reducción de pasivos gubernamentales · se describe la naturaleza de las obligaciones po-tenciales...

Reducción de Pasivos Gubernamentales

No. 13Febrero 2001

Serie Propuestas


Contenido

1

2 Introducción

3 I. Obligaciones Reportadas

5 II. Obligaciones No Contabilizadas

5 II.1 Costo de Transición del IMSS a las Afores

7 II.2 Pensiones del ISSSTE e Institutos Estatales de Seguridad Social

10 II.3 Institutos y Fondos de Vivienda

12 II.4 Cartera de la Banca de Desarrollo

12 II.5 Deuda de los Estados y Municipios

14 II.6 Pidiregas

15 III. Esfuerzo Fiscal del Gobierno

16 Propuestas

19 Bibliografía

Introducción

Reducción de Pasivos Gubernamentales2

En los últimos años, el gobierno federal ha des-tinado recursos para cubrir obligaciones noreconocidas como pasivos directos. El montode estas obligaciones generan presiones sobreel déficit fiscal real y aumenta la incertidumbresobre la carga tributaria, el gasto y el endeuda-miento del gobierno federal.

Al 31 de diciembre de 2000, el valor actual deestas obligaciones era del orden de 125% delproducto interno bruto (PIB). Por este motivo,consideramos que la reforma hacendaria debeincluir el reconocimiento explícito de estas obli-gaciones y generar un superávit público de porlo menos 4% del PIB por año con el fin de llegaren 20 años (suponiendo un crecimiento de 5%anual en la economía) a una deuda total equivalen-te a 20% del PIB. Por cada año que se pospongala reforma hacendaria y no se incrementen losingresos públicos, el costo fiscal de estas obli-gaciones aumentaría.

El incremento del gasto del gobierno en bienespúblicos para fomentar el crecimiento econó-mico y combatir la pobreza se traduce en lanecesidad de llevar a cabo medidas que permitanaumentar la calidad del gasto público y reducirlos costos financieros del Estado. Por tal motivo,

Introducción

el objetivo de este trabajo es proponer algunasde estas medidas para disminuir el saldo depasivos del gobierno y aligerar —con ello— ladeuda fiscal. Para tal propósito, en el documentose describe la naturaleza de las obligaciones po-tenciales del gobierno, se estima su monto actualy se hacen propuestas para disminuir el montode responsabilidades.

En la siguiente sección se describen algunasobligaciones que cuentan con el aval expreso delgobierno federal: el rescate carretero, fideico-misos públicos de fomento (vivienda, agrícola,etcétera), el IPAB y la banca de desarrollo. Poste-riormente se analizan las responsabilidad legalesque generan obligaciones financieras del Estado:el pago de pensiones del IMSS, del ISSSTE yde los estados; la cartera vencida de institutosde vivienda, la cartera vencida de la banca dedesarrollo, el endeudamiento de los estados ymunicipios, y la liquidación de los Programasde Inversión para el Desarrollo de Infraestruc-tura (Pidiregas).

Al final del documento se presenta el cálculodel superávit fiscal necesario para afrontar esasobligaciones en los próximos años y se resumenlas principales propuestas.


Obligaciones Reportadas

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Según el informe de las finanzas públicas alcuarto trimestre de 2000, el saldo total de lasobligaciones que cuentan expresamente congarantía fiscal ascendió a 986.4 miles de millonesde pesos (mmp), es decir, 16.6% del PIB. Lasobligaciones más cuantiosas se asocian al rescatebancario, los fideicomisos y fondo de fomentoeconómico, el rescate carretero y la banca dedesarrollo (ver cuadro).

I. Obligaciones Reportadas

En términos generales, el involucramiento —di-recto o indirecto— del sector público en actividadesde naturaleza privada, una regulación inadecuadade los mercados y el pobre ejercicio y controldel gasto público son las principales causas deque el gobierno asuma este tipo de obligaciones.

En relación a los programas de protección alahorro bancario, una garantía ilimitada del estadoa los depósitos en la banca, una regulación pru-dencial deficiente y un marco económico inestablefueron los principales detonantes de la crisisbancaria en nuestro país (ver Propuestas 1 y 6).La garantía total del gobierno al ahorro bancarioy las fallas en el estado de derecho en el país nosólo fomentan el incumplimiento de deudores;además, no ofrecen incentivos adecuados paraque los accionistas y administradores de las ins-tituciones de crédito aumenten la seguridaden sus operaciones.

Obligaciones Garantizadas por el GobiernoFederal • Saldos al 31 de diciembre 2000 en miles demillones de pesos

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

IPABFideicomisos y fondos de fomento(Fideliq, Fira, Fovi, y Fidec)Rescate carretero (Farac)Banca de DesarrolloOtrosTotal

740.5123.4

105.413.23.8

986.4

Al 31 de diciembre de 2000, el saldo bruto delos pasivos del IPAB fue de 740.5 mmp lo cualrepresenta 53% de la deuda pública total y13.5% del PIB. Si descontamos los programassin efecto patrimonial (daciones en pago y apoyoa deudores), el saldo neto con respecto al PIBes 11.9% para finales de 2000. A la fecha, lospasivos de esta institución no están reconocidoscomo deuda pública a pesar de que cuentancon la garantía del gobierno. La situación anteriorincrementa el costo financiero de estos pasivos,y por ende, el costo fiscal del saldo total del IPAB.

En relación con el rescate carretero, un mal di-seño de los contratos entre el sector público ylos concesionarios para la construcción de ca-rreteras hizo que el riesgo de mercado, denaturaleza privada, fuera trasladado al sectorpúblico y, por tanto, a los contribuyentes (verPropuesta 1). El gobierno —al garantizar el aforovehicular de las carreteras y tras la crisis eco-nómica de 1995— asumió los activos, al igualque las pérdidas, de los concesionarios bajo elcriterio de que las vías generales de comunicaciónson áreas estratégicas de prioridad nacional lascuales se mantienen en dominio del Estado (ar-tículo 28 constitucional).

En lo que respecta a los fondos de fomento ybanca de desarrollo, las garantías gubernamen-tales se convertirán en deuda pública en lamedida en que respalden activos de baja calidad.Este es el caso de la banca de desarrollo y de losinstitutos de vivienda, ya que criterios no comer-ciales para el otorgamiento de crédito —industrialese hipotecarios— y los subsidios gubernamenta-les en estos sectores tienden a elevar la carteravencida, motivando su cobertura con recursosfiscales (ver capítulos II.3 y II.5).

La injerencia del Estado en estos institutos fi-nancieros (vivienda y banca de desarrollo) nosólo representa un costo fiscal para los contri-buyente, sino también un obstáculo para el

Obligaciones Reportadas


desarrollo del sistema financiero. La existenciade subsidios, criterios y prácticas contables di-ferentes a las de otros intermediarios financierosdel sector privado, inhibe la penetración de esteúltimo dentro de la economía. Por tal motivo,medidas que permitan reducir este tipo de costosno sólo son importantes considerar en la reformafiscal, sino también son piezas fundamentalesdentro de una reforma del sector financiero.

El crecimiento de la economía con una mejordistribución del ingreso demanda la generaciónde infraestructura y el incremento de los están-dares de vida de la población más pobre. La únicaforma de alcanzar estos objetivos es la mayorparticipación del sector privado en actividades queactualmente le son restringidas y una eficaz ges-tión pública en proyectos específicos para lasuperación de la pobreza y elevación de los están-dares de vida (v.gr. vivienda y microcréditos). Estodebe realizarse bajo condiciones que no generenun costo excesivo para los contribuyentes.

Para una mayor participación del sector privadopodemos destacar: primero, eliminar obstáculos—legales y regulatorios— a la inversión privadadirecta; y segundo, delimitar claramente los ries-gos en los contratos de concesión, de forma talque el gobierno asuma sólo el riesgo regulatorioy no el comercial, el operativo y el financiero.

Entre las condiciones para elevar los estándaresde vida de la población sin producir un costofiscal elevado e incierto podemos destacar: pri-mero, condiciones de mercado en el otorgamientode créditos que distingan claramente las políticasde subsidios de las prácticas comerciales; ysegundo, unificar criterios contables entre insti-tuciones del sector público y privado. Un análisismás detallado de los institutos de vivienda sepresenta en la sección II.3.


Obligaciones No Contabilizadas

5

Además de las obligaciones anteriores —reco-nocidas explícitamente por el gobierno—, existencompromisos legales del sector público quegeneran presiones sobre el erario público y cuyosflujos se presupuestan en cada ejercicio fiscal,aunque no se detalla el saldo de éstos ni sucomportamiento en el futuro.

Las obligaciones consideradas en esta categoríaincluyen los costos de transición al nuevo sistemade pensiones, los desequilibrios actuariales delsistema de pensiones de los trabajadores delEstado (ISSSTE), la cartera vencida de institutosy organismos públicos (banca de desarrollo, Info-navit, etcétera), las contingencias y la liquidaciónde los Proyectos de Impacto Diferido en el Re-gistro del Gasto (Pidiregas) y, potencialmente,el endeudamiento de los estados y municipios.

II.1 Costo de Transición del IMSS a lasAforesEn 1997 se llevó acabo una reforma al sistemade pensiones en el cual se sustituyó un sistemade reparto —administrado por el sector públicomediante el IMSS— por uno de capitalizaciónde cuentas individuales —manejado por admi-nistradores privados de fondos de retiro (afores).

Bajo el sistema de reparto, las pensiones sepagaban con las aportaciones de los trabajadoresen activo y los rendimientos de los fondos deretiro acumulados. Debido al cambio en la estruc-tura demográfica —que aumentó la proporciónentre pensionados y trabajadores activos— y alas malas políticas de inversión, este sistemaempezó a generar un déficit financiero, el cualse incrementó en el tiempo. Bajo el nuevo sis-tema, el ahorro obligatorio de cada trabajadorse destina al pago de la pensión de éste. Elmonto de la pensión dependerá de las aporta-ciones realizadas y del rendimiento de la cuentaindividual. En la actualidad, el gobierno garantizauna pensión no menor a un salario mínimo si eltrabajador cotizó en las afores por lo menos1,250 semanas.

II. Obligaciones No Contabilizadas

Si bien esta reforma asegura que no haya déficiten el nuevo sistema de pensiones, persistenobligaciones del gobierno que deben incluirseexplícitamente dentro de las finanzas públicas,a fin de dar transparencia y certidumbre sobresu evolución. Estas obligaciones se vinculan ados factores: a) el pago a los pensionados que nocotizaron en el nuevo sistema; y b) los trabaja-dores que por su edad no pueden cotizar en lasafores el suficiente número de semanas paraalcanzar la pensión mínima. Para estos trabaja-dores en activo, la Ley del IMSS ofrece la opciónde elegir entre el retiro en el nuevo sistema ouna pensión mínima garantizada (ver Propuesta2). El presupuesto de 2001 prevé un pago a pen-sionados actuales del IMSS de 29.2 mmp. Estasobligaciones serán decrecientes en el tiempoen virtud de que esta población disminuirá.

Respecto a los trabajadores en transición, lasobligaciones serán inicialmente crecientes de-bido a que 45% de la fuerza laboral se encuentraen el rango de personas con edades entre 35 y65 años,1 las cuales tenderían a retirarse bajoel viejo sistema de pensiones. Considerando laesperanza de vida de esta población y que laresponsabilidad del gobierno abarca a los sobre-vivientes con derecho a pensión (por ejemplo,viudas), la obligación máxima del gobierno seobservará dentro de tres y cuatro décadas.

Considerando tanto pensionados como traba-jadores en transición que se jubilarán por elIMSS, calculamos que, para asumir el total deestas obligaciones, se requerirá inicialmente unatransferencia anual equivalente a 1.2% del PIB,la cual llegará a 5% en 2039, debido al enveje-cimiento de la población. En valor presente, elsaldo de estos pasivos podría representar entre38% y 51% del PIB actual (ver gráfica).

1 Segun datos del Consejo Nacional de Población.



Flujo de Obligaciones Gubernamentales Frente a Pensionados del IMSS • % del PIB

Fuente: Estudios Económicos BBVA Bancomer

97 99 O1 O3 O5 O7 O9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 490

1

2

3

4

5

La cuantía y duración de las obligaciones deriva-das de las pensiones depende de los supuestosutilizados (crecimiento del PIB, tasas de interés,incremento de los salarios, etcétera); por elloes recomendable que la SHCP informe sobreel tamaño estimado y la evolución de las obli-gaciones, a fin de reducir la incertidumbre sobrelos déficit fiscal actual y futuro.

Adicionalmente, los costos de la transición entresistemas de pensiones podrían aumentar pordos factores: a) la forma en que el gobierno finan-cie las pensiones pagadas bajo el viejo sistema yb) una inadecuada regulación de inversiones queinduzca una rentabilidad financiera insuficientepara alcanzar la pensión mínima garantizada, lacual tendría que ser cubierta por el gobierno(ver Propuesta 2).

En la actualidad, 98% de los recursos de pen-siones invertidos por las afores —mediante lassiefores— se canaliza a instrumentos de deudapública y sólo el 0.3% se invierte en instrumentosde deuda emitidos por el sector privado. De igualforma, gran parte de los recursos captados por

el sector público se canalizan al gasto corrientey no de capital: en 1994 la proporción de gastoen capital sobre gasto total fue 45.5% y ha de-crecido para llegar a 18.2% en el 2000.

La segunda fuente de riesgo para las finanzaspúblicas consiste en que el gobierno garanticeuna pensión mínima debido a un inadecuadorendimiento de las inversiones de los fondosde pensiones. Bajo el nuevo sistema de retiroel gobierno garantiza una pensión vitalicia deun salario mínimo, lo cual podría generar obli-gaciones contingentes al gobierno en el caso deque el saldo acumulado en la cuenta individualno haya sido suficiente para cubrirla. Si un traba-jador durante su vida laboral percibió un salariomínimo, su cuenta individual debería generarun rendimiento real de 7% en este lapso, a finde alcanzar la pensión garantizada, de lo con-trario el gobierno tendrá la obligación de asumirla diferencia. Una regulación de inversiones queinhibe la posibilidad de generar un portafolio óp-timo aumenta la probabilidad de que el gobiernoasuma una pensión mínima legal.



7

En virtud de los riesgos anteriores, es impor-tante que los fondos de pensiones puedan serinvertidos —al menos en una mayor parte— enbonos y acciones de empresas de reconocidasolvencia y en activos denominados en monedaextranjera. De esta manera, se generarían múlti-ples beneficios: primero, una mayor diversificaciónde las inversiones de los fondos permitiría acotarlos niveles de riesgo y aumentar la rentabilidadde las inversiones. En caso de permitir unamayor diversificación se incrementaría el ren-dimiento esperado de las cuentas individualeshaciendo que el costo fiscal por asumir la pensiónmínima disminuya en aproximadamente 11.04%.2

Segundo, se promovería que estos recursos delargo plazo sean canalizados a la inversión pro-ductiva con los beneficios de mayor crecimientoeconómico y mayor capacidad del gobierno parahacer frente a sus obligaciones totales.

En resumen, para acotar los costos de la transi-ción del sistema de pensiones es recomendable:

a) Presentar partidas informativas sobre losmontos estimados de estos pasivos dentrode los informes trimestrales de las finanzaspúblicas.

b) Propiciar una mayor diversificación de las inver-siones de los fondos de pensiones, permitiendoque las siefores mantengan posiciones enacciones de empresas y en activos denomi-nados en moneda extranjera de emisoresdistintos al gobierno federal. Esta medidaayudará a reducir la probabilidad de que elgobierno asuma con recursos públicos lapensión mínima garantizada.

c) Cubrir con recursos fiscales el flujo anual delas obligaciones con los pensionados ampa-rados por el viejo sistema. De no ser asíentonces se podría emitir valores guberna-

mentales especiales —respaldados por re-cursos tributarios— que cubran el flujo totalde estas obligaciones, los cuales no podránser adquiridos por las Siefores. Esta medidapermitirá, por un lado, dar un mejor segui-miento de la evolución de estos pasivos yevitaría que el nuevo sistema de pensionesfinancie, directa o indirectamente, los pasivosdel viejo sistema.

II.2 Pensiones de Trabajadores al Serviciodel Estado (ISSSTE) e Institutos Estatalesde Seguridad SocialEl sistema de pensiones para empleados delsector público federal y los institutos estatalesde pensiones de trabajadores de los estadosde la república no han sido modificados, a pesarde que experimentan un déficit financiero similar,o peor, al experimentado por el IMSS antes desu reforma.

Los trabajadores de los Poderes de la Unión,del Distrito Federal y paraestatales se rigen porel apartado “B” del artículo 123 constitucional,donde se establece un sistema de pensionesde reparto con beneficios definidos para el tra-bajados. Este sistema es administrado por elISSSTE —junto con los servicios de salud— yel programa del Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR), que consiste en cuentas concentradasen el Banco de México.

La Ley del ISSSTE establece que los trabajadorestienen derecho a una pensión equivalente a suúltimo salario base de cotización (SBC) por jubi-lación (tener 30 años de servicio3); de 50% delSBC por retiro por edad (55 años), o por tiempode cotización (15 años); o por cesantía en edadavanzada (60 años).4

Para hacer frente a estas obligaciones, el ISSSTEacumula las aportaciones del gobierno federal(3.5% del SBC) y el trabajador (3.5% del SBC),

2 Ver “The Regulation of Investments in Latin American DefinedContribution Public Pension Schemes”, CONSAR, November1999.

3 28 años en caso de ser mujer.4 Adicionalmente, existen otras formas de pensión como la

de invalidez, con 15 años de contribución, la de indemnizaciónglobal, etcétera.



y el rendimiento financiero de los fondos acu-mulados. De igual forma, la Ley obliga al gobiernofederal a absorber, con transferencias fiscales,cualquier déficit de recursos para hacer frentea las obligaciones del Instituto.

Además, el trabajador tiene derecho a los re-cursos acumulados en las cuentas del SAR. Estesistema consiste en la aportación obligatoria deltrabajador a las subcuentas individuales de retiroy vivienda. La de retiro es administrada por elBanco de México, el cual presta recursos algobierno federal a una tasa de 2% real. Por suparte, la otra subcuenta se canaliza a un fondode vivienda (Fovissste) que genera intereses enfunción a su gestión financiera.

En la actualidad el ISSSTE enfrenta tres problemasprincipales que se traducen en un costo fiscalcreciente (ver Propuesta 4).

1) El aumento de la esperanza de vida de laspersonas hace que la duración promedio delas obligaciones de pensiones sea mayor. Porejemplo, en 2000, la población mayor a 65años representó 7.1% del total y se estima—con datos del Consejo Nacional de Pobla-ción— que para el 2010 será de 8.4%.

2) La política de desincorporación en México yel impulso a la iniciativa privada ha generadoel adelgazamiento del Estado y, por ende, lareducción en el número de trabajadores con-tratados en el servicio público.

3) Las aportaciones al sistema son insuficientespara cubrir los beneficios establecidos en lalegislación. Mientras que en el IMSS las apor-taciones equivalen 8.5% del SBC, el ISSSTErecibe el 7%. Esta diferencia en contribucionesno se justifica por los beneficios pagados encada sistema de pensiones. Por ejemplo,para un trabajador con tres salarios mínimosque cotizó durante 30 años en el ISSSTE lapensión ganada es el 100% de un salariomínimo, por su parte este mismo trabajadoren el IMSS obtendría 68.5%.

Los primeros dos problemas generan el gradualenvejecimiento de los trabajadores activos y lamayor duración de pagos a trabajadores pen-sionados. La edad promedio del trabajadoractivo al servicio del Estado pasó de 40.5 añosen 1994 a 44.1 años en 2000. Por su parte, laedad promedio de los pensionados —61 añosen 2000— implica que el Instituto asuma pagospara un período estimado de 25 años.5 De igualmanera, la proporción de trabajadores activossobre pensionados se ha reducido de 9.2 en1990 a 5.0 en 2000, de forma tal que las apor-taciones de los trabajadores al sistema tiendena ser menores a las pensiones pagadas.

Los tres factores mencionados generan un dé-ficit en el Instituto. En el año 2000, las pensionespagadas ascendieron a 17 mmp y el gobiernofederal aportó 54%, esto es, cerca de 9.1 mmp.Para 2001, el pago de pensiones será de 19.7mmp.

Las transferencias del gobierno a los pensionadosal servicio del Estado serán crecientes de nocorregirse los problemas arriba mencionados.De mantenerse el crecimiento de los jubilados(6.4% promedio anual entre 1994 y 2000) en13 años los recursos que deberán destinarse alrubro de pensiones se duplicarán (ver gráfica).

Por otro lado, la existencia de dos esquemasde pensiones genera problemas importantes almercado laboral y disminuye el bienestar de lostrabajadores. La distinción entre tipos de traba-jador —al servicio del Estado bajo el ISSSTE ydel sector privado, con las afores— producebarreras a la movilidad de burócratas al sectorprivado, aun cuando esto represente un ascensoen su salario. Lo anterior se debe a que si untrabajador del sector público desea laborar enuna empresa privada, no puede “portar” consigolos beneficios adquiridos en el tiempo que tra-bajó para el Estado, ni sus recursos acumulados.Esta discriminación conlleva pérdidas al bien-estar de los burócratas en México.

5 Incluye sobrevivientes tales como la viuda.



9

Flujo de Obligaciones Gubernamentales Frente a Pensionados del ISSSTE • % del PIB

Fuente: Estudios Económicos BBVA Bancomer

OO O2 O4 O6 O8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 500

1

2

3

4

5

6

En lo que respecta a los trabajadores de losestados, existe poca información para valoraren forma completa sus sistemas de pensiones;sin embargo, los datos disponibles apuntan aproblemas en varias entidades (ver Propuestas4 y 7). En el cuadro de la siguiente página sepresentan los resultados obtenidos por Hernández(1999) en una encuesta realizada para conocer lasituación de las pensiones en los estados en 1995.

Como se puede apreciar, las entidades que re-portan en la actualidad insuficiencia de reservaspara hacer frente a las pensiones son: Baja Ca-lifornia, Coahuila, Colima, Chihuahua, DistritoFederal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa,Sonora y Veracruz. En un segundo grupo se en-cuentran los sistemas de pensiones queenfrentarán problemas en los próximos diez años:Aguascalientes, Estado de México, Michoacán,Oaxaca, San Luis Potosí y Tabasco.

Si bien no existe información para todos losestados, el déficit actuarial de 17 entidades fe-

derativas ascendió a 167 mil millones de pesosen 1995, lo que equivale al 5.2% del PIB deestos estados en ese mismo año.

Al igual que en el caso de ISSSTE, el sistema dereparto no será sostenible por el paulatino enve-jecimiento de la población y el adelgazamientode las burocracias estatales. En la actualidad, porcada pensionado en los estados hay menos dediez trabajadores en activo. En Chihuahua, NuevoLeón y Veracruz esta proporción es menor: 4.3,4.9 y 5.4 trabajadores en activo, respectivamente.

Para minimizar el impacto fiscal del ISSSTE yde los institutos estatales de seguridad socialsobre las finanzas públicas es necesario haceruna reforma similar a la del IMSS, la cual con-sistiría en sustituir el sistema de reparto conbeneficios definidos, por uno de capitalizacióndonde la pensión del trabajador dependa de lasaportaciones obligatorias a su cuenta individualy las ganancias financieras que genere.



Situación Actual de los Sistemas de PensionesEstatales • Millones de pesos, 1997

nd información no disponiblesp sin planes de pensionesFuente: Hernandez, et.al.(1999)

Con reservas insuficientesBaja CaliforniaDurangoVeracruzChihuahuaGuerreroCoahuilaColimaGuanajuatoSinaloaSonoraDistrito Federal

Con reservas suficientes de 2002 hasta 2010OaxacaMichoacánSan Luis PotosíPueblaMéxicoTabascoAguascalientes

Con reservas suficientes de 2011 hasta 2050ChiapasJaliscoTlaxcalaYucatánTamautilpasZacatecasNayarit

Sin información suficienteCampecheHidalgoMorelosNuevo LeónQuerétaroBaja California SurQuintana Roo

10,91212,04658,43127,54613,14825,0684,125

33,88910,95934,22657,891

9,27921,74713,87136,806

185,73952,00111,032

19,77784,2197,503

17,69018,15945,4216,878

nd7,610

10,45734,9118,597

spsp

Activos

1,1581,741

10,8936,3481,1913,538

6682,9172,2124,202

11,732

9191,3471,1402,483

11,2481,155

868

1,4064,432

4952,5492,0852,375

904

nd998

1,4247,075

353spsp

Pensio-nados

11,987nd

45,80518,602

nd6,746

ndnd

5,4833,035

11,663

nd60

6,140ndndnd

1,019

9,83739,814

1,426nd

2,4711,320

nd

1,320ndndndndspsp

Déficitactuarial

De igual forma, convendría homologar las cuotasdel ISSSTE y de los institutos estatales con lasdel IMSS, lo cual implicaría un aumento en elahorro interno de largo plazo e induciría costos

laborales —por concepto de seguridad social—de forma homogénea entre el sector público yel privado.

II.3 Institutos y Fondos de ViviendaLos fondos de vivienda —capitalizados con apor-taciones obligatorias de los trabajadores y lospatrones— representan otra fuente de contin-gencia sobre las finanzas públicas.

La intervención del sector público en el finan-ciamiento y desarrollo del mercado hipotecario hasido tradicionalmente muy elevada. Los artículos4 y 123 de la constitución marcan el derechode las familias de contar con una vivienda dignay la obligación de los empleadores de propor-cionarla mediante aportaciones, por cuenta delos trabajadores, en fondos creados por el sectorpúblico dedicados a financiar la adquisición devivienda.

Sin embargo, la elevada participación públicano ha sido capaz de reducir el déficit actual deun millón de viviendas y el sector público no seencuentre en posibilidades de satisfacer, por sisola, la demanda anual estimada en 700,000casas nuevas. Más aún, su intervención excesivaha inhibido el desarrollo del mercado hipotecarioy representa una carga tanto para los trabaja-dores como para los contribuyentes fiscales.

Según el Banco Mundial, el mercado de viviendaen México es uno de los más distorsionadosen el mundo; por un lado, hay una gran seg-mentación de los institutos y fondos destinadosa financiar y promover la vivienda (Fovissste,Fovi, Infonavit, Fonhapo, etcétera) y, por el otro,existe una multiplicidad de subsidios —directose indirectos— que fomentan la cultura de nopago e inhiben la participación privada en estosmercados. 6

Las distorsiones anteriores junto a la crisis eco-nómica de 1995 han producido que la carterade crédito total no haya crecido en términos

6 Ver Lea (1997) y Renaud (1997).



11

7 Ibid8 Se asumen tasas reales en los créditos de 5% para el Info-

navit y el Fovi, 4% para el Fovissste y 3% para Fonhapo.9 Cálculos en esta sección se basan en Zepeda (1999).

reales para 1999. De hecho, el saldo de la carte-ra hipotecaria en México representa sólo 8%del PIB, mucho menos que en Colombia y enEstados Unidos (13% y 54%, respectivamente).7

La existencia de subsidios cruzados en estemercado, la cartera vencida de los institutospúblicos de fomento a la vivienda y los elevadoscostos de operación y administración se traducenen una baja rentabilidad en la subcuenta de vi-vienda de los trabajadores y potencialmente enuna carga fiscal para el gobierno federal (verPropuesta 5).

En lo que respecta a los subsidios, existe granincertidumbre sobre el costo fiscal del financia-miento a la vivienda de interés social, toda vezque los subsidios otorgados por el gobierno noson explícitos. En virtud de la vocación socialdel Infonavit, su Asamblea General —por mediodel Consejo de Administración— determina tasasde interés reales fijas que van de 4 a 8% y pagosque se actualizan según el crecimiento del sa-lario mínimo del Distrito federal. Por su parte, elFovi carga una tasa de interés implícita entre8.2% y 11% real en sus créditos, mientras queel Fovissste cobra 4%.

Si consideramos un costo de fondeo del go-bierno federal de 7% real, el subsidio implícitopara el Infonavit sería aproximadamente 7% delcrédito, para el Fovissste 18% y para el Fonhapo22%.8 Por otro lado, al estar el pago de estospréstamos indizados al salario mínimo, el montototal del subsidio sobre el crédito sería mayoren la medida en que se contraiga el salario enla economía. Por cada punto porcentual de con-tracción real en el salario mínimo, el subsidioarriba calculado podría incrementarse en diezpuntos porcentuales.9

Otra fuente de quebranto es la cartera vencidade los fondos de vivienda. Cifras recientes delInfonavit reportan una significativa reducción ensu cartera vencida al pasar de 46% del total en1997 a 23% en 1999. Sin embargo, estas cifrasno presentan la magnitud real del problema,toda vez que se define como cartera vencida aaquellos créditos que no registraron pagos en12 meses, en lugar de dos, como es la prácticainternacional. Para el caso de Fovissste y Fonhapono existe información sobre el monto de la car-tera vencida.

En lo que respecta a problemas operativos, losfondos públicos de vivienda suelen presentarelevados costos administrativos. Por ejemplo,las afores recaudan los recursos de la subcuentade vivienda, manteniendo un registro contableactualizado e individualizado por trabajador,mientras que el Infonavit incurre en costos deoperación adicionales para el control, registro eindividualización de sus cuentas y su homolo-gación con el IMSS. De esta forma, las aforessubsidian los costos de registro y recaudacióndel Infonavit al no cobrarle por este servicio. En1998 la razón número de créditos del Infonavita empleados de esta institución fue 29, lo cual esindicativo de sus elevados costos operativos.

Los problemas del Infonavit arriba expuestos—tasas subsidiadas, cartera vencida y costosoperativos— se traducen en un bajo rendimientoen la subcuenta de vivienda y, por tanto, en unatransferencia de recursos de los trabajadoressin crédito hipotecario a aquellos acreditadoscon algún préstamo a la vivienda. Si bien estono es un costo fiscal explícito para el gobierno,sí representa una pérdida de recursos para lostrabajadores —vía una escasa acumulación enla subcuenta de vivienda.

Si la rentabilidad de la subcuenta de viviendafuera consistentemente negativa, afectaría laestabilidad del sistema de pensiones en el largoplazo e induciría un costo fiscal directo. Cuandose creó el sistema de pensiones administradopor las afores se estimó que para generar una



10 Criterios comerciales tales como tasas de interés en funciónal costo de fondeo de los institutos y a la capacidad de pagode los acreditados, prácticas contables similares a la de otrosintermediarios financieros del sector privado, requerir ga-rantías ejecutables, etcétera.

pensión para el trabajador entre 60% y 70% desu último salario, la subcuenta de vivienda de-bería generar un rendimiento real de cero porciento. En la medida en que esta subcuentagenere rendimientos negativos, el monto depensión pagada a cada trabajador será menor a60% de su último salario, lo cual perjudicaría laimagen y confiabilidad del sistema de pensionesy podría afectar su viabilidad en el largo plazo.

En lo que respecta a los otros fondos de vivienda(Fovissste, Fovi y Fonhapo), los quebrantos fi-nancieros son absorbidos por el sector públicoy representará, tarde o temprano, impuestospara el contribuyente. La SHCP reporta semes-tralmente el monto de las garantías otorgadasal sector vivienda, sin embargo, al estar sumadascon otros fondos de fomento (industrial, agrícola,etcétera) se dificulta su análisis. Al respecto, afin de evaluar la magnitud del problema que re-presentan, es necesario que se reporten el detallede los montos de las garantías.

La reforma a los institutos de vivienda es ur-gente no sólo para minimizar la carga fiscal, sinotambién para reactivar la oferta de vivienda enel país. Una propuesta exhaustiva de reformaen este sector escapa a los objetivos de estedocumento; sin embargo, es conveniente queel otorgamiento de créditos se establezca enfunción de criterios comerciales10 y que la ad-ministración de los fondos de vivienda searealizada por el sector privado mediante las afores.En la sección V se detallan las propuestas parareducir la carga fiscal por este concepto.

II.4 Cartera de la Banca de DesarrolloEn términos generales, la garantía gubernamentala la gestión financiera de la banca de desarrollo,particularmente de Nafin, el Banco Nacional deComercio Exterior, Banrural, Banjército y el BNCI,se convertirá en deuda pública futura en lamedida en que respalden activos de baja calidad.De hecho, criterios no comerciales para el otor-gamiento de crédito, políticas de subsidiosgubernamentales tienden a elevar la cartera ven-cida de las instituciones públicas motivando surescate con recursos fiscales.

Por tal motivo, es importante destacar que lainjerencia del estado en estos institutos finan-cieros representa un costo fiscal potencial paralos contribuyente y un obstáculo para el desa-rrollo del sistema financiero. Por tal motivo,medidas que permitan reducir este tipo de costosno sólo son importantes a considerar en la reformafiscal, sino también son fundamentales dentro dela reforma al sector financiero (ver Propuesta 6).

II.5 Deuda de los Estados y MunicipiosSegún datos de la SHCP al 30 de septiembrede 2000, la deuda total de las entidades federa-tivas era de 83.7 mmp (1.6% del PIB y 91% delas participaciones a los estados), la cual tieneun plazo promedio ponderado de 13 años (seisaños mayor al de 1994). Esta deuda no necesa-riamente será absorbida por la Federación, sinembargo, estimamos que debe considerarse enlos riesgos de las finanzas públicas, toda vezque implican una mayor carga impositiva y/o unmayor sacrificio del gasto público de autoridadeslocales, los cuales repercuten en última instanciaen el bienestar de la población.

En el siguiente cuadro se describe la situacióngeneral de la deuda de los estados y se clasificaa éstos en función de la presión que el serviciode la deuda ejercerá sobre sus ingresos. En laprimera y segunda columna se muestra el saldode la deuda estatal y el plazo de ésta, en la ter-cera y cuarta se presenta la proporción de ladeuda con respecto al PIB estatal y las partici-paciones que reciben los estados por parte de



13

la Federación. En las dos últimas columnas secalcula el incremento anual necesario en lasparticipaciones federales o en los ingresos to-tales de la entidad a fin de poder hacer frente alcapital e intereses de la deuda según el plazode vencimiento.

Los estados de la república que requieren mayorincremento en sus ingresos totales destacan:Estado de México (9.3%), Sonora (8.3%), Yucatán

(4.8%) y Jalisco (4.4%). Con menor presión sobresus ingresos son Veracruz (0.1%), Oaxaca (0.3%),Michoacán (0.4%) y Nayarit (0.4%).

En conjunto, se requieren 15.3 mmp (0.27%del PIB) para hacer frente al capital y los interesesde la deuda de los estados en 2001. En casode que no se liquidara este monto en el primeraño, el costo financiero subiría el equivalente a0.05% del PIB en cada año (ver Propuesta 7).

Situación Actual de la Deuda Estatal

* Incremento anual necesario en las participaciones federales o en los ingresos totales de la entidad para hacer frente al capital ylos intereses de la deuda. Se supone que el gasto de la entidad se mantiene constante

nd información no disponibleFuente: Estudios Económicos BBVA Bancomer con datos de SHCP e INEGI

Presión Fiscal AltaMéxicoSonoraYucatánJaliscoSinaloaNuevo LeónBaja California SurPresión Fiscal Media AltaQuerétaroQuintana RooDurangoColimaGuerreroSan Luis PotosíChihuahuaPresión Fiscal Media BajaMorelosBaja CaliforniaCoahuilaTamaulipasChiapasPueblaAguascalientesGuanajuatoPresión Fiscal BajaHidalgoTabascoCampecheZacatecasNayaritMichoacánOaxacaVeracruzTlaxcala

9.308.304.804.404.304.004.00

3.403.102.902.902.602.402.30

1.901.701.601.301.201.101.001.00

0.900.800.600.600.400.400.300.10

nd

Ingreso totalbruto, %

21.5016.205.508.609.60

20.5010.10

8.408.006.807.207.305.705.60

5.207.303.702.902.802.301.902.00

2.501.302.001.401.500.901.700.10

nd

Participacionesfederales, %

13299

95359

11755

55494216452432

224019121713

810

68726560

nd

Deuda estatal Incrementos necesarios paracubrir deuda estatal*

Participacionesfederales, %

4.503.600.301.602.402.602.00

1.601.101.500.701.900.800.70

0.801.000.500.401.200.400.300.40

0.201.000.200.100.300.200.300.00

nd

% PIB estatal

13.814.32.2

13.713.9

1210.8

16.213.5

143.414

7.112.2

7.410.910.27.4

13.411.57.2

10.5

3.212.65.12.36.38.75.62.4nd

Plazo, años

23,3704,947

2265,2052,4258,792

557

1,378759965196

1,619732

1,527

5251,787

772627

1,010808146630

1676011234795

22725923nd

Saldo, millonesde pesos



II.6 Proyectos de Impacto Diferido en elRegistro del Gasto (Pidiregas)Los proyectos de infraestructura productiva delargo plazo son obras públicas que se encomien-dan al sector privado y se transfieren a las entidadespúblicas una vez concluida su construcción.Estas inversiones son realizadas con recursosprivados y se registran en cuentas de orden delgobierno federal. Una vez concluidas, el sectorpúblico asume como pasivo directo los pagosrealizados (correspondientes al período corrientey siguiente) conforme al programa de financia-miento del proyecto, y el resto por pagar quedacomo pasivo contingente del gobierno federal.

La autoridad debe comprobar la rentabilidad delos proyectos de forma tal que cada uno sea capazde generar los recursos suficientes para pagarlos pasivos que genere a lo largo del tiempo.Por este motivo, la totalidad de los Pidiregas seconcentra en el sector energético, debido a quesus proyectos son los de mayor rentabilidad.

Según la SHCP, los saldos no contabilizadoscomo pasivos directos, pero que son obligacionesdel gobierno, ascienden en la actualidad a 2.6%del PIB. Estos saldos se convertirán en pasivosdirectos sólo en el caso de que el gobierno in-cumpla el programa de amortización pactadocon el sector privado.

Los riesgos sobre las finanzas públicas inherentesa estos proyectos pueden derivarse de dosfuentes: primero, que las obras financiadas nogeneren el flujo de recursos suficiente para elpago (amortización e intereses) contratado encada año (ver Propuesta 8). Si bien la SHCP ve-rifica la rentabilidad ex ante del proyecto, losresultados ex post podrían ser insuficientes enla medida en que no se supervise el desempeñooperativo de los programas o que existan cambiosimportantes en los supuestos de los proyectos(v.gr. reducción de precios y cantidades produ-cidas). En este sentido, la autoridad asume losriesgos de mercado asociados a las inversionesy los riesgos de una operación ineficiente de

los proyectos. Según datos de la SHCP, en 2000los proyectos de infraestructura productiva delargo plazo de inversión directa en el sector eléc-trico generaron ingresos por 3,955 millones depesos, los cuales fueron inferiores a los gastospor 4,024 millones de pesos por concepto deoperación, intereses y amortización de capitalde estos proyectos.

La segunda fuente de presión sobre las finanzaspúblicas se derivaría del incumplimiento delsector público de los contratos con el sectorprivado. En este caso el saldo financiado seríaabsorbido como deuda directa.

Frente a la necesidad de aumentar la inversiónpública en sectores reservados al Estado (pe-tróleo y electricidad), el gobierno optó porfinanciar estos requerimientos de inversión conrecursos privados bajo el programa de inversióndiferida. Si bien se ha logrado incrementarla en13% de 1994 a 2000, esta alternativa resultamás cara —y de mayor riesgo para el contribu-yente— que la privatización, debido a que elsector privado tiene un costo de fondeo mayoral del gobierno.

Por tal motivo, la principal recomendación paraacotar la carga fiscal que pudiera generar losprogramas de Pidiregas es la apertura a la in-versión privada en estas áreas. Si por razonespolíticas no pudiera darse la privatización, esrecomendable —para minimizar las obligacionescontingentes— hacer obligatorio que la autoridadinforme la evolución de los ingresos y gastosde cada uno de los proyectos financiados porel sector privado. En la actualidad, los resultadosse acumulan a los de PEMEX y CFE, lo que di-ficulta la evaluación del desempeño de estasinversiones. Si bien, los proyectos destinadosa hidrocarburos tienen una elevada rentabilidad—por lo cual pueden cubrir sus obligaciones fi-nancieras— no existen los incentivos para reducirlos costos de operación de los proyectos, lo cualrepresenta un menor beneficio social.


Esfuerzo Fiscal del Gobierno

15

En la actualidad, la deuda pública, externa e in-terna, del gobierno federal mexicano es igual a22.9% del PIB. Sin embargo, si contabilizamoslas obligaciones potenciales del gobierno federalpor concepto de avales y contingencias, repre-senta 123.4% del PIB.

III. Esfuerzo Fiscal del Gobierno

Las cifras anteriores implican que el gobiernofederal tendrá que realizar un importante esfuerzopara mejorar sus finanzas en los próximos años.Si se consideran todas las contingencias, elgobierno deberá generar un superávit en susfinanzas de 4% del PIB por año a fin de convergera una deuda de 20% del PIB en 20 años.

Ante este panorama, es imprescindible una re-forma hacendaria que aumente los recursospúblicos, la eficiencia del gasto público e incenti-ve la actividad productiva en el país. Consideramosque por cada año que se postergue esta reforma—y, por ende, el aumento de la recaudación—el costo de la deuda contingente se incremen-tará 0.12% del PIB por año.

Valor Actual de las Obligaciones Totales delGobierno Federal al 31 Diciembre 2000 • % del PIB

* Incluye pensiones de los estadosFuente: Estudios Económicos BBVA Bancomer con datos de

SHCP, IMSS, ISSSTE y Estados

Deuda externaDeuda internaContingencias y avalesIMSSISSSTE*IPABDeuda estatalPidiregasFideicomisos y fondosFARACTotal

12.510.4

100.545

33.811.91.62.63.81.8

123.4

Propuestas


A fin de que el gobierno pueda hacer frente asus pasivos y obligaciones legales —contabili-zadas o no— y reducir la deuda pública a 20%del PIB en un plazo de 20 años, es indispensa-ble emprender una reforma hacendaria que lepermita generar un superávit anual de por lomenos 4%. De igual forma, es necesario con-siderar medidas de política que restrinjan el nivelde gasto contingente futuro y den mayor certi-dumbre sobre la carga fiscal del contribuyente.

En esencia, el propósito de las siguientes me-didas es reducir el involucramiento —directo oindirecto— del sector público en las actividadesde naturaleza privada y, en su caso, delimitar laforma en que el Estado interviene en la economía.Asimismo, las propuestas buscan mejorar elejercicio y el control del gasto público, en virtudde que deficiencias en estos aspectos son la prin-cipal causa de incrementos en los costos fiscales.

1. Impulsar la Participación Privada en Sec-tores Prioritarios

El mejor medio para lograrlo es eliminar los obs-táculos —legales y regulatorios— a la participaciónprivada en sectores como banca, energía y co-municaciones, y que la autoridad respectiva sólointervenga para eliminar prácticas anticompeti-tivas en estos mercados. Si por razones políticasno se puede instrumentar esta medida en elsector energético y de comunicaciones, es con-veniente impulsar la participación privadamediante concesiones que observen las carac-terísticas siguientes:

• Delimitar claramente en los contratos de con-cesión los riesgos asumidos por cada una delas partes, de forma tal que el gobierno asumasólo el riesgo regulatorio y no el comercial, eloperativo y el financiero (v.gr. aforo vehicular).

Propuestas

• Basar la duración de los contratos en funcióna un retorno financiero previamente pactadoen valor presente y no a una fecha preesta-blecida. Los proyectos de inversión son delargo plazo y son muy sensibles a cambios enlos supuestos (mercado, tasas, etcétera). Esta-blecer una fecha determinada de vencimientode las concesiones aumenta la probabilidadde incumplimiento del particular y, por tanto,el rescate del sector público.

• Evitar la renegociación de las concesionesestableciendo mecanismos de arbitraje pre-viamente pactados en los contratos.

2. Consolidación de la Deuda Pública

Para dar transparencia a las finanzas públicases necesario consolidar y presentar como deudatodos los compromisos respaldados por el sectorpúblico, por lo tanto, se requiere:

• Convertir en deuda pública las obligacionesdel IPAB. El IPAB paga —tanto en su emisiónde bonos como pagarés— una tasa por arribadel costo promedio del fondeo del gobierno.Si los pasivos del IPAB son considerados comodeuda pública se reduciría la carga fiscal.

• Ampliar el concepto de obligaciones garanti-zadas y reconocer también las derivadas delsistema de pensiones.

• Presentar partidas informativas sobre los cos-tos derivados del sistema de pensiones, enlos reportes trimestrales de las finanzas pú-blicas del gobierno.


Propuestas

17

3. Permitir una Mayor Diversificación de lasInversiones de Fondos de Pensiones

La puesta en marcha en 1997 del sistema depensiones administrado por las afores ha co-rregido el quebranto fiscal que presentaba elIMSS. En la actualidad es conveniente ampliarlas reformas a fin de minimizar su costo fiscalfuturo (ver sección II.1). En particular se propone:

• Permitir mayor diversificación de las inversio-nes de los fondos de pensiones permitiendoque las siefores mantengan posiciones enbonos y acciones de empresas y en activosdenominados en moneda extranjera de emi-sores distintos al gobierno federal.

• Es conveniente cubrir con recursos fiscalesla totalidad de las pensiones a pagar en unaño, de no ser así será adecuado emitir valoresgubernamentales especiales —garantizadoscon recursos fiscales— que amparen el flujode las obligaciones del viejo sistema, los cualesno podrán ser adquiridos por las siefores. Lamedida haría más transparente la evoluciónde estos pasivos y ofrecería mayores incen-tivos para que el gobierno afronte estasresponsabilidades con recursos fiscales y noa través de un mayor endeudamiento.

4. Permitir que las Afores Administren lasPensiones del ISSSTE

Para minimizar el impacto fiscal del ISSSTE yde los institutos estatales de seguridad sociales necesario hacer una reforma similar a la delIMSS, la cual consistiría en:

• Sustituir el sistema de reparto con beneficiosdefinidos de los burócratas por uno de capi-talización. De esta forma, la pensión deltrabajador dependerá de las aportacionesobligatorias realizadas a su cuenta individualy las ganancias financieras que genere. Nohacer la reforma implicaría una pérdida debienestar para los trabajadores del Estado yun creciente costo a las finanzas públicas (versección II.2).

• Homologar las cuotas actuales del ISSSTE yde los institutos estatales con las del IMSS,lo cual implicaría un aumento en el ahorrointerno de largo plazo e induciría un impuestolaboral —por concepto de seguridad social—igual para el sector público y el privado.

• Aumentar la recaudación fiscal de las entidadesfederativas a fin de que puedan subsanar laquiebra técnica de sus institutos de pensiones.

5. Establecer Condiciones Comerciales parael Crédito a la Vivienda e Impulsar la Mo-dernización y Bursatilización del MercadoHipotecario

Lo anterior daría mayor certidumbre sobre elcosto fiscal de los fondos públicos de vivienda ypermitiría introducir mecanismos de mercado parala competencia privada por fondos para la vivien-da (ver sección II.3). En particular es conveniente:

• Permitir que la subcuenta de vivienda —tantode trabajadores al servicio del Estado comodel sector privado— sea administrada por lasafores. Con esta medida aumentaría la ren-tabilidad de los recursos de los trabajadoresy se reduciría el costo fiscal potencial, ya quecon un mayor rendimiento en los fondos devivienda, la capitalización de los interesessubiría el saldo de las cuentas individuales ydisminuiría el monto esperado de las trans-ferencias netas que debe realizar el gobiernopor concepto de pensiones.

• Definir al Infonavit como institución de segun-do piso (similar al FOVI) para que el sectorprivado pueda administrar la cartera de crédito.

• Impulsar la bursatilización del crédito hipoteca-rio para dar más liquidez a los administradoresde carteras hipotecarias y ampliar el espectrode instrumentos de inversión de las siefores.

Propuestas


6. Delimitar el Papel de la Banca de Desarrolloy Promover el Uso de Criterios Comercialesen su Gestión

Es conveniente reorganizar la banca de desa-rrollo para reducir los costos de operación parael gobierno y establecer bases claras para lacompetencia en el mercado financiero (ver sec-ción II.4). En particular se recomienda:

• Estructurar la banca de desarrollo en dos insti-tuciones, por un lado, Bancomext dedicada alapoyo del comercio exterior y, por el otro, Nafinpara el desarrollo de proyectos nacionales.

• Unificar criterios de contabilidad con la bancacomercial, establecer condiciones de créditoy cobranza bajo criterios de rentabilidad fi-nanciera, impulsar la rendición de cuentasde los funcionarios y hacer transparentes lossubsidios que se llegasen a manejar.

De igual forma, debe impedirse que el apoyo a labanca social represente un costo fiscal inciertopara la población. Primero, las institucionesdedicadas a este segmento deben ser autofi-nanciables, por lo que deben considerar criteriosde rentabilidad para el otorgamiento de crédito;segundo, la regulación y supervisión de la bancapopular deben ser similares a las de la bancacomercial; y tercero, deben distinguirse los ob-jetivos de combate a la pobreza a través de bancapopular de aquellos orientados al impulso de laindustria (ver Serie Propuestas No. 10, Agosto2000).

7. Aumentar Recaudación Estatal

Fomentar que las autoridades estatales esta-blezcan y recauden impuestos en su localidad.Esto ayudaría a mejorar la administración tribu-taria, toda vez que existirían los incentivos paraque los poderes ejecutivos estatales incrementensus ingresos aumentando la base de sus contri-buyentes y realicen un ejercicio más responsablede su gasto. Paralelamente, el fortalecimientode las haciendas locales permitirá mejorar la ca-lificación de la deuda estatal y, con ello, disminuirsu costo financiero (ver sección II.5).

8. Limitar Gradualmente los Nuevos Proyec-tos de Pidiregas y Monitorear los Existentes

Si bien por ley se requiere que las inversionesen Pidiregas sean autofinanciables, es necesariola evaluación del desempeño de cada proyectoa fin evitar desviaciones a los programas auto-rizados por la SHCP. Para evitar obligacionespúblicas mayores, es conveniente hacer obli-gatorio que la autoridad informe periódicamenteacerca de los ingresos y los gastos de cada uno delos proyectos financiados por el sector privado.Si bien los proyectos destinados a hidrocarburosgeneran una elevada rentabilidad —por lo cualpueden cubrir sus obligaciones financieras—,no existen incentivos para reducir los costos deoperación de los proyectos, lo cual representaun menor beneficio social (ver sección II.6).


Bibliografía

19

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Zepeda, M. (1999), “El Desafío de la Vivienda”en La Seguridad Social en México, El TrimestreEconómico-CIDE, 1999.

Directorio


Estudios Económicos

Economista PrincipalManuel Sánchez González

Estudios Macroeconómicos y PolíticosFernando González CantúDavid Aylett StokesEduardo Torres Villanueva

Sistema Financiero y BancarioNathaniel KarpFco. Javier Morales E.Jorge Chirino CamposLuis Enrique Almanza Ramírez

Estudios Sectoriales y RegionalesEduardo Miguel Angel Millán LozanoAlma G. Martínez Morales

Economía InternacionalJosé G. López HoyoCarlos A. Herrera Gómez

Propuestas a AutoridadesOctavio R. Gutiérrez Engelmann

Información y Apoyo a NegociosEligio San Juan ReyesClaudia Torres GómezLeonardo Beltrán Rodríguez

CoordinadorFernando Tamayo Noguera

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