PROCESO  1943    

 

   

     

ÍNDICE CRIMEN ORGANIZADo Michoacán, fuera de control /José Gil Olmos La Iglesia en tiempos de guerra /Rodrigo Vera Tamaulipas, propiedad criminal San Fernando: opacidad con ayuda de la CNDH /Marcela Turati El Carrete, el azote del sur de Morelos /Patricia Dávila El Cártel de Sinaloa, estafador mundial /Philippe Engels y Anabel Hernández LA CAPITAL “Precio” por protestar: 5 años y 9 meses /Arturo Rodríguez García INTERNACIONAL MÉXICO-CUBA: Como en los viejos tiempos /Homero Campa Complicidades bilaterales /Jorge Carrasco Araizaga ESTADOS UNIDOS: Otra bofetada al derecho internacional /Martha Patricia Giovine ALEMANIA: Los siete milagros de Kaufering /Yetlaneci Alcaraz ANÁLISIS Estrategia de ocultamiento /Jesús CantúCirco /NaranjoLa ciega sordera /Javier SiciliaCongreso popular /John M. AckermanDescentralización en reversa /Axel Didriksson Los obstáculos /Olga Pellicer ENSAYO El escrutinio público de la política cultural /Jorge Sánchez Cordero INVENTARIO La travesía de Juan Gelman /JEP CULTURA Georges Braque, ayer y hoy, por siempre /Anne Marie Mergier Páginas de crítica Arte: La desorientación en el Conaculta /Blanca González Rosas Música: Charles Mingus /Ricardo Jacob Teatro: El curioso incidente del perro a medianoche /Estela Leñero Franco Cine: Bekas /Javier Betancourt Documental: Retrospectiva de Óscar Menéndez /Florence Toussaint HISTORIA Moctezuma y Cortés se encuentran de nuevo /Niza Rivera CINE Y TELEVISIÓN

¿Quién mató a Pablo Escobar? /Columba Vértiz de la Fuente DEPORTES La Conade gasta sin reglas /Raúl Ochoa Surgen “autodefensas”... en el taekwondo /Beatriz Pereyra Palabra de Lector Mono Sapiens /Comisionitis /Helguera y Hernández

Michoacán, fuera de control José Gil Olmos El presidente Peña Nieto presumió en el Foro Económico Mundial que su estrategia para Michoacán ha frenado la violencia y que las policías locales podrían absorber a parte de las autodefensas civiles. Sin embargo, cuando funcionarios como Monte Alejandro Rubido y Alfredo Castillo repiten ese discurso, se les olvida que no están en Suiza y por lo tanto sus declaraciones optimistas de que ya terminó la violencia tienen como fondo la guerra abierta entre autodefensas y templarios. APATZINGÁN, MICH.- El atardecer del martes 21, en la comunidad El Carrizo, Parácuaro, en los linderos con este municipio, presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios intercambiaron disparos de manera intermitente con los grupos de autodefensa ciudadana desde las cuatro de la tarde hasta que anocheció. El enfrentamiento cesó cuando llegaron helicópteros artillados de la Policía Federal y provocaron la huida de los señalados como sicarios, que tenían un campamento instalado entre los matorrales. Los vecinos de El Varal, Cancita y La Cofradía se refugiaron en sus casas al escuchar las ráfagas y no salieron sino hasta horas después, cuando el sol volvió a salir. Entonces se fueron de ahí con algunas pertenencias. Ese martes por la noche, cuando aún se escuchaban detonaciones, en la capital del estado el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SNS), Monte Alejandro Rubido, trataba de negar los hechos: “No se ha dado ninguna situación de tensión de los grupos organizados que interactúan en la entidad. En todo este escenario creo que el resultado, sin echar campanas al vuelo, desde luego, es prudentemente optimista”, afirmó en una entrevista en el palacio de gobierno de Michoacán. La mañana del miércoles 22, varios periodistas acudieron a El Carrizo para corroborar si ocurrió la balacera. Encontraron a un nutrido grupo de policías federales y soldados, así como a decenas de “autodefensas” armados y apostados en barricadas, quienes confirmaron la escaramuza con los templarios. Varias familias huían de su comunidad en camionetas. También ellos, ajenos al tiroteo, manifestaron que la balacera paró “hasta que apareció el avión” (el helicóptero policiaco). También ese día, mientras autodefensas y lugareños narraban el enfrentamiento con los sicarios, en un comunicado la Secretaría de Gobernación intentó minimizar la violencia. Se trató, dijo, de “disparos aislados de arma de fuego, sin que se haya producido enfrentamiento” y “sin que hasta el momento se tenga el registro de heridos ni de bajas”. El jueves 23 por la tarde la situación se agravó. En la comunidad de Puerto del Quirreño, municipio de Aguililla, hubo otro tiroteo en el que murió un miembro de las autodefensas, Alejandro López Pinto, y otros cinco resultaron heridos. Son las primeras bajas de estas organizaciones desde que el gobierno de Enrique Peña

Nieto cambió su estrategia con el envío de más policías y soldados, además de anunciar una inversión inicial de 3 mil millones de pesos en programas sociales para la zona del conflicto. “Yo diría que lo que se les ha solicitado es que no hagan portación de sus armas. Y hasta donde yo tengo entendido, de acuerdo a la información que nos llega, esto se está cumpliendo”, señaló Rubido en la ocasión citada, enfatizando que sólo el Estado puede usar las armas para labores de seguridad pública. Sin embargo, los dos enfrentamientos entre los templarios y las autodefensas ponen de manifiesto que éstos no han depuesto las armas, pero también que las fuerzas armadas federales no han conseguido controlar el estado. Cooptarlos, la propuesta Desde que surgieron el 24 de febrero de 2013, los grupos de autodefensa ciudadana no han dejado de crecer y extenderse. Surgidos en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista Tomatlán y Coalcomán, hoy tienen presencia armada en 72 comunidades de 32 municipios. Sus líderes calculan que ya tienen más de 10 mil integrantes. El gobierno federal no sabe qué hacer con ellos, pero los utiliza para combatir a Los Caballeros Templarios en los terrenos más complicados, donde no entran soldados ni policías federales. Desde Davos, Suiza, el miércoles 22 el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que responder preguntas sobre los grupos de autodefensa ciudadana de Michoacán. Rechazó que su gobierno haya tenido responsabilidad alguna en su crecimiento tras los fallidos resultados de la estrategia militar y policiaca que puso en marcha en la entidad cuando asumió el cargo. Sin poder explicar la presencia de esas organizaciones, negó que se encuentren armadas y al mismo tiempo invitó a sus integrantes a formar parte de las policías estatal y municipales. “El Estado mexicano no puede ser permisivo ni tolerar la presencia de grupos, por más genuinos que sean en materia de querer defenderse o de autodefenderse (…) No puede estar de ninguna manera esta acción por encima de las capacidades y de atribución única que tiene el Estado mexicano”, dijo Peña Nieto en entrevista con CNN International. Insistió: “El Estado mexicano es el único responsable y el único con atribuciones para realmente establecer condiciones de seguridad” en Michoacán. Y en la conferencia que ofreció en el Foro Económico Mundial, Peña Nieto fue cuestionado por la inseguridad en el país, lo que según agencias internacionales opacó la presentación de las reformas estructurales impulsadas por su gobierno el año pasado. Al abundar sobre las autodefensas armadas en Michoacán, de plano convocó a sus miembros que “genuinamente” deseen participar en tareas de seguridad, para que ingresen a las corporaciones establecidas conforme a la ley, “pero a partir de acreditar vocación y capacidad y preparación para desempeñar tal actividad”. Para Monte Alejandro Rubido, los grupos de autodefensa michoacanos ya no

tienen justificación, porque las funciones de seguridad en el estado ya las asumió la Policía Federal. Pero para el comisionado federal para esa entidad, Alfredo Castillo, bien podrían convertirse en “policías rurales”, figura que existe desde la época de Benito Juárez y que se institucionalizó en el mandato del general Lázaro Cárdenas como un apoyo al Ejército. “Lo que hemos estado haciendo con el llamado es solicitar que los que tengan vocación de servicio en temas de seguridad lo hagan por los cauces institucionales. En el caso de la Policía Federal hay un reglamento, y tiene otras condiciones, tal vez hasta unos estudios mayores, como preparatoria y demás. Pero en el caso de los cuerpos rurales tienen hasta su propio instructivo de actuación y existen las plazas donde podrían llegar a ser dados de alta; tienen servicio médico y alimentación. “Es un tema que se está buscando, sobre todo poder asignarlos en estas regiones, pero bajo la supervisión del Estado mexicano”, dijo Castillo a corresponsales extranjeros, a los que atendió a puerta cerrada en la Ciudad de México el martes 21, según la versión estenográfica del encuentro. Desde el martes 14, cuando los líderes de las autodefensas se reunieron con el gobernador del estado, Fausto Vallejo, con representantes del gobierno federal y mandos de la Sedena en la 43 zona militar, asentada en Apatzingán, se planteó la posibilidad de legalizar a las autodefensas como parte de la estrategia oficial de pacificación. Pero esa noche, en Parácuaro y Nueva Italia, un contingente militar trató de desar­mar a un grupo de autodefensa. La población defendió a éstos y trató de recuperar sus armas, unos soldados se pusieron nerviosos y dispararon. Por lo menos tres civiles murieron y al final los soldados tuvieron que devolver las armas. El líder de autodefensas Estanislao Beltrán dijo entonces a Proceso que estarían dispuestos a legalizarse, pero rechazó cualquier intento de desarme en tanto no se desmantelara a Los Caballeros Templarios. A partir de entonces bajaron un poco sus rifles de asalto en las barricadas que habilitaron en caminos y brechas de Tierra Caliente. Pero nunca depusieron las armas e incluso colaboraron con la Policía Federal en los rondines. Discurso vs. realidad Monte Alejandro Rubido ha ocupado en más de dos décadas varios cargos directivos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), del que es fundador, y en la Secretaría de Seguridad Pública. Ahora es el responsable del SNS y principal vocero del gobierno de Peña Nieto sobre la crisis armada en Michoacán. Familiarizado con el manejo oficial de rebeliones, guerrillas y movimientos sociales, le incomoda el tema de las autodefensas armadas, sobre todo cuando se le recuerda que al ingresar éstas en una población antes controlada por Los Caballeros Templarios, la declaran “recuperada” o “liberada”. Al respecto comenta: “Una vez que las fuerzas federales asumen la seguridad a nivel municipal, pierden sustento las condiciones que dieron origen al surgimiento

de estos grupos”. Al recordarle que estas organizaciones se han extendido y que aún proclaman su intención de abarcar todo Michoacán, Rubido insiste en que hasta la semana anterior, desde que se implantó la nueva estrategia, las autodefensas no han avanzado. El gobierno federal espera que se desarmen si hay más resultados satisfactorios, afirma. Se le pregunta si su versión no se contradice con la realidad, ya que hace un par de días se estableció un nuevo retén en La Huerta, a unos ocho kilómetros de Apatzingán, y todos los días los líderes de las autodefensas hablan de que van a tomar esta ciudad para liberarla de los templarios. “Se ha dicho pero no ha sucedido, afortunadamente –responde el funcionario–. Yo estuve la semana pasada en Apatzingán, y estuve hoy en la mañana. El cambio que se ve en la vida del municipio es de 180 grados. Hace una semana las calles se veían desoladas, los comercios cerrados, los niños sin clases; hoy en día, prácticamente yo vi una ciudad con su actividad normal, con su actividad cotidiana, con problemas de tráfico, con gente haciendo sus compras… Es una señal muy importante, porque es la percepción de los habitantes de Apatzingán.” –Las autodefensas siguen ahí, lo que hicieron sus integrantes fue bajar las armas y no tenerlas a la vista. –El compromiso, o lo que se les ha pedido, es que si tienen elementos para apoyar a las fuerzas federales con información, ésta siempre será bienvenida. Pero se ha sido muy claro en que no pueden portar las armas. ¿Por qué? Porque, insisto, si estamos buscando implementar un estado de derecho no lo podemos hacer de manera diferenciada. –Pero siguen trayendo armas, las hemos visto. –Nosotros no hemos visto que las porten. Se le insiste en que al recorrer todos los municipios “liberados” se ve al correspondiente grupo de autodefensa con sus armas listas, y que sus jefes afirman que acordaron con los gobiernos estatal y federal una especie de tregua. –No lo llamaría acuerdo. Yo diría que se les ha solicitado que no hagan portación de sus armas, y hasta donde yo tengo entendido, de acuerdo a la información que nos llega, esto se está cumpliendo. Se le señala entonces que, en poblaciones como Antúnez, las autodefensas han realizado actos de autoridad como requisar casas de cabecillas de Los Caballeros Templarios y arrebatarles a éstos propiedades que devuelven después a sus dueños originales. –Una cosa es lo que dicen las autoridades federales y otra la que se ve –se le plantea. –Nosotros estamos actuando con la seriedad necesaria pero con la prudencia pertinente. –¿Eso qué significa? –Que estamos haciendo todo lo necesario para que se aplique el Estado de derecho sin violentar la situación social. –Hemos presenciado en varios lugares cuando reciben a los autodefensas como héroes, ya que los consideran libertadores porque los narcos los oprimieron

durante muchos años y las autoridades no hacían nada. Y ahora vemos que están realizando actos de autoridad, como recuperar tierras en Tancítaro y dárselas a la gente que robaron Los Caballeros Templarios. –Yo refrendo, una vez más, mi convicción absoluta de que el monopolio del uso de la fuerza es exclusivo del Estado, de las autoridades legítimamente establecidas –insiste el secretario ejecutivo del SNS. –Eso es en el discurso oficial. ¿Es así en la realidad? –Eso es en el discurso y, en los hechos, la realidad de nuestro comportamiento. –¿Cuándo hacemos un recorrido y lo vemos en el terreno? –propone el reportero. –Acepto la invitación. Déjeme checar agenda y lo vemos. L

La muerte de “El Soldado” José Gil Olmos AGUILILLA, MICH.- Horas después del enfrentamiento entre grupos de autodefensa ciudadana y presuntos integrantes de Los Caballeros Templarios, en el piso de tierra permanecen decenas de casquillos de AR-15 y AK-47. El paraje se llama La Sidra, en el camino hacia la mina Rancho El Covero. Un autodefensa cercano a los 60 años, quien viajaba en la camioneta roja donde murió Alejandro López Pinto, El Soldado, recuerda que como a las tres de la tarde del jueves 23 cayeron en una emboscada: “Era una lluvia de balas. Veníamos de tomar La Chapula y nos metimos a sacar un trascabo para hacer un camino. Ahí fue cuando nos sorprendieron”. Se le atoran las palabras: “Uno de los templarios que nos dispararon era sobrino”. La Sidra es una hondonada de varias hectáreas, rodeada por una pared de roca de 20 metros de alto por el frente y por cerros a los lados. Desde éstos les tiraban los templarios. Un lugar perfecto para la celada. A la entrada de la barranca quedaron varadas cuatro camionetas con la carrocería cacariza por los disparos. Una Suburban quedó destrozada por cerca de 100 tiros, otra tenía las ventanas rotas y los vidrios regados adentro. En la roja se veían las manchas de sangre en la parte trasera, donde el grupo llevaba ropa y alimentos. “Aquí murió Alejandro. Estaba tan mal que él mismo se disparó para no sufrir más”, confía uno de sus compañeros, que llegó con otros al terreno para llevarse las camionetas marcadas con letras rojas, negras y blancas y el logo: Policía Comunitaria Aguililla Seguridad. López Pinto tenía 30 años, esposa embarazada y dos hijos. No hace mucho dejó de ser templario y se pasó con las autodefensas. Era conocido como El Soldado porque estuvo en el Ejército. El primer campesino entrevistado no quiere dar su nombre. Le gana un poco el llanto. Está parado sobre un montón de tierra donde se apilan casquillos 2.23 y 7.25. Pero se recupera y prosigue: “Ya son tres los compañeros que nos matan desde que empezó este gobierno. Estos casquillos son de nuestras armas. Cuando nos empezaron a disparar, los que estaban aquí arriba se tiraron pecho tierra y desde aquí les contestaron, pero la verdad tiraban adonde fuera, porque no sabíamos dónde estaban. Nos agarraron de sorpresa y sin poder defendernos.” Dice que ese jueves tenían planeado tomar Aguililla, donde entran y salen decenas de camiones con toneladas de minerales de oro y hierro que las empresas chinas extraen en acuerdo con Los Caballeros Templarios y después exportan a través del puerto de Lázaro Cárdenas. En un reportaje que publicó el viernes 3, la agencia Reuters señaló que el cártel michoacano en efecto incursiona en el negocio minero al intervenir desde hace años en los procesos de extracción, transporte y venta del mineral. Los testimonios de funcionarios, mineros y empresarios recogidos por Reuters revelan que el grupo criminal controla el movimiento de minerales exigiendo a las

cooperativas locales de transporte que le paguen “protección”; asimismo ayuda a los extractores locales a apropiarse de áreas mineras que no han sido reclamadas por otros o que estaban fuera del control de los propietarios de concesiones, tras lo cual exige su cuota, y finalmente presiona a funcionarios de aduanas para asegurar que el mineral pase por el puerto de Lázaro Cárdenas sin problemas. “Casi la mitad de la actividad minera en la zona fue realizada sin los permisos adecuados en 2013”, dice un funcionario, cuyo nombre no cita la agencia británica. Ahora mismo, por un costado de la carretera, no dejan de pasar los camiones vacíos que van hacia las minas ni los que van de regreso, llenos de material. Sus choferes miran con cierto desdén a los autodefensas que tratan de recuperar los vehículos acribillados. “¿Qué mineral llevan ahí?”, pregunta el reportero al autodefensa. Y él contesta: “Hierro y oro, eso es lo que se están llevando de nuestras tierras”. De Aguililla a Davos La emboscada en Aguililla ocurrió el día que Enrique Peña Nieto declaró en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, que México avanza en seguridad, aunque reconoció: “No podemos ser ajenos a una imagen que lamentablemente México ha proyectado o proyectó en el pasado, y que a veces llega a empañar otros logros y otras fuerzas que tiene nuestro país, y beneficios que se están logrando para nuestro país”. Sin embargo insistió en que su política de seguridad está dando resultados, ya que las cifras al final de 2013 señalan que el índice de homicidios bajó 16% y los relacionados con el crimen organizado, 30%. El viejo combatiente civil de Aguililla recuerda que los habitantes de este municipio de Tierra Caliente ya estaban hartos de las extorsiones, amenazas y presiones de Los Templarios. Cuando supieron que sus vecinos de Buenavista, Tepalcatepec y Coalcomán organizaron grupos de autodefensa ciudadana, decidieron hacer lo mismo. No fue fácil. Aguililla tiene una historia de narcotráfico desde hace décadas. Aquí los hermanos Armando y Luis Valencia Cornelio construyeron un emporio de la droga y prosperaron Salvador Revueltas Barragán, El Borono –muerto en una balacera– y Salvador Revueltas Ureña, Chava Lentes o El Innombrable, quienes estuvieron involucrados con Zhenli Ye Gon. Fue en este municipio donde en 1947 las autoridades decomisaron 14 toneladas de mariguana. La catedral ostenta un reloj de oro de 24 kilates, “limosna” de un capo del narco. Hasta las bancas están decoradas con ese metal y es tradición que en esta parte de la Sierra Madre Occidental se cultive mariguana y amapola, si bien su producción disminuyó mucho con el auge de las drogas sintéticas. Para llegar a la cabecera municipal desde Apatzingán hay que recorrer una carretera con barricadas de los autodefensas en varias poblaciones y pasar un retén de federales, que toman nota de la identidad de los periodistas. Los policías y los soldados no se diferencian ni en las armas ni en el equipo, sólo en el color del uniforme.

Hoy vigilan el pueblo la Policía Federal, los militares y el grupo de autodefensa. Sus habitantes ya no pagan cuotas a los templarios sino que cooperan para las provisiones de los civiles armados, que tienen sus barricadas a un lado de las fuerzas federales. “Tenemos dinero suficiente para apoyar a los de Tepalcatepec y Buenavista”, afirma el campesino entrevistado. “Ya nos mataron a tres compañeros. Los primeros dos eran jovencitos, son los que menos miedo tienen de morir”, dice mientras que ve a dos adolescentes con rifles de asalto en ristre mientras los entrevistan para la televisión. El velorio de El Soldado se realizó en Aguililla. Su esposa embarazada y sus dos hijos estaban en la casa, mientras que familiares y amigos permanecían afuera, a la sombra de una carpa. Cuando los hombres vieron llegar a los fotógrafos, se escondieron en la casa. Acepta hablar un autodefensa de 17 años. Dice que para acabar con Los Templarios necesitan más apoyo federal o convertirlos a ellos en la nueva policía de Michoacán, “para trabajar limpio y darles en la madre a esos cabrones”. Con su gorra de beisbol calada y un rifle de asalto, opina que el gobierno federal los está dejando solos en la guerra contra la organización criminal: “Nosotros estamos dando la batalla. No dejamos entrar a esta gente a que nos extorsione o a que viole a nuestras mujeres. Por eso nos disparan, a ustedes no les harán nada”, indica el joven autodefensa mientras señala a los reporteros. “Por una parte (las autoridades) quieren desarmarnos, pero nosotros estamos haciendo su pinche trabajo. En 12 años no hicieron nada y nosotros en un año logramos correrlos de Aguililla, Tepalcatepec y de otros lados. Yo creo que el gobernador debe irse”. Y a Peña Nieto le manda un mensaje: “Está bien eso que dice, que nos hagamos policías para trabajar limpio, pero que no diga el gobierno que nos va a desarmar. En lugar de eso que desarmen a Los Templarios, ellos también traen armas y no creo que trabajen legalmente. ¿Por qué a ellos no los desarman y a nosotros sí? Quisiera que eso lo tomara en cuenta el presidente de México, porque está en la ciudad y no está queriendo ver lo que pasa aquí”. L

La Iglesia en tiempos de guerra Rodrigo Vera El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, se ha ganado la simpatía de los feligreses por su forma abierta de denunciar la violencia creciente en la entidad. Suele hacerlo a través de informes, en uno de los cuales –el del miércoles 15– pidió a los políticos, al gobierno y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “signos claros de que en realidad quieren parar a la ‘máquina que asesina’”. Hoy Patiño prepara su visita al Vaticano, que aprovechará para presentar otro informe similar al Papa Francisco. APATZINGÁN, MICH.– El obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez, escucha el zumbido de los helicópteros militares que sobrevuelan su catedral una y otra vez, casi rozando la punta de la torre, luego comenta: “Llevo 33 años al frente de esta diócesis. Ya hasta perdí la cuenta de los operativos del Ejército para combatir al narcotráfico en la región. Este es uno más.” –¿No han dado resultados las incursiones militares? –se le pregunta. –Los resultados a veces son nulos, a veces son escasos o a veces positivos. Tienen sus más y sus menos, lo mismo que mi misión pastoral. Yo también me pregunto si he cumplido al 100% con mi misión en la diócesis… Mentiría si dijera que sí. –Todos esos años, ¿cómo ha visto el trasiego de drogas? –Ha ido evolucionando. En un primer momento se daba solamente la siembra de mariguana. En un segundo comenzó a darse propiamente el narcotráfico. Después vino el fenómeno del consumo. Ahora vivimos un cuarto momento; el del fortalecimiento de las bandas del crimen organizado que se apoderaron de la zona. “Durante más de tres décadas he dado a conocer esta situación a través de mis cartas pastorales. En los ochenta, por ejemplo, empecé a oponerme públicamente al cultivo de la mariguana. En los noventa me pronunciaba contra el narcotráfico. En la primera década de este siglo volví a insistir en ese tema. Y lo sigo haciendo, señalando incluso los excesos cometidos por las autoridades. Jamás he silenciado los hechos.” Patiño es un hombre magro, de baja estatura y movimientos ágiles. Su blanca cabellera de largas patillas contrasta con un rostro oscuro quemado por el sol, del que sobresalen unos ojos verdosos que se achispan al describir la deplorable situación de su diócesis: “Los gobiernos anteriores dejaron crecer el problema del narcotráfico que resquebrajó la convivencia social, al grado que la muerte y la violencia están hoy por todos lados. Ya no se puede transitar de un municipio a otro sin someterse a revisiones, ya sea por carretera asfaltada o por caminos de brecha. Los alimentos y los combustibles llegan a escasear. Y la gente pobre es la más afectada.” A principios de mes envió al Papa Francisco un detallado informe sobre la

situación que padece la diócesis. Y en mayo próximo viajará al Vaticano para reunirse personalmente con el pontífice, en la visita Ad limina que cada quinquenio debe hacerle cada obispo. –¿En su informe le hizo un detallado recuento de la violencia en su diócesis? –¡Sí, sí¡ ¡Claro! Aunque en realidad el Papa no necesita ningún reporte mío para estar al tanto de lo que pasa aquí. Él ya lo sabe a través de otros canales, como la nunciatura apostólica en México u otros obispos. –¿Abordará el asunto en su reunión con el pontífice? –Por supuesto, si él me lo pregunta. No quiero abusar de su tiempo. Tiene muchas ocupaciones. Pero responderé con gusto a todo lo que me pregunte. Está consciente el obispo de que Michoacán, y concretamente su diócesis, ya encendió los focos rojos en la Santa Sede. En los círculos eclesiales se espera con atención su encuentro con el pontífice jesuita. Y como en muchos otros conflictos donde se debilitan gobiernos, milicias y cuerpos policiacos, el prelado sabe bien que la institución eclesiástica está obligada a intervenir para lograr la paz. Escenarios y contrastes En México, un antecedente similar ocurrió durante el levantamiento zapatista de 1994, cuando la diócesis chiapaneca de San Cristóbal quedó entrampada en un conflicto armado, y su obispo Samuel Ruiz tuvo que denunciar los atropellos a los derechos humanos cometidos contra la población… Sólo que ahora las circunstancias son muy distintas porque intervienen cárteles de la droga en la confrontación. Por lo pronto, la figura del obispo de Apatzingán ha venido cobrando cada vez mayor relevancia debido a sus fuertes denuncias contra los narcotraficantes y los operativos gubernamentales. El 15 de octubre último, por ejemplo, lanzó una explosiva carta pastoral en la cual señaló que “Michoacán tiene todas las características de un Estado fallido” pues los “grupos criminales” –La Familia Michoacana, Los Zetas, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios– se apoderaron del estado y se lo “disputan como si fuera un botín”. Prosigue la carta: “No hemos visto efectividad” en la estrategia de las “fuerzas federales (Policía Federal, Ejército y Marina)”, ya que no han “capturado a ninguno de los capos principales del crimen organizado, aun sabiendo dónde se encuentran; prácticamente en su presencia se extorsiona, se cobran cuotas, se secuestra y se levanta a personas”. El obispo también indicó en su carta lo siguiente: “Los gobiernos municipales y la policía están sometidos o coludidos con los criminales y cada vez más crece el rumor que el gobierno estatal también está al servicio del crimen organizado, lo que provoca desesperanza y desilusión en la sociedad”. Tres meses después, a raíz del Acuerdo para el Apoyo de la Federación a la Seguridad de Michoacán, que implementó el actual operativo policiaco-militar que ya causó la muerte de tres civiles en la comunidad de Antúnez, el obispo emitió

una nueva carta pastoral de denuncia. Fechada el 15 de enero pasado, dice textualmente: “Ni los políticos ni el gobierno dan muestras de querer solucionar el problema de Tierra Caliente. En lugar de buscar a los criminales que dañan a la comunidad, el Ejército mexicano, por órdenes superiores, fue a desarmar a las autodefensas de Nueva Italia y Antúnez, agrediendo a la gente indefensa con el resultado de tres hombres muertos. La situación se les salió de control y al verse rodeados por la población comenzaron a disparar, primero al aire y después a las personas”. Y concluye: “El pueblo está exigiendo al gobierno que primero agarren y desarmen al crimen organizado. El Ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque en lugar de perseguir a los criminales han agredido a las personas que se defienden de ellos… Les pedimos a los políticos, al gobierno y al secretario de Gobernación que den a los pueblos de nuestra región signos claros de que en realidad quieren parar a la ‘máquina que asesina’. La gente espera una acción más eficaz del Estado en contra de los que están provocando este caos”. Inquieto, el obispo deambula con los brazos cruzados. A ratos se rasca la barbilla. Se detiene un momento y exclama: “¡Vivimos tiempos difíciles! Mis sacerdotes diariamente arriesgan la vida. Por caminos de brecha, y en lugares apartados, tienen que recorrer trayectos de varias horas para dar auxilio espiritual a las viudas y a los huérfanos”. Rondines intimidatorios La catedral se ha convertido en una especie de refugio para la población atemorizada. Y las misas del obispo están atiborradas de gente en busca de aliento. Se llenan las largas bancas del recinto, muchos permanecen de pie para seguir atentos las palabras del prelado, visto como líder moral por un amplio sector. Religioso de la congregación de la Sagrada Familia, Patiño explica su labor pastoral: “Mi obligación es estar con las familias que sufren la muerte o la desaparición de un ser querido, no importa a qué bando pertenezcan. De ahí que esté implementando en todas las parroquias la pastoral del consuelo. Me estoy enfocando en esa tarea, a pesar de todas las carencias y limitaciones que tiene la diócesis”. Para realizar su trabajo cuenta con 63 sacerdotes distribuidos en 27 parroquias, en nueve de los municipios más violentos: Apatzingán, Nueva Italia, Lombardía, Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla, Coalcomán, Tumbiscatío y Villa Victoria. Javier Cortés, vicario general de la diócesis y brazo derecho del obispo, abunda sobre la pastoral del consuelo: “Esta línea pastoral”, dice, “surgió desde el inicio del cristianismo y está en la raíz misma del Evangelio. La tradición de la Iglesia siempre se ha centrado en atender a viudas, huérfanos, enfermos y gente desamparada, sobre todo en situaciones de guerra o de conflicto social como el que vivimos. “Aquí en la diócesis estamos acompañando en su dolor a las familias sin importar quiénes sean. En ocasiones nos requieren familiares de las autodefensas para

que oficiemos por algún asesinado, lo mismo hacen las familias de soldados, de policías o de narcotraficantes. ¡Caray!, a cualquier madre le duele el asesinato de un hijo.” Entrevistado en su pequeña parroquia en un barrio de la periferia de Apatzingán, Cortés agrega: “El obispo acaba de enviarme a este templo. Pues bien, lo primero que estoy haciendo es detectar los hogares afectados para darles apoyo. Los demás párrocos hacen la misma labor, apoyados siempre por los grupos de laicos, sin los cuales no podríamos hacer nada”. La diócesis de Apatzingán también se ve afectada por el conflicto, pues cinco de sus sacerdotes han sido asesinados, otros reciben amenazas e incluso un templo fue intervenido por la policía en plena celebración religiosa. El vicario de catedral, Gregorio López, detalla las circunstancias de la muerte de sus compañeros. Cuenta: “El 13 de junio de 2011 asesinaron al padre Víctor Manuel Diosdado, párroco de San José de Chila, quien preparaba la festividad religiosa de ese año en su comunidad, a celebrarse en el mes de mayo. Pero se dio cuenta que el festejo taurino lo estaba organizando un miembro de Los Caballeros Templarios. Otro integrante de esa organización criminal preparaba las peleas de gallos, otro más la venta de cervezas… y así, toda la fiesta querían manejarla los Templarios. “El padre tuvo que frenarlos posponiendo el festejo para el 1 de junio. En represalia los criminales lo interceptaron mientras conducía su camioneta. Lo mataron a golpes y arrojaron su cuerpo a una barranca. Fue un crimen brutal. “El padre Miguel Ochoa, de la parroquia de Pizándaro, puso una denuncia porque los narcotraficantes empezaron a sembrar mariguana en una parcela parroquial. El gobierno quitó el sembradío. Los criminales lo asesinaron. “A Abelardo Espinoza, párroco de El Aguaje, lo mataron a sangre fría en su templo. A Macrino, misionero redentorista, un narcotraficante lo rafagueó con una R-15 durante el festejo de una quinceañera que se celebraba en una comunidad del municipio de Jilotlán, Jalisco. Mientras que a Miguel Barzán, un religioso trinitario, lo embistió una camioneta manejada por una narcotraficante. Algunos dicen que fue un accidente; otros, que fue intencional. La verdad nunca se supo.” –¿Los sacerdotes han recibido amenazas de muerte o intentos de extorsión? –Sí. Al padre Rafael Galindo, por ejemplo, los narcotraficantes le hablaban por teléfono exigiéndole el pago de 10 mil pesos semanales. Nunca les dio nada y por fortuna no tomaron represalias en su contra. Otros han recibido amenazas telefónicas de muerte que no han pasado de ahí. El 1 de agosto de 2009, en la parroquia del Perpetuo Socorro de Apatzingán se celebraba una misa para una quinceañera. Sin orden de cateo de pronto irrumpieron en el recinto 200 policías federales. Iban encapuchados y portaban armas de alto poder. Les habían dado el pitazo de que ahí se encontraría el narcotraficante Servando Gómez, La Tuta, y llegaron a aprehenderlo. A La Tuta no lo encontraron pero sí fue detenido Miguel Ángel Beraza Villa, La Troca, supuesto operador de La Familia Michoacana (Proceso 1710). El obispo Patiño Velázquez y la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) emitieron entonces una “enérgica protesta” ante ese brutal atropello policiaco perpetrado en

un recinto religioso. Hoy, Patiño dice requerir de “fuerzas” para seguir afrontando tanta violencia. Levanta la vista hacia el ronroneo de un helicóptero que cruza sobre su cabeza y se va alejando poco a poco, hasta apagarse su sonido.

Autodefensas: gasolina al fuego Rafael Croda BOGOTÁ.- Los grupos de autodefensa colombianos, que cobraron auge en los ochenta como parte de una estrategia antiguerrillera auspiciada por empresarios del agro, políticos y militares, acabaron como ejércitos paramilitares al servicio del narcotráfico; cooptaron a segmentos significativos del Estado y se convirtieron en el principal factor de violencia contra la población civil al perpetrar en dos décadas 8 mil 903 asesinatos selectivos, mil 166 masacres y la mayoría de las 25 mil desapariciones forzadas que registró el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La investigadora del fenómeno Claudia López sostiene que la creación de autodefensas civiles para enfrentar a grupos armados ilegales “es algo que, usualmente, sale mal, muy mal, como lo demuestra el caso de Colombia, porque cuando se empiezan a formar esos oligopolios de violencia y el Estado pierde la capacidad de ser el único proveedor de seguridad y justicia, la violencia termina disparándose”. “La gente”, dice a Proceso la maestra en administración pública por la Universidad de Columbia en Nueva York, “arranca con la idea de que sólo se va a autodefender, pero la lógica siempre es que para autodefenderse tiene que atacar a los demás. Así que eso, inevitablemente –y tal es nuestra historia en Colombia–, acaba por escalar la guerra”. Según el historiador Carlos Medina Gallego, los orígenes del paramilitarismo en Colombia “están unidos a las estrategias de lucha contra la insurgencia en el marco del impulso de los principios y fundamentos de la Doctrina de la Seguridad Nacional y los Conflictos de Baja Intensidad de Estados Unidos. El Estado y sus fuerzas militares, con sectores sociales, económicos y políticos regionales, fueron promotores y agentes dinamizadores de su formación. “El fenómeno paramilitar”, agrega el autor de Paramilitarismo en Colombia: lógicas y procesos, “se dio como un proceso de privatización de ejercicio de la fuerza, la ley y la justicia por sectores afines a los propósitos y razones de Estado ante la incapacidad del mismo para operar en contextos regionales dentro del marco de los parámetros institucionales. En principio se produjo como una práctica del terrorismo de Estado”. Sin embargo, después “fue cooptado por los empresarios y las lógicas de la industria del narcotráfico y se colocó a su servicio, cumpliendo las tareas de protección de zonas de cultivo, laboratorios y dinámicas económicas unidas al transporte de insumos y a la comercialización de la droga. El paramilitarismo se hizo instrumento de la confrontación entre el narcotráfico y el Estado cuando estuvo de por medio la extradición y asumió la forma de terrorismo”. Peor que la enfermedad Para Claudia López, cuyas investigaciones sobre paramilitarismo descubrieron en

2005 una alianza entre esos grupos y dirigentes políticos que penetró los más altos niveles de la administración pública y los organismos estatales de seguridad, no hay duda de que las organizaciones de autodefensa son, en contextos de violencia como los que viven México y Colombia, un remedio que puede resultar peor que la enfermedad. “En la vida real”, advierte, “cuando un grupito de ciudadanos con cuatro escopetas va a enfrentar a una banda del narcotráfico, lo que va a pasar es que ese grupito terminará aliado con algunos de los cárteles del narcotráfico que son enemigos de su enemigo, porque necesita escalar la capacidad de fuego y violencia de su adversario para poder defenderse”. Puntualiza, “en una guerra donde hay agrupaciones armadas, sean del Estado, privadas o mafiosas, que tienen semejante capacidad económica y de fuego, como Los Zetas, como el Cártel de Sinaloa, como los Templarios, quienes quieren defenderse tienen que escalar la capacidad de fuego y de violencia de sus enemigos, y eso es algo que no puedes hacer con un grupito y cuatro escopetas. Para poder defenderte de verdad, te toca aliarte con alguien que tenga la capacidad del otro, de tu enemigo, y esa capacidad sólo te la da el Estado o el grupo mafioso enemigo del que te está atacando”. De acuerdo con Claudia López, coordinadora del libro Y refundaron la patria... una minuciosa investigación sobre la llamada “parapolítica” colombiana, “en la desafortunada lógica de la guerra (…) los grupos de autodefensa terminan siendo como gasolina para un incendio; lo que hacen, inevitablemente, es acrecentar el incendio”. El germen El 12 de noviembre de 1981, un comando de la guerrilla del M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, integrantes de la cúpula del Cártel de Medellín. Como respuesta, este grupo criminal creó un ejército privado denominado Muerte a Secuestradores (MAS), que rescató a la plagiada sin necesidad de que su familia pagara los 12 millones de dólares que exigía la organización rebelde por su liberación. El MAS fue el germen del moderno paramilitarismo colombiano, pues su modelo cundió por varias regiones del país, en las cuales ganaderos, políticos, policías, militares y narcotraficantes decidieron crear sus propios ejércitos para combatir a la insurgencia. Desde el Magdalena Medio, una extensa y rica zona al nororiente del territorio, hasta los Llanos Orientales y la estratégica área bananera de Córdoba y Urabá, proliferaron las denominadas autodefensas con el decidido financiamiento de los cárteles del narcotráfico, a los que terminaron sometidos y sirvieron como sus estructuras militares particulares y en calidad de sicarios. Medina Gallegos refiere que uno de los precursores del “narcoparamilitarismo, aquello en lo que se transformaron las autodefensas, porque fueron cooptadas por el narcotráfico, fue (el capo de la droga Gonzalo) Rodríguez Gacha (El Mexicano), quien era el jefe militar del Cártel de Medellín y quien fue creando un ejército particular que entró en convivencia con la fuerza pública en una guerra contra la

insurgencia, contra el movimiento social, contra los campesinos, contra los obreros, contra el movimiento estudiantil y contra todo lo que para ellos representara una amenaza por el solo hecho de hacer oposición”. En pocos años, el narcotráfico hizo crecer a las autodefensas, que se diseminaron por la mayor parte de la nación; las dotó de armamento de alto poder y les brindó entrenamiento con integrantes de las Fuerzas Armadas y con mercenarios extranjeros, como el coronel retirado del ejército israelí Yair Klein, quien en 1988 instruyó en guerra anti-insurgente, atentados urbanos y manejo de explosivos a decenas de paramilitares congregados en una finca de Puerto Boyacá (150 kilómetros al noroccidente de Bogotá), con la complacencia de las autoridades civiles y militares de esa región. De dicha escuela de la guerra surgió el núcleo duro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una confederación paramilitar que irrumpió en la escena nacional en la década de los noventa. “Convivir” El Estado colombiano incluso abrió las puertas de la legalización de las estructuras mafiosas paramilitares cuando, en 1994, un decreto emitido en el gobierno del entonces presidente César Gaviria creó las cooperativas de vigilancia rural (Convivir), que tenían personalidad jurídica, y cuyos empleados podían utilizar armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas para “proteger” a sus comunidades de la insurgencia. Bajo la fachada de estas empresas de seguridad privada, “los grupos paramilitares consolidaron y expandieron sus redes criminales y sus nexos con sectores económicos, políticos y estatales”, señaló en octubre pasado una sentencia del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá. Un decidido promotor de las Convivir fue el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez al desempeñarse como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, periodo en el que se registró un auge del paramilitarismo en ese departamento, en particular en la zona bananera de Urabá. A nivel nacional, se crearon al menos 529 asociaciones bajo ese esquema –más de 60 de ellas en Antioquia–, y llegaron a tener 15 mil 300 “empleados” o combatientes que en su mayoría acabaron al servicio de las AUC. Las Convivir desaparecieron luego de que en noviembre de 1997 la Corte Constitucional les ordenó entregar al Defensor del Pueblo (ómbudsman) las armas de uso privativo de la fuerza pública que se encontraban en su poder, lo que no tuvo ninguna incidencia en la expansión del paramilitarismo, que siguió actuando con toda impunidad. En opinión del presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, una vez que se abre la puerta a los grupos de autodefensa, “eso es imparable porque cualquier fórmula distinta al monopolio de la fuerza por parte del Estado es un camino que conduce al infierno”. “México debe tomar esto en cuenta. Aquí se ensayaron fórmulas intermedias a ese monopolio, como las Convivir, y esto terminó en otro azote, con estructuras legales

al servicio del narcoparamilitarismo, y esto condujo a la degradación del conflicto. Tal es la experiencia colombiana. Cualquier grupo de autodefensa rápidamente se pervierte y se convierte en grupo delincuencial”, afirma el maestro en economía, exministro de Salud y exdirigente del M-19. Según el autor del libro La vía ciudadana para construir la paz, aquellos que argumentan que es legítimo que los ciudadanos se armen para combatir fenómenos criminales frente a los cuales el Estado los deja indefensos, “incurren en un discurso muy peligroso porque el ciudadano común y corriente no tiene la capacidad para estructurar una fuerza especializada, profesionalizada, y cuando saca la escopeta que tiene debajo de la cama lo único que le queda es enredarse con otros poderes que le financien el entrenamiento, un mejor armamento y mejor capacidad de fuego. Lo más seguro es que quede sometido a una mafia, a un poder”. “Creo que si México sigue el camino de permitir que los ciudadanos se armen para protegerse del narcotráfico, y si opta por legalizar a estos grupos, va a tener dos décadas de violencia parecidas o peores a las que vivió Colombia”, dice. En los ochenta y noventa ese país alcanzó las mayores tasas de homicidios en el mundo, con hasta 79 por cada 100 mil habitantes en un año, casi cinco veces más que en México. Prevención social El paramilitarismo colombiano creció de tal manera que en 2002, cuando Uribe Vélez llegó a la presidencia, los jefes de las AUC se habían convertido en los principales capos del narcotráfico. A pesar de esa realidad, el mandatario les ofreció un acuerdo de paz que culminó en 2006 con la desmovilización de más de 30 mil combatientes –un pie de fuerza superior a los de las FARC y el ELN– y un generoso pacto con los líderes, a quienes el gobierno ofreció un máximo de ocho años de cárcel a cambio de someterse a la justicia, confesar sus crímenes, ofrecer reparación a sus víctimas y dejar de delinquir. Los jefes de las AUC se entregaron y fueron recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, en la zona metropolitana de Medellín, y desde allí siguieron manejando sus negocios criminales, con lo que violaron la ley de sometimiento a la justicia. Las apabullantes evidencias en su contra y la presión de Washington obligaron a Uribe Vélez a extraditarlos a Estados Unidos en mayo de 2008 para que respondieran por delitos de narcotráfico. El asesor de la alcaldía de Medellín, Juan Jairo García, observa que, además de radicalizar la guerra, los grupos de autodefensa “pueden desquebrajar la ética civil, pues sus prácticas violentas y al margen de la ley tienden a ser bien vistas en principio por una ciudadanía que se siente desprotegida, pero esto desdibuja la cultura de la legalidad”. A juicio de García, quien en diciembre pasado visitó Jiutepec, Morelos, con el fin de asesorar a las autoridades de ese municipio en materia de prevención social del delito, la estrategia del gobierno mexicano frente a los grupos de autodefensa debe ir mucho más allá de la represión.

“Esta estrategia –enfatiza– debe acompañarse de políticas de prevención social del delito –es algo fundamental– y de respeto a los derechos humanos. Si los gobiernos usan sólo el aparato represivo, generan descontento y eso deslegitima a las instituciones. La legitimización de éstas requiere afianzar la sociedad civil, fortalecer las organizaciones y las redes sociales, así como los mecanismos de participación, de manera que la sociedad sienta que forma parte de un Estado y que contribuye en la toma de decisiones. Cuando hay una sociedad organizada y articulada con la institucionalidad, todo el sistema delincuencial disminuye, y no se hace necesario que los civiles se armen, porque para eso está el Estado.” L

Tamaulipas, propiedad criminal En Tamaulipas el imperio de los cárteles cumplió una década. Controlan desde la tortilla y el pollo que uno se come hasta el tianguis, la universidad pública y el estadio que frecuenta. Ese territorio está más lejos de las leyes mexicanas que de las estadunidenses: la Unión Americana ha investigado a tres exgobernadores por proteger a Los Zetas o al Cártel del Golfo. Por esas razones ya surgió el primer grupo de autodefensa tamaulipeco. TAMPICO, TAMPS.- Más de una década de complicidad entre el crimen organizado y gobernadores, funcionarios municipales y jefes policiacos permitió a los cárteles controlar la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), hoteles, casinos y empresas de espectáculos. A últimas fechas y gracias a que incursionaron en el robo de ganado, ahora operan carnicerías, dirigen la distribución del pollo y dominan las tortillerías, entre otros muchos negocios. Los delincuentes también controlan el sistema de transporte de varias ciudades tamaulipecas gracias a su amasiato con líderes sindicales; la venta ilegal de gasolina, mercados rodantes y la distribución de cerveza en los estadios de futbol, así como su venta en bares y depósitos de su propiedad. Además cobran piso a una infinidad de comercios y empresas, denunciaron ciudadanos, empresarios y funcionarios que hablaron con Proceso a condición de que no se revelaran sus nombres, pues sus vidas correrían riesgo. Las dos mafias predominantes en Tamaulipas –Los Zetas y el Cártel del Golfo (CDG)– se metieron como el agua en cualquier empresa donde reinaran la corrupción y la ilegalidad. Del tráfico de drogas y el narcomenudeo saltaron a ser propietarios de todo tipo de giros negros. Incursionaron en la piratería e hicieron del secuestro una industria. En diversas ciudades del noreste compiten con Pemex en la distribución de combustibles. No sólo cuentan con decenas de “gasolineras” clandestinas –disfrazadas de vulcanizadoras– en barrios y carreteras federales; ahora también obligan a los propietarios de establecimientos a comprarles la gasolina robada de los ductos de la paraestatal. “En las ciudades fronterizas ese negocio les proporciona ganancias por alrededor de 10 millones de pesos diarios”, denunció uno de los empresarios que hablaron con Proceso. En Tampico, el CDG controla la distribución de la cerveza Tecate y todas las marcas de la Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, ahora propiedad de la holandesa Heineken, por lo que impiden la distribución de las marcas del Grupo Modelo, propiedad de la firma belga Anheuser-Busch InBev. “A través de su empresa Viento Rodeo han organizado decenas de macroeventos, desde espectáculos de motocicletas y monster trucks a un sinfín de conciertos. De igual manera se les ha relacionado con el control del estadio Tamaulipas (para la venta de cerveza), donde juega el equipo Tampico-Madero y donde generalmente hacen los conciertos”, comenta a este semanario otro de los entrevistados.

En la página de Facebook de Viento Rodeo, empresa ubicada en Ciudad Madero, únicamente se promueve la cerveza Tecate. En la zona metropolitana de Tampico, Madero y Altamira, el CDG controla la distribución de pollo y varias tortillerías. Además, rutas de trasporte y taxis están bajo su poder. Tienen flotillas de camiones y tráileres robados. Extorsionan y hurtan a las empresas navieras e hicieron de Tampico la ciudad que ocupa el tercer lugar nacional en secuestros. “Se han adueñado de hoteles que han quitado de forma violenta a sus dueños”, denunció otro de los empresarios ­entrevistados. En Ciudad Victoria Los Zetas le siguen los pasos a sus rivales y recientemente crearon una empresa que organiza bailes. La promueven por todos los medios de la capital del estado. El pasado diciembre la empresa de espectáculos propiedad de Los Zetas organizó una posada-baile donde se presentó el Grupo Indio. El acto fue anunciado masivamente en la capital de Tamaulipas por radio, cartelones, pintas en bardas, etcétera. Días después el grupo criminal realizó un operativo en diversas colonias de Ciudad Victoria para repartir Roscas de Reyes dentro de una bolsa blanca marcada con una Z negra. Las roscas fueron entregadas por hombres embozados que se desplazaban en camionetas, en las colonias La Moderna y Ampliación Lindavista, entre otras. El reparto fue vigilado por hombres armados, discretamente y a la distancia. En alianza con la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), Los Zetas controlan parte del transporte público. Sus taxis utilizan los logos de esa central. Uno de los líderes de esa organización sindical es el responsable de cobrar las cuotas a las rutas de camiones extorsionados. En Monterrey, de hecho, uno de los familiares de Agustín Serna Servín, líder de la CROC, es señalado como distribuidor de droga en la populosa colonia Moderna. “En Ciudad Victoria tienen una empresa llamada Correcaminos, la cual usa taxis sin placas”, especificó uno de los empresarios entrevistados. “Sobre las carnicerías, el año pasado mataron a muchos dueños porque se negaban a comprar el ganado robado. Y también hubo asesinatos de dueños de ferreterías”. Los negocios de ambas mafias se extienden a todas las ciudades del estado. En Matamoros el CDG opera su propio mercado rodante, donde vende mercancía robada. También extrae la gasolina del ducto que va a Brownsville. Mientras que Los Zetas en Nuevo Laredo operan al menos un casino, El Amazonas, y controlan todo el contrabando que pasa por esa ciudad fronteriza rumbo a la Ciudad de México. “La Universidad Autónoma de Tamaulipas es otra institución local que ha tenido problemas con los narcos. Se adueñaron de las instalaciones hace dos años y ahí llegaron a albergar a los maras que vinieron a apoyar a Los Zetas. Era centro de operaciones y los halcones siguen ahí, lo mismo que vendedores de droga. Hace poco se adueñaron de negocios dentro de la universidad y cobraban cuota por dejar trabajar a los maestros, además de que había muchos aviadores del crimen organizado que fueron colocados con apoyo del gobierno”, dijo una de las

personas entrevistadas a condición del anonimato. En la UAT Los Zetas venden droga y obligan al personal docente y a alumnos a comprar boletos cuyos “premios” nadie gana. “Gracias a los funcionarios públicos que mantienen en su nómina tienen un control férreo en la mayor parte de los municipios. Las dependencias del gobierno estatal bajo su control, parcial o absoluto, son Tránsito, Seguridad Pública, Ministeriales, Protección Civil, Comapa, Alcoholes y los penales”, aseguró uno de los funcionarios entrevistados. Mantienen “narconegocios” dentro de las cárceles. El mayor centro de entrenamiento y base de operaciones del CDG en el sur del estado es el penal de Altamira. “Ahí sí hay de todo y eso que el Ejército cuida las entradas”, agregó la fuente. Tres gobernadores El CDG comenzó a controlar el estado al amparo del gobernador Manuel Cavazos Lerma. Se consolidó durante las administraciones de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández. Los tres gobernadores están siendo investigados por autoridades estadunidenses por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. La indagatoria más avanzada es contra Yarrington, quien ya enfrenta acusaciones penales por lavado de dinero y por relacionarse con un cártel del narcotráfico. Demandas en su contra se presentaron en mayo de 2012 en cortes federales de San Antonio y Corpus Christi. El exmandatario ya perdió los primeros juicios civiles, en los que le quitaron cuentas bancarias, aviones y varias propiedades por más de siete millones de dólares. Una de las primeras demandas la enfrentó en la corte de Brownsville, Texas. Fue de carácter civil y sólo era para quitarle un lujoso departamento en la Isla del Padre y otras propiedades. En este juicio salió a relucir que el exmandatario adquirió, a través del empresario constructor Fernando Cano Martínez, las propiedades en la Isla del Padre y San Antonio. Cano también fue señalado por lavado de dinero. El gobierno estadunidense acusó a ­Yarrington de comprar propiedades a través de prestanombres con recursos que fueron pagados al exgobernador por proteger al CDG, primero cuando fue alcalde de Matamoros y luego como mandatario de Tamaulipas. El pasado 16 de agosto, el Departamento del Tesoro subastó un apartamento en la torre de condominios Bridgepoint, en la Isla del Padre, que fue confiscado al empresario ferretero Napoleón Rodríguez de la Garza. Él confesó ser prestanombres de Yarrington. También le decomisaron (y luego se subastó) una residencia de dos niveles, cinco recámaras y seis y medio baños ubicada en el número 9001 de Ware Road, un exclusivo sector de la ciudad fronteriza de McAllen. La propiedad fue asegurada en julio del año pasado y mide 12 mil 770 metros cuadrados, con mil 491 metros de construcción. Tiene un valor superior a los 600 mil dólares, según el Departamento del Tesoro.

El inmueble fue construido en 2001 y se puso a nombre de la profesora Cindy Chapa, secretaria de Yarrington durante su gestión como alcalde de Matamoros. Además de la residencia en McAllen y el departamento de lujo en la Isla del Padre, el gobierno de Estados Unidos decomisó a Yarrington un avión privado, una cuenta de banco en Las Bermudas y otra residencia en Kyle, Texas, también a nombre de Cindy Chapa. Ahora es buscado por las autoridades estadunidenses para encarcelarlo. Algunas pruebas de su relación con los cárteles ya fueron presentadas en el caso 5:12-MJ-00120, que se desahoga en la Corte del Distrito Oeste de Texas y que fue entablado contra Antonio Peña Argüelles. Este personaje fue presentado en ese el juicio como “enlace” del CDG y Los Zetas con altos funcionarios del gobierno de Tamaulipas, entre los que destaca Yarrington. Autodefensas en Tamaulipas Los ciudadanos entrevistados aseguran que la corrupción de los funcionarios ha permitido a los cárteles actuar con impunidad en Tamaulipas. Su poder llega al extremo de imponer la censura en los medios. Ninguno habla de la continua inseguridad y violencia en el estado. Las muertes de inocentes y los desaparecidos en los últimos años se cuentan por miles, aseguran. Todo lo anterior ha llevado a formar el primer grupo de autodefensa, que ya opera en la región rural del municipio de Hidalgo. Este grupo, llamado Columna Armada Pedro J. Méndez, ya ejecutó y colgó a varios presuntos miembros de Los Zetas, aunque algunos los relacionan con el CDG. Recientemente estableció un toque de queda mediante volantes que fueron repartidos en el municipio. “El gobierno del estado ha fallado. Sólo el Ejército y la Marina han enfrentado a los secuestradores llamados Zetas. No nos engañemos, nadie está a salvo de un secuestro o asesinato... Combatir el secuestro con las armas en la mano y a sangre y fuego es una obligación”, rezaba el papel que se repartió. Los entrevistados aseguran que Tamaulipas seguirá los pasos de Michoacán si la administración de Enrique Peña Nieto sigue permitiendo que las bandas del crimen organizado continúen gobernando al estado. Acto en el DF “En un acto desesperado” para contener el derramamiento de sangre que se vive en Tamaulipas, un par de tamaulipecos desplazados por la violencia, acompañados de otros paisanos, se manifestaron el pasado jueves 23 en la Ciudad de México para exigir al gobierno estatal que cese la corrupción, contenga al crimen organizado y atienda a las víctimas. Con mantas en las que se leía “Salvemos Tamaulipas: no más corrupción, impunidad, secuestros, decapitados, fosas clandestinas, extorsiones, delincuencia organizada y desapariciones”, los tamaulipecos marcharon desde el Ángel de la

Independencia hasta las oficinas de la representación del gobierno de dicha entidad. “Nuestra lucha por el rescate de Tamaulipas implica que se frene la corrupción y la impunidad, para que prevalezcan la legalidad, la justicia, y entonces poder recobrar la paz social”, señalaron los organizadores en el comunicado que entregaron al gobierno de Tamaulipas. La convocatoria surgió del periodista Mario Segura, quien vive fuera de Tamaulipas tras haber sufrido un secuestro, y del psicólogo Néstor Troncoso González, quien dice haber sido encarcelado injustamente y torturado, y por esa razón huyó con su familia al centro del país. La organización internacional Artículo 19 –dedicada a la protección de periodistas– envió a un representante para monitorear la seguridad de Mario Segura, cuyo caso fue aceptado en los Mecanismos de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Los organizadores destacaron que la violencia no sólo es cometida por grupos criminales como Los Zetas y el Cártel del Golfo (“llamado ‘el cártel de casa’ y sus socios ‘empresarios del crimen’”), sino también por las mentiras del gobierno que niega lo que ocurre en el estado. L

San Fernando: opacidad, con ayuda de la CNDH Marcela Turati Familiares de siete de las 72 víctimas de San Fernando interpusieron el miércoles 15 de enero una demanda de amparo contra la CNDH. La razón: consideran que la recomendación 80/2013 emitida por el organismo –la cual señala irregularidades de la PGR y de la procuraduría tamaulipeca en la investigación de la matanza– incurre a su vez en omisiones que violan los derechos humanos de las víctimas. Por ejemplo, no esclarece los hechos ni indaga en la responsabilidad que en ellos pudo tener el Estado mexicano. Mirna del Carmen Solórzano Medrano asegura que dio sepultura a un cadáver que no era el de su hija Glenda Yaneira. Desobedeció las instrucciones de la cancillería salvadoreña de no abrir los ataúdes provenientes de México con cuerpos de las víctimas de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010. En cuanto recibió en su casa, en el pueblo de La Libertad, el ataúd gris, se encerró con su papá, su mamá, con David, el novio de su hija, y el papá de David para quitarle a la caja los pernos que la sellaban. No le importó la advertencia que le hicieron los funcionarios de su país de que los cadáveres traían un tóxico dañino para la salud. “Quería estar segura de lo que iba a enterrar”, recuerda tres años y medio después. Mirna se tapaba los ojos, como quien quiere y no quiere ver, mientras rezaba: “Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando vea que es mi hija?”. Al alzar la tapa se toparon con un bulto dentro de una bolsa blanca con un zíper. Al bajar el cierre encontraron el estropeado cuerpo. “Me quedé viendo y pienso: ‘Qué raro, no es’. Lo que estaba ahí era como una masa, sin cabello, y mi Glenda tenía su cabello largo, no como ese. Se le miraban los dientes. Como que le echaron cal a todo, como una momia blanca, sin pelo”. Su padre, el abuelo de Glenda, rompió el silencio y dijo: “N’ombre, no es ella”. El papá de David dijo: “Esto no es ella, parece un varón, tiene las manos muy largas”. “¿Usted qué dice, mamá?”, preguntó Mirna. “¿Y usted, David?” Ambos coincidieron en que no se parecía. La abuela de Glenda agarró un palo para palpar los genitales. Lo soltó en cuanto sintió un bulto. Mirna dio por cerrada la discusión: “Mi sentir de madre me dice que no es”. Entonces sellaron el ataúd, prometieron guardar silencio porque se sabían culpables de haber desobedecido las órdenes gubernamentales, abrieron la puerta de la casa y caminaron, junto con todo el pueblo que esperaba afuera, rumbo al panteón. Mensajes celestiales Entre el gentío Mirna caminaba como sonámbula. No lloraba, no sentía nada. Los

pobladores de La Libertad ya cuchicheaban: “Mirá, vos, ella no llora. ¿Será que no quería a su hija?”. En ese momento la hermana Nicolasa Funes, vidente de la Iglesia Profética de su pueblo Río de Agua Viva, de la que Mirna y su familia son creyentes, recibió mensajes celestiales. Una voz suavecita le dijo al oído: “Hay victoria, Glenda vive”. Días antes del entierro le contó que había tenido un sueño: “Hermana, algo que yo recibo, veo un ataúd, pero veo que el ataúd no es suyo”. Seguido de otro mensaje: “Mirna, clame (rece) por las falsas alarmas”. Mirna del Carmen llegó la semana pasada a la Ciudad de México a buscar a su hija, quien salió de El Salvador cuando tenía 23 años para alcanzar a su padre en Estados Unidos. La idea de Glenda era trabajar y ganar dinero para pagarse sus estudios y mandar dinero a su madre y a sus hermanos. Una corazonada le dice a Mirna que Glenda vive, aunque en las listas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aparece su nombre entre los de las personas asesinadas el 22 de agosto de 2010 en San Fernando. Sin embargo las autoridades mexicanas nunca enviaron la identificación de Glenda, la cual supuestamente hallaron en la escena del crimen y sobre la que no le aclararon si estaba tirada en el piso o entre la ropa de alguno de los muertos. Nadie le explicó a la familia cómo se determinó que esa momia que le enviaron dos semanas después era su hija. Nadie le facilitó el expediente donde consta cómo murió su hija. Le entregaron sólo una hoja en la que se leía: Glenda Yaneira Medrano Solórzano, muerta a balazos en la brecha de San Fernando. “En otros casos sacan fotos de la ropa. En éste la hoja no tiene nada, nada, sólo una fotocopia de su identificación”, dice Mirna en entrevista un día siguiente de participar en un foro que busca la construcción de un mecanismo trasnacional –entre Estados Unidos, México y Centroamérica– para la búsqueda de migrantes desaparecidos y la investigación de delitos y violaciones a los derechos humanos. Mirna sospecha que las pruebas de ADN que le practicaron en El Salvador fueron falsas. “A las 10 de la mañana me estaban tomando la prueba de ADN (…) y a la una de la tarde que llegamos a la casa la licenciada Paula me dijo que los estudios dieron que sí es mi hija, que me resignara. No me entregó ningún documento. Yo en mi mente decía, ‘no puede ser’. Y me admiré porque yo tenía un primo bolito (borrachito) que cuando murió le hicieron la prueba y tardaron más de dos meses en dar los resultados, y cómo así rápido me las dieron a mí”, señala. Pese a que ha pasado por terapias psicológicas, ella mantiene su duda. “Soy de las madres que está dudando de lo que me entregaron”, avisó un día en la cancillería, donde pidió fotografías o documentos que acrediten la muerte de su hija. Nunca ha obtenido respuesta. Hace tiempo se unió al Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, desde donde continúa su búsqueda. Ella y familiares de otras seis víctimas “supuestamente identificadas” en San Fernando, acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, interpusieron una demanda de amparo el pasado

miércoles 15 contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que la recomendación 80/2013 por la masacre de los 72 migrantes viola los derechos humanos de las víctimas y de la sociedad. Los otros familiares que suscriben la demanda son Ángela Lacán Bercian, esposa de Efraín Pineda Morales y madre de Richard y Nancy Maricela Pineda Lacán; Ángela Pineda Morales, madre de Mayra Sifuentes Pineda y cuñada de Luis Alberto Álvarez Contreras; y María da Gloria Aires Farías, tía de Juliard Aires Fernandes. La brasileña Gloria Aires dijo el año pasado a Proceso que el ataúd sellado que recibió su familia contenía una bolsa llena de barro. Pese a eso, la cancillería mexicana quería cobrarle 180 mil pesos por el traslado. Después se enteró de que su sobrino Juliard había sido enterrado en Honduras. Pese al error el cuerpo fue devuelto a México y luego enviado a la fosa común. “Después de 60 días de ocurrida la masacre llegó su cuerpo y el de su amigo Herminio, que le acompañaba. Pero el cuerpo no llegó a Brasil, fue enterrado en Honduras. Solicitaron a nuestra familia el examen de ADN para reconocer el cuerpo, lo dimos y cuando Juliard llegó a Brasil estaba en una caja donde la policía de aquí (mexicana) nos prohibía que el ataúd fuera abierto. No quisimos seguir las recomendaciones y abrimos y encontramos nada más una bolsa, un paquete con arcilla, y no había cuerpo en el ataúd”, señaló esta mujer. Recomendación tardía El pasado 23 de diciembre la CNDH emitió la recomendación 80/2013 dirigida al procurador general Jesús Murillo Karam y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Dicha recomendación señala las violaciones a los derechos humanos cometidas en la indagación de la peor matanza del sexenio pasado, perpetrada por Los Zetas contra un grupo de migrantes que se dirigía a Estados Unidos. La recomendación pasó inadvertida pues la CNDH no la presentó en conferencia de prensa ni le dedicó un comunicado de prensa. La trató como una más. No la clasificó como recomendación por violaciones graves. La quinta visitaduría, encabezada por Fernando Batista Jiménez, quien tiene a su cargo el programa de migrantes, demoró tres años con cinco meses en su ­elaboración. La recomendación señala que las procuradurías federal y tamaulipeca cometieron errores en el manejo, traslado e identificación de los cadáveres; la preservación de evidencias, la investigación y la protección a los dos sobrevivientes, lo cual provocó que la matanza permanezca impune, que no se conozca la verdad y que 12 cadáveres aún no sean identificados. Por ejemplo, no cuidaron el acceso al lugar del crimen, por lo que se perdieron y manipularon evidencias; no registraron la ubicación de los casquillos percutidos y las balas encontradas; tampoco relacionaron los impactos en las víctimas con los proyectiles; no describieron la posición y orientación en la que se encontraban los cadáveres, ni su edad aproximada, media filiación, estatura o ropas que vestían, rigidez cadavérica, grado de putrefacción o lesiones que se advirtieran a simple vista.

Al levantar los 72 cadáveres no reunieron elementos e indicios que ayudaran a acreditar el cuerpo del delito. El trato a los cuerpos fue pésimo. El 24 de agosto de 2010 fueron trasladados en pick ups a la Base de Operaciones de la Marina en ese municipio, donde “permanecieron aproximadamente dos días expuestos a la intemperie y apilados, para posteriormente ser depositados, junto con los demás cuerpos, en las instalaciones de la funeraria F1, algunos en el piso, rociados de un polvo blanco y otros en una caja de tráiler, en bolsas de plástico”. La CNDH señala que era su obligación, desde el día de su hallazgo, tomar medidas para evitar el proceso de descomposición. “La omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas (…) significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos, máxime que, a raíz de los acontecimientos, esta comisión nacional solicitó la adopción de medidas cautelares, a efecto de preservar los indicios”, establece el documento. Las autoridades no ordenaron realizar las autopsias hasta 48 horas después del hallazgo de los cuerpos. En la funeraria los forenses sólo determinaron la edad de 45 víctimas. No registraron cuáles tenían las manos atadas con cinchos de plástico y vendajes en los ojos. Se equivocaron al determinar el grado de putrefacción. Cuando identificaron los cadáveres no detallaron correctamente el estado de la dentadura, pues escribieron únicamente “mal” o “bien”. No les realizaron estudios proctológicos o ginecológicos. De uno de los cadáveres enviados a la fosa común no se sabe su sexo, ya que en un reporte un mismo funcionario describió que era del sexo masculino y posteriormente femenino. Los médicos llenaron los formatos según su “libre albedrío” y algunas de sus observaciones fueron ilógicas, como aquella en la que un médico, después de describir la fractura de cráneo y los coágulos que presentaba un cadáver, concluyó que la persona murió por “un golpe de calor e ­insolación”. Aunque es una obligación reunir pruebas, analizarlas, etiquetarlas y colocarlas en un lugar seguro para impedir su contaminación y pérdida, las 51 evidencias de balística –como casquillos .223 y 9 mm., cartuchos y una ojiva– recogidas quedaron en un lugar abierto “sin resguardar ni reservar”. Los peritos tampoco establecieron la relación entre las cosas halladas y los cadáveres. En los protocolos de necropsia no se describe el número de lesiones que presentaban los cadáveres ni su localización y dimensiones ni el trayecto y los órganos afectados o la causa de la muerte. Tampoco describe las características de las heridas por proyectil de arma de fuego. Las autoridades se limitaron a entregar “un reporte liso y llano, con afirmaciones genéricas sobre las posibles causas de los hechos, en las que se omitió la realización de exploraciones significativas de indicios conducentes a determinar lo que en realidad sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando”, señala la recomendación. Por la manera “precipitada, deficiente y sin la metodología adecuada” en la que se

hicieron las investigaciones, la fiscalía de Tamaulipas confundió el cuerpo del brasileño Juliard Ares con el de un hondureño y lo envío a Honduras para su sepultura. Tampoco consta que hubieran agotado todas las diligencias necesarias para la plena e irrefutable identificación de los cadáveres de los 16 hondureños que entregó. Cadena de omisiones La CNDH señala que las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, el desarrollo de la investigación y el tratamiento de los cuerpos fueron tan deficientes que 12 personas fueron enviadas a la fosa común y sus familias quedaron sin posibilidades de saber la verdad. En tanto, la PGR no registró las irregularidades cuando recibió el caso. Su personal en Matamoros filtró a la prensa el nombre, nacionalidad y domicilio de uno de los migrantes que sobrevivió a la masacre, poniendo en riesgo la seguridad de un testigo clave. Tanto la PGR como la procuraduría de Tamaulipas negaron varias veces a la CNDH acceso a sus investigaciones, pero sí los compartieron con la prensa. En su conclusión la CNDH señala: “La PGJ del estado de Tamaulipas y la PGR incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; así como a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de los dos testigos, quienes sobrevivieron a los hechos”. No mencionan casos como los de Mirna, Gloria o la guatemalteca Ángela Lacán, quien perdió a su esposo, dos hijos y cinco familiares en la matanza atribuida a Los Zetas y quien además fue víctima de la PGR y de la cancillería mexicana, pues recibió por tandas los restos de sus familiares. Los primeros llegaron a los tres meses, pero el ataúd con los restos de su hija demoró siete meses por la lentitud en la identificación genética. Y todavía no está segura de si realmente enterró a su hija. La abogada Ana Lorena Delgadillo reconoce que la recomendación tiene aspectos positivos al sancionar los malos procedimientos de las fiscalías. Pero explica que la Fundación para la Justicia y algunas de las víctimas que representa se ampararon ante los tribunales por considerar que la CNDH cometió omisiones que violaron derechos de las víctimas y de la sociedad, y el principio pro persona que por ley la obliga a hacer su máximo esfuerzo como órgano defensor. En entrevista explica que el organismo, aunque cuenta con presupuesto y tiene la facultad de hacerlo, no investigó al Estado mexicano por su posible responsabilidad en la matanza, ya sea por no prevenir (pues era sabido que San Fernando era un lugar peligroso para migrantes) o por participación directa o complicidad (ya que en las masacres del año siguiente en esa misma zona todos los policías municipales fueron detenidos como copartícipes). “La CNDH fue omisa en la investigación. No estableció cómo ocurrieron los hechos. No contrastó la información que le proporcionó el gobierno de Tamaulipas

contra lo que ella debió haber investigado. Se basó sólo en los hechos que narró el sobreviviente. Debió dejar en claro cuál fue la actuación del Estado respecto a la privación de la vida de los 72 y no sólo enlistar la respuesta que le dieron. “También debió decirnos qué pasó ese día y cómo pasó, qué permitió que pasara, quiénes son los responsables, si el Estado pudo haber prevenido, qué tan cerca estaba el retén de la Marina al que llegó el testigo, si desde el retén (los efectivos de la Marina) pudieron haberse percatado, por qué estaba ese retén, cuál era la policía más cercana. Pero la recomendación no aporta contexto sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la participación del Estado”, dice. La abogada que trabajó con el Equipo Argentino de Antropología Forense durante las indagaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, las cuales derivaron en una sentencia internacional contra México, señala que es muy grave que el máximo organismo federal en materia de derechos humanos falle en su mandato de investigar y establecer la verdad y que no haya una instancia nacional a la cual acudir para presentar una queja. Con las reformas constitucionales la facultad de investigar se le retiró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le pasó a la CNDH. “Además de no establecer hechos tampoco se pronuncia sobre si las investigaciones de las procuradurías están bien hechas, no aclara por qué cada procuraduría tiene su expediente y si se contradicen. Tampoco da lugar a las familias de las víctimas, no recogió su testimonio para determinar cómo les afectó ni verificó si recibieron los restos correctos, no clarifica qué pasó con el brasileño asesinado, si las familias recibieron restos enteros o cremados, si les permitieron ver los cadáveres, si recibieron dictámenes con información científica que acredite la identidad de los cuerpos, si alguien se los explicó, si garantizaron su derecho a la justicia y a la reparación. “Sólo se basó en informes del gobierno, no entrevistó a los familiares, a pesar de que tenía presupuesto para hacerlo. Con esta recomendación violó su propia ley, la Constitución y la Ley General de Víctimas, pues en vez de reparar viola más los derechos de las víctimas”, sostiene. Considera que es común que la CNDH ignore a los migrantes, no sólo porque ni siquiera informó de la existencia de la recomendación y no clasificó la masacre como grave. Señala que el organismo tampoco responde cuando las organizaciones de derechos humanos solicitan medidas cautelares para proteger restos de migrantes asesinados en matanzas. Recuerda que permitió la cremación de los restos de los guatemaltecos asesinados en San Fernando (Proceso 1886). Pero, afirma, “la gota que derramó el vaso es esta investigación”. Aunque Delgadillo dice que está consciente de que los amparos contra la CNDH no proceden, señala que existe un nuevo contexto en el que este amparo debe ser tomado en cuenta. “Nuestra esperanza es que los tribunales restituyan a las víctimas y a la sociedad los derechos violados, que hagan una investigación como corresponde, integral, dándole voz y un lugar a las víctimas, donde sus derechos sean respetados; que investiguen y nos digan lo ocurrido”, expone. Proceso solicitó una entrevista con el quinto visitador la CNDH, quien no respondió a la solicitud.

“El Carrete” el azote del sur de Morelos Patricia Dávila Con el argumento de que el alcalde Noé Reynoso Nava no impulsa la obra pública en Amacuzac, un grupo de personas encabezadas por el diputado petista Alfonso Miranda Gallegos iniciaron un movimiento para pedir su destitución, que incluyó la toma de oficinas del ayuntamiento y bloqueos. Detrás de esa andanada se encuentra Santiago Mazari Miranda, El Carrete, líder de la banda de Los Rojos, que controla el trasiego de droga en el sur de Morelos. Más todavía: de acuerdo con un documento obtenido por Proceso, Miranda es tío de El Carrete. CUERNAVACA, MOR.– Tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva El Barbas, en diciembre de 2009, el cártel que lideraba se dividió y surgieron las células Los Rojos y Guerreros Unidos. Desde entonces se incrementó la violencia en la entidad, que hoy tiene uno de los índices delictivos más elevados del país, pues los integrantes de ambas organizaciones secuestran, ejecutan, amenazan, extorsionan, cobran derecho de piso, incluso controlan algunos ayuntamientos. Los focos rojos se ubican en los municipios de Amacuzac y Puente de Ixtla, en los límites con Guerrero. Ahí, al sur de la entidad, los sicarios de ambos grupos se disputan el territorio; en la zona cañera que comprende Jojutla, Tlaltizapán y Zacatepec los enfrentamientos son constantes; ambos grupos criminales también tienen incidencia en la zona centro –Cuernavaca, Jiutepec y Temixco. Precisamente del poblado de San Gabriel, municipio de Amacuzac, es originario Santiago Mazari Miranda, El Carrete o El 8, líder de Los Rojos. Es sobrino de Alfonso Miranda Gallegos, alcalde de este municipio en el trienio 2009-2012, de acuerdo con un documento confidencial que circula en las áreas de procuración de justicia morelense. Hoy, como diputado local del Partido del Trabajo, Miranda Gallegos inició un movimiento de protesta el lunes 6 contra su sucesor en la alcaldía Noé Reynoso Nava, a quien acusa de no impulsar las obras públicas, señala Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno de Morelos. Según él, “la colindancia con Guerrero es nuestra mayor preocupación, pues es una de las fronteras que más vigilamos porque no sólo se utiliza para el trasiego de droga, sino también como ruta de secuestros y robo de automóviles y autopartes. De las entidades que colindan con Morelos, el Estado de México, Puebla, el Distrito Federal y Guerrero, esta última es el foco rojo”. Durante un recorrido por Amacuzac, Puente de Ixtla y Jojutla, los lugareños comentan a la reportera que Los Rojos dominan el corredor que, además de esos tres municipios, comprende los de Zacatepec, Tlalquitenango, Tlaltizapán y Cuautla. El alcalde de Amacuzac y Álvaro Valle, un vecino de la comunidad, presentaron denuncias contra el diputado Miranda Gallegos por privación ilegal de la libertad, amenazas de muerte y robo.

Según el documento confidencial, cuya copia obtuvo Proceso, El Carrete ha participado en varios secuestros y extorsiones en la entidad y presuntamente tiene línea directa con el Cártel de Sinaloa: “Se tiene información de que El Carrete actúa en complicidad con el diputado Miranda. A la mayor parte de los pobladores (ambos) les ofrecen protección. Asimismo, la policía de Amacuzac actúa en complicidad con el diputado y con El Carrete, a quienes sirven de halcones o como instrumento para cometer secuestros y homicidios.” El documento menciona el asesinato del mayor retirado Justo Buenaventura Jaimes Villarreal, quien había llegado de Baja California para ocupar el cargo de secretario de Seguridad Pública de Amacuzac. “Su homicidio se relacionó con el despido masivo de policías”, destaca el documento. Menciona también que desde el arribo de Reynoso Nava al ayuntamiento se incrementaron los conflictos “políticos, sociales y de inseguridad”, provocados de manera intencional por el diputado Miranda, en revancha porque Reynoso le ganó la alcaldía a su hijo René Miranda Domínguez en las elecciones de 2012. De acuerdo con la ficha técnica incluida en el documento, El Carrete es propietario de un rancho en San Gabriel las Palmas, rumbo al camino que lleva al basurero, o por el Cuiji. Dice también que recibió recursos de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para la campaña de su tío (el ­diputado Miranda), a través de Juan Torres, El Banda, entonces jefe de la zona sur y quien hoy está preso. Y añade los nombres de sus colaboradores: Jacobo Quintana González, El Chaparrito, jefe del penal de Atlacholoaya, quien fue detenido en Chilpancingo cuando viajaba en una camioneta Extrail blanca robada. Durante un tiempo el ­vehículo lo manejó otro pistolero, Antonio Román Miranda, La Moña, líder de Los Rojos, quien fue asesinado el año pasado; Pedro Ramos Hernández y Gabriel Ocampo Galván, ambos expolicías de Amacuzac, y Ángel Luis Valdovinos Manjarrez, El Gato, del municipio de Tetecala. En Amacuzac y Puente de Ixtla los pobladores identifican al Carrete como narcotraficante que domina la zona. ¿Hay denuncias contra él?, se le pregunta a Jorge Messeguer Guillén, secretario de Gobierno. “Si las hubiera y tuviéramos elementos jurídicos ya lo hubiéramos detenido. Sé que se le señala como integrante de Los Rojos.” –Señalan como parte de este grupo al diputado Miranda, incluso hay denuncias en que lo incriminan. –Tenemos una carpeta de investigación en la procuraduría. Sabemos que hay una relación familiar (entre El Carrete y el diputado Miranda), pero no se ha presentado ninguna en la que se le involucre con el narcotráfico. –¿Cómo va el conflicto entre el señor Miranda, quien mantiene tomado al pueblo, y el alcalde? –Un grupo cercano a Miranda argumenta que el gobierno (de Reynoso Nava) no ha hecho obra pública. Yo creo que es un conflicto político “enrarecido por el parentesco (del exalcalde con El Carrete)”. Hace varios días nos reunimos y los conminé a que llegaran a un acuerdo. Aceptaron que se practicara una auditoría a la gestión actual y a la pasada.

Sin embargo, el martes 21 los manifestantes aún no devolvían las instalaciones del gobierno tomadas ni se retiraban de las inmediaciones del ayuntamiento. Con relación al índice delictivo en el estado, Messeguer Guillén comenta: “Estamos rodeados de una zona donde el índice de secuestros es el más alto del país –156 en 2013, por debajo de Guerrero–; en homicidios la cifra bajó (862 en 2012 a 597 el año pasado); el robo de vehículos con violencia fue de mil 758 el año pasado con respecto a mil 912 en 2013 y con no violencia fue de 2 mil 684 a 2 mil 869”. Es evidente, dice, que la violencia entre los cárteles bajó en términos nominales 25%; “también se detuvieron las escenas de personas decapitadas o colgadas en los puentes”. Hoy, el cobro de piso por parte de Los Rojos y Guerreros Unidos se da en todo el estado. Y en cuanto a la extorsión, se comete vía telefónica desde penales de Tamaulipas y Jalisco. “La disputa política está atravesando por la presencia de este grupo delictivo encabezado por El Carrete. Eso enturbia el clima en esta región. Tenemos a la Policía Estatal y al Ejército para detectar cualquier grupo que estuviera operando allí. “El Ejército patrulla de manera permanente. Tiene una base de operaciones en el centro de Amacuzac, así como en Yecapixtla y Huitzilac. Son 22 sus puntos de operación en el estado. Apoya de manera coordinada nuestros recorridos, desde la vigilancia de los penales hasta el corredor de operación de los cárteles.” Denuncias acalladas El mismo grupo delictivo que opera en Amacuzac también tiene presencia en Puente de Ixtla, en Zacatepec, Oatlán, Omatepec y otros municipios, sostiene el funcionario. Sin embargo, ahora se concentran los secuestros en la parte centro del estado, por lo que la red de vigilancia se extiende a Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Emiliano Zapata, donde varias de las 78 bandas establecidas en Morelos también tienen presencia; algunas pertenecen a una u otra de las células escindidas del cártel del Barbas. Para Álvaro Valle, habitante de Amacuzac y funcionario del ayuntamiento en varias administraciones, “la inseguridad se incrementó en el municipio a partir de que el señor Alfonso Miranda llegó como presidente municipal; la ola de inseguridad se reflejó en secuestros, robo a casas habitación, vehículos, abigeato, extorsión y desapariciones. Desafortunadamente la ciudadanía no denuncia por temor a las amenazas de Miranda y de su sobrino”. Y expone: “Hice denuncias –la primera hace dos años– por privación ilegal de la libertad en agravio de uno de mis hijos. La puse en la PGJE y ante la CEDH (Comisión Estatal de Derechos Humanos). En esta última la ganamos porque investigó y emitió una recomendación; pero en la procuraduría la pararon, a pesar de que él (Miranda) ordenó a los policías que detuvieran a mi hijo con la intención de desaparecerlo. “Cuando Miranda ocupa la alcaldía, su parentesco con El Carrete lo fortalece. Se ve claramente que traía el cobijo de su sobrino. Por eso hace lo que quiere.”

–¿Cómo rescató a su hijo? –Los que recibieron la orden de levantar a mi hijo estaban divididos; entre ellos había gente de mi confianza, como el entonces director de Seguridad Pública, Carlos Alberto Luna Figueroa, de la comunidad de Tiacalco. Él y otros me avisaron. “Además, detrás de los secuestradores iba el cuñado de mi hijo, quien grabó todo: cuando lo subieron a la patrulla y cuando se pararon y lo bajaron para introducirlo en unos cañaverales antes de llegar al poblado Tlatenchi, donde pretendían desaparecerlo. Se salvó, porque se dieron cuenta de que los estaban grabando. “La de Amacuzac es una manifestación normal, ciudadana, aunque dentro está la delincuencia organizada, están Miranda y El Carrete. El miércoles 8 –cuando tomaron el ayuntamiento– andaba el sobrino, aunque no se metió a la bola, pues sólo supervisó y movilizó a la gente. “A quienes corresponde actuar es a las fuerzas federales y al gobierno del estado. No queremos desmoralizarnos pensando que el gobierno tiene nexos con esas personas. Pero, ¿por qué no actúan? La ciudadanía está molesta.” Insiste en que cuando su hijo fue secuestrado, envió un documento al entonces alcalde en el que lo hacía responsable de lo que le pasara a él y a su familia; incluso él firmó de recibido. “Entregué el acta al Congreso local. En ese tiempo estaba Fidel Demédicis Hidalgo (como presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en el Congreso local). Nunca tomó cartas en el asunto.” Valle asegura que él y su familia han recibido amenazas de muerte; “eso lo saben el procurador Rodrigo Dorantes y el secretario Jorge Messeguer”. –¿Qué le dijeron en la procuraduría? –Pararon la investigación. No sé si por el fuero, la buena relación que tiene el diputado Miranda o porque paga. Al no actuar, la procuraduría pone en riesgo nuestra integridad física, por eso mucha gente no quiere denunciar. En 2009, cuando Miranda andaba en campaña para ser alcalde, le robó a mi tío cuatro toretes, por lo que éste lo denunció ante el Ministerio Público. Cuando Miranda se enteró le dijo que si ratificaba la querella se atuviera a las consecuencias. Mi tío se quedó callado. Los puntos críticos En Amacuzac, el diputado petista también es acusado de demoler el techo de la alcaldía, así como de apropiarse de un mercado municipal y de una unión ganadera que construyó con los 17 millones de pesos que le prestó Banobras al ayuntamiento. El alcalde Reynoso Nava coincide con Valle: “Aquí la delincuencia inició hace cuatro años. Detectamos la inseguridad por los secuestros. Se generó un gran terror en las comunidades por los plagios de mucha gente de trabajo. El municipio está hecho garras y la autoridad no actúa. Sólo detuvo al subdirector de la policía en la administración de Miranda (Pedro Ramos) por presuntos nexos con Los Rojos.

“Desconozco con qué grupo se le relacionó, pero lo detuvieron en Puente de Ixtla. Él todavía trabajó conmigo un par de meses como elemento, cuando estaba como director el mayor Justo Buenaventura Jaimes.” –¿Enroló a todos sus policías en la delincuencia? –se le pregunta al alcalde. –Le puedo decir que el gobierno del estado les aplicó los exámenes de control y confianza a todos los elementos –eran como 60–. Quienes no pasaron fueron dados de baja; los que aprobaron –alrededor de la mitad– se quedaron a laborar. “Eso fue hace seis meses, al inicio del mando único. Cuando los policías se enteraron de que iban a ser evaluados, tuvimos conflictos con ellos. Los elementos se alteraron y decían que yo los quería sacar. Las amenazas vinieron después. En lo que cabe, sólo actué conforme me ordenó el gobierno del estado.” –¿Cuáles son los focos rojos del municipio? –La cabecera municipal y las comunidades de Huajintlan, San Gabriel y Rancho Nuevo. Ahí es donde más han secuestrado a gente que vive de su trabajo. Por seguridad, muchas familias no reportan los secuestros a las autoridades. Uno de ellos es el de Leonardo Marquina, quien desapareció hace más de dos años. –Y con respecto a los asesinatos. –Son ajustes de cuentas internos. Lo que está muy activo es la extorsión. Los delincuentes cobran entre 8 mil y 15 mil pesos por cada rescate. El año pasado hubo 40. Acerca de su accidentada llegada a la presidencia municipal en 2012, Reynoso Nava refiere: “Cuando uno es gente de trabajo, no nos damos cuenta de que el cargo está muy peleado, que hay muchos intereses en juego. He tenido varios problemas con mi excontrincante, el hijo del diputado Miranda. He tratado de entablar un diálogo con el diputado para frenar esta situación, que ya está dañando al pueblo”. –¿Cuándo surgieron las amenazas? –… –Usted quiere evitarlo, pero la realidad es que el conflicto mantiene paralizado al municipio. Aunque quiera dejarlo ahí, institucionalmente no puede, ¿o sí? –No… Es inevitable, porque no me deja trabajar. –¿Fue saqueado el ayuntamiento? –Sí. Se apoderaron de vehículos oficiales y golpearon al subsecretario de Seguridad Municipal, Odilón Estrada Valladares. Hay gente del municipio y de otros pueblos, como Puente de Ixtla, Tetecala y Coauchichinola, a la que le pagan de 200 a 300 pesos el día por manifestarse. –¿Siguen las amenazas? –Ya perdí la cuenta… Mandan razones con desconocidos; algunos están armados, no sabemos quiénes son. Paran a una gente del pueblo para mandarme mensajes; me han pedido que deje el ayuntamiento, que me vaya de aquí. “Ante las amenazas, saque a mis hijas del municipio. Es triste, pero no tuve alternativa. Sin embargo, no renunciaré. Estoy obligado a dar seguimiento al trabajo municipal. Si Dios quiere, terminaré mi cargo; si no, me quedaré en el camino.”

El caso Gibrán, otro escándalo del gobierno veracruzano Noé Zavaleta XALAPA, VER.- Las extrañas circunstancias en las que fue asesinado Gibrán David Martiz Díaz –concursante del programa de La voz México– y las inconsistencias y vacíos en las explicaciones ofrecidas por la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) y la Procuraduría General de Justicia del Estado volvieron a exhibir la suciedad imperante en el sistema policiaco veracruzano. Además del caso de Martiz hay denuncias de familiares de policías municipales, agentes estatales y parientes de exservidores públicos del gobierno del priista Javier Duarte que afirman que integrantes de la SSP y sus cuerpos de élite y reacción inmediata levantan, torturan y desaparecen gente. Pese a las acusaciones, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, presumió el pasado martes 14 “el gran trabajo” que hace la Policía Estatal. Martiz de 22 años, tenía las nacionalidades mexicana y panameña. De agosto a noviembre de 2013 participó en el programa de Televisa La voz México. En ese lapso Martiz vivió en el hotel Royal del Pedregal, junto con sus entrenadores y decenas de jóvenes de toda la República, cuenta Efraín Martiz, padre del joven cantante. El lunes 6 el muchacho se mudó a un departamento en Xalapa con unos amigos; su familia se quedó en Veracruz: “Papá, tengo un proyecto nuevo de solista, voy a grabar el disco Caminando a la Luna, ya tenemos un sencillo: ‘Playboy’”, presumió entonces. Un día después, el martes 7, el padre de Gibrán se enteró de que tres patrullas de la SSP habían sacado a su vástago de su domicilio, por la fuerza, sin una orden de arresto y esposado. También secuestraron a otro joven, amigo de su hijo. En los siguientes días Efraín buscó a Gibrán en el cuartel de San José, en los ministerios públicos y en la SSP. En todos lados le aseguraron no saber nada, pese a que hay ocho testigos y fotografías de que la patrulla 201778 se lo llevó. El sábado 11 le hablaron del gobierno estatal para que acudiera a reconocer un cuerpo. Era Gibrán. Horas más tarde se lo entregaron envuelto en una sábana blanca y sólo con la trusa puesta. Martiz asegura que su hijo estaba muy golpeado y con el tiro de gracia. Insiste en que la policía de Veracruz cometió “un error muy grande” y al darse cuenta quiso hacer pasar a su hijo como delincuente. Los agentes “quisieron ser jueces y verdugos”. Un día después comenzaron a circular fotografías –de forma anónima– en las que el cantante juvenil posaba con armas de alto calibre. Las imágenes fueron filtradas a los sitios El Blog del Narco y Notiinfomex. Horas después fueron distribuidas por cuentas de correo electrónico que han sido vinculadas con la oficina de prensa de Duarte (animaseditores@gmail.com, tribunaveracruz@gmail.com, informaciónveracruz1@gmail.com) y que presuntamente se usan para desprestigiar a políticos de oposición (panistas, perredistas y lopezobradoristas), académicos y periodistas incómodos. “Las fotografías eran de utilería, para el videoclip de ‘Playboy’. Esas fotografías

fueron extraídas de su celular, un iPhone 4. Es obvio que ese teléfono se lo quedaron los policías”, sentencia su padre, quien pide tiempo para que la productora dé a conocer dicho videoclip, que podría transmitirse en el canal especializado en música Telehit. Ese domingo, el gobierno de Veracruz convocó a los medios. Amadeo Flores, procurador estatal, aseguró que en un operativo en La Ternera, entre Huatusco y Conejos, fuerzas federales y estatales persiguieron a dos vehículos “sospechosos”. Al darles alcance, prosiguió, los delincuentes abrieron fuego. En el tiroteo, dijo, fueron abatidas dos personas. En el sitio, además de los presuntos gatilleros fueron hallados los cuerpos del cantante y de un amigo suyo, menor de edad, cuya identidad se reservó. Flores no explicó si los cuerpos hallados iban en las cajuelas de los vehículos o en la parte trasera, ni si los jóvenes murieron en el fuego cruzado o antes. Sólo consignó que dentro del vehículo se encontraron armas y uniformes de policías de distintas corporaciones. Un día después de este anuncio, Efraín Martiz ofreció entrevistas en radiodifusoras nacionales donde culpó a policías estatales de la muerte de su hijo. En redes sociales y bajo la etiqueta #DondeEstáGibrán?, tuiteros recriminaron la investigación y el desenlace del caso. Tras el escándalo el gobierno priista modificó la versión que había dado 24 horas antes. La noche del lunes 13 la administración estatal admitió que sí habían participado siete elementos de la SSP en el levantón. El gobierno aseguró que estaban detenidos por los probables delitos de incumplimiento de un deber legal, coacción y abuso de autoridad, pero una semana después todavía se ignora la identidad de esos oficiales. Amadeo Flores subrayó, eso sí, que “se comprobó” que las ojivas alojadas en los cuerpos de los jóvenes coincidían con las pistolas que portaban los delincuentes abatidos. “Es ahí el vacío de la historia. ¿En qué momento mi hijo pasó de detenido a presunto delincuente?”, recrimina Efraín Martiz. Incoherencias policiacas El levantón y posterior asesinato de Martiz puso al desnudo el modus operandi de la administración priista para afrontar las crisis de seguridad. El lunes 13, Proceso acudió al inmueble de la SSP. Ahí, un vocero cercano al titular, Arturo Bermúdez Zurita, dijo que tripulantes de un automóvil oscuro con vidrios polarizados (presuntamente un Lancer negro) secuestraron al cantante y a un amigo suyo en la avenida Ferrocarril Interoceánico de esta capital. Señaló que luego de “dos llamadas de emergencia” al número 066, policías a bordo de la patrulla 201778 –la señalada por el hermano de Gibrán, Erick Martiz, en su cuenta de Twitter– llegaron al lugar, pero ya no encontraron pistas del caso. El funcionario de la SSP aseguró que no existió “ninguna denuncia”, pero Efraín Martiz afirma que sí se interpuso una queja en el Departamento de Asuntos Internos de la SSP y que existen las demandas EXP.UIPJ/DXI/6º/12/2014 y

EXP.UIPJ/DXI/8º/09/2014, además de una carta dirigida a Duarte. El caso del joven cantante no ha sido el único que ha mostrado la oscuridad de la SSP. Jacqueline Espejo Moctezuma, oficial del agrupamiento carretero de esa secretaría, denunció en octubre pasado que efectivos del cuerpo de élite y de reacción inmediata de la Policía Estatal Acreditable la habían golpeado y amenazado de muerte. Ella fue levantada por cuatro agentes encapuchados de la patrulla 1397, que la obligaron a descender del taxi en el que viajaba para golpearla y torturarla durante cuatro días en la Academia de Policía de El Lencero. “Me dijeron que confesara la posesión de unos tabiques de mariguana, que sabían dónde vivían mis hijos y que no me quisiera pasar de pendeja”. En ese mismo levantón desapareció el taxista Andrés Aguilar Marín, de 37 años. Su hermana, María del Rosario Aguilar, confirmó que tres meses después nada se sabe de su paradero. Otro caso de escándalo ocurrió hace un año. El 11 de enero de 2013 ocho policías municipales de Úrsulo Galván fueron reportados desaparecidos y a la fecha no se sabe nada de ellos. Uno más: en julio de 2013 la Comisión Estatal de Derechos Humanos investigó la actuación de efectivos de la Agencia Veracruzana de Investigación que presuntamente agredieron a Deyanira Hernández García, exjefa del departamento de Autorización de Crédito de la Secretaría de Finanzas. Acusada de un fraude por 1 millón 800 mil pesos, de acuerdo con el acta circunstanciada DAM-0100/2013, la exservidora pública fue torturada por policías ministeriales mediante “toques eléctricos” en los pezones, abdomen y vagina a fin de que se declarara culpable. Estadísticas del propio gobierno de Veracruz marcan que cuatro de cada 10 policías que laboran en el estado han sido dados de baja por no pasar los exámenes de evaluación, control y confianza. L

El Cártel de Sinaloa, estafador mundial Philippe Engels y Anabel Hernández Investigaciones realizadas en EU han puesto al descubierto una enorme red de empresas distribuidas en el mundo, las cuales además de defraudar a decenas de miles de personas con el sistema de las “pirámides”, lavan dinero del narcotráfico mexicano. En una de esas indagatorias, encargada por el Pentágono al Instituto de Análisis de Defensa, se identifica a dos de los principales responsables de esas multimillonarias maniobras, a quienes dicho instituto denomina “componentes financieros del Cártel de Sinaloa”. Y advierte: “Tiene corrompido con éxito al gobierno de México. Cuando en 2007 la empresa Evolution Market Group (EMG), constituida en Panamá, comenzó a operar varias páginas en internet para captar personas que invirtieran a corto plazo con rendimientos extraordinarios, parecían un negocio inofensivo. Los incautos que le confiaron sus ahorros ignoraban que terminarían siendo parte de un complejo esquema de lavado de dinero del narcotráfico y fraude financiero ideado por los empresarios Daniel Fernandes Rojo Filho (brasileño) y Pedro Benevides (de origen portugués), a quienes un informe ordenado por el Pentágono vincula con el Cártel de Sinaloa. En 2008 la DEA y el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) iniciaron en la Corte de Distrito de Arizona una acusación criminal contra Fernandes Rojo Filho, Benevides y decenas de empresas creadas en Florida y Panamá, relacionando sus cuentas bancarias y bienes con actividades de narcotráfico y lavado de dinero. Los documentos oficiales de la indagatoria en curso de la DEA y el IRS –a los que se tuvo acceso–, así como expedientes abiertos en Bélgica y Francia, testimonios de víctimas y análisis de campo revelan la ingeniería criminal que operó en Estados Unidos, Panamá, España, Austria, Francia y Bélgica, y las extraordinarias capacidades del narcotráfico trasnacional mexicano. Fernandes Rojo Filho y Benevides, junto con el español Germán Cardona promovieron a través de EMG pirámides de inversión fraudulentas, conocidas como “esquemas Ponzi”. Y con DWB Holding Company, abierta en Florida, solicitaron capital para plantas de energía renovable inexistentes. Todo para ocultar el dinero del tráfico de drogas. En la parte civil del caso hay confiscaciones definitivas ordenadas por jueces contra Fernandes Rojo Filho y Benevides, incluyendo fondos relacionados con el narcotráfico. Pero en el aspecto penal la investigación continúa y aun así ambos siguen libres. Usando el mismo método de Bernard Madoff, los empresarios vinculados al Cártel de Sinaloa estafaron a decenas de miles de personas. Sólo en Francia hay 82 mil afectados. Por medio de numerosas transferencias bancarias el dinero limpio de

las víctimas fue mezclado con el sucio para hacer casi imposible rastrear el origen y destino de los fondos. El epicentro de la maniobra fue Florida. Se ejecutó entre 2007 y 2009 y fueron utilizados por lo menos 12 bancos, 62 cuentas bancarias y 29 empresas en Florida, Panamá y Bélgica, entre ellas EMG, DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation y Obbalube Investment Corporation. Con ellas pudieron haberse lavado al menos 213 millones de dólares, según datos oficiales recabados en Estados Unidos. Wachovia, Wells Fargo y Bank of America están entre las instituciones financieras donde hubo transferencias ilícitas. No es la primera vez. Los tres bancos estadunidenses tienen un negro historial en materia de lavado de dinero y han pagado al gobierno de Estados Unidos multas millonarias. La cacería de la DEA En agosto de 2008 la DEA y el IRS solicitaron a la Corte de Distrito de Arizona el aseguramiento de dos cuentas bancarias a nombre de DWB Holding Company por estar relacionadas con una investigación sobre tráfico de drogas y lavado de dinero, según se afirma en los documentos de la indagatoria. El juez Lawrence I. Anderson encontró que había suficientes elementos para incautar de manera preventiva el dinero y ejecutó el aseguramiento de una cuenta de 24.5 millones de dólares abierta en el M&I Bank, y de otra por 200 mil dólares en el Whitney National Bank. Así se inició la cacería del gobierno estadunidense contra lo que podría ser una de las más escandalosas estafas tipo Madoff, pero vinculada al Cártel de Sinaloa y al tráfico de drogas. De acuerdo con los récords oficiales en Florida, Fernandes Rojo Filho creó en mayo de 2006 la firma AGFC Capital Management y en pocos meses le cambió el nombre a DWB Holding Company. Junto con Benevides, Germán Cardona y Heriberto Pérez Valdés estableció una red de 26 empresas fantasma, la gran mayoría en Florida, para orquestar el lavado de dinero del tráfico de drogas y del fraude financiero, conforme acusa el gobierno estadunidense en las solicitudes para confiscar bienes y fondos a los involucrados. El rostro público de esa red era EMG, la cual usaba el nombre comercial de Finanzas Forex. “Este caso involucra un complicado esquema de lavado de dinero y tráfico de drogas (…) hay miles de transferencias y piezas de evidencia asociadas con esta investigación”, afirmó el gobierno de Estados Unidos en uno de los documentos que forman el expediente de los aseguramientos. De septiembre de 2008 a septiembre de 2009 Washington confiscó 41.7 millones de dólares de 59 cuentas bancarias abiertas por la red de Fernandes Rojo ­Filho, Benevides y sus familiares en nueve bancos de EU; 294 lingotes de oro y nueve vehículos de lujo. Los bienes fueron asegurados por la Corte de Distrito de Arizona y la Corte de Distrito Centro de Florida. Los hombres de Sinaloa

Fernandes Rojo Filho y Benevides son identificados como “componentes financieros del Cártel de Sinaloa” en una investigación del Instituto de Análisis de Defensa (IDA, por sus siglas en inglés), realizada por órdenes del Comando Norte del Departamento de Defensa, con base en el contrato DASW01-04-C-003. Proceso pudo consultar la versión desclasificada de la Investigación de amenazas financieras: Modelo de componentes financieros de la organización criminal trasnacional de Sinaloa, realizada por el IDA y fechada en abril de 2012. “Las organizaciones criminales trasnacionales mexicanas mueven sus finanzas a través de canales formales e informales; la mayoría de los ingresos procedentes de la venta de narcóticos los intercambian a través de las transferencias de efectivo a granel. Además, utilizan redes sofisticadas, tales como los esquemas de lavado de dinero basados en el comercio, para enmascarar los recursos. Por lo general tienen muchas empresas legítimas o ilegítimas, incluyendo ‘fachada’ o sociedades ficticias, que facilitan el movimiento del dinero, la gente y los narcóticos”, se indica en la investigación. El IDA afirma que en lugar de intimidar al poder “(el Cártel de) Sinaloa ha optado por comprar su influencia. Mientras es capaz de una gran violencia, su modus operandi preferido es el soborno. La organización criminal trasnacional tiene corrompido con éxito al gobierno de México, las fuerzas de seguridad y la industria privada en todos los lugares donde opera”. Los autores del estudio que involucra a Fernandes Rojo Filho y Benevides con el Cártel de Sinaloa han estado en Irak y Afganistán combatiendo células financieras que representan una amenaza, y “otros miembros del equipo han dirigido grandes investigaciones policiacas en contra de las organizaciones criminales trasnacionales de México y Colombia…”, asienta el informe. En el apartado “Componentes del Cártel de Sinaloa” se hace referencia al esquema de lavado de dinero realizado a través de EMG y Finanzas Forex. Para este reportaje se solicitó a funcionarios del IDA mayores datos sobre su indagatoria. Respondieron que no podían hacer comentarios de un trabajo que les fue encomendado por el Pentágono. La escuela Madoff En diciembre de 2008 Bernard Madoff fue detenido por defraudar a miles de personas en el mundo por más de 50 mil millones de dólares mediante el sistema piramidal de inversiones o esquema Ponzi. Un año antes, Fernandes Rojo Filho y Benevides habían comenzado a emplear el mismo procedimiento. Usando el nombre comercial Finanzas Forex, EMG se promovía en la red como “una compañía en internet de intermediación financiera integrada por un equipo de profesionales y expertos en inversiones en el mercado de divisas extranjero…”. EMG prometía que con sólo 100 dólares de inversión hasta los inexpertos podían obtener jugosas ganancias de 10 a 20% mensual, dependiendo del monto de su aportación.

“(Finanzas Forex) es una honesta y transparente oportunidad de inversión creada por el CEO Germán Cardona, cuyas inversiones en Forex permitirán a la compañía operar indefinidamente”, agregaba. El habilidoso promotor de EMG en Clermont, Florida, Santiago Vargas, captaba inversionistas entre personas comunes, a quienes decía que tenían los mejores corredores disponibles en Europa. Afirmaba que el dinero lo usaban en el mercado de divisas y que viajaba por Colombia, España, Brasil, República Dominicana y otros países para promover el negocio. EMG recibía los depósitos a través de una cuenta abierta en Wells Fargo a nombre de Crown Gold, una firma creada en Nevada pero que operaba en Oregon. “Después de invertir, se invitaba a los inversionistas a participar en dos reuniones relacionadas con Finanzas Forex. La primera reunión se efectuó en la oficina de la Cámara Americana de Comercio”, aseveró Noel F. Martínez, agente del grupo de trabajo de delitos financieros del IRS en una declaración jurada –de la cual se tiene copia– ante una Corte de Florida. A cada reunión llegaban a ir hasta 100 personas. Al poco tiempo EMG comenzó a dirigir a sus inversionistas para que los depósitos los hicieran en cuentas bancarias a nombre de otras firmas, como DWB Holding Company, Superior International Investments Corporation (SIIC) y Obbalube Investment Corporation (OIC), “que estaban a cargo de Daniel Fernandes Rojo ­Filho y Pedro Benevides. Al igual que Crown Gold, esas empresas comenzaron a actuar como intermediarios”, agregan los documentos de la investigación. En la División de Corporaciones de Florida, las tres compañías registraron como suyo el nombre comercial Finanzas Forex. El propietario de DWB era Daniel Fernandes Rojo Filho; de SIIC, Pedro Benevides, y Heriberto Pérez Valdez, de OIC. Conforme al testimonio rendido por una de las víctimas, el individuo de origen colombiano que le recomendó entrar a Finanzas Forex le dijo que para recuperar su dinero debía meter a otras personas en la pirámide de inversión. Así se les alentaba a que captaran nuevas víctimas, ya que con el dinero fresco podían recuperar el suyo. Al final de la pirámide siempre había quien se quedaría sin nada. La red de lavado de Fernandes Rojo Filho y Benevides se fue extendiendo para atraer también incautos de España, Austria, Francia y Canadá. Según la investigación, las comisiones de mercados de valores de cada uno de esos países advirtieron en su momento al público que EMG/Finanzas Forex no tenía permiso para prestar servicios de inversión. Cardona fue detenido en marzo de 2011 por la policía española acusado de defraudar, por medio de pirámides de inversión, a más de 100 mil personas en decenas de naciones. Lo que no se sabía entonces era que su fraude financiero había servido para el lavado de ganancias provenientes del narcotráfico. El empresario salió libre bajo fianza en 2012. Wachovia y Wells Fargo

En 2008, en una investigación paralela a la de la DEA y el IRS, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) puso su atención en OIC, establecida en Florida en octubre de 2007 con una dirección falsa, en donde todo lo que había era una oficina de UPS. El presidente era Heriberto Pérez Valdés, y Fernandes Rojo Filho, el jefe de finanzas. En 2008 EMG comenzó a sugerir en su página de Finanzas Forex a potenciales y actuales clientes en todo el mundo hacer depósitos a una cuenta que OIC abrió en la sucursal de Wachovia en Coral Gables, Florida. En seis meses, de diciembre de 2007 a mayo de 2008, en la cuenta de Crown Gold abierta en Wells Fargo los inversionistas de EMG depositaron 189 millones de dólares. Entre 2004 y 2007, Wells Fargo estuvo involucrada en otro esquema de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con una investigación de la DEA y el IRS, la cual hizo pública en 2011 el periodista británico Ed Vulliami, de The Observer, desde 2004 el banco Wachovia lavó por lo menos 100 millones de dólares del Cártel de Sinaloa. Parte de esa cifra fue usada para comprar aeronaves.

Acerca de la ”Carta de Manuel Bartlett” Señor director: Respecto a la Carta de Manuel Bartlett publicada en Proceso 1942, permítame puntualizar lo siguiente: 1. El licenciado Bartlett Díaz señala que difundo “hechos falsos, debidamente analizados y juzgados por las autoridades judiciales norteamericanas”, en el reportaje titulado Expolicías mexicanos exhiben a Bartlett y a Arévalo Gardoqui (Proceso 1940). En este sentido aclaro que lo publicado son testimonios de tres testigos protegidos por el sistema de justicia federal de Estados Unidos en relación con el asesinato de Enrique Camarena. Las declaraciones de los testigos ante una Corte Federal en el estado de California, que sirvieron para enjuiciar y sentenciar a Rubén Zuno Arce, Juan Ramón Matta Ballesteros, José Bernabé y Javier Vázquez Velasco, por su involucramiento en el homicidio de Camarena, coinciden plenamente con lo que le narraron a este reportero durante las entrevistas cuya grabación tiene Proceso. En consecuencia, claramente se puede comprobar que el reportaje aludido nunca señala que al licenciado Bartlett Díaz se le implicó judicialmente en Estados Unidos por el caso. 2. Los testigos están conscientes del compromiso adquirido ante la Corte de que, en los relatos que hicieron al suscrito, cualquier falsedad que hayan emitido se volvería en su contra, ya que en el acuerdo que firmaron con el gobierno de Estados Unidos se les advierte que, en caso de incurrir en una mentira ante la Corte o en declaraciones públicas –como las hechas a este semanario–, perderán los privilegios que les han brindado a ellos y a sus familias, y serán acusados de obstrucción de la justicia y sentenciados a varios años de cárcel. 3. Como se puede leer en el reportaje, yo como reportero jamás hago las aseveraciones que involucran al licenciado Bartlett Díaz en el caso Camarena como él lo sostiene; lo dicen los entrevistados. Para ilustrar el reportaje, los testigos protegidos aceptaron ser fotografiados solamente de perfil, argumentando motivos de seguridad personal. En Estados Unidos sigue abierta la investigación por el caso del secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, tomando en cuenta que de acuerdo a las autoridades de este país hay algunos involucrados en el homicidio que siguen siendo prófugos de la justicia. Atentamente J. Jesús Esquivel corresponsal en Washington

“Precio” por protestar: 5 años y 9 meses Arturo Rodríguez García El gobierno de la Ciudad de México se ensañó con la inconformidad social: mantiene encarceladas a las personas detenidas el 1 de diciembre de 2012 y el 2 de octubre de 2013, aunque su inocencia haya sido documentada mediante videos y testimonios consistentes. Juicios plagados de las mismas irregularidades hacen que se fortalezca un señalamiento: la administración de Miguel Ángel Mancera está llenando sus cárceles con presos de conciencia. Activistas incómodos al gobierno capitalino, estudiantes y trabajadores que en 2013 participaron en la conmemoración del 2 de octubre permanecen en prisión, acusados de atacar la paz pública, ultrajar a la autoridad y, en varios casos, de intentar asesinar policías. Las “pruebas”: Declaraciones de dos agentes que, pese a ser contradictorias, tienen más valor para los jueces que videos, dictámenes periciales y testimonios sólidos conseguidos por los detenidos, a quienes se les impidió enfrentar su juicio en libertad. Ya se emitieron dos sentencias que confinan a cinco años y nueve meses de cárcel –sin posibilidad de libertad bajo fianza– a dos personas aprehendidas en distintos lugares, momentos y circunstancias. Cinco años y nueve meses es la tasación contra la protesta social. Esa también fue la condena que recibió el pasado 12 de diciembre Osvaldo Rigel Barreta, capturado y procesado por las protestas del 1 de diciembre de 2012. Los detenidos, familiares y abogados que los representan coinciden en que se trata de “presos de conciencia” y de “apariencia”: los detuvieron por sus ideas y por su aspecto. Los parientes también denuncian injusticias “en serie”: las imputaciones son las mismas en cada caso y los jueces las admiten sin evidencia. A esto se suma el silencio de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Bautista, el incómodo El pasado 7 de diciembre José Alejandro Bautista Peña fue sentenciado por atacar y lesionar a un granadero. En la acusación se asentó que había sido detenido en flagrancia. No obstante Bautista demostró en videos –con aval pericial– que no incurría en ningún delito cuando varios hombres vestidos de civil lo detuvieron y condujeron violentamente con los granaderos. Los testigos corroboraron su dicho, pero todas las pruebas de descargo fueron desechadas por el juez 40 de lo penal, Jorge Martínez. En 2007 Alejandro se convirtió en un dirigente incómodo para los negocios inmobiliarios que promueven funcionarios del Distrito Federal y la delegación Tlalpan.

Sin filiación partidista encabezó la resistencia de habitantes de San Andrés Totoltepec, en Tlalpan. El despojo de tierras en esa delegación se hizo a través de Toribio Guzmán Aguirre o Toribio Guzmán Paz (se presenta con los dos apellidos en documentos oficiales). Guzmán fue electo por usos y costumbres como “enlace” con la delegación, pero falsificó un acta de no antecedentes penales. El cambio de nombre y la alteración de datos fueron denunciados por Bautista. En entrevista telefónica desde el Reclusorio Norte, Bautista aseveró, días antes de ser sentenciado, que fue Guzmán quien inició los despojos y las compraventas irregulares, así como agresiones violentas contra los habitantes que se resistían. Todo fue documentado por Bautista, quien interpuso denuncias y difundió pruebas. El 28 de febrero de 2012 presentó un video en el programa de Jorge Garralda, en el que se ve a un civil blandiendo una pistola mientras policías amenazan a quienes se oponen a la invasión de un predio: la exhacienda de Xoco. Ahí se autorizó cambiar el uso de suelo y se construyeron desarrollos inmobiliarios. El Juzgado Octavo de Distrito resolvió suspender los derechos políticos de Toribio Guzmán por la falsificación que hizo del padrón electoral. Pero la delegación Tlalpan y el gobierno capitalino no acataron la sentencia y lo mantuvieron en su puesto, lo cual motivó que Bautista entablara juicios por desacato y contra funcionarios de diversos niveles, incluido uno contra el exjefe de gobierno capitalino Marcelo Ebrard. Según Bautista, las autoridades no sólo solaparon a Guzmán, sino que siguieron avalando permisos. Los funcionarios contratacaron y le inventaron un proceso por robo a Bautista, del que salió exonerado. En ese tiempo, el activista se solidarizó con el rechazo a la construcción de un Walmart en San Pedro Mártir, otro pueblo en el que se expidieron permisos de construcción irregulares. El 5 de abril de 2012 Bautista denunció en redes sociales que era objeto de amenazas y agresiones por parte de las autoridades capitalinas y delegacionales. “Me dijeron que tenían órdenes de arriba de chingarme”, dijo esa vez, parafraseando a los emisarios de la delegación Tlalpan. Sentencia sin delito El 7 de octubre, en la audiencia durante la cual se revirtió la fianza que se le había fijado (y por lo tanto se le mantuvo en prisión), un custodio penitenciario amenazó a Jorge Mario González con las mismas palabras de los granaderos que lo detuvieron el día 2 de aquel mes: “De ser por mí te mataría a golpes, porque te gusta quemar policías”. Ese día Jorge Mario comenzó una huelga de hambre que se prolongó casi dos meses. El estigma de ser anarquista lo persigue, pero la acusación en su contra nada tiene que ver con quemar agentes. La detención de Jorge Mario ocurrió cuando se dirigía a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco. Un contingente de policías vestidos de civil y granaderos detuvo el autobús en el cual viajaba; lo acusaron de lanzar petardos que

supuestamente afectaron mobiliario urbano, propiedad privada y lesionaron a transeúntes (Proceso 1933). Según familiares y amigos que integraron un comité por su liberación, días antes fue amenazado con cárcel por personal de seguridad de la UNAM. Las cámaras de vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina no registraron los hechos; un peritaje de la Procuraduría local no encontró daños a mobiliario urbano y no hubo ni una denuncia por lesiones. Todo fue expuesto en el juicio, pero no impidió la sentencia. El viernes 10, sin pruebas ni peritajes oficiales que confirmaran los señalamientos, fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión. Una condena sin delito. La única “prueba” fue el testimonio de dos policías, que sin embargo no lo identificaron como el autor de los hechos imputados. Exalumno del CCH Naucalpan, González ha participado en movimientos de rechazo a las reformas universitarias por considerar que revierten el modelo de educación pública. Y es anarquista. De ahí que, en una concentración internacional realizada en la UNAM a finales de diciembre, numerosos colectivos nacionales y extranjeros (anarquistas o no) y académicos e intelectuales, como Noam Chomsky, se manifestaron por la liberación de González. Días después, cuando ya se había emitido la sentencia, volvieron a pronunciarse en contra del fallo de la juez Marcela Ángeles Arrieta. “Lo están privando de su libertad por sus ideas”, reza el texto firmado por varias organizaciones y cientos de personas el martes 7. Ahí se responsabiliza de la iniquidad al gobierno de Miguel Ángel Mancera. El trato recibido por González da cuenta del encono de los tribunales contra los manifestantes. Se le negó el derecho de enfrentar el juicio en libertad por ser persona de “peligrosidad social” y en el Reclusorio Oriente lo acusaron de romper focos y de falta de higiene, para castigarlo. También lo amenazaron de muerte. Nuria Ramírez, pareja del joven de 23 años, recuerda que durante la huelga de hambre se le negó la atención médica particular. De hecho, los doctores penitenciarios dijeron que no necesitaba atención, pero al levantar el ayuno la negligencia médica le provocó una grave afección al páncreas. La juez se negó a que se alimentara durante las audiencias –aun con prescripción médica–, que fueron aplazadas una y otra vez porque los policías acusadores no se presentaban. En un manifiesto emitido el 13 de enero, organizaciones anarquistas y sindicales de Europa, junto a adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, aseguraron que la embestida se dirige contra los movimientos anarquista y estudiantil: “Esta sentencia es contra el activismo político que realizó Mario desde siempre, no encontraron nada más que acusarlo sin pruebas, bajo mentiras de ataques a la paz pública”. Una señora enojada A Gabriela Hernández le gustan las flores. Si algo le gusta más es contemplar la

luna. El 3 de julio de 2012, Gabriela, de 47 años, quiso aprender computación para entender lo que pasaba en las calles. Su hija, universitaria, le mostró lo elemental y días después se animaba a postear comentarios críticos contagiada por las protestas del movimiento #YoSoy132. En Facebook quiso llamarse Luna Flores. Obrera de maquila –metía en sobres la correspondencia bancaria–, Luna seguía con atención noticias y comentarios. Un día vio las críticas que el entonces diputado federal Gerardo Fernández Noroña (PT) hacía a la iniciativa de reforma laboral: explicaba que el outsourcing pagaría por hora sólo en día trabajado, sin remuneración por día de descanso, sin vacaciones, seguridad social, antigüedad ni pensión. Sin saberlo, ella era eso, una empleada de outsourcing. La convocatoria de Fernández Noroña, hecha a través de redes sociales, consistía en una sentada masiva que se realizaría el 2 de octubre de 2012 frente al Senado. Luna acudió. De repente vio cómo los policías arremetían contra los manifestantes para abrir paso a los senadores. Luna se arrojó a la calle y se mantuvo ahí, bajo la defensa de una elegante camioneta, hasta que la quitaron por la fuerza. Enfundada en el uniforme beige de la prisión de Santa Marta Acatitla, Luna explica con una sonrisa durante la fría mañana del jueves 9: “No conozco a Noroña ni soy de su gente. Pensé que al aprobar la reforma mis hijos estarían como yo en la maquila, sin derechos. Esa fue mi primera participación política”. Luna, quien también se dedicó al servicio doméstico, es catalogada por la fiscalía como mujer de “peligrosidad social” y exhibida como una de las anarquistas más peligrosas de México, según se lee en una lista que el diario Reforma publicó en octubre y cuya autoría atribuyó al Gobierno del Distrito Federal. La administración de Mancera, a su vez, rechazó haberla elaborado. Sin embargo, al negarle la fianza, la juez mencionó esa publicación. Desde el 27 de octubre Luna está presa y enfrenta cargos por ultrajes a la autoridad. Dos policías la acusan de haberles gritado “puercos asalariados” y arrojarles objetos con el fin de lesionarlos. “Yo no soy anarquista. Estoy muy mal informada de política. No creo en política ni políticos. Hasta donde sé el anarquismo no es malo, pero yo no lo soy. Yo sólo soy una señora enojada de tanta porquería”. Según la acusación, la mujer fue el 2 de octubre al llamado búnker policiaco, donde había detenidos por los disturbios, y atacó a los agentes (Proceso 1933). Su versión es otra: Acudió acompañando a una mujer que creía que su hija estaba detenida. Ahí también arribó un grupo de jóvenes y se manifestó pacíficamente hasta que los correteó la policía. Ella no participó. Ese día la reportera Alba Calderón reportaba para Efekto Noticias afuera del búnker. Consignó que la protesta era pacífica y que los policías agredieron a los jóvenes. El video de la televisora confirma la versión de Luna. Sentada junto a dos mujeres ella contemplaba los hechos. La grabación desmintió el bulo de los dos policías que la acusan, pero Luna sigue en prisión en espera de sentencia. El poder que el gobierno capitalino le atribuye trasciende la prisión: El 8 de diciembre, el secretario de Gobierno capitalino,

Héctor Serrano, la acusó de estar detrás de las protestas del Metro. Pese a que se han presentado los videos, testimonios y pruebas periciales, los estudiantes Ilia Adad Infante Trejo, Víctor Efrén Espino Calixto (de Filosofía de la UNAM), Adrián Gutiérrez Miguel (Geografía) e Iribar Ibinarriaga Ramírez (Diseño Industrial en la UAM) enfrentan cargos por ataques a la paz pública en pandilla, ultrajes a la autoridad y daños a propiedad privada perpetrados el 2 de octubre pasado, según la causa penal 236/2013 del juez 40 de lo Penal. Junto con ellos, se acusa al músico José Daniel Palacios y al obrero Salvador Reyes Martínez. Todos fueron encapsulados afuera del hotel Meliá (Proceso 1933). Su versión y la de los policías que los acusan es que un mando conocido como Argos los seleccionó en un patio de la delegación policial GAM-2, donde habían sido concentrados junto con otros manifestantes detenidos. Argos nunca apareció en el juicio. El uso de videos alterados también ha tenido validez para formular imputaciones, como ocurre con Abraham Cortés Ávila, un artista callejero acusado de intentar matar policías. Para incriminarlo, sostiene el abogado Rubén Díaz, el Ministerio Público presentó un video editado en el cual se ve a Abraham lanzando una botella; luego, en otra imagen, un policía incendiado. La grabación está adulterada. Hay otra en la que se observa la escena completa: el objeto arrojado por el joven ni siquiera llega a la línea de granaderos y tampoco explota. Abraham y los detenidos en el hotel Meliá enfrentan los cargos en el Reclusorio Norte pues, pese a la pruebas, la procuraduría capitalina se niega al desistimiento.

Como en los viejos tiempos Homero Campa Tras 12 años de relaciones distantes, cuando no tirantes y agresivas, México y Cuba parecen encaminarse a una “normalización” diplomática y comercial. Con ese propósito el jueves 30 Enrique Peña Nieto hará una visita oficial a la isla, se entrevistará con Raúl Castro y probablemente conozca al líder histórico de la revolución. Pero –como en los viejos tiempos priistas– esa “normalización” obviará el espinoso tema de los derechos humanos. El jueves 30 Enrique Peña Nieto hará una visita oficial a Cuba para continuar el “relanzamiento” de las relaciones con La Habana, las cuales sufrieron un serio deterioro durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. Ese “relanzamiento” tiene propósitos definidos: mantener el diálogo político “al más alto nivel” e impulsar el comercio, la inversión y la cooperación bilateral. Durante su visita a La Habana, ni Peña Nieto ni ningún miembro de su comitiva tiene previsto reunirse con representantes de la disidencia cubana. Es más, el tema de los derechos humanos –que propició tensiones y enfrentamientos durante los gobiernos panistas– está afuera de la agenda de la visita e incluso de la agenda bilateral. “El tema de los derechos humanos no lo hemos planteado como uno de los que vayamos a abordar en el encuentro bilateral y Cuba tampoco lo ha planteado”, dice a este semanario Vanessa Rubio, subsecretaria de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Además, señala, “no dirimimos temas de derechos humanos a nivel bilateral con ningún país, los dirimimos en los organismos multilaterales”. En entrevista Rubio enfatiza: “Los derechos humanos son un pilar de la política exterior del país y son un fundamento para el actuar del gobierno a nivel doméstico, pero el enfoque es que este tema México lo defiende en los foros internacionales y en las distintas convenciones en la materia”. Así, en la relación con Cuba el gobierno de Peña Nieto regresa a la política del antiguo régimen del PRI, el cual en los setenta y ochenta censuraba abiertamente a las dictaduras sudamericanas por violaciones a los derechos humanos pero se desentendía cuando dichas violaciones las cometía el régimen de la isla. Los propios disidentes cubanos son conscientes de este cambio. El gobierno de Peña Nieto “está dando los pasos para recuperar no sólo el nivel de interlocución que todos los gobiernos mexicanos tuvieron con el de Cuba hasta Vicente Fox, sino también las viejas pautas de la política exterior mexicana que, en el caso de Cuba, estuvo basada en una simpatía acrítica que siempre tuvo el PRI hacia las autoridades de la isla. Ello significa un silencio diplomático en términos de derechos humanos y una apuesta más evolutiva que política por la apertura y democratización de Cuba”, dice a Proceso Manuel Cuesta Morúa, dirigente de Arco Progresista, organización disidente de tendencia socialdemócrata.

“En los gobiernos de América Latina, incluido el de México, soplan aires de apaciguamiento con el régimen de Castro. Quieren evitar la confrontación. Eso ha determinado una falta de solidaridad con el pueblo cubano y sus libertades. Por ello no creo que Peña Nieto haga lo que Fox (reunirse con disidentes y tocar el tema de los derechos humanos)”, sostiene por su parte Elizardo Sánchez Santacruz, presidente de la organización disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La coyuntura internacional también ayuda al gobierno de Peña Nieto en este acercamiento a Cuba: Washington –pese a mantener el embargo económico contra la isla– no ha atizado el diferendo bilateral con La Habana; la Unión Europea se prepara para eliminar la llamada Posición Común que desde 1996 condiciona el diálogo institucional con el régimen cubano a avances en materia de derechos humanos y libertades civiles en la isla; y el gobierno de Raúl Castro –que preside la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)– se ha esmerado en cuidar sus relaciones con todas las naciones de la región. Por ejemplo, a diferencia de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, no ha hostigado a la Alianza del Pacífico y ha invitado a empresarios de países que suscriben este acuerdo (Chile, Perú, Colombia y México) a invertir en la zona franca que se construye en el puerto cubano de El Mariel. Igualmente, a diferencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, Raúl Castro desestimó las acusaciones de fraude que lanzó uno de sus aliados, José Manuel Zelaya, en las elecciones hondureñas que dieron el triunfo al candidato oficialista Juan Orlando Hernández, a quien incluso el mandatario cubano le envió una carta de felicitación. “No conozco a Fidel” La visita oficial de Peña Nieto a Cuba durará menos de 24 horas y se realizará al término de la Cumbre de la Celac, que tendrá lugar en La Habana del 28 al 30 de enero y a la cual asistirá el presidente mexicano. Dicha visita incluirá actos protocolarios –pase de revista a las fuerzas armadas cubanas, ofrenda floral en el monumento al prócer José Martí–, un encuentro entre las comitivas de los dos países, un almuerzo en el Palacio de la Revolución y una reunión privada entre Peña Nieto y Raúl Castro. Rubio comenta que hasta el jueves 23 no se tenía previsto que Fidel Castro, líder histórico de la revolución cubana, recibiera al mandatario mexicano. Pero fuentes diplomáticas no lo descartan, sobre todo porque el propio Raúl Castro se comprometió a ello cuando se encontró con Peña Nieto en la anterior cumbre de la Celac, en Santiago de Chile en enero de 2013. –No conozco al comandante Fidel –comentó Peña Nieto a Raúl Castro. –El día que vaya usted a La Habana, ese día, yo mismo lo llevo y se lo presento –respondió el presidente cubano, según la crónica que el reportero Francisco Reséndiz publicó el 29 de enero de 2013 en El Universal. Según Rubio, durante el encuentro privado entre Peña Nieto y Raúl Castro ambos

tienen previsto abordar dos temas principales: aterrizar en planes de acción ocho acuerdos en diversas áreas que los dos gobiernos firmaron en noviembre pasado e intercambiar información sobre las reformas que ambos mandatarios han puesto en marcha en sus respectivos países. “Los presidentes van a conversar sobre un momento coyuntural que une a ambos países: sus respectivas reformas. Claro, son contextos muy distintos y reformas muy diferentes, pero estoy segura de que el presidente Castro va a estar interesado en escuchar del presidente Peña Nieto las reformas que se han dado en México en materia laboral, de educación, telecomunicaciones, fiscal y energía; y nosotros estamos muy interesados en escuchar de parte de los cubanos el proceso de actualización de su modelo económico”, expresa. Y es que apremiado por una crisis económica de décadas, el gobierno de Raúl Castro ha impulsado una serie de medidas para dinamizar sus sectores productivos y de servicios y hacer un Estado más eficiente: fusionó ministerios, redujo las plantillas de trabajadores (de lo cual no escapó ni el Comité Central del Partido Comunista), entregó en usufructo tierras ociosas a los campesinos, eliminó subsidios (entre ellos el que permitía mantener la simbólica libreta de racionamiento), quitó trabas a los topes salariales, autorizó el pluriempleo y el cobro de honorarios a partir de resultados, amplió a 178 las actividades privadas, etcétera. Igualmente eliminó una serie de prohibiciones que provocaban irritación en los ciudadanos de la isla, como el negarles el ingreso a hoteles de turismo o ponerles trabas para adquirir teléfonos celulares, que no pudieran comprar o vender de manera directa sus autos y viviendas o debieran pedir un permiso especial para viajar al extranjero. El gesto de la deuda Rubio recuerda que durante el encuentro de Peña Nieto y Raúl Castro en enero del año pasado ambos acordaron “relanzar y reforzar” las relaciones entre Cuba y México. Dice que a partir de ello, equipos de los dos gobiernos trabajaron durante casi un año en ocho “instrumentos” en materia de comercio, inversión y cooperación, los cuales, afirma, “actualizan el marco jurídico” de la relación bilateral. Esos “instrumentos” fueron firmados el pasado 1 de noviembre durante la visita que hizo a la ciudad de México una delegación de diez “altos funcionarios” del gobierno cubano, encabezados por el canciller Bruno Rodríguez. De esos “instrumentos jurídicos” destacan: El incremento de 20.7 millones a 27.7 millones de dólares de una línea de crédito que otorga el Banco Nacional de Comercio Exterior a empresas mexicanas interesadas en exportar productos a Cuba o importarlos de la isla. “De la firma de este instrumento a la fecha ya se ha utilizado 50% de esa línea de crédito”, afirma Rubio. La ampliación del Acuerdo de Complementación Económica –conocido como ACE-51–que permite reducir aranceles y otorgar facilidades aduaneras a más de 2

mil productos de ambos países, entre ellos bienes cubanos como ron, tabaco, medicamentos, aparatos médicos, productos agroindustriales y químicos. Un tratado de extradición que actualiza el firmado por los dos países en 1925, así como otro tratado de asistencia jurídica mutua en materia penal. Un acuerdo de cooperación en materia turística que, señala Rubio, permitirá por ejemplo lanzar proyectos “multidestino” que abarquen lugares de playa o coloniales de ambos países. Sin embargo, el acuerdo más significativo fue la restructuración de la deuda cubana, que alcanzaba 470 millones de dólares. Como parte de ello México condonó 70% de dicha deuda y estableció un periodo de 10 años para el pago del 30% restante. –¿A cambio de qué se le condonó la deuda a Cuba? –se le pregunta a Rubio –A cambio de que ese país se comprometa a realizar pagos seguros en el mediano y largo plazo. La subsecretaria explica que Cuba no tenía capacidad de pago y México, como país acreedor, advirtió que no iba a recuperar el monto de esa deuda, la cual además “se había convertido en un tema irritante en la relación bilateral por no lograr ponernos de acuerdo en cómo solventarlo”. Refiere que, ante esa situación era preferible “entrar a una negociación” con el gobierno cubano en la que éste asumiera compromisos reales de pago. Además aclara que la mayoría de ese 70% de deuda que se perdonó a Cuba corresponde a intereses moratorios y no al capital. –Condonarle la deuda a Cuba es un gesto político –se le comenta. –Desde luego. Es un gesto político por parte de México con el propósito de comenzar con Cuba una relación más cercana y productiva. –O sea ¿los beneficios políticos serán mayores que los que pueda tener en materia económica? –Yo no hablaría de beneficios políticos, sino de temas pragmáticos. Al final del día, el comercio y la inversión bilateral van a superar por mucho esta coyuntura de la condonación de la deuda. Rubio adelanta que el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, viajará a Cuba en “febrero o marzo” acompañado por “un nutrido grupo de empresarios interesados en invertir en la isla”. L

Complicidades bilaterales Jorge Carrasco Araizaga La Comisión Interamericana de Derechos Humanos analiza la queja que presentó Aníbal Riera Escalante, exagente de los servicios de inteligencia de Cuba, contra el Estado mexicano. En su demanda argumenta que funcionarios del gobierno de Ernesto Zedillo –algunos de los cuales tienen cargos importantes en la administración de Enrique Peña Nieto– le negaron con engaños la solicitud de asilo político, lo secuestraron y lo deportaron ilegalmente a la isla, donde pasó tres años en prisión. En su afán de mantener ocultas sus redes de espionaje, México y Cuba quedaron exhibidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual analiza la queja de un desertor del servicio de inteligencia cubano a quien las autoridades mexicanas secuestraron y entregaron en 2000 al régimen de La Habana. Pedro Aníbal Riera Escalante, exoficial de inteligencia del Ministerio del Interior de Cuba y quien estuvo a cargo de infiltrar a la estadunidense Agencia Central de Inteligencia (CIA), tiene en vilo a los dos gobiernos a pesar de los 13 años transcurridos desde su deportación ilegal de México y los tres que estuvo en la cárcel, dos de ellos en Villa Marista, la prisión cubana para los acusados de delitos contra la seguridad del Estado. Radicado en España desde 2012, el cubano de 62 años busca que el Estado mexicano responda por la violación a sus derechos humanos, la cual atribuye entre otras autoridades al actual subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza González. Apenas en octubre pasado la CIDH pidió a Riera información detallada sobre la actuación de los funcionarios mexicanos que lo detuvieron sin orden judicial, lo retuvieron en una estación migratoria y lo enviaron a Cuba, donde lo entregaron a las autoridades de ese país con, asegura, documentación falsa. Aunque Cuba no reconoce ni a la CIDH ni a cualquier otra instancia del sistema interamericano, en su demanda Riera Escalante expone que al ser entregado a su país pasó tres meses aislado en la cárcel de Villa Marista y sometido a juicio en un tribunal militar. Sostiene que durante 126 días estuvo confinado en un espacio de dos por tres metros y con la luz prendida las 24 horas, de donde lo sacaban sólo diez minutos cada 20 días o más para tomar el sol o para una visita vigilada con cámaras y por un instructor. Luego pasó un año en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en el occidente de Cuba. Afirma que aun sin condena fue sometido de nuevo al aislamiento en un “área especial”, la misma donde en 1991 falleció el exministro del Interior de Cuba, José Abrantes Fernández, a quien la versión oficial dio por muerto a causa de un infarto.

“Juegos operativos” Atrás había quedado el servicio de Riera Escalante al régimen de Castro en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Durante 21 años estuvo a cargo del trabajo de contrainteligencia para infiltrar a la CIA. De ese tiempo, 16 años los dedicó a operaciones en La Habana y en la Ciudad de México. Uno de sus primeros logros fue en 1975, cuando consiguió que el exagente de la CIA Philip Agee escribiera el libro Inside The Company, en el cual el desertor estadunidense que se fue a vivir a Cuba relató algunas de las operaciones ilegales de la agencia. Después de desarrollar y poner en práctica la primera metodología de los agentes dobles o “juegos operativos” de inteligencia contra la CIA y de encabezar en La Habana el “Grupo México”, Riera llegó al Distrito Federal en 1986 como jefe del consulado de Cuba en México, cargo que ocupó durante cinco años y medio. Además de hacer trabajo consular, en México fue el oficial responsable de las acciones contra la CIA y de la coordinación con el entonces KGB, servicio de inteligencia de la Unión Soviética. En 1991 regresó a La Habana al “Grupo México” con el propósito de actualizar la metodología para el reclutamiento del personal de la CIA. Pero sus críticas a la política migratoria del régimen le costaron no sólo su trabajo en los servicios de inteligencia, sino una investigación interna y la persecución. Intentó regresar a México para seguir un tratamiento médico de su esposa, la mexicana Marta Bosch, pero el consulado de México en La Habana le negó la visa. El entonces embajador de México en Cuba, Mario Moya Palencia, había sido requerido por la seguridad cubana para que Riera no pudiera salir. Al final el embajador del gobierno de Carlos Salinas desatendió la petición y facilitó el visado. En México, Riera recibió el apoyo de cubanos que para el régimen eran desafectos. Su esposa murió en el Hospital General La Raza, del IMSS. A su regreso a Cuba, en junio de 1993, fue separado del Partido Comunista y del Ministerio del Interior por haber entrado en contacto con la disidencia. En 1999, después de que le negaron el permiso de salida para viajar a México, escapó de la isla con un pasaporte mexicano falso. Pasó casi un año clandestino en México. Pidió asilo político, pero sostiene que el gobierno de Ernesto Zedillo lo engañó: le dijo que aceptaría su solicitud, para después deportarlo en contubernio con la embajada de Cuba en México. Ambos gobiernos tenían sobradas razones para deshacerse del exfuncionario de inteligencia cubano. Como pocos, conoce a detalle la red de espionaje que el régimen de Castro construyó en México para infiltrar a la CIA y que él había ayudado a tejer durante más de tres lustros a través de reclutamientos y operaciones de contraespionaje. De otorgarle asilo político, el gobierno de Zedillo habría enfrentado un conflicto diplomático con La Habana. Castigado por el régimen de Castro –como en su momento ocurrió con su tío, Aníbal Escalante, uno de los jefes históricos de la Revolución– Riera era una

amenaza para los servicios de inteligencia de los dos países. Estaba dispuesto a revelar nombres de los colaboradores mexicanos con el régimen cubano, a menos que México le diera asilo. Para el gobierno de Zedillo la presencia de Riera en México también era incómoda pues había entrado en contacto con su antiguo objeto de infiltración: la embajada de Estados Unidos en México. Pero los estadunidenses no quisieron entenderse con él a pesar de haberles entregado información. Sospecharon que se trataba de una operación encubierta del régimen cubano en su contra. “Es claro que no hicieron bien su trabajo de contraespionaje”, dice Riera Escalante en entrevista telefónica. El engaño Sin respaldo estadunidense, para el gobierno de Zedillo fue fácil deshacerse de él. Mediante una treta se lo entregó al régimen cubano (Proceso 1249). Riera demandó ante la CIDH al propio Zedillo y varios de sus funcionarios: su secretaria de Relaciones Exteriores, Rosario Green; el subsecretario para América Latina y el Caribe, Carlos de Icaza y el subsecretario de Población y Servicios Migratorios de la secretaría de Gobernación, José Ángel Pescador Osuna. Además al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Alejandro Alegre y al agente José Luis Valles López. Entre los señalados figuran actuales funcionarios del gobierno de Peña Nieto. Uno es el ahora subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza. Riera dice que fuera de sus facultades, fue quien le advirtió que México no le daría asilo: “Fue el responsable de mi secuestro. Llamó al secretario de Gobernación para entregarme y traicionar mi solicitud de asilo”. Otro de los señalados, a quien acusa de haberle tendido una trampa, es el exagente del Cisen José Luis Valles López, actual coordinador de delegados del Instituto Nacional de Migración (INM) y artífice en 2004 de los videoescándalos contra Andrés Manuel López Obrador. El 3 de octubre de 2000, después de una reunión con Valles –quien le había dicho que su asilo ya había sido autorizado, pero que se anduviera con cuidado– Riera fue detenido sin orden judicial por hombres armados que no se identificaron. Sometido lo llevaron a la estación Las Agujas, del INM, en Iztapalapa. Al día siguiente, sin haberle permitido comer durante 18 horas ni entrar en contacto con algún abogado, lo subieron con trato de prisionero en un vuelo comercial hacia La Habana. Nunca supo qué autoridad mexicana lo detuvo y lo entregó a Cuba. En el aeropuerto de La Habana uno de los hombres que participó en su detención y que se identificó como Ángel Ramírez, lo entregó a las autoridades cubanas junto con un documento de identidad y viaje apócrifo. Estaba expedido el día de su detención: el 3 de octubre de 2000, a su nombre, pero sin foto. Tenía estampado un permiso de entrada a Cuba que se vencía el día 4, cuando fue entregado por México. El documento tenía fe notarial de que el portador del documento era Riera Escalante, pero no estaba protocolizado ante las secretaría de Relaciones

Exteriores ni de Gobernación. Fue firmado por el entonces cónsul de Cuba en México, Manuel Calvo. Entre sus pertenencias, sus captores mexicanos dejaron a la vista de los funcionaros cubanos una tarjeta de presentación de Barry Thein, el oficial de la CIA al cual Riera había contactado en la embajada de Estados Unidos en México en busca de asilo. “Admití que había hablado con él. En Cuba eso significa espionaje y una condena de muerte o 30 años de prisión, sobre todo teniendo presente que había sido oficial de la inteligencia cubana durante 25 años y mi trabajo había sido enfrentar las acciones de la CIA contra el gobierno cubano”, explica. Pero en la acusación en su contra sólo le fincaron el delito de haber salido ilegal de Cuba. Lo condenaron a cinco años de prisión, de los cuales pagó tres antes de obtener su libertad anticipada. Sorprendido le preguntó al instructor de la causa en su contra por qué no lo acusaron de espionaje. La respuesta está presente desde entonces como una amenaza: “Me dijo que si cuando saliera de prisión hiciera alguna acción política de oposición mi vida peligraría y sería procesado por espionaje”. Riera Escalante lleva 14 años con esa advertencia. La primera vez la escuchó en 2000, cuando fue encarcelado. La reiteraron antes de que saliera de prisión. “Pueden pasar cosas peores”, le dijeron. La volvió a escuchar en marzo de 2006, poco después de haber presentado su demanda ante la CIDH, en diciembre de 2005. También, cuando en esa misma fecha solicitó asilo político a la embajada de España en La Habana. El gobierno español le ofreció sólo una visa de visita, siempre y cuando Riera tuviera permiso de salida por parte del régimen. Hasta España Después de presentar la demanda, su segunda esposa, Loyda Castilla González fue despedida por el gobierno cubano. Era representante de la Agencia Cubana del Derecho de Autor en la provincia de Camagüey. “Fue un acto premeditado para dejarnos sin medios de vida”, dice el exoficial de inteligencia. Según la demanda, al traicionar la petición de asilo, México violó la Convención de 1951 sobre Estatus de los Refugiados, reconocida por el gobierno de Zedillo el mismo año de la deportación ilegal. Riera también argumenta violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de 1969. Ese instrumento dice que un solicitante de asilo debe ser protegido y no ser expuesto a las autoridades de su país. Se trata de la misma Convención que violó el gobierno de México en el caso de la ciudadana francesa, Florence Cassez, aunque en ese caso por no permitirle asistencia consular en su primera declaración ministerial. “Al subsecretario de Icaza le pedí que se respetara lo establecido en la Convención de Viena porque no deseaba la protección diplomática de la embajada cubana, por cuanto yo estaba pidiendo asilo en México y obviamente dicha solicitud era incompatible con la intervención y asesoramiento legal del cónsul cubano. Bajo ninguna circunstancia mi deseo era volver a Cuba debido a la

persecución política en mi contra desde mi licenciamiento del Ministerio del Interior”, explica Riera Escalante. Argumenta que el gobierno de Zedillo violó también la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención de Asilo Territorial, la Convención de Extradición, entre otros acuerdos interamericanos de protección a los derechos humanos reconocidos por México, así como de la Organización de las Naciones Unidas. Además, “me impidió acudir a los recursos de la legislación mexicana para ejercer mis derechos y solicitar protección para que no fuera entregado a Cuba”, dice en su demanda. “Las consecuencias de los actos del gobierno mexicano, que actuó como policía extraterritorial al servicio del gobierno cubano, constituyen infracciones al derecho internacional y sus consecuencias las sigo padeciendo”, asegura Riera Escalante, quien se queja por la lentitud con que la CIDH ha tratado su caso. A ello se añade la actitud contradictoria de Estados Unidos, dice. El entonces embajador de ese país en México, Jeffrey Davidow, se inclinó por defender al desertor cubano ante el riesgo que corría en Cuba, pero el gobierno estadunidense se negó a darles visas de refugiados a él y a su esposa. En 2010 su esposa obtuvo la nacionalidad española porque su abuelo había sido español. Riera obtuvo la visa como cónyuge. Pero “al llegar a España sufrimos trato discriminatorio por parte de la autoridad migratoria de Gijón, que se negó a considerar nuestra situación para darnos ayuda”, además de que el consulado de España en La Habana ha puesto trabas para que se naturalice español. Asegura que a su llegada a Oviedo, un coronel al servicio del Ministerio Interior de Cuba le advirtió que repetir actos similares a los que hizo en México, como hacer declaraciones o revelaciones contra el gobierno cubano, tendría consecuencias. “Entiéndase otro secuestro hacia Cuba o la muerte”, dice. No obstante las advertencias dice estar decidido a publicar sus memorias, que ha titulado Mis 25 años en la inteligencia cubana contra la CIA. El poder secreto de Fidel Castro. L

Otra bofetada al derecho internacional Martha Patricia Giovine De nada valieron los intentos de último momento del gobierno de México, de la Casa Blanca y de organismos internacionales para salvar la vida del mexicano Édgar Tamayo, condenado a la pena capital por el asesinato del agente de la policía Guy Gaddis. Tamayo recibió la inyección letal el miércoles 22. Con ello, el estado de Texas incumplió el fallo de la Corte Internacional de Justicia que, desde 2004, ordenó suspender las ejecuciones en Estados Unidos de mexicanos que no recibieron asistencia consular inmediatamente después de su detención. HUNTSVILLE, TEXAS.– Édgar Tamayo guardó silencio. Apenas musitó una negativa cuando el guardia de la Unidad de las Paredes le ofreció decir unas últimas palabras, cuando ya había comenzado a fluir la inyección que lo mataría. Estaba tendido y amarrado en la camilla de la Cámara de la Muerte. Sus ojos permanecieron cerrados durante todo el proceso; sin un gesto, sin siquiera un parpadeo. Su tía Socorro narra que Tamayo cruzó ilegalmente a Estados Unidos a los 18 años para trabajar como jornalero en California. En 1993 se mudó a Austin, Texas, y después vivió una temporada en Houston, hasta que fue detenido por el asesinato del policía Guy Gaddis. Fue ejecutado el miércoles 22 con una dosis letal de pentobarbital, en cumplimiento a la sentencia que le fue dictada en 1994, después de que un jurado de 12 personas lo encontrara culpable de haber asesinado al agente policiaco Guy Gaddis, que tenía 24 años de edad. De acuerdo con el expediente del caso, la madrugada del 31 de enero de 1994, Gaddis patrullaba el este del centro de Houston cuando un ciudadano le hizo señales para detenerse. Le informó que había sido asaltado por dos personas dentro del salón de baile Topaz Night Club. El policía detuvo en una calle aledaña a Tamayo y al también hispano Jesús Zarco Mendoza, cuyas características físicas se correspondían con las descritas por la víctima del asalto. Durante la inspección corporal, el agente encontró un reloj robado en las bolsas de Tamayo. Sin embargo, le pasó inadvertida una pistola que el mexicano originario de Miacatlán, Morelos, llevaba dentro del pantalón, fajada en la cintura. Según el reporte oficial, al encontrar el reloj “muy probablemente” Gaddis puso fin a la revisión de Tamayo antes de tiempo, para proceder a esposarlo con las manos a la espalda. El agente apenas comenzaba su carrera, tras haberse graduado de la academia de policía un año antes. Gaddis metió a la patrulla a los dos hombres y, en un momento dado, bajó del vehículo a realizar una llamada telefónica. Mientras estaba fuera, Tamayo, ayudado por Mendoza, sacó de sus ropas la pistola. El patrullero regresó y mientras arrancaba la unidad, Tamayo se viró y jaló el gatillo tres veces. Hizo blanco en la espalda y en la cabeza del policía, y provocó que la patrulla chocara

contra una barda. El arma con la que se hicieron los disparos fue encontrada en los asientos posteriores de la patrulla, pero sin huellas dactilares de Tamayo o Mendoza. A Tamayo Arias se le realizó la “prueba de Harrison”, también conocida como “rodizonato de sodio”, que detecta residuos de pólvora o bario en las manos de quien haya detonado una pistola. Resultó negativa. Las autoridades sólo determinaron que el mexicano había comprado el arma días antes del ataque. Los documentos en las cortes aseveran que Mendoza perdió el sentido tras el impacto del vehículo, pero Tamayo logró romper con el pie una ventana del auto, por la que escapó esposado. El mexicano fue detenido más tarde a unas pocas cuadras. Su ropa estaba manchada con la sangre del oficial. Tenía consigo el reloj y una cadena que había robado en el asalto. Al morir, Gaddis dejó a su esposa, embarazada de una niña. Durante la investigación del asesinato, Tamayo dijo haber disparado “porque el oficial de policía no le dio tiempo de entregarle las llaves a su esposa”. Posteriormente sostuvo no recordar lo que ocurrió ni su papel en el asesinato. Aquella noche, James Kares –amigo de Gaddis y también policía– estaba de guardia cuando escuchó por la radio que le habían disparado a su amigo. “Me dirigí al hospital para estar con él y para acompañar a su familia. Al llegar estaba todavía vivo, pero poco después los médicos nos informaron que no habían podido hacer nada por él. Los impactos de bala habían sido mortales”. Tamayo fue juzgado a mediados de 1994 en Houston. Le fue asignado un abogado de oficio y desde el primer momento se supo que la fiscalía buscaba la pena de muerte. El morelense fue encontrado culpable de asesinato con agravantes. Y el fiscal obtuvo lo que buscaba. De eso hace ya 19 años. Tamayo tuvo el derecho a una apelación, que se dio de forma automática después de su sentencia. También la perdió, y su proceso permaneció congelado hasta que en septiembre pasado se fijó la fecha de ejecución: 22 de enero de 2014. La defensa de Tamayo estuvo, en su última fase, a cargo de la abogada Maurie Levin y de Sandra Babcock, profesora de leyes de la Universidad Northwestern de Chicago, quien representó a México en 1994 en un litigio en contra de Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Las representantes de Tamayo alegaron desde un principio que el mexicano no hablaba ni entendía el inglés, porque tenía muy poco tiempo de haber llegado al país. El punto central del alegato, sin embargo, era que el consulado mexicano no había sido informado de la aprehensión. Esto constituía una violación frontal a la Convención de Viena (Covi) de 1963, de la que Estados Unidos es firmante. Ya en 2003 se había ventilado en la CIJ la costumbre de Estados Unidos de “olvidar” notificar a los consulados mexicanos cuando un mexicano era detenido. Fue el llamado “Caso Avena”, que México ganó un año después. El tribunal internacional determinó que Estados Unidos había violado la Covi y que, por lo tanto, debía revisar los casos de 51 mexicanos condenados a muerte y establecer de qué manera habían sido afectados al no recibir la asesoría consular.

Babcock argumentó que la ausencia de la notificación consular fue especialmente grave en el caso de Tamayo, ya que la intervención de la diplomacia mexicana pudo haber ayudado a reunir elementos de descargo, que significaran la diferencia entre la muerte y una cadena perpetua. La abogada expuso que su defendido no hablaba inglés y desconocía el sistema judicial de la Unión Americana, lo que de entrada lo sumergía en una situación por demás vulnerable, habida cuenta de que iba a ser juzgado por uno de los crímenes más duramente castigados en Texas: el asesinato de un policía. Hoy la abogada admite que el veredicto de culpabilidad probablemente hubiese sido el mismo si el consulado hubiera intervenido, pero la sentencia podría haber sido cadena perpetua. Los diplomáticos podrían haber reunido “elementos mitigantes” en México, como testimonios de familiares y amigos que saben que Tamayo padece de retraso mental y daño cerebral desde su adolescencia, amén de que sufrió maltrato infantil a manos de sus padres. “En su momento los abogados de oficio no tuvieron acceso a estos elementos y, en consecuencia, Tamayo fue condenado a la pena máxima contemplada en el sistema penal estadunidense”, dice Levin. Después de que se estableciera la fecha de ejecución, tanto el Secretario de Estado, John Kerry, como el gobierno mexicano y organizaciones no gubernamentales (Amnistía Internacional, el Colegio de Abogados y la comunidad Evangélica de Estados Unidos, entre otros) pidieron la suspensión de la sentencia. Las litigantes recurrieron primero a la Junta de Perdones. El 11 de diciembre de 2013 pidieron clemencia ejecutiva para Tamayo. Solicitaban que se concediera, al menos, una suspensión de 150 días, o bien que se le conmutara la pena. Las cortes ya les habían rechazado una apelación basada en el argumento de la notificación consular. La Junta de Perdones, integrada por siete miembros que residen en diversas ciudades de Texas, dilató la decisión. De acuerdo con Babcock se negaron a entregar a la defensa los argumentos de la fiscalía para impedir que se otorgara la clemencia. Las abogadas entonces interpusieron un recurso ante la Suprema Corte, para solicitar que se ordenara a la Junta de Perdones organizar un proceso justo y abierto antes de que decidiera la petición de perdón. Temían que si su solicitud se votaba en ese momento la Junta deliberaría con base en un proceso arbitrario y desfavorable para su cliente. En una carta fechada el 14 de enero, Tamayo decía tener esperanza en la decisión de la Junta de Perdones, aunque aseguraba que, de cualquier forma, estaba preparado para morir si no obtenía el indulto. “Veinte años ya son muchos años. No vas a creer cómo paso mi tiempo (...) leyendo mucho y escribiendo y en mi fecha mejor ni pienso; para qué, si estar dándole vueltas en la mente no sirve de nada”. Tamayo se quejaba de haber tenido poca ayuda del consulado de México en Houston. No le contestaban las llamadas ni a su madre ni a su tía cuando éstas solicitaban asesoría y apoyo. El martes 20, la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas negó el recurso a las

abogadas luego de una audiencia que duró casi todo el día. Inmediatamente después, la Junta de Perdones daba a conocer su fallo, negando la clemencia. El anuncio fue devastador para la familia del condenado, que se había reunido en Houston para acompañar a Édgar en la lucha por su vida. Esperaban celebrar una suspensión, y quizá más adelante, verlo salir del Pabellón de la Muerte para purgar una cadena perpetua. “Mi hijo está tranquilo; con él no hablamos del fallo en su contra durante nuestra última visita. (…) Platicamos de otras cosas pero no de eso”, dijo a la salida de la prisión Héctor Tamayo, padre de Édgar, visiblemente afectado. Fue el encuentro en el que se despidieron. Las abogadas interpusieran dos recursos más ante la Corte de Apelaciones, que les fueron negados. Finalmente y como último intento presentaron a las 5:45 de la tarde (15 minutos antes de la hora fijada para la ejecución) una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia. Las esperanzas no eran muchas. Ya en 2008 se había presentado un recurso igual ante la misma Corte y con el mismo argumento de la violación a la notificación consular y el deber de Estados Unidos de dar cumplimiento al fallo Avena. En aquella ocasión la Corte indicó que era necesario que el Congreso estadunidense votara una ley que le diera a la Federación los mecanismos para obligar a los estados a realizar las notificaciones consulares. Así, en junio del 2011 fue presentada ante la Comisión de Justicia del Senado el “Acta de Cumplimiento a la Notificación Consular”, que prevé cumplir con el fallo Avena y obligar a estados como Texas a la revisión de los casos en que están involucrados extranjeros. En julio de 2011, pese a todo, fue ejecutado el mexicano Humberto Leal. La abogada Sandra Babcock también lo asistía. Recurrió a la Corte Suprema con el argumento de la notificación, y perdió. Con esos antecedentes, no sorprendió que el mismo 22 de enero, y tres horas después de programada la ejecución, la Corte Suprema emitiera el mismo fallo. A un lado de la Cárcel de las Paredes, en donde se realizan las ejecuciones, las tías de Tamayo, Margarita y Socorro, dirigieron un rosario, que rezaron aproximadamente 40 personas. Luego entonaron melodías religiosas pidiendo un milagro. Dentro de la cárcel se habían reunido dos docenas de policías de Houston, muchos de ellos miembros de la Unión de Agentes Policiacos. Dijeron que iban a apoyar a la familia de su compañero. Cuando el reloj marcó las ocho de la noche (dos horas después del horario anunciado para la ejecución), los uniformados hicieron sonar los motores de sus motocicletas para protestar por el retraso. Y los volvieron a acelerar una hora después, cuando supieron que la Corte había fallado contra el mexicano. Patricia Estrada fue testigo de la ejecución: “Cuando entramos a través de una serie de puertas de seguridad hasta el cuarto de testigos, Tamayo estaba ya asegurado con bandas amarillas a la camilla. Una de sus manos estaba vendada. La otra no estaba visible.

Édgar estaba boca arriba con los ojos cerrados. Nunca los abrió. Estaba como buscando no ver a quienes le quitarían la vida. Había elegido no tener testigos, así que únicamente era acompañado, cristal de por medio, por la familia del policía al que asesinó en 1994. Sin embargo no la vio. No le dirigió ni una mirada ni un gesto ni una palabra. Tamayo había sido escoltado a las 9:03 de la noche fuera de la celda en la que pasó sus últimas horas, en espera de que se definiera su suerte. Los guardias lo encaminaron a la Cámara de la Muerte. A las 9:05 comenzó a fluir por su mano derecha la solución letal y, a las 9:10, por la izquierda. Cuando a las 9:15 le preguntaron si quería decir unas últimas palabras, respondió con un sonido que significaba “no”. Continuó con los ojos cerrados. El silencio era absoluto. A las 9:32 Édgar Tamayo fue declarado muerto. Afuera de la prisión habló Gary Gaddis, el hermano mayor de Guy. “(Tamayo) murió como un cobarde, como el cobarde que le quitó la vida a mi hermano”, dijo. Eso sí: le envió su pésame a la familia Tamayo y, luego, sorpresivamente, hizo una declaración en español. Aseguró que la gente debía unirse en la justicia. Aclaró que no fue la familia sino un jurado el que había decidido la muerte de Tamayo, pero que consideraba que el cumplimiento de la condena era justo. Dijo lamentar la violencia que se vive en México. “Espero que esto no haga que se dividan nuestras comunidades”. Al mismo tiempo, representantes de la cancillería mexicana denunciaban la violación de la legalidad internacional por parte de Estados Unidos, y la representante de la abogada de Tamayo decía que lo que ocurrió fue una falta de respeto para México, para la comunidad internacional, para Estados Unidos y para Texas. Gale Gaddis, madre del oficial asesinado, dijo al exterior del penal, después de la ejecución que presenció: “Estoy contenta de que esto haya terminado. A partir de hoy mi corazón despedazado se sentirá mejor”. L

El protocolo de la muerte* Martha Patricia Giovine Los casos de pena de muerte en cualquier estado (de Estados Unidos) son complicados, además de costosos, y son muy pocos los especialistas en leyes que están preparados para defender y liberar a un acusado una vez que la fiscalía pide la sentencia capital. La mayoría de los casos de pena de muerte en Texas son asignados por las cortes a defensores públicos debido a que los acusados son casi por regla general personas sin recursos económicos, que trabajan como obreros, trabajadores de la construcción, en el campo, o que no trabajan, y ni ellos ni sus familiares tienen los recursos para solventar a un especialista. Los procesos en que los abogados de distrito piden la pena capital para un acusado, son aquellos que involucran asesinatos con agravantes; es decir, asesinato agravado con robo, con violación, cometido durante un asalto o en contra de un agente del orden público, llámese policía o cualquier otro funcionario que trabaje para los gobiernos local, estatal o federal, aun cuando éste se encuentre encubierto al momento del homicidio. Los abogados capacitados por lo general pueden demostrar que la investigación policiaca tuvo irregularidades, o que el arresto no se dio en el marco de la ley; pueden contratar investigadores privados o especialistas en pruebas de balística, de laboratorio, así como psiquiatras y médicos forenses En cambio los abogados de oficio poseen poca experiencia, están poco motivados y tienen sobrecarga de trabajo, y alguno incluso se ha quedado dormido durante el juicio. Estos abogados ganan poco y no se les asigna el dinero que se requiere para pagar a expertos que puedan presentarse a declarar o a realizar pruebas adicionales a las estrictamente necesarias para la defensa del caso. El resultado es que son los más pobres los que terminan en los pabellones de la muerte. El investigador privado Richard Reyna, quien ha tomado decenas de casos de sentencia capital para los equipos de abogados defensores en todo Estados Unidos, explica que la pena de muerte es discriminatoria, pero no en contra de afroamericanos o hispanos, sino en contra de los pobres. “Las aberraciones más grandes en estos casos se dan durante los juicios. Son derivadas de una pésima defensa que descuida elementos importantes, o que teme enfrentarse a las autoridades policiacas al poner en evidencia sus irregularidades, y prefiere sacrificar a su cliente”, expone. El camino de las cortes Una vez que un jurado, por lo general integrado por 12 personas, emite un veredicto y que el juez ratifica la sentencia de muerte, se presenta por ley una primera apelación a cargo de los mismos abogados y, por tanto, como regla general, con iguales resultados que en el juicio. Después de esto, el condenado se queda sin abogado y a expensas de alguna firma que trabaja pro bono, con fondos

del estado o pagada por el gobierno mexicano –en el caso de los mexicanos– o por organizaciones europeas (…) Durante las apelaciones las cortes nunca aceptan la revisión de los elementos presentados durante el juicio, ya que defienden que con base en ellos el jurado emitió un fallo y éste nunca se cuestiona. Así, lo importante en adelante es demostrar irregularidades en el proceso, no la inocencia del acusado. La aplicación de la sentencia de la pena de muerte no es inmediata. El promedio de tiempo que un condenado pasa en el pabellón de la muerte en Texas, antes de ser ejecutado, es de 15 años. Sin embargo hay casos, como el del mexicano César Fierro, con 33 años, convirtiéndose éste en uno de los reos con más antigüedad en el corredor de la muerte (...). En otros estados, como California, los condenados a muerte pueden pasar toda la vida en sus celdas sin que se les haga efectiva la condena. Por lo general los abogados esperan a que se acerque una fecha de ejecución para empezar a agotar el camino por las cortes con apelaciones. Cuando lo hacen, regresan con nuevos elementos a la Corte de distrito en la que se emitió la condena de apelación. Una vez que esta Corte en Texas rechaza la apelación, se recurre a la Corte de Apelaciones de Distrito, y de ser negada la revisión el expediente es entregado a la Corte del Quinto Circuito en Nueva Orleans. (Si ello no fructifica) se recurre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que se han agotado infructuosamente todas las cortes, se recurre a la Junta de Perdones de Texas, integrada por siete representantes de diversos sectores de la comunidad, residentes de ciudades como Austin, San Antonio, Huntsville y Amarillo. Su función es la revisión de la petición de clemencia ejecutiva y votar al respecto para hacer una recomendación al gobernador del estado. En caso de recibir la recomendación por mayoría de la Junta de Perdones, el gobernador puede otorgar el perdón que liberaría al reo o la conmutación de la pena de muerte por tiempo en la cárcel o una suspensión temporal para dar tiempo a una revisión del caso. En muy pocas ocasiones la Junta de Perdones recomienda al gobernador de Texas la clemencia ejecutiva. Sólo en ese caso se puede suspender la ejecución incluso en el último segundo, justo antes de que comiencen a fluir las sustancias letales por los brazos y hacia el cuerpo del reo. Por ello en la cámara de ejecuciones hay un teléfono que representa la última esperanza del condenado a muerte, y de su familia cuando está presente (…) Traslado El protocolo establece que el día de la ejecución, en algún momento de la mañana o el medio día, las autoridades carcelarias trasladan a los condenados a muerte en un vehículo blindado de la Unidad Polunsky, en Livingston, a la Unidad de Las Paredes en Huntsville, en donde comienza la última fase del protocolo de la muerte.

El trayecto en una van blanca con ventanas con reja de metal es de 45 minutos y en la mayoría de las ocasiones es el último contacto que tienen los reos con el exterior. Las autoridades no revelan por seguridad el trayecto que seguirá esta camioneta, o la hora en que partirá de Polunsky. En algunos de los casos, cuando el preso no ha emitido su última voluntad, se les ordena a su llegada a la Unidad de Las Paredes que decidan e informen si su cuerpo será entregado a la familia o si será enterrado en el panteón de la prisión. (...) Inmediatamente después el reo es sometido a una revisión corporal y es llevado hasta una pequeña celda, adyacente a la cámara de la muerte, en la que hay un sistema de circuito cerrado y una vigilancia constante. Esta celda es la última parada antes de la ejecución. Cuenta con un camastro empotrado en la pared, un retrete y en ocasiones una máquina de escribir. Los movimientos del reo son documentados minuto a minuto. Testimonios de esos prisioneros cuya ejecución ha sido suspendida a última hora, incluyendo César Fierro, relatan que el camino de la Unidad Polunsky en Livingston a la Unidad de Las Paredes en el centro de Huntsville es especialmente emotivo: por un lado porque es su trasladado a la cámara de la muerte; y por el otro porque muchos de ellos no habían visto por años más allá de las celdas y no habían tenido contacto visual con calles, edificios y gente en las aceras. No habían sentido ni visto los rayos del sol. Esos reos saben que no sólo es la primera vez en años que tienen contacto con el mundo exterior, sino que también será la última. Inyección letal Texas lleva a cabo el cumplimiento de la condena capital por medio del método de la inyección letal, que hasta julio de 2012 consistía en una combinación mortal de tres sustancias conocidas como “el coctel de la muerte”. Primero, dos gramos de tiopental sódico, un anestésico que técnicamente puede llevar a una persona a la inconciencia hasta 10 minutos; la segunda sustancia: bromuro de pancuronio, que induce la parálisis total del reo; y por último, cloruro de potasio, que ocasiona un paro cardiaco. El sistema penitenciario estadunidense argumenta que este método de ejecución es el más humano, especialmente cuando se compara con la silla eléctrica que todavía se utiliza en el estado de Nebraska, o la cámara de gas que se utilizaba en California. Asegura que con la inyección letal el reo queda desde un inicio en la inconciencia y no siente el resto del proceso (que debe durar no más de 10 minutos), cuando se le paraliza el diafragma, los pulmones o se colapsa el corazón (…) Un estudio dado a conocer por la publicación médica Lancet basado en la autopsia de 49 cuerpos de reos ejecutados, reveló que en 43 casos la concentración de anestesia (tiopental sódico) contenida en su torrente sanguíneo era menor a la que se necesita para adormecer el área de un paciente antes de que se lleve a cabo una incisión; y en 21 casos la cantidad no era suficiente para evitar que una persona respondiera a órdenes verbales. Esto quiere decir que el reo puede salir de la inconsciencia antes de que concluya el proceso, para encontrarse totalmente

paralizado por el bromuro de pancuronio; sin poder siquiera parpadear o quejarse, o hacer un gesto de dolor, al tiempo que siente que no trabaja su diafragma ni sus pulmones y que se colapsa su corazón, aunque, para quienes lo ven desde el exterior, parece inconsciente. Los resultados del estudio fueron corroborados en mayo de 2006 durante la ejecución de Joseph Lewis Clark, de 57 años, en el Sistema Correccional de Ohio. De acuerdo con los testimonios de quienes estuvieron presentes, el reo murió después de 90 minutos de iniciado el proceso. Clark, que en un principio se veía tranquilo y resignado, había sido ajustado a la camilla de ejecución y se había iniciado ya la introducción de las sustancias, cuando empezó a gritar desesperado: “¡No funciona, no funciona, no está funcionando!”. Los trabajadores del penal se apresuraron a cerrar las cortinas que separan por un grueso cristal el cuarto de testigos de la cámara de ejecución, quienes aun así lo escuchaban quejarse y gemir. Cuando la cortina se abrió nuevamente, unos 40 minutos después, Clark tenía un brazo vendado. La ejecución seguía su curso y el reo tenía los ojos cerrados, pero levantó la cabeza varias veces para respirar hondo, antes de finalmente quedar inmóvil. Las autoridades del penal indicaron que una de sus venas había colapsado. La ejecución de Clark puso en la conciencia de los condenados a muerte y de sus familias que el suministro de estas tres sustancias podía ser sumamente doloroso. Comenzaron a luchar en las cortes por una moratoria con el argumento de que la inyección letal era un castigo cruel e inusual. Desde entonces los estados de Arizona, Idaho, Ohio, Dakota del Sur y Washington cambiaron el suministro de estas tres sustancias por una sola: una dosis letal de anestesia. El 18 de julio de 2012 Texas se convirtió en el sexto estado en utilizar una sola sustancia y ejecutó a Yakhon Hearn con una dosis mortal de fenobarbital. California está en vías de hacer lo propio. Hasta ahora, en Estados Unidos han sido ejecutadas 728 personas con el coctel de la inyección letal. l * Fragmentos del libro El protocolo de la muerte: mexicanos en la antesala de su ejecución, escrito por la periodista Martha Patricia Giovine y publicado en octubre pasado por la editorial Palibrio.

Los siete milagros de Kaufering Yetlaneci Alcaraz Hace 69 años terminó la pesadilla del Tercer Reich con todo y sus célebres campos de exterminio, donde 5 millones de personas –judíos, la mayoría– fueron asesinadas. Pero incluso en medio de ese genocidio conocido como el Holocausto hubo sorprendentes historias de buena suerte, de sobrevivencia. La de los siete niños nacidos en el campo de Kaufering I es una de ellas... BERLÍN.- “Ya han muerto tantos niños que los de ustedes tienen que vivir”, les dijo David Witz a las perplejas Eva, Miriam, Bozsi, Dora, Magda, Sara e Ibolya, quienes daban poco crédito a las palabras del capataz lituano de la cocina del campo de mujeres de Kaufering I, anexo a Dachau. Comenzaba diciembre de 1944 y apenas hacía un par de días las jóvenes habían sido trasladadas a Kaufering –por separado– desde otros campos de exterminio. Sin conocerse entre sí, con miedo, agotamiento acumulado y sobre todo incertidumbre, las siete descubrieron con sorpresa lo que las unificaba y de hecho las unió hasta el final de sus vidas: tras meses de ser cautivas de los nazis todas habían llegado a la etapa final de sus embarazos. Durante su permanencia en el campo de Auschwitz-Birkenau –cuya liberación por los aliados cumple 69 años el lunes 27– supieron que ninguna embarazada lograba pasar el filtro de los guardias de la SS. El destino ineludible de toda mujer cuyo abultado vientre delatara gestación era –como en el caso de los ancianos, niños y enfermos– la cámara de gas. Sin embargo ellas lo lograron. Cuatro meses después, el 29 de abril de 1945, cuando el teniente estadunidense Ben J. Rosenthal y sus 22 soldados entraron a las barracas del área de mujeres de Kaufering I la sorpresa los enmudeció: de pie, expectantes, siete mujeres con sus respectivos bebés en brazos –el mayor de sólo cuatro meses y el más pequeño, de dos– esperaban su liberación. En medio del hambre, del frío invierno alemán y las epidemias de tifus y tuberculosis que azotaron al campo, los niños habían sobrevivido. La asombrosa historia del nacimiento de László, Marika, Zsuzsi, Gyuri, Judit, Agnes y Jozsi fue documentada y plasmada en 2011 en el libro Geboren im KZ (Nacidos en el campo de concentración). A lo largo de 200 páginas, Eva Gruberová y Helmut Zeller reconstruyen con detalle, gracias a los testimonios de las supervivientes, la historia de Eva Schwartz y Miriam Rosenthal. Deportaciones masivas La política de exterminio aplicada por el régimen nacionalsocialista en Alemania y dirigida especialmente contra los judíos europeos –pero también contra gitanos, homosexuales, discapacitados, comunistas, artistas, intelectuales y disidentes políticos– cobró más de 5 millones de vidas, según cifras oficiales.

El campo de Auschwitz, a 60 kilómetros de Cracovia, Polonia, se convirtió en símbolo del Holocausto nazi por ser el mayor centro de exterminio del régimen. Se calcula que ahí fueron asesinadas más de un millón de personas. El 27 de enero de 1945 el ejército soviético lo liberó y en 2005 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó esa fecha como el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. Tras la ocupación alemana de Hungría el 19 de marzo de 1944 comenzó la deportación masiva hacia Auschwitz-Birkenau. En sólo tres meses, de mayo a julio, más de 400 mil judíos húngaros fueron trasladados al campo del horror. Entre los trenes que llegaron el 17 y el 18 de junio iban Eva Schwartz y Miriam Rosenthal. De 19 años, Eva, originaria de un pueblo llamado Brody en Ucrania, había emigrado en 1943 a Dunajská Streda, hoy Eslovaquia pero en aquel momento Hungría, para trabajar. Ahí se enamoró y planeó una vida al lado del artesano Géza Steckler. Su historia de amor fue interrumpida por los acontecimientos que acercaban la guerra cada vez más a ellos. Primero fue la orden de que a partir de 5 de abril de 1944 todos los judíos de la ciudad debían portar triángulos amarillos en sus ropas; después, el 26 del mismo mes, toda la comunidad fue confinada en un gueto y finalmente el 15 de junio salió el transporte rumbo a Auschwitz. En la rampa de descarga del campo los jóvenes cobraron conciencia de que su anhelada vida feliz quizás no llegaría. Apenas les dio tiempo para un fugaz abrazo de despedida. “Aguanta. Nos volveremos a encontrar”, fueron las últimas palabras que Géza le susurró a Eva y las cuales ella siempre recordó. Para entonces la muchacha ya tenía 20 años y casi tres meses de embarazo. El 17 de junio, Miriam, de 21 años y oriunda de Komárno –entonces Hungría y hoy República Checa– también había sido deportada a Auschwitz. Dos meses antes, el 5 de abril, cuando se decretó que todos los judíos húngaros debían distinguirse con triángulos amarillos, paradójicamente fue para Miriam el día más feliz: en esa fecha se casó con Béla Rosenthal. La felicidad les duró poco: a principios de junio Béla fue enviado a los Montes Cárpatos a realizar el trabajo social forzado al que los nazis sometían a los judíos. Miriam quedó confinada en el gueto de Miskolc, donde vivían, y el 16 de junio a bordo de uno de los trenes que transportaron esos días a cerca de 3 mil personas, fue llevada a Auschwitz. Compasión en las SS Que Eva, Miriam y el resto de las mujeres llegaran hasta la fase final de su embarazo y además sus hijos nacieran y sobrevivieran pese a las adversidades no fue necesariamente un milagro. Fue más bien una serie de coincidencias afortunadas y sobre todo gente –incluso algún oficial de las SS– que se compadeció de ellas. La rampa por la cual descendían los presos recién llegados a Auschwitz servía también como el primer filtro de selección. Ya entonces se sabía que en este

campo había cámaras de gas y que sólo los fuertes y sanos sobrevivían al ser seleccionados para trabajar. Ahí ninguno de los guardias reparó en los tres meses de embarazo de Eva ni en los menos de dos de Miriam, el cual incluso ella desconocía. Siguieron dos semanas de trabajo física y mentalmente agotador. Su tarea consistía en empujar las carretas cargadas de muertos hacia los crematorios. Junto a ese horror, el martirio de las mujeres se complementaba con el hambre. La taza de café, el plato de sopa y el trozo de pan que recibían como alimento para todo el día no eran suficientes. Cuando les avisaron que serían transportadas a otro campo sintieron alegría. Cualquier cosa era mejor que Auschwitz y su cámara de gas. El nazi de aproximadamente 35 años, con botas y siempre con un látigo en la mano era Heinrich Reichsfeld, uno de los capataces del campo de exterminio de Plaszow; necesitaba 20 mujeres para los trabajos de su comando. La primera a la que escogió fue a Miriam. “Yo también soy judío y te escogí porque te pareces a mi hija, que está muerta”, le dijo después el polaco. Las tareas en el comando de Reichsfeld le aligeraron la vida a la joven, quien para entonces ya había descubierto su embarazo. Junto con las otras mujeres tenía que hurgar en busca de oro y joyas entre las pertenencias de los deportados y asesinados. El trabajo además era en un lugar cerrado y no implicaba mucho esfuerzo físico. Cuando el capataz supo del embarazo se encargó de llevarle cada noche a Miriam un pedazo de queso, pan, salchicha o papa: “Tienes que vivir, tienes que traer a ese niño al mundo”, le decía. Eva y Miriam habían llegado a principios de julio a Plaszow, barrio periférico de Cracovia. Se estima que por su campo de exterminio pasaron más de 20 mil personas. Eva también corrió con suerte. Con cuatro meses de embarazo su principal preocupación era no ser descubierta. Y por eso mismo no dudaba en trabajar al mismo ritmo que todas las demás remolcando las cargas de piedra para construir y pavimentar calles dentro del complejo. Pronto encontró compañeras que accedieron a intercambiar con ella uniformes de tallas más grandes para disimular su vientre abultado. Tras siete semanas en Plaszow, Eva y Miriam recibieron la mala noticia: serían devueltas a Auschwitz. Las revisiones de Mengele En el campamento C de la sección de mujeres en Auschwitz, el célebre Josef Mengele, El Ángel de la Muerte, y Heinz Thilo hacían revisiones semanales para detectar embarazadas. Alineadas y desnudas las mujeres eran meticulosamente observadas. Ese día Eva estaba en la fila. La chica delante de ella, Rózsi Kaplansky había sido enviada por Mengele con los enfermos y débiles. Con ya cinco meses de embarazo Eva dio por seguro que ella sería la siguiente y que el fin para ella y su bebé llegaría pronto.

“Estuve de pie, desnuda frente a Mengele. Con sus dedos apretó mis pechos. Quizás se dio cuenta de que estaban crecidos o quería probar si tenía leche”, relató la propia Eva. Pero de su embarazo no se enteró. El avance de los aliados había obligado a que desde el 6 de agosto de 1944 las fuerzas de la SS devolvieran a Eva y Miriam, junto con otras 7 mil 500 mujeres, a Auschwitz. Ahí estuvieron casi un mes. Se acercaba una nueva revisión médica y esta vez Miriam estaba convencida de que no la pasaría; ya tenía cuatro meses de embarazo. Entonces sucedió algo inesperado: durante el pase de lista del 4 de septiembre les informaron que todas serían llevadas a Alemania, al trabajo forzado en la industria del Tercer Reich. Hacía más de tres meses que las mujeres habían sido transportadas al sur de Alemania. A pesar de haber compartido desde su primera deportación los mismos destinos, Eva y Miriam aún no se conocían. Cada una por su lado recibió en este tiempo la ayuda y protección de compañeras e incluso de celadoras de las SS, quienes les facilitaban porciones extras de comida. Pero lo inevitable sucedió y un día, a finales de noviembre de 1944, sus embarazos ya no podían ocultarse. Pero otro suceso fortuito las mantuvo con esperanza. El avance de los aliados era imparable y tal hecho obligó a los nazis a reconfigurar sus planes. Auschwitz había sido ya bombardeado y la pronta llegada de los rusos por tierra hizo que la directiva de las SS decidiera desaparecer las huellas de sus crímenes. En noviembre de 1944 Heinrich Himmler, jefe de las SS, ordenó dinamitar los crematorios del campo de exterminio y desmontar las cámaras de gas. Así, no había más destino para las jóvenes judías que el campo anexo al de Dachau: Kaufering I. Miriam fue la última de las siete en llegar y con su presencia se completó el Schwangerkommando (comando embarazado), como fueron nombradas por sus verdugos. Entre el 8 de diciembre de 1944 y el 27 de febrero de 1945 nacieron László, Marika, Zsuzsi, Gyuri, Judit, Agnes y Jozsi. Tal como el capataz de la cocina David Witz lo decretara, los bebés de estas siete presas sobrevivieron al terror nazi. Testimonio de Marika “Durante mucho tiempo no supe el origen de mi nacimiento. Mi madre no quería hablar de ello porque le causaba mucho dolor. No fue sino hasta que iba a la escuela que por casualidad lo supe. Recibí mi boleta de calificaciones y ahí aparecía como mi lugar de nacimiento Kaufering, Alemania. Al volver a casa le pregunté a mi mamá por qué no había nacido en Dunajska Streda, como los demás niños. Y entonces me contó”, cuenta a Proceso Marika Novakova, hija de Eva. Tras la liberación Eva volvió con Marika a Dunajska Streda con la esperanza de encontrarse ahí a Géza. Pero él nunca volvió. Tras dos años de espera inútil decidió volver a casarse. Quería darle un padre a su hija. “Ahora sólo puedo pensar en lo fuerte que fue mi madre. Pese a todo lo que vivió nunca pudo sentir odio por nadie. Se dedicó a cuidar a su familia y a enseñarnos el sentido de la tolerancia”, dice Marika, quien el miércoles 8 cumplió 69 años.

–¿De qué forma puede ayudar al mundo conocer su experiencia? –Esperaría que mediante la historia de mi madre la gente pudiera entender mejor la catástrofe que representó el Holocausto. Desearía también que hubiera menos antisemitismo, porque los judíos somos seres humanos como todos. En septiembre de 2012, a los 87 años, Eva murió en Eslovaquia. Nunca perdió el contacto con sus “hermanas” del campo, especialmente con Miriam, quien hoy, a sus 91 años, vive en Toronto, Canadá.

Estrategia de ocultamiento Jesús Cantú Desde antes de asumir la Presidencia, Enrique Peña Nieto y su equipo de gobierno sobrevendieron las expectativas positivas y esperaban que a su vez éstas modificaran radicalmente la realidad. En cuanto a los temas de inseguridad decidieron simplemente sacarlos de su discurso cotidiano y tratar de que los medios hicieran lo mismo. En el ámbito político publicitaron el Pacto por México y en el económico le apostaron a las reformas estructurales. En esta tónica Peña Nieto intervino por primera vez como jefe del Ejecutivo (lo había hecho antes como gobernador del Estado de México y como candidato presidencial) en el Foro Económico Mundial de Davos para presumir la aprobación de sus reformas estructurales, especialmente la energética, que tan buenos comentarios había tenido en la prensa internacional. Pero no contaba con que el presidente del Foro, Klaus Shwab tocara el tema de la inseguridad en dos de las cuatro preguntas que le hizo. Fiel a su libreto, Peña Nieto pretendió vender los magros avances en materia de combate a la inseguridad señalando que lo peor ya había pasado y dijo: “Sin que esto suene a una afirmación triunfalista sí podemos observar a un año dos meses de distancia (que) ha habido una disminución real en el número de homicidios”. Y trató de desviar la atención hacia otros países: “(el fenómeno) no es privativo de México, es privativo de la región de América Latina”. Aferrado a las estadísticas oficiales Peña Nieto pretende ignorar que la notoriedad que cobraron en los últimos meses los grupos de autodefensa –sobre todo, aunque no únicamente, en Michoacán– es consecuencia del colapso del Estado mexicano y ese mensaje se entiende muy bien particularmente en el mundo desarrollado, donde están acostumbrados a que los Estados les brinden plenas garantías jurídicas, lo cual hoy no es posible en muchas entidades y regiones del territorio nacional. La estrategia gubernamental probablemente redujo la percepción de inseguridad en la población mexicana, porque ahora muchos de los actos de la delincuencia organizada son ignorados por los medios y el gobierno se encarga de maquillar las cifras de homicidios dolosos para argumentar su disminución. Pero la realidad y el trabajo periodístico del semanario Zeta muestran que las cifras oficiales contabilizan prácticamente la mitad de los ocurridos (Proceso 1922). En materia de inseguridad es muy evidente que la estrategia gubernamental se enfoca a modificar las percepciones, pero no a combatir el problema y mucho menos a cambiar la realidad. En el caso de la economía el gobierno no puede manipular las cifras porque dicha información la manejan dos órganos autónomos: el Banco de México y el INEGI; así que no tuvo más remedio que aceptar que su pronóstico de crecimiento para 2013 –el de 3.5%– estaba equivocado y que en el mejor de los casos se llegaría a uno de 1.2%; es decir menos de la mitad de lo estimado originalmente. Dicho derrumbe también acabó con el llamado “memo” (mexican momentum) (Proceso

1922). Aunque la reforma energética destruyó el Pacto por México, el gobierno logró sus objetivos y sacó adelante las llamadas reformas estructurales y a eso se aferran para atraer los ojos de los inversionistas internacionales a fin de superar el estancamiento económico de más de tres décadas. Tras la aprobación de la reforma energética en la primera quincena de diciembre y las positivas reacciones que generó en los medios y la comunidad financiera internacional, la Cumbre de Davos era el escenario ideal para promoverla y tratar de captar la atención de los inversionistas. Pero se olvidaron de Michoacán. Los enfrentamientos entre autodefensas y los cárteles de la droga en esta entidad se recrudecieron; el gobierno federal ya no pudo ignorarlos y tuvo que intervenir. Los medios internacionales también dieron cuenta de ello y por ende la comunidad financiera internacional se enteró. Aunque una y otra vez las autoridades mexicanas sentencian que la inseguridad no afecta el entorno de negocios y que la inversión extranjera directa sigue fluyendo normalmente a México, lo cierto es que más allá de las pérdidas directas (calculadas por el INEGI en casi 9 mil millones de pesos anuales, casi 1% del PIB) el fenómeno tiene múltiples repercusiones en la vida económica y eventualmente sus impactos negativos pueden ser iguales o mayores a las expectativas positivas que se quieren construir con las reformas estructurales. Para 2014 el gobierno pronostica un crecimiento de 3.9% del PIB, pero los economistas del sector empresarial nacional encuestados por el Banco de México en diciembre pasado estimaron un crecimiento de entre 3 y 3.4% y aunque en esas estimaciones ya se incluía el impacto de las reformas legislativas, todavía no se consideraba el agravamiento de la inseguridad. Más allá de la generación de expectativas el gobierno tiene que atender y solucionar los problemas que afectan al país y a la población. Ignorar u ocultar los problemas o pretender resolverlos con discursos optimistas y la creación de expectativas positivas no permitirá superar la crisis; se requieren diagnósticos realistas, estrategias acertadas y políticas adecuadas. Y hasta hoy esto no ha ocurrido. Las causas de la inseguridad en México no se resolverán con las reformas y eso lo saben los inversionistas internacionales: por eso cuestionaron al presidente mexicano sobre el tema, cuando él nuevamente lo había ignorado. Más allá del discurso, la estrategia gubernamental para combatir la inseguridad es exactamente la misma del anterior sexenio y su fracaso ya quedó demostrado; persistir es un error que puede costarle mucho más que un mal rato en la Cumbre de Davos, pues la crisis de inseguridad no es exclusiva de Michoacán y la violencia puede agudizarse en otras entidades en cualquier momento, como ya sucedió en meses pasados en Tamaulipas y Guerrero, entre otros. L

La ciega sordera Javier Sicilia Para Mara, Nora y Macarena Gelman, en el amor y dolor. Uno de los graves problemas para salir de la crisis que vivimos es la inmensa lejanía entre la clase política y la realidad del país. El gobierno de Enrique Peña Nieto, los gobiernos estatales y los partidos no sólo se niegan a asumir la emergencia nacional y la tragedia que sufre México, sino que se empeñan en creer que estamos bien y que tienen el control de la nación. La realidad que afrontamos los mexicanos es, sin embrago, otra: la ausencia de un Estado cuya condición primera, la que le da sentido –la paz y la justica—, es casi inexistente. Este divorcio entre lo que los mexicanos vivimos –asesinatos, desapariciones, extorsiones, secuestros, indefensión, miseria e impunidad– y lo que la clase política vive y hace –discursos triunfalistas, minimización del horror, reformas estructurales hechas al vapor y contrarias a la vida, ya de por sí dolida, de los ciudadanos–, muestra el fracaso de ésta. El caso de Michoacán, que ahora ha ocupado las primeras planas y que se suma al de otros movimientos sociales y políticos que, a pesar de la invisibilidad mediática, continúan expresándose, es, junto con la violencia, la prueba más contundente. Cuando la gente tiene que recurrir a las autodefensas, es señal de que una buena parte de lo que queda del Estado –sus gobiernos e instituciones– ha llegado a un grado de inoperancia criminal. Es señal también de que la ciudadanía, frente a la ceguera, la sordera del Estado y el fracaso de las movilizaciones no-violentas para transformarlo en profundidad, no ha encontrado ya otro camino de defensa y cambio que las armas. Las autodefensas –al igual que el zapatismo, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), los maestros de la CNTE, el Yo Soy 132, las movilizaciones en defensa del petróleo, etcétera– no están contra el Estado. Están a favor de él. Su condición de resistentes y sus denuncias apuntan hacia las partes podridas y criminales del Estado, y a un intento de recomponerlo de otra manera para salvarlo. No es otra cosa lo que dicen las declaraciones del doctor Mireles, representante de una ciudadanía herida y “hasta la madre”: “Estamos dispuestos a desarmarnos cuando ellos (el gobierno) asuman al 100% su responsabilidad. También les digo a mis compañeros del Consejo General de Autodefensas y comunitarios que no dejen las armas hasta que el gobierno federal y el del estado cumplan con detener a las siete principales cabezas del crimen organizado”. (Milenio digital, 14/01/214.) Es también lo que dice monseñor Patiño Velázquez en su Carta Pastoral del 16 de enero –un decir que debe ser acompañado y respaldado por todas las Iglesias–: “(…) El pueblo está exigiendo al gobierno que primero agarren y desarmen (sic.) al crimen organizado. El Ejército y el gobierno han caído en el descrédito porque en lugar de perseguir a los criminales han agredido a las personas que se defienden de ellos. ¿No han comprendido que nos encontramos en un estado de

necesidad? (…) Dietrich Bonhoeffer, líder religioso alemán que murió durante el nazismo, escribía a su novia diciéndole: ‘Se precisa un concilio de todas las Iglesias… ¿Para qué? Nosotros somos conscientes de que alguien debe consolar a las víctimas, pero también de que alguien debe frenar a la máquina que asesina’”. (Cartas de amor desde la prisión.) El consuelo, del que monseñor Patiño habla al citar a Bonhoeffer, no hemos dejado de llevarlo a las víctimas desde que el MPJD salió a la calle y obligó al Estado a crear y promulgar una Ley de Atención a Víctimas. Lo que no ha hecho el Estado es detener a “la máquina asesina”. Todo lo contrario, parece consentirla y aceitarla. Mientras la clase política y el gobierno protejan dentro de sus filas a criminales –ellos saben perfectamente quiénes son– y quieran borrar de nuevo a las víctimas bajo una ley atrapada en los laberintos burocráticos, continuará favoreciendo al crimen. Mientras crea que la razón de ser del Estado se encuentra en el monopolio de la violencia –es lo que han declarado al querer desarmar bajo ese argumento, tan abstracto como absurdo en la circunstancias que vivimos, a las autodefensas legítimas– y no en su capacidad para darnos un suelo de paz y de justicia, continuará ahondando la espantosa brecha que hay entre los ciudadanos y el Estado, y generalizando la violencia. Mientras haga reformas estructurales que sólo sirven a los señores del dinero y no al país y a su gente, continuará asesinando a la nación. Un Estado administrado de esa manera puede definirse como un Estado fallido, un Estado delincuencial o un Narco-Estado al servicio de la “máquina asesina”, pero nunca como un Estado. La clase política tiene que aprender a ver y a escuchar lo que los movimientos sociales y las autodefensas le están diciendo: que si quiere salvar al Estado debe cambiar su conducta y trabajar del lado de la resistencia ciudadana, de las necesidades de la gente y de la paz y la justicia. De no hacerlo, su ciega sordera seguirá alimentando a “la máquina asesina” y generando la única salida que le deja a la dignidad: continuar resistiendo. Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón. L

Congreso popular John M. Ackerman La Constitución de 1917 sigue siendo un importante obstáculo para la plena consolidación del proyecto de neoliberalismo autoritario del PRIANRD. Aun después de la andanada de contrarreformas impulsadas por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, se mantiene incólume el carácter subversivo de gran parte del texto de nuestra Carta Magna. Si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es de ninguna manera un documento perfecto, sigue siendo más un aliado que un adversario para las luchas populares. No es hora para llamar a un nuevo constituyente, una acción que en la coyuntura actual podría poner en riesgo importantes conquistas sociales, sino que es preciso organizarnos para defender lo que todavía queda del legado de la gran Revolución Mexicana. Hace algunos meses, en el debate con Enrique Krauze en estas mismas páginas, ya expusimos por qué la Constitución y la Revolución Mexicana son hoy más relevantes y “modernas” que nunca. De acuerdo con el texto constitucional, el Estado mexicano cuenta con la obligación de garantizar a absolutamente todos los ciudadanos, y en condiciones igualitarias, el acceso a techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, agua, cultura, información, medio ambiente y educación de calidad. Así mismo, aun después de la contrarreforma energética, el artículo 27 de la Constitución mantiene su concepto claramente antineoliberal de la propiedad privada al señalar que todas las tierras y aguas “corresponden originariamente a la Nación”. Este artículo también impone importantes límites a la acumulación de tierras y riquezas por unos cuantos. Las reformas peñistas todavía no han trastocado el espíritu profundamente social de la Constitución mexicana. Asimismo, se mantienen intactas grandes instituciones públicas como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y toda la red de universidades, centros de salud y centros comunitarios públicos en el país. También siguen en la brega medios de comunicación independientes como la revista Proceso, el diario La Jornada y los programas de radio y de televisión de valientes periodistas como Carmen Aristegui. No todos los países cuentan con aliados mediáticos tan importantes para el desarrollo de la conciencia ciudadana. Definitivamente, no todo está perdido. Sin embargo, si no surge pronto una reacción social coordinada y contundente a las contrarreformas peñistas, inevitablemente iremos perdiendo progresivamente las pocas instituciones y medios que todavía reflejan el sentir popular. En 2013 el ciclo histórico de subdesarrollo neoliberal llegó a su clímax. 2014 podría ser el año en que se consolida la derrota de la izquierda o el momento en que se siembran las semillas para un nuevo amanecer. Todo dependerá de la acción ciudadana. El próximo 5 de febrero, en el 97 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, Peña Nieto encabezará una pomposa ceremonia, muy probablemente en Querétaro, con el fin de aparentar su supuesto compromiso con el espíritu de la

Carta Magna. Escucharemos los mismos discursos vacíos y veremos las mismas sonrisas falsas de siempre. Todo será una gran cortina de humo para intentar tapar la inmundicia de la reforma energética. Pero en contraste con esta escenografía hipócrita y artificial, el mismo 5 de febrero también se instalará en la Ciudad de México un nuevo “Congreso Popular” (véase: www.congresopopular.org) que busca dar cauce a la enorme indignación social, articular la esperanza ciudadana y hacer valer la soberanía popular plasmada en el artículo 39 de la Constitución. Urge generar nuevas formas para ejercer la protesta y exigir el respeto a nuestros derechos humanos y sociales. El poder político no reside en los jardines de Los Pinos o en las paredes del Palacio Nacional, sino en las mentes, los corazones y las acciones de todos y cada uno de los ciudadanos. La legitimidad de la clase política y de los gobernantes no surge espontáneamente de los cargos que ocupan o de los decorosos salarios que reciben, sino del reconocimiento por la sociedad de que tendrían el derecho de ejercer el poder en su nombre. La toma del poder por medio de las armas no es entonces la única forma para generar un contexto revolucionario. La construcción de nuevos y dinámicos espacios ciudadanos que fomentan el pensamiento crítico y retan directamente a la narrativa y la práctica de la dominación política pueden lograr el mismo fin. Al desenmascarar y desplazar las instituciones realmente existentes, este tipo de iniciativas puede tener grandes éxitos sin disparar una sola bala. El año pasado el Congreso de la Unión retornó a su antiguo estado de “levantadedos” con respecto a las iniciativas del Presidente de la República y de los presidentes de los partidos políticos. Se evidenció como una institución inútil para canalizar la voz y las causas populares. Frente a tal derrumbe de la institucionalidad democrática, urge generar nuevos espacios para la defensa de nuestra Constitución. El “Congreso Popular” es una de muchas iniciativas nuevas que tendrán que surgir desde la sociedad para abonar a la esperanza y ayudar a los ciudadanos a darse cuenta de su enorme poder y capacidad para influir en el devenir de la historia nacional. l www.johnackerman.blogspot.com Twitter: @JohnMAckerman

Descentralización en reversa Axel Didriksson Durante la celebración del 70 aniversario del SNTE, bajo la batuta de los herederos directos de Elba Esther Gordillo, se dijeron muchas mentiras en el discurso apresurado de su presidente, Juan Díaz de la Torre. En el mismo evento, el secretario de Educación emitió otras tantas, apoyando la alianza sindicato-gobierno que hace un año se criticaba para “recuperar la rectoría del Estado”. El presidente del sindicato afirmó que éste vive una nueva etapa organizativa, que es el “más transparente que existe en el país” y que la educación está en vías de una profunda transformación. Por su parte, el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, aseguró que la reforma al artículo 73 de la Constitución mejorará las condiciones de enseñanza y capacitación de los docentes y no atentará contra ninguna conquista laboral ni sindical. Nada apunta a que así sea, pues en los hechos se está trabajando, precisamente, en sentido contrario. Contra la aseveración de que el SNTE está en vías de democratizarse, basta ver que la rebeldía magisterial aumenta y que se preparan manifestaciones aún más radicales y masivas que las del año pasado para oponerse a las medidas que quieren imponer juntos el SNTE y la SEP con el fin de asegurar el control de las plazas docentes a nivel nacional. En tal sentido, hay que percatarse del nivel de malestar que se registra en los estados con mayor organización magisterial, como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Zacatecas, Michoacán o el Distrito Federal, sobre todo por los acuerdos que están asumiendo, a regañadientes o no, los gobiernos locales con el federal. Así, debe considerarse lo que ocurrirá cuando, a partir de julio, empiecen a aplicarse las evaluaciones de la SEP y del INEE, que nada tienen que ver con una reforma educativa. De acuerdo con los “Lineamientos Generales” para aplicar la evaluación del ingreso al “servicio profesional docente” y para la promoción a cargos directivos, emitidos recientemente por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 8/01/2014), se pone en manos de la SEP la centralidad en la toma de decisiones respecto de la formulación y aplicación de los criterios de evaluación, dejando en un papel de segundo plano a los gobiernos de los estados (que con la descentralización de 1993 adquirieron un conjunto de atribuciones para regular y manejar partes de su sistema educativo), e imponiendo una autoridad muy por encima de las condiciones y del contexto laboral de la gran mayoría de los trabajadores del sector. La afectación de los derechos adquiridos y la imposibilidad de poder construir criterios de evaluación académica desde el contexto de su aplicación, son ahora una realidad, echando por tierra todas las recomendaciones formuladas por expertos, investigadores y por los mismos profesores, que hubieran permitido dotar a las escuelas de una verdadera autonomía, propiciar la innovación, la actualización del magisterio y su mismo desarrollo como agrupamiento profesional y social que lo dignificara ante la sociedad. Los foros previstos para la “revisión del modelo educativo”, simple y llanamente quedarán como letra muerta, como ocurrió

con los organizados entre la CNTE y la Secretaría de Gobernación a mediados del año pasado. Más atole con el dedo. Tan es así que, en lugar de esperar a ver resultados pretendidamente “vinculantes”, la SEP tiene el camino andado y la estrategia definida. En el documento correspondiente, la secretaría determinará perfiles, formulará parámetros e indicadores de evaluación, y contará con aplicadores y personal a su servicio para tales fines. Los funcionarios y autoridades locales se convirtieron en empleados de la SEP, porque serán ellos quienes apliquen las pruebas y concursos y tendrán que sujetarse a las convocatorias que emita la dependencia federal, a través de las cuales se establecerán tipos de plazas, etapas, métodos e instrumentos, requisitos, fechas, guías de estudio, bibliografía, procedimientos de calificación y hasta la “forma en que se publicarán los resultados”, así como “otros elementos que la secretaría estime pertinentes”. (“Lineamientos Generales”, capítulo II, artículo octavo.) Habrá una sola fecha de aplicación de los concursos (12 de julio) para cubrir todas las plazas existentes, las de nueva creación, así como las “vacantes definitivas y temporales”. La calificación que se obtenga también será controlada por la SEP, que establecerá una “lista de prelación” por entidad federativa y supervisará su administración. ¿Y el INEE? Sólo “observará” y “validará”. Se trata de un regreso a los años 90, de un tope a lo que quedó como intento de descentralizar la educación, y de un paso atrás que va a complicar y enredar aún más la pretensión de asegurar la calidad de los aprendizajes y de construir condiciones para fortalecer las escuelas, sus prácticas y sus resultados. L

Los obstáculos Olga Pellicer La editorial Siglo XXI, en coedición con el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), acaba de publicar La política exterior de México; metas y obstáculos, una obra coordinada por Guadalupe González G. y la suscrita. Este libro contiene una serie de artículos originales que ofrecen una visión de conjunto de los problemas más destacados de las relaciones exteriores del país y la política exterior al iniciarse el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hay dos motivos centrales que han impulsado a las coordinadoras a integrar este volumen: de una parte, la convicción de que será difícil encontrar el camino para acelerar el crecimiento económico y cimentar la seguridad nacional sin tomar en cuenta los factores externos; de otra, el desconcierto ante el distanciamiento y la manera errática con que la élite política contempla lo que ocurre en el mundo, la forma en que ello nos afecta, y la política para posicionarse en las coordenadas de la vida internacional del segundo decenio del siglo XXI. Es un motivo común afirmar que México es una nación vulnerable a lo que ocurre allende sus fronteras. Esto se debe a su posición geopolítica, la intensidad de las relaciones con Estados Unidos, el alto porcentaje que representa la actividad exportadora en el PIB, el hecho de que se trata de un país de migración e inmigración y la actividad del crimen trasnacional en el territorio nacional, entre otras circunstancias. También es evidente que la política exterior ocupa un sitio marginal en las políticas públicas. Un rápido ejemplo permite ilustrarlo: El Pacto por México, un acuerdo entre las principales fuerzas representadas en el Congreso que dio el tono al primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, enlistó cerca de 100 acciones a realizarse en el año 2013. Entre ellas, sólo una correspondía a la política exterior: el establecimiento de los Institutos México, lo que por cierto no ha ocurrido. Las circunstancias anteriores nos han invitado a tratar de romper esa inercia y a promover la información y discusión de la complejidad e importancia de la política exterior. En el caso del libro que nos ocupa, la tarea se cumple a través de la compilación de 22 artículos escritos por connotados conocedores de las relaciones exteriores de México. Tales escritos se organizaron en torno a cinco grandes temas: la imagen de México; la relación con Estados Unidos; la diversificación hacia Europa, Asia y África; la relación con América Latina, y los desafíos globales de la política exterior. Los artículos difieren en sus marcos analíticos y en el mayor o menor optimismo con que se contempla el futuro. Ahora bien, todos comparten tres objetivos: informar sobre los problemas más importantes de las relaciones exteriores, proponer las metas que se deben perseguir para solucionarlos, y discutir y analizar –de manera explícita o implícita– los obstáculos presentes que dificultan llegar a ellas. Lo último explica el título y también da su carácter específico al libro. Dos puntos

vale la pena subrayar. El primero, que esa voluntad de identificar los obstáculos ha permitido escapar al peligro de ser condescendientes con la política exterior; un peligro frecuente cuando ésta se analiza a partir de la agenda de viajes del presidente o el canciller. Parece entonces que se postularon metas de largo alcance cuando, frecuentemente, todo o casi todo termina en el momento en que llegan de regreso. El segundo resultado de reflexionar sobre los obstáculos es atisbar, aunque sea de manera limitada, algunos de los problemas más difíciles de nuestra política pública en general, como son la oxidación de las instituciones gubernamentales, la falta de coordinación entre ellas, el descuido o desaparición de agencias clave para la conducción de las relaciones exteriores y, sobre todo, la ausencia de un proyecto claro sobre el papel que México desea desempeñar en el mundo. La debilidad de las instituciones se pone en evidencia al acercarnos a temas como el manejo de las fronteras. Así, en el artículo de Luis Herrera Lasso, titulado Fronteras seguras y eficientes; una asignatura pendiente, se advierte el grado en que México carece de los elementos necesarios –o sólo los tiene de manera muy precaria– para garantizar dichas fronteras, como son sistemas de información, esquemas de coordinación nacional, profesionalización de cuadros encargados de cuestiones fronterizas, y cooperación internacional avanzada. A su vez, el descuido o desaparición de agencias clave para conducir las relaciones con el exterior se ilustra bien en el artículo de Marco Alcázar sobre Centroamérica. Se analiza allí el costo de haber abandonado la Comisión para la Cooperación con Centroamérica que estaba encabezada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, para sustituirla por esquemas poco eficientes, como fue el Plan Puebla-Panamá. El cambio resultó en un retroceso de los logros que se habían obtenido en las relaciones con los países del Istmo en materia de cooperación. Un problema reciente surge por la manera errática con que se avanza hacia una etapa nueva en materia de energía sin que se hayan abordado problemas que deberían estar al centro de la atención de la política exterior. Como se deduce del artículo de Juan Eibenschutz y Rolando Almada, dentro de los mismos se encuentra definir si se opta por la mayor integración energética con América del Norte o por la diversificación en materia de hidrocarburos. Lo último supone identificar nuevos clientes para exportaciones de petróleo y diversos proveedores de capital y tecnología para desarrollos en aguas profundas y shale gas. El libro La política exterior de México, metas y obstáculos, proporciona elementos para adentrarse en el análisis de los problemas anteriores. Es sólo un primer paso, pero lo suficiente para considerar que las esperanzas puestas en su publicación son justificadas. L

El escrutinio público de la política cultural Jorge Sánchez Cordero * A Juan Gelman, cuya gallardía debe ser ejemplo para todos nosotros. In memoriam. Los fastos del calendario político mexicano conmemoran ahora con cierto retraso el vigésimo quinto aniversario de la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Como toda conmemoración oficial, estuvo presidida por el rito burocrático que tiene al gobierno como oficiante, y actúa bajo el presupuesto de una magnificencia impersonal y afirmatoria que, además, relega la crítica y las carencias culturales al culto privado y al arcano de la memoria. La conmemoración burocrática se afana en crear certidumbres que se desvanecen y terminan por resultar efímeras; devendrá en una sacralización pasajera, una más, en una sociedad desacralizada; será un ritual, uno más, en una sociedad que los ha abandonado. En este rito burocrático resaltó como única voz crítica e independiente, y siempre lúcida, la de Hugo Gutiérrez Vega (La Jornada /18/01/2014), cuya intervención se dio en pleno paroxismo del modelo neoliberal. Su alocución fue admonitoria: el arte ha sido históricamente una gran tentación para la clase dominante mexicana. En la incesante búsqueda de legitimación y aseguramiento de la ideología dominante de cada época, el poder en México ha recurrido a la sumisión y a la obediencia de los creadores artísticos con el afán de generar un impacto en la memoria colectiva. El Estado mexicano, en su perenne aspiración por la modernidad, ha querido construirse una imagen innovadora a través de la fusión de un pasado glorioso con la modernidad para trazar el destino nacional (Rita Eder). El apercibimiento de Gutiérrez Vega resulta también claro y no es gratuito. La clase dominante mexicana ha manipulado el arte para interactuar con la sociedad y recurre a nuestros símbolos ancestrales para amalgamarlos a la representación del poder político (Beatriz Tozzi). Al arte y a las antiguallas mexicanas se les descontextualiza para asociarlos al poder bajo el canon liberal (Renato González Mello). Ahora, sin embargo, en la retórica del neoliberalismo parece que al gobierno comienzan a serle embarazosos el nacionalismo de Estado y su representación en las artes tradicionales (Rita Eder). Lo relevante para la clase dominante mexicana es atribuirse símbolos –símbolos que, es necesario puntualizar, le pertenecen a la historia y por tanto son reconocibles por nuestro corpus social– a efecto de hacer indeleble su paso por la historia. Un intento, pues, de recuperación de la historia con el propósito de acreditar la legitimación de la clase dominante. Las políticas públicas culturales Del discurso político se espera que sea una narrativa de ideas, de valores y de

normas de política pública; que desarrolle la función cognoscitiva y normativa del gobierno con el fin de hacerla comprensible y de cumplimiento obligatorio para los agentes gubernamentales, y que posibilite el escrutinio público. En las sociedades contemporáneas, la legitimidad en el diseño de políticas públicas en materia de cultura proviene no solamente del sufragio popular –que en nuestro régimen constitucional lo tiene en la administración pública exclusivamente el titular del Ejecutivo federal–, sino de la participación de los diversos actores sociales involucrados en la acción pública. (Jean Leca). Así lo ordena el párrafo noveno del artículo cuarto de la Carta Magna. Es precisamente este mandato el que legitima la acción pública de los agentes gubernamentales en materia de cultura. La imposición vertical de cualquier decisión desde la cúspide burocrática a los grupos y comunidades culturales es totalmente contraria, para no decir que está en contravención flagrante, a los principios de la democracia cultural que se encuentran tutelados en la Constitución. No obstante, al margen de esta tutela constitucional, los mandarines culturales nos señalan ahora el rumbo y el devenir de la cultura mexicana. Peor aún, se ha engendrado un orden social cultural que ya no es más la expresión de una política legítima, cuando justamente el espacio público necesita constituirse en un lugar de expresiones sociales con nuevos vínculos entre las comunidades, los grupos culturales y la acción pública. El gran riesgo es que las políticas en la materia, muchas de ellas en beneficio de la cultura de élite, generen una estratificación social. Ante los reclamos de los grupos y comunidades, deben encontrarse nuevas formas de participación cultural (Jean-Marc Lachard). El enigma y el misterio La publicación del Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2014 (Peca) fue postergada para un futuro al cual se asocia ahora el programa Cultura para la Armonía, “…que atenderá de modo especial a las comunidades comprendidas en los polígonos definidos en el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y en la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Es la hora en que no se ha revelado con la debida puntualidad, el contenido del Peca, por lo que su análisis también tendrá que ser postergado. El enigma en este misterio cultural suscita las siguientes interrogantes: ¿De qué manera los agentes gubernamentales en materia de cultura han podido conocer estos programas para darles cumplimiento? ¿Cómo pretenden estos agentes ser evaluados y cómo puede medirse la eficacia de sus acciones? ¿De qué manera debe escrutarse su desempeño? La evaluación de las políticas públicas es un imperativo de todo Estado democrático y el sector cultural del gobierno no es excepción, máxime que está de por medio dinero público y de que existe un reclamo en el sentido de que se incremente la asignación de recursos del contribuyente. Debe permanecer claro en nuestro ánimo que hay una marcada diferencia conceptual entre las realizaciones culturales y los resultados sociales que éstas

tienen. Y aquí radica por cierto el gran déficit de la Cuenta Satélite de Cultura 2008-2011 presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y Conaculta el martes 21 y que por si sola merece una glosa crítica… Uno de los principios de toda política pública es la coherencia entre sus objetivos, su metodología para cumplirlos y los instrumentos que se van a emplear para su consecución. Lo trascendente en este esquema es determinar los marcos de cumplimiento y las acciones específicas a las que debe ceñirse la burocracia cultural, así como proveerla de los correspondientes elementos de análisis. La acción pública cultural debe organizarse dentro de estos marcos, que constituyen el universo cognoscitivo de los agentes gubernamentales, y ésa es la única forma de darle a la acción cultural cierta estabilidad en el tiempo. El diseño de estas matrices de política pública cultural comporta un proceso cognoscitivo que permita hacerlas comprensibles para los agentes gubernamentales, y desde luego para sus destinatarios, y a la vez prescriptivo, que obligue a su cumplimiento y posibilite evaluar la eficacia en su ejecución. (Pierre Muller). Las políticas públicas en la materia deben regirse por disposiciones que le den sentido al programa político en el que se determine la forma de la realización de sus objetivos (Pierre Mouliner). Resulta claro que el ámbito cultural está dominado por su heterogeneidad consustancial. Visto así, las responsabilidades correspondientes se ejercen a través de múltiples funciones que, a su vez, responden a objetivos transversales en todo el ámbito cultural. Estos objetivos no se reducen a un capítulo más de la acción gubernamental, sino que tienen una dimensión nacional. La democracia cultural, por más utópica que pudiera parecer, debe ser una práctica constante en dicho ámbito, dominado por la falta de rigor y la subjetividad. La legitimidad cultural Confeccionado por la alta burocracia cultural, el Peca acarrea en su largo peregrinaje un vicio de origen grave: su falta de legitimidad cultural. Al respecto cabe resaltar que la democracia cultural permite proteger y promover la diversidad. Así pues, la participación activa como parte de este nuevo ejercicio democrático por parte de los grupos y comunidades culturales les da la oportunidad de ponderar las decisiones de política que afectan su calidad de su vida cultural. Finalmente esta práctica democrática contribuye a la asignación equitativa de recursos para hacer viable el acceso a la cultura. En su difícil tránsito social, esta nueva fórmula democrática, ahora bajo la tutela del artículo cuarto párrafo noveno constitucional, es el mandato cultural al que a él, y sólo a él, todos debemos responder. _________________________________________ *Doctor en derecho por la Universidad Panthéon-Assas.

La travesía de Juan Gelman A Gabriel Zaid en sus 80, con 50 años de afecto... ¿Existirá una palabra para la nostalgia de lo que no fue y estuvo a punto de ser? Por ejemplo, que el Colegio de Tlatelolco hubiera durado lo suficiente para consumar una verdadera literatura mestiza, una fusión de lo indígena y lo español prefigurada por las Liras de Netzahualcoyotl en la versión de su sobrino-nieto Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. O que Cervantes hubiese venido a la Nueva España para escribir aquí un Quijote con texturas mexicanas. O que Francisco Javier Clavijero hubiera concluido su Enciclopedia novohispana de la que sólo quedó gloriosamente su Historia antigua de México... Extremos de América Otra posibilidad perdida es el encuentro literario de México y Argentina. Ignacio Rodríguez Galván, nuestro mejor poeta del primer romanticismo murió, como Juventino Rosas, en Cuba, cuando se dirigía a Buenos Aires para ocupar un puesto diplomático. Nunca sabremos qué hubiera resultado del encuentro entre la Asociación de Mayo y la Academia de Letrán. Manuel Payno iba a representar a México en las repúblicas del Plata pero la misión se canceló. Federico Gamboa fue el primero en establecer relaciones con los escritores argentinos. En las páginas de su Diario Rubén Darío dejó su poema “A México”. Por razones políticas Darío no pudo llegar a la capital. El mayor vínculo entre los que Daniel Cosío Villegas llamó los Extremos de América fue Alfonso Reyes en un momento en que otros dos miembros del Ateneo de la Juventud, José Vasconcelos y Pedro Henríquez Ureña, vivían también en ese país. A la presencia de Reyes en Buenos Aires se debe el que Arnaldo Orfila Reynal haya venido para dirigir el Fondo de Cultura Económica primero y después Siglo XXI y el mundo académico se haya beneficiado con maestros como Raymundo Lida. También gracias a Reyes y su amistad con Victoria Ocampo y José Bianco, Xavier Villaurrutia publicó en las ediciones de Sur Nostalgia de la muerte y que el muy joven Octavio Paz lo reseñara en las páginas de esta revista y escribiera también un comentario sobre José Revueltas. Los años mexicanos Un acontecimiento trágico para Argentina y muy benéfico para nuestro país fue el exilio argentino de los setentas. Pero la consumación, hasta el momento, de estas relaciones fue la presencia durante veinte años de Juan Gelman. Sobre todo aquí concluyó su admirable Obra poética con libros de primera línea que no ceden, ni por un instante, a la decadencia ni al agotamiento: Incompletamente, Valer la pena, País que fue será, Mundar, Deatrásalante en su porfía, El emperrado corazón amora. Estos libros, unidos a Violín y otras cuestiones, El juego en que andamos, Velorio

del solo, Gotán, Los poemas de Sidney West, Cólera buey, Fábulas, Relaciones, Hechos, Notas, Carta Abierta, Comentarios, Citas, Hacia el sur y Bajo la lluvia ajena forman los dos tomos de su Poesía reunida, publicada por el Fondo de Cultura Económica en 2011. Las mil 372 páginas constituyen por su extensión y calidad una auténtica hazaña de la poesía en lengua española. Gelman escribió hasta el último día. Hay dos libros a punto de aparecer. Uno de ellos, Amaramara, es un gran homenaje a su esposa. Su apartamento en la colonia Condesa fue quizás el último refugio en que escritores de todas partes pudieron reunirse para hablar de letras y política, en un ambiente tan propicio como el que hallaron los republicanos en los viejos cafés de la Ciudad de México. El exilio y el reino Si uno hace un leve repaso de lo que se ha escrito en este continente verá que gran parte de nuestras literaturas se ha hecho fuera del suelo natal. Desterrar significa quitar la tierra bajo los pies, dejar a la intemperie, derruir la casa, demoler la ciudad de cada uno con todas sus memorias y sus costumbres. “El que se va no vuelve aunque regrese.” Contra la separación del país y de su lengua sólo quedan la defensa y la venganza de escribir. Gelman es el gran poeta del exilio. Su dimensión continental y panhispánica no niega sino acendra su argentinidad esencial, su pertenencia imbatible a Buenos Aires. Civilización y barbarie Lo sorprendente es la alegría y el humor que hay en tantos poemas de Gelman, una manera de enfrentarse a los desastres históricos de nuestros países y del mundo entero. Cómo duele pensar en los que escaparon de los pogroms, el genocidio nazi y el gulag y se establecieron en Argentina pensando que hallarían para sus hijos una tierra de paz y prosperidad y al final del camino encontraron los golpes de madrugada a la puerta en el estilo de la Gestapo, los campos de tortura con el añadido local de la picana (contribución monstruosa que debemos al hijo de Leopoldo Lugones) y el exterminio genocida. El gran Domingo Faustino Sarmiento creyó que el progreso de la Argentina significaba el triunfo de la civilización sobre la barbarie. La llamada “Campaña del Desierto” que representó la eliminación masiva de los pueblos indígenas hizo suponer a la oligarquía que la Argentina quedaba blindada para siempre contra la barbarie. No obstante, los bárbaros reaparecieron bajo el manto de la civilización y como sus defensores. Estaban armados con todas las aportaciones del progreso, por ejemplo los helicópteros desde los cuales arrojaban al Río de la Plata los cadáveres producto de la tortura y a los agonizantes que se hundieron para siempre en el barro acumulado durante siglos en el río que es mar y el mar que es río. Gelman nunca creyó que la poesía fuera capaz de frenar los tanques, silenciar las ametralladoras o de romper la picana. No le bastó con exponer en verso la materia

sangrienta y trágica de sus textos. Si son tan eficaces se debe a la maestría absoluta sobre todas las formas: del epigrama clásico al versículo, del poema en prosa a la experimentación léxica y rítmica. Fue el adelantado de su generación en hacer obras intertextuales en que ya no se sabe quién es el autor: el que escribió el original o quien lo deja intacto y abierto a otras interpretaciones para hacer su lectura irremplazable y apropiarse de él a fin de convertir un texto árabe o judío en un poema de Gelman y anexarlo a la poesía argentina en particular y española en general. Fue más aventurado que todos los que lo han seguido por este camino. Sin ponerse de acuerdo, prolongó las reivindicaciones del ladino o castellano sefardí que han hecho entre nosotros Myriam Moscona y Angelina Muñiz-Huberman. En Divaxu escribe: Amarti es istu: Un havla qui va a dizer/ Un arvulitu sin folyas Que da solombra Y él mismo lo traduce al español actual: Amarte es esto: Una palabra que está por decir/ Un arbolito sin hojas Que da sombra/. “Argentino hasta la muerte”, Juan Gelman por sus veinte años de vida y de trabajo aquí, deja también en la poesía mexicana una huella radiante que no se borrará. l (JEP)

Georges Braque, ayer y hoy, por siempre Anne Marie Mergier Del 18 de octubre al 6 de enero más de 470 mil personas visitaron la descomunal retrospectiva de 238 obras de Georges Braque en el Museo del Grand Palais de París, acaso la exposición más trascendente de 2014. Aunque a su muerte en 1963, a los 81 años, el artista mereció un homenaje del Estado francés, la última recolección de su trabajo se realizó en 1973. Esta es una crónica que combina las entrevistas con los organizadores sala por sala así como la trayectoria biográfica del inventor del collage y los testimonios incuestionables de la crítica. PARÍS, Francia.- En el crepúsculo de su vida Georges Braque confió a su amigo Georges Vernet: “En mis obras de hoy me encuentro con un conocido de años: el Braque de antes.Tracé mi surco y avancé con lentitud en la misma búsqueda… Una línea de continuidad… Sin duda hubo rupturas. Cuando me arriesgué lo hice tomando mis precauciones. Pero la búsqueda no excluye la renovación. La expresión de una misma sensibilidad exploradora, de una misma tenacidad es en realidad el lazo que une esa marina de hoy con las obras del periodo cubista. En mi pintura soy un terco, me obstino hasta encontrar el eco sordo de la cosa…” A lo largo de casi cuatro meses, del 16 de septiembre de 2013 al pasado 6 de enero, el Grand Palais vibró con el eco poético y a menudo metafísico de las obras de Georges Braque. Hacía cuarenta años que Francia no rendía homenaje al iniciador –junto con Pablo Picasso– de la revolución cubista. La última gran retrospectiva de la obra de Braque en París se realizó en 1973, una década después de la muerte del pintor, acaecida el 31 de agosto de 1963. Resulta difícil entender ese largo olvido. Menos aún después de haber contemplado los cuadros, dibujos, grabados y esculturas –238 obras en total– reunidas por Brigitte Leal, curadora general de la muestra y que el artista realizó a lo largo de casi seis décadas ¿Fue la gloria mundial de Pablo Picasso y su tendencia a apropiarse de las ocurrencias de sus amigos pintores las que opacaron la fama póstuma de Braque en su país de origen? Es lo que parecen pensar críticos e historiadores de arte. Sea como sea, gracias a esta apasionante retrospectiva, que ocupó 12 salas y dos pisos del Grand Palais, poco más de 470 mil visitantes franceses y extranjeros pudieron descubrir o redescubrir a uno de los más grandes artistas del siglo XX, el incuestionable pionero del arte moderno. * * * Braque nació el 13 de mayo de 1882 en Argenteuil (alrededores de París) de una familia de artesanos con gustos artísticos. Su abuelo y su padre dirigieron una empresa de pintura decorativa. A éste, además, le gustaba pintar en sus ratos

libres y varias de sus obras fueron expuestas en el afamado Salon des Artistes Français. En 1890 la familia se mudó a Normandía. Poco atraído por los estudios, Braque dejó el colegio antes de entrar al bachillerato y siguió las huellas paternas familiarizándose con la pintura decorativa. En 1900 se fue a vivir a París para perfeccionarse en el oficio. El recuerdo de estos años de aprendizaje y del manejo de materiales decorativos resurgió a principios de los años 1910, cuando el joven pintor, ansioso de romper con el academicismo y de repensar la representación del espacio y de los objetos, tomó la muy atrevida iniciativa de integrar papel tapiz en sus pinturas. Apenas cumplidos los 20 años Braque renunció a suceder a su padre en la empresa familiar y se dedicó exclusivamente a la pintura. Se instaló en Montmartre en 1902, frecuentó la bohemia, siguió clases de pintura en la Academia Humbert, se enamoró de su condiscípula Marie Laurencin y tejió lazos de amistad con Francis Picabia, otro condiscípulo. Se interesó brevemente en el impresionismo, pintó algunas telas en ese estilo y las rompió todas. En 1904 visitó el Salón de Otoño y pasó horas en la sala asignada a Paul Cézanne contemplando uno por uno los 31 cuadros del maestro. Un año más tarde descubrió las telas de Henri Matisse, André Derain, Maurice Vlaminck y Albert Marquet. Lo deslumbraron. Ese primer contacto con los pintores fauvistas fue una experiencia determinante. Le fascinaron su libertad en el uso del color puro y su manera tan iconoclasta de “definir el objeto, indicar el espacio y recrear la luz”. En una entrevista con Dora Vallier publicada en octubre de 1954 en Cahiers d’Art, Braque recordó: “La pintura fauvista me impresionó por novedosa y eso me convenía. Era una pintura muy entusiasta y convenía a mi edad, tenía 23 años. No me gustaba el romanticismo, en cambio esa pintura física me atrajo.” Entre 1906 y 1907 Braque pasó cuatro temporadas en el pequeño municipio de La Ciotat y en l’Estaque, un barrio de Marsella, ambos ubicados a la orilla del mar Mediterráneo. Pintó sin descanso, casi con febrilidad paisajes desbordantes de colores experimentando al mismo tiempo nuevos enfoques del espacio. Expuso algunos cuadros en París, otros en Le Havre. Tuvieron éxito y se vendieron. Años más tarde Braque destruyó muchas obras de su “época fauvista”. Pero nunca renegó de ella. En los años cincuenta inclusive volvió a comprar La Petite Baie de la Ciotat. Contó: “Después de su venta sentí una gran tristeza, un profundo arrepentimiento. La añoraba. A veces pensaba en ella como se recuerda a un ser amado que se encuentra lejos.” Con ese cuadro casi puntillista Braque se despidió del fauvismo. Y fue con 15 paisajes y dos desnudos fauvistas poco conocidos del público que Brigitte Leal decidió abrir la retrospectiva del Grand Palais y sorprender a los visitantes. * * * “¿Sintió Braque que el fauvismo no podía ser un fin en sí y que iba a ser más bien

una etapa indispensable para conquistar su libertad personal, un medio que le permitiría buscarse y encontrarse, una transición que lo llevaría a explorar formas, líneas y colores?”, se pregunta la historiadora del arte Dominique Dupuis-Labbé en uno de los textos de presentacion de la muestra. Y de inmediato recalca: “Al final del verano y al principio del otoño de 1907 el color puro se esfuma en sus obras. Braque privilegia la construcción, subraya claramente cada forma y es con esa voluntad de organización geométrica que se despide del fauvismo”. Según Dupuis-Labbé tres acontecimientos casi simultáneos aceleraron la evolución del arte del joven pintor: el impacto que le causó el cuadro de Picasso Les Demoiselles d’Avignon, la carta de Paul Cézanne a Emile Bernard publicada por la revista Le Mercure de France en la que el maestro aconsejaba “tratar el tema de la naturaleza con el cilindro, la esfera y el cono”, y la retrospectiva de la obra del mismo Cézane en el Salón de Otoño. Los paisajes pintados en L’Estaque y expuestos en la segunda sala de la retrospectiva del Grand Palais dedicada al nacimiento del cubismo contrastaban con los de la época fauvista: se desvanecieron los colores exuberantes en favor de grises discretos, ocres apagados, siena quemada y verde olivo, despareció la perspectiva tradicional, se sintetizaron los elementos del paisaje convertidos en figuras geométricas. Algunas de estas telas expuestas en 1908 en la galeria parisina de Daniel-Henrri Kahnweiler causaron sensación. Louis Vauxcelles, crítico de arte del diario Gil Blas, exclamó: “Braque desprecia la forma, lo convierte todo –lugares, figuras y casas– en esquemas geométricos, en cubos. No nos burlemos de él, actúa con buena fe. Vamos a esperar.” ¿Fue esa reflexión la que dio nacimiento a la palabra cubismo? Quién sabe. Los historiadores del arte llevan cien años enfrascados en una polémica que parece inacabable. Muchos afirman que fue Matisse quien calificó con tono despreciativo de “pequeños cubos” las casas pintadas por Braque en Les Maisons à L’Estaque cuando descubrió la obra en el Salón de Otoño de 1908. Por su parte Braque, a quien la recuperación del cubismo por seguidores poco talentuosos y bastante pretenciosos exasperaba, escribió en una carta dirigida al galerista Léonce Rosenberg en 1918: “Es sin embargo bueno recordar de vez en cuando que la palabra cubista fue pronunciada por primera vez ante los óleos que expuse en el Salón de Otoño, y que si después de eso nos tocó asistir a un diluvio de mandolinas y de naturalezas muertas con instrumentos de música, fue porque todo partió de mi taller.” Con el filo del tiempo el mismo Pablo Picasso no resistió la tentacion de afirmar que él había inventado el cubismo y que Braque se había limitado a imitarlo. Reivindicó inclusive la paternidad de los “papeles pegados”. Recalcó el crítico de arte Olivier Cena: “Cuarenta años después del surgimiento del cubismo, Picasso no quiso dejarle nada a Braque, ni el cubismo analítico ni el cubismo sintético.” A principios de la segunda década del siglo XX Braque y Picasso distaban de

sospechar que algún dia iban a distanciarse tanto. Por el contrario, vivían en total ósmosis. * * * Los dos pintores se conocieron en 1907. Fue el poeta Guillaume Apollinaire quien los presentó. Picasso estaba trabajando sobre Les Demoiselles d’Avignon, óleo que provocó el estupor de Braque. “Es como si alguien tragara petróleo para escupir fuego”, comentó. La obra le inspiró un cuadro asombroso, Le Grand Nu, en el que aparece un cuerpo femenino desnudo pintado con curvas y líneas geométricas. La mujer está acostada en una cama más geométrica aún, pero en lugar de ser horizontal la obra es vertical. Esa inversión de perspectiva resulta sumamente perturbadora. Le Grand Nu volvió a causar impacto en la retrospectiva del Grand Palais. A lo largo de siete años Braque y Picasso fueron casi inseparables. Se veían diariamente en París, pasaban largas temporadas juntos en Céret y en Sorgues, dos pequeñas ciudades del sur de Francia. Trabajaban juntos. Se decían, en inglés, “pards” (cuates). Hablaban horas. Divergían a menudo. Les gustaba confrontar sus ideas y luego armonizar sus diferencias. Mucho tiempo después, Braque contó: “Los dos trabajábamos mucho (…) Los museos ya no nos interesaban. Íbamos a ver exposiciones pero no tanto como se cree. Más que todo estábamos concentrados.” Y nostálgico, recordó: “En estos años con Picasso nos dijimos cosas que nadie más se volverá a decir, cosas que nadie más sabría decirse, que nadie más podría entender… cosas que serían incomprensibles y que nos procuraron tantas alegrías… Eso desaparecerá con nosotros”. Fue durante el verano de 1911 en Céret que Georges Braque empezó a introducir caracteres tipográficos en sus cuadros. En agosto del año siguiente usó arena y aserrín mezclándolos con aceite. Y en la primavera de 1912 Pablo Picasso realizó su primer collage integrando un pedazo de hule en su pintura, Nature Morte à la Chaise Cannée. Inmediatamente después Braque inventó el papel pegado (collage), integrando en sus cuadros recortes de papel tapiz. En 1913 pegó recortes de periódicos, de anuncios, cartas de la baraja. Y siguió con nuevas experiencias: insertó cuerdas de guitarra, de violín, cartón corrugado en sus obras. Tanta osadía entusiasmó a Picasso, quien escribió a su amigo a finales de noviembre de 1912 en un francés bastante aproximativo: “Mi querido Braque, uso tus últimos procesos papelísticos y polvorosos. Me estoy imaginando a una guitarra y uso un poco de polvo en nuestra horrible tela…” Estos siete años de convivencia total, de búsqueda insaciable, de colaboración intensa y de audacia extrema fue una aventura única y el punto de partida de una auténtica revolución en la historia del arte occidental. Explica Brigitte Leal: “Al usar objetos y materiales pobres y sucios, cotidianos o industriales en forma insólita para ‘disgustar a todo el mundo’, Braque y Picasso acabaron con siglos de

veneración ‘del bello oficio’ y del ‘artista poderoso y solitario’.” Por su parte, el poeta Pierre Reverdy, amigo cercano de ambos artistas, subrayó en varias oportunidades que el gran aporte de estos “compañeros de cordada” fue haber roto todos los lazos con la representación del mundo exterior. Esa radicalidad los llevó a redefinir el arte y a cambiar por completo el estatus del cuadro. Las obras del periodo cubista analítico y del cubismo sintético expuestas en las amplias salas del Grand Palais atestiguaron esa revolución. Llegó el fatídico 2 de agosto de 1914, fecha de la movilización general de todos los franceses en edad de combatir. Pablo Picasso acompañó a Georges Braque y André Derain a la estación de tren de Avignon. Apenas llegados a la ciudad de Lyon, los dos pintores se enteraron de que la guerra entre Francia y Alemania acababa de ser declarada. Braque salió al frente de combate en noviembre y el 11 de mayo de 1915 cayó en el campo de batalla herido en la cabeza. Sus compañeros lo dejaron por muerto y fue sólo al día siguiente que unos camilleros se percataron de que siguía respirando. Hospitalizado, sufrió una trepanación craneal. Se demoró dos años en recobrar una vida normal y regresar a su taller. Con su estilo a menudo brusco Picasso solía decir: “Llevé a Braque a la estación en 1914 y desde entonces no lo volví a ver.” Esa fórmula es demasiado simplista. En realidad los dos artistas no se volvieron a buscar. Se cruzaban casualmente, se saludaban cordialmente, pero su complicidad había muerto. De vez en cuando se daban el lujo de hacer comentarios sarcásticos el uno sobre el otro. Algunos son de antología. Al salir de una muestra de las obras de Braque, lacónico, Picasso declaró: “Los cuadros están bien colgados”. Braque no se quedó atrás después de haber visitado una exposición de cerámica de su excómplice, y sólo dijo: “Están bien cocidas”. Los biógrafos de los pintores, sin embargo, son categóricos: a pesar de su alejamiento, Braque y Picasso nunca dejaron de respetarse ni de amarse. Prueba de ello fue su denso reencuentro en 1945. Braque acababa de ser operado de dos graves úlceras estomacales y había escapado a la muerte de milagro. Estaba encerrado en su casa sin poder moverse ni pintar. A lo largo de varias semanas Picasso lo visitó diariamente. Fue a partir de 1920 cuando sus caminos se bifurcaron. Introvertido, atraído por la filosofía, la poesía y la reflexión, Braque se aplicó a profundizar su “surco”. Tomó distancia con sus experiencias cubistas conservando de ellas esencialmente la supresión de la perspectiva, la inversión del espacio y el arte de combinar simultáneamente en la misma obra varios enfoques distintos. * * * A lo largo del atormentado periodo que separó el fin de la Primera Guerra Mundial del inicio de la Segunda, Braque exploró cada vez con mayor intensidad el tema de la naturaleza muerta deconstruyendo objetos y espacio con un rigor que algunos críticos calificaron de clásico. Revisitó tambien la escultura de la

antigüedad greco-romana y se lanzó en 1931 a una hermosa aventura pictórica al ilustrar la Teogonía de Hesiodo, uno de sus textos predilectos. Brigitte Leal dedicó la tercera parte de las salas del Grand Palais a las obras realizadas por Braque entre 1919 y 1939, arrojando luz sobre un periodo creativo poco valorado hasta la fecha. Esa iniciativa fue sin duda uno de los grandes logros de la muestra. La dureza de los años de la Segunda Guerra Mundial se refleja en telas lóbregas pintadas en Varengeville-sur-Me, modesto pueblo de Normandía ubicado a la orilla del océano en el que Braque había mandado construir una casa en 1930. Durante la Segunda Guerra Mundial Braque rompió relaciones con André Derain, su amigo de tantos años. No le perdonó haber aceptado viajar a Berlín en 1941 con un grupo de artistas franceses invitados por Hitler con fines propagandísticos. Ese mismo año las fuerzas de ocupación nazis confiscaron todas las obras que el pintor había intentado salvaguardar escondiéndolas en un banco de la ciudad de Libourne, al suroeste de Francia. Peor aún, Hermann Goering, uno de los más cruentos líderes nazis, intentó negociar con Braque la restitución de sus obras a cambio de un cuadro de Lucas Cranach que el artista veneraba y que guardaba en su casa. Braque no dio seguimiento a esa propuesta. Una sala entera de la retrospectiva del Grand Palais estuvo dedicada a las obras que pintó Braque durante la Segunda Guerra Mundial. El pintor vivía recluido en su casa de Varengeville y sobre todo en su taller. Ese encierro es palpable en los grandes interiores austeros, de tonos oscuros, casi sofocantes que realizó entonces. * * * Después de la liberación de Francia, Braque compartió su tiempo entre París y Varengeville, dedicándose cada vez más a su trabajo. Fue a partir de 1944, pero sobre todo después de su larga convalescencia de 1945, que abordó un tema pictórico insólito: los billares. Realizó una serie de siete Billards que sólo acabó en 1949. Cuatro de ellos fueron presentados en el Grand Palais y se convirtieron en unas de sus obras faro. Comenta al respecto Brigitte Leal: “Estas pinturas nos vuelven a hundir en el impresionante virtuosismo del espacio-tiempo inventado por el artista. Los Billards retoman con maestría el espacio visual cubista y los juegos homotéticos entre formas, signos y colores.” El Billard prestado por el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas causó sensación en el recinto. En esa obra vertiginosa la mesa de juego vista desde arriba parece convertirse en un inmenso pájaro verde a punto de emprender el vuelo, mientras que bolas amarillas y rojas dan vueltas en su superficie inclinada y desafían la ley de gravedad… En la parte superior del cuadro seis palomas blancas desplegan sus alas y se aprestan a acompañar el vuelo del billar. Contigua a esa sala se encontraba otra, también muy vistosa, en la que Brigitte Leal logró juntar la famosa serie de los Ateliers realizada entre 1949 y 1956: ocho

obras de gran tamaño en las que Braque pintó el mismo tema –su taller– en forma cada vez única. “¿Cómo no ver en ese conjunto excepcional de grandes telas, cada una de la cual inspiró largas meditaciones a Braque, una forma de balance y de apoteosis de toda su obra? Obra pensada desde el principio como una reflexión sobre el espacio, sobre la relación fluctuante entre las cosas animadas e inanimadas, y dominada por un ideal estético y espiritual?” pregunta Brigitte Leal. Contesta Dominique Dupuis-Labbé: “La serie de los Ateliers es una dádiva que nos hace Braque, y su taller es un lugar que inspira respeto porque es a la vez lugar de vida, pensamiento y amor.” Al igual que en la serie de los Billards, misteriosos pájaros surgen en casi todos los Ateliers. El tema de los pájaros se volvió omnipresente en los diez últimos años de la vida de Braque. En 1953, apoyado por André Malraux, entonces Ministro de la Cultura, Georges Salles, director de los Museos de Francia, solicitó a Braque que pintara el techo de la sala Henri II de Le Louvre, dedicada al arte etrusco. A pesar de sus 70 años y de frecuentes problemas de salud, el artista trabajó día tras día durante tres meses para realizar una obra a la vez poderosa y delicada: dos grandes pájaros resplandescientes pintados en tonos azul oscuro y negro sobre un fondo azul un poco más claro y brillante. Nunca antes el Museo del Louvre había abierto sus puertas a un artista vivo. A partir de 1933 la fama de Braque rebasó las fronteras francesas y se pierde la cuenta de las exposiciones de sus obras presentadas en los más importantes museos de Europa y Estados Unidos: Palacio de Bellas Artes de Bruselas, Museo de Arte Moderno de Nueva York, Museo de Arte de Cleveland, y también de Cincinatti, Royal Scottish Academy de Edimburgo, Tate Gallery de Londres, Kunshalle de Berna, Kunsthaus de Zurich… Braque tuvo también el dudoso “privilegio” de tener varias telas suyas expuestas en la siniestra exposicion de «arte degenerado», organizada en Munich en 1937. En esa muestra los nazis exhibieron las creaciones de las vanguardias europeas presentándolas como “obras de enfermos mentales, judíos y bolcheviques”. * * * Fue con diez grandes pájaros que Brigitte Leal decidió cerrar la retrospectiva del Grand Palais. Recalca: “El extraordinario conjunto de pinturas de pájaros reunidos para esa muestra permite tomar conciencia de la importancia del tema, vuelto arquetípico en la última parte de la obra de Braque, pero también de la vitalidad del artista que, hasta el final, siguió dispuesto a dejarse sorprender, abierto a la búsqueda y a la novedad.” Refiriéndose a dos cuadros pintados entre 1956 y 1961, Les Oiseaux Noirs y A Tire d’Aile, Leal comenta:

“Estos pájaros negros se convierten de repente en fuerzas poderosas e inquietantes, son pájaros nocturnos, signos de muerte. En un cuadernito de apuntes a la vez sublimes y dramáticos, titulado también A Tire d’Aile, Braque escribió simplemente: ‘Sin tregua todos corremos detrás de nuestro destino’.” Georges Braque murió en París a los 81 años, el 31 de agosto de 1963. El 3 de septiembre el Estado francés le rindió homenaje con una ceremonia oficial celebrada en la Cour Carrée del Museo del Louvre. Fue André Malraux quien pronunció sus honras fúnebres. Luego su familia y sus amigos más cercanos lo enterraron en el pequeño cementerio de Varengeville. L

La desorientación en el Conaculta Blanca González Rosas La desorientación y ausencia de proyecto que existe en el subsector cultura del Gobierno Federal se evidenció el viernes 17, durante la celebración por el 25 aniversario del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Realizado en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el acto no logró disimular ni la incapacidad de Rafael Tovar y de Teresa al frente del subsector, ni la incomprensión de Peña Nieto ante el vínculo entre el Estado y la gestión contemporánea de la cultura. Silencioso en lo que respecta a resultados concretos y evaluaciones de eficiencia de los programas de la institución –entre los más urgentes de evaluar se encuentran el sistema de becas para creadores y las subvenciones a galerías que otorga el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes–, Rafael Tovar centró su discurso en intenciones futuras. Encargado del subsector desde diciembre de 2012 y con un salario mensual base de 134 mil 843 pesos –al cual se le deben sumar prestaciones, aguinaldo y probables gratificaciones–, el funcionario operó durante 2013 sin dar a conocer su Plan Nacional de Cultura. Carente de algún documento público que deje testimonio de sus afirmaciones, Tovar mencionó durante la celebración cinco estrategias de un Programa especial de cultura y arte 2013-2018 que se estructura con base en cinco postulados: Perspectiva de equidad e inclusión sociales a la acción cultural en su conjunto; Conservación y el aprovechamiento intensivo del patrimonio y la infraestructura culturales; Acceso universal a la cultura y uso de los medios digitales; Estímulos a la creación y al desarrollo cultural productivo; Ampliación al diálogo y el intercambio cultural entre México y el mundo. Acompañada de un video titulado 25 Años de Conaculta (http://www.presidencia.gob.mx/media/videos/), la participación de Tovar confirmó dos lamentables características de su administración: la confusa relación entre la gestión gubernamental y la iniciativa privada, y la contradicción entre el discurso y los hechos. Diseñado con base en criterios cuantitativos que se complementan con el valor simbólico de las imágenes, el video menciona que “México es poseedor de patrimonio cultural excepcional” e ilustra sus mil 205 museos con 5 imágenes entre las que se cuentan tres recintos construidos por la iniciativa privada: los museos Jumex, Soumaya y Tamayo Arte Contemporáneo. Una selección que abiertamente manifiesta la superioridad empresarial. Contundente al mencionar su compromiso con el aprovechamiento de la infraestructura cultural, Rafael Tovar olvida su confusión, desorientación o irresponsabilidad ante el uso de nuestro patrimonio artístico: ubicado en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el mural de Juan O’Gorman titulado La conquista del aire por el hombre se encuentra invadido por la empresa Interjet. Carente de información sobre su relevancia artística, el mural confirma la simulación e incapacidad profesional del funcionario al frente de la gestión cultural de nuestro país.

Charles Mingus ricardo jacob CUERNAVACA, MOR.- Ubicada al fondo de una pequeña cerrada de la calle Humboldt, a escasas cuatro cuadras del centro de ésta ciudad, se encuentra la casa en la que vivió su último año de vida el genio contrabajista de jazz Charles Mingus. El palo de rosa en su fachada muestra la extraordinaria vivienda, una casona tipo hacienda que ahora alberga un hotel exclusivo. Fue en esos jardines donde, en pocos meses, se extinguió la vida de uno de los más grandes músicos y compositores que logró elevar al jazz a los niveles de la llamada música culta. Nacido en Nogales, Arizona, el 22 de abril de 1922, Mingus fue parte de las bandas de indiscutibles padres del jazz como Louis Armstrong, Lionel Hampton y Duke Ellington; este último lo echó personalmente de su ensamble debido a su mal temperamento y una pelea con el trombonista puertorriqueño Juan Tizol. Aprovechó como nadie el uso de una orquesta para interpretar su música, aunque sus grabaciones con quintetos o sextetos de jazz son igualmente trascendentales para la historia del género, pues en ellas trató de plasmar ante todo su orgullo por ser mestizo, ya que el altivo y explosivo genio musical sufrió racismo gran parte de su vida. México estuvo presente en su música mucho tiempo antes de que decidiera mudarse a Cuernavaca. A mediados de los cincuenta en el pico de su creatividad grabó el aclamado Tijuana Moods luego de una larga visita a la ciudad fronteriza. Contaba el músico: “Toda la música de ese disco fue escrita durante un periodo muy agrio de mi vida. Venía de un divorcio y volando para tratar de olvidar con un sueño preconcebido en Tijuana. Pero ni siquiera Tijuana me satisfizo, ni las corridas de toros, el jai alai o lo que se pudiera imaginar en esta salvaje ciudad. “Después de verme sentado con un tequila, sal y limón en mi boca y quemándome las fosas nasales decidí beneficiarme musicalmente de esta experiencia y me puse a componer recreando lo que veía y sentía a mi alrededor.” Así surgieron “Los mariachis”, “Tijuana gift shop” e “Ysabel’s table dance”, que fueron grabadas en julio y agosto de 1957 con su sexteto en turno aunque el disco fue editado hasta 1962. Diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (o enfermedad de Lou Gehrig) a mediados de los setenta, Mingus viajó a Cuernavaca desahuciado buscando una alternativa con curanderos y brujos del estado de Morelos. Anclado ya en una silla de ruedas, la enfermedad le impidió al final la escritura y el habla. Muy cerca de donde cuatro décadas antes había vivido el escritor inglés Malcolm Lowry, Charles Mingus murió a los 56 años el 5 de enero de 1979 en su casa de la 2da. Cerrada de Humboldt en la capital morelense, únicamente acompañado por una enfermera y su esposa, la actriz y cantante Susan Sue Graham, con quien se casó en 1966 en una ceremonia presidida por Allen Ginsberg.

“El curioso incidente del perro a medianoche” Estela Leñero Franco La cuadrícula con la que percibe el mundo un adolescente de 15 años con síndrome de Asperger, es el tablero escénico en el que se desarrolla la búsqueda insistente que éste emprende para descubrir al asesino del perro que vivía junto a su casa. El curioso incidente del perro a medianoche es una obra basada en el libro del escritor inglés Mark Haddon y adaptada por Simon Stephens. El libro, publicado en el 2002 y traducido ya a 35 idiomas, es un éxito gracias a la exactitud y sensibilidad con la que aborda la problemática de un niño con el síndrome de Asperger, una modalidad del autismo. En la obra, protagonizada por Luis Gerardo Méndez bajo la dirección de Francisco Franco, podemos compartir la travesía de este chico que teme al amarillo, no comprende las metáforas y tiene dificultad para relacionarse con los demás. Tanto en el libro como en la escena la estructura adopta la manera del diario que el niño escribe día a día. En la novela, el niño es el narrador y en la puesta en escena la primera persona es acompañada por un alter ego representado por su maestra que lo guía en los momentos difíciles, no importa si ella está lejos o cerca. Christopher vive con su padre en Swindon, Reino Unido, y es un gran observador. Es muy bueno para las matemáticas y la física y sabe todo sobre el universo y las estrellas. Cuando su investigación sobre el asesinato del perro va muy avanzada (la historia dilata presentándonos al personaje y su contexto), decide ir a vivir a Londres con su madre. El reto de tomar el tren, el Metro y ubicar el departamento de ella, es toda una hazaña por el temor que tiene a lugares desconocidos y su necesidad de crear patrones para no entrar en pánico. La actuación de Luis Gerardo Méndez es estupenda ya que en ningún momento caracteriza a un niño con dificultades de comprensión sino que entiende al personaje, lo investiga, empata con él y desde la identificación consigue emocionarnos y entender a un niño que percibe de manera diferente a como nosotros lo hacemos. En cambio los padres, interpretados por Alejandro Camacho y Rebeca Jones, son acartonados, fingen las emociones sin que el espectador crea la situación en la que se encuentran. La maestra, interpretada por Cecilia Suárez, es didáctica y su actuación precisa. Acompañan a los personajes protagónicos de la historia un cuerpo de actores que realiza coreografías, un tanto básicas, pero eficaces para mostrar el ritmo y la dinámica de lo que rodea al muchacho. La propuesta de la dirección de Francisco Franco y la escenografía de Jorge Ballina son deslumbrantes. Es increíble la hipertecnología que utiliza Ballina para reproducir lo que el niño dibuja, imagina o supone, así como el trazo de Franco para volverlo el lugar en donde sucede la acción. Los personajes caminan, suben escaleras, entran al Metro o a un auto. Los dibujos proyectados en las pantallas gigantes son los que delimitan el escenario y nos hacen entrar a su universo. La base del ciclorama es una cuadrícula así como variaciones de la misma. La

iluminación de Sergio Villegas resuelve bien este juego de proyecciones y explora los azules o blancos para ambientar los lugares. El curioso incidente del perro a medianoche que se presenta en el Teatro Insurgentes es una obra que impresiona su producción y la actuación del adolescente, al mismo tiempo que nos sensibiliza para entrar al mundo de un niño que entiende su alrededor con otros códigos, pero que si se le comprende, no necesita crecer solo y aislado.

“Bekas” Javier Betancourt El cine de niños expuestos a la injusticia social o a los horrores de la guerra es uno de los géneros que mejor ha desarrollado el cine en Medio Oriente: Abbas Kiarostami (¿Dónde está la casa de mi amigo?), Majid Majidi (Niños del cielo), Bahman Ghobadi (También las tortugas pueden volar), están entre los directores más destacados. De maneras diferentes, la imagen del niño disfraza mensajes anti-totalitarios; inocencia, sobrevivencia y aprendizaje pasan de contrabando denuncias políticas que de otra forma quedarían censuradas. Bekas (Suecia-Finlandia-Irak; 2012) es la extensión de un corto con el mismo nombre con el que se graduó el kurdo Karzan Kader en la Academia de Estocolmo y con el que luego ganó un Student Oscar. En comparación con el presupuesto con el que trabajan los directores iraníes o afganos, el otorgado a Bekas (dos millones de euros) fue elevado, y se nota en la calidad de la producción, fotografía y música. Privilegio que el director y su equipo pagaron caro trabajando en condiciones de máximo riesgo, a veces en medio de balas y bombas. Zana y Dana, siete y 10 años, hermanos huérfanos que viven a la intemperie; un día ven, por el agujero de un cine que llega a Kurdistán, la película Superman (1990), y deciden viajar a Estados Unidos para conocer al héroe de Kriptón; Zana escribe una lista, encabezada por Sadam Hussein, de los villanos que Súper debe castigar. Suena a bobada y lo es: Karzan Kader sostiene el absurdo de la propuesta hasta sus últimas consecuencias, los chicos encuentran la manera de hacerse de un burro y sobre éste emprenden un viaje que los conduce por las zonas militarizadas más peligrosas. El oportunismo del director, niños, guerra, simpático burrito, parecería evidente, pero ocurre que la historia tiene tintes autobiográficos, pues Karzan Kader emigró en la infancia a Suecia, donde creció. Y como reza una de las frases más sabias de García Márquez, que no me canso de repetir, la realidad puede ser peor que la mala literatura: Kader también quería viajar a los E.U. de niño con una lista de villanos, no para hablar con Supermán sino con Rambo. Resulta obvio que Bekas, palabra en kurdo asociada a la soledad y a la orfandad, es un ajuste de cuentas del director con su propia infancia en Kurdistán; el problema es la falta de distancia, la ausencia de ironía ante la realidad del lado estadunidense que el adulto Kader, educado en Suecia, tendría ahora que asumir. Puede argüirse que el héroe de acero y el mapa estadunidense no son más que elementos de fábula para estos huérfanos del régimen de Hussein, y que su película sólo está narrada desde el punto de vista de los niños; pero la realidad de este lado, el que se conoce por acá, es tan cruda como la del de allá. Lo que redime a Bekas es el pulso seguro en la dirección, la forma en que escapa a la influencia neorrealista (Zana y su hermano son limpiabotas) y se convierte en un cuento de Las mil y una noches, plagado de ogros y magos; y lo más notable, la ausencia de sentimentalismo.

Retrospectiva de Óscar Menéndez Florence Toussaint La Cineteca Nacional programó un ciclo de documentales que forman una retrospectiva del trabajo de Óscar Menéndez, cineasta que cumplió ochenta de vida este enero. La muestra proyectada a lo largo de 10 días incluyó 23 títulos, entre los cuales se encuentran obras de factura compleja, con guiones muy meditados y fotografía artística, por ejemplo Malcolm Lowry en México que ganó un premio de Festival de Video y resiste muy bien el paso del tiempo. Hace 25 años que se estrenó en Cuernavaca en el Jardín Borda y aunque esa ciudad ya no es la misma, las recreaciones del autor reproduciendo un entorno de los años 30 recupera vívidamente las descripciones del escritor de Bajo el volcán. Otras obras se distinguen por echar mano de imágenes contenidas en archivos fílmicos de los tiempos de la Revolución Mexicana de 1910: el muy vigente México bárbaro, o por los retratos de la Ciudad de México tal como era a principios del siglo XX y hasta los años 50, es el caso de Todos somos hermanos. Este material, unido a las filmaciones del propio Menéndez, dan por resultado documentales que son a la vez relatos ocurridos en el país y testimonios del paso del tiempo. A Menéndez le interesa presentar la actualidad siempre con el trasfondo histórico: el origen de los conflictos y su desarrollo. Las retrospectivas tienen la ventaja de mostrar un amplio panorama de la tarea fílmica de un autor, permite ubicar sus obsesiones, los temas que le interesan, un estilo y un oficio adquirido a lo largo de un ejercicio ininterrumpido. Destaca la predilección por los asuntos sociales, denunciar la injusticia, documentar los movimientos sociales, de los obreros, los campesinos o los indígenas. Señalar la represión como la matanza del lider Rubén Jaramillo y toda su familia o la estudiantil del 68. También las batallas de los pueblos por conservar territorio e identidad como en el caso de La batalla del Casino de la Selva. Los creadores en su taller han sido puestos en celuloide como homenaje, ahí están el de José Revueltas, Juan Rulfo, Diego Rivera o Adolfo Mexiac. Los documentales son en su mayoría realizados fuera de las instituciones, de manera personal o con colegas y productores independientes. Óscar Menéndez se precia de nunca haber hecho cine ni video comerciales. Se trata de una producción que puede llamarse marginal, pues esta es la primera vez que muchas de las obras se muestran a un público vasto y desconocido. El sistema digital va a permitir que estos materiales sean restaurados y trasladados a dicha tecnología, lo cual amplía su capacidad de reproducción. Por el número de asistentes a la sala, las proyecciones han sido un éxito, lo mismo que por el interés en debatir o lanzar preguntas. El ciclo que terminó el miércoles pasado le ha sido requerido a Menéndez para difundirse en otros estados de la República.

Moctezuma y Cortés Niza Rivera Como parte de los trabajos de conservación de la iglesia de la Concepción de Jesús Nazareno, la Autoridad del Centro Histórico ha decidido sustituir la deteriorada placa que conmemora el encuentro entre el emperador Moctezuma y el conquistador Hernán Cortés por una réplica en Talavera de la pintura de Juan Correa que relata el suceso. Además, al restaurarse la estatua que remata la torre del templo, se vio que era el arcángel San Miguel y no Cortés, como se creía. La placa de concreto que conmemora el encuentro entre el emperador Moctezuma y el capitán Hernán Cortés, olvidada y dañada en la esquina de la Avenida Pino Suárez y República de El Salvador, en el Centro Histórico, sería sustituida este año por una réplica en mosaico de talavera del artista novohispano Juan Correa que representa ese momento histórico. Al pie del nuevo monumento se leerá: En este sitio llamado Huitzilan se escenificó el encuentro del señor de México Moctezuma Xocoyotzin y el conquistador hispánico Hernán Cortés, el día 8 de noviembre de 1519. La obra de Juan Correa, un biombo pintado que data del siglo XVII (perteneciente a la Colección Banamex), titulada Encuentro entre Cortés y Moctezuma, fue la elegida por la Autoridad del Centro Histórico (ACH) del Gobierno del Distrito, y presentada a Proceso mediante un boceto mostrado por el empresario y artesano Mario Cantú, representante de Empresas Cantú, asignada para realizar el trabajo. Y es que la placa de concreto, colocada el 31 de octubre de 1964, se fue deteriorando por el nulo mantenimiento: tiene las letras completamente borrosas y algunos fragmentos se desprendieron. Está casi en la esquina donde Hernán Cortés mandó edificar la iglesia del Hospital de Jesús, adjunta al hospital del mismo nombre, primer edificio de esa naturaleza levantado en América. Sobre la nueva pieza se buscó a Alejandra Moreno Toscano, coordinadora general de la ACH, quien respondió vía electrónica sobre el tema, pero rechazó una entrevista a través de la coordinación ejecutiva de vinculación institucional que respondería hasta que se inaugure la nueva obra: “La obra se realizará en los talleres del maestro Mario Cantú, que ya tiene un boceto autorizado por el INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y por la Presidenta del ICOMOS, que reproduce el biombo del siglo XVIII que está en el Museo Franz Mayer con el propósito de que la imagen rescate la importancia del sitio”, dice el correo electrónico. El nuevo encuentro (explicó en entrevista Mario Cantú, cuya compañía ubicada en Guadalajara, tiene más de treinta años de trabajo en cerámica y talavera en nuestro país y el extranjero) será mucho más destacado: “Cuando tuvimos las pláticas al respecto a principios de este año le enseñamos a la doctora Toscano una representación mucho más acorde –según mi punto de

vista– del encuentro donde se ve a un Moctezuma con rasgos indígenas con el penacho del que tanto se ha hablado, pero finalmente decidieron la obra de Juan Correa.” Enseña el boceto y señala que la obra de Correa representa a un Moctezuma con corona de oro y piel blanca así como el resto de su séquito, que incluso podría confundirse a primera vista con Cortés. La réplica en Talavera aparecerá invertida respecto a la original, de manera que Moctezuma aparezca del lado derecho –teniendo el Zócalo como llegada– y Cortés el izquierdo –del lado de Tlalpan. La obra original de 6 x 2.50 metros se verá reducida a 5.25 x 2.30 metros en la réplica, y eliminará a unos danzantes que aparecen originalmente entre el conquistador y Moctezuma. El trabajo tardará unos cinco meses para terminarlo y su costo puede ser de entre 380 y 400 mil pesos. –¿Cuál será el tiempo de duración del trabajo en Talavera una vez colocado? –Puede perdurar cinco, seis, siete generaciones o más. La cuestión es que se coloque adecuadamente. Si queda bien colocado puede durar más de un siglo. Comenta que su acercamiento con la ACH viene de hace dos años, cuando en 2012 propuso el mural de Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central al exjefe de gobierno del D.F., Marcelo Ebrard, el cual quedó en Talavera en la calle de Doctor Mora. L

Un arcángel, no Cortés, remata el Templo de Jesús Niza Rivera Única en su tipo, la escultura de madera que remata el campanario del Templo de Jesús que data de 1700 en el Centro Histórico, es un arcángel, puesto ahí para proteger al recinto y a la Ciudad de México. No es pues, como se cree popularmente, Hernán Cortés –cuyos restos, por cierto, se encuentran al interior de la iglesia–, sino otro capitán, el de las milicias celestes, San Miguel. Así lo confirma el investigador Eduardo Báez Macías, del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México. La escultura, que fue bajada de la torre en 2013 como parte de los trabajos de conservación de la dirección de Obras de Restauración de Sitios y Monumentos Históricos del Patrimonio Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), mide 1.88 metros de alto y 1.16 metros de ancho –contando la varilla transversal que se piensa sujetaba las alas. “Es el arcángel San Miguel (explica Báez Macías, autor del libro El edificio del Hospital de Jesús editado en 1982 y reeditado en 2010). No es Hernán Cortes ni figura humana como tal, hay varias razones para pensar que la figura es un arcángel. La primera data de un plano del hospital del siglo XIX donde se ve muy bien dibujada la figura alada, y también un inventario de la iglesia donde se confirma que tiene una ‘escultura del señor San Miguel’, y fue colocada entre 1720 y 1760, ya que hasta 1720 no estaba terminada la torre.” “Esto último como referencia coincide con que sea el arcángel San Miguel porque antes solía colocarse en lugares altos para que protegiera a las comunidades contra los demonios, por eso también está armado, en el caso de la torre se le cayeron las alas y brazos.” En el libro Breve Historia del Hospital de Jesús, del doctor Julián Gascón Mercado, aparece una foto del remate de la torre donde sólo se hace mención del campanario y cúspide del arcángel San Miguel, sin mencionar más datos sobre la escultura. “Hay que situarse en el momento para entender su importancia, y es que en el siglo XVIII la torre del Templo de Jesús junto con las torres de la Catedral Metropolitana eran de las edificaciones más altas en la ciudad, de manera que el arcángel sobresalía sobre el común de las casas que a lo mucho eran de dos pisos, así que era como un protector del hospital, del templo, de la propia Ciudad de México”, dice el investigador. Báez Macías explica que restauradoras del IIE, luego de realizarse algunos estudios, corroboraron que está hecha de madera de cedro, y que contaba con una cubierta de plomo, ahora desgastada por el tiempo, así como una varilla que la atraviesa transversalmente y se piensa sostenía las alas. “El arcángel es único en su tipo, porque es un caso excepcional que se remate con una escultura, en todas las torres se remata con la esfera y la cruz, pero aquí es el arcángel San Miguel, un arcángel protector. En la Biblia se le considera capitán de

las milicias celestes.” Según información del arquitecto Julio Valencia, director de Obras de Restauración de Sitios y Monumentos Históricos de Conaculta, la escultura sería replicada para poder resguardar la original: “El año pasado se hicieron varios trabajos de conservación en el edificio del templo y el anexo hasta que llegamos a la torre para atender en específico el remate, y fue ahí que nos percatamos de que la figura era de madera, lo cual es muy poco común, sobre todo ante las inclemencias del clima. La bajamos y nos dimos cuenta que tenía un laminado de plomo y restos de lo que era pintura, realizamos una primera limpieza con productos especiales.” La idea es guardar la original, “ya que es una de las pocas figuras de la ciudad con esas característica, al menos no se ha ubicado otra”. Por mientras, la pieza se encuentra resguardada dentro del templo, en espera de recursos para terminar su proceso de conservación que se espera se libere este año. L

“¿Quién mató a Pablo Escobar?” Columba Vértiz de la Fuente Un reciente documental titulado ¿Quién mató a Pablo Escobar? cuestiona la versión oficial que señala al Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Colombia como el escuadrón que asesinó al líder del Cártel de Medellín, indicando en cambio que Los Pepes, grupo rival del legendario capo, fueron los ejecutores del crimen. Su trágico final se discute en los testimonios recogidos por el director y productor argentino de la cinta, estrenada por televisión en toda América Latina el domingo 26. La nueva recreación documental de ¿Quién mató a Pablo Escobar? ofrece testimonios y documentos de inteligencia filtrados, los cuales revelan que no fue la policía colombiana la que ultimó al mítico traficante, sino que en realidad fueron Los Pepes, un grupo ilegal armado que reunía a narcotraficantes, políticos y miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, quienes le dispararon al tan temido capo. El canal de paga Infinito presentará en exclusiva ¿Quién mató a Pablo Escobar? en toda América Latina este domingo 26 a las 22 horas, sin repetición. Pablo Galfré, productor periodístico del documental, confiesa en entrevista que está a la expectativa de cómo reaccionará Colombia ante la gran pregunta que conlleva el filme: “A ver qué dicen los periodistas de renombre en Colombia, sobre todo los que han escrito biografías sobre Pablo Escobar. Aquí se presentan las voces de policías, pero no encontramos esos papeles donde ninguno declare en actas cómo le hicieron para matar al narcotraficante, debiendo explicar: ‘Yo entré a la casa por tal lado, disparé con un arma de tal calibre…’, ¡pero nada! “Los periodistas que han abordado la muerte de Escobar sólo se basan en testimonios y no presentan documentos como pruebas. Existen más archivos clasificados de la CIA (Central Intelligence Agency, por sus siglas en inglés) y la DEA (Drug Enforcement Administration) que se podrían desclasificar para brindar más luz a este tema. Estados Unidos reconoce la participación de la DEA y Los Pepes (grupo rival de Escobar) en tareas conjuntas con el Bloque de Búsqueda. Además, nunca se investigó el calibre de la bala que entró a la cabeza del capo.” –¿En Colombia se preguntan aún quién mató a Pablo Escobar? –se le cuestiona vía telefónica al argentino Pablo Galfré, quien lo niega: –No creo, aunque Escobar sigue candente… “Ahí está la serie de su vida, El patrón del mal (de Canal Caracol), y tengo entendido que rodarán otro largometraje en torno al narcotraficante con el mexicano Diego Luna. En Colombia muchos periodistas no quisieron ser entrevistados para mi documental, prefieren dejar enterrado el mito de Pablo Escobar. Nadie en Colombia se hace la pregunta de ¿quién lo mató?, sólo la periodista colombiana Astrid Legarda que vive en Miami, en Colombia todos creen

que lo mató el Bloque de Búsqueda. Pero ahora me parece que el conflicto del narcotráfico ha pasado a México.” Galfré es productor periodístico de Ánima Films, empresa productora de documentales. Trabajó en Antes que nos olviden (HBO, 2012, un recorrido por todo México alrededor de las víctimas de la guerra al narco), Arrepentidos (Nat Geo, 2013), Colapso 2001, (Discovery Channel, 2011); Confesiones de un sicario (Turner Broadcasting Siytem, Los nazis en México (Discovery Channel, en 2010, y La ley del corrido, (Discovery Channel, 2009), entre otras cintas. El estudio Relativity Media filma además este mismo mes en Colombia su propia película sobre el jefe del Cártel de Medellín, King of Cocaine (El rey de la cocaína) bajo la dirección de Brad Fuman, protagonizada por el famoso actor John Leguizano. Para variar, también Verasur Films rodará en septiembre próximo otro filme acerca de Escobar con la idea de que compita por el Oscar, dirigida por Antoine Fuqua, con un presupuesto de entre 25 y 30 millones de dólares. Es un proyecto aún sin título que lleva siete años cocinándose y estará en inglés. No se sabe quién será el actor principal, pero suenan candidatos como Javier Bardem y Demian Bichir, e intervendrán Al Pacino y Sofia Vergara. Reconstruyendo historias En ¿Quién mató a Pablo Escobar? se entrevista al comandante del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional de Colombia, general Hugo Martínez Póveda, quien atestigua: “Supimos que el Cártel de Cali había pagado 10 millones de dólares por la baja de Escobar.” César Gaviria Trujillo, que formara durante su gestión como presidente de Colombia el Bloque de Búsqueda contra él, opina ante la cámara que cuando Pablo Escobar estaba en la cárcel La catedral mató a los miembros de su cártel Gerardo Moncada y Fernando Galeano, “porque le estaban robando dinero”, y siguió operando su negocio multimillonario. El narcotraficante acondicionó y puso sus propias reglas en dicho lugar, por lo que el gobierno decidió trasladarlo a otra prisión; pero escapa con sus más cercanos lugartenientes y entonces Gaviria Trujillo conjunta al grupo de policías llamado Bloque de Búsqueda. Juan Diego Restrepo, periodista e investigador social, cuenta que Escobar se convirtió en el enemigo número uno del país, “y comenzó a matar a sus antiguos compañeros del cártel”. Astrid Legarda, autora de El verdadero Pablo, externa sus dudas respecto a la versión de que el Bloque de Búsqueda mató al capo: “Yo respeto la palabra del general Martínez Póveda y de los que participaron en el operativo, se supone que uno como ciudadano debe creer en sus autoridades; pero tengo muchas dudas después de haber hablado con personajes que participaron directamente en la muerte de Escobar. Aquí hay gato encerrado.” Se narra en el documental que Los Pepes era un grupo paramilitar que surgió en 1992 cuando Escobar huyó de La catedral y decidió hacer una guerra contra algunos socios de su cártel. Pepes es el nombre acrónimo de perseguidos por

Pablo Escobar. Carlos Ramón Zapata, exnarcotraficante, expone haber colaborado con Los Pepes (“no fui de la parte dirigente, pero el objetivo era matar a Escobar”), y Legarda: “A raíz de la muerte de Moncada y Galeano, los otros narcotraficantes que trabajan con Escobar se dan cuenta que irá por ellos porque no sólo está matando a sus enemigos, sino también a sus amigos.” Es Santiago La Rotta, periodista autor de Los Pepes, desde Pablo Escobar hasta don Berna, quien manifiesta tajante: “Fueron los hermanos Castaño, Carlos y Fidel, ambos promotores de los primeros grupos de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).” Natalia Morales, periodista y autora de Los Pepes, desde Pablo Escobar hasta Don Berna, declara en la película: “Según Carlos Castaño también estaban conformados por un grupo de industriales, quienes cansados de la presión y el terror que impartía Escobar, decidieron apoyar económicamente la causa.” La Rotta informa que “asimismo estaba un personaje conocido como Don Berna, Diego Murillo, había sido jefe de seguridad de otros capos integrantes también del Cártel de Medellín, conocidos como Los Galeano”. Legarda es más directa: “Llaman a la gente del Cártel de Cali, Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, y estos son quienes financian a Los Pepes.” Interviene la voz en off: “La guerra entre Los Pepes y Escobar fue cobrando intensidad y produjo un verdadero baño de sangre en Colombia. Y Los Pepes brindaban información al gobierno colombiano. Los vínculos entre las fuerzas legales y Los Pepes se volvieron más estrechos. Comenzaron a realizar operaciones conjuntas clandestinas.” Pero el general Martínez Póveda lo niega. Legarda subraya: “Sí salían algunos miembros a realizar operativos contra Escobar.” Restrepo vuelve a salir a cuadro: “Era lógico que aquellos que estaban en el Cártel de Medellín y luego pasan a Los Pepes conocieran la estructura… Entonces comienzan a matar a los sicarios, a familiares de éstos, y acaban poco a poco la estructura militar para ir debilitando.” Zapata informa que el capitán Danilo González fungió como enlace para recibir la información y desplegar los operativos entre el Bloque de Búsqueda y Los Pepes, en contrapunteo de voz en off que marca “la efectividad de Los Pepes y el Bloque de Búsqueda quedó potenciada por la colaboración de inteligencia brindada por Estados Unidos”. Sigue Zapata, y es claro: “El Bloque de Búsqueda rompió todas las barreras para llegar a Escobar, pero quien le dio los tiros fue Tito, Diego Fernando Murillo, hermano de Bernardo.” Según Restrepo, “hay paramilitares que indican que fue el propio Carlos Castaño quien lo mató… No hay evidencia alguna de eso, por lo tanto seguirá siendo el entonces coronel Hugo Aguilar el que acabó con la vida de Escobar”. La voz en off destaca “que Tito mató a Escobar, también fue declarado ante la justicia estadunidense por el exnarco Fabio Ochoa Vasco”, y Javier Peña, agente de la DEA, refiere:

“Algunas personas dicen que Pablo Escobar se suicidó, y hay gente que todavía alega que no era Escobar, pero sabemos que sí era. Y sabemos que el tiro que lo mata es de la Policía Nacional de Colombia.” Llama la atención de los periodistas entrevistados por el cineasta argentino que una vez muerto Escobar, Los Pepes jamás hayan sido capturados o enjuiciados “por su accionar durante esa cazaría sangrienta”. Restrepo se muestra asombrado: “Los Pepes nunca fueron perseguidos por el Estado”. Los productores de ¿Quién mató a Pablo Escobar? son Julián Rousso, Sebastián Gamba, Matias Gueilburt y Nicolas Entel. La coordinación de producción estuvo a cargo de Leila Ullisky. La idea surgió del productor del documental Pecados de mi padre, Nicolás Entel, con el hijo del narco en el exilio, y la retomó Ánima Films, a decir de Pablo Galfré, quien señala que con su nueva versión del asesinato no se aportan certezas, “porque no sabemos quién mató a Escobar; pero sí creemos que hay varias dudas al respecto”. Y sigue en su disertación: “Planteamos una pregunta a partir de varios testimonios de que Los Pepes lo mataron y otros testimonios que dicen que fue el Bloque de Búsqueda.” –¿Qué opina del narcotráfico? –A Escobar lo inventó el Estado, Estados Unidos, y el capitalismo, al perseguirlo. Yo estoy a favor de la regulación de las drogas, lo peor es perseguir de esa manera a un delincuente. “Es lo mismo que está pasando en México, he estado en Ciudad Juárez cuatro veces, Morelia, Monterrey y Guerrero, allá entrevisté a las víctimas del narco y a sicarios. Me causa tristeza que Escobar y El Chapo Guzmán generen tanta violencia en su pueblo. Creo que podrían eternizar su negocio sin derramar tanta sangre. “Nuestro objetivo cuando encaramos esta investigación para ¿Quién mató a Pablo Escobar? era encontrar mayor información fáctica, papeles, documentos y algunos testimonios más contundentes. Eso está al principio, pero las preguntas siguen sin respuestas, sería interesante poder responderlas y que quede claro quién lo liquidó, ¿fue el Bloque de Búsqueda? O cómo lo mataron Los Pepes, pero la cuestión está abierta para seguir investigando.” Galfré no deja de lado a nuestro país: “Los cárteles en México son más numerosos, es un país más grande, con más habitantes, más consumo, y tienen un problema: su vecino de arriba... Lo de las autodefensas es lo mismo de siempre, los únicos beneficiados son Estados Unidos y la industria armamentista, las armas que hay en México provienen de Estados Unidos. Creo que la única opción es regularizar las drogas y que haya controles sanitarios. A Colombia le llevó 20 años acabar con las autodefensas.” Y suma su crítica el director de ¿Quién mató a Pablo Escobar?: “Muchos son los beneficiados a partir de la prohibición de la droga.”

La Conade gasta sin reglas Raúl Ochoa La Comisión Nacional del Deporte funciona con apoyo en una ley que carece de reglamento, lo que ya provocó un limbo presupuestal: se está erogando dinero sin rumbo claro; tampoco se está realizando el monitoreo de las federaciones ni el arbitraje deportivo. La apatía de la Conade y la lentitud de los legisladores pusieron en riesgo la renovación de las mesas directivas en por lo menos 10 agrupaciones deportivas. Hace casi ocho meses se publicó la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte (LGD), conocida como la “Iniciativa (Jesús) Mena”. No obstante, es totalmente inaplicable porque no se ha elaborado su reglamento. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) está operando fuera de la norma desde el pasado 7 de diciembre, fecha límite para que se publicara la reglamentación, según en el artículo tercero transitorio de la LGD, según el cual el reglamento deberá “expedirse dentro de un plazo no mayor a 180 días siguientes a la fecha en que ésta (ley) entre en vigor”. El artículo 4 transitorio, en tanto, indica que mientras no se expidan las nuevas disposiciones “seguirán en vigor las que han regido hasta ahora”. Esa indicación, sin embargo, también ha generado problemas. La LGD fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013, y su actual inoperancia ya cuarteó el proyecto de su principal impulsor, Jesús Mena, director de la Conade. Buena parte de los planes que prometió o que se le encomendaron están a la deriva por la falta de un nuevo marco normativo. Un ejemplo es el programa estrella de Mena, “Ponte al 100”, que intentaba movilizar a 3 millones de mexicanos. Pero está funcionando sin un marco jurídico adecuado, por lo que el titular de la comisión admitió el 13 de diciembre último que no se cumplirá la meta anhelada. Además, el flujo de dinero ha entrado a una zona oscura. Se están utilizando los recursos federales para infraestructura deportiva (el rubro con el más alto presupuesto: 3 mil 211 millones 584 mil 102 pesos) sin una normativa congruente que los dirija, aproveche y fiscalice. También se están realizando elecciones en los consejos directivos de las federaciones deportivas y cambios de estatutos sin supervisión. Otro problema se vive en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), considerada el máximo órgano para impartir la justicia deportiva en el país. Actualmente está incompleta y no puede renovarse. La situación en la CAAD ilustra cómo diversos programas se están asfixiando a más de un año de gestión de Mena. Y todavía le falta La secretaria de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, la perredista

Juana Bonilla, advierte que el reglamento aún tardará en ver la luz, porque antes los priistas pretenden reformar la LGD, como se expuso en la última reunión del año de esa comisión en diciembre pasado. “Nos explicaron que estaban muy rezagados en la chamba y que todavía les iba a colgar más o menos un mes” concluir las modificaciones y agregados a la legislación vigente. “Le están dando demasiadas largas. Los priistas están hechos bolas en su propio intento por reestructurar la ley. Expusimos que no podemos dictaminar ni hacer los cambios que propusieron Gerardo Liceaga y otros legisladores porque todavía no hay una ley reglamentaria”, acusa. Liceaga, excomentarista deportivo de Televisa, legislador priista por el Estado de México e integrante de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, promueve un plan antiviolencia en los estadios. Bonilla considera que las modificaciones que pretenden Liceaga y sus compañeros darían lugar a “una ley inquisitorial”, porque incluyen penalizar a los aficionados, integrar una lista nacional de las personas que realizan desmanes en los estadios y prohibirles el acceso a los inmuebles deportivos. La propuesta, plantea la diputada, “acarrearía cambios al Código Penal, además de una violación a los derechos humanos”. Víctima de su pasividad, a Liceaga lo rebasó el tiempo. El exreportero trabajaba sin prisas en su texto cuando la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados aprobó la “Iniciativa Mena”, planteada por la Comisión de Juventud y Deporte del Senado a finales de abril pasado, en vísperas de la conclusión del periodo ordinario de sesiones. “Gerardo Liceaga trabajó previamente el asunto, pero no lo tenía terminado cuando se aprobó la LGD. Entonces se acordó que posteriormente se presentaría una serie de propuestas para afinar dicha ley. Y, segundo: un artículo transitorio de esta ley indica el mes de diciembre como plazo para la ley reglamentaria. Ese es el problema”, advierte Bonilla. Casi de forma paralela, el titular de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, Felipe El Tibio Muñoz, envió al Congreso su propia iniciativa para una nueva ley del deporte. –¿Fue un error impulsar una nueva ley del deporte a toda prisa? –Fue correcto. El problema es que no ha salido la parte complementaria, es donde todo se ha estancado. ¿De quién es el error? Francamente se lo atribuyo de manera muy puntual a la Conade. –¿Más que al PRI? –Ahí hay una mezcla de todo, porque la ley reglamentaria fue un asunto que comentamos en reuniones con la Conade, y de igual forma lo hicimos con El Tibio Muñoz, y le han estado dando largas. El Tibio da respuestas muy vagas. Para completar, el propio presidente Enrique Peña Nieto empezó a comprometer dinero. Ordenó que el proyecto de construcción de los Centros de Alto Rendimiento en las 32 entidades del país fuera encabezado por el exfutbolista argentino Jorge Valdano, quien además se verá beneficiado con la concesión para administrar esos recintos (Proceso 1942). Dicha medida, asegura la diputada Bonilla, “indica que Peña Nieto no tiene ni

siquiera la plena confianza en sus titulares respecto a estas áreas, concretamente del deporte. Eso está reflejando al poner estructuras paralelas, lo cual es grave porque entonces hay una falta de institucionalidad y de fortalecimiento a las propias instituciones. La propia Conade tenía la oportunidad de salir adelante en el sentido de apoyar a los atletas de alto rendimiento, la infraestructura deportiva y a los institutos del deporte de los estados. Así su estructura poco a poco se va empequeñeciendo”. La legisladora adelanta que promoverá “un llamado de atención y un exhorto al Ejecutivo, porque si lo va a hacer con Conade lo puede hacer con cualquiera de las áreas de la federación; no nada más desde la perspectiva del deporte, sino con cualquiera de las áreas, para crear un órgano alterno”. Anuncia que entre las principales tareas para el venidero periodo de sesiones en la Cámara de Diputados figuran realizar el dictamen de la ley reglamentaria “que ya urge”, vigilar que los municipios cumplan en materia de infraestructura deportiva y llamar a cuentas al director de la Conade. “Que nos explique y nos diga los planteamientos de trabajo para 2014, cómo va a dirigir los recursos y sus objetivos. Como personalmente se lo manifesté, el titular de Conade debió haber sostenido una reunión de trabajo con esta Comisión del Deporte, por lo menos para saber el tipo de requerimientos de su organismo, de tal manera que se pudieran plasmar en el presupuesto, pero hubo un distanciamiento, una línea que separó a la Conade de la Comisión del Deporte. “Entiendo que ese papel debieron dejárselo al Tibio Muñoz, pero él, como presidente de la Comisión del Deporte, tuvo una actitud muy pasiva. Es decir, ni ventilamos la ley reglamentaria ni revisamos el presupuesto. Tengo mi versión estenográfica en la que les insistí (a sus compañeros de la Comisión del Deporte): revisemos el presupuesto, hagamos propuestas con cifras. Tenemos derecho a hacerlo y enviarla a la Comisión de Presupuesto.” Bonilla continúa: “Lo único que se mandó fue un presupuesto que rebasó los 5 mil millones de pesos en proyectos de infraestructura deportiva, pero no hubo una propuesta global. Fue una actitud muy pasiva del Tibio, porque varios diputados le propusimos hacer un presupuesto global. En ese sentido hubo una falta de visión”. Vía libre Cuando la Conade impulsó la LGD a través de la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, promovió también la desaparición de la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), dependiente del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (Sinade). Por ello, ese organismo dejó de recibir recursos del erario. La LGD también establece la creación del Órgano de Vigilancia, Control y Evaluación (Coved), que dependerá de la Conade y asumirá parte de las atribuciones que le correspondían a la Codeme. Entre ellas está la supervisión de los procesos internos de elección de las asociaciones y federaciones deportivas nacionales. La Conade ni siquiera ha integrado el Coved, porque mientras no exista un reglamento no se sabe cuáles serán sus atribuciones precisas y la forma en que

va a operar. Sin embargo, federaciones como las de frontón y de tiro y caza ya celebraron sus elecciones sin vigilancia, puesto que se les vencía el periodo. A finales de 2013, la federación de levantamiento de pesas realizó elecciones con base en los estatutos de la Codeme, técnicamente extinta. Este año deben renovarse las mesas directivas de atletismo, deportes sobre silla de ruedas, golf, jiu jitsu, tiro con arco, deporte para todos, arte y cultura. Y ya están vencidos los procesos de las federaciones de billar, boxeo, colombofilia, crossball y patinaje sobre hielo. El empalme de la normativa antigua y la nueva provocó ya un problema grave. El 29 de octubre de 2013, la Conade inhabilitó tres meses al presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA), Antonio Lozano Pineda, por “de­sa­catar” una resolución de la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD). Según el expediente, Lozano creó una asociación deportiva jalisciense paralela a la oficial. Cuando le ordenaron desarticular su invento, simplemente ignoró la orden durante un año. Sin embargo, Lozano impugnó y ya ganó el primer round. El 4 de diciembre pasado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Tercera Sala Regional Metropolitana le concedió la suspensión para efectos. Lozano argumentó que la Conade le aplicó la sanción con base en la actual LGD, cuando en realidad debió aplicarse el reglamento de la ley anterior, como lo establece el artículo quinto de los transitorios de la presente legislación deportiva: “Todos los procedimientos y recursos administrativos relacionados con las materias de esta ley que se hubiesen iniciado bajo la vigencia de la Ley General de Cultura Física y Deporte se transmitirán y resolverán conforme a las disposiciones de la ley que se abroga”. No ha sido el único tropezón para la CAAD. Opera a medias porque aún falta cubrir la vacante que dejó uno de sus integrantes, David Hernández, que abandonó esa comisión el año pasado para promover, en su carácter de asesor del director de la Conade, la llamada “Iniciativa Mena”. L

Surgen “autodefensas”... en el taekwondo Beatriz Pereyra Algunos de los entrenadores más influyentes del país se aliaron para enfrentar a Juan Manuel López Delgado, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo. En una solicitud de amparo lo acusan de actuar como cacique y de inventarse una tira interminable de cobros excesivos: afiliación, kits de vestuario, revalidación, exámenes, niveles, avales… Incluso hay que pagar por combatir en torneos patrocinados por el gobierno federal. Un grupo de entrenadores promovió un juicio de amparo en contra de los actos del presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo (FMTKD), Juan Manuel López Delgado, y del nuevo marco normativo contenido en el Estatuto, Reglamento del Estatuto y Reglamento Técnico Deportivo de este órgano deportivo, que entró en vigor en octubre pasado. Interpusieron su demanda en repudio a los cobros abusivos a atletas, entrenadores, árbitros, escuelas y, en general, a cualquier persona o institución que quiera participar en el taekwondo, incluso en preselectivos y selectivos nacionales. Los afectados denuncian que quien no paga está impedido de practicar este deporte. En la solicitud de amparo se asienta que el presidente de la FMTKD ha abusado del poder con el que cuenta en su calidad de colaborador de la administración pública federal –tiene esta condición porque recibe dinero del gobierno–, y en lugar de promover la práctica del taekwondo violenta derechos constitucionales y contraviene la propia Ley General de Cultura Física y Deporte. “Se impone a la colectividad deportiva nacional en la disciplina del taekwondo un acto administrativo unilateral que aparece como un orden estatutario obligatorio que contiene una interminable cascada de cargas tributarias obligatorias, con la precisión de que la falta de liquidación de dichas cuotas, arbitrariamente fijadas, traerá como consecuencia la inhabilitación para participar en los eventos deportivos y las competencias nacionales. De modo que con esta especie de extorsión disfrazada se comete una flagrante violación (…) el presidente de la federación aprovecha la necesidad de estos eventos de competencia, abusando de las funciones que le otorga la administración pública federal para eslabonar una artificiosa cadena de requisitos mediante los cuales se condiciona al pago de estas cuotas la participación en los eventos deportivos.” En la narración de los hechos, los entrenadores dan cuenta de que el sábado 11 se reunieron con el gerente de la FMTKD, Ricardo Argudín, para conocer los detalles de un torneo preselectivo rumbo a la olimpiada nacional, programada para el sábado 25 en el gimnasio Juan de la Barrera. El federativo les informó que el 12 de octubre de 2013 se realizó una asamblea extraordinaria en la que se aprobó un nuevo marco normativo, merced al cual toda la comunidad del taekwondo debía pagar 300 pesos por concepto del Registro

Único de Federación (RUF) y cubrir otras cuotas por trámites administrativos, aunados a los que ya existían. Una de esas cuotas es la inscripción federativa de una institución de taekwondo, que cuesta 15 mil pesos. Cada institución debe contar con mínimo 10 escuelas y cada escuela debe tener 25 alumnos y tres directivos. Cada una de esas 280 personas está obligada a pagar el RUF (84 mil pesos en total). Según la página de la federación, actualmente hay 165 instituciones registradas en todo el país, lo que da un total de 13 millones 860 mil pesos anuales sólo por el pago del RUF. Además, se cobrarán 800 pesos por la constancia de registro de cada escuela. Por el Registro Nacional de Grados hay que pagar a partir de ahora 450 pesos, dependiendo del dan (nivel) que cada entrenador posee. Y se obliga a todos los afiliados a participar en un congreso anual, cuya matrícula es de 2 mil pesos. Los entrenadores están obligados a tomar un curso en el Colegio Nacional de Entrenadores (Conae) que el mismo presidente de la federación creó. El curso se compone de 10 módulos, cada uno a razón de 2 mil pesos, y se realiza en distintas ciudades del país, por lo que también hay que gastar en pasajes, hospedaje y alimentación. Si los entrenadores deciden no tomarlo –porque no quieren o no tienen para costearlo– no podrán trabajar al lado de sus alumnos durante las competencias. Sólo se les permitirá estar en las gradas. También tienen que adquirir un kit de pants y gorra que cuesta 600 pesos. Si no tienen este uniforme se les prohíbe couchear a sus deportistas. Los alumnos deben comprar un kit parecido. Si no, no pueden participar. Para inscribirse y competir en selectivos y preselectivos nacionales, los atletas tienen que desembolsar 600 pesos. Nada más en el preselectivo que se realizó en Veracruz del 14 al 18 de noviembre de 2013 se inscribieron alrededor de 2 mil 500 participantes. Paralelamente, la institución que desee organizar un torneo tiene que pagar 6 mil pesos para contar con el aval de la federación. Estos son sólo algunos de los pagos que ha impuesto la FMTKD. Los demandantes aseguran que no se sabe a dónde han ido a parar. “El presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo vio la oportunidad de sentarse a la bien servida mesa del taekwondo (…) el primer paso emprendido fue el de utilizar la técnica muy de moda de cobrar ‘el derecho de piso’, centraliza y monopoliza de manera totalitaria la promoción de cualquier evento para así poder cobrar avales y, al mismo tiempo, tener injerencia y participación en las utilidades del mismo (…) es la confección de un traje a la medida para poder exprimir económicamente a la comunidad del taekwondo (…) en este entorno de actuación caciquil se utiliza la fuerza de la autoridad y del poder coactivo del servidor público al frente de esta asociación deportiva nacional para exigir a sus agremiados diversas prestaciones en dinero por servicios que en esencia deben otorgarse de manera gratuita (…) con este marco estatutario la federación obliga a ceñirse a sus caprichosas determinaciones bajo la amenaza de dejarlos fuera del deporte nacional, o bien, aplicar sanciones que pueden llegar hasta la expulsión definitiva, instituyendo así un monopolio deportivo dirigido desde un escandaloso cacicazgo”,

se lee en la demanda que fue presentada el martes 21 y turnada al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal. Estos recursos –y otros– que recauda la FMTKD son aparte del presupuesto que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) le otorga cada año. En 2013, López Delgado recibió 21 millones de pesos, por tratarse de uno de los tres deportes que el gobierno federal catalogó como prioritarios. Sólo para realizar actos nacionales le entregó casi 14 millones de pesos más. Es decir, el gobierno federal financió esos torneos en los que se cobró a atletas y entrenadores por participar. Para este 2014, la Conade ya le autorizó 30 millones de pesos sólo para viajes a concentraciones y competencias de las selecciones nacionales, según publicó el diario Excélsior el miércoles 22. Encabezados por el abogado José Torres Navarrete, los entrenadores Reinaldo Salazar (padre de los medallistas olímpicos en Atenas 2004 Óscar e Iridia Salazar), Rubén Villalobos, Margarita López Lugo, Juan Carlos Estrada, Juanita González Cerón, Roberto Padilla, Francisco Meléndez y Enrique Rivera –todos de distintas escuelas de taekwondo en el Distrito Federal– aseguran que el esquema con el que opera Juan Manuel López Delgado corresponde al del crimen organizado, en el que él funge como el líder de lo que llaman “La Familia del Taekwondo” en alusión al cártel michoacano. Aseveran que el federativo pone y quita a los presidentes de las 36 asociaciones deportivas estatales que integran la FMTKD según le conviene. Cuando son sus incondicionales, los apoya aunque su organización no esté debidamente constituida; pero cuando caen de su gracia (incluso sólo por hacer algún comentario que le moleste) y aunque cumplan con todos los requisitos, les quita el cargo para poner a otro que le obedezca ciegamente. Algunos ejemplos: Javier López en el Distrito Federal, José Luis Ramírez en el Estado de México y Alejando Benítez en Puebla. Es tal el grado de inconformidad que los entrenadores han creado lo que denominan un grupo de “autodefensa”, al que esperan que se unan más opositores a la gestión de López Delgado y de Jesús Mena, titular de la Conade. “Queremos que se vayan estos directivos tramposos y ratas. Existe una nueva ley y en ella nos amparamos, queremos que todos los profesores la conozcan y luchen por sus derechos. Es un movimiento justo para que nos dejen trabajar. Habrá represalias, pero no nos importa. No tenemos miedo. Mi alumno Carlos Arrazola no puede participar en un evento de cintas negras del Instituto Politécnico Nacional porque tiene que pagar el registro. Esto es una mafia. Juan Manuel es el capo que dicta las reglas”, acusa Rubén Villalobos. Margarita López Lugo asegura que hay problemas severos en escuelas de Jalisco, Colima, Nuevo León, Veracruz, Baja California, Puebla, Morelos, Distrito Federal y Estado de México donde hay muchas inconformidades con todos los cobros. “La autoridad que se llama Conade no lo vigila ni supervisa. El monstruo ha crecido así porque la Conade no lo ha llamado al orden, le permite que haga lo que se le da la gana. El propio estatuto dice que incluso, si no quiere, no acatará las resoluciones de la Comisión de Apelación y Arbitraje Deportivo (CAAD),

entonces hasta por reglamento nos quiere impedir defendernos de sus abusos”, dice Torres Navarrete. Juan Manuel López Delgado, acusan, rechaza a todo aquel que incumpla con sus reglas y lo relega por no estar federado. Sin embargo, señalan los entrenadores, esa “arma” también la utiliza a conveniencia. Por ejemplo, aunque un entrenador no esté afiliado a la federación, por la razón que sea, si paga 4 mil 500 pesos por cada módulo de los cursos del Conae se le permite tomarlos. Si alguien desea organizar algún torneo puede hacerlo, siempre que pague la cuota correspondiente y contrate al cuerpo de árbitros y a los médicos que le indique. “Los cursos del Conae están avalados por la UNAM, pero antes tomábamos los cursos del Sicced (Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos), avalados por la Conade y la SEP, que no cuestan lo que López Delgado nos cobra. A él lo que le importa es el dinero. No le importa si lo tomas o no, si aprendes o no, con que paguemos es suficiente”, refiere Padilla. López Delgado, dicen, no reconoce los grados que ya poseen los entrenadores, incluso de aquellos que se han certificado en Corea. A todos les exige que presenten otra vez los exámenes –por los que cobra 6 mil pesos– para que él los avale. Lo mismo sucede con los deportistas. Aunque no estén afiliados a la FMTKD les permite participar en los torneos siempre y cuando paguen los 600 pesos. En el campeonato nacional juniors de Veracruz se inscribieron tantos participantes que los niños y jóvenes compitieron durante dos días, incluso de madrugada. Como no había el número suficiente de tatamis, hubo atletas a quienes les tocó combatir entre las cuatro y seis de la mañana. Los que viajaron de otros estados tenían sus horarios de regreso, de tal forma que si las competencias se postergaban más días perderían sus vuelos, por eso exigieron que, aunque fuera de madrugada, se llevaran a cabo los combates. La federación no previó esta situación. Para algunos otros fue inhumano que los pequeños estuvieran despiertos y en tales condiciones, y prefirieron retirarse. La FMTKD no les reembolsó los 600 pesos de la inscripción y familias enteras gastaron y no vieron competir a sus hijos o hermanos, que entrenaron durante meses para el preselectivo. El profesor Reinaldo Salazar asegura que en el marco del Congreso Nacional de Presidentes, que tuvo lugar en Cancún en octubre pasado, el domingo 12 se realizó una asamblea extraordinaria en la que se aprobaron los cambios al estatuto –supuestamente en correspondencia con la nueva Ley del Deporte que entró en vigor el 8 de junio de 2013– y se fraguaron muchos de los abusos de los que hoy se quejan. “Los 36 presidentes que son sus amigos, que están puestos a modo, le avalaron todos los cambios al estatuto. Les regaló tablets (computadoras portátiles) a todos y les hizo una fiesta. Varios profesores nos contaron que sólo fueron a emborracharse y que, como siempre en esos congresos, es un tomadero de alcohol y les da regalos para que voten por él y todo lo que quieran hacer”, acusa Margarita López.

“Ya no sabían ni lo que estaban aprobando. Ni entienden el costo de lo que votaron. Todo fue por unanimidad y todos ya tomados”, añade Reinaldo Salazar. Los entrenadores fustigan la forma en la que públicamente se conduce López Delgado, quien, asientan, tiene problemas con su manera de beber. Toma alcohol delante incluso de los propios seleccionados nacionales y acostumbra aparecerse en las competencias con los malestares propios de una resaca. “Yo lo he visto y he olido el tufo etílico que se percibe a distancia. Apenas en el US Open de Las Vegas llegó crudo a las competencias. Los propios atletas nos han manifestado a varios que estando en otros países tienen que aguantar sobremesas de varias horas porque ahí los tiene viendo cómo se emborracha”, cuenta Roberto Padilla. Reinaldo Salazar abunda: “Cuando va a Corea (a la Federación Mundial de Taekwondo) siempre bebe y lo tienen que ayudar a subir al cuarto de hotel. Se lo han llevado hasta en silla de ruedas porque no lo pueden cargar, no está nada ligerito”. El árbitro Juan Carlos Estrada explica que desde antes de que se convirtiera en presidente de la FMTKD, Juan Manuel López Delgado (dueño de la institución Koguryo Calmecac Taekwondo A.C., con sede en Aguascalientes), ya acusaba problemas con su manera de beber, al grado que no podía acudir a las competencias y se quedaba en su habitación del hotel “A veces no se presentaba a los selectivos porque estaba hasta el tope de borracho. Otra persona se tenía que encargar de los deportistas que él llevaba. Su prioridad siempre ha sido el alcohol. Él es el peor ejemplo en la federación, se emborracha delante de los atletas. Si ellos lo ven así, ¿con qué autoridad moral los puede llamar al orden si él se embriaga siempre?”, cuestiona. Desde que López preside la FMTKD, Estrada ha estado congelado a pesar de ser juez internacional, ya que se rehúsa a pagar las cuotas que le exigen. A los entrenadores también les enfurece que López derroche el dinero en fiestas lujosas, como la que ofreció el 21 de diciembre pasado en un salón de avenida Reforma. Contrató al grupo Sonora Dinamita, que por cada dos horas de servicio cobra 80 mil pesos. Como invitados especiales estuvieron el subdirector de Calidad para el Deporte de la Conade, Othón Díaz –responsable de autorizarle el presupuesto federal– y su amiga Norma Olivia González, integrante de la CAAD, el órgano responsable de impartir justicia en el deporte mexicano.

Reportan anomalías en instituciones educativas “Estrangulamiento” de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros Señor director: Durante mucho tiempo, y en particular en los últimos siete años, las escuelas normales públicas han sido botín político de algunas autoridades de la SEP, de las dirigencias sindicales y de los gobiernos locales. Es por eso que quiero denunciar la asfixia financiera y académica a que hemos sido sometidos en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros (BENM), pues los directivos (la mayoría designadas por el SNTE) de la Administración Federal de los Servicios Educativos en el DF, de la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y hasta los de la propia institución han reducido el presupuesto regular, y presentan subejercicios anuales de hasta el 50%. Igualmente, han llegado a devolver a la Tesorería de la Federación (Tesofe) el 100% de los recursos complementarios que se nos asignan mediante el Programa de Fortalecimiento de la Educación Normal (Profen 2010), además de ejercer la mitad de los montos destinados a estudiantes adscritos al Programa Nacional de Becas para la Educación Superior (Pronabes). Y no conformes con eso, han impedido que la escuela ejerza los recursos autogenerados mediante las cuotas y otras aportaciones de los usuarios de algunos servicios. Tales medidas obstaculizan un número importante de actividades académicas cotidianas: la realización y asistencia a congresos, simposios, foros y otros eventos importantes. Se niega la publicación de libros y revistas, y faltan casi por completo los suministros básicos de oficina. En 2012, la SEP dijo haber asignado cerca de 110 millones de pesos para la aplicación de la reforma curricular; sin embargo, con diferentes pretextos y con versiones contradictorias, esa cantidad desapareció sin que la escuela recibiera un solo peso. Adicionalmente, el 29 de diciembre pasado la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 710 con las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad de las Instituciones Educativas (Profocie), con el cual se brindará en 2014 apoyo financiero adicional (poco más de mil 500 millones, de acuerdo con cálculos de algunos medios) a 461 instituciones públicas de educación superior del país (universidades, escuelas normales y tecnológicos). Pero de las cinco normales del DF, se omite a la BENM. No es todo. Las autoridades de la Dirección General de Educación Normal impiden o cancelan múltiples actividades académicas que maestros y estudiantes organizan con sus propios recursos, con argumentos tan banales como que se debe pedir permiso para su realización. Esto es insólito, pero evidencia la estrategia que han seguido la SEP y el SNTE para acabar con estas instituciones formadoras de maestros. Todo esto ha sido denunciado ante las propias autoridades, y el Pleno de los Coordinadores de Colegios solicitó la intervención del secretario de Educación Pública, mas no hemos recibido respuesta.

Por lo anterior, exijo que cesen los actos de estrangulamiento de que somos objeto, que se nos permita desarrollarnos como una institución de educación superior y que la SEP nos reciba para plantear estos y otros problemas y acordar medidas básicas para su solución. De otra manera, la convocatoria publicada el pasado 15 de enero para realizar foros de consulta sobre la transformación de la educación normal solamente será un acto más de simulación. (Carta resumida.) Atentamente Maestro Arturo Mejía Sánchez Académico de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros

Denuncia faltas de pago a maestros de posgrado del IPN Señor director: A través de su prestigiado medio espero sea posible difundir la siguiente carta, destinada a la directora general del Instituto Politécnico Nacional, así como a la comunidad académica. Doctora Yoloxóchitl Bustamante: Al menos desde 2011, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco del IPN se ha hecho costumbre dejar de pagar a la mayoría de los profesores de posgrado a partir de la segunda quincena del ciclo escolar. Cuando uno pregunta, las autoridades dicen que los trámites tardan; así que para volver a cobrar pasan cinco o seis meses, y en ocasiones más. También hay casos de académicos trabajando 40 horas semanales a quienes sólo pagan 19, y la diferencia les llega al final del semestre. O doctores que para entrar a programas de excelencia deben renunciar a sus horas de base y quedarse sin salario por buen tiempo. Ya cumplí un año desde que me fue suspendido el pago. En ese lapso se cometieron otras anormalidades: lo mismo sustituir un acta de examen de maestría que la discrecionalidad y prepotencia de la Secretaría de Investigación y Posgrado, la cual actúa abiertamente contra la ley (esto ha sido denunciado con copias de documentos probatorios). Sin embargo, el SNTE no hizo nada; al jefe de Posgrado de la ESIA no le interesa el tema y protege a su antecesor, en cuya gestión aumentaron tales problemas, mientras que el director de la escuela, Humberto Chehaibar, pasó de pedir tiempo a prácticamente esconderse en su oficina. Derechos Politécnicos adujo falta de competencia para resolver, aunque uno de sus abogados reconoció la existencia de irregularidades. Tampoco se sabe de alguna investigación iniciada por el Órgano Interno de Control. Como hasta hoy la única “oferta” para poder cobrar lo trabajado pasa por cargar la culpa de manejos burocrático-administrativos nada claros, que la presente al menos sirva de alerta para que doctores sin plaza académica tengan cuidado en aceptar ofertas del Posgrado de la ESIA Tecamachalco, pues corren el riesgo de que no les paguen. Ojalá que este tipo de prácticas se limite a una escuela, y no formen parte de una política más amplia de precarización laboral que dañaría la imagen de una institución como el Politécnico Nacional. Atentamente Doctor Édgar Morín Martínez

Trabajadores reinstalados en la UPV exigen acatar sentencias Señor director: Le agradeceré difundir en Palabra de Lector la siguiente denuncia. En 2006 fui despedido junto con otros trabajadores de la Universidad Pedagógica Veracruzana (UPV). Ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje exigimos nuestra reinstalación, y obtuvimos un laudo favorable. El 3 de junio de 2009 fui reinstalado, aunque la Secretaría de Educación aún no me cubre las prestaciones económicas a las que resultó condenada (expediente 354/2006-II). Ante la inconstitucional omisión de pagar las cantidades que adeuda la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) por liquidación y en lo que respecta al laudo dictado a favor de los demandantes (juicio laboral 354/2006-II), el grupo de reinstalados en la UPV presentamos la demanda de amparo 1844/2013, pues no se percibe intención alguna de cumplir por parte del Ejecutivo estatal y las autoridades educativas. Al ser notificado el gobernador de la sentencia de amparo, ganada por nosotros, en lugar de acatarla interpuso un recurso de revisión, con lo que persiste en su actitud omisa y se niega a asumir su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley; asimismo, nos mantiene en indefensión jurídica, con el pretexto de que no es omiso, ya que, afirma, la SEV tiene la intención de cumplir con el laudo referido y ya nos reinstaló parcialmente. Cabe mencionar que llevamos ya cuatro años y medio sin que se nos proporcione seguridad social y sin que sean reconocidos nuestros derechos y prestaciones laborales, en flagrante violación de los derechos humanos que nos amparan como trabajadores, así como de la normatividad institucional, en virtud de que no tenemos servicios de salud y persisten en no pagar los salarios en tiempo y forma. Aunque el Reglamento Interno de la SEV estipula que el pago es quincenal, actualmente se me paga de manera mensual, sin considerar prestación alguna y con un salario cuyo monto se congeló desde 2006. Es decir, tampoco se han aplicado los incrementos habidos desde entonces. Exigimos, pues, a las autoridades, actuar conforme a derecho. (Carta resumida.) Atentamente Valentín Córdoba Reyes

Postrada por presunta negligencia médica, sin apoyo para mejoría Señor director: Sirva la presente para solicitarle un espacio en Palabra de Lector con el fin de pedir ayuda al presidente Enrique Peña Nieto; al gobernador de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, y a fundaciones de ayuda a discapacitados, para nuestra hija Jovita Cedillo Aguilar, quien debido a una presunta negligencia médica desde hace 20 años está postrada en cama. Ella, en ese entonces de 18 años, tenía anhelos de estudiar una carrera profesional y llegar a ser alguien en la vida. Pero todo se interrumpió cuando, a finales de 1993, empezó a sentir malestares de cabeza y mareos. De inmediato, sus padres la llevamos con un doctor particular de Córdoba, Veracruz, pues nunca hemos contado con algún tipo de seguridad social pública, para que se hicieran los estudios pertinentes. El resultado fue alarmante. Se nos dijo que Jovita necesitaba ser operada urgentemente del cerebro, por lo que se nos recomendó trasladarla al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía del Distrito Federal, en donde la operaron. De la intervención, aparentemente salió bien, ya que al darla de alta salió caminando del hospital, cosa que nos emocionó mucho a toda la familia. Para seguir con su rehabilitación le aplicaron 28 radiaciones durante 1994. Entre finales de ese año y marzo de 1995 fue sometida también a dos quimioterapias, y justamente a partir de éstas sus piernas comenzaron a debilitarse y sus brazos a perder fuerza; muy pronto empezó la deformación de sus extremidades, al grado de ya no poder caminar. A partir de allí, hace ya 20 años, Jovita no ha sido atendida en hospitales de la Secretaría de Salud debido a que nunca nos entregaron su expediente médico por más que lo solicitamos; y por esta causa los médicos dicen que no pueden hacer nada. Para evitar que la deformación de sus huesos avance más rápido, los galenos recomiendan darle masajes con agua caliente en todo su cuerpo. Pero éstos no se los pueden practicar en ninguno de los hospitales de la Secretaría de Salud de la región de Córdoba u Orizaba, porque Jovita sobrevive con una sonda permanentemente. Los responsables de áreas de diferentes hospitales que hemos visitado, donde emplean dichas terapias, advierten que es muy riesgoso recurrir a este tipo de tratamientos, en virtud de que Jovita puede contraer una infección. Según médicos que la han tratado, podrían aplicarse en casa para evitar contagios, pero sólo teniendo una tina de hidromasaje. Desafortunadamente no contamos con ella. La tina y la instalación de la misma son muy caras. Por lo anterior, pedimos ayuda a los funcionarios públicos mencionados para poder comprar el equipo de apoyo con el fin de aplicar nosotros los tratamientos recomendados. Durante las administraciones de Vicente Fox y de Miguel Alemán en Veracruz dirigimos a las autoridades federales y estatales varias cartas rogándoles su

respaldo, pero todo fue infructuoso y lo ha sido después. En espera de contar con su valioso apoyo, quedo de ustedes a sus apreciables órdenes. Atentamente Ignacio Cedillo Hernández. Avenida Buenos Aires, manzana 13, lote 63 Ejido El Porvenir, Córdoba, Veracruz Teléfono: 01/271/4-05-40-71 Correo: noel.cedillo@hotmail.com

“Chivo expiatorio” preso reclama agilizar apelación en Veracruz Señor director: Le solicito publicar la siguiente carta, dirigida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, licenciado Alberto Sosa Hernández. Señor magistrado: El 28 de septiembre de 2009 comenzó la más amarga pesadilla que he experimentado y que aún sigo viviendo con mi familia: fui secuestrado por agentes ministeriales que, sin orden de aprehensión, me detuvieron acusado de violación y homicidio de mujeres en la ciudad de Isla, Veracruz; ante el fracaso de los investigadores en estos hechos, optaron por buscar chivos expiatorios, a quienes obligaron a confesar a base de torturas, golpes y amenazas. Cuando me aprehendieron sólo tenía 23 años de edad; fui consignado al Juzgado Primero de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, donde se inició la causa penal 263/09. Sin pruebas de que hubiera sido partícipe de los delitos mencionados, me sentenciaron a 70 años de prisión. En febrero de 2013 se inició el juicio de apelación, según toca 653/13, que hasta hoy está pendiente de resolver. Pido su intervención y que se corrija esta injusticia del Poder Judicial. Atentamente Rubén Morales Donn Interno del Cereso Zamora San Andrés Tuxtla, Veracruz

Acusa a Ingenia Muebles de estafas y robos en total impunidad Señor director: Me permito solicitarle publicar la presente misiva, destinada a Alfredo Castillo Cervantes, procurador federal del Consumidor. Señor procurador: A pesar de que Ingenia Muebles, S.A. de C.V. tenía, hasta el pasado 14 de enero, mil 904 quejas en la página de Profeco, esa empresa sigue estafando a la gente y jineteando su dinero con total impunidad, si bien es cierto que en noviembre pasado se le impuso una multa y seis de sus sucursales fueron clausuradas. Las quejas mencionadas proceden de consumidores defraudados por: negativa a la entrega de sus muebles aun después de haberlos liquidado; mercancía defectuosa; negativa de la tienda a devolver el depósito o el dinero de la compra, e incumplimiento en los plazos de entrega de los productos, entre otras. En mi caso, cometí el error de adquirir unos muebles en la sucursal de Plaza Tezontle y liquidarlos desde el 8 de septiembre del 2013. Hasta la fecha no he recibido las mercancías ni me han reintegrado mi dinero. El procedimiento es este: Cuando el cliente paga, se le informa que de no recibir los muebles en 15 días, debe llamar (“…y arreglar el asunto”) al teléfono que viene en el tícket. Pero al marcar ese número, nunca hay nadie que conteste. Una simple grabación, y se corta la llamada. A partir de allí, como por arte de magia, ¡se esfuman el dinero y los muebles! En mi caso –ya era octubre–, cuando tuve suerte y alguien contestó el teléfono, éste mintió al decirme que mis muebles ya estaban en la tienda. Sólo debía acudir por ellos. Contraté una mudanza, acudí a Plaza Tezontle y me recibió otro vendedor que no sabía nada de mis productos y que groseramente me enfrentó: “¿Se los vendí yo? No. Entonces no es mi problema. Venga otro día”. Pagué la mudanza vacía y me retiré sorprendida y frustrada. Acudí entonces a Profeco para levantar una queja y me dijeron que debo esperar ¡meses! para tener una fecha de audiencia. Y si en esa junta conciliatoria se niegan a devolverme mi dinero, Profeco no tiene la injerencia necesaria para obligarlos a nada. Sólo quedan registros del “mal comportamiento” de la mueblería. Salí de Profeco preguntándome: ¿quién está detrás de esta empresa? ¿Quién tiene tanta “suerte” que sale impune del robo a mil 904 compradores? Quien sea, es el dueño de una cadena de tiendas ubicadas en las mejores plazas comerciales de diversos estados del país. Es anónimo, cobarde, ratero y vividor. Vive de jinetearse mi dinero y el de tanta gente a la que, como a mí, mucho nos cuesta ganarlo. En diciembre, otra vez intenté la devolución de mi dinero y me trasladé hasta Ingenia Muebles de Ejército Nacional, adonde se canalizan todas las quejas (¡vaya cinismo!). Amable, el joven gerente no resolvió nada, pero me proporcionó 10 números telefónicos para que insistiera. En una especie de call center, me prometieron que me entregarían los muebles o mi dinero a la brevedad…

En las llamadas que hacía, a lo descarado me repetían frases estudiadas como esta: “Sí entiendo su problema… pero ahora va a tener que esperarse hasta enero. O meta su queja en Profeco y espérese a la audiencia. No le queda de otra, más que demandarnos o hacer lo que quiera”. Esto me indicó que nunca voy a recuperar mi dinero. Al volver recientemente a la Plaza Tezontle, me recibió ¡otra gerente! Después de pedirme de manera déspota el recibo de pago, consultó mi expediente en la computadora y violentamente me instó a salir de la tienda antes de oprimir el “botón de pánico” para que el personal de seguridad me sacara de la plaza. Los guardias de seguridad acudieron y, gentiles y comprensivos, convinieron en que es injusta mi situación. El hecho es que me sigue resultando increíble que una empresa fraudulenta como Ingenia Muebles, que durante meses jinetea el dinero de sus clientes o de plano les roba opere en total impunidad, y que no haya alguien que ponga alto a esta serie de atracos que siguen incrementando las cifras en Profeco. Atentamente Licenciada Guillermina Basurto Estrada

Afirma que Tiendas Contino y Seguros Ace incumplen contrato Señor director: He sido un cliente constante y cumplido de Tiendas Contino desde 2011, pagando en tiempo y forma los diversos créditos adquiridos en Tuxtla Gutiérrez. Actualmente mantengo tres créditos abiertos, uno de ellos por una lap-top marca Toshiba, que lamentablemente me fue robada de mi domicilio el 6 de noviembre anterior, encontrándome con mi familia en el interior de mi casa. Ese mismo día levanté una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (averiguación previa 379/CAJ4A2/2013). Días después intenté hacer válido el “seguro” Blintek contratado al comprar dicho equipo, y después de semanas de trabas, la empresa Ace Seguros, S.A. dictaminó que no procedía mi reclamo dado que “no existió violencia” en el hurto. Ante esto, me pregunto: Para Seguros Ace, ¿qué es “violencia”? ¿No es violencia el hecho de que el o los ladrones hayan entrado a mi domicilio a la 1:00 de la mañana, estando mi familia y yo dormidos, o quizá fuimos “gaseados” para que no nos percatáramos? Según sé, legalmente se considera una acción “violenta” la circunstancia de que los supuestos autores hayan escalado o sorteado algún muro, reja o cercado de alambre, subido a un techo o a alguna altura que supere los dos metros. Y esto se dio en nuestro caso, ya que ingresaron a mi casa por la azotea. ¿Era necesario entonces que yo o algún otro de mis parientes resultáramos heridos o incluso asesinados para que Ace Seguros, S.A. decidiera “validar” el documento con ellos adquirido? Es decir, “¿sin sangre no vale?”. ¿Tengo que pagar los 18 meses que me restan del crédito sin que tenga ya conmigo la lap-top, y, además, que posea un “seguro” que no me sirve para maldita la cosa? Me reservo el derecho de tomar las medidas necesarias ante instancias como la Condusef, la Profeco y la CNDH. Pero quiero también advertir a otros ciudadanos sobre el riesgo de adquirir un “seguro Blintek” con Contino, pues lo único seguro es que se harán tontos y evadirán la responsabilidad contraída. Como cliente, me siento desprotegido y decepcionado. No creo que Contino no pueda comunicarse con “Seguros” Ace y recomendarle un poco de sensibilidad y sentido común (y apuesto que hay decenas de otros casos similares al mío en todo el país). No puede ser que por sus pistolas Ace diga que “no procede” mi seguro (amparándose ventajosamente en su criterio), y que Contino alegue que “no puede hacer nada”, cuando el contrato y el compromiso al adquirir el equipo los hice con ellos y con nadie más, puesto que quienes me ofrecieron el “seguro” fue personal de Contino, no de Ace. Sin otro particular, y agradeciéndole el espacio que se sirva otorgarme en su prestigiada revista, de la que soy asiduo lector desde hace 23 años, le envío un cordial saludo. (Carta resumida.)

Atentamente Javier Antonio Gordillo Pérez 18a. Poniente Sur 1085, Colonia Xamaipak Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Teléfono: 961/150-57-55

En contra de la política represiva del Gobierno del Distrito Federal Señor director: Contra viento y marea, desde 1997 los ciudadanos del DF hemos ido abriendo caminos de libertades y cambios hacia la democracia. Desde hace 50 años somos resultado de las gestas libertarias de los jóvenes del 68, la organización y la solidaridad ciudadanas en medio de la tragedia de 1985, la rebelión y el desafío de los jóvenes universitarios del CEU en 1987, las inmensas movilizaciones en contra del fraude electoral en 1988, el definitivo respaldo al alzamiento zapatista que en 1994 impidió un baño de sangre a la dignidad humana… Sacrificios, represión y muerte de miles y miles de ciudadanos ha costado a la Ciudad de México ganarle un poco de terreno a la descomposición política y social que priva en todo el país. La libertad de expresión y el derecho a la manifestación de nuestras ideas, al disenso y la protesta social, son derechos humanos y constitucionales a los que no vamos a renunciar. Seríamos indignos de los que han luchado por un mundo mejor –y de nosotros mismos– si claudicáramos de los ideales y principios que nos impulsan. Los integrantes de Morena en la delegación Cuauhtémoc rechazamos la política de represión y criminalización de la protesta social que se ha instalado en el Distrito Federal; repudiamos la sistemática violación a los derechos humanos que cometen los cuerpos policiacos y parapoliciacos, capitalinos y federales, y denunciamos la selectiva y discrecional aplicación de la justicia de que son víctimas las personas detenidas a causa de esta política represiva. No aceptamos ni aceptaremos que un gobierno al que con nuestros votos le dimos la confianza y el poder para seguir intentando hacer de nuestra ciudad un espacio más justo, libre y progresista, se deje avasallar, o peor aún, suscriba y sea parte de las medidas impuestas por el régimen priista y su pacto contra México. La represión del 1 de diciembre de 2012; las de 2013: 10 de junio, 1 y 13 de septiembre y 2 de octubre, así como la del 5 de enero de 2014, con todas sus secuelas de ignominia e impunidad, no son invenciones. Han sido cientos –sobre todo jóvenes– los agraviados por la política represiva que se ha puesto en marcha. Para complementarla, desde la Asamblea Legislativa se emiten y aprueban normas y dictámenes que endurecen penas y sentencias, y se pretende condicionar el reclamo ciudadano a solicitudes por oficio para saber el día, la hora y el lugar en que la autoridad permita y crea conveniente que la gente se manifieste. Nuestra lucha por el cambio y la transformación social en nuestro país, civil y pacífica hasta donde se pueda, si es necesario, también la llevaremos a las calles, colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales de nuestra ciudad. ¡Libertad inmediata a los jóvenes encarcelados por ejercer sus derechos humanos y constitucionales! ¡Alto a la represión y a la criminalización de la protesta social! ¡Rechazo a las contrarreformas laboral, fiscal y energética! ¡No al aumento a la tarifa del Metro!

Atentamente Por el Comité Ejecutivo Delegacional y Coordinaciones Distritales de Morena en Cuauhtémoc: Armando Barreiro Pérez, presidente.