AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, GENERAL OTTO FERNANDO PÉREZ MOLINA,

AL MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN, INGENIERO ELMER LÓPEZ,

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES –INAB-

Las organizaciones comunitarias, indígenas y campesinas unidas en la Asociación de

Forestería Comunitaria de Guatemala Ut’z Che’, que integramos más de 30 mil familias de

diversas regiones y pueblos originarios,

ANTE el diálogo sectorial nacional que ha conducido la Junta Directiva del Instituto Nacional

de Bosques –INAB- desde abril de 2012, para lograr consenso sobre una iniciativa de ley de

incentivos al establecimiento, manejo y protección de bosques en Guatemala, que cobre

vigencia al finalizar el programa PINFOR en diciembre de 2016,

LES MANIFESTAMOS:

• Las comunidades indígenas y campesinas, organizadas en diversas regiones del país, hemos

venido realizando esfuerzos de protección de bosques naturales, cuencas y tierras agro-

forestales, provisión de diversos bienes y servicios ambientales como el suministro de agua

para el consumo humano y de los productores en la economía nacional, conservación de la

biodiversidad, fijación de carbono, protección y conservación de suelos, producción de leña,

madera, fibras, alimentos, medicinas y otros productos forestales, que constituyen vitales

aportes al desarrollo humano y la economía nacional, ante las necesidades de reducción de

pobreza, vulnerabilidad e inseguridad alimentaria, y de adaptación al Cambio Climático;

• Ya no se pueden postergar ni soslayar las graves problemáticas nacionales de deforestación

y degradación de los bosques y las zonas agro-forestales, así como las alteraciones del ciclo

del agua que produce contaminación y escasez del vital líquido, la sequías, deslizamientos de

tierra e inundaciones, que en suma amenazan con socavar gravemente la supervivencia, el

bienestar y el desarrollo humano de las presentes y futuras generaciones;

Por tanto, en su calidad de funcionarios al servicio del pueblo, LES EXIGIMOS:

1) Garantizar la participación legítima, directa y efectiva de todos los grupos de la sociedad en

este diálogo sectorial, principalmente los pueblos indígenas y otras comunidades

campesinas vinculadas a los bosques, a través de sus propias formas de autoridad y

organización, entre ellas la Alianza Nacional de Organizaciones Forestales Comunitarias de

Guatemala (AOFCG) que a pesar de ser un importante sector de ciudadanía y titulares de

derechos sobre áreas de bosques, no se encuentran actualmente representadas en la Junta

Directiva del INAB. El proceso participativo anunciado en Abril 2012 no es un generoso favor

de las autoridades, sino un derecho de los ciudadanos, y particularmente de los pueblos

indígenas a ser consultados sobre todos los programas y proyectos que se relacionan con sus

derechos al territorio y la tierra, según lo establece el Convenio 169 de la Organización

Internacional del Trabajo –OIT- vigente en la legislación nacional;

2) Priorizar el apoyo a los proyectos de forestería y sistemas agroforestales comunitarios, que

cumplen múltiples objetivos de adaptación y mitigación del cambio climático, promoviendo

la valoración integral de diversos bienes y servicios ambientales asociados a los bosques, y

desarrollando un programa nacional de servicios ambientales; siempre que INAB y CONAP

respeten los sistemas propios de las comunidades para el manejo de sus bosques;

3) Garantizar que las modalidades de proyectos con incentivos forestales y mecanismos de

compensación y pagos por servicios ambientales, respondan a las necesidades nacionales,

que en verdad canalicen los recursos hacia los frentes de acción y los grupos que se

enfrentan a las amenazas y factores de la deforestación, y que sean incluyentes, accesibles a

las comunidades indígenas y campesinas, de su identidad, su cultura y sus derechos

colectivos e individuales al territorio y la tierra. En este sentido, se debe evitar que la asignen

porcentajes fijos a modalidades que favorezcan o privilegien a grupos reducidos;

4) Los proyectos sujetos de incentivos o compensaciones, deben ser priorizados según criterios

que expresen su aporte integral a los objetivos nacionales en materia de bosques, desarrollo

rural y cambio climático. Solicitamos que se tengan en consideración los siguientes:

a) Contribución a la reducción de la deforestación y degradación de los bosques;

b) Contribución a la permanencia de los bosques y los sistemas agroforestales y su

manejo sostenible en el largo plazo;

c) Contribución a la restauración ecológica de bosques y zonas agroforestales, y a la

recuperación la biodiversidad y de los bienes y servicios ambientales que brindan;

d) Reducción de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad ambiental de

las comunidades indígenas y campesinas;

e) Generar capacidades de desarrollo económico local, a partir de medios de vida y

empresas comunitarias diversificadas, sostenibles y resilientes;

f) Suministro legal y sostenibles de materias primas a las industrias y sectores

económicos que utilizan los productos forestales maderables y no maderables;

g) Reducción de la brecha del déficit energético del país en materia de oferta-demanda

de leña y generación de energía hidroeléctrica;

h) Generación de empleo rural;

i) Aporte a los objetivos mundiales de mitigación de emisiones de carbono;

j) Aumento de las capacidades de adaptación a los efectos del cambio climático;

5) Es inaceptable que el actual texto del anteproyecto de ley establezca que un solo proyecto

puede acaparar hasta el 5% del monto total de incentivos asignado anualmente por el

Estado. El actual programa PINFOR establece un precedente en que hay varios miles de

proyectos vigentes, más otros que ya han concluido y muchos que no han podido tener

acceso por la restricción del 20% al manejo de bosques naturales. Se deben establecer

regulaciones para evitar el acaparamiento de los recursos públicos, y evitar que el nuevo

programa siga siendo inaccesible para muchos ciudadanos y agrupaciones;

6) Por último, exigimos que se tenga en cuenta la continuidad de los proyectos comunitarios de

Manejo de Bosque Natural con fines de protección, así como de reforestación y manejo de

regeneración natural, cuando el propósito de los mismos ha sido la restauración de áreas

degradadas como bosques comunales y fuentes de agua, a través de los mecanismos de

compensación y pago por servicios ambientales.

Cantón Juchanep, Totonicapán, 8 de marzo de 2013

ORGANIZACIONES FIRMANTES