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PROCESO 2132 10 de septiembre de 2017

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PROCESO 2132

10 de septiembre de 2017

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TERREMOTO

TerremotoLA REDACCIÓN2017-09-09 07:06:25 · COMENTARIOS DESACTIVADOSTERREMOTO

La noche del jueves 7 un sismo remeció varias entidades del sur y del centro del

país. De 8.2 grados Richter –considerado el más intenso en la historia moderna de

México–, el movimiento telúrico se ensañó con Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde

hasta el cierre de esta edición se contabilizaban 61 muertes y serios daños en la

infraestructura de algunos municipios, como el de Juchitán, donde la noche del

viernes la gente se aprestaba a dormir a la intemperie por temor a que una réplica

acabara de tirar las edificaciones dañadas.

En lo que podría considerarse un mal augurio, la furia de la naturaleza golpeó a

México un día antes del arranque del proceso electoral 2017-2018 –con el que se

renovarán la Presidencia, el Congreso federal y varias gubernaturas– y al término de

una crisis que amenazó con paralizar al Poder Legislativo y que prefigura la rudeza

que se impondrá durante las campañas.

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El mismo día en que el sismo golpeaba, se daba por concluida una crisis en la

Cámara de Diputados, donde al fin pudo elegirse una mesa directiva, al tiempo que

se frustraba el “pase automático” del procurador Raúl Cervantes a fiscal general

gracias a la presión del recién nacido Frente Ciudadano por México (PAN, PRD y

MC).

Y en el arranque oficial del año electoral, el viernes 8, esa extraña coalición de agua

y aceite deberá dedicarse ahora a buscar un candidato presidencial capaz de

enfrentarse el próximo año a la poderosa maquinaria priista y derrotar al morenista

Andrés Manuel López Obrador.

El movimiento telúrico cimbró al país… pero no tanto como lo hará el movimiento

político.

POLIÍTICA

De la confusión y la confrontación, emerge AnayaÁLVARO DELGADO2017-09-09 07:08:05 · COMENTARIOS DESACTIVADOSPOLÍTICA

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Al cabo de una semana de hechos confusos y confrontación partidista, los

dirigentes del recién nacido Frente Ciudadano por México, integrado por el PAN, el

PRD y el MC, están optimistas después de obligar al presidente Peña Nieto a no

imponer el “pase automático” del procurador Raúl Cervantes al cargo de fiscal

transexenal. Pese a que los frentistas confían en ganar la elección federal de 2018

con sus recursos políticos y económicos, señalan que aún falta definir los

procedimientos para nombrar a su candidato presidencial –Ricardo Anaya aún no lo

es–, que se enfrentará al abanderado de la alianza encabezada por el PRI y sobre

todo al de Morena-PT: López Obrador.

Ados días de haberse constituido, el Frente Ciudadano por México (FCM) –que por

primera vez en la historia une a partidos de derecha e izquierda– asestó una derrota

al presidente Enrique Peña Nieto, quien desistió de imponer como fiscal general

mediante “pase automático” al priista Raúl Cervantes a cambio de la instalación de

la Cámara de Diputados, y fortaleció el proyecto presidencial del panista Ricardo

Anaya, el principal promotor de la alianza.

Luego de su derrota, el propio Peña Nieto confirió a Anaya, sin nombrarlo,

preeminencia como opositor, por encabezar la estrategia de las bancadas de los

partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento

Ciudadano (MC) para frenar, por ahora, la conversión del procurador Cervantes a lo

que organizaciones civiles denominan “fiscal carnal” transexenal.

“Nadie está para recibir consigna alguna, instrucción alguna que entorpezca el

trabajo legislativo. Están ustedes para cumplirle a los mexicanos. Y espero que con

este sentido de responsabilidad nuestras instituciones sigan trabajando para los

mexicanos y no para atender consignas particulares o proyectos individuales”, dijo

Peña a diputados de Oaxaca, en referencia a Anaya.

De acelerado ascenso político en el sexenio de Peña –presidente de la Cámara de

Diputados, coordinador parlamentario, secretario general y dirigente nacional del

PAN–, Anaya concitó los elogios del oficialismo –“joven maravilla”, lo llamaban–

cuando avaló todas las reformas del Pacto por México, incluido el “pase automático”.

Pero ahora es acusado por los priistas y la facción panista adicta a Felipe Calderón y

Margarita Zavala de acumular una riqueza indebida y de asumir en el PAN una

conducta “autócrata” ante la disidencia, señalamientos que se suman a los de

traición y de lucrar con los recursos de su partido para edificar su candidatura

presidencial.

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“Recicla muy rápido sus lealtades”, definió Javier Corral a Anaya, su rival por la

presidencia del PAN en 2015. “En breve tiempo, más pronto de lo que yo pensaba,

están abandonadas las ideas de la presumible regeneración del PAN. Él ya arrancó

su precampaña y usa los recursos del partido y las prerrogativas oficiales para

promover su imagen con un discurso, por cierto, absolutamente hueco”

(Proceso2038).

Aunque Corral se adhirió a Anaya al ser candidato y ganar la elección de Chihuahua,

las críticas han continuado, por ejemplo en Querétaro, donde el actual dirigente

panista comenzó su veloz carrera política, sobre todo por sus deslealtades y manejo

opaco de recursos públicos (Proceso2019).

En medio de los cuestionamientos, el presidente del PAN descarriló al fiscal priista el

jueves 7, justo un día antes del inicio formal del proceso electoral en el que se

elegirán 3 mil 416 cargos –incluida la Presidencia de la República, las dos cámaras

del Congreso federal y nueve gubernaturas–, y luego de que, el martes 5, el FCM se

registró ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Marko Cortés, coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y

artífice de la estrategia de Anaya, asegura que el gobierno de Peña y el PRI fueron

vencidos de manera contundente por el naciente frente PAN-PRD-MC.

“Se tuvieron que doblegar, porque nuestra posición fue muy firme. Y la fortaleza nos

la dio el Frente Ciudadano por México, pero también la causa, que es potente por

estar respaldada por la sociedad. La apuesta fue correcta; el PRI se resistió, pero lo

vencimos.”

–¿Es una victoria de Anaya?

–Sí, pero es una victoria compartida. Sin Alejandra Barrales y Dante Delgado,

presidentes del PRD y de MC, y sin sus diputados, esto no hubiera sido posible. Es

una victoria de Ricardo, pero también de Alejandra y de Dante en el tema del

combate a la corrupción y la impunidad.

–¿Se fortalece Anaya en su proyecto presidencial?

–A Anaya se le dan las cosas, los retos que se pone enfrente le salen bien y eso, sin

duda, lo va proyectando para otro reto por venir.

Hacia las elecciones federales, Cortés asegura que el PRI ha intentado repetir la

estrategia del Estado de México, donde a la panista Josefina Vázquez Mota le

“cortaron los pies” al inicio de la campaña con acusaciones de supuestos delitos de

su familia y perfilaron la elección PRI-Morena para imponerse a toda costa.

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“Ahora, como se ven en lejano tercer lugar, están apostando a lo mismo: han

decidido que el rival a vencer es el PAN, y todo contra el PAN, y luego ya intentarían

irse con todo contra Morena. Lo que deben aceptar los del PRI es que ya perdieron,

pongan a quien pongan”, asegura Cortés.

Allegado a Santiago Creel, estratega electoral del PAN y asesor prominente de

Anaya, Cortés asumió un papel clave en la estrategia para evitar que Raúl

Cervantes se convirtiera en fiscal general nueve años, luego de que su

correligionario, Ernesto Cordero, se convirtió en presidente del Senado contra la

voluntad de la bancada.

“Al ser vulnerado el Senado, nosotros hicimos resistencia legislativa”, explica y, una

vez sumados PRD y MC para no instalar la Mesa Directiva de la Cámara de

Diputados, el coordinador del PRI, César Camacho, le comunicó que Peña había

desistido del “pase automático” de Cervantes.

“Le dije: ‘¿El presidente está de acuerdo con eso?’ Me dijo: ‘En el PRI no podría ser

distinto’”, cuenta Cortés, quien minimiza que Camacho haya desmentido ese

diálogo. “Entiendo su molestia, su enojo, su orgullo pisoteado, pero así fue.”

–Luego de ser llamado “joven maravilla”, Anaya se ha vuelto una pesadilla para el

PRI…

–Sí, dicho por ti, pero sí. Es un liderazgo que ha provocado en México acciones

disruptivas, como la consolidación de este frente, que ha tomado banderas correctas

y que ha ganado batallas. Es alguien que ha sido exitoso y camina con

determinación hacia los objetivos que se propone. Por eso le tienen miedo.

Desde ahora el diputado federal anticipa que la disputa por la Presidencia de la

República será entre la alianza PAN-PRD-MC y Morena con su candidato, Andrés

Manuel López Obrador. “Ya hay encuestas en las que el FCM, aun sin candidato,

está muy por arriba de Morena”, se ufana.

Anaya o Corral

Anaya, en efecto, se perfila como el principal prospecto presidencial del FCM que, si

bien es por ahora de naturaleza política, es la base para la coalición electoral que

PAN, PRD y MC prevén integrar con un candidato común. El elenco lo completan

Margarita Zavala, Rafael Moreno Valle, Miguel Ángel Mancera y aun Javier Corral,

gobernador panista de Chihuahua.

El martes 5 los presidentes de esos partidos acudieron al INE a solicitar su registro

como frente político, que no fue amplio, como se pretendía, porque Dante Delgado,

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dirigente de MC, se obstinó en imponerle su sello: El “Ciudadano” remplazó al

“Amplio”.

El diputado federal Agustín Basave, expresidente del PRD, definió el principal

objetivo del FCM: terminar con el régimen presidencial y sustituirlo por uno

parlamentario, por lo que la alianza política se proyectó para tener una vigencia de

siete años, hasta el 31 de diciembre de 2024.

La cautela domina a los dirigentes frentistas sobre el candidato presidencial, aunque

Basave ya les advirtió que jamás apoyará a Rafael Moreno Valle, exgobernador

panista de Puebla, revela al reportero. “Si Moreno Valle es el candidato, renuncio al

PRD, renuncio al frente y me voy con Andrés Manuel. ¡Es un sátrapa!”

También, aunque no lo dicen abiertamente, hay perredistas y panistas que han

impuesto un veto a Zavala. “No puede ser: volvería a ser una disputa Calderón-

López Obrador”, dice uno de los negociadores, quien también promueve a Corral si

Anaya, por cualquier razón, no se consolida.

Fueron siete meses de negociaciones en domicilios particulares, oficinas y

restaurantes entre Barrales, Anaya, Delgado, así como Creel, Jesús Ortega,

Guadalupe Acosta Naranjo y gobernadores panistas y perredistas.

“Tuvimos reuniones en la casa de Dante, en la mía, en las oficinas de Anaya, en

restaurantes”, evoca Ortega, expresidente del PRD, quien afirma que el principal

propósito de la alianza tripartita es ponerle fin al presidencialismo autoritario, “sea

cual sea el color”, y terminar con los gobiernos divididos.

Ortega, jefe de la corriente perredista Nueva Izquierda, elogia la estrategia aliancista

y subraya que un frente político, como el que se registró, no es sólo electoral, sino

que puede realizar acciones en la calle, en los medios y en el Congreso. “El frente

ya tuvo una primera prueba, de la que salió triunfante en la Cámara de Diputados. El

frente será el cimiento de una coalición electoral”.

–¿El candidato es ya Anaya?

–No, va a haber un procedimiento.

–¿Y Margarita Zavala?

–Podría ser.

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Ortega niega que Mancera sea la carta que tiene el FCM para ser el fiscal general;

sostiene que es una propuesta del PRD y atribuye la versión a priistas o a gente de

Morena. “Él está trabajando para ser el candidato de la coalición electoral del frente”.

–¿Realmente tiene posibilidades?

–Claro. Es como (Emmanuel) Macron. Antes de las elecciones de Francia nadie

sabía de él.

–Pero de Mancera sí se sabe, y no bien.

–Sí, pero en un año, con una propuesta adecuada y una estrategia correcta, pueden

cambiar las cosas. Los que están delante se caen en las campañas, porque ya no

crecen, han llegado a su techo. Se les dobla el cuello, porque ya no crecen.

Ortega aclara que el “procedimiento” prevé evaluar otros perfiles, aun los “que no

son militantes” de los partidos aliancistas, aunque no pueden ser muchos. “¿Cómo

hacemos que participen 18 o 20 en debates, en discusiones, encuestas?”.

Frente de 2 mil 600 millones

Sea quien fuera el candidato presidencial, la coalición que se prevé conformar para

las elecciones de junio de 2018 será también inédita en recursos económicos.

El próximo año, según lo autorizado por el INE, el FCM dispondrá de 2 mil 591

millones de pesos de dinero público (sumados los mil 281 millones del PAN, 773

millones del PRD y 537 de MC), una cantidad que casi iguala a la alianza PRI-

PVEM-Nueva Alianza, que sumará 2 mil 686 millones, sumados los mil 689 millones

priistas, 578 del Verde y 419 del Panal.

Morena y el Partido del Trabajo (PT), que ya anunciaron que también formarán una

coalición electoral, tendrán recursos menores a la mitad que sus rivales: sólo mil 36

millones de pesos. Encuentro Social, que podría ir con el PRI, dispondrá de 398

millones.

La coalición también concentrará los millones de spots de televisión y radio, pero

sobre todo los tres partidos podrán ampliar su estructura electoral para la vigilancia

de casillas en todo el territorio nacional, algo que ninguno de los tres ha logrado

nunca.

El perredista Guadalupe Acosta Naranjo, quien dejó Nueva Izquierda para fundar la

corriente Iniciativa Galileos, afirma que el frente nace potente, porque gobierna en

16 estados, los de más peso electoral, a excepción del Estado de México.

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–¿Se unen sólo por recursos, por spots y por estructura?

–Y por necesidad, sí. También para juntar esfuerzos y ganar. Estamos formando un

frente para ganar a Miguel Ángel Osorio, si es Osorio, y a Andrés Manuel.

Diputado federal, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Acosta

Naranjo afirma que el FCM se abrirá a los ciudadanos para que sean candidatos, los

de mayoría y plurinominales. Si no lo hace, no será creíble este proyecto.

“Esta es una negociación de intereses partidarios, pero si no logramos rebasar esta

visión, si no se incorporan causas y temas de la gente, nadie nos va a creer y vamos

a seguir siendo unos políticos que nos juntamos para pelear unos huesos.”

Y niega que la candidatura presidencial esté ya en manos de Anaya, el principal

impulsor del frente. Lo que debe definirse es el mecanismo que permita, además,

que los que no ganen lo acepten.

“Teniendo el mecanismo, el nombre del candidato pasa a segundo plano; el

mecanismo legitima al candidato”, dice, y advierte que no es el caso de los

candidatos en los estados: “¿Quién lleva la mano en la Ciudad de México? ¿Quién

lleva la mano en Tabasco? ¿Quién lleva la mano en Puebla?”

En Jalisco es “muy claro” que el candidato será Enrique Alfaro, de MC, pero en

Morelos, donde Graco Ramírez quiere imponer a su hijastro, Rodrigo Gayoso, y es

repudiado por el PAN, debe haber un mecanismo que acepten las partes. “No le

podemos decir al gobernador que lo nombre. ¿Entonces para qué criticamos a

Andrés y al PRI?”

Recuento de los días aciagos en San LázaroJESUSA CERVANTES2017-09-09 07:09:05 · COMENTARIOS DESACTIVADOSPOLÍTICA

Superado el vacío de poder en San Lázaro, los diputados del PRI y sus aliados

lograron imponer a Jorge Carlos Ramírez Marín. Y aunque destrabaron temas

capitales, como la aprobación del presupuesto para 2018, no obtuvieron los votos

suficientes para el “pase automático” que convertiría en fiscal general a Raúl

Cervantes Andrade. Pese a todo, el líder de la diputación priista, César Camacho

Quiroz, se muestra triunfalista. La crisis vivida, dice, es un preludio de los comicios

presidenciales del próximo año.

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Durante siete días, la Cámara de Diputados estuvo al borde de una crisis

constitucional. Las diferencias entre panistas y priistas pusieron al Poder Legislativo

contra las cuerdas. Los primeros se negaban a reconocer al priista Jorge Carlos

Ramírez Marín como presidente de la nueva Mesa Directiva; los segundos aseguran

que se trató de un preludio de lo que serán los comicios presidenciales de 2018.

Ramírez Marín, quien finalmente tomó protesta el jueves 7, declaró: “Estamos

reflejando la pugna electoral por la Presidencia de la República”. De no haberse

resuelto el diferendo legislativo, la aprobación del presupuesto de 2018 se hubiera

demorado, en perjuicio de las entidades federativas.

Durante los primeros siete días de septiembre los partidos Nueva Alianza y

Encuentro Social (Panal y PES, respectivamente) refrendaron su cercanía con el

PRI, en tanto que PRD y MC se estrenaron como nuevo Frente junto al PAN,

partiendo en dos a San Lázaro. En medio de ese tenso receso, Morena se convirtió

en el fiel de la balanza.

En el recinto de San Lázaro, el viernes 1 los 109 diputados del PAN, por decisión de

su dirigencia nacional, tomaron partido en la crisis vivida la noche anterior en el

Senado de la República y encontraron en el nombramiento del fiscal general un

resquicio político para condicionar la instalación de la Mesa Directiva.

Los panistas centraron su resistencia en la eliminación del “pase automático” por

medio del cual el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, se

perfilaba para ocupar el nuevo cargo.

El coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, comenta a Proceso:

la crisis vivida “es el preludio” de la elección presidencial de 2018; lo secundó

Ramírez Marín, quien agregó: “estamos reflejando la pugna electoral por la

Presidencia (de la República)”.

En contraste Clemente Castañeda, coordinador del Movimiento Ciudadano

puntualiza: “El tema de la fiscalía es tema por sí mismo”, se trata de “impedir la

impunidad por nueve años”.

Reclamos y acusaciones resonaron en San Lázaro la semana pasada. Por vez

primera, el V informe presidencial no fue recibido por el presidente de la Mesa

Directiva –el cargo estaba acéfalo–, sino por el secretario general de la Cámara,

Mauricio Farah.

Consumado el nombramiento del panista Cordero en el Senado, el coordinador de

los diputados de Acción Nacional, Marko Cortés, demandó al priista Camacho Quiroz

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eliminar el pase automático para el nombramiento del nuevo fiscal como única

condición para que Ramírez Marín presidiera la nueva Mesa Directiva.

Imposible negociar eso, fue la respuesta del priista Camacho Quiroz, ése es un

asunto que está en el Senado y nada tiene que ver con los diputados.

Al iniciar la sesión del 31 de agosto a las nueve de la noche, ante la falta de respaldo

del PAN, la presidenta saliente de la Mesa Directiva, la también panista Guadalupe

Murguía, anunció que, ante la falta de acuerdo, la sesión se posponía para el viernes

1 a las tres de la tarde.

Sin embargo, ese viernes 1 al mediodía, Marko Cortés habló con los coordinadores

del PRD y del MC, Martínez Neri y Castañeda, respectivamente, y los convenció de

que no podían permitir que Cervantes Andrade fuera nombrado fiscal general.

Ambos respaldaron a su par del PAN, pese a que ya habían firmado la aprobación

de Ramírez Marín como nuevo presidente de la Mesa Directiva.

Los emecistas asumieron como suyo el condicionamiento del PAN porque no podían

permitir el “pase automático” que establece la ley para la nueva fiscalía, comentó

Castañeda aProceso.

Aunque en la agenda del Senado nunca se especificó que se elegiría al nuevo fiscal,

iba implícito que la reforma constitucional establece que éste entrará en funciones

en 2018, lo que obliga a los senadores a designarlo mediante pase automático o

mediante una propuesta.

Ajetreos legislativos

El viernes 1, la Cámara se paralizó, mientras el Ejecutivo Federal viajaba a China.

La crisis política amenazaba con convertirse en constitucional, pues la Ley Orgánica

de San Lázaro establece que la Mesa Directiva concluía el martes 5, pero no define

qué pasaría si su nuevo presidente no asumía.

El domingo 3, PAN, PRD y MC anunciaron su primera acción pública: invitaron al

secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a un diálogo para destrabar

la crisis.

Desde las nueve de la mañana, el Frente Amplio, junto con la secretaría de Morena

en la mesa directiva, Ernestina Godoy, esperaron a Osorio Chong, quien nunca

llegó. Una hora después recibieron un documento en el que el funcionario decía que

sólo iría si lo convocaba la Jucopo.

En el otro extremo de San Lázaro, el PRI convocó a la Jucopo. Acudieron los

integrantes del PVEM, PES, Panal… y los de Morena. “Tenemos 61.3% de la

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representación, es legal la convocatoria que hicimos y el acuerdo tomado”, declaró

Camacho Quiroz.

Los miembros del Frente enfurecieron, no sólo los desairó Osorio Chong, sino que el

PRI avanzaba en su intento de avalar a su correligionario Ramírez Marín como el

presidente de la nueva Mesa Directiva.

El emecista Castañeda se radicalizó y elaboró un escrito dirigido al PRI y sus

aliados: “No hay posibilidades de que quien no tiene esa representación (la

presidencia de la Jucopo) pueda convocar a este tipo de reuniones”. Sin embargo, el

documento nunca fue enviado, pues el panista Cortés lo impidió por sus

desacuerdos; el PRD lo secundó.

Reacios a votar y desairados por Gobernación, los integrantes del Frente se negaron

a sesionar. Ernestina Godoy, de Morena, pidió a sus pares hablar con el PRI y sus

aliados. Ellos aceptaron y designaron a la perredista Nahle, coordinadora de

Morena, para que convocara a los ocho coordinadores parlamentarios.

A su vez, PAN, PRD y MC emplazaron a Morena a definirse, a “poner las cartas

sobre la mesa y a decir cómo votaría”. Nahle aceptó la invitación del panista Cortés

para dialogar en las oficinas de la Mesa Directiva. Tres minutos después llegaron

Camacho Quiroz, Ramírez Marín, varios priistas e integrantes del verde y sus otros

aliados, “dando un portazo”.

“Esas no son las formas –les reclamó Castañeda–. Además, ustedes no están

invitados a esta reunión.”

“Yo los invité –respondió Nahle–, Ernestina me dijo que podía buscar un encuentro

entre los ocho coordinadores”. Al final sólo quedaron los ocho coordinadores,

quienes arrancaron la sesión del martes 5, de las tres a las cinco de la tarde.

Y mientras eso ocurría en el segundo piso del edifico H, los diputados seguían

registrando su asistencia.

“No te registres, tenemos mucho interés de que este asunto salga. Te damos 1

millón de pesos”, escuchó al oído un diputado de MC. “La oferta vino de un operador

del PRI”, relató un legislador emecista, pero se negó a dar nombres.

Del lado del PAN, la presión a los legisladores de ese partido llegó presuntamente de

un gobernador.

Y les ardió

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Terminado el encuentro de los ocho coordinadores y a punto de arrancar la sesión,

el panista Cortés denunció en conferencia: “Debemos decirles con absoluta claridad

el tamaño del miedo que tiene el PRI, pero también de las prácticas que están

dispuestos a usar; ha provocado hoy en algunas de nuestras bancadas la incitación,

la provocación y el ofrecimiento para que integrantes se ausenten cuando ya

estaban aquí. Esto es muy preocupante”.

Castañeda fue más audaz: “Lamento que hayan llegado al extremo de querer

comprar la voluntad de distintos diputados. ¡hay ofrecimientos concretos!

Ofrecimientos económicos, de prebendas y canonjías, para tratar de doblar las

voluntades… estamos juntando los elementos necesarios para interponer recursos

legales”, dijo.

En entrevista, Camacho Quiroz se ríe del presunto intento de soborno, “¡No’mbre.

Ése es un chiste de mal gusto. Los reto, a través de Proceso, a que pongan la

denuncia. Si hacen la afirmación categórica, deben probarla… Lo que advertí (con la

pretendida compra de legisladores), es que se trató de una argucia coyuntural para

justificar la pérdida de algunos apoyos que tenían”.

De las conferencias y acusaciones se pasó a la sesión. Morena votó en contra, del

lado del Frente, impidiendo que el PRI lograra los votos necesarios para instalar la

Mesa Directiva. De haberse abstenido Morena, al PRI le hubieran bastado nueve

legisladores para lograr su cometido.

Con el encono a flor de piel, las acusaciones mutuas y al borde de una crisis

constitucional, el PAN y la presidenta saliente, Guadalupe Murguía, acordaron

recurrir al “reloj legislativo”. Literalmente “pararon el tiempo”. Y el martes 5 fue más

allá de las 12 de la noche.

El PRI dio visos de ceder. En la sede nacional del partido, Camacho Quiroz pidió a

su homólogo en el Senado, Emilio Gamboa Patrón, hacer lo posible por discutir

sobre el “pase automático”.

Al siguiente día, cuando integrantes del PAN, del PRD y del MC estaban reunidos en

un restaurante de la colonia Del Valle, llegó la versión de que el PRI discutiría el

tema con Peña Nieto una vez que llegara de China. Decidieron esperar la señal para

el jueves 7.

Y llegó, a horas de que la crisis constitucional se consumara.

Los integrantes del Frente escucharon por el altavoz las palabras del priista

Camacho Quiroz: “Es compromiso mío y ya lo platiqué con el presidente: se elimina

el pase automático”, según narró uno de los asistentes.

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“¡Falso!”, dice Camacho en entrevista.

¿Habló usted con el presidente Peña Nieto sobre la crisis de la cámara? -se le

pregunta.

–El presidente ha estado al pendiente de la situación a través de la Secretaría de

Gobernación. Y ha sido respetuoso, como en todas las ocasiones, de la vida interna

del Poder Legislativo. Lo que hicimos fue dejar claro que no vamos con el pase

automático, que es una posición unánime de los priistas de cualquier espacio de

participación política.

Se acordó que nadie del Frente tomaría la palabra. El panista Cortés no pudo

aguantarse y pidió la palabra. Enardecidos por la crisis en que los habían metido y

porque habían cedido a las demandas del Frente, los priistas lo abuchearon,

impidiéndole hablar, y terminaron corriéndolo. Cortés dejó el salón de plenos

acompañado de su bancada.

“¡Les ardió el culo!”, dijeron algunos panistas al salir del salón de plenos. “MC se va

a salir en este momento y el PRD está cabildeando. Creo que se van a salir, están

bien encabronados”, aseguró Cortés a sus diputados.

Pero no se salieron. Incluso el vicepresidente del PRD, Arturo Santana Alfaro, tomó

protesta, y los emecistas se retiraron tras la protesta de la nueva Mesa Directiva.

Camacho Quiroz comenta: “Huyeron del pleno camaral, se escurrieron porque no

tenían nada qué decir. Advertí que Marko Cortés pretendió sumar a su actitud

huidiza al PRD, pero se quedó. No vaya a ser que la alianza sea sólo una flor de dos

días”.

El dirigente del PAN, añade el priista, “pretendió traer un conflicto doméstico, un

asunto panista, a la Cámara. ¡Que diriman sus asuntos internamente en el PAN, que

no le hagan daño a la representación nacional! Anaya quiere lavarse la cara frente a

los panistas y la opinión pública, pero no hay como superar el déficit de imagen

pública que pesa sobre él”.

E insiste: lo ocurrido en San Lázaro es el “preludio” de lo que ocurrirá en el proceso

electoral de 2018.

La Fiscalía General, “envenenada” desde su origen

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JENARO VILLAMIL2017-09-09 07:10:08 · COMENTARIOS DESACTIVADOSPOLÍTICA

El nombramiento de un fiscal general autónomo pero ligado al actual gobierno, que

el PRI creyó amarrar desde la firma del Pacto por México, fue rechazado en el

Congreso en medio de un reacomodo de alianzas políticas rumbo a la elección del

próximo año. Sin embargo, tanto el manejo priista como la pretensión de imponer a

Raúl Cervantes Andrade, tan cercano a Los Pinos, suscitó desde el principio la

oposición de decenas de organizaciones civiles e impedirla se convirtió en una

causa políticamente redituable.

Desde su origen y negociación, la creación de una Fiscalía General de la República

transexenal, autónoma del Poder Ejecutivo, se convirtió en una “moneda de cambio”

y de presión entre las dos principales fuerzas que la negociaron en el Pacto por

México: las dirigencias del PRI y del PAN.

La creación de la Fiscalía General de la República formó parte de un amplio paquete

de reformas constitucionales en materia político-electoral que fue aprobado en el

Senado el 3 de diciembre de 2013, en paralelo con la discusión y aprobación de la

reforma energética.

A casi cuatro años de esa discusión, el PRI y el presidente Enrique Peña Nieto

tuvieron que ceder en su pretensión de que el actual procurador general, Raúl

Cervantes, destacado militante priista, fuera el beneficiario del “pase automático”

que establece el transitorio 16 del artículo 102 constitucional que le permitiría ser

fiscal transexenal nueve años.

La presión no sólo provino del bloque legislativo formado en la Cámara de Diputados

por PAN, PRD y MC, que pusieron en vilo durante una semana al Poder Legislativo.

También ejercieron presión las organizaciones empresariales, las fundaciones civiles

y, en especial, el Movimiento Ciudadanos contra la Corrupción y la Impunidad

(MCCI), que le dio el “golpe de gracia” a Cervantes Andrade al publicar un reportaje

que involucra al procurador con la propiedad de un Ferrari que fue registrado “por

error administrativo” en una casa de interés social en Cuernavaca.

El escándalo del Ferrari de Cervantes Andrade y el reportaje de la “estafa maestra”,

también promovido por MCCI, llegó hasta Los Pinos y provocó la semana pasada

una intensa operación de “control de daños”.

El jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán, sostuvo reuniones con las

11 dependencias involucradas en el reportaje, en especial con funcionarios de

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Pemex, y solicitó a la Secretaría de Gobernación datos sobre la red de implicados y

las fuentes informativas.

Las tarjetas de Gobernación que se hicieron llegar a Los Pinos, según se informó

a Proceso, vincularon el escándalo del Ferrari del procurador y los reportajes del

MCCI con una “intensa preocupación del círculo empresarial con la continuidad de

Cervantes en la PGR, así como de Alberto Bazbaz en la Unidad de Inteligencia

Financiera del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de

Hacienda”.

Esta discusión fue previa a la decisión final de Peña Nieto, quien el jueves 7 ordenó

a la bancada del PRI en la Cámara de Diputados que cediera a la presión del bloque

legislativo de PAN-PRD-MC.

El PRI terminó presentando en San Lázaro una iniciativa “con el mismo contenido”

que la enviada en noviembre de 2016 por el Ejecutivo federal para eliminar el “pase

automático” pero mantener la posibilidad de que Cervantes Andrade fuera candidato

a fiscal general para un periodo de nueve años.

Para el senador Miguel Barbosa, “la propuesta que se vote seguirá siendo del

Ejecutivo. Lo que queremos es que la propuesta de fiscal general sea resultado de

un proceso abierto y no dependa del Ejecutivo. Cervantes ya no va a competir, el

PAN va a proponer a tres y el Ejecutivo va a proponer a otros tres, y así se las van a

llevar para negociar las posiciones”.

La “moneda de cambio”

Durante la discusión de diciembre de 2013, el senador panista Héctor Larios admitió

con toda claridad en tribuna que su partido aprobaría la reforma político-electoral y la

creación de la Fiscalía General porque fue una condición del PAN para votar la

reforma energética junto con el PRI y el Partido Verde.

En la discusión en comisiones el senador Alejandro Encinas, entonces del PRD,

sentenció: “Esta discusión se convirtió para el PAN en una moneda de cambio para

vender su apoyo a favor de la reforma energética”.

La creación del Instituto Nacional Electoral (INE) se hizo de la mano de la creación

de la Fiscalía General de la República, junto con otros cambios que formaron parte

del paquete de la negociación en el Pacto por México para aprobar la reforma

energética: las candidaturas independientes, la credencialización de los mexicanos

residentes en el extranjero y limitaciones a la propaganda gubernamental, entre

otras.

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Sin que fuera discutida ampliamente, la reforma al artículo 102 constitucional, que

ordena la creación de la Fiscalía General de la República, incluyó un artículo

decimosexto transitorio, mejor conocido en el Senado como “transitorio Gil Zuarth”,

en referencia al autor de esta propuesta. Entonces el senador panista Roberto Gil

Zuarth era presidente de la Comisión de Justicia y uno de los negociadores directos

con el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos Cervantes.

El transitorio 16 estableció un fuerte “candado” a la creación de la Fiscalía General y

consagró el “pase automático” del actual procurador general en funciones para

convertirse en fiscal transexenal nueve años.

El transitorio condicionó la entrada en vigor de la Fiscalía General de la República a

que también lo hagan “las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión,

necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el

presente transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria

expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional” de la fiscalía.

Este “candado” ha justificado que el Congreso de la Unión aplace el desarrollo legal

de la reforma constitucional, “buscando el establecimiento de un escenario político

propicio para la concertación del mayor consenso posible entre las fuerzas

parlamentarias, con el objeto de garantizar la eficiencia del nuevo modelo ministerial.

Escenario que, sin embargo, encuentra dificultades que el Congreso debe sortear a

la brevedad”, según señala en su exposición de motivos la iniciativa de reforma del

PRD, presentada en noviembre de 2016.

En el segundo párrafo del artículo transitorio estableció que “el Procurador General

de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la

declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este

decreto, Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102,

Apartado A, de esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción

previsto en la fracción IV de dicho artículo”.

En otras palabras, el procurador general en funciones se convertiría en fiscal general

nueve años. En ese momento, el titular de la PGR era Jesús Murillo Karam. No

habían ocurrido los hechos trágicos de Tlatlaya y menos la desaparición de los 43

normalistas de Ayotzinapa.

“Fast track” para Cervantes

El 28 de octubre de 2016, por 82 votos a favor, sólo tres en contra y una abstención

en el Senado, Cervantes Andrade se convirtió en el tercer titular de la PGR.

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En menos de 24 horas, Cervantes Andrade, que había retornado al Senado apenas

en noviembre de 2015, solicitó licencia, compareció en comisiones y fue electo

procurador general sin que nadie le cuestionara su militancia priista, sus

compromisos como abogado corporativo durante años de la Cámara Nacional del

Autotransporte de Carga, de la Asociación Mexicana del Gas Natural y de la Cámara

Nacional de la Industria de la Radio y Televisión.

La senadora perredista Angélica de la Peña le preguntó durante su comparecencia

en comisiones si buscaba convertirse en fiscal general nueve años, beneficiándose

del artículo 16 transitorio que él mismo negoció y aprobó.

“Sí vengo, y se los digo abiertamente, y he verbalizado todo el tiempo y el discurso

lo dice, a generar una ley que tenga la potencia, la credibilidad y funcionalidad de lo

que necesita México para ejercer acción penal y que el transitorio que habilitaría que

fuera yo procurador pasaría a la fiscalía”, respondió Cervantes Andrade.

Durante la hora y media de su comparecencia, Cervantes Andrade admitió que las

actuales “fiscalías especializadas” de la PGR son “una simulación” porque “no tienen

las capacidades de investigación real, científica”.

“Hoy le ponemos el nombre de fiscalía especializada a lo que queramos –explicó–,

pero atrás no tienen las capacidades para hacerlo y, por lo tanto, en mi visión, se

está simulando el concepto.”

El mismo día de su ratificación por el Senado como nuevo titular de la PGR, el

abogado y activista de Chihuahua Jaime García Chávez expresó en su portal

informativo su preocupación “por la cercanía de (Raúl) Cervantes con el

exgobernador (César Duarte), lo que en estricto rigor lo debería llevar a deslindarse

del conocimiento del asunto por la relación estrecha que existe y es demostrable”.

Aproximadamente 50 organizaciones civiles, encabezadas por Artículo 19, Fundar,

Alianza Cívica, Freedom House y Todos los Derechos Para Todos, cuestionaron el

nombramiento de Cervantes Andrade e hicieron el primer pronunciamiento en contra

del llamado “fiscal carnal”.

“Lo que acaba de suceder demuestra la discrecionalidad, una total ausencia de

rendición de cuentas y de criterios claros que sostengan las decisiones. El Senado

no cumplió su papel de contrapeso y ratificó el nombramiento sin dar espacio a la

reflexión crítica y al debate abierto”, reprocharon en su comunicado del 28 de

octubre de 2016.

La simulación y la presión civil

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Para acallar las críticas, el 29 de noviembre de 2016 el Ejecutivo federal envió al

Senado una iniciativa de reforma constitucional para eliminar el “pase automático”

que beneficia a Cervantes Andrade, pero no lo veta para ser candidato a fiscal

general ni cambia el modelo de designaciones, que sigue dependiendo de las

negociaciones cupulares entre las bancadas partidistas.

La iniciativa de Peña Nieto sólo tiene siete cuartillas y defiende el modelo previsto en

la Constitución para una nueva Fiscalía General porque “constituye un avance sin

precedentes en el fortalecimiento de la institución encargada de la de procuración de

justicia de nuestro país”.

Ese mismo día el PAN y el PRD anunciaron que enviaron dos iniciativas de reforma

que no sólo eliminan el transitorio, sino que constituyen un nuevo diseño para la

Fiscalía General, así como el fortalecimiento de las fiscalías especializadas,

incluyendo la de anticorrupción. El nombramiento del titular de ésta se empantanó

en el Senado ante el interés del PRI de designar a un funcionario cercano al

gabinete.

Las iniciativas del PAN y del PRD prácticamente anulan la posibilidad de que

Cervantes Andrade pueda aspirar a la Fiscalía General porque no debe haber

ocupado cargo de elección popular ni haber desempeñado cargo de dirección o

representación de algún partido político “en los últimos seis años anteriores a su

designación”. Cervantes Andrade fue director jurídico del PRI en la campaña de

2012.

El PAN propone una figura denominada Inspectoría General, “que funcionará como

órgano interno de control y gozará de facultades para perseguir los delitos que

cometan los servidores públicos de la institución”, mientras que la iniciativa del PRD

propone una Contraloría General que realice las mismas funciones, incluyendo “la

supervisión permanente de la declaración patrimonial, de intereses y constancia” de

todos los integrantes de la Fiscalía General.

En vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones de septiembre de 2017, los

organismos civiles agrupados en los colectivos Vamos por Más y Fiscalía que Sirva

enviaron una carta abierta al Senado para demandar que eliminen el “pase

automático”, pero también incorporen la propuesta suscrita por más de 200

agrupaciones. El pasado martes 5 presentaron esta iniciativa en el Senado.

A su vez, la organización Ahora advirtió que “el PRI y sus aliados (Partido Verde,

Nueva Alianza y Encuentro Social) intentan lograr la imposición del Raúl Cervantes

como fiscal general de la República para garantizar la impunidad transexenal” y

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demandó el jueves 7 que el proceso de selección sea abierto a las organizaciones

participantes.

ECONOMÍA Y FINANZAS

Gobierno de promesas y débil crecimiento inercialCARLOS ACOSTA CÓRDOVA Y JUAN CARLOS CRUZ VARGAS2017-09-09 07:11:53 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

Pese a los discursos oficiales, lo cierto es que el presupuesto para 2018 enviado a

las cámaras legislativas por el titular de Hacienda, José Antonio Meade, sufrirá

recortes y los más afectados serán los sectores más vulnerables. En su último año

del gobierno de Peña Nieto, con todo y sus reformas estructurales, el crecimiento

potencial de la economía mexicana se habrá incrementado de 3.5% en su nivel

inercial a 5.3%.

El paquete económico para el próximo año –que incluye los criterios generales de

política económica, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de

Egresos, para el 2018–, que fue entregado el viernes 8 a las dos cámaras del

Congreso por parte del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, no

tiene entre sus prioridades el bienestar social o la mejoría en la calidad de vida de

los mexicanos.

Si bien en las presentaciones de dicho paquete Meade asegura que no

desaparecerá ningún programa social ni beneficiario, alguno de ellos saldrá

lastimado, lo cierto es que los ramos administrativos que sufrirán una disminución en

su presupuesto son los más directamente relacionados con el ámbito del bienestar

social.

Por ejemplo, Desarrollo Social sufrirá un recorte de 3.4% (poco más de 3 mil 700

millones de pesos menos que en 2017); Salud, de 4.5% (5 mil 715 millones menos)

y Educación, de 1.8% (5 mil millones de pesos menos), entre otros. Un caso

alarmante es el del Seguro Popular, creado para la población más vulnerables, que

para 2018 tendrá un presupuesto de apenas 38 mil millones de pesos, mientras este

año se le asignó uno de 68 mil 700 millones. Es decir, tendrá un recorte de 44.75%.

Las prioridades del programa económico para el último año de la administración de

Enrique Peña Nieto son otras. Y están expresamente señaladas en el documento de

“Criterios Generales de Política Económica”, que en su página 12 señala: “El

Paquete Económico para 2018 está anclado a dos pilares: estabilidad y certidumbre.

El primero se refiere a la culminación de la trayectoria de consolidación fiscal

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comprometida en 2013, que ha sido ratificada durante cuatro años y que implica

disminuir los RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) de 2.9 a 2.5%

del PIB en 2018.

“El segundo está sustentado en el Acuerdo de Certidumbre Tributaria pactado en

2014, en el cual el gobierno federal se comprometió a no crear nuevos impuestos ni

aumentar los existentes, que se traduce en ingresos similares para el próximo año

respecto al cierre estimado de 2017, excluyendo ingresos con destino específico por

ley, con un ligero aumento en términos del PIB.”

Puras proyecciones

Más adelante el documento hace referencia al aspecto social: “El Paquete

Económico 2018 abona al objetivo primordial de esta administración, sobre asegurar

y mejorar el bienestar de las familias mexicanas y llevar a México a su máximo

potencial, a través de una política económica que preserva la estabilidad, detona la

productividad y genera igualdad de oportunidades.

“Como en años anteriores, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

(PPEF) 2018 privilegia la inversión productiva y en infraestructura estratégica, el

fortalecimiento de la seguridad nacional y la seguridad pública, la disminución de las

carencias sociales y el aumento en el acceso a los derechos sociales, así como la

implementación acelerada de las reformas estructurales.

“Esta claridad en las prioridades y la conducción prudente de las finanzas públicas

permitieron que entre 2014 y 2016 dejaran la pobreza y la pobreza extrema 1.9

millones y 2.1 millones de personas, respectivamente, al crear oportunidades en

medio de un ambiente externo volátil y sumamente complejo.”

Quienes redactaron el documento parece que no leyeron bien los resultados de la

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2016, que levantó el Inegi y

la evaluación e interpretación que de ellos hizo el Coneval. Según éstos, en 2016

había 53.4 millones de mexicanos en situación de pobreza; en 2014, fueron 55.3

millones; en 2012, 53.3 millones, y en 2010, 52.8 millones de pobres.

Entonces, en efecto, entre 2014 y 2016 se redujo el número de personas que se

habían sumado a las filas de la pobreza… en esta misma administración. Pero que

no le alcanza para decir que hay menos pobres que los que había cuando inició la

Presidencia de Peña Nieto. Sí, según aquellas instituciones, en 2016 había 53.4

millones de pobres, pero que son más que los que había en 2012 y mucho más de

los que en esa condición estaban en 2010, que fueron 52.8 millones.

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Y sí, la pobreza extrema se redujo en esos dos años en casi 2.1 millones de

personas, al pasar de 11.5 millones en 2014 a 9.4 millones en 2016.

Tan no es prioridad el bienestar social en el paquete económico para el próximo año,

que se olvidó del proyecto de las Zonas Económicas Especiales (ZEE), que con

tanto bombo y platillo se anunció el año pasado y cuya ley respectiva se promulgó el

1 de junio de ese año.

En su artículo número 1, la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales dice tener

“por objeto, en el marco de la planeación nacional del desarrollo, regular la

planeación, el establecimiento y la operación de ZEE para impulsar el crecimiento

económico sostenible que, entre otros fines, reduzca la pobreza, permita la provisión

de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y

productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en desarrollo

social, a través del fomento de la inversión, la productividad, la competitividad, el

empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población.

Y para tan ambiciosos y loables propósitos, en todo el Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2018 sólo hay dos menciones a las ZEE; una irrelevante y

otra que consigna un pírrico presupuesto compartido: dentro del Programa de

Productividad y Competitividad Agroalimentaria, se destinarán mil tres millones de

pesos para “Desarrollo Productivo del Sur, Sureste y Zonas Económicas

Especiales”.

Estimaciones para 2018

Ya en el terreno de los números, el paquete económico prevé ingresos por 5 billones

236 mil 375 millones 600 mil pesos, de los cuales 3 billones 551 mil 699 millones

700 mil pesos, el 67.8%, provendrán del gobierno federal, básicamente por

impuestos; otro billón 183 mil 300 millones 400 mil pesos, el 22.6%, vendrán de

organismos y empresas públicas, por vía de venta de bienes y servicios, cuotas,

derechos, aprovechamientos y diversas aportaciones y cobros por servicios, y

finalmente, 501 mil 371 millones 500 mil pesos, el 9.6%, ingresarán por vía de deuda

interna y externa.

Por otra parte, el gasto neto total previsto en el proyecto de Presupuesto de Egresos

es por la misma cantidad que los ingresos: $5,236,375,600,000.00. Sin embargo, se

prevé un déficit presupuestario de $466,684,500,000.00.

El gasto público, como se sabe, se divide en dos grandes partes: el gasto

programable y el gasto no programable. El segundo es un conjunto de gastos que el

gobierno no puede eludir, como son los pagos de la deuda pública (costo financiero),

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las participaciones federales a estados y municipios y el pago de adeudos de

ejercicios fiscales anteriores (adefas).

Para 2018 se estima un gasto no programable de 1 billón 504 mil millones 700 mil

pesos, que es casi 30% del gasto neto total del sector público. El restante 70% del

gasto neto es el gasto programable, que en su clasificación económica tiene tres

vertientes: Gasto corriente (servicios personales, subsidios, gastos de operación),

que consumirá 2 billones 343 mil 297 millones 200 mil pesos; pensiones y

jubilaciones (para los trabajadores del Estado), a los que se destinarán 793 mil 734

millones 300 mil pesos, y finalmente, el gasto de inversión (física, subsidios e

inversión financiera), que consumirá 594 mil 656 millones 400 mil pesos.

Una de las partidas más grandes del presupuesto se la lleva el llamado “gasto

federalizado”, que son todos los recursos federales (participaciones, aportaciones y

otros) que van a estados y municipios, y que para 2018 será por 1 billón 749 mil 231

millones de pesos. Es decir, 33.4% del total del gasto neto para todo el año que

entra. Uno de cada tres pesos del gasto público, que fundamentalmente viene de los

contribuyentes, va a las arcas de los gobiernos estatales y municipales.

Se pronostica un crecimiento “puntual” del Producto Interno Bruto para 2017 de

2.2% y para el próximo un crecimiento promedio de 2.5%, pues se establece un

rango de entre 2% y 3%.

Para el fin de año se espera alcanzar una inflación de 3%, justo la meta específica

del Banco de México, aunque de inmediato especialistas pusieron en duda el

pronóstico, pues en agosto la inflación alcanzó un máximo de 6.66%, el registro más

alto en 16 años.

También se pronostica un tipo de cambio de 18.1 pesos por dólar al cierre del año;

un precio promedio de 46 dólares el barril de la mezcla mexicana de crudo y una

plataforma de producción de crudo de 1 millón 983 mil barriles diarios.

La variable que más llama la atención es la del Producto Interno Bruto, cuya tasa de

crecimiento esperan en un rango de entre 2% y 3%.

Ese simple dato es el reconocimiento del fracaso económico de la actual

administración, que desde sus inicios se planteó como meta –inscrita en el Plan

Nacional de Desarrollo 2013-2018– alcanzar un “México Próspero”, mediante la

generación de un crecimiento económico sostenido e incluyente, que permitiera

erradicar de manera permanente la pobreza, elevar el nivel de vida de la población y

alcanzar una sociedad más equitativa”.

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Crecimiento escuálido

Si se excluyeran los años de recesión de los cuatro sexenios anteriores, el de Peña

Nieto quedaría francamente en ridículo. En un ejercicio que hizo el doctor Jonathan

Heath, especialista prestigiado en análisis de indicadores macroeconómicos, en su

cuenta de Twitter, el pasado 31 de agosto, apunta que el crecimiento económico

promedio anual en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), si se

descontara la recesión del año 1993, sería de 4.4%.

En el caso de Ernesto Zedillo (1994-2000), en cuyo gobierno se registró la peor

caída de la economía nacional en la historia reciente del país (-6.2% en 1995), el

promedio anual de crecimiento económico en su administración, excluyendo 1995,

sería de 5.1%.

Con Fox (2000-2006), que en sus primeros dos años la economía no creció y más

bien se mantuvo en terreno negativo por un mal desempeño de la economía

estadunidense –a raíz del derrumbe de las torres gemelas de Nueva York y el

desplome en las bolsas de las empresas tecnológicas llamadas puntocom–, pero

también por la llegada de China a la Organización Mundial de Comercio, que

desplazó a México como segundo exportador de Estados Unidos, el promedio anual

de crecimiento económico, sin esos dos primeros años, sería de 4.1%.

Igual tasa de crecimiento hubiera registrado la economía, como promedio anual, en

el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), si se excluyera el fatídico año de 2009,

el del clímax de la crisis financiera internacional iniciada un año antes y que para

México significó una caída de su economía de casi -4.7%.

Y con Peña Nieto (2012-2018), que en ningún año ha registrado recesión alguna

(apenas un bajón económico trimestral en el primer año de gobierno), ha tenido un

desempeño económico verdaderamente pobre: sin recesión, el promedio de

crecimiento promedio anual ha sido de 2.2%, según los datos del especialista

Jonathan Heath.

El pronóstico de un crecimiento económico promedio de 2.5% para 2018, el último

año de la administración de Peña Nieto, es un verdadero gancho al hígado de sus

propias expectativas triunfalistas, las que expresó en el primer año, justo en la

efervescencia política y social por las reformas estructurales.

En efecto, el 16 de diciembre de 2013, el gobierno publicó el Programa Nacional de

Financiamiento del Desarrollo (Pronafide) 2013-2018, en el que se señalaba con

absoluta certeza que “la implementación de las reformas estructurales incrementará

el crecimiento potencial de la economía mexicana de cerca de 3.5% en su nivel

inercial a 5.3% hacia el 2018”.

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Y agregaba una tabla que hoy avergüenza a más de uno dentro del gobierno federal.

El caso es que el desempeño económico en este gobierno, año tras año, no dio ni

siquiera para lo que ellos mismos llamaron “crecimiento inercial”, es decir, sin

reformas.

El sector agropecuario, ancla del TLCANJUAN CARLOS CRUZ VARGAS2017-09-09 07:12:49 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

Especialistas en el sector agropecuario aseguran que éste es uno de los pilares

actuales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y los exportadores de

los tres países están de acuerdo en mantener las actuales condiciones. Sobre las

presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para cambiar

sustancialmente el acuerdo, el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco

de la Vega, afirma que es su estilo empresarial de negociación y que, en todo caso,

los empresarios y el gobierno mexicanos ya esbozan un plan B.

Para el líder del sector agropecuario privado del país, Bosco de la Vega Valladolid, el

discurso amenazante de Donald Trump no preocupa en el desahogo de la

renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

De la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), y quien participa

en el llamado “cuarto de junto” con otros empresarios, dice en entrevista que tiene

clara la estrategia del republicano: “Cuando ganó Donald Trump, lo primero que hice

es ver en History Channel la historia de su vida para conocerlo más a fondo. Luego

vi los temas de campaña y empecé a leerlos también. Puedo decir que el señor está

actuando como ofreció en la campaña. Lo que está haciendo es su estrategia de

negociación.

“El libro que escribió (Crippled America. How to make America great again o América

lisiada. Cómo hacer a América grande otra vez) habla de cómo presionar para que

ceda la contraparte y es lo que está haciendo. Lo que sí veo preocupante es que,

mientras ese perfil personal no esté a la altura de un estadista, va a generar

problemas en Estados Unidos, con sus socios y en el mundo. Para mí no es

novedad, y en el sector agroalimentario estamos tranquilos.”

Tras la segunda ronda de negociaciones entre representantes de México, Canadá y

Estados Unidos en la Ciudad de México, se le pregunta a De la Vega Valladolid si el

comportamiento de Trump es un riesgo real o sólo un efecto mediático, a lo que

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contesta: “Es un tema mediático. Es un hombre de medios, un empresario al que, si

ves los cambios que ha tenido en su gabinete, si ves la pérdida de los asesores

empresariales que tenía, no le ha ido bien. Él busca a los medios para mantener su

base electoral, y lo que te puedo decir es que el sector agroalimentario de Estados

Unidos es uno de los contrapesos más importantes que tiene”.

De la Vega tiene claro el papel del sector agropecuario mexicano en la

renegociación del TLCAN. En 1991 fue vicepresidente fundador de la Confederación

Nacional de Productores de Papa (Conpapa) y fue el responsable de coordinar, en

conjunto con el CNA y la Coordinación de Organizaciones Empresariales de

Comercio Exterior Agropecuario (Coece), la inclusión y desarrollo del sector papa en

las negociaciones del TLCAN original, signado en noviembre de 1993 y que entró en

vigor el primer día de 1994.

También participó en las negociaciones para expandir los mercados de productos

hortofrutícolas nacionales, como los Tratados de Libre Comercio con Turquía y

Jordania, la ampliación del Acuerdo de Complementación Económica No. 54 entre

México y Brasil, y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).

Como representante de más de 300 asociados del CNA, confía en el resultado de

las actuales negociaciones: “Vimos un muy buen arranque. Tuvimos un discurso muy

duro de Robert Lighthizer, pero era para su jefe, para el presidente Donald Trump.

Lo que yo percibí que pasó en las mesas de negociación de los tres países fue otro

tema; son gente que se conoce del Tratado Transpacífico, que llevaban cinco años

negociando y las mesas siguieron operando bien, intercambiaron textos”.

La fuerza del

sector agroalimenario

Para el ingeniero industrial y de sistemas De la Vega Valladolid, en la primera ronda

de pláticas, que se realizó en Washington, “el sector alimentario privado tuvo un muy

buen avance”.

Relata: “Nos reunimos con Ron Bonnet, de la Federación Canadiense de Agricultura,

y con Zippy Duval, de la American Farm Bureau Federation. Realmente los privados

mandamos señales de que estamos alineados, queremos NAFTA, somos

complementarios, queremos reglas claras en materia fitosanitaria y zoosanitaria,

queremos construir y queremos que se mantenga el capítulo 19”.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), dirigido por el

experto Juan Carlos Anaya Castellanos, Estados Unidos se ubica en el primer lugar

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mundial en producción agroalimentaria, con 700 millones de toneladas métricas de

maíz, soya, trigo y leche.

Por su parte, Canadá ocupa el octavo lugar, con 98 millones de toneladas de los

mismos productos, sólo que en lugar de soya tiene grandes cosechas de cártamo.

En tanto, México está en décimo lugar, con 62 millones de toneladas métricas y con

el maíz como su principal cultivo, seguido por la producción de leche, azúcar y

sorgo. Es decir, tiene un menú más variado por su posición geográfica, más cercana

al trópico, sin contar las frutas y hortalizas, como el aguacate y el jitomate.

La producción agroalimentaria de América del Norte representa 20.8% mundial, pero

a México sólo le pertenece 1.5%; a Canadá, 2.3%, y a Estados Unidos, 16.9%.

En la economía nacional, el sector agroalimentario ocupó el tercer lugar de los

rubros de exportación, con 14 mil 346 millones de dólares de enero a mayo pasados.

Deja muy atrás al sector petrolero, que en el mismo periodo logró vender al exterior

8 mil 326 millones de dólares.

Por su parte, la industria manufacturera exportó 94 mil 237 millones de dólares en

los primeros cinco meses del año, incluidos los 39 mil 10 millones del sector

automotriz. Entre enero y mayo la balanza comercial de la industria agropecuaria

tuvo un superávit de 3 mil 979 millones de dólares.

Anaya Castellanos explica en entrevista que el agropecuario “es el sector que más

ha crecido en dos años y medio. Tenemos una balanza superavitaria. El Producto

Interno Bruto (PIB) agroalimentario ha crecido cuatro puntos por arriba de éste. El

primario, que es el agrícola, está creciendo casi dos veces y medio más que todos

los sectores. ¿Por qué? Las lluvias, no hemos tenido sequía en los últimos años”.

Además, el análisis del GCMA, titulado Sistema de Oportunidades del Sector

Agroalimentario, establece que 82% del aguacate que se consume en Estados

Unidos es mexicano; 80% de las exportaciones de lácteos, huevos y miel de Texas

son para México, lo mismo que 99% del maíz de Kansas.

No sólo eso, 20% de los alimentos que la Unión Americana compra al mundo

proceden de México, que es a su vez el tercer mayor comprador de alimentos

estadunidenses.

Para fines prácticos, el GCMA concluye que desde 1994, cuando entró en vigor el

TLCAN, Estados Unidos ha cuadruplicado el valor de sus exportaciones; 4 millones

de empleos dependen del acuerdo comercial y las principales 136 agroempresas de

aquel país apoyan su permanencia.

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Sin TLCAN “perdemos todos”

El líder del CNA, De la Vega Valladolid, explica a Proceso:

“El sector agroalimentario está muy sólido y, hoy por hoy, el principal contrapeso que

tiene el presidente Donald Trump es la American Farm Bureau Federation, que

representa Zippy Duval y que realmente fue una gran oportunidad desde la primera

negociación. Vamos a continuar fortaleciendo los lazos privados que nos den

certeza. No tenemos tiempos políticos, los temas son de generación y de largo

plazo.”

–En caso de que se cancele el TLCAN, ¿cuál sería la estrategia con el empresariado

estadunidense? –se le pregunta a De la Vega, también maestro en Historia del

Pensamiento y con especialidad en Antropología por la Universidad Panamericana.

–Si ellos renuncian al TLCAN tenemos seis meses para retomar el tema. Vamos a

seguir con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y México va a tomar

sus decisiones de qué movimientos vamos a hacer con Sudamérica, Europa y Asia;

luego aguantar dos años y medio que le faltan a Donald Trump, para construir otro

NAFTA 2.0 o 3.0.

–¿Eso ya lo platicaron con los empresarios estadunidenses?

–Lo que platicamos con estadunidenses y canadienses es poner toda la fuerza para

mantener el NAFTA. Con ellos no hemos platicado el plan B. En el CNA lo hemos

platicado con nuestros socios y con los secretarios de Economía (Ildefonso

Guajardo) y de Agricultura (José Eduardo Calzada Rovirosa).

–Si Estados Unidos saliera del TLCAN, ¿perderían más la producción agropecuaria

y los empresarios de ese país?

–Perdemos todos. La salida del TLCAN nos haría menos competitivos a los tres

países y el tema de la migración se les complicaría. Los mejores sueldos pagados

ahorita en el campo mexicano son de los exportadores… Lo que Estados Unidos

exporte a Europa y Asia va a ser más caro. Es un balazo en el pie para los tres, y no

entiendo que seamos el bloque más exitoso del mundo y nos queramos disminuir y

afectar.

De la Vega señala también que el sector no quiere ser “una moneda de cambio en

las negociaciones”. Enfatiza:

“Esa parte la pusimos muy en claro, y casualmente Canadá y Estados unidos

quieren lo mismo. Hace como tres meses el secretario (estadunidense de

agricultura) Sonny Perdue nombró a un subsecretario para que participara en las

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negociaciones directamente. Los sectores agroalimentarios de los tres países no

queremos que nos vayan a intercambiar por la industria electrónica u otra; queremos

tener negociaciones independientes y que a nadie se le cambie por nadie.”

–¿Y sí se está realizando de esa forma?

–Eso es por lo que estamos velando y ya se lo dijimos a nuestro gobierno, ya lo

saben nuestros negociadores. Para eso estamos en el “cuarto de junto”.

–¿A qué se refería el secretario Guajardo cuando advirtió ante la Comisión de

Relaciones Exteriores del Senado que “si los agricultores quieren una buena

negociación al norte, necesitan darnos el mandato para abrir fuentes alternativas al

sur”?

–Eso sería en caso de que reventara el NAFTA. Aun en ese caso, puedes seguir

importando granos de Estados Unidos con un arancel de la OMC. Hubo una gira que

organizó la Sagarpa (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación) a Brasil y Argentina, y ya empezaron los primeros embarques, esa

parte ya empezó a operar.

El líder empresarial explica que la Secretaría de Economía ya empezó a esbozar el

plan B para el campo, en el que México actuará bajo las reglas de la OMC y buscará

mercados alternativos.

“El tema del acceso de México a Estados Unidos en aranceles va a ser de alrededor

de 6.7% y el tema de aranceles de Estados Unidos a México anda alrededor de

28%. Es lógico que México no va a querer encarecer sus insumos de alimentos. En

el plan B están Brasil y Argentina, también Rusia con los granos y cereales.”

En México, por suerte y privilegio, acota, sustituir los granos no es problema, pero

sustituir las hortalizas que les exportamos a Estados Unidos, “eso sí, los dejamos sin

ensaladas, los dejamos sin aguacate, sin jitomate, etcétera”.

–¿Y todos estos acuerdos comerciales alternativos equivalen al flujo comercial con

Estados Unidos?

–No de manera inmediata, porque en la parte global exportamos a Estados Unidos

80%, mientras que en la parte agroalimentaria exportamos 78.5%. Estos tratados

representan apenas 20% o 25%. Entonces sí hace falta desarrollar mucho el plan,

pero es tan fuerte el intercambio con Estados Unidos que es muy difícil que lo vayan

echar abajo. Además, el plan B no sólo significa Argentina y Brasil, sino seguir con

Estados Unidos a través de la OMC.

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–¿En qué rubros del sector agropecuario es más difícil llegar a un acuerdo?

–El primer tema que se liberó fue el del azúcar, luego sigue el tomate. Están la

manzana y la papa, que son temas de fitosanidad y control de inocuidad; mientras

que los del azúcar y el tomate son asuntos comerciales.

Al respecto, el experto en mercados agropecuarios, Anaya Castellanos concluye:

“Tenemos al lado el mercado más consumidor y de mayor poder adquisitivo, pero

también dos costas desde las que podemos exportar a Europa y Asia, donde

tenemos ventajas. Hablo del sector agropecuario, pero también de los demás. Y

luego tenemos a nuestros vecinos del sur, que también debemos atender. Los de

Centroamérica nos ven como un gigante. Lo que pasa es que nosotros siempre

volteamos con los que nos aliamos, pues ahí traemos ventajas estructurales.” (Con

información de Carlos Acosta Córdova.)

REPORTE ESPECIAL

Desaparecidos en Veracruz: las fosas y los expedientes que Duarte ocultóGLORIA LETICIA DÍAZ2017-09-09 07:14:07 · COMENTARIOS DESACTIVADOSREPORTE ESPECIAL

El gobierno veracruzano avanza poco en la investigación de las desapariciones que

cientos de familias han denunciado, sin éxito, desde el sexenio pasado. La autoridad

argumenta que la administración de Javier Duarte destruyó mucha información y

siguió una política de ocultamiento cuando se implicaba en los crímenes a instancias

de gobierno. Ahora proporciona acompañamiento a las madres y hermanas del

colectivo El Solecito cuando buscan restos humanos en el enorme cementerio

clandestino de Colinas de Santa Fe: mientras ellas se afanan bajo el sol, los policías

las contemplan literalmente desde la sombra.

Veracruz, Ver.- De baja estatura, moreno y curtido por el sol, Guadalupe Contreras

Olea asume el papel de guía en el que se ha considerado el cementerio clandestino

más grande de México, un predio en Colinas de Santa Fe, a 15 minutos de este

puerto.

Es el 3 de agosto, primer aniversario del descubrimiento del lugar. A don Lupe lo

sigue una veintena de mujeres encabezadas por Lucía Díaz Genao, del colectivo de

familiares de desaparecidos El Solecito de Veracruz, peritos y agentes de División

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Científica de la Policía Federal que ha colaborado con la organización, además de

los reporteros de Proceso.

Los familiares de desaparecidos han localizado aquí, en un año, 137 fosas, 274

cuerpos y un sinnúmero de restos óseos, aunque a partir de ellos sólo se ha

identificado a 10 personas.

Mientras las mujeres oran y colocan flores en memoria de las personas ilegalmente

inhumadas, don Lupe recomienda no romper los hilos de rafia que delimitan los

sitios donde fueron localizadas las fosas ni alterar los señalamientos de otros

probables entierros.

Nacido en Cocula hace 60 años, Contreras es padre de Antonio Iván Contreras

Mata, desaparecido en octubre de 2012 en Guerrero. Forma parte del manojo de

buscadores de cadáveres que dejó el colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala,

que nació después de la sustracción forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en

septiembre de 2014.

Separado de su familia por mil kilómetros, Contreras Olea llegó a Veracruz la

madrugada del 2 de agosto de 2016 por invitación de las activistas de El Solecito,

quienes buscan a unas 200 personas.

“El mayor gasto físico y económico ha sido de las señoras que me invitaron a

colaborar. Yo sólo tenía pensado estar tres meses, así lo pensé cuando vi el croquis

que les dieron a las señoras”, dice al recordar los volantes que de forma anónima se

distribuyó a las activistas de El Solecito en la manifestación del 10 de mayo del año

pasado.

Son fotocopias de una hoja tamaño carta con indicaciones para llegar al predio de

Colinas de Santa Fe, marcado con cruces y con una leyenda escrita a mano: “Ahí

encontrarán los cuerpos de todos los desaparecidos en Veracruz apoyados por el

mp y gobierno de Duarte” (sic), hechos que el anónimo atribuía a “Quino del

C.J.N.G.”.

Continúa don Lupe: “Según ese croquis, esas gentes tenían un sistema de enterrar

cuerpos en las orillas del predio, pero empezamos a escarbar en el monte y

empezamos a encontrar más. Hasta he pensado que usaron máquina y que debajo

de esa loma hay más cuerpos porque, según la información que tuvieron las

señoras, aquí hay 570”.

Lucía Díaz Genao, madre de Luis Guillermo Lagunes Díaz, secuestrado el 28 de

junio de 2013 en el puerto de Veracruz y desaparecido desde entonces, admite que

antes de recibir el anónimo su colectivo ya tenía antecedentes del uso que se dio al

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predio de Colinas de Santa Fe, porque en 2015, en una diligencia de la

Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada

(SEIDO), se exhumaron cinco cadáveres “de los que hasta ahora no se conoce su

identidad”.

Relata: “Cuando llegamos a Colinas, lo primero que hicimos fue buscar dónde

habían exhumado los de la SEIDO. Encontramos como 50 huesos, entre ellos un

cráneo y un tórax. Confirmamos que las autoridades son totalmente incompetentes;

no buscan porque no tienen vergüenza, porque hay declaraciones de implicados y

de familiares de víctimas que han señalado puntos específicos, no son solamente

los anónimos que nos llegan”.

La coordinadora de El Solecito señala que, a juzgar por las identificaciones que se

pudieron realizar con los restos recuperados, Colinas de Santa Fe fue utilizado como

cementerio clandestino “por todo mundo”, incluidos policías.

Añade que el rescate de los restos ha significado para el colectivo una inversión de

400 mil pesos, recursos obtenidos mediante rifas y venta de ropa usada.

Desenterrar a hijos y hermanos

Durante los primeros días de búsqueda en Colinas de Santa Fe, la participación de

las familias de El Solecito era copiosa, lo que permitió que abrieran en promedio

entre ocho y 10 fosas al día. Ahora sólo cinco personas se dedican a escarbar la

tierra en busca de restos humanos.

Una de ellas es Jannette O’Relling Carranza, hermana de Rommel, desaparecido en

mayo de 2014 en la comunidad de Cantarranas, municipio de Paso de Ovejas.

“Tengo que trabajar por la tarde en la limpieza de una carnicería para poder

dedicarle tiempo a la búsqueda, porque en ningún trabajo te dan permiso para hacer

diligencias”, apunta Jannette luego de informar que de las 10 personas identificadas

a partir de los restos hallados en Colinas de Santa Fe, tres son familiares de

integrantes de El Solecito.

En la exploración del predio también colabora Daniel Ameca Pereda, obrero

calificado, cuyo amigo Roberto Carlos Casso Castro desapareció en diciembre de

2011 cuando transitaba la carretera Cardel-Tamarindo.

“No cualquiera hace este triste trabajo, no puedes poner un anuncio en el periódico

que diga ‘se buscan personas para abrir fosas clandestinas’. Me dan un apoyo de

200 pesos diarios, pero más que nada estoy aquí por ser cercano a una persona

desaparecida”, comenta Daniel. Revela que en un segundo proceso de exploración

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del terreno el colectivo logró recuperar 13 cuerpos junto a entierros clandestinos ya

examinados.

En tanto se realiza el recorrido, personal de la Fiscalía General de Veracruz y de la

dirección de Servicios Periciales permanece bajo una carpa para protegerse del sol

y desde ahí suele atestiguar la búsqueda incansable del equipo de El Solecito.

“Ellos (agentes y peritos) sólo se acercan cuando encontramos algo”, comenta Rosa

García Ramón, una voluntaria de 63 años, quien busca a su hijo Omar Gómez

García, al que hombres armados sacaron de la casa de su pareja sentimental en

octubre de 2015, sin que se conozca su paradero.

Pequeña, de gran fortaleza, Rosa explica que se unió a El Solecito cuando

empezaron a salir los primeros cuerpos de este predio. Prefiere estar aquí que “chille

y chille” en su casa.

“Hasta ahora todos los cuerpos se han encontrado en bolsas negras de basura. Don

Lupe verifica antes de llamar a los de la fiscalía para que vengan a sacar los restos.

Cuando eso pasa, me alejo. Me da tristeza pensar en esa pobre gente y en sus

madres que los han de estar buscando”, comenta.

Entre quienes participan en la sencilla ceremonia por el aniversario de los hallazgos

en Colinas de Santa Fe están las madres y hermanas de tres personas identificadas.

Una es Griselda Barradas Huesca, madre de Pedro Alberto Huesca Barradas, un

agente del Ministerio Público, quien junto con su secretario, Gerardo Montiel, “fueron

llevados por dos patrullas de la policía estatal” en abril de 2013. La señora lo cuenta

secándose las lágrimas, al depositar flores sobre la fosa donde Alberto y Gerardo

fueron encontrados a principios de año. Los identificaron en marzo.

Griselda confía a la reportera: “Yo sentía que estaba aquí, veía el lugar donde

después lo encontraron y el corazón me latía fuerte, y preguntaba a mi hijo: ‘¿Será

que estás aquí?’ Cuando me lo entregaron se acabó la desesperación. El dolor va a

estar aquí toda la vida, pero ya hay una tranquilidad, porque no se quedó como un

animal tirado”.

Sobre el caso, dice que hasta la administración de Miguel Ángel Yunes se detuvo a

dos personas y están pendientes otras dos órdenes de aprehensión.

La esposa de Juan Carlos Montero, Rosario Sáyago Montoya, y la mamá de Luis

Alberto González Valenzuela, Marta Valenzuela Meléndez, esperan que entre los

cuerpos pendientes de identificar estén los de ambos policías municipales de Úrsulo

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Galván, quienes formaban parte de un piquete de ocho agentes detenidos por

policías estatales en enero de 2013.

“No sabemos si hemos desenterrado a nuestros propios hijos y esposos. En

nuestros casos, el comandante que se llevó al hijo de Griselda, Víctor Manuel

Sandoval, es el mismo que se llevó a los nuestros y no ha sido detenido”, apunta

Rosario.

A finales de julio la Policía Científica identificó los cuerpos de Arturo Figueroa

Bonastre, estudiante de enfermería, y de Yosimar Rodríguez Cortés, un joven

empleado. Sus madres, Basilia Bonastre y Josefina Rodríguez, oraron frente a la

fosa donde ambos fueron localizados.

Jennifer Aurora Figueroa Bonastre explica que ambos fueron detenidos en un

operativo de la policía estatal, en la colonia El Modelo, Cardel, el 1de diciembre de

2012. “Esa noche los policías se llevaban a entre ocho y 10 muchachos. Mi hermano

estaba atravesando la calle para llegar a la casa cuando se lo llevaron. Lo buscamos

por todos lados y denunciamos que fueron policías quienes se lo llevaron, pero no

hay detenidos hasta ahora”, denuncia.

Ocultamiento

Colinas de Santa Fe operó como cementerio clandestino por lo menos en los últimos

siete años, desde el último de la administración de Fidel Herrera y todo el sexenio de

Javier Duarte, indica en entrevista por separado, en sus oficinas de Xalapa, el fiscal

especial en Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, Luis Eduardo

Coronel Gamboa.

Bajo la nueva administración del expriista Miguel Ángel Yunes Linares, a Coronel

Gamboa le ha tocado ir develando “la política de ocultamiento” de la administración

de Duarte, actualmente procesado por enriquecimiento ilícito, peculado e

incumplimiento del deber legal.

“La anterior administración reportó al Cenapi (Centro Nacional de Planeación,

Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia) sólo 524 casos de

desaparición. Al revisar la base de datos nos topamos con una cifra de 2 mil 493,

pero al irnos a una revisión por carpeta de investigación, encontramos que la cifra se

disparaba a 3 mil 600. Eso nos habla de que fue una política de Estado ocultar la

cifra real de desapariciones”, sostiene el funcionario.

Esta cifra, sin embargo, no se ve reflejada aún en los registros de la página oficial de

la Fiscalía General de Veracruz, que incluye a 2 mil 75 hombres desparecidos y 879

mujeres en esa condición, un total de 2 mil 954 víctimas.

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Coronel Gamboa sostiene que “la política de simulación” de la anterior

administración es motivo de la apertura de carpetas de investigación, entre ellas por

“la simulación de perfiles genéticos y desvío de 300 millones del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)”.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General, el gobierno de Duarte sólo dejó un

banco de ADN con 276 perfiles genéticos de personas que buscan a sus

desaparecidos.

Ante la crisis institucional en la que arribó la administración de Yunes, “la División

Científica de la Policía Federal y la PGR han apoyado con la toma de muestras para

la alimentación del banco de ADN. En una semana de mayo se tomaron mil 18

muestras; la mayoría, de gente que ya tenía carpeta de investigación abierta, que ya

se había sometido a la toma de muestra, pero a la que nunca le dijeron que esas

muestras no fueron procesadas para sacar el perfil genético”.

Para este año, asegura, el gobierno estatal etiquetó 39 millones de pesos del FASP

para fortalecer la dirección de Servicios Periciales, “sobre todo con la adquisición de

kits para tomar muestras de ADN y los reactivos que se usan en su procesamiento”.

De acuerdo con su diagnóstico, la fiscalía que encabeza, creada en 2015 por

presiones de los colectivos de las familias, incurría en “muchas omisiones,

inactividad procesal dentro de los expedientes, de manera particular en los casos en

que existía un señalamiento en contra de alguna autoridad, particularmente contra

elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y nunca consignó a una

sola persona”.

Según el fiscal, egresado de la Universidad Veracruzana y con estudios en derechos

humanos en universidades de Estados Unidos y España, la complejidad para

investigar casos sobre desaparición forzada durante el sexenio de Duarte se ha

tornado mayor debido a que “no hay registros; los borraron, formatearon las

computadoras de la SSP durante 24 horas y no hay archivo físico. Cuando pido

información sobre operativos y números de patrullas, resulta que no hay datos”.

En un informe del primer semestre de operación de Coronel, se presumen ocho

consignaciones por desaparición forzada, de las cuales se han ejecutado cuatro

órdenes de aprehensión, entre ellas la del excomisionado general de la SSP, Alfonso

Zenteno Pérez, involucrado en la desaparición de 19 personas en la localidad de

Potrero Nuevo, Atoyac.

También fueron detenidos tres exagentes municipales de Xalapa involucrados en la

desaparición del cantante del concurso La Voz México, Gibrán Martíz Díaz, y dos

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personas más, en 2014, y por los que dichos policías fueron procesados, pero sólo

“por incumplimiento de un deber legal”. En este caso falta cumplir cuatro

detenciones.

El documento refiere que, en colaboración con la Secretaría de Marina, la fiscalía

localizó un cementerio clandestino en un lugar conocido como Arbolillo, municipio de

Alvarado, donde había 42 cuerpos y 142 restos óseos, en tanto que se halló con

vida a 247 personas.

Coronel sostiene: “Cuando se conocieron las detenciones, mucha gente se acercó a

denunciar casos de hace tres o cuatro años; han disminuido las denuncias por

eventos de desaparición actuales. Lo que hacemos es aplicar protocolos de

respuesta inmediata, de manera que en julio recuperamos con vida a 72 personas”.

Las mujeres, firmes en la búsquedaGLORIA LETICIA DÍAZ2017-09-09 07:14:56 · COMENTARIOS DESACTIVADOSREPORTE ESPECIAL

Orizaba, Ver.- Los familiares de los desaparecidos tienen miedo de posibles

represalias del crimen organizado y también desconfían de las autoridades, de las

que sospechan que están coludidas con la delincuencia. Por eso no denuncian,

mientras las desapariciones no cesan en Veracruz.

Reunidas con reporteros de Proceso, integrantes del Colectivo Familias de

Desaparecidos Orizaba-Córdoba alertan además acerca de una reciente “ola de

desapariciones”, sobre todo de jóvenes.

Alicia Mendoza Castillo, madre de Joshua Aldair Mendoza Castillo, desaparecido en

septiembre de 2012, explica que en lo que va del año unas 50 familias se han

sumado al colectivo, que busca a 170 personas.

“En el periodo vacacional se registraron en promedio tres por día, se supo de la

desaparición de seis jovencitos en un día en diferentes partes de la región, pero sólo

uno apareció, y la mamá lo ocultó, no se pudo saber dónde lo tuvieron, si vio a más

chicos, cómo es que lo liberaron”, apunta Mendoza, quien resalta que cuando

desapareció su hijo, ocurrió lo mismo con 11 jovencitos, pero sólo denunciaron ella y

Ana Lilia Jiménez Sandoval, madre de Yael Zuriel Monterrosas Jiménez,

desparecido también en septiembre de 2012.

La sospecha de posible implicación de autoridades con miembros del crimen

organizado es una constante que paraliza a los familiares de las víctimas. Es lo que

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dice Paulina Teclatle Atlahua, esposa de Agustín Mata Covar, quien el 1 de abril

pasado fue sacado de su domicilio, en el municipio de Ixhuatlancillo, por hombres

armados. A ella le advirtieron que no diera parte al Ejército ni a la Marina.

“Después de que se lo subieron en una camioneta Jeep, pasaron patrullas de la

policía estatal y de la municipal, mis vecinos me dijeron que no denunciara porque

los policías trabajan para ellos (los delincuentes), lo mismo me decían de la

Fiscalía”, agrega Paulina, quien trabaja en una tortillería.

Durante un mes Paulina calló por el temor a que el resto de la familia sufriera

represalias, hasta que encontró el apoyo del Colectivo de Familiares de

Desaparecidos Orizaba-Córdoba.

Apoyada por la coordinadora de la organización, Araceli Salcedo, Paulina presentó

su denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Denuncias por

Personas no Localizadas, de la procuraduría veracruzana, pero su marido no es

buscado ni se ha realizado ningún tipo de investigación.

“Donde vivo hay también delincuentes, y me dicen en la Fiscalía si no tengo otro

lugar a donde irme, porque si ellos entran a investigar podrían meterme en

problemas. Pero, ¿a dónde voy a ir? Con lo que gano en la tortillería apenas

sobrevivimos, mi esposo ya no está para apoyarme”, agrega.

Hostigamiento y errores

Otros familiares denuncian que los agentes del Ministerio Público sugerían desistir

de buscar a sus desaparecidos, y en el peor de los casos fueron blanco de extorsión

y hostigamiento por personal que continúa activo, pese a querellas presentadas.

Así lo expresan Laura Hernández Cano y Betzabé Pérez Hernández, madre e hija

de Christian Orlando Pérez Hernández, desaparecido en Orizaba el 20 de julio de

2014.

Al señalar que sólo se les permitió interponer la denuncia por desaparición 72 horas

después de los hechos, las mujeres aseguran que desde el primer momento agentes

ministeriales les pidieron dinero “para la gasolina”, a fin de apurar la entrega de

documentación a distintas dependencias; después se les aconsejó darles recursos

para “mover a su gente”, a fin de localizar a Christian Orlando, y se agudizó el

hostigamiento.

“Un agente, que se presentó primero como Gilberto Suazo y después como Gilberto

Flores, me buscaba en mi trabajo para pedirme dinero, yo le decía que no tenía, y

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entonces me pidió que le mandara a mi hija a su oficina para platicar con él por la

noche”, cuenta Laura.

Betzabé agrega que a la esposa de su hermano, que trabajaba en una tienda de

empeño, Suazo o Flores le pidió que hiciera perdedizas algunas de las prendas que

llegaban al negocio, o que al menos le diera descuento, todo supuestamente con el

fin de acelerar la indagatoria.

A los pocos meses recibieron llamadas a su celular de personas que decían tener a

Christian Orlando, por quien pedían rescate. “Lo curioso es que una de las personas

que recibió llamadas a su celular fue mi cuñada, pero ese número sólo se lo había

dado a la Fiscalía”, detalla Betzabé.

Laura Hernández y su nuera fueron despedidas de sus empleos, ante el acoso de

los agentes ministeriales, en tanto que en la integración del expediente, el secretario

de la Fiscalía, Jesús Huerta, cometió errores en la integración de la ficha, que fueron

validados por la fiscal del gobierno de Duarte, Aurea Cortés.

“El secretario puso que mi hermano tenía ojos tristes, y que, en vez de medir 1.70,

medía 1.40; cuando le comentamos a la fiscal ella dijo que no nos preocupáramos,

que cuando las personas morían se encogían”, cuenta indignada Betzabé.

Mientras las investigaciones de la Fiscalía especializada caminan con lentitud, las

integrantes del colectivo reciben constantemente comunicaciones anónimas sobre

puntos en los que habría restos humanos, advierte Jiménez Sandoval.

“Hemos estado descubriendo restos que se han llevado la PGR y la Policía

Científica, y ya colapsamos los Servicios Periciales; nos dicen ‘ya no destapen fosas

porque no tenemos dónde ponerlos’. Puntos nos sobran, pero lo que está faltando

es quién procese los restos, por eso estamos pidiendo auxilio internacional”,

comenta Jiménez.

Aunque la mayoría de las mujeres que integran el colectivo están resignadas a que

sus seres queridos puedan haber perdido la vida, y lo que esperan es encontrar sus

restos, Araceli Salcedo sostiene que las familias de las víctimas también necesitan

que se sancione a los funcionarios que les han fallado.

Madre de Fernanda Rubí Salcedo Jiménez, de 21 años, plagiada por cuatro

hombres mientras departía en un bar en Orizaba, en septiembre de 2012, Araceli

sostiene que la dimensión de las desapariciones y su vinculación con la trata de

personas, sobre todo en el caso de jóvenes, no se ha dimensionado en la entidad ni

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se ha abordado de forma adecuada “por los grandes intereses económicos y

políticos implicados”.

Para Salcedo, quien como coordinadora del colectivo dirige las búsquedas de fosas

clandestinas, urge que la administración de Yunes Linares ajuste cuentas con

quienes ignoraron el problema.

“Durante el gobierno de Duarte, fuimos negados, hostigados, criminalizados y

amenazados; a más de ocho meses del nuevo gobierno, no vemos un cambio

satisfactorio, aunque en esta administración se nos dijo que la toma de muestras de

ADN ordenadas por el exfiscal Luis Ángel Bravo fue una farsa, los familiares

queremos que esa acción sea sancionada”, resalta Araceli, quien se dio a conocer

en los medios por haber increpado al entonces gobernador en un acto público en

octubre de 2015.

La activista advierte que los juicios por malos manejos de fondos públicos no son

suficientes para saldar la deuda con los desaparecidos de Veracruz. “Tienen que

pagar los actores principales implicados en el tema. No me pueden decir que Duarte

nomás cometió enriquecimiento ilícito, si su función era garantizar seguridad a los

veracruzanos, y fue él quien nombró a Arturo Bermúdez Zurita (exsecretario de

Seguridad Pública, procesado por enriquecimiento ilícito), a Luis Ángel Bravo…

tienen que pagar”.

“El estado me robó a mi hija”GLORIA LETICIA DÍAZ2017-09-09 07:16:07 · COMENTARIOS DESACTIVADOSREPORTE ESPECIAL

XALAPA, VER.– A la mayoría de los padres de las personas desaparecidas la

certeza de la muerte de su ser querido les da tranquilidad, pero a Pedro Mavil y su

esposa, Gema Hernández, saber que su hija –secuestrada el 3 de mayo de 2011 en

esta ciudad– no respira, más les provoca dolor.

“El estado de Veracruz me robó a mi hija”, sostiene el abatido don Pedro, contador

público egresado de la Universidad Autónoma de Veracruz, durante la entrevista con

la reportera en el panteón municipal de esta ciudad, donde presuntamente están los

restos de Gemma Mavil Hernández. El problema es que nunca fueron inhumados en

el área de fosa común, como corresponde a las personas no identificadas.

Ubicado en un amplio predio de pequeñas colinas, el cementerio tiene pasillos

pavimentados sólo en su primera área; al fondo, en una franja de dos hectáreas, se

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encuentran las tumbas plenamente identificadas al lado de la zona de las fosas

comunes.

Durante cinco años la familia Mavil Hernández albergó la esperanza de encontrar

viva a Gemma, luego de que un operativo policiaco fallido para detener a los

presuntos plagiarios.

Al principio fueron detenidas tres personas, una de las cuales incluso ya fue

sentenciada; otra fue liberada el mismo día de su detención, y la tercera –el

exagente de tránsito Efrén Landa Méndez– murió en los separos de la Unidad

Especializada Contra el Secuestro (UECS) durante los interrogatorios a los que fue

sometido por agentes ministeriales.

“Desde aquel 3 de mayo que Gemma salió de Xico hacia Xalapa a una entrevista de

trabajo, no he parado de buscar a mi hija”, relata don Pedro.

“La última vez que tuve comunicación con los secuestradores fue al mes siguiente,

pero en la UECS no hicieron lo necesario para encontrarla. El caso también está en

el fuero federal, en la SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de

Delincuencia Organizada) y en la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas

Desaparecidas.”

La carpeta 844/2011

El pasto y la espesa hierba silvestre, propia de la fértil tierra veracruzana, impiden

distinguir dónde empiezan o terminan las tumbas, por lo que uno termina por

caminar sobre ellas.

Es en esa área, la de las fosas comunes, donde el cuerpo de Gemma reposa, según

la carpeta de investigación 844/2011, que don Pedro descubrió en 2016, durante sus

investigaciones sobre el paradero de hija, que entonces tenía 29 años.

El legajo estaba archivado y se refería a la localización del cuerpo sin vida de una

mujer en una bolsa de plástico abandonada en calles de una colonia de Xalapa.

“Quien la levantó dijo que el cuerpo no presentaba ninguna larva de

descomposición, aunque posiblemente la habían asesinado en julio (de 2011). Eso

quiere decir que debió haber estado en refrigeración”, detalla don Pedro.

Una vez ingresada en Servicios Periciales, relata, a Gemma se le tomó una muestra

ósea para obtener su perfil genético, pero éste nunca fue ingresado a la base de

datos de personas no identificadas, según un documento de la dirección de

Servicios Periciales fechado el 1 de junio de 2016.

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No fue hasta que don Pedro descubrió la carpeta de investigación que se cotejaron

los perfiles genéticos de él y su esposa con el del cuerpo desconocido.

Ello, dice, pese a que a él se le tomaron muestras de ADN en 2012 y a su cónyuge

en 2014. Y en febrero de 2015 se hizo un primer cotejo infructuoso con la base de

datos de personas no identificadas de acuerdo con documentos de la Dirección de

Servicios Periciales.

Pese a saber que Gemma estaba muerta, el calvario de la familia Mavil Hernández,

representada por el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia

(IMDHD), continúa.

De agosto a septiembre de 2016, don Pedro y su representante del IMDHD, Volga

de Pina Ravest, promovieron exhumaciones en tres fosas para localizar a Gemma.

Esas exhumaciones pusieron al descubierto las irregularidades en cinco de los 10

cuerpos examinados. Ninguno era el de Gemma.

Ella debería estar en una fosa junto con otros dos cadáveres masculinos inhumados

en octubre de 2011. A los sepultureros se les ordenó cavar tres fosas, pero sólo se

depositaron dos cuerpos; el otro, presuntamente el de Gemma, se quedó en un

ataúd dentro de la camioneta de Servicios Periciales.

Reclamos infructuosos

Entre agosto de 2014 y septiembre de 2015, Luis Ángel Bravo y Gilberto Aguirre

Garza, funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz y

de la Dirección de Servicios Periciales, respectivamente, realizaron varias

exhumaciones e inhumaciones en esas mismas fosas, según el entrevistado.

Ambos, dice don Pedro, “sabían desde 2014 que en esas fosas no estaba mi hija,

pero me lo ocultaron. No sé por qué lo sabían, pues no se había hecho el cotejo de

ADN. Eso habla de las complicidades que hubo en el caso de mi hija”, que incluso

ameritó la recomendación 02/2017 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Según el ómbudsman veracruzano, “la mayoría de las acciones encaminadas a la

búsqueda de la verdad han resultado infructuosas por haber actuado de manera

tardía e ineficiente, trayendo como consecuencia la negativa de acceso a la justicia,

aunado a la indignación del señor PMM y de sus familiares”.

En la actual administración el caso permitió un acuerdo de cooperación entre el

Comité de la Cruz Roja Internacional y la Fiscalía General del Estado de Veracruz

para poner orden en los panteones municipales, destinar un espacio para fosa

común y no inhumar cuerpos sin perfil genético de las personas no identificadas.

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“Los servicios de fosa común en el estado de Veracruz son un caos –insiste don

Pedro–. Se supone que en Xalapa hay 192 cuerpos en calidad de desconocidos que

fueron localizados entre 2010 y 2016, y que en el puerto de Veracruz hay 3 mil 600,

pero el caso de mi hija demostró el desastre que hay en los panteones municipales.”

Visiblemente cansado por su búsqueda infructuosa, don Pedro comenta: “He

acompañado a otras familias a recuperar cuerpos de sus desaparecidos. En mi caso

no he podido cerrar el duelo; mi herida es más grande y más profunda. Antes

albergaba la esperanza de encontrar con vida a mi hija, pero no es así.

“Gemma sigue desaparecida aun fallecida. Por eso digo que a mi hija se la robó el

estado. La tenía en sus manos y no me entregó los restos”.

Y con Yunes la violencia empeoraNOÉ ZAVALETA2017-09-09 07:17:15 · COMENTARIOS DESACTIVADOSREPORTE ESPECIAL

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ha incumplido su bravata

de que contendría los índices delictivos de la entidad en un semestre. Cuerpos

destrozados, cabezas con narcomensajes, cadáveres que ya no caben en las

planchas de la morgue, periodistas amenazados y asesinados, son las impunes

manifestaciones de la guerra que sostienen los cárteles por el control del estado.

Xalapa, Ver.- Durante el gobierno Miguel Ángel Yunes Linares, quien llegó al poder

postulado por la alianza PAN-PRD, se han cometido en Veracruz mil 696 homicidios

–75%, ejecuciones del crimen organizado–, 121 secuestros, 188 violaciones, 13 mil

855 robos, incluidos mil 869 hurtos de vehículos con violencia, según cifras del

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que cubren de

diciembre de 2016 a julio de 2017.

Un comparativo que hizo Proceso con el primer año de gobierno de los priistas

Javier Duarte y Fidel Herrera, revela que el gobierno de Yunes Linares tiene

mayores índices delictivos en homicidios, secuestros y robo de autos, con una

disminución significativa en violaciones sexuales.

En los primeros ocho meses de gestión de Duarte se registraron mil 128 homicidios,

33 secuestros, 783 violaciones y 16 mil 557 robos, entre ellos mil 98 hurtos con

violencia de autos.

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Con Herrera se reportaron 886 homicidios, seis secuestros, 790 violaciones y 9 mil

771 robos, incluidos 152 robos de autos con violencia, según el registro del

SESNSP.

En su campaña para la gubernatura Yunes Linares declaró a este semanario que si

ganaba, colocaría a un militar en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para

neutralizar la espiral de violencia y dar un “manotazo” a la corrupción de las

delegaciones policiacas. Se dio de plazo un semestre para apaciguar la entidad.

Ya como gobernador, Yunes colocó en la SSP a Jaime Téllez Marie, un abogado

penalista y exdirector de Tránsito Municipal de Boca del Río, el municipio que

gobierna el hijo del mandatario, Miguel Ángel Yunes Márquez. Éste se perfila para

ser el candidato del PAN a la gubernatura en 2018 y, pese a su voluntad política, no

ha podido avanzar en la prevención del delito.

Para “reforzar” la función de Téllez Marie, el mandatario estatal ha solicitado cuatro

veces el envío de la Gendarmería Nacional y la asignación de más policías

federales, marinos y militares para inhibir la operación del crimen organizado, así

como la presencia de policías militares en la región montañosa Córdoba-Orizaba.

La Secretaría de Gobernación le ha cumplido todas esas peticiones pero la violencia

no cesa. El pasado 30 de agosto Yunes Linares de plano solicitó “mayor

presupuesto” en el rubro de seguridad, sobre todo, dijo, para el fortalecimiento de las

policías municipales.

El pasado 20 de junio Yunes le declaró la guerra a las bandas criminales que operan

en Veracruz, como Los Zetas, Los Ántrax, el Cártel de Jalisco Nueva Generación

(CJNG), Vieja Escuela de Los Zetas, el Cártel de Sinaloa, el del Golfo y las células

delictivas independientes.

Sin embargo, desde entonces sólo se ha conseguido la aprehensión de Hernán

Martínez Zavaleta, El Comandante H, líder zeta en el sur de Veracruz y a quien la

Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR)

capturó en el municipio de Cárdenas, Tabasco.

También fue abatido por marinos, en el municipio poblano de Chipilo, Ricardo

Pacheco Tello, El Quino, a quien el gobierno de Yunes señaló como líder del CJNG

en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y como sospechoso de ordenar la

ejecución del coordinador estatal de la Policía Federal, Camilo Castagné Velasco, y

uno de sus subordinados. Este crimen se perpetró en el restaurante La Bamba, en la

cabecera de Cardel, el pasado 24 de junio.

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Apenas cayó preso el Comandante H, el fiscal regional de Veracruz, Jorge Morales

Carrasco, discretamente renunció al cargo. Policías ministeriales de la Fiscalía

General del Estado (FGE) –que pidieron el anonimato– aseguran que Morales tenía

amistad con el líder criminal.

Hasta el momento no se sabe de avances en la detención, consignación o

aprehensión de los “300 objetivos delincuenciales” que prometió asegurar el grupo

de Coordinación Veracruz y que, a decir de Yunes Linares, son los “generadores de

violencia”.

Sobre esos presuntos integrantes de varias organizaciones criminales que se

confrontan por el control de las actividades delictivas en la entidad, el mandatario

estatal afirmó: “No nos amedrentamos frente a una banda de delincuentes. No

vamos a mentirle a los veracruzanos: ha sido una tarea difícil y compleja, nos

estamos enfrentando a delincuentes de alta peligrosidad. No damos paso atrás en la

lucha contra la delincuencia”.

Sin embargo, el gobierno de Veracruz ya ofreció un millón de pesos de recompensa

por uno de sus principales objetivos, Roberto de los Santos de Jesús, El

Bukanas o El Bukanans, líder de los ladrones de combustible en Puebla y

entrenador de sicarios y estacas de Los Zetas en Veracruz.

El sospechoso continúa libre y operando en ambas entidades. El Bukanas,

excomandante de la Policía Municipal de Maltrata, en la región montañosa

veracruzana, ha escapado ya de tres operativos federales.

En septiembre de 2014, fuerzas militares irrumpieron en el rancho San Pedro, en la

congregación Sierra de Agua, Cumbres de Acultzingo, lo que puso al descubierto

una red criminal y de corrupción.

Dirigidos por De los Santos, policías municipales de Maltrata y Acultzingo, junto con

sicarios de Los Zetas, entrenaban en ese rancho a futuros estacas de esa

organización: jóvenes de entre 17 y 25 años a quienes les enseñaban a usar armas,

además de “tablear” y torturar a sus víctimas en fosas de aguas negras o en celdas

de castigo.

El resto de los objetivos no han sido dados a conocer. La FGE se ha limitado a

anunciar detenciones de probables responsables de robo, fraude, estupro, abigeato,

violación y privación ilegal de la libertad. Ninguno es jefe de plaza de Los Zetas, el

CJNG o el Cártel de Sinaloa.

Sin respuesta ante el crimen

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En el arranque del sexenio del priista Javier Duarte comenzó en todo el estado una

batalla campal entre Los Zetas y Gente Nueva, brazo armado del Cártel de Sinaloa,

mientras el Cártel del Golfo mantenía el dominio de la Huasteca.

Posteriormente Los Zetas se replegaron y, según averiguaciones previas de la FGE

a las que este semanario tuvo acceso, comenzó a permitirse la entrada de células

del CJNG.

Ahora, cuando el gobierno de Yunes cumple solamente 250 días, el mapeo

delincuencial ya muestra el control casi absoluto del estado por el CJNG y, sobre

todo en el sur de la entidad, la resistencia de los autodenominados Zetas Vieja

Escuela, así como la persistencia de células dedicadas al robo de combustible.

El 21 de julio pasado, en el municipio sureño de Agua Dulce, junto al cuerpo de un

ejecutado se localizó una cartulina roja con letras negras, en la cual se advertía que

Los Zetas Vieja Escuela y el Cártel del Golfo darían la “batalla” contra los “traidores”

y “volteados” que ayuden o se integren al CJNG: “Así se escondan en Villa (sic),

Tuxtla, Xalapa, Poza Rica o Tijuana, donde sea los vamos a encontrar, bola de

traidores”.

Desde ese día se volvieron a localizar hombres ejecutados y desmembrados; otra

vez se vieron asesinatos a plena luz del día en municipios como Xalapa, Veracruz,

Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba y Orizaba.

La madrugada del 3 de septiembre, una treintena de extremidades humanas fueron

abandonadas sobre los cofres de dos automóviles con reporte de robo en la colonia

Díaz Serdán. Una cartulina naranja advertía a la Fuerza Civil y a la SSP que los

asesinados eran robacarros y daba a entender que el crimen organizado realizaba

labores que las corporaciones policiacas rehuían: “Debes agarrar a estos robacarros

y no andar violando y torturando a gente trabajadora e inocente”.

El 22 de agosto pasado fue asesinado el reportero de El Diario de Acayucan,

Cándido Ríos, junto con el excomandante policiaco Víctor Acrelio Alegría y uno de

sus escoltas. El director del rotativo, Cecilio Pérez, no tiene muchas esperanzas al

respecto: “Se avizora otro asesinato más en la impunidad”.

Las pesquisas sobre estos asesinatos son tan deficientes, que peritos de la FGE

“olvidaron” cartuchos percutidos en el lugar de los hechos y restos de masa

encefálica colgando de una malla ciclónica.

También sacudió a la opinión pública el asesinato de Patricia Herrera Martínez,

estudiante de gestión empresarial de la Universidad Veracruzana, de 24 años. Sus

familiares comentaron a medios de comunicación que unos sujetos que se dijeron

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miembros del CJNG exigieron un millón de pesos por liberar a la joven, pero la

asesinaron días después. Junto a sus restos, abandonados en la carretera

Cosoleacaque-Jaltipan, los sicarios dejaron otro mensaje con amenazas para Los

Zetas y los policías que colaboran con ellos.

El Grupo de Coordinación Veracruz tuvo que sesionar los domingos en varias

regiones del estado, a fin de evaluar la situación y encontrar la forma de contener la

criminalidad, ante la cual parece maniatada la administración de Yunes Linares.

Sin embargo, los funcionarios prefieren negar la realidad. En un video que circula en

redes sociales se observa que Téllez Marie les exige a periodistas en Poza Rica que

también hablen de “las cosas buenas que hacemos” y de los “resultados”.

Proceso hizo una solicitud formal de entrevista con el secretario de Seguridad

Pública, pero su coordinador general de Comunicación Social, Elías Assad, sólo

respondió: “Lo estoy checando”, “anda movido”, “no me contesta”.

Asimismo, Yunes Linares se queja de que en los medios no se “reconocen” sus

logros: “Hemos cambiado, Veracruz ha cambiado para beneficio de todos. Yo sé que

hay algunos (medios) a los que les cuesta reconocerlo, les cuesta mucho trabajo…

porque no tenemos convenios y no vamos a tener, esa es la realidad”.

RELIGIÓN

La Iglesia enfrenta un “clericidio”RODRIGO VERA2017-09-09 07:18:55 · COMENTARIOS DESACTIVADOSRELIGIÓN

Durante este sexenio el crimen organizado ha minado, penetrado y corrompido a las

instituciones e incluso afecta ya a la Iglesia católica, señala Omar Sotelo Aguilar,

quien el mes pasado presentó el “informe parcial” titulado “2017, año funesto para el

sacerdocio mexicano”. En entrevista, el religioso paulino habla incluso de “clericidio”

y enumera 19 asesinatos en los últimos cinco años y amenazas de muerte a 17

sacerdotes. A ello se suma el robo de arte sacro. Hoy, dice, es común ver cámaras

de seguridad en los templos para monitorear el movimiento de la gente, algo

impensable hace algunos años.

Durante los cinco años que lleva el gobierno de Enrique Peña Nieto se

incrementaron “los crímenes de odio” contra el clero católico en México, al grado que

son ya 19 los sacerdotes asesinados –cifra que superó los 17 ultimados durante el

sexenio anterior–, así como 14 obispos amenazados de muerte, un dato alarmante

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si se considera que muy poco se supo sobre amenazas a los altos jerarcas en la

administración anterior.

A esta espiral de violencia se suman los recientes ataques perpetrados en dos

importantes recintos eclesiásticos: el apuñalamiento del sacerdote José Miguel

Machorro Alcalá, el 15 de mayo pasado, al terminar de oficiar misa en la Catedral

Metropolitana de la Ciudad de México, la principal del país; y el estallido de una

bomba casera arrojada durante la madrugada del 25 de julio a la sede del

episcopado mexicano, el organismo cúpula que aglutina a los más de 100 obispos

del país.

Omar Sotelo Aguilar, director del Centro Católico Multimedial (CCM), que cada año

presenta un informe estadístico sobre la violencia contra el clero mexicano, comenta

preocupado: “En este sexenio aumentaron los crímenes contra religiosos; ya van 19.

Y pese a que aún falta un año para que concluya el gobierno de Peña Nieto, esta

cifra ya superó a los 17 sacerdotes asesinados durante todo el sexenio anterior”.

–¿A qué atribuye este incremento?

–Al mismo aumento de la violencia en México. Y a la ineficacia de las autoridades en

la procuración de justicia y seguridad. El crimen organizado las ha minado,

penetrado y corrompido. No hay otra explicación. Y las estadísticas son claras, no

mienten.

Infundios

Sotelo Aguilar se muestra todavía más preocupado por la manera en que se dan las

ejecuciones: “Al analizar los asesinatos vemos en su gran mayoría un mismo

método, aplicado con muchísima crueldad: primero se levanta al sacerdote. Ya

cautivo, se le ata de manos, se le tortura y, finalmente, se le mata. Los criminales se

ensañan con ellos por su condición de clérigos”.

–¿Es un fenómeno parecido a los feminicidios, perpetrados contra las mujeres por el

solo hecho de serlo?

–Sí, es similar. Ahora nos estamos enfrentando a una especie de “clericidio” o

“clerocidio”. No sé cómo llamarlo, no lo sé. Pero es un nuevo fenómeno en el que las

víctimas son sacerdotes.

“Hace poco, por ejemplo, asesinaron en Ciudad Nezahualcóyotl al párroco Luis

López, de 73 años, quien no podía defenderse. Aún así, lo maniataron, lo golpearon,

le dieron puñaladas en el corazón y luego lo degollaron. Fue un crimen terrible. Y por

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el mismo estilo está la mayoría. En nuestros informes anuales procuramos omitir

este tipo de detalles por respeto a los deudos.

“Otro aspecto que se ha activado muchísimo últimamente es la difamación. Es muy

común que se denigre la investidura sacerdotal después de los asesinatos. Sin

prueba alguna, generalmente se dice que los matan por pederastas, por libertinos o

por venganzas pasionales. La difamación es un arma muy poderosa. De manera que

a nuestros sacerdotes se les asesina no sólo físicamente, sino también moralmente.

“Esto ocurrió, por ejemplo, con algunos de ellos en Veracruz y Michoacán. Se dijo

que los mataron por andar ebrios y en malas compañías. A uno incluso se le acusó

de pederasta. Se dijo haberlo visto salir de un hotel acompañado de un menor.

Luego se comprobó que eran infundios. Las autoridades, incluso, llegan a adoptar

estas posturas difamatorias sin investigar.”

El informe

El CCM da a conocer sus informes a finales de cada diciembre. Sin embargo, este

año presentó un “informe parcial” titulado “2017, año funesto para el sacerdocio

mexicano” a principios de agosto.

Sotelo Aguilar explica: “Adelantamos este informe por el gran impacto que tienen los

ataques a la catedral y a la sede del episcopado. Dos hechos muy significativos en

un país donde 80% de la población es católica.

“¡Caray! Es la primera vez que en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México

se apuñala a un sacerdote en plena celebración litúrgica. Y, para colmo, poco

después se lanza un artefacto explosivo contra la sede del episcopado, lugar desde

donde se impulsan las acciones de la Iglesia católica a nivel nacional. Son sucesos

tremendos. Dejan mucho qué pensar.”

En el informe, de entrada, se señala que, “por noveno año consecutivo”, México

ostenta “el primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos de

América Latina”.

Y agrega: “Durante el sexenio del licenciado Enrique Peña Nieto se han cometido 19

homicidios en contra de sacerdotes, así como de dos laicos, y se tiene registro de

dos presbíteros desaparecidos”.

Aclara también que “los miembros de la Iglesia no tienen conflicto con los grupos

que están cometiendo ilícitos en el país. No obstante, existen sectores de la

sociedad que aprovechan la efervescencia de la violencia y se muestran insolentes

contra los religiosos”.

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Menciona después las 17 entidades donde los sacerdotes sufren más agresiones:

Guerrero, Michoacán, Veracruz, Tamaulipas, Ciudad de México, Chiapas, Tabasco,

Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Estado de México, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí,

Colima, Sinaloa y Tabasco.

Y explica las razones de los ataques: “Estos grupos que atentan contra sacerdotes y

religiosos buscan limitar las actividades del trabajo pastoral de la Iglesia en México,

que tienen su acción en el campo sanitario y educativo, así como en la acción

asistencial –ayuda, refugio y consuelo– a favor de los derechos humanos de

migrantes que transitan por suelo mexicano.”

Ellos y los agentes de pastoral, abunda, “son más vulnerables a diversos ataques,

como lo muestra la creciente ola de agresiones, asesinatos y desapariciones

acaecidos bajo la mirada indiferente de las autoridades, a lo largo y ancho del país,

donde en los últimos años han proliferado la inseguridad y el crecimiento de los

grupos del crimen organizado”.

Mensajes de odio

Sotelo Aguilar elaboró una cronología de “clericidios” que va de 2012 a 2017 en la

que explica las circunstancias de cada asesinato, detallando la fecha, el lugar y la

diócesis a la que pertenecía cada víctima.

Los asesinados, según la lista, son: Víctor Manuel Diosdado, José Flores Preciado,

Ignacio Cortez Álvarez, Hipólito Villalobos, Nicolás de la Cruz Martínez, Joel Román

Salazar, John Ssenyondo, José Ascensión Acuña, Rolando Martínez Lara, Gregorio

López Gorostieta, Francisco Javier Gutiérrez, Israel Garrido, Alejo Nabor Jiménez,

José Alfredo Juárez, José Alfredo López, Felipe Altamirano, Joaquín Hernández,

Luis López Villa y José Miguel Machorro, el cura apuñalado en catedral.

Según el informe, el ataque contra Machorro, el pasado 15 de mayo, es “el primer

evento mortal al interior de uno de los recintos sagrados más importantes del país”.

Luego de una dolorosa agonía que se prolongó más de dos meses, Machorro murió

el pasado 3 de agosto, en el Instituto Nacional de Nutrición. Las lesiones que sufrió

en el cuello con un arma punzocortante le provocaron una severa deshidratación,

choque hipovolémico e insuficiencia respiratoria.

A su atacante –el potosino Juan René Silva Martínez, capturado en la catedral el

mismo 15 de mayo– se le diagnosticó un trastorno psicótico que no le permite

reconocer su acto delictivo, por lo que al parecer no será juzgado en un proceso

ordinario.

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Sotelo ve con recelo esta supuesta psicosis: “Se dice que René Silva no es

consciente de sus actos. Sin embargo, se ha reservado su derecho a declarar ante

la justicia. Aquí sí sabe muy bien cómo defenderse. Esto no concuerda en una

persona con deficiencias mentales. ¿Estamos realmente ante un asesino solitario?

¿O hay alguien detrás de él? No olvidemos que este tipo de personas son utilizadas

por otros para realizar ataques como el de Catedral… Hay muchas cosas por

aclarar”.

Respecto a la bomba casera lanzada contra la sede de la Conferencia del

Episcopado Mexicano (CEM) el pasado 25 de julio, Sotelo, perteneciente a la

congregación Sociedad de San Pablo, sostiene: “Ese ataque lo perpetró un

comando rebelde, en protesta por la postura de la Iglesia ante el aborto, la familia y

el matrimonio. Se conocen las causas y de dónde procede el ataque. La

investigación sigue abierta”.

En efecto, el bombazo se lo adjudicó –un día después– el grupo autodenominado

Comando Feminista Informal de Acción Antiautoritaria, el cual dio a conocer que la

bomba la fabricó con “dinamita, gas LP y butano”.

La Secretaría de Gobernación, por medio del subsecretario de Asuntos Religiosos,

Humberto Roque Villanueva, calificó la agresión como un “mensaje de odio” dirigido

a los obispos del país.

El 25 de julio Roque Villanueva diagnosticó: “Sí, hay ahí un mensaje de odio dirigido

a una institución… Es el primer ataque a una institución colegiada, como es la CEM”.

Asimismo, varios obispos han recibido amenazas de muerte en sus respectivas

diócesis; en ocasiones las fachadas de sus casas son baleadas con objeto de

amedrentarlos. Son parte de estos mensajes de “odio” a los que se refiere la

Secretaría de Gobernación.

Sotelo comenta: “En nuestras estadísticas, tenemos registradas 850 extorsiones y

amenazas de muerte contra miembros del clero, incluidos 14 obispos”. Entre ellos

menciona a Ramón Castro Castro, obispo de Cuernavaca; a Maximino Martínez, de

Ciudad Altamirano; a Miguel Patiño Velázquez, obispo emérito de Apatzingán.

“A principios de este año –relata– balearon la casa parroquial de monseñor Castro,

situada en la zona aledaña a la catedral de Cuernavaca. La agresión, me imagino,

provino de alguien molesto por el trabajo pastoral del obispo, quien siempre ha

trabajado muy cerca del pueblo y denunciado las situaciones injustas en el estado

de Morelos”.

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Diócesis asediadas

Desde 2013 la diócesis de Cuernavaca ha venido denunciando las amenazas de

muerte y los “cobros por derecho de piso” a sus sacerdotes por parte del crimen

organizado, según informaciones periodísticas.

La casa del obispado de Ciudad Altamirano –sostiene Sotelo– “también ha sido

tiroteada por las bandas del crimen organizado”.

El obispo de esa diócesis, Maximino Martínez, en una entrevista con este reportero

en enero de 2015, reconoció que ha estado expuesto a la violencia desde el día que

tomó las riendas del obispado, el 31 de agosto de 2006.

Expuso: “Ese día celebrábamos en el seminario mi ordenación episcopal. Cuando

regresé a esta casa del obispado voy viendo la fachada tiroteada… Fue un aviso de

que debía andarme con mucho tiento”.

“–¿Y nunca ha sufrido amenazas de muerte?” –se le preguntó entonces.

“–Por supuesto. Varias veces, sobre todo cuando ando visitando mis parroquias y en

los caminos me paran los narcotraficantes… Pero debemos ser firmes y combatir al

mal que se ha metido en esta región. El Papa acaba de recordarnos que el diablo de

pronto anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso pasa aquí… ¡Es el

mal!… ¡El mal!” (Proceso 1995).

Hay sin embargo otros obispos, refiere el entrevistado, “que prefieren no divulgar las

amenazas de muerte que reciben. Optan por el silencio. Pero finalmente se están

jugando la vida”.

–¿De qué estados son los obispos más expuestos?

–De los estados más conflictivos: Guerrero, Michoacán, Morelos y Tamaulipas.

También de la zona conurbada de la Ciudad de México.

–¿Es común que los obispos usen guaruras?

–No. Todavía se resisten a usar ese tipo de seguridad. Argumentan que los

guardaespaldas les impiden tener un verdadero contacto con el pueblo, y les resulta

molesto que los estén cuidando las 24 horas. Que yo sepa, actualmente sólo el

cardenal Norberto Rivera trae un grupo de gente que lo acompaña.

–¿Existe el riesgo de que ya no sean sólo sacerdotes los asesinados, sino incluso

algún obispo?

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–Así como están las cosas, ya cualquier miembro del clero corre el riesgo de ser

asesinado… Le puede pasar a cualquiera… a cualquiera.

Obispos bajo fuegoRODRIGO VERA2017-09-09 07:19:56 · COMENTARIOS DESACTIVADOSRELIGIÓN

A causa de su actividad pastoral de protección a los derechos humanos, los obispos

Raúl Vera, de Saltillo, y Ramón Castro, de Cuernavaca, actualmente tienen abiertos

enfrentamientos con los gobernadores de sus respectivos estados, Rubén Moreira,

de Coahuila, y Graco Ramírez, de Morelos.

Por tratarse de choques entre miembros de la jerarquía eclesiástica con mandatarios

estatales, representan conflictos álgidos y preocupantes en medio de la escalada de

violencia que actualmente padece el clero mexicano, con saldo de 19 sacerdotes

asesinados en lo que va del sexenio.

La confrontación entre Vera y Moreira se recrudeció el pasado 5 de julio, cuando la

diócesis de Saltillo –junto con organizaciones civiles– presentó ante la Corte Penal

Internacional de La Haya el documento titulado “México: asesinatos, desapariciones

y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad”.

Basado en 500 casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas,

el documento denuncia una “política” del gobierno de Moreira que consiste en

“permitir y apoyar activamente un ataque contra la población civil”.

Destaca dos hechos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad: la matanza

perpetrada por Los Zetas de muchos habitantes de la localidad de Allende; y la mala

gestión en la cárcel de Piedras Negras, la cual, pese a estar bajo responsabilidad del

gobierno estatal, se convirtió en un centro de operaciones de ese cártel.

Firman el documento varios organismos de derechos humanos, entre ellos algunos

pertenecientes a la diócesis de Saltillo, como el Centro Fray Juan de Larios y la

Casa del Migrante de Saltillo, pero también las instancias diocesanas de Pastoral

Social y Pastoral Penitenciaria.

En respuesta, la Procuraduría de Justicia de Coahuila citó al obispo Vera para que el

27 de julio rindiera su declaración sobre un caso de sacerdotes de su diócesis

investigados por abusar sexualmente de menores de edad. Pero el prelado no

acudió.

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El mismo día la diócesis emitió un comunicado en el que atribuyó el citatorio a los

cuestionamientos eclesiásticos hechos al gobierno de Moreira.

Dijo la diócesis: “Estas acciones del Ministerio Público se presentan en un contexto

político y social que incluye las incertidumbres y confusiones del pasado proceso

electoral en el estado de Coahuila, el incremento en el índice de la violencia en

diferentes municipios, las represalias contra trabajadores mineros, el hallazgo de

cuerpos con signos de tortura y, sin duda, tanto el informe que de Coahuila se

ofreció en la Corte Penal Internacional como el proceso electoral del próximo 2018”.

Fue el 3 de agosto cuando el obispo acudió ante el Ministerio Público a declarar.

Para Moreira esta tardanza permitió que sus sacerdotes pederastas se dieran a la

fuga y así escaparan de la justicia.

Molesto, Moreira declaró el pasado 22 de agosto a los medios locales: “Las

denuncias tienen que ser investigadas. Hay una denuncia que hizo el obispo de

Saltillo de que él conocía varios casos de pederastia, ya dio los nombres al

Ministerio Público. Ahí el problema es que se tardó muchísimo en darlos. Y hoy no

se encuentra a los pederastas… Raúl Vera, con su tardanza en declarar, permitió su

huida”.

Hay versiones de que el obispo encubre a una red de sacerdotes pederastas. Sin

embargo, algunas organizaciones sociales señalan que estos rumores forman parte

de las calumnias y de la criminalización mediática contra el obispo, orquestadas por

el gobierno de Moreira.

Lo cierto es que hasta la fecha no ha aparecido ninguna víctima de estos supuestos

curas abusadores, de quienes tampoco se conocen los nombres. Son prácticamente

seres fantasmales.

En cambio, los hechos de violencia denunciados por el obispo, cometidos durante el

gobierno de Moreira, están plenamente documentados.

Caso Morelos

El obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, también se enfrenta a los ataques y

descalificaciones del gobierno morelense, debido principalmente a que ha

encabezado marchas y otros actos de protesta contra el gobernador perredista

Graco Ramírez.

Junto con el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro

Vera; el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco; y el poeta Javier Sicilia, el

obispo se ha convertido en un importante actor político en la entidad.

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En julio del año pasado, por ejemplo, prestó el claustro de la Catedral de

Cuernavaca para que se realizara una reunión entre los principales líderes

opositores a Graco Ramírez, que ahí acordaron constituir el Frente Amplio

Morelense. Además de Vera y Sicilia, ahí estuvieron el líder de los transportistas,

Dagoberto Rivera; el vocero de la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos,

Gerardo Becerra; y representantes de los pueblos en resistencia.

Por otro lado, en sus declaraciones públicas, el obispo ha criticado la corrupción del

gobierno estatal, así como la creciente violencia, inseguridad y criminalidad

provocada por los cárteles del narcotráfico que operan en la entidad.

Castro asegura, por ejemplo, que el gobierno de Graco Ramírez está pidiendo

“moches” de hasta 40% para otorgar contratos de obra pública.

Y para mitigar el impacto de la violencia entre la población, su diócesis está abriendo

centros de atención a víctimas, conocidos como Grupos Levadura, los cuales ya

operan en algunas parroquias morelenses.

El obispo ha justificado así su incursión en el terreno político y social: “La verdadera

política es el trabajo por el bien de la comunidad. Pero aquí la política es trabajar por

los intereses personales de los políticos. Eso ya no puede ser”.

El gobierno de Morelos, por su parte, argumenta que el prelado se está metiendo en

asuntos políticos, violando así el artículo 130 constitucional, el cual estipula que los

ministros de culto no deben asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo en

contra o a favor de algún candidato o partido.

El pasado 21 de marzo, el secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz, dijo en

conferencia de prensa: “Como Poder Ejecutivo, conminamos al obispo a ser

respetuoso de la Constitución y a recordar lo que el Papa Francisco recomendó a

sus sacerdotes: alejarse de la política para recuperar la confianza y la fe en la Iglesia

católica, orar por sus gobernantes y sus gobiernos y no enfrentarse con ellos”.

El gobierno de la entidad también la ha pedido a la Secretaría de Gobernación, a la

Conferencia del Episcopado Mexicano y al nuncio apostólico en México, Franco

Coppola, que “llamen al orden” al obispo. Actualmente Gobernación ya lo investiga

para determinar si efectivamente se inmiscuye en asuntos políticos.

Además Castro y algunos de sus sacerdotes han sufrido amenazas de muerte. Y en

marzo pasado, el hermano del párroco de Tetela del Volcán, Luis Manuel

Manzanares, fue secuestrado y asesinado, crimen que denunció el obispo en sus

redes sociales.

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También ha sido blanco de ataques en algunos medios morelenses, que lo acusan

sobre todo de realizar exorbitantes gastos suntuarios en obras de su diócesis, como

haber construido una cancha de tenis –uno más de sus “caprichos”– en el Seminario

de San José.

Ante estas descalificaciones, un grupo de 11 obispos –entre ellos el cardenal

Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México– emitió el 22 de marzo una

carta de apoyo a Castro. Ahí aseguran que es víctima de “ataques, calumnias,

difamaciones y persecuciones”.

Y le piden continuar con su postura en los siguientes términos: “Te animamos para

que sigas con espíritu profético en favor de Dios que camina en Morelos.

Convencidos de que la verdad nos hace libres”.

LIBROS

¡Hola, Mr. Trump! “Mexamérica” te saluda...FEY BERMAN2017-09-09 07:20:59 · COMENTARIOS DESACTIVADOSLIBROS

Son ya tres décadas las que Fey Berman lleva viviendo en Estados Unidos, razón

más que sobrada para hacerse acreedora a la enigmática cuidadanía

mexamericana; 30 años de observación profunda que quedó registrada

en Mexamérica. Una cultura naciendo…, publicado por Ediciones Proceso y en el

que la autora agrupó sus reseñas, apuntes, entrevistas, ensayos y reflexiones sobre

ese fenómeno sociocultural, etnológico, antropológico y, desde luego, migratorio. He

aquí la introducción y un capítulo –“¿Du yu spic Spañish?”– del volumen que

comenzará a circular en los próximos días.

1. Son tiempos difíciles para los mexamericanos. Tiempos en que una narrativa llena

de odio y sustentada en la ignorancia nos describe como criminales y como ladrones

de empleos. Una retórica que, además de falsa, nos simplifica: da a entender que

somos una masa uniforme, uno idéntico al otro, y que podemos ser fácilmente

definidos con una simpleza anecdótica: “son mexicanos que cruzaron la frontera

para trabajar en los EUA”.

Porque somos muy diversos, porque el cruce de la frontera, legal o ilegal, es apenas

un detalle de lo que somos y en lo que nos hemos ido convirtiendo, porque somos

de cierto participantes de una cultura naciente, y distinguible, decidí publicar este

libro de ensayos acerca de la presencia mexicana en Estados Unidos. Un tema que,

por cierto, hasta ahora ha sido escasamente abordado.

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Probablemente soy yo quien ha escrito de una forma más constante y abundante

sobre los diversos aspectos de esa presencia compleja, animada, burbujeante.

¿Por qué razón se ha escrito tan poco sobre nosotros los mexamericanos?

Es simple. Justificadamente, lo primero que resalta de ambos lados de la frontera, y

a donde la atención de la mayor parte de los observadores se ha enfocado, es la ola

de inmigrantes indocumentados, los mexicanos que permanecen en Estados Unidos

sin documentos y en la sombra de la ilegalidad.

Claro, uno no puede dejar de sorprenderse de que desde los años ochenta, una

década después de que la oleada actual de la migración mexicana despegó, y hasta

el 2000, la mayor parte del crecimiento de la población mexamericana se atribuye a

la llegada de inmigrantes. Tampoco puede uno dejar de sorprenderse de que en

solamente 20 años, entre 1990 y 2010, más de 7.5 millones de mexicanos

inmigraron a Estados Unidos.

Cierto, no debe quitarse el dedo respecto de la situación ilegal de los

indocumentados, de su sufrimiento al vivir en familias divididas, del impacto de los

muchos pueblos abandonados que han dejado atrás, de la urgente necesidad de su

regularización, del trágico destino de los deportados.

Pero hablar de Mexamérica refiriéndose únicamente a los migrantes sin papeles es

limitar la visión de una realidad multicolor a uno de sus matices.

Más bien, y especialmente ahora, tiempo de las vergonzosas deportaciones, es

momento para narrar cuán larga es la historia de los habitantes de origen mexicano

al norte del río Bravo. Una historia que se inicia aun antes de que ambos países

tuvieran los nombres que hoy tienen, cuando eran parte del Imperio Español y del

Reino Británico. Una historia que además se torna compleja con sólo recordar que

alguna vez una tercera parte de Norteamérica fue México. Una historia larga,

continuamente moldeada por circunstancias que han ido cambiando de forma

radical. Si entre 1990 y 2010 más de 7.5 millones de mexicanos inmigraron a

Estados Unidos, a partir de 2010 la inmigración neta ha sido cero. Y desde hace

cinco años se ha vuelto negativa.

Es decir que ya para 2017, incluso antes de las deportaciones de Mister Trump,

había más mexamericanos que volvían a México que los que llegaban a

Norteamérica. Y ya desde el inicio de este siglo los nacimientos de niños

norteamericanos de origen mexicano superaban a la inmigración como el principal

motor del crecimiento de la población mexamericana.

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Otra vez: el fenómeno mexamericano es diverso. Y es de una vastedad inigualable

al de otras comunidades nacidas de la migración. Algunos datos solamente para dar

una idea de su dimensión. Datos que confío resultarán sorprendentes para el lector:

Hoy los indocumentados representan solamente 16% de la población

mexamericana.

Se estima que la población mexamericana llegó ya a los 37.5 millones. Es decir, si la

población mexamericana fuera un país, en la lista de países ordenados según el

número de sus habitantes, Mexamérica seguiría a Irak, ocupando el lugar 38, y

precedería a Canadá.

Más sorpresas: De cada nueve personas en los Estados Unidos, una es

mexamericana (no en vano el noveno apellido más frecuente en Norteamérica es

García). O visto desde el otro lado de la frontera, por cada 10 mexicanos hay tres

mexamericanos.

En pocas palabras, el fenómeno mexamericano es resultado de la diáspora más

grande del planeta. No exagero: la diáspora más grande de la historia en el planeta.

Y se trata de una diáspora que no es temporal: 25 millones de los mexamericanos

nacieron ya en Estados Unidos, y de los 12.5 millones que son inmigrantes, más de

la mitad son residentes legales.

Valga la redundancia: la comunidad mexamericana tiene una larga historia, es

enorme, y aunque le disguste al norteamericano xenófobo, está para quedarse en

los Estados Unidos.

Además, Mexamérica seguirá creciendo. Por más que en algunos sectores de la

población estadunidense se siga soñando en Make America White Again, con o sin

inmigración la comunidad mexamericana seguirá agrandándose y a grandes pasos.

Y por otro lado, dado que es la población más joven de Estados Unidos, su

participación en la fuerza laboral de este país, que hoy es de casi 10%, aumentará

considerablemente, haciéndola indispensable.

2. ¿Pero existe de verdad algo que se pueda llamar Mexamérica? ¿O eso que

llamamos así es México trasplantado a Norteamérica?

Déjeme asegurarle al lector que existe Mexamérica. Que la cultura mexamericana

no es la cultura mexicana en suelo gringo. Aunque sin duda está muy coloreada por

lo mexicano, Mexamérica tiene colores de otros orígenes.

Naturalmente en ella se ha infiltrado de forma poderosa el mundo anglosajón. Es

decir, los valores y las formas del American way of life.

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Naturalmente también, ha sido polinizada por las otras culturas latinoamericanas: en

los vecindarios latinos se cumple de forma inesperada el sueño de Simón Bolívar:

una cultura mestiza hispanoamericana, una mezcla de todas las nacionalidades que

hablan el español en el continente.

Menos notable, pero igual de real, es la influencia afroamericana, asiática y judía en

nuestros paisanos.

¿Por qué sin embargo no se reconoce a la cultura mexamericana en ninguno de los

dos lados de la frontera como eso: una cultura? ¿Por qué no se le nombra como una

idiosincrasia definida?

En México persiste la necia ilusión de que los que se fueron siguen siendo como los

que se quedaron, de que nada les ha pasado en el viaje, nada les ha pasado en

décadas de vivir en Los Ángeles o en Chicago. Hablan spanglish pero son idénticos

a sus familiares de Pátzcuaro, quiere esa necia ilusión. Y tampoco se reconoce lo

mexamericano en Estados Unidos. Cuando acá se habla de lo mexamericano no se

le distingue ningún sincretismo entre lo gringo y lo mexicano. Como si los

mexamericanos vivieran totalmente aislados de los anglosajones, asiáticos,

afroamericanos y judíos.

Para muestra de la incomprensión de lo mexamericano está el hecho de que no

existe ni en Estados Unidos ni en México un solo museo dedicado a la herencia

mexicana en Gringolandia. Fundarlo ha sido un proyecto antiguo pero que todavía

no logra tracción.

¡Qué desapointin!, diría cualquier mexamericano. Nos watchean, pero no nos

quieren ver.

Cierto, los mexamericanos parecen ser invisibles: en la periferia de la cultura

norteamericana y en la periferia de la cultura mexicana.

Este libro busca iluminar esa periferia. Hacerla visible. Hacerla real al lector.

Haciendo reconocibles y comprensibles sus sabores, olores, sus formas peculiares,

sus sonidos característicos; es decir: su música, su idioma, su colorido único.

3. El método para armar este libro me lo ha dictado mi historia personal, más que

una decisión tajante. Nací en México y, sin embargo, he vivido más de la mitad de mi

vida adulta del Otro Lado, al norte de la frontera. Y viviendo aquí he escrito sobre lo

mexamericano durante más de 10 años, a trozos, enfocándome cada vez en un

evento particular: la crónica de una obra de teatro, la reseña del concierto de un

grupo que toca jazz jarocho, el perfil de una academia de mariachis con alumnos de

distintos orígenes, el relato de la historia del primer pintor mexamericano, el

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reportaje de un día de elecciones en un barrio de indocumentados… Y he ido

publicando estos ensayos, entrevistas y crónicas en las revistas Nexos, Letras

Libres, Emeequis, Día Siete y Proceso, y en los periódicos Milenio y Reforma.

Ahora selecciono entre todos ellos los que forman este libro. Me parece que esta

selección retrata algo más que la suma de sus contenidos. Retrata el fascinante

fenómeno de una nueva cultura naciendo. La formación de una nueva identidad.

Mexamérica.

4. He dividido este libro en cinco secciones:

Retratos de inmigrantes trazados en las artes.

El contexto político y social en el que viven los mexamericanos, incluyendo un

apartado dedicado a la frontera, otro al fenómeno mexneoyorquino, otro a Chicago y

uno más a Los Ángeles.

Artistas mexicanos que han dejado huella en los Estados Unidos.

Mexamericanos notables (más que remesas y folclor).

Y, por fin, el castellano en Estados Unidos.

Pienso que vale la pena chequear este escrito. ¿Está usted redi? (Espero

no disapointear).

Una nota sobre el término Mexamérica

Los individuos de origen mexicano en Estados Unidos se autodenominan de varias

maneras: latinos, hispanos, chicanos, mexicanos, méxico-americanos y hasta

mexamericanos.

Ninguno de estos gentilicios es correcto. El término exacto para referirse a los

pobladores de Estados Unidos de origen mexicano debería ser mexicano-

estadunidense, mex-estadunidense o algo similar. Sin embargo, quisiera aquí

disculparme por rechazarlo.

Es por buenas razones que no existe la costumbre de utilizar este gentilicio. El

término es largo, fonéticamente torpe y difícil de pronunciar.

Al adoptar Mexamérica en este manuscrito no se trata de someterme al imperialismo

yanqui que se apropió del nombre de todo un continente, América, para referirse a la

tierra gringa, hace mucho, mucho tiempo. Más bien, es adoptar el término más

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descriptivo, y más importante, el que la gente de origen mexicano que vive en los

EUA usa para autonombrarse.

Lo que no es casual: la palabra Mexamérica embona en la terminología que alude al

origen de las distintas poblaciones que forman los Estados Unidos: mexamericano,

afroamericano, asiático-americano.

Así que queda Mexamérica. Con disculpas a la corrección política. (…)

¿Du yu spic Spañish?

Incredibl. Estados Unidos le va pisando los talones a España en cuanto a número

de hispanics. En Spein hay 46 milions, en el Yu es of ey (o sea, USA) 45. En poco

tiempo Gringolandia será el second pleis de hispanics after México. Pero se pone

más incredibl: como se estima que para 2050 acá habrá 132 milions de hispanics,

para entonces los USA serán el first pleis.

Caray, la mayoriti de los hispanics del planeta Tierra vivirán en un país anglosajón. Y

la tercera parte de este país será hispanic.

Bueno, lets teic it isi. Eso dosnt min que esos hispanicsgringos del futuro hablarán

realmente el Spanish. Los datos de los censos de hoy afirman que hay “35 millones

de hispanohablantes en Estados Unidos”, pero eso debe mantenerse

entrecomillado, ya que muchos “hispanohablantes” gringos de hoy hablan así:

-Bróder, voy a regar la yarda con el jous.

-Tengo sed, dame una coca pero que este cul.

-Voy a hangear en el mol. Si ya leiter.

-Departamento de soporte al cliente

-Cambie de mente.

-No voy a salir, es que hay lluvia mojada.

-Me toca mopear el piso, pasar el vaquiumcliner en la carpeta y hacer londri.

-Los jombuyers y los renters anticipados ahora tienen una segunda manera para

accesar a los millares de anuncios clasificados.

¿Necesita usted traducción? Esta es una manera sincrética de expresión lingüística

de algunos de los hispanics gringos: españolizan palabras en inglés; traducen

literalmente frases en inglés al español; alternan entre una y otra lengua, y fusionan

la gramática y la sintaxis de ambas lenguas.

-Voy por las grocerías a la marqueta.

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-Hice mi aplicación al armi.

-Te llamo para atrás.

-Seil de carros pre-poseídos.

-Está corriendo para mayor.

Se han publicado decenas de libros en inglés que usan o analizan este híbrido al

que algunos denominan genéricamente spanglish o espanglís o ingañol y que lo

consideran un nuevo dialecto. O incluso la primera etapa de un nuevo idioma.

Sin embargo, en la recién publicada Enciclopedia del español en los Estados

Unidos, editada por el Instituto Cervantes de Nueva York, se asevera que lo que

algunos insisten en llamar spanglish es simplemente un español popular empapado

de inglés y que no se trata de otra lengua. Se alega además que el español no está

desapareciendo al sumergirse en las aguas del inglés.

Imposible no tomar este texto en cuenta. La Enciclopedia del español en los Estados

Unidos recopila ensayos escritos por 40 académicos expertos en nuestra lengua,

todos ellos hispanos de Estados Unidos.

Esto es lo que la Enciclopedia propone. En Estados Unidos se está viviendo una

época de transformación de nuestra lengua similar a la que ocurrió cuando el

español viajó de la Península Ibérica al Continente Americano y se impregnó de las

lenguas indígenas.

La transformación es, además, doble. Cada grupo hispano en Estados Unidos

maneja otra jerga de español con elementos de inglés, de acuerdo con su lugar de

origen. Hay una jerga puertorriqueña de Nueva York, una jerga

mexicoestadunidense, una jerga cubanoamericana y otras.

A través de los medios de comunicación en español, la televisión y la radio latinas,

esa diversidad se está conjugando en un español estándar.

¿Pero por qué están tan esperanzados los autores de la enciclopedia en que el

español no desaparecerá en Estados Unidos? Se trata de una cuestión de números.

Los hispanos representan 15% de la población estadunidense. Son la minoría más

grande y con el mayor índice de natalidad. Y 53% de su crecimiento se debe a la

inmigración. Es decir: este grupo crece a pasos agigantados y, por lo pronto y para el

futuro previsible, la mayoría en él tiene mayor dominio del español que del inglés.

Como grupo, los hispanos tienen ya un enorme poder adquisitivo y su poder político

está creciendo. Los candidatos políticos se esfuerzan en atraer a los hispanos

mediante campañas en español. Muchas empresas hacen lo propio. Continuamente

aparecen nuevos programas de radio y de televisión en español, o revistas y

periódicos en español. Los servicios al cliente bilingües son ya de rigor en

hospitales, iglesias y oficinas gubernamentales.

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En Estados Unidos, y a pesar de la oposición de los estadunidenses conservadores,

muchos ciudadanos consideran hoy indispensable ser bilingüe. Así, la enseñanza

del español ha aumentado y sigue aumentando para los adultos y para cada vez

más jóvenes y niños. Que Latinoamérica esté a la vuelta de la esquina sólo añade

razones para aprender español.

Parece entonces que el español llegó a Estados Unidos para quedarse. No son sólo

los académicos quienes lo piensan. En su campaña presidencial Barack Obama

aconsejó a los estadunidenses que aprendieran a hablar español.

Además, el Latin flavor está de moda. Por ejemplo: el año pasado el escritor

estadunidense de origen dominicano Junot Díaz ganó el premio Pulitzer por La

maravillosa vida breve de Oscar Wao, novela escrita en inglés pero salpicada de

español. Este año en Broadway se reestrena West Side Story (Amor sin barreras) en

versión bilingüe y con la mitad del reparto hispano, con el deseo de hacer una

interpretación más auténtica que la versión original. El papel protagónico lo

encarnará la argentina Josefina Scaglione.

Pero tampoco es tan simple como decir que el español se quedará en Estados

Unidos. La pregunta que matiza la afirmación es: ¿qué español?

Los directores de las academias de nuestra lengua creen que un día se hablará del

español de Estados Unidos en lugar del español en Estados Unidos. Un español que

sonará distinto al de México, al de España, al de los otros países hispanohablantes.

Y hay que subrayar las dos condiciones que aseguran la permanencia del español

en Estados Unidos:

Dado que los hijos y los nietos de los inmigrantes hispanos van olvidando el español,

según muestran las encuestas, el español acá sólo subsistirá si los hispanos les

insisten a sus descendientes que sean bilingües y si la inmigración no para.

Sori, es un misteic pero no hay razón para friquearse.

INTERNACIONAL

El futuro de los “dreamers”, en manos del CongresoLOURDES CÁRDENAS2017-09-09 07:22:48 · COMENTARIOS DESACTIVADOSINTERNACIONAL

Después de que el presidente Donald Trump canceló el programa DACA –que

protegía de la deportación a unos 800 mil jóvenes indocumentados y les

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proporcionaba permisos de trabajo renovables cada dos años–, la suerte de éstos se

encuentra en manos del Congreso, el cual tiene ahora seis meses para generar una

propuesta legislativa que solucione el problema. El debate se centra en el tipo de ley

que podría aprobar: una específica para los dreamers o una que contemple otros

asuntos migratorios y que condicione su aprobación a factores como el

reforzamiento de la seguridad fronteriza, incluido el financiamiento y la construcción

del muro.

Las Cruces, Nuevo México.– En la mente de Sergio Baray no hay lugar para la

autocompasión. El joven de 22 años está enfocado no sólo en terminar sus estudios

universitarios, sino también en diseñar un plan de emergencia que le permita a su

familia hacer frente a una eventual deportación.

Es el peor de los escenarios posibles, pero Baray está consciente de que podría

suceder. Sus padres son indocumentados y él está bajo la protección del programa

de Acción Diferida para Quienes Llegaron desde la Infancia (DACA), que fue

cancelado la semana pasada por el presidente Donald Trump.

“Ahora casi sólo pienso en terminar la escuela. Tengo un año y medio para

graduarme y alcanzo a renovar mi permiso dos años más”, dice Baray, quien estudia

ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Nuevo México. “Mis padres

están muy angustiados por lo que nos espera”.

Baray llegó a Estados Unidos en 1999, cuando tenía cuatro años. Su madre cruzó la

frontera desde Cuauhtémoc, Chihuahua, para reunirse con su esposo, quien había

emigrado cinco años antes con la idea de forjar un mejor futuro para su familia. Sus

dos hermanos, de 13 y 17 años, son ciudadanos estadunidenses.

La familia se estableció en Santa Fe y poco a poco logró salir adelante. Después de

11 años de trabajo con el mismo patrón, su padre logró comprar un restaurante y

convertirlo en un negocio exitoso. Además, tienen una pequeña cafetería en un

centro recreativo.

“Mis padres han trabajado muy duro y tienen miedo, pero su esperanza es que

hemos contribuido a la economía, hemos pagado impuestos y no tenemos

antecedentes criminales”, dice el joven.

Baray siempre supo que era indocumentado. Recuerda que de pequeño escuchaba

en la radio sobre las “redadas de limones”, la manera en que se avisaba a la

comunidad sobre redadas de la Patrulla Fronteriza. Desde pequeño supo también

que ese estatus le impedía viajar y hacer cosas que otros niños de su edad podían

hacer sin problema.

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Por eso cuando el DACA entró en vigor, en 2012, no dudó en presentar su solicitud.

Tener una identificación oficial y un número de seguridad social le dio una libertad

que no había conocido antes. Pudo trabajar y andar en la calle sin miedo, sin

esconderse; mejoró su ingreso y ganó autonomía de sus padres. El DACA le dio

certezas en la vida.

Desde entonces ha renovado su permiso dos veces y está listo para renovarlo por

tercera y quizás última. “Sería muy triste que me deportaran antes de terminar la

escuela… ¿De qué serviría todo el esfuerzo si no puedo tener mi diploma?”, dice.

La suerte de Baray, como la de miles de jóvenes indocumentados, está ahora en

manos del Congreso. En el futuro de esos jóvenes cabe tanto la posibilidad de la

deportación como la legalización permanente de su estatus migratorio.

“Fichas de negociación”

La semana pasada Trump anunció la cancelación del DACA, bajo el cual unos 800

mil jóvenes indocumentados lograron protección ante una eventual deportación y

obtuvieron permisos de trabajo renovables cada dos años. El presidente urgió al

Congreso a legislar al respecto.

La terminación del programa fue anunciada por el procurador general Jeff Sessions,

quien acusó al anterior presidente, Barack Obama, de haber ejercido

inconstitucionalmente su autoridad al implantar el programa en 2012. Sessions

añadió que cientos de miles de estadunidenses perdieron oportunidades de empleo

porque se les dieron a jóvenes indocumentados.

A partir del anuncio, el Departamento de Seguridad Nacional dejó de recibir

solicitudes para el DACA y dio a conocer que sólo renovará permisos cuya fecha de

vencimiento es el 5 de marzo de 2018. La fecha límite para aceptar esas solicitudes

será el 5 de octubre, lo que significa que los últimos permisos bajo el DACA

expirarán en 2020.

El Congreso tiene un plazo de seis meses para generar una propuesta legislativa

que solucione el problema, lo que parece complicado en la escena política actual. El

mayor debate se centrará en la posibilidad de generar una ley específica para

los dreamers o bien una ley que contemple otros asuntos migratorios y condicione

su aprobación a factores como el reforzamiento de la seguridad fronteriza, incluido el

financiamiento y construcción del muro.

Dos días después de la cancelación del DACA, el líder de los republicanos, Paul

Ryan, dejó ver que su partido buscará una ley que contemple esos factores

adicionales.

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“Es razonable y adecuado que cuando atendamos este problema tan real y humano

que está frente a nosotros, también atendamos las causas que lo originan y que

tienen que ver con que nuestras fronteras no están suficientemente controladas”,

dijo Ryan a reporteros en la Casa Blanca.

Sin embargo, la líder demócrata Nancy Pelosi llamó a Ryan a someter a votación la

Dream Act, una iniciativa bipartidista auspiciada por los senadores Dick Durbin,

demócrata de Illinois, y Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, que

considera un camino a la ciudadanía para los dreamers, pero no incluye previsiones

relacionadas con otros temas migratorios. La Dream Act ha sido introducida al

Congreso en diversas ocasiones y siempre ha sido derrotada. En julio pasado fue

reintroducida al piso legislativo.

En la mesa habrá otras iniciativas, como la del congresista republicano Carlos

Curbelo, de Florida (Recognizing America’s Children Act), así como del congresista

demócrata por Illinois Luis Gutiérrez (The American Hope Act), que también se

enfocan en los dreamers sin considerar medidas adicionales de seguridad fronteriza.

Ante el debate que se avecina, organizaciones proinmigrantes han dicho que no

aceptarán una ley que condicione el estatus legal de los dreamers a medidas de

reforzamiento de la frontera, ya que temen que en esa negociación política los

jóvenes se conviertan en una pieza de cambio.

“Estamos determinados a luchar por una ley limpia. No creo que ningún miembro de

una familia, ningún joven, va a decir que está bien obtener un beneficio a cambio de

tener más agentes que perseguirán a sus padres. Eso sería una solución

inaceptable”, expuso Cristina Jiménez, directora ejecutiva de United We Dream, que

agrupa a jóvenes inmigrantes en 26 estados.

Frank Sharry, fundador ejecutivo de America’s Voice, una organización que apoya a

los inmigrantes, dijo que la decisión de terminar el DACA ha puesto una presión

adicional al Congreso, que en este periodo tendrá que decidir sobre varios temas,

como el techo de la deuda, el fondeo para financiar gastos del gobierno e incluso

una reforma sobre impuestos.

Demócratas y republicanos deben apoyar el Dream Act como una iniciativa

independiente, dijo Sharry: “(Los llamamos) a utilizar cada herramienta para sacar

adelante esta iniciativa y ponerla en la mesa de una vez por todas”.

Miedo a la deportación

Tras la cancelación del DACA, una coalición de procuradores de 15 estados

interpuso una demanda contra la administración de Trump con el argumento de que

la decisión violenta el debido proceso al ser fundamentalmente injusta, además de

que viola leyes sobre procesos federales.

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Al mismo tiempo, la directora de la Asociación Nacional de Abogados de

Inmigración, Marielena Hincapié, anunció que interpondría una demanda para

garantizar la protección de los datos personales y familiares que miles de jóvenes

entregaron al gobierno al hacer sus trámites para quedar amparados por el DACA.

“Es uno de los grandes temores que tenemos: qué pasará con la información, si se

mantendrá en la confidencialidad o no –expresó Hincapié–. El gobierno garantizó a

los solicitantes del DACA que los datos serían confidenciales, pero estamos

siguiendo este asunto y considerando la posibilidad de una demanda.”

Al anuncio de la cancelación del DACA siguieron protestas en Nueva York, Washing-

ton, Chicago, Los Ángeles, Denver y otras ciudades. En decenas de universidades

los estudiantes organizaron actos de apoyo para sus compañeros con DACA.

La presidenta de la Universidad de Texas en El Paso, Diana Natalicio, envió este

mensaje de solidaridad a sus estudiantes con el DACA: “Queremos decirles que la

universidad apoya sus sueños de un mejor futuro. Sepan que haremos todo lo

posible para asegurarles la oportunidad de lograr sus metas educacionales”.

En la Universidad Estatal de Nuevo México un grupo de estudiantes y profesores

expresó su apoyo a la lucha por regularizar el estatus migratorio de los jóvenes

afectados, entre ellos Brandon, de 20 años, que estudia arquitectura ahí.

“El DACA me hizo sentirme como un ser humano –dijo Brandon en el acto de

apoyo–; dejé de trabajar en el campo y pude emplearme en otras cosas, pagar

impuestos, ayudar a mi comunidad… el DACA cambió mi vida.”

Brandon tenía dos años cuando su madre lo trajo a Estados Unidos junto con sus

tres hermanos. Sus recuerdos de infancia están ligados al trabajo duro de su madre

y a las dificultades de vivir en la pobreza.

“Mi mamá nos dejaba en la escuela y se iba a recoger latas para el reciclaje. A veces

trabajaba en la cosecha de nueces, cebollas o chile, y yo me iba con ella para

ayudarla. Siempre hemos sido muy pobres”, relató el estudiante, que se registró

para el DACA tras graduarse de la preparatoria y recibió su identificación en 2016.

“Antes del DACA me sentía atrapado… Con el DACA pude entrar a la universidad,

solicitar una beca y apoyar a mi mamá con los gastos de la casa”, agregó.

El programa le permitió trabajar como salvavidas en un parque acuático, como

operador de maquinaria en un campo de chile y emplearse en un casino.

Actualmente es tutor de matemáticas en el Colegio Comunitario Doña Ana. La sola

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posibilidad de perder lo que ha ganado con el DACA y de tener que regresar a

México lo aterroriza.

“No me puedo imaginar en México, no sabría qué hacer –dice Brandon en un claro y

nítido inglés–. Hablo español, pero no puedo escribirlo bien. No me sentiría seguro

en ese país. Sólo puedo imaginarme como un vagabundo.”

Para Baray las cosas no son distintas: “Lo que mucha gente no entiende es que la

deportación sería muy difícil para nosotros porque crecimos aquí. Yo nací en México,

pero no soy de allá. No conozco el país; no me veo escribiendo código en español.

No sería fácil”.

Le preocupa que el gobierno tiene toda su información personal y la de sus padres,

pero tiene la esperanza de que no irán tras ellos: “Estamos muy conscientes del

riesgo que enfrentamos por la información que dimos. Ellos (las autoridades) saben

dónde vivimos, qué hacemos, tienen todos nuestros datos, pero la única razón por la

que no nos preocupamos es que no tenemos historial criminal. Pero si llega a

suceder, nuestro plan de emergencia es hablar con abogados y pelear en la corte

para que nos den tiempo de vender lo que tenemos y recuperar lo que mis padres

han hecho con tanto esfuerzo. Ojalá no lleguemos a eso”.

Choque institucionalALEJANDRO GUTIÉRREZ2017-09-09 07:23:41 · COMENTARIOS DESACTIVADOSINTERNACIONAL

La semana pasada el Parlamento de Cataluña aprobó una ley que permite realizar el

1 de octubre un referéndum sobre la autodeterminación de esta región y otra ley

para normar al “nuevo Estado catalán”. De inmediato, el gobierno de Rajoy activó la

“maquinaria legal” para detener el “proceso soberanista” y el Tribunal Constitucional

anuló esas leyes, prohibió la organización del referéndum y amenazó con sanciones

penales. Ello no ha detenido al gobierno de Carles Puigdemont y a las fuerzas que lo

apoyan: el proceso independentista va, aseguran…

Madrid.- Se produjo el esperado choque de trenes entre los gobiernos de España y

de Cataluña con la aprobación, por parte de éste, de dos leyes, una que permite la

celebración del referéndum de autodeterminación en la comunidad autónoma para el

1 de octubre, y la otra de “transitoriedad”, con la que el gobierno regional de Carles

Puigdemont y las fuerzas independentistas pretenden normar el presunto nuevo

Estado catalán tras la desconexión de España.

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En medio de la peor crisis política e institucional que vive el país por el desafío

soberanista, Puigdemont aseguró, durante la firma del decreto de convocatoria de la

consulta, que ésta “es una decisión que corresponde sólo a la gente, a ningún

tribunal ni Consejo de Ministros o Tribunal Constitucional deslegitimado,

desprestigiado y politizado hasta niveles impropios de una democracia”.

“Negar este derecho y tratar a los catalanes como súbditos al servicio de un Estado

que fabrica amenazas al mismo ritmo que fabrica incumplimientos, no es

democracia”, añadió.

Por su parte el presidente Mariano Rajoy también subió el tono de su advertencia al

anunciar el jueves 7 que “este referéndum no se va a celebrar bajo ningún concepto”

debido a que es “inconstitucional”, pues ni la Generalitat ni el Parlament catalán

tienen facultades para legislar y convocar a un referéndum de autodeterminación.

Sostuvo que tampoco los facultan las leyes internacionales a las que alude la norma

que convoca al referéndum.

Y dirigiéndose al gobierno de Puigdemont, dijo: “A los responsables de la Generalitat

les digo que no sigan avanzando en este camino hacia el precipicio institucional, que

no se menosprecien la fuerza de la democracia española, que asuman de una vez el

fracaso de su proyecto político y abandonen este proceso cada vez más excluyente”.

Les pidió que dejen de “forzar la voluntad de la gente. No han conseguido imponer

su proyecto al conjunto de los catalanes y, desde luego, no se lo van a imponer al

resto de España”.

El mandatario hizo esa declaración al anunciar la maquinaria legal que puso en

marcha su gobierno al interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de

inconstitucionalidad para anular la Ley de Referéndum que votó el Parlamento

catalán.

El Consejo de Ministros impugnó ante la misma instancia el decreto de convocatoria

firmado por Puigdemont e impugnó la resolución del Parlament por la que se

designan cinco miembros de la Sindicatura Electoral (todos proindependentistas).

La misma noche del jueves 7, el Tribunal Constitucional suspendió de forma cautelar

la Ley de referéndum y los decretos firmados para la consulta independentista.

Reunido de urgencia, el pleno de los magistrados tramitó las cuatro impugnaciones

del gobierno y apercibió a los 948 alcaldes catalanes, a 62 funcionarios de la

Generalitat, a los responsables de los Mossos d’Esquadra, la policía autonómica, y a

los medios de comunicación públicos de Cataluña, a obedecer la prohibición de no

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participar en la organización del referéndum, so riesgo de enfrentar

responsabilidades penales.

Poco antes, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, también anunció la

presentación de una querella judicial contra Puigdemont y el resto de los miembros

del Govern por firmar el decreto de convocatoria.

Asimismo anunció querellas criminales contra los miembros de la Mesa del

Parlament catalán, por hacer la tramitación parlamentaria de la ley, que la fiscalía

considera ilegal, con base en una sentencia previa dictada por el Tribunal

Constitucional.

Maza dio instrucciones a las fiscalías catalanas para que investiguen tres posibles

delitos en la organización del referéndum: desobediencia, prevaricación y

malversación de fondos públicos. “Igualmente”, dijo, “se van a cursar las órdenes

oportunas para que la policía judicial intervenga los efectos o instrumentos

preparados para celebrar el referéndum ilegal”.

De hecho, desde la misma noche que se aprobaba la ley, efectivos de la Guardia

Civil se apostaron fuera de una compañía catalana donde presumen se están

imprimiendo las boletas electorales, revisaron los vehículos que entraban o salían y

esperaban instrucciones para ingresar a la imprenta.

Para el caso Cataluña, el gobierno de Rajoy cuenta con el respaldo del Partido

Socialista Obrero Español, con el que mantiene confrontación abierta en otros

temas, y con Ciudadanos. Podemos no se sumó a esta defensa, porque considera

que debería celebrarse un referéndum pero legal y no el impulsado por Puigdemont.

Sobre su eventual inhabilitación, extremo aún no planteado pero posible,

Puigdemont señaló en una entrevista con el diario catalán La Vanguardia: “No podré

aceptar de ninguna manera una suspensión de mis atribuciones. Las circunstancias

en las que uno deja de ser presidente de la Generalitat las regula el Estatut (la

norma institucional básica de Cataluña), así que nos deberíamos de plantar ante una

suspensión de ese tipo”.

Sin embargo, el portavoz del Govern catalán, Jordi Turull, fue más allá, al anunciar el

martes 5 que la administración de Puigdemont no tomará en consideración la

resolución del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Referéndum y solo acatará las

decisiones que haya tomado el Parlament de Cataluña, desconociendo cualquier

decisión que se tome en Madrid.

“España se rompe”

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El desafío soberanista provocó la peor crisis institucional desde el intento de golpe

de Estado del 23 de febrero de 1981, aseguró el líder del Partido Popular de

Cataluña, Xavier García Albiol.

Sin embargo, no es un conflicto nuevo, tiene al menos una década escalando hasta

llegar al punto de tensión actual.

Se produjo cuando tras la aprobación del Estatut de Cataluña, su principal norma

institucional, el texto original fue “rasurado” por una sentencia del Tribunal

Constitucional español, en junio de 2010, que eliminó 14 artículos por usar el término

“nación” con un cariz de “sujeto político” y no en términos “culturales”.

Coincidentemente, el Partido Popular (PP) de Rajoy impugnó el Estatut de Cataluña

en agosto de 2006, con el argumento de que con ese ordenamiento “España se

rompe”. Y es ahora Rajoy, como presidente de España, el que recurre nuevamente

al Tribunal Constitucional para pedir paralizar toda acción de organización del

referéndum y la inconstitucionalidad de las leyes antes citadas.

En 2010, cuando el Tribunal Constitucional troceó el Estatut, sólo 13% de los

catalanes pedían abiertamente un Estado independiente de España, pero la nula

operación política y la soberbia desde el gobierno español propiciaron que ese

porcentaje aumente hasta 41.1%, y que otro 30% simpatice con la celebración del

referéndum (incluidos los que no quieren romper con España), según una encuesta

realizada en julio pasado por el Centro de Estudios de Opinión, un organismo

público catalán.

Según esta consulta, a la pregunta directa “quiere que Cataluña se convierta en un

Estado independiente”, 49.4% respondió que no, frente a 48.5% que dio la misma

respuesta en marzo. Por su parte, los partidarios del sí bajaron de 44.3% a 41.1%.

Hasta ahora es una incógnita si este choque de trenes incrementará o no la

desafección hacia Madrid y sí ello producirá un incremento en las bases

independentistas.

“Va la vencida”

Es tan determinante el momento para los independentistas, que Puigdemont planteó

en la entrevista con La Vanguardiaque “hemos hecho muchos ensayos, pero

íntimamente todos saben que ahora va la vencida”.

Este pulso ha provocado que la relación entre La Moncloa (sede del gobierno

central) y el Palau (sede del gobierno regional) sea prácticamente nula. El doble

atentado terrorista que se produjo en Barcelona y Cambrils el pasado 27 de agosto,

mostró inicialmente una imagen de lealtad y unidad institucional entre ambas

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administraciones. Sin embargo, ello sólo duró unos días porque de inmediato el caso

se politizó, surgieron acusaciones mutuas sobre el fracaso en la detección de la

célula terrorista antes de cometer los ataques y en la descoordinación durante la

investigación.

El punto climático de esa descoordinación quedó retratado cuando El Periódico de

Cataluña reveló que desde mayo pasado ambos gobiernos recibieron una alerta de

las agencias estadunidenses de inteligencia que advertían de un posible atentado en

La Rambla para este verano… y no se hizo nada.

El enojo de las autoridades catalanas por poner en duda la actuación de los Mossos

d’Esquadra provocó una reacción en las redes sociales contra el diario. Lo mismo

sucedió con Jordi Évole, un conocido periodista de televisión y colaborador del

diario, que en un artículo se refería a la politización de los atentados.

En las redes sociales, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó el

“linchamiento” de El Periódico.

El conseller de Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, y el jefe de los Mossos,

Josep Lluís Trapero, primero negaron la información del diario y luego cuestionaron

su credibilidad. Para RSF, ello desencadenó “una ola sin precedente de mansajes de

odio en las redes sociales, incluso amenazas de muerte dirigidas al director de la

publicación, Enric Hernández”.

Sin embargo, el mayor nivel de crispación se vivió en las dos sesiones que el

Parlament realizó el miércoles 6 y el jueves 7. El primer día, la mayoría de los

partidos Junts Pel Sí y Candidatura de Unidad Popular (CUP) aplicó la aplanadora

parlamentaria para aprobar la ley de referéndum durante una sesión con alta

tensión, acaloradas discusiones, suspensiones continuas y acusaciones mutuas: los

independentistas acusaban a los diputados de oposición de recurrir al “filibusterismo”

para bloquear la aprobación de las leyes; y éstos acusaban a los independentistas

de utilizar “procedimientos bucaneros” para imponer la ley.

La oposición cuestionó el papel de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell,

anterior presidenta de la proindependentista Asamblea Nacional catalana. Sostuvo

que actuó más como parte del ala independentista que como moderadora del

debate.

Forcadell buscó a toda costa que la aprobación se diera como lo pidió la diputada de

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien pidió modificar el

orden del día para incluir la votación de la ley del referéndum, que la aprobación de

la ley fuera fast track y que se suprimieran la mayoría de los trámites, incluyendo el

dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.

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Forcadell sólo concedió dos horas a la oposición para que presentaran enmiendas,

lo que calentó el ambiente de los diputados que le reclamaron que estaba

vulnerando el reglamento de la cámara.

Los portavoces del Partido Socialista de Cataluña (PSC), del PP y de Ciudadanos

argumentaban que debían disponer de 48 horas para examinar el texto de la ley del

referéndum.

El portavoz de Catalunya Sí que Es Pot, Joan Coscubiela, anunció la abstención de

su formación en esa votación por considerarla una “degradación” de la cámara

catalana. Y acusó al gobierno de Puigdemont y a la CUP de romper la democracia

catalana y situarla en un “estado de excepción”.

Forcadell ignoró el dictamen que le presentó el Consejo de Garantías Estatutarias,

que daba la razón a la oposición para que la ley de referéndum siguiera el

procedimiento normal como cualquier otra ley, más aún por la relevancia de la

misma.

También ignoró el escrito que recibió la Mesa del Parlament de su secretario general

y del abogado mayor de la cámara, Xavier Muro y Antoni Bayona, respectivamente,

quienes advertían que tramitar las leyes de desconexión chocaba con las

advertencias que el Tribunal Constitucional hizo desde febrero pasado.

En el informe se advierte que el Tribunal Constitucional podría actuar contra los

miembros de la Mesa por tramitar estas leyes afectadas “por el derecho de

cumplimiento de la sentencia del Constitucional que declara inconstitucional y nula”

la resolución de la consulta celebrada ya el 9 de noviembre de 2014, por lo que “el

incumplimiento de este deber podría dar lugar a la exigencia de responsabilidades

de los miembros de la Mesa”, señalan.

Tras 12 horas de sesión, la ley fue aprobada por 72 votos de Junts pel Sí y la CUP.

El PP, PSC y Ciudadanos abandonaron la sesión antes de la votación, al filo de la

media noche.

Las fuerzas que sacaron adelante estas leyes son las mismas que en las elecciones

de 2015 formaron la coalición Junts pel Sí (Juntos por el Sí), encabezada por

Convergencia Democrática de Cataluña y ERC. Su principal socio parlamentario es

la CUP, partido considerado antisistema e independentista, que ha forzado la hoja de

ruta del independentismo seguida por Puigdemont. Incluso, en más de una ocasión

se han pronunciado por que se haga una declaración unilateral de independencia.

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La parte operativa del referéndum sigue siendo un juego de intrigas, porque el

presidente catalán asegura que su gobierno colocará 6 mil urnas en todo el territorio

catalán, pero se niega a dar detalles de quién fue el proveedor y dónde las guardan,

la estrategia para su instalación o a dar detalles del censo que se utilizará.

Enric Juliana, adjunto del director de La Vanguardia, dice en entrevista que este

escenario de crispación y de intriga plantea que “este será un plan de independencia

tipo flashmob”, en alusión a las convocatorias relámpago para una escenificación.

En este choque de trenes, advierte, el gobierno catalán buscará que se produzca la

fotografía de la policía o la Guardia Civil retirando las urnas y desde La Moncloa se

buscará mostrar el estado de excepción al que empujan la Generalitat y las fuerzas

independentistas.

Por lo pronto, este lunes 11 en la celebración de la Diada (el día de Cataluña) las

entidades organizadoras Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana lo

dedicarán a promover la participación en la cita del 1 de octubre y lo denominaron

“para un referéndum efectivo y definitivo”.

Dirigentes tanto de CUP, como de ANC y Ómnium Cultural, informaron que tras la

celebración de la Diada, se producirá una escalada de movilizaciones contra la

postura del gobierno español y la resolución del Tribunal Constitucional.

Jordi Cuixat, presidente de Ómnium Cultural, dice en entrevista, “esto es así porque

desde el pueblo de Cataluña no hay un plan B. El único plan es el referéndum y

esperamos que el resultado provoque un cambio de estatuto; si gana el no,

esperamos una convocatoria a elecciones autonómicas en Cataluña, pero no

detendremos nuestro plan por la independencia”.

El temido salto nuclearMARCO APPEL2017-09-09 07:24:58 · COMENTARIOS DESACTIVADOSINTERNACIONAL

Hasta hace dos años Corea del Norte sólo disponía de misiles de corto alcance y

había fracasado con los de capacidad intermedia. En mayo pasado probó con éxito

uno que puede llegar a Guam, en el Pacífico, y en julio realizó dos ensayos con otro

más avanzado, capaz de golpear la costa oeste de Estados Unidos. ¿Cómo fue

posible ese salto tecnológico? Michael Elleman, experto del Instituto Internacional de

Estudios Estratégicos, lanza una explicación: el régimen de Kim Jong-un –cuyo

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embajador fue sorpresivamente expulsado de México– adquirió motores de origen

soviético en Rusia y Ucrania, “probablemente a través de canales ilícitos”.

Bruselas.- Corea del Norte –que el pasado domingo 3 llevó a cabo la más importante

prueba atómica de su historia– es el único país que “en tan poco tiempo” ha

conseguido pasar de misiles de corto y medio alcance a misiles balísticos

intercontinentales (ICBM), afirma un reporte elaborado por el físico Michael Elleman,

investigador del prestigioso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con

base en Londres, y uno de los mejores expertos en el sistema norcoreano de

defensa.

Publicado el pasado 14 de agosto, el reporte de Elleman refiere que el motivo de tan

rápida progresión del programa de misiles de largo alcance norcoreano es simple: el

régimen de Kim Jong-un adquirió motores obsoletos de propulsión líquida de alto

rendimiento de origen soviético, y lo hizo a través, “probablemente, de canales

ilícitos” en Rusia o Ucrania, o en ambos países.

“La evidencia disponible indica claramente que el tipo de motor de propulsión líquida

que usa Corea del Norte está basado en el modelo soviético RD-250, y ha sido

modificado para operar como fuerza de propulsión de sus misiles

balísticos Hwasong 12 y Hwasong 14”, expone el documento –del

que Proceso tiene copia– titulado El secreto del éxito de los ICBM norcoreanos.

El reporte de Elleman refiere que “no existe evidencia que sugiera” que los

ingenieros norcoreanos consiguieron diseñar, desarrollar y fabricar sus propios

motores de propulsión líquida a partir de cero, y tampoco clonando aquellos de

manufactura soviética de los misiles Scud y Nodong que el país importó en el

pasado. Mucho menos pudo fabricar uno de propulsión de alto rendimiento capaz de

generar un empuje de 40 toneladas, necesario para hacer despegar los Hwasong,

que podrían transportar cabezas nucleares, las cuales aún se duda que pueda

producir la industria atómica norcoreana.

El investigador precisa que hasta hace dos años Corea del Norte disponía de un

arsenal basado en misiles de corto y medio alcance, y en uno de capacidad

intermedia, el Musudan, que fracasó repetidamente en las pruebas de vuelo.

Pero “de pronto”, dice, en mayo pasado el país logró probar con éxito el misil

balístico intermedio Hwasong 12, y en dos ensayos –el 4 y 28 de julio–, el

ICBM Hwasong 14, que es un misil más avanzado, de “dos fases” de vuelo.

El primero, con un alcance de hasta 4 mil 500 kilómetros, puede llegar a Guam, una

isla –territorio estadunidense no incorporado– en el Pacífico; el segundo podría

golpear la costa oeste de Estados Unidos al alcanzar una distancia de entre 7 mil y 9

mil kilómetros, pero siempre y cuando cargue una cabeza nuclear cuyo peso

máximo sea de 650 kilogramos.

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Modelo modificado

El análisis de Elleman se fundamenta en la observación detallada de fotografías de

los citados misiles balísticos norcoreanos, y en el profundo conocimiento con que

cuenta de sus componentes y del mercado global de los mismos.

Para comenzar, Elleman señala que antes de los Hwasong, Corea del Norte usaba

misiles de combustible líquido (que deben ser reabastecidos justo antes de ser

lanzados), los cuales fueron diseñados y fabricados por la empresa rusa Makeyev,

con un motor producido por la compañía, también rusa, Isayev.

Lo más seguro, apunta Elleman, es que el motor de los Hwasong fue conseguido en

otro país con una poderosa industria de misiles, pero descarta que haya sido en

Estados Unidos, Francia, China, Japón, India o Irán, ya que el motor norcoreano en

cuestión (compuesto de un motor principal y cuatro auxiliares más pequeños) no se

asemeja físicamente a los hechos en tales países, que tampoco producen motores

con propergol (o combustible de misil) almacenable ni con la propulsión liberada por

los Hwasong.

Resta una posibilidad: los motores que fabricó la extinta Unión Soviética.

Como las compañías proveedoras del régimen norcoreano –Isayev y Makeyev– no

están asociadas a tales motores, Elleman dice haber realizado una “investigación

exhaustiva” y encontrado una firma que pudo proporcionar un motor con las

características específicas: Energomash VP Glushkó, que alguna vez fue la oficina

estatal soviética de diseño experimental de misiles, fabricante del RD-250.

Con la información disponible, Elleman reconstruye una historia sorprendente, y que

antecedió al envío de los motores a Corea del Norte.

Resulta que para poder utilizar el motor RD-250 con sólo una cámara de combustión

(y no con las dos del tipo original), los ingenieros norcoreanos necesitaban fabricar

una nueva turbo-bomba o modificar la única disponible para alimentar de propergol

al proyectil.

Tenían prisa, pero carecían de la preparación. Sólo eran capaces de hacer ese

trabajo los técnicos de Energomash o de KB Yuzhnoye, una empresa situada en

Ucrania que también conocía aquel modelo porque había surtido a la primera de

cohetes para satélites en la época soviética.

Elleman se inclina por pensar que los motores fueron modificados en las fábricas de

aquellas empresas, ya que en Corea del Norte no existe ni un complejo de

producción donde los ingenieros rusos y ucranianos hubieran podido efectuar los

cambios.

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Aporta otro dato de importancia: expertos occidentales que en 2016 visitaron las

instalaciones de KB Yuzhnoye en Ucrania le comentaron a Elleman que un motor de

una sola cámara de combustión estaba siendo exhibido en una universidad cercana,

y que incluso un ingeniero local se jactó de que su compañía lo había fabricado.

En su reporte, el investigador reconoce que no está claro por qué no se exportaron a

Corea del Norte los RD-250 originales con doble cámara de combustión y más

potentes, aunque él deduce que fue una condición impuesta por los vendedores por

alguna razón.

Aclara que, en todo caso, combinado con un sistema de dos fases de vuelo –que es

el caso del Hwasong 14–, el motor modificado que recibieron los norcoreanos

genera la suficiente fuerza dinámica para enviar un misil balístico hasta las ciudades

de la costa oeste estadunidense.

Lo anterior parece creíble, dado que tras el ensayo terrestre llevado a cabo en

septiembre de 2016, el propio gobierno de Kim Jong-un anunció que se había

utilizado un nuevo diseño de bomba y que el motor a prueba tenía una fuerza de

propulsión de 80 toneladas… como la del RD-250.

Mercado negro

Se ignora el total de motores RD-250 que fabricaron Rusia y Ucrania, pero con

seguridad se puede hablar de “cientos o más” de unidades que están almacenadas

en las instalaciones de KB Yuzhnoye, en la parte prorrusa de Ucrania, o en

depósitos en Rusia, donde se daba mantenimiento al cohete Tsiklon-2 que los

usaba, menciona el reporte de elaboró Elleman, quien tampoco descarta que se

encuentren en una o más de las muchas fábricas propiedad de Energomash en

territorio ruso.

Puntualiza que como esos motores son obsoletos y ya no son explotados, no hay

vigilancia sobre ellos. Lo que sigue es sencillo: “Un pequeño grupo de empleados

descontentos o guardias mal pagados en alguno de los sitios de almacenamiento, y

con acceso a los motores de propulsión líquida, podrían ser tentados a robar unas

docenas para alguno de los muchos traficantes de armas ilícitas, redes criminales, o

contrabandistas internacionales operando en la antigua Unión Soviética”.

Los RD-250 miden menos de dos metros de altura y uno de ancho, por lo que,

plantea Elleman, pueden ser transportados por avión o, “lo más probable”, por tren a

través de Rusia hasta Corea del Norte.

Para robustecer ese escenario, el experto explica que Corea del Norte tejió fuertes

relaciones con esas redes ilícitas desde los ochenta para desarrollar sus misiles de

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corto y medio alcance, y que las sanciones de la Organización de las Naciones

Unidas lo único que lograron fue estrecharlas aún más.

Señala también que es conocido que agentes norcoreanos buscan tecnología para

misiles en Ucrania, donde en 2012, por ejemplo, dos de esos espías fueron

arrestados y condenados por las autoridades de ese país por intentar conseguir

material informático de la compañía Yuzhnoye.

Y algo más: todos los indicios recabados por Elleman apuntan a que Pyongyang

comenzó en 2016 su búsqueda en el exterior de un motor más eficiente,

precisamente cuando Yuzhnoye estaba atravesando el peor momento de una crisis

financiera.

Los trabajadores de las plantas de la compañía en Dnipropetrovsk y Pavlograd

“fueron probablemente los primeros en sufrir las consecuencias de las desgracias

económicas, volviéndolos susceptibles a la explotación de traficantes”, insiste

Elleman en su reporte.

Agrega que la adquisición del RD-250 modificado le permitió a Corea del Norte

comenzar a trabajar la creación de un ICBM más pronto de lo que se esperaba, pero

que el Hwasong 14 aún no es un sistema viable operacionalmente y que requiere

vuelos de prueba adicionales para evaluar la navegación y las capacidades de

dirección del misil.

Si Kim Jong-un quiere disponer de un ICBM más poderoso que pueda golpear de

lleno territorio estadunidense, advierte Elleman, el RD-250 “puede proveer una base,

pero el desarrollo de un nuevo misil requerirá tiempo”.

Y concluye: “No es tan tarde para que Estados Unidos y sus aliados, junto con China

y Rusia, negocien un acuerdo que prohíba pruebas futuras de misiles, que impidan a

Corea del Norte perfeccionar su capacidad de aterrorizar con armas nucleares”.

ANÁLISIS

Peña ya tiene “paquete de impunidad”JESÚS CANTÚ2017-09-09 07:25:51 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

Con “pase automático” o sin “pase automático”, el presidente Enrique Peña Nieto

tiene las disposiciones constitucionales ideales para imponer a Raúl Cervantes

Andrade, o a quien él decida, como primer fiscal general de la República y, a través

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de dicho titular, designar libremente a los fiscales especializados en materia de

delitos electorales y de combate a la corrupción.

La cereza del pastel, y que hoy es el motivo del encontronazo entre el PRI y sus

aliados y toda la oposición, fue el artículo decimosexto transitorio, que señala: “El

Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de

expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior [que es el que indica que

la norma constitucional será aplicable cuando el Congreso apruebe las leyes

secundarias y haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía

constitucional de la Fiscalía] quedará designado por virtud del este Decreto Fiscal

General de la República por el tiempo que establece el artículo 102, Apartado A, de

esta Constitución, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción

IV de dicho artículo”.

Pero aunque se apruebe la iniciativa de reforma de Peña Nieto que elimina la

designación automática del actual procurador, el presidente tendrá el suficiente

margen de acción para lograr su cometido, porque desde el inicio la reforma

contiene, al menos, otros dos problemas de origen que están en el texto

constitucional y ni siquiera han sido puestos en la mesa de las discusiones por parte

de la oposición: el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución,

que a pesar de ser tan abigarrado permite un amplio margen de maniobra al

presidente en turno; y la designación de los titulares de las fiscalías especializadas

en Materia Electoral y de Combate a la Corrupción.

El procedimiento de designación establecido en el artículo 102 le permite asegurarse

de que él y su partido decidirán quién será el primer fiscal (Proceso 2092), porque

los candados que se establecieron le brindan la certeza de que el PRI tiene la última

palabra en la materia.

El Senado tiene “veinte días para integrar una lista de al menos 10 candidatos al

cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual

enviará al Ejecutivo Federal”. Dada la composición actual de dicha cámara, es una

realidad que en esa lista estarán al menos tres candidatos afines al presidente y su

partido, y en caso de que la oposición se oponga a las propuestas priistas, éstos

tienen la opción de rechazar las listas hasta que se sobrepase el límite de 20 días. Si

eso sucede, el Ejecutivo “enviará libremente al Senado una terna y designará

provisionalmente al fiscal general”. Así que realmente no hay opción: la lista tiene

que incluir a los candidatos propuestos por el PRI o no hay lista; lo que deja al

presidente en total libertad de elaborar una propia.

Si hay acuerdo y le envían los nombres de 10 candidatos, el presidente

seguramente elegirá las propuestas del PRI y esa será su terna. De esa terna el

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Senado tiene que designar al fiscal, nuevamente con las dos terceras partes, y si no

lo hace en un plazo de 10 días, “el Ejecutivo designará al fiscal general de entre los

candidatos que integran la lista o, en su caso, la terna respectiva”. Otra vez, si la

oposición no accede a la designación del candidato que señala el PRI, éste lo único

que tiene que hacer es oponerse durante 10 días y le deja las manos libres al

presidente.

Evidentemente, a pesar de lo abigarrado del procedimiento, si el partido del

presidente tiene al menos una tercera parte de los senadores, como es el caso, el

titular del Ejecutivo tiene las reglas a su favor para designar con absoluta libertad al

fiscal general.

Y una vez que designó al fiscal, éste nombrará libremente a los dos fiscales

especiales, pues la Constitución señala: “La Fiscalía General contará, al menos, con

las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la

corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la

República. El nombramiento y remoción de los fiscales especializados antes

referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto de las dos

terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado

no se pronunciare en este plazo, se entenderá que no tiene objeción”.

Hoy la oposición no tiene la posibilidad, como ya se señaló anteriormente, de reunir

las dos terceras partes de los votos para objetar la designación de alguno de los

fiscales.

Y ésta es una de las razones por las cuales ahora sí le urge al presidente y a su

partido aprobar la ley de la fiscalía y decretar su autonomía constitucional, pues le

permitiría a dicho fiscal designar a un nuevo titular de la Fiscalía Especializada para

la Atención de Delitos Electorales menos incómodo que el actual, ya que aunque de

acuerdo a otro transitorio su periodo concluye el 30 de noviembre de 2018, el fiscal

tiene la facultad de removerlo y nombrarlo libremente.

La candidez de la oposición es inconcebible, pues ha sido repetitiva y, todavía hoy,

su lucha está mal focalizada, pues pueden eliminar el decimosexto transitorio y de

cualquier forma Peña Nieto impondrá a quien quiera como fiscal. El primer error, que

es el único que han reconocido, fue la aprobación de la reforma en los términos ya

explicados, pues le otorgaron toda la libertad a Peña Nieto para apoderarse de la

Fiscalía; después tuvieron dos oportunidades de introducir modificaciones o, por lo

menos, nombrar un titular de la PGR aceptable para ser fiscal, cuando ratificaron a

Arely Gómez y a Raúl Cervantes Andrade: en ambas ocasiones se limitaron a avalar

la propuesta presidencial.

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En esta ocasión condicionan su voto favorable para la propuesta de Mesa Directiva

de la Cámara de Diputados a la eliminación del “pase automático”, que en nada

afecta (como queda claro en los párrafos anteriores) la libertad del presidente para

designar a quien él desee como primer fiscal. Así que será otra victoria pírrica de la

oposición, que logrará derogar el transitorio, pero perderá la designación del fiscal

general y avalará, por cuarta ocasión, el “paquete de impunidad” de Peña Nieto.

Consideraciones sobre el fiscal generalERNESTO VILLANUEVA2017-09-09 07:29:06 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

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El proceso de designación del titular de la Fiscalía General de la República, hacia

donde transitará la actual PGR, ha generado un amplio debate. Y no es para menos.

El fiscal no sólo debe ser sino parecer independiente, lo que no se lograría con el

“pase automático” del actual procurador, Raúl Cervantes, por su afinidad partidista.

Esto en sí mismo sería un caso de conflicto de interés, una de las formas en que se

expresa la corrupción.

Por esa razón y por la exigencia de un número creciente de personas y

organizaciones, a sus promotores se les ha encarecido el costo para que Cervantes

sea ungido fiscal general. Pero el tema no se agota con que el extitular jurídico del

PRI no llegue a ese puesto. Hay dos problemas, al menos, que deben ser zanjados.

Es probable que Raúl Cervantes sea sustituido por otro personaje que tiene los

mismos impedimentos, el señor Humberto Castillejos, exconsejero jurídico de la

Presidencia de la República, ahora dedicado a la actividad privada. Esta diferencia

de personas deja el problema intacto, porque tanto Cervantes como Castillejos no

sólo son presuntamente familiares, sino tienen una clara afinidad partidista y, en el

caso del segundo, incluso una cercanía especial con el presidente Enrique Peña

Nieto.

Lo que se debe hacer, en consecuencia, es designar a alguien que reúna no sólo los

requisitos legales, sino las exigencias mínimas de ética pública para que la Fiscalía

sea en realidad una verdadera instancia de procuración de justicia. Conviene

recordar que México es el único país donde el Ministerio Público Federal está

adscrito a la Administración Pública Federal en un diseño institucional disfuncional al

ser juez y parte. La autonomía de las fiscalías generales o sus equivalentes en

América Latina es disposición constitucional desde hace más de 10 años. México es

el cabús del desarrollo democrático en este rubro, como en otros más.

Es plausible que haya organizaciones sociales y gremiales que busquen incidir para

que el Senado cumpla con sus atribuciones constitucionales, a la luz de las mejores

prácticas internacionales. Pero de ahí a que esas organizaciones, todas ellas muy

respetables, se quieran convertir en comité de “acompañamiento”, de “selección” o

de “veto” de quienes sean candidatos o candidatas a titulares de la Fiscalía General

de la República hay un gran trecho. Estas organizaciones de entrada no

representan, en modo alguno a la sociedad civil, se representan únicamente a sí

mismas. Es imposible que puedan acreditar un mandato de la sociedad simple y

sencillamente porque no existe.

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Bienvenidas las propuestas, la retroalimentación, para que los senadores hagan

mejor su trabajo. Pero resultaría inaudito que se quiera sustituir de facto al Senado

de la República. Bien o mal, los senadores tienen en su haber una representación

ciudadana y están ahí porque, se supone, llevan con ellos un número de votos que,

como es lógico, no los tienen esas organizaciones que, dicho sea de paso, detentan

el monopolio, en los hechos, en estos casos.

Tanto es grave que el Senado no ejerza con pulcritud sus atribuciones en este y

otros temas, como que un grupo de personas suplan al Estado bajo el argumento

de que el Senado debe ser “ayudado” y la mejor “ayuda” es que ellos “acompañen”,

designen y generen un consejo “ciudadano” para que el fiscal general cumpla sus

atribuciones. Una idea en ese sentido se generó hace algunos años, cuando hubo

quienes proponían que los juzgados de distrito y los tribunales de apelación contaran

con un consejo “ciudadano”. Sobra decir que en las mejores experiencias

democráticas no existen ese tipo de consejos. Sólo falta que bajo el pretexto de la

debilidad de las instituciones, un grupo de activistas profesionales y empresarios

decidan a quién ponen para procurar justicia donde se pasaría del control del

gobierno al control de una pequeña parte de la iniciativa privada, dejando vacío el

sentido de Estado y su diseño institucional que, sin duda, requiere muchas reformas,

pero en el marco del diseño previsto por la Constitución para crear normas jurídicas.

@evillanuevamx

[email protected]

El presidente actorHÉCTOR TAJONAR2017-09-09 07:30:00 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

El tono triunfalista de Enrique Peña Nieto en su quinto informe de gobierno contrasta

con la realidad del país y con el rechazo de 80% de la ciudadanía a su gestión.

Arropado en la campaña publicitaria y en la fastuosa puesta en escena para

enmarcar su mensaje ante unos mil 500 invitados proclives al aplauso fácil, el

mandatario actuó como si la ficción de un país “incluyente, próspero, con educación

de calidad y en paz” fuese real.

Con el fin de revertir su merecida impopularidad, y en clara violación del artículo 134

constitucional, Enrique Peña Nieto ha utilizado sus dotes histriónicas además de

recursos multimillonarios del erario en la promoción de su imagen. Para desgracia

suya –y del país–, su vocación actoral no mejora su exigua capacidad como

gobernante. Lo que natura no da, la mercadotecnia no presta.

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No se puede hablar de un México incluyente cuando la desigualdad y la pobreza

provocaron que el país, siendo la decimoquinta economía mundial, descendiera al

lugar 77 de la lista del Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones

Unidas para el Desarrollo, cinco lugares abajo del que ocupaba en 2010 (PNUD,

2017). Entre 2012 y 2014, la pobreza aumentó en 2 millones de personas, al pasar

de 53.3 a 55.3 millones de personas, de 45.5 a 46.2% de la población (Coneval). El

país padece una desigualdad extrema: el 10% más rico gana 20 veces más que el

10% más pobre (el promedio de la OCDE es de cerca de ocho veces más). Mientras

el PIB per cápita crece menos de 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más

ricos se multiplica por cinco (Oxfam, 2015).

No es sensato ni ético ufanarse de un México próspero si persisten tales niveles de

pobreza y desigualdad. Además, la mitad de la fuerza de trabajo está en la

informalidad, la productividad es muy baja, no existe seguridad jurídica, el desarrollo

financiero es insuficiente, los servicios de salud son deficientes, la corrupción es

rampante y el crecimiento económico ha sido de sólo 2.2% anual.

La educación de calidad en México es una meta todavía muy lejana. Más de la mitad

de los alumnos no alcanzan el nivel de competencia básico en lectura y

matemáticas, persiste una deserción de 55% durante el bachillerato, la mitad de los

maestros evaluados en 2015 obtuvieron resultados insuficientes y suficientes (en

oposición a buenos y sobresalientes). Aún hay mucho camino por recorrer en la

capacitación y evaluación de los docentes. Las diferencias regionales siguen siendo

abismales (OCDE, 2016).

Vanagloriarse de que México está en paz resulta ofensivo, tanto para las víctimas de

la violencia como para los que temen padecerla. La violencia del narcotráfico se

extiende sin control, lo mismo que la complicidad entre autoridades y delincuentes.

La política de seguridad del gobierno peñista ha sido un rotundo fracaso; más aún:

impunemente, el propio gobierno viola los derechos humanos, espía e intimida a

ciudadanos críticos. Los asesinatos de periodistas tampoco son investigados ni

castigados. Durante la administración peñista han ocurrido 104 mil 602 homicidios

dolosos (Proceso 2131). El México de Peña Nieto ostenta el menor desempeño en

seguridad y corrupción entre los países de la OCDE.

Ante la evidente disparidad entre la ficción creada y protagonizada por el mandatario

actor y la realidad del país, queda de manifiesto el deseo de engañar a la

ciudadanía. Demagogia y cinismo en su más pura expresión.

Entre la multitud de embustes y farsas gubernamentales ocurridas durante la

presente administración, hay una que despunta por su trascendencia y gravedad: la

imposición del procurador Raúl Cervantes como primer fiscal general de la nación. Si

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el presidente y su partido logran su propósito, se habrá anulado la condición

fundamental para garantizar la autonomía, esencia de la nueva institución. (Al

momento de escribir este texto el hecho no se ha consumado, pero existen todas las

condiciones para que así ocurra).

La independencia probada del fiscal frente a toda autoridad gubernamental o filiación

partidaria es la base para el buen funcionamiento de la fiscalía. Raúl Cervantes

representa exactamente lo contrario: sumisión total a Peña Nieto y filiación al PRI.

La trayectoria del procurador Cervantes muestra con claridad que durante su gestión

la justicia ha estado supeditada a los intereses y órdenes del presidente (OHL y

Odebrecht, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán, etcétera.) Además, la evasión del pago

de la tenencia de su Ferrari lo pinta de cuerpo entero. Todo ello lo descalifica para

ocupar el cargo de fiscal general.

No obstante, el mandatario en turno se empeña en imponerlo, a fin de garantizar su

propia impunidad y la de sus secuaces frente a cualquier acusación de corrupción u

otros delitos durante nueve años. La cleptocracia peñista tiembla ante la posibilidad

de que se ejerza la justicia contra el mandatario y su banda una vez que abandone

el poder, como ha ocurrido recientemente en países como Brasil, Guatemala, Perú o

Panamá, entre otros.

Por ello, la imposición de su incondicional Raúl Cervantes como fiscal es la prioridad

imprescindible e inamovible de Peña Nieto. Es la única forma de asegurar su

impunidad transexenal. Para lograr el pase automático de procurador a fiscal, el PRI

cooptó a cinco senadores del PAN, cercanos al expresidente Felipe Calderón,

incluido Ernesto Cordero, que fue nombrado presidente de la Mesa Directiva. Una

vergüenza. Con ello no sólo aseguró la aprobación del pase automático de

Cervantes, sino produjo una crisis en el PAN.

El histrionismo presidencial va más allá de ser un mero instrumento mercadotécnico

o una muestra de autocomplacencia. Revela una mentalidad, una forma de concebir

y ejercer el poder político: como hurto, simulación y engaño. Así llegó a la

Presidencia y así se despedirá de ella. El presidente actor y sus comparsas tienen

una cita pendiente con la justicia.

El custodio del infierno mexicanoJAVIER SICILIA2017-09-09 07:31:12 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

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En el canto VI de la Comedia de Dante aparece un perro, el Can Cerbero –hermano

de la Hidra–, que custodia el tercer círculo del infierno, el de los glotones, que Dante

asocia con los puercos, de ahí que su castigo sea estar hundidos como ellos en el

lodo. Este perro tiene en la Comedia tres cabezas; Hesíodo le atribuye 50.

Contra lo que el racionalismo pueda decir, la imagen de ese animal no es producto

de una mente desbordada, sino de la poesía –otra forma del conocimiento– que, a

través de sus imágenes, revela cosas de la realidad. El Can Cerbero (perro-demonio

del pozo, del Hades, del inframundo o, para decirlo con Dante, del infierno; son sus

sentidos más primeros) es una imagen que más allá de Dante –quien la toma del

libro IV de la Eneida de Virgilio– se remonta no al mundo griego, sino a los pueblos

indoeuropeos en donde, en la mitología escandinava, por ejemplo, aparece como

Garm –“perro ensangrentado”– y es símbolo de la codicia y la discordia.

Su presencia no se agota, sin embargo, en la literatura medieval y en los mundos

poéticos de otras tradiciones; reaparece, como sucede siempre en el imaginario de

los pueblos, de otras maneras.

En el México moderno esa bestia que custodia el infierno en el que se ha convertido

México (donde, diría Dante, “la lluvia/ eterna, maldita, fría y grave,/ su ritmo y calidad

no cambian nunca”, y donde “granizo grueso y agua negra, y nieve/ que se vuelca

por el aire de tinieblas: pudre la tierra que los recibe”) se llama PRI –no un partido,

sino una cultura “política”– y sus cabezas son los partidos que, mediante sus

gobernadores, ladran sobre nosotros para llenarnos de temor y de “pavura”.

Contra ese perro no hay hasta el momento nada que hacer. Sus cabezas, a pesar de

estar en competencia, en realidad se protegen entre ellas para evitar que podamos

escapar del infierno que guardan.

Esa evidencia de la poesía se expresa no sólo en la gran cantidad de gobernadores

perseguidos que hay en el país, a los que, pese a las atrocidades que cometieron

durante su mandato y que fueron claramente denunciadas en su momento por

organizaciones y ciudadanos, nunca, como lo demanda la Constitución, se les llamó

a cuentas, se les procesó ni se les juzgó. Se expresa también en la reciente

Encuesta Nacional, elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica, en la

que nueve de cada 10 mexicanos “no le confiarían las llaves de su casa a ningún

gobernador”.

Las partidocracias y sus gobernadores, cabezas del perro infernal, han creado entre

ellas profundas redes de complicidad que se protegen entre sí para utilizar los

recursos públicos con el fin de enriquecerse, extorsionar, torcer la ley en beneficio de

su único cuerpo y hundirnos en el lodo que han creado y en el que nos tienen

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hundido; el Can Cerbero, dice Dante, se alimenta de él. Creen que, como ellas,

somos glotones a los que hay que castigar en el lodo que es su fuente de vida.

Uno de los casos más evidentes de esa complicidad, porque aún su cabeza se

encuentra en funciones y no ha sido remplazada por otra, es el de Graco Ramírez,

gobernador de Morelos. A lo largo de sus cinco años de gobierno, Graco, que ocupa

uno de los últimos puestos en la Encuesta Nacional a la que me he referido, ha sido

denunciado por haber creado fosas clandestinas donde, además de inhumar cientos

de cuerpos como basura –muchos de ellos sin carpetas de investigación, sin

necropsia, maniatados y con el tiro de gracia–, desapareció en ellas, y en un acto

presumiblemente de desaparición forzada, a ocho que estaban siendo buscados por

sus familiares.

Se le ha acusado también de enriquecimiento con recursos públicos y se le ha

responsabilizado, por negligencia criminal, de las dos personas que murieron en el

socavón del Paso Exprés. Además de hostigar al obispo Ramón Castro con falsas

acusaciones de encubrimiento a pederastas; a Cuauhtémoc Blanco, atribuyéndole el

asesinato de Juan Manuel García Bejarano, hijo del organizador de la Feria de la

Primavera; y al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro

Vera, fabricándole delitos, recientemente Graco Ramírez ha retenido de manera

ilegal los recursos públicos que pertenecen a esa universidad, sumiéndola en una

grave crisis que vulnera el derecho a la educación de más de 40 mil estudiantes, el

salario de seis mil familias y la operación diaria de la máxima casa de estudios del

estado.

Pese a ello no sucede nada, como no sucedió con todos los gobernadores que,

después de sus administraciones, han sido perseguidos. Las cabezas del Can

Cerbero que compiten entre sí, en realidad se protegen. En el caso de Graco, ni el

PRD –al cual pertenece– ni los partidos hacen nada; las cámaras que, por mandato

constitucional, deberían hacerle juicio político, callan, y Gobernación vuelve el rostro

hacia otra parte. Se trata de mantener el cuerpo del animal intacto y sus cabezas,

como la de Graco y su partido, ladrando todos los días sobre nosotros mientras se

alimentan del lodo en el que nos hunden.

Quizá la única manera de eliminarlo sea, como lo hizo Heracles (Hércules),

sacándolo del inframundo. ¿Cómo? Las versiones al respecto varían. Nosotros

tenemos que encontrar la nuestra mediante los mismos atributos del héroe griego: el

valor, la resistencia y la inventiva.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, detener la guerra,

liberar a las autodefensas de Mireles y a todos los presos políticos, hacer justicia a

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las víctimas de la violencia, juzgar a gobernadores y funcionarios criminales,

refundar el INE y declarar nulas las elecciones del Estado de México y de Coahuila.

La catástrofe de la corrupciónMARTA LAMAS2017-09-09 07:32:01 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

Cuando el huracán Katrina arrasó Nueva Orleáns, Slavoj Zizek escribió sobre cómo

las catástrofes causan desorganización psíquica y social, pues ponen de manifiesto

la vulnerabilidad humana. Zizek reflexionó sobre el miedo que genera ver

desintegrarse el tejido social, y que se presenta cuando se produce un accidente

natural o tecnológico. Agregó que este sentimiento de fragilidad de nuestro vínculo

social ocurre porque en el preciso lugar donde uno esperaría un impulso de

solidaridad ante la catástrofe, estalla el egoísmo más despiadado: los saqueos, las

violaciones, incluso los asesinatos.

La psicoanalista Mirta Holgado retomó las palabras de Zizek y señaló que esa

reflexión podría reiterarse en todas y cada una de las situaciones de desastre, no

importa cuál fuese el lugar donde hubieran ocurrido ni las características del evento.

Ella, como terapeuta, se preguntó qué intervención es posible después de una

catástrofe.

Holgado encuentra que en esas situaciones, como el Katrina–y hoy Harvey– se trata

de lograr que en los damnificados se restaure la capacidad de ordenar y organizar el

mundo que les era habitual y que perdieron en la catástrofe. Se trabaja para

restaurar su vida cotidiana y su funcionamiento social, y lograr cierta estabilidad. Sin

embargo, la psicoanalista dice que los sobrevivientes de las catástrofes se

encuentran con muy pocas palabras para dar cuenta de lo que les pasó, y señala

que en boca de muchos de ellos aparece a menudo la palabra “infierno”, como

imprecisa referencia evocadora de la pavorosa experiencia que han vivido.

Yo quiero retomar los señalamientos tanto de Zizek como de Holgado en relación a

lo que pasó en Cuernavaca. Aunque las catástrofes que se originan por el cambio

climático o por los fenómenos excesivos de la naturaleza son distintas de las que

producen la corrupción y la negligencia humanas, como en el Paso Exprés, en

ambas se da lo que Holgado señala: un retorno a las conductas más primitivas y

miserables del ser humano.

Hoy sabemos que en la construcción de ese Paso Exprés murieron más personas

debido a esos accidentes laborales donde perecen los obreros de la construcción, y

que las empresas consideran “daños secundarios” o “efectos colaterales”. Si bien

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toda muerte de un ser humano es lamentable en sí misma y dolorosa para sus seres

queridos, creo que hay una diferencia entre morirse de golpe, al caer de un andamio,

a morirse lentamente asfixiado, pidiendo ayuda con desesperación, como les ocurrió

a los dos hombres que fallecieron en el socavón. Ese debe haber sido un infierno del

que no podrán ya dar cuenta.

Lo que Zizek escribe, que las catástrofes ponen en evidencia la fragilidad del orden

social y que cuando se esperaría un impulso de solidaridad ante la catástrofe, estalla

el egoísmo más despiadado, también ocurrió de otra forma en Cuernavaca. El

socavón del Paso Exprés puso en evidencia muchas “fragilidades”: el poco

profesionalismo del proceso de rescate, la voracidad empresarial (que aumentó el

costo de una obra mal hecha) y la mezquindad (por decirlo suavemente) del

secretario de Comunicaciones y Transportes.

Cuando, después de la tragedia de los señores Mena, esperábamos un impulso de

solidaridad, el gobierno federal y las constructoras no hicieron una reparación

económica generosa a las familias. ¿Cómo se repara una caída en el infierno?

¿Cuánto vale la angustia y la desesperación de los señores Mena, y la de los

familiares desgarrados por lo ocurrido? No quiero ni pensar en cómo se han

manejado las indemnizaciones de los obreros muertos durante la construcción,

puesto que sus fallecimientos –“daños colaterales”– no ocuparon espacio en los

medios de comunicación.

Holgado señala que las catástrofes provocan una alteración subjetiva que se

caracteriza por el establecimiento de una nueva manera de sentir, de pensar y de

actuar. ¿Qué es lo nuevo que pensamos, sentimos y hacemos después de lo

ocurrido en Cuernavaca? Algunas personas han expresado su indignación; otras, en

cambio, empiezan a sentir ansiedad. Los psicoanalistas definen la ansiedad como

una reacción defensiva que surge cuando hay algún peligro. Cuando nos

encontramos en riesgo, el cerebro dispara “reacciones defensivas” orientadas a

preservar nuestra integridad.

El carácter desagradable de esa experiencia de la ansiedad se debe a su valor

adaptativo: al querer poner fin a la ansiedad hay que salir de la situación peligrosa

en la cual nos encontramos. Hace tiempo que en México vivimos situaciones

peligrosas, con prácticas de violencia extrema, como el secuestro y las

desapariciones, pero ahora sabemos que circular por carretera también es un riesgo

mortal.

El hecho traumático ocurrido en el Paso Exprés ha puesto en evidencia que nuestra

mayor catástrofe es la magnitud que ha cobrado la corrupción gubernamental y

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empresarial. Hoy vemos que el gobierno federal y las constructoras otorgan poco

valor no sólo al trabajo de las personas (baste comprobar los míseros salarios

mínimos en el país) sino a las vidas humanas. Ojalá nuestras “reacciones

defensivas” ante peligros político-empresariales como los que estamos viendo nos

lleven a una decidida participación política para un cambio radical.

TIEMPO FUERA

Tenga su 15 de septiembreFABRIZIO MEJÍA MADRID2017-09-09 07:32:57 · COMENTARIOS DESACTIVADOSTIEMPO FUERA

Cuando se sube la escalinata de la Columna de la Independencia, el Ángel, la

primera cara con la que uno se topa no es la de Hidalgo, Morelos o Guerrero, sino

con quien dio origen a las aventuras del Zorro, de la novela de 1919 de Johnston

McCulley, y a la película del siguiente año, con Douglas Fairbanks. Es nuestro primer

independentista y se llamó Guillén de Lamporte. La Santa Inquisición lo procesó

durante 17 años, entre 1642 y 1659, acusado de conspirar para construir una

“nación de indígenas y pueblo”, y jamás lo doblegó; murió en la hoguera. Fue una

novela de Vicente Riva Palacio, Memorias de un impostor, la que dio a Guillén su

carácter de seductor, espadachín y poeta, pero en sus escritos de la cárcel está el

germen de lo que llamamos patriotismo. Sólo por aclarar, el patriotismo es el amor a

los tuyos; el nacionalismo es el odio a los otros, como se le atribuye haber dicho a

Charles de Gaulle.

Pero volvamos a las ideas de Guillén. Había nacido en el puerto de Wexford, sur de

Irlanda, en 1610, el segundo de cuatro hermanos que usurpaban el apellido noble

“Lombardo”. Tanto Fray Juan, su hermano mayor, como Guillén –William– estudiaron

con los franciscanos y jesuitas en Francia y España y terminaron en México. Hijo de

un pescador, es descrito por el parte de la Inquisición para reaprehenderlo una vez

que escapa de la prisión en 1650, como “de mediana estatura, rubio de barba, y

cabello tirante a castaño, enjuto en carnes, quebrado de color y ojos muy vivos.

Habla como perico”. Guillén es el pícaro o, como lo nombra Javier Meza en su

biografía, El laberinto de la mentira, el adaptado fraudulento: “Como pobre, aborrecía

su condición, pero también a la sociedad que le impedía ascender, por lo que

siempre buscaba el golpe de suerte que le ayudara a dejar de ser lo que era”. Toda

una definición de los independentistas.

Guillén llega a la Nueva España a bordo de la nave capitana de una flota que zarpa

el 21 de abril de 1640 y que lleva “una de las espinas de la corona de Cristo, un

dedo de la mano de San Andrés y leche de Nuestra Señora”. También llevaba al

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nuevo virrey, Diego López Pacheco, que no durará en el puesto por las

conspiraciones en su contra encabezadas por el obispo Juan Palafox. Guillén llegó a

Veracruz diciendo que era astrólogo y nigromante por lo que rápidamente se

convirtió en lector de horóscopos. Se ofreció también a curar la impotencia en un

ritual que involucraba un gato y un hierro incandescente que el paciente debía

sostener en su mano hasta hacer aparecer a quien le había causado la deficiencia.

Cuando llegó a la Ciudad de México, Guillén pretendía ser informante del rey de

España en el conflicto con Portugal y daba charlas acerca de la situación política en

China, Italia y Flandes. Pero fue en el Cabildo de la capital en donde conoció a

Ignacio Fernando Pérez, un indígena ciego de Taxco al que ayudó a redactar sus

quejas por los maltratos en las minas de Alonso de Cerecedo. A cambio, Guillén le

pidió medio real de peyote. La droga bebible ayudaba a pronosticar el futuro

personal y de la Nueva España. El irlandés soñó “que era virrey y que en la plaza

pública degollaban a Diego López Pacheco”. A mediados de agosto de 1642 el indio

regresó a Taxco, a su pueblo en San Martín Acamixtlahuacán, con una propuesta de

Guillén: si le conseguía 300 indios flecheros, él les prometía encabezar una rebelión

para que “todos juntos restaurasen esta tierra y la liberaran de la tiranía con la que

los trataban”. Desaparecerían la esclavitud, los tributos, los repartimientos, y la tierra

volvería a sus dueños originarios. Cuando el indio Pérez le preguntó cómo haría esa

rebelión, Guillén le confesó que, si extraía una piedra del cerebro de un cuervo y se

la ponía debajo de la lengua, podía ser invisible. Cuando se lo volvió a preguntar,

dijo que sabía la forma de falsificar un nombramiento real. A la tercera vez, sólo

respondió: “Necesitaría un ejército de indios y negros”. A la siguiente noche la

Inquisición lo arrestó.

En su declaración del jueves 30 de octubre de 1642, Guillén, de 26 años, sostiene

que pertenece a una familia de “barones y condesas”, heredera de su abuelo

paterno, Patrick Lombardo El Grande, “que luchó por la fe católica en la provincia de

la Genia”. Que estudió inglés y griego en Londres con su maestro John Gray y que

no soportó las herejías de los protestantes por lo que huyó a Francia, pero en el

camino fue secuestrado por piratas, a quienes evangelizó. Que llegó a Francia y,

más tarde, a España donde se hizo amigo del rey Felipe IV. Que el monarca lo envió

a la batalla de Nördlingen donde, en 1634, derrotaron a los suecos y, luego, en el

Canal de Inglaterra, a los holandeses. Que era informante del rey en la Nueva

España con el mejor disfraz posible: el de pobre. Cuando se le preguntó por un

manifiesto en el que sostenía que la corona española no tenía derecho sobre las

tierras americanas y que la Nueva España era una “tiranía opresora” de los indios,

Guillén dijo que era sólo una trampa para descubrir quién estaba en contra de las

instituciones virreinales. Cuando se le preguntó por el uso del peyote, al que se

relacionaba con la “idolatría”, Guillén respondió que era como una “hierba” irlandesa

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de nombre “tams” y que se usaba en las Navidades para “decir disparates”. La

Inquisición perseguía el uso del peyote porque se empleaba para “adivinar futuros

contingentes”. Una forma poética de describir la utopía.

La cárcel de Guillén fue la de un preso político. Él siempre negó las acusaciones de

herejía y, en cambio, reivindicaba la idea de “liberar a la Nueva España” y se lanzaba

contra los inquisidores a los que se refería como “Nerones que hacen todo por su

hacienda y no por Dios”. Por su parte éstos lo acusaron formalmente por “tratar de

establecer un régimen de gente popular” y usar peyote “para conocer el futuro”, en

71 cargos agrupados en cinco rubros: hechicería, mentiras, traición política,

transgresión del orden carcelario y faltas a la autoridad del Santo Oficio. Sin duda,

“querer despojar al rey de su reino en la Nueva España” mediante cédulas falsas y

“planear abolir la esclavitud” fueron los más graves, pero todas sus historias en

México, desde la cura de la impotencia hasta que se hacía invisible fueron recogidas

por la Inquisición. Un cargo más: “se ostenta como libertador de judíos”. Ante las

acusaciones, Guillén pasó a la ofensiva. A los 29 testigos que presentaron en su

contra los acusó de “mantener amores escandalosos con mulatillas”, ser aliados de

Portugal o estar influenciados por el Diablo. Cuando se le recuerda que es, en

realidad, hijo de un simple pescador y no un noble, Guillén pone de ejemplo a Jesús,

hijo de un carpintero: “No tener camisa no es delito contra ninguna fe ni contra la

buena fama”. Cuando se le acusa de hechicero, responde como un erudito citando a

San Cipriano, Santo Tomás, San Isidoro y San Agustín: “Las estrellas no fuerzan la

voluntad de los hombres. La magia de San Agustín no arrebata la libertad de los

hombres, antes los hace practicar lo que es la divina disposición que antecede toda

causa natural”.

Fue hasta el miércoles 10 de febrero de 1649 que la Inquisición volvió con una

acusación sancionada por el Consejo de Indias con otros tres testigos nuevos.

Guillén pidió al Santo Oficio que se excusara de juzgar su caso porque era “parte

interesada” en sentenciarlo. De la invisibilidad mágica se defendió así: “Dios ha

creado lo visible y también lo que no podemos ver, como el alma y los pensamientos

ocultos”. Y sentenció con astucia: “¿Y no es cierto que no es necesario invocar al

Diablo porque éste se aparece sin haberlo invocado?”. Fue condenado a cadena

perpetua.

Tres meses antes de fugarse, Guillén comenzó a escribir en papel para tabaco con

cáscaras ahumadas contra el virrey y el Santo Oficio. A las tres de la mañana del 26

de diciembre de 1649, con ayuda de otro preso, el herrero Pinto, desmontaron los

barrotes del ladrillo reblandecido por las inundaciones, bajaron al jardín del

inquisidor –la prisión estaba abajo– y subieron el muro para saltar a la calle

ayudados con unas cuerdas. Pegó los manifiestos en la puerta de la Catedral

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Metropolitana, en Tacuba y otro en Donceles. Tenía una frase demoledora: “La

Inquisición, mediante azotes, tormentos y negar la comida, hace que los católicos

renieguen de su fe y se apropian de sus propiedades y se las quedan y se las

tragan, diciendo que tenían nada o poco”. Y citaba la República de Platón: “El

ministro y oficio que causaran más pérdida que ganancia a la república se han de

extirpar”. Tres días después, por un delator, Guillén fue recapturado. Lo arrojaron al

piso lodoso de una prisión inundada y el inquisidor Sáenz de Mañozca lo pisó en el

cuello con su bota.

El miércoles 19 de noviembre de 1659, montado en un asno y con un pregonero

gritando sus delitos, Guillén Lampart fue llevado al quemadero de la Inquisición en la

Plaza de San Hipólito. Eran las cinco de la tarde cuando se gritó: “Que se queme en

vivas llamas de fuego hasta que se convierta en cenizas y de él no quede memoria

alguna”. De esa memoria está hecha el patriotismo. De esa Patria que sueña,

resiste. Y, a veces, es recordada.

CULTURA

La poética del “Inventario”

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JUDITH AMADOR TELLO2017-09-09 07:34:27 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

La tesis doctoral de Álvaro Ruiz Rodilla para la Universidad de Tolouse, Francia,

aborda la temática poética de 1973 a 1983 vertida en la columna Inventario, firmada

por JEP en Proceso desde 1976 hasta el día de su fallecimiento en enero de 2014.

“Escuela de periodismo, de pedagogía, de humildad, de sencillez, de claridad de

escritura”, para Ruiz Rodilla el Inventario “es la matriz y el corazón creativo de José

Emilio Pacheco”. Y es que, destaca en entrevista, para el escritor era fundamental el

contexto en el cual la escribió, por lo que resalta la importancia de que permaneciera

en Proceso 40 años.

Con el título Vers une “poétique de l’inventaire” de José Emilio Pacheco: poésie et

journalisme (1973-1983) –Hacia una “poética del Inventario” de José Emilio

Pacheco: poesía y periodismo (1973-1983)– el joven escritor Álvaro Ruiz Rodilla

elaboró su tesis para obtener el doctorado en la Universidad de Toulouse “Jean

Jaurès”, en Francia.

Nacido en la Ciudad de México en 1988, Ruiz Rodilla se ciñe en su estudio no sólo a

una década del Inventario (que Pacheco publicó en Proceso desde su fundación en

noviembre de 1976 hasta el día de su fallecimiento en enero de 2014), sino que

analiza fundamentalmente a la poesía modernista abordada por el autor de Las

batallas en el desierto.

Aunque desde luego toca aspectos como el anonimato como corazón del Inventario,

el perfil de poeta y periodista de su autor, la “imposible publicación” de la totalidad de

los textos, que el propio José Emilio señalaba, y hace atrevidos planteamientos

acerca del marxismo en las ideas del escritor, nacido en la Ciudad de México el 30

de junio de 1939.

El volumen de 516 páginas, aún inédito, se divide en cuatro capítulos:

1,- Poesía y periodismo: Historia y teorías.

2.- Inventario: Orígenes y nacimiento.

3.- Inventarios críticos de la poesía.

4.- Hacia una “poética del Inventario”.

En entrevista en la Librería Rosario Castellanos, en la Colonia Condesa, Ruiz Rodilla

cuenta a Proceso que le interesó el tema para su tesis doctoral porque considera –

citando al propio Pacheco– que no obstante que en México hay muchos poetas, no

se lee mucha poesía y, sin embargo, la obra poética del escritor atrae muchos

lectores por su forma y por su sencillez:

“No es pretenciosa, es conversacional y al mismo tiempo totalmente culturalista, lo

cual hace que sea muy pedagógica, porque está llena de referencias, de reescrituras

y de intertextualidad… Es una fórmula que usaron muchos poetas conversacionales,

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que viene desde los años sesenta, con Ernesto Cardenal y Mario Benedetti, esa ola

de poesía latinoamericana.

“Otra razón es porque el Inventario realmente es una escuela de periodismo, de

pedagogía, es una escuela de humildad, de sencillez, de claridad de escritura, pues

como han dicho muchos autores, es de las grandes columnas que ha habido en el

periodismo mexicano.”

Ruiz Rodilla relata que en 2005, cuando tenía entre 16 y 17 años, comenzó a leer la

columna firmada por José Emilio como JEP, aunque su primer contacto con su

poesía fue a través de los libros Irás y no volverás (1973) y No me preguntes cómo

pasa el tiempo (1969), en las ediciones que tenía su papá, el destacado escritor

Álvaro Ruiz Abreu.

Le deslumbraron los poemas sobre la guerra de Vietnam y la muerte de Ernesto Che

Guevara, el Movimiento Estudiantil de 1968, así como “En resumidas cuentas”.

Pronto se dio cuenta de que era un autor muy popular y querido. Su Inventario,

nacido en 1973 en el suplemento Diorama de la cultura del periódico Excélsior,

dirigido por Julio Scherer, le gustaba por la gran cantidad de asuntos que de manera

sintética y amena presentaba semanalmente.

En un ensayo sobre el mismo tema de la tesis, publicado en la

página www.academia.edu con motivo del 40 aniversario de la columna, destaca que

se ha convertido en “referencia obligada en el ámbito de la ‘creación’ periodística,

proyecto educador de largo aliento. En esta columna confluyen crónicas,

traducciones de poesía, anécdotas literarias, crítica y socio-crítica, recreaciones

históricas, ciencia-ficción, aforismos y reseñas”.

Y enfatiza:

“Repasar esta amplia lista es entrever también las duplas de ironía y erudición,

tradición y modernidad, realismo y fatalismo, fabulación literaria e información

noticiosa, que caracterizan la producción poética de José Emilio Pacheco.”

Marxismo

Para ubicar el Inventario en su contexto histórico y social, Ruiz Rodilla, colaborador

de la revista Nexos, se remite a finales de los años sesenta y principios de los

setenta, el movimiento del 68, la matanza del 2 de octubre, la guerra sucia, la

llegada al poder de Luis Echeverría, el golpe a Excélsior y demás “atrocidades

cometidas en nombre del desarrollo y la estabilidad del país”.

Luego destaca una de sus características esenciales: el anonimato, que “tiende a

poner en duda la noción de autor –como dueño y señor de su obra de arte–, una

poética que busca colectivizar la propiedad de la literatura, así como retribuir a los

lectores su trabajo creador”.

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–¿Consideraba al quehacer literario y la generación de conocimiento como una

creación colectiva?

–Sí, lo dijo en varias ocasiones, una de ellas fue en esa especie de autobiografías

que están en Los narradores ante el público, esos dos volúmenes donde vienen

muchos de los autores. Creo que José Emilio tiene como veintiséis o veintiocho años

y habla sobre la propiedad privada de las obras y tiene una idea muy marxista que

nadie le ha querido ver y yo no corroboré con él si seguía manteniendo esos

principios tan marxistas o cercanos al marxismo.

“El autor –dice Ruiz Rodilla– sostenía que la propiedad privada es un concepto de la

burguesía, nació y morirá con ella. Consideraba que las obras deberían ser

anónimas y colectivas como lo son las obras universales La Biblia y La Odisea.

Recuerda la carta que Pacheco le envío a George B. Moore, quien le solicitó una

entrevista sobre Los trabajos del mar, para negarla con su teoría de la literatura

colectiva y anónima.

–Nunca se pronunció como marxista, ¿no?

–No porque hubiera sido una pose. Además no es un marxismo claro o encasillado,

es más como una visión sociológica cercana al marxismo. Es más cercano siempre

al contexto histórico, le interesa mucho contextualizar las obras, sus condiciones de

producción, el estatus social de los artistas. De los poetas, pues en mi tesis sólo

hablo de poetas.

–Se puede decir incluso que no participaba abiertamente en movimientos políticos.

–No, pero se quedó en Proceso cuarenta años. Se hubiera podido ir a todas las

publicaciones, en América Latina le hubieran abierto las puertas en la que fuera y

aun así se quedó ahí, eso es importante. Pero además no iba a mantener la pose de

decir: “Yo soy” o “yo apoyo a tal”. Pero hay rasgos que hay que considerar, lo hace a

su manera, no fue a recibir el Premio Nacional de Periodismo porque decía que a

Ezra Pound nunca le perdonaron haberle dado la mano a Mussolini y era una

lástima, no porque se juzgue a Pound por lo que hizo, sino porque su poesía

quedaba desechada por ese prejuicio.

El corazón de la obra

Luego de un marco teórico en el cual desarrolla conceptos como la intermedialidad,

Álvaro Ruiz Rodilla entra propiamente al tema de la poesía, con la historia de los

poetas modernistas, en el primer capítulo. Recuerda que Pacheco cita en varias

ocasiones el libro Rubén Darío y el modernismo, de Ángel Rama, publicado en 1967,

quien habla de la relación de la poesía con el periodismo de la época, y es que, dice

el autor de la tesis, podían estar escribiendo un poema en la misma mesa en la que

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preparaban un artículo para el periódico o leían la prensa francesa, que tuvo mucha

influencia en ellos.

Para su trabajo eligió a “los tres grandes” poetas modernistas: Rubén Darío, José

Martí y Manuel Gutiérrez Nájera, y muestra qué idea tenían del periodismo. Por

ejemplo, para Darío, era “un objeto de liberación de las naciones… pero al mismo

tiempo algo que puede alienar a los periodistas porque se vuelven como

mercenarios, es el problema de los textos por encargo que matan la libertad

romántica creativa del artista, esas son las paradojas”.

En el segundo capítulo desarrolla el contexto histórico y al final hace un inventario de

sus lectores y la forma en la cual lo han leído. Menciona que varios lo consideran un

maestro de la pedagogía. Elena Poniatowska lo llama “un directorio cultural”, y se

destaca que “no había persona más informada en el mundo más que él y Carlos

Monsiváis, ahí están todas esas opiniones”.

Busca en el tercer apartado mostrar su faceta como crítico literario y dar cuenta de

su perfil como tal, qué tipo de crítico era, entender cuál fue su ideología. Reitera que

aquí encontró también esos “rasgos marxistas” que pueden molestar a los cercanos

al marxismo:

“Pero es inevitable decirlo así, por lo de la literatura colectiva y esas cosas. Él

pensaba que la historia era necesaria para el pueblo, para el país, para revelarle su

propio pasado, revelarle su propia identidad, y pudiera tomar fuerza a partir de esa

lectura histórica, eso lo dice en algunos Inventarios”.

Al final de esta tercera sección desarrolló el tema del cosmopolitismo a partir de las

traducciones realizadas por Pacheco. Para ello utilizó conceptos de “geografía

literaria” y mapas. Considera Ruiz Rodilla que en la década que trata su tesis,

tradujo más autores de Estados Unidos que de cualquier otro lugar, luego Francia,

Grecia y Japón, aunque aclara que en el caso de estos dos últimos países hizo el

conteo por poema, no por autor, y aparecen muchos porque a José Emilio le

interesaban los epigramas.

En la cuarta parte plantea la idea de que la poética de José Emilio Pacheco “es en sí

misma un Inventario”. Se basa en algunas traducciones y en poemas escritos al

calor de los acontecimientos. Un ejemplo, dice Ruiz Rodilla, es un poema publicado

en el Diorama de la Cultura el 15 de septiembre de 1973, tras el golpe militar en

Chile, que no formó parte del Inventario, y que firmó como si fuera sólo el

“transcriptor”. Aquí un fragmento:

Salvador Allende

recuerda el libro de Job

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antes

de morir asesinado

en el palacio de la moneda

Si pesaran mi queja y mi tormento (6:2)

pesarían más que la arena del mar. (6:3)

Porque las saetas del enemigo están en

( mí, (6:4)

su veneno se ha adentrado en mi

( cuerpo,

el terror del injusto me combate.

Las cosas que mi alma no quería tocar

(6:7)

son ahora mi alimento.

“El poema es un pastiche de versos del Libro de Job y algunos de La Araucana. Es

interesantísimo que logre en algo traumático, que acaba de suceder, que es

un shockcomo cualquier golpe de Estado –en ese momento todavía no saben dónde

está Pablo Neruda, por ejemplo, no saben qué le ha pasado–, darle esa perspectiva

histórica con el libro de Job, al mismo tiempo es una invitación a leer a Job. Lo que

él está haciendo es una forma de abordar las circunstancias a través de la historia y

tratando de tomar distancia como se pueda y de darle profundidad.”

–¿Cuál es la conclusión al final de la tesis?

–Bueno, las tesis en humanidades, y más en letras, no tienen un resultado así

científico, pero llego a la conclusión de que esta poética del Inventario está en

relación con el otro. Es una lectura muy social de la poesía: ¿por qué siempre ir

hacia el otro para traducirlo? El otro como otredad cultural, de otra lengua, e ir hacia

él para entregarle los textos desde el anonimato, que es todavía una entrega mucho

más fuerte.

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“También ir hacia el otro por los homenajes, que es un fundamento básico de

los Inventarios: las efemérides son como uno de los engranajes que lo alimentan

todo el tiempo”.

–Entonces, ¿esa relación con el otro es porque se propuso, desde el anonimato, una

labor de difusión como quizá ningún otro?

–Si. Por ejemplo, en ese poema dice que es una forma de amor que sólo existe en el

silencio, en la poesía, pero eso también es el Inventario, eso son sus traducciones.

En general podría ser todo, también su prosa, pero no veo igual esa actitud de

entregarse a los demás como en el periodismo de cada semana, es un sacrificio y es

un trabajo de locos, nadie comprende cómo lograba en una semana sacar esos

ensayos, esos textos, y él insiste mucho en la vocación de servicio a los demás,

pero eso está mezclado su teoría con la poética.

–Buena parte de ese trabajo que publicó semanalmente en Proceso ya está ahora

en Era. Aun así, el recuento que se hace en la tesis tiene un valor por tratarse de

una selección con un tema muy preciso, ¿Va a publicar su trabajo?

–Por ahora no he estado en eso, pero quiero ver cómo. Igual no esta compilación

porque ya hay una y aquí están las traducciones que van a salir en otra versión, pero

sí me gustaría publicarla para insistir en que es la matriz del Inventario, es la

columna vertebral. De aquí salen muchos poemas que se entregan como primicia.

Entonces es un laboratorio creativo, es un borrador, es un taller, como fue el taller de

los modernistas. Muchos poemas pasaron de aquí a sus libros y los iba

reescribiendo en ese transcurso.

“Insisto en que el Inventario es la matriz y el corazón creativo de José Emilio, y eso

me parece importante por todo lo que implica. Implica que estaba en una revista,

que es Proceso, la revista que fue la más duradera y constante, y bueno, todo lo

que está alrededor de ese contexto.”

Un trabajo sólido: Vicente QuirarteJUDITH AMADOR TELLO2017-09-09 07:35:31 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

Miembro del equipo de sinodales que evaluó la tesis doctoral de Álvaro Ruiz

Rodilla, Hacia una poética del Inventario de José Emilio Pacheco: poesía y

periodismo (1973-1983), el escritor Vicente Quirarte considera que es uno de los

trabajos “más sólidos y serios” acerca del poeta:

“Analiza diez años de trabajo periodístico, centrado en los textos sobre poesía y

poetas. Me parece una tesis muy pertinente porque es una magnífica carta de

navegación sobre la poesía de Pacheco.”

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Quirarte recurrió a la tesis para impartir sus cursos sobre la poesía del autor

del Inventario, con los cuales abrió sus cátedras tras ingresar a El Colegio Nacional

en marzo de 2016. Entonces comentó en entrevista con este semanario que en un

curso para 150 personas que dio en la UNAM hubo quien se sorprendía de que

Pacheco fuera poeta, pues la mayoría conoce Las batallas en el desierto y “párele

de contar”.

Agrega que a José Emilio le gustaba mucho cuando se le acercaban con libros como

la recopilación poética Tarde o temprano, publicada por el Fondo de Cultura

Económica. Él mismo decía que la gente no lee poesía, y sin embargo Quirarte

destaca que los grandes honores que recibió como el Premio Cervantes y el José

Asunción Silva fueron para el poeta. Y coincide con Ruiz Rodilla en el magisterio que

ejerce a través de su obra literaria:

“Nos enseñó a todos a leer de otra manera y todos queríamos tener la disciplina,

entrega y arrojo de José Emilio (aunque) su literatura es difícilmente imitable, es

digna de imitación, de una gran claridad, transparencia y de una difícil sencillez.”

Añade:

“José Emilio era poeta en todo lo que hacía, pero no era un prosista ‘poetoso’. Decía

Xavier Villaurrutia que cuando un escritor frecuenta varias formas, la poesía siempre

está irradiando, pero esto no quiere decir que Pacheco haya hecho retórica su

literatura cuando escribía una obra de teatro o cuando hacia periodismo.

“Fue el logro al crear su columna Inventario, que mantuvo durante tantos años

en Proceso, y por lo cual buscábamos mucho la revista. O sea el país se nos

destrozaba, se nos destroza y Proceso siempre tiene el valor para levantar la voz,

pero dentro de todo este caos en el que vive el país y que está denunciado en la

revista, estaba la joya de la corona que era la literatura de José Emilio Pacheco, su

periodismo literario, igualmente valioso, generoso, riguroso. Yo creo que es un caso

muy extraño donde el rigor va unido a la generosidad.”

Quirarte asistió mediante una videoconferencia al examen doctoral de Ruíz Rodilla,

que duró cuatro horas, en la Universidad de Toulouse, Francia, en el cual

participaron también como miembros del jurado Gema Areta Marigó y Trinidad

Barrera, de la Universidad de Sevilla; Dante Barrientos Tecún, de la Universidad Aix

Marseille; Christophe Imbert y Modesta Juárez de la Universidad de Toulouse; y

Eduardo Ramos Izquierdo de la Universidad de París IV.

25 años de la revista latinoamericana “Archipiélago”ROBERTO PONCE2017-09-09 07:37:06 · COMENTARIOS DESACTIVADOSEDICION MEXICO

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Doctor en Estudios Latinoamericanos, maestro en Historia del Arte y arquitecto por la

UNAM, Carlos Véjar Pérez-Rubio, celebra la salida del número 97 de Archipiélago,

publicada trimestralmente desde hace un cuarto de siglo.

“A diferencia de otras, Archipiélago no se fundó para un grupúsculo ideológico

particular ni generacional; quisimos fuera un proyecto bastante amplio, multicultural

e incluyente, conformado por una red de colaboradores y variados lectores

latinoamericanos”, expresa Véjar Pérez-Rubio, director general de Archipiélago y

nacido en la Ciudad de México hacia 1943.

Con su compañera, la también arquitecta Silvia Morales, fundó la

“Revista cultural de nuestra América”

–¿Qué sueño se propusieron 25 años atrás?

–La integración de América Latina y el Caribe, siguiendo a nuestros próceres Simón

Bolívar y José Martí. Vamos de la utopía a la eutopía…

“Pero como era el año de 1991 y veíamos muy duro venir la globalización,

promovimos la integración de la cultura. Nos dolía mucho platicar con amigos

médicos, quienes leían sólo revistas de medicina, y algunos críticos de arte que no

tocaban textos científicos o ni una novela de García Márquez, por ejemplo. Nos

dimos cuenta de que la cultura se hallaba fragmentada, dispersa.”

Así, se remitieron a “un bello concepto” expresado por José Martí (1853-1895): “La

cultura es el alma de los pueblos”. Para Véjar Pérez-Rubio y Morales aquella “frase

magistral” del Poeta Nacional de Cuba fue punto de partida en la discusión que

sostuvieron con un embajador español, cuenta:

“Yo le decía: ‘Para ustedes españoles la identidad nacional es la lengua y la religión’

y no va sólo por ahí… A él no le gustaba que habláramos ‘de América Latina y el

Caribe, porque en el Caribe se nos meten los ingleses con Jamaica’, y yo le

contesté: ‘¿Dónde escribió Bolívar la Carta de Jamaica? ¡Pues en Jamaica! ¿Y quién

le dio el dinerito para liberar a América del Sur? ¡Pues el mariscal Alexandre Petión,

de Haití, quien le otorgó hasta una imprenta para sus documentos libertarios!

En Archipiélago no podían quedar fuera Jamaica ni Haití, por ejemplo. Nosotros los

latinoamericanos no nada más somos las palabras y un Dios, nuestra identidad es

mucho más vasta y tenemos culturas originarias’. Recuerdo que le dije: ‘Mira, a

nosotros nunca se nos va a olvidar lo que hizo Cortés con Cuauhtémoc. ¡Nunca!’.

Teníamos que unir nuestras islas y no aislarnos…”

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Este embajador español, “quien a la fecha es un amigo colaborador de Archipiélago,

socialista”, se llama José Luis Dicenta. Después de mucha discusión, aceptó:

“Bueno, ¿podríamos hablar de Iberoamérica y el Caribe?”

Véjar Pérez-Rubio y Morales sueltan la carcajada. En el número 96 de Archipiélago,

el diplomático Dicenta (secretario de Estado para la Cooperación Internacional del

gobierno de España en las Cumbres Iberoamericanas de los 500 años del llamado

Encuentro de Dos Mundos) redacta uno de los textos que abren la edición (páginas

4 a 6, de un total de 80), “El mundo al revés”, donde el peninsular expresa:

“El neoliberalismo se concibió para legitimar una desigualdad social extrema.”

Otro de los apartados brinda “Homenaje a Juan Rulfo”, con cuadros y un poema de

la pintora Aliria Morales Barcázar, realizados para su exposición Poética de la

Tierra en la Galería de Televisión Educativa de la Ciudad de México, acompañada de

“La poética terrestre de Aliria Morales”, a cargo de la escritora y periodista Susana

Cato, colaboradora de Proceso, texto integrado al catálogo. Desde el 7 de

septiembre pasado la muestra se exhibe en el Centro Cultural del México

Contemporáneo, en Leandro Valle 20, Centro Histórico, donde Véjar recibió de

Morales un pastel de cumpleaños para la revista.

El reciente número 97 de Archipiélago por sus 25 años abre con un saludo de Véjar

(acompañado en el editorial por Minerva Salado y Saúl Ibargoyen):

Coeditada por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe

(CIALC) de la Universidad Nacional Autónoma de México, la revista ha recogido en

sus 97 ediciones publicadas hasta la fecha una muestra significativa del

pensamiento, la memoria y la creación científica, artística y literaria de la región, lo

cual ha sido posible gracias al concurso de todos aquellos que han conocido y se

han solidarizado con el proyecto –individuos e instituciones de todos los rincones de

la Patria Grande–, colaborando desinteresadamente en su desarrollo, a quienes

expresamos nuestro más cálido reconocimiento. La red cultural de Nuestra América.

“Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra”, decía José Martí.

Debemos construirlas. En esas estamos.

Escriben también Edmundo Aray, de Venezuela; Nils Castro, de Panamá; Fari

Rosario, de República Dominicana (sección Pensamiento). Galo Galarza, de

Ecuador; Alfonso Gamucio Dagron, de Bolivia (Memoria). Enrique Vázquez Gehrels,

de Costa Rica (Ciencia y tecnología). Eduardo E. Parrilla, de Puerto Rico; Nancy

Morejón, de Cuba (Letras). Rubén López Rodrigué, de Colombia (Audiovisualidad).

Silvina M. Romano, de Argentina (Latinoamérica) y, entre otros mexicanos: Vicente

Quirarte, Bertha María Díaz Olmos, Arely Domínguez, Manuel Rosado Sarmiento,

Felipe Garrido, Eduardo Langagne, Gustavo Viniegra González y Eduardo Mosches

(de origen argentino).

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Cada edición de Archipiélago se distribuye con un tiraje de dos mil ejemplares en el

mundo entero.

NOTAS CULTAS

Juárez y su himno triunfalSAMUEL MÁYNEZ CHAMPION2017-09-09 07:38:55 · COMENTARIOS DESACTIVADOSNOTAS CULTAS

En un texto anterior (Proceso, 2122) abordamos la génesis del emblema sonoro de

nuestra vapuleada nación, adelantando su seguimiento. El momento es ahora, ya

que se añade a las celebraciones por el sesquicentenario de la ardua restauración

de la República. Como ya anticipamos, es una historia que, de no estar avalada por

fuentes documentales, mostraría tonos cuyas reverberaciones, en retrospectiva,

parecerían irreales.

Para comenzar, resaltemos que, también a través de la música, Juárez intentó

cohesionar el sentir del pueblo mexicano, con sus profundas divisiones y fracturas

de identidad. Por ello, una de las primeras acciones de su gobierno –igual de

urgente para el benemérito que la creación en ese definitorio año de 1867 de la

Escuela Nacional Preparatoria o de la Biblioteca Nacional– fue la de desaprobar el

himno del catalán Jaime Nunó –hay dudas de que se trató de un plagio–1, no sólo

por tratarse de un extranjero sino, por su abierta loa a Santa Anna; por ende, buscó

la manera de contar con uno nuevo, más acorde con la visión política de la

restauración republicana.

Ciertamente, la primera función social que la música había desempeñado en el

México Independiente fue la de ser un agente de identidad colectiva, por el simple

hecho de implicar a cualquiera –intérpretes y escuchas– en un acto de convivencia

cívica. Recordemos que a la naciente patria le costó mucho trabajo y, sobre todo, le

tomó mucho tiempo hacerse de un himno propio. Desde la consumación de la

Independencia en 1821, transcurrieron 33 años para que Santa Anna convocara al

concurso para musicalizar el poema de Francisco González Bocanegra, aparte de

los nueve intentos previos que ya citamos.

No debe sorprender que, para los intelectuales de la generación de Juárez, la idea

de que el símbolo acústico de la soberanía nacional procedente de extranjeros era

una afrenta difícil de soportar. Ignacio M. Altamirano afirmó categórico: “Un himno

patriótico debe de ser tan nacional como la bandera”, y muchos más se

pronunciaron en esa misma dirección, abogando porque fuera un compatriota quien

le diera gloria a México a través de una composición musical.

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Así pues, en el seno de la Sociedad Filarmónica Mexicana –de la que nació el

Conservatorio Nacional y a la que pertenecían los intelectuales, artistas y

académicos más sobresalientes del país– surgió, a mediados de 1867, la idea de

que uno de sus integrantes se encargara de proponer una verdadera Marcha

Nacional. El honor de tal empresa recayó, por unanimidad, en la persona de Aniceto

Ortega, quien era, además de un médico destacado, un pianista y compositor con

las mejores credenciales para echarse a cuestas tan delicada encomienda. Es de

notar que los compositores más afamados de aquel México decimonónico –entre

ellos dos de los jurados (Tomás León y Agustín Balderas), que habían seleccionado

el himno de Nunó– eran miembros de la Sociedad. Sobre la valía humana de

Ortega, el eminente geógrafo Antonio García Cubas expresó que “era un músico

culto y exquisito, un literato distinguido por su vasta instrucción y facultad

imaginativa y un elegante hombre de sociedad por su fina educación”.

Una vez que el doctor Ortega concluyó con la faena compositiva y se programó el

anhelado estreno de la música patria en el Gran Teatro Nacional –antes Teatro Santa

Anna y después Gran Teatro Imperial–, el Monitor Republicanopublicó lo siguiente:

“Segundo Gran Concierto vocal, instrumental y de orfeonismo de LA SOCIEDAD

FILARMÓNICA MEXICANA, que tendrá lugar la noche del martes 1° de Octubre de

1867. México no posee una marcha verdadera y nacional, pues no tienen ese

carácter la de Herz, Bochsa o el Himno de Nunó. A la SFM le tocaba llenar ese vacío

y encomendó al Sr. Dr. Don Aniceto Ortega, la composición de una marcha. El Sr.

Ortega, en vez de una, compuso dos, y se tocarán ambas en el Concierto del martes

próximo. El público, que es el perito más competente para juzgar una composición

popular, quedará así constituido en jurado musical y elegirá la marcha que deberá

ser nacional.”

Las dos marchas que Aniceto Ortega compuso fueron la Marcha Zaragoza, dedicada

al héroe de la batalla del 5 de mayo, y otra que intituló Marcha Republicana. El culto

y exquisito médico buscó que la interpretación fuera majestuosa, incluyendo la

participación de una orquesta y diez pianos a cuarenta manos. Entre los pianistas se

contó con la generosa presencia de amigos y colegas del doctor Ortega, quien

dirigió desde el pódium. Los apellidos que menciona el diario Siglo Diez y Nueve son

los de las señoritas Acosta, Beristain, Burguiciani, Duclós, Guillén, Larrea,

Larrañaga, Montes de Oca, Olaeta y Wagner, y los nombres de los maestros Alfred

Bablot, Balderas, Francisco Contreras, González, Julio Ituarte, Jauregui, León,

Meyer, y Reponti. Sobre estos últimos, vale repetir que eran los músicos más

reconocidos de la época

En cuanto al veredicto popular, El Siglo Diez y Nueve reportó:

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“La Marcha Zaragoza de Aniceto Ortega fue la que el público aplaudió con mayor

furor, haciéndola repetir. Creemos que se popularizará, haciendo olvidar todas las

que hasta aquí se han llamado, erróneamente, marchas nacionales.”

Aunque también el mencionado Bablot escribió al respecto, abundando sobre la

diferencia de opiniones:

“Las marchas del Sr. Dr. D. Aniceto Ortega son dos inspiraciones felicísimas: … los

aplausos del público demostraron preferencia por la Marcha Zaragoza. Esta es la

marcha nacional mexicana. Así lo ha decidido y sancionado el voto popular, que

ojalá tenga tan buen acierto en sus sufragios políticos. Empero, al concluir la función

había diversidad de opiniones sobre ambas composiciones; unos se inclinaban a la

marcha Zaragoza, otros a la Republicana.”

Es de enfatizar que el concierto fue presidido por Juárez, ratificando su repudio al

himno de Nunó. Sobre su preferencia personal cabe decir que, en un acto de

genuina democracia, acató el voto popular, a pesar de que la Marcha Republicana lo

llevara como dedicatario implícito.

Con el correr del tiempo, a la Marcha Zaragoza se le incluyó en todos los actos de

gobierno e incluso se le puso letra –que a la fecha sigue extraviada–, suscitando

verdadera exaltación en sus audiciones. Un año después, Altamirano publicó un

alegato sobre su efecto en el pueblo mexicano. Se lee: “La Marcha Zaragoza es

la Marsellesa de México, y de hoy en más será siempre nuestro toque de

arremetida. La Marcha Zaragoza es hija de la victoria y no del dolor, y por eso sus

armonías todas no se traducen en lamentos, sino en arrebatos de entusiasmo, en

acentos de triunfo. […] Aniceto Ortega puede envanecerse de haber inventado para

su patria un arma poderosa e invencible”.

Lastimosamente, con el advenimiento del porfirismo, fue ninguneada la voluntad

popular que había elegido un himno finalmente “nuestro”, volviendo a dársele a

Nunó el sitial de honor que habría de pertenecerle, por derecho propio y con total

anuencia de Juárez, al Dr. Ortega. No está por demás enfatizar que el jurado que

eligió al himno de Nunó había sido un grupo hiperselecto de músicos2 y que su voto

no fue dividido con el verdadero juez, que es el pueblo que habría de cantarlo. ¿No

sería justo volver a escuchar las notas triunfales de la Marcha Republicana que el

eminente galeno coligió con el fervor patriótico que la causa republicana le inspiró?3

Pero allende la respuesta, lo relevante del caso es que el responsable de esta

columna pudo ponerse en contacto con los descendientes de Aniceto Ortega, y que

por voluntad conjunta el acervo orteguiano será donado en breve a la Biblioteca

Nacional. En él se hayan algunas de las partes o partichelas de esta emblemática

obra que se creían perdidas4y que con ellas pudo reconstruirse su partitura

general.5Nadie en su sano juicio se atrevería a dudar de la importancia de rescatar

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una marcha que celebró el triunfo de la República mexicana después de la larga

serie de cruentas intervenciones que sufrió.

Ahora que se celebran los 150 años del inconmensurable logro juarista, la

pertinencia es absoluta, inclusive aconsejable para ser propuesta como parte de la

urgente refundación del Estado mexicano, por los políticos valientes que desean

regenerarlo…

__________________________

1 Acorde con una fuente secundaria, a Julián Carrillo le fue revelada la autoría a

cargo de un músico francés llamado François Chenal.

2 Fueron nada más tres: José Antonio Gómez, y los citados Agustín Balderas y

Tomás León.

3 Se recomienda la audición, tanto de la Marcha Zaragoza, como la Republicana.

Encuéntrelas en la página: proceso.com.mx

4 Lo único que se pensaba que había sobrevivido era la partitura para piano a cuatro

manos que está resguardada en la Biblioteca del CNA.

5 La reconstrucción es obra del titular de la columna y su estreno mundial

contemporáneo avendrá el próximo 1° de octubre en la Sala Nezahualcóyotl del

CCU, en un concierto organizado por el doctor Germán Fajardo, director de la

Facultad de Medicina de la UNAM., para celebrar, tanto el Día del Médico, como la

determinante participación de músicos y galenos en la restauración de la República.

ARTE

MUME, arte público de primer nivel

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

En un boscoso valle de los Alpes austriacos, en el pequeño poblado de Stuhlfelden (Campo de sillas), el artista mexicano Oscar Cueto (1976) instaló el pasado viernes 1º de septiembre un sugerente Museo Mexicano al que dio el nombre de …

TEATRO

“Las miserables” Reinas Chulas

ESTELA LEÑERO FRANCO9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Cinco mujeres se lanzan a intentar modificar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución francesa. Quieren ser incluidas como mujeres y que se respeten sus derechos. Las ReinasChulas se trasladan a ese tiempo, …

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CINE

Tour de Cine Francés

JAVIER BETANCOURT9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Francois Ozon cambia una vez más de registro con un sinuoso drama de posguerra, Franz’ (Francia, 2016), donde la fotografía en negro y blanco refleja el maniqueísmo de dos formas de nacionalismo, uno alemán y el otro francés, y donde …

RADIO

La Radio Alternativa

FLORENCE TOUSSAINT9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Aunque el concepto de medios alternativos es de los años setenta, los fenómenos que designaba siguen existiendo, ahora en un segmento marginado, con cobertura limitada, programación elaborada de modo precario,la mayor parte del tiempo sólo por aficionados. Su marca …

LIBROS

Omisiones y simplificaciones

JORGE MUNGUÍA ESPITIA9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Martín Caparrós (Buenos Aires, 1957) es un escritor con una vasta obra literaria formada por ensayos, novelas, crónicas, libros de viaje, artículos y entrevistas. Algunas de sus obras son: Larga distancia, crónicas de viaje (1992), Amor y anarquía. La vida… …

NOTAS CULTAS

En el MUAC, la reconstrucción de hechos de AyotzinapaNIZA RIVERA2017-09-09 07:51:07 · COMENTARIOS DESACTIVADOSNOTAS CULTAS

Con documentos, fotos, videos y un mural que reconstruye la desaparición de los

estudiantes de Ayotzinzapa, Guerrero, la agencia de investigación Forensic

Architecture (FA) exhibe su narrativa de hechos de la desaparición de los 43

estudiantes a través de la muestra Hacia una estética investigativa, en el Museo

Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) de la UNAM.

Dividida en tres partes presenta: Uno, el caso de Ayotzinapa; dos, 15 investigaciones

de casos a nivel internacional (los ataques con drones estadunidenses en la frontera

entre Pakistán y Afganistán, la cárcel de torturas siria de Saydnaya, y la batalla de

Rafah en el extremo sur de la franja de Gaza, en 2014, entre otros); y tres: ecocidios

y atentados contra la naturaleza.

Se trata de algunos de los proyectos trabajados por la Forensic Arquitecture (con

sede en Londres y creada en 2010 por el arquitecto israelí Eyal Weizman), un

colectivo conformado por arquitectos, artistas, activistas, científicos, abogados,

periodistas y cineastas, cuya labor consiste en reunir el mayor número de

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información, de manera independiente, sobre conflictos en el mundo, confrontar

hechos con relatos oficiales para evidenciar la violencia de Estado, al tiempo de

generar nuevas metodologías de análisis sobre vulneraciones de los derechos

humanos.

Lo expuesto por el colectivo en el MUAC abre con el caso de Ayotzinapa y gira en

torno al mural cuyo título es, parafraseando el del cuento da Borges, Los senderos

de Ayotzinapa que se bifurcan, un mapa de relación de hechos de la tragedia de la

noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, durante las cuales

desaparecieron 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos de Iguala, Guerrero. Mide

16 metros de largo y se acompaña de fotos, videos y documentos, como un libro de

700 páginas que reúne información recopilada de manera audiovisual por la FA

(http://www.forensic-architecture.org/).

A través de apoyos multimedia se explica la información del mural (muy parecido a

un diagrama), donde se detallan los movimientos de los estudiantes, policía local,

estatal y federal, militares, crimen organizado, y otros implicados en relación a la

desaparición de los normalistas a través de lugares y horarios.

La información recopilada por FA proviene en gran parte de los dos informes del

Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos –que puso en relieve inconsistencias e

irregularidades de las investigaciones de la Procuraduría General de la República–,

el libro del periodista John Gibler: Una historia oral de la infamia –a partir de los

estudiantes sobrevivientes–, así como testimonios, documentos legales, fotografías

y trabajos periodísticos del suceso.

De acuerdo a la web plataforma-ayotzinapa.org que fue presentada el jueves 7 de

septiembre en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro

Prodh) en esta ciudad, la investigación fue comisionada a la FA en colaboración con

el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y el Centro Prodh para las

familias de los 43 estudiantes heridos y asesinados de Ayotzinapa.

Se lee en el apartado de la exposición:

“Forensic Arquitecture invita a considerar cómo las prácticas estéticas

contemporáneas y las nuevas tecnologías deben afrontar la condición de la época

de la llamada posverdad.”

A decir de Irving Huerta (Ciudad de México, 1988), periodista y doctorante en política

con énfasis en periodismo de investigación e impacto en políticas públicas por

Goldsmiths Universidad de Londres, y colaborador de FA para la investigación de

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Ayotzinapa, la muestra en el MUAC invita a la gente a un acercamiento, pero sobre

todo “a entender el nivel de brutalidad y violencia que sucedió”.

Huerta explicó a este semanario que se unió en febrero del año en curso a FA

durante el primer semestre del doctorado a través de una invitación de un profesor

de esa universidad, pues se requería una persona que hablará español y conociera

el aparato gubernamental mexicano.

Respecto al aporte de FA, durante la investigación, comentó:

“La principal es el recuento de datos a partir de las evidencias, las conexiones y

brindar herramientas para investigar más. Se encontraron patrones de vigilancia que

no se habían visualizado, uno de ellos es el video de lo que pudieron ver las

cámaras del Palacio de Justicia, y otro que explica y hace evidente que un militar

que estaba cerca del autobús Estrella Roja 1531 también estuvo cerca del 3278 de

esa misma marca y pudo haber visto este último, es decir, el ángulo de visión le

permitía ver ese autobús.

“Hay un valor real en esta exposición y la plataforma, su contenido es una narrativa

integral de los hechos.”

Mientras que para la curadora de la muestra, Rosario Guïraldes (Buenos Aires,

Argentina, 1984), realizarla requirió arduo trabajo al buscar reflejar la forma y

metodología de análisis de la FA, y en el caso de Ayotzinapa, reunir más de cinco mil

datos en el mural.

–¿Qué aporta esta exposición?

–Pensar que la desaparición no sólo está dirigida a las personas, sino a la noción

misma de verdad, la alteración de evidencia e introducción de narrativa falsa.

La muestra se inauguró este sábado después de una charla en el Ágora del MUAC,

y estará abierta hasta el próximo 7 de enero en el recinto del Centro Cultural

Universitario.

ESPECTÁCULOS

Nace Purga, cine de terror bajo demanda

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

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Creadores de historias criminales y cuentos tenebrosos clásicos como Edgar Allan Poe, Bram Stoker o H. P. Lovecraft se irían de espaldas si despertaran hoy con la noticia de que México es el país que más películas de terror produce …

“Las tinieblas”, de Castro Zimbrón

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Para toda Latinoamérica, surge el sitio web purga.tv dedicado sólo al cine de terror (largometrajes y cortometrajes), el cual funciona por suscripción bajo demanda (Suscription Video On Demand, cuyas siglas son SVOD). Explica el argentino Ariel Tobi, titular de esta plataforma, lanzada …

DEPORTES

Un estadio azul en Iztapalapa, sueño de Mancera y la delegada

BEATRIZ PEREYRA9 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Miguel Ángel Mancera anunció como un hecho la construcción de un nuevo estadio para el Cruz Azul en el Parque Ecológico Cuitláhuac, en Iztapalapa, delegación encabezada por la perredista Dione Anguiano. Como losvecinos se inconformaron, la titular de la …

Con los Jefes de Kansas, un guardia “sui generis”

JAIME PORRAS FERREYRA10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

A sus 26 años, el canadiense Laurent Duvernay-Tardif ya tiene casi todo resuelto. La NFL lo considera “el hombre más interesante” de la liga. Y el gigantón oriundo de Quebec se afana en cumplir su compromiso deportivo con los Jefes …

PALABRA DE LECTOR

Demolición de la Semar causa pánico entre vecinos

LA REDACCIÓN10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Señor director: Para destruir uno de los edificios de la Secretaría de la Marina Armada de México (Semar) –que debería estar en un puerto, pero a los titulares les fascina estar cerca del señor presidente para practicar su servilismo– decidieron utilizar …

Acerca de “Juárez y el guardián del archivo escondido”LA REDACCIÓN2017-09-10 00:06:24 · COMENTARIOS DESACTIVADOSPALABRA DE LECTOR

Señor director:

Mi felicitación a la reportera Columba Vértiz de la Fuente, de la sección de Cultura,

por su bien documentado reportaje de investigación denominado “Juárez y el

guardián del archivo escondido”, publicado en el número 2131 de Proceso, de fecha

3 de septiembre (páginas 64-67).

Tal como lo escribe la reportera, la labor heroica de don Juan de la Cruz Borrego,

jefe de los custodios del archivo nacional que don Benito Juárez le entregó a su

paso por La Laguna rumbo al norte, el 4 de septiembre de 1864, es casi totalmente

desconocida, al grado que en la ciudad de Torreón, Coahuila, existe una escuela

secundaria que lleva ese nombre y estoy seguro que los alumnos y a lo mejor hasta

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los maestros ignoran la labor patriótica de este lagunero en favor de la República,

cuando, como se lo dijo Juárez, “la Patria más lo necesitaba”.

Deseo destacar la labor periodística de la reportera, porque en ningún momento se

conformó con los datos que le proporcioné, sino que amplió su investigación

entrevistando a la historiadora Patricia Galeana, exdirectora del Archivo General de

la Nación, quien aportó un dato que al menos yo nunca le escuché al fundador del

Museo Juarista de Congregación Hidalgo, Coahuila: que Juárez se trajo los

documentos más importantes, como el Acta de Independencia.

De modo que en esta forma Proceso, por medio de Vértiz de la Fuente, enriqueció

la historia de este suceso que debería enorgullecer a todos los que habitamos esta

Comarca. Gracias.

Atentamente,

Eusebio Vázquez Navarro

Cuestiona la política cultural perredista en la Ciudad de MéxicoLA REDACCIÓN2017-09-10 00:06:27 · COMENTARIOS DESACTIVADOSPALABRA DE LECTOR

Señor director:

Es lamentable que el PRD, a través de sus administraciones políticas, por medio de

las direcciones y las secretarías de Cultura un tanto cuanto improvisadas, haya

carecido de una política verdaderamente democrática, a pesar de haber contado

entre sus miembros fundadores a docentes, artistas, escritores e intelectuales

reconocidos y desaprovechados. Por ejemplo, no sabemos cuál es la función del

Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural en la Secretaría de Cultura actual, ni la

profesión de los que lo conforman. ¿Acaso son los responsables de la presentación

del curioso par de alas doradas que se exhibieron en Paseo de la Reforma y

después viajaron a diferentes países representando al Gobierno de la Ciudad de

México; así como de la exhibición actual de figuras humanas poco estéticas en la

Alameda Central? ¿También son responsables de que el director del Museo de la

Ciudad de México no se haya dignado recibir a un artista con trayectoria

internacional y de que el secretario de Cultura no haya querido recibir personalmente

a un director de publicaciones?

Atentamente,

Benjamín Romero Duarte,

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expromotor de la Secretaría

de Cultura del DF

Pide que vuelvan a entregar despensas en el Edomex

LA REDACCIÓN10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Señor director: Le pido publique en su espacio “Palabra de Lector”, la siguiente carta, dirigida a Eruviel Ávila Villegas, gobernador del Estado de México: Por las elecciones del Estado de México se suspendió la entrega de despensas. En mi caso (recibo la …

La CEAV desdeña su reclamo

LA REDACCIÓN10 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Señor director: En marzo de 2008 presenté una denuncia en la Fiscalía para la Seguridad de las Personas e Instituciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra Ernesto Molina Yáñez, funcionario de la Secretaría de Seguridad Pública …

Expone por qué el PRD debe ser aliado de MorenaLA REDACCIÓN2017-09-10 00:06:37 · COMENTARIOS DESACTIVADOSPALABRA DE LECTOR

Señor director:

Quiero puntualizar lo ya expresado por otros: desde Lázaro Cárdenas no ha habido

otro presidente nacionalista que gobierne para las mayorías. Con la expropiación

petrolera el general corrió a las compañías petroleras extranjeras; el actual gobierno

volvió a traerlas.

En los tiempos de Benito Juárez, su secretario de Hacienda no aceptó los 300 mil

pesos oro que le tocaban por la venta de las propiedades de la Iglesia porque el país

los necesitaba más; los políticos de hoy, con sus excepciones, buscan “propinas” por

la venta del país.

El PRI con sus partidos aliados, excepto Morena, nos ha regalado un narcoestado

perfecto.

Los ricos, si quieren andar con seguridad por la calle, tienen que pagar piso; a la

clase media le pueden quitar el carro, a los pobres…

Deseo argumentar por qué el PRD debe de ser un aliado de Morena: mi hermana,

Adelina Núñez, es funcionaria perredista en el municipio de Parácuaro, Michoacán.

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Ella, que a veces trabaja los sábados y domingos con mucho tesón, y su partido le

arrebataron al PRI ese espacio.

Sin embargo, a los militantes comunes los dirigentes perredistas nunca les

preguntaron si le entraban al Pacto por México o si se aliaban al PRI.

Hace rato que los dirigentes perredistas son agentes al servicio del sistema y viven

cómodamente. Mi hermana no aspira –ni puede– a tener una casa en el extranjero

como su líder, Alejandra Barrales, quien por un departamento en Suiza puede aliarse

hasta con el Partido Verde.

El problema es que la gente de base del PRD –e incluso las mayorías– no lee libros

ni periódicos; alimenta su cerebro con las televisoras al servicio del patrón. Ellos

creen que el PRD es el mismo que fundó Cuauhtémoc Cárdenas y siguen sudando

la camiseta.

Estoy de acuerdo con Javier Sicilia: los partidos políticos son un lastre para el país.

Es necesario usar las armas que tenemos; y a quien no le guste, que promueva la

revolución armada. Además, los bisabuelos, abuelos y padres somos responsables

del desastre en el país. También tenemos que exigirle al líder de Morena, AMLO, ser

más inteligente, porque los partidos de derecha –PRI y PAN– son vasos

comunicantes: si va perdiendo el PRI, el PAN lo empuja y viceversa; en tanto, el

PRD, el Partido Verde y los otros son coleros que sólo van por los huesos.

El problema de México no es de derechas o izquierdas: sino de honestidad, justicia,

valores y vergüenza para tener mejores ciudadanos.

Atentamente,

Ciro Núñez Rojas

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