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Red por la Paz Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social

Chiapas, México / 1ero de octubre de 2010

Informe público

Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social

a municipios de la Zona Fronteriza en Chiapas

Presentación

Considerando el deterioro de la situación de los Derechos Humanos en Chiapas1, a inicios del 2010, las organizaciones civiles que integramos la Red por la Paz2 acordamos realizar visitas de documentación en distintas regiones del estado de donde hemos recibido testimonios de problemáticas que trastocan el marco internacional de protección y garantía de los Derechos Humanos, poniendo en riesgo las condiciones de paz social.

Para colaborar a un mejor entendimiento del contexto y explorar posibilidades de construcción de paz, una Comisión de las organizaciones de la Red por la Paz en Chiapas constituyó la “Misión Civil de Observación de Derechos Humanos y Conflictividad Social”, misma que comenzó su trabajo de observación y documentación en cuatro municipios de la Zona Fronteriza de Chiapas: Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo. Son municipios en los que se señalaron más violaciones de Derechos Humanos y movimientos militares a finales del 2009 y en los que que varios integrantes de la Red por la Paz realizan un trabajo de por sí.

La Misión Civil recorrió estos municipios durante los días 16, 17 y 18 de marzo de 2010. En cada uno de estos municipios, sostuvo entrevistas con actores que aceptaron compartir su testimonio en distintos ámbitos en pro de la defensa de los Derechos Humanos. Los temas de mayor énfasis durante las entrevistas realizadas dibujaron el escenario de preocupación en la Zona Fronteriza; de tal forma, este primer informe aborda problemáticas recurrentes que fueron organizados en los ejes temáticos de: Migración; Militarización; Tierra y Territorio; Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA); Derechos de las Mujeres y Criminalización de la protesta social.

El 6 de agosto, se realizó un espacio de devolución de lo recopilado con varias de las personas y organizaciones entrevistadas en el marco de la Misión Civil de marzo, proceso que nos permitió completar y finalizar el presente documento. En este Informe presentamos una valoración de las tendencias y los principales problemas documentados durante la Misión, así como de las Señales de construcción de Paz que a pesar de todo, seguimos viendo presentes en los municipios visitados.

Agradecemos el testimonio y enseñanza de las personas, comunidades, parroquias y organizaciones que hicieron posible ampliar nuestra mirada a este espacio de la realidad chiapaneca.

1 Ver por ejemplo Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 2009 o el artículo “Serio deterioro del contexto de derechos humanos en Chiapas y México” (Informe de SIPAZ, noviembre de 2009)2 La lista de las organizaciones que son parte de la Red por la Paz aparece al final de este documento.

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http://www.sipaz.org/informes/vol14no3/vol14no3s.htm#COYUNTURA


I. Migración 3

Para entender la situación de la migración en la región fronteriza de Chiapas, es importante visualizar la posición geopolítica de México, que conecta y a la vez divide Centro y Mesoamérica, región de fuerte expulsión migratoria, con Estados Unidos, principal país de destino de migrantes. Esta doble función, aunada a la disposición del gobierno mexicano a plegarse a los intereses de la propia política migratoria de Estados Unidos, ha definido el papel creciente de México como filtro migratorio. De esta posición se deriva la definición de la propia política migratoria mexicana, que en repetidas ocasiones ha sido definida como “esquizofrénica”, por un lado mirando los intereses de México como principal país expulsor de migrantes y por el otro, como país obligado de tránsito.

En este sentido, ubicamos el endurecimiento de la política migratoria mexicana en reflejo de la propia de Estados Unidos. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 se impulsó en Estados Unidos la tan mencionada “guerra contra el terrorismo”, la cual favoreció y legitimó la ofensiva contra los migrantes. Así mismo permitió criminalizar cualquier tipo de movimiento social y de resistencia, instaló un estado policíaco global y presionó al Estado mexicano a ejercer mayor control sobre su frontera Norte y consecuentemente también sobre su frontera Sur.

Tal contexto político convierte a la Zona Fronteriza de Chiapas en territorio para el despliegue de acciones y ocupación de las fuerzas armadas y policíacas de la región, agudizando las violaciones a Derechos Humanos de la población civil. Los municipios colindantes son escenarios en donde constantemente se violentan los Derechos Humanos, como lo ha señalado reiteradamente Jorge Bustamante, relator especial de la ONU sobre Derechos Humanos de los migrantes4.

La complejidad de la migración en la Zona Fronteriza de Chiapas está determinada por la coexistencia de todas las condiciones migratorias: a) lugar de fuerte expulsión de migrantes; b) lugar de tránsito de migrantes; y, c) lugar de destino de trabajadoras y trabajadores migrantes. Diversas personas, comunidades y organizaciones compartieron su testimonio sobre las principales dificultades que enfrentan quienes migran.

a) Chiapas, expulsor de migrantes:

A diferencia de otros estados de la República Mexicana (como Zacatecas, Guanajuato y Oaxaca, entre otros), Chiapas no se caracterizaba por ser un estado expulsor frecuente de migrantes. No obstante, este fenómeno ha ido creciendo en forma acelerada en particular a partir de 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá. La implementación del TLCAN impactó fuertemente el campo mexicano generando un creciente fraccionamiento de la tierra y suspendiendo todo tipo de subsidio para el sector agrícola.

3 Mucha información de este capítulo fue basada en “Sur inicio de un camino: una mirada global de los Derechos Humanos en la Frontera Sur de México en su triple condición de origen - retorno, tránsito y destino de trabajadoras y trabajadores migrantes”. (Publicación de Enlace Comunicación y Capacitación, 2009). También es fruto de una entrevista con integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación AC realizada el 16 de marzo de 2010.4 Ver por ejemplo el expediente A/HRC/14/30/Add.1 sobre la situación de los migrantes en México, enviado el 25 de mayo por el relator especial para los Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante, al pleno de la CDHNU, máximo órgano mundial en materia de derechos humanos.

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Al ser Chiapas un estado cuya población trabaja, en su amplia mayoría, en el sector primario5, las consecuencias fueron frontales. Las afectaciones a la economía familiar, en los últimos 15 años, han sido un fuerte motivo que ha potenciado los flujos migratorios de familias chiapanecas que migran de comunidades indígenas y campesinas a ciudades urbanas; de distintas regiones de Chiapas a otras zonas de México (por ejemplo, Cancún y Playas del Carmen); así como a países extranjeros (principalmente a Estados Unidos).

Actualmente se estima que 330 mil chiapanecos se encuentran en Estados Unidos6.. Alrededor de 50 mil chiapanecos se suman a este flujo migratorio cada año. Las principales causas del crecimiento exponencial de población migrante son: el alto grado de marginación en la que se encuentra el estado; la falta de oportunidades laborales; la pobreza extrema en la que vive una amplia franja de la población; la carencia de servicios públicos; la baja inversión en materia de educación y salud; el carente ingreso familiar; la carestía de productos básicos de alimentación y la pésima aplicación de los pocos subsidios a las actividades del campo.7

La aspiración de ser migrantes penetra en el imaginario de muchos jóvenes que se ilusionan con ir a trabajar lejos de sus localidades en busca de nuevas experiencias y recursos económicos. En el largo camino de la migración, las y los chiapanecos son estigmatizados desde su lugar de origen; son vistos como migrantes ilegales cuando se enfrentan a los retenes migratorios.

Es evidente que las políticas de focalización del gasto social que orientan los programas nacionales de combate a la pobreza implementados en los últimos años no han funcionado. Su carácter ha sido meramente asistencialista, y funcionan como paliativos, sin proponerse resolver las causas estructurales de la pobreza.

Por otro lado, como nos comentaron en varias entrevistas durante la Misión Civil, uno de los impactos de la migración ha sido en la estructura y funcionamiento de las familias que debido a la migración, se encuentran fragmentadas. Se ha observado la emergencia de la jefatura femenina y la triplicación de su jornada laboral al tener que encargarse del cuidado de la tierra, de los niños y de la casa. Otro ejemplo de fragmentación se da cuando la pareja migra dejando a los hijos con los abuelos; incluso se empieza a hablar de comunidades donde nada más quedan niños y ancianos. Muchas veces son las y los niños pequeños el motivo para que la familia mande el dinero. Este reacomodo familiar ha creado una generación de niñas y niños que muchas veces priorizan los valores del consumo, con un vacío de autoridad que les provoca rebeldía.

Otras consecuencias importantes son las relacionadas con la reconfiguración cultural y social que viven las comunidades en su contacto con las personas que han retornado, generando muchas veces un choque cultural para ambas partes, y dificultando la reintegración familiar y comunitaria..

5 4 de cada 10 habitantes en general (INEGI, 2006), hasta el doble en zonas indígenas.6 Consejo Estatal de Población (Coespo) 20077 Sur inicio de un camino, una mirada global de los Derechos Humanos en la frontera sur de México en su triple condición de origen-retorno, tránsito y destino de trabajadoras y trabajadores migrantes, Ana Elena Barrios y Dafne Isis Cruz Monroy, (2009), Enlace, Comunicación y Capacitación AC y Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción al Desarrollo

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b) Chiapas, lugar de tránsito

La frontera de Chiapas con Guatemala es de una extensión de 1,100 kilómetros. Frontera permeable y porosa, es lugar en el que se trafica todo tipo de mercancías lícitas e ilícitas, de la misma manera que vidas y seres humanos. Es un punto geo-estratégico al conectar, como se mencionaba, Centro y Sudamérica con el Norte del Continente. Estas características convierten a la frontera Sur en un espacio de disputa de poder en el que chocan intereses de diferentes grupos. Se denuncia que la corrupción es la regla y que se presenta en servidores públicos de todas las instituciones de gobierno. Se señalan redes que se dedican a asaltar y secuestrar a los migrantes y, en particular, el control que los Zetas del cartel del golfo, mantienen sobre la zona.

Un testimonio señaló el principal modus operandi de los asaltos y secuestros: “estas redes bien organizadas y coludidas con autoridades municipales, estatales y federales, tienen gente infiltrada en los lugares en donde pasan y se quedan los migrantes, su papel es averiguar quiénes de ellos tienen más posibilidades económicas. Entonces en determinado punto del camino del tren hacen que se detenga y van a ir a buscar a los que ya estaban identificados, para robarles o muchas veces también para llevárselos secuestrados y pedir a sus familiares que están en Estados Unidos un promedio de 3,500 dólares de rescate”.

Las y los migrantes centroamericanos, principalmente de Guatemala, Honduras y El Salvador, padecen todos los tipos de violencia (robos, explotaciones, secuestros, extorsiones). Las mujeres son sin duda las primeras y mayormente afectadas en el tránsito. Durante los últimos años se han multiplicado los casos de mujeres violadas por delincuentes, por autoridades y por enganchadores de ruta. “Incluso al conocer la posibilidad de estos riesgos varias de ellas se inyectan anticonceptivos para no queden embarazadas, conocemos varios de estos casos”.

En el caso de las mujeres jóvenes o menores de edad, es común saber que quedan atrapadas en las redes de explotación sexual, muestra de ello es que en la zona de tolerancia de Comitán, el 90% de trabajadoras sexuales son mujeres centroamericanas menores de edad. Casi todas comparten como características provenir de familias o comunidades que sobreviven a condiciones de pobreza extrema. Para ilustrar esta problemática los informantes nos relataron que en marzo de 2010 se efectuó un operativo en la zona de tolerancia de Comitán cuyos resultados fueron la deportación de 30 mujeres indocumentadas, la mayoría de ellas menores de edad. En Trinitaria las mujeres centroamericanas son trasladadas y rentadas de una cantina a otra, después de haber estado durante un mes en un bar son movidas a otros lugares. De esta manera los tratantes corrompen, evaden y evitan a las autoridades.

Las mujeres centroamericanas sufren diferentes niveles de discriminación dependiendo de su procedencia, por ejemplo las mujeres guatemaltecas se emplean más fácilmente que el resto de las centroamericanas ya que se tiene el prejuicio de que son más nobles y serviles para el trabajo doméstico. Por el contrario, para las mujeres de Honduras o el Salvador las opciones laborales disminuyen, ya que por su aspecto físico muchas veces se les estigmatiza como objetos sexuales y son empleadas en cantinas o sometidas a las redes de trata de blancas. Inclusive en Frontera Comalapa, un grupo de ciudadanos ha promovido marchas y movilizaciones con la finalidad de sacar a las mujeres hondureñas y salvadoreñas de la ciudad, bajo el argumento de que les están quitando a los maridos a las mujeres de la localidad.

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Las redes de trata de personas siguen patrones comunes de estrategia: hacen promesas falsas de futuro, ofrecen trabajos en restaurantes, en casas particulares donde “les va a tratar bien la señora”, ofrecen dar educación o bien usan a jóvenes que se hacen “novios” para después engancharlas a las redes de explotación sexual.

c) Chiapas, lugar de destino de migrantes

Históricamente Chiapas ha sido destino de jornaleros agrícolas temporales de nacionalidad guatemalteca, que trabajan principalmente el café, aunque recientemente las plantaciones e incluso los sectores se han ampliado. Las condiciones de trabajo, que en otro tiempo eran de esclavitud, con el pasar de las décadas no han mejorado substancialmente: la explotación laboral de las y los trabajadores migrantes es común en la región fronteriza de Chiapas.

Una vez más, son las mujeres las más vulnerables y por ende las más explotadas. La mayoría de ellas, provenientes principalmente de los municipios de San Marcos y Huehuetenango en Guatemala, se emplean como trabajadoras domésticas, laborando hasta 16 horas por día sin que les den comida y pagándoles “salarios” de $500 a $600 pesos (mensuales). En algunas ocasiones, más que todo cuando expresan algún tipo de inconformidad, sus empleadores amenazan con denunciarlas ante las autoridades para que las regresen a su país.

En plantaciones cafetaleras, la situación es igualmente de explotación: “Se paga en muchos lugares el salario mínimo o les pagan por tarea, 1 peso por kilo de café. Llegan familias completas a trabajar y los niños de 5, 6 y 7 años tienen que ayudar. Les dan dos comidas, una a las 5 de la mañana y otra a las 3 de la tarde, 10 tortillas contadas, una taza de frijol y café diluido, pero los niños no tienen derecho a esas comidas porque “no trabajan”; en las fincas hay tiendas, en donde los trabajadores gastan la mitad de lo que ganan para completar la comida. En la temporada de café llegan alrededor de 500 trabajadores. El hospedaje es totalmente indigno, en condiciones como de animales. Hay apoderados con fincas de 200 a 300 hectáreas que cultivan café para la exportación, a costa de la explotación”. 8

II. Militarización

Bajo el argumento de “la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, y en el marco de la puesta en marcha de la iniciativa Mérida o el Plan Mérida9, algunos de los municipios fronterizos de Chiapas han vivido un recrudecimiento de las acciones militares y policiacas que han desencadenado enfrentamientos, operativos violentos, cateos ilegales, instalación de nuevas bases y retenes militares. El riesgo más preocupante es que en algunas de estas operaciones se vincula la falsa participación con el crimen organizado a defensores de derechos humanos (personas servidoras de parroquias, integrantes de organizaciones civiles, líderes de organizaciones humanos con la delincuencia organizada).10

8 Testimonio con productores de café, entrevista del 16 de marzo de 20109 La Iniciativa Mérida o Plan Mérida o Plan México es un tratado internacional de seguridad establecido a mediados del 2008, en el mandato de George Bush, por los Estados Unidos de América en acuerdo con México y los países de Centroamérica con la finalidad de luchar y combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El plan consiste en que los Estados Unidos de América inviertan recursos en entrenamiento y equipo para las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas.10 Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas 2009

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http://es.wikipedia.org/wiki/Centroam%C3%A9rica

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico

http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


Esta situación ha generado preocupación, temor y rechazo de distintas comunidades y organizaciones civiles que han sido testigos de los altos costos de la operación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en materia de violaciones a los derechos humanos.

Durante el recorrido que la Misión Civil realizó en los municipios de Comitán, Trinitaria, Comalapa y Chicomuselo, se logró constatar la permanente y cotidiana circulación de vehículos militares de tropa y artillados que recorren las carreteras federales y los caminos rurales, así mismo se observó la instalación de retenes permanentes y temporales en puntos estratégicos, en donde la mayoría de vehículos detenidos e interrogados eran de personas que se dedican al comercio de los productos del campo.

A continuación presentamos cronológicamente algunos efectos de la militarización que distintos actores entrevistados en la Zona Fronteriza nos compartieron:

07 de julio de 2009: En la cabecera municipal de Comalapa ocurrió un enfrentamiento entre policías y narcotraficantes. Durante el mismo falleció una joven de 15 años y se catearon de manera ilegal varios domicilios. Ante esto, un grupo de mujeres integró la organización “Mujeres Unidas de Comalapa”. Durante los siguientes dos meses, hasta septiembre los operativos y persecuciones policíacos contra supuestos narcotraficantes continuaron.

18 de septiembre de 2009: En el tramo carretero Comitán – Trinitaria, militares de un retén militar-policíaco abrieron fuego a una camioneta que no obedeció las indicaciones de alto. El resultado fue la muerte de un salvadoreño y tres migrantes heridos de gravedad. Durante la agresión otros tres migrantes (que también estaban heridos) huyeron, hasta el momento se desconoce su estado de salud y paradero. Los militares justificaron el hecho como una medida de seguridad por el riesgo que corren al enfrentar a la “delincuencia organizada”.

04 de noviembre de 2009: De acuerdo a una nota de prensa publicada en el Diario de Comitán, “Tres mil nuevos efectivos se incorporaron a la VII Región Militar con sede en la región Fronteriza, cercana a Guatemala. Los militares pertenecen a diferentes grupos especializados en el combate al tráfico de drogas, armas y otros.11 Establecieron retenes militares y policiales en puntos estratégicos y en todos los accesos a la ciudad fronteriza de Comitán, algunos de ellos están a sólo unos metros de las garitas del Instituto Nacional de Migración (INM). En estos retenes los militares portan armas de alto calibre para realizar una inspección minuciosa de vehículos; a los costados de las carreteras se han establecido campamentos provisionales y se mantienen vehículos militares que portan artillería”. A lo largo de toda la red de caminos (pavimentados y de terracería) de la llamada Zona Fronteriza de la Selva, las comunidades han dado cuenta de la intensificación de las incursiones militares a los poblados en busca de drogas y de arsenales.

26 de noviembre de 2009: Durante noviembre, integrantes de diversas organizaciones civiles denunciaron varios “actos violentos contra las comunidades, mediante incursiones a las localidades, cateos a las casas sin orden judicial alguna y patrullajes constantes en caminos que han ocasionado temor y desconcierto en la población” 12. El pronunciamiento conjunto detalla varios casos y testimonios, como los siguientes:

11 Disponible en web en: http://www.diariodecomitan.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=722:miles-de-militares-llegan-a-comitan&catid=35:nota-roja&Itemid=5512 Pronunciamiento de la sociedad civil ante una nueva ofensiva gubernamental

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“Las tropas de la VII Región Militar han entrado a las comunidades cuando las mujeres están solas con sus hijos en sus hogares, aprovechando que los hombres han ido a sus parcelas”;

“En el ejido Nuevo Villaflores [Municipio de Trinitaria] los soldados ingresaron a varias casas”;

“En el balneario Uninajab, en días pasados, un grupo de mujeres que participaban en un taller, fueron sorprendidas por decenas de militares que irrumpieron desde los matorrales, lo que provocó espanto entre las compañeras”..

En el entronque al ejido Tziscao en el municipio de La Trinitaria se instaló un retén militar en el que hacen revisiones de las maletas y pertenencia de los pasajeros que transitan en transporte público y privado. “En la misma comunidad, los militares entraban de dos en dos para catear casa por casa sin mostrar orden alguna o dar explicación a las familias, revisando pertenencias, destapando cajas, descubriendo objetos, los militares se concretaban a decir que “estaban siguiendo órdenes”, exigían la entrega de cualquier arma y presionaban a que se les informara sobre la localización de los sembradíos de droga”.

Durante las incursiones militares en las comunidades y ejidos de Tziscao, Santa Martha, Cuauhtémoc, La Gloria y Amparo Aguatinta, los militares hicieron cateos ilegales para decomisar armas de fuego que son utilizadas en actividades de cacería por los habitantes de esos lugares; la advertencia y el rumor según relataron, es de que los militares volverán y extenderán el operativo a territorios autónomos y en resistencia civil.

18 de Febrero de 2010: Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, efectuaron operativos sorpresa en varios puntos de la ciudad de Comitan de Domínguez (talleres mecánicos y de hojalatería y pintura), con el argumento de buscar drogas, vehículos y armas, ante estos incursiones los trabajadores externaron su sorpresa y preocupación.

Este clima de inseguridad y hostigamiento, generado por la militarización también lo padecen las comunidades indígenas y rurales que se encuentran en resistencia civil al pago de la energía eléctrica, un ejemplo de ello son las denuncias hechas por la Comunidad San Vicente, Municipio de Comitán, en donde se ha denunciado la instalación de retenes militares como forma de control y hostigamiento permanente.

Las consecuencias de la militarización repercuten de manera importante en las dinámicas sociales. La vida cotidiana de la población que habita en zonas militarizadas o con permanente circulación de efectivos militares, trae consigo entre otras cosas: obstrucción al libre tránsito; hostigamiento hacia las mujeres; aumento de cantinas, drogas y centros de prostitución; violencia intrafamiliar; extorsión y abuso de migrantes; pánico y estrés generalizado; falta de garantías para ejercer labores y actividades estudiantiles; detenciones arbitrarias en retenes militares; abusos de autoridad en espacios públicos; ocupación o invasión de terrenos comunitarios y suplencia de la autoridad civil.

La lucha contra el narcotráfico, en la Zona Fronteriza, comienza a descubrirse como una estrategia más de las políticas del gobierno para militarizar la vida civil y controlar los espacios físicos de reunión

contra las organizaciones sociales y civiles en Chiapas

(accesible en: www.frayba.org.mx/.../091130_pronunciamiento__en__chiapas_enlace.pdf)

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y coordinación de la sociedad civil. Además la exagerada presencia militar y policiaca ha provocado el incremento de las violaciones a los derechos humanos ejercidas por las fuerzas de seguridad.

Incluso para algunas organizaciones civiles el marco de operación de esta “guerra contra el narcotráfico” coincide con la información de los manuales contrainsurgentes y pretende crear un escenario de alta conflictividad para permitir la actuación y control de las fuerzas armadas.

En ese sentido es preocupante que la actuación de militares y policías, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, responda y se guíe por “informes oficiales de inteligencia”, en donde se asocia con el decomiso de “arsenales” de la delincuencia organizada a personas defensoras de los derechos humanos y pertenecientes a las parroquias locales, todo ello en el marco de un posible resurgimiento y la actividad de grupos armados subversivos que supuestamente están “ identificados”.13

La militarización también es una forma de violencia que asciende contra las mujeres en la región fronteriza. La actuación de las fuerzas armadas provoca miedo e inseguridad para que la población continúe con su vida cotidiana. Las Mujeres Unidas de Comalapa refieren “tenemos miedo hasta de ir al mercado, a salir por la noche, a que nuestro hijos anden en la calle, es como que nos quieren tener encerradas en nuestras casas”.

No obstante ante este panorama, distintas personas, comunidades y organizaciones de la Zona Fronteriza suman esfuerzos importantes para denunciar los abusos de la ocupación militar. Tal vez en parte por dichos esfuerzos disminuyeron los operativos en el primer semestre de 2010. Si bien ha bajado la frecuencia y amplitud de los operativos policiacos y militares, cabe mencionar una tendencia a la normalización de su omnipresencia en la vida cotidiana.

III. Tierra y Territorio

Las amenazas que existen sobre los recursos naturales de las comunidades como el agua, la diversidad biológica y los recursos minerales se ven promovidas por proyectos de empresas transnacionales que cuentan con la aprobación y el permiso de diferentes instancias gubernamentales.

Los principales problemas que afectan a la Tierra y el Territorio en la Zona Fronteriza se asocian al despojo, contaminación, devastación y depredación de territorios en comunidades indígenas. Algunos ejemplos de ello son: la explotación de las concesiones mineras otorgadas por el gobierno federal a empresas, como la canadiense Black Fire, en el municipio de Chicomuselo; las afectaciones a la salud por la fumigación que realiza la empresa Mosca del Mediterráneo (Moscamed) en el municipio de Trinitaria desde 1994 y el despojo a la tierra que se da en la comunidad de Bella Vista, municipio de Comalapa, en donde a las mujeres se les prohíbe el derecho a la tierra por factores de discriminación y género.

a) Concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo 14

Según datos oficiales de la Secretaría de Economía, hasta el 18 de julio de 2008 el gobierno federal había otorgado 55 concesiones mineras en 20 municipios chiapanecos con una superficie total de 13 Balance anual del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (2009), anexo 5: Grupos subversivos y delictivos con presencia en Chiapas.14 Entrevistas en Chicomuselo, 17 y 18 de marzo de 2010

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224,997 hectáreas (la mayor parte de estas concesiones venciendo hasta el año del 2056). Con la finalidad de extraer oro, plata, barita y metales altamente tóxicos como plomo y titanio, en el municipio fronterizo de Chicomuselo, se otorgaron concesiones a dos empresas mineras candienses: Blackfire Exploration LTD con sede en Calgary y la Subsidiaria de Radius Gold con sede en Vancouver.

Los principales afectados en la zona son el ejido Grecia y los habitantes de las comunidades cercanas, donde se piensa extraer entre 350 mil y 400 mil toneladas de barita y, cuando se agoten estos recursos, se continuará con la extracción de titanio en el subsuelo. Testimonios de los habitantes confirmaron que el predio donde se ubica la mina fue despojado ilegalmente a la comunidad, además que la extracción del mineral ha generado cambios significativos en el medio ambiente, entre otras cosas, por la utilización de millones de metros cúbicos de agua para el proceso de extracción.

Sin embargo, frente a este panorama, las comunidades afectadas se organizaron y crearon resistencias para frenar la destrucción minera. A partir de la llegada de la empresa Blackfire, en 2007, familias de las comunidades afectadas formaron el Frente Cívico de Chicomuselo.

Durante la Misión de Observación, integrantes del Frente y de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) explicaron que “La REMA ha presentado a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas documentos que demuestran que la empresa está implicada en actos de corrupción de autoridades públicas del municipio con el propósito de intimidar a los opositores a la mina. Hemos obtenido documentos de Blackfire que la empresa confirma ser genuinos y que claramente muestran pagos mensuales de $10,000 pesos depositados mensualmente en la cuenta personal del Presidente Municipal de Chicomuselo bajo el acuerdo de que el ejido no se levantaría en oposición a la mina”.

El hostigamiento ha sido permanente: el 17 de agosto de 2009, Mariano Abarca, líder opositor a la empresa minera fue detenido y mantenido en arraigo por 8 días, acusado de “cierre de las vías de comunicación” por el bloqueo que se realizó en la entrada de la minería BlackFire de la comunidad Grecia. Tras el asesinato del mismo Mariano Abarca, el 27 de noviembre de 2009, la presencia de militares en el municipio se incrementó. Nos informaron que se mantienen órdenes de aprensión para algunos miembros del Frente Cívico de Chicomuselo a quienes, de igual modo, se les acusa de haber cerrado el camino que va a las minas.

Ante la presión de la sociedad civil organizada, la empresa Blackfire paralizó sus actividades de explotación minera en diciembre del 2009. No obstante, la empresa utilizó el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para demandar al gobierno estatal por “perdida de ganancias de 800 millones de dólares”, monto que repararía el daño y los perjuicios generados por el cierre de la empresa. Además, en septiembre de 2010, grupos antimineros de Chiapas informaron que la empresa minera transnacional Blackfire logró un amparo para poder funcionar en la Sierra de Chiapas15.

b) La Mosca del Mediterraneo 16

En 1977, los gobiernos de Estados Unidos, México y Guatemala iniciaron un programa llamado “Moscamed” para exterminar la plaga de la Mosca del Mediterráneo en México e impedir la expansión 15 “Blackfire obtiene amparo para trabajar en la Sierra” (Cuarto Poder, 24 de septiembre de 2010)16 Entrevistas realizadas con la Organización de Unión de Ejidos, Rancherías y Comunidades de la Zona III Fronteriza en la Comunidad de San Vicente el 17 de marzo de 2010

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de la plaga a Guatemala. En realidad su objetivo principal es que la mosca del mediterráneo no llegue a Estados Unidos y así garantizar la protección de su producción frutícola. Estas fumigaciones se dan por aspersiones aéreas y terrestres, utilizando insecticida.

Desde que inició el programa Moscamed en la Zona Fronteriza de Chiapas, en 1994, los habitantes afectados lo consideraron como parte de una estrategia de contrainsurgencia “debido a que se dio en las fechas del levantamiento del EZLN y como bienvenida al Tratado de Libre Comercio ya que con el pretexto de combatir la Mosca del Mediterráneo, están fumigando las montañas y cafetales de la región, trayendo como consecuencia que las hojas de los árboles se sequen y que el grano de café que está tierno no llega a madurar” 17

Un campesino de San Vicente, comunidad contaminada por la Moscamed, compartió su testimonio de cómo comenzó este problema: “Fue después del 94, se le llamó contrainsurgencia,(…) en el 95 producíamos mucho café entonces los campesinos teníamos buena plantación, buenas naranjas y de ahí vino que empezaron a tirar ratas, culebras parecidas a la nauyaca, murciélagos, garrapatas, la mosca, de ahí vino el helicóptero a fumigar los cafetales acabando con toda la sombra, total, al acabarse la producción del café, tronó, (…) bajó el precio”.

A partir de esta crisis ecológica y económica los campesinos de la zona empezaron a organizarse y formaron la “Organización de Unión de Ejidos, Rancherías y Comunidades de la Zona III Fronteriza”. Un campesino afectado por las fumigaciones de la Moscamed explicó cómo y por qué se organizaron en la región: “nos empezamos a organizar con un representante por comunidad y somos 60 comunidades, por el motivo de la fumigación de la Moscamed y por la afectación dentro de la producción (...) plantas, milpas, solares, café, huerta, frutales y animales”

Esta organización campesina logró detener la empresa de la Moscamed, pero según nos explicaron, la empresa y las autoridades no respetaron los acuerdos firmados y siguen fumigando de manera oculta y por vía terrestre. Otro campesino de la organización narró cómo se hacen estas fumigaciones clandestinas: “la empresa Moscamed se ha detenido aquí, se han hecho documentos de que ya se iban a retirar, pero involucran a los ayuntamientos y los ayuntamientos presionan a las comunidades de que ya nos les va a dar sus proyectos productivos, calles, escuelas(…) esa amenaza hace que la gente se eche para atrás, por no conocer sus derechos (...) Los aviones antes de las protestas pasaban bien bajo en los potreros y cafetales después de la protesta elevaron el vuelo, ese liquido contamina el agua de la lluvia, ahorita esa contaminación ya se elevó. Han surgido muchas enfermedades, hay mucho cáncer, leucemia, las gripes son muy fuertes y enfermedades muy extrañas”.

El aire, el agua y la tierra están siendo contaminados, desde hace 16 años, por los químicos empleados por la empresa Moscamed, éstos con el tiempo están repercutiendo gravemente en la salud de la población. A pesar de esto, denunciaron que el gobierno sigue imponiendo las fumigaciones vía terrestre en sus tierras y amenaza con retirar los apoyos de los proyectos productivos a los que se nieguen a hacerlo.

c) Bella Vista, despojo por género 18 17 Agroquímicos y fumigaciones en Chiapas, la muerte lenta del indígena y campesino Gustavo Castro Soto - 29-junio-2005 - num.467 CIEPAC, San Cristóbal de las Casas18 Seguimiento del caso por el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (previa y posterior a la Misión de observación)

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Históricamente y en la mayoría de los casos, en particular en zonas indígenas por usos y costumbres, las mujeres han sido excluidas de la propiedad de la tierra, así como de su uso y usufructo. Son los hombres quienes son reconocidos como propietarios de la tierra y de lo que produce, aunque, debido a la migración, cada vez más son las mujeres las responsables del cultivo de la milpa para el mantenimiento familiar. El no reconocimiento de los derechos de las mujeres a la tierra sustenta y profundiza el carácter patriarcal del sistema y las desigualdades de género: al no tener tierra no tienen derecho a hablar en las asambleas y por lo tanto a participar en las decisiones comunitarias y personales que les afectan. Por ello, muchas mujeres dependen de las decisiones masculinas, impidiendo su autodeterminación, así como restringiendo y vulnerando todos sus derechos ciudadanos.

Por ejemplo, en la comunidad de Bella Vista, municipio de Frontera Comalapa, existe un reglamento interno, cuyo artículo 37, establece que las mujeres de Bella Vista no se pueden casar con hombres que no sean de la comunidad y en caso de que se haga, las mujeres pierden el derecho sobre su tierra y sus bienes. Este es el caso de Amalia Vázquez, una mujer de la localidad, que desde 2008 ha sido amenazada constantemente por dirigentes de la asamblea de la comunidad, miembros de la organización de OPEZ (Organización Proletaria de Emiliano Zapata), para que abandone su tierra por no respetar el mandato comunitario. El articulo del reglamento interno ha sido declarado nulo mediante sentencia emitida por el Tribunal Agrario distrito 4, el 6 de mayo del 2008. Sin embargo han seguido los hostigamientos.

El 25 de abril de 2010, cerca de 20 ejidatarios hicieron cortes en las tomas de agua de Amalia y su familia. Actualmente amenazan con quitarle la luz si no se va. Las autoridades municipales y estatales competentes no asumen sus responsabilidades para llegar a una solución. Amalia denunció: “Están violando un acuerdo del juez del tribunal agrario, […] están anulando este acuerdo que salía a favor de nosotros, […] El gobierno y el gobernador dicen que el milenio es para las mujeres, que aquí ahorita en Chiapas la mujer tiene muchos derechos, porque sacó este famoso milenio. ¿Pero qué están haciendo, no están haciendo nada, por qué no vienen y ponen un alto? [La autoridades ejidales] vinieron y cortaron el agua, se denunció pero no ha llegado ningún oficial que les obliga a instalar otra vez el agua.19 No obstante, Amalia, su esposo y las mujeres afectadas de Bella Vista continúan resistiendo la presión y el hostigamiento por parte de los líderes de la comunidad.

IV. Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA)

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) incluyen el respeto y la exigibilidad de los derechos que garantizan las condiciones para una vida justa y digna; en ese sentido compartimos la información que nos fue proporcionada sobre la situación cotidiana que viven las comunidades indígenas, pueblos y ciudades en la Zona Fronteriza.

a) Derecho a la libre determinación:

Durante la visita de la Misión de Observación, se mencionaron distintos casos de violaciones y amenazas a los derechos humanos asociados a proyectos de infraestructura y de otro tipo como presas, minas y turismo que fueron impuestos sin consulta previa o adecuada a las comunidades

19 Testimonio de Amalia Vázquez R de Bellavista.

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indígenas y campesinas afectadas. El caso de la minería en Chicomuselo20 es uno de los más claros en el que se puede observar como se ha presionado a la población por distintos medios para que ceda su territorio a la explotación de las empresas mineras: dicha presión incluyó desde promesas de indemnización, criminalización y persecución de los que se han opuesto, hasta el encarcelamiento y asesinato, como en el caso ya mencionado de Mariano Abarca.

b) Derechos laborales y Derecho a un nivel de vida adecuado

Chiapas es uno de los estados que presenta los más altos índices de marginación en el país, situación de la que no se encuentra exenta la Zona Fronteriza. Eso es claramente visible en varias comunidades donde las viviendas todavía no cuentan con agua entubada (70,403), energía eléctrica (41,001) o sistemas de drenaje (90,321)21. Esta ausencia de servicios básicos les niega a las y los pobladores el derecho a una vivienda digna y adecuada.

Por otro lado, en los últimos dos años el aumento del precio de los productos que conforman la “canasta básica” contrasta con los bajos precios que perciben muchas familias campesinas por sus cosechas. De igual modo, la crisis económica ha tenido graves efectos como el desempleo y la escasez de ingresos, situación que se refleja en las bajas remuneraciones. En un ejemplo concreto, los integrantes del Frente Cívico de Chicomuselo relatan que a muchos trabajadores de la mina que laboraban en situaciones de semiesclavitud, no les pagaron sus sueldos y para sobrevivir tuvieron que vender el poco capital con el que contaban (tierra, animales, hogares).

Por otra parte, las deudas que se acumulan debido a las altas tarifas de la luz también ponen en riesgo el cumplimiento de un nivel de vida adecuado. Por su parte, El Colectivo de Mujeres en Acción de Lucha se ha integrado a una campaña de resistencia al pago de las altas tarifas de luz, frente a los inexplicables recibos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que a veces representan de entre 1000 y 2000 pesos. Algunos miembros del Frente Cívico de Chicomuselo denuncian que incluso han llegado a tener recibos de cobro de luz de hasta 20,000 pesos. Los entrevistados del Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos (FDROC) informaron que 60 personas forman parte de la resistencia a las altas tarifas en la zona urbana de Comitán, y que su campaña y lucha ha provocado represión violenta contra ellos por parte de las autoridades. Han estado 10 años en la resistencia, y prometan seguir en ella “mientras no haya precio justo”.

c) Derecho a alimentación y a la salud

El hambre y la mala alimentación constituyen desafíos serios para la obtención de un nivel adecuado de vida. Según Enlace, Comunicación y Capacitación AC, en muchos lugares de la Zona Fronteriza entre un 50 y 85% de la gente padece desnutrición. Señalan además que se ha generado una tendencia a comer comida chatarra en muchas comunidades, que a pesar de su baja calidad nutricional se promueve a través de los medios masivos de comunicación. Además, la falta de empleo, el aumento de los precios, y la crisis económica en general contribuyen claramente a agudizar la mala alimentación y el hambre.

Otras faltas claras de cumplimiento del derecho a “la salud y el bienestar” lo constituyen las lejanas distancias de los centros de salud así como los elevados precios de las medicinas, lo que agrava las altas tasas de desnutrición, en particular en zonas indígenas. El Comité de Derechos Humanos 10 de 20 Entrevistas en Chicomuselo: 17 y 18 de marzo de 201021 Fuente Otros Mundos.

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Enero, en el municipio de Chicomuselo, relata que hace falta gente capacitada para ser promotores o promotoras de salud, y que muchos de los problemas de salud que se presentan en la zona están relacionados con las operaciones de la minería.

V. Derechos de las mujeres

El impacto de las problemáticas reconocidas en la Misión de Observación, en hombres y mujeres, tiene variantes que atraviesan la cultura, la discriminación, las formas de violencia y subordinación de género. Este apartado busca ofrecer es una aproximación a la complejidad de las problemáticas vividas por las mujeres, a la violencia reiterada desde las diversas formas y ámbitos, que limitan sus vidas desde la dignidad y el ejercicio de sus derechos. Sin embargo es también una muestra de la lucha de las mujeres hacia la construcción de nuevas formas de vida sin violencia desde la igualdad de género, clase y etnia.

a) Violencia estructural de género

Todas las formas de violencia contra las mujeres y las violaciones a sus derechos son considerados violencia de género o violencia patriarcal. Las personas entrevistadas durante la Misión de Observación, hombres y mujeres, afirmaron que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento y que esta se reproduce de forma significativa a la par del sistema, que utiliza a las mujeres como objeto y objetivo de sus intereses. La pobreza, como una forma de violencia, limita la vida y, en el caso de las mujeres, las sume en estados de desesperación: “Subieron los precios de canasta básica como el azúcar, fríjol, etc. esto hace que haya más pobreza y delincuencia (…) Existen muchas casas de empeño que se aprovechan de la situación y en lugar de beneficiar nos dejan más pobres”22.

La violencia contra las mujeres y las niñas es ejercida por los gobiernos, las políticas públicas, los programas asistencialistas, las costumbres discriminatorias de las comunidades en donde ellas viven, los hombres cercanos, parejas afectivas y familiares. Todos estos reproducen los aprendizajes de violencia y discriminación hacia las mujeres. Ejemplos claros y reiterados lo constituye la trata de mujeres, prostitución de mujeres jóvenes entre 10 y 14 años, favorecida por la migración y su situación “ilegal”, razón por la cual las mujeres no se atreven a denunciar los abusos, agresiones y violaciones a sus derechos que de forma constante viven.

Las diversas formas de violencia (familiar, física, económica, social, institucional) contra las mujeres impactan los ámbitos íntimo, privado y público de sus vidas. Las mujeres entrevistadas reconocen el alcoholismo como uno de las principales formas de violencia contra sus vidas y sus familias, este potencia la violencia en la comunidad y contra de ellas. En el caso de Chicomuselo y Comalapa, existe un aumento de negocios de venta de cerveza, alcohol y cantinas muchos de ellos asociados con prostitución; todos estos amparadas por los presidentes municipales.

b) Violencia contra las mujeres por usos y costumbres que reproducen la discriminación

El no reconocimiento de los derechos de las mujeres en algunas comunidades como el derecho a la tierra, el derecho a la participación y a la toma de decisiones, son formas de violencia. Muchas de las normas y tradiciones (usos y costumbres) que regulan la vida de los pueblos y comunidades indígenas, están contenidos en los reglamentos ejidales y estatutos comunales. El contenido de estos

22 Entrevista con integrantes del colectivo Mujeres en Acción de Lucha, 17 de marzo de 2010

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instrumentos jurídicos locales es aprobado en las asambleas comunitarias y ejidales en las que por lo general, participan solamente los hombres, por lo cual reproducen las normas discriminatorias de género que existen en la cultura indígena como no poder decidir libremente con quien casarse, el no recibir tierra en herencia, y desde luego el no tener acceso a la propiedad, uso y usufructo de la tierra. Está discriminación es un problema grave, sobre todo porque los reglamentos mencionados han sido legitimados por las autoridades agrarias federales como reguladores de la vida y las relaciones al interior de los ejidos y comunidades. La aplicación de los reglamentos está generalizada en todo el territorio chiapaneco a pesar de que su contenido discriminatorio está en contradicción con las leyes Constitucionales. Un ejemplo de ello lo constituye el ya mencionado caso de las mujeres de Bella Vista del Norte.

c) Violencia institucional e impunidad

Otro factor de violencia, lo constituyen las políticas asistencialistas del gobierno para “disminuir” la pobreza, como el Programa Oportunidades, que ante la crisis se ha convertido en la primera fuente de ingreso para las familias. Como consecuencia existe un aumento de la dependencia que impide la autodeterminación de las mujeres, además se ha originado una baja en la producción de alimentos y por consiguiente un incremento en la adquisición de productos en comercios. “sabemos el que gobierno nos tapa la boca, como que nos compra para no decir nada, nos da como una limosna, con sus programas, pero el hambre nos obliga a recibirlo. Pero no debemos quedarnos calladas aunque tengamos el Programa”, comentan las mujeres en Comalapa.

Estos programas se presentan como alternativas ante la pobreza, el hambre y la necesidad que viven miles de mujeres. Se convierten en paliativos asistencialistas, en cotos de poder entre las comunidades que provocan divisiones y limitan las capacidades organizativas de las mujeres. “En el programa compartamos, juntan 10 mujeres es un pago semanal, es tapar hoyos y abrir otro. Empiezan por $3000 hasta $ 20,000. Pero si no pagan les quitan todo lo que tienen”, explicaron las mujeres de la Organización Civil Lunatik.

Por otro lado, la aplicación de la justicia y la asistencia de servidores públicos para atender demandas de las mujeres refieren también discriminación por parte de las autoridades: no se recibe buen trato cuando se va a denunciar, y en la mayor parte de los casos, no prospera la demanda de intervención. Por otro lado, en Chicomuselo y Comalapa afirman que existe una debilidad institucional en la zona: las autoridades municipales tienen que actuar en medio de una intensa y a veces violenta lucha de poder entre organizaciones como son la Organización Proletaria de Emiliano Zapata (OPEZ), Organización Campesina Emiliano Zapata - Coordinadora Nacional Plan de Ayala (OCEZ-CNPA). Incluso a lo largo del 2009 no hubo ministerio público en Comalapa por temor a posibles represalias.

“Desde que asumió la presidencia el actual presidente municipal en el año 2007, la gente de Chicomuselo siente que vive en un pueblo sin ley. Los policías, gente del mismo pueblo de Chicomuselo, hacen lo que quieren, ni siquiera por órdenes de la presidencia [...] El presidente se ha beneficiado del pueblo con los negocios de la cerveza. Y la policía vende autopartes de los carros decomisados”.23

VI. Criminalización de la protesta social

23 Entrevista con integrante del Frente Cívico de Chicomuselo, 18 de marzo 2010.

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El hostigamiento, persecución y amenazas a defensores, líderes sociales y civiles es una constante que se vive en las organizaciones y comunidades que reivindican distintos derechos humanos; la Zona Fronteriza ha sufrido los efectos de la violencia al grado de enfrentar consecuencias como el asesinato de sus líderes, amenazas de muerte y hostigamiento constante.

A finales del 2009 se hizo público el argumento oficial respecto a la creciente actividad militar y policial en la frontera con Guatemala y Los Altos de Chiapas, enmarcándola en la llamada “guerra frontal contra el narcotráfico y el crimen organizado”. No obstante, la estrategia mediática implementada por los gobiernos federal y estatal parece más bien buscar descalificar y presentar a las organizaciones sociales y civiles, a sus representantes y a sus integrantes, en esquemas de “asociación delictuosa” con mafias del crimen organizado. De esta manera se pretende justificar cualquier acción de represión directa así como el inicio de investigaciones o procesos judiciales.

Los efectos de esta política se evidencian también en la Zona Fronteriza, y aunque se vive la política de criminalización en muchos aspectos de la vida cotidiana de las organizaciones y movimientos, destacaremos nada más dos casos emblemáticos con más detalles.

a) Hostigamiento en contra de integrantes de Enlace Comunicación y Capacitación, AC

El pasado 8 de noviembre de 2009 fue allanado de manera ilegal el domicilio de Adolfo Guzmán, integrante de Enlace Comunicación y Capacitación, AC en Comitán. Tras el allanamiento Adolfo Guzmán acudió a varias instancias gubernamentales donde no le quisieron atender. No logró obtener información respecto a los hechos, ni saber ante qué instancias ampararse. Finalmente, el día 23 de noviembre, presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Protección de los Organismos No Gubernamentales para la Defensa de los Derechos Humanos, donde se abrió una Averiguación Previa. Sin embargo, la denuncia penal interpuesta se ha querido detener mediante amenazas, hostigamientos así como mediante el secuestro de la esposa de Adolfo, Margarita Martínez24.

Adolfo, su esposa Margarita y sus dos hijos apenas tenían un mes en la casa en el momento del allanamiento. El residente anterior fue uno de los líderes implicado en un conflicto por un predio en la Central de Abastos. Enlace señala en una denuncia que sacaron unos días después del allanamiento, que el hecho se dio en el marco de una serie de operativos y cateos “contra algunos dirigentes campesinos y mujeres líderes de canasteras (vendedoras del mercado)”.25 Sin embargo, se presume que el hostigamiento y las agresiones que sufrieron Adolfo y su familia, se dieron por la denuncia interpuesta tras el allanamiento.

Obviamente los hechos ocurridos han dejado tanto a Adolfo y su familia, como a los integrantes de Enlace, atemorizados y afectados física y emocionalmente. A pesar de varios pronunciamientos y acciones urgentes de la sociedad civil, han persistido las amenazas, el hostigamiento y... la impunidad. Adolfo y su familia siguen en espera de que se realice una investigación imparcial para esclarecer los hechos, lo cual muestra la incapacidad y la poca voluntad política gubernamental para ello26.

b) Asesinato de Mariano Abarca Roblero (ver también párrafo sobre Tierra y Territorio)

24 Acción Urgente no. 03, publicada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC. de fecha 26 de febrero de 2010.25 Enlace Comunicación y Capacitación AC, denuncia pública del 10 de noviembre de 2009.26 Comunicado de Enlace Comunicación y Capacitación AC del 11 de junio de 2010, “A siete mese del allanamiento”

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El día 27 de Noviembre del año 2009 fue asesinado Mariano Abarca Roblero por su trabajo como integrante del Frente Cívico de Chicomuselo, movimiento que lucha contra la explotación minera en el municipio del mismo nombre. Las concesiones mineras están en manos de la empresa trasnacional canadiense Blackfire Exploration, Ltd.

Originalmente la concesión de la mina en el Ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, era de la Compañía Minera Caracol SA de CV, la cual empezó su trabajo en el año 2005.27 Por razones desconocidas esa empresa dejó la mina, y actualmente es propiedad de Blackfire Exploration, Ltd. Aproximadamente desde noviembre de 2008, extrae a cielo abierto barita de los cerros de Chicomuselo, lo cual ha provocado grandes daños ambientales.

Sin embargo, desde el principio existió resistencia contra la explotación minera. Los Comités de Derechos Humanos 10 de Enero de Chicomuselo y Oralia Morales del municipio de Frontera Comalapa se unieron y empezaron a investigar los daños ambientales provocados por la exploración de la mina. Un integrante del Comité de Derechos Humanos 10 de Enero nos comentó que compartiendo los resultados de sus investigaciones con la comunidad empezó a crecer la conciencia de la gente, y por lo tanto también su voluntad de resistir a la presencia de Blackfire. También el Frente Cívico de Chicomuselo, del cual Mariano era integrante, se unió a la denuncia.

La organización y la resistencia de los pueblos provocaron un aumento en el hostigamiento hacia los pobladores. Desde julio de 2009, integrantes de los Comités de Derechos Humanos 10 de enero y Oralia Morantes han denunciado amenazas de muerte por parte de empleados que trabajan par la empresa Blackfire. También el párroco de la localidad sufrió vigilancia, igual que los integrantes del Frente Cívico quienes fueron amenazados.

Mariano Abarca participó en varias manifestaciones y protestas contra las actividades mineras.28 En agosto del año 2009 fue detenido arbitrariamente y mantenido arraigado durante 8 días por haber participado en un bloqueo obstruyendo el paso de las maquinas y camiones de Blackfire. Además de responsabilizarle de los daños y perjuicios, fue acusado de atentados contra la paz y asociación delictuosa.29

Su detención no le impidió seguir con su lucha. Lamentablemente tampoco el hostigamiento cesó. El día 23 de noviembre Mariano presentó una denuncia ante el Ministerio Público por haber recibido amenazas de muerte por parte de algunos empleados de Blackfire. No obstante, las autoridades judiciales omitieron brindarle la protección necesaria, lo cual lo dejó en una situación de vulnerabilidad. El día 27 de noviembre de 2009, aproximadamente a las 20:00 horas, Mariano Abarca fue asesinado, fuera de su domicilio en Chicomuselo.

Hasta la fecha tres personas fueron detenidos por su asesinato. Sin embargo, en Chicomuselo no confían en que sean los verdaderos culpables y siguen demandando justicia y esclarecimiento de los hechos.

27 Entrevista con integrantes del Comité de Derechos Humanos 10 de Enero, 17 de marzo de 201028 A partir de junio participó en un plantón en la cabecera municipal, organizada por miembros de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), de la cual el Frente Cívico es adherente. En julio denunció frente al Congreso las afectaciones que ocasiona Blackfire en Chiapas y también participó en una manifestación frente a la embajada Canadiense en la Ciudad de México para exigir la salida de la empresa minera.29 Boletín No. 38, publicada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC. de fecha 1 de diciembre de 2009.

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c) Otras señales de criminalización en la zona

Durante la visita de la Misión de Observación, en varias partes de la región fronteriza se expresó que la población siente que el simple hecho de manifestarse y pedir que se ejerzan sus derechos ya es un delito para las autoridades, lo cual provoca miedo e incertidumbre en la población. El Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos (FDROC) por ejemplo, está apoyando a un grupo de vendedores ambulantes para que se organicen y rompan con los esquemas de corrupción, lo cual, según nos comentaron, ha resultado en amenazas e intimidaciones.

De la misma manera las actividades por organizar la resistencia a las altas tarifas de la luz han generado hostigamiento, vigilancia y cortes, incluso, haciendo uso de la fuerza pública.

Conclusiones: Resistencia y organización, señales de construcción de Paz

Como quedó reflejado en este Informe, en la Zona Fronteriza, aunque el momento actual sea de menor algidez que hace un año, varias problemáticas se mantienen presentes, algunas que se pueden observar en otras partes del estado y del país, otras que se agravan o complejizan al hablar de la frontera de un estado fronterizo. No obstante, y ante las mismas, las organizaciones sociales y las comunidades que trabajan en la región son luces de esperanza en la construcción de una sociedad equitativa y justa.

Frente a la complejidad del fenómeno de la migración en esta región, comunidades y organizaciones ubicadas en la Zona Fronteriza, siguen buscando formas de responder, teniendo claros algunos retos para cada una de las tres condiciones migratorias: “1.- Frente a la migración de comunidades chiapanecas, consideramos esencial el fortalecimiento organizativo que genere alternativas de economía social y solidaria en la línea del ejercicio de la soberanía alimentaria. También es importante fomentar la organización transterritorial para trabajar en la formación del migrante como actor político; 2.- Ante la migración de Centroamérica es necesario fortalecer los sistemas de protección a las y los migrantes, trabajar muy fuertemente para denunciar la corrupción e impunidad de las autoridades. También es importante también tejer redes de apoyo y solidaridad; 3.- Para los migrantes que vienen a trabajar a Chiapas, se ve importante continuar con la promoción y defensa de los derechos laborales, así como exigir a las autoridades competentes el mayor control”.

Pese al contexto patriarcal, distintos colectivos y esfuerzos organizativos de mujeres trabajan hacia la construcción de una nueva cultura de derechos desde la igualdad de género, clase y etnia. Consideran indispensable la participación de las mujeres en decisiones que afectan sus vidas y en las que atañen a sus comunidades y entornos, en formación permanente.

En distintos espacios las mujeres cada vez más se involucran, participan y organizan foros para reflexionar sobre la minería, la tierra y el territorio, contra la militarización, por la prevención del alcoholismo, en solidaridad con otras mujeres en la defensa de sus derechos, por una vida libre de violencia, contra la discriminación de género, clase y etnia y, por la construcción de alternativas económicas y de educación integral.

En Chicomuselo, continúan con la organización de foros y encuentros, en donde se denuncian las afectaciones de la explotación minera, y se articulan con procesos de lucha y defensa por los recursos naturales nacionales e internacionales. Incluso se busca restablecer cierta unidad en la gente mediante la creación de alternativas de comunicación comunitaria.

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También en la lucha contra las altas tarifas de la luz existen avances. Algunas personas y familias ya llevan diez años en la resistencia y en el municipio de Chicomuselo se ha logrado un amparo para no pagar la deuda a la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido es importante señalar la solidaridad que existe entre las organizaciones civiles y sociales.

El caso de agresiones al equipo de Enlace, Comunicación y Capacitación ha generado reacciones a nivel estatal, nacional e internacional, demostrando la capacidad de la sociedad civil para responder y frenar ataques contra defensores de los derechos humanos.

Aunque no mencionamos todos los ejemplos que se podrían dar, quienes formamos parte de la Red por la Paz, constatamos que pese al contexto de conflictividad en que trabajan las organizaciones, comunidades y personas de la Zona Fronteriza, existen esfuerzos importantes en favor de la construcción de Paz para ejercer y defender sus derechos colectivos. Quienes estuvimos presentes en la Misión de Observación aprendimos y ahora compartimos las experiencias que encontramos, mismas que son esperanza de construcción de alternativas de vida. Una de las consecuencias de la criminalización de la protesta social, a pesar del miedo que provoca, es que la gente se siente sola. Fue repetida la solicitud de que organizaciones civiles de Derechos Humanos y de construcción de paz realicen acompañamiento permanente a los procesos sociales y la situación que se vive en el municipio fronterizo.

Como Red por la Paz, queremos ratificar nuestro compromiso de trabajar en los ejes de derechos humanos, construcción de paz, alternativas de sustentabilidad y desarrollo, observación y solidaridad que los mismo pueblos de Chiapas nos han enseñado. Aclaramos que las visitas que realice esta Misión de Observación a distintas regiones de Chiapas, no obedecen a intereses político partidistas ni para la promoción de agendas políticas individuales de los actores en la región. El trabajo de la Misión enfoca la observación y documentación de la situación de los Derechos Humanos y la Conflictividad Social con pleno respeto a la diversidad de opiniones y acciones que cada actor realiza desde sus espacios para la construcción de un mundo más justo y digno.

Agradecemos la colaboración y apoyo para la realización de esta visita a las compañeras y compañeros de la Región Fronteriza: Comitán: Edupaz, Enlace Comunicación y Capacitación (ECC), Comunidad San Vicente, Comunidad Los Riegos, Ceiba, Misión de Guadalupe, CDMCh, Frente Democrático Regional de Obreros y Campesinos (FDROC), Lunatic; Trinitaria: Naturaleza para todos, A.C, Promotores de Derechos Humanos de Tziscao; Comalapa: Comité de Derechos Humanos Oralia Morales, Comunidad Bella Vista del Norte, Mujeres Unidas de Comalapa, Mujeres en Acción de Lucha; Chicomuselo: Parroquia de Chicomuselo, Grupo de Mujeres, Comité de Derechos Humanos 10 de enero, Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Frente Cívico de Chicomuselo.

Organizaciones integrantes de la Red por la Paz

Educación para la Paz (Edupaz)

Centro de Investigaciones Económicas y Políticas de Acción Comunitaria, A.C. (Ciepac)

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Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (Desmi)

Servicio Internacional para la Paz (Sipaz)

Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria, A.C. (Coreco)

ENLACE, Comunicación y Capacitación A.C. (Enlace CC)

Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz)

Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, A.C. (CDMCH)

Centro de Derechos Indígenas, A.C. (Cediac)

Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, A.C.

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A.C. (Frayba)

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