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2Serie Justicia Global

Informe sobre discriminacin racial y derechos de la poblacin afrocolombiana

Raza y derechos humanos en Colombia

Csar Rodrguez GaravitoTatiana Alfonso SierraIsabel Cavelier Adarve

OBSERVATORIO DE DISCRIMINACIN RACIAL

Este trabajo pone en tela de juicio el mito de la democracia racial colombiana. Segn este mito, en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Surfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una sntesis igualitaria. Esta creencia fundacional de la identidad colombiana est detrs de la negacin de la discriminacin racial por parte del Estado y la sociedad, y reproduce a diario la invisibilidad y marginalidad de la poblacin afrocolombiana.

Este libro es la versin completa del Informe sobre Discriminacin Racial y Derechos de la Poblacin Afrocolombiana. El informe es el resultado de dos aos de investigacin sistemtica del Observatorio de Discriminacin Racial, que incluy trabajo de campo a lo largo y ancho de Colombia, anlisis documental y estadstico, y cerca de dos centenares de solicitudes de informacin a entidades estatales de los niveles nacional, departamental y municipal.

Este trabajo, sin precedentes en el pas por su tema y envergadura, tiene una doble finalidad. Primero, ofrece un diagnstico slido y certero de la situacin de la poblacin afrocolombiana y del grado de realizacin y violacin de sus derechos. Segundo, hace propuestas y recomendaciones concretas de poltica pblica que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a superar el mito de la democracia racial.


El Observatorio de Discriminacin Racial es un espacio de investigacin y discusin para documentar las prcticas de racismo en Colombia y Amrica Latina, y desarrollar acciones en contra de ellas.

Es un proyecto permanente realizado conjuntamente por el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos y el CIJUS de la Universidad de los Andes, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

http://odr.uniandes.edu.co

Serie Justicia Global

Esta coleccin del Programa de Justicia Glo-bal y Derechos Humanos publica estudios, documentos e informes rigurosos, novedo-sos y accesibles que promueven el derecho nacional e internacional de los derechos humanos.

Adems de la coleccin, el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos persigue este objetivo mediante acciones jurdicas, investigaciones, cursos, proyectos e intervenciones pblicas. El Programa est conformado por profesores y estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y trabaja en red con universidades, movimientos sociales, ONG, entidades estatales y organismos internacionales de Amrica Latina y otras partes del mundo.

http://justiciaglobal.uniandes.edu.co

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Csar Rodrguez Garavito es Director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes y Coordinador del Observatorio de Discriminacin Racial.

Tatiana Alfonso Sierra es Investigadora del Centro de Investigaciones Sociojurdicas (CIJUS) de la Universidad de los Andes y del Observatorio de Discriminacin Racial.

Isabel Cavelier Adarve es Coordinadora del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes e Investigadora del Observatorio de Discriminacin Racial.

Csar Rodrguez GaravitoTatiana Alfonso SierraIsabel Cavelier Adarve

Investigadores:

Eliana Fernanda Antonio Rosero

Juan Pablo Mosquera Fernndez

Natalia Orduz Salinas

Maria Laura Rojas Vallejo

Nelson Camilo Snchez Len


Informe sobre discriminacin racial y derechos de la poblacin afrocolombiana

OBSERVATORIO DE DISCRIMINACIN RACIAL

Programa de Justicia Global y Derechos Humanos y CIJUS, Universidad de Los Andes

Proceso de Comunidades Negras (PCN)

Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)


Delegacin de la Comisin Europea para Colombia y Ecuador

Este documento se ha realizado con la ayuda

financiera de la Iniciativa Europea Derechos

Humanos y Democracia de la Comunidad Eu-

ropea, en el marco del proyecto Observatorio

permanente sobre Discriminacin Racial y

Derechos de la Poblacin Afrocolombiana. El

contenido de este documento es responsabi-

lidad exclusiva del Centro de Investigaciones

Sociojurdicas (CIJUS) de la Universidad de Los

Andes y en modo alguno debe considerarse

que refleja la posicin de la Unin Europea.

Rodrguez Garavito, Csar Augusto Raza y derechos humanos en Colombia: informe sobre discriminacin racial y derechos

de la poblacin afrocolombiana / Csar Rodrguez Garavito, Tatiana Alfonso Sierra, Isa-bel Cavelier Adarve; investigadores: Eliana Fernanda Antonio Rosero [et al.]. -- Bogot: Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Centro de Investigaciones Sociojurdicas, CIJUS, Ediciones Uniandes, 2009.

336 p. ; 19.5 x 28 cm. (Serie Justicia global ; 2)

ISBN: 978-958-695-439-6

Otros autores: Juan Pablo Mosquera Fernndez, Natalia Orduz Salinas, Mara Laura Rojas Vallejo, Nelson Camilo Snchez Len.

1. Discriminacin racial -- Colombia -- Informes 2. Afrocolombianos -- Situacin legal -- Colombia Informes 3. Afrocolombianos -- Condiciones sociales -- Colombia -- Informes 4. De-rechos humanos -- Colombia -- Informes I. Alfonso Sierra, Tatiana Andrea II. Cavelier Adarve, Isabel III. Antonio Rosero, Eliana Fernanda IV. Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de Derecho. CIJUS V. Tt.

CDD 341.481 SBUA

Primera edicin: julio de 2009

Csar Augusto Rodrguez Garavito, Tatiana Andrea Alfonso Sierra,

Isabel Cavelier Adarve

Universidad de los Andes

Facultad de derecho

Centro de Investigaciones Sociojurdicas - CIJUS

Direccin: Carrera 1 N 18A 10. Edificio RGC.

Telfonos: 3324949 3394999. Ext: 3370

Bogot D.C., Colombia

[email protected]

Ediciones Uniandes

Carrera 1 N 19-27. Edificio AU 6

Bogot D.C., Colombia

Telfono: 3394949- 3394999. Ext: 2133. Fax: Ext. 2158

http//:ediciones.uniandes.edu.co

[email protected]

ISBN: 978-958-695-439-6

Maqueta: John Naranjo

Diagramacin y produccin: Marta Rojas

Revisin de textos: Emma Ariza

Fotografa de cubierta: Jaime Prez Munevar

Impresin: Nomos Impresores

Cra. 39B N 17 - 85, Tel.: 2086500, Bogot D.C.

Impreso en Colombia Printed in Colombia

Todos los derechos reservados. Esta publica-

cin no puede ser reproducida ni en su todo

ni en sus partes, ni registrada en o trasmitida

por un sistema de recuperacin de informa-

cin, en ninguna forma ni por ningn medio

sea mecnico, fotoqumico, electrnico, mag-

ntico, electro-ptico, por fotocopia o cual-

quier otro, sin el permiso previo por escrito

de la editorial.

Este libro es publicado gracias al apoyo finan-

ciero de la Fundacin Ford.

Contenido

.5. Presentacin:

El mito de la democracia racial colombiana y el propsito del libro

.11. 1. El punto de partida:

el reconocimiento de la discriminacin racial y el contenido del libro

.41. 2. Las cifras de la discriminacin racial

y la situacin de la poblacin afrocolombiana

.69. 3.Tierras, violencia y discriminacin:

la incidencia del desplazamiento y el conflicto armado en las comunidades negras

.139. 4.Sin derecho a enfermarse:

la difcil situacin del derecho a la salud de los afrocolombianos

.187. 5.Viviendo la discriminacin:

el derecho a la vivienda de los afrocolombianos

.235. 6.La discriminacin en el sistema educativo

y la reproduccin de la desigualdad

.277. 7. Excluidos del sistema: los afrocolombianos y la justicia

.307. 8. El derecho ausente:

ni legislacin ni polticas contra la discriminacin

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Presentacin: El mito de la democracia racial colombiana y el propsito del libroCsar Rodrguez Garavito1

Del mito de la democracia racial al reconocimiento de la discriminacin

Al bajarnos de la lancha que nos trajo desde Tumaco a este casero sobre el ro Mira, en el Pacfico colombiano, notamos que hay algo extrao en el vientre de Dayerli, la nia negra que sale desnuda a recibirnos. Una colega del Observatorio de Discrimi-nacin Racial (ODR) me dice que la pelota que sale del estmago de la nia es una hernia provocada por una partera inexperta. Y que es tan comn entre la poblacin negra del Pacfico que se ha vuelto un smbolo del abandono del sistema de salud, que castiga con especial fuerza a los nios.

Las cifras duras producidas en Bogot y recogidas en el captulo 2 de este in-forme le dan razn. El censo de 2005 muestra que la mortalidad infantil entre los afrocolombianos es casi el doble de la del resto de la poblacin. Entre las menores como Dayerli es ms del doble: 44 de cada 1.000 nias negras mueren antes de cumplir su primer ao de vida. La brecha se mantiene a lo largo de la vida. Segn el mismo censo, las afrocolombianas viven, en promedio, 11 aos menos que las dems mujeres, y entre los hombres la diferencia es de 5 aos, lo cual no sorprende si se miran los nmeros sobre el acceso a servicios de salud como los que habran evitado la hernia de Dayerli.

El vientre tenso de la nia trae a la memoria las barrigas de las pelotas de ftbol de los nios desnutridos que abundan en los pueblos y barriadas negras que hemos visitado con el ODR a lo largo del pas, desde Aguablanca en Cali hasta el barrio Nelson Mandela en Cartagena. Recuerdo las de los nios de La Bocana que juegan con la basura que les trae el mar desde la cercana Buenaventura. Y las de los nios del Choc que invadieron los medios de comunicacin en 2007 cuando explot el escndalo de la muerte de 49 de ellos por fsica hambre.

1 Director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes;

coordinador del Observatorio de Discriminacin Racial de Uniandes, el Proceso de Comunidades Negras

(PCN) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Este texto es una adaptacin del

artculo Colombia racista?, publicado por el autor en El Espectador el 22 de mayo de 2008.

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De nuevo la ancdota encaja con las cifras: el 14% de los afrocolombianos pasaron por lo menos un da entero sin comer en la semana del censo de 2005. Es decir, ms de dos veces la cifra, tambin preocupante, de los mestizos que aguantan hambre.

Todo esto pone en entredicho el mito de la democracia racial: la idea segn la cual en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Surfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una sntesis feliz. Al fin y al cabo, todos bailamos salsa, merengue o champeta e idolatramos a la negra seleccin Colombia. Se trata, de hecho, de una de las creencias fundacionales de la identidad colombiana, como lo dice el conocido historiador cartagenero Alfonso Mnera en su libro Fronteras imaginadas: el viejo y exitoso mito de la nacin mes-tiza, segn el cual Colombia ha sido siempre, desde finales del siglo XVIII, un pas de mestizos, cuya historia est exenta de conflictos y tensiones raciales.

Es el mismo mito que han reproducido altos funcionarios de diferentes go-biernos al sostener que en Colombia no hay discriminacin racial. Y lo confirma el hecho de que el Estado colombiano hubiera incumplido durante una dcada (1998-2008) su obligacin de reportar ante el Comit de la ONU para la Eliminacin de la Discriminacin Racial si ha hecho algo para combatirla.

El mito sera curioso si no fuera trgico. Porque la realidad de la exclusin en un pas en guerra incluye violencia y desplazamiento masivo contra las comu-nidades negras. Aqu, de nuevo, las cifras oficiales del censo hablan por s mismas. Como se ver en los captulos 2 y 3 de este informe, entre los afrocolombianos, la probabilidad de ser desplazado es 84% ms alta que para la poblacin mayoritaria mestiza. Como tambin lo ha documentado el ODR, detrs de estas cifras est la lucha por los territorios habitados por las comunidades negras, incluyendo las tie-rras del Pacfico que el Estado les ha titulado debidamente en virtud de la Ley 70 de 1993. Territorios que se han vuelto estratgicos para el negocio del narcotrfico y, por tanto, ambicionan guerrillas, paramilitares y narcos rasos por igual. Y que hoy son la frontera de expansin de los grandes monocultivos que alimentan la fiebre de los biocombustibles.

Es precisamente en esas zonas donde las comunidades negras estn en medio del fuego cruzado y son desplazadas a diario. Basta visitar el polvorn en que se han convertido los barrios populares de Buenaventura, esa Medelln del siglo XXI donde las fuerzas armadas y los grupos ilegales se disputan cuadra a cuadra el territorio. O los desplazamientos masivos de la gente negra de Tumaco, Jiguamiand, Curvarad, Guapi o el ro Naya, que ahora pide limosna en los semforos de Bogot o Medelln, con la timidez de quien estaba acostumbrado a tener una tierra y vivir de su trabajo.

Si, finalmente, pasamos del Choc al Chic, de la exclusin rural a la urbana, se completa el cuadro de la discriminacin. Es el racismo cotidiano de los porteros de las discotecas de Bogot o Cartagena que siguen dejando por fuera a clientes negros, ante la mirada pasiva de las autoridades locales y nacionales. O el de ms de un empleador en Cali que, como lo ha documentado el ODR en mltiples entre-vistas, tiene la poltica NN (no negros) al momento de contratar. Y el que sufren incluso afrocolombianos prestantes que hemos entrevistado (desde actrices hasta locutores y profesores universitarios) cuando intentan tomar un taxi o son detenidos por la polica en las calles de Pasto o Bogot.

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Presentacin

Como en los juegos infantiles de los cuadernos de dibujo, basta trazar las l-neas entre los puntos de estas realidades dispersas para ver emerger la imagen clara de la discriminacin racial en Colombia.

La naturaleza y el propsito de este libro

En vista del arraigo del mito de la democracia racial y las graves violaciones de los derechos de la poblacin afrocolombiana, el ODR fue constituido en 2007 como un espacio de investigacin y discusin para documentar las prcticas de discri-minacin racial y racismo en Colombia y desarrollar acciones en contra de ellas. Desde un inicio, el ODR combin el trabajo acadmico con las labores de defensa de derechos humanos, a travs de la colaboracin entre las organizaciones que lo integran: el Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).

Este libro es la versin extensa del primer informe de derechos humanos del ODR.2 Como se explica ms adelante, el informe es el resultado de dos aos de in-vestigacin que incluy trabajo de campo a lo largo y ancho de Colombia, anlisis documental y estadstico, y 174 solicitudes de informacin a 145 entidades estatales de los niveles nacional, departamental y municipal.

El informe tiene una doble finalidad. En primer lugar, busca ofrecer un diag-nstico slido y certero de la situacin de la poblacin afrocolombiana y del grado de realizacin y violacin de sus derechos. Para ello, compara la realidad de los derechos de los afrocolombianos, de un lado, con los compromisos jurdicos, nacio-nales e internacionales, que el Estado ha adquirido en relacin con la realizacin de esos derechos y la lucha contra la discriminacin, del otro. El diagnstico consiste, entonces, en constatar los avances, los retrocesos, los vacos y las tareas pendientes en la lucha contra la discriminacin racial por parte del Estado colombiano.

En segundo lugar, con base en ese diagnstico, el informe intenta hacer propues-tas y recomendaciones concretas de poltica pblica que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a la no discriminacin. En ese sentido, la crtica del ODR a la negacin de la discriminacin por parte del Estado y a sus esfuerzos limitados por combatirla, no son un fin en s mismo. Antes que condenar al Estado colombiano, el objetivo del informe es sealar desafos y propuestas concretas para que los organismos estatales avancen decididamente en la realizacin de los derechos de los afrocolombianos.

Como se ver en las prximas pginas, el Estado (y la sociedad civil) tienen un largo camino por recorrer para lograr este objetivo. El primer paso es que el Estado d ejemplo y reconozca el problema de la discriminacin racial. Ya ha hecho algu-nos intentos (como el Documento Conpes 2004 y el Plan Integral de 2007) que van en la direccin adecuada, pero se han quedado en promesas incumplidas por falta de voluntad poltica y presupuesto.

2 La versin resumida del informe fue publicada (en espaol y en ingls) bajo el ttulo El dere-

cho a no ser discriminado (Bogot, Uniandes, 2008) y puede ser consultada en la pgina virtual del ODR

(http://odr.uniandes.edu.co).

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El siguiente paso es que tanto el Gobierno como el sector privado (desde las empresas hasta los centros educativos) adopten polticas de acceso real de los afro-colombianos al empleo, la educacin de calidad y los dems beneficios de la ciuda-dana. Y que todo esto sea parte de un compromiso sincero de largo plazo, y no de los afanes coyunturales ni presiones externas. As lo ordena, entre otros, el reciente informe de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos sobre discriminacin racial en el pas (CIDH 2009).

Agradecimientos

Un esfuerzo de investigacin como el de este informe se enfrenta a mltiples desa-fos. Primero, el trabajo de campo tiene lugar, con frecuencia, en circunstancias y zonas complejas. Como se ver en el captulo sobre territorio y violencia, algunas de las comunidades que participaron en los talleres y entrevistas del estudio estn ubicadas en medio del conflicto armado y estn en constante riesgo de ser atacadas o desplazadas. Segundo, dado que el ODR incluye, adems de centros de investiga-cin y de derechos humanos, organizaciones sociales de base (aglutinadas alrededor del PCN), su metodologa intenta ser participativa y descentralizada. Por ello, como se describe ms adelante, la investigacin incluy numerosos talleres, grupos focales y conversaciones alrededor del pas con lderes, activistas, docentes, funcionarios, estudiantes y otras personas involucradas en la causa contra la discriminacin ra-cial. Finalmente, por motivos acadmicos y sociales que sera muy largo explicar aqu, el tema del racismo no ha recibido la atencin que han tenido otros tpicos dentro de la academia y el debate pblico colombianos. Por ello, a diferencia de lo que sucede en otros pases como Brasil, los analistas que se aproximan a l encuen-tran menos camino recorrido.

Por todas estas razones, el trabajo del ODR no habra podido avanzar rpi-damente sin el apoyo de las personas que lo han ayudado de muy distintas formas a superar, al menos en parte, estos obstculos. A riesgo de omitir, por puras fallas de la memoria, los nombres de personas y organizaciones que merecen ser men-cionadas, queremos agradecer a las siguientes: en primer lugar, a los miembros de comunidades y organizaciones negras que sacrificaron un sbado o un domingo para compartir con el ODR, en largos talleres, sus vivencias, opiniones y propues-tas sobre la discriminacin racial. Entre ellas se encuentran las de Buenaventura, Cali, Tumaco, Quibd, Bogot, Medelln, Palenque y Cartagena, que hacen parte del ODR desde un comienzo, gracias a la organizacin de la Coordinacin Nacio-nal del PCN.

En segundo lugar, agradecemos a los estudiosos del tema que compartieron generosamente con el ODR sus conocimientos. Por esto, reconocemos con especial gratitud el apoyo de Claudia Mosquera Rosero-Labb de la Universidad Nacional de Colombia y de Fernando Urrea y Carlos Vifara de la Universidad del Valle.

En tercer lugar, fue fundamental el apoyo de algunos miembros de las orga-nizaciones del ODR que, sin estar involucrados directamente en la elaboracin de este informe, impulsaron el proceso que condujo a l. En el PCN, agradecemos a los miembros de su Coordinacin Nacional, as como a los integrantes de la oficina de Bogot. Entre estos ltimos fue esencial la contribucin de Carlos Rosero, Libia

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Presentacin

Grueso y Jos Santos, quienes participaron en el ODR desde su concepcin y aporta-ron a l su experiencia excepcional en el activismo y los estudios afrocolombianos.

En la Universidad de los Andes fue invaluable el aliento generoso y permanente de Eduardo Cifuentes Muoz, decano de la Facultad de Derecho. Sin el compromiso personal y el profesionalismo excepcional de Carolina Reyes Rey, coordinadora ad-ministrativa del Prtograma d eJusticia Global de la Universidad de Los Andes y del ODR, habra sido simplemente imposible llevar a cabo este proyecto y elaborar este informe. El trabajo de Edna Martnez y Magnolia Prada, investigadoras del ODR, fue clave para impulsar el trabajo de campo, las acciones legales y la estrategia de comunicaciones del proyecto. La colaboracin de Julin Berro, Hctor Herrera, Ana Mara Snchez y Juan Pablo Wills, como asistentes de investigacin en diferen-tes momentos de la produccin de este informe, tambin fue fundamental.

En cuarto lugar, la Fundacin Ford y la Delegacin de la Comisin Europea para Colombia y Ecuador proporcionaron la mayor parte de los fondos que hicieron posibles las actividades del ODR, incluyendo este libro. En especial, agradecemos a Martn Abreg y a Felipe Agero en la Fundacin Ford y a Marcela Salazar en la De-legacin de la Comisin Europea, por haber credo en el ODR desde un comienzo.

Finalmente, expresamos nuestra gratitud a las muchas personas que desde otros pases ofrecieron su apoyo al ODR con la sola recompensa de sentir que con-tribuan a la causa contra la discriminacin. El apoyo de Ariel Dulitzky y Gastn Chillier fue clave para la proyeccin internacional del ODR. La versin en ingls del resumen del informe se debi al trabajo cuidadoso y solidario de Fatimah Williams y a la juiciosa revisin de Tianna Paschel.

Referencias bibliogrficas

Comisin Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 2009. Observacio-nes preliminares de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos tras la visita del Relator sobre los Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminacin Racial a la Repblica de Colombia. OEA/Ser.L/V/II.134 Doc.66

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Derecho a la salud

1.El punto de partida: el reconocimiento de la discriminacin racial y el contenido del libro

Fotografa: Realidad en dos dimensiones, 2008

Camilo Mosquera Meja

Concurso de fotografa Justicia a Contraluz,

Universidad de los Andes, 2008

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Introduccin: la negacin de la discriminacin y la invisibilidad de sus vctimas

El Estado colombiano ratific la Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin Racial (CIEDR) en 1981, mediante la Ley 22 de ese ao. Ms de un cuarto de siglo despus, la implementacin de las acciones a las que se oblig el Estado es una tarea pendiente. En efecto, como se ver a lo largo de este libro, las polticas y acciones del Estado contra la discriminacin racial han sido tmidas e intermitentes y han respondido ms a las presiones de la sociedad civil y los organismos internacionales de derechos humanos que a una voluntad poltica firme de reconocer y combatir las arraigadas prcticas de discriminacin racial en el pas.

Este informe se concentra en la discriminacin contra la poblacin afrocolom-biana, negra, palenquera y raizal.1 Se trata del primer estudio sobre discriminacin que aborda el tema desde una perspectiva integral de derechos humanos en Colom-bia.2 La ausencia de informes de derechos humanos sobre el tema es, en s misma, un

1 Esta afirmacin requiere dos aclaraciones. Primero, el nfasis en este sector de la poblacin

nacional no implica el desconocimiento de las mltiples formas de discriminacin racial de las que son

vctimas otros grupos y comunidades, incluyendo los pueblos indgenas y la poblacin rom o gitana.

Segundo, existe un debate acadmico y social sobre el trmino que debe ser utilizado para referirse a

la poblacin cuyos derechos son el objeto de este informe: negra, afrodescendiente o afrocolombiana.

A estos trminos se suman los referidos a las personas originarias de centros demogrficos y culturales

prominentes: palenqueros (de Palenque, Bolvar) y raizales (del archipilago de San Andrs y Providencia).

Dado que este informe no pretende mediar en estas discusiones, sino ceirse a la documentacin de vio-

laciones de derechos humanos, no se toma partido por ninguna de estas denominaciones. Utilizamos,

por razones prcticas, la terminologa ms incluyente que adopt el censo de 2005 como resultado de la

presin del movimiento afrocolombiano: poblacin negra, afrodescendiente, palenquera y raizal. Tam-

bin por razones prcticas y brevedad de exposicin, a lo largo del informe acudimos con frecuencia a las

formas resumidas que distintos actores sociales y estatales utilizan, esto es, poblacin afrodescendiente,

poblacin afrocolombiana o poblacin negra. Siempre que se usan estas versiones abreviadas se est

haciendo alusin a la expresin ms extensa e incluyente.

2 Los informes que se han elaborado sobre la situacin de los derechos humanos de la pobla-

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primer sntoma de dos fenmenos que aparecen documentados con detalle a lo largo de este informe: la negacin de la existencia del racismo en Colombia y la invisibili-dad de la poblacin afrocolombiana para el Estado (y la sociedad) colombianos.

La negacin de la discriminacin racial ha sido la posicin tradicional del Es-tado colombiano. Ha sido reiterada con frecuencia por altos funcionarios pblicos y recogida en informes oficiales ante organismos internacionales.3 Esta tesis ha sido defendida por gobiernos sucesivos con el argumento de que no existe discriminacin institucional o legal en Colombia y que los procesos de mestizaje de la poblacin han generado condiciones equivalentes para todas las personas y colectividades. Adicionalmente, el Estado ha sostenido que, dados los altos niveles de mestizaje, en Colombia la poblacin afrodescendiente es relativamente pequea (CEDR 1999). Como veremos, sin embargo, el tamao de este sector de la poblacin es objeto de intenso debate entre el Estado y las organizaciones afrodescendientes.

Sin embargo, el Decimocuarto Informe Peridico presentado en 2008 por el Estado colombiano ante el Comit de la ONU para la Eliminacin de todas las For-mas de Discriminacin Racial, parece apuntar hacia un positivo cambio de posicin frente al tema. Aunque este informe estuvo precedido de 10 aos de incumplimien-to de la obligacin del Estado de enviar reportes peridicos a este Comit, resulta saludable la declaracin que hace en el sentido de que es necesario reconocer que las comunidades afrocolombiana e indgena an son vctimas de distintas formas de discriminacin racial en el pas (Repblica de Colombia 2008: 13-14).

La invisibilidad de la poblacin negra para el Estado es el segundo hilo que atraviesa todos los temas tratados en este infor-me. En efecto, la investigacin emprica que sir-ve de base a este libro documenta el silencio y el desconocimiento elocuentes del Estado sobre la situacin de los afrocolombianos. Muestra de ello es que la respuesta ms comn de las entidades estatales a las peticiones de informacin hechas por el Observatorio de Discriminacin Racial (ODR) para este informe consisti en afirmar que ellas no cuentan con datos especficos sobre la composicin racial de su planta de empleados, su comunidad de usuarios, su gru-po de beneficiarios u otros grupos sociales con los que interactan. Como se ver

cin afrocolombiana han examinado violaciones de derechos humanos en trminos generales o con en-

foques distintos a la discriminacin racial y tnica. La Comisin Interamericana de Derechos Humanos ha

elaborado varios informes de derechos humanos sobre Colombia en los que ha destacado la afectacin

diferencial y ms gravosa de los derechos de la poblacin afrodescendiente. El informe ms reciente de

la Comisin sobre la Poblacin Afrocolombiana fue elaborado en 1999 (CIDH 1999). En marzo de 2004, el

Centro de Justicia de las Amricas (CEJA) public un informe sobre sistema judicial y racismo contra afro-

descendientes en Brasil, Colombia, Per y Repblica Dominicana (Gonzlez y Contesse 2004). Reciente-

mente, la Asociacin de Afrodescendientes Desplazados (Afrodes) y la ONG internacional Global Rights

presentaron su informe sobre este sector de la poblacin negra (Afrodes y Global Rights 2007).

3 Vanse, por ejemplo, los comentarios sobre esta posicin hechos por el Comit de la ONU

para la Eliminacin de la Discriminacin Racial en sus observaciones sobre los informes peridicos oc-

tavo y noveno presentados por el Estado colombiano ante dicho Comit (CEDR 1999). Sin embargo, como

se ver enseguida, en el ltimo informe presentado por el Estado ante el Comit, el Estado parece estar

dando un giro positivo hacia el reconocimiento de la discriminacin racial en Colombia (Repblica de Co-

lombia 2008).

En Colombia, el racismo comienza por la negacin de la existencia de discriminacin por parte del Estado y la sociedad.

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El punto de partida: el reconocimiento de la discriminacin racial y el contenido del libro

en los siguientes captulos, muchas agencias del Estado afirman desconocer qu porcentaje de su personal es afrodescendiente, los centros educativos sostienen no tener informacin sobre el tamao del estudiantado afro y las entidades prestadoras

de servicios pblicos o garantes de derechos hu-manos dicen no saber si deben disear polticas de atencin diferencial a la poblacin negra por no conocer la composicin tnico-racial de sus usuarios o beneficiarios.

Desde el punto de vista sociolgico, la combinacin de negacin e invisibilidad subyace en lo que estudiosos del tema han denominado el mito de la democracia racial. Como se vio en la presentacin a este libro, esta es la idea segn la cual el mestizaje colombiano dio lugar a relaciones sociales igualitarias entre grupos tni-cos-raciales. Dado que este libro tiene el carcter de informe de derechos humanos, no se busca aqu hacer un sondeo sistemtico de sta y otras discusiones acadmicas relevantes ni intervenir en ellas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, lo que resulta relevante de la dupla negacin-invisibilidad es que ella ubica a Colombia en lo que se puede denominar como el nivel cero de la realizacin del derecho a no ser discriminado: aquel en el cual la lucha contra la discriminacin racial implica comenzar por documentar y reconocer la existencia del problema.

En el contexto colombiano, marcado por el conflicto armado interno ms lar-go del mundo, la discriminacin est entrelazada con la violencia. El informe docu-menta el impacto diferencial que el conflicto ha tenido sobre la poblacin afrodes-cendiente por ejemplo, la incidencia desproporcionada del desplazamiento forzado sobre los afrocolombianos en comparacin con otros grupos tnico-raciales (vase captulo 3).

Por todo ello, los captulos temticos de este informe documentan y defienden la necesidad de producir informacin de calidad sobre las categoras y las relaciones raciales en el pas. Paradjicamente, la razn que con mayor frecuencia aducen las entidades estatales para ignorar la variable racial al recoger cifras, disear polticas o prestar servicios es precisamente la prohibicin de discriminar por razones de raza. Como lo respondieron muchas entidades estatales a cerca de dos centenares de derechos de peticin presentados por el ODR para la elaboracin de este in-forme, desde este punto de vista la sola recoleccin de informacin racial violara la prohibicin de distinguir entre personas por este motivo. El nivel cero de la discriminacin racial, por tanto, conduce a un crculo vicioso: Colombia no cuenta con polticas pblicas que contrarresten la desigualdad histrica que ha sufrido la poblacin afrodescendiente, en parte, porque no existen cifras sobre sta. Y el argu-mento central con el que las entidades del Estado (y del sector privado) se niegan a producir esta informacin necesaria es un malentendido y paralizante deber de no indagar sobre asuntos raciales.

Segn se explicar a lo largo del libro, esta justificacin parte de una interpre-tacin errnea de las obligaciones derivadas del derecho a la igualdad. Esta inter-pretacin hace eco de crticas acadmicas (por ejemplo, dentro de algunos sectores de la antropologa) que objetan la recoleccin de datos sobre categoras raciales que surgieron histricamente para clasificar a la poblacin de tal forma que se reforzara la dominacin de unos grupos raciales sobre otros.

La invisibilidad de la poblacin afrocolombiana en las cifras y polticas oficiales

refuerza el mito de la igualdad racial.

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El punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos: la definicin de discriminacin racial y la evidencia ofrecida en este informe

El punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH), que se adopta aqu, es diferente al de las interpretaciones jurdicas y acadmicas que critican el uso de categoras basadas en el concepto de raza. A pesar de reconocer la artificialidad y los orgenes histricos y polticos de las clasificaciones raciales, el DIDH tambin reconoce la persistencia de la discriminacin basada en el color de la piel y los rasgos fsicos de las personas. En vista de ello, el DIDH exige que exista in-formacin confiable sobre esta variable social y que, con su ayuda, los Estados y las sociedades tomen medidas que eviten la discriminacin y promuevan los derechos de la poblacin afrodescendiente. As tambin lo han recomendado diversas ciencias sociales (p .ej., la sociologa) al responder a la mencionada crtica antropolgica.4

Como se explica ms adelante, el DIDH contra la discriminacin racial com-prende una rica gama de instrumentos jurdicos y organismos internacionales de aplicacin. De hecho, esta rama del DIDH fue pionera en la expedicin de con-venciones temticas y mecanismos de aplicacin (comits) especializados (lva-rez 2003: 228). La evidencia de la violacin masiva de los derechos humanos de miembros de minoras tnicas y raciales durante la Segunda Guerra Mundial (Smith 2007: 182) llev a la comunidad internacional a expedir en 1965, a travs del sis-tema de la ONU, la mencionada Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin Racial (CIEDR). Este instrumento entr en vigor en 1969 y constituye la principal fuente de obligaciones jurdicas contra la discriminacin racial para los Estados que, como Colombia, lo han incorporado a su ordenamiento jurdico interno.

Para hacer efectivas sus normas, la Convencin estableci el Comit para la Eliminacin de la Discriminacin Racial (en adelante, el Comit), con sede en Gi-nebra, ante el cual los Estados deben reportar cada dos aos las acciones que han tomado para combatir la discriminacin racial en su territorio (CIEDR, art. 9, lit. a). La Convencin establece un mecanismo adicional de aplicacin: las quejas por casos de discriminacin que los individuos pueden presentar directamente ante el Comit. Sin embargo, este mecanismo puede operar en un Estado slo si ste hace una declaracin expresa en la que lo acepte (CIEDR, art. 14). Despus de 27 aos de haber incorporado la Convencin a su derecho interno, Colombia sigue en mora de hacer esta declaracin para ofrecer una va adecuada de acceso de sus ciudadanos al Comit.

Por tanto, el nico mecanismo de monitoreo del Comit sobre Colombia son las observaciones que hace a los informes peridicos presentados por el Estado. Como se vio, el Estado colombiano ha incumplido su deber de enviar informes al Comit cada dos aos. As lo muestra el hecho de que el ltimo informe, presentado en 2008, haya sido precedido de 10 aos de silencio del Estado colombiano frente

4 Sobre las posiciones divergentes de la antropologa y la sociologa sobre el tema, vase, por

ejemplo, el debate entre la Asociacin de Antropologa de Estados Unidos (http://www.aaanet.org/stmts/

racepp.htm) y la Asociacin de Sociologa de ese pas (http://www2.asanet.org/media/race.html).

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al Comit. Por ello, este informe (el decimocuarto del Estado colombiano) comienza por afirmar expresamente que contiene los informes peridicos combinados dci-mo, decimoprimero, decimosegundo, decimotercero y decimocuarto, que deban presentarse en los aos 2000, 2002, 2004, 2006 y 2008 (Repblica de Colombia 2008: 1).

A lo largo de los siguientes captulos se examinan con detenimiento los com-promisos asumidos por el Estado colombiano en virtud de la CIEDR y otras nor-mas, as como su nivel de cumplimiento en la prctica. Para efectos de este captulo introductorio, conviene concentrarse en un asunto preliminar fundamental que ayu-da a entender el contenido y la naturaleza de este informe: la definicin de discrimi-nacin racial adoptada por el DIDH a travs de la CIEDR.

El artculo 1 de la Convencin comienza con la siguiente definicin:En la presente Convencin la expresin discriminacin racial denotar toda

distincin, exclusin, restriccin o preferencia basada en motivos de raza, color,

linaje u origen nacional o tnico que tenga por objeto o por resultado anular o

menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de

los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas poltica, econ-

mica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pblica.

Como lo han destacado numerosos analistas y el propio Comit, esta defi-nicin adopta una concepcin amplia de las acciones u omisiones que pueden ser consideradas como discriminacin racial y de los medios para probar su existencia (International Council on Human Rights Policy 2000). Esta conclusin se sigue de tres elementos que son particularmente importantes para los efectos de este informe. En primer lugar, la definicin adopta una lista amplia de factores de discrimina-cin que incluye tanto rasgos raciales (fsicos) como identidad tnica (cultural). Esto implica que el DIDH cobija las dos reivindicaciones que ha hecho el movimiento afrodescendiente en Colombia y en otras partes del mundo, esto es, la lucha contra la discriminacin racial, de un lado, y la defensa de las prcticas culturales de las comunidades negras, del otro. Por ello, en adelante combinamos estos dos factores en el adjetivo tnico-racial para calificar a los grupos poblacionales, las prcticas y polticas involucrados.

En segundo lugar, la CIEDR acoge una gama variada de actos potencialmente discriminadores. En efecto, al hablar de cualquier distincin, exclusin, restriccin o preferencia, deja abierta la puerta a que actos de muy diversa naturaleza puedan

ser calificados como discriminatorios desde las exclusiones generales e institucionales de una po-blacin, como las del antiguo apartheid sudafri-cano, hasta las preferencias ms sutiles mediante las cuales opera el racismo hoy en da.

En tercer lugar, un elemento especialmente importante de la definicin es que, para que exista discriminacin racial, no se re-quiere que haya intencin discriminadora ni que se pruebe que la nica causa de la situacin de un grupo desaventajado es su identidad tnico-racial. Dado que una ac-cin, una omisin, una poltica o un patrn social puede ser discriminatorio si tiene como resultado limitar o anular algn derecho de los miembros de un grupo tnico-racial, incluso aquellos que no tienen un objetivo excluyente pueden ser considerados

En el contexto del conflicto armado, la discriminacin est entrelazada con la violencia,

el desplazamiento y la vulneracin de derechos individuales y colectivos de los afrocolombianos.

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como discriminatorios. Como lo sostiene Lerner, esta definicin es suficientemente amplia como para incluir todos los actos discriminatorios, independientemente de que sean o no intencionales, o de que sean o no eficaces, siempre que exista el pro-psito o el efecto (Lerner 1991: 26).

Esta definicin comprensiva ha llevado al Comit a expandir gradualmente sus observaciones y su doctrina para incluir como casos de discriminacin racial la desventaja sistemtica sufrida por grupos como los migrantes y los pueblos indge-nas, incluso cuando no hay evidencia tajante de actos intencionales o polticas di-rectamente encaminadas a excluir a dichos grupos por razones raciales. En ltimas, entonces, el foco de atencin del DIDH es la existencia de situaciones en las que el nivel de goce de los derechos humanos de un grupo tnico-racial (como los afro-descendientes) es claramente inferior al nivel de proteccin de los derechos de otros grupos tnico-raciales (como los mestizos). Es esta desigualdad emprica en relacin con los derechos la que constituye evidencia de discriminacin.

Con base en esta concepcin, en este informe se documenta la desventaja sistemtica de la poblacin afrocolombiana frente a la poblacin mayoritaria mestiza en relacin con el goce de derechos bsicos. Tambin de acuerdo con esa definicin, la evidencia y el estndar de prueba de las afirmaciones hechas en el informe no dependen de la comprobacin de una intencin discriminadora por parte del Estado o la sociedad colombianas. Tampoco dependen, en trminos de las ciencias sociales, de aislar el efecto de la discriminacin racial de los efectos de otros factores como la pobreza o la ubicacin geogrfica de los afrocolombianos. Los anlisis de las ciencias sociales son esenciales y nos apoyamos en ellos a lo largo del texto (especialmente en el captulo 2). De hecho, uno de los pasos centrales en la documentacin y el tratamiento del problema de la discriminacin es la multiplica-cin de estudios de este tipo, que siguen siendo escasos en Colombia. Sin embargo, es fundamental aclarar desde ahora que, conforme con la naturaleza de este informe de derechos humanos, el concepto y estndar de evidencia que se adopta son los que han sido decantados por el DIDH y esbozados en esta seccin. Esta misma perspec-tiva explica la lgica y la estructura del informe y de los captulos, que se describe a continuacin.

Los compromisos del Estado colombiano en relacin con la lucha contra la discriminacin racial

Adems de definir la discriminacin racial, el derecho internacional de los dere-chos humanos establece las obligaciones que tienen los Estados para combatirla. En esta seccin se ofrece un rpido recuento de las fuentes de esas obligaciones, que incluyen no slo la CIEDR sino diversas normas y declaraciones, tanto en la escala internacional como en la nacional.

En efecto, los compromisos estatales en esta materia resultan de la combina-cin de instrumentos jurdicos (normas nacionales y tratados internacionales ratifi-cados por Colombia) y polticos (documentos de polticas pblicas y declaraciones

El concepto y estndar de evidencia de discriminacin racial que se usan en este informe son los del derecho internacional de los derechos humanos (DIDH). De acuerdo con ellos, una accin u omisin puede ser discriminadora incluso si no tiene una intencin racista.

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internacionales firmadas por el Estado colombiano). Como lo muestra el grfico 1, los primeros comprenden la Constitucin Poltica de Colombia (CP), las leyes que consagran derechos y garantas para los grupos tnicos, la mencionada Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las Formas de Discriminacin Racial, las recomendaciones del mencionado Comit para la Eliminacin de la Discriminacin Racial y las recomendaciones de los relatores temticos sobre discriminacin racial tanto del sistema interamericano (de la Organizacin de Estados Americanos, OEA) como del sistema universal de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU).

Entre los segundos destacan, en la escala nacional, los documentos de polticas pblicas (Conpes) que se refieren especficamente a la poblacin afrodescendiente y, en la escala internacional, la Declaracin y el Programa de Accin de la Tercera Conferencia Mundial sobre la Discriminacin Racial, el Racismo, la Xenofobia y otras Formas Conexas de Intolerancia de 2001 (en adelante, la Declaracin y Pro-grama de Accin de Durban).

La combinacin de estos instrumentos da lugar a un rico entramado jurdico y poltico que no puede ser captado con claridad en un solo cuadro. Por ello, en el anexo 1 se ofrece un panorama de los tipos de derechos de la poblacin afrocolom-biana y de las fuentes principales de las obligaciones correspondientes en cabeza del

Grfico 1. fuentes de las obligaciones jurdicas y polticas del Estado colombiano

en materia de discriminacin racial

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Estado. Adems, al comienzo de cada uno de los captulos de este libro se ofrece una lista detallada de los compromisos del Estado en relacin con el derecho que se trate en el respectivo captulo. Para aclarar este panorama normativo, y dados los propsitos introductorios de esta seccin, conviene aqu destacar los principales tipos de derechos y obligaciones.

En trminos generales, el derecho nacional e internacional de los derechos hu-manos establece tres tipos de derechos a favor de la poblacin afrocolombiana: 1) el derecho a la igualdad y a la no discriminacin, 2) el derecho a ser beneficiaria de medidas especiales para que dicha igualdad sea real y efectiva y 3) el derecho a ejercer su identidad tnica y cultural. Veamos brevemente en qu consiste cada una de estas categoras de derechos.

El derecho a la igualdad y a la no discrimi-nacin fue examinado en la seccin anterior, a propsito de la definicin de discriminacin de la Convencin de la ONU. Se trata, en general, de la dimensin negativa de los derechos de la poblacin afrodescendiente, en tanto implica la obligacin del Estado de abstenerse de utilizar la raza o la identidad tnica como criterios para tratar de forma diferente a sus ciudadanos afrodescendientes en comparacin con el resto de la poblacin. En el derecho nacional, esta dimensin es recogida por el primer pargrafo del artculo 13 de la Constitucin Poltica, que establece que:

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirn la misma proteccin

y trato de las autoridades y gozarn de los mismos derechos, libertades y oportu-

nidades sin ninguna discriminacin por razones de sexo, raza, origen nacional o

familiar, lengua, religin, opinin poltica o filosfica.

Por su parte, el derecho a la igualdad real implica la obligacin del Estado de tomar medidas especiales para contrarrestar los efectos histricos de la discrimina-cin racial. Como lo establece la Declaracin de Durban,5 la trayectoria histrica del racismo ha producido una brecha entre las condiciones de vida de los afrodes-cendientes y las de la poblacin mestiza mayoritaria que puede ser mitigada o cerra-da slo mediante acciones positivas de los Estados que promuevan el acceso real de los primeros a los beneficios de toda la ciudadana. La misma obligacin se deriva de las disposiciones de la Convencin (CIEDR, art. 2, num. 2).

En el derecho nacional, esta obligacin est consagrada en los pargrafos dos y tres del artculo 13 de la CP, que establecen que:

El Estado promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y

adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado proteger especialmente a aquellas personas que por su condicin eco-

nmica, fsica o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y

sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Esta norma reitera que, para cumplir con sus obligaciones constitucionales, no basta con que el Estado se abstenga de tratar de forma diferente a la poblacin afro, sino que debe disear acciones especficas para garantizar que en la prctica pueda

5 Vase Declaracin de Durban, pars., 9, 18 y 19.

Las entidades estatales y privadas no recogen informacin sobre los afrocolombianos, aduciendo, errneamente, que ello violara el derecho a la igualdad.

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acceder a los mismos derechos, bienes y servicios que otras poblaciones que no han sido histricamente marginadas.

Finalmente, el derecho nacional e internacional establece el derecho a la diver-sidad tnica y cultural. La Constitucin reconoce la diversidad tnica y cultural de la nacin (CP, art. 7) y da especial proteccin y derechos especficos y diferenciales a los grupos tnicos. La poblacin afrocolombiana es reconocida por la Constitucin y la legislacin colombiana como un grupo culturalmente diverso. Por esa razn, el Estado ha adquirido tambin obligaciones frente a la proteccin de la diversidad cultural de las comunidades afrodescendientes. En efecto, el Estado colombiano ha reconocido oficialmente que la poblacin afrocolombiana es un grupo tnico cuya diversidad cultural debe ser protegida. En desarrollo de este reconocimiento oficial, la Constitucin Poltica de 1991 incluy un artculo transitorio en el que ordenaba al Congreso expedir una ley que garantizara y protegiera los derechos de esta pobla-cin. En cumplimiento de este mandato, el Congreso de la Repblica expidi la Ley 70 de 1993, en la que reconoci los derechos territoriales, el derecho al desarrollo propio y el principio de no discriminacin entre otros a las comunidades negras, justamente en virtud de su diversidad cultural.

Igualmente, al firmar la Declaracin de Durban en 2001, el Estado colom-biano asumi el compromiso de garantizar que las minoras tnicas puedan ejercer plena y efectivamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminacin alguna y en condiciones de plena igualdad ante la ley.6 Asumi tam-bin la obligacin de garantizar el derecho a disfrutar y practicar su propia cultura libremente y sin injerencia externa.7

La lgica del informe: el contraste entre las obligaciones estatales y la situacin de la poblacin afrocolombiana

Conforme con lo anterior, este informe adopta la lgica de los derechos humanos para acercarse al tema del racismo en Colombia en las tres dimensiones analizadas en la seccin anterior. Esto tiene dos implicaciones argumentativas y estilsticas que atraviesan todo el libro. En primer lugar, el hilo lgico consiste en contrastar el con-tenido de las obligaciones jurdicas nacionales e internacionales que ha asumido el Estado colombiano para realizar los derechos de la poblacin negra, de un lado, y la situacin real del cumplimiento de esas obligaciones y del goce de esos derechos, del otro. Por ello, cada captulo del libro se ocupa de un derecho y comienza por resumir y exponer las obligaciones estatales en relacin con el derecho respectivo. Contra este teln de fondo, el resto de cada captulo est dedicado a documentar la realidad del goce de ese derecho por parte de la poblacin afrocolombiana.

Dicha documentacin est fundada en datos cuantitativos y cualitativos recogidos en el estudio emprico cuya metodologa se expone ms adelante. La brecha entre las obligaciones jurdicas y la realidad social es ilustrada con base en evidencia de dos tipos. De un lado, se usa evidencia directa que contrasta el nivel de goce de un derecho por parte de la poblacin afro y del resto de la po-

6 Vase Declaracin de Durban, par. 46.

7 Declaracin de Durban, par 47. Vase tambin Programa de Accin de Durban, pars. 32, 34 y 66.

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blacin. As, por ejemplo, en el captulo 2 se utiliza informacin del censo 2005 para documentar la brecha entre la poblacin negra y la poblacin mestiza en el acceso al sistema educativo, y se utilizan datos de entrevistas sobre situaciones individuales que ilustran esa brecha. De otro lado, se usa evidencia indirecta al contrastar la situacin del goce de derechos en departamentos y municipios de poblacin mayoritariamente afrodescendiente con la situacin del resto de depar-tamentos y municipios del pas. Dado que, como veremos en el siguiente captulo, la poblacin negra sigue estando relativamente concentrada en ciertas regiones de la geografa nacional a pesar del profundo impacto del desplazamiento forzado, el anlisis de los datos de los lugares donde se ubica ofrece informacin til para conocer su situacin.

En segundo lugar, la lgica del informe implica extraer recomendaciones de polticas pblicas y medidas administrativas y legislativas para que el Estado cierre la brecha documentada entre obligaciones y prctica social. Por ello, cada captulo concluye con propuestas realizables que conduzcan a la garanta del derecho a la igualdad de la poblacin afrocolombiana. Por ello, tambin, el libro concluye con un breve captulo de recomendaciones generales que sintetiza lo propuesto a lo largo de los captulos.

Metodologa del estudio

Este informe est basado en un trabajo de dos aos en el que fueron utilizadas estra-tegias de investigacin social y documentacin jurdica a lo largo de dos fases:

Elaboracin participativa de un diagnstico preliminar

En vista de la inexistencia de informes de este tipo en Colombia y del silencio elo-cuente sobre el tema en la mayor parte de los crculos estatales y de la sociedad civil, el primer paso consisti en hacer un balance preliminar en dos frentes comple-mentarios. De un lado, se hizo un diagnstico jurdico de las normas y estndares aplicables al tema en el pas. Con este fin, fueron sistematizados los estndares y normas relevantes y, con base en ello, se elabor un mapa de las obligaciones nacio-nales e internacionales del Estado colombiano en materia de discriminacin racial y derechos de la poblacin afrodescendiente.

De otro lado, se elabor un diagnstico social de las situaciones y patrones de discriminacin ms apremiantes para la poblacin afrocolombiana. La metodolo-ga utilizada para este diagnstico combin tcnicas cualitativas y cuantitativas. El estudio cualitativo estuvo basado en trabajo de campo realizado en Bogot, Cali, Cartagena, Medelln, Buenaventura, Tumaco y Quibd. Este trabajo incluy:

Ciento quince entrevistas semiestructuradas, de una duracin tpica de una hora, con lderes sociales y polticos, docentes, profesionales, estudiantes universitarios, personas en situacin de desplazamiento, comerciantes informales y otros afrocolombianos de diverso perfil so-cioeconmico, edad, sexo y origen regional.Dieciocho entrevistas semiestructuradas, de una duracin tpica de una hora, con funcionarios pblicos encargados de decidir o imple-mentar polticas sobre el tema.

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Diez grupos focales con lderes sociales, docentes y estudiantes universitarios en las ciudades mencionadas.Cinco grupos focales en Bogot con poblacin mestiza para explorar sus percepciones y actitudes sobre la discriminacin racial.

El estudio cuantitativo consisti en una exploracin sistemtica de las bases de datos pblicas que incluyen variables tnico-raciales. Entre ellas destacan el Censo Nacional de 2005, la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2007, la Encuesta de Calidad de Vida de 2003 y los datos sobre Colombia recogidos por el Latinoba-rmetro de 2001. La informacin y los resultados ofrecidos por estas fuentes son analizados en detalle en el siguiente captulo.

La combinacin de estas tcnicas de investigacin jurdica y social arroj un inventario de problemas sociales y derechos vulnerados que se convirtieron en el objeto del seguimiento hecho por el ODR en las fases posteriores del estudio.

Documentacin del nivel de cumplimiento de las obligaciones estatales

Con base en este diagnstico, el ODR dise un programa de seguimiento al cum-plimiento de las obligaciones del Estado colombiano en relacin con los derechos seleccionados. El seguimiento combin cuatro estrategias: 1) la solicitud y revisin de los informes oficiales sobre la situacin de la poblacin afrodescendiente; 2) la recoleccin de informacin sobre las polticas y programas diseados por las entidades estatales centrales y regionales para la poblacin afrocolombiana; 3) la recoleccin de informacin emprica sobre violaciones de los derechos de la pobla-cin afrocolombiana, a travs de investigacin documental (incluyendo archivos de prensa y archivos de organizaciones sociales) y de las entrevistas y los grupos focales mencionados, que fueron realizados en diferentes lugares de Colombia.

Para recabar informacin oficial, en ejercicio del derecho de peticin, fueron enviadas solicitudes de informacin con preguntas especficas sobre las condiciones de vida de la poblacin y sobre la existencia e implementacin de polticas y progra-mas dirigidos a ella. Las entidades a las que se requiri la informacin fueron de-terminadas con base en el anlisis de las obligaciones del Estado y las facultades de

cada entidad, en el nivel nacional, departamental y municipal. La lista de las entidades consultadas se encuentra en el anexo 2 de este captulo.

Como se ver a lo largo de los captulos ve-nideros, las respuestas recibidas de las entidades estatales arrojan informacin til tanto por lo que dicen como por lo que no dicen. En particu-lar, el hecho de que la gran mayora de respuestas

afirme que el Estado colombiano no tiene cifras sobre la poblacin afrodescendiente confirma la mencionada invisibilidad de este sector de la poblacin nacional.

La informacin proveniente de la respuesta a los derechos de peticin fue cru-zada y conciliada con la obtenida mediante investigacin documental y los datos cuantitativos y cualitativos recogidos con la metodologa descrita en la seccin an-terior. La combinacin de estas fuentes de informacin constituye el sustento emp-rico de las conclusiones sobre la situacin de la poblacin negra y la realidad de los derechos de los que es titular.

Los derechos de la poblacin afrocolombiana son de tres tipos: el derecho a no ser

discriminada, el derecho a ser beneficiaria de medidas estatales especiales que promuevan

la igualdad real y el derecho a ejercer su identidad tnica y cultural.

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Temas y estructura del libro

Siguiendo la lgica del informe de derechos humanos explicada anteriormente, en los siguientes captulos se contrastan las obligaciones estatales con la realidad del goce de los derechos de los afrocolombianos. Para ello, por razones de claridad expositiva y de simetra con el presente captulo, el captulo 2 ofrece una visin panormica de la situacin de la poblacin negra, con base en los datos del censo de 2005, la Gran Encuesta Integrada de Hogares de 2007 y el Latinobarmetro de 2001. Los captulos 3 a 8 pasan a ocuparse de los derechos seleccionados: el derecho al territorio y otros derechos vulnerados por el conflicto armado y el desplazamien-to forzado (captulo 3), el derecho a la salud (captulo 4), el derecho a la vivienda (captulo 5), el derecho a la educacin (captulo 6), el derecho al acceso a la justicia (captulo 7) y finalmente el derecho a una legislacin eficaz contra la discriminacin racial (captulo 8).

Antes de pasar a examinar la situacin general de los afrodescendientes en Colombia, es necesario hacer una aclaracin en relacin con la lista de los derechos escogidos. La lista result de la combinacin de dos criterios. De un lado, se escogie-ron derechos cuya vulneracin fue evocada con mayor frecuencia en las entrevistas y grupos focales que sirvieron de base para el diagnstico preliminar participativo. De otro lado, se indag cules derechos estn claramente demarcados en los instrumen-tos jurdicos y polticos mencionados y, por tanto, generan obligaciones ntidas que pueden ser contrastadas con la prctica social. El resultado de este doble filtro no es una lista exhaustiva de derechos exigibles por la poblacin afrocolombiana. Se trata de una lista inicial de derechos cuya vulneracin es sentida con especial fuerza por los afrocolombianos y en relacin con los cuales existen compromisos indiscutibles en cabeza del Estado colombiano.

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ar.

20

Co

nst

itu

ci

n P

ol

tica

, art

. 13

Ley

387

de

1997

, art

. 2.3

Tom

ar

me

did

as

de

pro

teci

n

co

ntr

a lo

s d

esp

laza

mie

nto

s

de

gru

po

s t

nic

os

com

o la

po

bla

ci

n a

fro

colo

mb

ian

a,

qu

e e

xper

imen

ten

un

a d

epen

den

cia

esp

eci

al d

e su

tie

rra

o u

n a

peg

o p

art

icu

lar

a el

la.

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 5

, 6 y

9

Ley

70 d

e 19

93, a

rts.

1, 2

y 3

Ley

387

de

1997

, art

s. 2

.7, 3

y 1

0.2

Ga

ran

tiza

r la

ate

nci

n

esp

eci

al a

las

com

un

ida

de

s n

egra

s

som

etid

as

al d

esp

laza

mie

nto

en

co

rre

spo

nd

enci

a co

n

sus

uso

s y

cost

um

bre

s, y

pro

pic

ian

do

el r

eto

rno

a s

us

terr

ito

rio

s.

Ley

387

de

1997

, art

. 10.

8

Ga

ran

ta

mn

ima

de

los

der

ech

os

pa

ra la

po

bla

ci

n

de

spla

zad

a en

las

dif

eren

tes

fase

s d

el d

esp

laza

mie

nto

forz

ad

o

Ga

ran

tiza

r lo

s d

ere

cho

s fu

nd

am

enta

les

reco

no

cid

os

inte

rna

cio

na

l y n

aci

on

alm

ente

.

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 3

, 4, 9

, 10

a 1

2, 1

8 a

23

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 34

a

36, 5

4 y

172

Ley

387

de

1997

, art

s. 2

.3 y

14

.3

Co

rte

Co

nst

itu

cio

na

l, S

ente

nci

a T-

025

de

2004

Der

ech

o a

l ter

rito

rio

y a

la

pro

pie

da

d c

ole

ctiv

a so

bre

l

Pro

teg

er la

pro

pie

da

d d

e lo

s te

rrit

ori

os

an

cest

rale

s d

e

las

com

un

ida

de

s a

fro

colo

mb

ian

as,

su

s fo

rma

s co

lect

iva

s

de

pro

pie

da

d, p

rct

ica

s tr

ad

icio

na

les

de

pro

du

cci

n y

org

an

iza

ci

n in

tern

a.

Co

nve

nio

169

de

la O

IT, a

rts.

13-

19

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 9

, 21

y 29

De

cla

raci

n

de

Du

rba

n, p

ars

. 34

, 52,

54

, 65

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 13

y

172

Ley

70 d

e 19

93

Der

ech

o a

la c

on

sult

a p

revi

aG

ara

nti

zar

el d

ere

cho

a la

co

nsu

lta

pre

via

, qu

e e

s el

der

ech

o f

un

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men

tal d

e lo

s g

rup

os

tn

ico

s a

pa

rtic

ipa

r

en la

s d

eci

sio

ne

s q

ue

les

afe

cta

n, d

e m

an

era

lib

re, p

revi

a

e in

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ad

a, c

on

mir

as

a o

bte

ner

su

co

nse

nti

mie

nto

.

El o

bje

tivo

ese

nci

al d

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cho

a la

co

nsu

lta

pre

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es

ga

ran

tiza

r el

re

spet

o a

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teg

rid

ad

cu

ltu

ral d

e lo

s

pu

eblo

s y

com

un

ida

de

s.

Co

nve

nio

169

de

la O

IT

De

cla

raci

n

so

bre

los

der

ech

os

de

las

per

son

as

per

ten

eci

ente

s a

min

or

as

na

cio

na

les

o

tnic

as,

rel

igio

sas,

y

lin

g

sti

cas,

art

. 2, n

um

. 2

Ley

70 d

e 19

93

Ley

99

de

1993

Co

rte

Co

nst

itu

cio

na

l, S

ente

nci

a C-

030

de

200

8

Est

ad

sti

cas

e in

form

aci

n

sob

re la

po

bla

ci

n

de

spla

zad

a

Pro

du

cir

info

rma

ci

n s

ob

re e

l de

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zam

ien

to c

on

incl

usi

n

de

la v

ari

ab

le

tnic

o-r

aci

al,

as

co

mo

re

cog

er,

reco

pil

ar,

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ali

zar,

dif

un

dir

y p

ub

lica

r d

ato

s e

sta

ds

tico

s

fid

ed

ign

os

a n

ivel

na

cio

na

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cal q

ue

incl

uya

n la

vari

ab

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tnic

o-r

aci

al,

y t

om

ar

to

da

s la

s m

ed

ida

s

ne

cesa

ria

s p

ara

eva

lua

r p

eri

dic

am

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la s

itu

aci

n

de

los

ind

ivid

uo

s y

los

gru

po

s q

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vc

tim

as

de

raci

smo

y

dis

crim

ina

ci

n r

aci

al q

ue

se e

ncu

entr

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en

sit

ua

ci

n d

e

de

spla

zam

ien

to.

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 92

a

98

y 10

0

Ley

387

de

1997

, art

s. 1

1 a

13

Co

np

es

292

4 d

e 19

97

Co

np

es

3037

de

199

9

Co

np

es

340

0 d

e 20

05

Co

rte

Co

nst

itu

cio

na

l, S

ente

nci

a T-

025

de

2004

Co

nst

ruir

ind

ica

do

res

aco

rde

s co

n la

s n

ece

sid

ad

es

y

cara

cter

sti

cas

de

la p

ob

laci

n

afr

oco

lom

bia

na

vct

ima

del

de

spla

zam

ien

to q

ue

per

mit

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ela

bo

rar

dia

gn

st

ico

s

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ise

ar

me

did

as

de

po

lti

ca p

b

lica

pa

ra m

ejo

rar

la

situ

ac

n d

e d

ich

a p

ob

laci

n

en

to

do

s lo

s a

spe

cto

s.

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 92

a

98

y 10

0

Co

np

es

3037

de

199

9

Co

np

es

340

0 d

e 20

05

Co

rte

Co

nst

itu

cio

na

l, S

ente

nci

aT-0

25 d

e

2004

( 27 )


ob

lig

acio

nes

pr

inci

pale

s d

el E

stad

o c

olo

mb

ian

o

en m

ater

ia d

e d

iscr

imin

aci

n r

acia

l

Der

ech

o a

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igu

ald

ad

Ob

lig

aci

n

Fue

nte

s in

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aci

on

ale

sFu

en

tes

na

cio

na

les

pri

nci

pa

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Dim

ensi

n

fo

rma

l del

der

ech

o a

la ig

ua

lda

d

Ga

ran

tiza

r la

igu

ald

ad

an

te la

ley.

Co

nve

nci

n

Inte

rna

cio

na

l so

bre

la

Eli

min

aci

n

de

la D

iscr

imin

aci

n

Ra

cia

l

(CIE

DR

), a

rt. 5

Co

nst

itu

ci

n P

ol

tica

, art

. 13

Dim

ensi

n

ma

teri

al d

el

der

ech

o a

la ig

ua

lda

d

Tom

ar

me

did

as

esp

eci

ale

s y

con

cret

as

en la

s e

sfer

as

soci

al,

eco

n

mic

a y

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ura

l, en

tre

otr

as,

pa

ra g

ara

nti

zar

el p

len

o d

isfr

ute

de

los

der

ech

os

en c

on

dic

ion

es

de

igu

ald

ad

.

CIE

DR

, art

. 2, n

um

. 2

Co

nst

itu

ci

n P

ol

tica

, art

. 13

Der

ech

o a

la ig

ua

lda

d -

Div

ersi

da

d c

ult

ura

l

Co

mb

ati

r la

dis

crim

ina

ci

n r

aci

al,

pro

mo

vien

do

la

div

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da

d, l

a ig

ua

lda

d, l

a e

qu

ida

d, l

a ju

stic

ia s

oci

al y

la

igu

ald

ad

de

op

ort

un

ida

de

s y

pa

rtic

ipa

ci

n.

De

cla

raci

n

de

Du

rba

n, p

ar.

47

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 32,

34, 6

6

Co

nst

itu

ci

n P

ol

tica

, art

. 7

Ley

70 d

e 19

93

Ter

rit

or

io, v

iole

nci

a y

des

pla

zam

ien

tow

Ob

lig

aci

n

Fue

nte

s in

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aci

on

ale

sFu

en

tes

na

cio

na

les

pri

nci

pa

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Pro

hib

ici

n d

e

dis

crim

ina

ci

n y

pri

nci

pio

de

igu

ald

ad

Pro

hib

ir y

eli

min

ar

la d

iscr

imin

aci

n

ra

cia

l en

to

da

s su

s

form

as

y g

ara

nti

zar

el d

ere

cho

de

tod

a p

erso

na

qu

e h

aya

sid

o d

esp

laza

da

a la

igu

ald

ad

an

te la

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sin

dis

tin

ci

n d

e

raza

, co

lor

y o

rig

en n

aci

on

al o

tn

ico

, en

el g

oce

de

tod

os

sus

der

ech

os

fun

da

men

tale

s.

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 1

y 4

De

cla

raci

n

de

Du

rba

n, p

ar.

20

Co

nst

itu

ci

n P

ol

tica

, art

. 13

Ley

387

de

1997

, art

. 2.3

Tom

ar

me

did

as

de

pro

teci

n

co

ntr

a lo

s d

esp

laza

mie

nto

s

de

gru

po

s t

nic

os

com

o la

po

bla

ci

n a

fro

colo

mb

ian

a,

qu

e e

xper

imen

ten

un

a d

epen

den

cia

esp

eci

al d

e su

tie

rra

o u

n a

peg

o p

art

icu

lar

a el

la.

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 5

, 6 y

9

Ley

70 d

e 19

93, a

rts.

1, 2

y 3

Ley

387

de

1997

, art

s. 2

.7, 3

y 1

0.2

Ga

ran

tiza

r la

ate

nci

n

esp

eci

al a

las

com

un

ida

de

s n

egra

s

som

etid

as

al d

esp

laza

mie

nto

en

co

rre

spo

nd

enci

a co

n

sus

uso

s y

cost

um

bre

s, y

pro

pic

ian

do

el r

eto

rno

a s

us

terr

ito

rio

s.

Ley

387

de

1997

, art

. 10.

8

Ga

ran

ta

mn

ima

de

los

der

ech

os

pa

ra la

po

bla

ci

n

de

spla

zad

a en

las

dif

eren

tes

fase

s d

el d

esp

laza

mie

nto

forz

ad

o

Ga

ran

tiza

r lo

s d

ere

cho

s fu

nd

am

enta

les

reco

no

cid

os

inte

rna

cio

na

l y n

aci

on

alm

ente

.

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 3

, 4, 9

, 10

a 1

2, 1

8 a

23

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 34

a

36, 5

4 y

172

Ley

387

de

1997

, art

s. 2

.3 y

14

.3

Co

rte

Co

nst

itu

cio

na

l, S

ente

nci

a T-

025

de

2004

Der

ech

o a

l ter

rito

rio

y a

la

pro

pie

da

d c

ole

ctiv

a so

bre

l

Pro

teg

er la

pro

pie

da

d d

e lo

s te

rrit

ori

os

an

cest

rale

s d

e

las

com

un

ida

de

s a

fro

colo

mb

ian

as,

su

s fo

rma

s co

lect

iva

s

de

pro

pie

da

d, p

rct

ica

s tr

ad

icio

na

les

de

pro

du

cci

n y

org

an

iza

ci

n in

tern

a.

Co

nve

nio

169

de

la O

IT, a

rts.

13-

19

Pri

nci

pio

s re

cto

res

de

los

de

spla

zam

ien

tos

inte

rno

s N

o. 9

, 21

y 29

De

cla

raci

n

de

Du

rba

n, p

ars

. 34

, 52,

54

, 65

Pro

gra

ma

de

Acc

in

de

Du

rba

n, p

ars

. 13

y

172

Ley

70 d

e 19

93

Der

ech

o a

la c

on

sult

a p

revi

aG

ara

nti

zar

el d

ere

cho

a la

co

nsu

lta

pre

via

, qu

e e

s el

der

ech

o f

un

da

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tal d

e lo

s g

rup

os

tn

ico

s a

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rtic

ipa

r

en la

s d

eci

sio

ne

s q

ue

les

afe

cta

n, d

e m

an

era

lib

re, p

revi

a

e in

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ad

a, c

on

mir

as

a o

bte

ner

su

co

nse

nti

mie

nto

.

El o

bje

tivo

ese

nci

al d

el d

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cho

a la

co

nsu

lta

pre

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es

ga

ran

tiza

r el

re

spet

o a

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teg

rid

ad

cu

ltu

ral d

e lo

s

pu

eblo

s y

com

un

ida

de

s.

Co

nve

nio

169

de

la O

IT

De

cla

raci

n

so

bre

los

der

ech

os

de

las

per

son

as

per

ten

eci

ente

s a

min

or

as

na

cio

na

les

o

tnic

as,

rel

igio

sas,

y

lin

g

sti

cas,

art

. 2, n

um

. 2

Ley

70 d

e 19

93

Ley

99

de

1993

Co

rte

Co

nst

itu

cio

na

l, S

ente

nci

a C-

030

de

200

8

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