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Actualización del Diagnóstico del Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal a 2018 Elaborado por SCG al 7 de septiembre de 2018 Contenido: 1. Oficio de envío del documento 2. Diagnóstico actualizado

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Actualización del Diagnóstico del

Programa Institucional de la Contraloría General

del Distrito Federal a 2018

Elaborado por SCG al 7 de septiembre de 2018

Contenido:

1. Oficio de envío del documento

2. Diagnóstico actualizado

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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL A 2018

HOY SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Introducción

Un gobierno democrático está obligado a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que garanticen el adecuado funcionamiento de la Administración Pública y es a través de la mejora regulatoria, la simplificación administrativa, la rendición de cuentas y la transparencia proactiva que se llega a tal objetivo.

La ejecución de políticas, programas, estrategias y acciones que permitan y garanticen la coordinación y comunicación interinstitucional, la simplificación administrativa y sistematización de procesos y procedimientos administrativos, el uso de tecnologías de la información y comunicación, la debida y suficiente capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas se han vuelto una obligación para el Gobierno de la Ciudad de México; así como, prevenir y combatir la corrupción, mejorar los servicios y eficientar el gasto público.

Todo lo anterior se vuelve una realidad a nivel nacional ante el nuevo paradigma de las responsabilidades administrativas y el Sistema Nacional Anticorrupción, siendo éste un sistema inteligente a través del cual mediante el intercambio de información se previene y combate a la corrupción.

Convencidos de que una administración pública profesional, eficiente, eficaz y transparente, que privilegie la prevención y combate a la corrupción es el camino a recuperar la confianza de la ciudadanía en las Instituciones y en el ejercicio de la función pública, a través del Programa Institucional de la hoy Secretaria de la Contraloría General se refrenda el compromiso con los habitantes de la Ciudad de México.

La ineludible tarea es garantizar a través del Programa Institucional que la rectoría del ejercicio de la función pública se apegue a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación.

Mejora regulatoria, trámites y servicios.

A. Diagnóstico

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Con la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México, se concluyó la primera parte de la Reforma Política de la Ciudad de México, señalada en la Constitución Federal e inició la transición jurídica de la Ciudad de México.1 La mejora de la gestión gubernamental mantiene vigencia y avanza en conjunto con el funcionamiento de las dependencias y órganos desconcentrados, las alcaldías y las entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, como una demanda constante de la ciudadanía del mejor aprovechamiento de los recursos, la eficiencia de los procesos vinculados a las contrataciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de México; así como el incremento en el desempeño de las personas servidoras públicas. El Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, establece como uno de los ejes estratégicos para las acciones de esta gestión la efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Para reducir los riesgos de corrupción y en su caso, combatirla. La Rendición de Cuentas contiene diversos mecanismos recientemente mejorados que en conjunto, abonan a un efectivo y consecuente escrutinio público como lo son la Transparencia, el Control, la Fiscalización, los Informes, las comparecencias, entre otros. Asimismo, es indispensable contar con un marco normativo que permita la eficiente ejecución de los procesos de las dependencias y órganos desconcentrados, alcaldías y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y evite que éste se convierta en un obstáculo o entorpezca la operación cotidiana del gobierno. Por lo que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México guía sus estudios, análisis y proyectos normativos al cambio de paradigma en materia de Rendición de Cuentas para la Ciudad de México con una visión en conjunto con la entrada en vigor del nuevo Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México.2 Así la Dirección General de Legalidad, es el área que asesora y reconduce a todos los entes públicos en el cumplimiento o mejora de normas en materia de adquisiciones, obra pública, régimen patrimonial, entrega recepción, transparencia, responsabilidad patrimonial, conflicto de intereses, entre otras.

1 Constitución Política de la Ciudad de México http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65470/69/1/0

2 Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65692/31/1/0

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De igual forma, a través de las resoluciones de inconformidades de proveedores y contratistas que participan en procesos de contratación y de reclamaciones de ciudadanos que se ven afectados por la actividad administrativa irregular, se tutela el derecho a la justicia que tienen los interesados y se vigila el cumplimiento de la normatividad por parte de las personas servidoras públicas y sancionar a éstos y a los particulares que tienen conflicto de intereses o no cumplen con sus obligaciones legales o contractuales. Las principales actividades son:

1. Emisión de opiniones 2. Estudios Jurídicos Especiales realizados 3. Participación en Comités, Subcomités y diversos Órganos Colegiados. 4. Revisión de convenios, contratos, bases de licitación e invitación restringida, entre otros. 5. Intervención en actos de entrega-recepción, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios. 6. Emisión de resoluciones de recursos de inconformidad. 7. Declaración de impedimento a proveedores y contratistas. 8. Conocer, desahogar y resolver las solicitudes de indemnización por la actividad administrativa irregular de los entes públicos. 9. Elaboración y revisión de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, lineamientos, entre otros. 10. Difusión e innovación de la normatividad de la Ciudad de México. 11. Compilación, actualización y depuración de Normas en el Prontuario Normativo. 12. Acciones de formación y capacitación realizadas

Recursos humanos.- El factor humano es considerado un elemento estratégico; se establecen metas e indicadores en cuanto a los objetivos perseguidos, se desarrolla una puntual profesionalización de los servidores públicos y se aprovecha el alto grado de compromiso de las personas que trabajan en esta área. Recursos materiales.- Son suficientes en cantidad y en actualidad; sin embargo los bienes informáticos requieren de sistemas de procesamiento o generación de información automatizados (software) que permitan gestionar de mejor manera la información y conocimiento generado. Avances y observaciones Del listado de doce actividades relevantes, nueve se encuentran acordes a lo programado. Respecto de la actividad “Asistencias a sesiones de cuerpos colegiados, licitaciones públicas, invitaciones restringidas e inventarios” se

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encuentra con un avance superior como resultado a las acciones implementadas derivado del sismo del 19 de septiembre del 2017, con un incremento de asistencias al Comité de Emergencias, el Grupo Interinstitucional y Reuniones del FONDEN.3 Respecto de la actividad “Resoluciones de recursos de inconformidad emitidas”: La meta se encuentra supeditada al número de recursos de inconformidad que promuevan las personas físicas o morales por actos ocurridos en los procedimientos de licitación pública e invitación restringida. A la par, la Dirección General de Legalidad implementó Cursos de Capacitación en materia de Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, como una acción preventiva para que los procedimientos de las áreas contratantes no incumplieran los requisitos que prevé la Ley en la materia y por ende, los particulares participantes presentaran recursos de inconformidad al verse vulnerados sus derechos. La actividad “Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas”: La meta se encuentra supeditada al número de solicitudes que remiten las áreas de la APCDMX; sin embargo, esta Dirección General implementó Cursos de Capacitación en materia de Declaratoria de Impedimento a Proveedores y Contratistas, y proporciona asesorías a las áreas de la APCDMX, para que sus solicitudes se remitan con todos los elementos necesarios para el inicio de dicho procedimiento y tener sanciones efectivas. Las áreas de mejora y perspectivas en la materia: De la revisión de los Indicadores “Actualizaciones a la normatividad del Prontuario Normativo de la Administración Pública del Distrito Federal”; “Resoluciones de recursos de inconformidad emitidas”; y “Resoluciones de impedimento a personas físicas y morales inhabilitadas”, se plantea su modificación con el propósito de que dichos indicadores reflejen con mayor fidelidad, la real dinámica de trabajo de la Dirección General de Legalidad en esos temas, como lo es que el número total de acciones están sujetas a un factor externo como lo es la demanda o trabajo de terceros. Por lo anterior, que los indicadores señalados precisen una “Meta” numérica de acciones a realizar durante un periodo delimitado, siempre será una estimación; en ese sentido, la restructuración de las mecánicas de cálculo de Indicadores que

3 Decreto por el que se instruye la elaboración del Programa y se crea el Órgano de Apoyo Administrativo a las Actividades del Jefe de Gobierno

denominado Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México en una CDMX cada vez más Resiliente http://www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/normativas/Template/ver_mas/65724/19/1/0

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ahora se proponen, van encaminadas a medir el grado de atención de la demanda o trabajos externos reales vinculados con el trabajo de la DGL, como lo son:

La cantidad de actualizaciones al Prontuario Normativo a cargo de la Dirección General de Legalidad, a partir de publicaciones de normatividad aplicable a la APCDMX que son publicadas en los diarios oficiales (GOCDMX y DOF);

La cantidad de resoluciones emitidas de Recursos de Inconformidad presentados por proveedores de Adquisiciones y contratistas de Obra Pública;

La cantidad de resoluciones emitidas de declaratoria de impedimento solicitadas por Entes Públicos en contra de proveedores de Adquisiciones y contratistas de Obra Pública;

La reingeniería jurídica y estructural de la Contraloría General para dar paso a la Secretaría de la Contraloría General a través de la reforma al Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, implica a su vez modificaciones en las Unidades Administrativas que la componen y que afectan a la Dirección General de Legalidad. Sin embargo, no se prevé cambio alguno en las actuales actividades institucionales y se proveerá la información requerida para concluir en tiempo y forma, con los reportes al Sistema de Monitoreo CDMX. Metas Cuantificadas Primordialmente utilizará la mejora de procesos para reducir la complejidad y los puntos potenciales de fracaso; mejorando la comunicación, la automatización, las herramientas y colocando puntos de control para asegurar la eficacia de las acciones de esta área. - Procesos definidos y documentados - Estudio comparado de procesos - Intervención de todos los actores del proceso - Control, seguimiento y evaluación de las metas establecidas a través de indicadores - Capacitación del personal de la Dirección General de Legalidad - Análisis de fortalezas, debilidades y amenazas, para detectar áreas de oportunidad - Mayor apertura a las herramientas tecnológicas - Gestionar el conocimiento e intercambio eficaz de información.

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5. Transparencia

B. Diagnóstico

La Constitución Política de la Ciudad de México establece que la rectoría del ejercicio de la función pública deberá apegarse a la transparencia, esto es que toda la información y actividad pública estará abierta al escrutinio público para que aquellos interesados puedan revisarla, analizarla y en su caso, utilizarla como mecanismo para denunciar, ya que un gobierno democrático transparenta sus acciones y se somete a la evaluación de ciudadana.

La Secretaría de la Contraloría General a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y de las Contralorías Internas mediante el procedimiento administrativo disciplinario que prevé la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos busca combatir a la corrupción imponiendo sanciones que inhiban prácticas contrarias a los principios de la administración pública de la hoy Ciudad de México.

Es preciso considerar que a partir de la reforma en materia de combate a la corrupción a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la publicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, se establece un nuevo régimen de responsabilidades administrativas que trae consigo procedimientos para conocer, investigar y determinar las sanciones correspondientes a las faltas administrativas y fortalece la prevención y el combate a la corrupción.

Lo anterior obliga a una reestructuración, adecuaciones normativas y la capacitación del personal que se encargará de aplicar este nuevo régimen de responsabilidades administrativas, respecto de lo cual la Secretaría de la Contraloría General ha llevado a cabo importantes esfuerzos que sumaran en el momento oportuno de la aplicación de este nuevo régimen.

En materia de las declaraciones de situación patrimonial al cumplir con la línea base de 750 pláticas programadas para el indicador “Áreas Administrativas que asistieron a las Pláticas sobre Declaración Patrimonial” durante el periodo comprendido de 2014 a 2018, se rebasó en un margen de 787 el número de pláticas impartidas a las áreas que conforman la Administración Pública de la Ciudad de México, con el fin de dar cumplimiento a la obligación de presentar declaraciones patrimoniales, de intereses e información fiscal, por lo que la Dirección de Situación Patrimonial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades, solicitó mejoras a la infraestructura en redes y equipo informático para cumplir con la obligación de recibir las declaraciones mencionadas vía Internet las 24 horas de los 365 días del año, lo que permite presentar las declaraciones en tiempo y forma.

Lo que ha simplificado su captura al optimizarse el envío de usuario y contraseña vía correo electrónico, esto, en razón de haberse incluido en el “Sistema de Gestión

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de Declaraciones CG”, una herramienta que permite a los servidores públicos a través de su sesión personalizada imprimir las declaraciones aludidas en el momento que así lo consideren o en su caso recuperar el usuario y contraseña.

Asimismo, con la entrada en vigor de la Ley Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, a efecto de dar cumplimiento a lo que establece el artículo 32, la Dirección de Situación Patrimonial, a partir del 01 de mayo de 2018, implementó un “Programa de Regularización de Declaraciones” para incorporar en el “Sistema de Gestión Declaraciones CG” a todos los servidores públicos adscritos a las dependencias, órganos desconcentrados, demarcaciones territoriales y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; con el objeto de que presenten las declaraciones de (inicio) de situación patrimonial y de intereses de manera paulatina, independientemente del tipo de contratación que tengan.

Con los mecanismos implementados se obtuvo durante las anualidades del 2014 al 2018 la recepción de 194,430 declaraciones patrimoniales, 142,394 de intereses y 85,451 de información fiscal de acuerdo a lo siguiente:

Declaraciones presentadas vía

internet

Año

TOTAL

2014 2015 2016 2017 2018

Patrimoniales 31,343 36,962 41,928 40,549 43,648 194,430

Intereses 0 30,712 36,900 33,664 41,118 142,394

Información Fiscal 0 0 27,278 27,942 30,231 85,451

En ese sentido, en la presente Administración a manera de transmitir una visión de transparencia y evitar actos de corrupción, se ha agregado al “Sistema de Gestión Declaraciones CG” la actualización de datos académicos como laborales integrándose de esta forma las declaraciones 4VS corrupción.

Avances

Se desarrollaron herramientas digitales a través de las cuales la ciudadanía tiene acceso a la información relacionada con los servidores públicos y entes públicos que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, tales como:

Micrositio 4 vs la Corrupción

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Integra las versiones públicas referentes a las declaraciones de Situación Patrimonial, de Conflicto de Intereses e Información Fiscal de las personas servidoras públicas de la APCDMX y además es el vínculo que permite la consulta de la ciudadanía de los datos públicos que contienen estas.

Plataforma de Gestión Transparente

Promueve y garantiza la transparencia y rendición de cuentas, permite consultar respecto del período 2012-2018:

procedimientos de adquisición,

contratación de obras públicas, juicios,

programas institucionales,

programas especiales,

monitoreo de indicadores de gestión gubernamental,

actividades institucionales y

programas sociales de gestión.

A través de ella, los ciudadanos pueden consultar la información referente a la gestión de la administración 2012 a 2018, en un formato claro y accesible, además de contar con apartado de datos abiertos que permite el análisis y explotación de la información, sumando y promoviendo la: Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno

Lo anterior para facilitar de forma integrada y accesible la información de transparencia y rendición de cuentas que proporcionan los diferentes entes públicos de la Ciudad de México.

Se busca brindar a la ciudadanía las herramientas que le permitan conocer las acciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de México en materia de transparencia.

Por lo expuesto es una prioridad mantener actualizada la información publicada por los entes públicos del Distrito Federal y dotarles de las herramientas que les permitan realizar las publicaciones de una forma más rápida y eficiente.

Metas Cuantificadas

La Secretaría de la Contraloría General ha realizado esfuerzos para desarrollar herramientas digitales que permitan a la ciudadanía el acceso a la información relacionada con los entes públicos que integran la Administración Pública del Distrito Federal.

Dichas herramientas facilitan de forma integrada y accesible la información de transparencia y rendición de cuentas que proporcionan los diferentes entes públicos de la Ciudad de México, brindan a la ciudadanía la posibilidad de conocer las acciones que realiza el Gobierno en materia de transparencia proactiva.

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Además mantiene actualizada la información publicada por los entes públicos y les dota de las herramientas necesarias para realizar las publicaciones de una forma más rápida y eficiente.

Se deberá continuar con el perfeccionamiento de las herramientas digitales que al momento ha implementado esta Dependencia, las cuales en el momento oportuno deberán alinearse con la Plataforma Digital del Sistema Anticorrupción de la CDMX.

8. Rendición de Cuentas

C. Diagnóstico

Un componente esencial para un gobierno democrático es la rendición de cuentas a través de la cual debe dar a conocer las acciones e información que genera, es decir transparentar a la población sus acciones y responsabilidades.

De acuerdo a los lineamientos contenidos en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, cuyos objetivos, metas y líneas de acción sirvieron de base para la definición e implementación de políticas públicas en la Ciudad de México hasta 2018, mismas que buscaron la consolidación de un Gobierno eficiente y moderno, orientado a resultados y con base en los objetivos y metas que en materia de Mejora de la Gestión Pública estableció el Programa Sectorial correspondiente (2013-2018), la Secretaría de la Contraloría General a través de su programa derivado “Programa Institucional de la Contraloría General del Distrito Federal 2018”, promovió e implementó políticas públicas que abonaron a la mejora regulatoria en trámites y/o servicios, a la rendición de cuentas y a la transparencia.

Así mismo, ante el nuevo paradigma de las responsabilidades administrativas en la Ciudad de México, la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción y la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, promovió acciones para incrementar herramientas y programas que fomentan la transparencia proactiva, la creación de sitios web que informan de manera oportuna y clara a los ciudadanos sobre el funcionamiento y las acciones de gobierno, buscando fortalecer la relación entre el gobierno y los habitantes de la Ciudad, fomentando su participación en las decisiones gubernamentales.

Por lo cual dentro del mismo Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa Sectorial de Mejora de la Gestión Pública, ambos 2013-2018 se identificaron áreas de oportunidad que aunadas a la aplicación del nuevo régimen de responsabilidades administrativas y la inminente implementación del Sistema Anticorrupción de la CDMX, sin duda abonaran a la mejora del servicio en beneficio de la Ciudadanía, pues pueden ser potenciadas al dar cumplimiento a este nuevo andamiaje legal en materia de combate a la corrupción.

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De tal manera la hoy Secretaría de la Contraloría General se constituye como promotor de Datos Abiertos y garante del debido ejercicio de la función pública, de la prevención y el combate a la corrupción y de la aplicación de las normas y disposiciones jurídicas y administrativas en la Administración Pública de la Ciudad de México. Para lo cual además de cumplir de manera irrestricta con las acciones que integran su Programa Institucional, ha implementado y ejecutados acciones, políticas públicas y programas que garantizan la mejora regulatoria, trámites y servicios, la transparencia y la rendición de cuentas.

A través de los Programas Anuales de Auditoría verifica el cumplimiento por parte de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y órganos político administrativos de las obligaciones derivadas de las disposiciones en materia de planeación, programación, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio, fondos y valores de la propiedad o al cuidado del Gobierno de la CDMX con lo que se busca promover la eficiencia en sus operaciones, verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en sus programas y formular, con base en los resultados de las auditorías, las observaciones y recomendaciones necesarias, estableciendo un seguimiento sistemático de la aplicación de dichas recomendaciones.

Para hacer un diagnóstico respecto de las metas y resultados obtenidos en la ejecución de los Programas Anuales de Auditoria se consideraron como base estadística los resultados alcanzados durante el año 2014, correspondientes a auditorías de tipo integrales, específicas, de desempeño y de evaluación de programas; así como la meta programada para el año 2015 y su proyección hasta el año 2018.

Cabe precisar que en el año 2015, se incrementó el número de auditorías ejecutadas respecto a las programadas con la finalidad de contar con un campo de actuación más amplio, que permitiera eficientar la gestión pública de los entes auditados, así como incluir auditorías en tiempo real y focalizadas para prevalecer el esquema preventivo de fiscalización.

Es preciso indicar que durante la elaboración del Programa Anual de Auditoría de 2018, el número de auditorías se redujo con relación a las ejecutadas durante los años 2016 y 2017, lo anterior, para dar cumplimiento a las nuevas disposiciones que en materia de fiscalización señala la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX, en las que además de la ejecución de auditorías, se establece la implementación y revisión del control interno. En este sentido, las metas alcanzadas durante el periodo 2014 – 2018 respecto a las auditorías internas realizadas, son las siguientes:

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PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA

AÑO AUDITORÍAS PROGRAMADAS AUDITORÍAS EJECUTADAS

2014 475 480

2015 537 544

2016 530 556

2017 544 548

2018 406 181*

2014-2018 2492 2309

*Es preciso indicar que lo reportado del año 2018, únicamente comprende las auditorías realizadas en los dos primeros trimestres, por lo que se deberá considerar las auditorías que se llevan a cabo en el trimestre que va de julio-septiembre y las que se ejecutaran en el último trimestre del año, dando de esta manera cumplimiento al Programa Anual de Auditoría 2018.

El número de auditorías ejecutadas fueron superiores a las programadas, las primeras se plasmaron en el Programa Anual de Auditoría del ejercicio correspondiente; las auditorías adicionales se ejecutaron de acuerdo a las necesidades y deficiencias detectadas en las Dependencias y Órganos Desconcentrados, Órganos Político Administrativos y Entidades y las auditorías correspondientes a procesos electorales, se implementaron a partir del año 2018, obligación incluida en la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicada el 1 de septiembre de 2017.

Se cumplió al 100% con el Programa Anual de Auditorías de cada año, con excepción del año 2017, en el que la Secretaría de la Contraloría General, emitió acuerdo de suspensión de términos, en los entes que resultaron afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

De tal manera en cumplimiento a sus atribuciones verifica a través de las Direcciones Generales de Contralorías Internas en Dependencias y Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades el cumplimiento de los Programas Anuales de Auditoría, que ejecutan las Contralorías Internas.

El objetivo de las auditorías es verificar el cumplimiento de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y órganos político administrativos de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y el debido ejercicio de la función pública.

La Secretaría de la Contraloría General a través de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, da seguimiento y supervisa la designación, contratación y trabajos realizados por los despachos de auditores externos para la dictaminación de los estados financieros y presupuestales, así como verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales, con la finalidad de mejorar la gestión de las entidades.

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En este sentido, para la actualización de las metas sobre auditorías externas, se consideraron los resultados obtenidos durante el año 2014, así como la programación de auditorías externas del año 2015 y su proyección hasta el año 2018, por lo que se señalan las metas alcanzadas durante el periodo 2014 – 2018 respecto a las auditorías externas realizadas, conforme al cuadro siguiente:

Auditorias 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Programadas 46 47 47 47 47 188

Realizadas 46 46 46 48 53 239

Respecto a la información del ejercicio 2018, se tiene contemplada la contratación de 2 auditorías más, las cuales se llevarán a cabo una vez que las áreas solicitantes remitan los términos y alcances de las mismas.

Participante Nombre del indicador Formula Unidad de

medida

Dirección General de Contralorías Internas en Entidades

Auditorías externas practicadas

Auditorías externas programadas / Auditorías externas ejecutadas

Auditoría

Para dar cumplimiento a la atribución de vigilar que las entidades paraestatales de la Administración Pública de la Ciudad de México y estas cumplan con los objetos de creación, así como, verificar el ejercicio de los recursos financieros asignados, la Secretaría de la Contraloría General a través de la Dirección General de Contralorías Internas en Entidades, asiste y participa con el carácter de comisario público en los órganos de gobierno, subcomités de adquisiciones, arredramientos y servicios, comités de obra y comités especializados instaurados en dichas entidades, en los que se revisa la información y documentación de los casos que son presentados para conocimiento y aprobación en dichos cuerpos colegiados. En este sentido para la actualización de las metas sobre asistencia e intervenciones en reuniones de Órganos de Gobierno la Administración Pública de la Ciudad de México, está considera la asistencia durante el año 2014, así como la programación para el año 2015 y su proyección hasta el año 2018, conforme al cuadro siguiente:

Participaciones 2014 2015 2016 2017 2018 Total

Programadas 180 180 180 180 720

Asistidas 287 307 335 364 213* 1,506

*Las cifras del ejercicio 2018, corresponde a las sesiones asistidas hasta el 20 de agosto de 2018.

Participante Nombre del indicador Formula Unidad de

medida

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Dirección General de Contralorías Internas en Entidades

Asistencia a órganos de gobierno en entidades

Sesiones programadas / Sesiones asistidas

Sesión

A través del Programa Anual de Auditoría Cibernética (PAAC), con una meta programada anual de 8 auditorías se coordina el diseño, implementación del modelo y estrategias para contribuir en el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y demás ordenamientos, respecto al adecuado uso y aprovechamiento de los recursos públicos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. Lo anterior derivado de la amplia, creciente y constante inversión de recursos económicos en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s), a través de sus diferentes Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades; pues se busca estructurar que a través del PAAC e Intervenciones de Control se garantice que la inversión realizada se transforme en el uso adecuado de los recursos y activos tecnológicos del Gobierno de la Ciudad, así como la supervisión para que los proyectos informáticos contribuyan con las metas y objetivos plasmados en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal, entre otros ordenamientos. Los objetivos del PAAC son:

Auditar el desempeño, funcionalidad y seguridad de los recursos de TIC, bajo criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. Verificar que las áreas de informática operen bajo la adopción de marcos de referencia internacionales y buenas prácticas para el control y seguridad de las TIC. Revisar que los usuarios utilicen de manera adecuada y segura los recursos de tecnologías de la información y comunicaciones. Vigilar el cumplimiento al marco legal aplicable en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

Para su consecución se llevan a cabo las siguientes estrategias:

Elaborar para su aprobación el PACC y mantener un seguimiento sistemático en su ejecución. Establecer las bases para realizar auditorías y otras intervenciones a los recursos de TIC y ordenar su ejecución. Formular observaciones, emitir las acciones correctivas y preventivas y elaborar los reportes e informes respectivos. Dar un seguimiento sistemático a las acciones derivadas de las observaciones y determinar su grado de atención.

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Por falta de atención o solventación de observaciones, solicitar se finquen las responsabilidades correspondientes.

En el ejercicio de la función pública debe prevalecer el principio de legalidad, se debe fundar y motivar cada acto de autoridad emitido y se deberán respetar las garantías de los servidores públicos iniciados en procedimiento administrativo disciplinario.

Con la modernización y sistematización del registro de servidores públicos sancionados se busca simplificar los procesos de revisión y detección de sanciones.

En el periodo del 2014-2018 se emitieron 252, 661 Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación, resultando evidente que se rebasó en un 14% más de la meta planteada en el Programa Institucional de 221, 025 solicitudes de constancia en el periodo de referencia y se dio respuesta a 191, 624 solicitudes de verificación de antecedentes de sanciones, atendiéndose el 100% de éstas; resultando en la evidente y eficaz atención a las áreas involucradas con la imposición de sanciones administrativas y con la contratación de personas para el desempeño de un empleo cargo o comisión en el servicio público, traduciéndose en el debido cumplimiento a la normatividad aplicable y combate a la corrupción.

Siguiendo el principio de mejora continua y aprovechando al máximo el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicaciones, desde el primero de noviembre de 2016 se concretó el proyecto de emisión de Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación a través de internet, coadyuvándose con mayor eficiencia a las áreas administrativas al cumplimiento de las disposiciones legales aplicables, en materia de contratación de personal para el desempeño de algún cargo, empleo o comisión en el servicio público local o federal y en materia de responsabilidades administrativas, como parte de un Programa de Coordinación y Colaboración en materia de “Transparencia y Combate a la Corrupción” celebrado con el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de la Función Pública, que impone la obligación a los servidores públicos para no seleccionar, contratar, nombrar o designar a quienes se encuentren inhabilitados para ocupar alguna plaza en el servicio público.

De esa forma, se ha dado seguimiento y continuidad a las actividades encaminadas a colaborar con las áreas administrativas facultadas para contratar a las personas que desempeñarán algún empleo, cargo o comisión en la Administración Pública, tanto local como federal, de tal forma que no sea posible la integración al servicio público de alguna persona que se encuentre inhabilitada pare ello en franca contravención a la normatividad vigente en materia de responsabilidades.

Además, se le integró el código QR, herramienta que ha permitido detectar alguna inconsistencia en los datos de la persona que la presenta en el área encargada del reclutamiento de personas aspirantes a desempeñarse en el servicio público y el

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nombre de la persona a la que realmente se le expidió la Constancia de No Existencia de Registro de Inhabilitación; cumpliéndose así, con uno de los Ejes rectores del Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, relativo específicamente al tema de Combate a la Corrupción, mismo que va encaminado a disminuir los espacios de discrecionalidad y opacidad que podrían propiciar actos de corrupción al evitar incorporar al servicio público a alguna persona que se encuentra inhabilitada para ello.

Así mismo, en el periodo que nos ocupa se atendieron 30,014 solicitudes de inscripciones en el Registro de Servidores Públicos Sancionados; tanto de resoluciones sancionadoras como de sus respectivos medios de impugnación; efectuándose el 100% de las inscripciones requeridas por los órganos internos de control, áreas sancionadoras de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades y autoridades jurisdiccionales que así lo consideraron procedente; procediéndose además al registro de cada uno de los respectivos medios de impugnación inherentes a las sanciones administrativas inscritas; actividades con las que se mantuvo la constante actualización en el Registro de Servidores Públicos Sancionados del estado jurídico que guarda cada asunto disciplinario, a efecto de brindar información oportuna y veraz en los informes de antecedentes de sanción y en las Constancias de No Existencia de Registro de Inhabilitación, los cuales se emiten de acuerdo con la información contenida en el Registro en cita.

Lo anterior, independientemente de que el Sistema del Registro de Servidores Públicos Sancionados data del año 2000 y presenta algunos problemas tecnológicos que requieren su actualización, además de la falta de personal para el manejo de la información en materia de sanciones administrativas de toda la Administración Pública del Distrito Federal ( ahora CDMX)

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México promueve el control de confianza para valorar a prospectos para integrarse a las diferentes áreas de la Administración Pública, al verificar que su desempeño se apegue a los principios de legalidad, eficiencia, imparcialidad y transparencia. En este sentido, a través de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional (CGEDP) valora que las personas servidoras públicas, antes de su ingreso cumplan con perfiles de puesto acordes a las necesidades de las instituciones y conforme a la normatividad que los regula. A partir del segundo trimestre de 2016 con la implementación de la Evaluación Preventiva Integral inició una nueva metodología de valoración de las personas que cambian de funciones o pretendan incorporarse a los entes del Gobierno de la Ciudad de México, aplicando una evaluación en competencias, habilidades y elementos de control de confianza en correspondencia a un perfil de puesto, lo que

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permite detectar y prevenir potenciales riegos para las instituciones y prevenir actos de corrupción. La Evaluación Preventiva Integral, responde a las necesidades del servicio público y de la ciudadanía, genera alternativas de formación y desarrollo profesional encausados a mejorar el desempeño de las personas servidoras públicas.

El recurso humano es un elemento determinante en el buen desarrollo de las instituciones, por lo cual se promueven medidas para optimizar el desempeño como práctica permanente.

Se continúa en el desarrollo de directrices en torno a la profesionalización de los servidores públicos, considerando procesos de evaluación orientados a la promoción de la confianza y a la búsqueda de mejoras en áreas de evaluación y desarrollo del factor humano.

El propósito es fortalecer la seguridad institucional desde un enfoque de gestión pública eficaz y prevención de actos de corrupción, para ello se procura garantizar los principios de eficiencia, igualdad, profesionalismo, imparcialidad, transparencia y ética profesional en las personas que ingresan a la administración pública.

El fortalecimiento del recurso humano es determinante en el desarrollo de las actividades institucionales, para ello se promueven estrategias orientadas a optimizar el mejor desempeño como práctica permanente y contribuir en la formación de personas servidoras públicas a través de cursos presenciales o virtuales para potenciar las habilidades y competencias de las personas servidoras públicas que se hayan evaluado.

Es una realidad que se deberán orientar las acciones para alinearse al Sistema Local Anticorrupción, además de diseñar las bases para la articulación de medidas y generar los medios normativos y funcionales para que la eficiencia y eficacia sean intrínsecas a la gestión pública.

Consolidar un Modelo Preventivo Integral que promueva la evaluación previa de las personas que pretendan ocupar un puesto en los entes del Gobierno de la Ciudad de México, para contribuir a la prevención de la corrupción, al identificar los posibles riesgos en los procesos de evaluación del recurso humano, previo al ingreso como parte del Control Interno Preventivo, resultan necesarios e indispensables.

El diseño e implementación del Modelo Preventivo Integral se fortalecerá a partir de los criterios de evaluación para el ingreso, cambio de funciones, promociones o permanencia de las personas servidoras públicas, e incrementará las medidas de seguridad en la aplicación de las evaluaciones y elevará los requerimientos solicitados en los perfiles de puesto conforme a lo establecido en los manuales de organización, con el propósito de garantizar a la ciudadanía que los servidores públicos responsables de la toma de decisiones o con actividades de enlace en el

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Gobierno de la Ciudad de México, son personas que cumplen con lo requerido en los perfiles y responsabilidades de la institución.

La modernización sustancial en las instalaciones, equipo, seguridad, mobiliario y tecnologías para robustecer el Control Interno Preventivo es indispensable, así como, implementar acciones que garanticen el buen funcionamiento en las áreas de evaluación, de concentración de información y en los procesos propios de la Evaluación Preventiva Integral, con el fin de garantizar el resguardo y cuidado de la información que se obtiene y de la que se genera desde la solicitud de la evaluación hasta la entrega del resultado final.

Los esfuerzos realizados por la Secretaría de la Contraloría General en torno a la profesionalización de los servidores públicos, tales como procesos de evaluación orientados a promover la confianza y proponer áreas de oportunidad entre el factor humano evaluado se deberán actualizar y fortalecer considerando lo establecido en la recién promulgada Constitución Política de la Ciudad de México, las reformas en materia de combate a la corrupción y el nuevo régimen de responsabilidades administrativas.

La realidad obliga a implementar una serie de acciones que abonaran a la aplicación efectiva y eficiente de este nuevo andamiaje jurídico, las metas que debe proponerse la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México para mejorar la implementación del Modelo Preventivo Integral a través de la Coordinación General de Evaluación y Desarrollo Profesional, son:

1. Proponer un Modelo inédito en el Sistema Nacional Anticorrupción, aceptado y validado por las personas servidoras públicas de la CDMX. 2. A través de la Evaluación Preventiva Integral, fortalecer al capital humano en los puestos de estructura de los entes de la Administración Pública de la CDMX. 3. Evaluar en control de confianza y dar seguimiento a las personas servidoras públicas valoradas. 4. Coadyuvar en la consolidación de la promoción de la confianza pública en las instituciones. 5. Participar en la prevención de actos de corrupción en la actuación de las personas servidoras públicas. 6. A través de la formación, apoyar en el fortalecimiento y revitalización de la ética en las personas servidoras públicas de la CDMX.

Se continuarán desarrollando diversas directrices para fortalecer la seguridad de los entes que integran la administración pública central de la CDMX, promoviendo el debido ejercicio y la probidad en la función pública a través de la profesionalización y el control de ingreso.

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Privilegiar las acciones preventivas sobre las correctivas y buscar la conciliación con los ciudadanos cuando se considere conveniente a los intereses del quejoso o denunciante, para eficientar y dar solución al problema, siempre que no constituya un perjuicio a la Administración Pública o presunción de daño a la Hacienda Pública de la Ciudad de México y sin demérito de la posible comisión de irregularidades administrativas, a fin de garantizar un gobierno que logre la confianza y la legitimidad ante la sociedad.

A partir del 5 de junio de 2015, se renovó el Sistema de Denuncia Ciudadana que además de captar las quejas y denuncias a través de internet, ahora permite el turno de las mismas a las Contralorías Internas por el mismo sistema, logro importante en la atención ya que se redujo el tiempo de atención.

El Sistema de Denuncia Ciudadana es una herramienta electrónica de fácil acceso que permite al ciudadano hacer llegar su denuncia por faltas administrativas y hechos de corrupción desde la comodidad de su hogar, o a través de dispositivos móviles, pudiendo adjuntar documentos, fotografías o videos; asimismo, permite al operador del sistema (servidor público adscrito a la Dirección de Quejas y Denuncias), realizar el análisis correspondiente a cada una de las denuncias presentadas por los ciudadanos y turnarlas el mismo día que han sido recibidas a través del mencionado sistema y posteriormente el personal de cada una de las contralorías internas puede descargar la información del propio sistema, siendo con ellos más diligentes en nuestro actuar.

Resultados:

La implementación del Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDEC) trajo como resultado una mayor rapidez en el envío de quejas y denuncias por posibles faltas administrativas de servidores públicos, las cuales son recibidas, captadas y remitidas a la autoridad competente de manera inmediata, cuando antes su remisión podría tardar hasta siete días.

Asimismo, se incrementó la atención a trámites y gestiones

ciudadanas, ya que no sólo se captan quejas y denuncias, sino todas aquellas solicitudes de servicio brindando una atención al ciudadano en el menor tiempo, mismas que son remitidas a la autoridad competente.

Se obtuvo un mejor manejo y trasmisión de la información, de

manera interna y externa, debido a que la Secretaría de la Contraloría General gestiono con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Medio Ambiente y LOCATEL el uso externo del SIDEC con otros Entes Públicos, buscando con ello

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que sea la herramienta para la captación, remisión y atención de denuncias en la Ciudad de México.

Otro punto a destacar es que la ciudadanía no contaba con una herramienta informática dinámica, de fácil acceso y amable para la ciudadanía, trayendo como consecuencia una inhibición en la presentación de denuncias.

Además de que con la implementación del sistema se priorizo impulsar un gobierno efectivo y al servicio de la ciudadanía capaz de definir objetivos claros sobre las mejoras en la captación de denuncias de la ciudadanía, asignando los recursos entre las instancias de gobierno de acuerdo a dichas prioridades e implementando políticas transversales a partir del funcionamiento coordinado.

Al mismo tiempo se ponderó por un gobierno abierto que transparenta sus acciones y procesos internos y haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, genera canales para que la población pueda acceder a sus servicios de manera simple y ágil, a la vez que escucha y responde a sus demandas, reclamos y sugerencias.

Todo lo anterior encaminado a una “Simplificación Administrativa”, evitando con ello una excesiva carga administrativa en los trámites y servicios, cuya prestación complicada y lenta limita la eficiencia económica y la competitividad de la Ciudad, redunda en baja calidad en la atención a la ciudadanía y propicia oportunidades para la corrupción.

DENUNCIAS CAPTADAS POR AÑO:

De lo anterior se advierte que a partir del año 2015, año en que se implementó una forma de captación y remisión de las denuncias se incrementó la captación de las mismas, generándose en los últimos años una atención a 12, 965 denuncias en el año 2015; 14,336 en 2016 y 15,530 en el año 2017. Advirtiéndose en 2018 que al mes de agosto del presente año se han atendido un total de 13,412.

2012 2013 20142015

20162017

AGOSTO 2018*

6,908 7,49710,720 12,965 14,336 15,530

13,412

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Comparativo con la captación y atención a partir del Sistema de Denuncia Ciudadana (SIDEC)

*Entendiéndose que en 2018 es sólo hasta el mes de agosto.

Uno de los mecanismos para contrarrestar los daños que genera la corrupción sin duda lo constituye la participación ciudadana en las labores del Estado a través del cumplimiento de los principios de transparencia, legalidad, honradez y rendición de cuentas, no solo en el ejercicio del gasto público, sino también en la prestación de los servicios públicos, en los programas y acciones de gobierno, así como en la actuación y desempeño de los servidores públicos.

El ámbito de actuación de la ciudadanía se sustenta en los siguientes instrumentos internacionales y nacionales:

Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículos 2, 6 y 27 de la Carta Democrática Interamericana

Artículo 108 de la Constitución Política de la Ciudad de México

69087497

10720

8.53% 42.99%

2012 2013 2014

Denuncias Captadas Incremento %

12965 14336 15530

13412

20.94% 10.57% 8.33%

2015 2016 2017 AGO 2018*

Denuncias Captadas SIDEC Incremento %

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En ellos se establece de manera general el ejercicio efectivo de la democracia por medio del derecho de la ciudadanía para participar en la dirección de los asuntos públicos, con apego a la ética, la responsabilidad y la legalidad. Con la reciente promulgación de la primera Constitución Política el pasado 5 de febrero de 2017, que entrará en vigor el próximo 17 de septiembre de 2018 y la Ley de Responsabilidades Administrativas, vigente desde el 2 de septiembre de 2017, ambas de la Ciudad de México, se crearon importantes instrumentos de participación ciudadana, a efecto de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. De forma inédita, la participación ciudadana se encuentra amparada en la Constitución Política de la Ciudad de México. De inicio, el artículo 3 contiene como principio la rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la participación ciudadana que asume la Ciudad de México, así como a la ética, la austeridad, la racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación. La misma Carta Magna establece como uno de sus principios rectores el derecho a la buena administración de los habitantes de esta ciudad, que implica que toda persona tiene derecho a una buena administración pública, de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El derecho a la buena administración significa reconocer que en México su estudio en la doctrina, la jurisprudencia y en la legislación nacional se aboca a los últimos años. Este derecho no se encuentra determinado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, si fue incluido en la reciente Constitución Política de la Ciudad de México que en su artículo 61 fortalece la participación ciudadana al establecer que las contraloras y contralores ciudadanos coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando de la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por los contralores internos que afecten el interés público. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, a través de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas fortalece la participación ciudadana como un mecanismo de democracia, transparencia y rendición de cuentas por medio de la participación honorífica y voluntaria de las y los ciudadanos de la Ciudad de México, lo que contribuye en las tareas de prevención y combate a la corrupción. Así, se reconoce a la Contraloría Ciudadana como uno de los mecanismos de la democracia participativa para contribuir y coadyuvar en las labores de prevención y combate a la corrupción de igual modo, como una herramienta de participación

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ciudadana, lo que implica que cualquier ciudadana o ciudadano de la Ciudad de México tiene posibilidad de ejercer su derecho a vigilar y supervisar las acciones y programas de gobierno. Metas Cuantificadas A efecto de que las Contralorías Internas como Órganos Internos de Control cumplan eficientemente con las responsabilidades que se derivan del marco jurídico de sus atribuciones establecidas en el artículo 113 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, realizan de manera permanente una supervisión requiriendo información relacionada con sus actividades, proporcionan asesorías en materia de auditorías, revisiones, verificaciones, quejas y/o denuncias recibidas, control interno y demás asuntos de relevancia. Aunado a lo anterior, se analizan los informes y reportes como resultado de la ejecución del programa de auditoría, el seguimiento de las recomendaciones producto de las observaciones y los compromisos resultantes de las mismas, así como de las verificaciones y revisiones extraordinarias, realizados por las Contralorías Internas. Se cumple con las funciones relativas a la auditoría de tecnologías de la información y comunicaciones a través de la estructura y fuerza de trabajo que integra la Dirección General de Auditoria Cibernética y Proyectos Tecnológicos que también se encarga de los proyectos tecnológicos y servicios informáticos. Derivado de los análisis pertinentes, se desprende un dictamen que integra recomendaciones específicas y áreas a fortalecer mediante cursos de desarrollo profesional, que tienen como fin apoyar en la formación de los servidores públicos. Mediante estrategias de control de ingreso se da un seguimiento permanente a los servidores públicos evaluados, con el fin de conocer los avances de la persona respecto de las recomendaciones hechas, además del desempeño general del cuerpo de servidores públicos del Distrito Federal. En esta materia, se pretende la impartición de diversos cursos que permitan por un lado, que la ciudadanía conozca los aspectos sustantivos de la materia como son requisitos, autoridades competentes, plazos, bases, límites y formalidades que se observan en la sustanciación del procedimiento de responsabilidad patrimonial, y por otro, generar una óptica preventiva en los servidores públicos de la Administración Pública del Distrito Federal, para que en el desarrollo de sus funciones eviten actos irregulares que pudieran ocasionar daños a la hacienda pública del Distrito Federal.

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Los ámbitos de acción de la Dirección General de Contraloría Ciudadana son:

1) Publicar la convocatoria para invitar a la ciudadanía a participar como contraloras o contralores ciudadanos.

2) Seleccionar a las candidatas y candidatos. 3) Capacitar a las personas seleccionadas. 4) Gestionar la acreditación como contraloras o contralores ciudadanos;

en los términos de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal.

5) Incorporar a las contraloras y contralores ciudadanos acreditados a la Red de Contraloría Ciudadana.

6) Asesorar a las y los contralores ciudadanos en el desempeño de sus actividades. 7) Dar seguimiento a las denuncias que en su caso presenten las

contraloras y contralores ciudadanos, a través de la Dirección General de Contraloría Ciudadana.

8) Evaluar el desempeño de las contraloras y contralores ciudadanos.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México hizo uso de las

nuevas tecnologías de información y comunicación y generó canales para que la

población accediera a sus servicios de manera simple y ágil, a la vez que escuchó

y respondió a sus demandas, reclamos y sugerencias.

Promovió el uso de herramientas tecnológicas para garantizar un gobierno abierto

que transparente sus acciones y procesos internos, se optó por simplificar

procedimientos y automatizar el acceso a trámites y servicios.

Puso a disposición de las personas servidoras públicas herramientas que facilitan

sus labores, la producción, el tratamiento y difusión de la información.

Aprovecho al máximo el uso de la tecnologías en el ejercicio de la función pública,

los resultados obtenidos han sido satisfactorios ya que además de optimizar

procesos y procedimientos se sumó a la transparencia y a la rendición de cuentas,

por lo cual se deberá continuar con el uso y perfeccionamiento de las herramientas

digitales implementadas que garantizan a mediano y largo plazo resultados mucho

más importantes en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México.

Prospectiva

Con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México, la emisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública de la

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Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría General se fortalece como una de las principales instituciones garantes del derecho a la buena administración.

Será a través de la implementación del control interno, de la prevención y combate a la corrupción y la aplicación efectiva de la justicia administrativa que los habitantes de la Ciudad de México recuperaran la confianza en las instituciones públicas y su participación constante y activa en la toma de decisiones.

Estamos ante una gran oportunidad para continuar con la implementación de acciones que brinden a los ciudadanos trámites y servicios agiles y más eficientes, de los que deriven mejores resultados, los cuales se llevaran a cabo bajo el más estricto apego a la legalidad.

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México es una Institución de vanguardia, en continua modernización, crece y se potencializa, acorde a las necesidades y situaciones de la época, pero también al nuevo andamiaje jurídico que le aplica; por lo cual seguirá diseñando y poniendo en práctica políticas públicas que se traduzcan en beneficios tangibles para toda la ciudadanía.