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Progresando en el nuevo milenio, elementos para un plan de desarrollo

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Progresando en el nuevo milenio, elementos para un plan de desarrollo

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Mensaje del presidente

Mientras los países desarrollados avanzan aceleradamente, El Salvador se está quedando atrás en medio de encrucijadas ideológicas y grandes desafíos. Las sociedades exitosas, encausadas por la creatividad humana y su capacidad de emprendimiento, han sabido propulsarse gracias a los avances tecnológicos y a las plataformas institucionales que han tejido en el tiempo para fomentar su propia cultura, fortalecer su estabilidad democrática y su Estado de derecho, asegurar la certidumbre jurídica y garantizar los derechos individuales y libertades, al mismo tiempo que cultivan el sentido de responsabilidad entre sus ciudadanos.

Por ello, en FUSADES hemos venido impulsando recomendaciones de política pública que permitan orientar al país en su esfuerzo por lograr un despegue hacia el progreso en el nuevo milenio, facilitando a los ciudadanos y sus familias potenciar su desarrollo.

En ese sentido, este documento plantea elementos para un plan de desarrollo que –sin pretender ser exhaustivo– se fundamenta en diagnósticos elaborados por FUSADES y otras entidades nacionales e internacionales, así como en una amplia gama de insumos provenientes de diversas organizaciones de la sociedad, la academia, centros de pensamiento, gremios, agencias multilaterales y profesionales especialistas en las diferentes áreas temáticas.

El contenido de este documento se ha estructurado alrededor de ocho capítulos temáticos guiados por un hilo conductor que integra nuestras realidades, capacidades, potencialidades, valores y aspiraciones, con nuestra esperanza y fe en Dios.

En nombre de la Junta Directiva y el equipo de profesionales de FUSADES, agradecemos a todos los que han colaborado en este esfuerzo, que únicamente busca colocar con entusiasmo a El Salvador sobre la plataforma de despegue hacia un futuro próspero.

Miguel Ángel Simán

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Introducción

Resumen de propuestas por área temática

Capítulo 1: Integración con el mundo y alianzas

Capítulo 2: Crecimiento con oportunidades

Capítulo 3: Instituciones sólidas

Capítulo 4: Seguridad ciudadana

Capítulo 5: Educación

Capítulo 6: Salud y medio ambiente

Capítulo 7: Infraestructura y conectividad

Capítulo 8: Saneamiento macroeconómico

Reflexiones finales

Bibliografía

Anexos

ÍNDICE

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10

16

24

32

44

52

60

70

86

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Lamentarse no sirve de nada, ver al futuro con esperanza sí puede marcar la

diferencia. El salvadoreño se distingue por ser capaz y deseoso de conquistar un mejor

futuro, por lo cual debemos identificar, enfrentar y superar los retos que nos depara

la actualidad con la transformación tecnológica, los desafíos del clima, la inequidad

entre seres humanos que compartimos una misma tierra, entre otras realidades.

Una sociedad cada vez más dependiente de redes de comunicación y la creación de

una economía basada en el conocimiento compartido, nos exigen interactuar juntos

para responder a las exigencias de esta nueva realidad. Es ahora o nunca.

El mundo cambia vertiginosamente sin que nadie lo pueda detener y amenaza

todos los días con dejarnos más rezagados si no sabemos insertarnos pronto en su

modernidad y aprovechar las oportunidades que se nos presentan para lograr mejorar

la calidad de vida de las personas. No hacerlo significa que todos perdemos.

Como fruto de una amplia consulta, FUSADES y otros colaboradores comprometidos

con El Salvador, han contribuido con sus ideas en la construcción de una visión de

futuro, para que el país responda a estos y a otros retos que están por venir. Una visión

que, con la determinación y participación de todos, se convierta en una realidad

alcanzable; una visión que se construye desde el conocimiento de las circunstancias

que vivimos y que deben ser atendidas para que el progreso sea sostenible.

Una visión solidaria que parta, primero, en reconocer que la persona es el sujeto y el

objeto del desarrollo de un país, en el que se busca potenciar las capacidades de las

personas, erradicar las condiciones de pobreza extrema y lograr el acceso universal a

servicios sociales básicos; segundo, una institucionalidad fortalecida al servicio del

ciudadano; y tercero, la construcción de una nación donde prevalezca la confianza,

la eficiencia y la competitividad, ingredientes esenciales para la creación de empleo

digno y de una sociedad próspera.

El Salvador es un país espectacular, colmado de gente maravillosa; ese es su mejor activo. Sin embargo, como sociedad, no hemos logrado los niveles de desarrollo, institucionalidad democrática, seguridad y certidumbre jurídica que aspiramos y nos merecemos. Necesitamos esforzarnos para hacer mejor las cosas por el bien de nuestro país.

INTRODUCCIÓN

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Las propuestas que a continuación se presentan, son el resultado de una consulta con

personas afines a cada área, quienes ofrecieron su tiempo de manera desinteresada.

También, son el resultado del conocimiento y capacidad investigativa que ha

desarrollado FUSADES a través de 35 años.

Todas las propuestas se inspiran en el eje conductor y unificador de las mismas, que

se menciona en la introducción de este documento y que pretenden ser fuente de

inspiración para generar un diálogo constructivo e institucionalizado entre actores

clave del país.

A continuación se detallan las áreas identificadas, sin pretender que sean estas las

únicas. Cada capítulo se desarrolla señalando su desafío, enfoque de la solución,

propuestas y consideraciones para su solución, y posibles alianzas.

1) Integración con el mundo y alianzas• Se propone la implementación de reformas institucionales adoptando los

estándares internacionales, con el fin de que el Estado responda con transparencia

y eficacia a la sociedad.

• Acciones propuestas:

a. Hoja de ruta para adherirnos a la OCDE, con el fin de hacer una reforma

institucional profunda en 22 comités de política pública adoptando las mejores

prácticas internacionales.

b. Integración a cadenas de valor global: desarrollar tres nuevas cadenas de valor,

aumentar la IED al 5% del PIB y facilitar el comercio implementando agenda de Bali.

c. Integración a la economía del conocimiento: apoyar financieramente

tres programas de vinculación de universidades locales con universidades

internacionales en temas industria 4.0; incrementar el número de becas para

estudios universitarios internacionales; financiar cinco centros de excelencia de

investigación universitaria.

d. Migración: fortalecer la institucionalidad y gobernanza migratoria, atracción de

talento de la diáspora, y promover territorios seguros y prósperos.

2) Crecimiento con oportunidades • Se propone hoja de ruta para que El Salvador transite hacia la Revolución Industrial 4.0.

• Acciones propuestas:

RESUMEN DE PROPUESTASPOR ÁREA TEMÁTICA

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a. Construir confianza con una agenda de competitividad: un acuerdo público-

privado enfocado en reducción de trámites (aplicar guillotina legislativa), eficiencia

logística (aduana online e inversiones APP); acceso universal a TIC; crear

ecosistema emprendedor.

b. Transformación económica a industria 4.0: diseño e implementación de plan

nacional; programa de capacitación para adopción del plan; programa de

financiamiento; y un plan de atracción de inversión extranjera.

3) Instituciones sólidas• Señala que, en un país democrático, es necesario que las instituciones del Estado se

enfoquen en las personas y que todo su quehacer gire alrededor de ellas.

• Acciones propuestas:

a. Conservación y fortalecimiento de mecanismos de control para evitar abusos de poder y viabilizar el respeto de los derechos fundamentales.

b. Fortalecer procesos de elección de segundo grado de funcionarios para mejorar la transparencia y que los mismos se orienten a lograr idoneidad y mérito para el cargo.

c. Contar con una justicia de calidad y fortalecer los controles de la carrera judicial. d. Implementar la transparencia y la rendición de cuentas como ejes transversales en

el Estado con una visión sistémica en la lucha contra la corrupción.e. Aprobar un marco legal moderno para la función pública que promueva un cambio

cultural e institucional en los servidores públicos y a su vez conlleve a un Estado más eficiente y al servicio del ciudadano.

f. Promover la integridad electoral a través de la equidad en las elecciones y de la modernización de la autoridad electoral con el propósito de garantizar la celebración de comicios libres, transparentes, periódicos, justos y competitivos.

g. Mejorar la calidad de la representación para estrechar el vínculo entre los elegidos y los electores a través del fomento de la democracia interna en los partidos y de la revisión del tamaño de las circunscripciones buscando, en todo caso, la continuidad de un sistema multipartidista con pluralismo político y que facilite el ejercicio del sufragio al elector.

h. Un Estado que brinde seguridad jurídica, que sea facilitador de la inversión por medio de una estrategia integral de mejora regulatoria y de simplificación administrativa, y que cuente con marcos legales modernos que respondan a los actuales retos para hacer negocios.

i. Fomentar la cultura de legalidad incorporando la educación cívica y de paz como parte del currículo nacional en las escuelas y que la sociedad civil promueva programas de formación ciudadana que permita que los salvadoreños sean parte

de la construcción y defensa diaria del respeto al Estado de derecho en el país.

4) Seguridad ciudadana• Se propone fortalecer la institucionalidad para la seguridad y justicia, a través

de la generación de capacidades en instituciones, diseño e implementación de

políticas públicas integrales y articuladas y la creación de un sistema nacional de

estadísticas.

• Acciones propuestas para la prevención social de la violencia:

a. cuidado y desarrollo de la niñez y juventud.

b. gestión municipal y disuasión del delito.

c. reinvención de los espacios públicos.

5) Educación• El objetivo es que la educación sea un medio para que las personas sean capaces,

desde la primera infancia, de desarrollar las habilidades necesarias para adaptarse,

prosperar, convivir pacíficamente y transformar positivamente su entorno.

• Acciones propuestas:

a. Fortalecer habilidades para la vida y el trabajo necesarias para desenvolverse en el siglo XXI, tales como: la aplicación de conocimientos, la gestión de conflictos y las competencias para la ciudadanía responsable y digital.

b. Establecer incentivos para el ingreso y permanencia en la escuela.c. Gestionar ambientes escolares e infraestructura adecuados para proveer servicios

educativos de calidad.d. Personal docente capacitado, motivado y comprometido con la mejora continua.e. Sistema de evaluación de los aprendizajes y la gestión educativa, capaz de generar

información útil para la toma de decisiones orientadas a mejorar la calidad.f. Mecanismos de articulación entre la educación y el sector productivo.

6) Salud y medio ambiente• Promover la sostenibilidad del desarrollo y la sociedad, a través de una gestión

sanitaria y ambiental adecuada que sea capaz de lograr que las personas no solo

gocen de salud física y mental, sino también puedan progresar y autorrealizarse en

un ecosistema sano.

• Acciones propuestas:

a. Un sistema de salud integrado y eficaz, con fuertes capacidades institucionales,

recurso humano idóneo y tecnologías adecuadas para la atención a personas.

b. Modelos de atención primaria según las necesidades territoriales y sistemas de

emergencias médicas efectivos y eficientes.

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c. Difundir la alimentación y los estilos de vida saludables.

d. Promover el ordenamiento territorial por medio de la planificación de ciudades

y otros asentamientos humanos saludables y sostenibles que, a la vez, tengan en

cuenta la prevención y mitigación de riesgos.

e. Una gestión integral del recurso hídrico a través de legislación, programas de

protección, manejo y recuperación de cuencas hidrográficas; y sistemas de

información sobre la disponibilidad del recurso.

f. Fortalecer el sistema de saneamiento y manejo de residuos.

7) Infraestructura y conectividad• Convertir a El Salvador en un centro logístico, con infraestructura moderna, que

mejore la calidad de vida, que sea inclusiva y sostenible y se adapte a los cambios

tecnológicos.

• Acciones propuestas:

a. Tener una visión estratégica de largo plazo en infraestructura que considere los recursos que se necesitan.

b. Crear la Comisión Nacional de Infraestructura Estratégica, ente apolítico que brinde la visión estratégica y elabore el plan nacional de infraestructura de largo plazo, que priorice y supervise la ejecución de los proyectos elegidos.

c. Aprovechar los Asocios Público Privados para obtener los recursos que se necesitan alcanzar la infraestructura a la que se aspira.

d. Desarrollar un plan de energía que, a través de los contratos de largo plazo, permita la diversificación de la matriz energética, y el acceso universal a energía a costos competitivos.

e. Adaptar la regulación a los nuevos desafíos, aumentar la competencia en el sector eléctrico, elevar la inversión en energía geotérmica y otras renovables, y prepararse

para los cambios tecnológicos que se avecinan.

f. Tener una agenda digital y asignar los recursos suficientes para impulsarla. En

tecnologías de la información y la comunicación, acelerar las suscripciones de

Internet y acceso a la telefonía móvil de banda ancha. Preparar el recurso humano

para aprovechar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación

(TIC), y facilitar e incentivar el desarrollo y uso de TIC en el sector productivo.

g. Impulsar la digitalización del gobierno para dar mayor transparencia y elevar la

competitividad.

8) Saneamiento macroeconómico• El desafío de las finanzas públicas es atender las grandes necesidades de la

población en un entorno de sostenibilidad fiscal, creando condiciones favorables

para el crecimiento económico. Las medidas que se implementen deben garantizar

el financiamiento eficiente y sostenible de la inversión social y disminuir la deuda,

sin menoscabo de un mayor crecimiento económico.

• Acciones propuestas:

a. Un gasto público eficiente, mediante un presupuesto por programas y resultados,

y compras conjuntas de bienes y servicios y a través de subasta inversa, así como

una inversión pública eficiente.

b. Fortalecer la administración tributaria para mejorar los ingresos, introduciendo la

factura electrónica y la simplificación tributaria para pequeños contribuyentes.

c. Mejorar e incrementar la inversión social.

d. Disminuir la deuda.

e. Realizar una gestión óptima del stock de deuda, mediante acuerdos políticos

oportunos para autorizar emisiones de bonos cuyos recursos se usarán para pagar

los que vencen en 2019 y otros años. El financiamiento mediante LETES solo debe

utilizarse para cubrir desequilibrios temporales entre ingresos y gastos.

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Integración con el mundo y alianzas

Capítulo 1

1. Desafío: Alcanzar un desarrollo más inclusivo, basado en instituciones de estándar mundial

El papel de las instituciones en el desarrollo de los países se presenta, con evidencia histórica, en el libro “Por qué fracasan los países”, el cual plantea que varias naciones no prosperan o terminan sucumbiendo en la pobreza debido a que cuentan con un diseño de instituciones extractivas a través de las cuales se favorece a un grupo pequeño que se enriquece y permanece en el poder a través del tiempo, provocando pobreza en la mayor parte de la sociedad; algunos países que muestran tal resultado han sido Zimbabue, Sierra Leona, Argentina, Colombia,

El desafío que enfrenta El Salvador es alcanzar un desarrollo más inclusivo basado en instituciones y políticas públicas que convergen con las mejores prácticas internacionales, las cuales han creado una relación favorable entre el Estado y el bienestar de sus ciudadanos.

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cap

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Una situación que preocupa en El Salvador es el deterioro de la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de las instituciones y autoridades para solventar sus demandas.

112Es la posición en la que se

ubicó el país en el Índice de Corrupción en 2017

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Venezuela, Corea del Norte. Por su parte, señala que las naciones que logran el desarrollo se deben a la existencia de instituciones inclusivas que generan prosperidad para la mayoría de sus habitantes, ya que “hacen respetar los derechos de la propiedad, crean igualdad de oportunidades, fomentan la inversión en nuevas habilidades y nuevas tecnologías (pág. 501)”.

El Salvador enfrenta diferentes brechas con las mejores prácticas institucionales internacionales, en las cuales existe una estructura normativa eficaz que incentiva y promueve las oportunidades de empleo, disminuye la migración, reduce la corrupción, mejora la calidad y cobertura de la educación, incentiva la adopción de nuevas tecnologías, reduce la delincuencia, mejora la eficiencia de servicios básicos, baja la tramitología, aprovecha las cadenas globales de producción, etc.

Una situación que preocupa en El Salvador es el deterioro de la percepción de la ciudadanía sobre el desempeño de las instituciones y autoridades para solventar sus demandas; los recientes resultados del Latinobarómetro 2017 muestran que en la confianza en el gobierno, en la imagen sobre el progreso del país, y en la satisfacción con la democracia el país se ubicó en penúltimo lugar de América Latina.

Al observar la evolución de El Salvador en otros rankings internacionales, se destaca un continuo retroceso en la calidad de las instituciones, lo cual es el resultado de pocas o malas reformas, en un contexto en el cual la mayoría de países están avanzando. Al respecto, en el Índice de Percepción de la Corrupción, el país se ubicó en la posición 112 en 2017, retrocediendo 61 lugares al compararlo con 2004 (51).

El desafío que enfrenta El Salvador es alcanzar un desarrollo más inclusivo basado en instituciones y políticas públicas que convergen con las mejores prácticas internacionales, las cuales han creado una relación favorable entre el Estado y el bienestar de sus ciudadanos.

La ausencia de un desarrollo inclusivo y las brechas de calidad de vida entre países, ha generado una fuerte migración, de tal forma que El Salvador cuenta con una parte importante de su población viviendo principalmente en Estados Unidos, país que ha endurecido su política migratoria; como ejemplo se menciona el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 190,000 compatriotas. Sin embargo, ”

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la migración puede ser un factor de desarrollo si existe una política de migración integral y una gestión institucional eficiente que promueva paz y seguridad, de tal manera que posibilite que todos los nacionales tengan un lugar en El Salvador para desarrollar su proyecto de vida, pero también que ofrezca a los salvadoreños en el exterior, razones

para volver.

2. Enfoque: Converger a las mejores políticas públicas internacionales

El premio nobel de economía en 1993, Douglass

North, plantea que “las instituciones son las reglas

del juego en una sociedad o, más formalmente,

son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (pág. 13). North destaca que una evolución favorable en lo económico y social en los países, está fuertemente relacionada con el cambio tecnológico y con el institucional; debido a que ambos tienen la particularidad de generar efectos crecientes a escala en las sociedades; es decir, que al implementar reformas institucionales inclusivas, se introducen dinámicas positivas que expanden a tasas elevadas la inversión, empleo y crecimiento.

El Salvador debe retomar una agenda de reformas institucionales que mejoren las reglas del juego para lograr el desarrollo inclusivo de la sociedad. Una reciente publicación sobre la región de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) plantea la necesidad de repensar las instituciones para el desarrollo, debido a que existe un deterioro en la confianza y una creciente insatisfacción de los ciudadanos con sus gobiernos, lo cual ha provocado un debilitamiento en el contrato social.

A continuación, se plantean tres grandes ejes de acción para integrarnos al mundo a través de instituciones inclusivas, gobernanza migratoria y economía del conocimiento:

• Marco general de reformas con enfoque inclusivo con estándar mundial

La aspiración de un país es ser desarrollado, en el sentido que su población disponga de un nivel de ingresos que satisfaga sus necesidades esenciales, cuente con igualdad de oportunidades, se incentive libremente su potencial, bajo un marco de reglas predecibles y en un ambiente democrático. Estas condiciones las han alcanzado un conjunto de países que crearon la OCDE, entidad integrada por 37 países en su mayoría desarrollados. La OCDE tiene por mandato promover entre sus países “mejores políticas para una vida mejor”1, sustentando su funcionamiento en la cooperación entre gobiernos, logrando soluciones basadas en datos e identifican las “mejores prácticas” y ayudan a los países a implementarlas de manera efectiva.

En América Latina solo tres naciones han cumplido con las normas y estándares establecidos en 22 comités de políticas públicas de la OCDE, estas son México, Chile y en el presente año, Colombia. Se destaca que en 2015 Costa Rica recibió la aceptación para iniciar el proceso de adhesión, hasta el momento ha logrado aprobar los requisitos de 15 comités y tiene pendiente 7; mientras, Argentina, Brasil y Perú han sometido su solicitud de adhesión.

1 Para conocer la forma de trabajar de la OCDE ver link https://www.oecd.org/centrodemexico/laocde/masinformacionsobrelaocde.2htm

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Costa Rica, con el asesoramiento de la OCDE2, se encuentra implementando recomendaciones en su sistema educativo para que se adecue a los estándares de países desarrollados y logre mejores resultados en el Programa Internacional de Evaluación de Alumnos (PISA); también se encuentra ajustando su programa de formación técnica y capacitación para que su capital humano disponga de habilidades adecuadas para realizar actividades de mayor valor. Con el fin de recuperar la confianza y la credibilidad de la población en la gestión pública, solicitó estudios para adecuar la gestión de gobierno basada en normas de eficiencia, transparencia, evaluación y rendición de cuentas.

• Migración y oportunidades La diáspora representa una riqueza en

términos de conocimiento, capital humano, redes, capital financiero, etc., que requiere de una política que permita aprovechar mutuamente estas oportunidades. El establecimiento de una gobernanza migratoria nacional, vinculada con los territorios y con perspectiva de ciudadanía debe ser una apuesta fundamental para que El Salvador sea un lugar donde todos puedan vivir en paz y progresar.

• Integración productiva basada en la economía del conocimiento

Aumentar la integración global atrayendo y desarrollando nuevas cadenas productivas con mayor valor agregado, que operan en ambiente de mayor respeto a la ley y de formación de capital humano de mejor calidad. En la economía del conocimiento, el objetivo será elevar la calidad del sistema educativo conectándose con los centros de generación de conocimiento global, para desarrollar el capital humano con habilidades de mayor valor.

3. Propuesta: Institucionalidad inclusiva para el desarrollo

FUSADES propone que el país empiece un proceso de reforma institucional con un rumbo claro a través de la OCDE para alcanzar las mejores prácticas internacionales. A continuación se propone una agenda con un eje central en lo institucional, complementada en una agenda migratoria, productiva y educativa.

Una hoja de ruta para un cambio institucional inclusivo, basado en un proceso de adhesión a la OCDE • Elaborar una estrategia de adhesión a la

OCDE en 2019. Que identifique los pasos para gestionar una incorporación rápida en los temas institucionales en que la OCDE ya apoya a El Salvador y definir una hoja de ruta base.

• Formalizar el interés de El Salvador para participar en los comités de competencia, regulación y educación, para el 2020, áreas en que ya recibe apoyo. El país ha solicitado apoyo a la OCDE desde 2008, cuando

realizó una evaluación de la Política de Competencia3

2 Para conocer y comprender el amplio proceso de reformas institucionales que está implementando Costa Rica para cumplir con los estándares de la OCDE, ver el link siguiente http://www.comex.go.cr/proceso-ingreso-ocde/

En América Latina solo tres naciones han cumplido con las normas y estándares establecidos en 22 comités de políticas públicas de la OCDE, estas son México, Chile y en el presente año, Colombia.

F U S A D E S20

a solicitud de la Superintendencia de Competencia

(SC). El Organismo de Mejora Regulatoria (OMR),

solicitó el apoyo de la OCDE y firmó un acuerdo en

20174. El Ministerio de Educación está gestionando

participar en el programa PISA que coordina la

OCDE5.

• Gestionar el ingreso de El Salvador al Centro de Desarrollo de la OCDE lo más pronto posible. Es la entidad que permite participar en el debate y conocer las propuestas de políticas públicas que contribuyen a un mayor bienestar para los países en desarrollo. Las propuestas se enfocan en apoyar a los países para que alcancen economías competitivas y sociedades más inclusivas. En América Latina hay nueve países, el más reciente que ingresó fue Paraguay en 2018, y de Centroamérica están Costa Rica y Panamá.

• Aplicar para realizar el Estudio Multidimensional de País (EMDP) de la OCDE, e identificar cuatro áreas críticas de políticas públicas. El estudio multidimensional es una evaluación integral para medir las brechas institucionales frente a las mejores prácticas internacionales, identifica las áreas críticas con una agenda de propuestas para cerrarlas. Se propone solicitar evaluaciones con sus respectivas recomendaciones en las áreas siguientes: Gobernanza Pública, Política de Educación y Formación Ocupacional, Gobernanza para la Atracción de Inversiones en Cadenas de Valor, y Política de Migración.

• Gestionar la adhesión de El Salvador a la OCDE en 2024. En virtud del avance en la implementación de las recomendaciones,

evaluar la incorporación o ampliar las reformas a más Comités de políticas públicas de la OCDE.

Hacia una nueva gobernabilidad de la migración

Se proponen una revisión y diseño de un marco institucional que le apueste a la construcción de una gobernanza migratoria, que defina las acciones para la atracción del talento de la diáspora en sus diferentes grados de especialización, que promueva el apoyo a la reinserción familiar y comunitaria de la diáspora retornada, y que promueva el desarrollo de territorios seguros y prósperos. A continuación los principales lineamientos:

• Revisar el marco de gobernabilidad de cara a las diferentes problemáticas migratorias. Evaluar la disponibilidad de una entidad rectora que coordine las diferentes instancias públicas como la División General de Migración y Extranjería (DGME), Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).

• Definir una estrategia nacional clara y concisa sobre migración. Revisar los alcances de la política de protección al migrante y sus ámbitos de coordinación municipal. Fortalecer el sistema de información sobre las características de la población migrante; en lo concerniente a disponer el estatus legal, talentos aprendidos, situación familiar en El Salvador y en su país de residencia; etc. Mejorar la vinculación con los gobiernos locales, quienes son los primeros en recibir los impactos de la migración, tanto como expulsores de población como receptores de personas.

• Fortalecer las redes de salvadoreños en el

exterior y promover los intercambios de

conocimiento con el país para insertar a El

Salvador en la cuarta revolución industrial.

Estas redes deberían estar conectadas con redes

nacionales de emprendedores, científicas,

4 El Organismo de Mejora Regulatoria firmó un acuerdo de entendimiento para que la OCDE transfiera y capacite sobre las mejores prácticas en el país, ver link https://www.fomilenioii.gob.sv/la-ocde-apoya-el-desarrollo-de-la-politica-de-mejora-regulatoria-en-el-salvador

5 Ver vínculo de la noticia http://www.elsalvador.com/not ic ias/nac iona l/486572/educac ion-gest iona-participacion-del-pais-en-prueba-internacional

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3 Ver el estudio y recomendaciones sobre Derecho y Competencia en el link http://www.oecd.org/countries/elsalvador/41597186.pdf

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artísticas, etc. Generar incentivos para que la diáspora realice inversiones seguras en el país, ya sea a través de mercados de capital o inversión directa. Promover que estas redes, en coordinación con las municipalidades y sus estrategias de desarrollo territorial, apoyen a sus lugares de origen.

• Promover el desarrollo de territorios seguros y prósperos con institucionalidad, y planes de desarrollo que atiendan el tema migratorio. Mejorar su oferta de servicios destinados a promover empleabilidad, oportunidades de negocios, formación de capacidades, prevención de la violencia, con énfasis en la población migrante.

Integración con cadenas de mayor valor agregado

Se propone desarrollar tres nuevas cadenas globales de valor (salud, aeronáutica y servicios de valor a distancia) que estén basadas en una cohesión interinstitucional empresa-academia-gobierno. También, se plantea apoyar e implementar la facilitación del comercio vía la Unión Aduanera y cumpliendo la agenda de Bali.

Apoyar la inserción en la economía del conocimiento

Para lo cual se propone: 1) apoyar tres programas de vinculación de

universidades locales con centros internacionales

asociados con la 4ª Revolución Industrial; 2) aumentar las becas públicas para estudios

internacionales; y 3) financiar cuatro centros de excelencia

universitaria (investigadores, docencia, solución empresarial y emprendimiento).

4. Consideraciones y alianzas para su implementación

Una reforma institucional inclusiva deberá

lograr un fuerte apoyo del sector académico,

empresarial y público. Este proceso es exigente y,

por tanto, deberá contar con el apoyo de la OCDE

y organismos multilaterales de financiamiento.

Será importante la cooperación de países a

través de sus embajadas para que compartan las

experiencias de implementación del proceso de

adhesión general a la OCDE, así como los impactos

que han logrado en materia de eficiencia pública,

educación, migración, corrupción, etc. Por su parte,

El Salvador debe gestionar el respaldo y apoyo del

gobierno de Estados Unidos, México y Colombia

ante la OCDE para incorporarse al proceso de

adhesión en tiempo récord. La experiencia de

El Salvador puede ser muy útil en los países del

CA-4, con los que comparte similares problemas

marcando el rumbo para una transformación más

sostenible y duradera.

F U S A D E S22 23

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Crecimiento con oportunidades

Capítulo 2

1. Desafío: Falta de oportunidades de empleo, y advenimiento de la cuarta revolución industrial

El crecimiento promedio de El Salvador ha sido bajo y es el menor de la región centroamericana por varios años; las consecuencias sociales son preocupantes, ya que de 2008 a 2016 la fuerza laboral se incrementó en 545,000 salvadoreños, pero solo dos personas de cada ocho encontraron un trabajo formal, es decir, que 414,200 pasaron a engrosar la informalidad.

Múltiples factores explican estos resultados, siendo algunos estructurales como la baja escolaridad de la fuerza laboral, elevados costos de producción, la baja productividad de la economía, delincuencia y falta de acuerdos público-privados; también existen otros problemas coyunturales, como la alta incertidumbre y trámites crecientes. La combinación de estos problemas con la falta de adecuadas políticas públicas, ha provocado un fuerte retroceso en el ranking del Índice Global de Competitividad, al perder 61 puestos hasta 2017, respecto a su mejor

De 2008 a 2016 la fuerza laboral se incrementó en 545,000 salvadoreños, pero solo dos personas de cada ocho encontraron un trabajo formal

cap

.2 25

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

62de las escuelas del país aún no tienen acceso a Internet

%

posición en 2003 cuando El Salvador era líder de Centroamérica, mientras que ahora se ubica en el penúltimo lugar; también el Índice de Desarrollo Humano ha observado un fuerte deterioro al caer a la posición 117 en 2016, cuando registraba el lugar 98 en 2004.

Para que la economía salvadoreña genere bienestar a las familias, debe crear por los menos 55,000 oportunidades de emprendimientos o empleos formales por año; ya que por el bono demográfico, más jóvenes ingresan al mercado laboral; pero es preocupante que 62% de las escuelas del país aún no tienen acceso a Internet y el 64% no tiene aulas informáticas (2016).

Este problema se combina con un contexto internacional dominado por la cuarta revolución industrial (4ªRI), la cual es muy diferente que las anteriores, debido a la velocidad con la que ocurren los cambios, al amplio alcance y profundidad ya que está presente en todos los procesos productivos globales, y su impacto será sistémico al transformar la agricultura, industria y servicios, y fusionarlos entre sí a través de

aprovechar las ventajas del Internet y de los sistemas de información. El eje central de la 4ªRI será la interacción de sistemas digitales con sistemas de producción física.

La 4ªRI implicará desafíos y oportunidades para todos los países. En El Salvador el aparato productivo, en buena parte, se caracteriza porque genera una importante cantidad del empleo en actividades con poco valor y repetitivas, las cuales han sido señaladas en diferentes estudios que presentan las mayores probabilidades para ser sustituidas por la robotización y la inteligencia artificial. Las predicciones globales sobre pérdidas de empleo por las nuevas tecnologías son altas; el Banco Mundial las estima en 57%, OCDE 47% y McKinsey 45%. Por otra parte, las mismas instituciones plantean el surgimiento de nuevas oportunidades que generarán las tecnologías, para lo cual se requerirán nuevas habilidades que actualmente no existen. Por lo complejo del dilema anterior, entre empleos sustituidos y el surgimiento de nuevas actividades laborales que demandarán habilidades nuevas, el profesor Robert Aumann (Premio Nobel de Economía, 2005) propone tres prioridades para que las políticas públicas enfrenten el reto, estas son: educación, educación y educación.

2. Enfoque: Recuperar la confianza, aprender de los casos de éxito, y aprovechar las ventajas

Restaurar la confianza requiere estabilidad en las reglas de juego, lo que a su vez necesita de una visión compartida. El sector productivo ha enfrentado un entorno difícil en los últimos años,

F U S A D E S26

pero también sobresalen hechos interesantes, como la fuerte inversión en energía eléctrica a través de contratos de largo plazo; esta información es clave, ya que el contrato es un certificado legal que brinda certidumbre; pero el resto de sectores que operan bajo el mercado han enfrentado un cambio constante en las reglas, lo que genera incertidumbre y caída de la inversión.

No obstante, muchas empresas han realizado un importante esfuerzo que muestra un potencial camino para lograr un desempeño favorable, aprovechando las capacidades del país. Citaremos ejemplos de casos, los cuales han mantenido un favorable ritmo de expansión, enfrentando la fuerte competencia global, el cambio tecnológico, y el clima interno de negocios desfavorable. Un caso interesante es la empresa “League” que ha creado un modelo de industria inclusiva, a través de la cual promueve el desarrollo del capital humano en alianza con la Universidad Don Bosco, y apoya un entorno más seguro en las comunidades donde residen sus trabajadores.

Las industrias de fibrocemento y camas-muebles, han realizado una transformación basada en la 4ªRI, al incorporar inteligencia artificial y robots en sus procesos de producción. Los resultados en la operación de la empresa han sido: la productividad se duplicó, la producción subió en 100%, la calidad y precisión del producto aumentó considerablemente, la siniestralidad laboral se

redujo, contrataron técnicos más especializados, se realizaron acuerdos con universidades para brindar las nuevas habilidades que el nuevo proceso demanda, cuando introdujeron los robots se recapacitaron a los empleados para abrir otras líneas de producción. No obstante, las ganancias en productividad que logran las industrias se reducen por los serios problemas en aduanas, trámites engorrosos con el gobierno central y municipal, y la falta de apoyo para innovaciones tecnológicas.

El talento salvadoreño, con el avance de la digitalización, está aprovechando las nuevas oportunidades de negocio global en el sector de servicios de mayor valor agregado. Algunos ejemplos, existen empresas que ofrecen servicios de asistencia administrativa virtual a ejecutivos en Estados Unidos y otros países; contratando a empleados bilingües con 40 diferentes profesiones; otras empresas, empezaron como “startup” (emprendimiento) y ofrecen sus servicios para realizar aplicaciones para teléfonos y tablets a empresas internacionales; otras empresas, operan globalmente desarrollando páginas y aplicaciones web, realizan doblajes para programas en español, aprovechando el acento neutro de la vocalización de los salvadoreños. Una característica de estas nuevas actividades productivas, es la contratación de personal bilingüe que cuenta con habilidades certificadas o con buen nivel de formación. La capacitación y el inglés son dos cuellos de botella, para expandir más los servicios desde El Salvador.

El talento salvadoreño, con el avance de la digitalización, está aprovechando las nuevas oportunidades de negocio global en el sector de servicios de mayor valor agregado, como por ejemplo desarrollo de páginas y aplicaciones web.“

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El Salvador cuenta con una serie de ventajas

comparativas sobre las cuales se puede construir una

nueva agenda más ambiciosa para alcanzar un mayor

bienestar, estas son: la laboriosidad de la gente, el

reconocido espíritu emprendedor, una sociedad civil

más exigente de sus derechos y funcionamiento de

la institucionalidad, un flujo sostenido de remesas

familiares, amplia base de empresas globales, una

economía dolarizada, sistema financiero sólido,

sistema de pensiones privado, infraestructura

logística, y un hub aéreo de pasajeros.

3. Propuestas: hacia la transformación de El Salvador, basado en las oportunidades de la cuarta revolución industrial

El gran objetivo es aprovechar las oportunidades

de la 4ªRI para crear 55,000 plazas formales

y crecer arriba de 5% por año. Las preguntas

clave son ¿qué hacer? y ¿cómo lograrlo?

Simultáneamente se deben estructurar acciones

que permitan reconvertir tecnológicamente la

cadena productiva actual para evitar que el empleo

desaparezca, ya que otros países están avanzando.

También, será estratégico seguir diversificando el

aparato productivo, manteniendo el enfoque en

productos con mayor valor agregado, siendo la

atracción de inversiones un desafío. Finalmente

¿cómo se enfrenta el reto de la formación de

nuevas habilidades?, apoyando la recapacitación

del personal en líneas de producción que serán

desplazadas por nuevas tecnologías y ¿cómo se

aprovechará el surgimiento de nuevas actividades tecnológicas que se pueden producir desde El

Salvador?, para enfrentar tales desafíos será

clave la cooperación entre empresa, academia

y gobierno. A continuación, se proponen los

lineamientos del camino a la 4ªRI, ordenados

secuencialmente por medidas urgentes de corto

plazo, acciones de mediano y largo plazo.

3.1 Corto plazo (primer año). Un acuerdo en competitividad y empleo, que genere confianza basada en resultados

Un acuerdo público y privado contribuirá sustantivamente a recuperar la certidumbre en las políticas públicas que aumentan la productividad, ya que identificará y priorizará los principales problemas del sector productivo que deberán ser resueltos, facilitará la coordinación de diferentes instituciones del gobierno para que se enfoquen e implementen las medidas críticas, y rendirá cuentas con base en resultados. En países de América Latina se han implementado estos acuerdos creando una institucionalidad ad hoc, con lo cual han crecido arriba de 5% en Colombia, Perú y Chile.

Las acciones a implementar para mejorar la competitividad deben estar orientadas a los objetivos del ¿qué hacer?, las cuales deben responder a los principales problemas señalados por las encuestas de competitividad, siendo estos:

1) disminución de burocracia, a través de una reducción/eficiencia de trámites del gobierno central y municipalidades;

2) eficiencia logística en los principales corredores productivos, apoyando la facilitación del comercio e inversiones públicas en infraestructura vía asocio público-privado (APP);

3) aumento de los programas de capacitación en jóvenes para facilitar su inserción en nuevas industrias;

F U S A D E S28

4) crear y desarrollar el ecosistema emprendedor 4.0;

5) implementar el acceso universal a las TIC (70% de escuelas públicas no tienen Internet, ni aula informática) y la formación bilingüe, y

6) desarrollo agrícola con uso intensivo de tecnología.

¿Cómo hacer para alcanzar los objetivos que mejoran la competitividad? Se propone un proceso institucional al más alto nivel gubernamental, que operativamente se traducirá en las acciones siguientes:

1) crear una entidad para acuerdos en la agenda de competitividad y empleo, compuesta por el gobierno, academia y sector productivo;

2) identificar y acordar metas concretas para cada objetivo, los cuales serán la guía y el parámetro de evaluación;

3) identificar mecanismos institucionales de seguimiento a la implementación de la estrategia y que permitan corregir el rumbo de manera flexible, identificando quiénes serán los responsables, cuándo lo harán y el presupuesto; y

4) apoyar en la implementación más eficaz de las iniciativas existentes, tales como Fomilenio II y Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, y coordinarlas con la agenda de competitividad.

3.2 Mediano plazo (segundo a cuarto año). Transformación hacia la industria 4.0

La estrategia apunta a una transformación productiva al 2024, que aproveche las oportunidades de la revolución tecnológica, a través de dos vías: primero, apoyar la transformación del aparato productivo para que adopte las nuevas tecnologías en los procesos de producción; segundo, transformar el aparato productivo desarrollando nuevas cadenas de valor que se encuentran utilizando las tecnologías de la 4ªRI, esto implicará atraer nuevas industrias y agregar valor a las cadenas ya existentes. Para lograr la transformación hacia la industria 4.0 se propone una hoja de ruta, de la manera siguiente:

• Hoja de ruta hacia la transformación 4.0 Realizar un diagnóstico y propuesta de las

acciones que sustenten una transformación en sectores estratégicos para incrementar la producción, exportaciones y empleo, similar a México (Secretaría de Economía de México, 2017). La propuesta será pionera en Centroamérica, deberá ser una oferta bancable que pueda ser financiada con recursos internos y banca multilateral. Se espera que la hoja de ruta establezca al

El cambio tecnológico impactará el mercado laboral demandando nuevas habilidades.

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menos cinco programas fundamentales para la transformación:

1) programa de evaluación para identificar las brechas tecnológicas existentes y desarrollo de nuevas líneas usando tecnologías 4.0;

2) programa de financiamiento para adopción de tecnologías 4.0, estará orientado hacia las líneas de producción, abarcando el rediseño de planta, adquisición de tecnología 4.0, e implementación y operación del nuevo sistema;

3) programa de apoyo al reentrenamiento laboral, para evitar reducir la pérdida de empleo de las líneas de producción que adoptaron nuevas tecnologías 4.0;

4) programa de apoyo para capacitación en la adopción de tecnologías 4.0 para nuevos servicios globales de alto valor, o líneas de producción; y

5) programa de promoción del desarrollo productivo en los nueve departamentos más rezagados, debido a que la tasa de informalidad está arriba del 80% y pocas empresas superan los 100 empleados. Se propone brindar incentivos extras sobre el marco legal vigente, para aquellas empresas que opten por instalarse en dichos departamentos.

• Diseño de un plan de educación para

la industria 4.0

Se propone incorporar desde primaria programas

educativos que usen las nuevas tecnologías, y

que desarrollen las capacidades para aprender

continuamente y adaptabilidad al cambio (ver

capítulo de educación de la propuesta).

• Agenda de atracción de inversión

extranjera en Industrias 4.0 Se identificarán sectores de alto valor

agregado, se apostará a lograr tres nuevas cadenas globales instaladas en el país. Sobre sectores productivos ya existentes, se apoyará la atracción de empresas que aportan un

mayor valor agregado a la cadena, y pagan mayores remuneraciones.

3.3 Largo plazo (quinto año). Hacia la consolidación de la cultura de la industria 4.0

• Propuesta del “Instituto

Centroamericano de Industria 4.0” La base de la transformación continua para

aprovechar las tecnologías que estarán centradas en la capacitación y formación de nuevas habilidades. Para posicionar a El Salvador en la región, se propone realizar una evaluación de su sistema de formación técnica comparando con las mejores prácticas internacionales, y acomodando sus programas educativos a las necesidades de los sectores productivos.

• Zona económica especial para la

Industria 4.0 Se propone evaluar la creación de una

zona especializada en la cual se desarrollen actividades productivas 4.0.

4. Consideraciones para su implementación y aliados estratégicos

La base para la implementación de la estrategia serán los acuerdos público-privados, en los cuales se comparta una visión para los próximos cinco años, se identifiquen los objetivos priorizados, y se establezcan los lineamientos sobre cómo se desarrollará; sobre esta base se podrán coordinar mejor los apoyos de la cooperación internacional y los organismos financieros multilaterales. Los acuerdos deberán sustentarse en la construcción de consensos políticos de nación que aseguren continuidad y sostenibilidad de objetivos

F U S A D E S30

compartidos. A continuación, se plantean algunas consideraciones para iniciar el proceso:

• Se propone que desde abril de 2019, el

gobierno electo instale mesas de trabajo

con el sector productivo y académico, para

identificar y priorizar una agenda de acciones

en materia de competitividad, la cual será

entregada al nuevo Presidente de la República,

para que considere su implementación. De ser

aceptada, se propone hacer el lanzamiento de las primeras medidas en junio, y realizar una evaluación y ajuste trimestralmente.

• De junio a septiembre de 2019, definir los términos de referencia del programa de “transformación industria 4.0”, con el apoyo de organismos multilaterales realizarlo en un semestre, y en junio de 2020 aprobar el financiamiento del proyecto en la Asamblea Legislativa; con el fin de empezar a ejecutar

en 2020.

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Institucionessólidas

Capítulo 3

En un país democrático, es necesario que las instituciones del Estado se enfoquen en las personas y que todo su quehacer gire alrededor de ellas. Si bien es indiscutible que, desde la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador ha dado pasos importantes en materia de desarrollo democrático; es una realidad apremiante continuar con el esfuerzo de fortalecer el entramado institucional para que estas respondan a las necesidades de los ciudadanos y se cierre la brecha entre lo que las instituciones hacen y lo que la población necesita. Es necesario que se consoliden las instituciones para atender los retos actuales y del futuro en un contexto internacional donde la cuarta revolución industrial es una realidad en el mundo.

Para que las instituciones funcionen adecuadamente se requiere que tengan el marco legal apropiado y moderno, que les permita cumplir sus fines y responder a las nuevas demandas de la cuarta revolución industrial; pero, además, que cuenten con funcionarios idóneos y se entable una práctica de mejora continua en el quehacer institucional que se concretice con buenas políticas públicas en un gobierno y sociedad digital.

cap

.3 33

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CONTROLES INTERÓRGANOS

1. DESAFÍO: Mecanismos efectivos de control en el Estado para asegurar el equilibrio del poder

A los ciudadanos les interesa que nadie abuse de sus derechos; por ejemplo, les disgusta cuando se irrespetan las reglas de tránsito, cuando se tira basura a la calle o cuando no se respetan los turnos en una fila. Pero esas no son, ni por cerca, violaciones tan graves como las que podemos sufrir si el poder político se concentra y se debilita el sistema de frenos y contrapesos. Sin estos mecanismos debemos preocuparnos por limitaciones a nuestra libertad, a nuestra propiedad, entre otros derechos.

El aspecto institucional del Estado de derecho debe complementarse con uno ciudadano. Existen problemas como inseguridad y bajo crecimiento que pueden llevar a las personas a no valorar las instituciones. Esto puede provocar una percepción de irrelevancia del Estado de derecho, en lugar de concebirlo como un instrumento útil para alcanzar objetivos sociales positivos. Por ello, es necesario trabajar en fortalecer la cultura de legalidad.

ENFOQUE: La tarea de El Salvador para los

próximos años debe ser buscar la sostenibilidad y el

fortalecimiento de los mecanismos para controlar

los abusos de poder y viabilizar el respeto de los

derechos fundamentales. Esto supone el ejercicio

independiente de la justicia y en especial de la Sala

de lo Constitucional y los otros órganos de control.

2. PROPUESTAS

2.1. Controles al poder

A. Controles para el Órgano Ejecutivo• El fortalecimiento de la Fiscalía General de

la República (FGR), la Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

• Mejorar la regulación de las Comisiones Legislativas de investigación, previendo su conformación, duración y los casos en que no tienen facultades para investigar.

B. Controles para la Asamblea Legislativa • El fortalecimiento de la FGR, la CCR y la Sección

de Probidad de la CSJ. • Regular la obligación de tomar en cuenta

estudios científicos y técnicos para la creación de nuevas leyes.

C. Control ciudadano de la Asamblea

Legislativa y participación ciudadana• Mejorar los mecanismos de participación

ciudadana para presentar peticiones de creación de normas y para la participación en las comisiones legislativas.

• Crear archivos digitales públicos completos de los procesos legislativos.

• Fortalecimiento de las elecciones de segundo grado de funcionarios.

La Sala de lo Constitucional es un mecanismo fundamental de control del poder. Pensemos en los casos en que ha ordenado que las instituciones públicas otorguen tratamientos médicos o las veces que ha dejado sin efectos impuestos injustos.

F U S A D E S34

D. Elecciones de funcionarios en

instituciones de control• Mejorar los procedimientos de elecciones de

funcionarios en sede legislativa.• Reformar el Reglamento Interior de la

Asamblea Legislativa (RIAL) para mejorar el proceso, en aspectos tales como: espacios de participación ciudadana, evaluación objetiva y fundamentación de la decisión.

• Diseñar mecanismos para evitar la disfuncionalidad institucional por el retraso en la elección de segundo grado de funcionarios.

• Establecer mecanismos para deducir responsabilidades por el retraso en la elección de funcionarios.

E. Justicia constitucional• Nueva Ley de Procedimientos Constitucionales

que establezca reglas de funcionamiento de la Sala y que incorpore las innovaciones modernas en cada proceso.

• Promoción de proyectos ciudadanos de defensa de la independencia judicial: observación de los procesos de elección, del desempeño de la Sala y de los criterios con los que resuelve.

• Aprobación de un reglamento interno de la Sala de lo Constitucional y elaboración de indicadores de gestión.

2.2. Cultura de legalidad

• El Estado debe incorporar la educación cívica

y de paz como parte del currículo nacional en

las escuelas y la sociedad civil debe promover

programas de formación ciudadana, haciendo

uso de las tecnologías de la información.

• Impulsar campañas y proyectos sobre la

importancia de la cultura de legalidad, desde

la academia, empresas, gremiales, gobierno

local y central, medios de comunicación,etc.

JUSTICIA DE CALIDAD

1. DESAFÍO: Justicia de calidad al servicio del ciudadano

El acceso a la justicia es ineficaz para muchos salvadoreños. Los procesos son lentos, hay poca eficiencia en los tribunales, la carrera judicial no atrae necesariamente a los mejores profesionales y la profesión de abogado debe mejorar su calidad.

2. ENFOQUE:

Garantizar la eficiencia y calidad de los operadores y el acceso oportuno a los ciudadanos. Para ello se requiere profesionales del derecho adaptados a las necesidades del mundo moderno. Jueces con mejor preparación académica y profesional, sometidos a controles más estrictos de ingreso y permanencia en la carrera judicial. Adicionalmente, se requiere la modernización e implementación de mecanismos de eficiencia en los tribunales, por medio de la incorporación de tecnología. Asimismo, es necesario fortalecer el mecanismo de elección de magistrados de la CSJ, dotándola de mayor transparencia y de mecanismos orientados a lograr la idoneidad e independencia.

3. PROPUESTAS:

3.1. Actualizar la estructura y las funciones de la CSJ

• Promover una reingeniería de las funciones administrativas de la Corte Plena para volver más eficiente a la CSJ.

• Elaborar un reglamento de las sesiones de Corte Plena y de las 4 salas, que incluya llamamiento a suplentes, agendas, convocatorias, así como reglas para su publicidad.

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• Nuevas leyes judiciales, comenzando con una Ley Orgánica Judicial, que dé cobertura legal a las unidades administrativas con las que opera la CSJ, incluyendo las Salas, pero también que determine cuáles unidades actualmente incorporadas dentro de la

estructura de la CSJ deberán separarse.

3.2.Revisar íntegramente el proceso de elección de magistrados de la CSJ en aspectos tales como para que jueces se postulen únicamente a través del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y abogados se postulen exclusivamente por la Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador (FEDAES); eliminar potestad reglamentaria a FEDAES, e implementar mecanismos de control para lograr la idoneidad de candidatos en todas las etapas.

3.3. Mejorar el ejercicio de la abogacía• Mejorar en la calidad de la formación de los

profesionales del derecho. • Fortalecer y agilizar los controles para el

ejercicio de la abogacía y del notariado, a través de pruebas de conocimiento idóneas, previas a la autorización para su ejercicio.

3.4. Mejorar el desempeño de los jueces• Fortalecer los mecanismos para el ingreso

y permanencia de los jueces en la carrera judicial. Mejorar el sistema de capacitaciones y evaluaciones que realiza el CNJ, para reforzar las capacidades de los jueces, así como para promover la mejora continua de su competencia.

• La CSJ debe ejercer un adecuado y ágil control de los jueces, con un sistema de depuración efectivo, que incluya una revisión del sistema de infracciones y sanciones previsto en la Ley de la Carrera Judicial.

• Debe aprobarse una nueva Ley de la Carrera Judicial con una mejor regulación del régimen aplicable a los jueces propietarios y suplentes, así como una Ley de la Carrera Administrativa Judicial en armonía con una nueva Ley de la Función Pública.

3.5.Optimizar la calidad de la gestión de tribunales

• Actualizar el mapa judicial para una mejor distribución de los tribunales del país, basado en las necesidades de usuarios y de carga de trabajo.

• Promover la administración de justicia digital. • Implementar técnicas de gestión moderna

en los tribunales, que incluya indicadores de calidad y desempeño.

Es necesario fortalecer y agilizar los controles para el ejercicio de la abogacía y del notariado, a través de pruebas de conocimiento idóneas, previas a la autorización para su ejercicio.

F U S A D E S36

MÁS TRANSPARENCIA Y MENOS IMPUNIDAD

1. DESAFÍO

Fortalecer y volver efectivas las instituciones encargadas de promover la trasparencia y la lucha contra la corrupción. En El Salvador aún persiste una cultura de opacidad en la administración pública y un desconocimiento ciudadano de su derecho a saber, a cuestionar y participar en todo aquello que involucre al Estado y sus recursos. El país muestra altos niveles de percepción de corrupción y de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), de Transparencia Internacional, estos se han ido elevando durante los últimos años.

Muchos actos de corrupción han quedado en la impunidad, lo cual incentiva a otros a corromperse, generando un círculo vicioso que erosiona la confianza de los ciudadanos. Un problema que ha fomentado la impunidad es la falta de coordinación, independencia y efectividad de las instituciones que están encargadas de promover la transparencia, la ética y probidad pública y de combatir la corrupción.

2. ENFOQUE

La transparencia y la rendición de cuentas deben ser ejes transversales en el Estado e instaurarse una visión sistémica en la lucha contra la corrupción, apoyándose en el uso de la tecnología de la información. Para esto faltan mejoras institucionales y normativas; es importante tener en cuenta que la ineficacia en el combate a la corrupción no solo se ha debido a fallas de legislación, en muchos casos, ha sido producto de la falta de voluntad o de independencia de los funcionarios que han estado a cargo de aplicarla. Los marcos legales deben ser fortalecidos, pero

también se debe contar con las personas idóneas. Es por ello que el enfoque de la solución es el desarrollo de un enfoque sistémico anticorrupción, que implica la coordinación y refundación de instituciones para volverlas eficaces en la aplicación de los mecanismos de control y sanción para prevenir y sancionar la corrupción.

3. PROPUESTAS

3.1 Sistema de transparencia y lucha contra la corrupción

• Aprobar una Ley sobre el Sistema de

Transparencia y Lucha contra la Corrupción

que establezca una instancia de coordinación,

que apruebe e implemente políticas de

transparencia y lucha contra la corrupción de

amplio alcance y cuya presidencia sea rotativa

entre los integrantes.

• Cada una de las instituciones del Sistema

deben fortalecerse mediante reformas

constitucionales, legales y la mejora de los

procesos de selección de sus titulares.

A. Reformas constitucionales

• Regular de manera expresa el derecho de acceso a la información pública y otorgar autonomía constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

• Sustituir la CCR por una Contraloría encargada

de la fiscalización y separando la función

jurisdiccional, la cual se otorgará ya sea a

un nuevo Tribunal de Cuentas o al Órgano

Judicial, según se estime conveniente, tras un

estudio de viabilidad.

• Ampliar el plazo del cargo de Fiscal General de

la República.

• Reformar el art. 240 de la Constitución que

regula la presunción del enriquecimiento

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ilícito para que, además del patrimonio, los

funcionarios y sus parientes deban declarar

sus intereses; dichas declaraciones juradas

serán públicas y se presentarán a la institución

que sustituya a la CCR. Se debe aumentar el

plazo de prescripción para iniciar estos juicios.

B. Nueva legislación o reformas legales• Reformas a la Ley de Acceso a la Información

Pública (LAIP) para limitar los abusos en reservas e inexistencias de información, mejorar estabilidad de oficiales de información, entre otros.

• Aprobar una legislación sobre enriquecimiento

ilícito y probidad.

• Reformar la legislación para fortalecer la

independencia y la eficacia del Tribunal de

Ética Gubernamental (TEG), mediante la

reforma del mecanismo de nombramiento de

sus titulares y para mejorar la tipificación de

las conductas prohibidas, entre otros.

• Ampliar los plazos de prescripción de los

delitos de corrupción, mejorar su tipificación

según estándares internacionales y hacer

más severas las sanciones para que no sean

excarcelables.

• Revisar el fuero de los funcionarios en cuanto

a sus alcances y diseño.

• Establecer mecanismos transparentes que

rijan la relación entre los sectores de interés y

tomadores de decisión.

• Establecer mecanismos para prevenir y

manejar los conflictos de intereses.

• Crear medidas para proteger a los denunciantes

de actos de corrupción.

• Regular procesos expeditos para la extradición.

3.2 Control de fondos públicos

• Se debe aumentar la transparencia y los controles interinstitucionales en todo el ciclo presupuestario: formulación, ejecución y auditoría.

• La nueva Contraloría será un ente colegiado, debe ser independiente, dirigido por personas altamente calificadas, que desarrollen acciones de control financiero o de gestión ex ante, paralelas y ex post a la ejecución presupuestaria.

• Revisar los criterios de la publicidad oficial, permitiendo su uso únicamente cuando sea de utilidad o necesidad pública, para evitar gastos superfluos, su uso para propaganda política, etc.

• Institucionalizar la contraloría ciudadana de la

ejecución de fondos públicos.

3.3 Estado abierto

• Las entidades estatales deben adoptar principios de “gobierno abierto”, empleando las tecnologías de la información.

• Mejorar la calidad de la información pública bajo formato de “datos abiertos” que permitan la reutilización de la información, incluyendo una ley de archivos.

• Diseñar, generar y publicar indicadores de resultados de la gestión de las instituciones públicas.

Se debe aumentar la transparencia y los controles interinstitucionales en todo el ciclo presupuestario: formulación, ejecución y auditoría.

F U S A D E S38

UN ESTADO EFICIENTE AL SERVICIO DEL CIUDADANO

1. DESAFÍO

Una administración pública eficiente, meritocrática, con vocación de servicio y visión de facilitación para la inversión. Por más de 10 años, se han enfrentado retos importantes para mejorar el clima de negocios: los altos niveles de criminalidad, excesiva burocracia, falta de certidumbre jurídica, dispersión normativa, baja competitividad, altos costos para hacer negocios, y la falta de una normativa adecuada que regule la función pública. El país debe impulsar una agenda nacional de competitividad, con una visión de largo plazo.

2. ENFOQUE

Un Estado que brinde seguridad jurídica y cuente con marcos jurídicos modernos que respondan a los actuales retos y a las nuevas formas de hacer negocios. Para que el Estado sea eficiente ofreciendo sus servicios a favor del ciudadano, se requiere de una política pública integral que, por una parte, cree las condiciones adecuadas que permitan al ciudadano acercarse a la administración pública y, por otra parte, fomente una cultura de mejora regulatoria que conlleve análisis costo-beneficio de las leyes, armonización de marcos legales, simplificación de trámites, reducción de costos y optimización de tiempos de atención y de respuesta al ciudadano. Adicionalmente se requiere un marco legal moderno que responda a las nuevas tendencias internacionales sobre cómo hacer negocios ante los desafíos de la cuarta revolución industrial. Asimismo, se requieren normas que regulen el gobierno electrónico y proporcionen la base para el desarrollo de la gama de aplicaciones, protección de datos y brinden la seguridad en el ámbito del gobierno electrónico.

También se requiere de servidores públicos con ética e integridad con aptitudes y competencias adecuadas y una visión a largo plazo en la implementación de políticas públicas. Se necesitan funcionarios dispuestos a emplear prácticas que aporten nuevas habilidades técnicas a las instituciones públicas, para la consolidación de un gobierno electrónico.

3. PROPUESTAS

3.1 Menos trámites y más eficiencia: desburocratización y mejora regulatoria.

• Promover un gobierno digital que reduzca la

tramitología y vuelva los procesos más ágiles

y que eficiente al Estado por medio de la

prestación de mejores servicios.

• Crear una “Estrategia Integral y Política

Nacional de Mejora Regulatoria y

Simplificación Administrativa” que aplique a

toda la administración pública.

• Aprobar una Ley de Mejora Regulatoria (LMR)

que contenga herramientas, tales como: la

agenda regulatoria institucional, evaluación de

impacto regulatorio, y planes institucionales

de mejora regulatoria; que incluya la creación

de una institución implementadora y un

organismo sancionador.

• Creación del Registro Público de Trámites para

todas las instituciones.

• Creación de una plataforma electrónica para

la participación ciudadana.

• Creación de un Observatorio Ciudadano para

monitorear la implementación de la Política

Nacional de Mejora Regulatoria.

• Implementación adecuada de la Ley de

Procedimientos Administrativos.

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3.2 Servidores públicos capaces e idóneos

• Aprobar un nuevo marco legal moderno del servicio público, que promueva un cambio cultural e institucional y que aplique a todo el Estado y constituya una institucionalidad rectora que vele por su implementación.

• Creación, por ley, de un ente encargado de capacitar permanentemente a los funcionarios para que se desarrolle la carrera administrativa, y se capaciten en el uso de las nuevas tecnologías de la información que ayude al establecimiento de un gobierno electrónico.

• Implementación de procesos transparentes y competitivos que premien el mérito para la contratación de funcionarios.

• Revisar el régimen de la política salarial en todo el Estado para que esté apegado a la realidad y disposición presupuestaria, con base en principios de eficiencia, mérito, transparencia y competencia.

• Implementación obligatoria de evaluaciones de desempeño de todos los funcionarios, para garantizar la estabilidad laboral y los ascensos en la carrera administrativa.

• Formación de alianzas entre la entidad capacitadora de la administración pública y universidades para fortalecer la implementación de temas técnicos.

3.3 Ambiente de negocios favorable para la inversión y el empleo

• Aprobación de una nueva ley de mediación, conciliación y arbitraje que cumpla estándares internacionales y brinde seguridad jurídica.

• Crear una Política nacional de infraestructura y fomentar la implementación de la Ley de Asocio Público Privado como un esquema alternativo para el desarrollo de infraestructura en el país.

• Aprobar reformas al Código de Comercio para

modernizar el régimen de sociedades; que sea un vehículo atractivo para facilitar negocios e inversiones en El Salvador.

• Revisar el sistema registral salvadoreño en aras de modernizarlo, uniformar criterios y eficientizarlo.

3.4 Crear un marco jurídico que posibilite nuevos esquemas para hacer negocios y responda a las necesidades de una nueva revolución industrial

• Crear un plan integral de desarrollo de gobierno electrónico entre representantes del gobierno y del sector privado.

• Implementar la Ley de Firma Electrónica y emitir la normativa técnica adecuada para su aplicación. Asimismo, se requiere fortalecer la institucionalidad rectora.

• Aprobación de una Ley de Comercio Electrónico. • Aprobación de una Ley de Datos Personales

que garantice que las personas tengan control y acceso a sus datos, así como el derecho de rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales en manos de terceros.

CONSIDERACIONES SOBRE ALIANZAS Y COOPERACIÓN

La implementación de las medidas que por su naturaleza corresponde al Estado, solo se pueden lograr mediante acuerdos políticos y voluntad institucional, sobre lo cual la sociedad debe incidir exigiendo que estos se concreten.

Para las regulaciones legislativas sobre el funcionamiento de la justicia constitucional, es indispensable el trabajo conjunto de ambas instituciones, pues las iniciativas deben surgir de la CSJ y estudiarse conjuntamente con ella. Igualmente, es necesario que la sociedad civil forme redes de trabajo y cree diálogos con los tomadores de decisión.

F U S A D E S40

Para revisar el mecanismo de elección de magistrados de la CSJ se necesitan llevar a cabo una discusión conjunta y un trabajo colaborativo entre academia, centros de pensamiento, profesionales del derecho, junto con instituciones como la CSJ, CNJ y Asamblea Legislativa.

Para mejorar la calidad de la justicia, es necesario trabajar en forma conjunta, en donde la academia deberá participar en la reforma curricular de la Licenciatura en Ciencias Jurídicas y en el análisis de las reformas legales que se proponga; y la CSJ en uso de su iniciativa de ley para temas relacionados con el Órgano Judicial deberá promover los diagnósticos y propuestas de reformas a las leyes judiciales. Para las reformas a estas últimas, también se deberá consultar e involucrar al CNJ y a los jueces, sobre todo en lo relativo a la carrera judicial. Finalmente, los abogados deberán involucrarse en el análisis del fortalecimiento de la abogacía y al funcionamiento de los tribunales.

La implementación de las reformas para crear un Sistema de Transparencia y Lucha contra la Corrupción y para fortalecer sus instituciones, se requiere de acuerdos políticos. Se requerirán reformas constitucionales que involucran, al menos, a dos legislaturas, de reformas a leyes y adopción de nueva legislación que requerirán del

apoyo del Órgano Ejecutivo para ser aprobadas y puestas en funcionamiento. Además, se requiere de la voluntad y del liderazgo de los titulares de las distintas instituciones que integrarán dicho sistema. Serán necesarias, también, alianzas entre organizaciones de la sociedad civil y del sector privado que impulsen la adopción de estas reformas y monitoreen su adecuada ejecución.

Para garantizar la modernización del Estado se requieren requiere acuerdos público-privados, en los cuales prive una visión compartida a largo plazo. Es importante la creación conjunta entre sector público y privado de una agenda de país donde se prioricen los temas estratégicos que permitan crear las condiciones adecuadas para incrementar los niveles de inversión nacional y extranjera.

Es necesario coordinar esfuerzos entre representantes del gobierno, academia, sector privado y sociedad civil en temas, tales como: el impulso de una nueva ley de la función pública, la consolidación de una estrategia de país para la mejora regulatoria y la competitividad, la aprobación de marcos jurídicos que posibiliten nuevos esquemas para hacer negocios, la creación de una Política nacional de infraestructura y la implementación de la Ley de Asocio Público Privado como un esquema alternativo para el desarrollo de infraestructura en el país.

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Es importante la creación conjunta entre sector público y privado de una agenda de país donde se prioricen los temas estratégicos que permitan crear las condiciones adecuadas para incrementar los niveles de inversión nacional y extranjera.“ ”

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EQUIDAD EN LAS ELECCIONES, CALIDAD DE LA REPRESENTACIÓN Y AUTORIDAD ELECTORAL

1. DESAFÍO

La transformación del sistema electoral, producto de las sentencias judiciales y de las reformas legislativas, la disminución de los márgenes de victoria en los comicios, y el bajo nivel de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en la autoridad electoral, demandan un rediseño institucional electoral funcional y confiable. Se trata de garantizar la organización de elecciones equitativas, limpias y transparentes; la impartición pronta e independiente de la justicia electoral; y un sistema de representación que estreche el vínculo entre electores y elegidos, permitiendo un mecanismo de rendición de cuentas más efectivo.

2. ENFOQUE DE SOLUCIÓN

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como órgano de control, requiere fortalecerse y recuperar la credibilidad del electorado, tanto en términos de gobernanza como en la administración de justicia. La profesionalización del funcionariado del TSE, la aplicación de la normativa con criterios técnicos y la contraloría efectiva contribuirán a revalorizar la función que ejerce el organismo electoral. Una vez conseguidos esos objetivos se podrán modernizar las unidades que tienen a su cargo la regulación del financiamiento político y la revisión de la legalidad de las elecciones. Lo anterior contribuirá a la equidad de los comicios, a incentivar la participación ciudadana y a aumentar

la legitimidad de los procesos y la validez de los

resultados. Por otra parte, con el propósito de

mejorar la calidad de la representación, acercando

a los ciudadanos con los representantes que

resulten electos, es necesario apostarle a procesos

de democracia interna en los que se revisen

los requisitos de elegibilidad de los candidatos

de tal forma que, desde los procesos al interior

de los partidos, se designen aspirantes que

demuestren vínculos asociativos previos con

la militancia y, en general, con los ciudadanos.

Asimismo, es necesario repensar si el tamaño

de las circunscripciones electorales promueve

una relación más efectiva entre los ciudadanos y

sus representantes. En todo caso, las iniciativas

que persigan este objetivo deben garantizar la

continuidad de un sistema multipartidista, con

pluralismo político y que faciliten el ejercicio del

sufragio al elector.

3. PROPUESTAS

El abordaje de los temas se plantea en tres dimensiones: 1. la modernización del TSE; 2. fiscalización del financiamiento político y la equidad de los comicios; y 3. la calidad de la representación política.

1. La modernización del TSE

a) Fortalecimiento • Establecimiento de la carrera administrativa

para los empleados y funcionarios electorales;• Separación de funciones administrativas y

jurisdiccionales del TSE;

• Especialización de jueces en derecho electoral;

• Cumplimiento de la sentencia de la Sala de

lo Constitucional en relación con el perfil que

deben cumplir los magistrados del TSE.

2. La fiscalización del financiamiento político y la equidad de los comicios

b) Fiscalización del financiamiento político• Creación y aplicación de mecanismos de

control independientes y efectivos;• Definición de parámetros de control de

candidatos y precandidatos;• Revisión de los montos de las multas por

infracciones cometidas;• Estudio de la imposición de sanciones

administrativas relacionadas con la nulidad de la elección del funcionario;

• Creación de la figura del administrador electoral o responsable de campaña.

c) Equidad en los comicios• Discusión de límites en el gasto de campaña;

• Supervisión del TSE sobre la pauta publicitaria

de los partidos para la campaña electoral en

los medios privados;

• Cumplimiento de los tiempos de duración de

las campañas;

• Revisión de medidas y sanciones por campaña

adelantada.

3. La calidad de la representación política

• Desarrollo de los mecanismos de elección interna de los partidos en la legislación electoral. Aún no se cumplen los parámetros de la sentencia de la Sala de lo Constitucional sobre la materia.

• Revisar los requisitos de elegibilidad de los candidatos que participan en las primarias privilegiando a aquellos que tienen vínculos asociativos previos con la comunidad.

• Regulación por ley de la depuración del padrón de los partidos para las elecciones internas.

• Participación del TSE en las elecciones internas para garantizar la transparencia del proceso.

• Revisar el tamaño de las circunscripciones medianas y grandes, con el propósito de explorar su redistribución, de tal forma que, sin afectar el sistema multipartidista y el pluralismo político, los ciudadanos identifiquen con mayor claridad a sus representantes.

• Revisión del mecanismo de conteo de los votos en elecciones legislativas.

CONSIDERACIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN

La implementación de estas propuestas debe reconocer la importancia del organismo electoral como ente de control y encargado de la distribución del poder político. Asimismo, demanda un compromiso de los partidos políticos para la aprobación de las reformas necesarias para su aplicación, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional en relación con la despartidización y profesionalización del TSE, a la libertad de opción de los electores, a los procesos de democracia interna y a la regulación del financiamiento político. Además, se requiere una labor de acompañamiento y contraloría social de parte de organizaciones de la sociedad civil y la asignación de los recursos económicos, humanos y legales necesarios para su implementación.

ALIANZAS Y COOPERACIÓN

Es necesario el establecimiento de un trabajo de coordinación entre el TSE, el Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas de la República, la Fiscalía General de la República, la Asamblea Legislativa, los partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil que promueven la reforma político–electoral.

F U S A D E S42 43

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Capítulo 4

Seguridad ciudadana

Desafío

La seguridad se posiciona como la principal preocupación de la población y afecta la confianza ciudadana en las instituciones democráticas (Latinobarómetro, 2017). La percepción desfavorable sobre la eficacia de las instituciones públicas encargadas de la provisión de seguridad y justicia, implica una pérdida de legitimidad de la acción del Estado y favorece la impunidad (BID, 2018).

El principal desafío en esta materia es superar la debilidad institucional. De las instancias encargadas de proveer seguridad y justicia depende el alcance, la efectividad y la sostenibilidad de las políticas públicas (PNUD, 2013). El bajo desempeño de las instituciones de seguridad pública y del sistema de justicia penal disminuye la capacidad del Estado para controlar y judicializar los hechos delictivos. Por otra parte, las deficiencias de estas instituciones para el ejercicio de la rendición de cuentas y la observancia del cumplimiento de los derechos humanos en las tareas de seguridad son factores que reducen el margen de maniobra para la formulación e implementación de políticas efectivas.

En El Salvador el deterioro de la situación de seguridad afecta directamente la calidad de vida de la población, los niveles de inversión y la calidad de la democracia, por lo que se constituye como un obstáculo para alcanzar el progreso y el bienestar.

cap

.4 45

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La respuesta institucional ante el incremento de

la criminalidad y violencia ha sido insuficiente,

principalmente frente al fenómeno de las pandillas.

La adopción de estrategias represivas no ha tenido

los resultados esperados (Crisis Group, 2017) por

lo que es de crucial importancia la valoración de

nuevas alternativas, legales y transparentes, que

aporten a la construcción de soluciones duraderas

frente a la violencia pandilleril.

Enfoque de solución

La prevalencia de elevados niveles de criminalidad

y violencia social conlleva costos humanos,

económicos y políticos que restringen el desarrollo

económico y social de El Salvador. El abordaje

de ambos fenómenos requiere de políticas

públicas basadas en evidencia, dentro de un

marco institucional robusto que permita articular

eficientemente las acciones de prevención y

disuasión del delito.

El diseño de una política integral requiere del

fortalecimiento de la institucionalidad para la

seguridad pública, a través de la generación

de capacidades, la coordinación del trabajo

interinstitucional y la adopción de nuevos enfoques

para la atención de los principales desafíos en

materia de seguridad. Asimismo, es necesaria

la creación de sistemas estadísticos confiables y

unificados que orienten el diseño de las estrategias

y la asignación de recursos. Estas líneas de acción

deberán acompañarse de la implementación de

medidas de prevención social de la violencia,

particularmente a nivel territorial, que fortalezcan

el tejido social y los factores de protección que

reducen la probabilidad de conductas agresivas y

promueven una cultura de paz.

Elementos para la reforma institucional

El abordaje de los fenómenos del crimen y la violencia no se limita a la reducción de los hechos delictivos, más bien deben considerar estrategias diferenciadas para la atención multinivel de diversas problemáticas (diagrama). En este sentido, las acciones para el fortalecimiento de capacidades institucionales en el ramo de seguridad y justicia, así como la implementación de estrategias de prevención social de la violencia son áreas que necesitan de reformas encaminadas hacia la consolidación de un marco institucional que permita articular eficientemente la prevención y el control como parte de una estrategia integral.

1. Fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y justicia

1.1 Generación de capacidades institucionales

La implementación de políticas integrales requiere de un entramado institucional sólido, capaz de proveer servicios de calidad, apegados al Estado de derecho; sin embargo, la persistencia de desafíos relacionados con la administración

de las instituciones y la profesionalización de funcionarios ponen de manifiesto la necesidad de generar capacidades institucionales como una condición necesaria para incrementar el grado de efectividad de los esfuerzos.

La instancia clave en la institucionalidad de seguridad es el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Esta entidad ha experimentado numerosas transformaciones que limitaron

F U S A D E S46

diagrama: líneas de acción y elementos para la reforma en materia de seguridad

Fortalecimiento de capacidades

Fuente: Elaboración propia

ComunidadEducación

Seguridad

Empleo

Capital social

Derechos y libertades individuales

Prevención social de la violencia

su desarrollo. El MJSP necesita ser dotado de mayores facultades técnicas y financieras para ejercer su función como ente rector de la política criminal y fortalecer su rol como coordinador de las estrategias de seguridad pública.

La coordinación entre la Policía Nacional Civil (PNC), el Instituto de Medicina Legal (IML), la Fiscalía General de la República (FGR) y el MJSP con el sector justicia, en un sistema integrado de atención se traduciría en mejores resultados, potenciaría la continuidad de las medidas, más allá de los ciclos electorales, y contribuiría a mejorar la percepción pública sobre el trabajo de estas instituciones.

El trabajo interinstitucional puede estar acompañado de la participación de instancias externas especializadas como la Comisión Coordinadora del Sector Justicia y otras con participación más amplia como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, como

órganos consultivos que proporcionen asistencia técnica a las entidades ya mencionadas, abonen a la construcción de políticas consensuadas y a la capitalización de experiencias exitosas.

El deterioro de la Policía Nacional Civil (PNC) requiere de la revisión de los procesos de formación impartidos por la Academia Nacional de Seguridad Pública, lo mismo que la conformación de su Consejo Académico; es necesario elevar la calidad de los programas y la revaloración de la función policial. Adicionalmente, deben institucionalizarse los procesos de evaluación del desempeño de los elementos policiales, así como la definición de mecanismos institucionales para la vigilancia del cumplimiento de la Ley de la Carrera Policial y la Ley disciplinaria de la PNC.

Finalmente, la generación de capacidades para la investigación científica es un elemento clave para la resolución de casos en las instancias judiciales y para la reducción de los niveles de impunidad. El uso de pruebas científicas permitiría reducir

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Familia

Co

mun

idad

Territorio

Legi

tim

idad

Politicas públicas

Marco legal e institucional

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los niveles de impunidad al disminuir el peso de pruebas basadas en testimonios como medio para lograr una sentencia, revitalizando la confianza de la población en el sistema judicial e incentivando la denuncia de hechos delictivos.

1.2 Políticas públicas integrales y articuladas

El diseño de políticas integrales para reducir la violencia y criminalidad está sujeto a la adecuada articulación de la política de seguridad con la política económica y social. La interacción entre estas intervenciones amplifica el alcance e impacto de los resultados, al atender de manera simultánea diferentes factores de riesgo que incentivan la violencia y el cometimiento de hechos delictivos.

Es necesario un giro de timón en el enfoque represivo de las políticas de seguridad. Si bien se reconoce la importancia de las intervenciones para el control del delito, la evolución de las pandillas y la creciente participación de estos grupos en hechos de violencia obliga a las autoridades y a la sociedad a la búsqueda de medidas alternativas, respetuosas del Estado de derecho, para la construcción de soluciones de largo plazo.

1.3 Estadísticas confiables y unificadas

Actualmente la dispersión de información, la falta de series históricas y estandarizadas, así como las diferencias metodológicas entre instituciones para el levantamiento de datos, restringen la disponibilidad de información precisa sobre los hechos de violencia y criminalidad. Estos vacíos dificultan el entendimiento de la magnitud de los desafíos y limitan la capacidad gubernamental para la planificación, diseño y evaluación de

F U S A D E S48

La seguridad se posiciona como la principal preocupación de la población y afecta la confianza ciudadana en las instituciones democráticas

La generación, sistematización y análisis de información estadística es una tarea clave para la implementación de políticas que ofrezcan soluciones efectivas a las diferentes aristas de la inseguridad.

estrategias, tanto para el control de la criminalidad y la violencia como para su prevención.

La gestión de la información y el conocimiento requieren de la creación de un sistema nacional de estadísticas criminales unificado y confiable, para lo cual se deben generar capacidades técnicas para la recolección, procesamiento y análisis de la información. La responsabilidad sobre este sistema puede estar a cargo de una unidad especializada del MJSP, responsable de la sistematización, publicación y análisis de la información, con el objetivo de generar insumos que aporten evidencias para el diseño de una política criminal, mejoren la eficiencia en la asignación de recursos y establezcan un sistema de gestión basado en resultados.

La producción de investigación aplicada a partir

de las estadísticas oficiales es otro elemento a

considerar. Para tales efectos se recomienda el

establecimiento de espacios de colaboración

con universidades, centros de pensamiento y

organizaciones de la sociedad civil con el propósito

de crear agendas de investigación permanente

sobre estos temas.

2. Prevención social de la violencia

La implementación de medidas de prevención de

la violencia debe ser una apuesta fundamental

para que El Salvador sea un lugar donde todos

colaboren para vivir en paz y progresar. En el

marco de una política integral de seguridad, es

necesario contrarrestar la violencia garantizando

la integración de la sociedad y mejorando la

calidad de vida desde los territorios, mediante tres

líneas de acción.

2.1 Cuidado y desarrollo de la niñez y juventud

En la medida que los esfuerzos de la sociedad se traduzcan en mejoras sustanciales en el acceso a derechos básicos, igualdad de oportunidades e inclusión social, el país estará encaminado a fortalecer las capacidades locales y el trabajo en redes para vivir en paz y progresar. En esta línea, es imperativo salvaguardar el rol protector de la escuela, a fin de que esta contribuya al desarrollo de las personas y el fortalecimiento de la cohesión social; ampliar las oportunidades de empleo para jóvenes, y, además, lograr familias integradas y presentes. Para garantizar ambientes escolares seguros y propicios para el aprendizaje se debe fortalecer la capacidad de directores y maestros, tanto para conducir procesos educativos de calidad, como para diseñar e implementar estrategias de prevención basadas en evidencia e información sobre las necesidades de las escuelas y municipios. Asimismo, es necesario mejorar la efectividad de las instituciones de seguridad y de educación en tareas de protección escolar. Por otra parte, generar oportunidades de empleo para jóvenes requiere la articulación entre la demanda y oferta educativa con el sector productivo del territorio, mediante el desarrollo de programas que fomenten la empleabilidad juvenil y brinden servicios de apoyo para la formación profesional y el emprendimiento. Por último, mantener familias integradas y presentes demanda el desarrollo de relaciones sanas, estables y estimulantes entre niños y padres, impulsando estrategias desde el ámbito legislativo y desde las políticas sociales.

2.2 Gestión municipal y disuasión del delito

En el territorio, la municipalidad desempeña un rol importante en la promoción de la participación de

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distintos actores, en la prevención de la violencia, y en el control del delito, su adecuada investigación y procesamiento judicial. Por ello, es necesario garantizar la eficacia en la función policial y fomentar la acción ciudadana para la seguridad de la comunidad, a fin de promover el trabajo en redes para fortalecer el tejido social, sentando las bases para la recuperación de los territorios.

Por un lado, esto requiere fortalecer las

capacidades de la autoridad municipal y la

policía municipal en tareas de seguridad pública

y prevención de la violencia, la coordinación de

esfuerzos, y el establecimiento de mecanismos

efectivos de comunicación e información entre

PNC, policía municipal y comunidades. Por

otro lado, la construcción de cultura ciudadana

fortalece los vínculos comunitarios y eleva los

niveles de participación cívica en actividades que

fomentan la integración de la comunidad.

2.3 Espacios públicos agradables y seguros

Reinventar los espacios públicos como el corazón de las comunidades es clave para integrar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas desde el territorio. La infraestructura cultural y otros espacios públicos deben ser creados o rehabilitados para fomentar la convivencia ciudadana y la recreación, facilitando el uso

adecuado del tiempo libre e impulsando medidas de prevención situacional. Esto facilita, además, un mejor diseño urbanístico, nutre la comunidad, refuerza la identidad nacional y el sentido de pertenencia de las personas, crea accesibilidad y conectividad en la comunidad, apoya la economía local, fomenta la salud y el uso creativo del espacio y propicia la integración social e interacción ciudadana. Sin embargo, para contrarrestar la violencia, no basta rehabilitar y recuperar los espacios públicos, también se debe empoderar a la ciudadanía para mantener y mejorar de manera integral la vitalidad de estos espacios y contribuir activamente en la construcción de relaciones positivas a través de su uso. En definitiva, contar con espacios públicos agradables y seguros contribuiría no solo a aumentar la seguridad ciudadana y facilitar la integración de la sociedad, sino también permitiría crear mejores condiciones para incentivar el desarrollo de los territorios.

Consideraciones para la implementación

La atención de estas áreas requiere la determinación de estrategias para superar desafíos como la adecuada coordinación interinstitucional, el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los servidores públicos dedicados a tareas de seguridad y al análisis de información, así como la determinación de fuentes de financiamiento que

F U S A D E S50

Generar oportunidades de empleo para jóvenes requiere la articulación entre la demanda y oferta educativa con el sector productivo del territorio, mediante el desarrollo de programas que fomenten la empleabilidad juvenil y brinden servicios de apoyo para la formación profesional y el emprendimiento“ ”

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proporcionen sostenibilidad a las intervenciones. Por otra parte, es necesario gestionar el conocimiento derivado de experiencias previas para construir sobre aquellos esfuerzos que ya están siendo ejecutados y presentan buenos resultados.

Alianzas y cooperación Para que estas propuestas puedan implementarse, es imperativo fomentar la participación y la

articulación de esfuerzos entre diversos actores

como el sector privado, las instituciones públicas,

tanto a nivel central como municipal, la cooperación

internacional y la academia. También es

importante asegurar un balance entre prevención

y control del delito, estimar el costo de ejecución

y establecer quién lo asumiría, definir indicadores

de seguimiento, realizar evaluaciones de impacto

y garantizar el compromiso de los tomadores de

decisiones para darle continuidad a las propuestas.

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EducaciónCapítulo 5

Desafío

La educación es un proceso para formar las habilidades y la conciencia de las personas en el presente con una mirada puesta en el futuro. Es un derecho humano que contribuye tanto a transformar vidas como a procurar el desarrollo sostenible, en la medida que es universal, inclusiva y de buena calidad desde los primero años de vida (UNESCO, 2017). Aunque su misión es la misma desde hace siglos, el reto es que esta responda a las exigencias de cada tiempo.

En la actualidad, el desafío de la educación es cumplir su misión en un contexto cada vez más global, complejo, interconectado, con avances científicos y tecnológicos acelerados, tecnologías de información y comunicación (TIC) que pueden acarrear nuevas formas de violencia (ciberacoso y ciberterrorismo) y expuesto al cambio climático. La meta es lograr que la educación esté centrada en las personas, y estas aprendan a ser, conocer, hacer y vivir con los demás a lo largo de la vida, considerando las demandas de la sociedad y el mercado laboral del siglo XXI (Luna Scott, 2015).

La educación es un medio para que las personas, desde la primera infancia, desarrollen las habilidades para adaptarse, prosperar, convivir pacíficamente y transformar positivamente su entorno.

53

cap

.5

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

Para El Salvador, responder al desafío de la educación significa asumir el compromiso de superar las brechas de acceso a la escuela y asegurar una formación integral de calidad.(FUSADES, 2013 y 2008)

Niños de Parvularia reciben clases de creatividad.

Esto implica enfatizar en la formación de ciertas habilidades, entre las que se destacan la confianza en sí mismo y la creatividad para adaptarse rápidamente a los cambios, resolver problemas, trabajar en equipo y usar la tecnología para gestionar el conocimiento e innovar. También, es importante educar para la ciudadanía, fomentando vínculos y valores compartidos, sentido de pertenencia y compromiso con la sostenibilidad de la sociedad y el planeta.

Para El Salvador, responder al desafío de la educación significa asumir el compromiso de

superar las brechas de acceso a la escuela y asegurar una formación integral de calidad (FUSADES, 2013 y 2008); de lo contrario, el país corre el riesgo de no enfrentar con inteligencia las transformaciones globales y desaprovechar las oportunidades para detonar avances económicos y sociales. No se puede continuar posponiendo el progreso y el bienestar, así como la posibilidad de que los ciudadanos realicen sus sueños y desarrollen todo su potencial en el país. Por eso, es imperativo convertir a la educación en pilar estratégico para el desarrollo y la cohesión social.

F U S A D E S54

Enfoque de solución

La política social considera a la educación como el cimiento principal para desarrollar el potencial humano y forjar una sociedad más cohesionada, respetuosa del Estado de derecho, con igualdad de oportunidades económicas y sociales para todos, y, además, capaz de integrarse y progresar en un mundo en constante transformación.

Para obtener estos resultados es importante garantizar la equidad en el acceso a la educación y optimizar su eficacia promoviendo reformas sustanciales, especialmente en los objetivos y estándares de aprendizaje del currículo nacional, la profesión docente y la organización de las escuelas. Asimismo, el ecosistema de la educación formal y la formación profesional deben tener la capacidad de adaptarse estratégicamente a la dinámica del mercado de trabajo. Se debe promover con mayor empeño la alfabetización digital, dada su creciente importancia para facilitar tanto la inserción laboral como la participación de los ciudadanos en la sociedad. Sin embargo, llevar a cabo estas transformaciones requiere más de una década. Estas solo son viables si existe compromiso de todos los actores para impulsar cambios graduales y profundos en el sistema educativo. Consecuentemente, es perentorio establecer una política de Estado en educación que sea sostenible por varios períodos de gobierno (FUSADES, 2011).

Propuestas

La transformación gradual del sistema educativo debe impulsarse alrededor de cuatro objetivos: promover las habilidades para la vida y el trabajo que el siglo XXI demanda desde la primera infancia, universalizar la educación preescolar y secundaria, mejorar la calidad de la docencia y la dirección

escolar; y, además, lograr una articulación efectiva de la educación con el sector productivo. Cada uno de estos objetivos conlleva distintas líneas estratégicas de acción, las cuales se resumen en el siguiente diagrama y se detallan en la siguiente página.

1. Habilidades para la vida y el trabajo

1.1. Resolución de problemas y adaptación al cambio

• Fortalecer el aprendizaje multidisciplinario y práctico en el currículo nacional, actualizando sus fundamentos (objetivos, estándares, etc.) y promoviendo la aplicación de conocimientos en ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemática para resolver problemas de la vida cotidiana1.

• Actualizar periódicamente los planes de estudio, guías de trabajo y libros de texto, garantizando su disponibilidad en las escuelas. Entre los contenidos y recursos a fortalecer se encuentran:

La educaciónes un proceso para formar las habilidades y la conciencia de las personas en el presente con una mirada puesta en el futuro.

1 Se refiere a introducir la Educación STEAM (Science, technology, engineering, arts & mathematics) centrada en las personas en el currículo nacional. Ver: Boy (2013) y Taylor (2016).

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lenguaje, matemática, ciencias, arte, economía, historia y geografía, robótica y educación en emprendimiento. También se deben ofrecer programas para las personas con discapacidad y los jóvenes con talentos especiales.

• Establecer el inglés como segundo idioma.

1.2. Innovación y uso de TIC para aprender

• Garantizar el acceso universal a TIC identificando alternativas tecnológicas de bajo costo, asegurar servicio de Internet aún en zonas remotas, y, además, reforzar la alfabetización digital de los docentes.

• Formar recurso humano competitivo y creativo en TIC, introduciendo en los planes de estudio contenidos y recursos para desarrollar destrezas instrumentales (uso de software, equipos y programas), y, además, tener acceso a información, evaluarla, usarla responsablemente y crear contenidos digitales. Paralelamente, se deben diseñar

métodos innovadores de aprendizaje que integren el uso de TIC en el desarrollo de capacidades para resolver problemas, investigar y despertar la creatividad.

1.3. Convivencia pacífica y ciudadanía responsable

• Profundizar la implementación de la Política Nacional de Convivencia Escolar y Cultura de Paz y el programa de Moral, Urbanidad y Cívica. Esto requiere formar a los docentes en educación cívica y de paz, estimular la creación de estrategias y recursos didácticos originales; y, además, promover el bienestar psicosocial a través de estrategias de autocuidado docente.

• Garantizar un ambiente seguro y propicio para el aprendizaje y la convivencia a través de la prevención situacional de la violencia, así como la implementación de incentivos a la

buena conducta y al trabajo en equipo.• Fomentar valores y el sentido de pertenencia

a través del arte y los deportes, acreditando a las instituciones y/o programas que ya existen y

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propuestas para transformar la educación: objetivos y líneas estratégicas de acción

• Excelencia docente• Evaluación educativa para la mejora continua.

• Resolución de problemas y adaptación al cambio.• Innovación y uso de TIC para aprender.• Convivencia pacífica y ciudadanía

responsable.

Habilidades para la vida y el trabajo

Calidad de la docencia y la dirección escolar

• Educación técnica y tecnológica media y superior

• Investigación y desarrollo científico y tecnológico.

• Formación profesional y certificación de competencias.

• Incentivos para el ingreso y la permanencia en la escuela.

• Infraestructura y ambientes adecuados.

Educación preescolar y secundaría completa

Articulación de la educacióny el sector productivo

Fuente: Elaboración propia

estén alineados a los objetivos de la educación. Ej. Escuela Nacional de Danza, el Centro Nacional de Artes y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), entre otros.

2. Educación preescolar y secundaria completa

2.1. Incentivos para ingreso y permanencia en la escuela

• Fortalecer la cobertura y calidad de servicios de desarrollo infantil temprano (DIT), educación inicial y parvularia e incentivar su demanda a través de: mantener las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) a la asistencia a la escuela para hogares en extrema pobreza, fomentar la corresponsabilidad de cuidado, y armonizar la relación empleo-familia, a través de licencias parentales y horarios de trabajo flexibles, entre otras medidas

• Lograr que más personas completen la secundaria mediante las siguientes acciones: a. reforzar los programas de becas, las modalidades flexibles y la educación inclusiva de tiempo pleno; b. facilitar la transición a la educación superior y/o el mercado laboral, ofreciendo la orientación vocacional que los estudiantes necesitan para construir un proyecto de estudios y empleo; y, c. impulsar actividades compensatorias (académicas y culturales) durante los tiempos libres y vacaciones, especialmente para los estudiantes de hogares con bajos ingresos.

2.2. Mejorar la infraestructura escolar y ambientes adecuados

• Diseñar prototipos de escuelas según las demandas de educación y la ubicación estratégica de la infraestructura educativa

en el territorio, tomando en cuenta el uso de materiales y sistemas de construcción eficientes. También se debe crear un plan de renovación y mantenimiento de la infraestructura.

• Organizar e integrar territorialmente la oferta de infraestructura cultural y deportiva para complementar la educación (Ej. Casas de la Cultura, INDES, etc.).

• Avanzar el proceso de legalización de inmuebles a favor del Ministerio de Educación en el Centro Nacional de Registro.

3. Calidad de la docencia y la dirección escolar

3.1. Lograr la excelencia docente

• Fortalecer al Instituto Nacional de Formación Docente como una entidad autónoma capaz de coordinar y garantizar procesos de formación docente (inicial y continua) de calidad. Además de articular la formación con una política de profesionalización docente que sea sostenible.Es vital renovar los planes de estudio y revisar tanto los requisitos de ingreso a la formación inicial como al ejercicio de la profesión. Esto último implica establecer un proceso de inducción al magisterio para los graduados de la formación inicial, mecanismos de evaluación del desempeño y recertificación profesional. También se debe exigir la especialización en administración educativa para optar a cargos directivos, así como estimular la creación de “comunidades de aprendizaje” y un fondo de becas de posgrado para docentes en servicio

• Revisar la estructura salarial de los docentes (ej. diferenciaciones salariales según el grado académico y aumentos con base en méritos y no años de servicio) y crear incentivos que

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estimulen el desarrollo profesional, el buen desempeño y la formación en áreas deficitarias (ej. ciencias, artes e inglés).

3.2. Implementar un sistema de evaluación educativa para la mejora continua

• Actualizar el sistema nacional de evaluación a nuevos estándares de aprendizaje y gestión educativa, y generar información sobre políticas, gestión educativa, aprendizajes, desempeño docente y condiciones de los centros escolares.

• Mejorar la eficacia de las pruebas estandarizadas y diagnósticas y la difusión de sus resultados, diferenciando el uso de la información que cada una genera y sus aportes a la toma de decisiones para mejorar los aprendizajes.

4. Articulación de la educación con el sector productivo

4.1. Fortalecer la educación técnica y tecnológica media y superior mejorando su vinculación con el mercado laboral y ampliando el acceso a esta formación

• Establecer un Marco Nacional de Cualificación (ocupaciones y competencias) y Comités Sectoriales, conformados por instituciones educativas y empresas, para orientar cómo adaptar la educación a los requerimientos del sector productivo.

• Facilitar la transición de la escuela al trabajo mediante programas de pasantías, aprendizaje dual (teoría y práctica laboral) y emprendimiento.

• Homologar los títulos y programas de estudio en áreas técnicas y tecnológicas del nivel medio

con las de nivel superior, según los estándares de formación para cada perfil profesional.

• Establecer mecanismos de intermediación laboral en las instituciones educativas e incentivar a los empleadores a que adquieran compromisos de contratación con estas.

• Crear un programa de becas con fondos públicos y privados, que incluya un programa especial para atraer mujeres a las carreras técnicas y tecnológicas.

• Establecer un marco regulatorio e incentivos para la certificación y acreditación de las instituciones educativas, los docentes técnicos y los programas que cumplen estándares internacionales.

4.2. Impulsar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico

• Estimular la generación de conocimiento y transferencia tecnológica en las Instituciones de Educación Superior (IES) en el marco de una agenda nacional de investigación estratégica, mediante las siguientes acciones: a. crear una plataforma que conecte el emprendimiento e innovación surgidos de la ciencia y la tecnología, con necesidades y oportunidades en la economía y la sociedad;b. fortalecer las capacidades de investigación de los profesores e incentivar la publicación en revistas científicas internacionales y el registro de patentes; c. crear programas de maestría y doctorado que permitan al estudiante trabajar en un proyecto para una empresa; y, d. crear redes transnacionales de salvadoreños altamente calificados para fortalecer las capacidades de investigación y desarrollo científico.

• Establecer un esquema de incentivos a empresas que aporten recursos para la investigación, programas de pasantías y becas .

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4.3. Apuntalar la formación profesional e instituir la certificación de competencias

• Establecer un sistema de certificación de competencias para elevar la calidad del empleo y estimular la demanda de capacitación.

• Aprobar una ley de aprendizaje congruente con las exigencias de las empresas y establecer mecanismos para estimular la demanda y oferta de aprendices.

• Promover la innovación en las áreas de formación tecnológica del sector industrial con fondos de INSAFORP, según estándares internacionales.

• Ofrecer formación profesional certificada por INSAFORP a través de las instituciones de educación media y superior técnica.

Consideraciones para su implementación

Para que estas propuestas puedan implementarse

es esencial considerar a la educación como eje del

fortalecimiento del tejido social y del desarrollo del

país. La sociedad misma y su futuro dependen, en

gran medida, del compromiso con las causas justas,

los valores humanos y la voluntad de cooperar de

las personas para producir bienestar y promover

el bien común. Desarrollar las habilidades para

la vida y el trabajo que el siglo XXI demanda está

en función de la capacidad para alcanzar la

excelencia de la educación; y esto comienza por

recuperar el prestigio y la valoración social de

la profesión docente. Asimismo, es necesario

movilizar más recursos públicos, privados y de

la cooperación internacional para invertir en

educación, asegurando tanto la eficiencia en el uso

de los recursos financieros y humanos, así como

sostenibilidad en el tiempo. La continuidad de las

reformas a la educación exige voluntad política y

compromiso de todos los actores, especialmente

de los tomadores de decisiones, empresarios,

docentes y padres de familia.

También son ineludibles los ajustes al marco

jurídico que rige a la educación y concierne a la

docencia y la puesta en marcha de la estrategia

e-país. Esta última daría el impulso necesario para

aumentar la conectividad digital, tan necesaria para

aprovechar el acceso a información y conocimiento

e integrarse al mundo. Finalmente, es clave crear

un sistema de información, monitoreo y evaluación

de las reformas a la educación con base en metas

e indicadores de seguimiento, identificando áreas

que necesiten apoyo para superar obstáculos y

obtener buenos resultados.

Alianzas y cooperación

Para que todos los salvadoreños cuenten con las mismas oportunidades de acceso a una formación integral de calidad, es esencial crear y fortalecer alianzas que promuevan la participación, coordinación y cooperación entre distintos actores. Se destacan las siguientes redes de trabajo: instituciones públicas, sector privado y cooperación internacional; familias, instituciones educativas y comunidades; educación y sector privado; profesionales salvadoreños en el exterior y universidades líderes en el exterior. En la medida que la responsabilidad por la educación de calidad sea compartida, mayor será la posibilidad de ampliar la igualdad de oportunidades para que las personas, especialmente la niñez y juventud, puedan desarrollarse, ejercer una ciudadanía

responsable y emprender sus sueños.

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Salud y Medio Ambiente

Capítulo 6

Desafío

La salud es un derecho humano clave para el desarrollo sostenible (OPS, 2013). Las personas sanas gozan de bienestar físico y mental y son más capaces de aprender, trabajar y contribuir positivamente a la sociedad. Este resultado depende no solo del acceso a servicios sanitarios de calidad y el compromiso con el autocuidado, independientemente de la condición socioeconómica, sino también de la reducción de amenazas ambientales. De las condiciones de salubridad de la población y el entorno pende la sostenibilidad del desarrollo.

Nuevos patrones de crecimiento, mortalidad y morbilidad de la población requieren esquemas de atención en salud distintos. Este reto se explica por varias razones: el aumento en la probabilidad de vivir más años, cambios en el estilo de vida, la urbanización acelerada y no planificada, la pobreza, así como por los efectos del medio ambiente en la salud. Esta situación ha ocasionado que a

La salud es un derecho humano clave para el desarrollo sostenible. Las personas sanas gozan de bienestar físico y mental y son más capaces de aprender, trabajar y contribuir positivamente a la sociedad.

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cap

.6

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la persistencia de enfermedades infecciosas y de alta transmisibilidad1, se sume el aumento de enfermedades no transmisibles (ENT), principalmente las cardiovasculares, diabetes, insuficiencia renal y cáncer. Existe, además, una mayor demanda de atención a trastornos mentales y traumatismos causados por accidentes de tránsito y la violencia. Esta realidad, que es común en países de América Latina como El Salvador, exige que los sistemas de salud sean más flexibles, tengan mejores esquemas de vigilancia y control de enfermedades, y mayor capacidad resolutiva y de articulación con otros sectores para construir bienestar (OPS, 2017).

Enfoque de solución

Los avances en salud y medio ambiente son insuficientes para sostener el desarrollo, en un país más urbano, densamente poblado, afectado por la violencia y vulnerable a la contaminación, los riesgos naturales2 y los impactos del cambio climático (FUSADES, 2013, 2008a y 2007). Cambiar esta situación exige asegurar el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de salud, así como fortalecer la capacidad del sistema sanitario para prevenir y atender la doble carga de enfermedades (infecciosas y no transmisibles). La reducción del sobrepeso y la obesidad evitaría el alza de ENT; y, ampliar los servicios de cuidado en salud mental contribuiría al bienestar de las

personas y las comunidades. Simultáneamente, se debe mejorar la calidad del agua, el aire y los suelos, entre otros factores que determinan la salud y la vida.

Por ende, una de las prioridades de la estrategia de desarrollo debe ser lograr el más alto nivel posible de salud física y mental de todos los salvadoreños. Lo anterior demanda el diseño de políticas públicas con perspectiva de mediano y largo plazo, orientadas a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión sanitaria y ambiental. Dichas políticas deben buscar consolidar un sistema de salud integrado y proactivo con servicios de calidad; promover una cultura de salud preventiva, donde la persona es un sujeto activo en la construcción de su salud; y, establecer mecanismos que favorezcan la solución interinstitucional de problemas relacionados con la salud de la población que son influenciados por diferentes factores, entre los cuales se destacan los ambientales y sociales.

1 Las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos (bacterias, virus, parásitos u hongos) y pueden transmitirse directa o indirectamente de una persona a otra. Por ejemplo: gripe, tuberculosis, dengue, zika, chagas y lepra, entre otros padecimientos.

2 En El Salvador, los principales riesgos naturales de tipo geológico son los sismos, las erupciones volcánicas y los deslizamientos; y, de tipo climático son las inundaciones y las sequías (FUSADES, 2007).

Si la gestión sanitaria y ambiental es capaz de

lograr que las personas puedan progresar y

autorrealizarse en un ecosistema sano, la

sostenibilidad del desarrollo y la sociedad salvadoreña

dejaría de estar en vilo.

F U S A D E S62

Elementos para mejorar la gestión sanitaria y ambiental

Los esfuerzos para promover el bienestar físico y mental de todas las personas comienzan por asumir la responsabilidad de definir una hoja de ruta para reformar la gestión sanitaria y ambiental. Se propone que dicho plan incluya, al menos, cuatro objetivos considerados imprescindibles:

1. Mayor integración y eficacia del sistema de salud, fortaleciendo su capacidad institucional y de organización, la gestión del recurso humano y la implementación de tecnologías adecuadas de atención a personas.

2. Acceso equitativo de las personas a atención primaria de salud a lo largo de toda su vida, mejorando la capacidad para gestionar y coordinar los casos, regular los flujos hacia servicios especializados y hospitalarios,

prevenir enfermedades, promover la alimentación saludable y ofrecer asistencia sanitaria urgente.

3. Considerar la salud pública como un elemento clave del ordenamiento territorial, a fin de promover la creación de regiones y ciudades saludables y sostenibles. Y,

4. Garantizar la calidad del agua y del saneamiento en tanto son determinantes esenciales de la salud pública, mejorando la gestión integrada del recurso hídrico y el manejo adecuado de los residuos.

Una representación visual de estos objetivos

con sus respectivas líneas estratégicas puede

encontrarse en el siguiente diagrama, y,

posteriormente, se presentan algunos elementos

que explican tanto su importancia, áreas de interés

y el alcance que podrían tener en el marco de una

estrategia de desarrollo para el país.

03

ojetivos y líneas estratégicas para mejorar la gestión sanitaria y ambiental

• Capacidad institucional y organizacional

• Gestión del recurso humano• Tecnologías de atención a personas

• Modelos de atención • Alimentación saludable• Sistema de emergencias médicas

Atención primaria efectiva

Integración y eficacia del sistema de salud • Gestión integrada del recurso

hídrico• Saneamiento y manejo de

residuos

• Territorios saludables y sostenibles • Prevención y mitigación de riesgos

Ordenamiento territorial y salud pública

Calidad del agua y el saneamiento

Fuente: Elaboración propia

Salud y medio

ambiente04

02

01

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1. Integración y eficacia del sistema de salud

Para universalizar el acceso a servicios sanitarios de calidad es fundamental mejorar la capacidad institucional y organizacional del Sistema Nacional de Salud (SNS), reforzando la función rectora del Ministerio de Salud (MINSAL) y avanzando gradualmente hacia la integración del sistema. Esto implica homologar los estándares de calidad en la provisión de servicios del MINSAL (el mayor proveedor), el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM), Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), el Comando de Sanidad Militar (COSAM) y el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). Para lograrlo, se debe partir de un diagnóstico de capacidades y necesidades de los proveedores, a fin de reorganizar su oferta de atención sanitaria, definir las competencias de cada uno y acordar cuáles mecanismos legales y administrativos deberían ser modificados o creados para optimizar el uso de los recursos disponibles y ampliar el acceso a los servicios. En relación con esto último, es importante establecer mecanismos para ampliar la base de cotizantes al seguro social, creando opciones de afiliación a personas independientemente de su situación laboral o estatus socioeconómico. Paralelamente, se debe considerar la creación y/o fortalecimiento de una instancia independiente que vele por los derechos de los usuarios y esté facultada legalmente para asegurar la calidad en la provisión de servicios de salud.

Mejorar la calidad y calidez en servicios de salud

también pasa por fortalecer la formación y el

desarrollo de los profesionales de salud. Todo

comienza por asegurar que las instituciones

educativas que ofrecen carreras en el área de

salud cuenten con planes de estudios actualizados.

También el SNS debe contar con perfiles claros para cada puesto y mecanismos rigurosos de selección y evaluación del recurso humano, de modo que solamente los más calificados puedan ingresar al sistema y permanecer en él. Para promover el buen desempeño es imprescindible revisar el sistema de compensación y jornada laboral del personal médico y crear programas de desarrollo para profesionales en servicio. Sería conveniente instituir un sistema de premios para el personal médico que se destaca por su vocación de servicio, buenas prácticas de atención a pacientes o investigaciones. También se deben establecer incentivos para disminuir el ausentismo, especialmente en áreas rurales, y procurar una distribución geográfica eficiente de profesionales de la salud según la demanda.

La eficiencia y eficacia de los servicios sanitarios se puede maximizar contando con las tecnologías apropiadas de atención a personas en tres áreas prioritarias. La primera está relacionada con el diseño e implementación de protocolos y guías de práctica clínica basados en estándares internacionales y el mejoramiento del suministro de medicamentos y otros insumos para garantizar su disponibilidad y acceso. Se requieren procesos efectivos de planificación de los gastos en medicamentos y otros insumos con base en las necesidades del sistema. Y, para promover su uso racional, apremia la creación de incentivos a prescriptores y usuarios, contribuyéndose así a reducir el desperdicio de recursos, los errores de medicación, la resistencia a los antimicrobianos, entre otras consecuencias nocivas a la salud pública. También sería beneficioso aprovechar los avances internacionales en dispositivos y equipos de apoyo a personas con discapacidad (tecnologías asistenciales) adaptándolos a la realidad del país. La segunda tecnología de salud

F U S A D E S64

a mejorar es la infraestructura y el equipamiento hospitalario. Es indispensable diseñar un plan maestro de inversión de mediano y largo plazo para modernizar las instalaciones de salud, adquirir equipos de alta tecnología y velar por su mantenimiento, considerando diversas opciones de financiamiento. Y, finalmente, la tercera área a fortalecer es el sistema de información para la salud. Se necesita incorporar tecnología informática moderna para varios fines, entre los que se destacan: unificar los datos sobre los usuarios utilizando un número único de identidad, proveer información y generar conocimiento útil para fortalecer la vigilancia epidemiológica y su capacidad de respuesta, y, además, aumentar la capacidad para trabajar en red con todas las instituciones que producen datos de utilidad para el sector salud.

2. Atención primaria efectiva

Lograr asistencia sanitaria básica de calidad para todas las personas a lo largo de su vida demanda la implementación de modelos flexibles de atención, promoción de la salud y prevención de enfermedades a un costo asequible para el país. Para alcanzar esta meta es imperativo partir de la evaluación de los modelos existentes basados

en el establecimiento de redes de servicios y equipos comunitarios de salud, a fin de identificar sus ventajas, limitaciones y recomendar medidas específicas para mejorar la cobertura según las necesidades territoriales, especialmente en zonas rurales remotas. Es necesario que los proveedores del SNS trabajen bajo esquemas de responsabilidad compartida, aplicando mecanismos coordinados de atención, sistemas de referencia y regulaciones comunes para la gestión de medicamentos, protocolos y guías de práctica clínica, y sistemas de información. Para mejorar la coordinación entre diferentes niveles de atención y reducir la carga hospitalaria se requiere fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia de pacientes. También el establecimiento de un sistema automatizado de control de expedientes y citas médicas ayudaría a agilizar las rutinas administrativas, reducir los tiempos de espera de los pacientes para ser atendidos, crear historiales clínicos electrónicos que facilitan diagnósticos y el trabajo de equipos médicos, entre otros beneficios que contribuyen a optimizar la gestión de servicios de salud.

En lo que respecta a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, es importante fomentar la alimentación saludable de las personas desde los primeros años de vida. Se necesita desarrollar la capacidad del SNS para vigilar la

Lograr asistencia sanitaria básica de calidad para todas las personas a lo largo de su vida demanda la implementación de modelos flexibles de atención, promoción de la salud y prevención de enfermedades a un costo asequible para el país.

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situación nutricional del país y definir o vigorizar políticas basadas en evidencia. Por sus múltiples beneficios en el desarrollo y la salud de la niñez, es perentorio seguir fomentando la seguridad nutricional de mujeres embarazadas e infantes a través de programas de suplementación de nutrientes (hierro, vitamina A, zinc y ácido fólico), la lactancia materna exclusiva hasta los seis meses de edad, seguidas por la lactancia prolongada y alimentación complementaria adecuada.

Aunque es importante continuar los esfuerzos para reducir la desnutrición, es necesario contrarrestar el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles relacionadas principalmente con el régimen alimentario, las cuales se han convertido en un problema grave de salud pública. Por consiguiente, se debe fortalecer la promoción de estilos de vida saludables a través de los centros de salud, los promotores de las comunidades y las escuelas. Además, es transcendental incentivar la creación de espacios de participación de la industria alimentaria en el desarrollo de marcos normativos, productos con mejores perfiles nutricionales, programas de educación alimentaria y nutricional y

proyectos de investigación en salud y nutrición. Por la importancia que tiene en salvar o no la vida de una persona que demanda atención sanitaria urgente, un área que necesita mayor reconocimiento y recursos es el sistema de emergencias médicas. El reto es desarrollar la plataforma básica de operación que existe evidenciando mayor grado de compromiso con su financiamiento y sostenibilidad en el tiempo. La calidad asistencial del sistema de emergencias depende de la reducción de los tiempos de respuesta, la selección y adjudicación efectiva de los recursos desde las cabinas de despacho médico y la satisfacción de los usuarios al ser atendidos por personal idóneo, cordial y con capacidad resolutiva. Por consiguiente, es fundamental contar con suficiente personal (sanitario, radioperadores, de apoyo logístico y administrativo) formado en la prestación de servicios de emergencias y urgencias médicas. Para el personal en servicio, dicha formación debe ser continua y estar basada en protocolos y guías de actuación con estándares altos de calidad. En cuanto a los recursos físicos,

Es fundamental contar con suficiente personal formado en la prestación de servicios de emergencias y urgencias médicas.

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además de asegurar instalaciones y equipos adecuados, es recomendable aprovechar la infraestructura sanitaria existente, articulando con mayor eficacia el sistema de emergencias con la red de hospitales regionales y asegurando el traslado de pacientes a los centros de atención en ambulancias debidamente equipadas

3. Ordenamiento territorial y salud pública

El crecimiento urbano y los cambios demográficos ponen al descubierto la necesidad de articular mejor la planificación territorial con el logro de objetivos nacionales de salud pública y ambiental.

Partiendo del reconocimiento de los efectos del desarrollo urbano en la salud, es inexcusable garantizar que la política de ordenamiento territorial favorezca el establecimiento de ciudades y otros asentamientos humanos saludables y sostenibles. Es decir, núcleos poblacionales en donde se asegura la provisión de servicios básicos (agua potable, saneamiento y energía eléctrica), se neutraliza la contaminación, se procuran entornos salubres mejorando el diseño funcional de las zonas construidas, y, además, se facilitan parques públicos e instalaciones deportivas y culturales que contribuyen a promover tanto la convivencia como la salud física y mental. Adicionalmente, se debe exigir la urbanización en zonas que no sean susceptibles a riesgos, el uso adecuado del suelo, la eficiencia energética, la utilización progresiva de energías renovables y la protección del medio ambiente. En lo que respecta a la prevención y mitigación de riesgos, interesa fortalecer los sistemas de información, alerta y atención a emergencias ocasionadas por fenómenos naturales, así como la capacidad de las municipalidades y las comunidades para adaptarse al cambio climático.

En el marco de una estrategia de ordenamiento territorial también se debe impulsar el establecimiento de un sistema de transporte público que proteja y promueva la salud de las personas. La meta debe ser reducir los riesgos en la contaminación del aire, las lesiones por accidentes de tránsito y la violencia, problemas muy sentidos por la población que utiliza frecuentemente este medio para movilizarse. En ese sentido, es necesario definir una política de transporte público asequible, seguro y no contaminante, acompañado de un marco institucional capaz de dirimir conflictos (entre usuarios, empresas de transporte y el Estado) y aplicar sanciones e incentivos para el mejoramiento continuo de los servicios.

4. Calidad del agua y el saneamiento

El acceso a agua salubre y a instalaciones sanitarias adecuadas para todos es un derecho humano, y, además, un paso importante en la prevención de enfermedades; por ende, es importante contar con estrategias de gestión integrada de los recursos hídricos y de saneamiento ambiental que incorporen este enfoque.

La gestión integrada del recurso hídrico debe asegurar que el manejo del agua, la tierra y otros recursos naturales contribuyan a maximizar el bienestar, incluyendo la salud pública, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas. Se necesita contar con un marco institucional y normativo sustentado sobre criterios de equidad, eficiencia económica y sostenibilidad ecológica, con el propósito de asegurar la disponibilidad y el acceso continuo y asequible del líquido para toda la población. Siendo el agua, como recurso natural, un bien público, la legislación relacionada debe apegarse a las buenas prácticas internacionales. Es fundamental que una entidad rectora autónoma

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ordene el sector hídrico e incentive la combinación

de esfuerzos de múltiples actores para el logro de

metas de conservación, protección y uso eficiente

del recurso. Bajo este marco, interesa fortalecer

los programas de manejo de cuencas hidrográficas

nacionales y transfronterizas, coordinando

acciones con las municipalidades, así como

impulsar iniciativas para proteger y recuperar

las riberas y el caudal del río Lempa. También es

importante promover la cultura de protección,

conservación, tratamiento y uso eficiente del agua

en todos los sectores. Esto incluye la creación

de programas de gestión eficiente de recursos

hídricos en sectores económicos claves, con énfasis

en la adaptación al cambio climático. Además, es

imperativo fortalecer el sistema de información

sobre la disponibilidad del agua para planificar la

producción y uso del recurso en el largo plazo.

Impulsar políticas efectivas de saneamiento y manejo de residuos es otra manera de contribuir a reducir los riesgos para la salud. Para su diseño, se requiere contar con un sistema sólido de información e indicadores sobre contaminación ambiental y generación de desechos. Y, para que su implementación sea efectiva, se necesita no solo fortalecer la institucionalidad existente y la capacidad técnica del sector público, sino también garantizar las inversiones costo-eficientes en esta área. El manejo de residuos debe formar parte de los planes de desarrollo de los gobiernos locales; y, para que este sea integral, debe partir de un conjunto de disposiciones normativas y técnicas que orienten el destino y tratamiento de los desechos, desde su generación hasta la disposición final. También se debe fomentar la asociatividad municipal para el manejo de desechos en todas las regiones del país. La racionalidad ecológica del

manejo de residuos debe promoverse a través de varias acciones, tales como: el mejoramiento del control de desechos peligrosos, la creación de

programas de reciclaje, reducción y reutilización

de materiales; campañas educativas masivas

sobre la importancia del buen manejo de los

desechos, y, además, la creación de incentivos

para impulsar procesos de producción más limpia

en las empresas.

Consideraciones para su implementación

Mejorar la salud y el medio ambiente requiere de una estrategia intersectorial con visión de mediano a largo plazo, acompañada de una revisión del marco legal vigente y voluntad política para impulsarla. Para facilitar la definición de dicha estrategia es importante contar con espacios de diálogo y coordinación entre distintos actores que sean efectivos. También es esencial realizar un nuevo censo de población para determinar con mayor certeza dónde se ubican brechas de acceso a salud y otros servicios sociales para planificar mejor las acciones y distribuir mejor los recursos. Además, en la promoción de la cultura de salud preventiva y de conservación del medio ambiente

es fundamental el apoyo del sector educación.

La implementación de políticas y programas en estas áreas del desarrollo dependerá del incremento de ingresos fiscales y la eficiencia de la inversión pública. Y, para dar seguimiento a su ejecución a lo largo del tiempo será imprescindible instaurar sistemas de monitoreo y evaluación que ayuden tanto a medir su efectividad como a detectar dónde es necesario hacer ajustes. Finalmente, la implementación de la estrategia de gobierno digital (e-país) contribuiría a mejorar

F U S A D E S68

la provisión de servicios, la transparencia y la

rendición de cuentas de la administración pública.

Alianzas y cooperación

Lograr el más alto nivel posible de salud de los

salvadoreños requiere del trabajo coordinado de

distintos actores y sectores de la sociedad. Los

asocios público-privados contribuirían a apalancar

la inversión, gestionar infraestructura y proveer

servicios. Además, la construcción de alianzas

con municipalidades y comunidades ayudaría

a mejorar la eficacia de la gestión sanitaria y

ambiental. Asimismo, es necesario trabajar

con los organismos no gubernamentales para complementar la prestación de servicios de salud en el ámbito local; con la academia, para fomentar la investigación científica, y también con los cooperantes internacionales para complementar

los esfuerzos nacionales.

Finalmente, es importante promover la participación de la sociedad civil en procesos de auditoría social, orientados a evaluar los resultados de las políticas públicas y el uso eficiente de los mismos. Esto contribuiría a fortalecer la rendición de cuentas y permitiría a los ciudadanos exigir a la administración pública la provisión de servicios

que satisfagan las demandas de la población.

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

Infraestructura y conectividad

Capítulo 7

En este capítulo se propone crear el Sistema Nacional de Infraestructura Estratégica (SNIE), enfatizando su financiamiento vía Asocios Público Privados (APP); se proponen medidas concretas para asegurar acceso a energía y conectividad en tres sectores de infraestructura: a) transporte, b) energía y c) tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ( Ver gráfica).

1. Desafío: Convertir a El Salvador en un centro logístico, con una infraestructura moderna, que mejore la calidad de vida, que sea inclusiva y sostenible y se adapte a los cambios tecnológicos

El Salvador no está avanzando con la celeridad que se necesita, y está retrocediendo en su infraestructura, en comparación con otros países.

Los países que han crecido aceleradamente han gozado de una infraestructura moderna. La cuarta revolución industrial está transformando el mundo; El Salvador tiene el desafío no solo de reducir las brechas en infraestructura, sino, también, prepararse para estos cambios.

71

cap

.7

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

Energía

1.1 Infraestructura de transporte para un desarrollo sostenible

e inclusivo

Un país pequeño con un mercado doméstico reducido, debe aprovechar las oportunidades en el exterior, pero el estado actual de la infraestructura del país no facilita esta inserción. No abona a esta situación el hecho que no se encuentre un plan nacional de infraestructura.

De 2006 a 2017, el país perdió 23 posiciones en el componente de infraestructura, del Índice Global de Competitividad (IGC) del Foro Económico Mundial (FEM); el retroceso se observó en la calidad de la infraestructura en general y en la de los distintos tipos de transporte: terrestre, aéreo y portuario. Hace unos años, El Salvador ocupaba el primer lugar en la región por su aeropuerto; sin

embargo, de tener el puesto 25 en 2006 retrocedió al 99 en 2017, siendo ampliamente superado por Panamá, el cual en ese mismo año se ubicó en la casilla 11. En el Índice de Desempeño Logístico, El Salvador retrocedió 17 puestos de 2006 a 2017; desmejorando, sobre todo, en infraestructura y aduanas; y perdió 16 posiciones en el Índice de Facilitación del Comercio (IFC) de 2008 a 2016; entre otros indicadores.

La distribución desigual de la actividad económica en el territorio nacional, se refleja en la infraestructura; la red principal de carreteras de El Salvador no está en condiciones óptimas en algunos tramos; hay costos altos por los congestionamientos en carreteras y zonas urbanas.

El puerto de Acajutla no está adecuadamente equipado; mientras que el puerto La Unión no ha logrado ser concesionado. No se ha seguido el plan maestro a gran escala en la modernización del

infraestructura y conectividad

Fuente: Elaboración propia

Transporte

• Ampliar corredores logísticos• Ampliar AIES a través APP• Mejorar logística de flujos comerciales

• Actualizar regulación para autogeneradores y nuevas tecnologías• Generar mayor competencia• Aumentar generación geotérmica

1

2

TIC

• Gobierno electrónico• Internet universal• Banda ancha universal

3

CNIE

Consejo Nacional de Infraestructura Estratégica, aporta visión estratégica en elaboración del Plan Nacional de Infraestructura e Identificación de prioridades.

APP

Asocios público privados son la modalidad que permite obtener el financiamiento millonario necesario para desarrollar la infraestructura que necesita el país.

propuestas transversales

sectores infraestructura:

F U S A D E S72 73

aeropuerto, la falta de visión pone en peligro que el país pueda continuar siendo un hub regional.

El desafío es convertir a El Salvador en un centro logístico, que cuente con una infraestructura y servicios de transporte moderno, que se adapte a los cambios tecnológicos; que conecte el interior del país y a este con el mundo. Una infraestructura amigable con el medio ambiente que tenga como objetivo final a todos los salvadoreños.

1.2 Energía

La digitalización, el surgimiento de otras fuentes de energía, las baterías para acumular energía solar, y las interconexiones de redes, están revolucionando el sector y ofreciendo nuevas oportunidades. Las transformaciones en el sector también están incidiendo en nuevas formas de transporte: vehículos y buses eléctricos y carros autónomos, para los que se necesitarán nuevas formas de infraestructura.

El sector eléctrico ha experimentado cambios positivos; en 2007 se creó el Consejo Nacional de Energía (CNE), que emitió la Política Nacional de Energía de El Salvador 2010-2024. Además, desde 2011, la marginación de precios está basada en los costos variables de producción; este cambio y los contratos a largo plazo, han contribuido a estabilizar los precios, atraer inversión en energías renovables, y diversificar la matriz. La cobertura del suministro eléctrico en el ámbito nacional se ha ampliado, en 2017 el 96.7% de los hogares tenía electricidad.

Sin embargo, quedan cuatro retos importantes.

El primero es en cuanto a calidad, costo y acceso;

en el IGC, El Salvador retrocedió en la calidad de

suministro de la energía eléctrica, de la posición

49 en 2006 a la 73 en 2017. En abril de 2018, El Salvador tenía el segundo lugar en las tarifas residenciales más altas de la región; y ocupaba el tercer lugar, de los seis países centroamericanos, en la tarifa industrial1. En 2017, un 3.3% de los hogares salvadoreños todavía no tenía acceso a electricidad.

En segundo lugar, la matriz energética se ha diversificado pero las nuevas energías renovables tienen todavía una participación menor. Un cambio importante ha sido la reducción de la dependencia de la energía térmica que es más cara y contaminante; sin embargo, son las importaciones las que han aumentado su inyección; El Salvador debe aumentar la generación de energías más limpias, y no depender tanto de las importaciones2.

Tercero, la energía geotérmica tiene precios competitivos y es una de las más limpias; para aprovecharla se necesita de recurso humano especializado e inversiones millonarias, y pasar por un proceso largo de exploración. Con el litigio CEL-ENEL, el país retrocedió; la operación afectó la situación financiera, y no se están realizando las inversiones que se necesitan; la participación de esta energía cayó de 24.8% en 2010 a 22.3% en 2015, manteniéndose así durante los últimos años.

En cuarto lugar, hay poca competencia en transmisión y comercialización. La transmisión de energía es monopolio estatal, y la competencia de parte de los comercializadores es limitada. Actualmente es difícil cambiar de una distribuidora y pasar a contratar directamente con un comercializador; los trámites son excesivos, y el

1 Estadísticas del CNE.2 Cuando la planta de gas inicie sus operaciones en 2020, y

la planta solar aumente su inyección, la matriz energética se diversificará y se espera que se reduzca la participación de las importaciones, pero debe continuar elevando su generación para hacer frente a la demanda creciente.

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F U S A D E S74

rezago de tres meses con que se aplican las tarifas, ha generado una deuda que dificulta la separación del consumidor final.

El marco regulatorio se está quedando atrás; han surgido generadores de energía solar para autoconsumo, pero no está adecuadamente regulada la venta de sus excedentes y el precio.

El desafío es implementar una política nacional de energía que logre un mercado eficiente; que promueva el uso de energías de calidad, limpias y sostenibles, a precios competitivos; que todos los salvadoreños tengan acceso al recurso energético; y que la regulación se actualice para adaptarse a los cambios tecnológicos.

1.3 Tecnologías de la información y la comunicación

La automatización y la inteligencia artificial afectarán el 50% de la economía mundial, impactando en 1,200 millones de trabajadores cuyos puestos serán desplazados3. Se estima que un incremento del 10% en la penetración de móviles equivale a un aumento del 0.6% en el PIB4. El Banco Mundial ha proyectado que un alza del 10% en el acceso a Internet puede significar un aumento de 1.38% en el PIB en los países en vías de desarrollo5.

A través de los años se han creado instituciones y programas para impulsar las TIC en el país; y

el gobierno ha ido automatizando sus procesos y brindando más información digital; las declaraciones y pago de impuestos en línea ha sido una mejora importante. Sin embargo, los avances de los distintos programas, incluyendo e-gobierno (2004) y e-país (2005) han sido pocos; no se ha tenido visión y compromiso, y no se han asignado los recursos suficientes.

A finales de 2004, la cooperación japonesa presentó el Plan Maestro en Tecnologías de Información para El Salvador; en julio de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un diagnóstico sobre la situación del programa e-gobierno. Además, la Cámara Salvadoreña de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CasaTIC) publicó la Agenda El Salvador Digital 2017-20226, una propuesta que puede servir de base para un programa de Estado. Sin embargo, no hay una visión estratégica integral para la digitalización del país, y no se tiene un plan integral para impulsar las TIC.

Son distintos indicadores los que muestran que el país se está quedando atrás; en el pilar de preparación tecnológica del IGC, El Salvador retrocedió 31 puestos de 2006 a 2017; existe bastante desventaja en la capacidad de las empresas para absorber tecnología, y en inversión extranjera para transferir tecnología. En el pilar de disponibilidad de uso de TIC del Índice de Facilitación de Comercio (IFC) 2016, El Salvador ocupó el puesto 71, con bastante rezago en el uso de las TIC para hacer negocios entre empresas. En el Índice de Desarrollo de TIC, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, El Salvador ocupó el lugar 99 en 2007, el 117 en 2016, y el 119 de 176 países, en 2017.

6 Esta agenda presenta tres líneas estratégicas: la transformación de la sociedad, economía y gobierno.

3 Bhaskar Chakravorti and Ravi Shankar Chaturvedi, Digital Planet 2017 Report, “How competitiveness and trust in digital economies vary across the world”. July 2017. The Fletcher School, Tufts University.

4 “4 ways governments can develop digital infrastructure”, World Economic Forum on Latin America.

5 Ibíd.

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El Índice de Preparación para la Conectividad (Network Readiness Index) (NRI)7, del Foro Económico Mundial, mostró que el país no está preparado para aprovechar la red. En el Índice de Internet Inclusiva de 2018, El Salvador tenía bastante desventaja en la cobertura y calidad de la red; y, sobre todo, en la preparación de la población para acceder a Internet.

Aunque se ha avanzado en cobertura, los logros son exiguos; en 2017 solo 16.6%8 de los hogares salvadoreños tenía acceso a Internet; y en 2016, El Salvador era el cuarto país con el menor porcentaje de hogares con acceso a Internet en América Latina y el Caribe9.

En general, el país está relativamente bien situado en las suscripciones a telefonía móvil, pero está bastante atrás en el porcentaje de hogares e individuos con acceso y uso de Internet y computadoras, y en las suscripciones de banda ancha fija y móviles de banda ancha, entre otros. El Salvador está todavía tratando de migrar a la tecnología 4G (cuarta generación de telefonía móvil o celular), cuando otros países ya están introduciendo la 5G. Según la GSM, en abril de 2016, los únicos países sin despliegue de LTE comercial en la región eran El Salvador, Guyana

y Haití10. En la actualidad, las tecnologías de

banda ancha han significado transformaciones importantes en los países que las tienen, con el intercambio de datos e información a altas velocidades; dando un fuerte impulso al desarrollo económico y a la industria TIC.

Por otro lado, para varios sectores nacionales importantes, El Salvador ha sido identificado como uno de los principales países donde la digitalización es un elemento clave para impulsar el desarrollo de dichos sectores11.

Un desafío central es lograr la utilización de las TIC para elevar el nivel de vida de todos los salvadoreños y acceso universal a Internet de banda ancha. Impulsar políticas públicas efectivas que apoyen: a) un sector empresarial moderno y digitalizado; b) el desarrollo de la industria TIC; c) tener un gobierno digitalizado, d) un sistema educativo público y privado que se adapte a los nuevos cambios, y e) propiciar una cultura de la digitalización en todo el país.

2. Enfoque

El desarrollo de la infraestructura es un proceso complejo en el que intervienen expertos y trabajadores de diferentes áreas, a través de distintas etapas que no están libres de obstáculos e imprevistos, que pueden demorar o hacer encarecer el proyecto, y que demandan decisiones para efectuar medidas correctivas. En ocasiones, la construcción de las obras se politiza, las decisiones que se hacen no obedecen al interés del país y de sus ciudadanos, sino a intereses particulares; las obras se paralizan, o terminan costando mucho más de lo originalmente presupuestado, o su rendimiento económico y social cuestionan la

11 García Zaballos, Antonio y Enrique Iglesias Rodríguez. Op.Cit.

7 El NRI mide qué tan preparado está un país para aprovechar la conectividad de la red y para utilizar las TIC en su beneficio; evalúa cuatro áreas: entorno, preparación, uso e impacto; analizando varios componentes agrupados en 10 pilares.

8 Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2010 y 2017. Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC).

9 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Estado de la banda ancha en América Latina y el Caribe 2017.

10 Global System for Movile Communication (GSM) es la asociación de operadores móviles y compañías relacionadas. Long Term Evolution (LTE) es la tecnología de transmisión de datos de banda ancha inalámbrica, es la red que soporta la tecnología 4G. Tomado de García Zaballos, Antonio y Enrique Iglesias Rodríguez. “Economía digital en América Latina y el Caribe. Situación actual y recomendaciones”. 2017. Washington, D.C. BID.

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

racionalidad de las decisiones. Las inversiones

realizadas son millonarias, e implican el manejo

de fondos a través de diferentes canales durante

el desarrollo de la construcción.

Por estas características, las inversiones en

infraestructura abren espacios a la corrupción

y poca transparencia; el desvío de fondos

e ineficiencias pone en peligro concluir

eficientemente la edificación de la infraestructura.

Según un estudio de la OCDE, el 59% de los

hechos de corrupción se dan en el sector de

minería, construcción, transporte, e información y

comunicación.

A continuación, se presentan los factores que se han

tenido en cuenta en el análisis de la situación de la

infraestructura del país y las propuestas de solución.

• Financiamiento. Para que los proyectos y

los diseños se conviertan en una realidad, se

requiere del financiamiento requerido para

su construcción. Todas estas premisas deben

prevalecer para que sea posible alcanzar una

infraestructura de primer mundo.

• Planeación y liderazgo. Debe haber una

apuesta de nación, con el compromiso del

gobierno y liderazgo. La infraestructura debe

ser resultado de una planeación estratégica; el

Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo

Territorial (PNODT) (2004), tiene un enfoque

global e integral, en el que se identifican

regiones y microrregiones, y proyectos, en

los que se ha tomado en consideración el

estado de desarrollo de las regiones y las

características especiales de las localidades;

este documento puede servir de base para la

elaboración consensuada del plan nacional de

infraestructura.

• Institucionalización y marco regulatorio. Las

instituciones deben operar adecuadamente

e impulsar las políticas que se requieren

para mejorar la calidad y la cantidad de la

infraestructura; y que apoye el esfuerzo que

realizan las autoridades y los ciudadanos.

Con los cambios tecnológicos, los mercados

y actores están transformándose; si no hay

una actualización del marco regulatorio,

se dificultará modernizar los sectores y

aprovechar las nuevas tecnologías.

Debe prevalecer la ética y la honradez en

aquellas personas que participen en cualquier

etapa del proceso de construcción. Deben

existir los mecanismos de control adecuados,

haber rendición de cuentas y sanciones

correspondientes, para que no exista la

impunidad, sobre todo, en un ambiente propicio

para la apropiación indebida de recursos.

• Inclusión y sostenibilidad. El mapa de pobreza debe orientar el diseño e identificación de proyectos prioritarios para el desarrollo social. Las nuevas fuentes de energía, como la solar, son una oportunidad para poder llevar energía a todo el territorio nacional.

Para las economías emergentes el acceso de los ciudadanos a Internet, móviles y otras plataformas digitales es un factor importante; se debe lograr el acceso universal a Internet de banda ancha. En 2011, Naciones Unidas declaró el acceso a esta red como un derecho humano. Se puede utilizar la tecnología satelital para llevar Internet a las escuelas de las zonas más alejadas. La infraestructura

F U S A D E S76

debe ser amigable con el medio ambiente; lo verde no debe ser considerado como una exigencia sino como una necesidad.

• Globalización. Un país pequeño como El Salvador debe conectarse con el mundo aprovechando la ventaja competitiva que le da su ubicación geográfica, y, al mismo tiempo, superar su desventaja de ser el único país de Centroamérica sin costa en el Atlántico.

Es importante identificar los principales cuellos

de botella en las redes de logística. Por la condición particular de El Salvador, se tiene que considerar el transporte intermodal. El mercado eléctrico es ahora un mercado regional.

• Competencia. La competencia es importante para mejorar la competitividad, y que consumidores y productores accedan a bienes de calidad a precios competitivos. Cuando hay poca competencia, se necesita de políticas que propicien la entrada de nuevos competidores. Esta competencia también debe estar presente en el desarrollo de las obras de infraestructura.

• Eficiencia. Mayor eficiencia en el uso de

los recursos. Para asegurar esto, debe

haber transparencia y supervisión en las

distintas etapas del desarrollo de obras

de infraestructura, y un programa de

mantenimiento acorde. Mayor eficiencia,

implica que la economía dependa menos de la

energía, y, por ende, que los consumidores la

usen más eficientemente. En las tecnologías

de la información y telecomunicaciones,

las inversiones deben tomar en cuenta los

cambios que se están generando, para tomar

las decisiones más acertadas, y no invertir en

tecnología obsoletas.

3. Propuestas

3.1 Comisión Nacional de Infraestructura Estratégica

Crear la Comisión Nacional de Infraestructura Estratégica (CNIE) como un ente apolítico y con independencia, conformada por un equipo multidisciplinario de especialistas12. La CNIE será la que aporte la visión estratégica, identificando los proyectos de infraestructura de largo plazo que necesita el país en todas la áreas económicas y sociales.

El 59% de los hechos de corrupción se dan en el

sector de minería, construcción, transporte, e información

y comunicación, según un estudio de la OCDE.

12 Se tiene como referencia la Comisión Nacional de Infraestructura de Gran Bretaña, a través de la cual se han logrado grandes avances en el desarrollo de su infraestructura; una dependencia similar puede funcionar en El Salvador, adaptada a las peculiaridades del país; se debe, sobre todo, asegurar la independencia de la CNIE y la calidad profesional y ética de los profesionales que la integran. El gobierno de Inglaterra estableció un rumbo a seguir para alcanzar la infraestructura que deseaba, y necesitaba para impulsar el desarrollo económico y social, e insertar al país en los mercados mundiales. Gran Bretaña reconoció las limitaciones en cuanto a recursos financieros y capacidades, y convocó a otros sectores para participar. Se estableció un plan consensuado entre las diferentes fuerzas políticas; se definieron metas y un marco jurídico e instituciones que apoyaran este esfuerzo, y dieran confianza en el compromiso de largo plazo del gobierno; se asignaron fondos públicos y se impulsaron las alianzas público-privadas.

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La CNIE, a través de un proceso de amplio consenso, en el que convocará a las distintas fuerzas políticas y sectores involucrados, elaborará el Plan Nacional de Infraestructura Estratégico para los próximos 30 años; y determinará el estimado del monto de la inversión y retorno económico de los proyectos; este Plan será actualizado cada cinco años por la Comisión.

La Comisión indicará al gobierno los proyectos que son prioritarios y aconsejará cuáles deben desarrollarse en el corto, mediano y largo plazo, tomando en consideración la restricción fiscal que le ha sido dada por el MH. El Gobierno selecciona los proyectos que desarrollará, y la Comisión monitorea la ejecución de estos. El MH asigna los recursos y busca el financiamiento que falta.

La CNIE también publicará estudios de alta calidad técnica, sobre temas o desafíos en infraestructura que sean importantes para el país.

3.2 Priorizar financiamiento por medio de asocios público privados (APP)

Para tener una infraestructura de primer mundo, y

salir al encuentro de los cambios tecnológicos, se

debe recurrir a los APP; las restricciones fiscales

han afectado la inversión en infraestructura en el

país, para cerrar las brechas de infraestructura es

indispensable impulsar los APP. La Ley Especial

de Asocios Público Privados fue emitida en 2013,

pero hasta la fecha no se ha adjudicado ningún

proyecto bajo esta modalidad. Recientemente,

el proyecto de iluminación y video vigilancia de

144 kilómetros de los principales tramos de las

carreteras del país, está listo para la etapa de

evaluación y después pasar a la licitación.

El poco aprovechamiento de los APP no es justificable, sobre todo, tomando en cuenta que PROESA ya ha identificado varios proyectos que podrían ser desarrollados junto con el sector privado, y considerando, además, las grandes brechas de infraestructura que existen, incluidos los servicios de agua, alcantarillados, educación y salud, entre otros; el potencial de inversiones con APP se ha estimado por PROESA en más de US$2,000 millones. La relación entre los privados y el Estado debe basarse en la confianza y la predictibilidad, que se logra cuando el gobierno asume el compromiso de no cambiar las reglas del juego. Reiterar que el marco legal respeta la propiedad privada y la actividad empresarial. Debe haber responsabilidad y riesgo compartido.

Se deben hacer las reformas institucionales que se necesitan para facilitar la implementación de APP; entre ellas, a) elaborar la Política de APP y tener los recursos para aplicarla; b) reformar artículos de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) para que no sea una restricción en el desarrollo de APP, por ejemplo, existen proyectos que pueden ejecutarse a través de estos asocios, pero que necesitan cofinanciamiento durante algunos años, por lo que debería poder hacerse la adjudicación adaptando la LRF o con presupuestos plurianuales; c) asignar un presupuesto adecuado a la dirección encargada de promover e identificar los proyectos APP; d) la dirección de APP debería eventualmente independizarse, y tener un presupuesto acorde, ser una institución autónoma, y la designación de sus autoridades debería durar más de cinco años, para evitar los ciclos políticos.

F U S A D E S78

Para tener una infraestructura de primer mundo, y salir al encuentro

de los cambios tecnológicos, se debe recurrir a los APP

3.3 Infraestructura de transporte y logística que acelere el intercambio de bienes y personas

3.3.1 Infraestructura de transporte terrestre. Desarrollar a cuatro carriles los corredores logísticos y ramales importantes. Iniciar con: a) tramo Siramá-Pasaquina, b) Zacatecoluca-La Unión; c) San Salvador-Anguiatú. También el proyecto que comprende 45 kilómetros, desde la frontera La Hachadura hasta el lugar conocido como “Kilo 5”, cerca de Acajutla, en la carretera CA12; el cual PROESA ha identificado susceptible de ejecutarse a través de un APP. Abordar los puntos críticos de congestionamiento en varios tramos de las carreteras principales y zonas urbanas.

Completar el anillo periférico del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).

Implementar una estrategia de desarrollo de infraestructura que permita descentralizar los centros de producción del país; mejorar el acceso de las regiones menos favorecidas a través del programa de caminos vecinales. Las carreteras que se construyan deben cumplir con estándares internacionales y tener el mantenimiento adecuado; el FOVIAL debe enfocarse al objetivo para el que fue creado, de mantenimiento de la red vial.

3.3.2 Aeropuerto Internacional. Desarrollar a través de un APP, el plan maestro, elaborado por la firma Kimley-Horn en 2013, de ampliación del Aeropuerto Internacional de El Salvador Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez.

3.3.3 Concesionar el puerto La Unión a través de un proceso de licitación y adjudicación transparente, que tome en cuenta las dificultades de los intentos fallidos anteriores, con una auditoría externa sobre todo el proceso. Es importante que la empresa a la que se le adjudique tenga varios años de experiencia en el manejo de puertos y el capital necesario.

3.3.4 Mejorar las aduanas. Digitalizar todos los procesos en las aduanas y dependencias que intervienen en los procesos de exportación e importación, y con una sola base de datos. Mejorar los sistemas informáticos en las aduanas, y tener planes de emergencia en caso de falla. Compatibilizar con los países vecinos los trámites y documentos requeridos; los sistemas informáticos y transferencia de datos, con datos compartidos; y uniformar horarios.

Elaborar un programa de facilitación del comercio con metas. En los últimos años, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio (CIFACIL) ha trabajado con las autoridades, pero los resultados han sido limitados.

A mediano plazo

3.3.5 Desarrollar la infraestructura turística. El Salvador no ha aprovechado todo su potencial turístico, otros países en la región están mejor posicionados; debe desarrollarse una buena infraestructura para mejorar el acceso, y que sea fácil y seguro recorrer en corto tiempo las playas, montañas y volcanes.

3.3.6 Realizar un estudio para desarrollar el proyecto ferroviario, con una visión regional, que podría ser dado en concesión. Este medio puede abaratar el transporte y recortar tiempos, es menos contaminante, y puede ayudar a descongestionar otras vías.

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

3.4. Energía de bajo costo, de calidad y sostenible

3.4.1 Institucionalidad y marco regulatorio. Actualizar la Política Nacional

de Energía y la estrategia para impulsarla,

identificando acciones concretas para alcanzar

la matriz a la que se aspira, con metas de corto,

mediano y largo plazo; fortalecer la vigilancia de

la ejecución de la política y cumplimiento de la

normativa sobre la calidad. El CNE debe facilitar

este proceso con metas claras y procesos ágiles.

Aplicar correctamente la normativa que rige

a los generadores privados de energía de

autoconsumo, para que puedan vender sus

excedentes, y obtener un precio justo, y que el

ahorro se refleje también en los consumidores.

Adaptar la regulación existente para facilitar el

desarrollo de nuevas tecnologías como la masificación

de vehículos eléctricos y autónomos, tecnologías para

almacenamiento de energía (baterías) y la promoción

de fuentes limpias y renovables.

La INE y LaGeo deben ser auditadas como cualquier empresa estatal; y asegurar que se tenga el personal calificado en todas las instituciones relacionadas con el sector eléctrico, hacer una auditoría de plazas.

3.4.2 Mayor competencia Evaluar la posibilidad de participación privada en la transmisión, que en el presente es un monopolio estatal; a través de licitaciones transparentes que puedan atraer inversiones y expandir la red de transmisión acorde con el crecimiento de la distribución y la generación.

Eliminar los obstáculos para que pueda haber

una selección libre de los proveedores por

parte de los consumidores, facilitando que

puedan establecerse contratos directamente

entre comercializadores y usuarios finales;

aplicando correctamente la normativa existente y

eliminando trámites excesivos. Regular los pagos

que deben hacerse al distribuidor del que se

está prescindiendo, originado por el rezago en la

aplicación de las tarifas.

Fortalecer el marco regulatorio regional, para

aplicar los acuerdos en energía que se han

suscrito, y lograr un mejor uso de la red eléctrica

regional; debe haber una política de regulación

de estas importaciones. Deben eliminarse las

trabas para exportar a la región y para comprar

directamente de México. Se deben establecer los

costos de la transmisión a través de la región, y, en

la medida de lo posible, procurar la unificación de

la normativa.

3.4.3 Diversificación de la matriz energética

Mayor participación de energías renovables, hacer un mayor uso de contratos de largo plazo a través de licitaciones con participación privada, evitando un crecimiento desordenado del sector; deben promoverse las energías más limpias no convencionales.

A mediano y largo plazo

Estrategia para invertir en la generación de energía geotérmica. Se deben promover nuevas licitaciones, exploraciones y explotaciones del recurso; las adjudicaciones deben ser transparentes, y blindarse la seguridad jurídica a los inversionistas.

F U S A D E S80

Estrategia para llevar energía a las regiones

remotas, aprovechando las fuentes renovables

no tradicionales; por ejemplo, utilizar paneles

solares, para evitar redes de cables que hacen

costoso poder suministrar el servicio en ciertas

regiones. La gestión de recursos y obtención de

cooperación financiera y técnica para el desarrollo

de proyectos alternativos de suministro de energía

a comunidades aisladas.

3.4.4 Eficiencia en el uso de la energíaDesarrollar una política y campaña de educación

más intensa para hacer un uso más eficiente de

los recursos energéticos, dirigida a instituciones

públicas, empresas y hogares. Diseñar un sistema

de incentivos para el ahorro de energía, uso de

energías renovables y dispositivos ahorradores de

parte de los consumidores. Generar una cultura

de ahorro que comience desde la escuela.

3.5. Tecnologías de la información y la comunicación: conectividad

Es de especial importancia elevar la capacidad

y velocidad de la conectividad digital, para

aprovechar al máximo las ventajas de la cuarta

revolución industrial, que permite que al mismo

tiempo se encuentren millones de dispositivos

conectados a Internet.

3.5.1 Institucionalidad y marco regulatorio

Crear el Consejo Nacional de Tecnologías de

la Información y las Comunicaciones que será

responsable de desarrollar e impulsar el plan y

la política para enrumbarse hacia la economía

del conocimiento, y fortalecer las instituciones relacionadas con las TIC, asignando los recursos requeridos.

Establecer una agenda de nación para El Salvador

digital, con base en los documentos ya existentes.

Actualizar la legislación. Legislar sobre el crimen cibernético; existe la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos y Conexos, pero no están disponibles los recursos para aplicarla correctamente. Emitir la Ley de Protección de Datos, la Ley de Factura Electrónica, y aplicar la Ley de Firma Electrónica, ya vigente.

Eliminar la contribución especial para la seguridad que grava los servicios y dispositivos de telecomunicaciones.

3.5.2 Infraestructura digitalImpulsar una política para ampliar la implementación de Internet de banda ancha con acceso universal. Desarrollar la infraestructura de soporte para esta red, y promover la competencia entre los proveedores de Internet; hacer que Internet sea accesible, costeable y seguro. El gobierno debe comprometerse en la asignación del espectro que se necesita para desarrollar este tipo de tecnología, mientras incentiva a los proveedores y se promueve la demanda. Desarrollar una estrategia para la introducción de la tecnología 5G, que es la tecnología celular más reciente en la red inalámbrica de banda ancha.

Desarrollar una estrategia y realizar alianzas para asegurar el acceso de las TIC en áreas estratégicas. Asegurar el acceso a Internet en los centros educativos públicos y en el sector salud; aprovechar las nuevas tecnologías, por ejemplo, vía satelital, para llevar Internet a lugares remotos donde no sea rentable; lograr acceso a Internet en espacios públicos.

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

3.5.3 Recurso humano digitalizado13 Desarrollar las capacidades desde el inicio de la educación formal, impulsando las habilidades digitales y el pensamiento lógico. Establecer bachilleratos especializados en tecnologías de la información y las comunicaciones; incentivar el desarrollo de carreras universitarias en las especialidades de ciencia y TIC.

Impulsar la educación técnica, vocacional y capacitaciones de corta duración, para los que no puedan acceder a la educación formal, o necesiten adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, o reconvertirse hacia otras fuentes de trabajo.

3.5.4 Gobierno electrónico al servicio de la gente, un país digitalizado

Actualizar e implementar el programa e-país y e-gobierno. La incorporación de las TIC en el sector gubernamental mejora la calidad de los servicios; reduce trámites, generando ahorros en dinero y tiempo; y brinda mayor información, facilitando la auditoría ciudadana y promoviendo la transparencia; pero, además de estos beneficios, la propuesta de gobierno electrónico que se está contemplando aquí, es mucho más amplia y profunda. La modernización de los servicios gubernamentales, es un paso hacia la digitalización de todo el país, que se irá logrando a través de alianzas con el sector privado, y avanzando con la oferta cada vez mayor de servicios que se irán realizando de manera digital; hasta que todos los ciudadanos tengan un carnet único de identificación protegido y de alta tecnología, que les permita realizar trámites instantáneos públicos y privados, y acceder de manera fácil y rápida a servicios de gobierno utilizando, por ejemplo, APP para teléfonos móviles, etc.

Estonia es un ejemplo mundial por los logros en la digitalización del país en pocos años. Una pieza clave del éxito es una tarjeta de identificación encriptada a través de la cual los ciudadanos pueden acceder a los sistemas nacionales, para lo cual hicieron una alianza con el sistema financiero que utilizaba este tipo de identificación; junto con acceso a Internet gratis en prácticamente todos los lugares habitables; y la digitalización del gobierno; en la actualidad, actividades como la venta de automóviles, o el registro de propiedades –por mencionar algunas– se hacen en forma digital en pocos minutos, y las elecciones de sus autoridades es algo que se realiza por Internet en unos cuantos segundos. Las autoridades de Estonia tomaron la decisión de digitalizar el país, establecieron una estrategia y elaboraron un plan, e implementaron medidas concretas para alcanzar su objetivo.

Un carnet único de identificación. Alianzas entre el gobierno y el sistema financiero para establecer una estrategia de identificación única, con una tarjeta de identificación digital a través de la cual se permita el acceso a los servicios financieros y del gobierno. Elaborar una estrategia para que, a partir de esta alianza, se vayan digitalizando todos los procesos gubernamentales y del sector privado, simultáneamente con el acceso universal a Internet.

Establecer metas a cumplir sobre los procesos y trámites que se irán digitalizando; construir con APP una base de datos que sea igual para todo el sector público, que con base en los códigos de seguridad apropiados sea de acceso público.

Digitalizar las compras gubernamentales, y hacer de acceso público toda la información relacionada.

Impulsar un programa para capacitar a los empleados del sector público en la utilización de TIC. Crear una plataforma de datos para poder evaluar constantemente la situación del e-gobierno, avances y retrocesos.

13 En el capítulo 5 de Educación se encuentran propuestas que amplían sobre el desarrollo del recurso humano.

F U S A D E S82

3.5.5 Sector productivo y TIC14 La incorporación y el desarrollo de las TIC es, sobre todo, una decisión y responsabilidad de las empresas, el gobierno debe impulsarlas.

Elaborar una estrategia para incentivar el uso de las TIC en los procesos de producción de las empresas, a través de apoyo financiero o técnico, e incentivos fiscales. Promover ambientes de negocios competitivos y atractivos, para incentivar la inversión en nuevas tecnologías; dar seguridad jurídica al inversionista. Impulsar programas para facilitar la incorporación de TIC en las pequeñas y medianas empresas (PYME).

Incentivar el desarrollo de la industria de las TIC, y emitir legislación para proteger las empresas digitales.

4. Consideraciones para su implementación y alianzas

Se requiere de soluciones consensuadas con las diferentes fuerzas políticas sobre el plan nacional de infraestructura. Los responsables deben tener autoridad y liderazgo para impulsarlo, y coordinar las distintas instituciones involucradas, y construir canales de comunicación con el sector privado.

Se debe reconocer que no se tienen los recursos necesarios; el financiamiento de la infraestructura es un reto; por lo que se debe recurrir a las alianzas con el sector privado, en aquellos proyectos que se ha identificado que sí tienen potencial.

Es clave que haya consenso en que la CNIE es crucial y que debe ser una entidad independiente, técnica y apolítica; y sobre la necesidad de apalancar financiamiento con APP para desarrollar proyectos que no se podrían realizar de otra forma, por falta de fondos.

14 En el segundo capítulo “Crecimiento con oportunidades” se encuentran propuestas complementarias para incentivar el uso de las TIC en el sector productivo

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Los responsables del plan nacional de infraestructura deben tener autoridad y liderazgo para impulsarlo, y coordinar las distintas instituciones involucradas, y construir canales de comunicación con el sector privado.

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En el desarrollo de la infraestructura de transporte, el gobierno debe trabajar en estrecha colaboración con el sector construcción y la academia, buscando sistemas innovadores, más eficientes y menos contaminantes. En las decisiones del sector eléctrico deben tomarse en consideración a los distintos actores del mercado: Unidad de Transacciones (UT), Empresa Transmisora de El Salvador (ETESAL), generadores, distribuidores, comercializadores y usuarios finales; del lado del sector público se encuentra el Consejo Nacional de Energía (CNE) y la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Las autoridades, políticos, empresarios, académicos, expertos y ciudadanía en general, deben tener un papel activo en identificar los motores que impulsan la digitalización y lograr una sociedad del conocimiento solidaria; para tomar las mejores decisiones debe existir un equipo multidisciplinario. En este caso, la alianza con el sistema financiero puede facilitar la identificación digital de los ciudadanos, y el ofrecimiento de servicios vía digital.

La academia es un aliado clave por su incidencia en las carreras y los programas de estudios y el desarrollo de programas innovadores de ciencia y tecnología. Para formar a los profesionales se necesita de una alianza entre el sector público, sector productivo y la academia.

Las alianzas regionales e internacionales son importantes para la adopción de nuevas tecnologías. La cooperación internacional y países amigos pueden ayudar financiera o técnicamente, sobre todo aquellos que han tenido éxito en el desarrollo de TIC. También debe explorarse el capital humano de los salvadoreños residentes en el exterior que pueden aportar sus conocimientos. Se deben suscribir acuerdos y alianzas para que se cumplan las disposiciones del mercado eléctrico regional.

Los proyectos de infraestructura se realizan en la jurisdicción de una o más municipalidades; las autoridades locales deben involucrarse para que no haya conflictos sobre las disposiciones ambientales y exenciones fiscales, y que exista transparencia en la aplicación de cargos municipales.

F U S A D E S84 85

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Saneamientomacroeconómico

Capítulo 8

Desafío: atender las grandes necesidades de la población en un entorno de sostenibilidad fiscal, creando condiciones favorables al crecimiento

En El Salvador, en 2017, la deuda del SPNF arribó a 71.6% del PIB, cifra que deja al descubierto la necesidad de continuar trabajando con ahínco por el saneamiento de las finanzas públicas, ya que, de no tomarse medidas, la deuda seguirá aumentando y se volverá insostenible en el largo plazo; podría alcanzar 93% del PIB en 2030 (FUSADES, 2018a).

Un alto endeudamiento resta flexibilidad y capacidad fiscal para atender de manera articulada choques externos o desastres naturales a los que el país es vulnerable; el pago del servicio de la deuda consume una gran proporción del gasto, volviéndose una carga cada vez más pesada –en 2017 el SPNF pagó US$799.8 millones en intereses (3.2% del PIB) y aumentó 13.4% anual–. También restringe o

La sanidad de las finanzas públicas es una de las condiciones necesarias para apuntalar el desarrollo económico y social en cualquier país, de lo contrario, no tendría viabilidad financiera y no gozaría de la confianza de los inversionistas.

87

cap

.8

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impide el incremento de los recursos que pueden canalizarse hacia inversión social –educación, salud, seguridad– que tanto necesita la población. Al mismo tiempo, el país adolece desde hace varios años de un bajo crecimiento económico, como se plantea en el capítulo 2 de este mismo informe “Crecimiento con oportunidades”, lo que tiene múltiples implicaciones negativas para la población y limita el aumento de ingresos fiscales originados en una mayor producción.

Acorde con este panorama, el desafío principal de las finanzas públicas es atender las grandes necesidades de la población en un entorno de sostenibilidad fiscal, creando condiciones favorables al crecimiento económico. En este contexto, disminuir la deuda a niveles manejables, sin menoscabo del crecimiento de la economía es un elemento esencial; es necesario generar continuamente ahorro primario, lo que implica llevar a cabo medidas fiscales que permitan equilibrar las finanzas estatales. Sin reducir el

déficit, el endeudamiento del país solo puede empeorar, volviendo cada vez más precarias las finanzas públicas, así como las oportunidades de mejorar la situación de muchos salvadoreños mediante la inversión social.

Durante el último decenio, el gasto corriente se incrementó significativamente, en particular las remuneraciones; en términos del PIB alcanzó 10.1% en 2017. Un estudio del FMI (2016) señaló que en los países de similar nivel de desarrollo la mediana rondaba 7.6% del PIB, también refleja un premio salarial entre el sector público y privado. Además, el rubro de bienes y servicios ha mostrado aumentos, en varios casos injustificados.

Lo anterior evidencia la imperiosa necesidad de realizar un gasto público eficiente y con base en prioridades. Los recursos canalizados hacia la inversión social también deben ejecutarse en forma eficiente y eficaz, en función de las necesidades más sentidas de la población, también debe buscarse el espacio fiscal para aumentarlos, a fin

El desafío principal de las finanzas públicas es atender las grandes necesidades de la población en un entorno de sostenibilidad fiscal, creando condiciones favorables al crecimiento económico.

F U S A D E S88

de desarrollar programas que apunten a mejorar la calidad de vida de la población. Mención especial merece la necesidad de mejorar y aumentar la inversión en educación, con visión de largo plazo, de cara a los retos que plantea la cuarta revolución industrial (ver capítulo 1 “Integración con el mundo y alianzas” y capítulo 5 “Educación”). Para esto es necesario ofrecer servicios públicos de calidad y lograr efectividad en el servicio civil.

Por su parte, los ingresos tributarios netos también han aumentado, alcanzaron 17.8% del PIB en 2017 –en la última década, se crearon nuevos impuestos y aumentaron tasas de otros–; en 2015, este ratio era de 16.9%, situándose por encima del 15.8% promedio de América Latina, y El Salvador era el séptimo país con carga tributaria neta más alta de la región (CIAT); sin embargo, los ingresos han sido insuficientes para atender el abultado gasto. Por lo tanto, además de la necesidad de buscar eficiencia en el gasto, se afronta el reto de mejorar la recaudación, reduciendo ineficiencias, fortaleciendo y modernizando la administración tributaria.

Enfoque: garantizar el financiamiento eficiente y sostenible de la inversión social, y disminuir la deuda, sin menoscabo de un mayor crecimiento económico

El saneamiento de las finanzas públicas del país demanda en el corto plazo la adopción de medidas de ajuste para reducir el déficit. Estas medidas, requieren esfuerzos combinados del lado del gasto y de los ingresos. Es necesario lograr un gasto eficiente y fiscalmente responsable, así como mejorar los ingresos fiscales sin desalentar

la producción. Por lo tanto, el enfoque de las propuestas de solución a los desafíos en el ámbito de las finanzas públicas, debe permitir: i) garantizar el financiamiento eficiente y sostenible de la inversión social, ii) colocar la deuda en una trayectoria decreciente, y, iii) crear condiciones favorables a un crecimiento alto y sostenido.

Un estudio reciente (Alesina, et al. (2018) que analiza miles de medidas fiscales adoptadas por 16 economías avanzadas durante 1981-2014, evalúa la efectividad relativa de aumentos de impuestos y recortes de gastos para reducir la deuda; muestra que los recortes de gastos tienen costos menores, en términos de pérdidas de producción, que los aumentos de impuestos. Comprueba que, en promedio, los planes de ajustes con base en el gasto están asociados con una desaceleración leve del crecimiento: un ajuste equivalente al 1% del PIB supuso una pérdida de alrededor de medio punto porcentual del crecimiento promedio del PIB nacional; en general, las pérdidas del producto duraron menos de dos años, es decir, aunque algunos de los planes estuvieron vinculados con una pequeña desaceleración, otros trajeron aparejado un repunte casi inmediato del crecimiento. En cambio, los planes de ajuste basados en impuestos, estuvieron asociados con recesiones de gran magnitud; en promedio, un plan basado en impuestos equivalente al 1% del PIB, trajo consigo una contracción del 2% del PIB respecto al período anterior; en general, este efecto recesivo fuerte dura varios años.

Desde otra perspectiva, otro estudio que analizó los impactos de la globalización en la política fiscal de los países en desarrollo (BID-INTAL, 2004), mostró entre sus conclusiones que la globalización presiona el aumento del gasto público en ciertas áreas, y que para evitar el agravamiento de las dificultades fiscales, los países en desarrollo, primero deben

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

volverse más eficientes en el uso de la recaudación pública, de forma tal que el gasto adicional requerido, pudiera ser financiado reduciendo la ineficiencia o eliminando el gasto innecesario.

Considerando la evolución alcista de varios rubros del gasto corriente en la última década, sin una contrapartida en la calidad de los servicios públicos, es evidente que existe espacio para buscar eficiencia en el uso de los recursos, por lo que, de implementarse medidas en esta dirección, es viable generar recursos que apoyen la consolidación fiscal y/o mejoren la inversión social.

Entre 2008 y 2017 el sistema tributario se tornó más complejo, se introdujeron 8 nuevos impuestos –algunos distorsionadores y de baja recaudación– totalizando 25 (FUSADES, 2018b), también se aumentaron tasas de tributación de otros y cargos por servicios públicos. Es necesario regresar a un sistema más simple, basado en los principios internacionalmente recomendados: equidad horizontal y vertical; certidumbre; conveniencia; eficiencia o economía; simple y transparente (FUSADES, 2018b). Asimismo, la administración tributaria debe modernizarse con el uso de

nueva tecnología, para disponer de controles más efectivos, brindar mayores facilidades a los contribuyentes y combatir la evasión fiscal, y de esta forma aumentar la recaudación tributaria.

Propuestas

A continuación, se presentan seis propuestas fiscales para atender el desafío planteado anteriormente:

1. Eficiencia del gasto público

Mediante un gasto público más eficiente, es factible obtener recursos para canalizarlos hacia áreas estratégicas para la población u otras prioridades. Se propone:

• Presupuesto por programas y resultados

Implementar y perfeccionar un sistema de presupuesto por programas con enfoque en resultados; implica conectar el gasto con los resultados obtenidos. El ciclo de un gasto público eficiente inicia con el desarrollo de un buen presupuesto público, que contenga todos los gastos en que se espera incurrir durante el ejercicio fiscal, y todos los ingresos que se prevé obtener, que asigne los recursos hacia las prioridades que se establecen con base en las políticas públicas que se espera desarrollar para beneficiar a la población, a través de servicios públicos oportunos y de buena calidad, y lo hace en forma eficaz. Un aspecto clave es la selección de programas, deberían priorizarse aquellos que tengan mayor impacto en la población con base en una evaluación, y desarrollar los indicadores de desempeño correspondientes para efectuar un

Es necesario regresar a un sistema más simple, basado en los principios internacionalmente recomendados: equidad horizontal y vertical; certidumbre; conveniencia; eficiencia o economía; simple y transparente.

-(FUSADES, 2018b).

F U S A D E S90

monitoreo apropiado, con rendición de cuentas. El presupuesto público debe ser objeto de mejora continua, de tal forma que los involucrados aprendan en cada ciclo presupuestario lo que funcionó, lo que no funcionó, y aquellos aspectos que se pueden mejorar en el siguiente ejercicio.

• Compras de bienes y servicios

» Compras conjuntas de entidades públicasImplementar un régimen de compras de bienes y servicios homogéneos de manera conjunta. Con este mecanismo se obtendrían precios más bajos que permitan generar ahorros en la ejecución presupuestaria. Se podría llevar a cabo un “convenio marco” que posibilite desarrollar una compra principal que supla un porcentaje relevante de las compras de bienes homogéneos, lo que implicaría consolidar la demanda por parte del sector público, y contribuiría a un sistema de compra más eficiente y efectivo, facilitando la supervisión de los procesos.

» Subasta inversa Generalizar el uso del mecanismo de la subasta inversa para la adquisición de bienes y servicios del sector público. Este sistema de compra ya se usa por algunas entidades públicas, pero es poco utilizado respecto al potencial de ahorro que posee. En este tipo de subasta, los vendedores compiten para obtener negocio del comprador y los precios disminuyen a medida que los vendedores socavan mutuamente. Este mecanismo asegura transparencia y optimización de los recursos manejados por el Estado, en beneficio de la población.

Los mecanismos de compras conjuntas y subasta inversa podrían generar un ahorro en gasto de alrededor de US$250 millones en tres años. Un aspecto relevante en las compras realizadas por el sector público, es que el mecanismo de pago a

los proveedores sea eficiente, que se determine un plazo máximo de tres meses para que toda adquisición se liquide, y evitar perjuicios a los proveedores. Asimismo, para estimular a los oferentes de productos al Estado, podría definirse una normativa estableciendo un orden de prelación de pagos que priorice a los proveedores que vendan por medio de una subasta inversa.

» Inversión pública eficienteFortalecer el sistema de inversión pública de manera que responda a una política nacional de inversión pública, que esté en sintonía con las prioridades establecidas en el área de infraestructura (ver capítulo 7 “Infraestructura y conectividad”). Para ello debe mejorarse su gobernanza, definiendo responsabilidades claras para las instituciones que participan, evitando duplicidades; actualizar el marco normativo, los procesos y procedimientos para que sean eficientes en sus distintas etapas. Introducir la evaluación de proyectos como base fundamental en la selección de las obras que habrán de realizarse. También, es importante preparar los cuadros técnicos con las herramientas necesarias y los sistemas informáticos apropiados, así como desarrollar sistemas de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas.

En el caso de la obra pública que realizan las

municipalidades con fondos FODES, es necesario

supervisar el cumplimiento de la Ley en cuanto a

los montos de inversión que se realizan y someter

la selección de obras a un proceso de evaluación

previa, para seleccionar las obras de mayor

beneficio a la comunidad.

» Evitar despilfarro

Imprimir eficiencia en la conducción administrativa

del Estado, para ello es necesario evaluar varios

rubros del gasto. Analizar a profundidad las

remuneraciones, mediante una auditoría de plazas,

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análisis de competencias en las distintas áreas del

Gobierno, y la necesidad de mantener las plazas

autorizadas, con el objeto de tomar medidas para

que el gasto en este rubro sea más eficiente; una

buena Ley del Servicio Civil, sería una herramienta

valiosa que apoyaría la profesionalización de los

servidores públicos y la calidad de sus servicios (ver

capítulo 3 “Instituciones sólidas”). Estas medidas

podrían resultar en un ahorro de alrededor de

US$85 millones anuales (FMI, 2016). Realizar un

análisis pormenorizado de los diferentes renglones

del gasto en bienes y servicios, a fin de eliminar

aquellos que resulten innecesarios o disminuir los

que se consideren sobredimensionados.

2. Aumentar y mejorar la inversión social

Evaluar la inversión social –salud, educación, y otros programas– que actualmente se realiza, con el objeto de que sea eficiente y responda a las necesidades más sentidas de la población. La inversión social rondó 9% del PIB en 2017, se propone aumentarla en los próximos cinco años en un monto equivalente a 2% del PIB, con recursos provenientes de las ganancias de eficiencia en el gasto público y reorientando fondos de aquellas áreas del gasto que no son inversión social (ver siguiente cuadro). El aumento en la inversión social debe realizarse una vez que los ingresos para financiarla estén garantizados y que esté en marcha el ajuste fiscal para reducir la deuda a que se refiere, más adelante, la propuesta 4.

MEDIDAS E IMPACTOS TRES AÑOSPROMEDIO ANUAL

2019-2021

Eficiencia en compras 250 83.3

Factura electrónica 258 86.0

Meta de reorientación de gasto no vinculado con la gente 271 90.3

Remuneraciones 85 28.3

Focalización de subsidios (agua y transporte) 123 41.0

Ahorro en intereses 128 42.7

Más recaudación por crecimiento económico adicional 190 63.3

Gran total 1,305.1 435

PIB proyectado 2018 25,797.66

Cuantificación en relación con el PIB 5.06%

Incremento en inversión social 2.06%

Ajuste fiscal necesario 3%

medidas fiscales (millones de us$ y porcentajes)

Fuente: Elaboración propia

F U S A D E S92

3. Administración tributaria

Es ineludible fortalecer la administración tributaria y modernizarla, para mejorar la recaudación. Se propone lo siguiente:

• Implementar factura electrónica

La factura electrónica (FE) es un instrumento concebido para el control tributario en apoyo a la lucha contra la evasión, a la transparencia, y a la digitalización de las administraciones tributarias. Es una factura en formato digital que cumple con iguales propósitos que la de papel, ante todos los actores y en diferentes situaciones. Una vez implementada, permitiría a la administración tributaria (AT) contar con información bastante completa del universo de los contribuyentes, y de las transacciones realizadas, lo que reforzaría la recaudación. Su puesta en marcha en varios países latinoamericanos ha incrementado la recaudación; por ejemplo, en Argentina (10%); Uruguay (3.7%); México (6.5% del impuesto sobre la renta) (BID, 2018). Se ha estimado que, de implementarse en El Salvador, podría incrementar la recaudación en 1% del PIB en tres años.

La FE puede facilitar otros servicios, por ejemplo, el factoraje, y la AT podría proveer las FE al sector privado para tal fin. Entre sus ventajas se menciona que ahorra dinero y tiempo, más seguridad, organización y control fiscal, amigable con el medio ambiente, y mejora la recaudación. Su implementación plena requiere de actualizar procesos e infraestructura tecnológica por parte de la AT, así como revisar su normativa, organización y actualizar las capacidades del personal. Las empresas, por su parte, deberán prepararse para la era de la digitalización, por lo que se prevé que

sería un proceso paulatino. También debería estar funcionando la firma electrónica, en el país ya existe legislación al respecto, pero falta la normativa técnica e implementarla.

• Simplificación tributaria para pequeños contribuyentes

Los costos de cumplir obligaciones con el fisco suelen ser más elevados para las empresas de menor tamaño (FIEL, 2006), lo que puede justificar un tratamiento especial para ellas. Por esto, es necesario facilitar y simplificar la tributación para los segmentos de pequeña y mediana empresa, lo que podría contribuir a la formalización de muchos que realizan sus actividades en el sector informal, ya que la informalidad es un fenómeno transversal en la economía que afecta a estas empresas en varios aspectos, por ejemplo, les limita el acceso al crédito. • Eliminar distorsiones

Es necesario volver a la simplicidad del sistema tributario, para ello se deben eliminar paulatinamente los tributos que generan distorsiones, como el Impuesto a las telecomunicaciones, que establece un cargo de 5% aplicado a la adquisición y/o utilización de servicios de telecomunicaciones en todas sus modalidades (vigente desde 2015), es un desincentivo al uso de nuevas tecnologías de comunicación.

4. Reducir la deuda (ajuste fiscal)

Colocar la deuda en una trayectoria decreciente, para lo cual se necesita implementar medidas de ingresos y gastos, como las indicadas en los numerales anteriores, de tal forma que se genere un ajuste equivalente a 3% del PIB en el ahorro primario en tres años (ver cuadro).

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5. Política fiscal

La política fiscal debe ser en lo posible, contracíclica, implica que en períodos de mayor recaudación el gasto debería contenerse o disminuirse, lo que permitiría ahorrar, para poder expandirlo en períodos de menor recaudación. Para hacerlo operativo, a mediano plazo, se propone introducir en la Ley de Responsabilidad Fiscal un objetivo de déficit fiscal estructural, el cual permitiría identificar la tendencia subyacente de las políticas fiscales asociadas con la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, contribuiría a realizar un uso más eficiente de los recursos, y la trayectoria de la deuda mejoraría, así como la respuesta del gasto público.

También es necesario revisar y actualizar las reglas cuantitativas y otros parámetros contenidos en la Ley de Responsabilidad Fiscal, acorde con el PIB base 2005 y otros criterios, para garantizar que cumplan con sus objetivos. Se propone también agregar una norma que indique que cuando se obtengan ingresos extraordinarios y superen el monto presupuestado, se utilicen para pagar deuda de corto o mediano plazo.

6. Gestión de la deuda pública

Es necesario que la deuda pública como porcentaje del PIB descienda y se mantenga en niveles manejables; para lograrlo deben existir controles sobre la acumulación de deuda, y gestionar apropiadamente el stock. En este último caso, es imprescindible lograr un acuerdo político oportuno para pago de la deuda ya emitida, de tal forma que los futuros vencimientos de capital, puedan atenderse sin riesgos de impago, lo que brindará certidumbre a los inversionistas y

mostrará el compromiso del Estado para honrar la deuda adquirida. De esta forma, el Ministerio de Hacienda podría realizar la función de gestión de la deuda pública con cierta flexibilidad, siempre que se mejoren las condiciones de plazo, tasa de interés u otras condiciones de la deuda.

Se propone que nuevas emisiones de bonos en mercados internacionales solo se autoricen para obtener recursos para el pago de capital de emisiones anteriores de bonos que venzan, por ser más oneroso; y, cuando la situación fiscal haya mejorado, el financiamiento con organismos internacionales, solo se utilice para desarrollar proyectos de inversión, evitando programas de apoyo presupuestario.

En cuanto a las LETES, debe ser un instrumento usado exclusivamente cuando se presenten desequilibrios temporales entre ingresos y gastos; para evitar un uso desmesurado, se propone introducirle más transparencia, incorporando una norma que obligue al Ministerio de Hacienda, a declarar en cada emisión cuál será el uso de los fondos captados y con cuáles recursos se van a pagar a su vencimiento, así como cuánto será su costo de intereses, y los saldos emitidos deberían liquidarse cada año, a más tardar en el mes de mayo.

Consideraciones para su implementación, alianzas y cooperación

Es necesario que exista un compromiso firme y creíble con la estabilidad fiscal y con la prestación de mejores servicios públicos por parte del Gobierno y demás entidades del Estado, así como un liderazgo fuerte y decidido para implementar las medidas tendientes a aumentar y mejorar la inversión social, disminuir la deuda a niveles sostenibles sin desmedro de un mayor crecimiento económico.

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Se necesita un diálogo franco entre los actores

sociales, políticos y gubernamentales, para lograr

acuerdos amplios sobre las medidas que se deben

implementar en el ámbito fiscal.

Se propone lograr un acuerdo con el FMI para dar credibilidad a la política fiscal, así como el acompañamiento del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos internacionales.

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REFLEXIONES FINALESEl Salvador está pasando por momentos difíciles al no haber podido alcanzar un desarrollo sostenible que genere bienestar y progreso para los salvadoreños, a pesar de haber experimentado modelos de desarrollo con diferente tendencia político-ideológica.

Los temas acá tratados y la implementación adecuada de sus propuestas, pretenden contribuir a que el país mejore su capacidad de generar un impacto positivo en la calidad de vida de la población, de cara a un mundo cada vez más cambiante y moderno.

Las propuestas están contempladas para ser ejecutadas en un plazo no menor a 20 años,

por lo que deben ser vistas como apuestas cuyos resultados no serán inmediatos;

tienen un enfoque de país que trasciende un periodo de gobierno, por lo que requieren

que sectores de la sociedad construyan sobre ellas un PACTO DE NACIÓN donde

converjan todas las tendencias políticas y exista el compromiso de dar continuidad a

los acuerdos adquiridos.

Son los responsables de ejecutarlas quienes deben asegurar que las mismas funcionen,

proponiendo entonces, que cuenten con las siguientes características:

1. Diagnóstico para conocer el punto de partida y definir lo que se quiere y

puede lograr, teniendo en cuenta capacidades humanas y financieras.

2. Gobernanza, a cargo de personas con visión de futuro y una agenda de

país, idóneas por su conocimiento al asignar responsabilidades.

3. Plan de implementación con metas específicas, tiempos y responsables,

priorizando acciones y con procesos claros, buscando complementariedad

para maximizar el impacto.

4. Transparencia y rendición de cuentas, ante grupos de interés, para

generar confianza.

5. Monitoreo y evaluación de impacto, en relación con metas propuestas.

6. Sostenibilidad, lograr los apoyos institucionales, en particular contar con

fondos y recursos humanos suficientes e idóneos.

7. Alianzas, aprovechando experiencias y capacidades de los demás, para

garantizar mejores resultados.

8. Empoderamiento ciudadano, volviéndolo garante, no solamente

espectador del uso eficiente y eficaz de los limitados recursos existentes.

Es fundamental que las acciones y acuerdos tomados, obedezcan a la visión de futuro

que se haya definido y aprobado entre las fuerzas políticas y actores de la sociedad

civil. Todos deben sentirse identificados y comprometidos con las propuestas y

generar la confianza necesaria para emprender juntos la tarea impostergable de que El

Salvador, vuelva a ser un país próspero, con oportunidades para todos frente a los retos

del nuevo milenio.

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Anexos resumen de comentarios en rondas de discusión con invitados

Mesa temática: Integración con el mundo y alianzas

Moderadora: Luz María Serpas de Portillo, Departamento de Estudios Económicos (DEC)/FusadesComentaristas: Johanna Hill, Anabella Lardé, y Rafael Barraza

Primera ronda: Comentarios de los panelistas

• Un primer gran tema es que se estaban presentando dos capítulos de varios que tendrá el documento; la inquietud es comprender cómo se conectan con los otros capítulos; por ejemplo, este día se señaló la importancia de las instituciones, pero hay otros capítulos que también van a tratar el tema, y es bueno entender cómo se van a relacionar.

• En los noventa la contratación de préstamos con los bancos multilaterales imponía una disciplina de cumplimiento y ejecución que se perdió desde el momento que ya casi no se aprueban estos préstamos.

• La adhesión de El Salvador a la OCDE tiene valor, no por la adhesión en sí, sino por la disciplina que exige de parte del país, y por la cooperación que puede recibirse de países más desarrollados; obliga a establecer prioridades e ir trabajando en las áreas más necesarias. Es importante por todo lo que implica para la institucionalidad y otras

reformas, independientemente de que El Salvador termine adhiriéndose o no.

• En el tema de la adhesión a la OCDE para 2020-2023, ya existe un acuerdo en que el tema principal es la educación y la capacitación de los jóvenes.

• Deben crearse políticas industriales modernas no basadas en subsidios, incentivos o prebendas, sino que lo importante es crear nuevos sistemas y redes de apoyo.

• Es clave seguir trabajando en la Unión Aduanera y crear una cultura de cumplimiento de las leyes y acuerdos. Existen tratados de Libre Comercio (TLC) muy buenos, pero que no se aprovechan ni se cumplen, y no existe un mecanismo de revisión de cumplimiento y avances.

• Las instituciones están presentes en todos los temas de desarrollo, crecimiento económico, cadenas de valor, economía del conocimiento. El desarrollo institucional es importante, pero lo medular es darles continuidad a los proyectos, ya que cada administración hace nuevos planes y desecha los antiguos, por lo que no se aprovechan los esfuerzos anteriores y no se construye sobre lo avanzado, sino que con cada cambio de gobierno se comienza de nuevo. Debería haber continuidad.

• Las cadenas de valor están más desarrolladas en el capítulo de crecimiento y oportunidades. Debe haber una estrategia para lograr insertarnos, pero, al mismo tiempo, una estrategia especial para la pequeña y mediana empresa (PYME), y establecer como objetivo específico ayudar a estas empresas a insertarse.

• Un gran tema es que hay un serio deterioro en la confianza en el gobierno, en los políticos y las instituciones, y esto puede tener graves resultados, y llevar a problemas políticos profundos.

• En la presentación hay elementos que sobresalen: la institucionalidad y la educación. El 54% de los jóvenes se queda sin completar la secundaria, y este porcentaje está por arriba del promedio de América Latina. El porcentaje de ninis en El Salvador, 27%, está entre los más altos de Latinoamérica. El 68.2% de la población económicamente activa es informal, y el empleo formal está estancado desde 2000.

• Se reconoce que hay un problema de migración, y que hay que tener políticas para atender a esta población e insertar a los que regresan.

• Sobre la migración, debería de haber más énfasis en cómo aprovechar el papel de la diáspora, en la que pueden encontrarse científicos, emprendedores o intelectuales, entre otros. Existen ejemplos sobre cómo aprovechan la diáspora en otros países; por ejemplo, Escocia aprovecha a trabajadores que laboran en empresas en el exterior para tratar de atraer inversión extranjera; también la Fundación Chile tiene como mentores a chilenos que viven en el exterior; esas redes se pueden aprovechar mucho.

• Con las crisis institucionales la gente está votando con los pies, hay problemas en el sistema; la pregunta es cómo trabajamos para blindar las instituciones. Cuando hablamos de las instituciones no se hace referencia a un organismo del Estado, sino más bien se refiere a la manera de actuar con transparencia. Por ejemplo, existe un Instituto de la Juventud (INJUVE), pero no hay una evaluación de sus políticas o programas, a pesar de que se está invirtiendo mucho dinero.

• Pensar que porque nos vamos adherir a la OCDE nos vamos a convertir en un país desarrollado es una falacia, para ser un país desarrollado debemos cambiar. Otro punto es

el cambio tecnológico, si estamos volando en un avión con hélices, no se puede convertir de forma inmediata en un jet, debe haber un balance mientras seguimos volando con hélice, pero se va cambiando a jet.

Segunda ronda: Intervención del público

• Llama la atención el tema de la integración al mundo y las alianzas. Por ser un país pequeño, las oportunidades de crecer para El Salvador están afuera, y deberíamos ser especialistas en buscar alianzas con el exterior.

• En 1994, la economía salvadoreña se abrió al mundo; actualmente se tienen más de 90 tratados, que son alianzas importantes; pero el país, por diferentes motivos, no ha podido sacar provecho de estos acuerdos. En 1995 hicimos una gran alianza con la Organización Mundial del Comercio (OMC), ayudando a que varios de indicadores económicos mejoraran.

• Antes estaba la Cuenca del Atlántico, que se ha agotado, ahora tenemos la Cuenca del Pacífico, y nosotros tenemos la dicha de estar en el Pacífico y deberíamos aprovecharla; ya hay tratados de libre comercio con Taiwán y Corea del Sur, faltaría tal vez Singapur.

• Si no se resuelven la corrupción y la inseguridad, pueden dar al traste con cualquier estrategia.

• Se debe aprovechar más la integración centroamericana. La región centroamericana dentro de América Latina, es el tercer mercado más atractivo para el resto del mundo; como región somos la cuarta economía del mundo y tenemos potencia acumulada.

• Lo que más llama la atención de El Salvador es la gente, que es buena a pesar de todas las penurias que han pasado; este es el mejor recurso que tiene el país. Pero, entonces, la pregunta es ¿por qué no tienen el desarrollo

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turístico ecológico con el que Costa Rica se ha posicionado?

• La experiencia negativa que se tiene al llegar al aeropuerto hay que corregirla; cerca de 200 personas, y solo cuatro atendiendo en migración y sin aire acondicionado.

• Hay que crear ciudadanía para no caer en el populismo, hay que educarlos para que voten responsablemente.

• La educación está desfasada y se sigue enseñando con el mismo modelo de 1850, mientras los jóvenes están aprendiendo por su cuenta con otra tecnología; si no hay un cambio radical, no podremos avanzar; se pueden desarrollar habilidades tecnológicas a corto plazo, y simultáneamente mejorar la educación formal que tomará más tiempo.

Tercera ronda: comentaristas

• En la presentación se trató de hacer un balance entre los trámites y la educación; y se estableció que no solo se tiene que enfocar en resolver los problemas del pasado, sino también, tener en cuenta los retos del futuro con la revolución tecnológica.

• Se ha reiterado que la educación es un tema

prioritario para el desarrollo inclusivo y

sostenible.

• Hay alianzas importantes con los TLC, y

oportunidades, pero se tiene que ser más

proactivos, pues no se están aprovechando.

Se necesita hacer estrategias de cadenas de

valor para las PYME.

• Se hacen programas gubernamentales, pero

no hay evaluación y eso no permite corregir.

Se debe crear una cultura de la evaluación y

rendición de cuentas, en cada institución. Hay

que hacer carrera en el sector público pero

que sea por mérito.

• En cuanto al tema de los retornados, deben aprovecharse las capacidades de los que regresen. En todos estos años ha habido fuga de empresarios, muchos de los cuales han triunfado en el extranjero; esta fuga tal vez explica parte del bajo crecimiento. ¿Cómo aprovechar a los que regresan? Muchos emigrantes tienen experiencia valiosa, aunque no necesariamente tienen títulos ni redes; entonces, se debe pensar en cómo se les ayuda con estas redes y cómo se les inserta.

• ¿Cómo se va aprovechar el bono demográfico (población de 20 a 64 años), que en el país llegará a un máximo de cerca del 57% en 2040?

• El mercado laboral es un tema transversal, y es algo que falta en esta estrategia; el mercado laboral son dos caras de una misma moneda: por un lado, la oferta, que son los trabajadores, y por otra, la demanda que son los empresarios. La OCDE también tiene experiencia en el mercado laboral.

• Se debe quitar el miedo a las computadoras, y entender que tecnología no es lo mismo que computadoras, sino que se refiere a conocimiento de cómo se desarrollan los procesos y los resultados.

• Trinidad y Tobago, Israel, etc. son experiencias de éxito sobre retornados.

• Al adherirse a la OCDE habrá necesidad de hacer cambios en los sistemas estadísticos. Efectivamente, se tendrían que hacer cambios institucionales y la forma de recoger, procesar y presentar los datos.

• En cuanto a las cadenas de valor, para los que exportan, los costos son demasiado elevados; además, se exigen demasiados papeles. El uso de las tecnologías debería ser obligación en todas las instituciones del Estado, ya que actualmente al exportador se le obliga a hacer en papel una serie de trámites.

• Si el joven no tiene esperanza de conseguir un empleo, por ejemplo, en Usulután, eso desmotiva al estudiante y agrava la deserción.

Mesa temática: Crecimiento con oportunidades

Moderadora: Pedro Argumedo, Departamento de Estudios Económicos (DEC)/FusadesComentaristas: Carmen Aída Lazo, Luis Mem-breño y Rafael Pleitez

Primera ronda: Comentarios de los

panelistas

• Es positivo que El Salvador se dé cuenta que está en una cuarta revolución industrial y requiere una nueva estrategia, pero no hay consenso de oportunidades y desafíos.

• Hay riesgo de eliminación de puestos mecánicos o repetitivos, pero también hay oportunidades por creación de nuevos sectores.

• Al analizar los estudios no hay un consenso de aciertos y desaciertos de la cuarta revolución industrial, es un proceso dinámico y por eso se debe mantener en la agenda,.

• La cuarta revolución no es la única tendencia, existen otras: o Cambio demográfico y estructura de la

población.o Los servicios, a la raíz de los cambios,

como la industria de salud.o Ambientales, como cambio climático.

• Se coincide en una primera fase de agenda de competitividad, para mandar certeza sobre el rumbo, con reducción de trámites, eficiencias logísticas; que se conocen como políticas industriales horizontales, pero también, hay

que entrarle a las verticales o sectoriales. • El tema es ¿en qué áreas? Hemos sido

bastante puristas en cuanto al tema, pero sí es necesario ver una agenda sectorial. Lo que se ha hecho en los sectores como aeronáutica, plásticos, farmacéuticos, textiles, plantean que se puede empezar por ahí y cómo enrumbar estos sectores a la cuarta revolución industrial.

• Es necesario añadir mecanismos de acceso a financiamiento, faltaría dinamizar a nuevos sectores (caso de Francia), y una propuesta más audaz en el sentido de participación con equidad. Que no se entienda que es una estrategia que beneficia a unos pocos

• ¿Qué rol puede jugar el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) para aumentar el acceso a financiamiento?

• Quedó fuera el tema de la economía dual, formalidad e informalidad. La agenda de competitividad debe tener claro cuáles son los incentivos o desincentivos para pertenecer al sector formal, porque el hecho que se estén generando varias unidades productivas de poco valor agregado (restaurantes, peluquerías) le quita competitividad al país. .

• No es necesario esperar para entrar a una segunda o tercera parte del nuevo gobierno, para impulsar las zonas especiales económicas.

• La presentación fue muy refrescante, porque no es aquello que estamos acostumbrados. El país ha perdido mucho tiempo. El mundo ha avanzado. En telecomunicaciones es donde se ve más claramente. Del 3G se pasó al 4G, y ahora hay países que están en el 5G, y nosotros quedamos en el 3G. Eso es representativo de la cuarta revolución industrial, cuando realmente estamos en pañales en la tercera, o en la segunda. El Salvador se ha quedado muy rezagado, y se ha retrasado en la parte educativa. Podemos hablar de muchas cosas, pero si no le damos énfasis a la recapacitación o la educación, especialmente en los jóvenes, no se avanzará.

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• Sin ser absolutista, el crecimiento económico resuelve mucho del problema del país, para que haya empleo e impuestos. Se dijo que, si crecía la economía, la brecha del empleo se iba a cerrar, y el fisco tendría 3% más en recaudación. El crecimiento económico hubiera evitado el ajuste fiscal que se ha venido haciendo y se tiene que continuar haciendo en el país. El crecimiento nos puede dar los recursos que se requieren para la educación.

• Hay que tener una nueva visión de financiamiento de largo plazo. Hay una fase de transición entre lo que es urgente y adónde se quiere llegar. Muchas personas se están quedando fuera, y llevarlos de regreso se va a tardar muchos años.

• La definición de qué hacer del segundo al cuarto año es una buena hoja de ruta, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Esto no se va a poder hacer en una administración. Tenemos que pensar en un periodo de transición, desde dónde estamos hacia dónde queremos estar, y que va durar más que un periodo presidencial.

• Por ejemplo, para entrarle al tema de educación de manera rápida, probablemente la solución es más con institutos tecnológicos que con universidades. Los alemanes, son muy buenos en estos temas.

• Si solo hablamos de educación 4.0 o industria de 4.0, nos podemos quedar hablando solos, sería clave cómo la población va tomando este camino con medidas o periodos más cortos.

• Tres puntos a considerar:

1) ¿Cuál es la relación que existe entre lo planteado en este capítulo de crecimiento con oportunidades y la agenda 20-30 para el desarrollo sostenible?

Todos los estados aceptaron la agenda ODS, y El Salvador se comprometió a implementar esta

agenda aceleradamente. Los 17 ODS, tienen la característica de la integralidad. Tiene un balance entre lo económico, lo social, y lo medioambien-tal. Lo económico sí, pero socialmente inclusivo y medioambientalmente responsable.

Se ha juntado el desafío tradicional con el del empleo. Va en sintonía con lo tradicional que está en el trabajo formal, o trabajo decente, que está contemplado en el objetivo de desar-rollo sostenible No.8 “Promover el crecimiento económico, y el trabajo decente para todos” y específicamente al ODS 8.3, que es promover “políticas al desarrollo, que apoya la creatividad”.

El país se queda un poco corto al integrar prob-lemas de pobreza y vulnerabilidad, donde está el lema que nadie se quede atrás. Esto tiene su énfasis en la desigualdad donde hay otras esferas en el desarrollo, donde se cuestiona, qué grupos están fuera o rezagados, y llevaría a preguntarse quienes se están quedando en la brecha del empleo, y surgen dos grupos: 47% para partici-pación de la mujer y 80% para el hombre, donde una explicación es la excesiva carga del cuido en el hogar; y los jóvenes, con baja calidad o en deserción. El problema es que el crecimiento no cerrará esa brecha. El capítulo se puede enriquec-er con la agenda 2030 de los ODS.

2) El acuerdo de competitividad requiere de una plataforma para conocimiento colectivo.

El PNUD a nivel internacional está pensando en

ello, se necesita una plataforma de cocreación

y de codescubrir de pensamiento, una confor-

mación de una red de participantes transicionales

y no tradicionales, porque hay que empezar a

construir el conocimiento colectivo, pero ello

necesita una plataforma.

3) Hay que pasar de la epidemia de la desconfianza, al multiplicador de la confianza.

Sobre el rol de la confianza, decía el economista del siglo XX, Keynes, que no es un mero cálculo de costo y beneficio, sino que hay una valoración humana de riesgo, el “animal spirit”. La plataforma debe contribuir al objetivo de mejorar la confianza.

Segunda ronda: Intervenciones del público

• Ya no podemos dar marcha atrás. Las medidas

se ven ejecutables, y no son controversiales.

• Un plan debe estar concentrado en los jóvenes

más que en las mujeres.

• El país necesita de la prédica de las buenas

nuevas. Esto necesita una campaña

permanente.

• Que las personas de a pie sueñen, y qué mejor

que seguir con las políticas públicas de la OCDE.

• Que no pase lo mismo que la comisión de

desarrollo, longitudinal y puerto tirados.

• No veo gente de la universidad nacional. Los

sindicatos en la UES ven con desconfianza estos

esfuerzos. A ellos no les permean estas ideas.

• Escuchando la presentación, pongo a

disposición lo que se está haciendo el proyecto

de USAID de educación superior y crecimiento

económico.

• Conformación y desarrollo de clúster en

universidad – empresa y manufactura liviana

con industria 4.0. ASI-CAMAGRO, se ha

identificado problemas en la empresa y la

maya curricular.

• Está el borrador de la política nacional de

educación superior, que plantea gobernanza

con conexión al sector productivo, con

internacionalización.

• Para el acceso a Internet en la escuela con

la universidad Don Bosco y Gerardo Barrios,

trabajan el “TVY space”, espacios que quedan

dentro de las frecuencias para llegar a las

escuelas a bajo costo. Hay empresas como

Microsoft apoyando esto. Es posible usar hot-

spot a través de los celulares.

• Revisar la experiencia del CITED, para impulsar

la industria 4.0.• Hay que darle una esperanza inmediata a la

gente. Hay que darle un sueño con acciones concretas ya, como las medicinas en los hospitales y el ISSS. Tiene que haber acceso, pero de calidad.

• Tenemos que definir la informalidad, porque estamos en los bancos, pedimos tanta información, estamos desbancarizando el país por exigencias del regulador, como

declaraciones de impuestos.

• Para ir a 4.0 que los jóvenes estén educados.

• Si en el mundo se van a crear 500 millones

de empleos, se van a aprovechar solamente

si estamos capacitados. Todos estamos de

acuerdo que empieza en la educación.

• No existe para las grandes mayorías, está

en la primera infancia, que se estructure

la educación de 0 a 6 años con capacidades

blandas. Es ahí donde está la economía del

2040, con los niños que están naciendo hoy, • Es importante invertir en educación,

especialmente para las niñas. Educación superior enfocada a dónde va la economía y el involucramiento de los adultos en el cumplimiento de las leyes.

• En relación con los objetivos del milenio, el país está bien en términos de acceso a la

electricidad. • Llama la atención el tema de la integración al

mundo y las alianzas. Por ser un país pequeño, las oportunidades de crecer para El Salvador están afuera, y deberíamos ser especialistas en buscar alianzas.

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Tercera ronda: comentaristas

• Es importante dejar de ver solo lo negativo. La ilusión y la confianza debe permear, y deben estar en este plan. Para los vecinos de Centroamérica, el país va progresando en ciertos ámbitos.

• Hay bastante consenso. Hay que pensar el diseño institucional. Ver qué funcionó y qué no funcionó de las agendas de competitividad. Con la cuarta revolución industrial, en China se usa el reconocimiento si los niños se están aburriendo en su clase. ¿Cómo se pueden usar las tablets? La tecnología nos da una oportunidad de tener una mejor política pública usando “big data” para hacer intervenciones más robustas.

• Todos coincidimos en la calidad de la educación, más en la calidad que en la cantidad. La clave está en el maestro.

• No solo hablemos de crecimiento sino de desarrollo inclusivo.

• Hay un corto plazo que atender. Cómo hacemos la transición que no pueden esperar. Con las acciones de las personas en el día a día. La parte de la población que está más rezagada le va a costar más.

• Para terminar, tres cosas:o Primero, cómo lo podemos enfocar

siendo realista. El Índice de Desarrollo Humano retrocede, pero otra manera de enfocarlo es en 25 años, la evolución del índice muestra cómo el avance en lo social destaca, pero El Salvador ha avanzado más rápido que el promedio mundial, el problema está en que se ha ralentizado. Con 0.68 estamos en el nivel de desarrollo humano medio, y si llegamos a 0.70 llegaríamos a un nivel de desarrollo humano alto. ¿Qué hacemos para recuperar el tiempo, y pasar a ser un país de desarrollo humano alto?

o Segundo, es importante tener estas agendas que le den un horizonte al país, porque

estamos muy atrapados en la coyuntura, y una agenda de más tiempo da oxígeno para ver a dónde queremos ir.

o Tercero, el título que “Progresando en el nuevo milenio”, fue un término que se puso de moda en el siglo XIX, y después fue el de desarrollo, pero ahora está nuevamente de moda, que el progreso va más allá, nada que disminuya los derechos y nada que amenace la sostenibilidad puede considerarse progreso.

• En la presentación se trató de hacer un balance entre trámites y la educación; estableció que no solo se tiene que enfocar en resolver los problemas que se traen del pasado, sino también que para avanzar hay que tener en cuenta los retos futuros de la revolución tecnológica.

Mesa temática: Instituciones sólidas

Moderadores: Javier Castro De León, Director Departamento de Estudios Legales (DEL/Fusades, Luis Mario Rodríguez, Director Departamento de Estudios Políticos (DEP/Fusades) Comentaristas: Fidel Chávez Mena, Carlos Mauricio Guzmán Segovia, José Marinero

Primera ronda: comentarios de los panelistas

sobre institucionalidad en general

• La seguridad jurídica de un país es un elemento fundamental para atraer inversión mejorando el clima de negocios y la misma pasa por un sistema de justicia más confiable que el que tenemos actualmente.

• Es necesario garantizar protección de la inversión brindando certeza seguridad y eliminando la excesiva tramitología, para no perder competitividad en relación con

otros países. Si bien el Organismo de Mejora Regulatoria ha dado pasos importantes, aún hacen faltan varios aspectos por mejorar, a lo cual ayudará la creación del Registro Nacional de Trámites.

• También se hizo alusión al Código de Comercio, el cual data de 1973, por lo que no responde a las necesidades y realidades actuales. En particular, debe actualizarse la legislación para la creación y funcionamiento de las sociedades mercantiles para mejorar el clima de negocios.

• En cuanto a uso de lenguaje de las propuestas, en lugar de usar “ciudadanos”, usemos “derechos de los ciudadanos”. Decir “instituciones en función de los derechos de las personas”.

• Se destacó que la gran carencia del aparato público recae en una falta de visión a futuro y la falta de planificación adecuada. La función estatal debe organizarse alrededor del ciudadano y las instituciones deben actualizarse para responder a sus demandas cada vez más complejas.

• Por esas mismas razones, es muy importante que el estudio tenga una clasificación de prioridades, que pueden organizarse alrededor de los criterios de:

o Atender a grandes tensiones ciudadanas, ocasionadas porque estos tienen mayores demandas de derechos hacia las instituciones: por mayor calidad democrática, más exigencia de sus derechos y mejor calidad de servicios.

o Atender a tensiones entre ciudadano y legalidad, de modo que el respeto de las leyes sea natural no una imposición. Existe una tensión entre buscar una expansión o desarrollo normativo por un lado y el cumplimiento de la ley por el otro.

o Ver las instituciones como la forma que responde a un modo de entender la realidad, la economía, la democracia.

• Otro tema de gran importancia es la revisión del art. 240 Cn., a fin de establecer adecuadamente la responsabilidad de los funcionarios sobre probidad.

• Es indispensable cambiar estructuralmente la CCR para crear una verdadera contraloría. Deben establecerse mecanismos de control a conflictos de intereses y a la prevención del enriquecimiento ilícito de los servidores públicos.

• En el corto plazo, y previo a las necesarias reformas constitucionales y legales para crear la contraloría, se requiere una nueva Ley de Probidad que sustituya la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de los Funcionarios y Empleados Públicos. También, en el ínterin o alternativamente, se puede considerar otorgarle al Tribunal de Ética Gubernamental, constituido como órgano independiente, la recepción de las declaraciones de probidad.

• Por último, se hizo notar la necesidad de reestructurar el TSE, en forma similar al sistema mexicano que tiene un instituto nacional

electoral y un tribunal electoral autónomo.

Segunda ronda: comentarios de los panelistas sobre el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia

• Si bien el proceso actual de elección de magistrados de la CSJ es fruto de los Acuerdos de Paz, 26 años después se hace necesario revisarlo integralmente. Por lo que deben establecerse más y mejores filtros, sobre todo para cubrir los vacíos que existen actualmente, como en la etapa que organiza la FEDAES y en la deliberación legislativa.

• Se requieren de reformas al RIAL para mejorar los procesos de elección de segundo grado, con especial referencia a la CSJ.

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• Concretamente, se propone la bifurcación del proceso en su etapa de preselección: abogados en libre ejercicio a cargo de FEDAES y jueces a cargo del CNJ. Sin embargo, la evaluación técnica de todos los candidatos debe recaer en el CNJ.

• Es necesario que los estándares de selección se establezcan directamente en la Constitución.

• La justicia constitucional se fortalecería al aprobar una nueva Ley Procesal Constitucional que atienda a la actualidad nacional.

Tercera ronda: intervención del público

• Deben de evitarse los abusos a través de las investigaciones de probidad.

• Es necesario cambiar las normas y los procesos para lograr nombrar a mejores funcionarios.

• Toda modernización debe considerar el aprovechamiento de tecnología y que se genere un cierre de la brecha digital que tiene el país.

• Se planteó la inquietud ante los retos que traen las nuevas tecnologías y en la cuarta revolución industrial, que textualmente dice: “ante la falta de una política pública de ciberseguridad, y en general del uso y desafíos de las tecnologías, cuáles son las propuestas para balancear esa carencia y a la vez modernizar (digitalizar) y fortalecer las instituciones públicas por medio de la implementación de tecnologías”.

Cuarta ronda: comentarios de los panelistas

sobre la función pública

• Se señaló la necesidad de impulsar una reforma de la función pública, aunque hay 2 realidades que deberán considerarse: el periodo preelectoral que complica un poco el tema y que no puede pretender hacerse todo partiendo de cero.

• Es imposible una visión de futuro sin considerar a las instituciones. Los arreglos institucionales (por ejemplo: reglas, recursos humanos, titulares) deben ser el hilo conductor, siendo la reforma a la función pública la más importante de todas.

• Debe profesionalizarse la política, tal como proponen académicos como el Dr. Alcántara.

• En general, en la agenda debe considerarse la revalorización de la política y de los partidos políticos. En general, se debe de transitar de un sistema clientelar a uno basado en instituciones.

Informe de relatoría

Mesa de discusión: Seguridad ciudadana

Panelistas: Salvador Samayoa, firmante del Acuerdo de PazFrancisco Bertrand Galindo, exministro de Justicia y Seguridad PúblicaCarlos Carcach, Coordinador del Centro de Políticas Públicas de la Escuela Superior de Economía y Negocios

Primera ronda de intervenciones

• Es necesario considerar acciones para mejorar el sistema de centros penitenciarios, de tal forma que estas instituciones favorezcan la rehabilitación de los privados de libertad.

• En materia de prevención social de la violencia, la coordinación de programas es crucial para la efectividad y la obtención de resultados positivos. Por otra parte, se requiere de mayor inversión social, principalmente orientada al mejoramiento de barrios, considerando la lógica territorial y la prioridad de los diferentes

actores.• La recuperación del control territorial pasa por

la reinstauración de la presencia del Estado a nivel local, considerando intervenciones coordinadas entre las comunidades, gobierno local y el gobierno central.

• El liderazgo en materia de seguridad debe trascender el trabajo ministerial y coordinarse con los esfuerzos del Ejecutivo.

• La identificación de los principales desafíos para la seguridad ciudadana no puede ignorar el tema de pandillas, sus dinámicas y la magnitud del control territorial que ejercen estos grupos. El fortalecimiento de la institucionalidad no puede estar por encima de este problema, es necesario profundizar el análisis sobre el funcionamiento de los grupos pandilleriles, los efectos de sus actuaciones en el territorio y su creciente papel en la provisión de servicios que corresponden al Estado.

• Las estrategias de prevención social de la violencia deben considerar que cualquier intervención orientada a la recuperación de los espacios públicos se enfrenta a restricciones derivadas del control que ejercen las pandillas como actor que compite con el Estado en la provisión de servicios.

• Es necesario repensar el diseño de algunas instituciones como la Policía Nacional Civil, procurando evitar que se convierta en un mecanismo más represor y que no está enfocado en el delito. Una posible reforma sería la de separar la labor de investigación de las tareas de seguridad pública.

• La generación y análisis de estadísticas

confiables es crucial para que las instituciones

encargadas de la seguridad y justicia cuenten

con información que les permita enfocar los

esfuerzos, principalmente de prevención

social de la violencia.

• Otro aspecto a considerar es la creación

de sistemas integrados de estadísticas y

de información geográfica que faciliten

la elaboración de mapas de violencia y

criminalidad.

• Existe un desgaste del concepto de prevención,

actualmente el tema está altamente

burocratizado y el entramado institucional

complejiza la implementación de estrategias

coordinadas y efectivas, por lo que es necesario

revisar la multiplicidad de entidades que

participan en tareas de prevención de la violencia.

• El mejoramiento y recuperación de

asentamientos precarios urbanos es esencial

para la generación de ambientes seguros y

agradables, en estos espacios las condiciones

socioeconómicas son un factor determinante

para el ingreso de jóvenes a la vida delictiva.

Aportes del público

• La importancia de la coordinación de esfuerzos debe involucrar una mejor comunicación entre la policía municipal en la parte preventiva y la PNC en tarea de control e investigación.

• La participación de la academia es limitada, el país no cuenta con cursos de formación profesional para capacitar a especialistas en seguridad pública, seguridad ciudadana y criminología.

• Es imperativa la creación de un instituto de ciencias forenses, acompañado de acciones de formación en criminología y medicina forense,

así como de la dotación de la infraestructura

y recursos adecuados para el desarrollo de

la investigación científica. En este sentido, el

país debe trazar un plan de largo plazo para la

profesionalización de las fuerzas de seguridad

F U S A D E S116 117

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

y el fortalecimiento de la investigación científica a través de una inversión constante y de largo plazo, que apueste por la innovación e inversión en tecnología.

• La definición de fuentes de financiamiento, tanto a nivel local como nacional, es un factor determinante para la implementación de políticas de control y prevención.

• Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la masculinidad en el país y qué esfuerzos se están haciendo para evitar la

reproducción de patrones de violencia.

Reflexiones finales

• Es importante trabajar en la construcción de

nuevas masculinidades, considerando los

efectos de carácter psicosocial que podrían

explicar los comportamientos violentos.

• La descentralización de la seguridad pública

y la adopción de marcos de políticas basados

en las particularidades de los territorios son

acciones que favorecerían la recuperación del

control territorial por parte del Estado.

• Todas las estrategias que serán implementadas,

tanto en materia de prevención como de

control, deben responder a una estrategia

nacional, de largo plazo, que considera la

multicausalidad del problema y otorgue

respuestas a las demandas territoriales de la

población, con el objetivo de reposicionar el

Estado en el territorio.

Mesa temática: Educación

Moderadora: Sandra de BarrazaComentaristas: Carolina Rovira y Darlyn Meza

Primera ronda: Comentarios de los

panelistas

• Los objetivos planteados están alineados con una agenda internacional y aportan aspectos fundamentales. Al respecto, el enfoque de la primera infancia es una etapa que ha estado descuidada del sector; centrar la mirada en la calidad docente y directa es importante en la calidad educativa; y vincular la educación con el mercado laboral atacaría el fenómeno de la deserción.

• Deben visibilizarse las medidas urgentes y de corto plazo. Una de ellas es cerrar las brechas y detener el deterioro del sistema educativo. Para ello, es necesario garantizar un nivel mínimo de infraestructura y equipamiento, contar con los mejores maestros y reformar el marco legal.

• Las acciones para incentivar el ingreso y la permanencia escolar no corresponden completamente con la realidad del país; se vinculan más con la realidad urbana. Es esencial incluir el enfoque territorial al planteamiento, ya que la realidad rural difiere de la urbana.

• En un estudio realizado por la Fundación de la Educación Superior, se identificó que las principales causas de deserción son el embarazo adolescente y la violencia; por lo tanto, se debe visibilizar la importancia de la educación sexual integral y de la misión de la escuela de garantizar un espacio libre de violencia, en coordinación con otros actores.

• Es necesario establecer estándares nacionales para la formación inicial docente, al igual que Chile y Ecuador, así como también requerimientos de certificación y formación para la dirección escolar.

• Se debe incentivar una gestión escolar de apoyo a los docentes; por ejemplo, medidas

de reforma administrativa en el sistema que ayude a ponerse al día con los salarios y de reforma legal.

• Uno de los objetivos principales debe ser garantizar un aprendizaje efectivo.

• No es labor de la escuela garantizar su seguridad, pero sí tener condiciones mínimas para que los niños desarrollen su jornada escolar en paz. 65% de las escuelas están en comunidades donde actúan pandillas.

• Hace falta reflexionar sobre los desafíos presupuestarios y estimar montos, fuentes y uso de recursos para el desarrollo de estas medidas.

• Es importante tener la capacidad para concretar las propuestas enfocadas en la atención a menores de tres años, no solo con un discurso que vaya de la mano con el marco institucional, sino que también a nivel operativo.

• Es fundamental enfatizar en el rol de los políticos, así como también usar distintas instancias para exigir una reforma en el sector educativo y ejercer presión sobre ellos.

• La educación debe replantearse para responder a las demandas socioeducativas que impone el avance de la ciencia y tecnología. La clave parece estar muy centrada en la formación del profesorado.

• La formación docente debe concebirse en un perfil multifacético, transformador de sí mismo para transformar a otros. Esta consideración permite evaluar el rol de las instituciones formadoras de quienes se espera su modernización, sobre todo en las ofertas curriculares en la formación docente.

• La escuela debe ser garante de preparar a los estudiantes para el trabajo. El docente debe apropiarse de métodos de enseñanza aprendizaje donde el binomio teórico-práctico promueve el trabajo como eje fundamental para la vida.

• Desprenderse del discurso común en el aula y ofrecer alternativas metodológicas que inviten a los educandos al trabajo colaborativo, a la investigación de casos específicos según necesidades de la vida y de acuerdo con los contenidos programáticos, sobre la base del desarrollo cognitivo de los mismos.

• Es imperativo que el docente domine las estrategias didácticas de integración de contenido, garantizando así que los educandos se formen una concepción científica del mundo bajo la unicidad de las ciencias.

• La escuela debe inducir el uso apropiado de la tecnología como herramienta que facilite el aprendizaje.

• La investigación es el eje primordial para garantizar la calidad en la producción de ciencia y tecnología.

• La formación docente debe contemplar la investigación científica como base para la innovación y cualificación del formador de generaciones.

Segunda ronda: Intervención del público

• La profesionalización de la dirección escolar es clave.

• Se debe determinar cuáles serían los fondos presupuestarios que se utilizarían para la implementación de las estrategias a adoptar y de dónde provendrían los mismos: áreas de ahorro; incremento presupuestal, etc.

• Se deben tomar en cuenta presupuestos por resultados, explorando cuáles son los fondos para poder implementar las estrategias planteadas.

• Es necesario visibilizar el rol de la familia y la corresponsabilidad de la escuela, familia y comunidad.

• Se sugiere incluir el acceso para personas con discapacidad.

• La Ley General de Educación tiene que ser actualizada; el esfuerzo con los políticos es crucial.

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

• La duración de formación inicial de maestros es corta. Se sugiere establecer un mínimo de cinco años, teniendo los últimos dos años para la especialización.

• El monitoreo de la labor docente y los incentivos son aspectos fundamentales.

• Los asistentes técnico-pedagógicos se han convertido en asistentes de gestión. Es necesario tener asesores pedagógicos.

• Se recomienda considerar las experiencias del proyecto de educación superior de USAID, en relación con el fortalecimiento de la investigación y la vinculación con el sector productivo.

• Las propuestas deben tener una visión de mediano y largo plazo; cinco años no son suficientes. Se necesita que la educación sea una política de Estado, y no de gobierno.

• Es necesario el enfoque humanista; no solo se aprende para trabajar, sino para vivir.

• El sistema educativo debe desarrollarse y ampliarse bajo una estrategia descentralizada y enfatizar en las oportunidades y demandas no satisfechas en el ámbito territorial.

• Se sugiere incluir el enfoque de resiliencia en la educación, a fin de generar mayor capacidad de resiliencia en los estudiantes al cambio climático y a los distintos riesgos del contexto nacional.

• En un estudio sobre la eficiencia del gasto público realizado por la Unión Europea, se concluyó que el gasto en educación ha aumentado; sin embargo, 82% de esos recursos corresponde a salarios. En este esfuerzo de incrementar la inversión en educación, se recortan elementos que acompañan la enseñanza y el apoyo al maestro. Es un desafío acomodar esta ruta de acciones en la estrechez presupuestaria.

• Las políticas del Ministerio de Educación no bajan al centro escolar; están aisladas de la gerencia escolar y el funcionamiento de las escuelas.

• La educación infantil tiene un efecto estadístico en la permanencia escolar.

• Hay un problema en la Comisión de Cultura y Educación: ¿qué ha hecho? ¿cuál es la ley que ha mejorado el sistema educativo? Ante un marco legal obsoleto, no es sorpresa que el sistema de educación también lo esté.

• Los principales desafíos que enfrentan los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad se encuentran en matemática e inglés.

• El sistema educativo debe ser inclusivo, donde nadie se quede atrás. Para ellos, la formación docente debe ser de calidad y con atención a la diversidad que hay en los estudiantes. Debe incluirse la educación de la población con discapacidad. Si no hay educación, no hay desarrollo y la condición de discapacidad no es limitante para recibir la misma educación y formación que el resto, solo se requiere pensar en que la humanidad es diversa y con sus propias características.

• La educación de las personas con discapacidad debe ser en el sistema educativo regular, no especial, en esta no se aprende. La educación inicia con la interacción y el aprendizaje y convivencia con las demás personas.

• Se hace necesario reformar el marco legal, a fin de que sea inclusivo y no existan dificultades de no atención por falta de normativa.

• Se considera pertinente la inclusión de la perspectiva demográfica para el cálculo de futuros presupuestos en el área de educación.

Tercera ronda: comentaristas

• Conviene crear una plataforma para compartir las distintas experiencias exitosas de educación.

• Se debe visibilizar el desafío que presenta una calidad deficiente de educación básica y media en la educación superior. No se pueden solventar muchas de las dificultades con las

que llegan los estudiantes, comprometiendo la calidad de los profesionales que se forman. Ciertamente, el nivel superior no logra resolver los problemas del sistema educativo.

• La mirada territorial es clave. Es necesario crear incentivos para que los mejores docentes enseñen en escuelas rurales.

• Alcanzar una reforma educativa requiere la participación activa de diversas organizaciones, de la sociedad civil, de los sindicatos y del Ministerio de Educación. Urge incentivar la organización de la sociedad civil.

• La unidad de aprendizaje es el docente. Es necesario priorizar las necesidades del sector educativo. Fue más importante una política de paquetes escolares, que entregar libros de texto.

• Una de las deudas más grandes en el sector es un marco legal obsoleto.

• Se debe trabajar en un acuerdo por la educación, con políticas más allá de un gobierno.

• El derecho del niño debe prevalecer ante cualquier derecho laboral.

Mesa temática: Salud y Medio Ambiente

Moderadora: Dra. Helga Cuéllar Marchelli, Directora Departamento de Estudios Sociales (DES)/FUSADESComentaristas: Dr. Herbert Betancourt y Dr. Milton BrizuelaPrimera ronda: Comentarios de los

panelistas

• El Ministerio de Salud (MINSAL) requiere de un contrapeso institucional que verifique la calidad de los servicios prestados. De acuerdo con la Ley, esta función la tiene el Consejo Superior de Salud Pública (CSSP); sin embargo,

no puede cumplirla porque no tiene capacidad administrativa, de gestión, ni financiera.

• Al considerar la ampliación de la cobertura de los servicios de salud, no se puede realizar sacrificando la calidad de los servicios prestados.

• En la gestión de recurso humano, no solo se requieren incrementos salariales, sino también otros incentivos asociados, por ejemplo, a la reducción de sobrecargas laborales.

• Hay que dirigirse hacia una verdadera Red Integrada de Servicios de Salud, ya que, aunque está establecida en la Ley, no es un hecho en la realidad.

• Fenómenos como la delincuencia y la urbanización, que ha causado un incremento en la ocurrencia de accidentes automovilísticos, provocan que en los hospitales se reciba un mayor número de casos de traumas complejos que agotan recursos que de por sí ya son limitados.

• La territorialidad de las pandillas tiene efectos negativos en el acceso a servicios de salud por parte de la población.

• Para lograr un Sistema Nacional de Salud integrado y eficiente, se requiere de verdadera voluntad política.

• Las propuestas de política pública requieren transparencia y amplia discusión con los diversos sectores involucrados en ellas.

• Factores como la calidad del agua y el saneamiento tienen efectos en el perfil epidemiológico nacional.

• Actualmente, se han reducido el número de casos de personas padeciendo enfermedades transmisibles, mientras que se han incrementado los de enfermedades no transmisibles. Es necesario que el Sistema Nacional de Salud sea capaz de adaptarse a los cambios en el perfil epidemiológico salvadoreño.

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• Se debe hacer una evaluación del funcionamiento de cada uno de los componentes del Sistema Nacional de Salud.

• Se debe abordar el tema de la acreditación de universidades que forman profesionales en salud, ya que hay ocasiones en las que recurso humano no idóneo desempeña funciones importantes que requieren un perfil profesional más capacitado.

• Aunque se ha hecho un esfuerzo importante en cuanto a sistemas de información en salud, todavía es necesario tomar decisiones para incrementar la eficiencia de procesos operativos, ya que actualmente el sistema de información está muy centralizado. También hay que tener en cuenta que, información no procesada de manera oportuna, no es útil para la toma de decisiones.

Segunda ronda: Intervención del público

• El establecimiento de consensos es clave para poder concretar las propuestas que se plantean.

• Sistema de Información Único es fundamental para poder promover eficiencia.

• Mejorar las operaciones del Sistema Nacional de Salud requiere de esfuerzos por parte del MINSAL y de los gremios.

• La acreditación de proveedores de servicios de salud es importante para promover la calidad.

• Para el establecimiento de un consenso político, se propone que distintos organismos de cooperación internacional patrocinen un taller que permita el diálogo para la consecución de dicho objetivo.

• Se necesita priorizar las acciones a ejecutar en materia de salud, calendarizarlas y estimar sus posibles costos.

• Participación ciudadana es clave para promover los intereses de la población por sobre los partidarios.

• En cuanto a las funciones que el CSSP tiene en relación con la calidad de los servicios de salud, se propone que sea reforzado presupuestariamente, en lugar de crear nuevos entes rectores.

• Respecto a seguridad social, se requiere de revisión del marco legal en dos vías: asignación presupuestaria y funcionamiento organizacional.

• Es necesario reformar la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), ya que cuando esta se elaboró no fue pensada para la adquisición de medicamentos, por lo que actualmente se prioriza comprar lo más barato.

• Ley del Seguro Social no permite la aplicación del Sistema de Incentivos Salariales.

• En cuanto a medicamentos, el problema no es la falta de fondos, sino la gestión ineficiente.

• El marco legal vigente no permite que la contraloría y participación ciudadana sean vinculantes.

• Fortalecer la formación de ética médica en la educación universitaria.

• Se necesita establecer un Programa de Reconocimiento a la Excelencia de la Profesión Médica.

• En la implementación de políticas, se debe tener en cuenta la seguridad hídrica, tanto en términos de cantidad como de calidad.

• La descontaminación de ríos urbanos es importante para conservar una buena calidad de salud y para que haya agua disponible para diferentes usos.

• Las medidas tomadas en términos de adaptación al cambio climático y contaminación de suelos, tienen implicaciones en salud.

• La restauración de ecosistemas debe ser considerada para poder contar con recursos para la salud y las actividades productivas.

• La gestión de fondos debe ser eficiente para poder concretar esfuerzos y lograr objetivos.

• Se propone que la acreditación y supervisión de médicos sea realizada por el Colegio Médico.

• El marco legal vigente ya considera muchas de las propuestas planteadas, pero como en la realidad no se han llevado a cabo, todavía se consideran como acciones necesarias.

• Desarrollo adecuado de recursos humanos es fundamental para el impulso de las propuestas.

• La formación de los profesionales de la salud, debe ser por vocación y no por negocio.

• Se debe incluir en el currículo de la formación médica y de enfermería, temáticas de discapacidad.

• Los centros de atención tienen que ser inclusivos, por ejemplo, deben conocer o tener intérpretes de Lengua de Señas Salvadoreña.

• Deben de revisarse los tiempos en las consultas, interconsultas, tratamiento y seguimiento.

• La accesibilidad arquitectónica debe favorecer a la diversidad, no solo para la población que aún puede caminar por sí sola.

• En el sector salud, la legislación, normas, procedimientos y más, deben considerar el enfoque de derechos.

Tercera ronda: comentaristas

• En El Salvador no existe una Ley de Especialidades Médicas, lo cual influye negativamente en la certificación de profesionales de la salud.

• El consenso político es la única opción, la salud debe ser vista como un tema de país.

• Aún hay trabajo por realizar en la ética aplicada en el ejercicio de la profesión médica.

• Se requiere el establecimiento de una hoja de ruta para la aplicación de políticas públicas.

• Reformas de salud no funcionan si no hay compromiso del recurso humano que las impulsarán.

• Cada vez más ciudadanos están dispuestos a participar en la generación de la política pública de salud que se necesita.

• Las políticas públicas avanzan mejor mientras sean más transparentes y basadas en argumentos técnicos.

• Ya existen herramientas que son necesarias para hacer que las instituciones no dilapiden los recursos del Sistema Nacional de Salud.

Mesa temática: Infraestructura y conectividad

Moderadora: Carolina Alas de FrancoDepartamento de Estudios Económicos (DEC)/FUSADESComentaristas: Roberto González, Carlos Sánchez y Jaime Menéndez

Primera ronda: Comentarios de los panelistas

• Centroamérica dispone de muchos recursos renovables aún por explotar, el reto es cómo aprovecharlos para reducir costos, impulsar el desarrollo, y alcanzar una matriz basada en renovables. El Salvador, no ha podido aprovechar esa disponibilidad; una de las limitantes ha sido no tener un plan de infraestructura eléctrica que permita desarrollar la generación de renovables. El recurso geotérmico, que es el potencial renovable de mayor cantidad y valor en el país, no se está utilizando como debería; la inversión se ha estancado, y existe el temor que buena parte del personal técnico experimentado ya no se encuentre laborando.

• En el tema de generación solar, está el problema de la falta de regulación; su

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infraestructura no se está desarrollando de manera ordenada. Los distribuidores podrían impulsar el desarrollo de esta energía, generando redes para su inyección; pero, al ser un sector regulado, no pueden invertir libremente, y la legislación no es la adecuada para este desarrollo.

• A corto plazo, el gobierno tendrá que esforzarse por desarrollar la infraestructura de transmisión, en la que por varios años no ha existido la inversión en la cantidad y calidad suficiente; también habrá que invertir en distribución y fomento de energías renovables.

• Hay que tomar en cuenta que el país está conectado con el resto de países de Centroamérica; de manera que la energía eólica de Guatemala, Nicaragua y Honduras podría estar disponible para El Salvador. Sin embargo, también se ha fallado como región, porque no se tiene la normativa que permita un flujo expedito y eficiente de energía a través de la región.

• La Ley de APP fue emitida en 2013 y la normativa en 2015. Proesa y Fomilenio han hecho esfuerzos por mejorar el marco normativo e impulsar las APP; la ley inicial tenía bastantes debilidades, pero en la actualidad, de acuerdo con índices internacionales, El Salvador está en los primeros lugares por la regulación y las instituciones para APP. En 2017 se hizo una reforma importante a la ley, con la cual ahora se puede hacer uso de esta modalidad en los sectores de educación, salud y seguridad.

• Sin embargo, hace falta un plan estratégico, a partir del cual se elijan los proyectos; los APP son solo una herramienta para financiar aquellos en los que tenga sentido hacerlo. Uno de los grandes logros de Proesa y Fomilenio es haber generado una metodología efectiva para la selección; actualmente existen 13 proyectos

identificados en la cartera de Proesa, y cuatro financiados con fondos de Fomilenio II.

• Un tema que también está pendiente es darle más facultades a la Dirección de APP de Proesa, para que goce de más autonomía; se necesita al menos de una desconcentración administrativa, pero el objetivo debe ser lograr la descentralización de esta Dirección, a la que también debe dotársele de más fondos. Otro tema pendiente es que los privados puedan tener iniciativa para proponer proyectos específicos.

• En el presente, la Ley APP requiere dos aprobaciones por la Asamblea Legislativa, una dictada por la Constitución; y otra por un artículo de la Ley APP, que está referido al compromiso de fondos de ejercicios futuros. Esta última disposición no es inconstitucional; sin embargo, excede lo que manda la Constitución, y vuelve el ciclo del proyecto largo y poco atractivo. Actualmente, los proyectos requieren de aprobación antes de ir a licitación; esa autorización debe ser eliminada, y solo debe haber una aprobación al final.

• La gran interrogante en el área de las TIC, es cómo utilizar la adopción de las últimas tecnologías, para crear trabajo y oportunidades para la mayoría de personas. Ha habido avances aislados, por ejemplo, la oportunidad de pagar los impuestos en línea; ha sido poco comparado con lo hecho en otros países.

• La meta a corto plazo debería ser cómo adoptar las últimas tecnologías de la forma más rápida posible; y, además, debería reflexionarse sobre el nivel de intensidad con que se usan.

• Para eso se necesita de una infraestructura digital que permita el acceso a las tecnologías más recientes. Una propuesta que se hace es que se utilice el espectro radioeléctrico en desuso; por ejemplo, el espectro radioeléctrico de la televisión abierta puede utilizarse para

lograr acceso a Internet de bajo costo en forma masiva.

• En relación con la institucionalidad y el marco regulatorio, el caso de Estonia debería ser a lo que tendría que aspirar cualquier país. Esto requiere de gran voluntad política, ya que los primeros en oponerse a la digitalización, son aquellos que utilizan los trámites manuales para obtener algún rédito. La creación del Consejo Nacional de Infraestructura en Tecnología puede dar algunos lineamientos en ese sentido, para la movilización jurídica y política que requieren estos grandes proyectos.

• La adopción de tecnologías depende del recurso humano digitalizado, lo que está relacionado con la transmisión de conocimiento para crear una industria de TIC, y con la preparación del recurso humano en la academia y en las empresas. Se debe adoptar la enseñanza del pensamiento lógico, y en las empresas deben existir programas de aprendizaje continuos.

Segunda ronda: Intervenciones del público

• Los participantes del sector eléctrico perciben que la regulación no ha avanzado al mismo ritmo que los cambios tecnológicos, y no está acorde con la existencia de un sistema eléctrico interconectado regionalmente. La regulación actual no impulsa las nuevas formas de generación de energía, sino que las frena. Se necesita que el gobierno se acerque más a los operadores y a los usuarios, e impulse estos cambios.

• Para superar la limitante que se tiene a menudo, que las APP se confunden con frecuencia con privatización, se necesita de una estrategia de comunicación efectiva en todos los niveles, para explicar las diferencias.

En la privatización, el Estado se deshace de un activo, no hay una relación contractual entre el gobierno y el privado, y lo que se crea es un ente regulador. En un APP, en cambio, hay un contrato de por medio entre el ente público y el privado, donde se establecen todas las obligaciones y penalidades, pero el activo sigue siendo del Estado; además, en un APP el tema tarifario es importante.

Estructurar aeropuertos no es algo extremadamente difícil, y se ha hecho prácticamente en todas partes del mundo. Además, en Fomilenio hay recursos disponibles para contratar asesores, por lo que es más un tema de voluntad política. Todo proyecto mal diseñado fracasará, ya sea que se ejecute a través de la forma tradicional, o a través de APP; lo que debe existir es capacidad técnica. Si no hacemos nada con el aeropuerto, en 2028 vamos a perder la ventaja dentro de Centroamérica.

• Para que la educación superior apoye la adaptación rápida e intensa de la tecnología, se requiere, en primer lugar, de una verdadera reforma curricular que brinde la suficiente flexibilidad a la academia, para adaptarse con rapidez a los cambios que demandan las nuevas tecnologías; las carreras que serán requeridas en el futuro probablemente no existen actualmente. En segundo lugar, la cercanía entre industria y academia es clave; por ejemplo, tanto en Estados Unidos como Alemania, la industria y la academia invierten bastante en tecnología, pero quien tiene las tasas de productividad más altas es Alemania; y pareciera que uno de los factores es el sistema de aprendizaje, donde se involucra más temprano a los jóvenes en aprender habilidades que están más relacionadas con lo que hacen las empresas. También deben existir carreras cortas vocacionales, que sirven para acelerar la adquisición del conocimiento que requiere la adopción de tecnología.

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

Tercera ronda: Comentaristas

• Para el sector eléctrico sería importante contar con APP para el desarrollo de la infraestructura de transmisión y distribución que hace falta. La expansión de la infraestructura debe tomar en cuenta las TIC, y apoyarse en diferentes iniciativas para hacerlo rápido, y no quedar rezagados en la región.

• En relación con las TIC, un mensaje importante que se tiene que asumir como sociedad, es que se está democratizando el acceso a tecnología, y se tiene que seguir haciéndolo. También, se ha democratizado el acceso al conocimiento, que antes estaba reservado para un grupo, y que ahora está disponible para todos a través del Internet.

Mesa temática: Saneamiento macroeconómico

Moderadora: Luz María Serpas de Portillo,Departamento de Estudios Económicos (DEC)/FUSADESComentaristas: Luis Membreño, Juan J. Barrios y Carlos PérezPrimera ronda: Comentarios de los panelistas

• Es necesario buscar eficiencia y efectividad en el gasto público. Para lograrlo, la herramienta de presupuesto por programas es necesaria; también lograr eficiencia en las compras de bienes y servicios, las compras conjuntas y utilización de subasta inversa pueden ayudar a bajar precios. También es necesario mejorar el proceso de inversión para que sea eficiente.

• Es importante aumentar la inversión social, hay déficit en infraestructura y en varias áreas sociales. Es relevante reorientar gasto hacia la

inversión pública y conectar los asocios público-privados (APP) con la inversión pública.

• Es conveniente darle fuerza a los APP, y así se

reduce el gasto de inversión pública y por lo

tanto, el endeudamiento; se debe explorar su

mejor utilización. Es necesario revisar la Ley

vigente para corregir los problemas que tiene,

porque no permite que se desarrollen. Este

mecanismo requiere mucha coordinación y es

importante en varios sectores; por ejemplo,

en el sector agua hay grandes necesidades que

suplir y requiere fondos no convencionales.• Para mejorar los ingresos tributarios, es

necesario lograr eficiencia en la administración tributaria, se necesita modernizarla y auditar. La factura electrónica es importante, pero se le ve con mucho optimismo (es difícil que rinda US$258 millones), ya que toma tiempo la implementación y empresas medianas y pequeñas no están preparadas en la parte tecnológica. La reforma del Código Tributario de 2004 señala que las empresas deben trasladar la facturación en tiempo real. Lograr 1% del PIB en ingresos adicionales es un tema

de velocidad, eficiencia de implementación de

la reforma y los cambios en la institución para

llevarla a cabo. Otro elemento a considerar es

el costo de administración porque requiere

tecnología, también implica costo para los

clientes y para la pequeña empresa.

• La coyuntura internacional indica que las tasas

de interés seguirán aumentando y la economía

estadounidense puede desacelerarse; en este

contexto, el manejo de pasivos es estratégico.

Aumenta el gasto en intereses, se necesita

buena negociación para colocar bonos y

escoger el momento correcto.

• El reto de crecer con ajuste fiscal, no es trivial.

El Salvador necesita entrar a una etapa de

F U S A D E S126

consolidación fiscal en la que hay que reactivar

el crecimiento, pero teniendo en cuenta la

restricción fiscal. Implica mejorar la focalización

de los subsidios (en el de agua la cobertura de la

red pública es baja, se necesitan inversiones en

instalaciones físicas para mejorar la cobertura).

También hay que implementar el presupuesto

por resultados, va a requerir apoyo en las

capacidades institucionales. • El capítulo 8 debería incluir un cierre financiero

de todo el documento, el gasto se podría desglosar por año, ya que el próximo va a requerir ajuste radical; se podría calendarizar en cinco años. Debe considerarse el entorno internacional, hay incertidumbre y se espera una corrección en los mercados financieros internacionales y esto puede incidir en los impactos de las medidas, algunos pueden estar sobredimensionados.

• Preocupa el incremento en inversión social. ¿Es factible obtener los ingresos?, ¿cómo se realizará el gasto?, ¿cómo se ajusta? Sería recomendable condicionar que los gastos se aumenten una vez que se tengan los recursos disponibles.

Segunda ronda:

a) Comentarios del público asistente

• Puede considerarse entre los ingresos fiscales futuros los que provengan de concesionar infraestructura pública. Contratos a 30 años que generan ingresos, ayuda a bajar el tamaño del Estado. También se puede concesionar la empresa de transmisión eléctrica y deshacer el monopolio estatal (ETESAL).

• Es importante profesionalizar el servicio civil, para mejorar la calidad del servicio público, pues está deteriorado, y la planilla no deja de crecer.

• La agenda política ha tomado protagonismo y no se resuelven los problemas que son

técnicos. Se debe mantener viva la agenda macroeconómica. Se pueden lograr acuerdos para refinanciamiento, y préstamos para mejorar la administración tributaria.

• Debe bajarse el costo de las remuneraciones, no puede seguir siendo el 10.5% del PIB. El servicio civil debe modernizarse, no solo con una nueva ley, sino con un cambio en la cultura. En Chile y Colombia hay oficina nacional para aumentar la cultura en el servicio civil.

• La factura electrónica es un paso importante; sin embargo, hay factores restrictivos, considerarlo en pasos o una ruta en el tiempo. Preocupa que genere incertidumbre. Debe estudiarse bien para que sea exitoso.

b) Comentarios de los panelistas

• En el caso del servicio civil, hay una propuesta de ley casi lista, pero es importante cambiar la cultura. El tema de los escalafones hay que enfrentarlo, aunque es delicado. Es necesario uniformizar los salarios en el sector público.

• En el manejo fiscal es necesario contener el gasto, reducir lo innecesario y reasignar recursos; los ingresos mejorarán si se logra que la economía crezca más. Es fundamental que se logre un crecimiento económico alto y sostenido.

• En lo relativo a la eficiencia del gasto, según estudio “flagship” del BID, los datos hasta 2014 muestran que hay un gran camino por recorrer, las decisiones serán difíciles por las implicaciones políticas.

• En los próximos cinco años el país afrontará grandes retos: presupuesto; mejorar la administración tributaria; y, el refinanciamiento de la deuda, en un contexto internacional de aumento de tasas (el timing es importante).

• Para la administración tributaria el préstamos por US$30 millones es relevante, aunque en los últimos años han tenido financiamiento, pero

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P r o g r e s a n d o e n e l n u e v o m i l e n i o ,e l e m e n t o s p a r a u n p l a n d e d e s a r r o l l o

no se tienen los fondos que se deberían tener con un presupuesto propio y no depender de la cooperación para que sea eficiente.

Tercera ronda: Comentarios de los panelistas

• Si no se resuelve el problema del entrampamiento político, el avance será difícil, sobre todo con un presupuesto 2019 fuera de orden y el cambio que necesita la Ley de Responsabilidad Fiscal. También es necesario aprobar la emisión de bonos para el pago de los que están por vencer. Retomar lo político

a la par de lo técnico, considerando que los intereses políticos difieren de los técnicos.

• Es necesaria una visión objetiva de mediano plazo de la estructura tributaria, considerar que El Salvador es de los pocos países donde no existe impuesto predial.

• Las Letras del Tesoro (LETES) no pueden ser un instrumento que esté aumentando la deuda, su saldo debería ser cero al final del año fiscal, ya que es financiamiento temporal.

• Considerar que el déficit estructural podría ser un indicador que no sea el más adecuado para el país, porque no tiene ingresos extraordinarios por commodities.

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