UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

FACULTAD DE EDUCACIN Y HUMANIDADES

ESCUELA PROFESIONAL DE EDUCACINAo de la Diversificacin Productiva y del Fortalecimiento de la Educacin

Derecho

INFORME MONOGRFICO

Reformar la justiciaCURSO:

SOCIOLOGA JURDICADOCENTE:

PAOLA FERNNDEZ ATHOALUMNO:

MITZZY OCHOA SNCHEZCICLO:

IVTrujillo, 29 de abril del 2011 1. SE PUEDE REFORMAR EL PODER JUDICIAL?Un sistema de justicia que no puede cumplir con su funcin, es un punto en contra para la inversin; y viceversa: si cumple, es punto a favor. Pero nos referimos al funcionamiento del sistema de justicia en general, como conjunto que abarca distintas expresiones proteccin de derechos, lmite del poder, resolucin de conflictos, persecucin del delito, etctera, y no slo la parte que se relaciona directamente con inversin o cuestiones econmicas y comerciales. La seguridad que requiere la inversin depende, en parte, de que todos tengamos acceso a un mejor sistema de administracin de justicia, que dicho sistema constituya la va de solucin de los diversos tipos de conflictos, de lo contrario todo conflicto no resuelto se convierte en una amenaza para el pas. El sector privado requiere de un funcionamiento de la justicia que asegure una solucin razonable de conflictos entre particulares, y entre stos y el Estado, as como que ejerza un control de legalidad sobre los actos de gobierno.2. DEFINICIONES BSICAS EN TORNO A LA REFORMA JUDICIAL

Si realmente queremos mejorar la administracin de justicia, la reforma debe de abarcar todos los mbitos que inciden en ella. Las siguientes definiciones dan cuenta de dichos mbitos.

Reforma judicial. Es fundamental tener un concepto amplio e integral de la reforma judicial: se trata de un proceso que comprende la realizacin de todos los cambios necesarios para que en el pas exista un sistema de administracin de justicia verdaderamente justo y eficiente, de cambios en todos los mbitos de los que depende la justicia. Administracin de justicia o ejercicio de la funcin jurisdiccional. Por consistir en la aplicacin del Derecho al caso concreto en litigio, abarca diversos actos: control del ejercicio del poder; proteccin de los derechos fundamentales; solucin de conflictos econmicos y sociales en el marco del ordenamiento jurdico vigente; sancin eficaz del delito; tutela de los derechos ordinarios y de los intereses legtimos; control de la constitucionalidad y de la legalidad de normas y actos administrativos; y cumplimiento de normas y derechos en general. Cuando se reclama una mejor administracin de justicia, es esto lo que se est exigiendo: que el sistema de administracin de justicia tenga la capacidad de cumplir bien con todos y cada uno de los actos propios de su funcin. Participacin de la sociedad civil. Que todos los representantes de la sociedad civil en los diferentes rganos del sistema de Justicia se encuentren obligados a informar en audiencias pblicas, realizadas por lo menos una vez cada cuatro meses, sobre su participacin, especialmente sobre los fundamentos de sus votos. . Que ningn representante de la sociedad civil en la Oficina de Control de la Magistratura pueda ser reelegido ms de una vez, no pudiendo entonces acumular en ningn caso ms de 4 aos. Tener siempre un listado de prerrequisitos, un perfil y un procedimiento de eleccin transparente y pblico. Entre los mencionados prerrequisitos, es primordial el siguiente: que para ser representante de la sociedad civil haya tenido que pasar cinco aos desde la ltima vez que se fue funcionario pblico (de ser el caso). Por otra parte, tambin hay que tener en cuenta que en la sociedad civil, definida en oposicin a lo que es parte del Estado o del sistema poltico en general existe un espectro amplio y diverso de entidades cuya actuacin tambin repercute en el funcionamiento del sistema de justicia: colegios de abogados; facultades de Derecho de universidades; gremios empresariales, laborales, sociales; ONG; asociaciones de usuarios, de magistrados; medios de comunicacin, etctera. Estas entidades, cada una segn su naturaleza, cumplen funciones diversas, entre las que se puede mencionar la participacin de representantes en rganos de gobierno y otros espacios no jurisdiccionales el Consejo Ejecutivo, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Comisin Especial para la Reforma Integral de la Administracin de Justicia (Ceriajus), etctera; el desarrollo de actividades de formacin, informacin o sensibilizacin; el planteamiento de iniciativas y propuestas tcnicas, y la vigilancia o fiscalizacin. De ah la importancia de que la sociedad civil participe en la reforma judicial: no slo porque la administracin de justicia nos afecta a todos, sino porque la sociedad civil tiene distintas maneras de influir en ella. La justicia no es un asunto slo de quienes trabajan en ella y en dcadas no han encontrado maneras eficaces de proveer el servicio que la sociedad peruana busca; su reforma nos implica, pues, a todos. La cultura judicial. Otro tema bsico relacionado con la reforma judicial es el de la cultura judicial, concepto que deber entenderse en sentido amplio como el conjunto de actitudes o percepciones existentes en el mbito del Estado jueces, fiscales y operadores de Derecho en general o de la sociedad abogados, estudiantes de Derecho, ciudadanos en general, medios de comunicacin, que por lo comn juega en contra de una buena administracin de justicia, y que, por tanto, hay que modificar de manera radical.3. LA META EN LAS REFORMAS DE LA JUSTICIA

La nica meta que puede tener algn sentido poltico, econmico o social en una reforma de la justicia, es la de mejorar el servicio que presta el sistema a los usuarios. No se trata de una mejora en trminos generales, vagos, conceptuales y tericos, sino una mejora concreta y especfica, que se pueda medir con indicadores precisos de cantidad y calidad. Todas las otras metas, como las de autonoma, independencia, aumento de recursos, erradicacin de la corrupcin, capacitacin, tecnologa e infraestructura fsica, encomiables y hasta indispensables como son, slo nos llevan hasta la mitad del camino; se quedan ostensiblemente cortas. Cuando se llega a estas metas slo se enteran, con gran satisfaccin, las autoridades y los especialistas. Pero aqullos que recurren al sistema de justicia para cobrar una deuda, pedir proteccin contra un abuso de la autoridad, solicitar una compensacin por un dao sufrido, o buscar refugio contra la violencia sexual para no poner ms ejemplos, ni se enteran de que hubo alguna vez una reforma o siquiera un intento que se congel en el tiempo. Es como iniciar un programa de nutricin, y trazarse como meta comprar platos, tazas, cubiertos y servilletas. Estas aparentes metas slo son medios o herramientas, que nicamente cobran sentido cuando se llega a prestar efectivamente el servicio al usuario en un caso o cuando se alimenta y nutre a la persona, en el ejemplo que se ha usado como comparacin.

En el mundo abundan ejemplos de proyectos de reforma de la justicia que han causado endeudamiento, gastos bordeando en el despilfarro, rumas de papeles con informes y notas, esfuerzos que desgastan y desilusionan, expectativas no satisfechas, y frustracin general en la poblacin que lee los titulares de los medios de comunicacin, pero no percibe resultados concretos.

La cultura de servicio en la administracin de justicia consiste en medirlo y traducirlo todo en resultados que puedan ser fcilmente medidos cuantitativa y cualitativamente por el usuario. Hay ya en Amrica Latina los medios y el conocimiento tcnico disponibles para llegar a esta meta. Las dificultades consisten en que se debe trabajar con intensidad y perseverancia, principalmente con los jueces que son los lderes naturales de este proyecto y que este trabajo durar varios aos. Adems debe contarse con la participacin, como colaboradores y suministradores de informacin, de los diversos grupos de intereses de la sociedad civil. No hay todava sustitutos para unos ni otros; ni, desgraciadamente, el equivalente judicial al caf instantneo. Sin embargo, si por aadidura existen algunos recursos econmicos disponibles, el trabajo de equipo podr ser ms intenso, mayor el nmero de personal que participa, y podrn multiplicarse los proyectos piloto por todo el pas. Aun as, tenemos que seguir pensando en plazos de varios aos.

Lo esencial de este enfoque es que el sistema de justicia es parte capital en la gobernabilidad del pas; y lo que interesa al ciudadano comn y corriente es, por ejemplo, cmo reaccionan nuestros sistemas judiciales frente a fenmenos especficos como la inflacin, o cul sera la respuesta del sistema frente a una quiebra concreta del rgimen constitucional, o qu compensacin pueden esperar, siendo realistas, los familiares de la vctima de un accidente, de parte de los responsables.

Hay un xodo importante de litigantes de los sistemas de justicia oficiales hacia el arbitraje, la negociacin, la mediacin, los foros internacionales y extranjeros, e incluso hacia los linchamientos y otras formas de violencia. Muchos juristas, a pesar de todo esto, todava viven con la ilusin ptica de que la justicia es un monopolio, y no quieren mirar alrededor, ms all de los cdigos y leyes.

Hay que percibir, entonces, que el verdadero acceso a la justicia no consiste slo en medidas para brindar facilidades lingsticas, de gratuidad de la justicia, proximidad geogrfica, movilidad y acceso para discapacitados, patrocinio gratuito de abogados, y otras por el estilo, si al final del largo camino, el sistema de justicia no est preparado para responder eficientemente y prestar el servicio que los miembros de la comunidad requieren. Eso es lo que hay que buscar en una reforma y lo que hay que ofrecer al usuario. 4. TEMAS BSICOS DE DEBATE Toda agenda de reforma judicial debe comprender los siguientes niveles de incidencia. Reforma del Poder Judicial y del sistema de justicia. Si bien el Poder Judicial tiene una responsabilidad central respecto al estado de la administracin de justicia, las otras entidades del sistema de justicia tienen tambin su propio grado de responsabilidad. De ah que el diagnstico y el plan de reforma judicial debe abarcar no slo al Poder Judicial sino a todas las entidades que conforman dicho sistema. Mecanismos de coordinacin. De lo dicho se deriva tambin la necesidad de establecer instancias y mecanismos de coordinacin entre todos los integrantes del sistema: entre la Polica y el Ministerio Pblico, entre stos y el Poder Judicial, entre el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial, etctera. Es obvio que, actualmente, esta coordinacin no existen Cambios sociales y culturales. Hay otro tipo de responsabilidades relativas al mal estado del sistema de administracin de justicia que deben ser asumidas: Facultades de Derecho. Es en estas instancias en las que se forma a los abogados, jueces y fiscales. Se debe delinear propuestas de renovacin y cambio. Abogados y estudios de abogados. Muchas veces, su forma de actuar colabora con el deterioro de la situacin (corrupcin, perversin del sistema, etctera). Es preciso sancionar el ejercicio profesional daoso de la administracin de justicia. Colegios de abogados. Se caracterizan ms por un mal entendido espritu de cuerpo que por la capacidad de sancionar al mal abogado. Instancia responsable de impulsar la reforma judicial. Es imprescindible que exista una instancia especial que tenga como funcin el diseo coordinado y la implementacin de un plan de reforma judicial. Esperamos que esta va sea el Ceriajus, con el aporte del Grupo Impulsor por el Acuerdo Nacional. Respuesta judicial a demandas y necesidades fundamentales. En las actuales circunstancias del pas, es de especial importancia que el sistema de justicia responda eficazmente a determinados fenmenos especficos: Corrupcin vinculada a la dcada pasada: es fundamental que el proceso anticorrupcin termine bien, pues de lo contrario se dara un mensaje a favor de la impunidad. Terrorismo: a raz de una sentencia del Tribunal Constitucional, se est revisando nuevamente un nmero significativo de procesos de terrorismo. Violaciones de derechos humanos: la Comisin de la Verdad ha enviado al sistema de justicia cerca de 70 casos que debern ser judicializados. Persecucin eficaz del delito: Narcotrfico, delincuencia comn.

5. CONCLUSIONES:

Todos los servicios de justicia deben estar caracterizados por su independencia, imparcialidad, celeridad, transparencia, as como por su sustento en principios ticos y comprometidos con la defensa de la Constitucin Poltica y los derechos humanos, con igualdad y plenitud de acceso a todos los ciudadanos.

El funcionamiento adecuado del servicio de justicia constituye un presupuesto esencial para la convivencia social pacfica. En ese sentido, cabe sealar cun importante es que el sistema de justicia resuelva conflictos entre las personas y entre stas y el Estado; combata los actos de corrupcin y el comportamiento delictivo; garantice la supremaca de la Constitucin Poltica y los Tratados Internacionales ratificados por nuestro pas, y garantice el respeto de los derechos de todas las personas.

En el Per, el acceso a la justicia se manifiesta como un desafo pendiente. En razn de ello, la Defensora del Pueblo ha elaborado informes y emitido recomendaciones para colaborar con el Estado en la solucin de los problemas que cotidianamente enfrentan quienes no acceden plenamente a la satisfaccin de este derecho. Asimismo, ha intervenido en procesos constitucionales y presentado diversos amicus curiae, y ha dado a conocer a la autoridad judicial los resultados de sus investigaciones.

6. BIBLIOGRAFIA:http://www.cejamericas.org/index.php/biblioteca/biblioteca-virtual/doc_view/3033-bases-generales-para-una-reforma-a-la-justicia-civil-en-america-latina-y-el-caribehttp://www.justiciaviva.org.pe/publica/pj.pdfhttp://www.defensoria.gob.pe/temas.php?des=11&v=1372UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

2015

SOCIOLOGA JURDICA