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TRABAJO FIN DE GRADO DE TRABAJO SOCIAL

Situación actual de las Rentas Básicas. La repercusión de la crisis

económica en la pobreza y en la exclusión social española.

CURSO ACADÉMICO 2011-2012

AUTOR: Airam González Quintero

D.N.I.:78708886-B

CENTRO ASOCIADO: UNED La Laguna

TUTOR: Juan Manuel Herrera Hernández

Mayo 2012

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Índice.

1. Resumen (Abstract).

2. Introducción – Formulación del problema investigado.

3. Principales planteamientos teóricos recogidos:

3.1. Definición y alcance de la exclusión social.

3.2. Las Rentas Básicas en España, origen y caracteres fundamentales.

3.3. Un referente: la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del

País Vasco. Origen y finalidad.

3.4. La Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. Origen y caracteres

fundamentales.

3.5. Inclusión social mediante el empleo, ¿una finalidad irrealizable?

3.6. La lógica de la contraprestación en las Rentas Básicas.

4. Hipótesis de la investigación.

5. Metodología:

5.1. Objetivos.

5.2. Tipo de investigación.

5.2.1. Trabajo de campo.

5.2.2. Variables del estudio.

5.2.3. Técnicas de análisis de datos.

6. Presentación de resultados, discusión y conclusiones.

6.1. Presentación de resultados:

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6.1.1. Evolución del desempleo y la pobreza en España, especial mención a las

dos crisis económicas más destacadas de finales de siglo XX.

6.1.2. Evolución del desempleo y la pobreza en España en el último quinquenio

(2006-2011).

6.1.3. Análisis comparativo de las Rentas Básicas en España. Especial mención

de la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del País

Vasco

6.1.4. Evolución de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid

durante el período 2006-2010.

6.2. Discusión.

6.3. Conclusiones:

6.3.1. Situación deficitaria del Estado de Bienestar español y la nula repercusión

positiva que la etapa 2000-2007 supuso para descender las tasas de pobreza.

6.3.2. Situación actual del desempleo y la pobreza así como la posible evolución

de las mismas.

6.3.3. Estado de las RB, disparidad autonómica, desarrollo insuficiente.

7. Estudios futuros en función de los resultados obtenidos.

8. Bibliografía.

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1.- Resumen.

Palabras clave: exclusión social, Rentas Básicas, pobreza, desempleo.

El presente estudio recoge de manera sistematizada los resultados obtenidos, por medio del

análisis estadístico así como de la consulta de diferentes estudios existentes, respecto la

exclusión social en España que viene siendo contenida por las Rentas Básicas (RB) que las

distintas Comunidades Autónomas (CCAA) han impulsado en las últimas décadas. En este

proyecto se presentan las dificultades y carencias de las RB para conseguir el objetivo que

persiguen: la inclusión social de sus beneficiarios mediante, primordialmente, la orientación

hacia el empleo.

Tal y como se expondrá, el Estado de Bienestar español, el cual presenta un déficit en gasto de

protección social destacado, resulta escaso en políticas inclusivas que permitan disminuir las

tasas de desempleo y pobreza que vienen sacudiendo a España en las últimas décadas.

La tasa de pobreza, con un porcentaje constante del 19%, no ha sido mitigada con políticas

públicas suficientes en las etapas económicas boyantes, por lo que debido a la coyuntura

económica actual, dicha tasa está experimentando un ascenso preocupante que parece no cesar.

Por lo tanto, se va a analizar la tríada: pobreza, desempleo y exclusión social como consecuencia

de la actual crisis económica, y las repercusiones que la misma está ocasionando para los más

desfavorecidos, así como el estado y evolución hacia el que apuntan las RB.

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ABSTRACT

Keywords: Social exclusion, Basic Income, poverty, unemployment.

This study reports a systematic way the results obtained through statistical analysis and

consultation of various existing studies on social exclusion in Spain which has been contained by

Basic Income (RB) to the Autonomous Communities (CCAA) have led in recent decades. This

project presents the difficulties and shortcomings of the RB to achieve the objective pursued:

social inclusion of beneficiaries through, primarily, the orientation towards employment.

As will be discussed, the Spanish welfare state, which has a deficit in social protection

expenditure noted, is scarce to allow inclusive policies reduce unemployment and poverty rates

that are shaking in Spain in recent decades.

The poverty rate, with a constant percentage of 19%, has not been mitigated by public policies

sufficient buoyant economic stages, so that due to the current economic climate, this rate is

experiencing a rising concern that seems to cease.

Therefore, to parse the triad: poverty, unemployment and social exclusion as a result of the

current economic crisis and the impact that it is causing for the poor, and the status and progress

toward that target RB.

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2.- Introducción – Formulación del problema investigado.

La sociedad española actual viene atravesando la que sin lugar a dudas está siendo una de las

épocas más dramáticas en cuanto a pérdida de derechos y protección social se refiere. El estado

español, caracterizado por un escaso desarrollo en cuanto a gasto público social, es de los menos

desarrollados de la Unión Europea. Nuestro Estado de Bienestar ha sido muy cuestionado por

diferentes autores en tanto en cuanto la media de gasto en protección social en porcentaje del PIB

ha sido menor que la dispuesta por otros países de nuestro entorno. Así por ejemplo, si

analizamos el gasto público en protección social (gastos en transferencias públicas y en servicios

públicos del estado del bienestar) como porcentaje del PIB vemos que en el año 2007, España

fue un 21%, UE-15 un 27% y Suecia un 30%. España es el país de la UE-15 que tiene un gasto

público en protección social como porcentaje del PIB más bajo (después de Irlanda, 16.5%). Y

esto en una época boyante de la economía española como fue la producida en los años 2000 a

2007.

La conclusión de todos estos datos es que España se gasta muy poco en su estado del Bienestar,

pero lo que incluso es más grave es que se gasta en su Estado del Bienestar menos de lo que le

corresponde por su nivel de riqueza económica. España tiene un PIB por habitante en el año

2007 que es el 93% del PIB por habitante promedio de la UE-15. Sin embargo, su gasto público

social por habitante (2007) es sólo un 74% del promedio del UE-15. Si fuera un 93%, en lugar

de un 74%, habría alrededor de 70.000 millones de euros más en su gasto público social. Este es

su déficit social1.

Desde este punto de partida deficitario, España además presenta la tasa de desempleo más alta de

la UE, situada en la actualidad en el 24,44% para el primer trimestre de 2012. Mientras, la media

de la UE se sitúa en la actualidad en un 10,8%, incluso Grecia, y a pesar de la extrema situación

por la que atraviesa, presenta una tasa de desempleo menor que la nuestra (21%).

                                                                                                                         1Vicent Navarro, "Los retos de las políticas públicas en una democracia avanzada”. Ararteko, 2011.

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Y es en este contexto donde actúa un mecanismo de protección impulsado por las Comunidades

Autónomas (CCAA) españolas desde finales de los años ochenta, principios de los noventa. Nos

estamos refiriendo a las rentas básicas (rentas mínimas, rentas de inserción, etcétera). Bajo esta

denominación se agrupa un conjunto heterogéneo, diferenciado y en un gran número de

ocasiones muy deficitario con el que las CCAA pretenden proteger a aquellos colectivos

sociales, que debido a situaciones variadas, se encuentran en situación de exclusión social. Como

se ha mencionado, esta acción protectora recae en las CCAA, ya que la administración central

cuenta con otros mecanismos de protección diferentes, orientados en su mayoría al carácter

contributivo o dependiente de una actividad laboral previa para su concesión.

El presente texto tiene por objeto el análisis de la evolución de la pobreza en España como

consecuencia de la actual crisis económica, así como la evolución de las Rentas Básicas (RB2)

que se vienen implementando en las Comunidades Autónomas (CCAA) españolas en los últimos

años (período 2006-2011). La presente obra, por motivos de limitación material, no recoge el

desarrollo normativo de ellas, estado actual, población que abarca, etcétera. Se trata de una

aproximación a la realidad de las RB en nuestro estado autonómico, su impacto en la pobreza y

la exclusión social, así como su configuración actual.

La elección del objeto de estudio obedece a la situación social, marcada por unas tasas de

desempleo tremendamente elevadas, el incremento de los excluidos sociales y la repercusión que

ambas conllevan para las RB autonómicas las cuales se orientan hacia la inclusión mediante el

empleo, lo cual, como se expondrá, es un error.

Por tanto, el objetivo es analizar la situación actual en España de estos tres elementos: pobreza,

exclusión social y RB.

                                                                                                                         2 Para el presente estudio se han tenido en cuenta las diferentes reglamentaciones autonómicas, que al tener normativa propia suelen diferir en su etimología a la hora de designar el objeto de estudio aquí analizado. Por lo tanto, al hablar de RB, se hará mención, entre otras, a la Renta de Garantía de Ingresos, Renta Mínima de Inserción, Prestación Canaria de Inserción, Ingreso Madrileño de Integración y otras.

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Para la elaboración del mismo se han tomado como referencia las fuentes disponibles a través de

estudios sobre pobreza y exclusión social, datos estadísticos del INE (tasas de desempleo,

Encuesta de Condiciones de Vida,...), estudios sociales de La Caixa, FOESSA, balances y

memorias sobre RB en País Vasco y Madrid, y otras que se irán exponiendo a lo largo del

mismo.

Con este trabajo se pretende finalizar los estudios de Grado en Trabajo Social de la Universidad

Nacional de Educación a Distancia (UNED) durante el curso académico 2011-2012, cumpliendo

con los requisitos exigidos para superar la asignatura de Trabajo Fin de Grado.

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3.- Principales planteamientos teóricos recogidos.

En las siguientes líneas se expondrán dos de los elementos vectores de este estudio: la pobreza y

la exclusión social; situación actual del desempleo en España. Más adelante se hará mención al

sistema de RB en España, así como a la preponderancia de la inclusión social mediante el

empleo como eje fundamental de las políticas de RB.

Por lo tanto, antes de comenzar con el análisis de los datos recogidos, así como la comparativa

en la evolución y el alcance que las CCAA desarrollan sobre sus planes de RB, cabe precisar el

porqué de este nuevo enfoque llamado exclusión social, piedra angular sobre el que las distintas

CCAA vienen actuando desde finales de los años ochenta, principios de los noventa. Asimismo

se hará una breve reflexión sobre las consecuencias que para los excluidos sociales tiene la

reglamentación de las RB.

3.1.- Definición y alcance de la exclusión social.

En origen, el término exclusión social comenzó a emplearse en Francia en los años setenta por

René Lenoir, siendo Secretario de Acción Social en dicho país. Su obra "Les Exclus: Un

Francais sur dix"3, publicada en 1974, recogía que una décima parte de la población francesa

podía considerarse excluida, siendo éstos: minusválidos físicos y mentales, personas con

tendencia al suicidio, ancianos inválidos, niños víctimas de abusos, toxicómanos, delincuentes,

hogares multiproblemáticos, personas marginales y asociales y otros inadaptados sociales. Se

trataba en todos los casos de categorías sociales carentes de protección social en un momento en

que Francia, precisamente, estaba completando su sistema general de bienestar social.

El término ganó popularidad por dos razones. Primeramente, porque fue apropiado por el

discurso republicano para contrarrestar la influencia de la noción de pobreza, que nunca gozó en

aquel país de demasiadas simpatías, especialmente por sus vinculaciones al Ancien Regime y al

liberalismo utilitarista (De Hann, 1999). En segundo lugar, porque hacia mediados de los años

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ochenta, el concepto fue recuperado para designar a la variada gama de privaciones emergentes

en un contexto de reestructuración económica y crisis del Estado de Bienestar. Se trataba de

categorías sociales carentes de protección social en un momento en el que Francia estaba

completando un sistema general de bienestar social4.

Admitido dicho origen, en España el sistema de RB comienza su andadura mayoritariamente en

los años noventa (finales de los ochenta), a la que poco a poco las distintas CCAA van

sumándose con normas que recogen una atención pseudointegral para un colectivo tan dispar y

heterogéneo como el formado por los excluidos sociales.

No han sido pocos los que dentro de nuestras fronteras, han diferenciado la pobreza de la

exclusión social. De este modo la exclusión social puede o no conllevar pobreza, entendiéndose

esta última como la carencia, que tiene un individuo de medios económicos suficientes para

hacer frente a las necesidades básicas de la vida. El término pobreza asume de partida la ausencia

o privación de capacidad (Sen 1996:68), por parte de un individuo o familia y en un ámbito

sociogeográfico concreto, de unos ingresos económicos que suelen corresponder con la mediana

del conjunto analizado. Supone una vara de medir, un mínimo por debajo del cual las personas

no serían capaces per se de satisfacer las necesidades básicas de la vida diaria. Además, su uso

exclusivo como causa de las desigualdades y la integración social, conllevaría un reduccionismo

simplista y desfasado respecto la realidad social actual: dinámica, cambiante y tremendamente

compleja.

Por otro lado, la exclusión social connota una cierta idea de regresión o retroceso, de proceso que

conduce a quitar algo que se había alcanzado, o a lo que se tiene o tenía derecho (J. F. Tezanos5).

Existe consenso para establecer los indicadores más relevantes que producen exclusión social,

tales como la ausencia o precariedad en el empleo (trabajadores pobres6); carencia de recursos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       3René Lenoir, ed. Du Seuil,1974. 4Exclusión Social: En busca de su especificidad conceptual. Eduardo S. Lépore. 5La sociedad divida, J. F. Tezanos, ed. Biblioteca Nueva, Madrid 2004. 6Resultan muy ilustrativos los trabajos de la OIT (Guía sobre los nuevos indicadores de empleo de los objetivos de desarrollo del milenio 2009); Una panorámica general sobre la problemática de los “trabajadores pobres”, sobre su definición y características sociodemográficas y económicas en Fernández, Melchor, Meixide, Alberto y Simon,

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económicos (pobreza severa, relativa, etcétera); carencia de vivienda (condiciones de la misma,

carestía); educación (analfabetismo, baja cualificación, etc.); salud (enfermedades mentales,

discapacidades, exclusión para acceder a la salud); relaciones sociales y familiares (ausencia,

dificultad, problemas).

Resulta muy esclarecedor la reflexión llevada a cabo en el Informe La Caixa sobre exclusión

social, cuando afirman que "El concepto trata de recomponer el permanente dilema de la

«cuestión social», de manera distinta, y al mismo tiempo quiere ser capaz de recoger la

multiplicación de situaciones en las que detectamos, no sólo desigualdad, sino también pérdida

de vínculos, desafiliación, desconexión o marginación social. Por tanto, el concepto se refiere a

un proceso de creciente vulnerabilidad que afecta a sectores cada vez más amplios del cuerpo

social, y que se materializa en una precariedad creciente a nivel laboral, residencial, económico...

De igual modo la Estrategia Europa 2020 resulta muy relevante ya que presenta una importancia

especial para la inclusión social por dos razones. En primer lugar, porque establece como uno de

sus cinco objetivos prioritarios la reducción del número de personas en Riesgo de Pobreza y

Exclusión Social. En segundo lugar, porque crea un nuevo indicador para medir el número de

estas personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Este nuevo indicador contempla tres

variables:

1. La población cuya renta se encuentra por debajo del umbral de la pobreza,

definido éste en el 60% de la renta neta disponible equivalente de la población.

2. La población que sufre privación material severa, es decir, que no puede

permitirse al menos 4 de los 9 ítems seleccionados a nivel europeo: pagar el

alquiler o una letra, mantener la casa a una temperatura adecuada, afrontar gastos

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hipólito. “El trabajo de los bajos salarios en España”, Estudio sobre la economía española, 152, FEDEA 2003; Lohmann, Henning, “Working poor in Western Europe: What is the influence of the welfare state and labour market institutions”. En “The 2006 Conference of the EuroPanel Users Network (EPUNet)”, 8 -9 May 2006, Barcelona; Muñoz del Bustillo, Rafael, ob.cit.; Nolan, Brian y Marx, Ive, “Low Pay and Household Poverty”. En Gregory, Mary, Salverda, Wiemer y Bazen, Stephen “Labour Market Inequalities: Problems and Policies in International Perspective”. Oxford University Press. Oxford 2000. También el número 18 (2001) de Cuaderno de Relaciones Laborales .

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imprevistos, una comida de carne, pollo o pescado (o su equivalente vegetariano)

al menos 3 veces por semana, unas vacaciones fuera de casa al menos una semana

al año, un coche, una lavadora, un televisor en color y un teléfono (fijo o móvil).

3. La población que reside en hogares con baja intensidad de empleo. La intensidad

de empleo de un hogar es del 100% si todos sus miembros trabajan a tiempo

completo durante todo el año y se va reduciendo cuando existen miembros que no

trabajan o lo hacen a tiempo parcial. Se clasifica un hogar con baja intensidad de

empleo cuando la misma es inferior al 20%. En definitiva, se consideran personas

en riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE, en sus siglas en inglés (At-risk-

of poverty and exclusion) aquéllas cuyo nivel de renta se encuentra por debajo del

umbral de la pobreza y/o sufren privación material severa y/o residen en hogares

con baja intensidad de empleo7.

Podríamos decir que la exclusión social, en la medida en que se inscribe en la trayectoria

histórica de las desigualdades, es un fenómeno de carácter estructural, de alguna manera

inherente a la lógica misma de un sistema económico y social que la genera y alimenta casi

irremediablemente8."

La exclusión social, por tanto, hace referencia a un proceso dinámico que puede afectar a muchas

personas, con un carácter transitorio o más permanente. La exclusión social no se concentra sólo

en unos determinados grupos de personas o colectivos marginales, sino que, contrariamente,

puede afectar de forma cambiante a personas y colectivos en función de su exposición a

dinámicas de marginalización. El estudio de la exclusión debe ser flexible y considerar todas las

dimensiones o ámbitos, así como las múltiples causas, que la originan. Además dentro de cada

uno de los indicadores (económico, laboral, formativo, residencial, sociosanitario y de

participación social y ciudadanía) se pueden identificar un conjunto de factores de exclusión más

concretos que pueden aparecer solos o en combinación con otros del mismo ámbito o de ámbitos

                                                                                                                         7Centro de Estudios Económicos Tomillo: "El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en la Comunidad de Madrid, 2011.  

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diferentes9.

De lo hasta ahora expuesto puede señalarse que la exclusión social tiene una dimensión mayor y

más compleja que la pobreza en sí misma. La exclusión social puede pasar más inadvertida que

la pobreza debido a la heterogeneidad de los colectivos que la integran. El término pobreza,

como se ha expuesto, asume de partida una medición cuantitativa: se mide bajo unos indicadores

comparables y tajantes de ausencia o carencia económica. Empero, la exclusión social conlleva

una dimensión, por un lado extensa a la vez que compleja, y en segundo lugar, congrega a

colectivos para los que la ausencia de protección por parte de los sistemas públicos ha sido la

norma. Y es aquí donde surge un problema añadido sobre las RB: a lo largo de este estudio se

constatará como las distintas modificaciones normativas que han llevado a cabo los gobiernos

autonómicos en el último quinquenio, así como el elevado índice de desempleo están suponiendo

de facto el aumento en el número de excluidos sociales, que se ven imposibilitados cada vez más

para acceder a las RB. Y esto, como consecuencia de la imposibilidad, o más bien escasez

presupuestaria que cubra a este colectivo social en su conjunto, produciendo como consecuencia

la exclusión de los excluidos: produciendo la re-exclusión social de un importante conjunto de la

población.

3.2.- Las Rentas Básicas en España, origen y caracteres fundamentales.

La acción protectora del Estado como institución central y superior para los españoles, se

circunscribe a un conjunto de mecanismos de garantía de rentas mínimas constituido por los

programas de prestaciones de la Seguridad Social (complementos de pensiones mínimas y

prestaciones por desempleo asistencial), en general incardinados en el mercado de trabajo y

dependiente de las carreras laborales. A este sistema le sigue un segundo sistema institucional

mixto de Seguridad Social, Administración Central y CCAA (pensiones no contributivas

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       8Pobreza y exclusión social. Un análisis de la realidad española y europea. Fundación La Caixa, 2004. 9Informe de la Inclusión Social en España 2008, La Caixa.

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financiadas con impuestos y gestionadas por las CCAA) y, por último, existe una “última red” de

protección social constituida por el sistema de rentas mínimas de las CCAA10.

Las RB de las CCAA pueden caracterizarse, a pesar de sus diferencias, por formar un conjunto

de mecanismos de protección social altamente diferenciados y de baja intensidad protectora (con

pocas salvedades como el País Vasco) que se han desarrollado en los últimos treinta años hasta

alcanzar una amplia e incompleta universalización a la vez que se han orientado progresivamente

hacia formas de activación laboral en los desempleados y excluidos del mercado de trabajo.

Como notas comunes, podemos afirmar que algunas CCAA lo reconocen como un derecho

subjetivo. Suelen tener una duración temporal concreta, algunos como en el caso de Andalucía,

la duración va entre los 6 meses y un año lo cual resulta insuficiente para posibilitar una

inclusión efectiva. En otros casos, no existe límite máximo temporal. En unos casos el derecho

(la prestación) está condicionado a la existencia de una relación anterior con la Seguridad Social,

lo que conlleva el carácter de semicontributivo, lo cual lógicamente, impide el acceso a muchas

personas en situación de exclusión social. Por otro lado la cuantía que establece cada CCAA

varía enormemente, por lo que existe una diferencia importantísima entre percibir una RB en el

País Vasco (máximo mensual de la unidad familiar alcanza los 935 €), o en la Rioja (372 €).

Suelen llevar aparejadas la firma de convenios-contratos orientados en la búsqueda de empleo,

formación y otras actividades (necesidades) detectadas sobre las que actuar. Persiguen, como

elemento nuclear y preponderante la inclusión laboral, relegando a segundo término una serie de

situaciones que imposibilitan el ejercicio efectivo de ese derecho. La exigencia de abundante

documentación es la nota dominante en todas ellas (lo que per se es motivo de "exclusión

administrativa" para potenciales beneficiarios), además de requerir estar empadronado un tiempo

anterior a la solicitud que oscila entre los 6 meses y los 5 años, lo cual impide, nuevamente,

poder acceder a este “último derecho” a un conjunto importante de excluidos que presentan

actitudes nómadas o de carencia de domicilio donde poder residir, entre otros. Además, todas

                                                                                                                         10Valoración de los programas de Rentas Mínimas en España. Gregorio Rodríguez Cabrero Universidad de Alcalá (Madrid), 2009

15    

ellas ejercen su acción protectora para las personas comprendidas entre los 25 y 65 años de edad,

con alguna salvedad, lo que impide su acceso a determinados colectivos de excluidos.

Estamos asistiendo, en los últimos años y como consecuencia del aumento en la demanda de RB,

a un conjunto de reformas legislativas en el conjunto de las CCAA que endurecen los requisitos

de acceso, disminuyen la cuantía y la duración de la prestación, o se alarga el plazo para resolver

los expedientes entre otros cambios, lo que repercute gravemente en este frágil sistema de

garantía de ingresos. A continuación se profundizará en estos aspectos mediante el análisis de la

Renta de Garantía de Ingresos (RGI) del País Vasco y su comparativa con el resto de CCAA.

3.3.- Un referente: la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma

del País Vasco: origen y finalidad.

La Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV) fue una de las pioneras en nuestro territorio en

promulgar y desarrollar normas específicas para la lucha contra la exclusión social. Presenta unas

notas características que la hacen, con diferencia, la región con un estado protector integral y

más desarrollado de España. A lo largo de este y el siguiente epígrafe se expondrá cuál ha sido

la evolución que ha experimentado, el esfuerzo presupuestario que vienen haciendo desde el

gobierno autonómico, así como una comparativa con el resto de CCAA. A pesar de lo cual, cabe

señalar que empiezan a presentarse determinados indicadores que hacen presagiar un deterioro o

disminución en la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que es como se denomina en la CAPV.

La reciente reforma legislativa (ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley para

la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social) incide negativamente en el derecho subjetivo

que la normativa reconoce. Primeramente, veamos la evolución que ha seguido desde los

orígenes como el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI):

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Tras la puesta en marcha del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza en Euskadi, la Ley 2/1990,

de tres de mayo, de Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), señalaba, en su exposición de motivos,

que la citada prestación “no pretende crear una nueva clase pasiva, cronificando su situación,

sino posibilitar su plena inserción en la vida social de Euskadi a través de la contraprestación a la

que se obliga el beneficiario”. Se trataba, ya en sus orígenes, de una norma finalista y de carácter

claramente condicional: “el carácter finalista de la prestación queda reflejado en la obligación

contraída por los beneficiarios de aplicar la misma a alimentos. Asimismo, se le impone el

compromiso de realizar las contraprestaciones que en su caso se fijen. Esta obligación viene

marcada por la voluntad de inserción que preside el ingreso, privada de la cual, se reduciría a una

mera prestación de asistencia suplementaria que podría generar por si misma nuevas formas de

marginación social”. La citada norma, posteriormente desarrollada por el Decreto 193/1990, de

17 de julio, establecía las condiciones para su percepción, destacando el carácter multicausal de

la exclusión, al prever el establecimiento de programas de inserción social que recogieran los

riesgos en aspectos como la salud, la vivienda, la educación, la formación, sanidad y otros

relacionados con la calidad de vida en general. Establecía los planes individuales de inserción,

los cuales debían ser elaborados por profesionales mediante el diagnóstico socio-familiar. Estos

planes de inserción “se articularan mediante el correspondiente convenio, el cual en ningún caso

tendrá naturaleza contractual, y que se integrará como parte de la resolución con el carácter de

condiciones de la concesión (art. 41)”. A modo de síntesis, esta primera reglamentación sobre

RB destacaba por tres elementos claves:

1. Su carácter condicional vinculado al convenio – plan individual de inserción.

2. La consideración de la exclusión social como elemento multicausal.

3. Preponderancia hacia la inclusión laboral como mecanismo integral - inclusivo.

Fue la Recomendación 92/441 del Consejo de la Comunidad Económica Europea la que invitaba

en 1992 a los Estados miembro a reconocer un derecho fundamental de la persona a recursos y

prestaciones garantizados, suficientes, estables y regulares en el marco de un dispositivo global y

coherente de lucha contra la marginación social. En este sentido, el derecho a recursos y

prestaciones garantizados suficientes debe ir acompañado de medidas que favorezcan la

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integración económica y social de las personas beneficiarias, sobre todo en materia de salud,

vivienda, formación y acceso al empleo.

Ya dentro de nuestras fronteras el debate previo a la elaboración de la primera ley contra la

exclusión social se centraba en los aspectos relacionados con la contraprestación y la inserción

laboral (CAPV). En ese sentido, uno de los documentos encargados por el Gobierno autonómico

con vistas a la presentación del anteproyecto de Ley señalaba que “en la actualidad, el debate en

torno a las rentas mínimas garantizadas como instrumento de las políticas de acción contra la

exclusión se centra, básicamente, en el análisis de dos cuestiones: por un lado, la relación que

conviene establecer entre el derecho a percibir estas garantías de ingreso y los programas de

inserción, y por otro, la de la necesidad de priorizar la inserción laboral en sus diversas

modalidades” (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996). A partir de ese debate, en

1998, el Parlamento Vasco aprueba la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la exclusión social.

Señalaba, ya en su exposición de motivos el papel esencial que la inserción laboral juega en los

procesos de exclusión y/o de inserción:

“Es indudable que, en gran medida, los procesos y las situaciones de exclusión, la ruptura del

vínculo existente entre el individuo y la sociedad, se derivan de su no participación en el proceso

productivo. En nuestra sociedad moderna el trabajo constituye el medio por excelencia de

adquirir derechos y deberes respecto a la sociedad y de que ésta los adquiera respecto al

individuo. Así entendido, el derecho al trabajo se convierte en condición sine qua non de la plena

ciudadanía, y adquiere todo su significado como derecho político. La no participación o la

participación residual en el mercado de trabajo determinan, casi necesariamente, el inicio de un

proceso de exclusión con consecuencias directas en el ejercicio de otros derechos sociales. En

esta dinámica, las carencias y las dependencias no sólo se acumulan o yuxtaponen, sino que se

refuerzan mutuamente”.

Posteriormente, El II Plan Interinstitucional de Inclusión Social, elaborado en 2007, y la Ley

18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Exclusión Social conllevan un

avance en el reconocimiento de la filosofía de la activación como fundamento de las políticas de

garantía de ingresos, en un marco respetuoso con la consideración multicausal de la exclusión.

Esta nueva regulación destaca por:

18    

1. Consolida el principio de doble derecho, el cual reconoce tanto el derecho a

disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas, como

el derecho a recibir apoyos personalizados para la inclusión laboral y social,

mediante el convenio de inclusión.

2. Preeminencia del empleo como núcleo fundamental de la inclusión social. Ya

anunciado desde la exposición de motivos: “el reconocimiento del papel del

empleo como herramienta básica para la inclusión en nuestra sociedad”.

3. Políticas activas de empleo, mediante la inclusión sociolaboral. Las cuales beben

de los mecanismos europeas para el empleo, así el Consejo de Europa recomienda

la introducción de incentivos fiscales y financieros para que el trabajo sea más

atractivo– y que implica un cambio de paradigma, pasando del welfare to work al

welfare in work, a través del desarrollo de prestaciones económicas vinculadas a

la participación laboral (in work benefits).

4. Reconocimiento de las situaciones de pobreza aparejadas a los salarios bajos. La

Ley abre la puerta a la materialización de algunas de las medidas que

prioritariamente se asocian al concepto de activación al reconocer, en primer

lugar, que las situaciones de pobreza se derivan, de forma creciente, de la

percepción de bajos salarios, lo que erosiona directamente la capacidad

integradora del empleo, en la medida en que resulta insuficiente para garantizar el

mínimo de recursos económicos que una persona o una familia necesita para

mantener un nivel de vida considerado ordinario.

De lo hasta aquí expuesto, cabe señalar que el sistema de RB de la CAPV ha seguido las

orientaciones y desarrollos emprendidos en Francia, así como el paradigma de la inclusión social

mediante el empleo, como políticas activas orientadas desde la UE.

3.4.- La Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. Origen y

características fundamentales. El tratamiento autonómico que se recoge en esta región para promover la inclusión social de sus

ciudadanos, tiene como antecedente primigenio el Programa de Ingreso Madrileño de Integración

19    

(IMI), que ya desde mediados de 1989 promovió un intenso debate terminológico. Así, la

introducción del concepto de exclusión social se produjo a lo largo del proceso de elaboración

programática encargado a un Equipo multiprofesional. Se había encomendado un estudio sobre

pobreza para conocer la población al que iría dirigido. Sin embargo, una buena parte del trabajo

del Equipo se dedicó a su reelaboración. En ese momento se desechó que la población objeto del

futuro programa fuese la población pobre. El nuevo planteamiento fue que las rentas mínimas

estaban dirigidas a los colectivos en situación de exclusión social, no a los pobres. La

reorientación provino sobre todo del grupo de expertos externo y constituyó la orientación

definitiva del Programa y uno de sus rasgos característicos (Arriba, 1998)11.

Después de diez años de aplicación, en el año 2001 se aprueba la Ley de Renta Mínima de

lnserción (RMI)12,descendiente directa del Programa IMI, la cual recogen su preámbulo nociones

de igualdad, lucha contra la exclusión social, protección social y otros términos garantistas de un

mínimo de protección por parte de los poderes públicos. Desde el IMI, el elemento fundamental

es la exclusión social, no únicamente el encontrarse bajo los umbrales de la pobreza. Con la

RMI, tal y como viene recogido en su propio articulado, se reconoce a los ciudadanos un doble

derecho social: la cobertura económica y el apoyo para la inserción laboral y social de los

beneficiarios de la misma. Se trata de una renta mínima, básica para la población que carezca de

medios económicos y capacidades personales, que persigue la integración social efectiva. Con la

RMI se persigue una protección más extensa, mediante la que se articula una prestación de

carácter complementario y subsidiario, cuya cuantía máxima para el año 2012 es de 532,51 €

para la Unidad de Convivencia. Siendo la cuantía de 375,55 € la establecida para Unidades

unipersonales. Corresponde con una prestación sin límite temporal, a diferencia de lo recogido

en la mayoría de Rentas básicas (sociales, mínimas, etcétera) que vienen desarrollándose en las

diferentes comunidades autónomas. Además, se establece el plazo de 3 meses para la resolución

de la solicitud formulada. No obstante, el silencio administrativo resultará negativo.

                                                                                                                         11 El concepto de exclusión en política social, Ana Arriba González de Durana: 2002, CSIC. 12 Las normas de aplicación y desarrollo de la RMI son: Ley 15/ 2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid; Decreto 147/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid; Resolución 3127/2009, de 21 de diciembre, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se habilita al Registro Telemático de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la realización de trámites telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento denominado “Solicitud de Renta Mínima de Inserción”; Orden 116/2010, de 8 de febrero, por la que se procede a la aprobación del nuevo modelo normalizado de solicitud de prestación económica de renta mínima de inserción de la Comunidad de Madrid.

20    

Como se ha señalado, la RMI incluye dos acciones diferencias pero intrínsecamente unidas para

la consecución del fin que persigue: la integración social y efectiva de las personas en exclusión

de la Comunidad de Madrid; para ello, se establece una prestación económica básica, así como

Programas Individuales de Inserción, desarrollados por los servicios sociales municipales. Se

pretende la elaboración de actividades individuales tendentes a actuar y mitigar aquellas

circunstancias personales que repercuten negativamente en las personas en exclusión social. Se

trata, por tanto, de realizar un plan de intervención que actúe sobre las causas motivadoras de la

exclusión social, que pueden ser tanto de carácter personal, social y laboral entre otras. Esta

nueva concepción, actuante sobre la exclusión, pretende el restablecimiento de las personas con

las que se trabaja a unos mínimos esenciales que les capaciten para su propio desenvolvimiento

social.

3.5.- Inclusión Social mediante el empleo, ¿una finalidad irrealizable?

Los sistemas autonómicos parten de origen, del paradigma de la inclusión laboral como

mecanismo conducente a la inclusión social, no obstante, tal y como se ha señalado con

anterioridad, el empleo no garantiza la inclusión social efectiva del sujeto. Todo lo contrario,

diferentes estudios señalan como cada vez son más los trabajadores pobres, por lo tanto, ni que

decir tiene la situación en la que se pueden encontrar las personas que se encuentran de partida

sin trabajo.

Así, es muy clarificador los datos que se arrojan del estudio desarrollado por el Centro de

Estudios Económicos Tomillo: "El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en la

Comunidad de Madrid, 2011", en el que se constata que casi una de cada cinco personas en

riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid tiene empleo a tiempo completo, lo cual exige

medidas de mejora de su empleabilidad para que consigan mejores empleos, mejores salarios y

consigan salir de su situación de riesgo; pero también se requiere un mercado de trabajo

21    

inclusivo, que genere empleos de calidad que facilite la incorporación al mismo de personas con

dificultades y las ayude en sus procesos de inclusión social y laboral13.

Como destaca Serrano Pascual (2009), “la solución que se propone para la mayor parte de los

problemas, tanto individuales como sociales (exclusión social, desigualdad de oportunidades,

falta de competitividad, problemas psicosociales, etc.) es la participación en el mercado de

trabajo”, de tal modo que el paradigma de la activación se fundamenta en una noción moral del

trabajo como deber civil y como prerrequisito de acceso a la ciudadanía. Así, para Crespo

(2009), la emergencia del paradigma de la activación se explica en la medida en que “un sistema

socioeconómico como el capitalismo, que exige un alto grado de sacrificio a un número cada vez

más elevado de personas, sólo resulta posible mediante un masivo trabajo ideológico y ético

[Weber] y un proceso de disciplinamiento de los sujetos [Foucault], que podemos caracterizar

como proceso de producción de sujetos dóciles, paralelo y complementario al de producción de

mercancías (…). Una de las características de la nueva situación es la exigencia de una cada vez

mayor disponibilidad para el trabajo con escasa garantía de estabilidad y una mercantilización

potencial de todos los ámbitos de la vida, incluidos los recursos afectivos y sociales”. En el

mismo sentido, para Zubiri-Rey (2009), “en los últimos años, se va abriendo paso a una creciente

legitimación de las medidas punitivas contra los parados y los inactivos, promoviendo social e

individualmente la responsabilización de los más desfavorecidos de su propia situación y, sobre

todo, dando pie a una fuerte presión para que las clases populares aumenten su grado de

aceptación de nuevas formas atípicas o precarias de trabajo y de vida”.

“El empleo ha perdido –señala Víctor Renes- su capacidad de protección universal; el mercado

de trabajo se ha segmentado y el empleo ha dejado, en sí mismo, de ofrecer una garantía de

protección a todos los trabajadores. En ese sentido, considero muy importante el cambio que se

                                                                                                                         13Centro de Estudios Económicos Tomillo: "El impacto de la crisis en la pobreza y la exclusión social en la Comunidad de Madrid, 2011.

22    

está produciendo en el sentido que, para determinados grupos y en determinadas condiciones, el

empleo no genera ya mecanismos de inserción social14”.

En un sentido parecido, Zubiri-Rey (2009) explica que “alterar el precepto beveridgiano de que

las rentas mínimas no contributivas pasen de ser un derecho universal a la existencia para

convertirse en un dispositivo de activación coercitiva, es una apuesta que no es en sí misma

suficiente para salir de la pobreza, sobre todo si tenemos en cuenta que en la actual coyuntura de

recesión y pérdida neta de empleo global, las contrataciones finales dependerán de factores

exógenos al sistema de protección y activación elegido por los gobernantes. Una vez más –señala

este autor- los economistas ponen el acento en los factores de la oferta de trabajo

(responsabilización de los parados e inactivos de su propia situación), cuando hace décadas que

los modelos de corte keynesiano nos vienen enseñando que el principal factor de la contratación

de trabajadores es la confianza y las expectativas de mercado de los demandantes de empleo (las

empresas)”. Para Zubiri-Rey, lo que afirmaba Jean Pierre Hardy hace quince años en relación a

la RMI francesa se puede hoy aplicar a los nuevos tiempos de la activación de las rentas

mínimas: “¿Para qué mejorar la empleabilidad en una sociedad que ya no crea los suficientes

empleos?, ¿no es ésa una forma de acentuar el sentimiento de inutilidad social y de marginación

duradera?”15.

Si de lo expuesto coincidimos en que ya, o más bien desde hace algún tiempo, la tenencia de

empleo no garantiza ni tan siquiera una inclusión social efectiva, ¿cómo podemos orientar las RB

hacia el empleo, tal y como aconsejan desde la UE y así mismo articulan las normas

autonómicas, como mecanismo de activación - inclusión social?, ¿cómo sostener que tras las

reformas laborales promulgadas en España en los últimos dos años, y lasconsecuencias visibles

en la destrucción de empleo que ello ha supuesto, así como un tejido productivo carente de

alternativas válidas o plausibles en la actualidad, se puede sostener la hipótesis de que la

orientación de las RB deba ser la orientación hacia el empleo?

                                                                                                                         14 Entrevista en Hilero Eguneratuz, nº 71, 2006. 15Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

23    

Nos encontramos con un sistema de protección frágil, limitado temporalmente que busca

únicamente salvar a un grupo de personas con cierta capacidad y habilidad para el empleo, por lo

tanto, se está cercenando el derecho y la posibilidad de proteger a los excluidos sociales: aquellos

que debido a causas heterogéneas (por citar algunas: trastornos mentales, aislamiento social,

carencia de habilidades sociales, baja cualificación académica, historias laborales deficitarias,

adicciones, etcétera) no podrán realizar de manera efectiva la inclusión laboral, viéndose

desposeídos de las RB en la mayoría de los casos, lo cual agrava su situación de exclusión y se

encuentran desposeídos de mecanismos que reorienten la situación por la que atraviesan.

3.6.- La lógica de la contraprestación en las Rentas Básicas.

La lógica de la contrapartida –un elemento básico de la mayor parte de los programas españoles

de rentas mínimas- se plantea también a menudo como una dificultad añadida para los propios

procesos de inserción. En efecto, según Pérez Eransus (2006), la experiencia de trabajo en

incorporación sociolaboral en los últimos años viene demostrando que la vinculación, como

contrapartida, del derecho a la prestación económica y del derecho a los programas de inserción

“tiene más efectos negativos que positivos. En primer lugar los programas de garantía de

ingresos y la aplicación de recursos de incorporación sociolaboral deben seguir lógicas distintas.

Desde la perspectiva de renta mínima no tiene sentido la realización de una contrapartida, más

aún si hablamos de una prestación económica de subsistencia de familias que ya cumplen los

requisitos de acceso. Además la prestación económica es, como hemos defendido previamente,

en sí misma integradora”. A su juicio, “desde la lógica de la inserción social y laboral de

colectivos en situación de exclusión la eficacia suele venir de la mano del trabajo personal de

negociación, de incentivación, de motivación.

Sin embargo, el hecho de que la realización de actividades de inserción sea condición obligatoria

para el cobro de la prestación, lejos de permitir este proceso de motivación conlleva dinámicas

24    

perversas de obligatoriedad, imposición de actividades, amenaza de cese de cobro de la

prestación, etc. De ahí que el trabajo de inserción no llegue a ser eficaz para muchas personas en

situación de exclusión. Por tanto se reconoce la necesidad de separar ambas lógicas: garantía de

ingresos e inserción social”16.

Tal y como señala Urteaga (2009), “la instauración de la renta mínima de inserción francesa se

fundamenta sobre el reconocimiento de un derecho y rompe con la lógica asistencial previa. Se

trata de una prestación concedida a toda persona con la condición de carecer de los recursos

necesarios para vivir dignamente. Es incondicional, no contractual y sin contrapartida. Además,

la ley prevé la puesta en marcha de un contrato de inserción. La articulación entre la ayuda y el

contrato es el objeto de numerosos debates a partir de la puesta en marcha del dispositivo. Para

algunos, la ayuda social es incondicional y no puede estar vinculada a un contrato, obedeciendo a

la lógica del Estado de bienestar. La inserción depende más de las condiciones generales del

mercado laboral que de la sola voluntad de una persona. Para otros, sin embargo, la existencia de

una contrapartida indica un abandono de la lógica de asistencia. Es la lógica anglosajona del

workfare, que vincula la ayuda al trabajo y que condiciona la obtención de la ayuda a la firma y

al respeto de un contrato de inserción. La jurisprudencia que se desarrolla tiende a dar la razón a

los primeros, en la continuidad de la tradición francesa, conduciendo los partidarios de la

segunda perspectiva a desarrollar un discurso sobre la asistencia”.

La originalidad de esta nueva versión consiste en establecer una estrecha relación entre una

prestación económica universal de carácter subsidiario y complementario, cuya percepción

constituye un verdadero derecho, y un programa de inserción basado en un compromiso de

naturaleza contractual entre el individuo y la sociedad. Este compromiso no constituye una

contrapartida obligatoria en términos de trabajo, sino un derecho a la inserción social y

profesional del beneficiario, que se traduce en un deber de inserción para el colectivo social. La

inserción se entiende en un sentido amplio y comprende fundamentalmente dos categorías de

acciones: por un lado, las llamadas acciones dirigidas a fomentar la "autonomía social" del

individuo y de su familia (tratamiento médico, curas de desintoxicación, apoyo social a familias

desestructuradas, participación en planes de vivienda social, etc.); por otro, las destinadas a

                                                                                                                         16 Activación y derecho a la inclusión en el marco de las políticas de empleo y de garantía de ingresos en la CAPV

25    

facilitar la inserción o reinserción profesional: trabajos en favor de la comunidad, programas de

formación y cualificación profesional, y prioridad en el acceso de determinadas modalidades de

contratos laborales (SIIS Centro de Documentación y Estudios, 1996).

26    

4.- Hipótesis de la investigación.

La cuestión de la pobreza y la exclusión social en España parte, según quien expone, de un

planteamiento deficitario en cuanto al desarrollo de nuestro Estado de Bienestar, lo cual produce

mayores tasas de pobreza y exclusión social que en países de nuestro entorno.

Asimismo, el estado autonómico español tal cual está configurado conlleva innumerables

problemas tanto legales como en cuanto a derechos reconocidos se refiere. Y es aquí donde

entran en acción las Rentas Básicas autonómicas. Nos encontramos, como podrá verse en los

apartados que siguen, ante un desarrollo prestacional – garantía (derecho) de marcado carácter

fragmentario y disperso que adolece de una regulación integral, quedando su desarrollo a

voluntad política y de cada comunidad autónoma. Lo cual, como sabemos, genera desigualdades

entre los españoles.

Por lo tanto, estamos ante un grave problema social de desestructuración y desigualdad social.

Las Rentas Básicas (mínimas) son el último sistema de protección ante la adversidad y la

dificultad que atañe al individuo para poder satisfacer per se las necesidades básicas de la vida

diaria, como consecuencia de encontrarse en dinámicas socialmente excluyentes.

Las hipótesis que se mantienen en este estudio son las siguientes:

i. Existe un marcado subdesarrollo del estado español en su Estado de Bienestar, el cual

está suponiendo mayores tasas de desempleo y un gran número de excluidos sociales que

en etapas anteriores.

ii. El sistema autonómico sobre el que recae el desarrollo de Rentas Básicas es

tremendamente desigual y es deficitario para la mayoría de las comunidades

autónomas, no consiguiendo por su configuración y recursos que brinda, la inclusión

social de los colectivos para los que se implementa.

iii. Las Rentas Básicas se encuentran orientadas hacia la inclusión laboral como

mecanismo básico y nuclear para la inclusión social de los beneficiarios de las

mismas, lo cual resulta ser un error y conlleva la exclusión de posibles perceptores de

RB, agravando aún más si cabe la situación de los posibles beneficiarios.

27    

iv. Asimismo, y como consecuencia de la situación económica actual, existe un aumento

notorio de solicitudes de RB así como, en el otro lado de la balanza, mayores

exigencias, requisitos y pérdida protectora como consecuencia de no existir un

correlato entre el aumento de las solicitudes-perceptores y el presupuesto destinado.

28    

5.-Metodología:

5.1.- Objetivos.

En los siguientes apartados se analizará la evolución de la pobreza en España en el último

quinquenio (2006-2011). También se tendrá en cuenta las últimas crisis económicas y su

repercusión en la pobreza y el desempleo en España. Existe, desde la óptica de quien

suscribe, una relación unívoca entre la crisis económica actual y el retroceso que empiezan a

experimentar las RB autonómicas, y esto en cuanto menor cobertura económica, aumento de

los requisitos, aumento del plazo para resolver las solicitudes de RB, así como un creciente

número de excluidos que se ven imposibilitados de acceder a este sistema último, disperso y

frágil que representan las RB autonómicas.

El objeto del estudio, por tanto, es exponer por un lado, cómo la crisis económica actual está

afectando a los excluidos sociales, colectivo cada vez mayor y con menor protección pública

como consecuencia de las limitaciones presupuestarias así como de las reformas normativas

en las RB. También se cuestionará la primacía de la inclusión laboral como mecanismo

primordial para la activación / inclusión social de las personas que acceden a las RB. Las

CCAA han desarrollado normas que ponen el acento en el acuerdo o contrato para la

inserción laboral, siendo ésta la seña de identidad de las RB, más que la inclusión social

efectiva como finalidad prioritaria. Como se expondrá en los apartados que siguen a estas

líneas, el excluido social en muchas ocasiones se ve imposibilitado para acceder al empleo

por diferentes causas invalidantes, lo que conlleva la exclusión del excluido en el acceso a

este sistema de protección autonómico de RB.

Asimismo se expondrá la situación de nuestro frágil Estado de Bienestar, el cual no está lo

suficientemente desarrollado como para garantizar la inclusión social y la satisfacción de las

necesidades más básicas de un grupo de personas cada vez más numeroso en nuestro país.

La tan repetida crisis económica, que impregna, contagia e influye en todos los estratos

sociales, económicos, políticos, mediáticos y culturales, ha producido notables cambios en un

29    

corto espacio de tiempo que está significando una modificación sustancial de los programas

de RB, así como un aumento desmesurado de la población pobre y excluida. Por lo tanto, el

objeto de este informe no es otro que el de señalar aquellas novedades y consecuencias que la

tríada: crisis económica, aumento de las tasas de desempleo y reformulación de las RB en las

CCAA, está acarreando para un conjunto de población cada vez más numerosa, y cada vez

más desplazada y excluida socialmente.

De forma sintética, se presenta como objetivo general el análisis y configuración de las RB

en el último quinquenio (período 2006-2011). Mientras que como objetivos específicos caben

señalarse:

a) Evolución de las RB en España.

b) Situación del Estado de Bienestar español y su subdesarrollo.

c) Estado actual del desempleo y la pobreza en España.

d) Cuestionamiento del eje fundamental de la inserción laboral como mecanismo

nuclear para la integración social de los perceptores de RB.

5.2.- Tipo de Investigación.

El presente proyecto se ha desarrollado siguiendo la investigación cuantitativa, por cuanto se

basa y apoya en el análisis de datos, fuentes y estadísticas de este tipo. Se han recogido los datos

más destacados que resultaban de interés para expresar las conclusiones aquí vertidas, siguiendo

una orientación objetiva y descriptiva de la realidad social expuesta.

5.3.- Trabajo de Campo.

Dicha tarea ha sido llevada a cabo analizando fuentes oficiales en relación con el objeto de

estudio (pobreza, exclusión social, desempleo, PIB, datos presupuestarios, etcétera).

30    

5.4.- Variables del Estudio.

Por lo expuesto en los apartados anteriores, se han empleado indicadores existentes como renta

por cápita, PIB, tasa de desempleo y pobreza, paneles de hogares, presupuestos autonómicos,

población, y otras fuentes oficiales tanto de administraciones públicas como las recogidas en los

diferentes estudios sociales sobre las RB que han resultado de mayor interés.

5.5.- Técnicas de Análisis de los Datos.

Se parte de estudios retrospectivos, así como se han realizado algunas prospectivas sobre la

posible evolución del desempleo, la pobreza y la exclusión social en España. También se han

realizado aproximaciones a la situación que se puede desarrollar en los próximos años respecto

las RB debido a la situación económico-social actual.

31    

6. Presentación de resultados, discusión, conclusiones.

6.1. Presentación de resultados.

En los siguientes apartados se hará un desglose de los datos más significativos que han sido

analizados y recopilados para la elaboración de este proyecto.

6.1.1.- Evolución del desempleo y la pobreza en España, especial mención a las dos

crisis económicas más destacadas de finales de siglo XX.

Como se ha señalado, en la exclusión social pueden convivir una serie de factores heterogéneos y

complejos, y no únicamente la carencia de recursos económicos. No obstante, la ausencia de los

mismos resulta determinante como elemento identificable de situaciones de exclusión social. Por

ello, veamos cuál ha sido la evolución de las tasas de desempleo en España, y su correlato en la

pobreza de los residentes en nuestro país, haciendo especial énfasis en dos períodos críticos que

nos han precedido, como son la crisis de los años 80 y 90 del siglo pasado.

A continuación se detalla el total de personas activas y los desempleados para una muestra

de años coincidentes con épocas de contracción económica en España:

 

Tabla 1.- Evolución del desempleo en el período 1980-2011.

* En miles de personas, fuente INE.

El primer período 1980-1985 fue objeto de los primeros estudios científicos sobre pobreza en

España, con anterioridad (década de los 60 y 70) existió algún análisis, pero fue el informe de

EDIS-Caritas sobre Pobreza y Marginación (1984) uno de los más destacados en primer término.

AÑO 1980 1985 1991 1994 2006 2007 2008 2011

ACTIVOS 13464,6 (*) 14080,8 15668,1 16134,8 21812,4 22404,5 23064,7 23081,2 PARADOS 1674 (*) 3024,4 2653 3856,7 1810,6 1927,6 3207,9 5273,6

32    

En él se estimaba la existencia de alrededor de ocho millones de individuos pobres en

España, lo que generó sorpresa y, sin duda, estimuló el interés por la investigación sobre la

pobreza en nuestro país.

Uno de los elementos que más discusiones ha supuesto es el método utilizado para establecer el

umbral de pobreza. Han sido numerosos en las últimas décadas los métodos empleados. Así, el

INE viene implementando la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) iniciada en enero de

2006, que sustituye a la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares (ECPF) base 1997, que

con periodicidad trimestral se realizó hasta 2005, constituyendo la principal fuente para el

estudio de la pobreza en España. Se trata de grandes encuestas (24.151 hogares en la EPF para

los años 1973-1974,23.971 hogares en la EPF de 1980-1981 y 21.155 hogares en la EPF de

1990-1991) que han permitido estudiar la pobreza teniendo en cuenta los niveles de renta y gasto

de los hogares españoles, a la vez que examinar la distribución territorial de la pobreza a través

de análisis desagregados. También se han ido tomando en consideración las diferentes

metodologías que a nivel europeo han venido implementándose (PHOGUE: Panel de Hogares de

la UE), y otras.

Al objeto de simplificar y exponer sucintamente cuál ha sido la tasa de pobreza en España en

las últimas décadas, se relata a continuación una escueta síntesis de las conclusiones de los

estudios realizados más significativos:

Tabla 2.- Tasas de pobreza en épocas de contracción económica.

AUTOR METODOLOGÍA RESULTADOS Ruiz-Castillo (1987) Años estudiados 1980-81. Gasto per capita.

Línea 50% gasto per capita medio.

Hogares pobres: 14,4%.

Individuos pobres: 17,0%.

Fernández-Morales et al.

(1988), Martín-Reyes et al.

(1989) y García-Lizana y

Martín-Reyes (1994)

Años estudiados 1980-81 y 1990-91. Ingreso

por hogar. Línea 50% ingreso por hogar medio.

Estudio de la distribución territorial de la

pobreza.

Hogares pobres: 21,0%

(80-81) y 19,4% (90-91).

Escribano (1990) Años estudiados 1973-74, 1980-81 y 1985- Hogares pobres: 18,9%

33    

87(ECPF). Gasto per capita. Línea 50% gasto

per capita medio.

(73-74), 17,9% (80-81),

18,3% (85),

17,6% (86), 16,0% (87).

Ayala et al. (1993) y Ruiz-

Huerta y Martínez (1994)

Años estudiados 1980-81 y 1990-91. Ingreso y

gasto por adulto equivalente (escala OCDE).

Línea 50% gasto o ingreso equivalente medio.

Comparaciones internacionales a partir de datos

del Luxembourg Income Study.

Hogares pobres según

gasto: 19,7% (80-81) y

18,6% (90-91).

Individuos pobres

según gasto: 19,6% (80-

81) y 17,9% (90-91).

Como se puede apreciar, el estado de la pobreza en España, durante las 2 últimas etapas de

contracción económica ha conllevado elevadas tasas de desempleo (aunque constantes) y unas

cifras de pobreza por encima de la media de la UE-15. Estos datos, como así lo han subrayado

distintos estudios, han conseguido reducirse como consecuencia de políticas redistributivas. Así,

Ayala (2008) destaca que, mientras que en las décadas de los setenta y ochenta éstas tuvieron un

papel determinante, desde comienzos de los años noventa el nuevo patrón distributivo en España

se ha caracterizado por una relativa estabilidad en la desigualdad de las rentas de mercado sin

mejoras visibles en la capacidad redistributiva de las prestaciones monetarias. Esto explica, en

parte, la resistencia a la baja de las tasas de pobreza, junto con las debilidades del sistema de

prestaciones sociales específicamente destinadas a combatir la insuficiencia de recursos. A pesar

de la extensión de la red de protección, ésta presenta importantes diferencias por grupos de

población y sigue resultando insuficiente para rebajar los altos niveles de precariedad de la

sociedad española17.

Vayamos un paso más allá, y empecemos a desglosar cuál es la situación del estado de la

pobreza y el desempleo en España en el último quinquenio.

 

                                                                                                                         17Estudios de economía aplicada, Vol. 27-2, 2009. Salvador Pérez Moreno: El estudio de la pobreza en España desde una óptica económica: medición y políticas.

34    

6.1.2.- Evolución del desempleo y la pobreza en España en el último quinquenio

(2006-2011).

En este apartado, y siguiendo el hilo conductor, se expondrá la repercusión que la grave crisis

económica actual está acarreando para un importante conjunto de la población española. No en

vano, España encabeza la UE en cuanto a personas sin empleo se refiere, situándose en un

24,44% de la población en desempleo, muy por encima de la media (10,8%) de los países que

componen la UE18. Por lo tanto, cabe señalar que dicho desfase respecto los países de nuestro

entorno debiera conllevar como sostén básico, una mayor protección por parte del Estado en

cuanto a transferencias públicas para corregir dicha situación, lo que repercutiría positivamente

en una mayor integración social de aquellos estratos sociales más vulnerables, por lo tanto

debiera traducirse en mayores esfuerzos económicos del Estado (gasto público social en

proporción al PIB). No obstante lo anterior, a pesar de que la media de gasto en protección social

en porcentaje de PIB (2008) se situó en torno al 26,4% para los países de la UE-27, España

ocupó una de las últimas posiciones al dedicar únicamente el 22,7% de su PIB en dicho gasto19.

A mayor abundamiento de lo aquí expuesto, durante el largo periodo de crecimiento económico

continuado en España (período 2000-2007), se ha venido asistiendo a una progresiva

degradación de la capacidad protectora del conjunto del sistema de garantía de ingresos mínimos.

No se ha reducido mucho el gasto real total (en euros constantes): unos 25 millones entre 2000 y

2007, pero eso, en una economía que crece rápidamente supone una reducción importante de la

participación en el PIB: 2,4 décimas menos en el periodo considerado. Podría argumentarse que

la bonanza económica reduce las necesidades sociales, pero sabemos que la tasa de pobreza se ha

mantenido bastante constante (entre el 18,4 y el 19,7% en este periodo). En relación con el

volumen de población bajo el nivel de pobreza, el número de prestaciones del sistema de garantía

de ingresos mínimos se ha reducido un 22,5% y el gasto real en un 17% aproximadamente.

                                                                                                                         18Datos de EUROSTAT e INE.  19Trabajo Social en perspectiva comparada, Alfredo Hidalgo Lavié, EDIASA 2011.

35    

En este momento, la intensidad con la que se ha mostrado la crisis económica desde el segundo

semestre de 2008 y la rapidez con la que se han visto sus efectos en el mercado de trabajo

primero y en la situación social de los hogares después han puesto de manifiesto las principales

debilidades de nuestro sistema de protección social en lo que se refiere a la garantía de ingresos

mínimos. El debate político ha recogido el tema, tratando de responder a una demanda social

latente que exige buscar los medios para evitar que la crisis económica lleve a los desempleados

a una situación de exclusión social que sería más difícil de abordar en el futuro20.

Sin embargo, todo apunta a que la incidencia de la crisis y la carencia de recursos suficientes

están produciendo una grave fractura social. Veamos cómo ha evolucionado el desempleo en

España en los últimos años:

Tabla 3.- Evolución del desempleo en el período 2006-2011.

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Abril 2012

ACTIVOS 21812,4 22404,5 23064,7 22972,5 23104,8 23081,2 23072

DESEMPLEADOS 1810,6 1927,6 3207,9 4326,5 4696,6 5273,6 5639

PORCENTAJE 8,3% 8,6% 13,91% 18,83% 20,33% 22,85% 24,44%

* En miles de personas, Fuente INE, EPA.

Los datos anteriores ponen de relieve la magnitud y gravedad de la actual situación de crisis

económica que azota España. Además, tal y como ya empieza a publicarse en los más recientes

estudios, la situación repercute muy notoriamente en los más desfavorecidos, provocando una

"hemorragia social", una fractura social que no parece cesar, sino todo lo contrario.

Por otro lado, la evolución que ha experimentado el desempleo en las distintas CCAA ha sido

también muy desigual. Así, el País Vasco presenta las tasas más bajas del conjunto del Estado.

Además, tal y como se señala desde Lambide, la contribución de la RGI al mantenimiento de

puestos de trabajo es también evidente. Así, según los datos recogidos, la contribución de la RGI

ha supuesto el mantenimiento de 26.700 puestos de trabajo, por lo que de no haberse aplicado

                                                                                                                         20Encuentro de expertos en Inclusión Social en Murcia IntegrACTÚA, basado en un trabajo previo: Laparra y Ayala (2009). El sistema de garantía de ingresos mínimos en España y la respuesta urgente que requiere la crisis social.

36    

dichos incentivos mediante la RGI, la CAPV contaría con 160.200 desempleados, lo que

representa pasar de un porcentaje de desempleo del 13,55% al 16,22% (diferencia de 2,67 puntos

porcentuales debido a la RGI).

Por otro lado, las tasas de riesgo de pobreza, aunque en España, tal y como se ha mencionado,

se han mantenido constantes en torno al 18-19% en las últimas décadas debido a la escasez de

políticas redistributivas en los períodos precedentes de auge económico (2000-2007), presentan,

como consecuencia de la virulencia de actual crisis, mayores porcentajes que en épocas

pretéritas:

Tabla 4.- Evolución tasa de riesgo de pobreza, período 2006-2011.

AÑO 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL 19,9 19,7 19,6 19,5 20,7 21,8

< DE 16 AÑOS 23,8 23,4 24 23,3 25,3 26,5

> DE 65 AÑOS 19,4 19,5 21,5 25,2 21,7 21,7

En tanto por cierto. Fuente INE, Encuestas de Condiciones de Vida.

Como dato positivo cabe señalar que el descenso pronunciado en el porcentaje de mayores de 65

años en riesgo de pobreza, que se reduce prácticamente en 4 puntos porcentuales en el año 2009-

2010 parece corresponderse con el esfuerzo económico en aumentar las pensiones públicas21. Por

contra, se aprecia un incremento sostenido de la tasa de pobreza entre los menores de 16 años.

Por todo lo expuesto, de lo visto en estos dos últimos epígrafes podemos señalas una serie de

conclusiones generales sobre la pobreza en España en las últimas situaciones económicas

adversas:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Madrid: Foessa. 21Revalorización de las pensiones para 2009: Las pensiones subieron desde enero entre un 2,4 por 100 y un 7,2 por 100. Las mínimas, que reciben más de dos millones y medio de pensionistas, ascendieron entre un 3,4 por 100 y un 7,2 por 100. Los pensionistas recibieron a finales de enero, además de la nómina mensual, una paga de compensación por la desviación de la inflación en 2008. Fuente: Gobierno de España.  

37    

1) En períodos de contracción económica, y como consecuencia del escaso

desarrollo productivo español, las tasas de desempleo se disparan, encabezando las

tasas de paro de toda la UE.

2) El gasto público social en España, con una media de 4 puntos porcentuales inferior a la

media de la UE, impide contrarrestar las tasas de pobreza, muy dependientes de las

políticas públicas que se desarrollen.

3) La tasa de pobreza en España se ha mantenido constante durante las últimas décadas

en torno al 19%. Durante la etapa boyante de 2000-2007 las políticas llevadas a cabo no

incidieron en su descenso, por lo que en apenas 4 años se ha experimentado un

incremento de más de 2 puntos porcentuales. Según los datos provisionales del INE,

España cerró el año 2011 con una tasa de pobreza del 21,8% (1,1% más que en el año

2010), por lo tanto cabe suponer que para el año 2013 la tasa de pobreza ronde los 23

puntos porcentuales, y esto como consecuencia de encontrarnos en una situación

económica muy delicada (24,44% de desempleo en el primer trimestre de 2012; 1.72

millones de hogares con todos sus miembros en activo en paro; prolongación de la crisis

económica en el tiempo que incide en la pérdida de prestaciones o subsidios a los que

acceder; agotamiento de las RB por parte de un cuantioso colectivo de excluidos como

consecuencia de la limitación temporal que suelen recoger las normas autonómicas de

RB).

Una vez dibujado brevemente el panorama del desempleo y la pobreza en España en la

actualidad, pasamos a analizar las Rentas Básicas en el estado autonómico español.

6.1.3.- Análisis comparativo de las Rentas Básicas en España. Especial mención de

la Renta de Garantía de Ingresos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

38    

El sistema de RGI de la CAPV es el más desarrollado de cuantos existen en nuestro país.

Asimismo y como se verá en las próximas líneas, el gasto presupuestario que se dedica a las RB

ronda algo más del 2% del presupuesto autonómico, siendo de lejos la CCAA que más recursos

dedica. Antes de centrarnos en los datos disponibles, cabe señalar las novedades legislativas que

se han introducido por medio de la Ley 4/2011, de 24 de noviembre, de modificación de la Ley

para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. En primer lugar, y como ya venía

señalándose en las normativas anteriores, se vincula la percepción de la RGI al establecimiento

con la persona titular de un convenio de inclusión activa (artículo 15, inclusión laboral y social),

añadiéndose el siguiente tenor “Garantizar el acceso al mercado laboral de las personas

empleables y perceptoras de la renta de garantía de ingresos”. El marcado carácter de activación

laboral adquiere ahora más énfasis. Además, desde la CAPV se transfirió la RGI hacia el servicio

vasco de empleo (Lanbide), aunque dicha modificación ha contado con bastante aceptación

debido al desahogo que ha supuesto para los Servicios Sociales de base, así como para la

activación laboral de los perceptores de las prestaciones de garantía de ingresos.

Asimismo, se añade un nuevo párrafo en cuanto al período de empadronamiento requerido, “[si

no se] llega a tres años de empadronamiento, se deberá acreditar mediante la correspondiente

vida laboral al menos cinco años de actividad laboral remunerada, exceptuándose aquellas

personas que perciban una pensión pública o hayan sido víctimas de maltrato doméstico.” Lo

cual escenifica nuevamente la primacía del empleo y la actividad laboral en los años precedentes

a la solicitud, impidiendo su ejercicio efectivo para un conjunto elevado de excluidos debido al

carácter contributivo que adquiere.

Por lo tanto, se han acometido una serie de reformas en la ley de 2008 que dificultarán el acceso

a la RGI que viene desarrollando la CAPV, así, y según Caritas Euskadi, unas 3000 personas no

podrán acceder en el año 2012 a la RGI como consecuencia de las modificaciones

implementadas. Si esto viene ocurriendo en el sistema de RB más desarrollado de España, ¿cuál

es el panorama en otras CCAA en las que apenas dedican recursos para los excluidos? Además,

39    

tal y como viene sucediendo en el resto de CCAA, el presupuesto se ha visto reducido para el

presente año 2012 en un 7%. Veamos la evolución que ha experimentado la RGI.

Teniendo como referencia el período 1996-2009, podemos constatar el incremento considerable

de perceptores de la RGI, así, en el primer año de la muestra, se concedieron 16,052

prestaciones, manteniéndose constante durante el período 1996-2000. Desde ese año, debido

también a las reformas llevadas a cabo, el incremento ha sido constante, y con la incidencia de la

crisis, el repunte ha sido muy acentuado tal y como refleja la siguiente tabla:

Tabla 5.- Evolución del número de perceptores de RGI, período 1996-2011.

Año 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Prestaciones 16052 16264 16550 21454 28889 31654 33824 36004 39715 48449 55020

Fuente: CAPV

Por otro lado, se puede constatar cuál ha sido la evolución de la cuantía económica media

anual de la RGI:

Tabla 6.- evolución de la cuantía económica media anual de la RGI, período 1996-2009.

Año 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importe* 2566 2585 3197 4282 4333 4567 4671 4825 5115 4718

* En euros. Fuente: CAPV

Como puede observarse, tenemos por un lado una evolución ascendente en la cuantía media de la

prestación durante el período 1996-2008, así como un descenso en el último año. No obstante, a

falta de datos de los años 2010 y 2011, sí podemos afirmar que debido al aumento en la demanda

de la RGI, así como al descenso de la partida presupuestaria (7% en 2012), nos encontramos en

un nuevo escenario marcado por:

a) El aumento galopante de la tasa de desempleo. Para la CAPV se encuentra en el

13,55%, la más baja del Estado. Igualmente ha experimentado el aumento menos

40    

sangrante del conjunto del Estado. En el período 2006-2011, el desempleo en

Españase ha multiplicado un 291% de media, mientras que para la CAPV dicho

incremento, favorecido asimismo por la repercusión de la RGI a la hora de

mantener puestos de trabajo, ha supuesto que dicho aumento porcentual sea del

187%. Si descontamos los 26700 puestos de trabajo que se han mantenido como

consecuencia de las medidas aplicadas vía la RGI, dicho porcentaje sería del

225%, pasando de 133.500 desempleados hasta 160.200.

b) Una limitación presupuestaria que puede ocasionar graves consecuencias dentro

de la CAPV debido a la condición de derecho subjetivo reconocido, de momento

una reducción del importe mensual a percibir.

Continuamos el análisis con el importe de las RB en España, comparativa por CCAA. Año

2010. Como puede observarse la diferencia entre CCAA es muy relevante.

Gráfico 1: Importe de las RB por CCAA (Fuente: CAPV):

En la siguiente tabla se realiza una comparación de los datos correspondientes a la RGI vasca

con las rentas mínimas existentes en las demás comunidades autónomas, lo que pone de

manifiesto las diferencias existentes tanto en lo que se refiere a la cuantía básica (640 euros,

frente a 408 euros de media en el conjunto del Estado) como a su dotación presupuestaria.

Además, casi un tercio de todas las personas beneficiarias de rentas mínimas en España, y un

41    

42% del total, corresponden a la CAPV, y esto a pesar de contar con la tasa de desempleo y

pobreza más baja de todo el reino de España.

Gráfico 2: Importe de las RB por CCAA, titulares por sexo y presupuesto (Fuente: CAPV):

En la siguiente gráfica se puede apreciar el gasto mensual en RB por hogar en riesgo de pobreza

en España: Gráfico 3: Gasto mensual en RB por hogar en riesgo de pobreza (Fuente: CAPV):

Fuente: CAPV

42    

Cobertura del sistema de rentas mínimas por CCAA. Indicadores relativos a la población

beneficiaria del sistema: Gráfico 4: Cobertura según tipología de la población beneficiaria (Fuente: CAPV):

Un análisis del gasto por CCAA en 2007, se evidencia la desigualdad existente entre las mismas

a la hora de dotar a las RB de los recursos económicos suficientes para su desarrollo. De poco

sirve tener en papel una prestación o derecho, cuando en la práctica se carece de los recursos

necesarios para su implantación. Para un grupo de CCAA el gasto presupuestario resulta

simbólico, destinando menos del 0,05% del total presupuestario para la CCAA. Este es el caso de

Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Valencia).

Luego estaría un conjunto de CCAA que destinan un porcentaje aún insuficiente del 0,5% como

en Madrid, Cataluña, Asturias y Melilla. La excepción, como no podía ser de otra manera la

constituye el País Vasco que dedica un 2,13% del total de su presupuesto, de ahí, que de todas

las RB en vigor en España, el 43% se concedan en dicha CCAA22. Se relaciona tabla explicativa: Gráfico 5: Gasto en RB y porcentaje de beneficiarios. Fuente: Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA: una

evolución conjunta de su evolución y alcance. Ana Arriba, 2009.

43    

Gráfico 6: Número de personas titulares y de personas beneficiarias de las RB por CCAA:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       22Gestión y análisis de políticas públicas, INAP: Rentas Mínimas de Inserción de las CCAA: una evolución conjunta de su evolución y alcance. Ana Arriba, 2009.

44    

La cobertura de la RGI en la CAPV es, para el año 2009, de 48 personas beneficiarias por cada

mil habitantes, mientras que la cobertura media española es de 9. Además 11 de las 17 CCAA

registran tasas de cobertura inferiores a 10.

Por otro lado, su sistema de RMI, alcanza en el País Vasco a uno de cada 42 habitantes,

frente a los 147,6 de media estatal, siendo en este aspecto la Comunidad que presenta una

mayor cobertura, muy por delante de cualquier otra. De la misma manera, la cuantía de estas

Rentas es superior en el País Vasco a la media estatal, ya que el porcentaje que supone el

gasto medio por titular, en relación con la renta media por hogar en esta Comunidad, es del

15,46%, frente al 12,09% que representa a nivel estatal23. Se desglosa a continuación las RB.

Cobertura. Ratio de perceptores (miembros dependientes) de rentas básicas por habitantes, datos

del estudio DEC 2012: Tabla 7.- Perceptores de RB según ratio de población.

TOTAL HABITANTES PERCEPTORES RB Ratio x habitantes

Total España 47.021.031 318.662 147,6

Andalucía 8.370.975 83.064 100,8

Aragón 1.347.095 7.904 170,4

Baleares 1.106.049 4.538 243,7

Canarias 2.118.519 9.984 212,2

Castilla y León 2.559.515 4.655 548,7

Cataluña 7.512.381 79.341 94,7

Valencia 5.111.706 4.929 567,5

Extremadura 1.107.220 3.895 284,3

Madrid 6.458.684 28.269 228,5

Navarra 636.924 9.749 65,3

País Vasco 2.178.339 51.905 42,0

La Rioja 322.415 1.287 251,0

A continuación la cuantía. Porcentaje que supone el gasto medio por titular en relación con la

renta media por hogar en la Comunidad Autónoma. Nuevamente, nos referimos a los datos

                                                                                                                         23Índice de desarrollo de los Servicios Sociales, Índice DEC 2012. Asociación estatal de directores y gerentes en Servicios Sociales.

45    

aportados por el estudio DEC 2012, tomando como referencia el INE: encuesta de condiciones

de vida 2010, así como el Informe de Rentas Mínimas año 2010, Ministerio de Sanidad, Política

Social e Igualdad. Tabla 8.- Gasto en RB.

Total Renta media por hogar

en la CCAA

Gasto por titular de la

RB

Porcentaje

Total España 12,09%

Andalucía 22.754 2.159 9,49%

Aragón 26.634 2.935 11,02%

Baleares 25.859 2.613 10,10%

Canarias 22.397 3.612 16,13%

Castilla y León 24.888 4.769 19,16%

Cataluña 27.834 5.278 18,96%

Valencia 24.982 3.135 12,55%

Extremadura 19.858 1.406 7,08%

Madrid 30.468 3.929 12,90%

Navarra 34.409 4.142 12,04%

País Vasco 30.456 4.708 15,46%

La Rioja 25.420 2.214 8,71%

La repercusión positiva que lleva aparejada la RGI respecto el mantenimiento de empleos, es

otro de los puntos positivos que se aprecian en la CAPV. Así, y según los datos recogidos un

40% de los empleos mantenidos (no destruidos) vía la contribución de la RGI es de 26.770

puestos de trabajo de manera directa o indirecta, tal y como se señala a continuación: Tabla 8.- Mantenimiento de puestos de trabajo vía RGI. Fuente: Estudio comparado del impacto de las prestaciones de garantía de ingresos en el estado de bienestar de Euskadi y de España, CAPV, 2009.

46    

6.1.4.- Evolución de la RMI en la Comunidad de Madrid durante el período 2006-

2010.

A continuación se describirán los principales elementos recogidos en los Balances que la

Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid viene mostrando. Para el

objeto que nos ocupa, se han analizado los datos disponibles de los años 2006, 2008 y 2010.

Tabla 9.- Evolución presupuesto RMI, importe y solicitudes.

AÑO PRESUPUESTO * IMPORTE ** SOLICITUDES CONCESIONES DENEGACIONES CANCELACIONES

2006 46.900.000 € 510 € 3.516 1730 770 893

2008 41.242.987,24 € 516,9 € 3.467 1.434 780 941

2010 58.985.110,54 €*** 532,51 € 9.384 4.670 2.100 2.213

2011 66,000,000 €**** 532,51 €

2012 54,200,000 € 532,51 €

* Hace referencia únicamente a la partida presupuestaria destinada para el pago de la prestación económica.

** Importe máximo a percibir por Unidad de Convivencia para dicho año.

*** La partida presupuestaria iniciar fue de 48.000.000,00 €, al verse incrementada la demanda, el 9 de septiembre

se aprobó una ampliación de más de 11 millones de €.

**** El presupuesto se vio ampliado en 12 millones adicionales para hacer frente al incremento de solicitudes

aprobadas.

De la tabla anteriormente expuesta, así como de los datos recogidos de los diferentes balances, se

pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) En primer lugar la partida presupuestaria destinada al pago de la RMI ha ido

aumentando de manera progresiva, así respecto el año 2009 (cuya partida

ascendió a 47.680.083,67€, para el año 2010 el incremento, una vez sumada la

ampliación de crédito, supuso un 23.71% respecto el año anterior. Con todo,

vemos como en los últimos 5 años el incremento presupuestario asciende

12.085.110 €.

b) Además, el importe de la prestación también se ha visto incrementado, llegando

hasta el IPREM actual. No obstante, parece insuficiente para satisfacer las

necesidades básicas, máxime cuando de los balances analizados se constató que la

mayoría de las familias perceptoras de la RMI viven en régimen de alquiler (el

47    

45,77% del total para el año 2010; 42,71% para el año 2008; 43,51% en el año

2006).

c) Los porcentajes de cancelaciones y denegaciones se han mantenido constantes en

los años de referencia, sin que se aprecien cambios sustanciales. Así, las

solicitudes denegadas han oscilado entre el 21,9% de 2006, el 22,49% de 2008 y

el 22,37% de 2010.

d) En la siguiente tabla puede verse la correlación que guarda el aumento de la tasa

de desempleo en la Comunidad de Madrid con el incremento de solicitudes de la

RMI, con la salvedad del año 2008.

Tabla 10.- Comparativa evolución del desempleo y el número de solicitudes de RMI.

AÑO TASA DESEMPLEO SOLICITUDES

2006 210.500 3.516

2008 345.300 3.467

2009 498.500 7836

2010 542.000 9.384

2011 623.300 10.700 *

* Los datos aportados para el 2011 son una estimación debido a que se carece de la cifra exacta. Para ello se ha

tomado como referencia la tasa de paro de los años anteriores junto al número de solicitudes de la RMI existentes

para cada año. Los datos de la EPA del primertrimestre de 2012 arroja un aumento del desempleo escaso (se situó

en 632.600 personas).

e) Efectivamente, si extrapoláramos los datos del número de solicitudes para

cada año, tenemos como por dicho número y para el año 2010 correspondería

una tasa de desempleo de 561.812, prácticamente la misma cifra que la real

(542.000).

f) En el año 2006 se tramitaron 3516 solicitudes, siendo las concedidas 1.730, lo

que representa el 49,23% del total. Por contra, 770 (21,9%) fueron

denegatorias, 893 (25,4%) fueron cancelaciones. De lo expuesto, cabe

concluir que más de la mitad de las solicitudes formuladas (54,55%) no se

resolvieron favorablemente. Las 140 faltantes quedaron pendiente de

resolución, lo que representa el 4% restante.

g) En el año 2008 se tramitaron 3467 solicitudes, siendo las aprobadas 1.434, lo

48    

que representa el 31,39% del total. Por contra, 780 (22,49%) fueron

denegatorias, 941 (27,14%) fueron cancelaciones. De lo expuesto, cabe

concluir que más de la mitad de las solicitudes formuladas (54,55%) no se

resolvieron favorablemente. Las 312 faltantes quedaron pendiente de

resolución, que representan el 9% restante.

h) Para el año 2010 se tramitaron 9384 solicitudes, siendo las aprobadas 4670

(49,76% del total). Por contra, 2100 (22,37%) fueron denegatorias, 2213

(23,58%) fueron cancelaciones. De lo expuesto, cabe concluir que de las

solicitudes formuladas, el 50,22% no se resolvieron favorablemente. Las 401

faltantes quedaron pendiente de resolución, lo que representa el 4,27%

restante.

De manera orientativa aprovecharemos los datos recogidos en cuanto a perfiles

sociodemográficos, entre los que cabe destacar que:

a) La mayoría son mujeres entre los titulares de la prestación de Renta Mínima de

Inserción, representando un 67,99% frente al 32,01% de varones.

b) Se trata de una población joven, un 58,09% de los titulares es menor de 45 años.

La edad media de los titulares se sitúa en algo más de 42 años, siendo las mujeres

el grupo más joven con 41 años de media frente a 45 de los varones.

c) Un 35,37% son familias con menores. En su mayoría constituidas por mujeres con

responsabilidades familiares no compartidas (28,74%), menores (14,94%), o

parejas con menores (19,87%).

d) Las personas solas mantienen una presencia significativa en la Renta Mínima de

Inserción con un 32,15% (un total de 2.783).

e) El nivel de instrucción de estas familias es bajo, con niveles de analfabetismo de

un 14,91% del total de titulares de la prestación. Un 56,01% presenta niveles de

instrucción por debajo de Graduado Escolar, un 15,97% tiene el título de

Graduado Escolar y un 12,00% supera dichos estudios.

f) La mayoría de titulares de la Renta Mínima de Inserción son parados (64,36%).

49    

g) En cuanto a la vivienda, la mayoría de las familias perceptoras RMI viven en

régimen de alquiler con un 42,71% del total. A continuación se sitúan aquellas

que ocupan una vivienda cedida, con un 16,81%, junto a un 11,75% que tiene una

vivienda en propiedad, bien sea pagada o con pagos pendientes.

h) El colectivo “sin hogar" alcanzan un porcentaje del 15,06%.

i) La mayoría de los hogares beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción son

unipersonales, con un 32,15% del total. Le siguen a continuación las familias

monoparentales (30,72%), y las parejas con menores (19,87%).

50    

6.2.- Discusión.

De todo lo expuesto, cabe comenzar por interpretar si las hipótesis formuladas han sido

verificadas o no. Además, resulta imprescindible realizar un análisis de los datos recogidos de

forma secuencial, esto segundo se desarrollará en el siguiente apartado (conclusiones).

Por lo tanto y en base a las 4 hipótesis formuladas cabe señalar que:

i. El subdesarrollo del estado español en su Estado de Bienestar, está acarreando

mayores tasas de desempleo que en etapas anteriores, y un gran número de excluidos

sociales. Algunas notas (aumento del gasto en pensiones, mantenimiento de empleos por

medio de la RGI) señalan como el aumento del gasto social conlleva mayores tasas de

inclusión social y bienestar. Por consiguiente, la hipótesis que se ha mantenido de que

España, debido a la escasez de gasto en protección social, presenta tasas de desempleo,

pobreza y exclusión social muy elevadas, concuerda con los resultados señalados.

ii. Mientras que en las dos etapas de contracción económica que nos preceden (décadas de

los 80 y 90) las tasas de pobreza se mantenían en torno al 19% según los estudios

analizados, en la presente coyuntura económico-social, y como consecuencia de las

escasas medidas adoptadas en la época boyante del período 2000-2007, estamos

asistiendo a las tasas de pobreza más destacadas de los últimos 12 años (para 2010 se

cifra en el 21,8%), y por los datos recogidos, cabe suponer que dicha tasa siga la

trayectoria ascendente que presenta para los próximos años.

iii. El sistema autonómico sobre el que recae el desarrollo de Rentas Básicas es

tremendamente desigual y deficitario para la mayoría de las comunidades autónomas,

no consiguiendo por su configuración y recursos que brinda, la inclusión social de los

colectivos para los que se implementa. Otra de la hipótesis mantenida era que

precisamente existen CCAA que presentan un gasto en RB residual (Canarias, Castilla-La

Mancha, Extremadura, Murcia, Valencia), lo que caza con unas tasas de pobreza

superiores a la media del conjunto del Estado, incluso algunas de ellas como Canarias y

Extremadura, presentan tasas de pobreza que superar el 30% de su población (tres veces

más que el País Vasco). Como se ha ido exponiendo en los apartados precedentes, la RGI

de la CAPV acapara el 42% del total de RB en España, y esto, siendo la CCAA con

51    

menores tasas de pobreza y desempleo, siendo además, la que se gasta el presupuesto más

elevado (2,13%) para atajar la exclusión social.

iv. Las Rentas Básicas se encuentran orientadas hacia la inclusión laboral como

mecanismo básico y nuclear para la inclusión social de los beneficiarios de las

mismas, lo cual conlleva la exclusión de posibles perceptores de RB (como advierte

Caritas Euskadi con 3000 personas excluidas que no podrán acceder a la RGI como

consecuencia de las reformas legislativas producidas), agravando aún más si cabe la

situación de los posibles beneficiarios. Esto no quiere decir que las RB deban abandonar

la orientación hacia el empleo como mecanismo inclusivo, todo lo contrario, se asiste al

aumento de solicitudes de RB como consecuencia de que un alto porcentaje de la

población ha agotado otras vías (contributivas). No obstante se debe trabajar

individualizadamente y atendiendo a las necesidades reales de los excluidos, no dándoles

la espalda por no poder orientarse hacia el empleo. ¿Cómo orientar hacia el empleo a

personas con baja cualificación o escasas vidas laborales en una época de contracción de

empleos tan acuciante? Resulta un fin en sí mismo de muy difícil alcance la orientación

de las RB hacia la inserción laboral como mecanismo tendente hacia la inclusión laboral.

La hipótesis que se ha afirmó respecto el error en la orientación de las RB hacia el

empleo, resulta muy compleja de verificar, dado que habría que analizar minuciosamente

los datos de las CCAA, lo cual no ha podido contrastarse. No obstante, se han apuntado

algunas notas que pueden poner algo de luz sobre esta cuestión. Las dificultades que

presenta el mercado laboral español hacen ser muy negativas cualquier previsión de

encontrar empleo (desempleo del 24,44%), máxime, cuando nos estamos refiriendo (en la

mayoría de los casos) a personas con baja capacidad de empleabilidad consecuencia de la

ausencia de formación académica básica (como se señala en los balances aportados sobre

la RB de la Comunidad de Madrid en los que los perceptores que no había finalizado la

EBG alcanza la cifra del 70% del total).

v. Tal y como se ha ido extrayendo, las RB empiezan a apuntar dinámicas restrictivas y con

mayores requisitos para su concesión. La hipótesis formulada en este sentido se verifica

ante los datos expuestos: disminución de las partidas presupuestarias, aumento galopante

de solicitudes, mayores plazos para resolver, exigencia de más requisitos, aumento de los

controles e inspecciones. Todo ello tiene un correlato claro en tanto en cuanto se ha

52    

producido un aumento del desempleo muy marcado, así como de perceptores de

prestaciones que se encuentran ya sin derechos económicos. Asimismo, se ha señalado

como 1,72 millones de hogares españoles presentan a todos sus miembros en paro. Cifra

esta que aumentará tal y como se vienen sucediendo los acontecimientos. La vía de

escape que le queda a un número destacado de españoles son las RB, las cuales no han

visto incrementado sus recursos sino todo lo contrario.

6.3.- Conclusiones.

Por todo lo expuesto en el apartado anterior, cabe señalar aquellas conclusiones más destacadas

de la información analizada.

Tal y como se ha ido mostrando a lo largo de todo el proyecto, las peculiaridades del estado de

las RB en España requieren mayores esfuerzos económicos, mayor implicación política de las

diferentes administraciones (central y autonómica), así como una reorientación de la

configuración de este sistema autonómico tan dispar como es el de las RB.

Por ello, y a modo de síntesis concluyente, se expondrán tres apartados diferenciados: situación

deficitaria del Estado de Bienestar español con la nula repercusión positiva que la etapa 2000-

2007 supuso para descender las tasas de pobreza; situación actual del desempleo y la pobreza así

como la posible evolución de las mismas; estado de las RB, disparidad autonómica, desarrollo

insuficiente, alguna situación positiva, así como alertas ante los cambios que empiezan a

producirse.

6.3.1.- Situación deficitaria del Estado de Bienestar español y la nula repercusión

positiva que la etapa 2000-2007 supuso para descender las tasas de pobreza.

Las conclusiones más destacadas de los datos expuestos son:

53    

I. El largo periodo de crecimiento económico en España (período 2000-2007),

supuso una progresiva degradación de la capacidad protectora del conjunto del

sistema de garantía de ingresos mínimos. No se ha reducido mucho el gasto real

total (unos 25 millones entre 2000 y 2007), pero eso, en una economía que crece

rápidamente supone una reducción en el PIB: 2,4 décimas menos en el periodo

considerado.  

II. El gasto público social en España, con una media de 4 puntos porcentuales inferior

a la media de la UE, impide contrarrestar las tasas de pobreza, muy dependientes

de las políticas públicas que se desarrollen. A pesar de que la media de gasto en

protección social en porcentaje de PIB (2008) se situó en torno al 26,4% para los

países de la UE-27, España ocupó una de las últimas posiciones al dedicar

únicamente el 22,7% de su PIB en dicho gasto.  

III. El número de prestaciones del sistema de garantía de ingresos mínimos se ha

reducido un 22,5% y el gasto real en un 17% aproximadamente.

IV. La tasa de pobreza en España se ha mantenido constante durante las últimas

décadas en torno al 19%. Durante la etapa boyante de 2000-2007 las políticas

llevadas a cabo no incidieron en su descenso, por lo que en apenas 4 años se ha

experimentado un incremento de más de 2 puntos porcentuales.

6.3.2.- Situación actual del desempleo y la pobreza así como la posible evolución de

las mismas.

I. Las tasas de pobreza se han mantenido constantes en torno al 19% durante las tres

últimas décadas, pero es precisamente ahora, y justo después de una época de

bonanza económica muy acentuada, cuando el aumento empieza a ser muy

preocupante como consecuencia de la ausencia de políticas públicas inclusivas en

el periodo precedente. Para el año 2011 nos encontramos con una tasa de pobreza

del 21,8%, así como una tasa para los menores de 16 años del 26,5%. Debido a la

situación actual (aumento del desempleo, fuerte contracción económica, périda de

54    

prestaciones y ayudas económicas para un mayor número de personas) cabe

esperar que la tasa de pobreza para el año 2013 se sitúe en torno al 24%.

II. España presenta en la actualidad 5.273.600 desempleados (primer trimestre de

2012), con una evolución ascendente que parece no terminar. Se estima que

España cierre el 2012 con unos 5,7 millones de desempleados. El porcentaje de

desempleados asciende al 24,44%, por lo que a finales del presente año podemos

sobrepasar el 25% con bastante probabilidad. Presenciamos como más de 1,72

millones de hogares españoles tienen a todos sus miembros en activo en paro. Se

estima que a finales de 2012 dicha cifra rondará los 2 millones de hogares, lo que

representa el 11,69% del total de hogares.

III. Como dato positivo, cabe señalar que la RGI ha supuesto el mantenimiento de

26.700 puestos de trabajo de manera directa o indirecta en la CAPV, lo que

representa pasar de un porcentaje de desempleo del 13,55% al 16,22% si no se

aplicara dicha medida. Por lo tanto, la CAPV, la cual dedica el presupuesto más

elevado en RB del conjunto del Estado español, consigue, vía transferencias

públicas, mitigar los efectos de destrucción de empleo, así como menores tasas de

pobreza y exclusión social.

IV. El descenso pronunciado en el porcentaje de mayores de 65 años en riesgo de

pobreza, que se reduce prácticamente en 4 puntos porcentuales en el año 2009-

2010 caza con el esfuerzo económico en aumentar las pensiones públicas. Por lo

tanto, los efectos redistributivos (los pocos existentes) tienen una repercusión muy

positiva en el descenso de la tasa de pobreza.

6.3.3.- Estado de las RB, disparidad autonómica, desarrollo insuficiente.

I. Con la salvedad de la CAPV (que dedica un 2,13% del total de su

presupuesto), el desarrollo de las RB en el resto de las CCAA resulta muy

escaso, incluso simbólico, destinando menos del 0,05% del total

presupuestario para algunas CCAA. Este es el caso de Aragón, Canarias,

Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, La Rioja, Valencia).

55    

Luego estaría un conjunto de CCAA que destinan un porcentaje aún

insuficiente del 0,5% como en Madrid, Cataluña, Asturias y Melilla. Que la

mayoría de CCAA destinen un residual porcentaje de sus presupuestos para

atajar la exclusión social trae como consecuencia que las tasas de pobreza de

muchas de ellas superen el 30% de su población (casos de Andalucía,

Canarias, Extremadura).

II. Existe una diferencia importantísima entre percibir una RB en el País Vasco

(máximo mensual de la unidad familiar alcanza los 935 €), o en la Rioja (372

€).

III. Mientras que por un lado hemos asistido al aumento constante de las

solicitudes para las RB, estamos empezando a presencial que las partidas

presupuestarias no se están viendo aumentadas en sintonía con las solicitudes.

Asimismo, empiezan a señalarse algunas deficiencias: reducción

presupuestaria en la CAPV del 7% para la RGI; mayores requisitos para su

obtención por parte de las CCAA; mayores plazos para su concesión;

limitación temporal de las RB (algunas como la andaluza oscila entre los 6

meses y el año máximo, lo que impide un plan de inserción real y efectivo);

congelación / reducción del importe de la cuantía de las RB.

IV. Consecuencia de la insuficiencia económica de la mayoría de CCAA, casi un

tercio de todas las personas beneficiarias de rentas mínimas en España, y un

42% del total, corresponden a la CAPV, y esto a pesar de contar con la tasa de

desempleo y pobreza más baja de todo el reino de España, su sistema de RMI,

alcanza en el País Vasco a uno de cada 42 habitantes, frente a los 147,6 de

media estatal. De igual forma, la cobertura en la CAPV es, para el año 2009,

de 48 personas beneficiarias por cada mil habitantes, mientras que la cobertura

media española es de 9.

V. Consecuencia de destinar un presupuesto mayor, la RGI respecto el

mantenimiento de empleos y según los datos recogidos, un 40% de los

empleos mantenidos (no destruidos) vía RGI es de 26.770 puestos de trabajo

de manera directa o indirecta,

56    

57    

7.- Estudios futuros en función de los resultados obtenidos. La situación social en España se encuentra en una continua evolución que hace que los datos

recogidos hace 3-4 años en relación con las RB resulten en muchos aspectos ciertamente

desfasados. Nos encontramos ante cambios profundos y transformaciones veloces que están

suponiendo mayores dificultades para la población más desfavorecida. Las CCAA que

comenzaron más prontamente el desarrollo de RB (País Vasco, Navarra, Madrid) parten de una

situación más favorable. No obstante, y debido a las insuficiencias económicas marcadas por la

orientación política de austeridad y déficit cero, los gobiernos autonómicos están dando una

vuelta de tuercas más sobre las RB. Así, empezamos a apreciar un descenso / congelación de las

cuantías económicas, una reducción presupuestaria que ya empieza a presenciarse incluso en las

CCAA más desarrolladas, mayores dificultades para su obtención, plazos más largos para su

concesión, y un largo etcétera que están dibujando un panorama social dramático.

No sólo partimos de una regulación deficitaria, con partidas presupuestarias irrisorias, como

sucede en varias CCAA en las que apenas se destina un exiguo 0,05% de sus presupuestos para

las RB, lo que conlleva la imposibilidad de atender a los excluidos sociales, sino que además

estamos asistiendo, debido a la situación económica actual de recortes presupuestarios y déficit

cero, al empeoramiento de las RB mediante mayores impedimentos, requisitos, plazos, etcétera.

La evolución de las RB en los próximos años va a ser crucial para un creciente número de

personas en nuestro país, asimismo se podrá contrastar si lo aquí señalado (aumento de

requisitos, periodo más largo para su aprobación, reducción de la cuantía económica, recortes en

las partidas presupuestarias, etcétera) es una orientación circunstancial o será la línea que sigan

desde ahora las RB como consecuencia de lo señalado.

El estado español, con su marcado déficit social, parece llevar esa línea de menos protección, lo

que empieza a señalarse en las RB, último mecanismo de protección para los más

desfavorecidos.

58    

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Airam González Quintero

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