    que ya existen en el mercado de trabajo y no se orient a modificar las interacciones

    viciosas que se generan, por ese motivo, entre ste y las instituciones y, adems, 3)

    desatendi los efectos negativos que el modelo econmico exportador basado en bajos

    salarios y las marcadas diferencias en los niveles de productividad entre los diversos

    estratos productivos trajeron sobre la estructura del mercado de trabajo, los sindicatos y la

    desigualdad entre el capital y el trabajo y entre diversas categoras de trabajadores. Es

    justamente la desvinculacin de la reforma laboral respecto del debate que debi darse para

    reorientar la estrategia de desarrollo hacia otra centrada en la generacin de empleo decalidad y la correccin de las brechas de desigualdad y la pobreza lo que explica que se

    hayan hecho apuestas equivocadas y promesas sin fundamento respecto de los resultados

    esperables con la nueva legislacin.

    Para discutir lo anterior considero aqu tres cuestiones centrales por su capacidad de

    mostrar las principales debilidades de la reforma 2012: a) la marcada segmentacin del

    mercado de trabajo segn la condicin del empleo (formal-informal, subordinado-no

    subordinado, remunerado-no remunerado, con y sin contrato de trabajo), lo que en lugar deminimizarse podra agravarse con la ampliacin de la flexibilidad numrica y dar lugar a

    una mayor desigualdad entre las diversas categoras de trabajadores; b) la bajsima tasa de

    sindicalizacin y su tendencia a la cada, reforzada por la expandida presencia de la

    informalidad y precariedad en el mercado de trabajo, lo que conduce a la profundizacin de

    la asimetra de poder de negociacin entre capital- trabajo y el consiguiente deterioro de la

    distribucin funcional del ingreso y finalmente, c) la conservacin de los mecanismos de

    fijacin de los salarios que han sostenido la poltica salarial vinculada al modeloexportador de bajo valor agregado, llevando al empeoramiento de la tendencia laboral de la

    pobreza, en tanto los bajos salarios siguen siendo la principal ventaja comparativa y uno de

    los factores que desincentiva el incremento de la productividad a travs de la innovacin

    tecnolgica y organizativa.

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    A la luz de los principales problemas que experimenta el mercado de trabajo en Mxico en

    adelante se analiza en qu medida la reforma de 2012 puede contribuir o no a su solucin.

    3.1. La segmentacin del mercado laboral: lneas de diferenciacin

    La poblacin de 14 aos y ms en Mxico para el ao 2005 representaba alrededor de 73.4

    millones de personas, cifra que se incrementa para el ao 2012 llegando a representar

    alrededor de 85.7 millones de personas. Por su parte, la Poblacin Econmicamente Activa

    pas de 57.4% en el ao 2005 al 58.3% de este universo para el ao 2012. En este mismo

    periodo la poblacin ocupada en el pas representaba cerca de 40.5 millones de personas

    (2005), incrementndose en 2012 a alrededor de 48.7 millones de personas, de los cuales el

    62% eran hombres. Esto nos indica que, como lo advierte la Exposicin de Motivos de la

    Iniciativa Preferente, solo el 38% de las mujeres se encuentra ocupado, lo que revela queexisten serias dificultades para que estas se incorporen a la actividad en empleos de

    calidad51. Sin embargo, aunque la falta de equidad de gnero y la ausencia de polticas de

    conciliacin entre trabajo y familia son factores que inciden en esta situacin, es

    significativo pero insuficiente lo que ofreci al respecto la reforma laboral de 2012, como

    se observa en el cuadro 1 incluido en el anexo52.

    Es sabido que el desempleo no es un buen indicador de la salud del mercado de trabajo en

    un pas como Mxico, donde no existe seguro de desempleo y la informalidad (y hastarecientemente, la migracin) opera como amortiguador ante la prdida o imposibilidad de

    acceder a un empleo protegido. La evolucin del desempleo abierto reflej el efecto de la

    crisis 2008-2009 sobre el mercado de trabajo y su capacidad de adaptacin posterior. As la

    poblacin desocupada pas de 1.6 millones de personas en el ao 2005 (4.2%) a alrededor

    2.6 millones de personas para el ao 2012 (4.5%), o sea que hubo un incremento de

    alrededor de un milln de desempleados en siete aos. El mayor incremento se dio en el

    mes de septiembre de 2009 alcanzando a un 6.4%, situacin que se asocia con la poca ms

    51 Diversos estudios muestran las desigualdades en la calidad del empleo de hombres y mujeres. Adems deque reciben ingresos menores en promedio, tienden a ocuparse en el grupo ms bajo de la pirmideocupacional, como trabajadoras de la maquila o del hogar (Raphael, 2012:36).52 En concreto, la posibilidad de distribuir las semanas de descanso pre y pos parto, la prohibicin delhostigamiento sexual y de toda discriminacin por gnero, como la prueba de no embarazo y la licencia de

    paternidad que finalmente qued en cinco das (originalmente propuesta con un total de cinco das) son lasprincipales contribuciones de la reforma en cuanto a temas de gnero y responsabilidad familiar compartida.

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    fuerte de la crisis econmica internacional y de bajo crecimiento de la economa nacional,

    presentando con posterioridad fluctuaciones menores con tendencia a la baja.

    Fuente: Elaboracin propia con base a la informacin de la Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo (ENOE2005 a 2012). INEGI.

    Hay que sealar que el desempleo afecta a los jvenes en mayor medida, ya que mientras

    el porcentaje en el caso de los adultos era de 3.5% en el ltimo trimestre de 2011, el de los

    jvenes de 14-19 aos alcanzaba al 9.6% y el de los de 20-29 era de 8.3% (Acevedo y

    Bensusn, 2012). Adems, el mercado laboral cobrara a los jvenes la falta de experienciapagndoles menores salarios (Horbath, 2004, citado en Raphael, 2012:56). La reforma

    ofrece, para atender este problema, la oportunidad de que los jvenes sean contratados con

    el propsito de capacitarlos, sin compromisos de contratacin despus del perodo asignado

    (no puede superar los 180 das), pero con derecho a percibir todas las prestaciones y

    acceder a la seguridad social. El supuesto es que la principal dificultad para conseguir

    empleo formal se debera a su falta de experiencia, lo que se confirma en parte con los

    resultados de algunas encuestas (ENADIS, 2010, citada por Raphael de La Madrid, 2012).

    Igualmente sta fue la justificacin que se dio a la adopcin en 2011 de la Ley del Fomento

    al Primer Empleo (sin restriccin de edad pero con un tope de ocho salarios mnimos y un

    lmite de tres aos) a travs de una reduccin fiscal que permitira al empleador soportar los

    gastos en materia de seguridad social. Es muy pronto para evaluar en qu medida este tipo

    de incentivos a la contratacin de jvenes puede dar realmente los resultados esperados

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    Tasa

    Grfico 1. Mxico, evolucin de la tasa de Desempleo

    (2005-2012)

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    (generar 100 mil empleos formales anualmente) o si, lo que parece ms probable, fracasar

    igualmente que lo hizo el programa creado por el Presidente Caldern en 2007 en razn del

    tipo del crecimiento, por los requisitos que se imponen o porque los incentivos no son

    suficientes para contrarrestar el aumento de los costos laborales que supone una

    contratacin formal. 53 Es importante advertir tambin que el desempleo de los jvenes

    afecta tambin a los ms calificados, que con anterioridad encontraban ocupacin en los

    servicios, como bancos, seguros y otras actividades, pero que hoy han tenido incluso que

    buscar empleo en el sector informal (Valenti, Becerril y Salazar, 2006:14).

    Una de las grandes preocupaciones que dio origen a la reforma 2012 es que un gran

    porcentaje de los trabajadores mexicanos queda fuera de toda proteccin legal. Observando

    la composicin del mercado de trabajo en el pas para el ao 2012, el 68.5% de la PEAcorresponde a trabajadores subordinados, siendo el 62.3% de la PEA trabajadores

    subordinados remunerados. Lo anterior significa que apenas entre seis y siete de cada 10

    trabajadores ocupados estara formalmente cubierto por la legislacin laboral y la seguridad

    social (aunque no siempre as ocurra en los hechos) y se beneficiara o perjudicara, en su

    caso, por los cambios recientemente experimentados. Es de resaltar que tan slo el 32.9%

    de la PEA cuenta con un contrato escrito, lo que implica que cerca de dos de cada tres

    individuos no tiene alguna certeza respecto de sus condiciones de trabajo, an cuando no

    sea necesario contar con este instrumento para acreditar la existencia de una relacin de

    trabajo subordinado (artculo 20 de la LFT). Es importante sealar tambin que tan solo

    uno de cada cuatro miembros de la PEA tiene un contrato de base, planta o por tiempo

    indefinido, lo que da una idea de lo poco extendida que est en el pas la prctica de dar

    mayor formalidad y estabilidad a la relacin laboral54.

    53Vanse las opiniones de los partidos polticos respecto esta ley en

    http://www.losrecursoshumanos.com/contenidos/7621-ley-de-fomento-al-primer-empleo-de-mexico.html.Cabe sealar que un alto porcentaje de jvenes reconocen en la falta de experiencia el tercer motivo msimportante por el que no acceden a un empleo (30.7%), precedido por la falta de preparacin (36.5%) y laapariencia (32.7%). ENADIS (2010) citada por Raphael, 2012: 55.54 Hay que advertir que la ausencia de contrato no supone que la relacin laboral sea por tiempo determinado,sino al contrario, ya que esta modalidad debe constar por escrito. Sin embargo, esta condicin lleva a unamayor incertidumbre en cuanto al acceso de derechos, como las indemnizaciones en caso de despidoinjustificado.

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