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Proceso para la adquisición de la condición de personal funcionario de carrera del cuerpo de gestión de Administración general y cuerpo facultativo de grado medio de Administración especial de la Comunidad Autónoma de Galicia, subgrupo A2, del personal laboral fijo de diversas categorías y puestos pertenecientes al grupo II, del V convenio colectivo del personal laboral de la Xunta de Galicia, mediante su cambio de vínculo jurídico.

Prueba tipo test

NO abra el examen hasta que el tribunal se lo indique

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1. Según el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones a que dé lugar se efectuarán:

a) Con el representante. b) Con el que figure en primer término. c) Con el que tenga capacidad de obrar.

2. Según el artículo 8 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, referido a los nuevos interesados en el procedimiento, ¿cuál de las siguientes condiciones debe darse en el procedimiento para comunicar a otras personas la tramitación de este?:

a) Que sean titulares de intereses legítimos indirectos. b) Que puedan resultar afectados por la prueba practicada. c) Que el procedimiento no tuviese publicidad.

3. Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán, en todo caso:

a) La fecha oficial, la hora aproximada y los días declarados como festivos. b) La fecha y la hora oficial y solo los días declarados como festivos

nacionales. c) La fecha y la hora oficial y los días declarados como inhábiles.

4. Según el artículo 18 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no compareciesen en él tienen:

a) El deber de proporcionárselos a la Administración actuante. b) El deber de comunicárselo a esa persona. c) El derecho a no declararlo a la Administración actuante.

5. Según el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, las administraciones públicas le entregarán al interesado:

a) Certificación acreditativa de la comparecencia aunque no lo solicite. b) Justificación de la comparecencia solo cuando lo solicite el representante. c) Certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite.

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6. Al regular la responsabilidad de la tramitación, el artículo 20 de la Ley 39/2015 prevé que serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos:

a) Los titulares de las direcciones generales y el personal a su servicio que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos.

b) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos.

c) Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la tramitación o el impulso de asuntos.

7. Según el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos para resolver y notificar del procedimiento administrativo:

a) Cabe recurso de reposición. b) Cabe recurso de alzada. c) No cabrá recurso alguno.

8. Según el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en los procedimientos iniciados a instancia del interesado, la estimación por silencio administrativo tiene, a todos los efectos, la consideración de:

a) Acto administrativo finalizador del procedimiento. b) Solo les permite a los interesados la interposición del recurso

administrativo. c) Solo les permite a los interesados la interposición del recurso

administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 9. Según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las comunidades autónomas podrán realizar copias auténticas:

a) Mediante funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada.

b) Mediante funcionario habilitado, pero no mediante actuación administrativa automatizada.

c) Mediante cualquier funcionario, sin necesidad de habilitación.

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10. Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso:

a) A los procedimientos tramitados por las oficinas de registro. b) A los procedimientos tramitados por las oficinas de inspección. c) A los procedimientos tramitados por las oficinas consulares.

11. Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el acuerdo de iniciación del procedimiento que confirma, modifica o levanta una medida provisional deberá efectuarse:

a) Dentro de los quince días siguientes a su adopción. b) Dentro de los veinte días siguientes a su adopción. c) Dentro de los treinta días siguientes a su adopción.

12. Según el artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿qué órgano administrativo es el competente para disponer la acumulación de un procedimiento a otros?:

a) El que inicie o tramite un procedimiento. b) El que resuelva un procedimiento. c) El superior jerárquico del que inicie un procedimiento.

13. Según el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, cuando el infractor persista de forma continuada en la comisión de hechos o conductas tipificadas como infracciones:

a) No se podrán resolver nuevos procedimientos de carácter sancionador en tanto no recaiga una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

b) No se podrán recurrir otros procedimientos de carácter sancionador en tanto no recaiga una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

c) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter sancionador en tanto no recaiga una primera resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.

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14. Según el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en el inicio de oficio de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, ¿qué plazo se les concederá en el acuerdo de iniciación del procedimiento a los particulares presuntamente lesionados para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho?:

a) Diez días. b) Quince días c) Veinte días.

15. Según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el cómputo del plazo de un año de prescripción para la reclamación de daños de carácter físico o psíquico a las personas empezará a computarse:

a) Desde el día en que se produjo el hecho. b) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. c) Desde la fecha de presentación de la reclamación en vía administrativa.

16. Según el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la Administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad es:

a) Una declaración responsable. b) Una comunicación. c) Una solicitud.

17. Según el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el procedimiento se impulsará:

a) De oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos. b) A instancia de parte en todos sus trámites y a través de medios

electrónicos. c) De oficio en todos sus trámites y a través de medios analógicos.

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18. Según el artículo 72 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, de acuerdo con el principio de simplificación administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan:

a) Un impulso alternativo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. b) Un impulso simultáneo y sea obligado su cumplimiento sucesivo. c) Un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.

19. El artículo 73 de la Ley 39/2015 dispone que, salvo en caso de que en la norma correspondiente se fije un plazo distinto, los trámites que deban ser cubiertos por los interesados deberán realizarse en el plazo de:

a) Quince días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. b) Diez días a partir del día de la notificación del correspondiente acto. c) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente

acto. 20. Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento suspenderán la tramitación de este:

a) Solo si se refieren a la nulidad de actuaciones. b) Solo si se trata de la recusación. c) Si, se suspende la tramitación ante cualquier cuestión incidental.

21. Dentro de los principios de intervención de las administraciones públicas para el desarrollo de una actividad, recogidos en el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las administraciones públicas que establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos deberán aplicar el principio de:

a) Simplicidad y cercanía a los ciudadanos. b) Racionalidad y elegir la medida que asegure su cumplimiento. c) Proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.

22. El artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público recoge que en ningún caso podrán ser objeto de delegación las competencias relativas:

a) A la elaboración de actos administrativos. b) A la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan

dictado los actos objeto de recurso. c) A las materias en que así se determine por norma reglamentaria.

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23. De conformidad con la regulación de la avocación recogida en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, señale la respuesta correcta:

a) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado, que deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere.

b) Contra el acuerdo de avocación cabrá recurso, sin perjuicio del que se pueda interponer contra la resolución del procedimiento.

c) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, no podrá ser avocado el conocimiento de un asunto.

24. Tal y como aparece recogido en el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la suplencia:

a) Habilita al titular de un órgano administrativo a asumir definitivamente las funciones de otro, en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que se tenga declarada su abstención o recusación.

b) No implicará alteración de la competencia. c) Será necesaria su publicación para su validez.

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, para la válida constitución del órgano colegiado, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos:

a) Se requerirá de la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y la mitad de sus miembros o, en su caso, de quienes los suplan.

b) Se requerirá de la asistencia presencial del presidente y del secretario y, presencial o a distancia, de todos sus miembros.

c) Se requerirá de la asistencia, presencial o a distancia, del presidente y secretario o, en su caso, de quienes los suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

26. El plazo de prescripción de las sanciones, según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, comenzará a contarse:

a) Desde el día siguiente al que se dicte la resolución por la que se impone la sanción.

b) Desde el día de la notificación de la resolución por la que se impone la sanción.

c) Desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

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27. Según el artículo 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, no podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie:

a) Identidad del sujeto, hecho y sanción. b) Identidad del sujeto, hecho y fundamento. c) Identidad del sujeto, sanción y fundamento.

28. Señale la respuesta correcta en materia de responsabilidad patrimonial, conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

a) En todo caso, el daño alegado deberá ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

b) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.

c) Los particulares no tienen derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen.

29. En el caso de responsabilidad concurrente de varias administraciones públicas, derivada de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación, recogida en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

a) Las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria.

b) El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta deberá siempre determinar la distribución de la responsabilidad entre las diferentes administraciones públicas.

c) Las administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma mancomunada en función de su grado de participación.

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30. En los supuestos de responsabilidad patrimonial, según dispone el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, la indemnización procedente, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado:

a) Se podrá sustituir por una compensación en especie, pero no podrá ser abonada mediante pagos periódicos.

b) Podrá ser abonada mediante pagos periódicos, pero no se podrá sustituir por una compensación en especie.

c) Se podrá sustituir por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos.

31. El deber de colaboración entre las administraciones públicas implica, según el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, que las administraciones públicas deberán:

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras administraciones de sus competencias.

b) Prestar, en cualquier ámbito, la asistencia que las otras administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

c) Facilitar a otras administraciones cualquier información que precisen, siempre que hayan suscrito un convenio de colaboración a tal efecto.

32. El artículo 144.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público prevé expresamente como técnicas adecuadas de cooperación:

a) La emisión de informes preceptivos y vinculantes con el fin de que las diferentes administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.

b) La participación en órganos ejecutivos de otras administraciones públicas.

c) La prestación de medios materiales, económicos o personales a otras administraciones públicas.

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33. El artículo 146 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, dentro de las técnicas orgánicas de cooperación, regula la Conferencia de Presidentes, que se caracteriza por:

a) Ser un órgano de cooperación bilateral entre el Gobierno de la nación y los respectivos gobiernos de las comunidades autónomas.

b) Estar formada por el presidente del Gobierno, que la preside, y por los presidentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales.

c) Estar asistida para la preparación de sus reuniones por un comité preparatorio del que forman parte un ministro del Gobierno, que lo preside, y un consejero de cada comunidad autónoma.

34. El artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece que las conferencias sectoriales, para alcanzar acuerdos sobre materias comunes, pueden ejercer funciones:

a) Consultivas. b) Colaborativas. c) Intermediadoras.

35. Según el artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones:

a) Establecer planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la creación de duplicidades para la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos.

b) Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a otras administraciones.

c) Establecer mecanismos de intercambio de información, excepto de contenido estadístico.

36. De acuerdo con el artículo 151 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las decisiones que adopte la conferencia sectorial podrán revestir la forma de (señale la opción incorrecta):

a) Acuerdo. b) Recomendación. c) Dictamen.

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37. El artículo 152 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, al referirse a las comisiones sectoriales, indica que son el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la conferencia sectorial y que están constituidas por:

a) El secretario de Estado u órgano superior de la Administración general del Estado designado al efecto por el ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la ciudad de Ceuta y de la ciudad de Melilla.

b) El secretario de Estado de Presidencia, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la Federación Española de Municipios y Provincias.

c) El secretario de Estado u órgano superior de la Administración general del Estado designado al efecto por el presidente del Gobierno, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de las diputaciones provinciales.

38. De conformidad con el artículo 153 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, las comisiones bilaterales de cooperación:

a) Son órganos de cooperación de composición bilateral. b) Reúnen a miembros del Gobierno, en representación de la

Administración general del Estado, y a miembros de los parlamentos autonómicos, en representación de las comunidades autónomas.

c) Únicamente ejercen funciones de asesoramiento. 39. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas así lo requiera, el artículo 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público prevé que podrán crearse comisiones territoriales de coordinación:

a) De composición bilateral. b) Entre administraciones cuyos territorios no sean coincidentes o

limítrofes. c) Para mejorar la coordinación de la prestación de servicios, prevenir

duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios.

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40. El artículo 154 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público establece que, en función de las administraciones afectadas por razón de la materia, estas comisiones podrán estar formadas por (señale la opción incorrecta):

a) Representantes de la Administración general del Estado y representantes de las entidades locales.

b) Representantes de las comunidades autónomas y representantes de las entidades locales.

c) Representantes de la Administración general del Estado y representantes de las comunidades autónomas.

41. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, la presente ley tiene por objeto regular:

a) La contratación de la Administración pública. b) La contratación de los municipios. c) La contratación del sector público.

42. ¿Cuál de los siguientes entes, organismos y entidades se considera que forman parte del sector público a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público? (artículo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):

a) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de un organismo autónomo sea inferior al 50 por 100.

b) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades privadas.

c) La Administración general del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y las entidades que integran la Administración local.

43. Dentro del sector público y a efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes entes no tendrá la consideración de Administración pública? (artículo 3 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):

a) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la seguridad social. b) Las universidades públicas. c) Las mutuas colaboradoras con la seguridad social.

44. Según el artículo 6.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, quedan excluidas del ámbito de la presente ley:

a) Los contratos de obra. b) Los contratos de servicios. c) Las encomiendas de gestión.

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45. De conformidad con el artículo 7.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, se excluyen del ámbito de la presente ley los acuerdos que celebre el Estado:

a) Con otros Estados o con otros sujetos de derecho internacional. b) Con las Islas Canarias. c) Con las sociedades cooperativas.

46. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, quedan excluidos de la presente ley los contratos de:

a) Solo los contratos de investigación. b) Solo los contratos de desarrollo de programas. c) Los contratos de investigación y desarrollo, con las excepciones previstas en la propia ley.

47. El artículo 17 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público define los contratos de servicios como aquellos:

a) Que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

b) En los que la contraprestación a favor de aquél consiste o bien únicamente en el derecho a explotar la obra o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

c) Cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o un suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

48. Señala el artículo 20 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:

a) 2.250.000 euros. b) 5.548.000 euros. c) 4.500.000 euros.

49. Cuando un contrato de servicios haya de ser adjudicado por la Administración general del Estado, estará sujeto a regulación armonizada si su valor estimado es igual o superior a (artículo 22 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):

a) 144.000 euros. b) 750.000 euros. c) 80.000 euros.

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50. De acuerdo con lo señalado por el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes contratos tendrá carácter administrativo?:

a) Los contratos de suministros que sean celebrados por una Administración pública.

b) Los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria.

c) Los contratos de servicios que sean celebrados por cualquier ente que forme parte del sector público.

51. Será el competente para conocer de las cuestiones referidas a los efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores (artículo 27 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):

a) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo. b) El orden jurisdiccional social. c) El orden jurisdiccional civil.

52. La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su aviso previo se produzca (artículo 29 Ley 9/2017, de 8 de noviembre)

a) Al menos con cuatro meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

b) Al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

c) Al menos con seis meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato.

53. Los órganos de las entidades del sector público estatal que tengan la condición de poder adjudicador necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que se derive del encargo (artículo 32 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):

a) Sea igual o superior a diez millones de euros. b) Sea igual o superior a doce millones de euros. c) Sea igual o superior a quince millones de euros.

54. Conforme al artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los contratos del sector público se entenderán celebrados en el lugar:

a) Donde se vaya a realizar la prestación objeto del contrato. b) Donde resida el adjudicatario del contrato. c) Donde se encuentre la sede del órgano de contratación.

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55. Podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación previo a la interposición del contencioso-administrativo (artículo 44 Ley 9/2017, de 8 de noviembre):

a) Los pliegos que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.

b) Los actos de trámite en todo caso. c) Los defectos de tramitación en todo caso.

56. La Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia tiene por objeto, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 1:

a) Regular el régimen jurídico de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y clasificar las entidades instrumentales del sector público atendiendo a la división material de funciones.

b) Regular la organización y el régimen jurídico de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales integrantes del sector público autonómico.

c) Regular la organización de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia y de las entidades instrumentales que ejercen potestades administrativas.

57. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la competencia de los órganos de la Administración general de la comunidad autónoma:

a) Es irrenunciable. b) Es irrenunciable, salvo en los casos de desconcentración y delegación. c) Es irrenunciable, salvo en los casos de desconcentración.

58. De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, deberán publicarse en el Diario Oficial de Galicia:

a) La delegación de competencias y su revocación. b) La delegación de competencias y su avocación. c) La delegación de competencias y su avocación o revocación.

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59. En base al artículo 8 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, podrá ser encomendada intrasubjetivamente a otros órganos de la misma Administración o entidad que la encomendante:

a) La realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios. b) La realización de actividades de carácter material y será responsabilidad

del órgano encomendado dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte a la concreta actividad material.

c) La realización de actividades administrativas, con cesión de la competencia.

60. En base al artículo 9 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la encomienda de gestión intersubjetiva se articulará:

a) Mediante resolución del órgano encomendante en todo caso. b) Mediante resolución del órgano encomendante, que deberá publicarse en

el Diario Oficial de Galicia. c) Por medio de convenios interadministrativos de colaboración.

61. En base al artículo 14 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, los órganos colegiados de las distintas administraciones públicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales:

a) Quedarán integrados en la Administración pública que corresponda. b) No quedarán integrados en la Administración pública que corresponda. c) Participarán en todo caso en la estructura jerárquica de la Administración

pública que corresponda.

62. En base al artículo 16 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la persona que ejerza la presidencia del órgano colegiado:

a) Preside las sesiones y modera los debates con el auxilio del secretario del órgano.

b) Podrá ser sustituido en los casos de vacante, ausencia o enfermedad por el vicepresidente, si lo hubiere y, en su falta, por el miembro del órgano de mayor edad.

c) Siempre tendrá la condición de miembro del órgano colegiado.

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63. En base al artículo 19 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, los acuerdos de los órganos colegiados:

a) Serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo que sus normas específicas prevean otras mayorías.

b) Serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo que en el orden del día se disponga otra mayoría para los asuntos que en él se señalen.

c) Serán adoptados por mayoría simple de votos, salvo que la naturaleza del asunto aconseje una mayoría cualificada.

64. En base al artículo 20 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, en relación con las actas de los órganos colegiados, tendrán derecho a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta:

a) Cualquier miembro, siempre que lo solicite durante la celebración de la sesión o dentro de las veinticuatro horas siguientes.

b) Cualquier miembro, siempre que se refiera a alguno de los puntos del orden del día y aporte en el acto, o en el plazo que señale el presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención.

c) Cualquier miembro que discrepe del acuerdo mayoritario. 65. Según el artículo 25 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, son órganos superiores de la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia:

a) Las consellerías, la vicepresidencia o vicepresidencias, de existir estas, las secretarías generales y las secretarías generales técnicas.

b) Las consellerías, las secretarías generales, las secretarías generales técnicas y las direcciones generales.

c) La Presidencia de la Xunta de Galicia, las consellerías, la vicepresidencia o vicepresidencias, de existir estas, y las secretarías generales.

66. De conformidad con lo establecido en el artículo 1.1 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, es objeto de dicha ley:

a) Regular el modelo de administración digital en el sector público autonómico.

b) Regular el modelo de administración digital en el sector público estatal. c) Regular el modelo de administración digital en los sectores privado y

público autonómico.

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67. De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, cuál de los siguientes sujetos está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:

a) El estudiantado de cualquier nivel para todos los trámites que realice. b) El estudiantado universitario para todos los trámites y actuaciones que

realice sin excepción. c) El estudiantado universitario para los trámites y actuaciones que realice

motivados por su condición académica.

68. De conformidad con lo establecido en el artículo 12.1 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, la administración general y las entidades instrumentales del sector público autonómico de Galicia promoverán las actuaciones necesarias para facilitar la relación digital:

a) De las personas de avanzada edad. b) De las personas con discapacidad. c) De las víctimas de la violencia de género.

69. De conformidad con lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, los asientos del registro deberán anotarse:

a) Respetando el orden temporal de recepción o salida. b) Respetando el orden establecido por el responsable de la unidad. c) No existe ningún orden preestablecido para realizar los asientos.

70. De conformidad con lo establecido en el artículo 33.5 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración digital de Galicia, las delegaciones y oficinas exteriores autonómicas:

a) No podrán disponer de oficinas de atención a la ciudadanía y registro. b) Podrán disponer de oficinas de atención a la ciudadanía y registro, de

acuerdo con las condiciones y requisitos que se establezcan reglamentariamente.

c) Podrán disponer de oficinas de atención a la ciudadanía y registro, de acuerdo con las condiciones y requisitos que se establezcan legalmente.

71. Según el artículo 21 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, el personal funcionario de carrera está vinculado a la Administración pública:

a) Por una relación estatutaria. b) Por una relación legal. c) Por una relación administrativa.

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72. Con base en lo recogido en el artículo 50 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, la participación en los procesos selectivos de las personas que ya pertenecen al respectivo cuerpo, escala o categoría profesional

a) No supondrá para estos participantes beneficios sobre su situación anterior.

b) No está permitida. c) Puede quedar permitida en las convocatorias de los procesos selectivos.

73. Según el artículo 59 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, no podrán formar parte, entre otros, de los órganos de selección para el acceso al empleo público:

a) Las personas que en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.

b) Las personas que en los siete años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.

c) Las personas que en los nueve años anteriores a la publicación de la convocatoria hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas selectivas o hubieran colaborado durante ese período con centros de preparación de opositores.

74. Según el artículo 64 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, es causa de pérdida de la condición de personal funcionario de carrera:

a) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tenga carácter firme.

b) La sanción disciplinaria de separación del servicio. c) La jubilación parcial.

75. La prolongación de la edad de permanencia en el servicio activo recogida en el artículo 68 de la Ley 2/2015, del empleo el personal funcionario, se concederá, en su caso:

a) Por el período restante hasta el cumplimiento de la edad máxima legalmente establecida a solicitud de la persona interesada.

b) Por períodos de un año, renovables anualmente a solicitud de la persona interesada, hasta el cumplimiento de la edad máxima legalmente establecida.

c) Por períodos de dos años, renovables anualmente a solicitud de la persona interesada, hasta el cumplimiento de la edad máxima legalmente establecida.

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76. El artículo 73 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia indica que los empleados públicos ajustarán su actuación:

a) A lo dispuesto en el código de conducta aprobado por el correspondiente órgano de gobierno.

b) A lo dispuesto en el código ético aprobado por el correspondiente órgano de gobierno.

c) A lo dispuesto en el código ético regulado en los artículos de esta ley. 77. El artículo 80 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia recoge que, en las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a la función pública, se reservará para el personal funcionario perteneciente a cuerpos o escalas del subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que este no tenga subgrupo inmediatamente inferior:

a) Un mínimo de un 25 % de las plazas convocadas. b) Un 25 % de las plazas convocadas. c) Hasta un 50 % por ciento de las plazas convocadas.

78. Según lo recogido en el artículo 88 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, las convocatorias para proveer puestos de trabajo por el procedimiento de concurso, ordinario o específico, o de libre designación, así como las respectivas resoluciones:

a) Las debe hacer públicas en el diario oficial correspondiente el órgano de selección de las convocatorias de los puestos.

b) Las debe hacer públicas en el diario oficial correspondiente el órgano competente para efectuar las convocatorias de los puestos.

c) Las debe hacer públicas en el diario oficial correspondiente el órgano competente para efectuar las adjudicaciones de los puestos.

79. Según el artículo 91 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, el sistema de provisión para aquellos puestos de trabajo para los que, por sus peculiaridades, así se determine en la relación de puestos de trabajo es:

a) El concurso. b) La libre designación. c) El concurso específico.

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80. La remoción del puesto de trabajo provisto por concurso recogida en el artículo 94 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, se efectuará, en todo caso, mediante resolución motivada y, en los supuestos previstos en el artículo, previo expediente contradictorio:

a) Y después de negociación con el órgano de representación del personal. b) Oído el órgano de representación del personal. c) Con la necesaria información y participación del órgano de

representación del personal. 81. Según el artículo 98 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, la adscripción por motivos de salud o rehabilitación:

a) Tiene carácter provisional y el puesto de trabajo de origen se reservará siempre que se ocupase con carácter definitivo.

b) Tiene carácter definitivo. c) Tiene carácter provisional y el puesto de trabajo de origen se reservará

aunque se ocupe con carácter provisional. 82. Según el artículo 106 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, el personal funcionario con hijos o personas acogidas menores de doce años a su cargo o con familiares convivientes que, por enfermedad o avanzada edad, necesiten la asistencia de otras personas:

a) Tiene derecho a la reducción de la jornada de trabajo diaria, con la percepción íntegra de sus retribuciones.

b) Tiene derecho a la reducción de la jornada de trabajo diaria, con la diminución proporcional de sus retribuciones.

c) Tiene derecho a la flexibilización de la jornada de trabajo dentro de un horario diario de referencia en los términos que reglamentariamente se determinen.

83. Según el artículo 110 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, ¿qué permiso debe solicitar el personal funcionario para la realización de funciones de representación del personal?:

a) Permiso por asuntos particulares. b) Permiso para el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter

público o personal, de deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral y de asistencia a consultas y revisiones médicas.

c) Permiso para la realización de funciones sindicales, de formación sindical o de representación del personal.

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84. Según el artículo 127 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, se pueden conceder licencias por asuntos propios sin retribución, con una duración que, acumulada, no excederá de:

a) Dos meses cada tres años de prestación de servicios efectivos. b) Tres meses cada año de prestación de servicios efectivos. c) Tres meses cada dos años de prestación de servicios efectivos.

85. Conforme con lo señalado en el artículo 130 de la Ley 2/2015, del empleo público de Galicia, se pueden conceder licencias al personal funcionario para la participación en proyectos o programas de cooperación para el desarrollo y de acción humanitaria:

a) Por un período no superior a seis meses. b) Por un período no superior a seis meses, prorrogable cada seis meses. c) Por un período de seis meses.

86. Según lo que se deduce del artículo 2 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, dicha ley no será de aplicación:

a) Al personal que preste servicios en empresas en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las administraciones públicas no sea superior al 50 por 100.

b) Al personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones mediante arancel.

c) Al personal al servicio de la seguridad social. 87. De acuerdo con lo señalado por el artículo 3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, la autorización de compatibilidad se efectuará:

a) En todo caso, en razón del interés público. b) En todo caso, en razón del interés general. c) En su caso, en razón del interés público.

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88. Establece el artículo 8 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas que el personal incluido en el ámbito de aplicación de esta ley no podrá pertenecer a más de dos consejos de administración u órganos de gobierno de entidades o empresas públicas o privadas:

a) En ningún caso. b) Salvo que se autorice, excepcionalmente, para supuestos concretos

mediante acuerdo del Gobierno, órgano competente de la comunidad autónoma o Pleno de la corporación local correspondiente.

c) Si se superan los límites de remuneración establecidos en la propia ley para autorizar la compatibilidad de actividades públicas.

89. Quien acceda por cualquier título a un nuevo puesto del sector público que, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, resulte compatible con el que viniera desempeñando, deberá instar la autorización de compatibilidad (artículo 10 Ley 53/1984, de 26 de diciembre):

a) Dentro del plazo de toma de posesión. b) En los veinte primeros días del plazo de toma de posesión. c) En los diez primeros días del plazo de toma de posesión.

90. Podrá determinar, con carácter general, las funciones, puestos o colectivos del sector público, incompatibles con determinadas profesiones o actividades privadas que puedan comprometer la imparcialidad o independencia del personal de que se trate, impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o perjudicar los intereses generales (artículo 11 Ley 53/1984, de 26 de diciembre):

a) El Gobierno, por real decreto. b) El ministerio de la presidencia, por orden. c) El ministerio competente en materia de administraciones públicas, por

orden.

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91. En base al artículo 18 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la escolarización en centros de educación especial o unidades sustitutorias de estos sólo se llevará a cabo cuando, excepcionalmente, sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios y se tomarán en consideración:

a) La opinión de los padres o tutores legales. b) Los informes del consejo escolar. c) Los informes del consejo escolar y de los equipos multiprofesionales de

atención a la discapacidad.

92. En base al artículo 21 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, apoyar a los centros docentes en el proceso hacia la inclusión y, especialmente, en las funciones de orientación, evaluación e intervención educativa, para contribuir a la dinamización pedagógica, a la calidad y a la innovación educativa, son funciones específicas de:

a) Los equipos multiprofesionales de atención a la discapacidad. b) Los multiprofesionales de atención a la discapacidad, con el apoyo de la

dirección de los centros educativos. c) Los servicios de orientación educativa.

93. En base al el artículo 38 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, se confeccionará un registro de trabajadores con discapacidad demandantes de empleo, incluidos en el registro de trabajadores desempleados:

a) Por parte de los servicios públicos de empleo o entidades colaboradoras. b) Por parte de los servicios públicos de empleo, con la colaboración de las

organizaciones, entidades y asociaciones de utilidad pública más representativas de las personas con discapacidad y sus familias.

c) Por parte de los servicios públicos de empleo y con el consentimiento previo de dichos trabajadores.

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94. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación a la solicitud de acceso a la información pública:

a) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

b) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

c) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse en el plazo máximo de un mes desde la solicitud.

95. De conformidad con lo establecido en el artículo 27.5 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, en relación a la solicitud de acceso a la información pública:

a) Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

b) Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.

c) Transcurrido el plazo para resolver sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada.

96. Según lo establecido en el artículo 32.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre la Comisión de la Transparencia:

a) Se atribuyen las funciones de esta al Valedor del Pueblo. b) Se atribuyen las funciones de esta al Consello de la Xunta. c) Se atribuyen las funciones de esta al titular de la consellería de

presidencia.

97. Según lo establecido en el artículo 33.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, sobre la Comisión de la Transparencia:

a) Se crea la Comisión de la Transparencia como órgano dependiente del Valedor del Pueblo.

b) Se crea la Comisión de la Transparencia como órgano independiente adscrito del Parlamento de Galicia.

c) Se crea la Comisión de la Transparencia como órgano colegiado independiente adscrito al Valedor del Pueblo.

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98. Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de Decreto legislativo 2/2015, de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, la excepción de buena fe ocupacional aparece recogida en:

a) La Constitución española. b) El Estatuto de autonomía de Galicia. c) Una directiva del Parlamento Europeo.

99. Conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de Decreto legislativo 2/2015, de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, en los cursos, jornadas u otras actividades formativas organizadas o financiadas por la Administración pública gallega se reservará un porcentaje de las plazas a mujeres que reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria de:

a) 25 %. b) 50 %. c) 33 %.

100. Conforme a lo dispuesto en el artículo 51 de Decreto legislativo 2/2015, de 12 febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad, cuando las pruebas de promoción interna comprendan la valoración de méritos de los candidatos y candidatas se establecerá a favor de los mismos una puntuación específica que se graduará en función del tiempo utilizado en el ejercicio de esos derechos a aquellos que estén utilizando o hubieran utilizado una licencia de maternidad, un permiso de paternidad, una reducción de jornada o una excedencia para el cuidado de familiares:

a) En los últimos 5 años. b) En los últimos 3 años. c) En los últimos 2 años.

PREGUNTAS DE RESERVA

101. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:

a) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos. b) Los actos de aplicación de la tramitación simplificada. c) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

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102. Según el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, el instructor de un procedimiento administrativo, a petición de los interesados, podrá decidir la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo:

a) No superior a diez días. b) No superior a treinta días ni inferior a diez. c) No inferior a veinte días ni superior a treinta.

103. El artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público prevé que, en el caso de órganos colegiados, cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan:

a) Los miembros del órgano no pueden votar en contra o abstenerse. b) Los miembros del órgano pueden votar en contra o abstenerse, pero la

responsabilidad del órgano colegiado es indisoluble. c) Los miembros del órgano pueden votar en contra o abstenerse, en ese

supuesto quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

104. En base al artículo 29 de la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, la asesoría o asesorías jurídicas de la consellería:

a) Estarán adscritas orgánica y funcionalmente a la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia, y figurarán en la relación de puestos de trabajo de la Secretaría General Técnica de la consellería en la que desenvuelvan sus funciones.

b) Estarán adscritas funcionalmente a la consellería en la que desenvuelvan sus funciones, y dependerán orgánicamente de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.

c) Figurarán adscritas orgánicamente a las secretarías generales técnicas, y dependerán funcionalmente de la Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia.

105. Señala el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá:

a) Firmar el contrato en nombre de la Administración contratante. b) Acordar, en su caso, la resolución del contrato. c) Supervisar la ejecución del contrato.