PROTECCIN DEL ESPACIO PBLICO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS INFORMALES, EN LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 20 Y 25: PERIODO AGOSTO-DICIEMBRE DE 2014

ANDRS BENTEZ CAICEDO [footnoteRef:1] [1: Estudiante de la Universidad de Nario. Correo electrnico: andreslive95@hotmail.com]

RESUMEN

A efectos de desarrollar con xito la investigacin y de brindar posibles soluciones al caso concreto, se pretende analizar la problemtica a partir del contexto actual. Para nuestro caso, hemos determinado una zona especfica ubicada en el Centro de Pasto en la cual se llevara a cabo un anlisis que denotar el impacto negativo ocasionado por la afluencia que han tenido las actividades econmicas informales en el sitio, adems de las confrontaciones en materia de derechos que del mismo se derivan, corroborando dichas hiptesis con la aplicacin de encuestas en los diferentes actores de la problemtica. De igual forma, el proceso de anlisis destacar las caractersticas del espacio pblico y las normas vigentes del caso, puesto que estas determinaran el marco legal o ilegal de dichas actividades. Finalmente, observaremos proyectos y estrategias vigentes del tema, resaltando las dificultades que dentro de estos se encuentren.

Palabras clave: espacio publico, problemticas, actividades econmicas informales, proyectos.

ABSTRACT

In order to successfully develop research and to provide posible solutions to this case, is to solve the problems from the curren context. For our case, we have determined a specific area located in the center of Pasto, which was carried out an analysis to denote the negative impact caused by the influx which they have had informal economic activities on the site, plus confrontacions on rights arising there from, borne out these hypotheses with the use of surveys to actors in the problematic. The analysis process highlights the characteristics of public space and the existing rules of the case, sice these determine the legal or ilegal scope of such activities. Finally we will observing current projects and strategies of the subject, highlighing the difficulties that are witthin these.

Keywords: public space issues, informal economic activities, projects.

INTRODUCCIN

El espacio pblico es un fenmeno de constante cambio, por lo tal se ha visto sometido a los intereses de la sociedad. Su relacin con la economa ha crecido a tal punto de generar un lucro en la ocupacin de este, lo cual era predecible con las altas tasas de desempleo y el notorio desequilibrio social.

Ahora bien, a pesar de estar consagrada la proteccin del espacio pblico en la normatividad colombiana, su alcance se ve disminuido, pues en muchas ocasiones los ocupantes de este espacio son grupos que gozan de un mayor grado de proteccin constitucional, tal es el caso de las mujeres cabeza de familia o los desplazados por el conflicto armado. Sin embargo, las necesidades, la precariedad de las condiciones de vida y las dificultades para encontrar un trabajo, han sido el punto de partida para hallar en los espacios pblicos personas que sin pertenecer a los dos grupos anteriormente nombrados, encuentren en dicho espacio una leve mejora en su calidad de vida.

Conforme a esto, hemos determinado los ejes problemticos que se derivan y que sern puestos en cuestin posteriormente, a saber: (i) el impacto negativo de las actividades econmicas informales en la zona y (ii) las confrontaciones en materia de derechos por la adaptacin del espacio pblico para el desarrollo de actividades econmicas.

A partir de lo anterior, surge la delimitacin de actores involucrados en la problemtica: transentes y trabajadores informales, de los cuales es preciso captar su percepcin entorno a las problemticas descritas por ser los protagonistas del conflicto.

Dicho esto, es pertinente para el caso hacer alusin a los fenmenos jurdicos que son implementados para el control, regulacin y mejoramiento del espacio pblico desde su nacimiento con la Carta Poltica de 1991. Tal es el caso de la Ley 388 de 1997, los Decretos 1504 de 1998, 1600 de 2005 y 1469 de 2010, tambin las polticas pblicas nacionales y municipales, los cuales son garantes de la normatividad del espacio pblico. Es necesario aclarar que existe mayor normatividad pero la nombrada tiene mayor congruencia con lo que se pretende desarrollar. Aunque basta con decir que a pesar de la larga lista de normatividad existen aun vacios notables en el asunto.

Es as como hemos apreciado la necesidad de desarrollar un anlisis de viabilidad en los proyectos futuros, que permitan establecer el punto de inicio entre la convivencia ciudadana y el desarrollo sostenible de la ciudad, teniendo en cuenta que los cambios drsticos que se deriven de este acercamiento deben estar supeditados por los principios constitucionales de la confianza legitima y de la buena fe, los cual tendr su correspondiente justificacin en el desarrollo del trabajo.

METODOLOGIA

La investigacin que nos compete es de tipo cualitativo, en la cual llevamos a cabo una relacin de la problemtica sealada, correspondiente a los espacios pblicos en Pasto, todo esto con base en aportes legales, administrativos, anlisis de textos referidos a la correcta implementacin de los espacios pblicos y la implementacin de instrumentos de recoleccin de informacin que permitieron establecer la posicin de los actores involucrados en la problemtica.

Despus de llevar a cabo la investigacin se lleg a organizar los tipos de campos a los cuales corresponde cada tipo de informacin que se obtuvo.

Se realiza un extenso anlisis de teora correspondiente a espacios pblicos, encontrada en bibliotecas, la mayora tiene un enfoque acadmico en los cuales se resalta la importancia de los espacios pblicos como un bien para toda la sociedad y no solo un bien comn.

Se lleva a cabo un estudio de la legislacin actualmente vigente no solo en la ciudad sino tambin en el territorio Colombiano, en cuanto a la respectiva normatividad que cobija a los ocupantes de espacios pblicos.

Se realiz el anlisis pertinente a problemas que tienen relacin con esta investigacin que han ocurrido en otros lugares del pas estas estn consignadas en sentencias, de las cuales se tiene como referencia las decisiones que toman las distintas instituciones encargadas de analizarlas.

Se realizaron encuestas que facilitaron la comprensin de la relacin entre transentes y trabajadores informales, y de estos, con el papel que viene cumpliendo la administracin municipal entorno a los ejes problemticos descritos.

Se realiz a cabo un anlisis de la realidad que se vive en el espacio que escogimos para llevar a cabo la investigacin, llegando as a observar el entorno social, cultual y econmico.

Todo este proceso investigativo nos lleva a formular unas preguntas que se derivan de los aspectos analizados:

Sobre la teora: Es aplicable las teoras en el contexto Colombiano, y ms aun en el panorama de Pasto?

Qu factores han llevado a la mala utilizacin de los espacios pblicos por parte de los vendedores ambulantes?

Cules son las tendencias que llevan a que en las sentencias que tratan sobre espacio pblico se tomen las decisiones que conlleve el caso?

ANALISIS Y DISCUSIN

Consideramos que el tema permite ser desarrollado desde tres mbitos:

El primer mbito denota el contexto social de la zona, donde encontramos principalmente signos de pobreza, desigualdad, inseguridad, congestin, falta de convivencia y tolerancia, lo cual nos ha permitido identificar el malestar de la sociedad. Este mbito es estrictamente amplio y trae consigo confrontaciones de rango constitucional, pues desde que se consagro el espacio pblico como uno de los bienes del Estado y su proteccin a cargo del mismo, se han identificado muchas dificultades en los procesos donde estn involucrados intereses generales y particulares, ya que las condiciones son desfavorables para los ocupantes del espacio pblico.

El segundo mbito ligado al caso, es el cultural. mbito en el que de acuerdo con CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latinay el Caribe, 2005) existe una diversidad de funciones y de usuarios, en donde se desarrollan componentes de la funcionalidad y de las formas de vida en ciudad. Sin embargo, encontramos que la diversidad de funciones y usuarios responden a la simple necesidad por mejorar las condiciones mnimas a las que estn sometidos gran cantidad de los accionantes.

Finalmente el mbito econmico, refleja el auge de la economa capitalista, y que en materia del caso refleja la incapacidad, la falta de desarrollo, tecnologa e infraestructura. Por otra parte, el proyecto de CEPAL, Experiencias emblemticas para la superacin de la pobreza y precariedad urbana: espacio pblico (2005) ratifico lo expresado pues la ciudadana encuentra montono, aburrido y hasta peligroso el espacio pblico comparado con la concentracin de locales comerciales especializados (centros comerciales).

Dicho esto, se desarrollo un anlisis que puso en cuestin los efectos negativos nombrados anteriormente derivados de las actividades econmicas en espacios pblicos, destacando que es un campo que en Colombia no goza del tratamiento correcto y en el cual no se ha profundizado lo suficiente. No obstante la CEPAL, en su proyecto Experiencias emblemticas para la superacin de la pobreza y precariedad urbana: espacio pblico realiza una aproximacin significativa, pues considera que las ciudades hoy son menos transitables, ms inabarcables, ms desconocidas, menos legibles y por tanto se han vuelto fuente de miedos y diferencias insuperables (CEPAL, 2005, p.10).

Indudablemente la apreciacin es correcta y se adapta a la realidad del caso, pues el contraste negativo de las actividades econmicas en la zona, aumenta con el paso de los aos. Las proyecciones en el contexto colombiano realizadas por el DNP (Departamento Nacional de Planeacin) y DDU (Departamento de Desarrollo Universitario) (Grafico 1) denotan un aumento considerable en la problemtica expuesta.

Grafico 1.

En efecto la evolucin desmedida de la problemtica refleja la insuficiencia o inaplicacin en la normatividad que regula el conflicto. Adems, las repercusiones no pueden ser ms evidentes, los efectos empiezan a tomar mayor fuerza y la convivencia con la ciudadana se torna eventualmente insostenible.

Con lo dicho, no es difcil darse cuenta de la fragmentacin del tema, pues en un contexto tan conflictivo como el colombiano, el derecho no encuentra cabida ante el notable desequilibrio social. Es as como las principales entidades encargadas de la problemtica han tenido que adaptarse en materia de normatividad a las caractersticas principales de la realidad actual. De este modo, la proteccin del espacio pblico paso a estar supeditado por las condiciones de inestabilidad social.

Lo mismo ocurre con el tratamiento en materia econmica y cultural, los criterios de arraigadura geogrfica y espacial en la actividad econmica informal no permiten desarrollar a pleno la normatividad expedida, adems de que muchas de las actividades que se llevan a cabo en la zona no dan pie para ser categorizadas dentro del trabajo ocupacional.

Ahora bien, sobre este punto son variadas las concepciones que arrojan los instrumentos de recoleccin, resaltando que las personas ms idneas para determinar el alcance de los efectos negativos son los transentes (Grafica 2, Grafica 3) por ser uno de los actores principales dentro de la problemtica. Por una parte, se destaca la labor de la administracin municipal que aunque es parcializada en ocasiones, se encuentra legitimada por los transentes en su mayora; por otra parte la informalidad de los trabajadores ha generado un alto nivel de inconformismo e incomodidad en los transentes, lo cual nos lleva a generar una hiptesis de que los efectos negativos se encuentran en un alto nivel en aspectos claves como la movilidad. Sin embargo, esta problemtica para los transentes no justifica el uso excesivo de la fuerza, carcter que es primordial destacar en el presente anlisis.

Grafica 2. Grafica 3.

Lo cierto del caso es que los efectos no han sido contrarrestados y por el contrario van aumentando considerablemente, aunque hemos expresado con anterioridad las justificaciones pertinentes del caso, sin embargo, se identifica que las polticas pblicas no abarcan en su totalidad los efectos nocivos y si son incluidos, su aplicacin es muy parcializada e inestable.

Hasta este punto la investigacin ha resaltado las inconsistencias en el tratamiento del primer eje problemtico, la valoracin que se haga a corto o largo plazo demostrar la falta de acciones en el caso.

El tratamiento para el asunto, posiblemente no tenga viabilidad, pues son escasos los recursos destinados a la gestin, asistencia y control del espacio pblico a travs de entidades estatales, agregando que los proyectos puestos en prctica no han llenado las expectativas de los accionantes.

La cuestin en este sentido parece interminable, teniendo en cuenta que el problema descrito es susceptible a cambios y por lo tal implica una construccin ideolgica, aplicable y flexible que perdure con el paso del tiempo, igualmente debe precipitar con anterioridad los conflictos de intereses que de las decisiones se deriven, recalcando que de la relacin ciudadana con el desarrollo sostenible de la ciudad, no se debe alterar en mayor medida la funcionalidad para la cual fueron dispuestos los espacios pblicos originalmente.

Por otra parte, en el segundo eje problemtico, la investigacin desarrollo un anlisis referente a las confrontaciones en materia de derechos subjetivos, teniendo en cuenta las diversas ocasiones en las cuales la Corte Constitucional se ha referido al tema, determinando un balance positivo, pues la imparcialidad del ente competente, nos permite conocer diversos criterios respecto al conflicto.

Para desarrollar de manera concreta el caso, partimos de que es necesario establecer el punto de partida del cual se deriva este fenmeno, esto implica ubicar los sujetos, el entorno y las caractersticas del conflicto.

Pues bien, al hablar de espacio pblico necesariamente tenemos que hacer referencia al sentido colectivo de este, tal como lo establece el Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2005) al considerarlo como un elemento para disolver hasta cierto punto el desequilibrio social. Sin embargo, el conflicto se ha establecido cuando la conglomeracin de actividades en la zona, afecta en gran medida el acceso y disfrute que tienen todos los ciudadanos de este espacio.

Ante esto, la respuesta de las entidades municipales ha sido tarda, pues la recuperacin del espacio pblico puede adelantarse a travs de querellas, acciones populares o procesos voluntarios (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005). Esto se encuentra legitimado dentro del mbito legal pues el reconocimiento de prevalecer los intereses generales sobre los individuales se encuentra prescrito en la Constitucin Poltica de 1991.

Sin embargo, el entorno en el que eventualmente se pueden colocar en operacin las acciones jurdicas es preocupante, esto ha dado cabida para que la Corte Constitucional se pronuncie en varias ocasiones tratando de solventar la problemtica.

En s, la Corte Constitucional ha sido garante y se ha preocupado por legitimar hasta el lmite las actividades econmicas informales, pues las condiciones de los accionantes atentan contra los principios del Estado Social de Derecho.

Por lo regular, encontramos en las sentencias una serie de derechos de indudable apreciacin, tal es el caso de los derechos a la vida, al mnimo vital, al trabajo, al debido proceso, a la igualdad, los cuales se encuentran sujetos a los principios de la buena fe y la confianza legitima. Sin embargo, en sentencia T-940 de 1999, M.P. VLADIMIRO NARANJO MESA, se precisa que la procedencia de estos derechos tiene validez en el acto de demostracin de la autorizacin por parte de la administracin municipal, de lo contrario todo acto de recuperacin del espacio pblico ser legtimo y legal.

El anlisis tambin destaca que la recurrencia con la que se invoca los principios de la buena fe y la confianza legitima, son prueba de la desmedida problemtica, pues no solo se tienen en cuenta errores en materia administrativa, sino que se traen a colacin, los eventuales excesos de facultad, que en ocasiones se encuentra en materia policiva.

En materia del caso, es preciso traer a colacin la sentencia T-772 de 2003, M.P MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, pues permite establecer el punto de congruencia entre las facultades policivas y los procesos de recuperacin del espacio pblico que se desarrollaran acordes a los principios constitucionales. La Corte estimo que: () las autoridadesstienen el deber y la potestad constitucionales de adelantar polticas, programas y medidas orientadas a recuperar y preservar el espacio pblico, pero tales polticas, programas y medidas (i) se han de adelantar siguiendo el debido proceso y dndole a los afectados un trato digno, (ii) deben respetar la confianza legtima de los afectados, (iii) deben estar precedidas de una cuidadosa evaluacin de la realidad sobre la cual habrn de tener efectos, con el seguimiento y la actualizacin necesarios para guardar correspondencia en su alcance y caractersticas con dicha realidad, con miras a asegurar el goce efectivo de derechos constitucionales fundamentales, y (iv)nose pueden adelantar en forma tal que se lesione desproporcionadamente el derecho al mnimo vital de los sectores ms vulnerables y pobres de la poblacin,nide manera tal que se prive a quienes no cuentan con oportunidades econmicas en el sector formal de los nicos medios lcitos de subsistencia que tienen a su disposicin. (p. 54)Las consideraciones expuestas nos permiten inferir el alcance del principio de la confianza legtima, pues los beneficios de este principio son el reflejo del carcter legal de una actividad informal, muestra de esto son los sujetos que han ocupando el espacio pblico por varios aos y los cuales quieren ser removidos de la zona sin consentimiento alguno, acogidos a este principio, la administracin debe considerar antes de poner en prctica cualquier acto en contra de los accionantes, haber realizado el estudio de caso para que los derechos de estos no se vean alterados.Con lo dicho hasta el momento, determinamos que la Corte Constitucional ha brindado argumentos suficientes para expresar que en este conflicto de derechos, no existe prevalencia alguna y por el contrario las soluciones mediticas para la problemtica, se caracterizan por acoger un carcter conciliatorio que pone en igualdad de condiciones a los accionantes y al espacio pblico. As, la administracin regulara el espacio pblico sin omitir los derechos de los ocupantes.A pesar de la indudable intervencin de la Corte Constitucional los trabajadores informales expresan su inconformismo pues aunque la administracin ha brindado en ocasiones los permisos necesarios para ejercer su actividad laboral, hoy por hoy, no cuentan con el permiso legal para trabajar, lo que ha desencadenado en ocasiones excesos en la fuerza policiva, desconociendo y vulnerando las expresiones anteriormente expuestas. Las personas implicadas manifiestan en su mayora que la administracin no da el tratamiento correspondiente a la problemtica (Grafica 4) y las entidades policivas en cumplimiento de mandatos abusan de su poder (Grafica 5). Grafica 4. Grafica 5.

Ahora bien, en materia legal, es preciso hacer algunas observaciones, pues encontramos hablando en sentido general- que se goza de una estructura importante, la cual tiene gran validez pero un inocuo cumplimiento. As pues, las leyes y decretos expedidos estn dispuestos en pro de alcanzar un nivel de calidad en los espacios pblicos, sin embargo la gestin que se lleva a cabo por parte de la administracin no da prueba de ello.

Por su parte, las polticas pblicas actuales sujetas al Plan de Ordenamiento Territorial, comprenden estrategias que tratan de establecer el inicio de un regenerado espacio pblico, que incluya principios de accesibilidad, sostenibilidad, seguridad e inclusin. Sin embargo, para el caso es necesario tener en cuenta las consideraciones expresadas por la Corte Constitucional en la sentencia T-772 de 2003, M.P MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA. La Corte aprecio lo siguiente:

Es, as, en el contexto del cumplimiento de los deberes sociales del Estado, y de la prohibicin de adelantar polticas, programas o medidas desproporcionadas, que no consulten cuidadosamente la realidad sobre la cual se habrn de aplicar y los efectos que tendrn sobre el goce efectivo de los derechos constitucionales -especialmente en relacin con la erradicacin de la pobreza y la promocin de los derechos econmicos, sociales y culturales-, que se debe estudiar el tema especfico de las polticas y programas de recuperacin del espacio pblico. (p. 46).

Conforme a esto, la funcin que se establece a las entidades encargadas del caso, es adelantar las polticas pblicas bajo el acondicionamiento que exijan las partes, sin embargo la recurrencia con la que se desconoce estas consideraciones da cabida para consolidar un conflicto de intereses en un entorno ms amplio de la sociedad.

CONCLUSIONES

Finalizada la presente investigacin se puede concluir lo siguiente:

Se destaca las falencias al momento de emitir materia legal enfocada al uso del espacio pblico y del ordenamiento de este, razn por la cual las personas que ocupan estos lugares para ventas informales o para cualquier otro uso del que no sea destinado originalmente, dispongan indebidamente de este, generando as, inseguridad para los transentes, bloqueos en los andenes que causan un descontrol a la hora de movilizarnos en las calles.

Se observa que los espacios pblicos tienen un tratamiento especial, desde el momento de su formulacin se los trata como un espacio apto para que las personas, habitantes de cierto lugar hagan uso de estos como espacio de distraccin, es ah donde estos lugares logran obtener un cuidado por parte de entidades del gobierno, en cuanto a esto se trata de defender el bien general que sera el uso correcto de estos espacios, sobre el bien particular que seran las personas que hacen mal uso de estos.

Despus de realizar un anlisis esquemtico de algunas sentencias que contenan estudios jurdicos relacionados con problemas de espacios pblicos, se observ distintas posturas, principalmente defendiendo a los espacios pblicos como bienes generales de uso habitual, pero respondiendo a los principios del Estado Social de Derecho, en pocos casos la decisin ha sido distinta, fallando as en favor de los vendedores ambulantes, defendiendo en estos casos sus derechos subjetivos. Se observa que en estos casos las personas que hacen uso de los espacios pblicos para lograr algn ingreso econmico han cumplido con las normas establecidas para que su ocupacin sea legtima.

Se puede hablar tambin de vacos legales en cuanto a la reglamentacin para las personas que quieren hacer uso de los espacios pblicos, estas en cuanto a especificaciones para poder ejercer sus ventas en estos lugares especialmente en Pasto son casi nulas, es por eso que se observan no solo en el lugar en el cual se llev la investigacin sino en toda la zona cntrica, que los andenes han sido invadidos por vendedores ambulantes y negocios informales. Los encargados de controlar esto son el Departamento de Espacio Pblico y sus agentes, quienes los encontramos en circulacin por la zona, pero que en si, es una tarea sin frutos, pues en ocasiones la veracidad que necesita el caso se limita con las consideraciones expresadas.

Los instrumentos de recoleccin demuestran el alcance de la problemtica, entendiendo que los principales actores involucrados muestran sus posturas que denotan el tratamiento insuficiente en el tema. Ms all de controlar el espacio pblico se debe brindar soluciones coherentes a las personas que practican esta actividad econmica teniendo en cuenta la garanta de sus derechos y el respeto de su integridad fsica.

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