PRESENTACIÓN

El Proyecto Argentina 2020 tiene como objetivo estudiar y proponer políticas de mediano y largo plazo para lograr que nuestro país profundice el sendero de desarrollo equitativo y sustentable iniciado en 2003.

El desafío del Proyecto Argentina 2020 es enorme. Se trata de dar forma al conjunto de sueños que tenemos todos los argentinos y argentinas. Se busca definir los objetivos estratégicos referidos a los pilares básicos del bienestar del pueblo y establecer el conjunto de políticas que deben aplicarse para que tales objetivos se concreten.

Que hablemos de sueños no implica olvidar que debemos ser rigurosos y consistentes. Así lo exige la responsabilidad innata del peronismo con la transformación social. El proceso de construcción del Proyecto Argentina 2020 debe tener en cuenta adecuadamente las condiciones del contexto, los antecedentes internacionales y, fundamentalmente, la propia realidad actual de la Argentina, realidad superior en todos los órdenes a la existente en 2003 pero que, a la vez, es la que se quiere transformar.

Construir un Proyecto a partir de todos nuestros sueños implica, además del rigor técnico, un esfuerzo militante. Se requiere escuchar, debatir y promover las más amplias instancias de participación. A través del Proyecto se convocará a intelectuales, especialistas temáticos y expertos en políticas públicas de todo el país. Sabemos que esta iniciativa cumplirá su cometido solo si logramos que participen en su construcción amplios sectores del campo popular y este documento intenta iniciar ese proceso de participación colectiva.

En el presente trabajo se define veinte objetivos estratégicos para 2020, agrupados en cinco ejes que tienen una vinculación directa con los principios doctrinarios de una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

Los cinco ejes definidos son: 1) Desarrollo humano, 2) Desarrollo económico sustentable, 3) Infraestructura e integración territorial, 4) Estrategia internacional y 5) Función del gobierno, Estado y organización del pueblo.

Dichos ejes no deben verse como conjuntos de objetivos aislados porque su interrelación, mediante un funcionamiento integrado, permitirá alcanzar el bienestar del pueblo y proteger los intereses de la Nación.

20 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA ARGENTINA EN 2020

Desarrollo Humano

1. Educación de calidad para todos. 2. Cobertura de salud universal y de excelencia. 3. Fin de la pobreza y equidad en la distribución del

ingreso. 4. Trato igualitario a todas las personas y derechos

humanos plenamente vigentes.

Desarrollo Económico Sustentable

5. Crecimiento económico sustentable con generación de

empleos de calidad. 6. Matriz productiva industrial basada en la innovación

científica y tecnológica. 7. Mercado interno como factor dinamizador de la

economía. 8. Solidez y consistencia macroeconómica.

Infraestructura e Integración Territorial

9. Matriz energética diversificada y sustentable. 10. Integración territorial nacional y regional. 11. Acceso democrático a las tecnologías de la información

y comunicaciones. 12. Modelo eficiente de transporte de pasajeros y carga.

Estrategia Internacional

13. Inserción comercial diversificada. 14. Identidad internacional basada en el espacio

latinoamericano. 15. Participación en la toma de decisiones globales. 16. Alianzas estratégicas regionales y bilaterales.

Función del Gobierno, Estado y Organización

del Pueblo

17. Un Estado capaz de garantizar el bienestar del pueblo y

defender los intereses de la Nación. 18. Fortalecimiento del federalismo dando protagonismo a

Provincias y Municipios. 19. Gobierno, Estado y organizaciones libres del pueblo que

actúen articuladamente. 20. Planificación de políticas de mediano y largo plazo.

Desarrollo Humano

ANTECEDENTES

La justicia social es uno de los conceptos centrales de nuestra doctrina justicialista y es consecuencia de políticas económicas inclusivas, de instituciones laborales fuertes y de la prestación de servicios sociales universales y de calidad por parte del Estado. Estos tres pilares fueron los ejes de las políticas instrumentadas por el gobierno justicialista de 1945 a 1955 y se fueron desarticulando gradualmente por los sucesivos golpes de Estado, estando totalmente ausentes en el escenario económico y social posterior a 1976.

Los procesos políticos y económicos desde el advenimiento de la democracia en 1983 no revirtieron los fuertes retrocesos en materia de derechos sociales que se habían producido hasta ese momento.

Como golpe de gracia, en la década de 1990 se aplicaron reformas sectoriales que profundizaron la fragmentación del Estado como instrumento rector en el diseño y ejecución de políticas estratégicas, mientras el modelo económico dejaba fuera a amplios sectores sociales. La transferencia educativa y la Ley Federal de Educación implicaron el resquebrajamiento y caída en la calidad de un sistema que alguna vez fue orgullo nacional. La salud pública dejó de plantearse como responsabilidad indelegable del Estado y la atención gratuita solo se concentró en los grupos más vulnerables, sin capacidad para absorber a amplios sectores populares que

perdieron su capacidad adquisitiva durante ese proceso y que, de la mano del desempleo, quedaron fuera del sistema de seguridad social.

En paralelo con la ola privatizadora, los efectores de salud se orientaron a los beneficiarios de las obras sociales y los sistemas de prepagas, quedando relegado el sistema público a un funcionamiento residual para los sectores más postergados.

Tanto en educación como en salud, la mayor inversión se orientó a proveer servicios de alta calidad para pocos, mientras los sectores populares recibían servicios inferiores. Este mismo criterio primó en la reforma previsional, donde el concepto de solidaridad se reemplazó por el de capitalización, según el cual solo tendrían garantizada una jubilación digna los sectores de altos ingresos.

Se promovió una legislación laboral que vulneraba los derechos de los trabajadores, favoreciendo el trabajo en negro y derogando derechos irrenunciables adquiridos durante el gobierno del General Perón. Durante aquellos años tampoco hubo avances significativos en el reconocimiento de la diversidad en todos los órdenes, criterio que siempre fue uno de los pilares básicos de nuestra identidad nacional.

Estas reformas mostraron la firme determinación de profundizar la ausencia del Estado Nacional, un actor central para garantizar la igualdad en los servicios sociales y, de este modo, transitar el camino de la justicia social.

Este proceso de exclusión económica y social de amplios sectores del campo popular se terminó de reflejar en la profunda crisis económica y política de 2001, que implicó la quiebra del Estado y la interrupción de muchos servicios sociales básicos y que tuvo como corolario niveles de pobreza y desigualdad sin precedentes en la historia argentina.

LOGROS 2003-2010

El periodo iniciado en 2003 con la asunción del Presidente Néstor Kirchner se caracterizó por la redistribución del ingreso, el desarrollo del mercado interno y la recuperación del Estado en su función reguladora, pero también como garante y prestador de servicios sociales. Como resultado de este tipo de políticas públicas, comenzó a verse mejorías en los ingresos, nivel de empleo y, por consiguiente, en las condiciones de vida de los sectores populares y medios. Además, se promovió la aplicación de reformas que apuntan a garantizar la cobertura, calidad y equidad de las políticas sociales.

En el ámbito educativo, desde 2003 se sancionó la Ley Nacional de Educación, la Ley de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Educación Sexual Integral, que apuntan a la reconstrucción del sistema público de enseñanza. En ese sentido, uno de los mayores logros es la obligatoriedad de la escuela secundaria, lo que implica mejorar las condiciones materiales pero también modificar las prácticas que llevan al abandono y repitencia.

Este proceso de transformación institucional fue acompañado por un inédito respaldo presupuestario que en 2010 alcanzó a superar la barrera del 6% del PBI, constituyéndose como el más alto de la historia de nuestra Nación. La consolidación de la paritaria nacional y la consecuente mejora sustancial de los salarios docentes, la incorporación de nuevas tecnologías en las aulas y la entrega de 27 millones de libros de texto en todo el país fueron las políticas claves aplicadas por el Gobierno Nacional.

Así, se ha anunciado la entrega de 3 millones de computadoras portátiles que serán utilizadas por estudiantes y docentes de escuelas secundarias, establecimientos de educación especial e institutos de formación docente de todo país.

Desde 2003 se construyeron 1,000 edificios escolares y otros 728 están en proceso. Estas escuelas albergan más de 500,000 alumnos, lo que significa que más de 5% de los chicos estudia en edificios construidos recientemente. Además, se terminaron 100 obras de mejoras en universidades y se encuentran en ejecución otras 40 que beneficiarán a 600,000 jóvenes.

La mejora de la salud pública dejó de verse como resultado lógico del crecimiento económico y se transformó en un pilar fundamental de un proyecto de país más sano y más desarrollado, pero fundamentalmente más justo. Bajo esta concepción, que rescata las enseñanzas imborrables de Ramón Carrillo, las políticas sanitarias acentúan la prevención, la promoción de la salud y la participación social, siendo concebidas como un derecho universal de la ciudadanía.

En este sentido, destaca el programa Remediar y el Plan Nacer. Remediar ha permitido que en los últimos años 15 millones de personas vayan a los centros de salud teniendo la certeza de acceso a medicamentos esenciales para su atención. Por otro lado, Plan Nacer brinda atención a madres e hijos sin cobertura y contribuye a la disminución de los índices de mortalidad materna e infantil.

La eliminación del sistema previsional de capitalización significó el regreso al concepto de solidaridad intergeneracional. La creación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) posibilitó que la ANSES abone haberes a aproximadamente 5,5 millones de jubilados y pensionados de todo el país, incluyendo los 400,000 ex beneficiarios de AFJP. Además, el Plan de Inclusión Previsional permitió que 2,200,000 personas que estaban fuera del sistema pasaran a formar parte de él. Hoy, la cobertura de jubilación de la Argentina es similar a la de los países desarrollados y es la más alta de América Latina: 9 de cada 10 abuelos tienen su jubilación. Por

otra parte, se sancionó la Ley de Movilidad Jubilatoria que estableció la obligación de dos aumentos anuales a los haberes de los jubilados y pensionados, finalizando la “Era del Hielo” de la década de 1990 y los primeros años del 2000.

La Asignación Universal por Hijo (AUH), aprobada por Decreto de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009, es la política social más trascendente de las últimas décadas por su cobertura, impacto en los indicadores sociales y la garantía que representa para todos los niños argentinos. Destinada a niños y jóvenes a través del pago de $220 por mes, beneficia a más de 3,700,000 en todo el país. Gracias a la AUH, la matrícula escolar creció 25% y la indigencia se redujo entre 55 y 70% tan solo en los primeros seis meses de su aplicación.

Estas políticas de fondo se complementaron con la asistencia en todos los órdenes de los más desprotegidos. Se eliminaron los cupos de las pensiones no contributivas (existentes por ley desde 1949), lo que produjo un aumento en los beneficiarios pasando de 176,000 a casi un millón, materializando el principio de que “donde hay una necesidad, hay un derecho”.

Se sancionó legislaciones clave, como la Ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (2006), que consagra de manera explícita la obligatoriedad de la aplicación de la convención sobre los derechos del niño y delimita las obligaciones y responsabilidades del Estado, la familia y la comunidad. Otras iniciativas clave son la Ley de los Juegos Nacionales Evita (2008), que fomenta la igualdad de oportunidades a través de la recreación y el deporte, la Ley de Protección del Inmigrante (2010) y la Ley de Matrimonio Igualitario (2010).

El Plan de Seguridad Alimentaria benefició a más de 1,600,000 habitantes y, a través del mismo, las familias, con tarjetas o tickets, pueden realizar sus compras en cualquier comercio y elegir lo que llevan a sus mesas.

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

Por primera vez en la rica historia de nuestra patria, podemos (y debemos) pensar en alcanzar en pocos años objetivos de justicia social muy ambiciosos, pero también factibles. Objetivos que estuvieron presentes en el origen del peronismo y que en los últimos años registraron avances definitivos. Es necesario recuperar algunas ideas heredadas del primer peronismo. La cobertura universal de los servicios de salud y educación es un objetivo alcanzable, pero no es suficiente.

1. Educación de calidad para todos.

La educación en los niveles inicial, primario y secundario debe alcanzar cobertura universal, ser de alta calidad y no presentar desequilibrios regionales ni inequidades sociales. A tal fin, el esfuerzo en la mejora y ampliación del sistema de educación pública de gestión estatal es central. Se debe apuntar a que las escuelas públicas sean las mejores y que todos los chicos terminen la escuela primaria y la secundaria, y que tengan posibilidades concretas de asistir y aprender.

La universalidad del sistema educativo implica una transformación profunda, especialmente en relación al secundario. El reto es que los niños vayan trece años a la mejor escuela. El mayor desafío es el secundario, para lo que se requiere medidas institucionales y pedagógicas. Reducir la cantidad de alumnos por aula y facilitar el acceso a las tecnologías de la información mejora la interacción docente-alumno. La escuela secundaria del siglo pasado estuvo pensada para una élite, pero ahora tiene que ser concebida para todos. Debe permitir que los estudiantes se incorporen como elementos productivos de la sociedad, como buenos trabajadores. En el ámbito educativo hay varias tradiciones que deben recuperarse y una es la vocación de incluir a todos. La fragmentación del conocimiento implica un obstáculo a superar que conspira contra la calidad educativa. Además, es necesario fortalecer nuevas formas de escolarización para actores que en el pasado quedaban excluidos. Esto requiere, por supuesto, instancias de capacitación laboral para los docentes, ya que es necesario un mayor acompañamiento para los alumnos, más instancias de apoyo a través de tutores, orientadores y profesores de apoyo.

La evaluación de la calidad educativa debe pensarse como herramienta de mejora y no para armar clasificaciones. La escuela secundaria debe ser exigente, inclusiva y de calidad. El paradigma del sistema a veces vincula exigencia con exclusión, pero esa es una idea arraigada que debe desterrarse. Se debe trabajar en un escuela distinta, no más fácil, pero si más inclusiva.

2. Cobertura de salud universal y de excelencia.

Debemos garantizar atención de calidad a todas las personas, lo que requiere fortalecer la capacidad resolutiva de las redes de atención en todo el país, mejorando la accesibilidad, especialmente de los grupos más vulnerables. Esto implica contar con suficiente personal sanitario y con instituciones que cumplan los requerimientos propios del servicio que brindan. Se priorizarán las intervenciones orientadas a la prevención y minimización de los problemas de salud responsables de las principales causas de muerte y patologías prevalecientes.

A la vez, se abordarán adecuadamente los determinantes sociales de la salud mediante acciones de comunicación y participación social. La adopción de un estilo de vida saludable implica un cambio cultural que lleva tiempo. De este modo será posible alcanzar el mayor nivel posible de salud pública y una verdadera equidad de oportunidades y de trato.

3. Fin de la pobreza y equidad en la distribución del ingreso.

El trabajo registrado es el principal motor de la justicia social. Todos los trabajadores deben tener empleos formales y adecuadamente remunerados para garantizar su seguridad jurídica y social. El objetivo de la generación de empleos de calidad, mencionado posteriormente, tiene esta impronta.

Dando continuidad a la recuperación del salario mínimo, vital y móvil e implementando una política económica, laboral y social orientada a la creación de empleos formales con calidad, se puede apuntar a erradicar la pobreza en la Argentina para 2020. El mecanismo vigente de las paritarias como política de estado mejorará el ingreso de los trabajadores formales favoreciendo la economía interna. Mediante estas acciones, se espera erradicar la pobreza y alcanzar niveles de equidad en la distribución del ingreso superiores a los mejores años de la historia argentina.

La creación de empleo se fomentará mediante inversión pública y promoción de inversión privada en ramas de actividad intensivas en trabajo que contemplen la utilización de mano de obra local.

Complementando las políticas orientadas a crear empleos formales, a través de programas sociales universales se garantizará ingresos suficientes para las personas que tengan dificultades para acceder a tales trabajos, sea por discapacidad, por superar la edad requerida por el mercado laboral, por pertenecer a familias numerosas, etc. Los receptores de estos programas tendrán beneficios sociales asimilables a los de un trabajador formal.

Por último, se realizará las inversiones en obra pública necesarias para resolver necesidades básicas vinculadas con vivienda, saneamiento e infraestructura local que brinde condiciones de vida dignas a todos los habitantes del país.

4. Trato igualitario a todas las personas y derechos humanos plenamente vigentes.

Durante los últimos años han sido enormes los avances en el acceso a los derechos civiles y sociales, pero quedan materias pendientes, como la promoción de un cambio cultural que combata todo tipo de discriminación o trato desigual. Los derechos humanos se construyen respetando la memoria, la verdad y la justicia, y deben

entenderse en forma integral. Incluyen como elementos primordiales el respeto a la vida y la integridad personal y moral de cada ciudadano así como la generación de nuevos derechos sociales que permitan restituir los retrocesos en materia de trabajo, educación, salud y seguridad.

La defensa de la vida implica un compromiso con los derechos humanos y con la seguridad de todos los argentinos. La violencia no sirve para crear más seguridad. Las cuestiones sociales exigen un equilibrio, una articulación que impida generar o incitar más violencia. Esto no implica negar el ejercicio del monopolio de la fuerza por parte del Estado sino simplemente tomar en cuenta que, en nuestra historia, cada vez que se pensó razonable actuar así ante distintas situaciones el resultado siempre fue inversamente directo a lo que se buscaba: lograr la paz y el orden. Porque la paz y el orden están vinculadas a asegurar a todos el pleno ejercicio de sus derechos, de todos los derechos que contempla la Constitución.

Desarrollo Económico Sustentable

ANTECEDENTES

La economía argentina ha estado marcada durante décadas por frustrados intentos por lograr un desarrollo económico perdurable. La lista de dificultades experimentadas incluye el agotamiento de proyectos de industrialización, desequilibrios recurrentes en el sector externo, crisis fiscales y de financiamiento del sector público, puja distributiva y su impacto inflacionario y experimentos de convergencia hacia estándares internacionales de variables como tipo de cambio o productividad, entre otros.

Los resultados de la política económica frente a los desafíos y crisis recurrentes están a la vista. Pese a los éxitos temporales que puedan rescatarse en diversas administraciones, antes de 2003 el país no había iniciado un proceso permanente y sustentable de desarrollo económico. En 2001 vimos como se produjo la mayor crisis económica y social del país de los últimos 100 años. La misma fue consecuencia del deterioro de la capacidad de acción del Estado en materia económica (debido al explosivo crecimiento en la deuda, el déficit fiscal permanente y la desarticulación de grandes áreas de gobierno), la elevada tasa de destrucción de unidades económicas y el correspondiente aumento del desempleo (hasta alcanzar niveles socialmente intolerables) y el fuerte sesgo antiproductivo de un tipo de cambio retrasado. El costo de la crisis es bien conocida por la población y los diferentes agentes económicos: la casi inmediata destrucción de recursos y capacidades y la exclusión social de casi 40% de los argentinos.

La salida de la convertibilidad y la declaración del impago a la deuda soberana dejaron al país en la peor de las condiciones sociales y económicas. El desafío sin precedentes en 2003 era recuperar la dignidad del trabajo y responder a las impostergables necesidades de una gran parte de la sociedad. Los resultados alcanzados hasta el presente indican que las decisiones del gobierno fueron acertadas. El país ha registrado ocho años consecutivos de crecimiento económico y los indicadores sociales y de empleo se han recuperado fuertemente, aún en un contexto internacional de profunda crisis aún no resuelta en forma definitiva.

Argentina enfrenta una situación que no acontecía desde la primera presidencia de Juan Domingo Perón, hace 60 años. Son desafíos impensados hace ocho años: consolidar el crecimiento y avanzar en la mejora de la distribución del ingreso. Ya no se trata de lograr que grandes porciones de la sociedad vuelvan a ser parte de la economía. Ahora es necesario que participen de los beneficios de un proceso sustentable de desarrollo económico.

LOGROS 2003-2010

La renegociación de la deuda privada, la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la estrategia de desendeudamiento permitieron iniciar un proceso de recuperación sentando las bases para un crecimiento sostenido.

Cada una de estas decisiones contribuyó de manera positiva en la estrategia de recuperación. La renegociación permitió conseguir una quita significativa en los montos adeudados, pesificar una parte de la misma, mejorar el perfil de vencimientos y reducir la carga de intereses de entre 4 y 5% a solo 2% del Producto Interno Bruto (PBI). El pago al FMI liberó al gobierno de la frecuente intromisión de los burócratas del organismo en las decisiones de política económica. Esta intromisión resultó ser la constante de los planes económicos de los últimos cincuenta años, discutidos primero en Washington y luego presentados en sociedad. Y el desendeudamiento liberó al sector privado de los riesgos frecuentes de saturación de los mercados de deuda por parte del Estado.

La economía argentina experimentó durante el período 2003-2009 un extraordinario crecimiento basado en fuerte expansión de la inversión y el consumo, tal como lo evidencian los principales indicadores.

El crecimiento promedio del PIB fue de 7,4%; la Inversión Bruta Interna Fija aumentó hasta alcanzar 20% de la producción nacional, y el consumo interno privado subió en promedio 7,2% durante el mismo período (el consumo público lo hizo en 5,3%).

Por su parte, las exportaciones subieron 85% entre 2003 y 2009, con desempeño positivo para todas las regiones, en particular para las de Nuevo Cuyo (Mendoza, San Juan, San Luis, La Rioja; 123,1%), NOA (Catamarca, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero; 97,6%) y Centro y Buenos Aires (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Ciudad de Buenos Aires; 87,6%).

El desempeño económico del país solo puede compararse en esos años con las economías más dinámicas a nivel mundial. Uno de los resultados más importantes de esta evolución fue la reducción de la tasa de desempleo del 19,1% en el primer semestre de 2003 a 7,9% en el mismo período de 2010.

Otro cambio notable operado en estos años ha sido la mejora en la política fiscal del sector público, que hasta 2008 registró un resultado primario creciente. Posteriormente, éste cae (aunque se mantiene positivo) debido al impacto de la crisis internacional. El fenómeno ocurre aún en un contexto de fuerte aumento de gasto público (medido a valores constantes) destinado a atender los objetivos estratégicos de mejorar las condiciones sociales (el gasto social aumentó 128% entre 2003 y 2008) y estimular la producción económica (que aumentó 325% en el mismo lapso) y la inversión pública en infraestructura.

En materia financiera, el sistema bancario mantuvo bajos niveles de intermediación, pero con mejoras sustanciales en solvencia y sin los descalces monetarios verificados en la convertibilidad por la dolarización de sus pasivos y préstamos.

Asimismo, el aumento del empleo registrado y las mejoras de los salarios reales alcanzadas en negociaciones paritarias permitieron consolidar el consumo y mejorar el bienestar de una amplia mayoría de la población.

Finalmente, la adopción de estrategias fiscales y monetarias gradualistas, en lugar de los conocidos planes de estabilización y ajuste, contribuyeron a alinear las expectativas de los agentes económicos en un proceso sostenible de crecimiento con mejora en los indicadores sociales.

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

La nueva etapa requiere profundizar las políticas del gobierno que durante ocho años permitieron alcanzar los importantes logros descritos anteriormente. La nueva bandera política, necesaria y urgente, es ampliar los objetivos para lograr que los beneficios sean sostenibles en el tiempo y alcancen de manera masiva y estable a grupos históricamente marginados en la sociedad argentina.

5. Crecimiento económico sustentable con generación de empleos de calidad.

La política de inclusión social más potente es la generación de empleo de calidad. La sociedad argentina demanda más y mejores oportunidades para todos: para los que hasta el momento han participado y recibido los beneficios de la notable transformación de la economía, pero fundamentalmente para aquellos expulsados durante la década pasada que con sus esfuerzos y privaciones han acompañado marginalmente el crecimiento.

Asalariados, empresarios, amas de casa, dirigentes y particularmente jóvenes pertenecientes a todas las clases sociales son necesarios para construir una Argentina grande y rica. Para aquellos con dificultades para incorporarse plenamente a la economía, el gobierno pondrá en marcha o profundizará políticas destinadas a crear más y mejores oportunidades de progreso.

6. Matriz productiva industrial basada en la innovación científica y tecnológica.

La industria es gran articuladora de las relaciones económicas y sociales. La experiencia internacional muestra que el desarrollo de la misma está vinculada a la decisión del Estado de promover su crecimiento. Esta promoción está ligada al apoyo de sectores estratégicos que permitan una inserción internacional competitiva.

La producción de bienes que encabezan el cambio tecnológico requiere integrar regionalmente las cadenas productivas cuyos centros de desarrollo surjan del acercamiento entre las universidades y las empresas. Este acercamiento tiene por objetivo la aplicación del conocimiento al proceso productivo, operando así una transferencia tecnológica para bienestar de la comunidad.

7. Mercado interno como factor dinamizador de la economía.

El mercado interno es uno de los factores de desarrollo de la economía del país. Sirve de plataforma para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y de los microemprendedores que sostienen el empleo y se preparan para ser competitivos a nivel global. El desarrollo de una economía moderna combina la acción de los mercados y el Estado. La experiencia iniciada en 2003 en Argentina introdujo una política social y de ingresos como complemento de la acción de la iniciativa privada, sin ignorar los conflictos que dichas políticas podían generar con grupos o actores importantes de la economía.

Tras siete años de gestión, resulta evidente la necesidad de regulaciones inteligentes y dinámicas sobre los mercados para estimular asignaciones de recursos compatibles con una agenda estratégica que contemple, entre otros elementos, la mejora en la distribución del ingreso.

Es difícil que los mercados provean por sí mismos soluciones en la vida de aquellos que no están integrados o cuya participación es marginal. Tampoco mejorarán voluntariamente las remuneraciones al trabajo, razón por la cual el Estado debe arbitrar a fin de asegurar una asignación de recursos entre trabajo y capital que permita el desarrollo armónico de la economía. La premisa de distribuir igualitariamente el ingreso entre trabajo y capital es más vigente que nunca.

8. Solidez y consistencia macroeconómica.

No hay peor acelerador del deterioro de los indicadores sociales que una crisis económica. Las sucesivas crisis del país derivaron en la destrucción de unidades productivas, creciente marginalidad y mayor disparidad en la distribución del ingreso. La recurrencia de las mismas (1975, 1979-82, 1989, 1994, 1999 y 2002) agravó aún más el panorama.

Una de las principales características de las políticas económicas (fiscal, monetaria y de ingresos) aplicadas a partir de 2003 fue la estabilidad de las variables económicas más importantes. La situación de las finanzas públicas, la política monetaria y del tipo de cambio constituyeron puntos de referencia clave tanto para los asalariados como para los empresarios. La estabilidad y gradualidad han dado solidez y consistencia macroeconómica a las políticas.

Lo que hoy parece un activo ganado para la sociedad fue consecuencia de decisiones políticas y económicas acertadas. Es imposible avanzar hacia un país grande, rico e igualitario sin estabilidad económica. El gobierno así lo entiende y se ha comprometido a sostener las exitosas políticas ejecutadas desde 2003.

Infraestructura e Integración Territorial

ANTECEDENTES

El modelo histórico de infraestructura en nuestro país es fruto de políticas exportadoras de materias primas que pueden remontarse a la época de la colonia. Salvo en los períodos del primer peronismo, donde se gestó un cambio profundo en la orientación de la inversión pública, el modelo siguió vigente hasta el retorno de la democracia en 1983.

En ese entonces, el discurso de achicamiento del Estado y la comprometida estrechez de la situación fiscal generaron presiones permanentes para reducir el gasto; esta visión se aplicaba especialmente a las empresas del Estado prestadoras de servicios. Todo ello generó terreno fértil para que la opinión pública se volcara a apoyar, inicialmente, la ola privatizadora.

La aprobación se volvió descontento cuando comenzó a percibirse las consecuencias de las ventas que, a diferencia de lo prometido, no generaron ingresos importantes de capital en las arcas públicas que pudiera reinvertirse. No se preveía planes de contención para los empleados despedidos y se dejaba al Estado un papel regulador muy débil, con escasas herramientas y personal sin las competencias necesarias. Ese resultado tan negativo, rodeado de sospechas de corrupción de los funcionarios que las llevaron a cabo, permitió que las empresas no ofrecieran los servicios prometidos y mucho menos reinvirtieran sus utilidades en el país.

Se desarticuló toda resistencia sindical y popular desde el propio gobierno, siendo sintomática la frase del entonces presidente Menem: “Ramal que para, ramal que cierra”, en referencia a los ramales ferroviarios. Sin duda, el sistema ferroviario fue uno de los más vapuleados en aquel entonces.

La infraestructura pasó a ser de muy baja prioridad en un país de importaciones baratas, donde el aparato productivo se desmantelaba y la economía se basaba en la especulación financiera.

LOGROS 2003-2010

La principal transformación en materia de infraestructura a partir de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia fue el cambio de concepción de su función: de una red de extracción de riquezas, como fue en la mayor parte de nuestra historia, vuelve a concebirse para dar respuesta a las necesidades locales y para alcanzar una mayor integración territorial.

Este cambio de paradigma simplemente representa la traducción al sector del nuevo modelo de país: productivo, que da prioridad al trabajo y al mercado interno, que apuesta a desarrollar tecnología propia y que reconoce el valor cultural y social de la infraestructura.

Este cambio radical demandó una rápida recuperación del Estado, evidenciada principalmente en un aumento considerable de inversión, la reconquista del impulso público al recuperar empresas clave como Correo Argentino, Aerolíneas Argentinas y Aysa, entre otras, y la creación de empresas como ENARSA y AR-SAT, ya sea mediante re-estatizaciones, empresas mixtas o intervención del sector privado. A estas transformaciones hay que sumar el apoyo a la continuidad de emprendimientos exitosos como la tecnología desarrollada por INVAP.

Es necesario remarcar el esfuerzo del Estado para realizar estas inversiones manteniendo al mismo tiempo el subsidio a las tarifas energéticas y de transporte, logrando que los precios sean de los más bajos del continente y evitando que los costos recaigan principalmente en los usuarios.

En resumen, podemos identificar dos ejes maestros del diseño de infraestructura de este período: el social y el productivo. En el primero se habla de creación de empleo, distribución de la riqueza, mejora en la calidad de vida e inclusión social. El segundo trata de competitividad, inversión y desarrollo regional.

Ahora bien, la obra pública ocupa un lugar central en la nueva administración. Como prueba de ello, el nivel de actividad en construcción se triplicó en comparación con 2002, mientras que los

puestos de trabajo formales en el área se cuadruplicaron. Este sector de la economía duplicó su incidencia porcentual en un PBI también al alza.

Este verdadero motor fue responsable de gran parte de la reactivación económica argentina y su dinamismo fue fruto de los emprendimientos llevados a cabo por el gobierno nacional, como la inversión en la Red Vial Argentina, no solo en mantenimiento sino en aumento de los kilómetros pavimentados para dar respuesta a las necesidades de los polos productivos y la integración nacional y regional. El gobierno también invirtió en Programas Federales de Vivienda, destinados a la construcción, refacción o mejoramiento de más de 300,000 casas en todo el país, siendo una medida de altísimo impacto social y productivo.

También se puede mencionar el Programa Nacional 700 Escuelas, que junto con las considerables erogaciones en infraestructura para las universidades nacionales representa la inversión en infraestructura educativa más grande de las últimas décadas. Hubo gasto en obras hídricas, lo que permitió recuperar 3,000,000 de hectáreas para explotación económica y dotar de agua potable y cloacas a 7 millones de argentinos así como sanear importantes cuencas.

Estas acciones destacadas, junto con las obras municipales y la recuperación de edificios históricos como patrimonio arquitectónico de la Argentina, activaron el sector privado de la construcción y las innumerables industrias proveedoras.

Un hecho notable fue la modalidad de alta descentralización en las jurisdicciones provinciales y municipales, lo que fortaleció la participación ciudadana, los gobiernos locales y nuestro sistema federal.

El Plan Energético Nacional, que contempla inversiones hasta 2013, ya aumentó significativamente la infraestructura energética y busca lograr una interconexión y generación acorde al desarrollo industrial y económico de la Argentina. En energía eléctrica incorporó 11,600 megavatios y 6,100 kilómetros de líneas de alta tensión (incrementos de 54 y 70%, respectivamente). En materia gasífera, aumentó la capacidad de transporte en 70 millones de metros cúbicos diarios (57%). Asimismo, se reiniciaron las obras para ampliar la generación de energía nuclear en el país y, a través de la empresa INVAP, se vendió al exterior la tecnología local de fabricación de reactores nucleares.

En materia de hidrocarburos, el Estado recuperó capacidad para impulsar la exploración mediante la creación de Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) y ya logró aumentar sus reservas y capacidad de refinamiento.

La política de transportes se orientó a delinear un Sistema Multimodal con la finalidad de incentivar el comercio exterior, facilitar el acceso de la población a la infraestructura y los servicios, mejorar la calidad de vida en las regiones metropolitanas, impulsar la integración y

cohesión socio-territorial, realizar un uso racional de los recursos energéticos protegiendo el medio ambiente, controlar la seguridad vial en los desplazamientos, contribuir al desarrollo de las industrias asociadas, promover la innovación tecnológica, generar empleo y ordenar estratégicamente el territorio.

El fortalecimiento del Sistema Multimodal requirió la adecuación, recuperación y construcción de la infraestructura y los servicios de: transporte de cargas para fortalecer el mercado interno y el comercio exterior, transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires y transporte de pasajeros en media y larga distancia. También se trabajó en la reactivación de las redes transnacionales de integración, el ordenamiento y el fortalecimiento institucional y la reactivación de talleres e industrias del transporte. En esta área destacó la reversión del proceso de desaparición de la línea aérea de bandera, clave para mantener la intercomunicación entre las regiones de nuestro país y del país con el exterior.

En materia de comunicaciones, el gobierno nacional y la iniciativa privada crearon la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) para fabricar satélites en el país. Se recuperó el Correo Argentino para preservar este vital servicio, proteger el patrimonio público y resguardar puestos de trabajo. También se fomentó inversión privada para lograr una de las tasas de cobertura de Internet y telefonía celular más altas de la región; se reorganizó el espacio radioeléctrico y se lanzó la televisión digital abierta, y se distribuyó decodificadores gratuitos entre jubilados y hogares de bajos recursos, poniendo la tecnología más avanzada al alcance de todos.

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

El principal compromiso es profundizar el modelo y las líneas de acción existentes. Además, hay que tener en cuenta que el crecimiento del país y el dinámico panorama mundial presentan constantemente nuevos desafíos que demandan planificación y reflejos ágiles.

9. Matriz energética diversificada y sustentable.

La matriz actual de nuestro país se basa principalmente en combustibles fósiles como petróleo y gas, especialmente este último. Actualmente ya importamos parte de éstos y, si bien no es necesario autoabastecerse completamente, es deseable fortalecer nuestra posición en un mercado energético internacional con escasez y altos precios.

Entonces, es necesario profundizar el desarrollo de una nueva matriz que contemple provisiones seguras, baratas y a largo plazo de esos combustibles fósiles y que busque diversificar nuestra generación energética, recuperando el desarrollo nuclear e

incorporando nuevas fuentes, en especial aquellas en las que la Argentina tiene probada potencialidad como la energía eólica y el biodiesel, así como otros tipos de energías renovables según las particularidades locales.

10. Integración territorial nacional y regional.

La Argentina es el octavo país más extenso del mundo y uno de los que incluye la mayor diversidad de relieves y climas. Esto hace imperiosa la integración mediante redes energéticas, sanitarias y de comunicación para desarrollar todo su potencial.

A mayor escala, la integración de la región ha cobrado fuerza con la evolución de sus organismos multilaterales, lejos de ser solamente un mercado común o prioritario; debe ser una unidad multifacética donde las alianzas en materia de infraestructura jueguen un papel fundamental.

11. Acceso democrático a las tecnologías de la información y comunicaciones.

Ahora más que nunca, la información es sinónimo de poder. Resulta esencial democratizarla, garantizar su acceso universal y evitar la concentración en pocos intereses empresariales.

Anteriormente, la alfabetización y el acceso a los libros era el punto de partida para garantizar igualdad de oportunidades. Pero actualmente eso ya no basta. La alfabetización informática, y el acceso a la información digital multimedia, son indispensables para lograr esta igualdad. El acceso no debe concebirse meramente para consumo. Hay que fomentar la producción local de información, permitiendo fortalecer las identidades propias.

12. Modelo eficiente de transporte de pasajeros y carga.

Por su incidencia en la calidad de vida, productividad, seguridad e impacto ambiental, la red de transporte merece un tratamiento específico. Es imprescindible una planificación que logre la coordinación de la multi-modalidad del transporte para aprovechar cada una de sus ventajas y escalas.

A la predominante modalidad carretera es necesario adicionarle desarrollos ferroviarios, aéreos, fluviales, marítimos, de ductos e hidrovías.

Inserción Internacional

ANTECEDENTES

La política exterior de un Estado es el conjunto de decisiones y medidas que condicionan el tipo de relación que el país entabla con el resto de las naciones del mundo y con los organismos multilaterales. En ese sentido, es inevitable que cada gobierno imponga su propia impronta y es natural que los relevos en el poder produzcan cambios de estrategia y de enfoques en la manera de abordar los vínculos internacionales. Sin embargo, no podemos desconocer que éstos también se ven condicionados por las transformaciones que acontecen en la estructura del poder mundial.

Si nos detenemos en la situación particular de la Argentina, debemos partir de la siguiente premisa: la primera década del Siglo XXI ha conjugado un nuevo enfoque en nuestra política exterior como consecuencia de dos acontecimientos acaecidos a fines de 2001. En primer lugar, se ha plasmado una sustancial transformación del escenario internacional luego de los atentados terroristas del 11 de septiembre; y a nivel interno, el régimen de convertibilidad instaurado en los albores de la década de 1990 hizo implosión en diciembre de ese mismo año (2001), desnudando las limitaciones del denominado “Consenso de Washington” y el fracaso de una política exterior basada en el “alineamiento automático” con Estados Unidos.

Si analizamos la estrategia de inserción internacional de la Argentina de la década de 1990, es evidente que se partió de una premisa equivocada, simplista y altamente nociva para el interés nacional. El presidente Carlos Menem consideró que, para convertirnos en un “país normal” y atraer inversiones externas, había que dejar atrás la definición de los años 80 que nos presentaba como una nación “no alineada y subdesarrollada”, para poder así reconectarnos con el denominado Primer Mundo. Era imperioso, entonces, establecer un vínculo preferencial con Washington que nos serviría de trampolín para superar el subdesarrollo a partir del diseño de una relación similar a la que la denominada Generación del 80 había tejido con Gran Bretaña a fines del Siglo XIX.

Se trató de una ecuación insustancial que entendía que el alineamiento externo con actores poderosos (uno estatal –Estados Unidos– y el otro transnacional –el capital financiero) era la condición de posibilidad para el éxito. El error fue claramente de diagnóstico, pues se trataba de una premisa absolutamente irrealista: la que sostiene que la caída sostenida en la escala de poder mundial es consecuencia directa de factores externos y, en particular, de la mala elección de los socios externos. En este sentido, se pensó que la política de las “relaciones carnales” y el seguimiento a pies juntillas de los dictados del capital financiero especulativo serían la solución mágica para el fracaso sostenido de las décadas previas, que hizo implosión en la crisis hiperinflacionaria de 1989-1990.

Es preciso señalar que no existe ejemplo de potencias en ascenso (tales los casos de China, India o Brasil) que hayan dejado librado al mercado – y menos aún al especulativo – su inserción y proyección internacional. Las enseñanzas que brinda en términos históricos la política comparada es que no es posible detectar casos de países influyentes – esto es, Estados con economías prósperas y sociedades pujantes – que se hayan desarrollado a expensas de vigorosos proyectos productivos. Todas las experiencias exitosas de proyección ascendente en la estructura del poder mundial siempre, y sin excepción, han reposado en Estados fuertes con verdaderos proyectos industriales.

El objetivo de cualquier política exterior es que, como resultado de su aplicación, un país pueda acumular riqueza, ascender en la pirámide de poder mundial y ampliar sus márgenes de autonomía. Cuando ocurre todo lo contrario, como sucedió en la Argentina de las últimas tres décadas – en un proceso de creciente declinación que reconoce como punto de inflexión la política económica introducida por José Alfredo Martínez de Hoz en 1976 –, se torna imprescindible dar una “vuelta de timón”.

LOGROS 2003-2010

La política exterior del Gobierno del Presidente Kirchner partió de un diagnóstico profundamente crítico respecto de lo actuado en el pasado. En primer lugar, estaba claro que la Argentina que encontró el nuevo mandatario era un país más pobre y desigual que aquél de diciembre de 1983, al iniciarse la transición democrática. La Argentina de 2003 era un país altamente vulnerable en términos externos. Desde su llegada al gobierno, Kirchner entendió que la caída del poder de una nación se revierte a partir de una drástica transformación de su modelo de desarrollo interno y de su estrategia de inserción internacional.

En el plano de las alianzas externas, una relación sólida con Brasil – nuestro principal socio – y una renovada mirada hacia el entorno regional permitieron cambiar el eje de nuestra estrategia internacional. Hoy, el afianzamiento de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), con Néstor Kirchner como secretario general, es la consecuencia de un bloque unido que busca jugar un papel influyente en el escenario global. Al mismo tiempo, el vínculo maduro con Estados Unidos, planteado desde la defensa de nuestra autonomía en la toma de decisiones, permitió combinar el “no” del Mercosur al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) – manifestado en la Cumbre de Mar del Plata de 2005 – con una convergencia en la lucha contra el terrorismo global, que se manifiesta particularmente en la condena sin tapujos al régimen iraní por su negativa a extraditar a los responsables por la voladura de la AMIA en 1994.

Hacia adentro, paralelamente, se trata de profundizar el camino que llevará a la Argentina a alcanzar lo que Aldo Ferrer denomina una verdadera “densidad nacional”. Ésta solo puede lograrse a partir del fortalecimiento y profundización de los pilares en que se asienta el modelo construido a partir de 2003. Puesto simplemente, el objetivo es consolidar los equilibrios macroeconómicos fundamentales, apuntalar el superávit fiscal, consolidar la balanza de pagos, sostener el tipo de cambio competitivo e impulsar a las empresas nacionales a través del fomento a la innovación tecnológica. En resumidas cuentas, lo que se requiere es robustecer los lineamentos centrales de la estrategia que permitió a la Argentina salir de la crisis de 2001-2002 y sentar las bases para lograr la meta de desarrollo en el mediano y largo plazo.

El éxito post 2003 se alcanzó a partir de la consolidación de una serie de variables fundamentales; entre ellas: reaparición del Estado, confianza en los recursos propios, reordenamiento de la deuda y recuperación de la gobernabilidad. En esta dirección, la Argentina ha dado pasos notables entre 2003 y 2010. En primer lugar, ha superado el viejo dilema de la falta de acuerdos básicos sobre el rumbo que debe tomar la economía, aspecto de fundamental importancia para cualquier proyecto de inserción exitosa en el mundo. La crisis de 2001 - 2002, a nivel interno, y el derrumbe definitivo del modelo neoliberal basado en la valorización financiera a partir de la crisis de las subprime (hipotecas de baja calidad) en 2008, en el plano externo, son la más clara expresión del rotundo fracaso del laissez-faire noventista.

En segundo lugar, y en línea con el desmoronamiento de la Argentina del “Consenso de Washington”, ha reaparecido el Estado como actor central en la orientación del proyecto

político - económico. De este modo, la política se ha erigido en orientadora del proceso económico, correspondiendo al Estado un papel clave en el arbitraje de las relaciones económicas. En este sentido, se ha dado lugar a una política selectiva de retenciones a las materias primas exportables que busca impulsar el agregado de valor de nuestros productos y desincentivar la primarización de la economía. En el plano del comercio exterior, defendemos el creciente vínculo comercial con Venezuela, a partir de una complementación entre las importaciones energéticas desde Caracas y nuestras exportaciones de origen industrial y agroindustrial, con alto contenido de valor agregado.

En tercer lugar, el país recuperó la autoestima como consecuencia de una realidad innegable: la salida de la crisis se logró a partir de recursos endógenos, esto es, la nación se paró sobre sus propios pies. Se renegoció la deuda externa, se logró expandir el PIB y se duplicó la tasa de inversión sobre la base de la movilización del ahorro interno. El país no necesitó del FMI para recuperarse y poner nuevamente en marcha la capacidad de sus pequeñas y medianas empresas (pymes), al tiempo que afianzaba un modelo agroindustrial basado en uno de los complejos oleaginosos más eficientes del planeta.

El cuarto pilar de este consenso se relaciona con la gobernabilidad, ya que una buena política externa empieza por casa y ningún gobierno puede sostener un posicionamiento exterior creíble si no goza del respaldo de su pueblo. Atrás quedó la Argentina ensimismada que rompió récords en materia de inestabilidad institucional, de inflación y que sufría los coletazos de cada crisis económica internacional. El modelo emprendido por el presidente Kirchner en 2003 resistió con firmeza la reciente crisis financiera mundial y recuperó rápidamente la senda del crecimiento con inclusión social, todo ello sin poner en entredicho ninguno de los ejes fundamentales del proyecto nacional y popular, que ha conservado incólumes sus equilibrios fundamentales. En definitiva, a diferencia de otras épocas de nuestra historia reciente, la estabilidad democrática y la solidez económica constituyen la base incuestionable de la inserción exitosa de la Argentina en el mundo.

Por último, cabe preguntarse qué tipo de país nos planteamos de cara al futuro. Grosso modo, podemos decir que hay tres tipos de Estados en el sistema internacional: las potencias, los países que disponen de poder relativo y las naciones que carecen de poder e influencia. Los grandes poderes, o potencias de primer orden, son los que disponen de capacidad para establecer las reglas del juego del sistema internacional. Luego están los Estados que disponen de “poder relativo” para ejercer influencia (a veces decisiva, a veces limitada), aun cuando su disposición de atributos de poder no sea lo suficientemente importante como para determinar el curso de los acontecimientos centrales de la política mundial. Finalmente están los países carentes de poder real, que son los que deben dedicar sus esfuerzos fundamentalmente a sobrellevar las penurias de la supervivencia.

Sin dudas, Argentina estuvo históricamente entre los segundos, gozando de cierto poder de influencia en la región y manteniendo un peso relativo hacia el resto del planeta. Sin embargo, la crisis de 2001 - 2002 la ubicó muy cerca del abismo, en el pelotón de fondo, en una posición irrelevante y a merced del gran capital financiero y de los dictados del FMI. Afortunadamente, el proyecto político emprendido por Néstor y Cristina Kirchner permitió un exitoso canje de la deuda externa efectuado en dos etapas: la primera tuvo lugar entre enero y marzo de 2005 y la segunda acaba de concluir en junio de 2009. Ese proceso permitió que el total de la deuda pasara de 191 mil millones de dólares (diciembre de 2004) a 132 mil millones de dólares (diciembre de 2009).

OBJETIVOS DE MEDIANO PLAZO

El proceso que comenzamos en 2003 permitió ubicar al país en el grupo de países con poder relativo, lo que hoy vemos reflejado en el papel que ha asumido la Argentina en las negociaciones dentro del G-20, en la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), así como en el Mercosur y en la ya citada UNASUR. Es necesario profundizar y afianzar tal posicionamiento mediante el cumplimiento de objetivos ambiciosos en tal sentido.

13. Inserción comercial diversificada.

Es necesario desarrollar una estrategia de inserción comercial que, sin dejar de lado nuestras ventajas comparativas en los sectores agroindustrial y minero, promueva al mismo tiempo una estrategia de diversificación que permita agregar valor a nuestras exportaciones.

En este sentido, se impone una estrategia que permita superar la “sojización” de nuestro comercio exterior, incorporar al mismo tiempo mayor proporción de productos manufacturados de origen industrial y capturar nuevos nichos vinculados con la tecnología en los que se pueda volcar el conocimiento y los avances desarrollados en nuestras universidades y centros de investigación.

14. Identidad internacional basada en el espacio latinoamericano.

Debe mantenerse el espacio latinoamericano como eje central de nuestra política exterior, reforzando bloques subregionales como el Mercosur, la UNASUR y la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), prestando especial atención a la coordinación de políticas comunes en temas económicos, culturales y militares, en el marco de un área del planeta reconocida como “zona de paz” y en la que reivindicamos el pleno respeto de los Derechos Humanos.

Será prioritario apuntalar la institucionalidad de cada uno de estos bloques, como lo demuestra la creación de la Secretaría General de la UNASUR – que ocupara Néstor Kirchner entre julio y octubre de 2010 –, del Consejo de Defensa Sudamericano y del flamante cargo de Alto Representante del Mercosur, así como también otorgará mayor legitimidad popular al Parlamento del Mercosur (Parlasur) la elección por voto directo de sus miembros.

15. Participación en la toma de decisiones globales.

Se debe reivindicar el camino seguido en las negociaciones multilaterales de la OMC (Ronda de Doha); en el diseño de una nueva arquitectura financiera internacional (G-20); en la protección de nuestro ambiente para las futuras generaciones (Cumbres de Cambio Climático - COP), y en una posición de liderazgo en un sector sensible como el de energía nuclear, donde las potencias mundiales reconocen a la Argentina un papel de vanguardia dentro del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Asimismo, la Argentina deberá hacer sentir su voz en el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Como parte del grupo Uniting for Consensus, nuestro país aboga por la restricción de los asientos permanentes y del poder de veto entre sus integrantes, para tender en cambio al establecimiento de bancas regionales surgidas de elecciones consensuadas en cada zona del planeta. Se tenderá, de ese modo, a democratizar una institución que, tal como está hoy constituida, encarna privilegios inadmisibles en un mundo que marcha hacia la multipolaridad y hacia el multilateralismo.

16. Alianzas estratégicas regionales y bilaterales.

Se deben impulsar mecanismos de cooperación Sur - Sur, como los ya existentes con Brasil en el marco del Mercosur, y estrechar los vínculos con Asia, yendo más allá de la mera exportación de commodities, para reforzar las alianzas estratégicas con China, Rusia e India. En síntesis, debemos focalizarnos en relaciones de mutuo provecho con el BRIC, sin descuidar la cooperación con Estados Unidos en cuestiones donde existan posiciones convergentes (lucha contra el terrorismo transnacional y el narcotráfico, la proliferación nuclear, el tráfico de personas y el lavado de dinero, entre otras).

Se deberá aprovechar cada foro internacional para mantener firme la reivindicación de nuestra soberanía sobre las islas Malvinas y los recursos naturales presentes en las aguas circundantes, denunciando los atropellos del Reino Unido. Será importante continuar el reclamo para que Gran Bretaña se avenga a retomar las negociaciones, en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la ONU.