Ricardo Lafferriere

Reflexión y visión cosmopolita

Política

para una nueva etapa

Buenos Aires, 2009

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Indice

Primera Parte Modernidad reflexiva para retomar la marcha 7 Cultura e instituciones 20 Partido y frentes 31 Populismo, democracia y socialismo 36 Populismo no es liberalismo 41 Socialismo y liberalismo no son antinómicos 44 Oposición o alternativas

Segunda parte

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El cosmopolitismo como fenómeno irreversible 53La política cosmopolita – Hacia un nuevo paradigma 69La política cosmopolita ¿es política internacional? 85¿Cómo motivar la acción política?

Tercera Parte

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El espacio para la política 117La asincronía del cambio y el cosmopolitismo consciente 131Encontrar la política: el nuevo desafío de la segunda modernidad 149

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Prólogo El cambio sufrido por la política argentina en los diez años que van de 1998 al 2008, tanto en su praxis como en su relato, ha sido profundo y ha generado perplejidades de todo tipo en quienes observan, analizan y tratan de desentrañar los resortes íntimos de la formación, mecánica y propósitos de la actividad del poder. Es indudable que ese cambio se está produciendo también en el mundo, aunque siempre queda el interrogante sobre si la densa dinámica argentina ha sido un coletazo a destiempo de procesos ya pasados en otras latitudes, o una avanzada desmatizada de lo que ocurrirá en el escenario global en los años que vienen. Este trabajo tiene el propósito de abordar una interpretación de los cambios producidos y que se avecinan en la Argentina del bicentenario. Sostiene la tesis de la superposición de un proceso aún no concluído, a dos centurias de su comienzo –la modernización-, con otro que ha comenzado a producirse y es más cercano a la construcción del nuevo paradigma global: la cosmopolitización de la realidad. Afirma que la reflexión y la praxis deben asumir esta dualidad y las diferentes metodologías que requieren ambos procesos, que, sin embargo, a pesar de sus particularidades, se dan en forma

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conjunta por avatares históricos nacionales y globales asincrónicos. Asume como un dato inexorable la impregnación cosmopolita de todo el entramado social, el desborde de la sociedad nacional hacia límites que superan su vieja identificación con el Estado y la instalación creciente –e inadvertida desde la academia en la real dimensión de su alcance- del cosmopolitismo integral, en los más diversos aspectos de la convivencia. El abordaje del análisis es realizado desde la percepción de la praxis y del análisis. Busca despertar la reflexión y promover el debate, en la convicción de que la vuelta de la política como actividad respetable dependerá en grado sumo de la conciencia con que se analicen sus límites, la responsabilidad con que se sugieran las luchas comunes y la capacidad para comprender que en el nuevo paradigma –global, local- en formación un dato es insoslayable: la soberanía de los ciudadanos, que no volverán a entusiasmarse si no ven frente a sí una actividad honesta, abierta al diálogo, a la elaboración de consensos y a la solución de los problemas que convierten su convivencia en un infierno de inseguridades más cercanos a una tragedia griega que al portentoso mundo de la posmodernidad.

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PRIMERA PARTE Modernidad reflexiva para retomar la marcha Las interpretaciones de la historia política argentina son casi tantas como argentinos viven en el país. Canónicos y revisionistas han discutido desde hace tiempo sobre los motores del proceso argentino, sin llegar a acuerdos permanentes. A tal punto se han exacerbado los antagonismos interpretativos que, a los dos siglos de vida independiente, no existe un relato que concite coincidencias fundamentales, ni siquiera sobre los propios hitos fundacionales. Hasta la Revolución de Mayo, denso acontecimiento en el que comenzó la marcha y que delineó los cimientos ideológicos del nuevo país, ha llegado a ser tan denostada que su mención es a menudo vaciada del contenido que le impregnaron los protagonistas de entonces. La visión canónica fue impugnada sistemáticamente por el revisionismo, al punto de llegar a reivindicarse valores previos a la emancipación y hasta cuestionar a actores decisivos de los episodios independentistas con cartabones del presente, y hasta verlos como “agentes” al servicio del “colonialismo inglés”. El mensaje de mayo ha llegado a identificarse en muchos círculos políticos e intelectuales con el liberalismo extremo en su

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acepción más negativa y su mención ha sido rodeada de un áura de elitismo que se traduce en que la propia palabra “mayo” pareciera ser propiedad de un pequeño círculo aristocrático, antipopular y “neoliberal”. Sin embargo, la Argentina no se entiende sin Mayo. Aunque intentar interpretar la historia suele conllevar fuertes peligros, una mirada a la distancia puede explicar avances y fracasos que ayuden a desentrañar las causas del estancamiento, el desencuentro con el programa modernizador iniciado entonces y la pérdida de casi un siglo de vida, el siglo XX, por haber perdido el diálogo que ayude a la comprensión y la interpretación del sentido de esta marcha. A lo largo de estas páginas se notará mi apego al diagnóstico de Daniel Larriqueta en sus dos obras magistrales: “La Argentina Renegada” y “La Argentina imperial”. Aunque su visión se enraiza en las etapas fundacionales, es indudable que los ecos de estas dos grandes corrientes formadoras de la Nación Argentina llegan hasta el presente, diseminadas en el imaginario colectivo pero canalizadas –aunque sin nitidez, con impregnaciones recíprocas- por las fuerzas políticas de entrado el siglo XXI. La Argentina “tucumanesa”, colonial, con una visión del mundo más cercana a la discrecionalidad que a la ley, con relaciones

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sociales calificadas por el puro poder y la subordinación, resultado de la simbiosis de los reinos medioevales europeos y las formas políticas teocráticas precolombinas en las que la confusión del patrimonio público y personal de los detentadores del poder es una constante, ha buscado la forma de persistir hasta el presente traduciéndose en el clientelismo, la anomia, la prepotencia, la tolerancia a la corrupción, la subordinación de las personas a la discrecionalidad del poder y la consideración del “ciudadano” como una peligrosa construcción intelectual extranjerizante que habría poco menos que desterrar hasta del lenguaje. Aunque esas formas políticas viven en numerosas expresiones políticas, han hecho su nido en el peronismo, en el que predominan aunque coexistiendo con valiosos esfuerzos de dirigentes modernizadores que intentan domesticarlas. La Argentina Atlántica, por su parte, comercial y cosmopolita, con su base de irradiación en la sociedad porteña, el litoral y la pampa húmeda, ha concebido a la convivencia como sujeta al imperio de la ley, al comercio abierto, al respeto a la iniciativa individual, a las relaciones de poder horizontales reflejando la igualdad de los ciudadanos, el poder limitado por el sistema constitucional y el sistema político apoyado en la soberanía popular, entendida como

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expresión colectiva de ciudadanos individuales. Se proyectó en las fuerzas liberales, compitió con las otras y el resultado de esta lucha se sintetizó en el proyecto de país pensado por la Generación del 37 –cuyos integrantes intelectualizaron el impulso emancipador- sintetizado en la consigna “Mayo – Progreso y Democracia”. El análisis realizado por Alejandro Poli Gonzalvo del proceso argentino a la luz del institucionalismo histórico agrega una valiosa herramienta de interpretación que ayuda a comprender los dramas argentinos. El proyecto revolucionario emancipador se estampó en la Constitución Nacional, modelo de convivencia que mientras se aplicó, como fue dicho, permitió al recientemente organizado territorio transformar el virtual desierto en un pujante país cuyos logros sorprendieron al mundo al festejar su primer centenario, abriendo la puerta al advenimiento de “la República verdadera”, en 1916. Cierto es que para algunos autores, en los treinta años que comienzan en 1880 el “progreso” desatendió la democracia. Pero el viejo radicalismo fue el primer instrumento de la síntesis con la presidencia de Hipólito Yrigoyen. Había llegado “la República verdadera”, en definición de Tulio Halperín Donghi, agregando la democracia faltante. En el Cuadro 1 vemos un extracto de la marcha del país, en sí y comparada con un grupo

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selecto de países. Pero también vemos lo ocurrido a partir de 1930, cuando el consenso constitucional se perdió y los sectores que circunstancialmente ocuparon el poder lo hicieron con la pretensión de totalidad, olvidaron al ser humano en cuanto “ciudadano” como base sacralizada del edificio político y comenzaron la distorsión del mecanismo constitucional de relojería que había permitido saldar las luchas civiles en 1853-60 y protagonizar el gigantesco salto de desarrollo de 1880-1930. El proceso nos lleva hasta el ingreso al siglo XXI en una rueda loca que acelera cada vez más su turbulencias de decadencia. Constatar que a comienzos del siglo XXI la Argentina llegó a tener el mismo producto por habitante, en valores constantes, que durante la presidencia de Yrigoyen, en 1930, es la mejor demostración del siglo perdido. La implosión institucional es tan fuerte y su dinámica tan absorbente que logró incluso disipar las fuertes condiciones favorables internacionales que beneficiaron a la Argentina entre el 2003 y el 2008, colocándola nuevamente al borde de una crisis integral. El presente trabajo apunta a reflexionar sobre los caminos políticos para volver a encarrilar el país en la senda que abandonó en 1930. Los actores, en el inicio del siglo XXI, son diversos. Científicos y técnicos, productores agropecuarios, emprendedores, clases medias privadas,

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empresarios innovadores y de vocación pionera, intelectuales abiertos al desafío cosmopolita, productores de contenidos virtuales y audiovisuales, y en general personas comunes culturalmente decididas a tomar en sus manos las riendas de su destino son los protagonistas decisivos de la nueva etapa nacional. En este trabajo exploraremos las formas de lograr su articulación para dar una batalla contra las tendencias expresadas por la corporación de la decadencia, cuyas creencias giran en todos los espacios políticos aunque, como está dicho, tienen su nido principal en el populismo y éste, en el peronismo. Sin embargo, el enfoque que desarrollará esta reflexión no apunta a aislar el proceso argentino en su marco “nacional”. Pretende, por el contrario, indagar su imbricación global, signo con el que nació en las jornadas revolucionarias de mayo y que fue abandonado paulatinamente por varias razones, entre las que es imposible negar la necesidad de reforzar la construcción de la identidad nacional en las épocas fundacionales y la de haber adoptado en forma insuficientemente crítica el enfoque “autárquico”, puesto de moda en la primera mitad del siglo XX tanto por las visiones “de derecha” –como el nazismo, el fascismo y el falangismo- como de “izquierda” –socialdemocracia inglesa, francesa, alemana,

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italiana, y diferentes expresiones del comunismo del “nacionalismo popular”, en los pagos latinoamericanos-. Contra lo que pudiera suponerse de una lectura lineal, el peronismo no es ubicado como un “enemigo a vencer” para encarrilar el país en la senda de la modernidad. Políticamente, tanto el radicalismo como el peronismo no han sido partidos “ideológicos”, sino valiosos instrumentos de integración social que han aportado sus perfiles a la conformación de la “sociedad nacional” contemporánea. Cada cual a su manera, han sido –y en alguna medida, aún son- los pilares de una Nación integrada. Ambos tienen algunas características comunes: son nacionales, son reformistas e incluyen en su seno clases poseedoras y clases desposeídas. Su sedicente condición de “revolucionarios”, fuera de alimentar discursivamente la épica necesaria en toda acción política, ha consistido en ambos casos en “incluir” a los “excluidos”, sin cambio real de estructuras políticas, económicas o sociales.

El verdadero enemigo de una Argentina exitosa es el populismo, entendido como la reproducción atávica de relaciones de poder clientelizadas, vaciadas de contenido reflexivo, que anulan la potencialidad y la libertad de las personas y para el que su creciente autonomía es un peligro vital. Sus origenes enraizan en tiempos anteriores a

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la Revolución de Mayo. La concepción autoritaria o paternalista del ejercicio del poder, la mediatización de las normas convertidas en simples mecanismos opcionales para el ejercicio de la discrecionalidad política son la herencia colonial y prerevolucionaria, arcaica y premoderna.

Esa clase de relaciones existe en diversos ámbitos, alcanzando a varios sectores políticos y sociales –gremiales, partidarios e incluso empresariales-, pero es claramente predominante en el peronismo y su cíclico socio, la izquierda esclerosada. Dependerá del propio peronismo si puede sacárselos de su seno, o si prefiere mantenerlos cercanos a su esencia a riesgo de abandonar el rumbo democrático e institucional. Y dependerá de la intelectualidad de izquierda si retoma el camino reflexivo inherente a su condición de heredera de la ilustración o si persiste en la justificación de las formas políticas arcaicas, pre-modernas y paternalistas, como contradictorios métodos de avance hacia una sociedad más libre. De este análisis se desprende que el populismo autoritario no es “esencial” al peronismo como imaginario popular, al contrario de lo que pareciera mostrar un análisis de sus gestiones de gobierno. Sí lo es su identificación con la inclusión económica. Los trabajadores y sectores pobres no son “esencialmente” autoritarios o populistas. Tienen ansiedad de superación y

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mejoramiento de sus condiciones de vida y sienten que el peronismo les abre un espacio de contención. Distinto es el análisis de su práctica política como organización y aún la intelectualización que han pretendido hacer de su naturaleza visiones diversas, desde nacionalistas de derecha hasta “entristas” de izquierda. En varias etapas de su historia sus gestiones han sido teñidas de las deformaciones más crudas de las formas institucionales y de los derechos ciudadanos.

El menemismo fue una curiosa experiencia en este aspecto. Sus propuestas económicas parecieron alejarlo de las tradicionales visiones autárquicas del peronismo originario y su proyecto parecía guardar una lejana similitud con las primeras épocas del medio siglo exitoso, una especie de “roquismo” adecuado a los tiempos. Sin embargo, careció de un valor fundamental existente en aquellos tiempos, aún de la propia Argentina oligárquica: la priorización de la educación pública, la consideración a la capacitación y la visión integradora de la dimensión continental del país. Aún superando algunos de los antiguos vicios del peronismo histórico, entre los cuales uno no menor fue incorporar la idea del justicialismo como un partido político en competencia con otros y abandonar su autoidentificación excluyente con “la patria”, no atinó a desligarse de formas de acción

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política clientelizadas, corporativas y concentradoras del poder en la figura presidencial. Fue durante esa etapa que proliferaron los “decretos de necesidad y urgencia”, formaciones normativas anómalas que ignoraban los delicados procesos y equilibrios diseñados por los constituyentes para generar las leyes de la sociedad democrática con un gobierno “representativo, republicano y federal”. A la distancia y luego de la experiencia kirchnerista, esas deformaciones parecen ingenuidades, pero lo cierto es que abrieron la puerta a la caída. No obstante, es necesario reconocerle su aporte modernizador a las prácticas tradicionales del peronismo histórico, al que –al menos, por un tiempo- logró impregnarle las prácticas de un partido político sistémico, en competencia con otros y abandonando su idea de movimiento identificado con el país todo, y una experiencia de modernización económica que a pesar de sus desmatizadas durezas argumentales (“con o sin anestesia”; “ramal que para, ramal que cierra”) forzó la instalación en el país del debate sobre el cambio de paradigma mundial y el papel que la Argentina debería asumir en ese proceso.

El éxito del país en el mundo globalizado y en red, posmoderno y abierto, es imposible sin la consolidación previa de la modernidad, es decir, del imperio de la ley, los derechos de las personas, la justicia independiente, la plena libertad de

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prensa, el respeto a los contratos y a la palabra. Sin embargo, esa es la materia pendiente en la Argentina. El verdadero dilema argentino entrando el siglo XXI no se corresponde con los antiguos “slogans” de posguerra, ni las invocaciones liberadoras de los años 70. Es reconstruir una sociedad democrática a partir de un Estado democrático, o continuar con una sociedad anómica a partir de un Estado autoritario, aún con formas constitucionales. El patetismo de este dilema renace con fuerza ante las deformaciones autoritarias en el ejercicio del poder y son ellas las que alimentan en el imaginario popular el periódico resurgimiento de la otra gran fuerza de integración: el radicalismo, en todos sus matices y vertientes. Esta herramienta y su estructura nacional ha sido la que ha permitido el acceso al mundo político a los ciudadanos comunes, quienes carecen de fortuna o de prestigio y por lo tanto son marginados de los estamentos estratificados de decisión. La dialéctica “radical-peronista”, planteada históricamente como el juego de suma cero entre quienes “son honestos, pero no saben gobernar” y quienes “roban, pero hacen” debe adoptar la articulación “no sólo sino también” de la segunda modernidad, para unir fuerzas en la instauración definitiva de la primer modernidad. Aún conservando sus “centros de gravedad” conceptuales y sociológicos, consolidar la

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modernidad en la Argentina implica, tanto para los radicales como para los peronistas “ser honestos, gobernar en democracia, trabajar por la inclusión, gestionar respetando la ley”, erradicando de plano la ineficacia y la corrupción. Ello conformará el común denominador de una sociedad constitucionalmente sostenida por ambos grandes conglomerados a fin de dejar atrás la primera modernidad y asumir el desafío de la segunda: ser parte del nuevo gran salto de la humanidad hacia el nuevo paradigma global, para el cual se debe agregar la nueva dimensión, la de la aproximación cosmopolita en el marco de la modernidad reflexiva. Los sujetos sociales de este nuevo impulso no se corresponden tampoco con otras etapas históricas. En otra obra1 hemos descripto los sectores que a entender del autor conforman “las semillas de la Argentina exitosa en el mundo global”, las que pueden articular su protagonismo local con el nuevo paradigma del mundo globalizado en la producción y el comercio, las inversiones y la tecnología, las finanzas y la defensa, el derecho y la seguridad. Su desafío es articularse en una coalición social y política que debe incluir en su seno a un abanico inclusivo desde la izquierda hasta la derecha modernos y 1 Lafferriere, Ricardo “Argentina en el mundo globalizado”, Bs. As., 2008, http://stores.lulu.com/lafferriere

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abiertos, con base social en los sectores mencionados y en los ciudadanos que asuman su condición de tales. Los avances tecnológicos en las comunicaciones, la interactividad en la red, la masificación de la información, el creciente protagonismo de las personas individuales, la complejidad creciente de la vida posmoderna, el surgimiento de nuevos problemas de carácter universal, son todos elementos imprescindibles de ser considerados para esa construcción. Son los problemas inherentes al nuevo paradigma productivo y a la nueva construcción de la sociedad global, que no puede edificarse ignorando los problemas de índole local, pero que se convierte en impotente si no encuadra sus respuestas con una visión cosmopolita e imagina una articulación virtuosa con los flujos globales de comercio, inversión, finanzas, tecnologías, culturas e incluso visiones políticas. Algunos configuran nuevos desafíos hacia las políticas públicas, otros organizativos, otros participativos. Todos definen los diferentes órdenes y matices de una nueva construcción política para el siglo XXI. En esa construcción deben participar todos, en una geometría variable que incluya diferentes alianzas cualitativas, lo que implica un nuevo diseño institucional y una nueva “etología”, vale decir un nuevo comportamiento político.

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Cultura o instituciones Es común escuchar en el debate político argentino señalar causalidades radicadas en la conformación cultural de la población. La “herencia latina”, la “indolencia”, la “incapacidad para el compromiso” y otros disvalores hirientes son a menudo descriptos como la causa última del fracaso argentino. Sin embargo, la Argentina tuvo épocas prósperas y exitosas, con la misma cultura, las mismas raíces étnicas y el mismo aporte migratorio, y el entorno regional muestra sociedades exitosas con similares características que la Argentina. El análisis de las falencias desde la perspectiva del intitucionalismo histórico2 permite encontrar la coherencia a la quebrada historia nacional: la creación de instituciones adecuadas y su vigencia en el tiempo son los condicionantes finales del comportamiento social. Esas instituciones deben ser adecuadas a los valores subyacentes en la mayoría de la población. En nuestro caso, son el fruto de luchas fundacionales y diseños intelectales que probaron su eficacia. Tanto como también probó su

2 Poli Gonzalvo, Alejandro, “Mayo, la revolución inconclusa”,

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ineficacia la debilidad y dilución institucional sufrida desde 1930 hasta la primer década del siglo XXI, que llevó a la Argentina al dudoso honor de ser el país del mundo con peor desempeño relativo en sus variables básicas, no sólo económicas sino educativas, asistenciales, culturales y políticas. La Argentina no tiene un problema cultural. Tiene un problema institucional. Esa es la “contradicción principal”, para usar una terminología ya “demodé” con que los jóvenes de los años 70 se introducían al análisis de la problemática nacional. Trataré de fundamentar por qué es así. El entramado institucional es la forma de incorporar mediaciones que eviten las desmesuras, enmarquen los esfuerzos individuales en forma virtuosa, garantices los marcos de seguridad jurídica, económica, política y personal y encaucen los debates maduros hacia la definición de los rumbos comunes. Pero no sólo es eso: el marco de instituciones sólidas habilita la potencialidad creadora de los ciudadanos, que no deben dedicar sus preocupaciones y alertas a preservarse de un entorno hostil y aún imprevisible, sino que, descansando en la seguridad que le da el sistema normativo, jurídico y político, pueden volcar toda su iniciativa a la creación, al trabajo, a la inversión, a la educación, a la capacitación, a la realización

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personal. La suma del accionar virtuoso de los ciudadanos logrará el bien del conjunto, quedando a la responsabilidad pública la edificación del “piso de ciudadanía” para cumplir con las obligaciones éticas que la evolución de las ideas, a comienzos del tercer milenio, ha consagrado pacíficamente como un derecho universal de los seres humanos en el marco de la aceptación cosmopolita de los “derechos humanos”. La ausencia normativa, la inexistencia de instituciones, puede favorecer alguna eventual y coyuntural “redistribución” forzada y muy posiblemente viciosa, de corto alcance e inexorable frustración. Lo que jamás alentará es el crecimiento y mucho menos el desarrollo. Distinto es el tema de cuáles son las fuerzas dinámicas del diseño y construcción institucional y aún de los adecuados límites a la acción cristalizados en instituciones, frente a la libertad de las personas en un borde y a la discrecionalidad del poder en el otro. Aún más: asumiendo su epifanía revolucionaria en los lejanos días de la revolución de mayo y aún su proyección histórica en sucesivas generaciones que fueron depurando y adecuando a la realidad argentina esa ilusión modernizadora, una falencia se impone en el análisis intelectual: la incapacidad para encontrar la forma de incluir en esa ilusión colectiva al otro gran aporte socio-

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cultural del país originario, el de la Argentina tucumanesa. En forma autocrítica sería éste el momento de reconocer que el debate político desde la recuperación de la democracia no acentuó debidamente la importancia de lo institucional. Los temas en cuestión se centraron más en los contenidos materiales de las políticas, que en las formas. Lentamente el apego al entramado institucional, que había irrumpido en la política argentina montado en la ola anti-dictatorial, fue disfumándose, hasta llegar a asumirse como la expresión de una nostalgiosa formalidad, casi confundida con la novedad conceptual del “neo-liberalismo”, convertido poco menos que en el “anti-Cristo” de la nueva inquisición del pensamiento único. El hecho inusual que la democracia y la propia libertad no figuren siquiera mencionadas en los discursos presidenciales a partir de la crisis del 2002 es una triste demostración de esta tendencia. De la mano de este deterioro, la Argentina desperdició una de las etapas más ventajosas de su historia, dormida en un esquema de poder en el que el aprovechamiento de esas ventajas sirvió para reconstruir en plenitud el viejo edificio populista, con lo peor de sus vicios. Corrupción ramplona, vaciamiento parlamentario, discrecionalidad en el uso de las finanzas públicas utilizadas para

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enriquecimiento personal, construcción de clientelismo e instrumento de subordinación política, debate público raquitizado ante la admonitoria palabra presidencial, escasamente ilustrada al estilo de los tradicionales tiranuelos de las “repúblicas bananeras”, fueron las características predominantes del período, “vestidas” con el prestigio de la vieja izquierda esclerosada que, una vez más, creyó en el atajo de la cooptación del peronismo sin advertir que el proceso fue inverso, ya que el resultado fue la pérdida de lo mejor de la izquierda –el debate, la tolerancia, los derechos de las personas, la libertad sindical, el combate a la pobreza sin la humillación de la clientelización- y la adopción de lo peor del populismo –la prepotencia, la verticalidad, la ausencia de debate, las patotas fascistoides, la intolerancia, la disminución de los espacios democráticos-. La izquierda moderna y protagonista del diseño del nuevo mundo global, la de Lula y Bachelet, la de Felipe González, Ricardo Lagos y Tabaré Vázquez, la de Tony Blair y Rodríguez Zapatero, jamás recurrirían a violaciones legales, a obscenos comportamientos antidemocráticos, a la destrucción del poder institucional ni, mucho menos, a la alegre justificación de la corrupción o la inmoralidad. El congelamiento del debate intelectual sacó a la superficie lo más retrasado y dogmático de la

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política, tal cual es usual que ocurra cuando el escenario público pierde la riqueza de sus matices. Y la abundancia material del ficticio crecimiento económico entre 2003 y 2007–que en lo sustancial implicó vender más caras las “comodities” y no pagar las deudas- obnubiló una plaza pública que devino en tolerante como pocas veces a los caprichos y latrocinios del poder. Este proceso no es la demostración de una cultura perversa, sino el resultado de la ausencia del entramado institucional, que perdimos por causas diversas. Una de ellas, y no la menos importante, ha sido priorizar en los debates, en forma equivocada, la pretensión de identidades ideológicas desvinculadas del verdadero problema argentino. La afirmación no es voluntarista. Un recorrido a las expresiones de la opinión pública a partir de 1983 muestra que las opciones populistas, cuando triunfaron, lo fue por la fragmentación del torrente democrático republicano. Y, por el contrario, cuando el torrente democrático republicano logró articular en ofertas electorales bloques sociales difersos, sea en forma tácita como en 1983 o expresa como en 1995, fue acompañado mayoritariamente por la ciudadanía pero tampoco supo percibir la riqueza cosmopolita –económica, cultural, social y política- que ya era inherente a nuestra sociedad.

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Pero también el mismo recorrido nos muestra que, una vez en el poder, ese conglomerado democrático republicano no fue capaz, en situaciones de crisis desatadas, de resistir el embate de la coalición populista. En la última, incluso, su derrota derivó en un retroceso institucional que vació paulatinamente a la convivencia de los marcos normativos y mediaciones previstos en la propia Constitución. En ambos casos y en situaciones diferentes no tuvo capacidad para constuir la unidad de acción nacional ante situaciones económicas críticas, abriendo las puertas al populismo –de seudo derecha en un caso, de seudo izquierda en el otro-. En ambos casos aunque en grados diferentes, la víctima fue el entramado institucional, los derechos de los ciudadanos, el vaciamiento del Congreso y del debate político y el debilitamiento del edificio institucional. Causas de esa incapacidad fueron –arriesgo- la falta de profundización conciente sobre el rol histórico de culminar el proyecto modernizador sobre una base política amplia y las limitaciones que imponía a su accionar la insuficiente conciencia sobre una modernización progresista y reflexiva, cediendo sin debate a las presiones del populismo arcaico. Con estos antecedentes me atrevo a afirmar que no habrá chances de éxito para la Argentina en

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la nueva etapa de evolución de la humanidad, globalizada y planetaria, si no logra superar el período “pre-constitucional” en que se encuentra inmersa desde 1930 y si no logra edificar un sistema político homologable con la democracia. Cualquiera sea el partido en el gobierno, este sistema debe ser su base sacralizada. La “contradicción fundamental”, si existiera una realidad que aceptara esa conceptualización a comienzos del siglo XXI, es estado de derecho o anomia como marco formal y modernidad reflexiva o dogmatismo cerrado, como contenidos del análisis y la praxis. Esta lectura no es caprichosa. Un productor no puede crecer ni reinvertir desatando el proceso virtuoso del desarrollo si le confiscan más del 90 % de su rentabilidad. Un industrial no puede planificar un proyecto de inversión que requiere tiempo de maduración e integrar su actividad con cadenas productivas globales si no tiene seguridad de estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria. Un trabajador no puede mejorar su vida, ni el nivel educativo y de salud de su familia, ni equipar su hogar con compras a plazo, si no tiene tranquilidad en el marco macroeconómico que le aseguren el mantenimiento del poder adquisitivo de su salario. Un emprendedor no puede endeudarse para financiar su empresa o integrarla como etapa en la cadena de valor de una red productiva global, si su

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entorno legal, aduanero, impositivo y laboral no le garantiza estabilidad. Un policía –oficial, suboficial o agente- no se esmerará en la lucha contra las redes de narcotráfico y ni siquiera contra el delito menor, si su accionar depende de una red delictiva de la que sus propios jefes pueden estar formando parte, junto al dirigente político, al fiscal y al juez del lugar. Y un docente no podrá ejercer su vocación si no tiene confianza en que sus méritos serán suficientes para el ascenso o reconocidos a través del salario, sin necesidad de un favor político.

Pero no sólo mirando al escenario local se llega a esta conclusión. También observando el funcionamiento del mundo. Sin un marco normativo homologable, sin estado de derecho, es virtualmente imposible incorporar la economía a los circuitos de inversión, finanzas, investigación, comercio y tecnologías que marcan el ritmo de la expansión en esta etapa de condiciones cosmopolitas de desarrollo, que ha asumido ya la característica de un nuevo paradigma productivo irreversible (Castells “La sociedad red”, Bauman “La sociedad líquida”, Friedman “El mundo plano”, Beck “La sociedad de riesgo mundial”, Attali “Une breve histoire de l’avenir”, Kaldor “Las nuevas guerras”, etc.). El ejemplo está cerca: basta con observar cómo atravesaron la crisis de cambio de siglo los países de la región para

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observar que el “modelo argentino” fue el más ineficaz, y por el contrario, el camino seguido por Chile le permitió el mayor salto cualitativo y cuantitativo de la vecindad3. Ese nuevo paradigma económico incluye la fragmentación productiva global y tercerización de procesos, la deconstrucción empresarial y su reingeniería con etapas productivas localizadas donde existan mejores condiciones y aprovechando la escala, la colaboración externalizada en los procesos productivos, la acelerada incorporación tecnológica a la economía y a la vida cotidiana, el protagonismo creciente de las personas individuales, la seguridad jurídica y la justicia imparcial, la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas, la revolución científica y tecnológica transnacionalizada, el aprovechamiento de las ventajas de escala del mercado universal potenciadas por el comercio libre, la demanda de una normatización planetaria creciente, la transformación del papel de los Estados, el surgimiento de marcos políticos transnacionales, internacionales, supraestatales y globales, superpuestos, y finalmente, el dato principal: la cosmopolitización inexorable de todos los aspectos de la vida.

3 Ver Anexo II.

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Sin estado de derecho no hay posibilidad de enganchar el vagón nacional al tren del desarrollo mundial. Al contrario, con un sistema democrático homologable funcionando en plenitud, las potencialidades nacionales son gigantescas, tanto por la sofistificación de su estructura social, la permeabilidad a las novedades, la capacidad de adaptación en razón de una razonable base educativa y en general las ventajas que tradicionalmente se han considerado bases potenciales del crecimiento. Sólo que, sin un marco legal e instituciones, en lugar de liberar esa potencialidad productiva de los ciudadanos, se los condiciona a permanecer en guardia permanente ante la posible apropiación de sus recursos y capital por uno u otro capricho del poder, autoatribuido de facultades supraconstitucionales sin límite. Institucionalizar el país no es, entonces, una nostalgia de viejos profesores de derecho constitucional. Es la angustiosa demanda modernizadora de millones de argentinos que necesitan recuperar su libertad y la seguridad que le pueda brindar el estado de derecho. En su trabajo, en su educación, en su salud, en su desplazamiento, en su capital, en sus inversiones y hasta en su posibilidad de seguir vivo. Todo esto está en la Constitución, que ante la nueva y curiosa vuelta de la historia hacia un espacio planetario en

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formación, global y cosmopolita, adquiere más actualidad que nunca.

Pocas veces como hoy en la historia nacional el programa del Preámbulo ha estado tan alineado con las demandas del país en crecimiento y de las características de la sociedad mundial en construcción. Partidos y frentes Las tendencias populistas han estado presente en toda la historia. Como ya se mencionó, basta con releer el primer cuento argentino, “El matadero”, de Esteban Echeverría, para apreciar las similitudes con el razonamiento de las patotas sindicales, de grupos de violentos clientelizados del cinturón bonaerense e incluso hasta con barras bravas de equipos de fútbol, casi siempre integrados por las mismas personas, con el carnicero “Matasiete” y el Juez del Matadero asesinando por diversión al joven unitario del relato echeverrino. Son el “grupo de choque” de una forma de entender la política heredera de los viejos malones y mazorcas, patrimonialista y prebendaria. No se construirá con ellos nada. Pero tampoco puede confundirse esta deformación primitiva y atávica con los miles de compatriotas que sufren su consecuencia, la humillante situación de dominio.

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Es obligación de las fuerzas modernizadoras delinear proyectos de inclusión que les asegure el piso de dignidad sin dependencia, incrementando su autonomía. No se trata, entonces, sólo de liberar las gigantescas fuerzas productivas de las “semillas de la Argentina exitosa”. Se trata de imaginar espacios de realización para quienes han sufrido la exclusión y han sido utilizados como carne de cañón por la “corporación de la decadencia”. Un país pujante, democrático, abierto y dinámico no puede desentenderse del equilibrio social, de los servicios públicos de acceso universal, de la salud y la educación de excelencia con independencia del nivel social, de la infraestructura básica de vivienda, agua potable, cloacas, electricidad, comunicaciones e Internet, de la capacitación para el empleo y el autoempleo. El diseño de una política económica adecuada a las potencialidades del mundo no es tan complicado intelectualmente como el diseño de una política social inclusiva que evite las durezas burocráticas, la utilización partidaria, la tentación populista de reemplazar una subordinación por otra. En este sentido, el papel del radicalismo, como fuerza de integración política y social de base democrática, es fundamental. El “tercer sector”, por su parte, sin sectarismos y con amplitud, debe ser un protagonista central de estos

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esfuerzos, en un marco de homologabilidad y transparencia tanto normativa como de recursos. El objetivo debe estar absolutamente claro: mejora social para incrementar la autonomía de las personas y contrubuir a la construcción integral de ciudadanía. Hombres y mujeres políticamente “libres e iguales” son el piso para la construcción de una sociedad más equitativa. Intelectualmente el modelo está claro. Políticamente, no lo es tanto. Las raíces de las relaciones de poder desiguales, del clientelismo y del paternalismo se hunden en el fondo de la historia, abonadas por –a su vez- dos fuerzas de potente proyección originaria: la cultura feudal de la conquista, trasladada desde Europa y más precisamente desde España antes de que ésta protagonizara su tranformación modernizante; y su simbiosis con las formas arcaicas del poder precolombino, fuertemente apoyadas en el poder descarnado, la fuerza bruta y totalizante del cacicazgo en las organizaciones indígenas más rudimentarias y la feroz opresión del sistema de castas de las sociedades precolombinas más desarrolladas, en los Andes y en Centroamérica. Ni en una ni en otra de las fuerzas originarias tenía la ley importancia alguna. La discrecionalidad del poder inducía a relaciones de subordinación por las que el detentador del poder discrecional (el encomendero, o antes la casta

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aristocrática incaica, o el cacique en las tribus nómadas) tenía en sus manos la posibilidad de permitir la supervivencia de quien no lo ejerciera. El equivalente moderno, imposible de no ser visualizado como su continuador cultural, es el caudillejo político territorial o sindical, quien puede proveer de una cama en un hospital, una ayuda económica básica, una ayuda social en forma de “plan asistencial” y hasta la impunidad para cualquier delito, benevolentemente convertido en el semánticamente menos grave nominativo de “problema” que requiera un “contacto” con la policía, el Fiscal o el Juez, todos ellos integrando una red de decisiones y manejo de los recursos públicos, la policía y la justicia que, de cara al hombre o la mujer sin recursos, desarraigado y sin educación, son su única alternativa de supervivencia, aún en el marco del vaciamiento de sus eventuales derechos ciudadanos o su humillación política. Sería ingenuo suponer, entonces, que en el proceso modernizador no habrá resistencias. Partirán de los beneficiarios de las formas actuales de clientelismo, de ubicación difusa pero centralmente expresados en la estructura peronista –aunque no sólo peronistas- del conurbano, y de las regiones más pobres del país. Sede de mafias, de corrupción y bandas de narcotráfico, contrabando y delito, tienen una compleja red de

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complicidades que alcanzan a escalones “glo-cales”. Su capacidad de mimetización con el poder es enorme y su potencialidad para entronizar e incluso ayudar a voltear gobiernos han sido experimentadas en el pasado reciente. La única forma de encarrilar estas deformaciones políticas es construyendo un gran frente social de ampio espectro y sólida visión democrática republicana, que debe incluir a todo el arco político constitucional. No pueden estar ausentes ni la izquierda ni la derecha modernas y plurales, ni los gremios con vocación democrática ni los productores, comerciantes, emprendedores y empresarios con visión transformadora, ni los ciudadanos comunes anhelantes de una sociedad libre.

La construcción de ese gran frente social debe partir de las expresiones políticas de mayor representación social, que al momento de escribirse estas líneas (fines del año 2008) parecieran ser la Coalición Cívica, el Radicalismo y el Pro, con participación de fuerzas locales como el Partido Socialista, los partidos provinciales, la democracia cristiana, la Democracia Progresista y sectores peronistas modernos de convicciones democráticas republicanas. El programa de ese frente –que seguramente deberá expresarse en una geometría variable que abarcará desde listas electorales conjuntas hasta

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acuerdos de trabajo parlamentario común- no puede demandar renuncias a las visiones de largo plazo de sus protagonistas, ni a sus convicciones históricas. Sí deben estar claras sus metas en la etapa, que pueden ubicarse todas en el respeto sacralizado a las reglas de juego de la Constitución Nacional. Esa etapa debe ser de reconstrucción institucional, recuperación del diálogo y búsqueda de articulación de consensos nacionales estratégicos básicos. O, expresado en otros términos, de cumplimiento de las tareas modernizadoras iniciadas en la Revolución de Mayo, elaboradas por la generación del 37, estampadas en la Constitución Nacional y sintetizadas magistralmente en el Preámbulo. Populismo, democracia y socialismo A lo largo de estas páginas ha estado presente el cuestionamiento permanente al populismo. El término es polivalente y puede resultar ambiguo por las diferentes aproximaciones que hacen sobre él diferentes autores. En este trabajo debe entenderse como el conjunto de políticas que son decididas y aplicadas sin la observancia estricta del órden constitucional, con la finalidad de lograr adhesiones clientelizadas por parte de personas que son privadas de su autonomía de decisión al ser inducidas a canjear

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apoyos políticos por beneficios de diferente clase, obtenidos mediante la canalización de bienes públicos en forma discrecional por las dirigencias políticas y eventualmente castigadas con la privación de algunos de esos beneficios en caso de no responder a la convocatoria electoral o movilizadora del jefe territorial, gremial o político. En síntesis: utilizar las necesidades de la pobreza en beneficio de la acumulación de poder. Va de suyo que este cuestionamiento no implica negar la necesidad de garantizar un ingreso mínimo universal que establezca un piso de ciudadanía a las personas de pocos o ningún ingreso. Esa ciudadanía sólo puede ejercerse con autonomía, y la pobreza extrema es el sinónimo de la mayor falta de autonomía imaginable. Pero ese ingreso mínimo universal debe surgir de la ley, garantizado por el orden democrático sin subordinación ni obligación partidaria o sectorial, como un derecho directo entre la persona y el marco normativo. No puede tener como contrapartida la renuncia a su dignidad, a su libertad de decisión y a su condición de ciudadanía. La dimensión y características de este ingreso mínimo universal deben ser compatibles con las posibilidades de crecimiento de la economía y debe acompañarse del estímulo y la capacitación para que cada persona pueda tomar en sus manos la construcción de su futuro y el manejo

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de sus vidas. Igualdad de oportunidades no es lo mismo que igualdad en la distribución del ingreso. Lo primero democratiza el punto de inicio, y debe expresarse fundamentalmente jerarquizando como prioridad fundamental de la acción niveladora del Estado la educación pública de excelencia. El rol del Estado no debe, sin embargo, desestimular el esfuerzo y el trabajo creador yendo más allá con la política redistributiva. Este es el sensible límite de acción de las políticas públicas, la que separa la modernización progresista y democrática de las concepciones clientelistas y paternalistas cuya consecuencia es la persistencia de los niveles de riqueza, de subordinación política y de limitación al crecimiento de la autonomía de las personas. La observación no es inocente. La parafernalia de reglamentaciones neutralizadoras de la iniciativa de los emprendedores que se han edificado en la Argentina proyectan también el asfixiante reglamentarismo burocrático pre-revolucionario y colonial. Iniciar un pequeño negocio implica un desafío gigantesco, sin protección pública alguna y castigado con la desconfianza fiscal desde el propio momento del inicio. Ese pequeño emprendimiento, sin embargo, es el primer escalón, la “célula” última del crecimiento del conjunto en una sociedad abierta. Ahogarla es ahogar la propia filosofía de una sociedad democrática moderna. La persecusión

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fiscal que se aplica sobre este primer escalón contrasta groseramente con las facilidades de evasión y elusión que subsisten para los escalones superiores, cercanos al poder clientelizado con el que han construido a través de los años la simbiosis populista conformando ese entramado de relaciones políticas, formales e informales, expresas y tácitas, que hemos calificado de “corporación de la decadencia”. Y contrasta también con la dádiva sin obligación alguna como contrapartida, desestimulante del trabajo. Populismo tampoco es lo mismo que socialismo. Este último, subproducto potente de la modernidad, supone por definición la socialización de los medios de producción, a la que puede arribarse en forma evolutiva (socialdemocracia) o revolucionaria (comunismo). En ese proceso, la “plusvalía”, riqueza que –en la cosmogonía marxista- el trabajador genera para el capitalista, es limitada por leyes sociales, salariales e impositivas originadas muchas veces en reclamos socialistas en el marco del estado de derecho, apoyado en la soberanía popular. De esta forma, el excedente producido por la naturaleza “expoliadora” del capitalismo (la “plusvalía”) vuelve a revertirse hacia quienes generan esa riqueza con su trabajo. Es el mecanismo virtuoso de las sociedades democráticas desarrolladas, aceptado incluso por las visiones liberales modernas.

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El populismo, por el contrario, no asume la responsabilidad de generar riqueza, sino que recurre a la más directa forma medioeval de la apropiación lisa y llana. No es moderno, es pre-moderno. No le interesa crear bienes y servicios, sino apropiarse de los que crean otros. La ética del socialismo es la libertad y la justicia. La ética del populismo es la subordinación y la arbitrariedad. Los socialistas son revolucionarios, y en tanto tales, reivindican el dialéctico avance de la humanidad, en escalones sucesivos, hacia un mundo más perfecto: su utopía se ubica en el futuro a construir. Los populistas son esencialmente rapaces, y no reivindican ningún avance social coherente que trascienda el momento: su utopía se ubica en el pasado idealizado, con relaciones sociales arcaicas reconstruidas alrededor del paternalismo. Los socialistas apoyan su construcción teórica en el trabajo creador, acción suprema de la dignidad humana. Los populistas en su relativismo moral, en su rapiña para financiar el ocio, la conformacion de fuerzas de choque o la construcción de un poder clientelar sin virtudes democráticas.

El capitalismo y el socialismo conviven en la modernidad, que les provee de instrumentos de mediación para procesar sus conflictos y acordar equilibrios transitorios. Han aprendido a convivir, el primero desarrollando herramientas que le

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permiten limar sus aristas más cortantes y en algunos casos, hasta siendo pioneros en el diseño de instituciones destinadas a mejorar el nivel de vida de los trabajadores –como durante la Alemania del Bismark- y disputar políticamente el respaldo de las mayorías. El segundo, aprendiendo a utilizar las instituciones políticas democráticas para impulsar reformas destinadas a lograr la inclusión de los trabajadores en los beneficios del progreso y la modernidad. El populismo, por el contrario, odia a la modernidad, a la limitación al puro poder que implica respetar las leyes, la igualdad de todos ante el orden jurídico, la división de los poderes, la libertad de expresión, de conciencia y de prensa, y la opinión diferente.

La modernidad –capitalista o socialista- no admite faltarle el respeto al ciudadano, que es su creación intelectual y su razón de ser. Para el populismo y sus socios ocasionales, el ciudadano es una entelequia que le molesta para lograr su cometido de acumulación de poder, una creación extranjerizante que con gusto desterraría hasta del lenguaje. Populismo no es liberalismo Si en los años kircheristas el populismo ha tendido a confundirse con el pensamiento “progresista”, en la última década del siglo XX

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había protagonizado una mascarada exactamente inversa: mimetizar su discurso con la propuesta del liberalismo. Sin embargo su esencia tampoco cambió y la aplicación de las políticas privatizadoras no fue obstáculo para que la mencionada característica del populismo de pasar por encima de los marcos normativos comenzara la destrucción del sistema institucional que culminarían los años “K”. Así como el kirchnerismo logró arrastrar tras sí al tradicional “entrismo” de grupos de “izquierda”, el menemismo había logrado lo propio con el novedoso “entrismo” de tradicionales dirigentes de la “derecha”. Recordemos que ambas etiquetas son utilizadas en este lugar al sólo efecto identificatorio, ya que ni unos ni otros serían calificados como tales en la política moderna occidental. Bonasso o D’Elía tienen tan poca similitud con Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, Lula o Bachelet, como Adelina D’Alessio de Viola, María Julia Alsogaray o Christian Kammerath la hubieran tenido con Chirac, Frei o Sanguinetti. Fue en esa década, en efecto, que comenzaron a aplicarse los “decretos de necesidad y urgencia” de contenido legislativo por la sola decisión del presidente de la República, la manipulación de los recursos del Estado Nacional para disciplinar a las jurisdicciones provinciales a

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través de los “Adelantos del tesoro nacional” decididos por fuera del debate parlamentario, la conformación amañada de la Corte Suprema de Justicia a fin de contar con un Poder Judicial que no significara obstáculo a la aplicación de leyes de dudosa constitucionalidad, el vaciamiento del debate político mediante la instalación de la farándula como protagonista central de la atención pública y el olvido de una obligación central de la visión liberal sobre la economía, que es la función de guardián anti-monopólico del Estado a fin de garantizar la autonomía, la competencia, información y libertad del consumidor. El reemplazo de las corruptas y carcomidas empresas estatales por empresas privadas de servicios públicos se realizó sin un adecuado marco de regulación y control, lo que significó un encarecimiento de los servicios sin garantías para los usuarios de control de calidad y precios adecuados a raíz del dominio monopólico concedido. El descuido de la educación pública y de los servicios de salud prestados por el Estado, por su parte, olvidaron otro de los postulados esenciales del liberalismo moderno, cual es la garantía de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos a través de la construcción del piso de ciudadanía. Aún asumiendo la modernización que implicó la adopción de muchas de las reglas requeridas en forma virtualmente unánime por el

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mundo global en todo su abanico ideológico –que debe reconocérsele-, su gran falencia fue olvidar las obligaciones niveladoras irrenunciables de la política. Socialismo y liberalismo no son antinómicos Dicho lo expresado en los párrafos anteriores, queda afirmar que de cara a las tareas principales del escenario argentino, socialismo y liberalismo no son antinómicos sino que deben enriquecer el campo democrático y republicano con una lucha conjunta para la recuperación del estado de derecho y el ingreso definitivo a la modernización. El socialismo y el liberalismo no sólo tienen la misma raíz cultural e ideológica en la historia de las ideas y hasta han dado juntos batallas políticas por similares objetivos en la política argentina –como las iniciativas obreristas de comienzos de siglo, la prédica por la economía abierta de Juan B. Justo y Pinedo, y hasta la lucha por las libertades públicas en el primer período peronista- sino que se apoyan ambos en la herencia de la ilustración que cree en el ciudadano y su libertad como base del edificio político institucional. Las diferencias de objetivos finales no marcan obstáculo alguno para dar en conjunto la lucha por la instalación definiva de la modernidad,

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junto a las demás formaciones políticas democráticas. La recuperación de la vigencia institucional, los derechos ciudadanos, la erradicación del clientelismo, la sanción de la ley constitucional de coparticipación federal de impuestos, la independencia real de la justicia, la erradicación de la corrupción administrativa y política, son banderas inherentes a liberales y socialistas, como herederos de la formidable revolución de la ilustración, presente en nuestra historia desde los inicios de la gesta revolucionaria de Mayo y consagradas en la Constitución Nacional. Oposición o alternativa Frente a las escatológicas decisiones de los años inmediatamente posteriores a la gran crisis de cambio de siglo, surgió en el escenario político y periodístico argentino el reclamo de una confluencia “opositora” para frenar los dislates. Sin embargo, la demanda para el avance hacia una nueva etapa de la sociedad es construir una alternativa que contenga y en la que deben participar todos quienes decidan aportar su esfuerzo para lograr los objetivos de recuperar el estado de derecho y la vigencia constitucional. El nuevo escenario global se desliza hacia la segunda modernidad. Ello implica superar las

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antiguas construcciones ideológicas, lo que no significa renunciar a las visiones que subyacen en ellas. En la inteligente sugerencia de Ulrich Beck, será necesario renunciar en algunas ocasiones a ciertas construcciones institucionales de la modernidad, que han llegado al límite de sus posibilidades, como única forma de preservar e incluso potenciar los valores que la identifican y que son permanentes: la libertad, el estado de derecho, la expansión del concepto de ciudadanía, el progreso económico y social, la construcción de pisos de dignidad humana que incluye garantizar similares puntos de partida en salud, educación, vivienda y calidad de vida.

A ellos se agregan los desafíos a problemas generados por el éxito del mundo moderno: el deterioro ambiental, la violencia con complicidades “glo-cales”, el terrorismo internacional, la necesidad de nuevas fuentes energéticas, las políticas de género y políticas direccionadas a la protección de las minorías, etc. Es posible que sea necesario imaginar y construir nuevas instituciones de reemplazo, orientadas a resolver los nuevos problemas pero comprensivas de los nuevos límites. Esa construcción debe realizarse en clave cosmopolita, entendiendo que no existe forma de resolverlos con medidas de alcance local o nacional y que el cosmopolitismo de hecho forma parte de la vida cotidiana a través de los productos

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consumidos, de los daños y riesgos propios del éxito de la modernidad, de la cultura global, de las acciones ciudadanas en el tercer sector, del movimiento de las finanzas y las inversiones, del destino de productos intermedios o finales cuyos mercados son externos, etc. etc. Ni uno ni otro programa (de la primera y segunda modernidad) son posibles sin romper con las arcaicas formas populistas. Pero tampoco sin crear marcos de diálogo respetuoso entre las diferentes visiones, que llevarán en muchos casos a alianzas coyunturales tras objetivos compartidos, aún entre viejos rivales. Volviendo a Beck, en su bien logrado concepto: la segunda modernidad trae consigo “el fin de lo obvio”, con su consecuencia directa: la posibilidad de empezar de nuevo4. Oposición, entonces, muy clara, al populismo y confluencia para recuperar la vigencia constitucional, con todos quienes sinceramente crean en la necesidad de culminar esa etapa nacional. Lograr esa tarea significará más de la mitad del camino de un proyecto para una generación. A partir de allí, sentido común y modernidad reflexiva para acordar un programa de concreciones en los temas centrales: energía, ambiente, infraestructura –en transportes, 4 Beck, Ulrich, “La sociedad del riesgo mundial”, Barcelona, 2008.

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comunicaciones, agua potable, servicios públicos igualitarios- en todo el territorio nacional, ocupación del territorio, inserción internacional, prevención de riesgos. En todos esos temas es posible encontrar consensos que pasan por encima de las viejas identidades de la primera modernidad y enfoques similares originados en antiguos adversarios. Y hasta es posible que dentro de los mismos bloques conceptuales de otrora se presenten diferentes ópticas sobre los nuevos problemas que ordenen en campos diferentes a antiguos viejos cofrades. Los partidos, como categorías históricas, son simples marcos de referencia que, en el nuevo escenario, deberán resignarse a la imposibilidad de grandes construcciones totalizadoras. Seguirán unidos por viejas épicas y por valores permanentes, pero serán sometidos –aún en su seno- a fuertes tensiones en la forma instrumental de concretarlos, entre ellos, nuestros tradicionales partidos nacionales. Radicales y peronistas han cumplido en la dinámica política y social argentina el papel de herramientas sustantivas de integración, más que discursos adjetivos de ideologías. Por definición, uno y otro se han sentido incómodos ante los intentos de encuadramiento en la geometría política de la vieja Europa. Sus posiciones se han dirigido a integrar a la sociedad, uno con las banderas de la ética y la democracia y el otro con el reclamo de la

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justicia social, y en sus propósitos han sido aceptablemente exitosos, pero han utilizado herramientas conceptuales diversas en etapas diferentes de la historia. Ambos constituyen valiosas herramientas para la reconstrucción del sistema político, a condición de que asuman –principalmente, el peronismo, más atacado que el radicalismo por los vicios populistas y lealtades corporativas- el obstáculo irreversible del comportamiento populista para que el país dé el gran salto adelante. Y que sin renunciar a su compromiso nacional, ambos adopten en sus análisis y marcos conceptuales una percepción cosmopolita, abarcadora de una realidad que hace tiempo superó la mirada exclusivamente interna. En este escenario será necesario introducir una nueva cultura del relacionamiento político. Es probable –y necesario- que cada objetivo muestre alianzas políticas o sociales diferentes, sin que por esto se altere la solidaridad básica en las líneas estratégicas. Fuerzas políticas que quizás coincidan en algunas metas, pueden discrepar en otras y formular diferentes alineamientos, fortalecerán la ductibilidad y efectividad de la democracia al servicio de los ciudadanos. Así funciona la política en las democracias maduras y ello no conmociona al sistema, sino que lo robustece. La política deberá además tomar nota del nuevo protagonista social: el hombre común, que

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puede decidir no formar parte de las grandes organizaciones partidarias pero ejercer su ciudadanía en forma activa en los temas de su interés. Recordar que ese ciudadano –y todos- son los dueños últimos de la sociedad y del sistema debería ser un ejercicio de memoria y reflexión permanente para las organizaciones partidarias y dirigentes políticos, cuyo poder se deriva de la voluntaria aceptación y decisión de las personas. La base de la sociedad es la persona humana y la célula de la sociedad política es el ciudadano. No el Estado, ni los partidos, ni los gremios, categorías históricas que, por definición, son sólo herramientas a su servicio. Una nueva protección a su libertad debe reforzar las anteriores visiones de las libertades “negativas”, ratificando sus viejos contenidos y reforzándolos con la edificación del piso de ciudadanía que permita desarrollar con la máxima autonomía posible su esfuerzo por mejorar su nivel y calidad de vida. Las nuevas formas de interacción y específicamente la interacción virtual deben ser incorporadas al funcionamiento político a fin de facilitar la participación de quienes deseen opinar, comprometerse y participar de las cuestiones públicas. Un sistema de consultas permanentes, de foros de debate y de encuestas “on line” sobre diferentes temas permitirá seguir las tendencias de los ciudadanos y guiar a sus “intérpretes”,

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representantes formales en el gobierno y cuerpos legislativos, en el mejor ejercicio de su función. Y una visión abierta a la globalidad, a los seres humanos que comparten el planeta en otras latitudes pero con los que estamos cada vez más relacionados, a los intereses de otros con los que deberemos trabajar en conjunto para lograr una casa planetaria más segura, menos polucionada, más libre, más equitativa. Esa será la política para la nueva marcha.

La política cosmopolita.

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SEGUNDA PARTE El cosmopolitismo como fenómeno irreversible

La impregnación cosmopolita de la vida

cotidiana es un fenómeno para nada nuevo, aunque su ritmo se ha incrementado paulatinamente en las últimas décadas. No ha tenido buena prensa en el ambiente intelectual, conmocionante como es de los marcos interpretativos y analíticos de la realidad férreamente atados a los estados y las sociedades nacionales. Es que el mundo globalizado pasa por encima de los cartabones interpretativos elaborados en los dos siglos de miradas acumuladas de los científicos sociales y aún de los políticos. No se trata ya de la relación “entre” sociedades o “entre” Estados, con capítulos definidos que integran el saber intelectual. Ni tampoco de los flujos de comercios, inversiones o finanzas de la economía global, también analizados con herramientas que, aún con sus actualizaciones, tienen décadas de ser estudiadas y “confirmadas” por el saber académico. Se trata de la ubicua imbricación de lo global con lo local, redefiniendo ambos espacios y limitando cada vez más los viejos saberes, que por ser asentados en viejos prestigios, alineamientos y cuasi-dogmas resulta tan difícil cuestionar, en la exigencia popperiana de la “falsación”, como paso

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ineludible para el aceptable reconocimiento de un conocimiento como verdad, siquiera provisoria. La mirada cosmopolita no es nueva. Existió desde la antigüedad, en ocasiones prestigiada, en otras despreciada según las modas abiertas o cerradas de los sucesivos marcos conceptuales. Se la vinculó con el conocimiento, con las costumbres, con la tolerancia, con lo extranjero, con la política, con la economía, con la cultura. La exigencia de los dos últimos siglos para legitimar una visión de lo social priorizaría el enfoque económico, considerado por la etapa epistemológica –aún- vigente como el determinante para la caracterización de la sociedad. Aceptaremos ese enfoque, aún cuando la etapa que atraviesa la humanidad en este cambio de siglo esboza una vez más la prioridad del desarrollo científico técnico como fuerza orientadora y a la vez, locomotora, de la evolución. ¿Cuáles son los productos de consumo masivo que con más fuerza han invadido a los consumidores de todo el planeta en el último cuarto de siglo? No es necesario más que la observación directa, que podemos confirmar luego con las estadísticas. En la primer década del siglo XXI, el teléfono celular. En el último cuarto del siglo pasado, las computadoras. En el último medio siglo, el televisor y el complejo tele-audio-visual, incluyente desde los viejos aparatos de TV en

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blanco y negro y los nostálgicos “combinados” o “Winco” que animaban las fiestas juveniles hasta los poderosos equipos de cientos o miles de Watts de potencia de salida inherentes a los megaeventos y festivales gigantescos, y en los últimos años sus equivalentes en el nuevo individualismo, los ubicuos “MP3”, “MP4”, “MP5” y los que vendrán. ¿Quiénes utilizan estos artefactos? ¿tienen límites de clase, de geografía, de niveles de ingreso o de estándares educativos? Las respuestas a estas preguntas pueden ser matizadas, pero en lo sustancial la primer respuesta es “casi todos” a la primera, y “muy pocos” a la segunda. ¿Cómo es el proceso de fabricación de estos artefactos? ¿Son propios de un país central que a través de su potencia de mercado los impone a los demás? Nuevamente: la producción es cada vez más global, su distribución cada vez más extendida, su proceso de diseño de ingeniería, construcción de partes, armado, comercialización, distribución, financiamiento y venta final es cada vez más cosmopolita. Dejemos por un instante estas “puntas de lanzas” de la tecnología, la economía y la cultura. Pasemos a otro complejo industrial de difusión universal: el transporte. ¿Quién usa automóviles? ¿Dónde se fabrican?

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Las respuestas no tienen demasiadas diferencias con las anteriores. Íconos de la industria del siglo XX, surgieron limitados a los países desarrollados de occidente y a sus “periferias” y se extendieron hasta ser hoy un bien universal. Los usan “casi todos”, y cada vez más, aún a riesgo de una polución ambiental creciente y un deterioro de la atmósfera que no es óbice para la generalización de esta “herramienta de libertad” que implican los autos. Seguramente la tecnología agregará en los próximos años modelos crecientemente independientes de la quema de combustibles fósiles, de menor cilindrada, optimizando el uso de energía. Nada indica, sin embargo, que los seres humanos renuncien a a esta ampliación de libertad personal que significa el tranporte mecánico individual. La respuesta a la segunda pregunta también es parecida: se fabrican en todos lados. Superada la primera etapa de la industria “cerrada” de las primeras épocas –extendida hasta el comienzo de la segunda mitad del siglo XX- en la que los procesos productivos eran los propios del mundo del primer paradigma moderno (sociedades y estados nacionales), la industria automovilística fue desplazando etapas productivas hacia diferentes regiones hasta convertirse en un verdadero complejo cosmopolita. Un automóvil “argentino” habrá agregado un escaso y simbólico valor final

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“nacional” (“Industria Argentina”) a un producto que contará con partes originadas en diversos lugares del mundo. Puede tratarse de un automóvil diseñado por un equipo alemán, diseño adquirido por una empresa norteamericana, cuyos dueños mayoritarios pueden ser accionistas japoneses, que es desarrollado por un equipo de ingenieros de proceso de origen plurinacional y cuyas autopartes proceden de China, Italia, Brasil, Corea, México o Taiwan. Utilizará para su funcionamiento aceites formulados en el Reino Unido, elaborados en el país con componentes españoles y combustibles destilados en Argentina sobre la base de crudo adquirido en el mercado nacional e internacional, que puede ser gasoil venezolano, gas boliviano o petróleo mexicano. Una mirada a otros complejos industriales puede atenuar en algo la cosmopoliticidad del proceso. Sin embargo, tampoco en tanto: los productos de mayor movimiento económico tienen similar matriz. Los “jeans”, el calzado deportivo “de marca”, los alimentos procesados, la oferta “gourmet”, los juguetes, la industria de entretenimientos, los contenidos audiovisuales más vistos, los perfumes, la óptica, los productos de belleza y cosmética, son el resultado de la imbricación cosmpolita de investigación de base, desarrollo tecnológico, diseños de producto y de proceso, financiamiento, organización de la

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producción, la distribución y el consumo, la publicidad, la venta final, realizada en cadenas de valor “de-construidas” y luego “re-construidas” en una economía que hace tiempo superó los límites nacionales, y lo sigue haciendo a una velocidad exponencial. Nótese que no se trata de exóticos productos al alcance sólo de “la oligarquía”. Celulares, televisores de todas las “generaciones” tecnológicas, complejo audiovisual y de comunicaciones, automóviles, vestidos, alimentos, confort, son el consumo industrial principal de la sociedad mundial. El “cosmpolitismo banal” –en términos de Ulrich Beck- es cada vez más la norma, frente a los viejos cartabones interpretativos de los últimos dos siglos. ¿Dónde está, en este proceso, la lucha de clases? ¿Dónde el capital, dónde el proletariado, dónde la pequeña burguesía? ¿cuál es el nivel de la plusvalía, de la “tasa promedio de ganancia”, de la renta? ¿Dónde está el interés nacional, dónde los Estados, dónde las herramientas de actuación? Pues... en todos lados. Tan difuminados que resulta imposible aislar sus “intereses” recíprocos y sus líneas de choque con sus tradicionales “enemigos” o “rivales”. La cosmopolitización del mundo puede mostrarnos curiosidades tales como proletarios luchando –o trabajando- con sus precisos patronos frente a proletarios que hacen lo propio con sus –

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también precisos- patronos, defendiendo las ventajas de sus productos frente a nuevos competidores que surgen en países recién llegados y ofrecen desde autopartes hasta productos químicos, desde “commodities” hasta diseños de ingeniería o servicios informáticos, en condiciones más competitivas. La “sociedad de riesgo mundial” se ha instalado, cerrando las viejas indagaciones de la primer modernidad y abriendo las nuevas, cuyas características se sintetizan en la histórica afirmación de Beck: el “fin de lo obvio”, con su enorme potencial: empezar de nuevo. Viejos rivales se encuentran trabajando juntos para superar nuevos problemas, antiguos aliados se distancian por visiones diferentes por su situación relativa frente a la distribución de riesgos de la segunda modernidad. Norteamericanos y rusos, otrora enemigos que polarizaron las pasiones políticas y sociales de las personas durante siete décadas del siglo XX en una macabra carrera de riesgo nuclear, son hoy socios ante el riesgo del terrorismo internacional y de las armas de destrucción masiva. Europeos y norteamericanos, socios de la férrea alianza estratégica de postguerra frente a su enemigo del mundo bipolar, se distancian por su situación –y políticas- diferentes ante los riesgos del deterioro ambiental e incluso de determinados problemas de la seguridad global. El triunfo de la modernidad instaló nuevos

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problemas, nueva distribución de riesgos y ventajas, nuevos costos con nuevas polémicas sobre su solución. Ya hablaremos de ello. Similar reflexión cabe a las herramientas de políticas tradicionalmente utilizadas por los Estados Nacionales para sus políticas económicas. Al formar parte de cadenas de valor cosmopolitas, el “cierre” de la economía para “defender” empresas nacionales, herramienta usual en los mediados del siglo XX con el auge del “autarquismo” como expresión cuasi natural de la sociedad y el Estado nacional, deriva en la retracción productiva, no sólo por las represalias de mercado –resabios de las antiguas luchas económicas- sino, más sencillamente, porque al marginarse de la economía global margina a las partes locales de la cadena de valor que produce la rentabilidad final, ya que el sistema no tardará en reemplazar la etapa automarginada por otras ofertas que aparecerán ansiosas de ocupar un mercado abierto de improviso por el abandono de uno de sus protagonistas. Una cabal demostración de la acción del Estado diferente lo ha dado Brasil ante la crisis global del 2008: abrir más su economía, para aprovechar la crisis apoyando su vocación de crecimiento en las dificultades del mercado global. No sólo eso: la decisión del gobierno brasileño de promover la adquisición de

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automóviles con créditos blandos, aún de aquellos no “fabricados” en su territorio, muestra la lucidez y actualización de su análisis político y económico: los automóviles adquiridos pueden no ser “fabricados” en Brasil, pero contendrán etapas productivas que sí lo están, desde autopartes hasta diseño, comercialización y servicios. Mantener funcionando la cadena de venta y aprovisionamiento de automóviles, aún de los “importados” –estaciones de servicio, talleres, concesionarias, asistencia postventas, etc.- tiene tanto o más impacto en la actividad económica global que el hipotético “cierre” de las importaciones para “defender la producción nacional”. El razonamiento de la política brasileña ha sido “cosmopolita”, utilizando las herramientas de la “modernidad reflexiva” en lugar de ceder al “reflejo irreflexivo” de reproducir, fuera de tiempo, herramientas de la primera modernidad que agravarían el problema en lugar de atenuarlo. Hasta un sector aparentemente tan desvinculado de la modernidad como la producción bovina ha mostrado a comienzos del siglo XXI los efectos de las herramientas de política económica de la “primera modernidad”, inadecuadas para incidir en la economía global en forma positiva, frente a la “modernidad reflexiva” que exige la segunda modernidad de la sociedad cosmopolita. En nuestra región podemos ver los efectos de

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ambas políticas a ambos márgenes del Río de la Plata, con el valor agregado de poder observar la inutilidad de las antiguas categorías de “izquierdas” y “derechas” frente a la más adecuada de la primera modernidad estatal y cerrada, contrastada con la segunda modernidad, cosmopolita y reflexiva. En la Argentina, un gobierno que demoniza a “la derecha” posicionándose en la ortodoxia del “progresismo” de la primera modernidad, aplicó al sector ganadero, frente a la suba de precios internacionales de la carne, la prohibición de exportación. La declaración de la –entonces- ministra de Economía, Felisa Micelli, al fundamentar la medida se ubicó incluso intelectualmente antes de Manuel Belgrano y Mariano Moreno: “abriremos la exportación cuando los precios internacionales bajen, para que no distorsionen los precios internos”. La frase resume una política que, con uno u otro matiz, se proyectó a través de las decisiones de la Secretaría de Comercio en los años posteriores. La consecuencia fue la reducción del stock ganadero, la liquidación de vientres y la reducción de las exportaciones de 700.000 toneladas en 2004/5 a poco más de 200.000 toneladas en 2008. El precio interno se redujo, pero junto a la reducción del precio interno –producido por la liquidación acelerada del sector- se liquidó el capital invertido,

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que en el caso de la ganadería está simbolizado por la cantidad de vacas “madre”, primer eslabón de la cadena productiva que sigue luego con la etapa de “servicio”, preñez, nacimientos, destete, engorde, engorde final, frigorífico, elaboración, distribución interna y externa y consumo final. El precio del “kilo vivo” pasó de Un dólar en 2004 a setenta Centavos de dólar a fines de 2008, mientras el costo medio de producción pasó de setenta y cinco Centavos de dólar en 2004 a un dólar y medio en 2008. El resultado es inexorable: la rápida liquidación de la actividad y de su cadena de valor –en la que participan en forma directa e indirecta cerca de un millón de personas- ante el escenario de quebranto. El país, como conjunto, dejó de recibir el producido de las exportaciones y el fisco redujo consecuentemente su recaudación por los –insólitos- impuestos a la exportación conocidos como “retenciones”. Fue la consecuencia natural de la aplicación de una política típica de la primera modernidad (cerrar la economía nacional) a una actividad “cosmopolitizada” virtualmente desde que comenzó, hace dos siglos. En el Uruguay, la política de un gobierno de izquierdas, pero de visión moderna y reflexiva, tomó decisiones exactamente inversas. Liberó totalmente la distribución y promovió en forma clara las etapas más débiles de la cadena –créditos blandos en la etapa inicial-. El resultado logrado

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fue el incremento de la producción ganadera y de las exportaciones, que alcanzaron el medio millón de toneladas duplicando su volumen, en base a ocupar gran parte de los mercados abandonados por la Argentina a pesar de que su stock ganadero es apenas del 25 % que el de su vecino. El precio interno, por su parte, se redujo, debido a que los cortes demandados por la población no tienen potencial exportador, pero son producidos por los mismos animales que originan los cortes exportables. El propio mercado determinó el equilibrio. El precio de exportación generó rentabilidad creciente, mientras la capacidad de compra interna fijaba los precios domésticos. A mediados del año 2008 la carne en el Uruguay era abonada, por sus ciudadanos, a un precio inferior al de la Argentina, mientras la cadena de producción se beneficiaba fuertemente por los nuevos mercados y los precios internacionales en alza, los mismos que habían llevado a la Argentina a abandonarlos: destinados los cortes delanteros a los consumos populares, el resto alcanza valores de exportación entre siete y nueve dólares el kilo, con el consumo “top” del lomo, que alcanza a los quince dólares. La misma situación del mercado global llevó a la Argentina a una grave crisis y al Uruguay a un gran salto productivo. Pero no es cosmopolita sólo la economía. También lo es crecientemente la cultura. El

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desarrollo de las telecomunicaciones ha creado posibilidades de llegada a la sociedad global a protagonistas diversos. Utilizados masivamente por los países desarrollados y especialmente por empresas norteamericanas, estos canales de llegada –sistemas satelitales, productoras globales, distribución de señales a través de cable, segmentación creciente del espetro radioeléctrico por las nuevas tecnologías de paquetización, etc- llevan a los hogares de los sitios más diversos del mundo una oferta cada vez mayor, que se abre paso dentro del denso entramado del tradicional predominio holiwoodense. Los televidentes argentinos tienen acceso a series mexicanas, colombianas y brasileñas. Los israelíes, rusos y chinos, a producciones argentinas. El mercado audiovisual latinoamericano –y el propio estadounidense, con una audiencia hispanohablante de más de cuarenta millones de personas- ya no es el coto de caza exclusivo de las productoras californianas. Está globalizado, impregnando con modismos locales, visiones alternativas, conocimiento de nuevas formas de vida y convivencia, el imaginario cultural de las sociedades más diversas. El efecto en la vieja “policía” audiovisual de la sociedad y el Estado Nacional se reduce correlativamente. Sería hoy inimaginable un escenario de censura como el que se conoció en el

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país en las épocas dictatoriales mediante la legendaria tijera del censor Tato, no sólo porque no lo aceptarían los protagonistas sino porque si se intentara, las oportunidades de producción en otros sitios no los condenaría a la desaparición sino que habría sólo agregado un obstáculo molesto pero no insorteable. Ello no significa que ese poder haya desaparecido, sino sólo que carece del potente “imperium” de otras épocas. Similar reflexión cabe al sistema noticioso y de información política y pública, en la que la obsesión dictatorial de los gobiernos hace simbiosis con los actores que todavía necesitan una autorización pública para funcionar. Esa capacidad de incidencia tiene aún valor, pero cada vez menos, ante la gran cantidad de medios de información y opinión alternativos que llegan directamente a los ciudadanos, que además interactúan. Los episodios de la “batalla del campo” que vivió la Argentina entre marzo y julio de 2008 hubieran tenido una dimensión diferente sin la presencia de las herramientas de comunicación personalizadas de origen cosmopolita que significaron los blogs, los e-mails, los foros, los celulares, los mensajes por celulares (MSM), los comentarios de los lectores en las ediciones virtuales de los medios, etc. El interrogante que se impone frente a esta realidad es: ¿es irreversible la tendencia cosmopolita? ¿Pueden regresar a ser nuevamente

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predominantes los marcos nacionales? Y las respuestas son claras. La cosmopolitización es tan irreversible como fue el surgimiento del capitalismo. Es una nueva forma productiva, un nuevo paradigma apoyado en el potente desarrollo científico técnico de las últimas cuatro décadas. Su velocidad no disminuirá, sino que es incremental. La tendencia puede sufrir alguna ralentización producto de crisis financieras coyunturales como la vivida en el 2008, o de estallidos de violencia en zonas calientes, pero es inherente al estadio de desarrollo de la humanidad a comienzos del siglo XXI. Sólo es imaginable una detención de esta tendencia con episodios catastróficos fuera de toda posibilidad humana de previsión –fenómenos astrofísicos o geológicos- o por un conflicto nuclear generalizado, más cercanos a una “singularidad” –cuya esencia es la imposibilidad epistemológica de aprehenderlos desde una perspectiva científica o racional- que a un presupuesto de análisis social. En consecuencia, es también altísimamente improbable que los marcos nacionales se reconstruyan con las fronteras geográficas, culturales, económicas y políticas anteriores, tanto como que los Estados y sociedades nacionales vuelvan a ser el paradigma político identitario en las próximas décadas. El escenario más probable es el de la creciente cosmopolitización, la fuga de las

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sociedades nacionales hacia la sociedad global en ritmos asincrónicos, la necesidad de articular políticas para evitar los riesgos globales y la inclusión del ingrediente cosmopolita en la reflexión frente a cada situación que requiera decisiones públicas.

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La política cosmopolita – Hacia un nuevo paradigma

Aunque siempre ha existido la relación entre grupos humanos, toda la elaboración intelectual sobre la política ha girado, desde los tiempos antiguos, sobre el interior de esos grupos. Tribus, ciudades, ciudades-estado, reinos, imperios, formas de gobierno, derechos de las personas, e incluso la culminación de la construcción política universal, la Organización de las Naciones Unidas, se asienta en la moneda de doble faz que exhibe “Estados/ciudadanos hacia el interior – Estados/Estados hacia el exterior”. El Estado nacional y su substracto fáctico, la sociedad nacional, no han renunciado, aún hasta nuestros días, en reivindicar su centralidad conceptual y normativa, sea para diseñar sus respectivos ordenes internos, sea para decidir como “contrata” con los demás, en ejercicio de su soberanía. La “no intervención”, principio cristalizado en los tratados de Osnabruk y Münster, que terminaron con la Guerra de los Treinta Años en 1648, se internalizó a tal punto en la conciencia de las sociedades que en pleno siglo XXI es evocado hasta para justificar la potestad suprema del Estado en temas que a la conciencia universal les resultan cada vez menos justificables, como la violación de los derechos humanos.

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Y lo cierto es que la evolución económica de la humanidad permitía esa compartimentalización. Aún en las épocas de fuertes globalizaciones –como la producida luego de los descubrimientos geográficos que ampliaron el mundo europeo a partir de los siglos XV-XVI y la que se asentó en el exponencial crecimiento del comercio mundial y la expansión de las inversiones coloniales en los XIX y XX- los Estados Nacionales siguieron siendo los protagonistas finales de los que surgían las normas internas e internacionales que las contuvieron. El mundo de la Paz de Westfalia, diseñado en 1648 reemplazó la “Ciudad Universal”, herencia del Imperio y del Papado, e instaló la soberanía de los Estados Nacionales como protagonistas soberanos de la nueva etapa del mundo. Dentro de cada Estado, mandaba él, sin derecho a que nadie interfiriera en sus asuntos. Fuera de los Estados, regía el mundo contractual del “entre-Estados”. No había otros protagonistas. La economía, por su parte, se encontraba cómoda con ese diseño. Se liberaba de las viejas fronteras internas de base feudal, podía desarrollarse sobre normas homologables de aplicación general a todos –aporte de la Ilustración- y cuando avanzaba hacia el mundo para el intercambio, se encontraba con normas medianamente claras, también establecidas por el derecho internacional, que permitían una aceptable

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seguridad para el intercambio y la protección de los navíos por la bandera y de las personas por la “nacionalidad” –y el respaldo militar y político- del país de origen. Fue en el siglo XX cuando ese orden normativo comenzó a ser insuficiente y cuando comenzaron a insinuarse otras figuras que paulatinamente “cosmopolitizaron” el escenario global. A comienzos del siglo XX, tan sólo dos organismos, la Unión Postal Universal y la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, insinuaban una organización supraestatal, aunque conservando sus férreas raíces internas: sus formadores eran los propios Estados. Pero no tardaron en aparecer nuevos, que durante todo el siglo XX y lo que va del XXI han construido y siguen construyendo un denso entramado normativo de diferentes origenes.

Ese entramado incluye organismos públicos internacionales, intergubernamentales, mixtos, privados, solidarios, Ongs de diversa índole y con diversos objetivos, justicia internacional y regionales, organismos internacionales y regionales de gestión del clima, de la seguridad y de los delitos globales. E incluye, cada vez más, al protagonismo de las personas comunes, a las que en ocasiones se les abre ya la interlocución directa con entidades públicas supraestatales, inaugurando

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la construcción de una especie de “ciudadanía universal”.

Infinidad de ONGs de diverso carácter y finalidades, muchas de ellas con financiamiento originado en los Estados, otras en Empresas, otras en los organismos internacionales estatales o para-estatales y también en individuos en forma directa, tienen un protagonismo global compartiendo el escenario con los viejos –excluyentes- actores, y abriendo el abanico de interrogantes con nuevas indagaciones teóricas y prácticas sobre su naturaleza. Y sobre su relación con el edificio conceptual filosófico-político del mundo “moderno”, férreamente asentado y contenido por las sociedades y los Estados nacionales.

Nuevas indagaciones se instalan para la reflexión, tanto sobre la naturaleza última de cada actor, como sobre las formas de actuación y el marco normativo que las contiene, frente a los demás. Y los temas no son menores, habida cuenta que la realidad tecnológica muestra, a su vez, que no es necesario contar con el respaldo de un Estado nacional para acceder a artefactos generadores de peligro y eventualmente, desatadores de catástrofes, que alcanzan a colectivos importantes.

Esos nuevos peligros coronan la demanda normativa que ya se insinuaba ante el crecimiento tecnológico en el área exclusivamente económica o financiera, más o menos cubierta con la normativa

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inter-estatal y auto-regulada. Los acontecimientos traumáticos del 11 de setiembre del 2001, así como los atentados terroristas en Londres, Madrid, Bali, Bombay y muchos otros muestran que la seguridad global no depende de las ingeniosas normas de equilibrio, “detente”, no proliferación de armas de destrucción masiva o incluso el control de la no proliferación nuclear, sino que la sociedad –humana-, por encima de cualquier encierro estatal, debe diseñar e implementar nuevos enfoques para los nuevos problemas, que los conceptos anteriores son impotentes para prevenir.

Los supuestos de conflicto no enfrentan a Estados o sociedades entre sí, como en la primera modernidad. Tampoco pueden suponer un substrato cultural de valores mínimos compartidos, como el apego por la vida humana, que el terrorismo suicida ha convertido en antigüedad. Porque si bien el terrorismo anarquista existió siempre, su objetivo estaba ligado a la lucha política entre Estados –y por lo tanto, podía ser previsto por las normas internacionales- o a la lucha política por el poder interno –y por lo tanto, ser objeto de las prevenciones legales de cada Estado-. El actual terrorismo no persigue el poder sino que aprovecha la nueva dialéctica “terror-catástrofe”, instalada a nivel global a través de las redes de información, para golpear en todo el planeta en tiempo real. Sus propósitos pueden

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terminar beneficiando o perjudicando a intereses que se encuentren en conflicto por acciones o diferencias propias de la primer modernidad –como un tema de límites, de distribución de ingreso, o incluso ante una eventualidad electoral, como ocurrió en España en el año 2002-, pero su dinámica interna es independiente de la previsión, información, conocimiento y voluntad de los protagonistas del conflicto en el que incide. Volviendo al mismo ejemplo, aunque los atentados de Atocha en Madrid generaron un cambio de opinión pública que varió el resultado electoral previsible para esa jornada, ninguno de los protagonistas de esa batalla electoral –ni socialistas, ni populares, ni nacionalistas, ni las fuerzas de izquierda- tuvieron contacto, conocimiento ni influencia alguna en el diseño y la ejecución de los atentados. Quienes planificaron y ejecutaron los atentados ni siquiera pertenecían al “colectivo” español, a pesar de lo cual terminaron incidiendo en la decisión ciudadana más que cualquier protagonista interior del estado y la sociedad española. Es más: no incidieron al azar. Incidieron porque eso era lo buscado por sus autores. Es la demostración más cabal y dramática de la “cosmopolitización” de la propia política interior.

Es importante reafirmar el concepto ya esbozado más arriba: el terrorismo cuenta hoy, por

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el desarrollo tecnológico, con posibilidades de acción que jamás había tenido en la historia de la humanidad, y no requiere para ello una nacionalidad determinada ni tener el respaldo de un Estado Nacional.

Sin embargo, los ciudadanos siguen esperando que el Estado nacional les garantice la seguridad, lo que éste no puede hacer sólo, y quizás tampoco pueda hacerlo con la ayuda de sus tradicionales aliados estratégicos cosechados en las visiones de la primer modernidad, cuando los eventales peligros o hipótesis bélicas eran definidas por los Estados en función de vecindades, intereses comerciales, necesidades estratégicas o bloques políticos. Y extremando el análisis: es posible que ni siquiera pueda hacerlo ni contando con la ayuda de todos los demás Estados del planeta, organizados en las Naciones Unidas. Volviendo a Ulrich Beck: se acaba lo obvio, y con ello nace la posibilidad de un nuevo comienzo, en el que quizás todo sea diferente.

No es sólo desde la magnitud del peligro catastrófico y del terror como la visión y la praxis cosmopolita se introduce al interior de las sociedades nacionales: también en cuestiones menos traumáticas pero constantes, que impregnan los debates internos con las preocupaciones globales. Uno de los aspectos en los que es posible visualizar esta imbricación es el de la contradicción

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entre el desarrollo industrial y la protección ambiental.

El crecimiento económico fue una tradicional demanda de la primer modernidad como herramienta para elevar el nivel de vida de millones de personas y de fortalecer la sociedad y el Estado Nacional. Se vió como el paso natural y deseable desde las formas de vida ancestrales, ligadas al mundo rural, sin perspectivas de superación personal, a las que el trabajo en serie les abría, aún al precio de una nueva forma de alienación, una situación de esperanzas, una vida con mayores accesos al confort e incluso las chances de superación transgeneracional mediante la extensión de los servicios sociales y estatales de alcance universal. Educación, salud pública, ventanas al mundo financiero para acceder a bienes de uso durable con destino al hogar, e incluso servicios propios de la vida en la ciudad, como el agua potable, el saneamiento, la electricidad y las telecomunicaciones accesibles.

Ese proyecto triunfó, pero abrió nuevos problemas, los propios de la segunda modernidad. Se polucionó el ambiente, surgieron problemas de hacinamiento, se saturaron los sistemas de servicios, llegó el calentamiento global, entraron en crisis los sistemas de seguridad social y de asistencia.

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Las generaciones que llegaron a la vida junto con estos nuevos problemas se motivan por ellos, aunque no siempre intelectualizándolos en su integridad, en forma “reflexiva”. Los primeros pasos de los reclamos “verdes” mostraron el patetismo de estas limitaciones. Un mundo idílico sin industrias ni polución sólo es viable y puede albergar y alimentar a los dos millones de seres humanos que lo habitaban hace treinta mil años. Es absolutamente impotente para hacerlo con los casi siete mil millones de personas que hoy lo habitan.

Pero es indudable que los problemas existen y deben enfrentarse, aunque están definidos y calificados por ingredientes que no forman parte de la organización del mundo de la etapa anterior. Atraviesan fronteras, tienen alcance global, requieren comprensión y acciones múltiples y son indemnes a cualquier esfuerzo individual, regional e incluso nacional. Se introducen en el debate político interactuando con las conceptualizaciones y axiologías previas. La industrialización –valor innegable de la primer modernidad para cualquier visión ideológica- es enfrentada a las consecuencias que genera, abriendo frentes de conflicto que no alinean a los protagonistas de la misma forma que en el debate anterior. Los “verdes” despliegan una diversidad de argumentos que se extienden desde la exigencia de desmantelamiento total de las industrias –

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posmodernidad “banal”- hasta su reconversión hacia procedimientos homologados que disminuyan al máximo tecnológicamente posible sus efectos contaminantes o dañosos –modernidad reflexiva-. Es indudabe que, en uno u otro caso, el cosmopolitismo llega a la política con nuevos enfoques a los viejos problemas.

La precisión en la visualización de beneficios y riesgos, de ventajas y daños, alineará a los nuevos actores. Quienes sean beneficiarios de las ventajas de los emprendimientos chocarán con quienes sufran los daños, que no necesariamente pertenecerán a los mismos grupos. El conflicto generado por la instalación de la procesadora de pasta celulósica en Fray Bentos –Uruguay- con los vecinos de Gualeguaychú –Argentina- son una demostración de situaciones que campean por el mundo con similares desafíos. Pero este conflicto, limitado y pequeño –desde la perspectiva global- es apenas un ejemplo: los próximos años, con el reverdecer de los proyectos de generación nuclear debido al agotamiento del petróleo y al calentamiento global, sumados al terror etéreo que campea en el mundo por las posibles consecuencias catastróficas de eventuales acciones terroristas ampliará esta clase de conflictos, propios también de la segunda modernidad. Y la incorporación al mundo industrial de los países que hoy están en proceso de desarrollo acelerado con el

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perfil de la primer modernidad –China, Brasil, India, Rusia- agregarán un deterioro al ambiente global que será sufrido por todos los seres humanos, cualquiera sea el lugar del planeta en el que residan. La modernidad reflexiva en una dimensión cosmopolita es el único camino para resolver la infinidad de conflictos, globales y locales, que se generarán en el futuro, porque ellos serán indemnes a cualquier acción nacional aislada.

Similar reflexión merece el tema de la vigencia y defensa de los derechos humanos. Aunque su origen en la Ilustración los vincula fuertemente a los órdenes jurídicos y políticos nacionales, fueron –nuevamente- el triunfo desbordado de esa modernidad y los terribles episodios de las dos grandes guerras del siglo XX y específicamente la segunda, con el Holocausto del pueblo judío, los hechos que lanzaron a la consideración e instalaron su vigencia por encima de los propios Estados. En cierta forma, los derechos humanos con vigencia universal deben un reconocimiento al fanatismo criminal de Adolf Hitler. Los procesos de Nuremberg, que agregaron a las tradicionales causales de imputación (crímenes de guerra y crímenes contra la paz) la de “crimes against humanity”. Los dos primeros tenían su raíz y su razonabilidad en el orden jurídico, político y conceptual de la primera modernidad. El tercero implicó una vinculación

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directa entre las víctimas y los autores al margen de las organizaciones estatales, una reivindicación de la condición humana de los seres comunes, a tal punto que integraron la definición de estos crímenes hechos desvinculados de la política intra-estados o inter-estados. Decía, en efecto, el artículo 6 de la “Charter of the International Military Tribunal”, y al margen de la limitación que implicaba aplicar el concepto sólo a los vencidos: “Crímenes contra la humanidad son el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación y otros actos inhumanos cometidos contra cualquier civil antes o durante la guerra; o persecusiones por motivos políticos, raciales o religiosos en ejecución de o con relación a cualquier delito de la jurisdicción del Tribunal, fueran perpetrados o no infringiendo la ley del país en cuestión”.

Nótese en esta definición dos aspectos de altísima significación, fatal para la unidad del orden jurídico de base estatal-nacional vigente hasta entonces en el mundo edificado sobre el concepto de la soberanía: 1. La delimitación temporal se extendía a quienes hubieran cometido los hechos “antes o durante la guerra”; y 2. “fueran perpetrados o no infringiendo la ley del país en cuestión”. Estos dos conceptos desligan definitivamente la defensa de los derechos humanos de la legislación interna de cualquier país, a tal punto que se impone la obligación de

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defenderlos aún enfrentando la legislación nacional. El concepto de la “soberanía absoluta”, vigente hasta entonces y que sostuvo históricamente la impunidad de actos aberrantes –como lo fue, entre otros, el propio genocidio armenio- por haber sido dispuestos por el Estado con soberanía sobre el territorio, se alteró sustancialmente ante la aparición de un “haz” de derechos, los derechos humanos, cuya responsabilidad de custodia recae sobre toda la humanidad en su conjunto, al margen de cualquier decisión estatal. El germen del derecho cosmopolita estaba aplicado por primera vez en la historia y ya no abandonaría el terreno perdido. La organización del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, instaurado por los cuarenta y seis Estados europeos en la temprana segunda post-guerra y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos son ensayos en la dirección de la obra magna de la Corte Penal Internacional y de la asunción, por parte de tribunales nacionales diversos, de la responsabilidad de la persecusión de los “delitos contra la humanidad”, cualquiera sea el lugar en que hubieran cometido, si no fueran perseguidos por las autoridades vigente en ese país. Este ejemplo de justicia cosmopolita está llamado a expandirse a otros aspectos de la vida.

El Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) es otro

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ejemplo de política y justicia cosmopolitizada. Creado en 1964, incluye a 134 países que han ratificado el Convenio que lo creó, en el marco del Banco Mundial y con el objetivo de dar seguridad jurídica a las transacciones y contratos vinculados con las inversiones en países ajenos a su origen nacional. Pueden acceder a él directamente los inversores que consideren que sus derechos son violados por el Estado parte que ha ratificado el mencionado Convenio.

Los dos ejemplos –derechos humanos, protección con instancia internacional para la garantía de inversiones- son apenas eso: ejemplos. El derecho ambiental, la protección de especies en peligro, los delitos internacionales, la protección de la infancia y de las minorías, etc.- abren crecientes espacios de normativas cosmopolitas, con instancias sin formato unificado pero con mayor o menor accesibilidad por parte de los ciudadanos, entidades de bien público y Estados. La tendencia del último siglo, acentuada en las últimas décadas, ha sido invariable hacia el crecimiento, en cantidad y complejidad, de estas instancias y no pareciera que puedan interrumpirse en un plazo previsible.

Y, desde una visión integral, el surgimiento de un nuevo paradigma económico global que incluye la fragmentación de las cadenas productivas y la mundialización del mercado, también indica que la realidad cosmopolita será

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creciente e irreversible. Preguntarse en los umbrales del siglo XXI si es posible que ese proceso se detenga y se instale nuevamente el paradigma de la primer modernidad –sociedades, mercados y Estados nacionales- como base económica y política del mundo sería igual que haberse preguntado en el siglo XVIII si volverían los reinos feudales, o durante el feudalismo si regresaría alguna vez la organización del Imperio Romano. Sin negar que la utopía del retorno alimentó ilusiones de muchos pensadores, artistas nostálgicos y poetas románticos, la creciente sofistificación de las relaciones sociales, la fuerza del comercio, el desarrollo tecnológico y la secularización creciente del poder y las costumbres acompañadas por la reforma protestante y la propia contrareforma católica marcaron un paso irreversible en la marcha de la sociedad hacia su nuevo paradigma.

La Ilustración primero –con su reclamo de imperio de la razón y el conocimiento científico- y las revoluciones democráticas luego –con la secularización del poder y el principio de la soberanía popular- instalaron en forma inexorable el marco normativo para una economía que había saltado las etapas feudales, artesanales, de subsistencia y de mercados locales y la había reemplazado por la ley de alcance general, la acumulación del capital en pequeñas fábricas y los

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mercados nacionales sin aduanas interiores. Como ahora, la tendencia hacia el nuevo paradigma había sido inexorablemente impulsada por los cambios en el mundo económico y social. Como ahora, esa tendencia marcaría un rumbo irreversible, aún a costa del fin de dinastías centenarias, del complejo entramado jurídico feudal y de milenarias creencias, integrismos, supersticiones y antiguos poderes locales que se desgranaron ante el nuevo escenario del mundo moderno.

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¿La política cosmopolita es politica internacional? Al contrario de lo que puede entenderse de las reflexiones anteriores, la tesis de este trabajo es que la política cosmopolita atraviesa la propia definición de la política y se proyecta a cada relación de poder en el seno de cada una de las sociedades nacionales y en cada uno de sus estamentos. Veamos algunos ejemplos cercanos. La decisión de “cerrar la economía” ante una crisis, propia de los reflejos típicos del mundo industrial de la primera modernidad, es esencialmente nacional. La puede tomar el parlamento, o la propia administración en los países de menor calidad institucional y más rudimentarios en su organización política. Su fuente normativa, de cualquier forma, es sin lugar a dudas interna. Los resultados de esa decisión, sin embargo, tendrán efectos internos pero también cosmopolitas. Como ya vimos con el ejemplo de la política ganadera de la Argentina a partir del año 2005, el efecto en la situación interna del país fue efectivamente negativo: redujo el stock ganadero, impidió el crecimiento de toda la cadena de valor de la mencionada producción, redujo los saldos exportables, redujo la recaudación fiscal, y tuvo

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escaso efecto en la formación del precio del producto a los consumidores internos. Pero también tuvo efectos externos. Al desaparecer –o reducirse la importancia- de las exportaciones de carne argentina, los competidores avanzaron rápidamente sobre el mercado. Exportadores de Uruguay, Paraguay y Brasil ocuparon ese espacio ampliando su penetración y logrando beneficiarse, como contracara, de muchos de los aspectos en que la Argentina se (auto) perjudicó: mayores saldos exportables, mayor desarrollo de su cadena de valor, mayor recaudación por impuestos internos, reducción del precio del producto para sus consumidores internos. Esos efectos marcan la diferencia entre asumir la dimensión cosmopolita de la política con la aplicación de una modernidad reflexiva, o mantener los cartabones interpretativos desarrollados en la primera modernidad, aún a costa de que su aplicación genere perjuicios en lugar de beneficios, contrarios al efecto presuntamente buscado. ¿Cuál será el efecto de cerrar la importación de productos de consumo mediante mayores aranceles o alteración artificial del tipo de cambio, con el argumento tradicional de la “protección de la industria nacional”? Similar desarrollo analítico mostrará también la inconveniencia de esta

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medida. Al tratarse de productos de producción altamente cosmopolitizada, en cuya cadena de valor la economía nacional participa tan sólo con algunos eslabones –que pueden ser, quizás, sólo la distribución, comercialización y servicio de post-venta- la disminución discrecional o artificial de este flujo dañará esa cadena de valor –incluso, llevándola hasta su desaparición-, sin beneficio alguno para el conjunto, ya que no existe posibilidad de desarrollar a partir de la crisis una línea de producción completa, que requiere por sus características un alto grado de escala en la producción –sólo rentable si el mercado es el global-, las tecnologías de vanguardia no son dominadas por la industria local y la densidad de capital necesaria será inaccesible para una economía que, justamente, está sufriendo una crisis y requiere volcar recursos a paliar necesidades sociales muchísimo más acuciantes que la investigación y desarrollo intensivas en sectores de alta complejidad y tecnología de vanguardia. Nuevamente, la modernidad reflexiva para analizar el problema con una perspectiva cosmopolita –reflejo de la propia realidad- será una herramienta conceptual sustancialmente superior a la reproducción acrítica de las políticas propias de la primer modernidad. Los ejemplos siguen. La decisión de sancionar una ley de perdón fiscal y “blanqueo”,

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tradicional herramienta de la política esencialmente nacional-estatal para recuperar recursos públicos en momentos de dificultades fiscales, resulta contradictoria con una visión cosmopolita del problema. La carencia de recursos en una economía fuertemente globalizada requiere competir con los demás espacios económicos con beneficios inteligentes que atraigan decisiones de inversión en el marco de un diseño virtuoso de prioridades de políticas públicas.

La homologabilidad del funcionamiento institucional es en este sentido más imprescindible que nunca. Los tiempos de la discrecionalidad del poder que permitía a Rockefeller acordar con las autoridades del Kremlin las condiciones de instalación de su Banco en Rusia pertenecen claramente a la primer modernidad, en la que la soberanía absoluta reconocida a los Estados en su territorio permitían la existencia y el funcionamiento de sistemas políticos y sociedades cerradas, con normas adecuables a la voluntad del poder, aún sin participación ni debate de la población –ya que la “soberanía” del Estado era suprema-. El paradigma actual no tiene “Rockefellers” decidiendo inversiones, sino que ha construido un entramado complejo de factores decisorios, en los que el factor personal puede definir en última instancia, pero sólo luego de atravesar una serie de filtros institucionales,

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calificaciones, estudios de rentabilidad y auditorías. Un perdón fiscal, por más beneficios que implique, difícilmente motive una decisión de inversión si las condiciones de funcionamiento de la economía no cumplen con los requisitos de seguridad económica, jurídica y política que puedan presentarse ante las calificadoras globales de riesgo, ante una auditoria externa o ante una Asamblea de Accionistas. Por el contrario, una perspectiva cosmopolita nos llevará a observar la sensibilidad con que se observa en el mundo cualquier debilidad normativa que permita la circulación de dinero ilegal. La financiación del terrorismo, de las redes de narcotráfico, de tráfico ilegal de armas y hasta de personas, utilizan estos mecanismos que con sólo anunciarse prenden todas las luces de alarma. Ello no sólo conspirará contra el éxito “macro” de la iniciativa, sino que agregará un ingrediente de inseguridad a cualquier inversor que quiera utilizar el mecanismo, que sabrá que con el sólo hecho de acceder a él, su operación pasará a engrosar la lista de sospechosos, dudosos o merecedores de especial observación por autoridades internacionales, nacionales de otros países y económico-financieras globales, que tienen mecanismos de seguimiento de cada vez mayor complejidad y alcance para limitar esos movimientos.

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Aún más: ignorar el efecto cosmopolita de la medida conducirá a un resultado parecido a las “amnistías internas” dictadas frente a delitos de alcance universal: su inoponibilidad internacional, si no de derecho, sí “de hecho”. Así como las amnistías por delitos aberrantes no cubren al beneficiado con la protección fuera de los límites del país –a más de ubicar al país como una especie de “territorio liberado” susceptible de sanciones internacionales-, el blanqueo de dinero ilegal tampoco lo cubrirá cuando se haya originado en actividades perseguidas internacionalmente como delictivas, como el tráfico de estupefacientes, de armas de destrucción masiva, de personas e incluso del lavado de dinero originado en determinados delitos de corrupción. Una vez más, la “modernidad reflexiva” desde una visión cosmopolita, es imprescindible para dictar medidas de gobierno. La decisión del gobierno argentino de confiscar los ahorros previsionales para engrosar las finanzas públicas en la coyuntura también puede ser analizada desde una perspectiva tradicional o desde una óptica cosmopolita. Al margen de su ilegalidad intrínseca de acuedo a la ley argentina, la tolerancia social e internacional con decisiones basadas en la soberanía interna de los países tiene en el nuevo paradigma económico mundial diferentes consecuencias. A tal punto el

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cambio de comportamiento es así lo podemos observar en hechos conflictivos, tal las nacionalizaciones de recursos naturales como los hidrocarburos, por ejemplo. Aún con su conflictividad, las que se realizaron en la década de los años 70 provocando una crisis económica internacional de proporciones debió ser tolerada por los países de origen de las empresas petroleras, discutiéndose en todo caso el nivel de las indemnizaciones. Zanjado el diferendo, la mesa de negociaciones quedó instalada de inmediato desde los nuevos posicionamientos y los nuevos actores. La economía centralizada del viejo paradigma permitía esta actitud.

Hoy, la situación es diversa, más horizontal, con más actores decidiendo, con los dueños del capital más diseminados, con los escalones gerenciales más diversificados y los riesgos analizados por mayor cantidad de “filtros” y auditorías –y en consecuencia, los temores de los decisores- más repartidos. La economía se volvió más “líquida”, para usar términos de Bauman, y al hacerlo se hizo también más sensible y dispersa. En este contexto, confiscar recursos sorteando la legalidad provoca la inmediata caída de la confianza, el incremento del riesgo, el correlativo incremento de la tasa de interés intrínseca que conlleva cualquier operación financiera con el país que así actúa y el encarecimiento del crédito para

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las empresas con exposición a ese espacio jurídico. Aunque el análisis de la medida desde la óptica de la primera modernidad y la soberanía absoluta del Estado nacional dentro de sus fronteras permitiera y hasta aconsejara su ejecución de cualquier forma, desde la perspectiva de la modernidad reflexiva aún su eventual efecto positivo sería fuertemente neutralizado y sobrepasado por su repercusión negativa. De hecho, apenas anunciada la medida de confiscación de ahorros previsionales, el “riesgo país” –que mide la tasa de interés a la que pueden acceder al crédito el Estado y las empresas argentinas- ascendió a tasas astronómicas, el valor de las empresas nacionales sufrió un derrumbe histórico expresado por las cotizaciones en el mercado de capitales, y se paralizaron diversas iniciativas de inversión en marcha en varias áreas de la economía. De allí a las consecuencias estructurales, la cadena de negatividades se suceden, culminando con el mayor aislamiento del país y su marginación de las cadenas de valor de la economía global. El aislamiento, por su parte, tampoco es gratuito. Así como en la fase expansiva la participación en el sistema global permitió aprovechar el impulso al crecimiento, la crisis desatada a mediados del 2008 provocó la acción cooperativa de gobiernos y organismos internacionales para atenuar los efectos y

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neutralizar algunos daños manejables. Entre esas medidas se contó la conformación de cupos adicionales para préstamos a interés muy bajo con fondos públicos aportados por los países desarrollados, a fin de evitar el corte de cadenas financieras, la desaparición de la liquidez o la paralización de la actividad productiva. Esos créditos requieren como condición el funcionamiento homologable de las economías, fundamentalmente en la objetividad de la información pública y estadística. Nuevamente, analizada la situación desde la modernidad reflexiva la actitud a tomar debería ser incrementar al máximo los estándares de calidad institucional, de transparencia y de publicidad de las cuentas públicas, incorporando la economía nacional a los beneficiosos efectos de recursos públicos adicionales sin el contrapeso de las tasas de interés exigidas por el mercado en épocas de alta incertidumbre. Las decisiones de cerrar más el sistema de decisiones políticas, incrementar el hermetismo de la información, reducir la transparencia y tomar recursos privados en forma arbitraria incrementa el aislamiento y refuerza el círculo vicioso de la crisis. Como vemos con estos ejemplos, la nueva etapa del mundo cosmopolita requiere una acción política diferente, en la que la reflexividad exigida se caracteriza por la necesidad de poner a prueba

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cada una de las viejas convicciones para imaginar, prever y proyectar los efectos en el nuevo escenario. El riesgo de no hacerlo es arribar a consecuencias no queridas o –en el peor de los casos- inversas a las buscadas. El tema no es menor. En una política acostumbrada al funcionamiento movilizado a través de consignas de fuerte impacto comunicacional y escaso rigor analítico la nueva realidad presenta complicaciones de análisis, de diseño y de comunicación. Los aspectos agonales de la política se acrecientan frente a los conflictuales, lo que conlleva una dificultad adicional en la competencia y en la dificultad de articular discursos con claros aspectos diferenciadores. Un esfuerzo cada vez más incremental en la construcción de instituciones se contrapone con la lucha descarnada por el acceso al poder, y la conformación del poder con altas cuotas de discrecionalidad se contrapone con la necesidad de generación de consensos amplios para hacer efectivas las decisiones públicas. “Pueblo o antipueblo”, sostenían los grupos estudiantiles argentinos hace poco más de un cuarto de siglo, en su lucha por la recuperación democrática. No aparecían dudas en ese dilema. Eran “pueblo” los trabajadores, clases medias, empresarios, militares con vocación sanmartiniana, radicales, peronistas, izquierdas y hasta derechas

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democráticas. Del otro lado quedaba el “imperialismo” y la “oligarquía”, a los que se negaban valores éticos o solidarios, sin legitimidad democrática y apegado a métodos represivos. Aún reconociendo que hasta en esos tiempos la consigna era rudimentaria y tosca, hoy sería directamente bizantina y carecería de toda significación analítica o práctica. Como en otros aspectos de la realidad, su análisis desde la modernidad reflexiva no superaría ningún examen realizado con rigor sociológico, eficacia económica, legitimidad política u homologabilidad internacional en el mundo democrático. La política interna con perspectiva cosmopolita no es, entonces, política internacional, pero la incluye. Sigue teniendo las mismas responsabilidades y es depositaria de similares demandas por parte de la población, pero no tiene ya el “imperium” de la primer modernidad. Tenemos Estado Nacional para rato (la paz de Westfalia terminó con las luchas religiosas, pero no con las religiones), pero será un Estado Nacional condicionado por una realidad en la que se asienta sobre la que ya no tiene autoridad suprema. La política, cuya herramienta es ese Estado Nacional en transición, debe adecuarse al cambio por varias razones. En primer término, para comprender adecuadamente la realidad en la que operará. La

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construcción conceptual social-nacional ha sido predominante y ha actuado como marco referencial de los debates públicos, el compromiso de representación sectorial y la visión de las respectivas utopías. Esa construcción fue una categoría histórica cuyo auge se produjo en los siglos XIX y XX, con éxitos notables en sus logros, aunque también con fracasos estrepitosos en su capacidad de contención. La humanidad dio en estos dos siglos un salto espectacular en tecnología, desarrollo industrial, capacidad de producción de alimentos, incremento del confort, incorporación de población a niveles de bienestar ni siquiera soñados dos siglos atrás. Un obrero industrial de un país desarrollado ha llegado a tener más confort a su disposición que un monarca absoluto del siglo XVIII, con implementos hogareños desconocidos entonces: luz eléctrica, heladeras, lavarropas, radio, televisión, Internet, automóvil, calefacción, aire acondicionado. Sus hijos llegaron a acceder a conocimientos de libre disponibilidad, virtualmente sin costos y en una cantidad y calidad que no tenían los príncipes herederos de vastos imperios, y accedieron a la educación –en muchas ocasiones, hasta universitaria-. Nada de eso era imaginable antes de la revolución industrial. Sin embargo, esos siglos fueron también los más mortíferos de la historia humana. Armas que

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despersonalizaron los combates, muerte a distancia, gases venenosos, armas químicas, bomba nuclear, misiles guiados con extrema precisión, dictaduras que en algunos casos aún subsisten tras caudillejos esclerotizados y violaciones atroces de derechos humanos. Y efectos deteriorantes en el ambiente, en la seguridad personal y en el crecimiento del riesgo global que alcanza ya a amenazar la propia existencia de la vida humana sobre el planeta. Todos esos logros, positivos y negativos, fueron alcanzados por la modernidad, las sociedades y estados nacionales, el principio de la “soberanía nacional”; el estado de derecho, los derechos y libertades ciudadanas, el desarrollo industrial, el comercio, el capitalismo nacional-internacional, la fuerza obrera, los sindicatos, los ejércitos, los partidos políticos, las estructuras educativas, científicas, técnicas, de salud pública, de organización de la sociedad. Las instituciones propias de la modernidad posibilitaron el gran salto adelante, pero con su éxito generaron nuevos problemas y también abrieron la puerta a las nuevas demandas, las de la “segunda modernidad”, sólo abordables desde la modernidad reflexiva. No hacerlo lleva al retroceso romántico, integrista, fundamentalista o nacionalista, renunciando a los valores y logros del proyecto modernizador.

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Invirtamos el análisis por un instante con un “paneo” sobre algunos enfoques de la realidad. ¿Sería posible imaginar una política económica nacional al margen del mercado, el financiamiento, la tecnología, el nivel de actividad y la dinámica de la economía internacional? ¿Sería posible delinear una política de comunicaciones ignorando la extensión de las redes de televisión por cable y satelitales, la existencia de Internet, los avances crecientes en las técnicas de compresión y paquetización en la transmisión de datos, o las prestaciones crecientes de los terminales móviles celulares? Obviamente, proyectar políticas públicas en el área económica sin la perspectiva de las tendencias previstas para los productos de exportación, de las características del mercado de crédito global, aislada de la técnica –y de las “tecnologías”- existentes, despreocupada del nivel de actividad de la economía global, y de las proyecciones sobre su dinámica; o políticas de comunicaciones que contemplara como supuesto la realidad existente hace cuatro décadas, llevará a situaciones posiblemente desligadas de los objetivos buscados en el plano interno. Tanto como ignorar el “cosmopolitismo banal” que impregna en el orden interno y en grados diversos la actividad económica. Una política de defensa y de seguridad que ignore, a su vez, la dinámica de las nuevas

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amenazas, que no tenga en cuenta el desarrollo de las redes delictivas globales –de tráfico de drogas, lavado de dinero, falsificación de marcas, vínculos entre estas redes y actores marginales-, que no contemple el crecimiento del terrorismo global, que se muestre displicente sobre la edificación de vínculos entre Estados auto-excluidos y los protagonistas de las tensiones internacionales, que no asuma la estrecha relación entre la violencia cotidiana, los escalones de complicidades “glo-cales”, la corrupción política y el lavado de dinero, difícilmente pueda lograr soluciones de seguridad para los ciudadanos. Y una política ambiental que se desinterese del calentamiento global, se margine de los objetivos de la comunidad internacional de trabajo para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, que se despreocupe del agotamiento previsible de los hidrocarburos fósiles actuando como si el mundo todavía se encontrara a mediados del siglo XX, que no sea proactivo hacia políticas regionales conjuntas, que desaproveche las alternativas abiertas por el esfuerzo internacional de financiamiento para proyectos ambientalmente limpios, posiblemente no logrará avances ciertos en este campo. ¿Qué sería de una política médico-asistencial aislada de los avances en medicamentos y tecnología médica realizados cotidianamente

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originados en proyectos de investigaciones realizados por equipos que suelen estar compuestos por investigadores de diversos países? ¿Y qué de una política educativa que ignore las gigantescas transformaciones que se están produciendo en el mundo, tanto en el campo de la ciencia y la técnica, como de las comunicaciones, como de las propias necesidades de capacitación para participar con éxito en el nuevo paradigma cosmopolita? La política nacional seguirá siendo predominante por mucho tiempo y es imposible prever con exactitud la forma que tomará la reorganización política del mundo en el nuevo paradigma, aunque pueden verse insinuar los cambios. De uno de ellos hemos hablado: la impregnación cosmopolita de la vida cotidiana, el “cosmopolitismo banal”. De otro es necesario ubicarlo como objeto de reflexión: la asunción política de este cosmopolitismo, para que la participación colectiva que implica la política transite la transición con la mayor lucidez. Esa transición incluye, cual capas de cebolla, creencias superpuestas que recogen épicas históricas, identidades forjadas en otros tiempos, adhesiones por motivos diversos –ideologías, mecanismos de inclusión política y social, valores- y representaciones adecuadas a diferentes sectores sociales. El “cosmopolitismo banal” –el que se ha infiltrado en la realidad, en todos los sectores- no

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está asumido conceptualmente “cosmopolitizando” el análisis, y ello repercute en las políticas públicas, cuyos efectos resultan no ser los buscados y, en ocasiones, hasta contrarios a los perseguidos. El fuerte arraigo en la opinión pública predominante de determinados conceptos que en algún momento histórico fueron “claves” del pensamiento moderno –como el papel de las empresas públicas, el papel del propio Estado, la protección de la economía, la distribución del ingreso forzada desde la política, la participación del asalariado en la distribución de la renta nacional, la valoración negativa de la deuda y la tolerancia con los propios incumplimientos, entre otros- han llevado al debate público a buscar atajos argumentales cada vez más sofisticados a la luz de los cuales el diálogo político se ha tornado en incomprensible y la generación de consensos en un objetivo de cumplimiento imposible. La consecuencia inexorable es ampliar el aislamiento, no ya sólo de la “política económica”, sino de la propia “política-política” interna del gigantesco torrente del consenso global. Y aún abordando ese consenso con un pensamiento crítico, la vigencia de sus “líneas maestras” es tan masiva y universal que definir políticas ignorándolo o enfrentándolo no pareciera ser una buena decisión, de cara a la obtención de participar de los beneficios de la economía mundial. Esta actitud, dictada por la sana

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“realpolitik”, es además coincidente con la axiología cuyo valor es aceptado también universalmente por el estado actual de la filosofía política, apoyada en la vigencia comopolita de los derechos humanos y el estado de derecho. Lo curioso es que los valores y principios de la modernidad siguen vigentes, sólo que requieren nuevos instrumentos. Beck –nuevamente...- sugiere el cuadro de cruces “valores-instituciones”. Reclama retomar impulso en la lucha política por los valores –derechos humanos, seguridad social, igualdad política, ingreso mínimo garantizado- aunque tomando conciencia que su viabilidad en ocasiones depende de renunciar a la intangibilidad de las “instituciones” de la modernidad, las que en la etapa anterior los habían hecho –al menos, en parte- posibles: la soberanía “estatal-nacional”, los sistemas estatales de salud y seguridad, los programas sociales cerrados, incluso el propio “pleno empleo” como objetivo de política económica-. Esta sugerencia puede ser pertinente en ciertos casos. Lo que sí lo es en todos es que la marcha debe ser retomada con una actitud reflexiva y con una aproximación que no se agote en las (antiguas) fronteras geográficas, sino asumiendo la perspectiva cosmopolita y la multiplicidad de fronteras dibujadas en el nuevo paradigma –virtuales, educativas, regionales, ambientales-. Esa actitud puede conducir a reforzar algunas de las

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viejas “verdades”, a reformular otras, a desechar totalmente algunas e incluso a diseñar nuevas que ocuparán su lugar. Como ya fue dicho, la característica de la nueva sociedad global en formación es que se acabó “lo obvio”, que los problemas actuales requieren empezar la reflexión desde el comienzo y que esta reflexión conducirá a las nuevas líneas de acción, las nuevas solidaridades y las nuevas rivalidades. Y el nuevo diálogo entre el cosmopolitismo y “lo nacional”, compleja idea que trasciende lo económico y aún lo político, en la que confluyeron la modernidad y el romanticismo y que debe revitalizarse con una indagación sobre sus características en la nueva etapa de globalización.

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¿Cómo motivar la acción política?

¿Cómo se forman los partidos políticos? Categorías históricas propias de la modernidad, sus orígenes pueden rastrarse en la formación de los cuerpos deliberativos surgidos con las revoluciones burguesas. No es éste el lugar de profundizar en sus raíces. Alcance con recordar que tienen dos fuentes: las representaciones sociales y las ideologías. La primer fuente deriva en partidos defensores de intereses de los sectores –geográficos, económicos, sociales- que representan. Estos intereses pueden serlo de una determinada ciudad o provincia o de un determinado sector social o económico. Esa defensa se expresa normalmente a través de la construcción de un relato que identifica los intereses del sector representado con el interés general. El partido federal, el partido unitario, los partidos agrarios, los partidos provinciales o locales, responden a este cartabón. O pueden serlo, también, de una determinada ideología, la que también pretende la defensa del interés general pero como construcción de una utopía. Entre ellos el que ha generado durante los siglos XIX y XX la construcción más magistral, que además presume de representar los intereses de una clase que se convertirá en universal –la clase

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trabajadora-, es el comunismo. La visión ideológica, generalmente, promueve cambios. ¿Cuál es en nuestro país el origen de sus partidos más protagónicos durante el siglo XX, radicalismo y peronismo? La bibliografía es densa y las tesis diversas. Sin pretender tampoco llegar a la raíz identitaria de ambas fuerzas, una aproximación muy general nos presenta a ambos partidos, como se ha mencionado, como partidos “de integración”. El radicalismo contuvo las demandas de participación política de masas excluidas en tiempos de la “república oligárquica”, estado de derecho republicano respetuoso de las formas de la Constitución Nacional, pero de participación restringida. El peronismo hizo lo propio conteniendo las expectativas y demandas de participación económica de masas de personas insatisfechas con la forma en que el funcionamiento económico retribuía sus esfuerzos. Sobre estas expectativas ambas fuerzas generaron sus épicas, forjaron su identidad y desarrollaron el sentido de pertenencia de sus adherentes. Hemos dicho que ni uno ni otro desarrollaron “ideologías”, al estilo europeo, aunque contuvieron a todas sin adherir totalmente a ninguna y utilizando herramientas intelectuales de unas y otras para desarrollar sus políticas. En ambos casos, las improntas fundacionales tiñeron

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sus constantes. En el caso del radicalismo, nacido a fines del siglo XIX, su eje conceptual es esencialmente político, democrático. En el caso del peronismo, nacido en pleno auge de los nacionalismos de masas de entreguerras, su eje conceptual fue la “Nación” y la “justicia social”. Ambos partidos son propios de la modernidad. El radicalismo, fijándose como aspiración la integración del “cuerpo electoral” con la extensión de la participación política a la totalidad de los mayores de edad, buscó la inclusión en su aspecto institucional y fue exitoso. El peronismo, en línea con la moda de su época natal, desarrolló un programa económico con una impronta de desarrollo industrial inducido y la construcción de las grandes instituciones de la modernidad tardía –Cajas de Jubilaciones, empresas públicas, gremios semi-públicos, planificación económica- y fuerte ingerencia estatal en la actividad general y también lo fue.

Sin embargo, no pueden obviarse también sus claras diferencias. Mientras el radicalismo imaginó la inclusión convirtiendo a los excluídos en ciudadanos e imaginando a su alrededor un amplio espacio de iniciativa personal, el peronismo cedió rápidamente a la metodología de la inclusión clientelista, al precio de vaciar de ciudadanía y reducir al mínimo el espacio de libertad personal.

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A partir de allí, el debate interno dibujó líneas y tendencias. El radicalismo contuvo desde su fundación visiones abiertas y liberales –Leandro Alem es su ejemplo más claro- y fue enriquecido con el aporte nacionalista y más autárquico de los hombres de FORJA, en la década de 1930. La leyenda interna ha dibujado como “populares” a quienes se sienten proyección del Yrigoyenismo, y “elitistas” a quienes hacen lo propio de Marcelo T. de Alvear, aunque a fuer de ser justos, las luchas de Alvear junto a Alem e Yrigoyen en el período revolucionario, su progresista gestión de gobierno y la dura militancia durante la década de 1930 hasta su muerte en 1942 enfentando represión, exilio y fraude hacen injusta aquella tradicional divisoria de aguas y sugieren una reflexión crítica de la versión canónica. La columna vertebral de la organización radical es territorial, reproduciendo en “Comités” de diverso nivel –local, distrital o provincial, y nacional- la propia organización política de la Constitución Nacional. Entre sus falencias funcionales ha incluído en ocasiones procedimientos internos fraudulentos para dirimir representaciones o candidaturas y su supuesta “ineficacia” en la gestión de gobierno, que aunque ha reflejado su reverencia al orden legal, sus adversarios han identificado con “debilidad” en el ejercicio del poder.

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El peronismo incluye, por su parte, la herramienta sindical como columna vertebral organizativa –influencia de los fascismos de entreguerras que fue oscilando con el tiempo con una metodología clientelar-, un discurso que prioriza la búsqueda de la “justicia social”, el escaso apego a las formas constitucionales y los derechos de los ciudadanos considerados como una intolerable debilidad o limitación a su capacidad de gestión y su apertura a interpretaciones identitarias que orillan los extremos del arco político, en una medida sustancialmente mayor que el radicalismo. Si en aquél los extremos son un liberalismo medido y con sentido social en un extremo y un proteccionismo e intervención económica estatal razonable en el otro, en el peronismo los extremos son la derecha nacionalista violenta en un extremo y la izquierda insurreccional en el otro, que han llegado en ocasiones a la violencia física y hasta mortal. Las intolerancias en el imaginario popular también son diferentes: los ciudadanos esperan prioritariamente del radicalismo posiciones visceralmente intolerantes con la corrupción y con cualquier violación de las formas constitucionales. Del peronismo suponen la permanente preocupación social y escasos compromisos éticos.

Uno y otro se han constituido, con sus particularidades, en mecanismos de participación para personas no pertenecientes a familias

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aristocráticas, a clases acomodadas o a los estratos económicamente superiores de la sociedad. De allí la calificación de “partidos de integración” o “de inclusión” con que nos referimos a ambos.

Se dijo más arriba que ambos espacios políticos han contribuido a forjar la identidad de la Argentina. Sin embargo, su intransigencia recíproca agregó una de sus características más negativas: la ausencia de dialogo y la dificultad en la construcción de consensos estratégicos. El tema no es menor, ya que la falta de estos consensos provoca un debate circular cuya consecuencia ha sido desvincular a la Argentina del proceso de cambio planetario. Entrado el siglo XXI, llegará al segundo centenario de su primer gobierno autónomo con la peor perfomance relativa en el mundo y en la región, luego de haber protagonizado durante su primer siglo de vida, por el contrario, un papel descollante en la comparación con las potencias de la época.

La Argentina perdió el siglo XX. El interrogante es: ¿recuperará el siglo XXI? ¿Logrará encarrilar su funcionamiento político en la senda de la modernidad, cumpliendo el programa constitucional, requisito ineludible para ser considerado un interlocutor serio en el paradigma global en formación? ¿Podrá incorporar la práctica de la modernidad reflexiva para abordar la nueva agenda, impregnada de cosmopolitismo e

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imbricada fuertemente en un mundo con nuevas fronteras? ¿Será capaz de garantizarle a las personas, a sus ciudadanos, el espacio de protagonismo global creciente que sus similares de todo el mundo tienen en el diseño del nuevo paradigma?

Y de cara al interrogante de este capítulo: ¿será capaz de organizar su política alejada de las épicas fundacionales identitarias de sus fuerzas representativas, y/o de construir nuevos canales de expresión capaces de analizar, contener, comprender y diseñar soluciones para los problemas que presenta la convivencia en el siglo XXI, algunos de clara respuesta interna pero muchos de fuerte demanda de acción cosmopolita?

El “camino ideal” requeriría, en una primera etapa, un trabajo conjunto de las fuerzas políticas más representativas y de los ciudadanos con vocación democrática y republicana, para reinstaurar el estado de derecho y la conducta democrática - republicana, en el poder y en la sociedad. En este objetivo no debiera haber fisuras para lograr un cimiento sólido, ya que de su contundencia dependerá que la siguiente etapa soporte las fuertes tormentas del mundo cosmopolita. Si bien, como se ha dicho, las fronteras de las sociedades y Estados Nacionales se reformularán con una debilidad de las competencias tradicionales apegadas a la

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geografía, tendremos Estados Nacionales para rato: son las únicas organizaciones con legitimidad para disciplinar conductas en un momento en que el denso proceso de cambio global abre grietas de indisciplina y surgimiento de delitos desconocidos, que convetirán la convivencia en un infierno. Nadie llegará como los Estados Nacionales para proteger a las personas comunes en el limitado alcance de su hogar. Ni los mega-equilibrios armamentistas, ni las luchas antiterroristas, ni los nuevos sistemas de seguridad global, podrán ser eficaces sin apoyarse en la fuerza disciplinante de los Estados Nacionales. Por supuesto: a condición de que efectivamente lo hagan. La reconstrucción del Estado es central en esta etapa y debe hacerse sobre bases homologables con las exigencias globales que coinciden con los objetivos del proyecto modernizador en el país. Como lo hemos dicho anteriormente, en los últimos años nunca los objetivos del Preámbulo han sido un compendio más actualizado de las demandas de la coyuntura, aún asomándonos a la segunda modernidad y el mundo cosmopolita: ¡hasta el reconocimiento de los derechos humanos con alcance general, ya a mediados del siglo XIX, por encima de las identidades nacionales, con el llamado a “todos los hombres del mundo”, a quienes se les garantiza los mismos derechos que a los ciudadanos!

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Un eje programático entonces: la vigencia sacralizada del estado de derecho. Y uno político-sociológico: el soporte consensuado de ese proyecto por las fuerzas mayoritarias, en una especie de “renovación del pacto constituyente” que no puede apoyarse en un triunfo electoral sino sostenerse en la sincera y compenetrada convicción de la clara, plural y amplísima mayoría política.

A partir de allí, ingreso en la agenda del siglo XXI, con una conducta política que requiere abordarla en forma reflexiva, cooperativa y abierta al diálogo estratégico. En este segundo escalón se notará la limitación de un sistema político tendiente a la polarización presidencialista para responder en forma adecuada al colorido y fragmentación de los nuevos problemas, que exigirán “coaliciones ad-hoc sin secuelas”. Con este concepto definimos a los acuerdos sobre temas de agenda que atraviesen horizontalmente las formaciones políticas, cosechando apoyos y rechazos en el interior de las mismas fuerzas sin que implique “traicionar” la lealtad o la disciplina. Será imposible formar coaliciones catalizadoras permanentes, por el cruce de intereses de personas que según su interés, ubicación circunstancial u opinión en el tema en debate pueda coincidir en ciertos temas con una de las coaliciones, y en otros con la otra. Esta realidad será más compatible con un sistema parlamentario que permita a los

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ciudadanos con vocación de partipación en el escenario político su “especialización” en temas que generen una reconstrucción del vínculo de interés con la población. Estos temas, sin embargo, aún con su conflictividad, no podrían siquiera rozar la vigencia de los cimientos del sistema, los construidos en el primer escalón, centrados en la sacralización de las normas constitucionales básicas tanto referidas a la distribución del poder entre los ciudadanos y los estamentos públicos, como los procedimientos y límites de éstos último al momento de formar decisiones y aplicarlas.

La reforma políca para parlamentarizar el sistema se impondrá por razones de eficacia de gestión. Hasta que se logre, la cultura de las coaliciones debe ser el paso intermedio para limitar el presidencialismo exacerbado de las prácticas argentinas, que tiende a la polarización y a la neutralización. Esa cultura, junto a la devolución de recursos –y en consecuencia, de posibilidades de acción- a los niveles sub-estatales (provincias y municipios) deberá poner a prueba la capacidad de definir prioridades y conformar acuerdos, que incluyan responsabilidades de gobierno y cuotas de poder entre los participantes de las coaliciones, pactados al conformarlas.

Si en el primer escalón es imprescindible el consenso férreo de las fuerzas políticas, en la agenda de la segunda modernidad, por el contrario,

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lo más importante es canalizar la diversidad de los enfoques ciudadanos, a fín de reforzar la representatividad y eficacia del sistema.

Sin embargo, la práctica política deberá girar hacia la capacidad de “interpretar”, en términos de Zygmund Bauman, los intereses, necesidades, aspiraciones y visiones de los diferentes colectivos que deben convivir, en forma que poder hacerlos compatibles con otros y permitir no sólo la coexistencia sino la cooperación. De “legisladores” a “intérpretes”, diría el genial filósofo-comunicador polaco, asumiendo un cambio de roles que la segunda modernidad impone a los viejos “diseñadores de la sociedad ideal” nacidos con la ilustración, cuando era necesario pasar por encima de la fragmentación y las jerarquías estratificadas de la sociedad feudal para reemplazarlas por la ley de alcance universal, y que llegaron hasta los experimentos totalitarios del siglo XX que suponían que desde el Estado podía diseñarse la sociedad ideal. Hoy, el papel del político –y del intelectual- es a la vez más humilde pero más enriquecedor: no se trata de construir una “ideología” con la propia utopía, con la pretensión de imponérsela a los demás. Se trata de lograr, con la herramienta de la reflexión, articular la convivencia de tantas utopías como seres humanos existan, sin pretender imponerle a cada uno la utopía general sino garantizándole la libertad, las

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herramientas educativas y económicas, el piso de ciudadanía y la solidaridad como para que cada uno pueda construir su vida según sus ilusiones, sus creencias, sus deseos y su vocación gregaria.

De esta forma, la política será compatible con todo el colorido de la militancia social, en lugar de verse como rival de las “ONGs” y de las nuevas formas de trabajo solidario por las causas más diversas. Reconstruirá la representación por sobre los peligrosos fenómenos de la “antidemocracia” que estudiara Rosanvallon, o la reacción institiva del reclamo “que se vayan todos”, que renace en muchos ciudadanos ante cada problema que lo supera –porque requiere acción pública, política y estatal, como la inseguridad- y para el que no ve ni encuentra respuestas adecuadas en los discursos ideologizados que explican los fenómenos desde distintas ópticas, pero que no los solucionan. En el mundo de la primera modernidad, los ejes convocantes a la participación política tenían características totalizadoras. Democracia frente a autoritarismo, sector agrario frente al industrial, trabajadores frente a la burguesía. Independencia nacional frente a vínculos de dominación externa. La segunda modernidad no exhibe la misma linealidad. Es compleja, su entramado es denso y entrecruza fronteras superpuestas, no alínea en forma totalizante a determinados intereses frente a

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otros, e impone un cambio cultural –en la teoría y en la praxis- incompatible con “o lo uno, o lo otro” de la primer modernidad, e instala en su lugar “lo uno, y también lo otro” del paradigma cosmopolita. El desafío de la política en esta nueva etapa es detectar y proyectar ejes convocantes a la participación. Ellos no derivarán más de épicas transtemporales o de recuerdos de viejas luchas cristalizadas en la memoria con visiones parciales de enfrentamientos históricos, que pueden funcionar como marcos cada vez más difusos de contención, pero escasamente convocantes de las nuevas generaciones, reclamantes de soluciones actuales para problemas actuales. Frente a este escenario, para quienes siguen creyendo en los valores de la modernidad, de la autonomía de las personas, de la libertad, de los valores intrínsecos de la condición humana y de la responsabilidad transgeneracional de las personas en la protección de la casa común, no parecieran abrirse muchos caminos alternativos al propugnado en estas páginas: la modernidad reflexiva, ubicada en una aproximación cosmopolita. Esta reflexión colectiva para abordar los nuevos desafíos requiere, por su complejidad, una actitud de diálogo y disposición a la generación de consensos. No serán posibles sin cumplir la etapa previa, la inconclusa, la que comenzó hace dos siglos en las jornadas revolucionarias, se organizó

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conceptualmente en la Joven Argentina y se cristalizó programáticamente hace más de un siglo y medio en los previsores (y plenamente actuales) postulados de la Constitución: “...Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino...”

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TERCERA PARTE El espacio para la política

¿Queda espacio para la política en el mundo de la segunda modernidad? ¿Arrastra la crisis del estado nacional a una de sus actividades institucionales prototípicas, como lo es la acción conjunta para conquistar el poder con la finalidad de modificar la propia realidad social? ¿o la transformación de este objeto –la “realidad social”- que fuera sustento epistemológico de la sociología, la política, la economía, e incluso de la acción revolucionaria, afecta tan fuertemente a la política que muy poco de ésta subsistirá en los tiempos que vienen? La visión panorámica del mundo muestra fenómenos con matices diferentes, aunque es posible detectar ciertas constantes. El primer dato es la asimetría del cambio. Cual capas de cebolla, diferentes formaciones históricas conviven en espacios nacionales cada vez más diluidos, acentuando sus identidades locales sub-nacionales. En estos casos, el retroceso del “estado nacional” en sus capacidades de respuesta a problemas que tradicionalmente estaban en su órbita –bienestar social, educación masificada, salud pública, seguridad, servicio de justicia- genera un vacío que es ocupado por formaciones autónomas, en algunos casos –

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relativamente pocos- por ciudadanos autoorganizados, y en otros –la mayoría- por formaciones mafiosas o similares, que accionan en el borde de una legalidad cuyos límites son cada vez más difusos. En estos casos, el núcleo duro de la legalidad se atrinchera en la protección de los sectores más estructurados. El mismo fenómeno reinstala viejos debates autonómicos, reviviendo luchas ancestrales que se remontan en ocasiones a los tiempos de las formaciones nacionales. En síntesis: la dilución de las identidades de la modernidad vinculadas a la nacionalidad, abre un campo de lucha en el que se anotan para participar muchos: algunos desde el pasado, otros desde la exclusión, otros desde la defensa de sus intereses, otros desde el futuro, otros desde sus afinidades de género, culturales, o hasta deportivas o afectivas. Los límites de estos espacios no son idénticos. Hay situaciones en los que lo predominante es aún la vigencia de la legalidad estatal, que, aunque en retroceso, es predominante. Tal lo que se observa en las sociedades desarrolladas de Europa, crecientemente rodeadas por nuevos desafíos productos de la segunda modernidad –migraciones masivas, desempleo, envejecimiento poblacional, deterioro ambiental- que las obligan a diseñar la convivencia en una nueva frontera ubicada en su propio seno y que pone a prueba la vitalidad de sus viejos principios

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fundacionales con los nuevos fenómenos: derechos humanos ¿cuáles y para quiénes? Derechos sociales –¿con qué extensión?- Derechos políticos –¿Se les otorga a los extranjeros?- Derechos civiles –¿para cualquiera?- La “unidad esencial del género humano”, principio de la ilustración que está en la base del edificio conceptual liberal sobre el que se edificaron y pretendidamente funcionan estas sociedades, no admite diferencias en estos niveles. Sin embargo, ahí están, demandando respuestas que a grandes rasgos marchan por dos caminos contrapuestos: fortalecer las instituciones de la primer modernidad poniendo en riesgo los principios, ante la imprescindible exclusión de los recién llegados de sus beneficios, que no alcanzan para todos; o insistir en forma creativa en la defensa de los principios explorando nuevas respuestas, a riesgo de tener que redefinir –y quizás, desmantelar- las instituciones del estado nacional –seguridad social, escuela pública, medicina estatal- para reemplazarlas por nuevas respuestas que permitan su generalización, afectando instituciones que en la conciencia política de los tradicionales integrantes de esas “sociedades” son consustanciales con la legitimidad del Estado y de la acción pública. Las respuestas de la primer modernidad no son compatibles con la realidad cosmopolita de la

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segunda modernidad. Reflejan un equilibrio entre la economía y la política articulado en forma más o menos eficaz en las formaciones institucionales modernas, delimitada en el interior de “las sociedades” y frente a las cuales el mundo exterior era un elemento extraño, con el que la relación se efectuaba a través de muy pocas interfases, administradas celosamente por los Estados –aduanas, fronteras, Bancos Centrales, oficinas de migraciones-. La realidad comopolita, con la producción, las finanzas, el comercio, la inversión y en general, la tecnología, funcionando en una matriz “de facto” globalizada, acota sustancialmente la capacidad de acción de los Estados, conduciendo a su deslegitimación social y en muchos casos, a su malformación institucional y funcional. El Estado nacional, convertido en un mero eslabón de una de las cadenas globales –la política-, y con su autonomía reducida tributando competencias en varios frentes: organizaciones internacionales, niveles supra-estatales regionales, en el nuevo derecho internacional –la jurisdicción penal internacional para la defensa de los derechos humanos es un capítulo paradigmático, pero también en la administración del comercio (OMC), el flujo de capitales (normas de Basilea), etc-, en las fuerzas de la economía liberadas del cerco nacional en sus aspectos neurálgicos –movilidad del capital, financiamiento, tecnologías-, en

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organismos sub-estatales –regionales, locales-, en el creciente protagonismo de los ciudadanos –Ong’s, grupos autoorganizados, fundaciones, iniciativas hacia temas concretos con amplia sintonía social, etc- experimenta también su creciente imbricación cosmopolita, abandonando sus rigurosas bases formales de la primer modernidad. Exigir a esos Estados Nacionales las respuestas “autónomas” que acostumbraban a dar, sea en los marcos del “liberalismo progresista”, sea en el de las formaciones “social-demócratas”, es no comprender la nueva realidad cosmopolita. Y si esta impotencia es una presencia constante en los Estados de los países de vanguardia en su desarrollo socioeconómico, se hace literalmente un oxímoron exigírselas a los estados de países de mediano desarrollo o directamente los del “pelotón final”, cuya lucha en todo caso se concentra en no caer en el agujero negro de los territorios sin Estado. La “realidad social”, creación epistemológica y política de la primer modernidad, compartida –con aproximaciones diferentes- por sociólogos y economistas tan diversos como Max Weber, Marx, Hegel, Schumpeter, Keyness, Von Hayek, y en cuyo seno se asentaron las visiones y praxis de la política durante los siglos XIX y XX, se difuma, impregnada por la cosmopolitización

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que, aunque siempre existió, es ya predominante en la dinámica social. La sociología, la economía y la ciencia política que la tuvieron como objeto de su estudio tienen profundos debates en su seno para redefinir su episteme, su nueva “gramática”, sus nuevas bases conceptuales. Y ello conduce a un vacío que quienes están en la praxis cotidiana de la política –nacional- sienten con ansiedad. El fenómeno es complejo y multidimensional. En la política de la primer modernidad, las afirmaciones que constituyen los “ejes convocantes” de la acción común difícilmente puedan improvisarse o cambiar como simple consecuencia de un análisis científico: responden a luchas sociales que provocan místicas comunes, empatías y antipatías proyectadas al futuro sobre la memoria convenientemente deconstruida y reconstruida, construyendo agendas que son identificadas con una u otra formación generando adhesiones permanentes muchas veces apoyadas en sentimientos más que en razonamientos, cual pinturas realizadas con “brocha gorda”. Eran –y son- fuerzas funcionales al diseño institucional de los Estados limitados, cerrados, autónomos, “soberanos”. “Llegar al poder”, gobernar el Estado, era el objetivo indiscutible y la meta prioritaria de cualquier fuerza política, para, desde allí, desarrollar la ejección del “proyecto” triunfante. Salvo para los

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partidos de raíz ideológica internacional (comunismo, socialismos) la historia de las fuerzas políticas se imbrica inescindiblemente en la historia “nacional” y forma parte de capítulos densos de la formación de los respectivos Estados, sociedades y hasta naciones. La cosmopolitización ha cambiado este escenario. El Estado ya no es más “soberano”. La única posibilidad de mantener la soberanía tradicional es declarar el aislamiento extremo, situaciones que en el mundo sólo muestran países-museo, con su contracara de opresión y represión incompatibles con la vigencia universal de los derechos humanos exigida crecientemente por la comunidad internacional, y sin ninguna posibilidad de éxito económico, social o libertario. El Estado ya no tiene más los márgenes de soberanía de otros tiempos. Esta es una afirmación que integra el capítulo del “fin de lo obvio” que sostuviera Ulrich Beck como una de las características de la nueva realidad cosmopolita. El “fin de lo obvio” tiene connotaciones conmocionantes, al dar por tierra con viejas convicciones, creencias poco menos que ancestrales y verdades consideradas como absolutas e indiscutibles. Pero tiene también –recordemos- la potencialidad gigantesca de permitir el nuevo comienzo. La propia redistribución de funciones abre espacios y

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potencia la política en otros escalones no identificados con la soberanía: las administraciones locales, las autonomías regionales, los espacios supraestatales, las creaciones subestatales “regionalistas”, etc-. Ellas no sufren –tanto- como el Estado Nacional, y en ocasiones hasta disfrutan de momentos de crecimiento y auge. Tal ocurre con las administraciones municipales, objeto en las últimas décadas de un fuerte renacimiento en su prestigio político que ha llegado, incluso, a su reconocimiento global y hasta a la creacion de redes con especificidad propia, hermandades de ciudades y proyectos conjuntos entre comunidades territorialmente alejadas por miles de kilómetros y pertenecientes a otras “realidades” nacionales. El recomienzo se inicia con la toma de conciencia del cambio producido en el objeto de estudio y en el espacio de acción: la “sociedad”. Este objeto ha modificado sus límites, terminando con la unicidad de sus bordes. “Lo extranjero” está imbricado con “lo propio”, redefiniendo ambos términos en una nueva dialéctica. Los límites no coinciden –como antes- en todos los frentes: cultural, económico, político, social. La acción debe entenderse fragmentada, ante el surgimiento de infinidad de problemas globales que no tienen posibilidad de respuestas locales, pero también de problemas locales que no admiten perder prioridades englobados en una agenda “nacional”

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que no sea controlada por quienes los sufren. Y por la creciente acción involucrante de personas que toman en sus manos campañas que consideran prioritarias para sus convicciones, y que quizás no tengan lugar en la agenda “pública”, aunque sea para ellas lo más importante de sus vidas, acción facilitada por la revolución de las comunicaciones. Esos límites que contenían el viejo Estado, la vieja “sociedad” y la dinámica de sus viejas “fuerzas políticas” ya no son lo que eran y ello también incide en la “identidad”. ¿Es “propio” o “ajeno” el teléfono celular, estrella paradigmática de los nuevos hábitos sociales universales? ¿Es “nacional” o “extranjera” la Internet? ¿Es “autónoma” o “internacional” la digitalización de las empresas, la administración y la propia vida cotidiana? ¿Son “nacionales” o “extranjerizantes” los jeans, las zapatillas deportivas, los perfumes, las cámaras digitales, los MP3, 4 y 5, las pantallas planas de TV? ¿y qué decir de los automóviles y su inherente cosmopolitismo en el diseño, en las autopartes, en la fabricación, en la fuerza simbólica de las marcas, en su identificación con el incremento de la libertad personal –por un lado- y símbolo de status –por el otro-? Los interrogantes, correspondientes al plano económico, se reproducen al infinito en cada aspecto de la realidad –desde el arte a la moda, desde la música a la tecnología, desde el derecho hasta interacción

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humana-, que ya no es “nacional”, aunque sea arriesgado caracterizarla –aún- como “global”. En realidad, la vida cotidiana refleja la impregnación del cosmopolitismo, un concepto que incluye lo nacional y lo global y los imbrica, calificando a ambos. Es imposible lo nacional sin comprender su creciente ingrediente cosmopolita. Es imposible lo global sin asumir las particularidades de su imbricación, el avance desigual, con cada formación “ex – nacional”, en una diversidad infinita. Esa diversidad alcanza a la propia identidad, en la que la “nacionalidad” deja de ser el valor excluyente y pasa a compartirse con otros límites –culturales, deportivos, éticos, de compromisos sociales, de “tribus” urbanas o globales, nuevas religiones, etc.- cuyos lazos de vinculación pueden llegar a ser más fuertes que la propia nacionalidad. Ese es el nuevo escenario, el cosmopolita, que abre el espacio que Beck caracteriza como la “sociedad de riesgo mundial”, en el que lo que unifica la acción posible es evitarlos, más que una actitud proactiva tras los valores, como era lo usual en el anterior paradigma. Ante una realidad identitaria múltidimensional, pocas chances existen de alinear la praxis tras determinados valores compartidos Los propios valores sufren una crisis en sus prioridades. Las revoluciones burguesas, como su

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antecesora directa, la Ilustración, tuvieron claro que “la razón” era la forma de llevar la libertad a personas sometidas a arbitrariedades y discrecionalidades propias del mundo feudal. Las opresiones ancestrales –y alienaciones- por costumbres, creencias, supersticiones, privilegios, predominios, herencias legitimadas por transmisiones proyectadas a siglos y respaldadas por la fuerza, límites al desplazamiento de las personas, inexistencia de derechos individuales, todas estas características del mundo premoderno finalizarían para desembocar en una sociedad igualitaria diseñada según aquello que todos los seres humanos tenían en común: la razón. Y hasta que esta sociedad tuviera alcance universal, los Estados Nacionales, como “iglesias laicas”, serían los espacios en los que se proyectaría el ideal de la modernidad, de la que se desprendería el progreso económico, la libertad de las personas, la justicia en la convivencia, los límites al poder, la propiedad y la posibilidad de construir el propio destino. El proceso se completaría con una gran “república federativa” mundial, a la que cada país arribaría por su propio camino, pero todos buscando la misma meta. El sueño kantiano. El proyecto moderno tuvo gigantescos avances, pero se fragmentó. Permitió a la humanidad multiplicarase por seis o por siete y abrió nuevas expectativas y oportunidades a

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centenares de millones de personas liberadas de sus opresiones ancestrales propias de la vida campesina-feudal. Su núcleo central gobierna hoy el mundo con los matices propios de cualquier creación humana, pero sus consecuencias han generado todos los problemas de “segunda generación”, demandando el diseño de la “segunda modernidad”. La industria abrió fuentes de ocupación, progreso y eliminación del hambre a miles de millones de personas, pero generó polución, calentamiento global, nuevas formas de alienación, concentraciones imprevistas de poder. La absorción del poder de los viejos detentadores medioevales concentró en los Estados Nacionales las potestades públicas e hizo carne en los seres humanos la exigencia de la “ley” en reemplazo de la discrecionalidad, pero abrió el problema de la limitación, a su vez, del propio poder de estos Estados frente a los ciudadanos –fenómeno sufrido duramente en el siglo XX con las dos deformaciones de la modernidad más atroces, el nazismo y el estalisnismo, pero vigente aún en dictaduras cerradas vigentes en pocos lugares del planeta, y en otro nivel cualitativo en las propias sociedades democráticas desarrolladas-. La organización del mundo en Estados soberanos expresó y generó rumbos y ritmos diferentes de desarrollo, provocando los fenómenos colonialistas e imperialistas. El ritmo desigual de desarrollo

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desembocó en las desigualdades globales, que a su vez provocaron el surgimiento de las grandes migraciones actuales, que condimentan la convivencia en los espacios regionales más desarrollados con la afluencia de personas que, en cantidades millonarias, luchan por llegar a compartir los frutos de la “civilización” en los espacios más exitosos, afectando naturalmente el alto nivel de vida de que gozan los que allí viven. Ese complejo mundo, líquido y vasto, debe encontrar otras formas de alinear esfuerzos que la adscripción a los valores futuros, que, como veremos, se imbrican en diferente manera y matices en cada “política de vida”. De modo que el proyecto moderno debe enfrentar las consecuencias de su triunfo y para ello no puede eludir la reflexión sobre su segundo capítulo, el que permita defender sus logros y proyectar los nuevos en la realidad cosmopolita, densa y contradictoria, compleja y dinámica.

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La asincronía del cambio y el cosmopolitismo consciente La cosmopolitización está abrazando el mundo, por encima de fronteras antiguas y nuevas, pero en forma espontánea, “banal”. Es arriesgado afirmar que exista una planificación voluntaria y proyectada: más bien se presenta como la consecuencia de la revolución científico técnica, cuya velocidad incremental se ha acelerado en las últimas cuatro décadas. Frente a esta avasallante presencia, el viejo paradigma ha hecho muy poco en forma consciente, ni para ayudarla ni para frenarla. Las respuestas políticas han apuntado generalmente a esforzarse en mantener artificialmente vigentes las viejas estructuras modernas, emparchando sus déficits sin asumir en plenitud la necesidad de su reelaboración. Asume que la opinión pública sigue reclamando del Estado lo mismo que en otras épocas y que, en consecuencia, debe ofrecer eso. La consecuencia es inevitable. Al ofrecerse propuestas inviables, el descrédito se acrecienta. Los ciudadanos avanzan en una descalificación creciente de la política y ello provoca un círculo vicioso consistente en el abandono de la actividad pública de los sectores más lúcidos, que asumen la inviabilidad de las propuestas y se niegan a mantener el comportamiento esquizoide de repetir

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periódicamente discursos incoherentes –o coherentizados con sofismas conscientes- condenados al fracaso y la frustración. Quienes no asumen a la política como una actividad de cambio sino como un espacio de realización personal, no resultan alcanzados por esta crisis ya que en lo sustancial sus propósitos se cumplen con el acceso al gobierno, la administración –más o menos honesta, según los casos- del presupuesto público, la utilización del poder para fines cleptómanos o similares y la elaboración de justificaciones exculpatorias por el incumplimiento de lo propuesto, casi siempre derivadas hacia el “otro” o hacia rivales creados intelectualmente con escasa entidad real. El problema, así planteado, no tiene solución. Al no existir más el objeto de acción en su identidad “pura” y soberanista –la sociedad nacional, el estado nación- la política tal como la conocemos sólo mantiene su validez simbólica, vaciada de potencialidad transformadora. Es reemplazada paulatinamente por entidades tecnocráticas de alcance transnacional, por un entramado normativo supraestatal cada vez más frustrante de las acciones soberanas, por la acción social de entidades autogestionadas infinitamente más eficaces en el tratamiento de los problemas puntuales más lascerantes que los organismos estatales, por la iniciativa económica de actores de

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toda dimension –desde gigantes multinacionales des y re-estructurados con infinidad de tercerizaciones, hasta iniciativas particulares de personas que protagonizan la sociedad cosmopolita desarrollando emprendimientos de arraigo local pero alcance universal, permitido por la red y la extensión de los servicios globales de transportes, correos, transferencia de capitales, marketing global accesible para los diferentes niveles, etc. Los actores, a su vez, tampoco son simétricos. No es posible imaginar una “alianza proletaria global” frente al “capitalismo global”, como si fuera posible transpolar la gestación del paradigma nacional post-feudal en los últimos tres siglos, porque no existe algo así como el capitalismo global ni tampoco el proletariado global. Al contrario, las alianzas del mundo cosmopolita son cruzadas, múltiples y asimétricas. Los proletarios del mundo desarrollado tienen problemas cuya solución es asimétrica con las necesidades de capitales de las zonas en desarrollo. Su lucha es contra la deslocalización de las empresas que los obliga a imaginar nuevas respuestas al desempleo. Los proletarios de los países en desarrollo suelen tienen intereses más coincidentes con la globalización, que les permite recibir inversiones insertas en las cadenas globales de valor mejorando sustancialmente sus niveles de vida –así ha hecho China, India, Irlanda, Vietnam,

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Chile, Brasil, Uruguay, Mexico, etc. etc.-. La comprensión plena de ese proceso es lo que determina en cada caso las formas más adecuadas de la simbiosis, y allí se requieren decisiones públicas inteligentes previendo aprovechar, con apoyos públicos, la mejor inserción en las redes globales de los ciudadanos –o habitantes- de ese espacio territorial mediante respuestas que difícilmente sean transformables en banderas de validez universal. Y ese es otro de los dilemas de la nueva política, ya que normalmente las medidas de políticas públicas adecuadas no suelen ser proyectos que puedan exibirse en tono épico, contestario o reivindicativo, lo que debilita el mecanismo tradicional de generación de apoyos electorales propio de la primer modernidad. El Estado cerrado, en efecto, funcionaba como un espacio de “suma cero”, en el que la “redistribución del ingreso” operaba con medidas que absorbían recursos de los sectores más rentables para repartirlo entre los más necesitados, o más o menos según las deformaciones políticas existentes. La política alineaba ese proceso entre las opciones “de izquierda” o progresistas y “de derecha” o neoliberales, según su grado de intervención en las decisiones estatales sobre los excedentes privados, con el “populismo” pivoteando sobre ambos caminos. Eso no es posible en el mundo global. Cualquier intento de

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confiscación de recursos genera una huida del ahorro, la reducción de la inversión y por lo tanto, en la disminución del excedente, desatando un círculo vicioso que desemboca en el estancamiento y la decadencia relativa cerrando un círculo que termina con una situación final peor a la incial. Los intentos de proseguir con aquel paradigma provocan la reacción de quién tiene rentabilidad o capital, sea ocultándolo –lo que incrementa la economía negra, ampliando el problema-, sea externalizándolo por fuera de los límites territoriales, favoreciendo la inversión en el “resto del mundo” frente a la inversión local. Seguir con esa dinámica intentando recrear la situación de medio siglo atrás lleva a medidas de aislamiento creciente, desvinculando el espacio territorial de la formidable revolución científico técnica y –lo que es peor- del dinamismo del mercado mundial, que es la locomotora fundamental del salto de crecimiento de la economía mundial en las últimas décadas. El problema es global. Así deben ser las soluciones. Pero –Beck, una vez más-, habiendo finalizado “lo obvio”, es necesario definir el nuevo comienzo, tanto en los objetivos como en las alianzas. Ellas deben integrar las características del nuevo paradigma cosmopolita, asumirlo en plenitud, detectar sus mecanismos de acumulación, reproducción, rentabilidad y

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distribución y diseñar alianzas ad-hoc para cada objetivo. En otra obra he sugerido el diseño de una integración “multidimensional” –concepto sobre el que reflexionamos hace más de una década con el Lic. Ricardo Campero, referida entonces al mercado virtual y de bienes culturales, pero aplicable a este razonamiento-. La multidimensionalidad de la integración implica asumir la complejidad del cosmopolitismo glo-cal, la toma de conciencia de las potencialidades propias, la flexibilidad para el establecimiento de alianzas sectoriales y la priorización del espacio territorial nacional –el único en el que el Estado Nacional tiene competencia más directa- como marco de acción, aún asumiendo su cosmopolitización desde un enfoque positivo y creativo. Este enfoque implica imaginar una geometría variable de redes en cuyo nodo se ubique la acción del Estado. Las políticas públicas internas, que surgirán de un estricto funcionamiento institucional y democrático, coincidirán como una más de las dimensiones de acción, junto a otras seis que actuarán en la imbricación virtuosa del país en el mundo cosmopolita. La multimensionalidad de la integración ayuda a definir ejes políticos para la nueva etapa.

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Supone seis dimensiones principales5 que se agregan, como está dicho, a las políticas hacia el interior: la integración territorial, la integración comercial-financiera, la integración virtual, la integración científico técnica, la integración en la defensa y la integración política.

La integración regional tiene, como lo dice su nombre, su espacio de acción en la región e implica el diseño de una adecuada inserción de las corrientes de comercio, inversión, migraciones, energía, transportes, comunicaciones, en el bloque más cercano. Su espacio de reflexión y praxis es la región y centralmente, la infraestructura. Traído a la Argentina, implica el diseño y la ejecución de la infraestructura regional que facilite el comercio y el desplazamiento con los países vecinos: completar los pasos trasandinos, construir la autopista mesopotámica y aún la atlántica, si el Uruguay la demandara con fuerza; integrar los sistemas eléctricos, la red de gasoductos y de oleoductos, facilitar el desarrollo de redes de comunicaciones permanentemente actualizadas en la frontera del desarrollo tecnológico, realizar la canalización del Bermejo, desarrollar y mantener operativa la hidrovía, diseñar y ejecutar una red 5 La reflexión va agregando “dimensiones”. En mis obras anteriores no incluía a la integración científico técnica como un espacio epistemológico separado del económico, pero indagaciones siguientes me han llevado al convencimiento de que tiene una autonomía de praxis y conceptual que merece ser considerada en forma especial.

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ferroviaria regional que integre la Argentina con el Brasil, Chile, Bolivia-Perú y Paraguay. Los interlocutores primarios de esta integración son, por definición, los países vecinos y cercanos y en especial Brasil, cuya condición de integrante del grupo de las grandes economía emergentes genera un interés especial para la economía argentina, tanto como destino de su producción como por su imbricación con numerosas cadenas productivas, entre las cuales se encuentra nada menos que la automotriz.

La integración económica-comercial-financiera tiene como objetivo la mejor imbricación del espacio económico nacional con el espacio cosmopolita, aprovechando sus potencialidades y generando en el territorio los mejores eslabones posibles de las cadenas de valor en los que intervengan compatriotas –sea como sea que en última instancia se definan éstos-. En el plano público, la Argentina debe participar en las negociaciones económicas globales activamente, con clara conciencia de los intereses defendidos y los propósitos buscados. Los escenarios globales –como la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional- y regionales –como la ALADI y su propio derivado, el Mercosur, así como los organismos financieros regionales- deben ser espacios de praxis prioritarios, pero sin descuidar las

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negociaciones bilaterales con las economías con las que el espacio nacional pueda imbricarse en forma virtuosa. No sólo los grandes mercados emergentes –como China, India, Malasia, Vietnam y otras naciones del SE asiático, sino los países africanos más avanzados, a punto de iniciar su ingreso al mundo global, como Sudáfrica-. En el plano privado, explorar la mejor participación en las cadenas productivas globales, el relacionamiento con los flujos de comercio e inversión, la localización de etapas generadoras de valor lo más cercanas posibles a los eslabones más rentables, el aprovechamiento y la optimización de los espacios de mercado más accesibles, la modernización tecnológica constante con los estándares que se encuentren en la línea de frontera de avance de la economía mundial.

La integración virtual ofrece un espacio singular para la potenciar la creatividad nacional con un mercado en expansión: el mundo hispanohablante.

Más de 400 millones de habitantes, la mayoría de los cuales se encuentra en nuestro sub-continente latinoamericano, pero extendido a los dos mercados desarrollados más importantes (Estados Unidos y Europa, a través de los hispanohablantes norteamericanos y los españoles) son un espacio ideal de proyección de nuestras industrias culturales. En América Latina aún

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resuenan, como improntas lejanas, ecos diluidos de nuestras glorias pasadas en el plano cinematográfico, bibliográfico, académico. El prestigio argentino es quizás donde menos daño ha sufrido –ante el deterioro que los arrebatos populistas han provocado en la imagen del país en el resto del mundo-. Es el espacio natural de ubicación de nuestra pujante producción audiovisual, para integrar redes editoriales, desarrollar mercados para nuestros escritores, vincular nuestros centros académicos con los similares de la región, haciendo interfase con el mundo. La propia “puesta en valor” del idioma español debiera tener en la Argentina un protagonista central. Los interlocutores naturales de esta integración son los países hispanohablantes latinoamericanos, las comunidades hipanohablantes norteamericanas y los españoles, cuyo Estado ha mantenido una política de estado que ha atravesado gobiernos de diferente signo, proyectándose incluso al propio franquismo. Las características de la nueva sociedad planetaria, el desarrollo de los medios interactivos, la necesidad de contenidos para diferentes plataformas –desde redes de televisión por cable hasta computadoras, desde artefactos portátiles de reproducción tipo MP3, MP4 o MP5 hasta celulares crecientemente integrados- tal demanda se pronostica como estable o creciente, con puestos de trabajo de buen nivel

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retributivo y participación en la frontera del desarrollo económico tecnológico.

La integración científico técnica apuntará a vincular estrechamente la ciencia argentina y el desarrollo tecnológico con los centros de investigación científica de frontera, así como con los espacios de desarrollo tecnológico en los que sea posible imbricar la tecnología producida en el país con las redes globales. El impulso a la participación en las redes científicas, en proyectos científicos cooperativos de alto nivel, en desarrollos tecnológicos multilaterales de avanzada, en las redes universitarias más reconocidas, el intercambio con los centros académicos de la región y del mundo, la imbricación de los proyectos desarrollados en el país con similares realizados en otros espacios geográficos, debe formar parte de una política fuertemente proactiva, cuyos objetivos deben surgir de la participación de los actores del sector que desarrollan su actividad en el país. La realización de iniciativas de análisis de prospectivas por el método “Delphi”, de excelentes resultados en otros países como Alemania, Japón o el propio Brasil y que cuenta con un intento lamentablemente interrumpido realizado en la Argentina en el 2001, permitirá contar con la información cercana al sector y el marco de reflexión plural necesarios para definir las políticas

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públicas en el área científico técnica para los próximos lustros. Esos resultados serán un aporte invalorable para la fijación de prioridades y cursos de acción hacia el plano global, concentrando esfuerzos tras definiciones de objetivos compartidas entre los sectores público y privado, superador de las interrupciones cíclicas que implican los cambios de administración. Esa integración contará con interlocutores diferentes a los campos anteriores y trascenderá a los Estados nacionales para alcanzar a instituciones, organismos e iniciativas supraestatales, multilaterales, de la sociedad civil e incluso empresariales e individuales.

La cuarta integración es la relacionada con la defensa y la seguridad. Aunque ambos campos fueron cuidadosamente separados en los albores de la recuperación democrática por los funestos efectos del poder militar ejerciendo de policía política interna como política de estado durante el gobierno justicialista 1972-76 y la dictadura de 1976-83, la situación internacional obliga a una nueva reflexión sobre el tema que incluya a las nuevas amenazas, difícilmente vinculables a las tradicionales “hipótesis de conflicto” de la primera modernidad y los Estados Soberanos. En la situación actual, justamente el gran peligro es confundir los términos y convertir en peligro “militar” la acción terrorista a fin de arribar a la

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sensación de seguridad que implica enfrentarse a algo conocido. La acción militar de Estados Unidos en Afganistán e Irak, dirigidas a limitar el accionar del “terrorismo” que atacó las torres gemelas –pero también en Bali, Indonesia; en Londres; en Madrid; y en la propia Buenos Aires con los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA- son la demostración cabal de la insuficiencia de la tradicional diferencia de enfoques y su peligro, al querer atacar un problema de la “segunda modernidad” con las herramientas conceptuales de la primera.

El terrorismo, al igual que las redes delictivas globales, es un fenómeno que se apoya en actores de la sociedad civil, jugando en el borde mismo de la legalidad. Cuando es interno, debe ser combatido por la policía y la justicia. Al ser global, requiere la conformación de nuevas respuestas que alineen las acciones de los gobiernos para erradicarlo. Al expresarse mediante armas militares de alto poder y generar peligros de dimensión inconmensurable –proliferación nuclear, terrorismo biológico, equipamiento militar asentado en territorios sin Estado, etc- es imposible abordarlo sin contemplar el componente militar, en el marco reflexivo integral que lo absorba de la dinámica inter-estatal de las tradicionales hipótesis de conflicto del viejo mundo “moderno”.

Los problemas tradicionales de defensa han

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cedido su prioridad a estas nuevas amenazas que se traducen en riesgos globales –armas de destrucción masiva, proliferación nuclear, deterioro ambiental, guerra biológica, peligros de sabotajes- con formas de acción totalmente novedosas. El mundo está delineando en forma plural organismos que incluyen a los países responsables, en los que es necesario participar integrándose a la red de seguridad internacional de los espacios democráticos, que a la vez que organizar un sistema eficaz de prevención y defensa frente a las nuevas amenazas, actúe como límite a las iniciativas de autodefensa de las naciones que se sientan con poder como para actuar en forma unilateral. Lo segundo es imposible sin lo primero, por la misma razón ya expresada por Hobbes al analizar la autolimitación de los fuertes cuando delegan el ejercicio de la violencia en el gobierno: sólo la sensación y la convicción de estar mejor defendidos por una acción colectiva que por su propia capacidad disuasiva, persuadirá a los más fuertes de limitar su poder delegándolo en un organismo superior. Las otras opciones en este campo son seguir en el camino actual, declamatorio e impotente –lo que hará persistir las iniciativas de autodefensa de quien tenga fuerza para hacerlo, sea en Afganistán o en Georgia, en el Líbano, en Gaza o en Asia Central, a la vez que derivará inexorablemente en la inducción de una

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carrera armamentista global por parte de los Estados nacionales-; o en actuar decididamente entre quienes tienen confianza política recíproca y homologables sistemas políticos democráticos, quienes están más cerca de arribar a la meta kantiana de la república democrática, para conformar espacios e instrumentos de prevención y acción multilaterales contra esas nuevas amenazas, con los naturales recaudos procedimentales y normativos.

En la opción pareciera claro que el camino adecuado es el segundo y pareciera también conveniente formar parte de ese espacio de Defensa, más que ser un extraño a él. Los interlocutores serán quienes tengan la vanguardia en la reflexión y organización sobre el mismo, sea en el marco de las Naciones Unidas, en el de organizaciones regionales o en el de coaliciones regionales o globales de objetivos específicos –al estilo del tratado de no proliferación misilística-. Bueno es recordar que la pertenencia a ese grupo de élite no será el resultado de una simple decisión unilateral del gobierno de turno, como pudo comprobarlo el gobierno de Carlos Menem cuando sugirió la incorporación de la Argentina a la OTAN, sino de un comportamiento interno y externo homologable, serio y previsible, que genere la confianza necesaria en las democracias desarrolladas como para interesarlas en convocar al

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país a participar de ese espacio. La última integración es la política. En el mundo se van gestando dos grandes

espacios: quienes con diferencias de grado y de compromiso pretenden conformar un espacio normatizado de gestión global multilateral y aceptan la necesidad de crear el entramado normativo de la globalización, por una parte; y quienes prefieren autoexcluirse del esfuerzo y conservar la prédica “soberanista” a ultranza, con su correlato belicista, su generación de desconfianza e inseguridad y sus vínculos con países y organizaciones que se mueven al margen de la legalidad global en formación, por la otra.

En esta última integración debe asumirse en forma clara la responsabilidad de participar en el diseño del mundo global. No sólo es funcional con el proyecto modernizador que nos fundó como Nación. El propio San Martín, al declarar en Lima que “nuestra causa es la causa del género humano”, señaló el contenido político modernizador de la gesta libertadora continental. Es el contenido de los documentos fundacionales: las definiciones de la GAZETA, las resoluciones de la Asamblea de 1813, el contenido de la Declaración de la Independencia de 1816, el programa de la Constitución Nacional definido en el Preámbulo, las medidas de construcción del país tomadas por los primeros gobiernos del país organizado y

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culminadas con la sanción de la Ley del Sufragio Libre, en 1916. La Argentina no se entiende sin ese proyecto, que fuera luego adjetivado –en ocasiones positivamente, en ocasiones no tanto- por políticas que durante el siglo XX provocaron el creciente aislamiento de un país que nació cosmopolita y que al adoptar la moda circunstancial de la primera mitad del siglo XX perdió el rumbo al inicio de la cuarta década del siglo pasado. La propia base normativa formal del país –la Constitución Nacional y provinciales, el entramado normativo, el derecho penal positivo, la legislación civil, comercial, procesal, etc- continúan siendo en esencia cosmopolitas y homologables con las democracias exitosas, a pesar de la praxis crecientemente autoritaria del poder frente a los ciudadanos, considerada por la mayoría como una circunstancia excepcional –a pesar de su extensión temporal-. No debieran existir dudas sobre la ubicación internacional, sobre la necesidad de trabajar en una normativa multilateral, en el apoyo irrestricto y supranacional de los derechos humanos sin limitaciones aceptables en razón de “soberanía” nacional alguna y sobre la adscripción al trabajo por extender la normativa planetaria a otros ámbitos.

Esas seis integraciones son los caminos para una imbricación exitosa de la Argentina en el mundo cosmopolita.

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Cabe indagar qué debemos hacer de cara a nuestra también cosmopolita realidad “interna”. La acción “hacia afuera” es una buena aproximación para fijar políticas montados en la ola del mundo, en las transformaciones de la segunda modernidad y en la construcción de la sociedad global. Sin embargo, la política es una actividad que se da “hacia adentro”, donde chocan las visiones, se elaboran decisiones, se lucha por el acceso a lo que queda del “poder” y se toman medidas cuyo efecto y alcance aún son determinantes para la vida de quienes viven en el territorio del país.

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Encontrar la política: el nuevo desafío de la segunda modernidad El cosmopolitismo consciente es la base para responder adecuadamente, en términos conceptuales, a la demanda por la nueva política. Sin concientización cosmopolita, sin asumir la imbricación íntima e irreversible de la “sociedad” nacional con la realidad global y sin comprender la dinámica del nuevo sistema económico y político en gestación, arrastrado por el cambio tecnológico, será imposible delinear las bases adecuadas para un renacer de la actividad política consciente. Destaco “consciente” porque “política” como juego cruzado de lucha por la ocupación del poder existirá de cualquier forma. No será sin embargo una actividad funcional al cambio, ni a los valores perseguidos, ni a la adecuación virtuosa de la “sociedad nacional” o lo que quede de ella con el paradigma global. Será en el mejor de los casos un nuevo ensayo-error y en el peor una nueva coartada para proyectos personales o grupales de naturaleza diversa. ¿Qué espacio queda para la política interna en la segunda modernidad? Vimos algunas propuestas “hacia fuera”. Pareciera que las propuestas “hacia adentro” son la continuación de esas reflexiones, en las que como puede observarse no se ha necesitado recurrir al

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auxilio de los cartabones ideológicos del siglo XX para encontrar caminos racionales y virtuosos de imbricación cosmopolita. El punto de partida son los valores de la modernidad. En el esquema del “cuadro de posibilidades” ofrecido por Beck sobre la ecuación de cambio, toma partido por priorizar los objetivos axiológicos por sobre las construcciones instrumentales existentes. Tiene en claro que defender las estructuras puede llevar a negar los valores y que en consecuencia ante el dilema de elegir entre la defensa de los valores o la defensa de las estructuras de la primera modernidad –si así ocurriera en algún campo de acción- opta por los primeros, entendiendo que las segundas son sólo categorías históricas útiles en algún momento para concretar objetivos, pero de ninguna manera trascendentes. Si el propio Estado Nacional, símbolo prototípico del mundo moderno, está sufriendo los embates del cambio y superado por la redistribución de facultades hacia espacios supra, inter y sub estatales, no se explica que no pueda cambiarse la ANSES, la CGT o los propios partidos políticos para mejorar la respuesta a la previsión social, los derechos de quienes trabajan o la mejor canalización de la soberanía de los ciudadanos. Este punto de partida se dirige a la actualización de los valores y debe integrarse con

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la aproximación metodológica, que define en última instancia a la política concreta con más nitidez que sus guías axiológicas. ¿Cómo reconstruir el vínculo debilitado entre el ciudadano y la representación –y aún, la propia acción- política? ¿Cómo superar la debilidad de la intrascendencia conservadas por las potestades públicas frente a la dimensión de los problemas? ¿Cómo optimizar la capacidad de acción colectiva y cómo definir los problemas prioritarios en una sociedad pluralizada, cruzada por intereses diferentes, cosmopolitizada en su esencia y compleja en su entramado de vínculos cruzados? Un cambio de enfoque se ha propuesto como guía para reencontrar la política: el concepto de la sociedad de riesgo que necesita preverlos, evitarlos, combatirlos. La esencia de la segunda modernidad es la aparición de riesgos de difícil mensura, productos colaterales de su éxito: el terrorismo, el deterioro catastrófico del ambiente, la inseguridad biológica, la expansión de la inseguridad cotidiana, la proliferación de armas de destrucción masiva, la banalidad del terror, la presencia constante de la violencia imprevisible. Este enfoque propone reelaborar la acción estatal –y en consecuencia, el realinamiento político- a partir de los riesgos a evitar, en lugar hacerlo de partir de los “valores” a perseguir. Supone respetar fuertemente la autonomía de los ciudadanos –

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ciertamente, más que en la primera modernidad- pero en lugar de ofrecerles acuerdos político-cooperativos para perseguir objetivos “positivos”, al estilo de las “plataformas” de los partidos de la política tradicional, les ofrecerá organizarse para prevenir determinados riesgos que hagan más tolerable la sensación de inseguridad o la erradiquen, según los requerimientos más fuertes de los ciudadanos. En esta reflexión, la “seguridad” no es identificada sólo con la seguridad personal, sino con la seguridad jurídica, la seguridad empresarial, la seguridad laboral, la seguridad de permanecer incluido en el sistema formal, la propia seguridad de comer todos los días y hasta de permanecer vivos. Los resultados de ambos caminos pueden ser similares, pero tienen una diferencia de convocatoria sustancial: permiten comenzar de nuevo. La indagación sobre la agenda y la reflexión sobre la praxis no estará determinada por la tributación en viejas construcciones ideológicas, sino en los problemas concretos del momento. Este requisito no es un simple capricho instrumental o una singular epifanía intelectual, sino una herramienta para ampliar la convocatoria a viejos rivales, cuyos intereses hoy pueden coincidir en los temas del presente aunque tengan sobre el pasado –y sobre la visión del mundo, sus convicciones filosóficas y el rol de la humanidad sobre la tierra-

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posiciones diametralmente opuestas. El método de convocar por los riesgos a enfrentar permite coaliciones coyunturales entre rivales, muy difíciles de intrumentar desde el enfoque de los “valores compartidos”. El primer paso es definir el objetivo a lograr. El segundo es agregar reflexión, con visión y perspectiva cosmopolita. El tercero es imaginar la propuesta concreta, elaborarla, procesarla intelectual y participativamente en forma equilibrada y objetiva. El cuarto, convocar a la acción conjunta y articular esfuerzos transversales para concretar el objetivo. Una conclusión surge de inmediato: es imposible otorgarle a este renacimiento de la política una épica romántica. La política de la segunda modernidad es incompatible con la acción revolucionaria de los siglos XIX y XX, la praxis guerrillera, el heroísmo que reemplaza la acción colectiva y tranquiliza la conciencia mediante el expediente más seguro de una adhesión simplemente emocional a un liderazgo. Pero la otra conclusión también es terminante: es un camino que respeta la autonomía ciudadana, que no fuerza convicciones, que no obliga a renunciar a valores para trabajar por propósitos urgentes y que deja abierta la prosecusión de la utopía individual, que seguirá por su propio camino en cada uno de los ciudadanos sumados en las diferentes causas.

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La búsqueda de la política por el camino de la acción “negativa” cambia la orientación de la indagación sobre la acción colectiva, desde el campo de los valores al campo metodológico. Ello es funcional a la fragmentación de la segunda modernidad, cuya característica es la expansión virtualmente infinita de las aspiraciones y motivaciones humanas, su entrelazamiento y entrecruzamiento en una red densa e inasible de intereses afines, diversos, contrapuestos, desestructurados, desalineados. ¿Cómo “agrupar” en una misma fuerza política, por ejemplo, a quienes se motivan por la lucha contra la extinción de las ballenas, con quienes lo hacen con una causa tan diferente como la igualdad de género? ¿Es que debe ser un requisito imprescinsible para unos coincidir con la propuesta que, en el otro campo, hacen otros? ¿Qué decir de quiénes tienen la aspiración de la mayoría de edad a los 18 años, frente a quienes sostienen que ello debe mantenerse como está, o cambiarse a los 16? ¿Se les exigirá a quienes tienen esa preocupación que partipen en partidos diferentes, aunque para ello deban unirse a quienes sostienen una posición de liberalización del aborto, con la que no se coincide? ¿Y qué deben hacer quienes sostienen la posición abortista, pero a la vez defienden la internalizacionalización de la defensa de los derechos humanos a un plano supraestatal?

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Las preguntas pueden continuar hasta el infinito, en un abanico tan amplio como la propia diversidad de la reflexión humana, ampliada por los nuevos tiempos aún más al escenario planetario. El resultado no puede estar más alejado de las concepciones “sólidas” de la lucha de clases, la acotada definición de las “alienaciones”, o la “planificación estatal” de determinadas actividades humanas. Si no fuera una falta de respeto, podría sostenerse que esa pretensión suena simplemente ridícula, frente al grado de autonomía que las personas han recuperado para sí ante el crecimiento de sus posibilidades de comunicación, interacción y debilitamiento del poder de los Estados, o sea, de la “política”. ¿Sirve entonces la política, o su interés se ha reducido a quienes escuchan nostálgicos ecos de batalla que llegan desde la historia –antigua o reciente- despertando escasos espíritus aunque también novedosos recelos? ¿Es posible aún la acción colectiva para mantener el ideal de la ilustración, de arrebatarle al “destino” o a las fuerzas religiosas, del azar o de la propia naturaleza la capacidad humana de escribir la historia? Bauman cita a Beck: en la segunda modernidad, las contradicciones sistémicas tienen soluciones biográficas. En otras palabras, en el mundo que vivimos –y cada vez más en el que

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viene- la historia dejará de ser una acción colectiva y habrá tantas como seres humanos procesando sus “políticas de vida”, que reemplazarán a “la política”, a secas, tal como la conocíamos. Sin embargo, para ello hace falta un requisito, esencial, básico: culminar las tareas de la primer modernidad, la última clara acción política que requiere el esfuerzo colectivo. Ello significa nada más ni nada menos que lograr el afianzamiento del marco político normativo en el que los seres humanos puedan construir sus biografías, desarrollando sus “políticas de vida”, con la seguridad de no ser avallados en sus derechos básicos por ninguna concentración de poder ubicada al exterior del sistema, o por encima de las normas –nacionales, regionales, globales- dictadas por procedimientos homologables. Tenemos entonces un primer cartabón: si bien es cierto que la sociedad a la que nos dirigimos pareciera dejar en cada persona la libertad de construir su destino, también lo es que ese paso es el siguiente a uno previo: la racionalización de la convivencia en un marco jurídico –de vigencia y aceptación cosmopolita- apoyado en el respeto a los derechos humanos, considerados en su sentido amplio. La lucha por la democracia –local, regional, global- es la última acción colectiva antes de ingresar en el espacio de las “políticas de vida” reemplazando a la acción

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conjunta. Y a partir de allí, la siguiente conclusión también parece obvia: garantizados el funcionamiento del sistema democrático, los derechos de las personas, el piso de ciudadanía, la transparencia de la gestión y todos los recaudos de una política madura y homologable, a partir de allí todo lo demás es opinable. Las organizaciones funcionales a ese estadio, el que viene, serán las que con mayor capacidad recepten a ciudadanos con visiones diferentes y generen espacios más eficaces de construcción de consensos, la nueva tarea de los intelectuales y políticos. Y serán disfuncionales las que insistan en segregar según visiones filosóficas, ideológicas o nacionalistas, ignorando el denso entramado individual - cosmopolita y el respeto a la soberanía ciudadana. Aquí se enfrentan dos propuestas, sin embargo integrables. La capacidad de “interpretar” las visiones diferentes, los choques culturales, la interacción de los nuevos “bordes” e “identidades” traduciéndolas a un lenguaje de consenso, que Baumann propone como la nueva tarea virtuosa de los intelectuales y políticos, frente a la capacidad de articular las acciones para prevenir y enfrentar los “riesgos”, que Beck sugiere como metodología de escape a la trampa de los viejos ecos ideológicos proyectados al presente. Pero es que los riesgos tienen su propia conformación, actores,

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perjudicados y beneficiados. Pueden alinearse con las viejas luchas de ganadores y perdedores, pero también puede ocurrir que no lo estén. En este caso, los valores servirán para definir los compromisos, diseñar los caminos, democratizar las consecuencias y también los beneficios. Porque –no olvidemos- no existen riesgos sin beneficios previos, que suelen estar repartidos en forma desigual por la globalidad inherente a las consecuencias colaterales de la primer modernidad. No siempre quienes resulten beneficiados de una iniciativa propia de la “primer modernidad” –pongamos por caso, una establecimiento de planta de generación eléctrica de combustión nuclear- reparte riesgos en forma homogénea entre los beneficiados de ese emprendimiento –sus accionistas, sus empleados, sus consumidores y hasta un gran agregado poblacional quizás alejado- y sus afectados. Es probable que la región en donde la instalación esté implantada sufra las consecuencias y los mayores riesgos reales y eventuales, mientras que los beneficios alcanzan a diferentes colectivos no identificados con quienes soportan los perjuicios. Un campo diferente, como el de la seguridad, nos acerca un nuevo ejemplo. El alineamiento axiológico de la primer modernidad lleva a las personas a ubicarse frente a un problema complejo y multicausal con pautas interpretativas

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del mismo problema en otras épocas. El debate se enciende entre quienes quieren soluciones drásticas “ya”, priorizan el orden a cualquier precio y no matizan su posición, por un lado; y quienes atribuyen las causas del problema a los desequilibrios sociales, sostienen la existencia de un determinante formativo en la inequidad social y no aceptan otras propuestas que las del eventual esperado efecto a largo plazo. El debate suele neutralizarse y la consecuencia es la inconsistencia temporal de las políticas. El método de la sociedad de riesgo, de la reflexión y visión cosmpolita de la segunda modernidad basado en el abandono del debate “lo uno o lo otro” y su reemplazo por “lo uno, y lo otro también” pone el acento en la indagación sobre las causas efectivas –no teóricas o ideológicas- y los efectos actuales del problema y se avoca al diseño de una política con tantas aristas y facetas como sea necesario: el ataque a las complicidades “glocales” con las redes delictivas, el fortalecimiento de políticas sociales inclusivas efectivas, la adecuación normativa y su ejecución, el equipamiento y perfeccionamiento de los organismos de seguridad, etc. Diferentes afectados por el riesgo del desborde violento pueden encontrar un continente cooperativo con independencia de sus visiones y convicciones filosóficas. Las ventajas políticas estarán, en este nuevo

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escenario, del lado de aquellas organizaciones partidarias “de amplio espectro”, con vocación inclusiva y que faciliten la participación, el debate y la construcción de consensos sobre políticas específicas. Las unirá lo metodológico, más que la épica de pasado, aunque ésta mantenga su atractivo romántico como fondo difuso. En la Argentina, casi naturalmente surge la ubicación preferente del radicalismo y el peronismo por sobre las ofertas “ideológicas”, aunque adecuados a las nuevas realidades y depurados de sus aristas más cortantes, sus “durezas” conceptuales y sus restos dogmáticos en el caso del radicalismo, y sus complicidades corporativas y relativismo ético por parte del peronismo. ¿Significa que no habrá lugar para nuevas organizaciones políticas? Todo lo contrario. Pueden existir muchas, incluso predominar. La dinámica del futuro es inescrutable y las personas construirán sus categorías históricas según sus necesidades. Los propios partidos históricos tienen potencialides, pero también debilidades. Están teñidos por islotes de durezas ideológicas y complicidades corporativas que darán batalla y persistirán en la lucha por el mantenimiento de esas fuerzas como partidos de la primer modernidad. Si ello ocurre, serán superados por nuevas experiencias, que aunque enfrenten el desafío de una construcción “desde cero” tienen a su favor la

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penetración de las nuevas tecnologías de comunicación que aceleran tiempos y achican espacios y en el cambio inconsciente pero inexorable hacia el cosmopolitismo. La exitosa perfomance que han tenido en la Argentina de comienzos del siglo XXI las experiencias del PRO –llegando a la administración del distrito urbano más importante, la Capital Federal- y la Coalición Cívica –posicionada en el 2007 como la segunda opción electoral del país- indican la vitalidad y la búsqueda constante de los ciudadanos por su mejor expresión política. Ambos casos presentan particularidades. El PRO, desarrollando una propuesta fuertemente pragmática apoyada en su búsqueda de eficiencia en la gestión, especialmente demandada por la prioridad local y urbana de su principal base electoral. La Coalición Cívica, por su parte, caracterizándose por su relato de base ética y su diseño, superador tanto del “ancla territorial” de la modernidad temprana, como del “gigantismo estatal-corporativo” al uso en la modernidad tardía –ambas expresiones de la “sociedad sólida” de Bauman, que dieron forma al radicalismo y al peronismo y que se está disolviendo-, para ensayar una organización en red, sin dogmatismos ideológicos o instrumentales, priorizando los objetivos éticos que animan la política por sobre los instrumentos que suelen privilegiar sus propios intereses frente a su

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justificación social. La búsqueda de ambas fuerzas está indudablemente más a tono con la fluidez, la complejidad y el dinamismo de las nuevas formas y actitudes de las personas en su vida de relación. Como siempre, el futuro está abierto. Lo construiremos los seres humanos, en forma colectiva y en forma individual. Quizás el propio futuro sea la suma de “soluciones biográficas a contradicciones sistémicas”, biografías escritas en el portentoso escenario de las posibilidades que ofrece a los seres humanos una humanidad que habrá dejado la prehistoria para comenzar a escribir su historia. Esas soluciones biográficas escritas por personas sin alienaciones mayores estarán más cerca de concretar la visión de Marx (terminada la prehistoria plena de alienaciones, comenzará la historia de la humanidad liberada) que la de Fukuyama (que ve al capitalismo liberal democrático como el fin de la historia, la llegada a la “meta” kantiana de la república democrática federal), aunque en lo profundo ambas coincidan: hombres libres en un mundo libre, viviendo libremente su búsqueda de felicidad. Cuya definición estará, libremente, no en las construcciones totalizadoras del viejo Estado y la vieja política, sino en la construcción de cada uno según su experiencia de vida, sus afectos y sus convicciones sobre el sentido de la existencia.

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