propuestas agrarias para el programa electoral · 2018. 7. 10. · propuestas agrarias para el...

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PROPUESTAS AGRARIAS PARA EL

PROGRAMA ELECTORAL Elecciones Generales 2015

INTRODUCCIÓN Un nuevo escenario político El pasado año 2014 estuvo marcado por la renovación del Parlamento y la Comisión de la Unión Europea, instituciones que ya se encuentran a pleno funcionamiento en esta nueva etapa. Para los hombres y mujeres del campo es muy importante lo que sucede en Bruselas, al ser la agricultura y el desarrollo rural la principal (y única) política común de la Unión. En este año 2015 ya se han celebrado elecciones municipales y autonómicas, que han traído importantes cambios políticos y quedan pendientes, para el 20 de diciembre, las elecciones generales. Por tanto, es un buen momento para que el sector agrario se incorpore a la agenda política como elemento estratégico. La agricultura, en tanto es alimentación es un derecho básico, además de tener una dimensión estratégica desde el punto de vista económico, social y cultural y en estos momentos representa una de las principales prioridades políticas a nivel mundial. Los hombres y mujeres del campo no podemos permanecer al margen de este proceso electoral y queremos estar presentes en los programas de todos los partidos políticos y en el debate electoral. Estas propuestas se ponen a disposición de todos los partidos políticos precisamente con este objetivo.


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El marco agrario en 2015 El programa de trabajo del Comisario de Agricultura Phil Hogan incide principalmente en la aplicación de la última Reforma de la Política Agraria Común (PAC), la simplificación de la PAC, el funcionamiento de la cadena alimentaria y la aplicación de las normas de competencia, la necesidad de afrontar los desequilibrios en los mercados a consecuencia del embargo ruso, el acceso a los mercados agrícolas mundiales (acuerdos bilaterales TTIP y CETA) y los retos del desarrollo rural. En 2015 nos encontramos en el primer año de aplicación de la nueva PAC. Las principales novedades de esta Reforma, como eran la introducción de conceptos como agricultor activo y actividad agraria, han quedado desvirtuadas tras los cambios introducidos en los Reales Decretos de aplicación. Esto ha supuesto una profunda decepción para los agricultores y ganaderos profesionales. Aún así, seguimos trabajando para avanzar hacia una política agraria que priorice las ayudas públicas hacia las explotaciones y los agricultores activos, que crean empleo y riqueza en el territorio, es decir, el modelo social y profesional de agricultura y alimentación. La nueva PAC se centra fundamentalmente en la política de ayudas, a costa de desmantelar los instrumentos de regulación de los mercados y la preferencia comunitaria (acceso de productos de terceros países con unos requisitos de producción mucho más laxos). Esta desregulación es muy grave porque el 75% de los ingresos de los agricultores vienen vía precios y por lo tanto del mercado. Además, lleva a una volatilidad de los precios que afecta negativamente a las rentas de los agricultores. Es alarmante la eliminación de los sistemas de cuotas de producción y derechos de plantación. Las cuotas lácteas han desaparecido en abril de 2015, las de remolacha azucarera lo harán en 2017, lo que significa un duro golpe para estos sectores, que corren el riesgo de difuminarse en nuestro país. Se aumentarán los excedentes de producción de leche en Centroeuropa, con la consiguiente caída de precios en origen y el cierre


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de explotaciones en nuestro país. En remolacha, aboca al cultivo a la práctica desaparición en nuestras zonas productoras. Cómo alternativa se quiere potenciar la autorregulación dentro del sector agrario y el nuevo Comisario ya ha manifestado su intención de adoptar medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en el sentido de conseguir que los productores reciban una retribución “decente”. Si bien, en la Unión Europea no parece que haya intención de avanzar más allá de los acuerdos de autorregulación voluntarios que en absoluto están sirviendo para corregir los grandes desequilibrios de la cadena alimentaria en la UE. En el Estado Español disponemos de la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que es una buena herramienta para conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena agroalimentaria. Sin embargo, entendemos que se debe ir más allá, tanto en el ámbito estatal como en el europeo, mediante una regulación obligatoria. Es cierto que la ley estatal evitará abusos, y observamos con expectación el trabajo que realiza la Agencia para la Información y Control Alimentarios en esta línea, pero la mayor preocupación de agricultores y ganaderos es el precio y la posición de dominio de la gran distribución dentro de la cadena agroalimentaria. Finalmente, este año está siendo marcado por la negociación del Tratado TTIP entre la UE y EEUU y la ratificación del Tratado CETA con Canadá. Después de analizar estos acuerdos y sus consecuencias sobre el sector agrario del Estado Español, nuestra posición es contraria; destruiría la agricultura europea a través de las negociaciones de los estándares sobre seguridad alimentaria, sanidad vegetal y animal, medioambiente, bienestar animal y derechos laborales. La clave de este acuerdo está en los temas regulatorios/desregulatorios, específicamente el contencioso sobre los Organismos modificados Genéticamente (OGMs), utilización de hormonas en la carne y en la leche, antibióticos, usos de clorados y ácidos lácticos en el tratamiento de las carnes y la aplicación del principio de precaución. Está en peligro la preservación del modelo de agricultura y alimentación que tenemos en Europa y que puede verse amenazado por un acuerdo de estas características. Este modelo conserva un acervo cultural de


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generaciones basado en la calidad y la diversidad; está en juego el modelo de calidad a través de DOs e IGP. Un cambio de rumbo en esta cuestión podría ser desastroso para el modelo social y profesional de agricultura que representamos. También resulta una amenaza la negociación relativa a los sectores ganaderos, por los altos costes que suponen las altas exigencias que mantenemos en Europa y que generan costes adicionales a nuestras explotaciones ganaderas. Por último, hay que alertar del riesgo de que se sacrifique a la agricultura en estas negociaciones ("moneda de cambio") al ser un parte relativamente pequeña del acuerdo. Aun así es un elemento estratégico y emblemático. Todo ello nos ha llevado a mantener una posición contraria al Acuerdo TTIP. El sector agrario en el Estado Español Consideramos al sector agrario estratégico para el conjunto de la sociedad española y pedimos que así se establezca dentro de la agenda política. Las políticas destinadas a este sector deben enfocarse a garantizar la viabilidad de la actividad productiva agraria en todos los sectores y territorios. La esencia de la actividad agraria es la producción de alimentos para la sociedad y a partir de aquí vienen el resto de “bienes” (medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales,…) que la agricultura entrega a la sociedad. Para ello, COAG defiende el Modelo Social y Profesional de Agricultura, basado en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directa y personalmente en sus explotaciones y viven de su actividad, con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para la población. Un modelo que genera empleo y economía real en el territorio que más lo necesita, el medio rural, que está integrado en este medio y no se deslocaliza. Este modelo social de agricultura es la base de la alimentación, además de contribuir decisivamente a la preservación del


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medio ambiente y la biodiversidad, así como a la gestión y ordenación del territorio para mejorar su habitabilidad. Desgraciadamente, desde el año 2010 a 2014, el sector agrario español ha perdido el -6% de su renta agraria real total y el número de UTAs (trabajadores a tiempo completo) ha descendido un -6,8%, lo que supone una pérdida de 63.000 empleos. Estos son los fríos datos del sector productor agrario, un sector cada vez más orientado al mercado y con menos mecanismos de protección y estabilización para hacer frente a las crisis de precios y de costes que periódicamente le azotan. Esto nos lleva a buscar de forma continua la mejora de la productividad y de la eficiencia de nuestras explotaciones y a incidir en la reducción de costes. También es muy importante el obligado relevo generacional y una mayor incorporación de la mujer a la actividad agraria, imprescindibles dada la elevada edad media de los titulares de explotación. Creemos que existen buenas oportunidades para la generación de empleo y riqueza en el conjunto de actividades que configuran el sistema agroalimentario, del que el sector productor es la base. Ello es así porque hay un conjunto de actividades intrínsecamente ligadas con el sector agrario y la industria agroalimentaria en los ámbitos industriales, de servicios, transporte, almacenamiento y distribución. En estos momentos la situación del sector agrario vuelve a ser complicada, con la aparición de fuertes desequilibrios en importantes sectores de producción, ya sea frutas y hortalizas, carne o leche. En todos estos casos los precios al productor se han situado o están a punto de situarse por debajo de los costes de producción. La aplicación este verano de un nuevo período de “veto ruso” a varios productos agroalimentarios europeos ha agravado de forma importante las perspectivas agrarias. En este marco, queremos trasladar las siguientes propuestas políticas.


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1. ESTATUTO DE LA AGRICULTURA SOCIAL Y PROFESIONAL Es imprescindible la renovación de la actual Ley 19/1995 de modernización de las explotaciones agrarias a través del estatuto de la agricultura social y profesional con el objetivo de mejorar la viabilidad económica, social y ambiental de nuestras explotaciones. Como es conocido, COAG defiende el Modelo Social y Profesional de Agricultura, basado en el carácter profesional, la eficiencia y sostenibilidad de la actividad agraria, que conforman los hombres y mujeres del campo que trabajan directa y personalmente en sus explotaciones y viven de su actividad, con la finalidad de producir alimentos sanos y seguros para la población. Una característica esencial de este modelo es que genera empleo y economía real en el territorio rural, que se encuentra integrado en este medio y que no se deslocaliza. El modelo social y profesional de agricultura es la base de la alimentación, además de contribuir decisivamente a la preservación del medio ambiente y la biodiversidad, así como a la gestión y ordenación del territorio para mejorar su habitabilidad. Este modelo une a su labor esencial, la producción de alimentos para la sociedad, la entrega de una serie de “bienes públicos” no remunerados: medioambientales, territoriales, culturales, gastronómicos, patrimoniales, paisajísticos,... Han pasado ya 20 años desde que fue publicada la Ley 19/95 de Modernización de las Explotaciones Agrarias, cuyo objetivo principal era conseguir explotaciones agrarias viables con una dimensión suficiente. Para ello priorizaba las figuras de agricultor profesional y explotación agraria prioritaria. Creemos que este enfoque sigue siendo válido y plenamente vigente, pero en este momento es necesaria una nueva adaptación, ya que las


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explotaciones familiares han experimentado desde aquél momento grandes cambios. Entendemos que se ha conseguido uno de los principales objetivos de la Ley 19/95, como es el incremento de la dimensión económica de las explotaciones agrarias, tanto a través del incremento de superficie como de la productividad, pero, desgraciadamente, hemos fracasado a la hora de mejorar su viabilidad económica. Hoy día, las explotaciones agrarias están atrapadas en la llamada “tijera” de precios/coste, con unos precios en origen estabilizados o a la baja y unos costes cuya tendencia es siempre creciente. Muchas de ellas sufren descapitalización y altos niveles de endeudamiento. En contrapartida muchas explotaciones y agricultores han desaparecido durante este período. Asimismo, hoy tenemos una agricultura mucho menos “familiar” que en 1995, ya que las ayudas familiares han desaparecido en muchas explotaciones y en otras son residuales, lo que ha llevado a su sustitución por trabajadores asalariados y tareas contratadas a terceros. Todo ello hace que la gestión de las explotaciones sea hoy más compleja y exigente. También estamos viviendo importantes cambios en la cadena agroalimentaria, en la que en los últimos años está avanzando la integración vertical de los eslabones de la cadena. El agricultor se enfrenta a una pérdida de capacidad de decisión empresarial sin haber fortalecido previamente su estructura organizativa y estando sometido a una posición dominante de la industria y sobre todo, la distribución. A pesar de ello, creemos en la oportunidad para colaborar desde una visión conjunta de la cadena agroalimentaria. Porque así podremos crear más valor dentro del sistema agroalimentario que si trabajamos cada eslabón por separado. Aceptamos el desafío de que la cadena en su conjunto sea rentable y sostenible. Para ello es imprescindible que el valor creado por el conjunto de la cadena se reparta de forma justa y equilibrada entre todos los operadores. El incremento de la dimensión de las explotaciones familiares las ha hecho evolucionar en muchos casos hacia fórmulas societarias: sociedades civiles, comunidades de bienes, SAT, etc., en las que


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algunos socios actúan meramente como tenedores de capital. Seguimos teniendo la asignatura pendiente de desarrollar una formula societaria que se adapte de forma adecuada a la estructura y gestión exigente de las explotaciones agrarias del siglo XXI. En estos momentos también estamos viviendo el inicio de un proceso que llevará a la introducción masiva de las nuevas tecnologías en la producción primaria (TICs, big data, posicionamiento,..). Será la próxima revolución verde y cambiará de forma radical la forma en la que trabajamos y producimos. Las explotaciones agrarias deben prepararse para una irrupción tecnológica nunca vista y ello nos preocupa en dos aspectos críticos: el relevo generacional y la formación del capital humano. Por último, la estructura administrativa del Estado Español que otorga la competencia en materia de agricultura y ganadería a las CC.AA., se ha desarrollado de forma amplia en los últimos años a través del diseño de programas de desarrollo rural autonómicos, desapareciendo los programas plurirregionales que existían en 1995. Este hecho hace que el Gobierno Central deba concentrar su esfuerzo en la elaboración de principios y criterios generales de actuación que preserven la igualdad de trato y oportunidades y la competencia leal. Por todo lo anterior creemos imprescindible la renovación de la actual Ley 19/95 a través del estatuto de la agricultura social y profesional, que debe incluir los siguientes elementos:

− Caracterización y priorización del modelo de agricultura social y profesional, a través de la evolución y actualización de la explotación prioritaria y el agricultor profesional.

− Caracterización y valoración de los “bienes públicos” que el modelo de agricultura social y profesional ofrece a la sociedad. Desarrollo del Contrato Territorial de Explotación.

− Promoción y mejora de la formación y la innovación en las explotaciones agrarias.

− Promoción de la incorporación de jóvenes y mujeres a las explotaciones agrarias.


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− Reconocimiento del papel de la explotación agraria en el marco de la cadena alimentaria. Diseño de un marco de colaboración en el seno de la cadena alimentaria con funciones y derechos de los distintos eslabones. Ello debe proporcionar la adecuada seguridad jurídica.

− Creación de la figura societaria adaptada a la explotación social y profesional.

− Acceso a la tierra. − Beneficios fiscales en relación a la transmisión de explotaciones,

incremento de dimensión, transferencias de derechos de ayudas y cuotas de producción, instalación de nuevos agricultores, arrendamientos de tierras, inversiones en innovación, etc.

− Obligaciones y derechos de la explotación agraria y de su titular. − Registros de explotaciones agrarias. − Marco normativo y fiscal de las actividades complementarias a la

actividad agraria. − Regulación de la transformación y la venta directa por parte de las

explotaciones agrarias.

2. REEQUILIBRIO DE LA CADENA ALIMENTARIA Ante las políticas orientadas a la desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario, de la cadena agroalimentaria. La cadena debe ser rentable y sostenible en su conjunto, para lo cual hay que acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores, asegurando unos precios rentables para los productores y asequibles para los consumidores. El valor que aportan a la economía los tres pilares básicos de la Cadena Alimentaria (agricultura, industria y distribución) está muy equilibrado, en torno a un tercio cada sector, sin considerar a estos efectos los bienes públicos que a mayores aporta el sector agrario, en cuanto a


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sostenibilidad territorial y medioambiental. Sin embargo, la relación entre dichos eslabones está totalmente desequilibrada, con evidentes posiciones de dominio, desigualdades y abusos en el poder de negociación, prácticas abusivas, etc. que producen graves distorsiones en el mercado, comprometen las rentas y el futuro del eslabón más débil, el sector agrario, y no garantizan la debida transparencia a los consumidores. La creciente demanda de alimentos y los riesgos de crisis alimentarias a nivel global hacen del sector agrario y agroalimentario un sector vital para la estabilidad económica y social de cualquier país. La alimentación no puede depender de las importaciones, de mercados peligrosamente volátiles en lo mercantil y en lo político. Debemos defender nuestra estructura alimentaria, desde la producción hasta el consumo. Ante las políticas orientadas a una desregulación generalizada, es necesario reforzar la regulación de la columna vertebral del mercado alimentario; la cadena agroalimentaria. Los distintos eslabones nos necesitamos ante el riesgo de las deslocalizaciones. El reto es que la cadena en su conjunto sea rentable y sostenible. Para ello es imprescindible acabar con el abuso de posición de dominio y que el valor creado se reparta de manera justa y equilibrada entre todos los operadores. Empezando por unos precios rentables para los productores y garantizando la calidad y seguridad alimentarias y precios asequibles para los consumidores. En base a lo anterior planteamos las siguientes propuestas.

2.1. Mejora de la aplicación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

2.1.1. Puesta en marcha de un Plan de difusión de la Ley 12/2013:

el grado de conocimiento por parte del sector primario respecto a los derechos y obligaciones establecidos en la Ley 12/2013 es minoritario, por el elevado número de agricultores y ganaderos y su grado de dispersión a pesar del esfuerzo de difusión realizado por los distintos agentes implicados. Por ello, es


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necesaria la puesta en marcha de un plan de difusión, que cuente con la participación de las organizaciones profesionales agrarias. Sería un elemento clave para acercar la ley al eslabón clave al que busca proteger.

2.1.2. Mejora de la coordinación entre las autoridades

competentes para la aplicación de la Ley 12/2013: es necesaria la coordinación entre las autoridades competentes para el correcto funcionamiento de la Ley, en el ámbito de la misma, pero también en las posibles actuaciones que se deriven de las inspecciones llevadas a cabo por la Agencia de Información y Control Alimentarios y que, en la actualidad, no resultan de su competencia parcial o exclusivamente (temas de calidad, etiquetado, venta a pérdidas…).

2.1.3. Aumento y optimización de los recursos de la Agencia de

Información y Control Alimentarios (AICA): la AICA tiene asignadas un buen número de competencias y su papel es determinante en la correcta aplicación de la ley. Por ello, es necesario que se dote de recursos económicos y personales suficientes, así como optimizar los existentes, para mantener una adecuada calidad de los trabajos.

2.2. Modificación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

2.2.1. Esta Ley es una buena herramienta, aunque insuficiente, para

conseguir una mayor transparencia y seguridad jurídica en la cadena. Sin embargo, es necesario ampliar su cobertura y mejorar su profundización en determinados aspectos. Es cierto que la ley puede evitar abusos, y valoramos el trabajo de la AICA en esta línea, pero la mayor preocupación de agricultores y ganaderos, el precio, ni se garantiza, ni se soluciona con la Ley. Luchar contra las malas prácticas no es suficiente para asegurar un futuro sostenible y los instrumentos de regulación de mercado siguen siendo necesarios, por lo que hay que poner en marcha medidas que permitan a los productores a equilibrar


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precios en origen con costes reales, teniendo en cuenta este factor y su evolución en la conformación del precio de los contratos1, y que por otro lado, hagan que el consumidor perciba adecuadamente el valor de los productos.

Además de esta apreciación general, se considera necesario:

2.2.2. Extensión de los contratos obligatorios al conjunto de las

operaciones en la cadena: la actual Ley establece excepciones basándose, por ejemplo, en el tamaño de los operadores o el carácter perecedero de los productos, lo cual resta efectividad a la misma. Los contratos no corrigen por si mismos los desequilibrios existentes en la cadena, pero aportan transparencia y seguridad jurídica, y la Ley sería más efectiva si fuera igual para toda operación y todo operador.

2.2.3. Ampliación de la figura del mediador: la Ley recoge la figura

del mediador, aunque tan extremadamente acotada, que reduce al mínimo su efectividad. Afecta sólo a la primera venta realizada únicamente por las organizaciones de productores (OP) que venden productos no transformados, sólo podrá actuar en relación al precio de los contratos, y sólo si los intervinientes son firmantes del Código de Buenas Prácticas comerciales voluntario. Se debería reforzar esta figura, ampliándola al conjunto de vendedores (no sólo OP), al conjunto de los términos del contrato (no sólo precio) y al conjunto de operadores (no sólo firmantes del Código de Buenas Prácticas).

2.2.4. Venta a pérdidas: esta es un extendida práctica comercial

absolutamente especulativa, abusiva y desleal, denunciada sin éxito por productores, industria e incluso distribución minorista en infinidad de ocasiones y que genera graves pérdidas

1 Francia publicó recientemente un decreto, Decreto 2014-1196, que obliga a que los agentes de la cadena puedan renegociar los precios de los productos, si se produce un aumento elevado de las materias primas, tanto agrarias como alimentarias. El decreto también obliga a que las cooperativas tengan en cuenta la evolución de los precios de las materias primas. Tendrán que ser los productores, industriales y distribución, los que definan en sus diferentes contratos, las modalidades de aplicación de la revisión.


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económicas y de empleo en el conjunto de la cadena y de la economía. Se trata de una práctica relacionada con la utilización de productos como reclamo a precios de venta al público anormalmente reducidos. Sería conveniente disponer las medidas legislativas pertinentes para que no se produzca esta práctica2. Se ha comprobado que en gran parte de los casos, la práctica de la venta a pérdidas no se produce de manera aislada en una C.A., sino que afecta al ámbito de varias o al conjunto del Estado; por otro lado también se ha demostrado falta de interés, incluso dejación de funciones, por parte de los órganos competentes de algunas CC.AA. En este sentido, se considera necesario que el Estado ejerza el control, inspección y posible sanción de las irregularidades que afecten al territorio de más de una C.A., se mejore la coordinación entre administraciones, tanto a nivel autonómico como supra-autonómico y que las CC.AA. asuman su responsabilidad en la aplicación de la normativa. Una posibilidad al respecto, que además unificaría interpretaciones, podría basarse en la introducción en la Ley 12/2013 de la definición existente en la Ley de competencia desleal para que le afectara el régimen sancionador de la primera y, con ello, un régimen administrativo de control.

2.2.5. Compra a pérdidas: es necesario erradicar esta práctica, que

consiste en la compra al productor por parte de la industria por debajo de los costes de producción. Tiene la apariencia de venta a pérdidas, pero como hay posición de dominio por parte de la industria, este tipo de venta a pérdidas es involuntaria y forzada por parte del productor. En este caso es necesario que se aplique en toda su extensión el artículo 2 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia: “Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 2. El abuso podrá consistir, en particular, en: a) La imposición, de forma directa o

2 Portugal lo ha hecho de manera expresa en su reciente Decreto-Ley 166/2013, Artículo 5, y que además establece multas considerables, de hasta 2,5 mill€ para grandes empresas que incumplan


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indirecta, de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no equitativos”.

2.2.6. Producto reclamo: se deben prohibir las campañas de

promoción basadas en el regalo de alimentos básicos (productos primarios o productos envasados como leche o aceite de oliva) para no inducir a error sobre el precio y valor real de dichos productos.

2.2.7. Plazos de pago: debe aclararse que el plazo de pago de los

productos frescos-perecederos es de 30 días independiente del destino de dichas producciones.

2.2.8. Productos de temporada y de proximidad: estos productos

deben encontrar una priorización en la cadena de distribución y no sólo quedar a voluntad de los operadores que se destaque su valor en el marco de estrategias comerciales.

2.2.9. Mejor adaptación del régimen sancionador: el régimen

sancionador que acompaña a la Ley resulta imprescindible para asegurar su eficacia y utilidad. Sin embargo, es considerablemente mejorable. No existe proporcionalidad entre la gravedad de las prácticas abusivas perseguidas y las sanciones establecidas. Calificar la práctica totalidad de las prácticas como infracciones leves (sanción nunca superior a 3.000€), resta efectividad a la Ley y evita que el régimen sancionador tenga un verdadero efecto disuasorio.

2.3. Actuaciones a desarrollar por las Comunidades Autónomas

2.3.1. Creación de la figura del Defensor de la Cadena alimentaria: al hilo de la figura ya establecida en alguna Comunidad Autónoma, se propone establecer el Defensor de la cadena alimentaria como un órgano con funciones de estudio, observación, vigilancia, propuesta y sanción en lo relacionado con el equilibrio y relaciones entre los diferentes agentes de la cadena. Entre sus funciones estarían el control, denuncia y


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sanción de posibles prácticas abusivas y la emisión de dictámenes sobre cuestiones relativas a las relaciones contractuales entre productores y compradores. También velar por el mantenimiento de un precio que cubra al menos los costes de producción, como garantía del equilibrio entre las partes contratantes, evitando que la posición dominante del comprador. En este sentido, podría denunciar los supuestos detectados de compras de productos agroalimentarios con pérdida para el vendedor de los mismos. El Defensor de la cadena podrá recibir denuncias anónimas y confidenciales a través de organizaciones representativas.

2.3.2. Creación de la figura del Observatorio de la Cadena

alimentaria: se propone la puesta en marcha de una Observatorio territorial de la cadena alimentaria cuyas funciones serán, entre otras, el seguimiento, asesoramiento, consulta, información, estudio y propuesta sobre el funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios de los alimentos en el ámbito de la Comunidad Autónoma. En su composición se asegurará la inclusión de las Organizaciones y Asociaciones representativas de la cadena alimentaria desde el productor hasta el consumidor final.

2.3.3. Mejora de la coordinación entre las distintas autoridades

territoriales y con las autoridades del Estado: en tanto en cuanto las competencias en materia de calidad, fraude y etiquetado en punto de venta y control de prácticas como la venta a pérdidas, están en manos de distintas autoridades de las CCAA, es absolutamente indispensable la correcta coordinación, a través de, no sólo de mesas de trabajo, sino a través de otros instrumentos de trabajo que permitan la mayor celeridad en la transmisión de la información. También se deben establecer manuales y guías de coordinación que clarifiquen los procedimientos y los doten de la mayor seguridad jurídica.


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2.4. Modificaciones normativas en la UE

2.4.1. Establecimiento de un marco regulatorio de la cadena alimentaria obligatorio y único en Europa: consideramos que debe haber una regulación obligatoria y un enfoque jurídico único para toda la UE, que prohíba determinadas prácticas abusivas, sirva de elemento común para todas las operaciones comerciales y que garantice la igualdad de condiciones en la UE, aunque pueda dejar cierto margen a los Estados miembro para adaptarse a sus particularidades. No se apuesta por una futura legislación que ponga en duda los avances conseguidos al nivel estatal, pero se considera que se debe prevenir la fragmentación del mercado único, que ocurre con el actual enfoque descoordinado y diferenciado según cada país. Apoyarse únicamente en un sistema voluntario para afrontar las prácticas comerciales desleales, como propone la industria y la distribución europeas, no facilita a los productores poder presentar sus quejas de manera anónima y reducir el miedo a represalias de sus clientes. La falta de aplicación de la normativa mediante una tercera autoridad independiente que pueda imponer sanciones en caso de que se incumplan los códigos de buenas prácticas es el principal punto débil de cualquier sistema voluntario.

2.4.2. Puesta en marcha de medidas que refuercen el poder

negociador de los productores en la cadena alimentaria: para reequilibrar la cadena agroalimentaria es necesario además reforzar el poder de los productores en el mercado, para lo cual, deben adoptarse iniciativas valientes:

• Fomentar la vertebración económica del sector productor, en

particular mediante la integración cooperativa, propiciando un mayor grado de concentración de la oferta que permita una mejor defensa de las rentas de los productores en el mercado.

• Reforzar la capacidad de negociación de los diferentes miembros de la cadena agroalimentaria, para lo cual es necesario disponer de la posibilidad de negociar, en el seno de las Organizaciones


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Interprofesionales, las condiciones de los contratos de los productos agrarios. Para ello, entre los fines y objetivos de las Organizaciones Interprofesionales se deben incluir:

− La negociación de los contratos de entrega de productos agrarios.

− La elaboración y publicación de índices y tendencias que tengan en cuenta, entre otros, los costes de producción.

− La capacidad de gestionar y coordinar la oferta y la comercialización de la producción de sus miembros. Posibilitar la negociación colectiva de precios en su seno.

− La adaptación de la producción y el procesamiento a las exigencias del mercado.

2.4.3. Búsqueda de equilibrio entre las normas de competencia,

su aplicación por parte de las autoridades competentes y la regulación del sector agroalimentario: la aplicación del derecho de la competencia en el contexto del mercado en origen de los productos agrarios, en lugar de garantizar relaciones comerciales equilibradas y formación de precios libre y justa, está frustrando las iniciativas que tienden a equilibrar las relaciones comerciales entre quienes producen, industriales y distribuidores. Por ello, se hace necesario que la administración competente establezca la excepción o inaplicabilidad de dichas normas en los mercados agrarios por su especificidad.

Para ello, se propone dictar una declaración de inaplicabilidad o una exención por categorías. Ambos mecanismos se encuentran previstos tanto en la Ley de Defensa de la Competencia, 15/2007, como en la normativa comunitaria. Por otra parte, se propone aprobar, mediante Real Decreto, una exención por categorías para aquellos acuerdos que no afecten al comercio entre Estados miembros. Esto supone que las prohibiciones establecidas no sean aplicables a aquellas restricciones de la competencia proporcionales a los beneficios que generan en términos de eficiencia en la asignación de


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recursos y, en consecuencia, de bienestar general. De esta forma, se eximiría al sector agrario de estar sujetos a las prohibiciones establecidas en la Ley.

3. COSTES DE PRODUCCIÓN Se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones para revertir la continuada y grave pérdida de renta de los agricultores y ganaderos en los últimos años, especialmente en lo que concierne a los costes de producción cuya tendencia al alza ha comprimido la rentabilidad del sector. La renta total disponible para el sector agrario continúa en una senda de descenso. Observando la evolución en términos reales desde 1990, la renta agraria real permanece aún un -21,5% por debajo de la cifrada en 1990. Sin embargo, entre 2003 y 2014 los consumos intermedios se han encarecido un 39,13%, mientras que la renta agraria corriente ha caído un 16%. En 2014 se ha alcanzado el valor más alto en la relación ente consumos intermedios y valor de la producción de la rama agraria, junto con 2012. Para obtener un euro de producción, los agricultores han tenido que gastar 0,49 en insumos productivos en 2014. Se trata de la cifra más alta desde 1990. Si se analiza la evolución del conjunto de macromagnitudes agrarias entre los años 1990 y 2014, se comprueba cómo el valor de la producción agraria tuvo un comportamiento de aumento hasta el año 2003, a partir del cual se ha estancado y además padece una considerable volatilidad anual. Sin embargo, la tendencia de los costes de producción, medida a través de los consumos intermedios, es al alza durante todo el periodo. Esto deriva en una situación de rentas decrecientes, especialmente en la última década.


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Por ello, se hace imprescindible emprender una serie de actuaciones que permitan revertir la situación y mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos:

3.1. Fiscalidad. La fiscalidad agraria es una política de plena competencia estatal que debe optimizarse para favorecer la agricultura profesional y productiva. Las peticiones más apremiantes del sector agrario son: − Incremento del IVA compensatorio al sector ganadero

equiparándolo a la agricultura. − Reintroducción de las deducciones del rendimiento neto

previo por adquisiciones de gasóleo (35%), plásticos o fertilizantes (15%) y la reducción general del 2%.

− Aplicación del tipo reducido del IVA a los consumos energéticos de los agricultores profesionales: electricidad y gasóleo.

− Exención en el IRPF de las ayudas del segundo pilar de la PAC a jóvenes agricultores, en las que se permite que una parte vaya a capital circulante.

3.2. Tarifa eléctrica

La liberalización del mercado de la energía que se produjo en 2008 ha supuesto un fuerte incremento de los costes eléctricos para las explotaciones agrarias. Hay una ausencia generalizada de ofertas interesantes para los suministros de riego y el contrato de temporada en su actual formato no se adapta debido a las altas penalizaciones que conlleva. En los regadíos, el incremento de los costes tras la liberalización del sector eléctrico está comprometiendo su viabilidad económica presente y futura. Conviene tener en cuenta que, el proceso que el sector lleva años haciendo para modernizar sus regadíos buscando el uso eficiente de los recursos hídricos, lleva consigo un incremento del consumo energético. Para el establecimiento de posibles soluciones a los problemas planteados se deben tener en cuenta las peculiaridades del sector que hacen que tenga un factor de utilización de la energía muy bajo (14% en alta tensión y 7% en baja tensión).


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Las dos principales propuestas que efectúa COAG en este apartado son las siguientes:

• Implantación de un contrato específico y adaptado a las características del consumo en el sector agrario. En el caso de los regadíos es imprescindible adaptar un contrato de temporada que se adecúe a las características de esta actividad y sea realmente operativo para los regantes.

• Exención parcial del 85% del Impuesto Especial sobre la electricidad (IEE) a los sectores ganaderos, como permite la normativa comunitaria y dado el elevado gasto que deben asumir esta tipología de explotaciones. En este caso, también es necesaria la actualización de los módulos del IRPF mediante la inclusión de un índice corrector sobre el consumo eléctrico de los ganaderos.

3.3. Desarrollo de las energías renovables en el sector agrario y de

la figura de la Explotación Agraria Productora de Energías Renovables. Desarrollo del sistema de generación distribuida de energía eléctrica para aumentar su competitividad y apoyar las iniciativas de mitigación del cambio climático (reducción de la huella de Carbono). Por las grandes ventajas medioambientales, en cuanto a reducción de la huella de carbono y tratamiento de residuos ganaderos, se propone la elaboración de un plan específico de desarrollo del biogás. En línea con el anterior, también se propone la creación de planes de apoyo específico para el fomento de las fuentes y el aprovechamiento de calor renovable en el medio agrario.

3.4. Observatorio de costes y mercados de insumos. Vigilancia

de los oligopolios que controlan los insumos del sector agrario: energía, fertilizantes, piensos, semillas, etc. para evitar la especulación y los costes injustificadamente elevados para los agricultores. En este sentido, se propone la creación de un Observatorio de Insumos para dar seguimiento y transparencia al mercado en el que participen las asociaciones representativas implicadas.


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4. SEGUROS AGRARIOS El seguro agrario debe ser una estrategia fundamental de mantenimiento de rentas ante el entorno económico actual tan volátil y por el esperable aumento de los riesgos para la agricultura ocasionado por los efectos del cambio climático. La agricultura y la ganadería son sectores que se enfrentan a grandes riesgos climáticos y epizoóticos, por lo que es probable que, teniendo en cuenta la renta de su explotación y los costes reales de un seguro, muchas explotaciones no podrían afrontar el coste de una póliza que cubriese todos los riesgos sin apoyo público. El apoyo público al sistema de seguros agrarios garantiza la supervivencia del sector agrario y el desarrollo económico de las zonas rurales, pero también contribuye a un gasto público más eficiente. El Estado con un presupuesto limitado ayuda a los agricultores a trasladar parte del riesgo al sector asegurador, por lo tanto las Administraciones públicas pueden calcular de antemano un presupuesto determinado, eliminando la posibilidad de tener que habilitar fondos para la concesión de ayudas de carácter extraordinario ante por ejemplo cualquier catástrofe natural o adversidad climática, gracias al principio de que “lo asegurable no es subvencionable”. También el sistema de seguros agrarios se ha utilizado muchas veces para solucionar problemas que nada tienen que ver con la gestión de riesgos, como problemas de salud pública en el caso de la retirada de animales tras la crisis de las vacas locas, etc. No obstante con la coyuntura económica, el presupuesto público actual de todas las administraciones destinado a los seguros agrarios ha descendido en más de 40% respecto al periodo 2007-2011 (cuando alcanzaba una media de 416 M€) llegándose a eliminar en algunas CCAA. Esto ha provocado que los agricultores aseguren frente a menos riesgos, especialmente en cereza, cítricos, frutales y viñedo, unos de los


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sectores agrícolas más importantes en valor de la producción y en comercio exterior. El presupuesto aprobado a última hora para 2016, aunque ha aumentado la partida destinada al Plan Anual de Seguros Agrarios en un 6,1% respecto a 2015, sin embargo aún se mantiene un 22,9% por debajo de la partida destinada a dicho plan en 2011. Por todo ello desde COAG apostamos por el mantenimiento y mejora del actual sistema español de seguros agrarios, un modelo que es de referencia a escala mundial. Para ello proponemos llegar a una universalización del seguro por medio de:

4.1. Un incremento de la partida presupuestaria destinada al seguro agrario al menos hasta los niveles de 2007-2011, para reducir el coste de las pólizas y contribuir a la universalización del seguro.

4.2. Trabajar en la implantación de líneas de seguros que vayan más allá de daños y que garanticen el mantenimiento de un nivel renta para afrontar las fluctuaciones de los precios y de los costes.

4.3. Trabajar en las líneas con baja implantación o en las zonas de baja contratación para definir mejor los riesgos reales de la producción.

4.4. La creación de una figura entidad de asesoramiento del seguro agrario, que ayude al agricultor/ganadero en la contratación del seguro y en las peritaciones más problemáticas. Esta figura garantizaría el compromiso por parte del sector agrario para hacer universal este seguro

5. AGRICULTORES JOVENES

El creciente envejecimiento del sector agrario evidencia la urgencia y necesidad de una ambiciosa política de relevo generacional en el conjunto del Estado.


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En el año 2010, según datos de la Comisión Europea, solamente el 5,3% de los agricultores españoles se encontraban por debajo de los 35 años de edad, mientras el 55,3% sobrepasaba los 55 años. Es decir, tenemos 10 agricultores mayores de 55 años por cada agricultor menor de 35 años. Analizando los datos del FEGA, relativos a las ayudas directas percibidas por los agricultores y ganaderos en el ejercicio 2012, solamente el 3,4% de los beneficiarios tienen menos de 35 años mientras el 63,4% de los perceptores tienen 55 años o más.. Los datos anteriores indican que será necesario incorporar un número creciente de nuevos agricultores y agricultoras para reemplazar a los que abandonen la actividad en los próximos años. Paralelamente, existe una realidad dramática: el desempleo juvenil, que se sitúa en el 57,4 % de los menores de 25 años. En relación a ello conviene subrayar que, según datos de Eurostat, por cada joven que se incorpora al sector agrario se generan 8 empleos indirectos en el medio rural. Esta alta tasa de paro juvenil, junto con la ausencia de alternativas laborales en las zonas rurales y el potencial de crecimiento del sector agroalimentario español, ha provocado una situación sin precedentes en el sector agrario: en el periodo 2012-2013 las solicitudes de incorporación de jóvenes al sector agrario se han incrementado un 79%. Sin embargo, las necesidades de los jóvenes agricultores y agricultoras no están suficientemente contempladas en las políticas agrarias y programas de desarrollo rural. Los principales obstáculos que se encuentra un joven que se quiere incorporar al sector agrario son los siguientes: − Actualmente existen perceptores de ayudas sin actividad agraria

real, los cuales dificultan el acceso a las ayudas PAC (Política Agraria Común) de los agricultores/as jóvenes.

− Los agricultores jóvenes tienen dificultades para acceder a la tierra, tanto por los altos precios que alcanza en relación a la


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rentabilidad de la actividad agraria, como por la situación de falta de movilidad de este recurso.

− En los últimos años, los agricultores jóvenes están teniendo graves dificultades para acceder a créditos u otras formas de financiación, aunque tengan concedido algún tipo de ayuda.

− Exceso de burocracia y exigencias absurdas y poco prácticas para acceder a las ayudas de incorporación.

− Falta de presupuesto y cofinanciación de los programas de desarrollo rural y en particular, de las políticas de incorporación y modernización de explotaciones.

Propuesta de medidas para facilitar la incorporación de los y las jóvenes al campo:

5.1. Desarrollar otra política agraria (PAC) orientada hacia los agricultores/as realmente activos, que supere el actual sistema de referencias históricas que penaliza a los jóvenes que quieren incorporarse. Esta nueva PAC dispondrá de mecanismos de mercado efectivos que permitan afrontar las crisis en los sectores de producción y garantizar la viabilidad económica de las explotaciones en los malos momentos.

5.2. Formación profesional continua, adaptada y de calidad para los agricultores/as jóvenes. Aspectos como la innovación, intercambios de experiencias y asociacionismo deberían vertebrar estos programas.

5.3. Priorizar la medida de apoyo a la instalación de agricultores jóvenes en los nuevos Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 que tienen que aplicar las CC.AA. También es necesario mejorar la coordinación con otras medias de los programas de desarrollo rural que puedan ser solicitadas por los agricultores jóvenes (agroambientales, indemnización compensatoria, asesoramiento, etc.). Las Administraciones deben de mejorar aspectos relacionadas con estas medidas de apoyo, tales como la agilización, reducción y simplificación de la burocracia.

5.4. Fomento de los servicios de asesoramiento, priorizando el acceso a los mismos de los nuevos agricultores/as, con el


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objetivo de mejorar la gestión técnica, económica y medioambiental de sus explotaciones.

5.5. Facilitar el acceso a la tierra en venta y/o arrendamiento para los agricultores jóvenes, ya que es un obstáculo muchas veces insalvable al que se enfrentan cuando planifican su incorporación. Solicitamos la creación de un fondo con gestión pública de tierras.

5.6. Mejorar el acceso de los agricultores jóvenes a las reservas de derechos de ayuda, derechos de plantación y derechos de cuota.

5.7. Facilitar el acceso a la vivienda de los agricultores jóvenes que viven en el medio rural.

5.8. Establecimiento de beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social para los jóvenes que se incorporen a la actividad agraria.

5.9. Mejorar el acceso a la financiación para jóvenes profesionales y autónomos del campo, facilitando el crédito, de forma especial, a través de mecanismos públicos.

6. IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MEDIO RURAL La introducción del género en asuntos económicos, políticos y de cohesión territorial sería la clave para alcanzar un medio rural adaptado al desarrollo integral de las mujeres.

6.1. La Ley de Titularidad Compartida no ha dado los resultados que se esperaban. Las comunidades autónomas tienen la responsabilidad de desarrollar este derecho para las mujeres. 6.1.1. Habilitando los registros y formando al funcionariado

para asesorar y dar respuesta a las personas que deseen modificar su explotación de titularidad unipersonal a titularidad compartida.


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6.1.2. Haciendo una buena campaña de información y difusión sobre la ley en todos los pueblos y comarcas rurales.

6.2. El medio rural vive con especial virulencia la violencia de

género. El aislamiento geográfico de las mujeres hace que se vean imposibilitadas de acceder a los recursos públicos para denunciar o buscar apoyo psicológico. A la vez, el hecho de que sean comunidades pequeñas donde el anonimato prácticamente no existe, hace muy difícil que se pueda salir de la situación. La falta de empleo también aboca a muchas mujeres a permanecer con sus agresores por falta de independencia económica y todo ello debe ser estudiado y solucionado por las instituciones.

6.3. Es prioritario poner en marcha y ejecutar actuaciones para

fomentar la igualdad de género siguiendo las directrices de la propia ONU, en cuya revisión del informe CEDAW en este 2015, ha evaluado la aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible en España evidenciando la marcha atrás en esta materia durante los años de la crisis y la más que necesaria inyección en presupuestos con perspectiva de género y políticas sensibles a la población en peores condiciones.

7. INNOVACIÓN La innovación es un proceso clave para el mantenimiento de la agricultura social y profesional y para construir un modelo de producción agrícola y alimentaria, socialmente justo, sostenible y sano. Este modelo perdura en el tiempo y es viable, si se reconoce y se apuntala su compromiso con la innovación, pero necesita un apoyo claro


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a través de las políticas. El futuro del medio rural reside en el adecuado enfoque y en la correcta solución a los problemas que afrontamos los y las agricultores a través de procedimientos innovadores, que permitan el desarrollo de una agricultura acorde con su entorno y con el medio en el que tiene lugar. Innovación participativa e inclusiva: La apuesta por la participación de la sociedad civil desde el primer momento y todos los procesos de decisión es un aspecto crucial: la innovación debe ser participativa e incluir, de una manera clara, a los agricultores y las agricultoras, a los consumidores y a la sociedad civil, con una visión completa de la cadena agroalimentaria. Los agricultores y agricultoras como principio y fin de la innovación en agricultura: el agricultor y el modelo de agricultura familiar y sostenible deben estar en el centro y ser objetivo final de la innovación y la investigación. Las Organizaciones Agrarias deben tener un papel esencial en el intercambio (no sólo transferencia) de conocimiento agrario hacia los agricultores y ganaderos, pero también para transmitir sus necesidades hacia el mundo académico, técnico e investigador. La investigación y los apoyos a la innovación han de focalizarse en un modelo de agricultura familiar y sostenible. La propia Comisión Europea ha reconocido los problemas que ha generado el modelo agro-industrial desde el punto de vista medioambiental, social y de abandono del medio rural. No debemos quedarnos en el mero reconocimiento, sino dar un paso más, de manera que la investigación y los fondos asociados no persigan el criterio de la productividad, con el foco puesto en una agricultura consumidora de insumos, de cultivos transgénicos, de altos costes de producción… Innovación que priorice el empleo, la sostenibilidad y la resolución de la crisis del sistema: en el mundo agrícola abundan las innovaciones, tanto agronómicas como sociales, energéticas, medioambientales, que es necesario favorecer, frente a una agricultura y una ganadería aún más mecanizadas e industrializadas, que ahondan en el desempleo y en la insostenibilidad medioambiental.


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A continuación, se presentan algunas propuestas concretas en este ámbito:

7.1. En todos los PDR de las CCAA debe incluirse una partida presupuestaria suficiente dedicada a medidas innovación, que permita la correcta implementación de la Asociación Europea de Innovación, mediante la constitución de grupos operativos, el desarrollo de proyectos por éstos y los agentes de innovación. Dichas figuras deben contemplar obligatoriamente la participación de los agricultores y agricultoras, en coherencia con el enfoque “de abajo a arriba” presente en la política de innovación de la UE los usuarios finales de las innovaciones deben estar presentes desde el comienzo del proceso, con la detección de necesidades de innovación, hasta el final del mismo con la correcta difusión de los resultados.

7.2. En el Programa Nacional de Desarrollo Rural de España debe incluirse anualmente una partida presupuestaria suficiente dedicada a medidas de innovación, en línea con lo planteado en el punto anterior. Los agentes de innovación deberían contar con autonomía e independencia de un determinado grupo operativo para el correcto desarrollo de su trabajo de detección de necesidades de innovación en distintos ámbitos y no encontrarse ligados a los intereses de un determinado grupo operativo. Un mayor carácter transversal para estos agentes va en línea con la propia filosofía de la Asociación Europea de Innovación.

7.3. Se consideran prioritarios, entre otros, los siguientes aspectos:

7.3.1 Mejoras en la estructura de costes de producción de

las explotaciones. Entre otros, disminución de la dependencia exterior (por ejemplo, cultivo de proteaginosas y leguminosas) y ganar en autosuficiencia


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mediante medidas innovadoras en costes energéticos (energías renovables para aplicación en agricultura).

7.3.2. Desarrollar e implementar Tecnologías de la Información y

la Comunicación (TIC) en el sector agrario. 7.3.3. Innovar en respuesta a las demandas del consumidor para

el desarrollo de nuevos cultivos, modelos de producción y nuevos modelos de comercialización. En este sentido, es vital la innovación en circuitos cortos de comercialización y venta directa.

7.3.4. Innovar en modelos agroecológicos. 7.3.5. Fomentar de innovación en recursos fitogenéticos: por

ejemplo, en conservación in situ por agricultores y ONG, uso de variedades locales de cultivo…

7.3.6. Innovar para dotar al medio rural de instalaciones y

servicios adaptados de calidad similar al medio urbano. Trabajo en aspectos como la igualdad de género y los jóvenes agricultores.

8. REVISIÓN DE LA ACTUAL POLÍTICA AGRÍCOLA COMÚN Y NUEVA REFORMA DE LA PAC. PERÍODO 2017-2020.

Queremos una nueva PAC, pero no otra que profundice en los errores que han llevado al sector agrario al estado actual de crisis, poniendo en peligro el modelo social y profesional de agricultura y la seguridad y soberanía alimentaria en Europa. La nueva PAC debe centrarse en conseguir una actividad agraria rentable (entendido como unos precios remunerativos por encima de los


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costes de producción), que permita el relevo generacional en un marco de la sostenibilidad social, económica y ambiental. COAG ha rechazado la última reforma de la PAC, basada en una legitimación exclusivamente pseudoambiental y territorial para la nueva PAC, dejando de lado la legitimación de un modelo de alimentación, de un modelo económico-productivo, socio-laboral y medioambiental sostenible que es fundamental en el planteamiento de COAG y en la afirmación del carácter estratégico del sector agrario. Esta reforma ahonda en el desacoplamiento de los pagos directos (desligándolos aún más de la actividad productiva real en las explotaciones) y en la desregulación y liberalización de los mercados agrarios. En cambio, COAG propone una política decidida de regulación de los mercados y de la cadena agroalimentaria, así como un nuevo sistema de pagos directos que, pivotando sobre el empleo ocupado en las explotaciones agrarias, incorpore los demás aspectos económicos, sociales, ambientales y territoriales que caracterizan la actividad desarrollada en las explotaciones agrarias y que, de hecho, la legitiman de forma completa ante la sociedad europea. Los mercados agrarios, en los últimos años, se están comportando con una enorme volatilidad, desconocida en años anteriores, que está afectando de forma importante a productores y consumidores, provocando crisis de rentabilidad en los productores y crisis alimentarias en los consumidores. La evolución de la PAC, con el desmantelamiento de los instrumentos de estabilización y regulación de mercados, tiene una gran responsabilidad en esta situación. El futuro de los agricultores se decide principalmente en el ámbito de los precios y los mercados. La UE debe cambiar el rumbo de su política de desregulación de los mercados y liberalización comercial e instaurar mecanismos efectivos que estabilicen los mercados agrícolas y garanticen unos precios a los agricultores/as que cubran sus costes de producción y alcancen niveles remunerativos acordes a los elevados estándares de calidad, seguridad y respeto al entorno que les son exigidos por la aplicación de las regulaciones comunitarias, estatales y regionales.


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Las propuestas de COAG en este ámbito de los mercados son las siguientes: 8.1. Revisión de la política comercial de la UE respecto a la OMC y los

acuerdos bilaterales (EUROMED, MERCOSUR, ETC.). Se debe realizar un control efectivo de las importaciones y recuperar el principio de preferencia comunitaria como base de la soberanía alimentaria.

8.2. Gestión y regulación pública con los siguientes instrumentos: Intervención y almacenamiento con umbrales de precios actualizados; Constitución de stocks estratégicos o reservas de emergencia; Protección en frontera-Aranceles; Control de la producción (cuotas y derechos de producción: leche, azúcar y vino); Promoción interior y exterior y Ayuda alimentaria.

8.3. Gestión de crisis: Cláusula de medidas excepcionales; Pagos ad-hoc y Otras medidas extraordinarias (de ámbito europeo y nacional).

8.4. Aplicación a las importaciones de los países terceros de las ismas normas ambientales, sociales, laborales y de calidad y seguridad alimentaria que cumplimos los productores de la UE. Los consumidores europeos deberían disponer de toda la información acerca del proceso productivo y de las normas que se han cumplido en la producción, transformación y comercialización de los productos agroalimentarios.

COAG se ha opuesto siempre al desacoplamiento de los pagos directos, ya que consideramos que no pueden legitimarse ni económica, ni socialmente. El régimen de pago único y pago básico al final ha sido un instrumento de reconversión que ha perjudicado a los agricultores profesionales y a la agricultura productiva, que se encuentra en una grave crisis. En el futuro es muy probable que se nos platee una ayuda homogénea por hectárea o superficie, completamente desacoplada de la capacidad productiva y la actividad desarrollada en las explotaciones. COAG considera inaceptable una transferencia de ayudas desde las explotaciones profesionales y productivas hacia aquéllas con mayor


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base territorial y menor actividad relativa. Si se diera esta situación, las zonas de regadío y la ganadería saldrían muy perjudicadas. Este planteamiento ignora la diversidad de las producciones y territorios españoles. Como alternativa, COAG propone un modelo alternativo de pagos directos, basado en el empleo ocupado en las explotaciones agrarias. 9. EL ACUERDO TRASATLÁNTICO DE COMERCIO E

INVERSIÓN ENTRE LA UE Y EEUU (TTIP) El TTIP es una amenaza para el modelo europeo de agricultura y alimentación, basado en la calidad, la sostenibilidad y la diversidad. Al plantear un cambio del marco regulatorio europeo en aspectos tan sensibles como la seguridad alimentaria, las denominaciones de calidad o las normas medioambientales, los agricultores/as europeos/as lo entendemos inasumible. El Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión entre la UE y EEUU (TTIP) que actualmente se está negociando, junto con el Acuerdo de Libre Comercio negociado con Canadá (CETA), serían los más importantes jamás firmados. Su impacto será global y determinarán las nuevas normas a favor del comercio y las empresas transnacionales. Estos tratados incluyen herramientas que afectan a las regulaciones, las normas y las políticas públicas como son el Mecanismo de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS) y el Consejo de Regulación Cooperatoria. Dichos instrumentos estarían a disposición de las empresas transnacionales para desactivar las políticas públicas de los Estados, regiones o comunidades, que pudieran ser lesivas para sus intereses. El interés público queda relegado frente al poder arrollador de los intereses comerciales multinacionales, dominados por élites globales. Nos enfrentaríamos a un cambio en el modelo de sociedad.


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Las negociaciones se han estado llevando a cabo en secreto, sin la participación del conjunto de las organizaciones de la Sociedad Civil con ocultación directa de las materias que se negocian. De hecho, esta ocultación también existe para los parlamentarios europeos que no pueden acceder a los documentos y que solamente pueden leerlos sin hacer copias o fotografiarlos en una sala especial donde se guardan. Las que sí han participado desde el principio son las grandes multinacionales, a las cuales se les pidió por parte de los negociadores que pusieran encima de la mesa todas las "barreras" al comercio que hay entre las partes. En cuanto a la agricultura, estos tratados contienen unas claves que ahondan en la pérdida de Soberanía Alimentaria (capacidad de los países para establecer políticas agrarias y alimentarias propias). Ya que además de la eliminación de los aranceles, eliminan normativas básicas en materias sociales, medioambientales, sanitarias, alimentarias y laborales además de la privatización de los servicios públicos que son derechos determinantes para el conjunto de ciudadanos de ambas partes del Atlántico. La reducción de los aranceles agrícolas llevará a una bajada de los precios internos a los productores (que no a los consumidores), ya que los aranceles permiten proteger y estabilizar la producción interna de los envíos desde el exterior y son uno de los instrumentos que posibilitan la soberanía alimentaria. No obstante, son los modelos de producción y los marcos regulatorios, muy diferentes en ambas orillas del Atlántico, lo que representa la mayor amenaza para el futuro del modelo europeo de agricultura. La agricultura y la alimentación en Europa se verían sometidas con este tratado a un proceso de desregularización de las normativas relativas a la seguridad alimentaria. En concreto, Europa tendría que cambiar las normativas actuales para facilitar la entrada de carnes producidas con hormonas y antibióticos, leche producida con la hormona de crecimiento RBST, carnes cloradas y clonadas y productos transgénicos, además de eliminar el principio de precaución. Bajo la presión de las empresas multinacionales, Europa debilitará las normas que protegen la salud, el


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medio ambiente y los consumidores, en aras del libre comercio y las inversiones de capital. Los sectores ganaderos se verán especialmente afectados por estos acuerdos, ya que los modelos de cría, las normas sanitarias, sociales y ambientales difieren enormemente. También los costes de producción en la UE son muy superiores a los de Norteamérica. La concepción sobre la producción de alimentos y la seguridad sanitaria entre Europa y EEUU son absolutamente contrapuestas. En Europa existe el concepto de "la granja a la mesa" que es un término técnico aceptado sanitariamente, que significa que una producción agraria sana en origen da como consecuencia un alimento sano. Esto conlleva aplicar el principio de prevención y de ahí las normativas sanitarias que se exigen en la producción y que en el caso de las carnes son muy amplias y abarcan entre otros los tratamientos sanitarios a los animales, el acondicionamiento de los locales del ganado, la alimentación y condiciones del agua, así como la trazabilidad en toda la cadena. También hay que apuntar que algunas de estas normativas en Europa están favoreciendo los intereses de la industria y en contra de la producción, transformación y comercialización local de alimentos. En Estados Unidos, además de la utilización de hormonas, transgénicos, antibióticos, etc.. en la producción de carnes, no se exigen en origen condicionantes sanitarios suficientes y de ahí que ante la falta de garantías sanitarias de esas producciones se le apliquen medidas desinfectantes como tratar las carnes con cloro o con ácidos lácticos para "limpiar" los microorganismos. Ni que decir tiene que estos productos dejan residuos que acaban en la "comida". Otro elemento que se utiliza para mantener el color rojo de la carne cuando ya lo pierde por el paso de tiempo es la utilización de un aditivo que es el monóxido de carbono. Esto ha dado lugar a intoxicaciones por consumo de carnes en malas condiciones. Con respecto a la mayor utilización de antibióticos por parte de Estados Unidos, supone un problema de resistencias a los antimicrobianos tanto


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en animales como en humanos, que se está debatiendo en la esfera internacional. Las empresas se convertirán en los únicos actores que pueden construir normas “basadas en la ciencia”, financiando y dirigiendo todo el trabajo de investigación que lleva a su formulación. Para la agricultura, estas normas se adaptarán a las grandes granjas industriales y a las necesidades de la industria alimentaria y de la gran distribución. Debido a sus escasos recursos, los pequeños y medianos productores no podrán alinearse a esos estándares. Las normas se convertirán en una herramienta de eliminación de los agricultores y, al mismo tiempo, una herramienta reforzada para desarrollar la agricultura industrial, devastadora para la sociedad y el medio ambiente. Se protegerán los monopolios industriales por encima del medio ambiente y los ciudadanos. En términos de Derechos de Propiedad Intelectual, los sistemas también difieren. En los Estados Unidos, por ejemplo, la patente regula el mercado de semillas mientras que en la UE es el registro de obtenciones vegetales el que da la posibilidad libre para generar otras variedades. El TTIP, cambiando las reglas de acceso al mercado, actuará una vez más en favor de las multinacionales de semillas y de productos químicos. El derecho de los agricultores a utilizar sus propias semillas se ve amenazado. En cuanto a denominaciones de origen y sellos de calidad, la UE dispone de tres sistemas de control de los productos agrícolas y la calidad alimentaria: DOP (Denominación de Origen Protegida), IGP (Indicación Geográfica Protegida) y ETG (Especialidad Tradicional Garantizada) que para EEUU son elementos que van contra la libre competencia. EEUU defiende las marcas privadas sobre las Denominaciones. Esto supone que las identificaciones de la UE puedan quedar desprotegidas y puedan ser utilizadas de forma privada. Además será muy difícil que posteriormente a este acuerdo se puedan calificar nuevas Denominaciones de Calidad, cualquier empresa a través del ISDN podría impedirlo.


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10. DESARROLLO RURAL La política de desarrollo rural es clave para consolidar la economía agraria en el territorio, sobre la base de un modelo social y profesional de agricultura, innovador y sostenible y favorecedor del emprendimiento agrario y rural. La política de desarrollo rural es el segundo pilar de la PAC, donde de manera pormenorizada, se pueden incentivar distintos aspectos de la producción más allá de los meramente primarios. En España se ha escogido la posibilidad de realizar un programa de desarrollo rural estatal y 17 autonómicos. Fuera de todo ello se encuentra el MARCO NACIONAL, que no tiene dotación presupuestaria pero que establece las normas mínimas comunes para determinadas medidas de los PDR de las CCAA, siendo en cualquier caso, voluntaria, la inclusión de dichas medidas en los mismos. También incluye, condiciones de carácter general aplicables a varias medidas que deben ser tenidas en cuenta en los PDRs. En el Marco Nacional se plasma el presupuesto FEADER y la aportación del Estado para, en virtud del artículo 59, apartados 5 y 6 del Reglamento FEADER, destinar al menos, un 5% de la contribución del FEADER para LEADER y un 30% para las medidas relacionadas con la mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, así como a aspectos medioambientales. En definitiva, la financiación FEADER para cada comunidad autónoma en el presente periodo (2014-2020) será la siguiente. Asignación (M €) Reparto (%) Andalucía 1.906,0 23,70% Aragon 466,8 5,80% Asturias, Principado de 325 4,00% Balears, Illes 61 0,80% Canarias 157,5 2,00%


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Cantabria 98,8 1,20% Castilla y Leon 969 12,00% Castilla La Mancha 1.147,1 14,20% Cataluña 348,5 4,30% Comunidad Valenciana 204 2,50% Extremadura 890,2 11,10% Galicia 889,8 11,00% Madrid, Comunidad de 76,5 0,90% Murcia, Región de 219,2 2,70% Navarra, Comunidad Foral de 136,5 1,70% Pais Vasco 87,1 1,10% Rioja, La 70 0,90% TOTAL CCAA 8.053,0 100,00%

A ello se suma la decisión de la Conferencia Sectorial de Desarrollo Rural por la que la Administración General del Estado se compromete a aportar el 30% del gasto nacional que corresponda a cada programa de desarrollo rural de las CCAA, calculado a la tasa máxima de cofinanciación permitida por el Reglamento Nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Feader, tanto para el tipo de región como para el tipo de medida, que deberán complementar las comunidades autónomas con su propia financiación. COAG rechaza el descenso de la cofinanciación de la Administración General del Estado al 30% de la aportación nacional en el nuevo marco de programación (desde el 50% que existía en el programa 2007-2013). Supone perder una gran oportunidad y un riesgo para que las CC.AA. puedan aplicar todas las medidas en sus programas de desarrollo rural. Concretamente, cuándo la cofinanciación FEADER es baja, el esfuerzo resulta inasumible para muchas CC.AA. con vocación agraria y escaso presupuesto debido a la crisis económica. Con la política de desarrollo rural y las medidas que se desarrollan en el reglamento comunitario, se abre una amplia posibilidad de redibujar el paisaje rural dotándolo de contenido económico con proyectos duraderos, perdurables e integradores para las personas que habitan en las zonas rurales y en especial, como oportunidad para la incorporación


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de jóvenes y mujeres y modelos sostenibles de economía. Es una competencia que las CC.AA. pueden desarrollar plenamente y para la que disponen de importantes recursos. Para ello hay que centrarse especialmente en desarrollar las siguientes propuestas: 10.1. Donde se tengan en cuenta de manera prioritaria a los/las

profesionales del modelo social de agricultura. El Marco Nacional establece una serie de criterios generales mínimos comunes para las medidas de desarrollo rural. A pesar de que COAG ha exigido la priorización de los/as agricultores profesionales como beneficiarios de estas ayudas en el marco del modelo de agricultura social que defendemos, la redacción final ha sido decepcionante. De forma general el Marco Nacional únicamente exige ser “agricultor activo” para acogerse a ciertas medidas, mientras para otras no establece ningún requisito. Por ello es de vital importancia que las CC.AA. establezcan criterios de priorización hacia los/as agricultores profesionales en sus programas regionales. De forma destacada, en ciertas medidas clave, como modernización de explotaciones e instalación de jóvenes, es imprescindible atender las solicitudes procedentes de profesionales del sector. En relación a las medidas con componente ambiental y territorial, como las agroambientales y las indemnizaciones en zonas con especiales dificultades, la experiencia, la presencia, la sensibilidad medioambiental y el conocimiento del agricultor profesional, hacen que éste sea el mejor destinatario de las mismas. A pesar de las dificultades existentes para priorizar directamente a los profesionales, las CC.AA. deben buscar criterios que permitan una aplicación coherente de estas medidas en el marco del modelo social y profesional de agricultura.

10.2. Donde se apueste por explotaciones profesionales que inviertan en tecnología e innovación.


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Para ello es recomendable que todos los planes de desarrollo rural incorporen entre sus medidas, la del asesoramiento, yendo más allá de los aspectos puramente obligatorios y vinculando el mismo a encontrar unas explotaciones innovadoras, que integren principios de sostenibilidad económica, ambiental y social, con hombres y mujeres jóvenes. Este asesoramiento deberá ser irrevocablemente ofertado desde entidades con una trayectoria en el acompañamiento y formación así como asesoramiento a los/las profesionales del campo y con una capacidad territorial importante para llegar a todos los pueblos y no discriminar por situación geográfica o por tipo de cultivo.

10.3. Que construyan agriculturas y ganaderías duraderas, que den respuestas a las necesidades y demandas de nuestra sociedad actual adaptándose a los retos con la innovación como base.

La innovación es una de las novedades que más se han extendido en la fase previa a la redacción de los PDRs. En los territorios autonómicos tendremos la oportunidad, bajo el paraguas de esta medida, de solucionar los actuales problemas que existen en torno al desarrollo rural en el marco de los grupos operativos y donde se podrán encontrar todos los actores interesados en la materia.

11. SERVICIOS DE ASESORAMIENTO A LAS EXPLOTACIONES

AGRARIAS El asesoramiento será clave para que las explotaciones agrarias puedan acceder en el futuro a servicios innovadores de alto valor añadido. Gracias a ello mejorarán su viabilidad económica, social y ambiental.


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La Unión Europea ha reforzado el sistema de asesoramiento a las explotaciones con el fin de ayudar a los beneficiarios a ser más conscientes de la relación entre las prácticas agrícolas y la gestión de las explotaciones agrarias, por una parte, y las normas en materia de medio ambiente, cambio climático, buena condición agrícola de la tierra, seguridad alimentaria, salud pública, sanidad animal, fitosanitarios y bienestar animal, por otra. Para garantizar la eficacia del sistema, los asesores deben estar adecuadamente cualificados y recibir formación periódicamente. La UE plantea financiar servicios de asesoramiento completos para los agricultores que abarquen de forma obligatoria criterios ambientales (condicionalidad, capa verde, mantenimiento de los suelos) o de seguridad laboral, pero deja abierta la posibilidad de que se amplíe a criterios económicos y otras cuestiones. Los organismos seleccionados para prestar servicios de asesoramiento dispondrán de recursos adecuados en términos de personal cualificado que reciba formación periódica y de experiencia y fiabilidad en materia de asesoramiento en los ámbitos en los que presten el servicio. Los beneficiarios se seleccionarán mediante convocatoria de propuestas. El procedimiento de selección será objetivo y estará abierto. COAG destaca la importancia de esta medida para la modernización, innovación y competitividad de nuestro sector agrario y la necesidad de que se implante en todos los programas de desarrollo rural Autonómicos. Estamos convencidos de que el asesoramiento será clave para ofrecer en el futuro servicios innovadores de alto valor añadido a las explotaciones agrarias. COAG ha estado prestando servicios de asesoramiento durante el período 2007-2013 en las CC.AA. y apuesta por ofrecer un servicio integral en el nuevo período 2014-2020, abierto a todas las explotaciones agrarias. Podemos acreditar experiencia y fiabilidad en materia de asesoramiento técnico.


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Por este motivo es importante que organizaciones como COAG puedan ser seleccionadas y acreditadas para prestar servicios de asesoramiento en este nuevo período. Defendemos un modelo en el que los agricultores, a través de sus organizaciones, sean los gestores de los servicios de asesoramiento, como elemento clave para la viabilidad económica, social y ambiental de sus explotaciones agrarias. 12. MEDIO AMBIENTE La compatibilización de la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente con la producción de alimentos en cantidad suficiente, teniendo en cuenta la realidad social y económica de los agricultores y ganaderos, con el fin de garantizar el bienestar de las generaciones futuras, es el objetivo básico que persigue el modelo de agricultura y ganadería sostenible que desde COAG trabajamos y defendemos. Asimismo, es este modelo de agricultura y alimentación, social y sostenible, el que mejor respuesta da al problema del cambio climático.

La actividad agrícola y ganadera sostenible, en el marco del modelo social y profesional de agricultura, supone un elemento esencial para el equilibrio del medio natural, la preservación del paisaje y la protección del suelo. Es por esto que al sector agrario debe reconocérsele un papel estratégico fundamental tanto para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, como para preservar el medio natural.

En este sentido, la sociedad tiene que valorar la permanencia de los agricultores y agricultoras en el territorio y la actividad que desempeñan. Asimismo, es imprescindible fomentar la innovación en el sector agrario para ayudar a combatir el cambio climático, la contaminación del aire, proteger el suelo, el agua, la biodiversidad y asegurar el bienestar animal. Por último, hay que salvaguardar y fomentar el patrimonio de biodiversidad agraria generada y acumulada por generaciones de


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agricultores y agricultoras durante siglos. La importancia del empleo de usos tradicionales agroganaderos permite que se pueda ejercer la actividad productiva y mantener esta riqueza. 12.1. Organismos y cultivos modificados genéticamente (OGMs) Los agricultores y ganaderos son conscientes de su responsabilidad con la sociedad y con los consumidores y en este sentido, garantizan unas producciones seguras, nutritivas y que respetan el medio ambiente y el principio de precaución. Desde COAG creemos que los OGMs ni lo respetan ni lo garantizan. Las oportunidades de mercado y de futuro de nuestras producciones tienen que ver más con la diferenciación de productos, y no con un producto globalizado similar al que se mueva en todo el planeta.

12.1.1. Mientras se cultiven transgénicos en el Estado Español, desde COAG exigimos el cumplimiento de la Directiva 18/2001 CE y la creación de un registro público con la localización exacta de las parcelas donde se cultivan dichos OGMs. Los datos que se facilitan sólo son estimaciones de las hectáreas cultivadas por provincias. Además, estos datos no coinciden con lo comunicado por algunas CCAA. Esta información es imprescindible para poder proteger nuestros cultivos de contaminaciones indeseadas.

12.1.2. Es necesario que se regule la responsabilidad sobre

los daños en la salud y el medio ambiente y sobre las contaminaciones de OGMs. Sectores como la apicultura y agricultura ecológica, están desprotegidos, ante la imposibilidad de salvaguardar sus producciones de las contaminaciones por transgénicos. Por tanto hay que establecer la responsabilidad en caso de contaminación según el principio de quien contamina paga,


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12.1.3. Con la próxima aprobación de la Directiva por la que se modifica la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su territorio, se dará la posibilidad a los Estados Miembros de restringir o prohibir el cultivo de transgénicos. Por este motivo, instamos a tomar las medidas necesarias para prohibir definitivamente el cultivo y la experimentación con OMGs en nuestro territorio.

12.2. Cambio climático La producción de alimentos de calidad de forma sostenible y segura sigue siendo nuestro principal objetivo, y para ello, la adaptación al cambio climático es esencial. Además, los espacios agrícolas ofrecen un gran potencial para paliar los efectos de los gases de efecto invernadero debido principalmente a su capacidad de absorción de CO2.

12.2.1. Las medidas de adaptación al cambio climático tienen que ir encaminadas a conseguir una mayor y mejor información y planificación de cultivos con mayor resistencia a las condiciones climáticas, mediante la participación de los actores sectoriales –públicos y privados- en la exploración e identificación de las opciones de adaptación en sus ámbitos de competencia.

12.2.2. Para la mitigación del cambio climático, se deben promocionar modos y técnicas de producción que incrementen el contenido de materia orgánica del suelo para fijar más carbono..

12.2.3. Es imprescindible reconocer adecuadamente la función de sumidero que ejerce el sector agrícola, destacando en especial la superficie de pastos, y cultivos con gran implicación social y gran extensión en nuestro país


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como son el olivar, viñedo, plantaciones de cítricos o de frutos secos por citar algunos.

12.2.4. Dotar de recursos y medios económicos las medidas dirigidas al sector agrario en la 'Hoja de Ruta de sectores difusos” de cara a que España pueda llegar a los objetivos del Paquete de Clima y Energía de la Unión Europea de 2020.

12.2.5. Desarrollo de instrumentos de gestión de los riesgos y de las crisis para hacer frente a las consecuencias económicas de los fenómenos de origen climático.

12.3. Fauna silvestre El progresivo despoblamiento de las zonas rurales y la alarmante pérdida de activos agrarios deben preocupar seriamente a la sociedad, no sólo por razones sociales, económicas y culturales, sino también por cuestiones medioambientales. Los ataques de animales salvajes a la ganadería, especialmente lobos, osos, perros asilvestrados, aves necrófagas y abejarucos, así como los destrozos que ocasionan en tierras de laboreo jabalíes, corzos y ciervos, están siendo cada vez más numerosos, provocando graves pérdidas económicas para los agricultores/as y ganaderos/as, además de provocar una alarma social. Para afrontar esta problemática proponemos:

12.3.1. Buscar fórmulas de participación colectiva de todos los agentes sociales implicados en las tareas de gestión de la fauna silvestre, así como creación y/o consolidación de figuras de concertación capaces de armonizar distintos intereses de los colectivos afectados y/o interesados.


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12.3.2. Conseguir que la fauna silvestre pueda suponer un valor añadido para cada vez mayor número de explotaciones a través de las medidas e incentivos correspondientes. La fauna silvestre no debe desplazar la actividad agraria ni limitar la rentabilidad de las explotaciones.

12.3.3. Todas las medidas de actuación que se emprendan

con influencia sobre el medio, y en especial las encaminadas a la conservación y gestión de especies silvestres, deben respetar al máximo la existencia de la ganadería extensiva y de los ganaderos como elementos esenciales del desarrollo rural,

12.4. Biodiversidad cultivada y semillas Reivindicamos el acceso a los recursos genéticos para mantener y crear una biodiversidad agrícola más amplia, cuestionando las restricciones que establecen los derechos de propiedad intelectual para semillas y material de reproducción vegetal. Los recursos genéticos agrícolas deben dejar de ser un elemento de poder. Hay que velar porque la integridad de estos recursos genéticos no se vea comprometida por la diseminación de organismos genéticamente modificados (OGM). El respeto del derecho de los agricultores para utilizar, intercambiar y vender sus propias semillas. Este derecho debe quedar fuera del ámbito de aplicación de esta legislación. Los agricultores que hacen venta directa de semillas como complemento de su actividad deben estar exentos de las mismas exigencias que el resto de operadores. Las microempresas artesanales que producen y comercializan semillas de variedades locales necesitan reglas adaptadas a su actividad, completamente diferente a la que realizan las grandes empresas de semillas de producciones deslocalizadas y distribución kilométrica.


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Son necesarias reglas adaptadas para el registro de las variedades para la agricultura ecológica y para la agricultura a pequeña escala. Los agricultores y consumidores deben tener la posibilidad de elegir los alimentos que consumen y las plantas que cultivan. Demandamos transparencia en los métodos de selección utilizados para generar las variedades y la propiedad intelectual que gestiona su uso. Esta información debe constar obligatoriamente en el etiquetado. En relación con la legislación comunitaria y estatal sobre protección de las obtenciones vegetales. Reivindicamos poder seguir resembrando el grano cosechado en la explotación y nos oponemos a cualquier restricción jurídica o tecnológica de este derecho del agricultor. Los obtentores de variedades protegidas están efectuando un serio acoso a los agricultores, especialmente en los casos de los cultivos de cereales y de los frutales. Los obtentores de plantas protegidas abusan de su posición y obligan a la firma de contratos leoninos e imponen asociaciones privadas, para explotar los derechos de obtención vegetal, a quienes quieren disponer variedades punteras. Además, hay que tener en cuenta que establecen precios altísimos para las plantas y los derechos de explotación, pero no garantizan en ningún caso los rendimientos y calidad de las mismas, y tampoco aseguran un mejor comportamiento comercial que el que puedan tener las variedades libres (no registradas) y clásicas. Nos oponemos al endurecimiento de las penas que se establecen la reforma de la Ley de Codigo Penal. Exigimos la prohibición sin excepciones de patentes sobre plantas y animales, sus características y genes, así como patentes sobre procesos biológicos. Rechazamos la vinculación entre la obtención de ayudas públicas (PAC, seguros) y la utilización de semilla certificada. 12.5. Fracking


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Consideramos que esta forma de extracción de gas tiene un gran impacto medioambiental, afectando muy directamente al sector agrario, implicando numerosas hectáreas y produciendo contaminación de tierras y aguas subterráneas y superficiales. Además, existe el riesgo de pequeños seísmos, de contaminación del aire y de afecciones a la salud humana. La preocupación por los riesgos potenciales de esta actividad hace necesario un análisis previo. El método de extracción de gas de pizarra o esquisto denominado Fracking o Fractura Hidráulica en castellano, consiste en una técnica agresiva de realización de explosiones en el subsuelo para la ruptura de la roca madre e inyección de un fluido a elevada presión que contiene agua, arena y un 2% de productos químicos como benceno, xileno, naftaleno y otros compuestos químicos, altamente peligrosos y contaminantes, que continúan fragmentando las rocas hasta poder extraer hidráulicamente las burbujas de gas acumuladas entre las rocas poco porosas e impermeables de la capa de pizarra. En consecuencia y como han demostrado diversos estudios el proceso provoca, entre otros, una serie de impactos socio-ambientales, algunos de los cuales aún no están plenamente caracterizados o comprendidos. Entre los que destacan: consecuencias para la salud humana pudiendo generar enfermedades cancerígenas y mutagénicas, destrucción del medio ambiente, contaminación atmosférica y la fuga de gases de efecto invernadero, contaminación y toxicidad de las aguas subterráneas y de superficie, sobreexplotación de acuíferos y otras fuentes de agua potable en competencia directa con las poblaciones afectadas y sus actividades agrícolas y ganaderas, incremento de la actividad sísmica y destrucción del territorio Actualmente, en España no hay ninguna explotación en marcha, aunque sí permisos de investigación. Existe un cierto vacío legal. Por último, este modo de extracción de gas pone en peligro la calidad de los productos agrarios y los recursos naturales. Esta actividad es una clara amenaza para la labor agroganadera y es incompatible con una agricultura y ganadería sostenibles, con una industria no contaminante y


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con un tipo de turismo que valora la zona por su riqueza paisajística y medioambiental. 13. AGUA Para COAG, el agua es un recurso que tiene que ser considerado como un bien público y debe de ser gestionado desde una perspectiva de interés general. El acceso al agua por parte de toda la población es un derecho social y humano de carácter básico ya que es fuente de la vida y de la identidad de las comunidades. Al ser el regadío el principal pilar de nuestra agricultura, es necesario fomentar el ahorro y la calidad del agua. El regadío es básico para el mantenimiento de la población y consolidación del modelo social y profesional de agricultura, así como para la fijación de la población en el medio rural. En este sentido, apostamos por la gestión adecuada basada en criterios socioeconómicos y medioambientales que fomente el ahorro y la calidad de este recurso tan valioso. 13.1. Elaboración (y revisión) de los planes hidrológicos en consonancia

con las diferentes planificaciones sectoriales, incluyendo los usos del agua y del suelo, y especialmente la planificación de regadíos y de otros usos agrarios.

13.2. La política de regadíos tiene que ir indisolublemente ligada a la política de desarrollo rural, y por tanto a la fijación de la población al territorio; al desarrollo socioeconómico que permita equiparar las rentas de las zonas rurales y a la sostenibilidad del medio ambiente merced a la labor de una agricultura respetuosa con el mismo.

13.3. Es importante potenciar la política de modernización de regadíos y de establecimiento de regadíos sociales.


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14. AGRICULTURA ECOLÓGICA (AE) COAG apuesta por un modelo de agricultura y ganadería ecológica de base social, que fije la población en el medio rural, conserve los recursos naturales y que valorice los recursos locales, para producir alimentos de calidad y contribuir a la mejora económica de las zonas rurales, enlazando de forma directa a agricultores y consumidores. La actividad económica de la producción, la comercialización y la transformación de los productos de la agricultura y la ganadería ecológica es generadora de empleo y tiene un papel importante en la fijación de la población en regiones desfavorecidas y de montaña La agricultura familiar y ecológica, con un sistema alimentario de pequeña escala y basado en el policultivo es hasta 30 veces más eficiente. La apuesta de futuro debe ir por generar una nueva agricultura basada en la integración con el ecosistema que produzca alimentos con mayor eficiencia energética y sin contaminación.

Las principales propuestas para la agricultura ecológica son las siguientes: 14.1. Normas sanitarias: actualmente se equiparan los requerimientos

entre las grandes industrias alimentarias y las pequeñas industrias artesanas. Desde COAG solicitamos la instauración de una normativa de mínimos, que facilite el establecimiento y el desarrollo de pequeñas industrias de transformación. Es necesaria una armonización de la interpretación normativa de higiene y seguridad de los alimentos, que permita la transformación artesanal de los productos ecológicos en las explotaciones.


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14.2. Mataderos locales: consideramos esencial que se permita la instalación de mataderos en la propia explotación, adaptando la normativa higiénico–sanitaria europea al modelo de pequeña explotación.

14.3. Defensa de las variedades locales y tradicionales de semillas

frente a las patentes impulsadas por las empresas del sector. Existe peligro real de contaminación por transgénicos en bancos públicos de semillas ante la ausencia de protocolos de seguridad y un riesgo permanente por contaminación en cultivos.

14.4. Fomentar los canales de comercialización cortos y la venta local y aumentar la presencia de la alimentación ecológica en la compra pública del Estado (restauración colectiva).

14.5. Armonización del control y certificación de la producción ecológica, ya que existen diferencias más que notables entre CCAA en los precios que pagan los agricultores y ganaderos por la certificación. Se propone un modelo público de control y certificación que sea homogéneo en todo el territorio del Estado. Entendemos que es necesaria la armonización de los criterios de control para todas las CCAA.

15. ENTIDADES LOCALES MENORES Las Entidades Locales Menores son un bien a preservar debido a la labor fundamental que desempeñan en el medio rural. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe colaborar con ellas para ayudarlas a cumplir sus obligaciones administrativas. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local, exige a


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las entidades locales la rendición de cuentas para evitar su desaparición. No parece proporcionado que, en lugar de una advertencia a aquellos entes locales que no presenten sus cuentas en tiempo y forma, se pretenda su eliminación. Esto es algo que no sucede en ningún otro ámbito de la vida administrativa y económica. Y ello teniendo en cuenta que:

1. El 90% de las Entidades Locales Menores españolas no tiene deudas.

2. Son de pequeño tamaño y tienen por lo tanto un pequeño presupuesto

3. Sus principales gestores (alcaldes) en su mayoría no cobra. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe colaborar con las Entidades Locales Menores, para ayudarlas a presentar sus cuentas en tiempo y forma y cumplir todas sus obligaciones administrativas, ya que son un bien a preservar debido a la labor fundamental que desempeñan. 15.1. Dotación de servicios públicos en el medio rural Coincidimos en que todas las personas tienen derecho a unos servicios públicos de calidad tanto en el mundo urbano como en el mundo rural, sin embargo no es lo que nos encontramos en la realidad. En numerosos municipios pequeños se carece de prácticamente todos los servicios y esto se ha acentuado durante los años de la crisis. Es imprescindible hacer políticas compensatorias para los territorios rurales que tengan en cuenta variables como la dispersión de la población y el envejecimiento que lo distinguen de los ratios del medio urbano. Para los pueblos pequeños, su mayor reto es contar con unos servicios públicos que permitan atender con dignidad a sus pobladores y evitar que la despoblación avance de forma irreversible. Perder servicios públicos conlleva perder población y así se crea un círculo vicioso. Si queremos que estos pequeños municipios continúen existiendo, cumpliendo con su papel de estructuración del territorio,


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medioambiental, patrimonial y cultural, es imprescindible que accedan a los servicios públicos en igualdad de condiciones con el medio urbano, a expensas de una menor rentabilidad económica de los mismos. 16. PROYECTO DE DECLARACIÓN EN NACIONES UNIDAS

SOBRE LOS DERECHOS DE LOS CAMPESINOS/AS Y DE OTRAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LAS ZONAS RURALES

Solicitamos el apoyo de la Administración a la Declaración de los Derechos de los campesinos/as (ONU) como clara señal de reconocimiento de los derechos universales y ayuda para formular los derechos específicos esenciales para asegurar el acceso a los recursos productivos, garantizando la producción sostenible de alimentos en un contexto mundial cada vez más incierto. El Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU realizó en 2012 un estudio sobre la promoción de los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, cuya conclusión arrojó que este grupo sufre muchas formas de discriminación: expropiaciones y desalojos forzosos de las tierras que trabajan, la discriminación de género (por ejemplo, en el acceso a la tierra), la falta de reformas agrarias y estrategias para el desarrollo rural, la falta de salarios mínimos y normas sociales (especialmente para los trabajadores rurales), la criminalización de las luchas y de activistas. A raíz de este estudio, el Consejo de Derechos Humanos estableció un Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta con el mandato de redactar una declaración. Esta Declaración es una oportunidad única para avanzar en el derecho internacional de protección de los derechos humanos en consonancia con el clima actual


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y la crisis que enfrenta el mundo y Europa en términos de alimentación y de agricultura. La Declaración es importante en sí misma ya que transmite un mensaje importante y con gran contenido, que va a permitir la mejora y la visibilidad a los campesinos/as y conseguir que se aborden unos derechos que ahora están mermados. Además, promueve la protección de los campesinos que trabajan la tierra por sí mismos y dependen sobre todo del trabajo en familia, en actividades de agricultura, ganadería, trashumancia y también de artesanía relacionada con la agricultura. De esta manera, se lograría tener un instrumento específico a nivel internacional que cumpla con las necesidades de este colectivo dentro del marco de la ONU. Este proceso está basado en el entendimiento y aplicación de estos derechos a las realidades de sus organizaciones representativas. Hay argumentos claramente identificados para apoyar esta iniciativa y para convencer a los EEMM y a los gobiernos locales, de la importancia en sí de la declaración, destacando los siguientes. 1) El papel de los campesinos/as en la seguridad y en la soberanía alimentaria. Su actividad es garante de la conservación de la biodiversidad, de lucha contra el cambio climático y guardianes de semillas. 2) La Declaración lucha contra la discriminación y contra la pobreza y el hambre. (el 80% de las personas en el mundo sufren hambre). Existen derechos que se están violando sistemáticamente como los derechos al agua, semillas a la tierra… La declaración ratifica el derecho de los campesinos al acceso a la tierra y al territorio y a beneficiarse de una reforma agraria justa. Les reconoce además el derecho a determinar las variedades de semillas que quieran utilizar y a rechazar las variedades de plantas que consideren peligrosas desde el punto de vista económico, ecológico y cultural, aspectos que entran en colisión con intereses de las empresas agroindustriales de carácter transnacional.


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La Administración tiene un rol fundamental como garante frente a las violaciones de los derechos humanos, desempeñando un papel de vigilancia activa y demandando cambios concretos en la legislación internacional para proteger los medios de vida de miles de personas productoras en las zonas rurales.

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propuestas agrarias para el programa electoral · 2018. 7. 10. · propuestas agrarias para el...

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