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isPueblos indígenas y protección de bosques Estudio

Pueblos indígenas y protección de bosques a través de REDD+ y medidas similaresFundamentos para un diálogo

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Publicado porPan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, Organización Protestante para Diaconía y DesarrolloCaroline-Michaelis-Straße 1D-10115 Berlin, AlemaniaTeléfono: +49 30 65211 0E-mail: info@brot-fuer-die-welt.de www.brot-fuer-die-welt.de

Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR e.V.Mozartstraße 9D-52064 Aachen, AlemaniaTeléfono: +49 241 442 0E-mail: info@misereor.dewww.misereor.de

Autores Anika Schroeder, Volker von BremenRedacción Jörg JenrichResponsable Thomas SandnerDiseño Jörg Jenrich Foto en portada: Florian Kopp (Un árbol solo en medio de un campo, Argentina)

Art.Nr. 129 501 460

Berlin, Mayo 2013

Pueblos indígenas y protección de bosques a través de REDD+ y medidas similaresFundamentos para un diálogo

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Índice

Prefacio 5

Introducción ¡La protección de los bosques � más urgente que nunca! 6

Capitulo 1 REDD+: Situación jurídica poco clara, gran diversidad de programas y proyectos 7

1.1 ¿Por qué la discusión crítica en torno a REDD+? 8

1.2 Cómo hacer frente a los riesgos 91.3 Grado de implementación de REDD+ 101.3.1 El desarrollo de estrategias para la

protección climático-forestal a nivel nacional y subnacional, incluyendo su implementación 10

1.3.2 Paralelamente a ello, algunos actores privados emprenden proyectos de protección de la naturaleza 12

Capitulo 2 Protección de los bosques para el clima – un desafío especial para los pueblos indígenas 15

2.1 Cosmovisión y relación con la naturaleza 162.2 Formas y estructuras organizativas 182.3 Posiciones indígenas frente a REDD+ 22

Agradecemos encarecidamente a todos aquellos que nos han brindado apoyo en la elaboración del pre-sente documento: Ruth Irlen por los aportes conceptuales y la revisión del contenido; Malte Reshöft (Misereor) y Sabine Schmidt (Pan para el Mundo) por el respaldo en aspectos de contenido y redacción. Y, sobre todo a las numerosas personas y organizaciones contrapartes en Paraguay y Brasil por el inter-cambio de experiencias y sus aportes.

Capitulo 3 Resultados y conclusiones 26

3.1 Generales 263.2 Cosmovisión 263.3 Mercado y dinero 273.4 Estado 273.5 Consentimiento libre, previo e

informado – CLPI 283.6 Corrupción y delincuencia 28

Capitulo 4 Recomendaciones 29

Anexo I 33 El derecho al “consentimiento libre,

previo e informado” (CLPI) 33Anexo II 37 Catálogo de preguntas interculturales

sobre REDD+ a nivel local y nacional 37

Bibliografía 40

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Pueblos indígenas y protección de bosques Prefacio

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Prefacio

Ustedes se preguntarán por qué elegimos este momento para poner en sus manos otro documen-to más sobre REDD+. En vista de la diversidad de sitios web y publicaciones sobre el tema, resulta más bien sorprendente que Pan para el Mundo y Misereor decidan publicar un documento adicio-nal. Sin embargo, nuestras observaciones e inves-tigaciones in situ, al igual que el diálogo con nues-tras organizaciones contrapartes en los países del Sur, nos han llevado a la conclusión de que la enor-me cantidad de informaciones disponibles no sólo sirve de orientación, sino que contribuye también a la confusión.

Comprobamos, además, que en vista del cre-ciente número de iniciativas de proyectos locales resulta urgente ofrecer una visión panorámica a to-dos aquellos que requieren apoyo para tomar deci-siones, con miras a llevar adelante exitosamente la gestión y el seguimiento de procesos de desarrollo.

Por lo tanto, el objetivo de esta publicación con-siste primordialmente en describir los desarrollos importantes que han tenido lugar en el ámbito de la protección de los bosques a nivel internacional, y en parte también a nivel nacional. Por otro lado, se trata de plantear interrogantes claves a modo de aporte para que no se considere el tema de la “protección de los bosques” como un asunto inde-pendiente de las personas que los habitan y viven de ellos. En efecto, si bien la protección de los bos-ques es indispensable en vista de su creciente des-

trucción debido a la expansión de la agricultura industrial y la industria maderera, no se trata de conseguir esta protección a cualquier precio. Es in-eludible respetar los derechos humanos, recono-cer los derechos territoriales – tanto legales como de hecho – y fortalecer a la población local para in-volucrarla en la protección de los bosques y en la planificación, la implementación, el monitoreo y el beneficio (no sólo económico) de los proyectos respectivos.

Los resultados y las conclusiones que se expo-nen a continuación tratan sobre la cooperación con los pueblos indígenas en torno a la temática de REDD+. Se basan en visitas a comunidades indí-genas, conversaciones con líderes y representantes de las organizaciones indígenas, diálogos con ex-pertos y organizaciones contrapartes de las agen-cias de cooperación y en el estudio de fuentes y bi-bliografía sobre el tema.

En tal sentido, esperamos que el presente do-cumento contribuya a esclarecer las oportunida-des y los riesgos, e incentive el diálogo sobre una protección de los bosques eficaz, pero posiblemen-te distinta.

Berlin, Aachen, Febrero 2013

Sabine Schmidt Malte Reshöft Pan para el Mundo Misereor

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Introducción Pueblos indígenas y protección de bosques

Introducción

¡La protección de los bosques � más urgente que nunca!

El clima de nuestro planeta también se ve per-judicado por la deforestación: alrededor del 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto in-vernadero, que contribuyen al cambio climático, se deben a la destrucción de los bosques en las regio-nes tropicales y subtropicales. ¡La protección de los bosques es, por lo tanto, más urgente que nunca!

Por este motivo, para muchos fue una señal de esperanza cuando en 2007 el tema “la protección de los bosques” alcanzó una gran notoriedad. Bajo el término clave REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation – Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), pasó a formar parte de las negociaciones climáti-cas, aunque desde un principio REDD+ fue tam-bién objeto de intensas discusiones. De hecho, al-gunos sostienen que REDD+ puede ofrecer a los gobiernos tanto incentivos como apoyo para una mejor protección de los bosques, conservando así también el hábitat y la fuente de ingresos de cien-tos de miles de personas. Otros advierten que pre-cisamente estos grupos verían dificultado su uso de los bosques debido a REDD+, y que se podría lle-gar incluso a expulsiones del territorio en cuestión.

En muchas regiones de la Tierra, los pueblos indígenas son los más vinculados a los bosques, por un lado debido a su cultura, su historia y sus formas de vida, y por otro porque sólo les fue posi-ble sobrevivir allí donde no llegaron ni los conquis-tadores ni los colonizadores. Hoy en día, incluso en estas regiones retiradas se ven amenazados por la deforestación, la depredación y la destrucción. Es por ello que el discurso en torno a REDD+ concier-ne en especial medida a los pueblos indígenas.

Este discurso se convierte en un tema álgi-do desde el punto de vista ideológico, a más tar-dar cuando se desate la discusión sobre si el me-canismo REDD+ debe ser financiado a través del

Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), anualmente se talan más de 13 millones de hectáreas de bosques (promedio de 2000-2005). Con ello, se pierden hábitats y espacios económicos importantes para cientos de miles de personas.

comercio internacional de emisiones o a través de pagos directos de los gobiernos de países indus-trializados. Hoy en día, está menos claro que nun-ca cuál será finalmente el contenido de REDD+ y qué oportunidades y riesgos conllevará este mecanismo.

El presente documento describe el estado de las Negociaciones Internacionales de Cambio Climático en torno al mecanismo REDD+, así como los programas preparatorios y proyectos pilo-to en curso. Además, esboza cuáles son los princi-pales desafíos que se desprenden para los pueblos indígenas y la cooperación entre estos últimos, los gobiernos y los organismos a cargo de proyectos. La base para estas reflexiones está dada por inves-tigaciones bibliográficas, visitas, conversaciones y entrevistas con las organizaciones contraparte, re-presentantes indígenas, expertos e instancias polí-ticas de decisión en Brasil y Paraguay. Para ello se analizaron proyectos y programas en curso relacio-nados con REDD+ y sus efectos sobre los pueblos indígenas, y se recopilaron las posiciones de dichos pueblos frente a REDD+. Hacemos votos por que este documento contribuya a un diálogo informa-do entre Pan para el Mundo, Misereor y sus con-trapartes, y sirva de base para perfeccionar las es-trategias utilizadas para tratar con el mecanismo REDD+.

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REDD+ Capitulo 1

No obstante, los intentos de formular una con-vención internacional de protección forestal bajo el patronato de las Naciones Unidas fracasaron. Únicamente se instaló el Foro de las Naciones Unidas sobre los Bosques (UNFF por sus siglas en inglés), pero éste apenas pudo contribuir a la protección de los bosques. Bajo el Convenio so-bre la Diversidad Biológica (CDB), la comunidad de Estados al menos se ha ocupado de proteger las áreas especialmente valiosas. Sin embargo, el con-venio no sirvió para reducir efectivamente las tasas de deforestación, dado que los compromisos finan-cieros asumidos por los Estados signatarios eran li-mitados en ambos procesos y se les prestó escasa atención política. Los estados con grandes rique-zas forestales no vieron en ello un incentivo para mostrar una mayor voluntad política respecto de la protección de los bosques.

Por este motivo, muchos albergaron una gran esperanza cuando en 2007 la protección de los bos-ques se convirtió en parte de las negociaciones cli-máticas bajo el término clave “REDD”, puesto que dentro de este contexto se prestaría una atención mucho mayor al tema de la protección y sería más sencillo imponer las medidas respectivas.

El término “REDD” corresponde a “Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación”. Por lo tanto, es la abreviatura de un emprendi-miento dirigido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales se producen debi-do a la deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo. El principio básico de REDD es muy simple: los países en desarrollo que logran reducir sus emisiones de gases de efecto in-vernadero causadas por la deforestación reciben una compensación financiera por este esfuerzo de

manos de los países industrializados. Ello va uni-do a grandes esperanzas, pero también a grandes temores – sobre todo de aquellos que viven directa-mente en los bosques y gracias a ellos.

Mientras tanto, REDD comprende no sólo la protección de los bosques, la reducción de las super-ficies forestales degradadas y la detención de la ten-dencia de degradación, sino también otras activida-des dirigidas a conservar el carbono almacenado en los bosques, así como el uso sostenible de los bos-ques y la mejora de la capacidad de almacenamien-to de carbono en los sistemas ecoforestales. Por tal motivo, se habla ahora de “REDD+”, pero no se ha especificado con claridad qué contiene este nuevo término. En los Acuerdos de Cancún, resultado de la XVI Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16, nov.2010), se fijaron las primeras bases, que lue-go serán materia de nuevas negociaciones. Sin em-bargo, para poder contrarrestar rápidamente la deforestación, se convino poner en marcha de in-mediato los preparativos para REDD+.

El desarrollo y la implementación de REDD+ deberán tener lugar en tres fases:

• Fase de preparación (en inglés: REDD Readiness): Los gobiernos formulan estrate-gias nacionales para reducir las emisiones pro-venientes de la deforestación y degradación de los bosques.

• Fase de implementación: Los gobiernos llevan a cabo los programas.

• Compensación: Los gobiernos reciben una com-pensación financiera por los éxitos logrados.

Capitulo 1

REDD+: Situación jurídica poco clara, gran diversidad de programas y proyectos

Puesto que la creciente demanda internacional de productos madereros y agrícolas es un incentivo importante para la destrucción de los bosques, pero a la vez éstos asumen muchas funciones ecológicas para la humanidad entera, desde hace mucho tiempo se viene exigiendo que la protección de los bosques se la trate como un tema interna-cional, con las coordinaciones y el fomento correspondientes.

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Capitulo 1 REDD+

Sin embargo, ya durante las dos primeras fases se brindará apoyo financiero y técnico.

Muchos países se encuentran en la fase de pre-paración y existen una serie de proyectos piloto de cooperación bilateral, así como un conjunto de pro-yectos de protección de la naturaleza que corres-ponden a organizaciones de desarrollo y del me-dio ambiente, que desean contribuir al ensayo de REDD+ y participar con nombre propio en la apli-cación del mecanismo. Esto genera un cierto gra-do de confusión sobre lo que podría llegar a ser REDD+ en el futuro dificultando considerable-mente el debate sobre posibilidades, riesgos y es-tandares necesarias.

1.1 ¿Por qué la discusión crítica en torno a REDD+?

Si bien REDD+ pretende ser un instrumen-to internacional, sólo abarca medidas a nivel na-cional en los Estados con amplias superficies fo-restales. A su vez, estos Estados exportan muchos productos que contribuyen a la destrucción de los bosques (alimento para ganado, biocombustibles, madera que es fruto de la tala (ilegal) de bosques). Por lo tanto, REDD+ sólo puede ser un componen-te de una estrategia más amplia de protección de los bosques.

Dependiendo de la modalidad de su aplicación, REDD+ ofrece tanto riesgos como oportunidades. Seguidamente se describirán los riesgos y la mane-ra en que podrían contrarrestarse. Se los mencio-nan en un cuadro al final del capítulo.

REDD+ podría poner en riesgo la protección glo-bal del clima

En la XVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Durban (COP 17, nov./dic. de 2011), se llegó a la decisión de que REDD+ po-dría financiarse a través de fondos internaciona-les, la integración en el comercio internacional de

emisiones, o por medio de una solución híbrida que combine los enfoques de mercado con los ba-sados en fondos. Las negociaciones se basaron en que el comercio de emisiones serviría para que las empresas de las naciones industrializadas pudie-ran invertir en la protección de los bosques o ad-quirir certificados a precios relativamente bajos de los gobiernos de aquellos Estados que han reduci-do sus cuotas de deforestación. De este modo po-drían cumplir con sus obligaciones de protección del clima a un costo menor que si llevasen a cabo inversiones en tecnologías eficientes y energías re-novables en sus propios países. El mecanismo mi-naría los cimientos de la protección del clima y re-trasaría la urgente transformación de los sistemas energéticos, primeramente en los países industria-lizados, pero también a nivel global.

REDD+ podría hacer peligrar los bosques tropicales

REDD+ recompensa la reducción de emisio-nes. En consecuencia, por definición su primer ob-jetivo no es detener la deforestación. Más bien, se trata de reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques (de-terioro progresivo de las superficies forestales, por ejemplo a causa de la tala selectiva o la conversión en pastizales). En teoría, esto podría resultar ries-goso: supongamos que un país opta por limitar la deforestación en su territorio con el fin de reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que se genera anualmente debido, precisamente, a la de-forestación. En consecuencia, obtiene una com-pensación financiera. No obstante, una defores-tación más lenta igualmente puede implicar una destrucción completa de los bosques.

Además, el centrarse en emisiones de gases de efecto invernadero puede conducir a una situación paradójica, en la que sólo se benefician aquellos que ya no talan árboles o talan una menor canti-dad. Pero no hay necesidad de prohibir la tala de árboles a aquellos que desde siempre se han dedi-cado a la protección de los bosques. De este modo, las plantaciones forestales podrían beneficiarse con los fondos de REDD+, puesto que una planta-ción forestal de reciente data absorbe más carbono

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REDD+ Capitulo 1

durante su crecimiento que un bosque antiguo, en el que se produce a menudo un equilibrio entre los árboles en crecimiento y los restos en descomposi-ción de árboles más viejos.

Por lo tanto, el concepto de “mejora de la capa-cidad de almacenamiento de carbono” permite a las empresas dedicadas a las plantaciones foresta-les conseguir fuentes de financiamiento invocando el mecanismo REDD+, a pesar de que los árboles plantados se talarán, con lo cual en algún momen-to – después de haberse aprovechado los produc-tos madereros – los restos entrarán en descompo-sición y expelerán nuevamente dióxido de carbono a la atmósfera.

Por su parte, la llamada “gestión sostenible de los bosques” es un concepto poco claro y podría in-cluir también la tala comercial de bosques prima-rios. Desde el punto de vista de la protección de la naturaleza y de las poblaciones locales, estos in-centivos absurdos están de hecho fuera de lugar.

REDD+ podría llevar a consecuencias sociales negativas

REDD+ conlleva sobre todo una multiplicidad de riesgos para la población local, en especial para las comunidades indígenas. En muchos países tro-picales, la clasificación de un territorio como zona protegida lleva al desalojo de la población local o a una restricción en sus derechos de uso. Acto se-guido, las tierras – supuestamente deshabitadas – son adjudicadas a inversores u organizaciones de protección de la naturaleza, para instalar allí una zona natural protegida. A menudo, no se informa a los afectados sobre los planes de desarrollo, y de la noche a la mañana éstos se enfrentan a la noticia de que ya no podrán utilizar sus campos, bosques o áreas de pesca, sin que siquiera se les ofrezca una compensación adecuada o una fuente de ingresos alternativa.

Existe el riesgo de que los gobiernos y las or-ganizaciones de protección de la naturaleza conti-núen con esta práctica bajo REDD+. También se critica mucho que los habitantes de los bosques, que cuidan su hábitat, apenas sacarían provecho de

REDD+, porque este mecanismo está pensado para surtir efecto allí donde las tasas de deforestación son altas. En otras palabras, los causantes de la de-forestación obtendrían dinero si en el futuro deja-sen de talar los bosques, pero no se les imputarían necesariamente las acciones nocivas del pasado. En cambio, aquellos que ya cuidaban los bosques anteriormente se quedarían con las manos vacías.

1.2 Cómo hacer frente a los riesgos

Los Estados signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático están al tanto de éstos y otros riesgos. En consecuencia, y gracias en especial al exitoso trabajo de cabildeo de las redes indígenas y las or-ganizaciones no gubernamentales (ONG), se acor-daron ciertas medidas de protección llamadas “sal-vaguardias” (en inglés: safeguards). Pero todavía no se ha llegado a determinar hasta qué punto y de qué forma deberán los Estados respetar dichas sal-vaguardias, y cómo habrán de rendir cuentas sobre ellas. Algunos países se pronuncian en contra de modalidades (y contenidos) obligatorios para este deber de información, y las negociaciones al res-pecto aún continúan. En tal sentido, los Estados aluden a su soberanía nacional para justificar su posición.

En detalle, las salvaguardias comprenden lo siguiente:

• Enfoque nacional para impedir los efectos de desplazamiento: El cálculo y control, así como la compensación de las reducciones de emisio-nes, deben realizarse a nivel nacional. La idea es impedir que se establezca una zona protegi-da en una parte del país mientras que la defo-restación se traslada simplemente a otra región (fuga). En la fase de introducción, puede recu-rrirse a un enfoque subnacional como solución interina, pero sólo si se sigue aplicando la meto-dología de reporte, verificación y reconocimien-to a nivel nacional.

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Capitulo 1 REDD+

Para Brasil esto implica, a grandes rasgos, que el gobierno brasileño sólo recibe dinero cuando baja la tasa de deforestación nacional, y no cuan-do ésta se reduce en un solo estado federado.

• Protección frente a las cifras falseadas: Es in-dispensable contar con dos informaciones para poder llevar a cabo proyectos REDD+. Antes de iniciarse los proyectos, se necesita conocer la tasa de deforestación previa (llamada “nivel de referencia”). De esta forma, en el futuro no po-drán manipularse las proyecciones exhibiendo altas tasas potenciales de deforestación y arro-jando así la protección de los bosques en teoría mayores reducciones de gases de efecto inver-nadero. Asimismo, es necesario conocer la can-tidad de carbono almacenada en los territorios forestales respectivos. A fin de impedir estas manipulaciones, deberá tomarse como referen-cia para estos cálculos un conjunto de directri-ces elaboradas por el IPCC (siglas en inglés del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático). Sin embargo, las organiza-ciones ambientalistas critican que la medición de las reservas de carbono adolece de inexacti-tudes que llegan a alrededor del 50%.

• Responsabilidad de los gobiernos de imple-mentar el mecanismo REDD+: Las autoridades forestales nacionales, es decir, los ministerios de recursos forestales o las instancias a cargo de las zonas nacionales protegidas, son las responsa-bles de implementar los programas. Deben tra-bajar de modo transparente, para así garantizar la coherencia entre los proyectos y programas y al interior de cada uno de ellos. También este as-pecto está sujeto de la soberanía nacional, moti-vo por el cual no se han definido otras reglas al respecto.

• Protección de los pueblos indígenas y de la po-blación local: Se reconocen los conocimientos y derechos de los pueblos indígenas y de la pobla-ción local, además de lo cual se dará apoyo y se fomentará su participación. Todo ello debe ba-sarse en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU-DDPI) de 2007. Ésta contiene, entre otros,

el principio del llamado “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI, en inglés FPIC). Para mayores detalles, véase el capítulo 1.3 y el anexo I. Sin embargo, el CLPI no se menciona explíci-tamente en el texto de los Acuerdos de Cancún.

• Protección del ecosistema forestal: Las activi-dades relacionadas con el mecanismo REDD+ deben ser compatibles con la protección de los bosques y de la biodiversidad. Por lo tanto, REDD+ no debe conducir a que los bosques na-turales puedan ser convertidos en plantaciones industriales.

Las disposiciones de protección seguirían ne-gociándose en el futuro. Todavía es incierto si tendrán el alcance suficiente o si llegarán a im-plementarse realmente en la práctica con los re-sultados deseados.

1.3 Grado de implementación de REDD+

Tal como se describiera en el capítulo anterior, hasta ahora es muy poco lo que ya se ha defini-do en torno a REDD+. Sin embargo, a nivel mun-dial ya se inician las medidas de preparación para comenzar de inmediato los programas REDD+. Aparte de ello, una serie de actores muy diversos ya viene desarrollando medidas piloto bajo la de-nominación de REDD+. Todas estas iniciativas se sitúan fundamentalmente en tres niveles:

1.3.1 El desarrollo de estrategias para la protección climático-forestal a nivel nacional y subnacional, incluyendo su implementación

El programa de las Naciones Unidas (ONU-REDD) y el programa del Banco Mundial denomi-nado “Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques” (FCPF por sus siglas en inglés), al igual que un número de programas bilaterales, apoyan

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REDD+ Capitulo 1

Conservación de Bosques del Paraguay

La organización paraguaya “Guyrã Paraguay” está implementando un proyecto denominado “Conservación de Bosques del Paraguay”, con un componente en el Paraguay Oriental y otro en el departamento del Alto Paraguay en el norte del país. Con ello se aspira a evitar la emisión de un total de 840.000 toneladas de CO₂ a lo largo de un período de 20 años, con un cálculo total de costos de 7 millones de dólares estadounidenses. La au-tora de la propuesta del proyecto es “Swire Pacific Offshore” (SPO), una empresa con sede en Hong Kong, que opera a nivel internacional en el ramo de la industria del petróleo y del gas.

La política de la empresa está dirigida a ser “neutral” en relación con la emisión de CO₂. El proyecto forma parte de esta política a través de pagos compensatorios por emisiones evitadas. La “World Land Trust” (WLT) británica también coopera con Guyrã Paraguay, poniendo a disposi-ción apoyo técnico y canalizando fondos para la creación de reservas naturales privadas. La WLT y Guyrã Paraguay han suscrito conjuntamente un convenio con la Secretaría del Ambiente (SEAM) para la gestión a largo plazo de tres zonas natu-rales protegidas públicas en el Chaco paraguayo.

En el marco del proyecto se compraron 4.745 hectáreas de terreno, bajo propiedad conjunta de Guyrã Paraguay y la Unión de Comunidades de la Nación Yshir (UCINY). La zona a la que se refie-re el componente del Chaco-Pantanal se encuen-tra en el territorio del pueblo indígena Yshir. De acuerdo a la solicitud del proyecto, los Yshir han asegurado su “sólido apoyo” a la iniciativa. Luego de la conclusión del proyecto, los títulos de pro-piedad territorial se transferirían en su totalidad a la UCINY. El proyecto proporcionaría a la co-munidad de los Yshir un dólar estadounidense por hectárea a lo largo de un período de 20 años, para medidas en beneficio de la comunidad.

Aparte de ello, miembros de la comuni-dad recibirían capacitación en la gestión cien-tífica de proyectos de protección de la natu-

raleza y trabajarían no solamente en el área adquirida, sino también en otras zonas de pro-tección. Adicionalmente, se comprarían otros terrenos que se pondrían a disposición para la protección de la naturaleza.1 Este proyec-to fue sumamente criticado por parte de la Coalición Mundial por los Bosques (Global Forest Coalition) por diversos motivos. Aquí les presen-tamos extractos del documento pertinente:

“No había ni una reunión de consulta con los Pueblos Indígenas afectados por los dos proyectos: las reuniones que han organizado tenían ante todo un carácter informativo. El proceso no cumplió con los requisitos de ser una consulta en términos estipula-dos por la ley. El proyecto tiene como objetivo influir en la política de biodiversidad más allá de la zona del proyecto de La Amistad y el territorio Ishir, y afec-ta a los territorios, en particular los Pueblos Mbyá Guaraní (dentro y alrededor de La Amistad) y el Pueblo Ayoreo (en el Chaco-Pantanal) . Estos Pueblos no han dado su consentimiento libre y previo infor-mado a este proyecto.”

El proceso de certificación quedó a cargo de la Fundación Rainforest para la “Alianza de Clima, Comunidad y Biodiversidad” (Climate, Community and Biodiversity Alliance – CCBA), la cual ha desarrollado un procedimiento están-dar reconocido internacionalmente (CCBS por sus siglas en inglés). A esta alianza pertenecen, entre otros, la empresa British Petroleum/BP, Hyundai e Intel, así como la Fundación Kraft.

1 Para más detalles relacionados con el proyecto, véase: https://s 3 . a m a z o n aw s . c o m / C C B A / P r o j e c t s / T h e _ P a r a g u ay _ Fo r e s t _ Conservation_Project-Reduction_of_GHG_emissions_from_deforestation_and_ forest_degradation_in_the_Chaco-Pantanal_ecosystem/Chaco_PDD__CCBA_Validation_Final_Version_October_2011%5B1%5D.pdf

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Capitulo 1 REDD+

a los países en desarrollo en la fase de preparación (REDD+ Readiness o Fase 1), en la que deben for-mular estrategias y establecer estructuras REDD+ con miras a su posterior implementación. Con tal fin, se identifican los factores impulsores naciona-les de la deforestación y se ponen en marcha pro-gramas para identificar las tasas de la misma.

Estos programas distan mucho de ser perfec-tos, sobre todo respecto al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Faltan, sobre todo, las consultas y los procesos de consentimien-to amplios con la población que vive en los bosques y de ellos. Además, se suelen concebir medidas di-rigidas en especial al ciudadano común, no así a las grandes corporaciones o los gobiernos como principales responsables del problema. Por otro lado se ha llegado a identificar medidas cruciales, como la lucha contra la corrupción, las reformas del derecho a la propiedad de la tierra a favor de pequeños campesinos y pueblos indígenas, un me-jor control de la tala ilegal e incluso – en el caso de Colombia – la reforma de la legislación minera en beneficio de la protección de los bosques.

En Indonesia y en Laos, estos debates llevaron por primera vez a reconocer la existencia de gru-pos poblacionales que viven en los bosques y de ellos. ONU-REDD y el programa FCPF del Banco Mundial han definido un “enfoque común” (“com-mon approach”) para las medidas de protección, el cual prevé también un mecanismo de denuncias por parte de la población local. Este enfoque es re-lativamente avanzado, pero no alcanza en absoluto el nivel necesario para un tema tan central: en lu-gar de un “consentimiento libre, previo e informa-do” de la población, sólo se espera lograr una “con-sulta libre, previa e informada”. Con la formulación de una política forestal a nivel nacional, se define el marco para REDD+.

La voluntad política de reforma, instituciona-lización y participación de la población es decisiva para el éxito de los proyectos REDD+. En la medi-da en que los respectivos gobiernos a cargo de pro-yectos reconocen el CLPI, se hace posible exigir-lo. En ese caso, se mantiene abierta la posibilidad de obtener o no un financiamiento a través del co-

mercio de emisiones. Los enfoques de los niveles siguientes, sin embargo, pueden ser parte de esta estrategia general.

Otros de los llamados proyectos REDD+ son implementados por estados federados, provincias o agrupaciones ambientalistas. Estos actores defi-nen nuevas zonas protegidas, administran las ya existentes y llevan a cabo proyectos piloto concre-tos de REDD+. Éstos poco se diferencian de los clásicos proyectos de protección de la naturaleza, pero intentan cuantificar los beneficios de estas zo-nas naturales protegidas para el clima.

De este modo, se aspira a recopilar valiosos resultados y experiencias sobre el balance climá-tico de los bosques, así como sobre los métodos de cálculo. Si bien estos proyectos se denominan REDD+, en la realidad no tienen nada en común con el mecanismo REDD+ que se negocia bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. Siguen sus pro-pias reglas y no prevén la posibilidad de denuncias para la población local. Muchos de estos proyec-tos subrayan que no necesitan un sistema de de-nuncias porque buscan traer desarrollo a las comu-nidades y no imponer restricciones. Aparte de la asesoría en cultivos agrícolas e iniciativas de co-mercialización para productos no madereros, a me-nudo incluyen pagos por servicios ambientales. Se basan en contratos a largo plazo en los que la po-blación se compromete en hacer un uso sostenible del bosque y protegerlo, por el recibe de una com-pensación anual. Un ejemplo muy connotado es la llamada “Bolsa Floresta” en el estado federado del Amazonas (Brasil).

1.3.2 Paralelamente a ello, algunos actores privados emprenden proyectos de protección de la naturaleza

Para ello, por ejemplo, adquieren derechos (de uso) de la tierra e implementan proyectos de conservación, que convierten las reducciones de emisiones efectuadas en derechos de emisión. Posteriormente venden estos derechos en el llama-do mercado voluntario, que viene creciendo en for-

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REDD+ Capitulo 1

ma vertiginosa. También algunos sistemas de co-mercialización de certificados de emisiones en los Estados Unidos aceptan tales certificados, si es que se atienen a determinados estándares (poco exigentes). Estos proyectos casi siempre persiguen un enfoque de pagos por servicios ambientales. Las entidades a cargo del desarrollo de proyectos son organizaciones de protección de la naturaleza y empresas privadas.

Las dos últimas categorías representan aque-llo que suele entenderse como REDD+, dado que constituyen los ejemplos más conocidos y se mer-

cadean como “mejores prácticas” en cuanta con-ferencia se organiza a nivel mundial. A menudo traen consigo desarrollos positivos, tales como in-gresos (de menor cuantía) y mejoras en las escuelas y la atención de la salud. Sin embargo, con frecuen-cia generan conflictos graves al interior de las co-munidades, y entre éstas y los responsables de los proyectos. La principal crítica es que el énfasis en este tipo de proyectos no hace sino reforzar el es-tereotipo de los pequeños campesinos como prin-cipales responsables de la deforestación. Esto libe-ra de toda culpa a otros grandes impulsores de la misma.

Mercado voluntario para proyectos forestales

La protección de los bosques es algo que sen-cillamente “se vende” muy bien. Por todas partes surgen supuestos proyectos REDD+ que comer-cializan los llamados Certificados de Reducción Verificada de Emisiones (certificados VER por sus siglas en inglés). En 2011, el mercado mundial de carbono ascendía a alrededor de 1420 millo-nes de dólares y el mercado voluntario a 424 mi-llones de dólares. El mercado voluntario basado en la protección de los bosques está en auge.

En realidad, como veníamos diciendo, estos enfoques basados en proyectos actualmente no forman parte de REDD+. Sin embargo, los gobier-nos de los países en desarrollo pueden autorizar o incluso apoyar este tipo de proyectos como com-ponente de la estrategia REDD+, a fin de alcan-zar sus metas nacionales de protección forestal.

En forma análoga, se han desarrollado tam-bién muchos estándares de certificación. Un gran número de éstos desea ofrecer a los comprado-res de los derechos de emisión la certeza de que han hecho algo bueno por el clima y el desarrollo. No obstante, incluso un análisis somero muestra que los estándares a menudo ni siquiera aspiran a ofrecer garantías: únicamente la mitad de los once estándares más conocidos en Alemania exi-ge en sí la participación de la población local, y en la mayoría de los casos ésta hace las veces de fa-chada. Sólo tres de los estándares demandan una

transmisión de información adaptada a la cultu-ra local.

Tampoco plantean el requisito de aclarar los conflictos en torno a los derechos de propie-dad de la tierra, ya sea presentes o pasados. En cambio, el “Estándar de Clima, Comunidad y Biodiversidad” (CCBS) y el estándar “Plan Vivo” para proyectos de tipo climático-forestal sostie-nen querer garantizar los derechos humanos y un éxito sostenible de los proyectos en el ámbito so-cial y ecológico (en la medida en que estos crite-rios puedan exigirse plenamente).

Todavía no se cuenta con estudios completos para demostrar que los certificados pueden ga-rantizar estos aspectos en toda su extensión. El precio promedio de los certificados del mercado de carbono para bosques primarios ha experi-mentado en los últimos años un aumento consi-derable: ha subido de 3,8 dólares por tonelada de CO2 en 2008 a 4,5 dólares en 2009 e incluso a 5,5 dólares por tonelada de CO2 en 2010.

En el contexto indígena, la reflexión sobre REDD+ y proyectos posibles debe incluir tam-bién el conocimiento sobre el funcionamiento de estos mercados y sus actores para poder identifi-car bien con quienes se llegara a establecer con-tactos y eventuales compromisos de cooperación con las obligaciones correspondientes.

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Capitulo 1 REDD+

Actualmente, todas las medidas piloto se ca-racterizan por el alto costo para calcular los ba-lances de emisiones. Cinco de los 26 países ya han presentado un presupuesto estimativo de sus “planes de preparación para REDD+” al Banco Mundial, donde se observa que destinan más del 40% del mismo a determinar cómo evolucionarían las tasas de deforestación si no se implementara el programa (esto representa el llamado nivel de refe-rencia o línea de base).

Independientemente de las negociaciones de las Naciones Unidas, cabe esperar que el mercado voluntario de los derechos de emisión y los merca-dos regionales de comercialización de emisiones si-gan desarrollándose vertiginosamente.

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Protección de los bosques para el clima Capitulo 2

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En los debates en torno a REDD+, se subra-ya una y otra vez la necesidad de respetar los de-rechos y conocimientos de los pueblos indígenas y garantizar su participación en las actividades correspondientes.

Los debates muestran claramente que mien-tras tanto existe una comprensión fundamental de la dependencia de los pueblos indígenas de los bos-ques. Sin embargo, la implementación de proyectos termina por resultar muy difícil. Muchos ejemplos indican que es poco menos que imposible, tratar de impulsar desde fuera proyectos de protección que verdaderamente garanticen y protejan los dere-chos de los pueblos indígenas de manera integral. Para lograr que esto sea factible, se requiere de co-nocimientos fundamentales sobre las comunida-des y los pueblos indígenas que están involucrados en estos procesos y/o se ven afectados por ellos.

A modo de ejemplo, describiremos aquí algu-nos aspectos seleccionados de las culturas de los pueblos indígenas que habitan en las llanuras de América del Sur, en especial las comunidades del Gran Chaco y de la Amazonía. Las diferencias en-tre ellas son numerosas – y siempre deben tomar-se en cuenta cuando se trata del encuentro concre-to y la cooperación con los distintos pueblos y las comunidades de estas regiones. Sin embargo, tam-bién hay mucho que las une y las distingue de los pueblos y las culturas de otras grandes regiones, como la zona andina.

Capitulo 2

Protección de los bosques para el clima – un desafío especial para los pueblos indígenas

Las siguientes indicaciones no apuntan a des-cribir pueblos individuales, que existen concreta-mente, sino mostrar algunos elementos básicos destinados a conformar una sociedad. Si bien de-bido a procesos históricos estos elementos están más presentes en algunos pueblos, mientras en otros sólo se perciben vestigios o un débil rema-nente, hasta el día de hoy representan un funda-mento importante de la identidad y dinámica de estos pueblos.

En general, se trata de muchas sociedades re-lativamente pequeñas, con diferentes idiomas, cul-turas materiales y experiencias históricas específi-cas con el colonialismo. Precisamente este último tuvo una gran influencia sobre las condiciones en las que los distintos pueblos y comunidades viven o tienen que vivir actualmente. Incluso se perci-ben grandes diferencias en el interior de una mis-ma etnia.

Así, existen pueblos que han mantenido con-tacto con la sociedad occidental-colonial desde los primeros tiempos de la colonia, pero hasta la fecha todavía celebran importantes fiestas y rituales tra-dicionales. Otros, en cambio, han atravesado por una larga fase de supervivencia clandestina como “población rural”, unida a la pérdida de su idioma y de muchos elementos importantes de su cultura histórica, después de lo cual optaron – hace rela-tivamente poco tiempo – por recobrar sus propias raíces culturales e históricas.

En muchas regiones del planeta, son los pueblos indígenas los que mantienen una relación más estrecha con los bosques, por un lado debido a su cultura, su historia y sus formas de vida, y por otro porque a menudo sólo logran vivir o sobrevivir allí donde los conquistadores y colonizadores no llegaron a penetrar ni ocupar los territorios. Pero hoy en día, aun en las regiones apartadas se ven amenazados por la deforestación, la sobre explotación y la destrucción. Aparte de ello, los últimos territorios de refugio a menudo se convierten en zonas naturales protegidas, lo cual suele representar para ellos una gran restricción. Tal como se señaló anteriormente, REDD+ podría reforzar esta tendencia.

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Capitulo 2 Protección de los bosques para el clima

Aparte de ello, existen pueblos con algunos miembros y grupos que hasta el día de hoy optan por no tener un contacto permanente con la socie-dad nacional. Éstos viven en los bosques de las lla-nuras sudamericanas y conservan y encarnan el modo de vida tradicional. Estas pocas diferencias son ya un indicio de la enorme diversidad de hábi-tats y realidades de los pueblos indígenas.

Los elementos que unen a las etnias indígenas de las llanuras (y las distinguen de los pueblos an-dinos) se relacionan con sus culturas y sociedades tradicionales. En la región andina, hace ya más de 4000 años que surgieron sociedades urbanas, que se siguieron desarrollando hasta convertirse p.ej. en el imperio incaico. Este último contaba con una avanzada división del trabajo y una sociedad de clases estratificada, instalaciones diferenciadas de agua y un sistema vial e infraestructural de amplio alcance.

Frente a ello, las etnias de las llanuras poseen una jerarquía manifiestamente horizontal, que en muchos casos apenas supera el grupo local propio, si bien en distintas regiones hay indicios de una je-fatura tribal de mayor alcance.

Por su parte, los proyectos REDD+ y sus im-pactos sobre los pueblos indígenas dependen de tres aspectos decisivos: ¿Qué relación mantienen con el medio ambiente y la naturaleza, incluyendo el territorio que habitan y usan, y qué derechos tie-nen sobre este último? ¿Cuál es su forma de organi-zación y cómo se les debería consultar? ¿Cuáles son las cosmovisiones preponderantes y qué influencia tendrán sobre ellas los proyectos de protección de la naturaleza?

La diferencia cualitativamente más importan-te entre las etnias indígenas de las llanuras se pre-senta entre aquellas que tradicionalmente han sido o siguen siendo comunidades de cazadores y reco-lectores en forma predominante o incluso exclusi-va, y aquellas que se dedican más bien al cultivo de la tierra.

Las explicaciones detalladas a continuación no aspiran a describir pueblos individuales con

una existencia concreta, sino sólo señalar algunos elementos sociales básicos, que existen de mane-ra análoga o similar en todos los pueblos de las lla-nuras. Si bien, debido a procesos históricos, los ele-mentos están más presentes en unos que en otros (donde ya casi no existen o sólo de forma débil), conforman hoy en día un importante fundamento de la identidad y dinámica de los pueblos.

2.1 Cosmovisión y relación con la naturaleza

En el debate en torno a posibles cooperaciones en proyectos REDD+, el tema de la legitimidad de la propiedad de la tierra juega un rol fundamental. En este sentido, el tema de la propiedad ya de por sí representa un concepto difícil de entender para algunos pueblos. Pero antes de adquirir un com-promiso contractual y financiero de muchos años e incluso décadas en el marco de posibles proyec-tos REDD+, prácticamente toda organización (em-presa, Estado, banco, etc.) desea aclarar quién es el dueño y/o propietario legal de las tierras en las que se implementaría el proyecto en cuestión. Se par-te del supuesto de que existen los correspondientes títulos de propiedad de la tierra ó – en el caso del Brasil – la constancia de que se trata de “tierra in-dígena homologada”. La clarificación de este pun-to es fundamental también para los pueblos indí-genas, por motivos aún mucho más trascendentes.

Al tratarse de pueblos con una tradición cul-tural de cazadores y recolectores, el análisis de su relación con el espacio geográfico y el territorio muestra que su ocupación del espacio no se vin-cula con la demarcación de un punto de referencia fijo (un centro, un asentamiento, etc.). Más bien, se basa en la existencia de una red de caminos con campamentos o instalaciones habitables más o menos frecuentadas.

Cuando hablamos aquí de “culturas de caza-dores y recolectores” o de “culturas de agriculto-res”, estos conceptos se refieren a las estructuras y fundamentos culturales de un pueblo indígena

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Protección de los bosques para el clima Capitulo 2

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de la actualidad. No significa que los pueblos ac-tuales sigan viviendo obligatoriamente según las costumbres y las formas tradicionales. Muchos han integrado en sus vidas diversos elementos de la economía global de mercado y de las socieda-des nacionales. Pero esto ha sucedido y sigue suce-diendo acorde con sus antecedentes y sobre la base de sus propios cimientos culturales, que se diferen-cian de los de las culturas inmigrantes. Un peón agrícola con raíces indígenas y arraigo en su comu-nidad es distinto a uno cuyos antepasados inmi-graron de Alemania, aunque posiblemente ambos trabajen para el mismo empleador en una estancia o una fazenda brasileña.

Aunque existen lugares donde en la temporada de lluvias conviven grupos más grandes durante cierto tiempo, en la estación seca estos pueblos de tradición cultural de cazadores y recolectores bus-can lugares de campamento más pequeños, donde se establecen y habitan durante plazos más cortos. Y si bien sobre todo los campamentos más impor-tantes y de mayor tamaño se ocupan en forma re-petida y con mayor frecuencia, no es posible hablar de aldeas sedentarias que representen un entorno más familiar y hogareño, delimitado frente al terri-torio ajeno y silvestre.

Gracias a los frecuentes desplazamientos y la constante exploración de los bosques, estos pue-blos se sienten como en casa dondequiera. En to-das partes encuentran huellas de acontecimientos pasados, históricos y míticos, los cuales se reflejan en los nombres de los lugares y se rememoran o re-viven cada vez que se retorna al lugar. Usualmente no se trata de monumentos visibles, sino de carac-terísticas más o menos pasajeras de la naturaleza (una marca, un árbol en particular, etc.) que sólo son reconocidas por aquellos que conocen su sig-nificado. El entorno del bosque es, por lo tanto, un mundo que les resulta familiar. El campamento no se distingue de este entorno como un espacio do-méstico, como es el caso de las comunidades se-dentarias que viven en aldeas permanentes.

Las culturas de agricultores (como las del te-rritorio del alto Amazonas) habitan un mismo es-pacio durante períodos comparativamente largos,

en promedio unos diez a quince años. No obstan-te, la mayoría de estos pueblos también mantiene una relación de dependencia e intimidad con el en-torno natural circundante, si bien disponen de una gran cantidad de las llamadas plantas cultivadas que conforman sus huertos y los atan a los alrede-dores de sus aldeas.

La motivación para el traslado de los asenta-mientos no es tanto el problema del agotamiento de los suelos, sino la disminución de los animales de caza y la durabilidad limitada de sus viviendas. En estos casos ya existe una diferenciación entre un espacio más familiar, utilizado por las personas de manera más intensiva, y el entorno silvestre cir-cundante (aldea organizada versus bosque adya-cente, huertos con cultivos más intensivos versus caza de animales y recolección de frutos silvestres, abastecimiento más estable en el espacio de la al-dea versus recursos más aleatorios del bosque).

El pueblo achuar de Ecuador establece aquí una diferencia entre las plantas que son cultivadas por el hombre y los cultivos de los guardianes espi-rituales (figuras míticas a los que también llaman “jardineros del bosque”). Sin embargo, la transición entre los huertos de la aldea y el bosque es fluida, y no se percibe como contrastante. De hecho, exis-ten distintas zonas de transición en un espacio de dos horas a partir de la aldea, que son visitadas y también utilizadas por las mujeres y los niños (véa-se Descola 2011, 7 ss.).

Desde la perspectiva de estos agricultores, el bosque se convierte en un huerto cultivado por los guardianes espirituales. Esto no es nada inusual en la región amazónica, si se considera que varios de los pueblos indígenas son perfectamente cons-cientes de que sus prácticas de cultivo tienen una influencia directa en la distribución y reproducción de las plantas silvestres.

Tanto los cazadores y recolectores como los agricultores (quienes siguen cazando y recolectan-do paralelamente a sus actividades agrícolas) con-templan a los animales del bosque no como objetos sino casi como seres humanos, a los que el caza-dor debe seducir y halagar para apartarlos de la in-

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Capitulo 2 Protección de los bosques para el clima

fluencia del guardián que los protege. Queda claro que – para los agricultores indígenas en la región amazónica – el bosque es un espacio social apenas menos familiar que el entorno inmediato de sus vi-viendas y sus huertos.

En relación con el debate en torno a los proyec-tos REDD+, estos aspectos no dejan de tener una gran importancia. De hecho, la diferenciación nula o escasa entre el entorno habitacional y vivencial más cercano, familiar y cotidiano y el bosque, el cual no es considerado como una jungla ajena y agreste, dificulta la delimitación de las zonas nú-cleo absolutamente protegidas, como suele ser lo usual. Para estos pueblos no existe ninguna zona donde la naturaleza (“silvestre” o “salvaje”) es vir-gen y pura, no sujeta a la influencia de la presencia humana y por lo tanto digna de protección. Ellos atraviesan todo el territorio y lo entienden como un hábitat integral.

Los principios fundamentales de los pueblos indígenas sobre la relación de los seres humanos con el bosque y con el entorno natural se enfren-tan al concepto que se ha consolidado a partir de la Época de las Luces y el correspondiente desa-rrollo de las ciencias naturales en la cultura occi-dental. Las cosmovisiones de las etnias indígenas consideran al bosque y al entorno natural como es-pacios sociales, con los cuales mantienen una re-lación integral – es decir, material, social y espi-ritual – de dependencia recíproca. En Europa, en cambio, a partir del siglo XVI surgió un distancia-miento creciente entre el hombre y su entorno, en-tre la cultura y la naturaleza. La física cartesiana otorga autonomía al espacio. A partir de esa épo-ca, el entorno se concibe y se representa en su di-mensión externa formal. La revolución mecanicis-ta del siglo XVII objetiva lo real. Desde entonces, el mundo, y con ello el entorno, se pueden fraccio-nar y analizar, con lo cual pierden su carácter de un todo compuesto por seres espirituales y socia-les. El ser humano se distancia de la naturaleza, la contempla y la investiga. Clasifica y categoriza el entorno en factores de planificación, elementos y recursos, que están a su disposición para sus pro-pias acciones, para que pueda dominarlos, consu-mirlos y administrarlos.

Estos mundos se enfrentan actualmente tam-bién en los debates en torno al cambio climático, aun cuando no se perciba la amplitud y profundi-dad de sus diferencias en los lugares de negocia-ción como Copenhague, Cancún y Durban, Doha. En efecto, las distintas cosmovisiones no pueden desplegarse y manifestarse plenamente en los es-pacios y los ritmos, los entornos y la comunicación de una cultura en vías de globalización y sus cen-tros de conferencias y de negociación.

2.2 Formas y estructuras organizativas

En relación con el derecho a un “consen-timiento libre, previo e informado” (CLPI),1 la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU-DDPI) menciona como contrapartes de diálogo y negocia-ción de los Estados a las “instituciones representa-tivas” de los pueblos indígenas (Véase, entre otros, los Art. 19 y 32 de la ONU-DDPI).

¿Cuáles son las instituciones representativas de los pueblos indígenas? En las conferencias y los congresos internacionales, suelen estar representa-das las organizaciones nacionales, regionales, in-terétnicas o pan-étnicas (instancias de coordina-ción, federaciones, confederaciones, instancias de articulación, etc.). Los organismos y las formas or-ganizacionales indígenas son muy diversos, como lo demuestran los participantes indígenas del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), que sesiona una vez por año. También en las llanuras de Sudamérica existen organizaciones a nivel suprarregional de la cuenca amazónica, a nivel regional en la parte bra-sileña (como también en los Estados aledaños, el Gran Chaco y Paraguay), a nivel regional y a nivel pan-étnico, las cuales cuentan con reconocimiento jurídico e interactúan con el Estado y la sociedad.

1 Para mayores detalles sobre el CLPI, véase el resto de este capítulo y también el anexo 1.

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Las organizaciones adquieren reconocimien-to legal y personería jurídica mayormente sobre la base del código civil vigente en los respectivos Estados, o de las leyes específicas para pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, en Paraguay se trata de la ley 904/81. Estas organizaciones sue-len ejercer el rol de la representación externa de los pueblos y las comunidades indígenas.

¿Pero cómo funciona la organización interna de los pueblos indígenas? ¿Cómo se toman las deci-siones y cómo se constituyen la autoridad y la jerar-quía? De esto depende en gran medida la dinámica y la posibilidad de la representación de intereses, también a nivel externo.

En la mayoría de los pueblos indígenas de las llanuras, la familia extensa forma la unidad bási-ca a nivel social y político. Es la estructura social más sólida, que convive de manera permanente y representa el núcleo de las comunidades y los pue-blos indígenas.

Incluso en los pueblos nómadas o semi-nóma-das, la familia extensa tiene por costumbre perma-necer unida también durante las migraciones pe-riódicas o estacionales. Aparte de ello, varios (pero no todos) los pueblos indígenas cuentan con es-tructuras tipo clan. Éstas suelen basarse en un pa-rentesco mítico y funcionan como otro principio organizativo que abarca a todo el pueblo. Por lo tanto, el arraigo social de una persona individual dentro de la comunidad depende de su familia, por un lado, y de su pertenencia a un clan, por el otro, de lo cual se derivan una serie de derechos y de-beres de parentesco, sociales, políticos y económi-cos. La vinculación “social” con el medio ambiente también se rige por el sistema de clanes, con lo cual se generan a su vez derechos y deberes frente a los parientes no humanos del clan.

Los principios organizativos que van más allá de estos fundamentos tienen que analizarse de ma-nera más específica para los respectivos pueblos. En efecto, el hecho de que una serie de familias vi-van juntas en aldeas no supone automáticamente la unidad de una comunidad aldeana como organis-mo sociopolítico que integra a todos los habitantes.

En una serie de proyectos, este supuesto ha lle-vado a problemas en la implementación, porque se daba por sobrentendida la existencia de una comu-nidad unificada y luego se veía con sorpresa que las decisiones aparentemente acordadas no se im-plementaban según lo esperado. En realidad, la unidad política resultaba ser de menor tamaño que la aldea, de modo que las contrapartes en el diálo-go con la organización ejecutora del proyecto no re-presentaban a toda aldea sino sólo a una parte de la misma.

Allí donde existen y funcionan unidades polí-ticas de mayor tamaño, se cuenta con líderes que gozan de autoridad más allá de sus familias y cla-nes. Sin embargo, a menudo esta autoridad no es de tipo estructural – es decir, institucionalizada en forma de cargos políticos – sino que está ligada a la capacidad del líder respectivo de resolver los pro-blemas que le presentan sus familiares y grupos de referencia.

Los líderes reconocidos, que gozan de una con-siderable y extensa influencia social y política más allá de sus familias, sus clanes y sus grupos loca-les, deben mantener un contacto regular y perma-nente con los respectivos grupos y aldeas, a fin de enterarse de todas las novedades y mantener una relación de confianza. Aparte de este rol frecuen-temente estable del líder político, en muchos pue-blos existen también las instancias de los caudillos de guerra, cuya autoridad es reconocida sobre todo gracias a sus capacidades estratégicas en caso de conflictos agudos y enfrentamientos bélicos. Sin embargo, este rol está ligado al surgimiento y la du-ración del respectivo conflicto.

Las crisis crónicas, tal como existen en el con-texto globalizado de los pueblos y las comunidades de hoy, no pueden ser administradas a través de esta instancia.

Más allá de la región bajo el dominio de este tipo de estructura y personalidad de liderazgo, es muy difícil ejercer un rol de líder de acuerdo a los principios básicos surgidos de las propias estructu-ras indígenas internas. Bajo estas condiciones, re-sulta imposible contar con una representación cen-

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Capitulo 2 Protección de los bosques para el clima

tral y pan-étnica a través de un líder que represente a todos los grupos y comunidades.

Si se considera a los grandes líderes de los mbya-guaraní, que eran reconocidos como ta-les en territorios bastante extensos de Paraguay y Argentina, se comprueba que éstos viajaban cons-tantemente por sus territorios, a fin de mante-ner sus contactos con los distintos grupos y aso-ciaciones locales, y cuidar de su bienestar y su integridad.

Bajo las condiciones actuales, las expectati-vas y exigencias planteadas a las organizaciones y sus representantes se han incrementado mucho y han cambiado considerablemente. Las organiza-ciones indígenas consideradas actualmente como tales han sido establecidas casi exclusivamente se-gún principios fundamentados y determinados por normas jurídicas de los Estados occidentales. Usualmente han obtenido reconocimiento como “asociaciones civiles”, y no corresponden siempre a los principios organizacionales internos y autén-ticos de las comunidades indígenas y su dinámi-ca (representación, comunicación, toma de deci-siones). Pero por lo general, automáticamente son consideradas por terceros como formas de organi-zación “genuinas”, como si correspondieran con las formas de articulación, los procesos de decisión y la dinámica de manejo de conflictos de la totalidad de sus miembros.

Muchas veces, es posible observar que una gran parte de una “comunidad” no se siente repre-sentada por sus delegados. Asimismo, puede darse el caso de varias organizaciones con personería ju-rídica frente a terceros, que al tratar con organiza-ciones responsables de proyectos o instancias esta-tales reclaman tener la representación (exclusiva) de una comunidad, como sucede, por ejemplo, en los conflictos en torno a tierras.

Las formas modernas de organización, que suelen ir más allá de la estructura de la comuni-dad, también se basan en modalidades definidas y manejadas por el derecho civil. Esto incluye, por ejemplo a las asociaciones regionales, las agrupa-ciones nacionales (federaciones, confederaciones,

coordinadoras, o también gremios sectoriales, aso-ciaciones de mujeres o de docentes, sindicatos, etc.). Aparte de ello, se observa el creciente nom-bramiento de indígenas para cargos y funciones existentes en las organizaciones y estructuras no indígenas. Se trata, por ejemplo, de membrecías en partidos políticos, representaciones políticas como miembros de parlamentos municipales, regionales o federales, asunción de cargos públicos, etc.

En forma más general, podría decirse que la personería jurídica reconocida por el Estado a me-nudo no responde a la dinámica organizacional in-terna de los pueblos indígenas. La ignorancia y/o la poca consideración de los conocimientos antropo-lógicos pertinentes ha llevado a la creación de su-jetos de derecho ficticios, como por ejemplo la figu-ra del “jefe” o “cacique”, y la supuesta existencia de una “comunidad”, que para los miembros del su-puesto grupo no existen como tal ni cuentan con legitimación. Una y otra vez, estas instancias resul-tan ser peligrosas y más bien destructivas para la supervivencia y la evolución de las actuales socie-dades indígenas. Esto se debe a que llevan a mal-entendidos, son manipulables desde fuera debido a la falta de un control interno, y pueden instrumen-talizarse a favor de intereses ajenos.

Consiguientemente, los delegados indígenas de organizaciones que representan a una región ex-tensa, un pueblo u otras unidades de gran tamaño, en principio sólo están en condiciones de ejercer funciones diplomáticas en el sentido de embajado-res. Las funciones de representación en un sentido más estricto, relacionadas con tareas ejecutivas en nombre y bajo la responsabilidad de los grupos re-presentados, con frecuencia superan las competen-cias reales de dichos delegados.

Muchos representantes indígenas que partici-paron en organizaciones y proyectos no llegaban a cumplir con lo que las personas usualmente ajenas esperaban de ellos. Al tratarse de negociaciones, los terceros externos suponían – según la lógica que toda persona ajena aplica a un rol de represen-tación – que los representantes indígenas conside-rarían las decisiones negociadas como vinculantes y las pondrían en práctica con sus representados.

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Pueblos en “aislamiento voluntario”

Debe concederse una especial atención a los pueblos y comunidades que siguen viviendo en sus territorios de manera autónoma e indepen-diente de los Estados constitucionales. En el mar-co de los debates internacionales sobre derechos humanos, estas comunidades reciben la deno-minación de “pueblos que viven en aislamiento voluntario”.

Se parte del supuesto que actualmente exis-ten unos cien grupos que viven en aislamien-to voluntario o sólo mantienen un contacto muy esporádico con los asentamientos circundan-tes (www.iwgia.org/culture-and-identity/isolated- indigenous-peoples). En Sudamérica, se encuen-tran en las regiones más apartadas de la cuenca amazónica y en el Gran Chaco en Paraguay y Bolivia. Se trata de pueblos nómadas que se de-dican a la caza, pesca y recolección, aunque al-gunos cultivan las tierras aledañas a sus asen-tamientos temporales. Debido a que cada vez se aceleran más la exploración y conquista de las úl-timas regiones forestales relacionadas, estos gru-pos se ven crecientemente expuestos a la violen-cia y a ataques que amenazan su sobrevivencia.

Como habitantes tradicionales de extensas regiones boscosas, estos pueblos cumplen un rol especial que debe ser tomado en cuenta en rela-ción con los debates sobre el mecanismo REDD+. De hecho, gozan de derechos, aunque ellos mis-

mos no conozcan el Estado y sus normas jurídi-cas constitucionales. Esto se plasma también en las directrices para la implementación del progra-ma REDD de las Naciones Unidas:

“Estos grupos son especialmente vulnerables y su participación a través de la consulta es casi im-posible. En consonancia con políticas multilate-rales de los Pueblos Indígenas, tales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Programa UN-REDD se compromete a respetar el derecho de esos pueblos a permanecer en dicho estado de aislamien-to y de vivir libremente según su cultura. A fin de sal-vaguardar la conciencia colectiva e individual física, territorial y la integridad cultural de estos pueblos, los proyectos que puedan tener posibles repercusio-nes en estos pueblos, sus tierras y territorios, o su for-ma de vida deberán incluir las medidas adecuadas para reconocer, respetar y proteger sus tierras y te-rritorios, el medio ambiente, la salud y la cultura y para evitar el contacto con ellos como consecuencia del proyecto.”1, 2

1 Citado literalmente de: ”Directrices operativas para el Programa ONU-REDD: Participación de los pueblos indígenas y otras comunida-des dependientes de los bosques”, 2010: www.un-redd.org/Portals/15/documents/events/20090309Panama/Documents/UN%20REDD%20IP%20Guidelines%20%5BSp%5D%2026Mar09.pdf

2 Política operativa sobre pueblos indígenas y Estrategia de Desarrollo Indígena del Banco Interamericano de Desarrollo, www.iadb.org/sds/doc/ind-111PolicyE.pdf

Pero dado que los representantes carecían de este poder debido a las estructuras organizativas reales de tipo sociopolítico, se les sometía a una presión que con frecuencia los llevaba a la deses-peración, al aislamiento, a la reclusión y a graves crisis de personalidad. Incluso algunos líderes de gran prestigio debieron someterse durante años y décadas a procesos de purificación y perdieron por completo su antigua autoridad.

Las decisiones que deben ser tomadas por la población de una región requieren de un proceso más largo y a veces muy dilatado, si es que se pre-

tende que sean sostenibles y tengan una base sóli-da. Tal como quedó demostrado por los procesos de titulación de tierras en Paraguay, estos trámi-tes pueden insumir un tiempo considerable, aun cuando las decisiones se limitan a grupos de gran afinidad y cohesión (por ejemplo, un grupo local o una aldea). Si se trata de problemas difíciles y com-plejos pueden necesitarse muchas reuniones y con-versaciones antes de que una decisión conjunta satisfaga a todas las partes interesadas. ¡Y no hay presión externa que logre acelerar este proceso! De hecho, cuando las decisiones se toman bajo presión – lo cual sucede con creciente frecuencia – es posi-

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Capitulo 2 Protección de los bosques para el clima

ble llegar a un resultado relativamente rápido, pero a largo plazo será imposible implementarlo. Más bien, dará lugar a nuevos conflictos.

Reiteradamente se observa que – fuera de sus propios territorios – los delegados participantes en grandes congresos, reuniones o procesos de nego-ciación afrontan graves dificultades cuando se tra-ta de mantener la comunicación con sus comuni-dades y agrupaciones para proveerles información y transmitirles los resultados de las negociaciones en torno a temas que podrían ser importantes para ellas. La mayoría de las veces estas dificultades no se deben a una falta de voluntad o disposición.

A menudo, los delegados se ven superados por las circunstancias, dado que el idioma, las cultu-ras de comunicación, los contenidos y el entorno les son tan ajenos que es imposible llegar a una tra-ducción – en el sentido de una transmisión cultu-ralmente adaptada. De esta forma pueden surgir voces críticas, cuando las comunidades de pron-to se ven confrontadas con proyectos, demandas y normas legales que supuestamente se han gene-rado con su participación. No son pocas las veces en que algún miembro de la comunidad exclama: “¡Nosotros no nos hemos enterado de nada!”

Éstos son temas muy difíciles y delicados cuan-do se trata de implementar el derecho al consenti-miento libre, previo e informado (CLPI) también en el marco de los debates REDD+. Con gran frecuen-cia no se tiene acceso a las discusiones al respecto, porque suelen considerarse “asuntos internos” de las organizaciones y comunidades indígenas y por lo tanto no se traen a colación. Por su parte, los or-ganismos y representantes indígenas son reacios a tratar el tema ante foros más amplios.

2.3 Posiciones indígenas frente a REDD+

Los pueblos indígenas se enfrentan a distintos desafíos cuando se trata del mecanismo REDD+, es decir, los cálculos relacionados con el pago de

servicios ambientales, donde se establecen diferen-cias dependiendo del grado de amenaza a sus te-rritorios. Cuando la amenaza es muy grave, las re-flexiones sobre la aplicación de REDD+ se ven más marcadas por motivos prácticos y estratégicos. En cambio, en las regiones y los territorios con una ecología más intacta, es más factible e importante llegar a debates de fondo sobre los conceptos indí-genas para la gestión del medio ambiente y los re-cursos naturales.

Aun tomando en cuenta todas las diferencias en las posiciones y estrategias de los distintos pue-blos y organizaciones indígenas, en todos los deba-tes en torno a REDD+ resulta de importancia fun-damental y decisiva el reconocimiento y la defensa de los derechos territoriales, así como el derecho al CLPI.

Las distintas posiciones frente a REDD+ y a los mercados de CO2 en el entorno indígena pue-den clasificarse básicamente en tres categorías:

1. Análisis crítico de los fundamentos y principios:

El concepto de los “servicios ambientales” y el pago por los mismos no despierta sino confusión e incomprensión en muchos pueblos indígenas. Aquellas organizaciones que someten este concep-to a un debate de principios, lo rechazan porque se opone a su propia cosmovisión. El medio ambiente tiene alma y por lo tanto no es una mercancía a la que los hombres pueden asignar un valor moneta-rio según les parezca, para luego venderla o comer-ciar con ella.

Se trata de una incomprensión conceptual y de principio – es decir, del rechazo del concepto de una valoración cuantitativa y monetaria según un es-tándar y una categoría (científica y abstracta) como lo es el CO2, que para muchos indígenas no existe, carece de lógica y no es aplicable en su entorno. Con ello surgen dudas sobre si en realidad es posible lle-gar a una decisión sobre un proyecto REDD+ en base a un CLPI implementado seriamente.

Esta crít ica responde a los sig uientes parámetros:

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• Mercantilización de la vida y del medio am-biente/ los recursos naturales (sacralización vs. mercantilización);

• El “capitalismo verde” es ventajoso para las empresas, pero no para los habitantes de los territorios;

• El Norte (los países industrializados) paga para librarse de su responsabilidad y su culpa respec-to del clima, en lugar de emprender cambios fun-damentales en su estilo de vida y su economía;

• REDD+ no mejora la protección de los territo-rios indígenas sino que, por el contrario, amena-za la soberanía de los pueblos indígenas, debido al condicionamiento contractual a largo plazo del uso de los bosques.

• A ello se opone otro modelo de vida:� “El buen vivir”;� Los principios indígenas que establecen una re-lación distinta con el medio ambiente y otro ma-nejo de los recursos naturales.

2. Enfoque político-pragmático:

Otra forma de proceder es la estrategia políti-co-pragmática de los pueblos y organizaciones in-dígenas. Al respecto no se trata de debates sobre conceptos ni cosmovisiones y su reconocimiento por contrapartes no indígenas en una negociación. Esta posición está muy extendida entre los pueblos indígenas y se basa en las experiencias tanto his-tóricas como actuales con el colonialismo, el racis-mo y el chauvinismo. La experiencia de muchos años les ha enseñado que la sociedad dominante no muestra ni comprensión ni disposición para un diálogo serio e intensivo. Los conceptos indígenas son considerados primitivos o románticos, u obso-letos y retrógradas, por lo que son ignorados y re-chazados como (ya) no relevantes frente a los desa-fíos urgentes de nuestros tiempos modernos.

En base a esta experiencia y al convencimiento – a veces consciente, a veces inconsciente – de que es imposible llevar a cabo un debate conceptual se-rio sobre los principios básicos de la relación entre

el ser humano y la naturaleza, las organizaciones indígenas partidarias de esta posición se esfuer-zan por adaptarse a las posibilidades que les ofre-cen los discursos actuales. Por lo tanto, tratan de aprovechar estratégicamente las negociaciones so-bre REDD+, servicios ambientales, etc. para la de-fensa de sus propios derechos e intereses.

En el marco de esta posición básica, cabe dife-renciar nuevamente dos variantes establecidas en niveles diferentes:

La negociación estratégica – “utilizar el REDD+ para la defensa de los intereses indígenas”

• Participación en actividades y proyectos preliminares

• Posicionamiento con criterios y requerimientos propios respecto de los siguientes temas:� Derecho de propiedad de la tierra;� CLPI;� REDD+ de tipo indígena.

En principio, el objetivo fundamental de REDD+ se acepta sobre todo en vista de que hay acuerdo sobre la idea básica de combatir la des-trucción de los bosques. Sin embargo, la meta de las negociaciones no es someterse a la monetiza-ción y los mecanismos propugnados por las empre-sas y los Estados en el debate en curso, los cuales – en coincidencia con la posición 2.2 – no son cues-tionados por los indígenas. Éstos tratan más bien de desarrollar un mecanismo REDD+ de tipo indí-gena, que se base en su propia cosmovisión y sirva para defender los derechos (fundamentales) de los pueblos indígenas (territorio; actitud de los indíge-nas frente a la naturaleza, el medio ambiente y los recursos; autonomía y autodeterminación, etc.).

En base a ello, se plantean cuestionamientos más profundos a REDD+, que incluyen, por ejem-plo, no concebir los bosques sólo como sumideros de CO2 y transformar las salvaguardias para que no sean solamente un mecanismo de protección dirigido a la implementación concreta de un pro-yecto REDD+ sino una garantía para el ejercicio general de los derechos indígenas.

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Capitulo 2 Protección de los bosques para el clima

El “Projeto de Carbono Florestal Suruí” (PCFS)

Los Paiter-Suruí habitan al noreste de Rondônia, en un territorio rodeado por una zona de alta densidad de población y un fuerte grado de desmonte. En el año 1969 tuvo lugar el primer contacto más permanente entre los Paiter y la po-blación no indígena. La reserva de los Paiter fue reconocida legalmente en el año 1983 bajo el nom-bre “Terra Indigena Sete de Setembro” (TISS). Algunos colonos ya asentados en el territorio de-bieron abandonar la zona.

Sin embargo, el área que rodea la reserva TISS ha sido objeto de un desmonte extremo y continúa sufriendo una fuerte presión por parte de los colo-nos. Los Paiter ocupan un territorio de aproxima-damente 247.845 hectáreas, en el cual se encuen-tran 25 aldeas Paiter. Para defender su territorio, se realizó un registro cartográfico del territorio y se les capacitó en el uso de tecnologías modernas, que les permitieron alcanzar una visión general documentada de su territorio a través del uso del Sistema de Información Geográfica (SIG).

Los “mapas culturales” (“mapas étnicos”) no sólo permiten recopilar los datos topográficos del territorio, sino también documentar aspec-tos de la riqueza de la relación e interacción que se ha ido desarrollando entre el hombre y el me-dio ambiente a través de generaciones, así como la presencia de plantas y animales y su significa-do para la alimentación, la medicación y las raí-ces espirituales.

El “Projeto de Carbono Florestal Suruí” (PCFS) surgió como iniciativa de los Paiter, espe-cialmente del líder Almir Suruí, en búsqueda de mecanismos de financiación para asegurar la im-plementación de una estrategia de protección de

los bosques, de mejorar la calidad de vida de la población, y de permitir la conservación de su cul-tura. El PCFS se sitúa dentro de un plan más ex-tenso (“plan de vida”).

En consecuencia, no constituye un emprendi-miento independiente. Es decir que tanto la mo-tivación como los objetivos no se basan solamen-te en la dinámica del proyecto, los contenidos y los recursos financieros del mismo. La variedad de instituciones no-indígenas que colaboran en el proyecto con diferentes calidades técnico-pro-fesionales y personales, impiden un dominio mo-nopólico de organizaciones contrapartes y la de-pendencia de los paiter de una sola organización de apoyo, como lo suele ocurrir con frecuencia.

Debido a su propia cultura organizativa tradi-cional, así como a los diversos intereses dentro de la comunidad, que son parcialmente contradicto-rios, no se ha concluido el proceso de consolida-ción organizativo y político. En muchos aspectos, éste recién se inicia. Existen grupos/comunidades que mantienen una distancia crítica frente al pro-yecto y su orientación, y que transitan su camino propio en su relación con el territorio.

Pero, por los motivos mencionados, sería sor-prendente si no fuera así. Por lo tanto será difí-cil que todos los grupos apoyen al proyecto de igual manera. Sería necesario reconocer esto como un elemento estructural y no intentar lo-grar una homogeneidad que se exhibiría a nivel externo pero casi no existiría a nivel interno. De hecho, en el marco de los debates sobre el CLPI esto siempre ha traído consigo cuestionamien-tos críticos relacionados con la “legitimidad” / “representatividad”.

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Protección de los bosques para el clima Capitulo 2

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Para el desarrollo de posibles proyectos propios de REDD+, los pueblos indígenas dependen en gran medida de asesoría, conocimientos y finan-ciamiento externos. Ya sólo el cálculo del potencial de almacenamiento de CO2 en sus territorios de-manda una investigación complicada y compleja, si es que se pretende realizar con seriedad.

Para ello hay que aplicar metodologías alta-mente profesionales, con base científica, que no están al alcance de los pueblos indígenas o sólo lo están de manera muy limitada. Aparte de ello, incluso los círculos expertos correspondientes si-guen discutiendo sobre si se deben llevar a cabo estos análisis y hasta qué punto hacerlo, dado que – por un lado – deben ser financiables y, por otro, deben proveer datos lo suficientemente garantiza-dos y comprobables.

3. Posicionamiento activo en el mercado de CO2 – “aprovechar lo que existe”:

Puesto que REDD+ se debate a nivel interna-cional, y los indígenas no pueden ejercer una in-fluencia decisiva sobre los resultados, se acomodan a las circunstancias existentes y tratan de adaptar-se a su lógica para lograr el mejor resultado posible para la defensa de su territorio y sus comunidades, así como de sus intereses y derechos.

• No se busca un debate fundamental sobre el rol y la significación de REDD+ en un sentido global.

• Se elaboran proyectos propios de almacena-miento de CO2 según la lógica de los mercados de CO2.

• Se utiliza estratégicamente el instrumento con los siguientes objetivos:� Encontrar nuevos aliados (para la protección de los territorios y el financiamiento de medidas/ proyectos);� Defender los territorios y los bosques;� Fortalecer a las comunidades;� Diversificar los riesgos para asegurar los ingre-sos (nuevas fuentes);� Reducir la dependencia frente a organizaciones individuales (mayor autonomía).

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Capitulo 3 Resultados y conclusiones

Capitulo 3

Resultados y conclusiones

3.1 Generales

• REDD+ no podrá proteger el bosque por sí solo, dado que únicamente se dirige a las causas na-cionales de la deforestación.

• A fin de convertirse en un componente efi-caz de la cooperación global para la protec-ción de los bosques, REDD+ debe financiar-se por otros medios y no por el comercio de emisiones.

• Aun así, REDD+ sólo podrá tener efecto si se cuenta con la voluntad política para la pro-tección de los bosques y se logra incluso incrementarla.

• REDD+ implica riesgos muy altos. Para poder aprovechar las oportunidades y excluir los ries-gos, el gobierno debe conceder a los pueblos indí-genas y los pequeños campesinos el derecho de participación y consentimiento en las medidas y asegurar así su eficacia. En particular las etnias indígenas deben ser consideradas, en este senti-do, no como “partes interesadas” sino como “ti-tulares de derechos”.

• Un enfoque de REDD+ reducido a la capacidad de almacenamiento de CO2 de los bosques, al-berga para los pueblos indígenas el peligro de que se deje de lado la relación más amplia entre el ser humano y el bosque cuando se trata de las negociaciones y el financiamiento de los proyec-tos respectivos.

• El reconocimiento jurídico y legal de los territo-rios indígenas y la disposición ilimitada de es-tos pueblos sobre sus recursos constituyen la base y el requisito indispensables para nuevas reflexiones sobre proyectos REDD+: ¿podrán di-chos proyectos responder al interés de los pue-blos indígenas de fortalecer la conservación y el uso de sus territorios? Y de ser así, ¿en qué medi-da? Todavía no existe una respuesta universal-mente aceptada a la pregunta de quién es el ver-dadero “propietario” del CO2 almacenado en los territorios indígenas.

• Con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los Estados reconocen de jure los derechos terri-toriales de los pueblos indígenas, independien-temente si poseen títulos de propiedad explíci-tos o no.

Para las negociaciones de REDD+, se deriva de ello el derecho y el deber de involucrar en las ne-gociaciones a los pueblos indígenas que cuen-tan con los respectivos derechos territoriales. Incluso si existen títulos de propiedad a nom-bre de terceros (propiedad privada, contratos de arrendamiento o concesiones, zonas natu-rales protegidas, etc.), no está permitido llegar a acuerdos sobre proyectos REDD+ sin involu-crar a los pueblos indígenas en cuyos territorios se encuentra el área en cuestión.

• Incluso si las comunidades indígenas reciben los dineros que les corresponden a través de los me-canismos REDD+, el verdadero problema sub-siste: la necesidad de desarrollar perspectivas de vida sostenibles y a largo plazo (gestión territo-rial indígena). Esto es algo que no se puede con-seguir sólo con dinero.

La implementación de REDD+ y de proyectos relacionados con REDD+ plantea desafíos especí-ficos precisamente a las comunidades indígenas, y todos los involucrados deberían estar muy cons-cientes de éstos:

3.2 Cosmovisión

• Basados en la existencia de su propia cultu-ra, su mentalidad, sus conceptos espiritual-religiosos y sus costumbres de vida, los pue-blos indígenas critican fundamentalmente el sistema económico dominante y la filosofía subyacente.

• Si se contempla el ciclo de carbono como par-te del sistema – en parte espiritual – de los pro-cesos naturales, éste también depende y es

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Resultados y conclusiones Capitulo 3

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administrado por guardianes espirituales, por la “madre tierra” o por otras fuerzas. Con la in-troducción de los mercados de CO2 y del meca-nismo REDD+, se procura despojar a estos seres de su fuerza creadora.

• Para la identificación de áreas que podrían en-trar en consideración para un financiamiento de proyectos relacionados con los bosques y el cli-ma, hasta ahora los métodos y procedimientos se han basado en el modelo del ordenamiento te-rritorial, orientado a los recursos.

Este modelo divide el área según distintas cate-gorías de protección y uso, como se suele hacer en la planificación para la protección de la natu-raleza. Un modelo de este tipo no es aplicable a largo plazo en un contexto indígena, dado que las formas y los requerimientos de uso se actua-lizan constantemente para adecuarse a las con-diciones vigentes. De este modo, una planifica-ción de 30 años y una determinación definitiva de las zonas de protección y uso a largo plazo re-sulta ilusoria e impracticable.

3.3 Mercado y dinero

• Si las comunidades indígenas llegasen a benefi-ciarse con algún flujo de fondos en el marco de REDD+, éste probablemente sería más bien pe-queño. Esto se debe a que se dedica mucho di-nero al cálculo de los balances de carbono y a cubrir los honorarios de los encargados de desa-rrollar los proyectos. Los precios de los derechos de emisión apenas alcanzan para cubrir los cos-tos de los proyectos.

• Aún cuando las comunidades realmente llega-sen a recibir mucho dinero a través de proyectos similares a REDD+, entonces – de forma análo-ga a lo sucedido con los pagos compensatorios de las empresas petroleras – cabría el riesgo de la falta de estructuras adecuadas de tipo político y administrativo para la gestión de los fondos. Por otra parte, estos pagos pueden llevar a conside-rables estragos y deterioros en las comunidades

y organizaciones, que se manifiestan no sólo en los aspectos económicos, sino también en el pla-no social y cultural.

• Los cálculos de los fondos destinados a las co-munidades indígenas que posibilitarían el alma-cenamiento de CO2 en sus territorios no se ba-san en las necesidades de las comunidades, ni en sus capacidades o condiciones para una gestión adecuada de los recursos financieros en cuanto a administración, planificación y distribución.

Tampoco se toman en cuenta las condiciones y las posibilidades de desarrollo de las comunida-des. Estos cálculos se orientan, más bien, en la capacidad de almacenamiento de carbono en el territorio, sin considerar las condiciones so-cio-políticas, económicas, y culturales de las comunidades.

3.4 Estado

• Se suele invocar la competencia del Estado como soberano en el ejercicio de sus funciones de con-trol y protección. Sin embargo, en muchos países del Sur, la realidad demuestra que “el Estado” no siempre ha cumplido con tal función de control, incluso en otros aspectos.

Por tal razón, para poder tener éxito las organi-zaciones multilaterales preparando REDD+ de-ben incidir en estos puntos. Esto presupone la voluntad política del gobierno.

• La insuficiente presencia de los órganos ejecuti-vos del Estado (fuerzas policiales, poder judicial, administración pública) para la defensa de los derechos territoriales y de propiedad de los indí-genas, despierta dudas sobre si podrá asegurarse una implementación sostenible de los mecanis-mos REDD+ en los territorios indígenas.

Tómese en cuenta que la presión externa para la explotación de los recursos naturales seguirá creciendo a corto y medio plazo, porque todavía no se avizora un cambio fundamental de para-

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Capitulo 3 Resultados y conclusiones

digmas en la economía global y la demanda de materias primas aumenta inexorablemente.

3.5 Consentimiento libre, previo e informado – CLPI

• El CLPI es un instrumento de gran importancia política, puesto que – si su aplicación es adecua-da – pone de manifiesto cuán complejos y difí-ciles son los procesos de decisión en el contex-to indígena. Dimensiones temporales y culturas políticas distintas, que a veces dificultan noto-riamente la toma de decisiones, en la mayoría de los casos no están previstas en las agendas de la planificación de proyectos, o se dejan de lado por considerarse desmesuradas e irrealizables.

• En las sociedades indígenas existe ciertamente el instrumento de la decisión autoritaria, que se aplica sobre todo en situaciones de conflicto. Sin embargo, se contrapone a los principios demo-cráticos ampliamente supuestos que, según se considera, subyacen al concepto del CLPI.

Es prácticamente imposible ejercer un control externo sobre el grado de consolidación de una decisión tomada en las comunidades y organi-zaciones. En el caso de situaciones conflictivas e intereses convergentes – también por parte de terceros – a menudo se esgrime el argumento de la insuficiente representatividad o una consulta no efectuada para dejar sin efecto las propuestas o los acuerdos tomados.

• En los proyectos para el comercio voluntario de emisiones, se llevan a cabo negociaciones sobre créditos de CO2 entre los compradores interesa-dos y los representantes indígenas. Los prime-ros esperan que los segundos cuenten con auto-ridad y competencia de decisión en materia de los bosques de sus territorios, y que – en el mejor de los casos – se respeten debidamente los me-canismos de decisión internos. Pero en numero-sas culturas indígenas, ninguna autoridad hu-mana tiene poder de decisión y de gestión sobre los bosques.

3.6 Corrupción y delincuencia

• Si bien la corrupción y la delincuencia en el marco de REDD+ no constituyen un tema es-pecífico que merezca tratarse aparte, sí cabe mencionarlo.

Dado que la implementación de los mecanismos REDD+ requerirá de una multitud de activida-des a ser asumidas por terceros (control de las salvaguardias, problemas de fugas (leakage), re-conocimiento de proyectos, estudios in situ para la demarcación de la zona del proyecto, identi-ficación de la capacidad de almacenamiento de CO2, etc.), en países con una relativa falta de ins-titucionalidad gubernamental, el tema de la im-plementación siempre involucra concretamente a los pueblos indígenas.

• De por sí, el sector forestal siempre ha sido co-nocido por ser altamente vulnerable a la corrup-ción, sobre todo en la industria maderera (véase, entre otros: Global Witness, 2011).

Pero también para la llamada “habilitación” de nuevos campos de plantaciones en los bosques primarios, los mecanismos de control de la au-torización y operación de los planes empresaria-les de explotación a menudo resultan insuficien-tes. Se ejerce presión sobre los pueblos indígenas para que vendan sus recursos madereros o trans-fieran licencias para la tala de bosques.

En las regiones con mayor inmigración, con frecuencia se producen amenazas y ataques violentos contra las comunidades indígenas. Programas exitosos de REDD+ deberían garan-tizar una incidencia también en este aspecto.

• Establecer un monitoreo adecuado incluso a ni-vel del desmonte y la tala de bosques suele ser muy difícil y en muchas regiones no puede ga-rantizarse su aplicación. Los mismos problemas se plantean también con respecto al monitoreo local y regional de un mecanismo REDD+, so-bre todo cuando los afectados son territorios indígenas.

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Recomendaciones Capitulo 4

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REDD+ parece ya ser una realidad y de hecho se viene implementando muchos proyectos usando este nombre- con diferentes contenidos. En última instancia, REDD+ será lo que los gobiernos nacio-nales quieran que sea, porque son fundamental-mente los países quienes determinarán las estrate-gias, las políticas y los programas que pondrán en marcha para asegurar la protección de los bosques. Esto puede significar que:

• eviten los proyectos de explotación y las medidas de infraestructura;

• establezcan zonas naturales protegidas,

• adjudiquen menos concesiones a empresas madereras,

• promulguen leyes para el uso de los bosques comunales,

• ofrezcan pagos por servicios ambientales como el agua y el CO2.

No obstante, también podría significar que los países puedan asignar territorios a inversores para el desarrollo de proyectos REDD+ sin antes aclarar los derechos tradicionales sobre la tierra, o hacer declarar las plantaciones forestales como bosques.

Serán necesarias amplias plataformas de diá-logo con la sociedad civil y campañas de cabildeo ante los gobiernos. Sin embargo, dada la existen-cia de otros problemas agudos, estas actividades a menudo superan las capacidades de las ONG y de las organizaciones indígenas. Toda estrategia REDD+ debería incluir el apoyo a los procesos de formación de libre opinión y el diálogo con la so-ciedad civil.

De ninguna manera las acciones del Estado, las actividades de cabildeo de las ONG y de los pueblos indígenas, así como el financiamiento de la protección de los bosques deben concentrarse sólo en REDD+. Aun así, el debate puede resultar provechoso para por lo menos posicionar la proble-mática de los pueblos dependientes de los bosques en el discurso internacional.

Capitulo 4

Recomendaciones

Es imprescindible acometer las verdaderas causas de la deforestación y la destrucción de los bosques. La destrucción de grandes superficies de bosques tropicales es causada ante todo por su transformación en cultivos agroindustriales, la de-predación de sus recursos madereros, la explota-ción abusiva de recursos minerales y los proyectos de infraestructura. No son las actividades agríco-las de la población rural las que causan esta de-vastación. La situación se ve agravada por las de-bilidades estructurales de los países afectados, aunque también contribuyen a ello las condiciones desfavorables del escenario internacional.

Es necesario lograr cambios a diferentes niveles:

• Por ejemplo cambios en el comportamiento de consumo, en el comercio y el financiamiento de grandes proyectos y la explotación de recursos naturales, en lugar de programas de protección forestal bien dotados. La transferencia de fondos de REDD+ no contribuiría mayormente a la des-aceleración de la destrucción de los bosques, ya que las causas principales de dicha destrucción no se deben a la falta de dinero, sino más bien a que se disponga del mismo.

• Independientemente de las negociaciones que pudieran llevarse a cabo sobre REDD+ en el contexto indígena, las garantías de la propie-dad de la tierra y de los derechos de uso de los pueblos indígenas en sus territorios deben go-zar de prioridad absoluta y constituir un requi-sito ineludible.

• En todos los temas relacionados con los terri-torios indígenas donde viven grupos en “aisla-miento voluntario”, deben tomarse en cuenta, protegerse y fomentarse los derechos de estos grupos.

• En todos los casos, los proyectos del mecanis-mo REDD+ deben formar parte de un concep-to más amplio de vida para la defensa y el uso del territorio (gestión territorial, plan de vida), basado en los principios existenciales de las co-munidades indígenas. Estos proyectos no deben

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Capitulo 4 Recomendaciones

ser un fin en sí mismos y tienen que subordinar-se a una estrategia y dinámica de mayor alcan-ce, surgidas de las situaciones y las necesidades locales.

• La interpretación de imágenes satelitales to-madas en regiones con alto porcentaje de su-perficies de desmonte muestra que aquellos te-rritorios indígenas que cuentan con seguridad jurídica albergan los bosques mejor protegidos. Esto pone de manifiesto que los pueblos indíge-nas cuentan con métodos que garantizan la con-servación sostenible de los bosques y ecosiste-mas. Debería reflexionarse sobre la posibilidad y la manera de convencer a los pueblos indígenas para que capaciten a otros actores. De tal forma que éstos quizás no tendrían un comportamien-to tan destructivo frente al medio ambiente (so-bre formas y sistemas de uso indígenas de carác-ter sostenible).

• Para muchos pueblos indígenas es difícil o impo-sible compatibilizar su propia espiritualidad con los sistemas de valores que no toman en cuen-ta el carácter holístico de las plantas, el agua, el aire y la vida en general. Porque – a pesar de su diversidad y sus diferencias – en la mayoría de los casos su cosmovisión integra en la percep-ción del entorno no sólo los aspectos materia-les y utilitarios de los objetos, sino también los componentes espirituales e incluso sociales. Por lo tanto, los procesos de adaptación y los esfuer-zos por mitigar el cambio climático deben, por un lado, tener en cuenta los derechos de vida de los pueblos indígenas, a los que pertenece tam-bién el ejercicio de su vida espiritual; por el otro, en lo posible considerar seriamente los requeri-mientos derivados de su cosmovisión y su modo de vida tradicionales: el respeto de la naturaleza – a la que diferentes pueblos y comunidades lo-cales llaman “madre tierra” – y de sus fortalezas y derechos. De lo contrario, en la mayoría de los casos es poco probable que se pueda contar con un CLPI.

• Las salvaguardias acordadas en Cancún, que reconocen los derechos indígenas, deben tomar-se en cuenta cuando se trate de estructurar los

mecanismos REDD+ a nivel nacional, así como en todo proyecto REDD+.

• Sin un ‘buen gobierno’ (sobre todo la lucha con-tra la corrupción), seguirá habiendo empresas y otros actores que tiendan a plantear exigencias exageradas y de índole engañosa en el comercio de emisiones, tanto a nivel local como nacional.

• Es necesario apoyo para que se preste mayor atención a los puntos de vista de los grupos po-blacionales que viven con los bosques y que no cuentan con poder o influencia política.

• Es indispensable emprender un análisis crítico profundo de las distintas visiones del mundo y del medio ambiente existentes, cuyo contenido aún no se conoce totalmente. De este modo sería posible reconocer la heterogeneidad y diversidad de enfoques y posibles programas para combatir la deforestación y la depredación de los bosques y promover su protección y conservación, e inte-grar conscientemente estos enfoques en las res-pectivas negociaciones.

Cuanto más se reconozcan y respeten los de-rechos de los indígenas en su propio país, tan-to mejor será su posición en las negociaciones de las estrategias y proyectos nacionales de REDD+. Aun así, también allí existe el peligro de que otros (como las empresas, los asesores o consultores y los proveedores de servicios) se queden con una buena parte de los pagos por la transferencia.

Control de iniciativas no estatales

Dado que el mercado de los derechos de emi-sión y de los proyectos de tipo climático-forestal apenas se atiene a estándares que resulten adecua-dos para limitar los conflictos y la exclusión de los grupos indígenas, los gobiernos deben reaccionar promulgando leyes para controlar a los actores del mercado.

Las organizaciones de desarrollo deberían con-cebir y ofrecer asesoría legal a los grupos afectados, a fin de apoyarlos – de ser necesario – durante las negociaciones de contratos y en caso de conflictos.

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Recomendaciones Capitulo 4

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Cuadro sinóptico de las medidas potenciales a financiarse dentro de la temática de REDD+, y sus posibles componentes positivos y negativos

Componente de REDD+ Posibles medidas con repercusio-nes más bien positivas

Posibles medidas con repercusio-nes negativas

Protección de los bosques • Evitar proyectos de explotación y medidas de infraestructura.

• Establecer zonas protegidas en las que se siga autorizando el uso tra-dicional y sostenible.

• Cierre de vías de acceso hacia co-munidades tradicionales, para debilitar su economía y forzarlas a migrar y establecerse en otro lugar.

• Zonas protegidas que excluyen a la población local.

Reducción de las superfi-cies forestales degradadas

• Zonas protegidas (en las que se autoriza el uso tradicional y sos-tenible), reforestación o regene-ración natural de superficies de-gradadas en cooperación con la población local.

• Zonas protegidas que excluyen a la población local;

• expulsión de pequeños campesi-nos e indígenas dedicados al cul-tivo de terrenos agrícolas sin que reciban compensación.

Detención de la tenden-cia a la degradación

• Apoyo a los pequeños campesi-nos e indígenas para el uso sos-tenible de las superficies, po-siblemente mediante sistemas agro-forestales.

• Prohibición de actividades agríco-las sin ofrecer alternativas.

Protección del carbo-no almacenado en los bosques

• Actividades forestales sosteni-bles según el Forest Stewardship Council (FSC), respetando altos estándares sociales.

• Explotación mediante plantacio-nes forestales.

• Plantaciones forestales después de la tala de los bosques naturales.

Uso sostenible de los bosques

• Actividades forestales comuni-tarias o cultivo de productos no madereros como las nueces del Brasil.

• Actividades forestales con bajos estándares de sostenibilidad, sin tomar en cuenta los derechos de propiedad o de uso de la tierra o los derechos territoriales.

Mejora de la capacidad de almacenamiento de car-bono en los ecosistemas forestales

• Actividades forestales sostenibles por parte de comunidades, muni-cipalidades o empresas

• Actividades forestales con bajos estándares de sostenibilidad, sin tomar en cuenta los derechos de propiedad o de uso de la tierra, in-cluyendo plantaciones forestales.

Se ha marcado en rojo los riesgos que deberían excluirse según los Acuerdos tomados en la Conferencia de las Naciones Unidas realizada en Cancún. Los riesgos que deben abordarse indirectamente se han marcado en color rosa.

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Capitulo 4 Recomendaciones

Recomendaciones para personas o entidades encargadas de desarrollar proyectos de tipo climático-forestal

Las personas o entidades a cargo de desarro-llar proyectos de tipo climático-forestal y los com-pradores de derechos de emisión necesitan de una alta sensibilidad cultural, paciencia y perseveran-cia para aclarar in situ la temática de los derechos de propiedad y de uso de la tierra con los habitan-tes e informarlos pertinente y debidamente so-bre las oportunidades y los riesgos del proyecto. Asimismo, deben tomarse en cuenta las particu-laridades culturales de la población local e involu-crarla en la planificación e implementación de los proyectos. Sin duda es duro aceptar el rechazo de una comunidad, cuando ya se ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en peritajes y viajes. Sin embar-go, no debe subestimarse el valor de obtener el res-paldo sólido y crítico de los habitantes para la eje-cución y el éxito del proyecto.

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Pueblos indígenas y protección de bosques Anexo I

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El aspecto que sin duda reviste la mayor impor-tancia para las negociaciones y los debates relacio-nados con las estrategias y proyectos de REDD+ que se dirigen a los pueblos indígenas se encuen-tra en la definición, interpretación y consideración del concepto del “consentimiento libre, previo e informado”.1 Este concepto se encuentra definido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP por sus siglas en inglés). Todas las organizaciones indí-genas, como así también las ONG de apoyo, men-cionan este derecho y lo consideran fundamental para todos los temas y las negociaciones pertinen-tes. Por este motivo le dedicamos un comentario especial.

Bajo el término de “consentimiento libre, pre-vio e informado” o CLPI (en inglés: “Free, Prior, Informed Consent” – FPIC) se concibe un derecho colectivo de los pueblos indígenas de participar en el proceso de toma de decisiones y otorgar o negar su consentimiento a la ejecución de actividades que afecten sus tierras, territorios y recursos o sus derechos en general. Un consentimiento debe otor-garse libremente y con antelación a la implementa-ción de medidas.

Además, debe basarse en una compresión am-plia de todos los aspectos que tengan relación con las correspondientes actividades y decisiones. A ello alude el término abreviado del CLPI (véa-se: Colchester, M. and MacKay, F., 2004 así como Seier, F. 2011).

Una serie de artículos de la UNDRIP hacen re-ferencia al CLPI. Los mismos se relacionan con te-mas vinculados con las tierras (Art. 10), las tradi-ciones culturales y la propiedad intelectual (Art.

1 El concepto utilizado en el texto original en inglés es “Free, Prior, In-formed Consent”. El concepto ha traducido al español por las propias Naciones Unidas, tal como se aprecia, por ejemplo, en el texto relativo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que figura bajo: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:QRtwCe0_IagJ:www.un.org /es/events/indigenousday/pdf/indigenousdeclaration_faqs.pdf+&hl=es-419&gl=pe&pid=bl&srcid=ADGEESjBpIW8TYkzTrex8kmBa79sD_9ptgllRX1TdtZO23XSIEFraztMwZeFErzlG1Y0dAYrZlvsJl3G cAKyLfBxyTZ98BKkn19EycEg27nZC2sr79rFgcg8b0HIkyCp0L8KL-v_UzCB&sig=AHIEtbSFBv--ZI7VFBzrRegI9KdupCKWCw

Anexo I

El derecho al “consentimiento libre, previo e informado” (CLPI)

11), medidas legislativas y administrativas (Art. 19), el medio ambiente y los recursos naturales (Art. 29) y el uso de tierras y recursos (Art. 32).

No se define en forma específica y vinculante cuáles son los aspectos precisos que deben cum-plirse para que una decisión pueda considerarse un “consentimiento libre, previo e informado”. En el marco de las actividades de las Naciones Unidas relativas a REDD+, se desarrollan directrices para lograr la participación de los pueblos indígenas. En el recuadro a continuación se detallan los elemen-tos que – en la opinión del programa ONU-REDD – deben formar parte de la aplicación del principio de un consentimiento libre, previo e informado.2

En las directrices destinadas a la implementa-ción de CLPI en el marco del programa UN-REDD se indica, entre otros:

• El Consentimiento libre, previo e informado debe ser respetado, y es esencial para asegurar la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas y otras comunidades dependientes de los bosques en la formulación de políticas y pro-cesos de toma de decisiones dentro de las activi-dades del Programa ONU-REDD.

• El Programa ONU-REDD debe asegurarse que exista una amplia representación de los pueblos indígenas, incluyendo mujeres y jóvenes, en to-das las fases de sus actividades (desarrollo de políticas, la concepción de las actividades, pro-gramas y proyectos de diseño, ejecución, super-visión y mecanismos de supervisión, la divulga-ción y la comunicación, el cierre y evaluación). Representación de los pueblos indígenas debe seguir la orientación proporcionada por las Directrices del GNUD sobre Cuestiones de los Pueblos Indígenas.3

2 Más detalles bajo: http://www.un-redd.org/Stakeholder_Engagement/Guidelines_on_FPIC/tabid/55718/Default.aspx

3 Texto proveniente de: “Directrices Operativas para el Programa ONU-REDD: Participación de los Pueblos Indígenas y otras Comunidades De-pendientes de los Bosques”, marzo de 2009.

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Anexo I Pueblos indígenas y protección de bosques

Como referencia sobre la definición del CLPI, el programa hace alusión a las siguientes normati-vas internacionales, en las cuales se consideran as-pectos relacionados con el CLPI:

• Directrices del Grupo de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDG por sus siglas en in-glés) sobre los Asuntos de los Pueblos Indígenas (2008);

• Declaración de las Naciones Unidas so-bre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007);

• Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) (1992);

• Convenio de la Organización Internacional del Trabajo N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales (1989).

Una serie de organizaciones multilaterales se refiere también al reconocimiento del CLPI en sus propias directrices de fomento. Por ejem-plo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la

• Libre debe implicar que no hay coerción, inti-midación o manipulación;

• Previo implica consentimiento que se ha solici-tado con suficiente anticipación a cualquier au-torización o comienzo de actividad y respeta el tiempo que requiere hacer consultas/consensos de procesos indígenas;

• Informado debe implicar que se proporcione información que abarque (por lo menos) los si-guientes aspectos: � la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibili-dad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesta; � el motivo(s), o el propósito del proyecto y/o actividad; � la duración de la anterior; � la localidad de las zonas que se verán afectadas; � una evaluación preliminar de las probables consecuencias económicas, sociales, cultura-les y ambientales, incluyendo los posibles ries-gos y la participación justa y equitativa en los beneficios, bajo un contexto que respete princi-pios de precaución; � el personal que probablemente intervendrá en la ejecución del proyecto propuesto (inclui-dos los pueblos indígenas, el personal del sec-tor privado, instituciones de investigación, los empleados públicos y otros);

� procedimientos que puede entrañar el proyecto.

Consentimiento

La consulta y la participación son componen-tes fundamentales del proceso de consentimien-to. Las consultas deben hacerse en buena fe. Las partes deben establecer un diálogo que les permi-ta encontrar las soluciones adecuadas en un am-biente de respeto mutuo, de buena fe y la partici-pación plena y equitativa. Las consultas requieren tiempo y un sistema eficaz de comunicación en-tre todos los interesados. Los pueblos indígenas deberían poder participar a través de sus propios representantes libremente elegidos u otras insti-tuciones tradicionales. La inclusión de una pers-pectiva de género y la participación de las mujeres indígenas es esencial, así como la participación de los niños y jóvenes, según corresponda. Este proceso puede incluir la opción de retirar el con-sentimiento. Consentimiento a cualquier acuerdo debe ser interpretado como los pueblos indígenas han entendido razonablemente.

Fuente: Extracto del informe sobre el Taller Internacional sobre Metodologías Relativas al Consentimiento Libre, Previo e Informado E/C.19/2005/3, autorizado por el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en su cuarto perío-do de sesiones en el año 2005.

Elementos de un consentimiento libre, previo e informado

35

Pueblos indígenas y protección de bosques Anexo I

35

Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial, etc., que son instituciones respon-sables por la cooperación financiera con el sector privado. En agosto de 2011, la CFI emitió su nuevo concepto de sostenibilidad. Según éste, las empre-sas deben primero presentar un CLPI de las comu-nidades indígenas antes de que se autorice el pro-yecto solicitado.

En líneas generales, puede comprobarse que los principios fundamentales del derecho a CLPI constituyen un hito cualitativamente nuevo e im-portante. De hecho, ya no se trata de los pueblos indígenas solamente participen o sean consultados respecto de los asuntos que les competen: con el re-conocimiento de CLPI, los pueblos indígenas se convertirían en instancias de decisión; ya que sin su aprobación no sería posible fomentar o imple-mentar ningún proyecto.

En relación con los debates en torno a REDD+, se opina incluso que la consideración más inten-siva del CLPI ha puesto de manifiesto el descuido del cual ha sido objeto este tema hasta el momen-to en todo el sector relacionado con la política fo-restal, inclusive a nivel internacional (RECOFTC/GIZ, 2011:8). En efecto, los proyectos a menudo se fomentaban (y se siguen fomentando) bajo el su-puesto de que los gobiernos y/o las ONG – según su responsabilidad en la ejecución de proyectos y las relaciones de cooperación – representan adecuada-mente a las etnias indígenas y las comunidades lo-cales y efectúan las debidas consultas, o por lo me-nos están calificados para actuar y negociar a favor de los intereses de los pueblos indígenas frente a las entidades de ayuda y organizaciones donantes que desean implementar los proyectos.

Esta concepción se ha basado en múltiples mo-tivos, generalmente pragmáticos, como por ejemplo:

• una complejidad muy elevada, demasiado tiem-po y otros requisitos para un eficaz proceso de consulta in situ;

• una posible falta de conciencia de las comuni-dades indígenas en relación con sus derechos de participación;

• escasa o inexistente conciencia de las organiza-ciones contraparte respecto de la necesidad de generar un consenso;

• incertidumbre con respecto a lo necesario para llevar a la práctica un sólido proceso de con-sultas con la correspondiente generación de consenso.

Específicamente en relación con REDD+, se discute sobre la aplicación del derecho al CLPI en dos áreas: junto con proyectos REDD+ individua-les, que posiblemente se implementen en territorios indígenas y tendrían como prerrequisito un CLPI, se requiere también la aprobación de los pueblos indígenas durante la preparación y elaboración de conceptos, directrices marco y programas de REDD+ en los contextos regionales, nacionales e internacionales. En líneas generales se observa que las organizaciones responsables de proyectos, incluso las provenientes del sector privado, que de-sean utilizar el mercado voluntario de CO₂, toman muy en cuenta el CLPI durante la formulación de sus proyectos individuales como un criterio y una condición para la adjudicación del financiamien-to, ya que es parte de los procesos de certificación correspondientes. Ahora bien, no existe una inter-pretación unánime al respecto por parte de estas organizaciones.

En setiembre de 2008, la Organización de las Naciones Unidas estableció el “Programa ONU-REDD”, con el objetivo de apoyar a los países du-rante la preparación e implementación de estra-tegias REDD nacionales. Actualmente se vienen fomentando las actividades contempladas bajo la fase de “Preparación para REDD” (REDD-Readiness) en 35 países. Las organizaciones de las Naciones Unidas que participan son la FAO, el PNUD y el PNUMA. Paraguay también forma parte de los países asistidos en este sentido. En el marco de este programa, el CLPI se considera un elemento esencial y se describen con mayor deta-lle los aspectos de su implementación. En coope-ración con el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII por sus siglas en inglés) y las organizaciones regiona-les, el programa ONU-REDD se esfuerza por mejo-

3636

Anexo I Pueblos indígenas y protección de bosques

rar las capacidades para la aplicación del CLPI. La Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) participó y sigue participando en los procesos de decisión relaciona-dos con la estructuración del programa.4

4 Declaración sobre los Programas UN-REDD en la 10a. Session de la UNPFII, 17.5.2011: www.unredd.net/index.php?option=com_docman&task =doc_download&gid=5356&Itemid=53

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Pueblos indígenas y protección de bosques Anexo II

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Anexo II

Catálogo de preguntas interculturales sobre REDD+ a nivel local y nacional

El siguiente catálogo de preguntas está desti-nado a servir de orientación para organizaciones contraparte, organizaciones indígenas e institu-ciones de beneficencia, y para aquéllos que traba-jan en el asesoramiento y apoyo a los pueblos indí-genas. No está concebido para ser utilizado como una encuesta directa en el marco de entrevistas. Más bien, apunta a promover la sensibilización so-bre los aspectos pertinentes y a servir de base para juzgar mejor si REDD+ puede ser utilizado para la defensa de los pueblos indígenas y sus territorios, y de qué forma se lo podría hacer.

CLPI:

• ¿Se ha considerado el derecho a un CLPI en el desarrollo de una estrategia nacional REDD+?

• ¿Cuáles son las medidas concretas que se adop-tan para respetar la participación y el CLPI de las comunidades indígenas durante la planifica-ción e implementación de los programas REDD+ que conciernen o afectan a territorios indígenas?

• ¿Cómo se controla y se garantiza la aplicación del CLPI? (durante el desarrollo de la estrategia nacional REDD+; durante proyectos REDD+ específicos)

Conocimientos indígenas y visión del mundo in-dígena (cosmovisión):

• ¿Cómo interpreta la comunidad indígena la re-lación entre el hombre y el medio ambiente? (creación del mundo / fenómenos / elementos → cosmogonía; ritmos estacionales; tabúes y su fundamentación; ¿qué sucede durante la caza y durante la siembra en sentido intelectual y espiritual?)

• ¿Qué conocimientos poseen las comunidades in-dígenas con respecto a la vida y los efectos de las fuerzas y los seres vivientes de su entorno?

• ¿Cuál es la relación que existe hoy en día con el “bosque” (en su diversidad)?� Presencia y fuerza o poder de entidades espirituales

� Práctica de rituales relacionados con la caza (siembra/lluvia-agua)� Comercialización de recursos naturales (pro-ductos madereros y no madereros)� Trabajo remunerado para terceros (interpreta-ción espiritual → relación con los “guardianes”)� Nomadismo / sedentarismo en el territorio (frecuencia del desplazamiento de poblaciones; excursiones de caza (individuales / grupales); siembra y frecuencia del desplazamiento de los cultivos)

• ¿Cómo estructuran su vida las comunidades indígenas con respecto al bosque y el entorno natural?

Derechos de propiedad de la tierra y los territo-rios / gestión y uso de la tierra:

• ¿Existe un reconocimiento de hecho y en la me-dida adecuada de los derechos de propiedad de la tierra y los territorios de las comunidades in-dígenas (cuantitativos, cualitativos, uso, acceso y protección / defensa)? ¿Poseen las comunida-des indígenas los documentos correspondientes?

• ¿Con qué experiencias cuentan las comunidades indígenas en la práctica en lo concerniente a la protección de su territorio frente a terceros?

• ¿Cuán fuerte es la presión de terceros para utili-zar y explotar los recursos naturales en territo-rios indígenas?

• ¿Cuán alta es la proporción de productos pro-ducidos localmente en el plan de vida de las comunidades?

• ¿Dependen los indígenas en la actualidad de la utilización / explotación de los recursos natura-les por parte de terceros? ¿Cómo explican / inter-pretan su situación de vida en estas condiciones? ¿Qué papel juegan los guardianes espirituales bajo estas condiciones?

• ¿Cuentan los indígenas con aliados para la de-fensa de sus derechos de propiedad de la tierra y los territorios?

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Anexo II Pueblos indígenas y protección de bosques

• ¿Han tenido las comunidades indígenas expe-riencias con programas y proyectos de protec-ción de la naturaleza? ¿Cuáles?

• ¿Conocen el manejo de los mapas culturales (“mapas étnicos”)? En caso afirmativo, ¿podrían utilizar las comunidades indígenas locales esta herramienta para el desarrollo de una estrategia REDD+?

Comunicación intercultural:

• ¿Les es posible a las comunidades indígenas lo-grar audiencia para expresar y transmitir sus principios de vida en el contexto nacional?

• ¿Hasta qué punto son aceptados e integra-dos los conceptos indígenas en las estrategias locales, regionales y nacionales de gestión forestal?

• ¿Cuáles son los esfuerzos que se emprenden para hacer esto posible?

• ¿Qué mecanismos de manejo de conflictos se aplican en el contexto intercultural? ¿Es factible su integración en una estrategia REDD+ para lo-grar la representación, la defensa y el respeto de los derechos indígenas?

Organización – liderazgo – representación:

• ¿Cómo se encuentran organizadas las comuni-dades indígenas a nivel interno?� Grupos familiares o de parentesco, clanes� Grupos locales, aldeas divididas en mitades, asociaciones regionales� Liderazgo y representación también frente a otros grupos del propio pueblo

• ¿Existen instancias de liderazgo o autoridad más altas que las de los grupos individuales? En caso afirmativo, ¿cuál es su legitimación?

• ¿Quién toma las decisiones con respecto a temas concernientes al territorio?

• ¿Cómo se generan las decisiones?

• ¿Qué arraigo tienen las organizaciones recono-cidas por el Estado en las propias comunidades?

• ¿Qué papel juegan terceros en las decisiones o en el proceso de toma de decisiones (políticos, em-presarios, misioneros, ONG que proporcionan respaldo, asesores, etc.)?

• A nivel interno, ¿cuáles son los colectivos impor-tantes para las decisiones (núcleo familiar, fami-lia extendida, partes de aldeas, aldeas, asamblea general de un territorio, parlamento, etc.)?

• ¿Qué papel asumen los grandes líderes (a nivel interno, a nivel externo) (embajadores, órganos ejecutivos, facilitadores, moderadores, etc.)?� Abastecimiento� Negociaciones� Defensa / protección� Manejo de conflictos

• ¿Es posible satisfacer las expectativas relaciona-das con estos roles? En caso negativo, ¿cuáles son los motivos?

• ¿Cuáles son las experiencias realizadas por la co-munidad / los líderes en la representación de los intereses ante terceros (cooperación en el proyecto, aseguramiento de los derechos de propiedad de la tierra, contratos laborales, uso de recursos, abaste-cimiento y servicios, salud, educación, etc.)?

• ¿Se cuenta con miembros de la comunidad que ocupan cargos públicos? En caso afirmativo, ¿qué rol juegan para la comunidad (proceso de toma de decisiones, representación de intereses, relación con las instancias superiores, etc.)?

REDD+:

• ¿Qué conocimientos poseen las comunidades in-dígenas sobre REDD+?

• ¿Cómo interpretan las comunidades indígenas el tema del CO₂ y su fijación?

• ¿Cuál es la percepción de las comunidades indí-genas sobre REDD+?

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Pueblos indígenas y protección de bosques Anexo II

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� En relación con la protección y defensa de su territorio� En relación con el acceso a los recursos finan-cieros y su aprovechamiento� En relación con su cosmovisión

• ¿Cuáles han sido las experiencias de las comu-nidades indígenas con el manejo de fondos des-tinados a proyectos, medidas y actividades de la comunidad?

• ¿Con qué instrumentos de control y gestión de recursos financieros se cuenta para asegurar el fortalecimiento de las comunidades indígenas en lo concerniente al uso sostenible de los bos-ques y la protección del territorio?

• ¿Es posible integrar a REDD+ en una estrate-gia de alcance más amplio para la defensa de te-rritorios indígenas (“plan de vida”)? (captación de posibles aliados para la defensa territorial; fortalecimiento de la implementación de dere-chos indígenas; planes para las prácticas de uso y perspectivas indígenas → Gestión Territorial Indígena /GTI)

• ¿Se continuaría garantizando o – en su defecto –peligraría el aseguramiento tradicional de la subsistencia a través de una estrategia REDD+? ¿De qué forma?

• En el marco de las estrategias y proyectos REDD+, ¿cuáles son los instrumentos que con-sideran los derechos de las comunidades indíge-nas que viven en aislamiento voluntario?

• ¿En qué medida se integra la cosmovisión de las comunidades indígenas en la planificación de la protección y el uso forestal sostenibles o en las estrategias REDD+?

4040

Bibliografía Pueblos indígenas y protección de bosques

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publications_files/The_case_of_the_ayoreo.pdf

Facts 33 Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques

Un nuevo instrumento para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para abordar las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra.

Descarga: www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_ Downloads/Fachinformationen/Aktuell/Facts_33_ Directrices_Voluntarias_Internet.pdf

Análisis 06¿Haciendo más profunda la Crisis Alimentaria?

El cambio climático, la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada.

Descarga:www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_ Downloads/Fachinformationen/Analyse/analyse_06_ spanisch_cambio_climático_et_crisis_alimentaria.pdf

Diálog0 09Las Mujeres Agricultoras y su Adaptación al Cambio Climático

Cuatro ejemplos de tres continentes del uso que hacen las mujeres del conocimiento local en la adaptación al cambio climático.

Descarga:www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_ Downloads/Fachinformationen/Dialog/Dialog_09_ Mujeres_Agricultoras_Internet.pdf

Facts 33

Directrices Voluntarias para la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los BosquesUn nuevo instrumento para los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil para abordar las cuestiones relacionadas con la tenencia de la tierra

¿Por qué son importantes las Directrices voluntarias para la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques?

Luego de haber sido fuente de subsistencia de la mayoría de la población mundial durante miles de años, la tierra y otros recursos naturales se han convertido en objetos de especulación, acapara-miento y expectativas con fines lucrativos para las elites, empresas internacionales y fondos de capital privado. Se calcula que en los últimos años por lo menos 80 millones de hectáreas de tierras agríco-las o aptas para la agricultura- de las cuales 60 mi-llones se encuentran en África- han sido objeto de transferencias transfronterizas de tierra (vía com-pra, arriendo o concesión) (http://landportal.info/landmatrix/media/img/analytical-report.pdf).

A menudo, los inversionistas y demás actores involucrados en estas transferencias no consideran los intereses de la población local en su toma de de-

cisiones. Es por ello que se necesitan mecanismos que lleven a que se tomen en cuenta estos intere-ses. Las Directrices sobre la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques determinan detalladamente por qué y cómo deberían establecerse tales meca-nismos y cómo leyes e instituciones públicas debe-rían considerar los derechos de acceso a la tierra y a otros recursos naturales. Asimismo, especifican la responsabilidad al respecto de los gobiernos, la cooperación internacional para el desarrollo, orga-nizaciones internacionales y otros.

Se calcula que a nivel mundial 525 millones de familias campesinas dependen de la tierra como su fuente de subsistencia por ser su base para la agri-cultura, la ganadería, la pesca y la recolección de productos forestales. Estas personas son las más vulnerables a perder sus tierras frente a los gran-des inversionistas. Muchas de ellas no poseen títu-los de propiedad u otros documentos sobre sus de-rechos a la tenencia de la tierra que usan sino que se rigen por el derecho consuetudinario.

Foto: Florian Kopp

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06 El Cambio Climático y la Crisis Alimentaria I Estudio

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¿Haciendo más profunda la Crisis Alimentaria?

El cambio climático, la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación adecuada

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09 Las Mujeres Agricultoras I Cambio Climático

Las Mujeres Agricultoras y su Adaptación al Cambio Climático

Cuatro ejemplos de tres continentes del uso que hacen las mujeres del conocimiento local en la adaptación al cambio climático

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Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo

Caroline-Michaelis-Straße 1D-10115 BerlinAlemania

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