procesal penal

164

Apuntes para el Curso de Derecho Procesal Penal. Facultad de Derecho Universidad UCINF; Profesores: Iara Barrios Melo / Jaime Salas Astrain

CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL

CAPITULO I

PARTE GENERAL

1. INTRODUCCION AL PROCEDIMIENTO PENAL.

El procedimiento que estudiaremos constituye un conjunto de

normas jurídicas que regulan en detalle el proceso penal. La razón

de existencia de este proceso deriva del poder punitivo del Estado,

que se pone en acción cuando los ciudadanos quebrantan el

ordenamiento jurídico penal. Este sistema se aplica a las

infracciones mas graves del ordenamiento jurídico.

La coerción estatal afecta garantías individuales en el proceso

penal, por eso es necesario establecer un estatuto regulador al

individuo imputado de un delito. Este estatuto se denomina

GARANTIAS INDIVIDUALES y son un conjunto de derechos

fundamentales que se agrupan bajo la noción del debido proceso.

164


SISTEMAS DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

a) S. Inquisitivo: Se desarrolla en los países europeos occidentales

(siglo XV), luego es exportado a Latinoamérica por medio de la

colonización española. El objeto de este proceso es lograr la verdad

histórica o real.

El proceso se inicia con la persecución penal de oficio y se lleva a

cabo en forma secreta. El juez es también investigador, privándolo

de cualquier posibilidad de imparcialidad en su decisión final y en la

cual la confesión del imputado es el principal medio de

investigación.

b) S. Acusatorio: Tuvo su origen en EEUU e Inglaterra. En el

contexto de las reformas procesales latinoamericanas este

sistema tiene su origen en el modelo procesal penal que se

consolidó en la 2ª mitad del siglo XX en países como Alemania,

Italia y Portugal.

Sus características son:

Juicio Oral, público y contradictorio.

Separación de funciones jurisdiccionales d y persecutorias.

Reconocimiento de derechos básicos del debido proceso.

164


PRINCIPIOS DE LA PERSECUCIÓN PENAL

I. Principio de Oficialidad. Implica la persecución penal de los

delitos. Estos deben ser perseguidos por el Estado de oficio, sin

consideración a la voluntad de la victima.

II. Principio de Investigación Oficial. Las funciones de la

persecución penal y de juzgamiento deben ser realizadas por

diferentes órganos del Estado para resguardar las garantías de

imparcialidad e igualdad.

III. Principio de Legalidad. Obliga a quien ejerce la persecución

penal pública a investigar y sostener ésta, cuando la comisión de

un delito llegue a su conocimiento, sin que pueda suspenderla a su

arbitrio. En contrapeso a este principio está el principio de

oportunidad, que es la facultad que tiene l fiscal para cerrar (no

iniciar, suspender, interrumpir) aquellos casos en los que aún

habiendo antecedentes para no investigar o acusar, considere que

los hechos son de gravedad reducida y no comprometen

gravemente el interés público.

GARANTIAS DE LA PERSECUCIÓN PENAL

164


I. Derecho al Juez Independiente: Este principio se relaciona con la

independencia del poder judicial frente a los demás poderes del

Estado, así como también, con la independencia interna y propia

del juez respecto de todo organismo superior dentro del poder

judicial. Art. 76 CPR

II. Derecho al Juez Imparcial: Este consiste en que toda persona

debe ser juzgada por un tribunal previamente establecido por la ley,

independiente e imparcial, es decir, que no tenga interés en el

resultado del juicio y que no albergue perjuicio en cuanto al fondo

del asunto sometido a su decisión.

III. Derecho al Juez Natural: Impide el juzgamiento por comisiones

especiales o por tribunales que no han sido establecido

previamente por ley. Esto impide la influencia en la designación del

tribunal competente.

GARANTIAS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO PENAL.

Derecho al Juicio Previo. Constituye una manifestación de la

presunción de inocencia, esto es, que nadie nuede ser

considerado culpable ni tratado como tal, mientras no exista

una sentencia ejecutoriada que establezca la responsabilidad

penal del imputado.

164


Derecho a ser juzgado dentro de un plazo RAZONABLE, las

etapas del proceso deben desarrollarse dentro de plazos

prudentes.

Derecho a Defensa. Es la posibilidad de ser oídos, alegar y

probar los hechos que se discuten, así como también, los

aspectos de derecho que influyen en la resolución judicial.

Presunción de Inocencia. Impone a los intervinientes la

obligación de considerar como inocente al imputado en todos

los actos de investigación como de procedimiento, mientras no

se encuentre condenado por una sentencia que se encuentre

firme.

Derecho a no incriminarse y a guardar silencio. Es el derecho

del imputado a declara como medio de defensa, no pudiendo

ser obligado a decir la verdad.

Inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. Los hechos

que componen el reproche penal sólo pueden ser objeto de un

único procedimiento. Consecuencia del principio non bis in

idem.

Derecho a un juicio Público. Esto permite a los ciudadanos

conocer en forma directa cómo se tramita un juicio,

fomentando la responsabilidad de los órganos y la

transparencia.

Oralidad. La sentencia sólo podrá derivar de un debate oral,

público e inmediato, mediante la cual se realizan las

164


alegaciones y se recepciona la prueba. A partir de lo anterior

el tribunal adquiere la convicción de absolución o condena.

Principio de inmediación: Obligación del tribunal de decidir de

acuerdo con las impresiones personales que obtenga del

acusado y de los medios de prueba rendidos en juicio.

Principio de continuidad. El debate no debe ser interrumpido.

La audiencia se desarrolla continuamente, pudiendo

prolongarse en sesiones sucesivas.

Derecho a interponer recursos. Destinado a evitar el arbitrio

del juez y a pesquisar la posible existencia del error judicial.

ORIGENES DEL CODIGO PROCESAL PENAL Y LA

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA

Se inicia con la presentación al congreso del nuevo C.P.P. en

1995.

El 2/3/1998 se crea la unidad coordinadora de la reforma por

medio del DS 210.

El 29/08/2000 se aprueba el texto del CPP, iniciándose la

regulación legal del ministerio público, de la defensoría penal

pública y las modificaciones necesarias al COT.

Las fuentes para la elaboración del CPP son:

164


CPP italiano, 1998

Ordenanza procesal penal Alemana, 1977

Ley de enjuiciamiento criminal española. 1882

CPP Argentino 1992

CPP Provincia de Córdova 1992

CPP Peruano, 1992

CPP modelo para Iberoamérica

CPP Guatemala, 1991

CPP Salvador, 1993

CAPÍTULO II

SUJETOS PROCEALES

164


I. Ministerio Público.

Órgano estatal de carácter autónomo, jerarquizado a quién se le ha

asignado constitucionalmente la función de dirigir en forma

exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los

que determinen la participación punible y los que acredite la

inocencia del imputado y en su caso, ejercer la acción penal en a

forma prevista por la ley. Art. 80 CPR

Se encuentra regulado por la LOC 19.640 del 15 de octubre de

1999.

Funciones Fundamentales del Ministerio Público.

a) Dirigir en forma exclusiva la investigación. Esta función

implica cumplir con el principio de objetividad que obliga a

investigar con igual celo los hechos que fundan o agravan la

responsabilidad del imputado y los que la extingan o atenúen,

además de la obligación de transparencia y probidad.

b) Ejercer la acción penal pública. Esta es la manifestación de

los principios de legalidad de la persecución penal pública y el

de oficialidad.

c) Proteger a las victimas y testigos.

Estructura del Ministerio Público

164


1. Fiscal Nacional. Jefe superior del ministerio público, tiene a su

cargo la superintendencia correccional y económica del M. P. Dura

8 años en su cargo.

Tiene unidades especializadas y administrativas para colaborar en

la investigación de determinados delitos.

Los requisitos para ser Fiscal Nacional son:

Título de abogado por 10 años

Haber cumplido 40 años de edad

Ser ciudadano con derecho a sufragio

No estar sujeto a las incapacidades o inhabilidades señaladas

en la LOC del M.P.

El proceso de selección se inicia con una quina elaborada por la

Corte Suprema, de los cuales el Pdte. de la República elegirá uno

con acuerdo del Senado.

2. Fiscalía Regional

Está encabezada por el fiscal regional quién dura 8 años en su

cargo. Los requisitos para ser fiscal regional son:

Titulo de abogado, por más de 5 años

Haber cumplido 30 años de edad.

Ser ciudadano con derecho a sufragio

164


No encontrarse sujeto a las incapacidades e

incompatibilidades señaladas en la LOC del M.P.

Son nombrados por el fiscal nacional en base a la terna propuesta

por la corte de apelaciones respectiva.

3. Fiscalía Locales

Son las unidades operativas de las fiscalías regionales para cumplir

las funciones del M.P. Estas cuentan con un fiscal jefe designado

entre los fiscales adjuntos por el fiscal nacional a propuesta del

fiscal regional.

Los fiscales adjuntos ejercen directamente las funciones del M.P.

en los casos que el fiscal jefe les asigne.

Los requisitos del fiscal adjunto son:

Título de abogado

Ciudadano con derecho a sufragio

Experiencia y formación especializada

No encontrarse sujeto a las incapacidades e

incompatibilidades señaladas en la LOC del M.P.

Son designados por el fiscal Nacional a propuesta del fiscal

regional.

II. Tribunales.

164


A. Juzgados de Garantía. Son tribunales unipersonales de

composición múltiple que tienen como función el control de la

legalidad de la investigación del M.P. Tanto en las actuaciones

que impliquen o puedan significar la privación, perturbación o

afectación de derechos del imputado o de terceros, como en la

resolución de solicitudes o decisiones que impliquen la

terminación anticipada del proceso. También conocen y fallan

de los procedimientos especiales abreviado, simplificado,

acción penal privada y monitorio.

La competencia de estos tribunales es bien extensa, pero

sus facultades principales se pueden resumir en:

Asegurar los derechos del imputado y los demás

intervinientes en el proceso penal.

Aprobar las decisiones del fiscal que aplican salidas

alternativas

Preparar el juicio oral

Dictar los sobreseimientos y decidir sobre la oposición al

abandono del procedimiento

Dictar sentencia en los procedimientos abreviado,

simplificado, acción penal privada y monitorio.

Autorizar o no las diligencias de investigación que desee

realizar un fiscal en la medida que ellas afecten

164


garantías constitucionales o la ley exija previa

autorización de un juez.

B. Tribunal del Juicio Oral en lo Penal. Son tribunales colegiados

que tiene como función resolver el conflicto penal por medio

de un mecanismo cognoscitivo, como lo es e JUICIO ORAL Y

PUBLICO. Dirige el debate, controla la legalidad de las

actuaciones de las partes y la forma de introducir la prueba en

el juicio. Finalmente, debe absolver o condenar al acusado.

ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Dentro de la estructura de los Juzgados de Garantía y los

Tribunales del Juicio Oral en lo Penal existe una organización

administrativa como apoyo a la función jurisdiccional

propiamente tal.

Esta estructura es de vital importancia para el adecuado

funcionamiento del modelo de enjuiciamiento penal y podría ser

resumido en el siguiente organigrama:

164


Comité de Jueces: Máxima instancia en la adopción de

decisiones administrativas en el tribunal. Este comité lo

integran todos los magistrados, en aquellos tribunales

compuestos por menos de 5 jueces, o sólo por 5 jueces

elegidos por sus pares cuando el tribunal esté compuesto

por más más de 5 magistrados. Las decisiones las adopta

la mayoría y en caso de empate decide el juez presidente.

Las funciones que cumple son:

a. Aprobación del sistema de distribución de causas.

b. Designación del administrador y de los demás

funcionarios del tribunal.

c. Resolver sobre la remoción del administrador

d. Conocer la apelación sobre la remoción del los

funcionarios.

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS

TRIBUNALES

COMITÉ DE JUECES

JUEZ PRESIDENTE

ADMINISTRADOR

UNIDAD DE ATENCION

DE PÚBLICO

UNIDAD DE ADMINISTRACI

ON

DE CAUSAS

UNIDAD DE SALA

UNIDAD DE SERVICIOS

UNIDAD DE TESTIGOS Y

PERITOS. (SOLO EN EL

TOP)

164


e. Pronunciarse sobre el presupuesto anual.

Juez Presidente. Representa a sus pares ante la

administración, y este existe en todos aquellos tribunales

en donde existan más de dos jueces. Son elegidos cada

dos años. Las funciones del Juez presidente son:

a. Proponer criterios de distribución de causas entre los

jueces

b. Realizar la cuenta anual de la gestión del tribunal

c. Presentar terna al comité de jueces para la designación

del administrador y la propuesta para su evaluación.

d. Solicitar la remoción del administrador y resolver sobre

la de los jefes de unidad

e. Aprobar el diseño de gestión que proponga el

administrador.

f. Aprobar propuestas del administrador sobre

designaciones

g. Evaluación y remoción del personal

h. Presidir el comité de jueces.

Unidades administrativas que componen el tribunal. Art. 25

C.O.T.

164


1º. Unidad de Sala: Organización y asistencia a la

realización de las audiencias públicas del tribunal.

2º. Unidad de Atención de Público: Destinada a otorgar

una adecuada atención, orientación e información al público

que concurra al juzgado, especialmente a la victima, al

defensor y al imputado, recibir la información que éstos

entreguen y manejar la correspondencia del juzgado.

3º. Unidad de Servicios: Tiene a su cargo las labores de

soporte técnico de la red computacional del tribunal, de la

contabilidad y apoyo a la actividad administrativa del

juzgado, y la coordinación y abastecimiento de todas la

necesidades físicas y materiales para la realización de las

audiencias.

4º. Unidad de Administración de Causas: Le corresponde

el manejo de toda la labor relativa al manejo de las causas

y registros del proceso penal en el juzgado, incluidas las

relativas a las notificaciones; al manejo de las fechas y

salas para las audiencias; al archivo judicial básico, al

ingreso y número de rol de las causas nuevas; a la primera

audiencia judicial de los detenidos (control de la detención);

a la actualización diaria de la base de datos que contenga

las causas del tribunal, y las estadísticas básicas del

tribunal.

164


5º. Unidad de Apoyo a testigos y peritos: En los TJOP

existe una unidad destinada a brindar adecuada y rápida

atención, información y orientación a los testigos y peritos

citados a declarar en el transcurso de un juicio oral.

III. EL IMPUTADO

Es la persona a quien se le atribuye la participación en el hecho

punible y adquiere esta calidad desde la 1ª actuación del proceso

realizada en su contra hasta la ejecución completa de la sentencia.

Sobre él recaen las consecuencias del IUS PUNIENDI ESTATAL,

por lo tanto, es un sujeto que requiere tutela judicial,

estableciéndose para ello garantías en su favor:

DERECHOS DEL IMPUTADOS:

1. Ser informado de manera clara de los hechos que se le

imputan y los derechos que le otorga la constitución y la ley.

2. Tiene derecho a ser asistido por un abogado desde los inicios

de la investigación.

3. Solicitar a la fiscalía las medidas tendientes a desvirtuar las

imputaciones que se siguen en su contra.

164


4. Solicitar al juez que cite a audiencia en la cual éste podrá

comparecer con o sin abogado para declarar sobre los hechos

materia de la investigación.

5. Solicitar que se active la investigación y saber el contenido de

ella.

6. Solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal y recurrir

contra la resolución que lo rechace.

7. Tiene derecho a guardar silencio

8. A no ser sometido a torturas, tratos crueles e inhumanos

9. A no hacer juzgado en ausencia. Sin perjuicio del caso de

rebeldía.

GARANTIAS DEL IMPUTADO PRIVADO DE LIBERTAD

(DETENIDO)

1. Que se le informe de manera clara por qué esta privado de

libertad. Salvo el caso de delito flagrante.

2. Que el funcionario encargado de la detención le informe sus

derechos

3. A ser conducido sin demora al tribunal que emitió la orden de

detención dentro de un plazo máximo de 24 hrs.

164


4. Solicitar al tribunal la libertad

5. A que el encargado del recinto policial, informe a la familia o a

la persona que se indique que esta detenido o preso, el motivo de la

detención y el lugar donde se encuentra.

6. Entrevistarse en privado con el abogado en el establecimiento

de detención.

7. A recibir visitas y comunicarse por escrito o por cualquier otro

medio idóneo. Salvo el caso de la incomunicación. Art. 151 CPP

VI. DEFENSOR Y LA DEFENSORIA PENAL PÚBLICA

El DEFENSOR es el profesional que presta el servicio de

asistencia técnica letrada al imputado, ya sea en calidad de

abogado de confianza o porque que éste ha preferido ser asistido

por la defensoría penal pública.

La ausencia de defensor en cualquier actuación en que la ley

exija expresamente su participación acarreará la NULIDAD de

ella.

Junto con la dictación de la LOC del Ministerio Público, se

publicó la ley 19.718, que creó la Defensoría Penal Pública, con

la finalidad de que este organismo otorgue defensa penal a los

imputados por crimen, simple delito o falta que sea de

competencia de los Juzgados de Garantía o Tribunal del Juicio

164


Oral en lo Penal, de las Cortes de Apelaciones y la Corte

Suprema que carezcan de abogado.

La DEFENSORIA PENAL PÚBLICA es un servicio público

descentralizado funcionalmente, desconcentrado territorialmente y

que está dotado de personalidad jurídica propia y de patrimonio

propio. Se encuentra bajo la supervigilancia del Presidente de la

República a través del Ministerio de Justicia.

LA DEFENSORIA NACIONAL es la unidad superior que tiene a su

cargo la administración de recursos y los medios necesarios para

la adecuada prestación de la defensa penal pública en todo el

territorio nacional. Está integrada por el defensor nacional quien es

el jefe superior del servicio.

DEFENSOR NACIONAL.

Es el Jefe superior del servicio. Está a cargo de la dirección,

administración y control del servicio y representa judicial y

extrajudicialmente a la Defensoría Penal Nacional.

Este cargo es de exclusiva confianza del Presidente de la

República.

Requisitos para ser Defensor Nacional:

164


1. Ciudadano con derecho a sufragio.

2. Tener, a lo menos, 10 años el título de abogado.

3. No encontrarse afecto a las incapacidades e

incompatibilidades para ingresar a la administración publica.

DEFENSORÍA REGIONAL.

Encargada de la administración de los medios y recursos, para

la prestación de la defensa penal pública en la región. Está a

cargo del Defensor Regional que tiene por función la

supervigilancia, organización y administración de ella. Es

nombrado por el defensor nacional previo concurso público.

Requisitos para ser defensor regional:

1. Ciudadano con derecho a sufragio

2. Tener a lo menos 5 años el titulo de abogado

3. No encontrarse afecto a las incapacidades e

incompatibilidades para ingresar a la administración publica.

LAS DEFENSORIAS LOCALES.

164


Son unidades operativas en las que se desempeñan los

defensores locales de cada región, quienes son profesionales a

cargo de la defensa del imputado, que carezcan de abogado desde

la 1ª actuación dirigida en su contra.

Requisitos para ser defensor local:

1. ciudadano con derecho a sufragio

2. Tener título de abogado

3. no encontrarse afecto a las incapacidades e

incompatibilidades para ingresar a la administración pública.

V. LA VICTIMA

Es la persona ofendida por el delito. Si el ofendido fallece o está

impedido de ejercer los derechos estos pasan a las siguientes

personas (Art. 108 CPP):

1. al cónyuge y a los hijos

2. a los ascendientes

3. a la conviviente

4. a los hermanos

5. al adoptado o adoptante.

La victima interviene en el procedimiento penal ejerciendo alguno

de los siguientes derechos:

164


1. Solicitando medidas de protección frente a probables

hostigamientos, amenazas o atentados en su contra o de su

familia.

2. Presentando querella

3. Ejercer contra el imputado la acción civil proveniente del

hecho punible.

4. Ser oída, si lo solicita, por el fiscal antes de que éste pida o

decida la suspensión del procedimiento o su terminación

anticipada,

5. Ser oída, si lo pide, por el tribunal, antes de que éste se

pronuncie sobre el sobreseimiento definitivo o temporal.

6. impugnar la resolución que sobresea definitivamente o

temporalmente y la sentencia absolutoria.

VI. EL QUERELLANTE

Es la persona facultada para deducir la querella criminal.

Fundamentalmente este rol lo ocupa la victima, pero se autoriza en

algunos casos a otras personas a deducir la querella criminal.

Junto al ministerio publico, puede intervenir en el proceso penal un

querellante particular o querellante privado. En aquellos casos en

que el ministerio publico no puede actuar apareciendo como

164


querellante conjunto. El querellante conjunto puede ser de dos

formas:

- autónomo

- adhesivo

Querellante autónomo: tiene atribuciones similares a las del

ministerio público, pero actúa en paralelo.

Querellante adhesivo: actúa como un tercero coadyuvante del

ministerio público y de alguna forma va detrás del fiscal.

SUJETOS QUE PUEDEN ACTUAR COMO QUERELLANTE

1. La victima, su representante legal o heredero testamentario.

2. Persona capaz de parecer en juicio, domiciliada en la

provincia en que se cometió el delito de terrorismo o aquellos

cometidos por funcionarios públicos que afecten garantías

constitucionales o delitos contra la probidad pública.

SUJETOS QUE NO PUEDEN ACTUAR COMO QUERELLANTE,

sea por delitos de acción pública o privada. Art. 116 CPP

1. El cónyuge, salvo por delito cometido en su contra o contra

los hijos o por el delito de bigamia.

164


2. Los consanguíneos en toda la línea recta colateral afines

hasta el 2º grado.

NOTA: la querella puede presentarse en cualquier momento del

proceso, mientras el fiscal no declare cerrada la investigación.

Art. 112 CPP

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA

El Art. 113 establece los requisitos que debe reunir la querella para

ser admitida a tramitación por el juez de garantía:

1. presentarse por escrito ante el juez de garantía

2. designar el tribunal ante el cual se entabla

3. el nombre, apellido, profesión, u oficio del querellante

4. nombre, apellido, profesión u oficio del querellado.

5. una relación de los hechos, con expresión del lugar.

6. la expresión de las diligencias cuya práctica se solicite al

Ministerio Público.

7. la firma del querellante o de la otra persona a su ruego, si no

supiere o no pudiere firmar.

8. designación del abogado patrocinante y mandatario judicial.

INADMISIBILIDAD DE LA QUERELLA Art. 114 CPP

164


Esta puede ser declarada por el juez de garantía:

a. Cuando fuere presentada extemporáneamente, de acuerdo a

lo establecido en el artículo 112;

b. Cuando, habiéndose otorgado por el juez de garantía un

plazo de tres días para subsanar los defectos que presentare

por falta de alguno de los requisitos señalados en el artículo

113, el querellante no realizare las modificaciones

pertinentes dentro de dicho plazo;

c. Cuando los hechos expuestos en ella no fueren constitutivos

de delito;

d. Cuando de los antecedentes contenidos en ella apareciere

que la responsabilidad penal del imputado se encuentra

extinguida. En este caso, la declaración de inadmisibilidad se

realizará previa citación del ministerio público,

e. Cuando se dedujere por persona no autorizada por la ley.

DESISTIMIENTO DE LA QUERELLA (Art. 118)

El querellante podrá desistirse de su querella en cualquier momento

del procedimiento. En ese caso, tomará a su cargo las costas

propias y quedará sujeto a la decisión general sobre costas que

dictare el tribunal al finalizar el procedimiento.

164


DERECHOS DEL QUERELLADO FRENTE AL DESISTIMIENTO.

(Art. 119)

El desistimiento de la querella dejará a salvo el derecho del

querellado para ejercer, a su vez, la acción penal o civil a que

dieren lugar la querella o acusación calumniosa, y a demandar los

perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes y las

costas. Se exceptúa el caso en que el querellado hubiere aceptado

expresamente el desistimiento del querellante.

ABANDONO DE LA QUERELLA. (Art. 120)

El tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los intervinientes,

declarará abandonada la querella por quien la hubiere interpuesto:

a) Cuando no adhiriere a la acusación fiscal o no acusare

particularmente en la oportunidad que correspondiere;

b) Cuando no asistiere a la audiencia de preparación del juicio oral

sin causa debidamente justificada, y

c) Cuando no concurriere a la audiencia del juicio oral o se

ausentare de ella sin autorización del tribunal.

164


La resolución que declarare el abandono de la querella será

apelable, sin que en la tramitación del recurso pueda disponerse la

suspensión del procedimiento. La resolución que negare lugar al

abandono será inapelable.

CAPITULO III

NORMAS COMUNES DEL PROCESO PENAL

1.- ETAPA PREPARATORIA Y CONTROL JURISDICCIONAL.

1.1 NORMAS COMUNES AL PROCEDIMIENTO.

Estas normas constituyen la base normativa del proceso.

164


A. EFECTOS DE LA LEY PROCESAL PENAL EN EL TIEMPO, lo

que no es más que determinar desde qué momento se aplica la ley

procesal.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 11 del CPP la ley procesal

penal será aplicable a los procedimientos ya iniciados, salvo cuando a

juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones mas

favorables al imputado, es decir, en principio, LA LEY PROCESAL

PENAL RIGE IN ACTUM.

B. EFECTOS DE LA LEY PROCESAL PENAL EN EL ESPACIO.

Tratándose de sentencias penales dictadas por tribunales extranjeros,

por regla general el CPP reconoce expresamente el valor en nuestro

país de ellas, a consecuencia de la prohibición de la doble

persecución.

Excepciones al efecto de las sentencias extranjeras

Si el juzgamiento en otro país obedeció al propósito de

sustraer al sujeto de su responsabilidad penal por delitos

de competencia de tribunales nacionales.

Toda vez que el imputado lo solicite expresamente, si el

procedimiento extranjero no hubiere sido instruido

conforme a las garantías del debido proceso.

Cuando hubiere sido procesado en términos que revelan

falta de intención de juzgarlo seriamente.

164


En esos casos la pena que el sujeto hubiere cumplido en el país

extranjero se le imputará a la que debiere cumplir en Chile, si también

resultare condenado. (Art. 13 del CPP.)

La ejecución de las sentencias penales extranjeras se sujetará a lo

que dispusieren los tratados internacionales ratificados por chile y que

se encontraren vigentes.

C. REGLAS RELATIVAS A LOS SUJETOS PROCESALES E

INTERVINIENTES

En cuanto a los sujetos procesales e intervinientes, el CPP utiliza esta

distinta nomenclatura para referirse a los órganos y participes del

proceso penal, distinguiendo unos y otros.

En consecuencia, no es lo mismo hablar de interviniente o parte que

de sujeto procesal.

Parte o interviniente Sujeto procesal

Es el sujeto que reclama una

decisión jurisdiccional respecto

a la pretensión que se debate.

Estos son; los fiscales del MP,

imputados, defensores, victimas

y querellantes.

También participan del proceso,

pero no reclamando una

decisión jurisdiccional, estos

son: el tribunal, el MP, la

policía.

164


D. LOS PLAZOS (Art. 14 y sgts.)

El plazo es el tiempo concedido o exigido por ley, por el tribunal o

por las partes para la ejecución de un acto jurídico procesal o dentro

del cual se impone o prohíbe ejecutar una conducta.

“Todos los días son hábiles para las actuaciones del proceso penal”

(Art. 14 inc. 1º CPP)

“Los plazos establecidos en él, son fatales e improrrogables, a

menos que se indique expresamente lo contrario” (Art. 16 CPP)

Plazo fatal Improrrogable

Es aquel que se extingue con la

llegada del día por el sólo

ministerio de la ley.

Es aquel que no puede

extenderse más allá de lo que

señala la ley.

Los plazos de días no se suspenden durante los feriados, ahora bien,

si un plazo de días vence un día feriado este se considerará ampliado

hasta las 24 hrs. del día hábil siguiente.

Los plazos de horas comienzan a correr inmediatamente después de

ocurrido el hecho que fija su iniciación.

El art. 17 CPP contempla la posibilidad de solicitar un nuevo plazo

cuando por fuerza mayor o por caso fortuito o por defecto en la

notificación no se hubiere podido ejercer un derecho o desarrollar

164


una actividad. Para esto la solicitud al tribunal debe ser presentada

dentro de los 5 días siguientes a aquel en que ceso el

impedimento.

El art. 18 CPP otorga a los intervinientes la posibilidad de renunciar a

los plazos total o parcialmente, lo que debe hacerse mediante la

manifestación expresa de su voluntad. Si el plazo fuere común, la

renuncia del consentimiento de todos los intervinientes y la aprobación

del tribunal.

E. COMUNICACIONES ENTRE AUTORIDADES. (Art. 19 y

sgts.)

Por motivos de legalidad y eficacia, la ley impone a las

autoridades y órganos del Estado la obligación de realizar las

diligencias y proporcionar, sin demora, la información que les

requiera el Ministerio Público y los tribunales penales.

El requerimiento debe contener:

1ª Fecha y lugar de expedición

2ª Antecedentes necesarios para su cumplimiento

3ª Plazo que se otorgue para llevarlo a efecto.

4ª Determinación del fiscal o tribunal requirente.

Tratándose de información o documentos que por ley tengan el

carácter de secretos, el requerimiento observará las

164


prescripciones de la ley respectiva, si las hubiere, si no, deberán

adoptarse las medidas que aseguren que la información no será

divulgada.

Si la autoridad requerida retardare el envío de los antecedentes

solicitados o se negare a enviarlos, a pretexto de su carácter

secreto o reservado y el fiscal estimare indispensable la realización

de la actuación, remitirá los antecedentes al fiscal regional quien, si

compartiere esa apreciación, solicitará a la Corte de Apelaciones

respectiva que, previo informe de la autoridad de que se tratare,

recabado por la vía que considerare más rápida, resuelva la

controversia. La Corte adoptará esta decisión en cuenta. Si fuere el

tribunal el que requiriere la información, formulará dicha solicitud

directamente ante la Corte de Apelaciones.

Si la razón invocada por la autoridad requerida para no enviar los

antecedentes solicitados fuere que su publicidad pudiere afectar la

seguridad nacional, la cuestión deberá ser resuelta por la Corte

Suprema.

Aun cuando la Corte llamada a resolver la controversia rechazare el

requerimiento del fiscal, por compartir el juicio de la autoridad a la

que se hubieren requerido los antecedentes, podrá ordenar que se

suministren al ministerio público o al tribunal los datos que le

parecieren necesarios para la adopción de decisiones relativas a la

investigación o para el pronunciamiento de resoluciones judiciales.

164


F. TRAMITACIÓN DE LOS EXHORTOS (Art. 20 CPP)

Las solicitudes entre tribunales constituyen, al tenor del Art. 20

CPP una forma especial de requerimiento planteada entre órganos

jurisdiccionales, y tiene lugar cuando el requirente necesite la

realización de alguna diligencia dentro del territorio jurisdiccional del

requerido.

La solicitud respectiva no requiere más menciones que la indicación

de los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la

solicitud y las propias de todo requerimiento.

La ley establece que la comunicación puede realizarse por cualquier

medio idóneo, sin perjuicio del posterior envío de la documentación

que fuere pertinente (art. 21 CPP).

“Cuando un tribunal debiere requerir de otro la realización de una

diligencia dentro del territorio jurisdiccional de éste, le dirigirá

directamente la solicitud, sin más menciones que la indicación de

los antecedentes necesarios para la cabal comprensión de la

solicitud y las demás expresadas en el inciso primero del artículo

anterior.

Si el tribunal requerido rechazare el cumplimiento del trámite o

diligencia indicado en la solicitud, o si transcurriere el plazo fijado

para su cumplimiento sin que éste se produjere, el tribunal

requirente podrá dirigirse directamente al superior jerárquico del

164


primero para que ordene, agilice o gestione directamente la

petición.” (Art. 20 CPP)

Las solicitudes de autoridades competentes de país extranjero para

que se practiquen diligencias en Chile serán remitidas directamente

al Ministerio Público, el que solicitará la intervención del juez de

garantía del lugar en que deban practicarse. (Art. 20 bis.)

G. COMUNICACIONES Y CITACIONES DEL MINISTERO

PÚBLICO

Cuando el ministerio público estuviere obligado a comunicar

formalmente alguna actuación a los demás intervinientes en el

procedimiento, deberá hacerlo, bajo su responsabilidad, por

cualquier medio razonable que resultare eficaz. Será de cargo del

ministerio público acreditar la circunstancia de haber efectuado la

comunicación. (Art. 22 CPP)

Cuando en el desarrollo de su actividad de investigación el fiscal

requiriere la comparecencia de una persona, podrá citarla por

cualquier medio idóneo. (Por ejemplo, un testigo)

Si la persona citada no compareciere, el fiscal podrá ocurrir ante el

juez de garantía para que lo autorice a conducirla compulsivamente

a su presencia. (Art. 23 CPP)

164


F. LAS NOTIFICACIONES. (Art. 24 y sgts.)

Son actos de comunicación jurisdiccional, mediante el cual el

tribunal pone en conocimiento de los intervinientes, partes o

terceros el hecho de haberse dictado una resolución judicial. Al

respecto se aplican las normas supletorias del CPC.

Por regla general las notificaciones de las resoluciones deben ser

realizadas por los funcionarios del tribunal que hubiere expedido la

resolución, designado al efecto por el juez presidente del comité de

jueces, a propuesta del administrador del tribunal.

La notificación debe incluir una copia integra de la resolución que se

trata, con la identificación del proceso en el que recayere, mas los

otros antecedente que el juez o la ley estime agregar para la debida

información del notificado.

Cuando se trata de la notificación de una citación debe hacerse

saber a los citados el tribunal ante el cual debieren comparecer, su

domicilio, la fecha y hora de la audiencia, la identificación del

proceso de que se trate y el motivo de su comparecencia.

De la lectura de las normas del CPP y las disposiciones comunes a

todo procedimiento del CPC, se desprende que la notificación de

una resolución puede ser:

Personal

Persona especial al imputado privado de libertad (Art 29 CPP)

164


Personal en audiencia

Presuntiva en audiencia (Art. 26 CPP)

Por cédula

Por estado diario

Notificación ficta al imputado rebelde. ( Art. 101 CPP)

Otras formas que los intervinientes señalen tales como

fax o el correo electrónico. (Art. 31 CPP)

NOTIFICACION DE UNA CITACIÓN. (Art. 33 CPP)

Ésta debe contener:

1. Tribunal ante el cual debe comparecer.

2. Domicilio del tribunal

3. Fecha y hora de la audiencia

4. Identificación el proceso

5. Motivo de la comparecencia

6. Advertencia de que la no comparecencia injustificada da

lugar a que sean conducidos por medio de la fuerza pública,

además del pago de las costas.

En caso de impedimento el citado debe comunicarlo y justificarlo

ante el tribunal con anterioridad a la fecha de la audiencia.

164


SEÑALAMIENTO DE DOMICILIO DE LOS INTERBINIENTES. Art.

26 CPP

En la primera intervención en el procedimiento, los intervinientes

deben ser conminados por el juez, por el Ministerio Público o por

el funcionario que practique la 1ª notificación (Por ejemplo, la

policía) a indicar un domicilio dentro de los limites urbanos de la

ciudad en que funciona el tribunal y en que se efectuarán las

notificaciones posteriores. Asimismo, los intervinientes deberán

comunicar cualquier cambio de su domicilio.

En caso de omisión del señalamiento del domicilio o de la

comunicación de sus cambios, o de cualquier inexactitud del mismo

o de la inexistencia del domicilio indicado, las resoluciones que se

dictaren se notificarán por el estado diario. Para tal efecto, los

intervinientes en el procedimiento deberán ser advertidos de esta

circunstancia, lo que se hará constar en el acta que se levantare.

REGLAS ESPECIALES

A. Notificación del ministerio público: se le notifica en sus

oficinas. El fiscal debe indicar oportunamente su domicilio dentro

de los límites urbanos de la ciudad en donde funciona el tribunal.

(Habitualmente, las notificaciones al MP serán mediante correo

electrónico)

164


B. notificación a otros intervinientes: cuando un interviniente

cuente con defensor o mandatario judicial, la notificación será

enviada a éste, sin perjuicio que la ley disponga que se notifiquen a

ambos. (Art. 28 CPP)

C. Notificación al imputado privado de libertad: Ésta se realiza

en el recinto en que estuviere. No importando que esté fuera de la

jurisdicción del tribunal. Se hace mediante la entrega por un

funcionario del recinto y bajo la responsabilidad del jefe del mismo,

del texto de la resolución respectiva. (Art. 29 CPP)

D. Notificación de resoluciones dictada en audiencias orales :

Se entiende notificada a los intervienes que concurrieron a la

audiencia o debieron haber concurrido.

E. Otras formas de notificación: cualquier interviniente puede

proponer al tribunal otras formas de notificación, y éste puede

aceptarlas o no siempre y cuando sean eficaces y no causen

problemas de indefensión. (Art. 31 CPP)

G. LAS RESOLUCIONES y ACTUACIONES JUDICIALES.

Las resoluciones judiciales constituyen actos jurídicos procesal

emanados del órgano jurisdiccional que tienen por objeto resolver

164


las peticiones de lo intervinientes u ordenar el cumplimiento de las

medidas procesales.

“En el ejercicio de sus funciones, el tribunal podrá ordenar

directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas

las medidas necesarias para el cumplimiento de las actuaciones

que ordenare y la ejecución de las resoluciones que dictare”. (Art.

34 CPP)

“Será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que

dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre

cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará

sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y de

derecho en que se basaren las decisiones tomadas”. (Art. 36 CPP)

En cuanto a la firma de las resoluciones judiciales, la regla general

es que sean suscritas por el juez o por todos los miembros del

tribunal que las dictare. Si alguno de los jueces no pudiere firmar se

dejara constancia del impedimento. ( Art. 37CPP.)

Por excepción, las resoluciones dictadas en audiencia, bastará

con el registro de audio de la misma.

Fuera de audiencia, las resoluciones deben ser firmadas por el

tribunal. Si es colegiado, los decretos, providencias y proveídos

pueden dictarse y pronunciarse por un sólo miembro. Los autos y

las sentencias deben firmarse por todos.

164


En cuanto a los plazos para dictar las resoluciones, las cuestiones

debatidas en audiencia deben ser resueltas en ella, y las

presentaciones escritas serán resueltas por el tribunal antes de las

24 horas siguientes a su recepción. (ART. 38 CPP)

REGISTRO DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES. (Art. 39 y sgts.

CPP)

De las actuaciones realizadas por o ante el juez de garantía, el

tribunal de juicio oral en lo penal, las Cortes de Apelaciones y la

Corte Suprema se levantará un registro.

En todo caso, las sentencias y demás resoluciones que pronunciare

el tribunal serán registradas en su integridad.

El registro se efectuará por cualquier medio apto para producir fe,

que permita garantizar la conservación y la reproducción de su

contenido. En la práctica, tal registro se concreta bajo una doble

modalidad. El registro de audiencia se incorpora en un respaldo de

audio (MP3) y el registro de las actuaciones ocurridas fuera de

audiencia en un sistema de respaldo computacional (Sistema

Informático de Apoyo a la Gestión Judicial = SIAGJ)

La conservación del registro estará a cargo del Juzgado de

Garantía o TJOP. La función de manejo y registro de causas es

de responsabilidad de la unidad de administración de causas.

164


EXAMEN del REGISTRO. (Art. 44 CPP)

El principio de publicidad que inspira el sistema, indica que la regla

general en esta materia es el libre acceso al contenido de los

registros por parte de los intervinientes. También pueden ser

consultados por terceros cuando dieren cuenta de actuaciones

públicas, a menos que el tribunal restrinja su acceso para evitar

que se afecte el normal funcionamiento del proceso o el principio

de inocencia.

Transcurridos 5 años, los registros son públicos.

H. LAS COSTAS. (Art. 45 y sgts. CPP)

Las costas son los gastos que se originan durante la tramitación del

procedimiento y son una consecuencia inmediata y directa de el.

Las costas comprenden: (Art. 46)

Costas procesales que son los gastos derivados de la

formación del proceso.

164


Costas personales, son los gastos derivados de los honorarios

de abogados y las demás personas que intervienen en el

procedimiento.

Toda resolución que ponga término a la causa o que decida un

incidente debe pronunciarse sobre el pago de las costas del

procedimiento. (Art. 45 CPP)

Para ello, el tribunal debe seguir ciertos parámetros legales:

Si la sentencia definitiva es condenatoria, el tribunal deberá imponer

las costas al condenado.

El querellante o actor civil a quien se declara abandonada la

querella o su acción, deben soportar las costas que su intervención

haya causado.

La parte vencida totalmente en un incidente será condenada al

pago de las costas.

No obstante lo antes señalado, el tribunal podrá por razones

fundadas eximir total o parcialmente del pago de las costas a quien

debiere soportarlas.

Cuando el imputado sea absuelto o sobreseído definitivamente, el

ministerio publico será condenado en costas.

164


Cuando fueren varios los intervinientes condenados al pago de las

costas, el tribunal fijara la parte o proporción que deba soportar

cada uno de ellos.

Los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes no

podrán ser condenados personalmente al pago de las costas.

Las personas que gocen del privilegio de pobreza no pueden ser

condenadas al pago de las costas, a menos que el tribunal declara

que intervinieron como litigantes temerarios o maliciosos. (Art. 600

COT)

En cuanto al tribunal competente para efectuar la regulación de las

costas, es el tribunal de la causa y debe regular en cada instancia

las costas, y tratándose de tribunales colegiados, se puede delegar

esta función en uno de sus miembros.

Recibida la solicitud, el tribunal pondrá en conocimiento de las

partes la tasación de las costas procesales y la regulación de las

personales. Si aquéllas no se oponen dentro de 3º día, la

tasación y regulación se entenderán aprobadas por el sólo

ministerio de la ley. Si hay oposición, el tribunal resolverá de plano

o dará tramitación incidental. (Art. 140-142 CPC.)

164


1.2 FORMAS DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN.

El proceso penal se inicia mediante el ejercicio de la acción penal

que no es más que el derecho al proceso y a la sentencia en que

se declare la existencia o inexistencia del derecho de penar por

parte del Estado – Juez.

La doctrina distingue 3 tipos de acciones.

Acción Pública: Es ejercida por el ministerio público de oficio

y se ejerce en todos aquellos casos en que no exista una ley

especial. Se concede siempre acción penal pública para la

persecución de los delitos cometidos contra menores de edad.

Acción mixta o previa instancia particular: Debe ser sostenida

por el Ministerio Público, siempre que el ofendido haya denunciado

previamente el hecho, salvo que el ofendido esté imposibilitado de

hacerlo libremente o si quienes pueden formularla por él, también

estén impedidos o parezcan implicados en el hecho. El art. 54

CPP da una enumeración no taxativa de estos delitos.

Acción privada: Sólo puede ser ejercida por la víctima. (Art. 55

CPP)

a) La calumnia y la injuria;

164


b) La falta descrita en el número 11 del artículo 496 del Código

Penal;

c) La provocación a duelo y el denuesto o descrédito público por no

haberlo aceptado, y

d) El matrimonio del menor llevado a efecto sin el consentimiento de

las personas designadas por la ley y celebrado de acuerdo con el

funcionario llamado a autorizarlo.

e) Otras contenidas en leyes especiales, como algunos casos del

giro fraudulento de cheques.

Todas las acciones penales, sean públicas o privadas, deben ser

ejercidas en contra de los responsables del delito, y esta

responsabilidad se hará efectiva en las personas naturales que

corresponda. Cabe precisar que la responsabilidad penal de las

personas jurídicas ha sido incluida recientemente por el

ordenamiento jurídico chileno, pero ella está limitada a delitos muy

específicos. (El 2 de diciembre se publicó la Ley 20.393 que establece la

responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos de lavado de dineros

y otros)

La renuncia de la acción penal está regulada en el art. 56 y 57 del

CPP. Al efecto, la acción penal pública no se extingue por la

renuncia de la persona ofendida, en otras palabras, el ministerio

público conserva la facultad de obrar de oficio. Ello, por el principio

de oficialidad que prohíbe al ministerio público renunciar a esta

clase de acción penal. Sin embargo, en caso de ciertos delitos

164


menores, al enfrentarse a la renuncia de la victima, el ministerio

público puede optar por ejercer alguna de las facultades

discrecionales que la ley le otorga y que serán analizadas más

adelante.

En caso que la renuncia del ofendido se presente en un delito de

acción penal privada, ella se extingue por la sola renuncia, al igual

que la acción civil que pudiera derivar del delito.

Por último, tratándose de la acción penal mixta, la renuncia de la

víctima a denunciar el delito extingue la acción penal, a menos de

que se trate de un delito cometido en contra de un menor de edad.

Sin embargo, en este caso, ya denunciado el hecho, la acción

penal mixta adquiere el carácter de pública y la renuncia implica

sólo la extinción de la acción civil.

LAS ACCIONES CIVILES

Las acciones civiles se encuentran reguladas en el párrafo 2º del

titulo 3º del libro I CPP y presenta algunas modificaciones al

tratamiento que antiguamente se le había dado a la acción civil en

el antiguo Código de Procedimiento Penal.

En el actual proceso la acción civil puede tener distintos objetivos:

164


1. Puede pretender únicamente, la restitución de la cosa, en

cuyo caso siempre deberá interponerse durante el respectivo

procedimiento penal. (Tribunal competente: Juzgado de Garantía)

Las reclamaciones o tercerías que se deduzcan durante la

investigación para obtener la restitución de objetos recogidos o

incautados se tramitan como incidente.

La resolución sólo se limita a declarar el derecho del reclamante

sobre la cosa, pero la devolución opera una vez concluido el

proceso, salvo si el tribunal considera que es innecesaria su

conservación, dejándose sólo constancia de su existencia n el

proceso. (Art. 189 CPP)

2. puede tener como objetivo perseguir las responsabilidades

civiles del hecho punible. (Tribunal competente: Tribunal del Juicio

Oral en lo Penal)

En este caso el ejercicio de la acción se limita al procedimiento

ordinario y debe prepararse la demanda civil. Esto produce el

efecto de interrumpir la prescripción.

Luego de la formalización ante el Juez de Garantía, la víctima

debe solicitar la práctica de diligencias que, a su juicio, sean

necesarias para esclarecer los hechos que van a ser objeto de

su demanda. Igualmente, puede solicitar medidas precautorias del

CPC, las que se sustanciaran según las reglas de las medidas

prejudiciales.

164


Art. 60 CPP. La demanda civil deberá presentarse por escrito,

cumpliendo las exigencias del 254 del CPC e indicar los medios de

prueba en los términos del Art. 259 f) del CPP hasta quince días

antes de la fecha fijada para la realización de la audiencia de

preparación del juicio oral.

Presentada la demanda civil, el imputado deberá oponer las

excepciones que corresponda y contestar la demanda en la

oportunidad que indica el art. 263 del CPP.

Hasta la víspera del inicio de la audiencia de preparación

de juicio oral, por escrito.

Al inicio de la audiencia de Juicio Oral, en forma verbal.

Todos los incidentes y excepciones deducidas con ocasión de la

interposición o contestación de la demanda deben resolverse

durante la audiencia de preparación del juicio oral. Art. 63 CPP

EXTINCIÓN DE LA ACCION CIVIL

La acción civil puede extinguirse por:

Desistimiento, la victima puede desistirse en cualquier etapa

del procedimiento

164


Abandono: Se entenderá abandonada cuando la victima no

compareciere sin justificación a la audiencia de preparación

del juicio oral o a la audiencia de juicio oral.

Renuncia.

Extinguida que sea la acción civil no se entenderá extinguida la

acción penal.

Si se suspende o termina el procedimiento ordinario antes del

Juicio Oral, la demanda civil deberá presentarse ante el tribunal

civil competente, ejecutoriada que sea la resolución que disponga

la suspensión o terminación del proceso penal.

Si la suspensión o terminación se produjere comenzado el Juicio

Oral, el tribunal debe continuar con el proceso para el sólo

conocimiento y fallo de la cuestión civil.

1.3 FACULTADES DEL MINISTERIO PUBLICO PARA NO

INVESTIGAR. EXCEPCIONES AL PRINCIPIO DE

LEGALIDAD.

164


El sistema procesal penal otorga al órgano persecutor altos grados

de discrecionalidad para ejecutar o no la persecución o abandonarla

en ciertos casos.

La regla general consiste en la inexcusabilidad derivada del principio

de legalidad.

Las excepciones son:

1. Archivo provisional

2. Facultad de no iniciar la investigación

3. Principio de oportunidad. ( en sentido estricto)

ARCHIVO PROVISIONAL. Art. 167 CPP

Es la facultad que se otorga a los fiscales para archivar

provisionalmente las denuncias, cuando evaluados los

antecedentes de la misma no permitieren conducir a una

investigación con perspectiva de éxito.

El archivo provisional es una decisión que sólo paraliza el

procedimiento, no lo termina. La idea es que exista una base de

datos de archivos paralizados, de modo que si se tienen nuevos

antecedentes se descongelará el procedimiento y se reiniciará la

investigación.

164


Cabe precisar que si el delito denunciado mereciere penal aflictiva,

el fiscal deberá someter la decisión del archivo provisional a la

aprobación del fiscal regional.

Art. 167 CPP. “En tanto no se hubiere producido la intervención del

juez de garantía en el procedimiento, el ministerio público podrá

archivar provisionalmente aquellas investigaciones en las que no

aparecieren antecedentes que permitieren desarrollar actividades

conducentes al esclarecimiento de los hechos.

Si el delito mereciere pena aflictiva, el fiscal deberá someter la

decisión sobre archivo provisional a la aprobación del Fiscal

Regional.

La víctima podrá solicitar al ministerio público la reapertura del

procedimiento y la realización de diligencias de investigación.

Asimismo, podrá reclamar de la denegación de dicha solicitud ante

las autoridades del ministerio público.”

REQUISITOS:

No haber formalizado la investigación.

El Juez de Garantía no debe haber intervenido

164


Carecer de antecedentes que permitan una investigación a

favor del esclarecimiento de los hechos.

En caso de delito que merezca pena aflictiva, debe ser

aprobado por el fiscal regional.

En cuanto a sus efectos, esta facultad suspende en forma

transitoria la investigación llevada por el fiscal, pudiendo la victima

solicitar al MP la reapertura del procedimiento.

FACULTAD DE NO INICIAR LA INVESTIGACIÓN. (Art. 168 CPP)

Consiste en que el Ministerio Público puede hasta antes de la

formalización de la investigación abstenerse de la investigación,

cuando los hechos relatados no sean constitutivos de delito, o bien,

cuando los antecedentes aportados establezcan que la

responsabilidad penal se encuentra extinguida.

Esta facultad, no constituye propiamente tal, el ejercicio de la

discreción, pues se trata de casos en que realmente no existe un

caso penal.

Requisitos:

No haberse formalizado la investigación.

El Juez de Garantía no debe haber intervenido

164


Que se encuentre extinguida la responsabilidad penal o los

hechos no seas constitutivos de delito.

Oír a la víctima, si ésta lo solicita.

Ser aprobado por el Juez de Garantía.

Art. 169 CPP “…la víctima podrá provocar la intervención del juez

de garantía deduciendo la querella respectiva. Si el juez admitiere a

tramitación la querella, el fiscal deberá seguir adelante la

investigación conforme a las reglas generales.”

PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

En sentido amplio, se denomina principio de oportunidad al cúmulo

de facultades que el legislador le otorga al MP para desidir acerca

del destino de la persecución penal. Por ejemplo, proponer el

procedimiento abreviado, la suspensión condicional del

procedimiento, ejercer la facultad del art. 131 del CPP, etc. En

sentido estricto, consiste en la facultad que tienen los fiscales para

cerrar aquellos casos en que habiendo antecedentes para

investigar, incluso para acusar, consideren que los hechos son de

una gravedad muy mínima y que no afectan gravemente el interés

publico. (Art. 170 CPP)

Esta facultad tiene como limitación:

164


Que la pena asignada al delito no exceda de presidio

menor en su grado mínimo.

Que no este comprometido gravemente el interés público

No tratarse de delitos cometidos por funcionarios públicos

en el ejercicio de sus funciones.

Ésta sí es una faculta discrecional del Ministerio Público, ya que

es él quien determinará qué causas y por qué ciertos ilícitos no

llegarán a ser fallados

Esta facultad puede ejercerse aún cuando se haya formalizado

la investigación. Para esto, el fiscal debe emitir una decisión

motivada que se comunica al Juez de Garantía; éste, a su vez,

notificará a los intervinientes de tal comunicación.

EFECTOS.

Produce la extinción de la acción penal, desde que se

encuentra firme.

La víctima mantiene a salvo las acciones civiles derivadas

del hecho.

Para revocar ésta facultad se establecen dos medios:

Juez de Garantía y el Ministerio Público.

164


Dentro del plazo de 10 días siguientes a la comunicación de la

decisión del fiscal, el Juez Garantía, de oficio o a petición de

parte, podrá dejar sin efecto el principio de oportunidad cuando:

Considere que el fiscal excedió sus atribuciones, en cuanto

a la pena mínima prevista.

La víctima manifiesta interés en el inicio o continuación de

la persecución penal.

1.4 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR E INVESTIGACIÓN CON

CONTROL JURISDICCIONAL.

Durante la etapa de investigación corresponde al ministerio publico

ejercer la instrucción dentro de un sistema dinámico,

desformalizado y selectivo, debiendo siempre resguardar el

principio de objetividad, el que obliga a los fiscales a investigar los

hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación

punible y los que acrediten la inocencia del imputado.

Esta investigación de carácter desformalizado, permite la

desburocratización de la instrucción y con ello la ausencia del valor

probatorio de las actuaciones de la investigación, lo que resulta

necesario distinguir entre los:

164


ACTOS DE INVESTIGACION, son los medios de averiguación del

hecho punible y la participación del culpable los que sólo cuando

alcanzan ciertos estándares legales pueden originar efectos

personales y patrimoniales de carácter aseguratorio o cautelar,

contra una determinada persona y constituirse en el fundamento

ela acusación del ministerio público.

LOS ACTOS DE PRUEBA propiamente tal, es la producción de la

prueba durante el juicio oral y es la que va a determinar si una

persona es condenada o no.

En la etapa de investigación los antecedentes de ella son

públicos para los intervinientes, pero secretos para terceros

ajenos al proceso. Sin embargo, se puede limitar el derecho del

imputado a conocer antecedentes de la investigación al disponer

en fiscal de la reserva temporal de ciertas actuaciones, registros o

documentos cuando lo considere necesario para el éxito de la

investigación. (Art. 182 CPP) Para esto el fiscal debe:

Señalar cuáles son las piezas o actuaciones afectadas con

la reserva.

Fijar un plazo no superior a 40 días.

Sin embargo, el Juez de Garantía puede poner término al secreto

o limitarlo a petición del imputado.

164


Sin eprjuicio de lo anterior, existe prohibición de decretar el secreto

sobre:

Declaración del imputado o de cualquier actuación en la

que hubiere intervenido o debido intervenir.

Actuaciones en que haya participado el tribunal.

Informes evacuados por peritos respecto del imputado o su

defensor.

INICIO DE LA INVESTIGACION Y DILIGENCIAS DE

INVESTIGACION AUTONOMAS.

El procedimiento penal se inicia desde que se realiza cualquier

gestión por o ante la policía, el Ministerio Público, o ante cualquier

tribunal con competencia en lo criminal.

La forma habitual del inicio del procedimiento es la situación de

flagrancia, o en su defecto la denuncia o querella.

El fiscal desde que toma conocimiento de un hecho que reviste

carácter de delito de acción pública, debe practicar las diligencias

pertinentes y útiles al esclarecimiento y averiguación del delito,

verificar su responsabilidad e impedir que el hecho denunciado

produzca consecuencias ulteriores.

164


En caso de flagrancias, estas medidas deben adoptarse dentro de

24 hrs. siguientes.

La investigación autónoma del ministerio público consiste en que,

en general, los fiscales pueden realizar por si mismos o

encomendar a la policía las pesquisas que consideren

conducentes a esclarecer los hechos, sin necesidad de solicitar

autorización al Juez de Garantía. Veremos, sin embargo, que

ciertas diligencias de investigación sólo pueden ser efectuadas con

previa autorización de tal juez.

FACULTADES DEL FISCAL:

1. Tomar declaración a los testigos que voluntariamente se allanen

a declarar1.

2. consignar, recoger y asegurar todo aquello que conduzca a la

comprobación del hecho y a la identificación de los partícipes.

Ej.: Consignar el estado de las personas, cosas o lugares, tomar

hora del hecho; recoger, identificar y guardar bajo sello

documentos o instrumentos de cualquier clase, que parezcan haber

servido a la comisión del hecho.

En suma, los fiscales pueden llevar a cabo autónomamente

cualquier diligencia de investigación que no signifique privar,

1 La policía sólo puede identificar a los testigos del hecho investigado y hacer constar las declaraciones que éstos presten voluntariamente, cuando se trate de flagrancia y se encuentren en el sitio del suceso. Art. 275 y 276

164


restringir o perturbar al imputado o a un tercero de sus garantías

constitucionales.

Una de las diligencias importantes es la declaración del imputado

ante el fiscal o la policía, renunciando a su derecho a guardar

silencio, ya que en el actual sistema es un mecanismo de defensa,

pero que también puede ser usada por el ministerio público como

una fuente de información, siempre que haya sido obtenida en

forma libre y espontánea.

El imputado puede declarar ante el fiscal, siempre que sea

informado en detalle de los hechos que se le imputan y de os

derechos que la ley le franquea. También puede hacerlo ante la

policía, siempre que se encuentre en presencia de su defensor. En

caso contrario, debe ser conducido ante el fiscal y ahí la policía

podrá dejar constancia de las declaraciones que el imputado

preste, cuando el fiscal lo autorice bajo su responsabilidad.

El art. 183 CPP contempla la posibilidad de que el imputado y

los demás intervinientes puedan proponer diligencias de

investigación que consideren pertinentes y útiles para el

esclarecimiento de los hechos.

El fiscal puede permitir la asistencia del imputado y demás

intervinientes a las diligencias de investigación cuando lo estime

pertinente.

Art. 83 CPP. Facultades de la policía (Carabineros de Chile, PDI o

Gendarmería de Chile) para actuar sin orden previa

164


1. Prestar auxilio a la víctima

2. Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la

ley;

3. Resguardar el sitio del suceso;

4. Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que

presten voluntariamente;

5. Recibir las denuncias del público;

6. Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos

legales.

El art. 92. CPP consagra la prohibición de informar que tienen las

policías. “Los funcionarios policiales no podrán informar a los

medios de comunicación social acerca de la identidad de

detenidos, imputados, víctimas, testigos, ni de otras personas que

se encontraren o pudieren resultar vinculadas a la investigación de

un hecho punible.”

No obstante las facultades ya indicadas la policía debe además:

1. practicar el control de identidad

2. tomar declaraciones al imputado

3. levantar el cadáver y examinar las vestimentas, equipaje o

vehículos.

164


En relación al control de identidad el código en su art. 85 permite a

los funcionarios policiales, en casos fundados, y sin orden previa

del fiscal, solicitar la identificación de cualquier persona.

La identificación se realiza en el lugar que la persona se

encuentre.

Asímismo, puede proceder al registro de vestimentas, equipajes o

vehículos de la persona cuya identidad se verifica. Así como

también cotejar la existencia de órdenes pendientes.

La policía o particulares procederá a la detención sin orden previa,

en el caso del art. 129, para quienes sorprenda a propósito de

algunas de las hipótesis de flagrancia del art. 130 CPP.

Si la persona se niega a acreditar su identidad, la policía la

conducirá a la unidad más cercana para identificarla. Si no

pudiere acreditar su identidad, se toman las huellas digitales, las

que sólo pueden ser utilizadas para su identificación.

Todas estas actividades no pueden extenderse por más de 8 hrs.

Luego, debe ser puesto en libertad, salvo que exista una orden de

detención vigente en su contra.

En cuanto al levantamiento de un cadáver; si una persona muere en

la vía pública, sin perjuicio de las facultades que le correspondan a

los órganos encargados de la investigación, el levantamiento del

cadáver SÓLO PODRA SER REALIZADO POR EL JEFE DE LA

UNIDAD POLICIAL CORRESPONDIENTE, de ello se dejará

registro. Art. 90 CPP

164


MEDIDAS INTRUSITAS O DILIGENCIAS DE INVESTIGACION

CON AUTORIZACION JURISDICCIONAL PREVIA

Son aquellas actuaciones de la investigación que suponen afectar la

privacidad de las personas que la ley protege. El ministerio público

está obligado a solicitar autorización judicial (Juez de Garantía)

para adoptar medidas que afecten garantías constitucionales.

EJ.: Allanar el domicilio, las comunicaciones privadas, el cuerpo, la

vestimenta, la correspondencia u otros.

RELACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO CON LA POLICIA

Se refiere a que al Ministerio Público le corresponde dirigir la

investigación y junto con ello la función policial. Esto quiere decir

que el fiscal puede dar órdenes a las policías, las cuales están

obligadas a cumplirlas, pero esto tiene como límite que el ministerio

público no puede intervenir en la jerarquía interna de la institución,

ni en su distribución de trabajo.

Cabe reiterar lo señalado en cuanto a que cuando la ley alude a la

policía, se refiere, indistintamente, a Carabineros de Chile, Policía

de Investigaciones (PDI) o Gendarmería de Chile, en este último

164


caso, respecto de los ilícitos cometidos al interior de algún centro

penitenciario.

CAPITULO IV

ETAPAS DEL PROCEDIMIETO PENAL

1. ETAPA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO (Art. 172 y ss.)

Art. 172. Formas de inicio. La investigación de un hecho que revistiere

caracteres de delito ( hecho punible) podrá iniciarse de oficio por el

ministerio público, por denuncia o por querella.

164


Art. 173 Denuncia. Cualquier persona puede comunicar

directamente al ministerio público la comunicación de un hecho

delictivo.

Ésta también puede formularse ante:

Carabineros o PDI

Gendarmería

Ante cualquier tribunal penal.

Art. 174 Contenido de la denuncia:

Identificación del denunciante

Domicilio del denunciante

Narración circunstanciada de los hechos

Designación de quienes lo hubieren cometido, presenciado o

tuvieren noticias de él, siempre que le constaren al denunciante.

Art. 175 Denuncia obligatoria. Se trata de funcionarios que se

encuentran obligados a denunciar los delitos respecto de los cuales

tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones.

Art. 176. El plazo para efectuar la denuncia es de 24 hrs. siguientes

a que toman conocimiento del ilícito.

Art. 177. Los que incumplan la obligación de denunciar se someten

a la pena impuesta del art. 494 CP.

164


Art. 178. Responsabilidad y derechos del denunciante. No tiene

responsabilidad a menos que hubiere cometido delito con ocasión de

la denuncia. (Calumnia) Tampoco tiene derecho a intervenir en el

proceso, salvo que se trate de la víctima.

At. 179. Auto denuncia. Esta tiene lugar toda vez que una persona

se le imputa un delito, éste tiene derecho a concurrir al ministerio

público, solicitando que se inicie una investigación.

LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Son facultades de carácter coercitivo que se aplican durante el

proceso penal y que es una excepción al principio de inocencia.

De acuerdo al art. 122 CPP, éstas sólo serán impuestas cuando

fueren absolutamente indispensables para asegurar los

fines del procedimiento, y sólo duran mientras subsisten la

necesidad de su aplicación.

CARACTERÍSTICAS

1. Instrumentabilidad. Esto es, son funcionales a los fines del

procedimiento.

164


2. Provisionales. Esto es, son temporales y sólo subsisten

mientras las circunstancias que le sirvieron de base también

subsistan.

3. Exigen la concurrencia de ciertos requisitos legales.

CLASIFICACIÓN

Las medicas cautelares que consagra la ley pueden ser Reales o

Personales.

MEDIDAS CAUTELARES REALES.

Durante la etapa de investigación, el ministerio público o la víctima

podrán solicitar por escrito al juez de garantía que decrete respecto

del imputado, una o más de las medidas precautorias autorizadas

en el Título V del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

(Art. 157 CPP.)

El plazo para solicitarlas es hasta antes de que sea deducida la

acusación.

La resolución que acoja o rechace la solicitud es apelable. (Art.

158 CPP)

MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES:

Las medidas cautelares personales son:

164


1. La citación.

2. La detención.

3. La prisión preventiva

4. Otras medidas del art. 155 CPP o contenidas en leyes

especiales.

1. La citación. (Art. 123 CPP)

Es el llamamiento formal que hace el tribunal respecto del

imputado, de ciertos delitos para que comparezca ante el tribunal

en un momento determinado, siempre que sea necesaria su

presencia. (Citación judicial)

Sin embargo, el ministerio público también puede citar a ciertas

personas ante las dependencias de la fiscalía, a propósito de

alguna investigación en curso. (Citación del MP)

Art. 124. Procede la citación, aún en caso de aquellos delitos que

no merece pena privativa de libertad.

La falta de concurrencia del citado pueda dar lugar a su detención

en el caso de la citación judicial o a su traslado compulsivo al

ministerio público, en el caso de la citación cursada por este último

órgano. (Arts. 33 y 23 CPP, respectivamente)

2. La Detención. (Art.125 CPP)

164


Es la privación de libertad de una persona durante un breve

lapso, para el sólo efecto que sea puesta a disposición del

tribunal.

La detención puede ser:

a) Judicial. Art. 126 y 127 CPP

b) Por particular. Art. 129 inc. 1º CPP

c) Policial. Art. 129 inc. 2º - 4º CPP; en este ultimo caso, cuando:

Sentenciado a pena privativa de libertad,

El que ha quebrantado condena,

El que se fugare estando detenido,

al que tuviere orden de detención pendiente,

quien fuere sorprendido en violación flagrante de las medidas

cautelares personales que se le hubieren impuesto.

El que violare la condición del artículo 238, letra b), que le

hubiere sido impuesta para la protección de otras personas.

SITUACIÓN DE FLAGRANCIA. (Art. 130 CPP)

164


Sin perjuicio de los casos indicados más arriba que autorizan a

la policía a practicar la detención de un imputado, lo habitual es

que la detención sea practicada por la policía o particulares en

caso de flagrancia , esto es, en los momentos inmediatos a la

perpetración de un hecho punible. Por tal razón, la ley enumera

en el artículo 130 cuáles situaciones deben ser consideradas de

flagrancia, pues, se reitera, estos casos facultan legalmente a

detener a un persona . Tales casos son:

a) El que actualmente se encontrare cometiendo el delito;

b) El que acabare de cometerlo;

c) El que huyere del lugar de comisión del delito y fuere designado

por el ofendido u otra persona como autor o cómplice;

d) El que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito,

fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales,

en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su

participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren

sido empleados para cometerlo, y

e) El que las víctimas de un delito que reclamen auxilio, o testigos

presenciales, señalaren como autor o cómplice de un delito que se

hubiere cometido en un tiempo inmediato.

Para los efectos de lo establecido en las letras d) y e) se entenderá

por tiempo inmediato todo aquel que transcurra entre la comisión

del hecho y la captura del imputado, siempre que no hubieren

transcurrido más de doce horas .

164


PLAZO DE LA DETENCIÓN. (Art. 131 CPP)

Hay que distinguir:

a.Detención por orden judicial: Debe conducirse inmediatamente

al detenido ante el juez.

b.Detención policial: Se debe informar al ministerio público,

dentro de las 12 hrs. siguientes a la detención. En todo caso, el

plazo máximo para poner al imputado a disposición del Juez son 24

horas.

c.Particulares: Inmediatamente el imputado debe ser puesto a

disposición de la autoridad. (Normalmente, la policía. Por ejemplo,

guardias de seguridad de una tienda o supermercado)

Con todo, en la audiencia respectiva se puede pedir ampliación

de la detención por 3 días más. (Art. 132 CPP). Tratándose de

delitos sancionado por la ley 20.000 (Ley de drogas) o conductas

tipificadas como terroristas esta ampliación puede ser mayor, pero

nunca, en todo caso, puede superar el máximo constitucional de 10

días.

LA AUDIENCIA DE CONTROL DE LA DETENCIÓN. (Art. 132

CPP)

164


Habitualmente, es la primera audiencia que se efectúa en el

procedimiento y que tiene por objeto velar por la legalidad de

dicha medida cautelar personal.

Es necesaria la presencia del fiscal o de su asistente, pues la

ausencia de éstos dará lugar a la liberación del detenido.

En la audiencia se efectuará el apercibimiento al imputado a que

se refiere el art. 26 CPP. Además, el tribunal debe constatar las

circunstancias de la detención. Como vimos, el fiscal podría

solicitar la ampliación del plazo de detención, la que deberá ser

resuelta por el Juez de Garantía.

También puede suceder, que se declare la ilegalidad de la

detención. De ser así, esto no impide que se pueda formalizar al

imputado o que se soliciten medidas cautelares. Lo que no es

posible es solicitar plazo de ampliación de la detención. (Art. 132

CPP)

3. Prisión Preventiva. (Art.139 - 154 CPP)

Medida cautelar de carácter excepcional que consiste en la

privación de la libertad del imputado por un tiempo determinado,

cuya finalidad es el aseguramiento de la presencia del imputado

en el proceso.

164


Los titulares de esta medida, esto es, quienes pueden solicitarla,

son el ministerio público y el querellante. El tribunal no puede

decretarla de oficio.

REQUISITOS PARA DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA.

(Art. 140 CPP)

1. Que se haya formalizado la investigación. ( Se entiende que

la formulación de requerimiento, cuando corresponda, también

cumple con esta exigencia legal)

2. Que existan antecedentes que justifique la existencia del

delito que se investiga.

3. Existencia de antecedentes que permitan presumir

fundadamente que el imputado ha tenido participación en el

delito como autor, cómplice o encubridor.

4. Existencia de antecedentes calificados que permitan al

tribunal considerar que la prisión preventiva es

indispensable para el éxito de diligencias precisas y

determinadas de la investigación, o que la libertad del

imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad o del

ofendido, o que existe peligro de que el imputado se dé a la

fuga.

164


Los requisitos 2 y 3 se los denomina “presupuestos

materiales” y el 4, “necesidad de cautela”.

PARAMETROS LEGALES

Se entenderá especialmente que la prisión preventiva es

indispensable para el éxito de la investigación cuando :

existiere sospecha grave y fundada de que el imputado

pudiere obstaculizar la investigación mediante la destrucción,

modificación, ocultación o falsificación de elementos de

prueba; o

cuando pudiere inducir a coimputados, testigos, peritos o

terceros para que informen falsamente o se comporten de

manera desleal o reticente.

Para estimar si la libertad del imputado resulta o no peligrosa para

la seguridad de la sociedad , el tribunal deberá considerar

especialmente alguna de las siguientes circunstancias:

la gravedad de la pena asignada al delito;

el número de delitos que se le imputare y el carácter de los

mismos;

la existencia de procesos pendientes, y

el hecho de haber actuado en grupo o pandilla.

164


Se entenderá especialmente que la libertad del imputado constituye

un peligro para la seguridad de la sociedad , cuando:

los delitos imputados tengan asignada pena de crimen en la

ley que los consagra;

cuando el imputado hubiere sido condenado con anterioridad

por delito al que la ley señale igual o mayor pena, sea que la

hubiere cumplido efectivamente o no;

cuando se encontrare sujeto a alguna medida cautelar

personal, en libertad condicional o gozando de alguno de los

beneficios alternativos a la ejecución de las penas privativas o

restrictivas de libertad contemplados en la ley.

Se entenderá que la seguridad del ofendido se encuentra en peligro

por la libertad del imputado cuando:

existieren antecedentes calificados que permitieren presumir

que éste realizará atentados en contra de aquél, o en contra

de su familia o de sus bienes.

164


2. LA FORMALIZACION DE LA INVESTIGACIÓN

(Art. 229 y sgts. CPP)

CONCEPTO: Es la comunicación que el fiscal efectúa al imputado,

en presencia del Juez de Garantía, en cuanto a que se desarrolla

actualmente una investigación en su contra respecto de uno o

más delitos determinados y que, en ellos, le habría correspondido

participación a título de autor, complice o encubridor.

La formalización de la investigación es, ADEMÁS, un requisito para la

práctica de determinadas diligencias de la investigación, para recibir

prueba en forma anticipada y para solicitar medidas cautelares. (Art.

230 CPP)

El fiscal determinará el momento en el cual considera oportuno

formalizar, sin perjuicio de que la formalización propiamente tal, es un

acto de garantía para el imputado. Por esta última razón, el art. 186

CPP permite al imputado solicitar al Juez de Garantía que ordene al

fiscal poner a su disposición los antecedentes de la investigación o,

incluso, que le fije un plazo para formalizar.

164


TRAMITACIÓN (Art. 232 CPP)

Solicitud por escrito de formalización. (Art. 231 CPP)

Solicitud verbal en el contexto de la audiencia de control de

detención. Art. 132

Solicitud verbal en caso urgentes.

En todos los casos se cita al imputado, su defensor y demás

intervinientes.

EFECTOS

1. Interrumpe la prescripción de la acción penal.

2. Comienza a correr el plazo para el cierre de la investigación.

3. El ministerio público pierde la facultad del archivo

provisional.

En la audiencia de formalización:

a. El fiscal debe comunicar al imputado los hechos que

investiga en su contra, la calificación jurídica de los hechos,

el grado de ejecución del delito y la participación del

imputado.

164


b. El defensor e imputado pueden indicar lo que estimen

necesario y solicitar plazo para la investigación. Art. 234

CPP.

c. Solicitar juicio inmediato, si procede. Art. 235

d. Solicitar medidas cautelares personales o reales.

e. La causa puede concluir en una salida alternativa (Acuerdo

reparatorio o suspensión condicional del procedimiento)

LAS SALIDAS ALTERNATIVAS

El actual CPP establece otras herramientas que permiten evitar la

realización de un juicio y así terminar anticipadamente ciertas

causas. Ello con la necesidad de evitar la saturación del sistema

procesal penal cuando se traten de delitos de baja intensidad o

cuando hayan sido cometidos por personas que carecen de

antecedentes penales.

Las salidas alternativas son:

1. ACUERDO REPARATORIO

Es una salida alternativa al proceso penal por la que se extingue la

acción penal de ciertos delitos por convenio entre la víctima y el

164


imputado acerca de las reparaciones de los efectos del delito,

aprobado por el Juez de Garantía

Requisitos del acuerdo reparatorio:

1. Es un acuerdo entre la víctima y el imputado.

2. El acuerdo puede referirse a 3 clases de hechos:

Aquellos que sólo afecten bienes jurídicos de carácter

patrimonial (estafa, hurto, apropiación indebida),

Aquellos que consistieren en lesiones menos graves, o

en delitos culposos.

3. El acuerdo debe ser aprobado por el juez de garantía que está

facultado para rechazarlo por resolución fundada en tres hipótesis:

a. cuando el acuerdo verse sobre hechos punibles diversos a los

señalados por la ley.

b. Cuando el consentimiento de los que hubieren celebrado el

acuerdo no apareciere libremente entregado.

c. Si de oficio o a petición del Ministerio Público, estimare que

existe un interés público prevalerte en la continuación de la

persecución penal.

164


El acuerdo debe consistir en una forma de reparar a la víctima por

los daños causados que no necesariamente debe referirse a una

cantidad de dinero. (Disculpas públicas, donación de dinero a una

fundación, etc.)

Efectos del acuerdo reparatorio:

Hay que distinguir: (Art. 241 A 244 CPP)

PENAL: Cumplidas las obligaciones del acuerdo se extingue la

responsabilidad penal del imputado y el juez debe llamar a los

intervinientes a una audiencia. a fin de decretar el sobreseimiento

definitivo de la causa.

CIVIL: El no cumplimiento del acuerdo faculta a la víctima para

solicitar ante el juez de garantía el cumplimiento incidental conforme

a las normas de los arts. 233 y sgts. del CPC.

2. SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO. (Art.

237 CPP)

CONCEPTO: Es una salida alternativa que consiste en un acuerdo

que se produce entre el fiscal y el imputado, autorizado por el juez

de garantía, en orden a suspender el procedimiento bajo ciertas

condiciones a cumplir en un determinado periodo, apercibiendo al

imputado con dejar sin efecto el beneficio de no cumplir el acuerdo.

164


Esta salida está contemplada para delitos de escasa o mediana

gravedad siempre y cuando el imputado reúna ciertas

características que denotan un escaso compromiso delictual

(persona que no tienen antecedentes penales).

REQUISITOS:

1. Que la pena privativa de libertad que se pudiera imponer al

imputado en el evento que sea condenado no exceda de 3 años de

privación de libertad. (Pena en abstracto)

2. Que el imputado no haya sido condenado anteriormente por

crimen o simple delito.

3. Que el imputado no esté sujeto a otra suspensión condicional

vigente.

4. Que exista acuerdo entre el fiscal y el imputado. La víctima o

querellante si están presentes en la audiencia tienen derecho a ser

oídos.

5. Que esta salida propuesta sea aprobada por el Juez de Garantía.

6. La presencia del defensor del imputado en la audiencia.

7. Que se encuentre formalizada la investigación. (Art. 245)

Para los efectos de la suspensión condicional el Juez de Garantía

debe determinar las condiciones que se le impondrán al imputado y

164


el periodo de observación que no debe ser inferior a 1 año ni

superior a 3.

El art. 238 CPP señala los tipos de condiciones que pueden

imponerse. Ej.: Residir en un lugar determinado, abstenerse de

frecuentar ciertos lugares, pagar una cantidad de dinero a título de

indemnización, obligación de no aproximarse a la víctima, etc. Sin

embargo, existen leyes especiales que contemplan otras posibkles

condiciones a imponer (Por ejemplo, Ley 20.066 sobre VIF; Ley

18.290, ley de tránsito.)

La resolución que apruebe la suspensión condicional del

procedimiento es apelable por los intervinientes.

REVOCACIÓN. (Art. 239 CPP)

Si el imputado incumpliere en forma grave y reiterada las

condiciones que se le impusieron o cuando sea nuevamente

formalizado por hechos diversos, el fiscal o la víctima pueden

solicitar que se revoque la suspensión. La resolución que pronuncie

el juez al respecto es susceptible del recurso de apelación.

EFECTOS (Arts. 237 A 240, 245 a 246 CPP)

1. No impide ni extingue el ejercicio de la acción civil por parte de

la víctima o terceros. Sin perjuicio de descontar de las

164


indemnizaciones lo que el imputado haya pagado en

cumplimiento de alguna de las condiciones.

2. suspende el plazo de prescripción de la acción penal.

3. suspende el plazo para el cierre de la investigación.

4. cumplido el periodo de observación sin que la suspensión

haya sido revocada o dejada sin efecto se extingue la acción

penal y el tribunal de oficio o a petición de parte debe citar a los

intervinientes a la audiencia de sobreseimiento definitivo.

3. CIERRE DE LA INVESTIGACIÓN

(Art. 247 CPP)

La conclusión de la investigación constituye el término de la fase

dentro del proceso penal en la que se han practicado las diligencias

que se consideran necesarias por el fiscal para la correcta

averiguación del hecho punible y la determinación de los autores,

cómplices o encubridores involucrados en él; para proceder, en

caso de ser necesario, a formular acusación, ejercer la facultad de

164


no perseverar en la investigación o solicitar el sobreseimiento

definitivo. (ART 247 CPP)

La ley establece un máximo de plazo de 2 años para la

investigación como forma de concretar la idea de que el proceso

es una carga para el imputado que no puede prolongarse

indefinidamente, además de constituir la concreción del principio

constitucional del imputado de ser juzgado dentro de un plazo

razonable.

Este plazo de 2 años puede ser modificado por las partes si al

momento de solicitarse por la defensa un plazo judicial para el

cierre de la investigación, el juez accediere a la solicitud,

reduciendo entonces el plazo legal, y transformándose, por tanto,

en un plazo judicial. (Art. 234 CPP)

El plazo judicial fijado se suspende cuando el juez aprueba la

suspensión condicional, cuando se logra un acuerdo reparatorio o

se decreta el sobreseimiento temporal. (Art. 248 CPP)

Cerrada la investigación el Ministerio Público dentro de los 10 días

siguientes debe:

1. solicitar el sobreseimiento definitivo o temporal,

2. acusar, o

3. comunicar la decisión de no preservar en el procedimiento por

no haberse reunido durante la investigación antecedentes

suficientes para fundar una acusación.

164


En las hipótesis 1 y 3, el tribunal debe citar a una audiencia donde

el fiscal comunique su decisión y, en tal caso, el Juez de

Garantía debe:

• Dejar sin efecto la formalización

• Revocar las medidas cautelares que hubieren sido

decretadas.

El plazo de prescripción de la acción penal continúa como si

nunca se hubiere suspendido.

El cierre de la investigación puede producirse en forma voluntaria

cuando el fiscal determina el cierre de la investigación o puede

producirse en forma forzada.

El cierre forzado tiene lugar al vencimiento del plazo legal o judicial

de la investigación, sin que se hubiere producido el cierre del mismo

por parte del Ministerio Público y en ese contexto el imputado o el

querellante soliciten al juez apercibir al fiscal para que proceda al

cierre de la investigación, lo anterior se lleva a efecto en

audiencia en la cual el fiscal puede aceptar el apercibimiento y

cerrar la investigación o puede no comparecer, negarse al cierre o

no presentar acusación dentro de plazo. En estos casos, el juez de

oficio o a petición de parte debe decretar el sobreseimiento

definitivo de la causa. (Art. 247 inciso 2.)

Dentro de los 10 días siguientes al cierre se podría producir también

la reapertura de la investigación siempre y cuando alguno de los

intervinientes soliciten la realización de diligencias precisas de

164


investigación que oportunamente formularan durante la

investigación y que el Ministerio Público rechazó o respecto de los

cuales no se pronunció. (Art. 257 CPP)

REQUISITOS DE LA REAPERTURA:

1. Que las diligencias se hayan solicitado oportunamente.

2. Que las diligencias sean precisas y concretas.

3. Que la petición fundada se formule dentro de los 10 días

siguientes al cierre de la investigación.

4. Que se trate de diligencias solicitadas por los intervinientes.

5. Que el MP haya rechazado tales diligencias o no se haya

pronunciado respecto de éstas.

Si esta solicitud es acogida por el Juez de Garantía el fiscal debe

proceder a llevar a efecto las diligencias y transcurrido el plazo

dado por el juez para el cumplimiento de las mismas, o transcurrida

que sea la prorroga del plazo concedida, en su caso, el fiscal

deberá cerrar la investigación nuevamente y proceder según el art.

248.

SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

164


El sobreseimiento es un mecanismo procesal que tiene lugar a

objeto de poner fin o suspender los procesos penales iniciados y

que no pueden desembocar en un juicio oral evitando que el

proceso quede en estado de paralización indefinida.

El sobreseimiento puede ser definitivo o temporal; total o parcial.

A. SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO

Resolución que pone término al proceso penal cuando concurre

una causal legal y que tiene autoridad de cosa juzgada. Éste

puede ser:

• Total, si afecta a todos los imputados de una causa y

respecto de todos los hechos punibles que se investigan.

• Parcial, se refiere a algunos de los imputados o respecto

de ciertos hechos punibles investigados.

REQUISITOS DEL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO:

1. Debe existir una solicitud del Ministerio Público que sea aprobada

por el juez de garantía, solicitud que debe ser resuelta en audiencia,

citándose a los intervinientes. En ella el juez puede cambiar la

causal del sobreseimiento solicitado, acogerlo o rechazarlo. Si lo

rechaza el fiscal mantiene la facultad para ejercer alguna de las

164


hipótesis establecidas en el art. 248 letras b) y c) CPP, es decir,

puede acusar o ejercer la facultad de no perseverar.

2. debe concurrir una causa legal que haga posible el

sobreseimiento definitivo. Las causales están en el 250 CPP.

Artículo 250.- “Sobreseimiento definitivo. El juez de garantía

decretará el sobreseimiento definitivo:

a) Cuando el hecho investigado no fuere constitutivo de delito;

b) Cuando apareciere claramente establecida la inocencia del

imputado;

c) Cuando el imputado estuviere exento de responsabilidad criminal

en conformidad al artículo 10 del Código Penal o en virtud de otra

disposición legal;

d) Cuando se hubiere extinguido la responsabilidad penal del

imputado por algunos de los motivos establecidos en la ley;

e) Cuando sobreviniere un hecho que, con arreglo a la ley, pusiere

fin a dicha responsabilidad, y

f) Cuando el hecho de que se tratare hubiere sido materia de un

procedimiento penal en el que hubiere recaído sentencia firme

respecto del imputado.

El juez no podrá dictar sobreseimiento definitivo respecto de los

delitos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por

Chile y que se encuentren vigentes, sean imprescriptibles o no

164


puedan ser amnistiados, salvo en los casos de los números 1° y 2°

del artículo 93 del Código Penal.”

EFECTOS. Art. 251 CPP

• Pone término al procedimiento

• Tiene autoridad de cosa juzgada

Dictada la resolución que sobresee la causa y encontrándose

firme y ejecutoriada, el proceso no se puede reabrir bajo ninguna

hipótesis.

SOBRESEIMIENTO TEMPORAL

También puede ser total o parcial. A diferencia del sobreseimiento

definitivo, cuando se decreta el sobreseimiento temporal el proceso

puede reabrirse si varían las circunstancias que se tomaron en

considetración para dictar el sobreseimiento.

REQUISITOS DEL SOBRESEIMIENTO TEMPORAL:

1. La solicitud del MP debe ser aprobada por el juez de garantía

en audiencia citando a los intervinientes.

164


2. la concurrencia de una causa legal. Las causales establecidas

en el 252.

El sobreseimiento temporal constituye un estado de suspenso

procesal por lo que se reabre la causa cuando cesa el impedimento

que provocó el sobreseimiento. A diferencia del sobreseimiento

definitivo, el temporal no produce el efecto de cosa juzgada.

“Artículo 252.- Sobreseimiento temporal. El juez de garantía

decretará el sobreseimiento temporal en los siguientes casos:

a) Cuando para el juzgamiento criminal se requiriere la resolución

previa de una cuestión civil, de acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 171;

b) Cuando el imputado no compareciere al procedimiento y fuere

declarado rebelde, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 99 y

siguientes, y

c) Cuando, después de cometido el delito, el imputado cayere en

enajenación mental, de acuerdo con lo dispuesto en el Título VII del

Libro Cuarto.”

La resolución que sobresee sea temporal o definitiva es susceptible

del recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones respectiva.

4. LA ACUSACIÓN

Es la imputación por parte del órgano de persecutor de un hecho

presuntamente ilícito, concreto y preciso en que se considera que la

164


persona imputada ha intervenido en términos de hacerse acreedora

de una sanción penal la que es dada a conocer antes del inicio del

juicio y que no puede ser modificada o alterada en el curso de éste.

La acusación debe deducirla el fiscal dentro del plazo de 10 días

siguientes al cierre de la investigación o, en el caso de forzamiento

de la acusación, dentro del plazo de 10 días desde que el tribunal

autorice al querellante para proceder de conformidad con el art. 258

CPP.

LA ACUSACION DEBE CONTENER: Art. 259 CPP

1. La individualización del o los imputados y su defensor.

2. Una relación circunstanciada del o los hechos atribuidos y su

calificación jurídica.

3. Las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal

que concurrirían.

4. La participación que se le atribuye al acusado.

5. La expresión de los preceptos legales aplicables

6. El señalamiento de los medios de prueba de que el Ministerio

Público pensare valerse en juicio.

7. La pena cuya aplicación se solicita.

164


8. La solicitud, si procediere, para tramitar la causa conforme a

las normas del procedimiento abreviado.

La acusación debe referirse únicamente a los hechos que fueron

materia de la formalización, ello, por el principio de congruencia

procesal. Es decir, el fiscal no puede agregar otros, ya que

formalizó por hechos determinados.

Si el Ministerio Público indicare como medio de prueba en la

acusación la prueba testimonial debe proceder a individualizar a

dichos testigos, indicando los puntos sobre los cuales va a recaer la

declaración. Lo mismo ocurrirá sobre la prueba pericial, que

requiere individualización del perito e indicar los puntos del informe

sobre lo que recaerá su declaración, indicando, además, los títulos

y calidades del perito.

Presentada la acusación, el Juez de Garantía dentro del plazo de

24 horas debe dictar una resolución fijando día y hora para la

celebración de la audiencia de preparación del juicio oral, la que

debe llevarse a efecto en un plazo no inferior a 25 días ni

superior a 35 días. Esta resolución se notifica a los intervinientes

conforme a las normas generales, pero tratándose del acusado al

momento de su notificación se le debe entregar copia de la

acusación, debiéndose dejar constancia además, del hecho de

encontrarse a su disposición en el tribunal los antecedentes

acumulados durante la investigación.

164


Art. 261 CPP. Hasta quince días antes de la fecha fijada para la

realización de la audiencia de preparación del juicio oral, el

querellante, por escrito, podrá:

1º Adehirse a la acusación del Ministerio Público o acusar

particularmente, planteando:

Calificación jurídica distinta de los hechos,

Distinta forma de participación del imputado,

Solicitar otra pena o ampliar la acusación del fiscal,

extendiéndola a hechos no contenidos en la acusación,

siempre que fueren objeto de la formalización.

2º Señalar vicios formales de que adoleciere el escrito de

acusación, requiriendo su corrección.

3º Ofrecer la prueba que estimare necesaria para sustentar su

acusación, lo que deberá hacerse en los mismos términos previstos

en el artículo 259 CPP,

4º Deducir demanda civil, cuando procediere.

NOTIFICACIÓN AL ACUSADO. Art. 262 “Las actuaciones del

querellante, las acusaciones particulares, adhesiones y la demanda

civil deberán ser notificadas al acusado, a más tardar, diez días

antes de la realización de la audiencia de preparación del juicio

oral.”

164


FACULTADES DEL ACUSADO. Art. 263 CPP

Antes del inicio de la audiencia de preparación del juicio oral, por

escrito, o al inicio de dicha audiencia, en forma verbal, el acusado

podrá:

1. Señalar los vicios formales de que adoleciere el escrito de

acusación, requiriendo su corrección;

2. Deducir excepciones de previo y especial pronunciamiento. Éstas

son, de acuerdo al art. 264:

a) Incompetencia del Juez de Garantía;

b) Litis pendencia;

c) Cosa juzgada;

d) Falta de autorización para proceder criminalmente, cuando la

Constitución o la ley lo exigieren, y

e) Extinción de la responsabilidad penal.

3. Contestar la acusación e indicar los medios de prueba.

4. Contestar la demanda civil, si la hubiere.

5. Exponer los argumentos de defensa que considere necesarios y

señalar los medios de prueba cuyo examen en el juicio oral

solicitare, en los mismos términos previstos en el artículo 259 CPP.

164


5. AUDIENCIA DE PREPARACIÓN DE JUICIO ORAL. (Art. 266

CPP)

Ésta se desarrolla oralmente, por lo cual no se admiten

presentaciones escritas.

Al inicio de ella, el Juez de Garantía debe hacer una exposición

sintética de las presentaciones que hubieren realizado los

intervinientes.

Luego debe verificar la asistencia de los intervinientes, siendo la

presencia del fiscal y defensor, requisitos de validez de la

misma. La ausencia del defensor conlleva a la declaración de

abandono de la defensa, estando autorizado el Juez para

aplicar las sanciones a que se refiere el art. 287 CPP.

Artículo 287.- Sanciones al abogado que no asistiere o abandonare

la audiencia injustificadamente. La ausencia injustificada del

defensor o del respectivo fiscal a la audiencia del juicio oral o a

alguna de sus sesiones, si se desarrollare en varias , se sancionará

con suspensión del ejercicio de la profesión, hasta por dos

meses. En idéntica pena incurrirá el defensor o fiscal que

abandonare injustificadamente la audiencia que se estuviere

desarrollando”.

A esta a audiencia pueden comparecer los demandantes y

querellantes civiles.

164


Verificada la comparecencia de los intervinientes y hecha la

exposición sintética de la acusación adhesión y demanda civil,

se debe ofrecer la palabra al abogado defensor para que

proceda a ejercer las facultades a que se refiere el art. 263

CPP.

Si la defensa indica la corrección de vicios formales y el fiscal

se negare, el tribunal debe suspender la audiencia por un número

de días no superior a 5, informando al fiscal regional. Si con

todo, el fiscal no corrigiere los errores, el Juez de Garantía

debe sobreseer definitivamente la causa, a menos que el

querellante particular, si lo hay, continúe solo.

La defensa podrá oponer como excepciones de previo y especial

pronunciamiento las mencionadas en el art. 264 CPP. El juez

resolverá de inmediato las excepciones de incompetencia, litis

pendencia y falta de autorización para proceder criminalmente, si

hubieren sido deducidas. La resolución que recayere respecto de

dichas excepciones será apelable.

En caso de acoger una o todas las excepciones, el tribunal debe

decretar el sobreseimiento definitivo. Dicha resolución también

es apelable.

La decisión del tribunal de dejar pendiente para el juicio oral la

resolución de la excepción de cosa juzgada es inapelable.

Antes de dictar auto de apertura se debe determinar el objeto

del proceso penal, es decir, los hechos que serán materia de la

164


prueba en el juicio oral y respecto de los cuales se dictará

sentencia definitiva.

Además, estos hechos deben haber sido objeto de la

investigación ya formalizada y de la acusación, sin perjuicio de la

calificación jurídica, ya que no es vinculante para el tribunal de

juicio oral en lo penal.

También se determinan las pruebas que deben rendirse en

juicio. Para ello debe establecerse cuáles son los hechos,

pertinentes, substanciales y controvertidos, con el objeto de

resolver las posibles solicitudes de exclusión de prueba.

EXCLUSIÓN DE PRUEBA

Las causales de exclusión de prueba son: (Art. 276 CPP)

Aquellas que tengan por objeto acreditar hechos públicos o

notorios.

La manifiestamente impertinente.

La que tienda a producir puramente efectos dilatorios

La calificada como ilícita, pues proviene de actuaciones o

diligencias que hubiesen sido declaradas nulas o han sido

obtenida con inobservancia de garantías fundamentales.

164


La resolución que excluye el ofrecimiento de prueba por este último

motivo, es apelable sólo por el Ministerio Público. Respecto de las

demás causales no tiene cabida el recurso de apelación.

CONVENCIONES PROBATORIAS Art. 275

Son acuerdos entre los litigantes para excluir de la prueba

determinados hechos que se dan por acreditados y que no serán

discutidos en juicio.

Este acuerdo debe ser promovido en conjunto por el fiscal,

querellante y el imputado en audiencia de preparación de juicio oral

ante el juez de Garantía.

Las convenciones probatorias solo pueden fijarse respecto a

hechos, nunca sobre aspectos de derecho y al momento de su

aprobación el Juez de Garantía debe velar por el derecho del

imputado en cuanto a que entienda las consecuencias de la

convención probatoria. Por ello, si bien para algunos autores la

presencia del imputado no es indispensable para esta audiencia, si

lo resulta en el evento de que el fiscal y la defensa quieran arribar a

una convención probatoria.

Si hubiere demanda civil, el Juez deberá llamar al querellante y

al imputado a conciliación, sobre las acciones civiles y deberá

resolver en audiencia las solicitudes de medidas cautelares

164


reales en la demanda civil, para el caso de no llegar a

conciliación.

UNIÓN Y SEPARACIÓN DE ACUSACIONES. Art. 274

La unión de acusaciones tiene lugar cuando el ministerio público

formulare diversas acusaciones que el juez considerare conveniente

someter a un mismo juicio oral, y siempre que ello

no perjudicare el derecho a defensa. En consecuencia, podrá

unirlas y decretar la apertura de un solo juicio oral, si ellas

estuvieren vinculadas por referirse a un mismo hecho, a un mismo

imputado o porque debieren ser examinadas unas mismas pruebas.

La situación opuesta la constituye la separación de autos de

apertura: El Juez de Garantía podrá dictar autos de apertura del

juicio oral separados, para distintos hechos o diferentes imputados

que estuvieren comprendidos en una misma acusación, cuando, de

ser conocida en un solo juicio oral, pudiere provocar graves

dificultades en la organización o el desarrollo del juicio o detrimento

al derecho de defensa, y siempre que ello no implicare el riesgo de

provocar decisiones contradictorias.

PRUEBA ANTICIPADA. (Art. 280 CPP)

164


Se puede solicitar la recepción de prueba anticipada de testigos o

peritos en los siguientes casos:

Si con posterioridad a la realización de la audiencia de

preparación del juicio oral, sobreviniere, respecto de los

testigos, alguna de las circunstancias señaladas en el inciso

segundo del artículo 191 o se tratare de la situación señalada

en el artículo 191 bis, cualquiera de los intervinientes podrá

solicitar al Juez de Garantía, en audiencia especial citada al

efecto, la rendición de prueba anticipada.

cuando fuere previsible que la persona de quien se

requiere como prueba esté imposibilitada de concurrir al

juicio oral. Para recibir esta prueba, e juez de Garantía debe

citar a una audiencia especial

Para recibir la prueba, el Juez de Garantía citará a una audiencia

especial para la recepción.

AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. (Art. 277 CPP)

Al término de la audiencia de preparación de juicio oral, el Juez de

Garantía deberá dictar el auto de apertura de juicio oral.

Resolución que sólo será objeto del recurso de apelación que

puede interponer el ministerio público por la exclusión de prueba

decretada por el Juez de Garantía como ilícita. Este recurso debe

ser concedido en ambos efectos, sin perjuicio del recurso de nulidad

164


que pudiere ser interpuesto contra la sentencia que dictara el tribunal

de juicio oral.

Si durante la audiencia de preparación de juicio oral se excluye

prueba que se considera esencial para sustentar la acusación, el

fiscal podrá solicitar el sobreseimiento definitivo.

Al término de la audiencia, en el evento que el Juez de Garantía

compruebe que el acusado no ha ofrecido prueba por causas que

le fueren inimputables, podrá suspender la audiencia hasta por un

plazo de 10 días. (Art. 278 CPP)

Igualmente al término, el tribunal deberá devolver a los

intervinientes los documentos que hayan sido acompañados durante

el proceso.

El auto de apertura de juicio oral debe reunir las menciones del art.

277 CPP y será remitido al tribunal oral dentro de las 48 hrs.

siguientes al momento que quedare firme, debiendo ponerse a

disposición de ese tribunal las personas sometidas a medidas

cautelares personales o reales.

CONTENIDO DEL AUTO DE APERTURA

a) El tribunal competente para conocer el juicio oral;

b) La o las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las

correcciones formales que se hubieren realizado en ellas;

c) La demanda civil;

164


d) Los hechos que se dieren por acreditados, en conformidad con lo

dispuesto en el artículo 275 CPP;

e) Las pruebas que deberán rendirse en el juicio oral, de acuerdo a lo

previsto en el artículo anterior, y

f) La individualización de quienes debieren ser citados a la audiencia

del juicio oral, con mención de los testigos a los que debiere pagarse

anticipadamente sus gastos de traslado y habitación y los montos

respectivos.

Como se dijo, esta resolución (sentencia interlocutoria de 2º grado)

sólo es susceptible del recurso de apelación, por parte del ministerio

público, por exclusión de pruebas decretadas por causal de prueba

ilícita.

A continuación, con la finalidad de ilustrar los temas tratados, se

adjunta un modelo real de auto de apertura de juicio oral

AUTO DE APERTURA DEL JUICIO ORAL

Santiago, dieciséis de marzo de dos mil diez.

VISTOS:

PRIMERO: Dése curso al Auto de Apertura del Juicio Oral ante el Sexto Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Santiago, para conocer la acusación deducida por el Ministerio Público, representado por doña Pamela Bustamante Lazo, Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local N° 14, especializada en delitos de robo, domiciliada en Gran Avenida N° 3814, Comuna de San Miguel, en la causa judicial Rol Único de Causa N° 0900914728-1, Rol Interno Tribunal N° 5982-2009, en contra de los

164


acusados: EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ, chileno, taxista, cédula de identidad N° 4.664.238-4, nacido el 8 de diciembre de 1941, domiciliado en Pasaje Tirandente N° 12.434, comuna de La Pintana, actualmente con medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal; representado por la Defensora Penal Público Rosa Álvarez Cortez, domiciliada en calle Enrique Mac-Iver N° 370, piso 11, Santiago, en contra de JAIME ANDRÉS MARAY BECERRA, chileno, chofer, cédula de identidad N° 9.907.174-5, nacido el 22 de marzo de 1967, domiciliado en calle Isabel Riquelme N° 12.558, comuna de La Pintana, actualmente sin medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal; representado por la Defensora Penal Público Viviana Hinostroza Ojeda, domiciliada en calle Enrique Mac-Iver N° 370, piso 11, Santiago y en contra de JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO, chilena, feriante, cédula de identidad N° 13.937.154-2, nacida el 16 de octubre de 1979, domiciliada en Pasaje Tirandente N° 12.571, comuna de La Pintana, representada por la Defensora Penal Público Viviana Hinostroza Ojeda, domiciliada en calle Enrique Mac-Iver N° 370, piso 11, Santiago.

Los hechos de la acusación son los siguientes:El día 25 de septiembre de 2009, en horas de la tarde, en el

interior del inmueble ubicado en calle Tirandente N° 12.571, comuna de La Pintana, inmueble de la imputada JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO, personal policial sorprendió teniendo en su poder, guardando y poseyendo la camioneta placa patente RL-4721, marca Nissan, que mantenía encargo por robo, a los imputados JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO, EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ y JAIME ANDRÉS MARAY BECERRA, conociendo todos o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de dicha especie. Acto seguido, personal policial sorprendió a la imputada JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO al interior del inmueble ubicado en Pasaje Tirandente N° 12.434, comuna de La Pintana, domicilio que a veces compartía con el imputado GUZMÁN GONZÁLEZ teniendo en su poder sin las autorizaciones competentes una escopeta tipo artesanal, sin marca, adaptada para calibre 32, más 19 cartuchos de escopeta calibre 32, un cartucho de escopeta calibre 12; 26 proyectiles de revólver sin percutir calibre 32, corto, 33 proyectiles de pistola calibre 6.25, un tag, y documentos personales de una persona de nombre Daniel Julio Larroquette Vassallo.

A juicio del Ministerio Público se configuran los siguientes delitos; respecto de todos los imputados se configura el delito de Receptación, previsto y sancionado en el artículo 456 BIS A en relación con el artículo 432 ambos del Código Penal. Además, respecto de la imputada JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO, los delitos de Tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y Tenencia ilegal de

164


municiones, previstos y sancionados en los artículos 13 y 9, respectivamente de la Ley de control de armas N° 17.798, en relación con los artículos 2 y 3 de la misma ley.

Grado de desarrollo de los delitos en opinión del Ministerio Público es de CONSUMADO y la participación en el delito de receptación les correspondería a título de autores, a todos los acusados. Por su parte, respecto de la imputada JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO, por los delitos de Tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y Tenencia ilegal de municiones, la participación que le correspondería también lo sería a título de autor, en ambos casos como ejecutores de los artículos 14 N° 1 y 15 N° 1 del Código Penal.

Estima el Ministerio Público que no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, razón por la cual se solicita la siguiente pena; por el delito de Receptación a los acusados EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ, JAIME ANDRÉS MARAY BECERRA y JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO una pena de 3 años de presidio menor en su grado medio, una multa de 10 UTM, más las accesorias del artículo 30 del Código Penal, esto es, las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el término de la condena y al pago de las costas de la causa. Por el delito de Tenencia ilegal de arma prohibida una pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, más las accesoria del artículo 29 del Código Penal, esto es, inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena, más el comiso del arma incautada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del mismo cuerpo legal, todo ello, con expresa condenación en costas, según lo señala el artículo 47 del Código Procesal Penal. Por el delito de Tenencia ilegal de municiones una pena de 800 días de presidio menor en su grado medio, las accesorias de suspensión de cargo u oficio público durante el término de la condena y al pago de las costas de la causa, más el comiso del arma incautada, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 31 del mismo cuerpo legal, todo ello, con expresa condenación en costas, según lo señala el artículo 47 del Código Procesal Penal.

SEGUNDO: Que en virtud de lo señalado precedentemente, los medios de prueba que habrán de ser rendidos en la audiencia de juicio oral son los siguientes:

1.-PRUEBA DEL MINISTERIO PÚBLICO:

a.-Prueba testimonial :

1. EDUARDO DAGOBERTO ORREGO ALVAREZ, empleado, domiciliado en Santa Isabel N° 157 depto. 310, Santiago. El

164


testigo depondrá sobre todo lo que presenció, vio, escuchó e hizo el día anterior al de los hechos. En especial depondrá sobre las circunstancias del robo del vehículo objeto de receptación, fecha y forma de sustracción, cómo lo recuperó y en que circunstancias, diligencias en las que participó y todo cuanto le conste sobre los hechos materia de la acusación.

2. IVÁN ANTONIO JELDRES SILVA , empleado público, con domicilio en Baldomero Lillo N° 1901, comuna La Pintana. 41° Comisaría de Carabineros de La Pintana, El testigo depondrá sobre todo lo que presenció, vio, escuchó e hizo el día de los hechos. En especial depondrá sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a la comisión de todos los delitos materia de la acusación, circunstancias de la detención de los acusados, especies, armas y municiones incautadas, diligencias efectuadas y todo cuanto le conste sobre los hechos materia de la acusación.

3. RAQUEL ANDREA AVILA QUINTEROS , empleado público, con domicilio en Baldomero Lillo N° 1901, comuna La Pintana. 41° Comisaría de Carabineros de La Pintana, El testigo depondrá sobre todo lo que presenció, vio, escuchó e hizo el día de los hechos. En especial depondrá sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a la comisión de todos los delitos materia de la acusación, circunstancias de la detención de los acusados, especies, armas y municiones incautadas, diligencias efectuadas y todo cuanto le conste sobre los hechos materia de la acusación.

4. LUIS ZAPATA ECHEVERRIA, empleado público, con domicilio en Baldomero Lillo N° 1901, comuna La Pintana. 41° Comisaría de Carabineros de La Pintana, El testigo depondrá sobre todo lo que presenció, vio, escuchó e hizo el día de los hechos. En especial depondrá sobre las circunstancias anteriores, coetáneas y posteriores a la comisión de todos los delitos materia de la acusación, circunstancias de la detención de los acusados, especies, armas y municiones incautadas, diligencias efectuadas y todo cuanto le conste sobre los hechos materia de la acusación.

5. JORGE RODRIGO URREA ALARCÓN, empleado público, con domicilio en Toesca N° 2245, comuna de Santiago. 2do Comisaría de Carabineros de Santiago. El testigo depondrá sobre todo lo que presenció, vio, escuchó e hizo respecto al robo del vehículo objeto de receptación, diligencias efectuadas y todo cuanto le conste sobre los hechos materia de la acusación.

164


6. MARCO CONTRERAS URZUA , empleado público, con domicilio en Baldomero Lillo N° 1901, comuna La Pintana. 41° Comisaría de Carabineros de La Pintana, El testigo depondrá sobre las circunstancias posteriores a la comisión de todos los delitos materia de la acusación, diligencias efectuadas y todo cuanto le conste sobre los hechos materia de la acusación.

b.- Prueba pericial:

1. JOSE M. CUEVAS GUIÑEZ, perito armero artificiero, Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, con domicilio en Av. Antonio Varas 1842, comuna de Providencia. El perito depondrá sobre el informe pericial balístico N° 7409-2009 de fecha 22 de octubre de 2009; informe que será incorporado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 del Código Procesal Penal.

c.-Prueba material y otros medios de prueba:

1. Un set fotográfico de veinte (20) fotografías correspondientes el sitio del suceso y a la camioneta encontrada en poder de los imputados.

2. Un arma de fuego tipo fusil cañón recortado, sin marca, calibre .43, NUE 933409.

3. Un cartucho de caza calibre 12 y diecinueve (19) cartuchos de caza, calibre 32 NUE 933410.

4. Veintiséis (26) cartuchos calibre .32 corto NUE 933412.5. Treinta y tres cartuchos incriminados calibre .25 auto NUE 933413.6. Cinco ilustraciones fotográficas del arma y las municiones

incautadas, respecto al peritaje N° 7409-2009 de fecha 22 de octubre de 2009.

7. Un dispositivo tag, una cédula de identidad, una licencia de conducir, una credencial de la Universidad de Santiago de Chile, todas éstas, a nombre de Daniel Julio Larroquette Vassallo, incautadas el día del procedimiento.

2.-PRUEBA DE LA DEFENSA DEL ACUSADO EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ:

Se deja constancia para los fines de registro que la defensa del acusado se valdrá de todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público e incorporados al presente auto de apertura de juicio oral, adicionalmente se valdrá de la prueba documental consistente en:

164


1. Un certificado de inscripción y anotaciones vigentes en el registro de vehículos motorizados extendido por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile, correspondiente al vehículo placa patente única RT2600-2005, automóvil Nissan Sentra 2 exsaloon 1.6 inscrito a nombre de EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ.

2. Un certificado de inscripción padrón correspondiente al vehículo placa patente RT2600-2005, a nombre de EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ.

3.-PRUEBA DE LA DEFENSA DE LOS ACUSADOS JAIME ANDRÉS MARAY BECERRA Y JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO:

En uno y otro caso, se deja constancia para los fines de registro que la defensa de los acusados se valdrán de todos y cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público e incorporados al presente auto de apertura de juicio oral, adicionalmente y de forma especial la defensa de la imputada JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO se valdrá de la prueba documental consistente en:

1. Un informe pericial balístico sierra N° 60539, meta peritaje ofrecido por el Ministerio Público e incorporado al presente auto de apertura de juicio oral extendido con fecha 11 de marzo de 2010 por la ingeniero civil en minas doña María Rosa Soto Paz.

Del mismo modo, la defensa del acusado JAIME ANDRÉS MARAY BECERRA, se valdrá de la siguiente prueba testimonial:

1. VITERBO VICENTE MORENO MORENO, domiciliado en calle Isabel Riquelme N° 12.598, comuna de La Pintana, de profesión cerrajero, cédula nacional de identidad N° 9.859.366-7, quien depondrá respecto de todos los hechos anteriores, coetáneos y posteriores al procedimiento que culminó con la detención del acusado ya referido.

TERCERO: Devuélvase a los intervinientes los documentos que hubieren sido acompañados al Tribunal durante este procedimiento.

QUINTO: Póngase a disposición del Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, al acusado EDUARDO ENRIQUE GUZMÁN GONZÁLEZ, quien, se encuentra, actualmente, sometido a las medidas cautelares del artículo 155 del Código Procesal Penal, apercibido del artículo 26 del Código Procesal Penal. A JAIME ANDRÉS MARAY BECERRA, sin medidas cautelares y JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO, quien actualmente se encuentra sometida a las medidas cautelares de las letras c) y d) del artículo 155 del Código Procesal Penal

164


y ha sido apercibida de lo dispuesto en el artículo 26 del Código Procesal Penal en relación a la audiencia de juicio oral que corresponda. Se deja constancia, sin embargo, que los tres imputados estuvieron privados de libertad el día de su detención, adicionalmente la imputada JOHANNA ANDREA ALLENDE CASTRO estuvo sometida a la medida cautelar de prisión preventiva desde el día 25 de septiembre de 2009 a la fecha de la celebración de la presente audiencia, oportunidad en la que se alzó dicha medida cautelar y se le impusieron las del artículo 155 del Código Procesal Penal ya mencionadas.

Notifíquese, agréguese copia autorizada a la carpeta respectiva, anótese.

Remítase al Sexto Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Santiago.

Dése cumplimiento a lo prevenido en el artículo 39 N° 2 de la ley 18.556.-

Dése copia del registro de la presente audiencia a los intervinientes.

R.U.C. N° 0900914728-1; Rol Interno N° 5982-2009

Dictado por don JAIME IVÁN SALAS ASTRAIN, Juez Titular del 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

6. JUICIO ORAL

Es el tribunal de juicio oral en lo penal, colegiado, con competencia

en lo criminal el que va a conocer del juicio oral cuando se solicite

una pena superior a los 541 días de presidio menor en su grado

164


medio y los intervinientes no hayan concluido la causa por medio

de un procedimiento especial.

Este tribunal conocerá siempre aquellas causas en que la pena

privativa de libertad solicitada sea igual o superior a presidio mayor

en su grado mínimo (5 años y 1 un día).

Para entrar a conocer del juicio oral el presidente del tribunal deberá

establecer la sala que va a conocer del respectivo juicio, una vez

que llegue al tribunal el auto de apertura desde el respectivo Juzgado

de Garantía.

Establecido el día del juicio, se deberá proceder a citar al juicio a

todos los testigos y peritos que estén contenidos en el auto de

apertura.

El tribunal antes de dar inicio al juicio, deberá verificar la presencia

de los intervinientes en la audiencia y de todos los citados a ella.

Si la defensa no concurriere, el tribunal deberá declarar el

abandono de la defensa y suspender hasta por 5 días el juicio, con

la finalidad de que el nuevo defensor designado asuma la defensa.

En caso de inasistencia del querellante, se deberá declarar el

abandono de la querella.

Al inicio del juicio oral, el Juez Presidente de la sala deberá hacer

una breve relación de la acusación y/o acusación particular,

contenida en el auto de apertura.

164


Con posterioridad a ello, el presidente de la sala deberá dar la

palabra en primer lugar al fiscal y luego al defensor, para que

efectúen sus alegatos de apertura. Dichos alegatos son una breve

relación que hacen los intervinientes del contenido de sus

pretensiones.

Tras los alegatos de apertura, el tribunal deberá recibir la prueba,

comenzando por la del ministerio público y querellante, si lo hay;

luego corresponderá su turno a la de la defensa. Sin perjuicio de

ello, al inicio del juicio el imputado puede declarar como mecanismo

de defensa y será interrogado por el defensor y contrainterrogado

por el fiscal y querellante, si lo hay.

Todos los testigos son hábiles para declarar y la parte que los

presente debe hacer las preguntas necesarias para dar credibilidad

a su prueba. El tribunal deberá tomarles, al inicio de su exposición,

el juramento o promesa, excluyéndose a los menores de edad e

imputados.

La parte que presenta al testigo deberá hacer preguntas genéricas

y abiertas para así lograr que su testigo exponga su relato.

En el evento que la parte que los presenta haga preguntas directas o

sugestivas, la contraparte podrá objetar dichas preguntas. Este

incidente será resuelto por el tribunal en el acto.

Terminado el relato, la contraparte deberá proceder al

contrainterrogatorio y aquélla si está facultado para hacer

preguntas directas y sugestivas.

164


El tribunal, luego puede hacer preguntas necesarias para aclarar los

dichos del testigo o perito.

Cuando se trate de incorporar prueba documental, la forma de

hacerlo es la lectura de los mismos.

En cuanto a la prueba material, su icorporación al juicio se verifica

mediante la exhibición del objeto.

Terminada la prueba, se debe dar la palabra a los intervinientes para

los alegatos de clausura. En éstos los intervinientes deben reiterar

sus pretensiones incorporando ciertos elementos del juicio que

sirvan para acreditar sus pretensiones.

Terminados los alegatos, el tribunal debe proceder a deliberar en

privado y sólo podrá condenar al imputado cuando haya adquirido

a partir de los medios de prueba rendidos la convicción, más allá

de toda duda razonable, de que ha correspondido al acusado

participación en calidad de autor, cómplice o encubridor. (Arts.

340 y 343 CPP)

Si durante la deliberación el tribunal oral quisiere darle a los hechos

o a la participación una calificación jurídica distinta a la contenida

en la acusación, deberá reabrir la audiencia y dar la palabra a los

intervinientes a fin de debatir sobre una eventual recalificación.

Luego de la deliberación, el tribunal oral deberá dar su veredicto de

absolución o condena, fijando día y hora para la lectura del texto

completo de la sentencia, plazo que no exederá de 5 días, ampliable

en su caso. (Art. 344 CPP)

164


Si el veredicto es absolutorio, se deben alzar de inmediato las

medidas cautelares que se encuentren vigentes.

En caso de condena, puede citar el tribunal a una audiencia con el

fin de debatir aspectos relevantes para la determinación y

cumplimiento de la pena. Esta audiencia no altera el plazo para la

lectura de la sentencia.

CAPITULO V

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES

164


I. - NOCIONES GENERALES

A continuación, se tratarán los procedimientos especiales que son de

común aplicación en el sistema procesal penal, referentes a delitos de

acción penal pública, pública previa instancia particular y, además, el

procedimiento contemplado para ilícitos de acción penal privada.

Así, serán analizados respectivamente, el procedimiento abreviado, el

juicio simplificado, el procedimiento monitorio y el procedimiento por

delito de acción privada.

De todo hecho punible perpetrado nace una acción para perseguir a

sus culpables, por ello el legislador, por la entidad o gravedad del

delito, o más bien, por la particularidad del bien jurídico que se ve

afectado, ha ideado clasificar las acciones penales en las siguientes:

La penal pública para la persecución de todo delito que no esté

sometido a regla especial y que deberá ser ejercida de oficio por el

ministerio público, es la regla general; y

La privada, que sólo podrá ser ejercida por la víctima.

Asimismo, en una mixtura de ambas, el legislador idea los delitos de

acción pública previa instancia particular, es decir, se trata de acciones

penales públicas, pero, a diferencia de las primeras, requieren para

164


nacer, al menos la denuncia del ilícito por parte del ofendido a la

justicia, al ministerio público y a la policía.

Una de las claras diferencias entre los delitos que conceden acción

penal pública de los que conceden la privada o particular, es que la

primera no se extingue por la renuncia de la persona ofendida, cosa

que sí ocurre tratándose de los últimos ilícitos.

La acción penal pública la puede ejercer cualquiera, es más, en

algunos casos ciertas personas están obligadas a efectuar la

denuncia, bajo amenaza de sanciones penales y civiles si no lo

hicieran dentro de un breve plazo2.

Esta acción pública, además, sólo puede iniciarse de oficio por el

ministerio público, por denuncia o por querella.

La acción penal privada, en cambio, sólo comienza con la interposición

de querella por parte de la persona habilitada para promover tal acción

penal particular, ante el juez de garantía competente.3

Como una idea principal, está el señalar que tratándose de delitos de

acción penal pública, ellos normalmente debieran tramitarse en el

procedimiento ordinario que ideó el legislador, empero, ello no siempre

es así y pueden perfectamente ser conocidos a través de los

denominados procedimientos especiales, como son, el abreviado, el

simplificado y el monitorio.

2 Ver artículos 175 a 178 del CPP

3 Ver artículo 400 CPP

164


La otra idea que subyace a la anterior, es que, tratándose de delitos

de acción penal privada, ellos serán encausados a través de otro de

los procedimientos especiales, que es el llamado procedimiento por

delito de acción penal privada, regulado en los artículos 400 a 405 del

CPP y supletoriamente, por las normas del procedimiento simplificado,

con excepción del artículo 398 del mismo cuerpo legal.

En suma y como una referencia genérica, podemos sostener que en

este CPP, se contemplan tres procedimientos especiales públicos

(abreviado, simplificado y monitorio) y un procedimiento especial

privado (procedimiento por delito de acción privada).

Todos los procedimientos señalados, tienen algunas particularidades

que en general comparten, así, podemos decir, que todos ellos son

de competencia exclusiva del Juez de Garantía, donde aquél los

conoce como juez unipersonal, además, todos aparecen como

mecanismos de salida distintos al juicio oral, que se justifican, para dar

una mayor celeridad en la resolución de las diferentes investigaciones

criminales que ahora incoa el Ministerio Público.

El procedimiento de acción penal privada, nace como un

mecanismo de solución judicial de conflictos donde el afectado por el

ilícito es la persona habilitada para promover la acción penal, es decir,

es a la vez, la víctima4, precisamente de algunos delitos, como son: el

de calumnia e injuria, la falta penal prevista en el artículo 496 numeral

4 El CPP define hoy a la víctima en el artículo 108, señalando que se considera aquella al ofendido por el delito.

164


11 del Código Penal, el matrimonio del menor llevado a efecto sin el

consentimiento de las personas designadas por la ley y celebrado de

acuerdo con el funcionario llamado a autorizarlo y, además, la acción

penal privada que nace hoy de algunas de las hipótesis del delito de

giro fraudulento de cheques.

El legislador nos señala, en síntesis, en el Mensaje5 del Código

Procesal Penal6 que “….se propone avanzar hacia la creación de un

sistema de justicia criminal que otorgue diversas posibilidades de

solución a los conflictos de que conoce…” y luego agrega, “…se

propone la creación de algunos procedimientos simplificados en que

por la vía de acuerdos entre todos los intervinientes7 o de algunos de

ellos, se supriman etapas del curso ordinario del procedimiento…”

Como puede observarse de las citas del mensaje, el legislador

entendió que hoy día debe coexistir un procedimiento ordinario de

aplicación no tan generalizada, que terminará normalmente en un

juicio oral, diferenciándose allí tres etapas, una fase de investigación,

una intermedia y la de juicio oral propiamente tal y otros

procedimientos, más breves en su tramitación, donde algunas de las

etapas son omitidas, en aras de un procedimiento más acelerado, pero

no por ello menos justo.

5 Ver en el mensaje del Código Procesal Penal, apartado 4) Salidas alternativas y procedimientos abreviados

6 Código Procesal Penal, en adelante, en esta obra se abreviará CPP

7 Nota del autor: el artículo 12 del CPP nos señala que los intervinientes son: el fiscal, el imputado, el defensor, la víctima y el querellante

164


Hay una gran diferencia entre el procedimiento de ordinaria aplicación,

esto es el juicio oral y los tres especiales que trataremos a

continuación, algo ya adelantamos sobre el particular y, es que el

primero de ellos es de competencia exclusiva de un tribunal colegiado,

esto es de un tribunal de juicio oral en lo penal, los demás, recaen en

jueces unipersonales de un tribunal distinto, ello es, el juez de

garantía.

Pese a que el artículo 1 del CPP reconoce como derecho de todo

imputado el tener un juicio previo, oral y público, el mismo Código

reguló otros procedimientos alternativos de aquél, que no pretenden

sino, evitar el colapso del sistema.

II.- EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LOS DISTINTOS

PROCEDIMIENTOS QUE CONTEMPLA EL CPP

Si nos quedáramos con la simple comparación de los artículos

16 y 18 del COT, pareciera a primera vista que el problema del ámbito

de aplicación del juicio oral, del procedimiento abreviado, del juicio

simplificado y del procedimiento monitorio es relativamente sencillo,

sin embargo, aquello que a simple vista parece tan simple, en la

práctica no lo es.

En efecto, el procedimiento ordinario (juicio oral), se aplica tratándose

de crímenes y simples delitos que son penados por la ley, de mayor a

164


menor, con presidio perpetuo calificado, para llegar hasta el presidio o

reclusión menor en su grado medio, esto es, desde 541 días hasta 3

años, si alguna de aquellas es la pena requerida por el ministerio

público.

En seguida, el procedimiento abreviado se aplica para simples delitos

con penas que comprenden todo el presidio menor, desde su grado

mínimo, esto es, de 61 días hasta los 5 años, esto es, considerando la

pena en concreto que el fiscal requiera, puede tratarse perfectamente

de un crimen donde el fiscal requiera una pena de simple delito, por la

concurrencia de atenuantes de responsabilidad criminal.

Luego, el procedimiento simplificado se aplica tratándose de simples

delitos, con penas de hasta presidio o reclusión menor en su grado

mínimo, esto es, hasta 540 días.

Por último, el procedimiento monitorio se aplica para las faltas

penadas con multa.

Las normas del COT, sin embargo, le otorgan competencia a los

tribunales orales en lo penal, para conocer y juzgar las causas por

crimen o simple delito, esto es, desde 61 días a presidio perpetuo

calificado, salvo aquellas por simple delito que sean de competencia

del juez de garantía.

Es decir, si un simple delito es de competencia del juez de garantía, ya

sea por aplicación del procedimiento abreviado (61 días a 5 años) o

por aplicación del simplificado donde requiera una pena de hasta 540

días, se excluye la competencia del tribunal oral.

164


Sin embargo, y como ya se adelantó, los jueces de garantía también

pueden llegar a conocer de crímenes vía procedimiento abreviado,

cuando el fiscal requiera una pena menor a la asignada por la ley para

el delito de que se trate, al concurrir atenuantes bastantes que los

hagan aplicar dicho procedimiento y la pena hasta de 5 años.

De todo lo expresado, queda de manifiesto que la competencia de los

jueces de garantía es mucho más amplia que la de los jueces de

tribunal oral en lo penal.

164


III.- LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIALES EN PARTICULAR

1.- EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 8

1.1.- Concepto.

Se trata de un procedimiento especial, de actas, en base a los

registros o antecedentes que el Ministerio Público ha reunido durante

la instrucción, que es conocido por el Juez de Garantía competente.

El profesor Germán Hermosilla Arriagada ha señalado que “el

procedimiento abreviado es una forma especial de tramitar y fallar,

sumariamente, los hechos que han sido motivo de la investigación y

acusación fiscal y particular, dentro de la misma audiencia de

preparación de juicio oral o en una audiencia especialmente fijada al

efecto, en lugar de serlo a través del juicio oral. Se trata, pues, de un

procedimiento sustitutivo del juicio oral, cuya brevísima tramitación le

corresponde al Juez de Garantía, quien, además, deberá dictar la

sentencia definitiva. La petición de su aplicación le compete

únicamente al fiscal, nadie más puede hacerlo; pero si no se cuenta,

8 Véase también sobre el particular el Libro sobre Procedimiento Abreviado de los autores Francisco Hermosilla Iriarte y Rodrigo Cerda San Martín, Editorial Metropolitana año 2002.

164


además, con la aprobación del acusado, no existe posibilidad de su

utilización”.9

Se ha dicho también que “el procedimiento abreviado, es un

mecanismo alternativo al juicio oral, que pretende evitar la

realización de juicios en un porcentaje alto de los casos, y que

busca obtener sentencias más rápidas y a menor costo. Consiste

en la posibilidad de que las partes puedan acordar una forma de

procedimiento diversa, y, proceder a un debate rápido frente al

juez encargado de controlar la investigación, al término del cual

pronunciará la sentencia”10.

Este procedimiento, por tanto, supone un acuerdo entre el acusado y

el fiscal, homologado en sede jurisdiccional, en virtud del cual el

primero renuncia voluntariamente a un posible juicio oral y acepta

expresamente los hechos materia de la acusación y los antecedentes

de la investigación en que se funda; y el segundo solicita al Juez de

Garantía la imposición de una pena que no exceda de cinco años. En

el evento que la sentencia sea condenatoria, el Juez de Garantía no

puede imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio

Público.

1.2.- Características del procedimiento abreviado.

9 Nuevo Procedimiento Penal, Tomo III, Germán Hermosilla Arriagada, colección guías de clases N°18, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Central, Pág.111

10 Definición contenida en la página de Internet de la Defensoría Penal Pública “www/defensoríapenal.cl”

164


Entre las características de este procedimiento especial, pueden

señalarse las siguientes:

1.2.1.- Es un procedimiento especial, que excluye la

generalidad constituida por el juicio oral;

En este evento, opera como descongestionante del sistema, al

llevar a procedimientos más simples, más rápidos, menos complejos y

más baratos la solución del conflicto penal. En lo que respecta a la

producción y control de calidad del material probatorio necesario para

dictar sentencia, se elimina el debate oral, público y contradictorio.

Aquí subyace la pugna entre eficiencia versus garantías; Estado

versus individuo.

Una de las bases fundamentales que sustenta el nuevo sistema

acusatorio es la racionalización del procedimiento, esto es su

utilización de un modo eficiente, empleando en la justa medida y

según corresponda los mecanismos de selectividad penal, las salidas

alternativas y los procedimientos especiales. Por ello, los actores

institucionales del nuevo modelo, deben velar no sólo por la

rigurosidad jurídica, sino también por la optimización administrativa de

los recursos asignados. En efecto, si todas las investigaciones

policiales exitosas fueran conducidas por los Fiscales hacia el juicio

oral y público, sencillamente el sistema colapsaría.

164


1.2.2.- Tiene aplicación por iniciativa exclusiva del Ministerio

Público;

Bien se ha dicho que hay una única llave que abre la puerta del

procedimiento abreviado y ella le pertenece al Fiscal.

1.2.3.- La iniciativa del Ministerio Público puede

manifestarse sólo en dos momentos:11

Junto a la acusación escrita, en un apartado de la misma,

cuando se requiera la imposición de una pena no

superior a la de presidio menor en su grado máximo, o

verbalmente en la propia audiencia de preparación de

juicio oral; o bien;12

En una audiencia fijada especialmente para los fines del

procedimiento abreviado, antes del cierre de la

investigación. En este caso, la acusación es realizada en

forma verbal por el fiscal, ya que al no ser ésta la 11 Ver artículo 407 CPP

12 Ver artículo 259 literal h) CPP

164


audiencia de preparación de juicio oral aún no existe

acusación escrita.

1.2.4.- Implica para el acusado la renuncia de su derecho a

tener un juicio previo, oral y público.13

Por ello, el procedimiento abreviado disminuye las garantías,

desde ya el derecho de defensa se ve seriamente menoscabado, pues

el acusado queda impedido de rendir pruebas, no le es posible refutar

fácticamente los elementos de convicción que obren en la

investigación oficial; frente al reconocimiento de los hechos de la

acusación, el estado de inocencia del imputado si bien se mantiene,

sufre una sensible disminución; de otro lado, el principio acusatorio, de

división de funciones, también se ve disminuido, ya que el mismo Juez

que intervino durante la instrucción será quien resuelva acerca de la

procedencia del abreviado, y en la afirmativa, será quien dicte

sentencia definitiva.

Por lo señalado, se hace indispensable que el acusado conozca a

cabalidad los hechos materia de la acusación, así como los

antecedentes de la investigación, para que de ese modo sea capaz de


164


sopesar el riesgo probable de condena que conlleva este

procedimiento y aceptar libre y voluntariamente la renuncia a juicio.

Durante la tramitación del CPP la Cámara de Diputados ya

expresaba: “Aquí, el imputado acepta que los antecedentes

reunidos por el fiscal son ciertos, en general. El juez tiene que

indagar dentro de esos antecedentes y, sobre la base de ellos,

puede absolver”.14

1.2.5.- Requiere la aprobación del Juez de Garantía.

En términos generales el legislador ha entregado al Juez de

Garantía un papel tutelar de los derechos de los intervinientes durante

el procedimiento.

Frente a una solicitud de abreviado, le corresponde, además, el deber

de verificar el consentimiento libre del acusado y ejercer un control

jurídico acerca de la procedencia de este procedimiento especial.

1.2.6.- La aceptación por el Juez de Garantía de la solicitud

de abreviado, fija el límite punitivo máximo, en el evento de

condena.

14 Emilio Pfeffer U., ob.cit.pág.393

164


El artículo 412 del CPP dispone expresamente que si la

sentencia es condenatoria, ella no puede imponer una pena superior ni

más desfavorable a la requerida por el órgano acusador.

1.3.- Presupuestos o condiciones de procedencia del

Procedimiento Abreviado.

Como se trata de un procedimiento especial, cuya admisión

afecta seriamente los derechos de los intervinientes, ya que, por un

lado, excluye el derecho del acusado de llevar el conflicto penal al

juicio oral y público, y por el otro, el querellante particular quedará

impedido de obtener un pronunciamiento sobre la demanda civil que

hubiere interpuesto, es preciso que concurran los presupuestos

legales que lo hacen procedente, a saber:

1.3.1.- La solicitud del Ministerio Público.

El artículo 407 del CPP permite a los acusadores modificar su

libelo o la pretension inicial así como la pena requerida, a fin de

permitir la tramitación conforme al abreviado.

164


La pena privativa de libertad requerida por el Fiscal no puede ser

superior a cinco años de presidio o reclusión menores en su grado

máximo. Si se trata de otras penas de distinta naturaleza, no hay

limitación, pues el artículo 406 inciso 1° del CPP habla de “...

cualquiera fuere su entidad o monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas

o alternativas”15.

En cuanto a la calificación jurídica de los hechos, no se excluyen

delitos determinados, con la única salvedad que la pena solicitada en

concreto por el Fiscal, esto es, considerando las modificatorias de

responsabilidad penal, el grado de desarrollo del delito y el tipo de

participación, no exceda el límite legal ya comentado.

1.3.2.- La aceptación por parte del acusado de los hechos

materia de la acusación y de los antecedentes de la investigación

que la fundaren.

Para que el acusado pueda aceptar informadamente es preciso

que tenga cabal conocimiento de los hechos materia de la acusación,

15 Se ha discutido sobre el particular, precisamente porque se sabe que la pena superior que puede pedir el fiscal es la de 5 años, pero, que ocurre si pide una pena de presidio menor en su grado mínimo en relación con el procedimiento simplificado que parece en su redacción del 388 CPP hacer aplicable en ese caso (61-540 días) sólo aquél. Sin embrago, de una lectura atenta del artículo citado, parece desprenderse claramente la excepción, esto es, salvo que ante dicha pena, se sometiere el asunto a las normas del procedimiento abreviado.

164


que comprenden tanto el hecho punible como la participación, así

como también los antecedentes de la investigación.

1.3.3.- La conformidad manifestada expresamente por el

acusado con la aplicación del procedimiento abreviado.

En razón de los efectos que genera para el acusado el

procedimiento abreviado, el Código ha previsto medidas de resguardo

que tiendan a asegurar la manifestación libre de esta conformidad, es

por ello que el Juez de Garantía debe asegurarse que tal

consentimiento se presta en forma libre y voluntaria, consultándole si

conoce su derecho a exigir un juicio oral, si conoce los términos del

acuerdo y sus consecuencias, si ha sido objeto de coacciones y

presiones indebidas por parte del Fiscal o de terceros.

Evidentemente, antes de la solicitud que efectúa el Fiscal en el sentido

de llevar el caso a un procedimiento abreviado debe existir un acuerdo

entre éste y el acusado, donde se puede negociar la calificación

jurídica de los hechos, la etapa de desarrollo del delito, la participación

y las modificatorias de responsabilidad penal, en definitiva se fije la

pretensión punitiva del persecutor, límite máximo penal en caso de

164


una sentencia condenatoria. Tales tratativas quedarán de manifiesto

en la audiencia con la conformidad que preste el acusado.

El Fiscal debe proponer al acusado y su defensor una pena que

resulte tan atractiva que lo induzca a reconocer los hechos materia de

la acusación y a renunciar al juicio oral. Si ello no fuere así, ningún

imputado optaría por el abreviado.

La existencia de varios acusados o la atribución de varios delitos a un

mismo acusado no son obstáculo para la aplicación del procedimiento

abreviado, respecto de aquellos acusados o delitos

que cumplan con las condiciones legales, así lo señala el inciso final

del artículo 406.

1.3.4.- La aceptación de la solicitud de procedimiento

abreviado por parte del Juez de Garantía.

Señala el artículo 410 del CPP que el Juez aceptará la solicitud

cuando los antecedentes de la investigación fueren suficientes para

proceder conforme a las normas del procedimiento abreviado, la pena

solicitada por el Fiscal en concreto se ajuste a los límites legales y

164


verificare que el acuerdo hubiere sido prestado por el acusado con

conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente.

El consentimiento del acusado recae entonces sobre los siguientes

aspectos que el Juez debe ir verificando o chequeando:

que conoce su derecho a ir a un juicio oral y pese a ello

renuncia a tal garantía;

que entiende los términos del acuerdo y las consecuencias

que éste pudiera significarle (en otras palabras, que acepta

los hechos de la acusación y los antecedentes de la

investigación que en ellos se fundan y la probable pena

que le correspondería si en suma fuera condenado);

que, las aceptaciones anteriores hechas por el acusado, no

hubieran sido obtenidas por coacciones ni presiones

indebidas por parte del fiscal o de terceros.

El rol del Juez de Garantía en el control judicial y eventual aprobación

de un procedimiento abreviado no es un tema pacífico en la

jurisprudencia de nuestros tribunales.

Las decisiones en este sentido han fluctuado entre un control intenso

de legalidad de los requisitos del acuerdo (calificación jurídica del

hecho; pena correspondiente al delito imputado; coincidencia con los

límites legales), que implica de parte del Juez la expresión de una

opinión jurídica propia sobre el fondo y un control de legalidad menos

164


fuerte, de mera plausibilidad o razonabilidad jurídica de la calificación

efectuada inicialmente por el Fiscal, como dice el profesor Jorge Mera

Figueroa “que exista un piso jurídico sensato”.

Cualquiera sea la alternativa que el Juez adopte, no debe dejar de

considerar en su decisión los principios del sistema procesal penal que

nos rige (racionalización, simplificación del procedimiento,

diversificación de la respuesta punitiva del Estado frente a la

criminalidad, eficacia, legalidad, garantía de los derechos

fundamentales de los intervinientes, en especial del imputado y de la

víctima), los objetivos de la investigación, los derechos e intereses de

los intervinientes, los fines de la aplicación de este procedimiento

especial y las funciones del Ministerio Público y del Juez de Garantía.

El Fiscal es el persecutor penal y dentro de sus facultades llega

a una negociación con el imputado, a través de la cual disminuirá su

pretensión punitiva recibiendo como contrapartida un menor riesgo de

absolución y un menor desgaste de energías y recursos que significa

el procedimiento abreviado versus el juicio oral. Para que el

procedimiento abreviado sea operativo, la ley les ha otorgado a los

fiscales un cierto grado de discrecionalidad, para ofrecer al imputado

una penalidad que le pueda resultar atractiva.

La comparación que hace el Fiscal dentro de su discrecionalidad no es

entre los hechos denunciados y las normas legales, sino entre los

hechos susceptibles de ser probados en el escenario exigente de un

164


juicio oral y dichas normas (juicio de predictibilidad en base a la

calidad de las pruebas de que dispone). Ello debe tenerlo en cuenta el

Juez de Garantía al resolver.

Si existe oposición de querellante el Juez debe considerar, además, la

plausibilidad de dicha oposición, en razón de sus fundamentos. No

basta la mera discrepancia jurídica. (Art.408 CPP)

De acuerdo a lo sostenido por el profesor Mera la excesiva rigidez del

control puede llevar a los Fiscales a buscar otras soluciones

técnicamente factibles, como el archivo provisional antes de la

judicialización, constatado que sea el desinterés de la víctima en la

persecución.

1.3.5.- Actividad de otros intervinientes.

También se precisa el concurso del querellante, quien puede

asumir dos posiciones al respecto:

Derechamente está de acuerdo con la solicitud del Fiscal, lo que

se refleja en su propia acusación particular, en ese caso no hay

problema. Demás está decir que el querellante que es acusador

particular nunca puede pedir ir al procedimiento abreviado;

En su acusación particular efectúa una calificación jurídica de los

hechos, atribuye una forma de participación o señala

164


circunstancias modificatorias de responsabilidad penal diferentes

de las consignadas por el Fiscal en su acusación y, como

consecuencia de ello, la pena por él solicitada excediere el límite

señalado en el artículo 406 CPP.16

Pero, aún en este último caso, si el Juez de Garantía no estima

fundada la oposición del querellante, puede acceder a ir al

procedimiento abreviado, cuando además se den los otros

requisitos legales.

1.4.- La decisión del Juez de Garantía ante la solicitud de ir a

un procedimiento abreviado.

Si se cumplen las condiciones legales y no ha existido oposición

del querellante, el Juez de Garantía aceptará la solicitud.

En el evento de la oposición de querellante, si el Juez de Garantía no

la estima fundada y se reúnen los presupuestos legales, aceptará

asimismo el procedimiento abreviado.

Por último, si el Juez estima que no se reúnen los requisitos legales, o

si considera fundada la oposición del querellante, rechazará la

solicitud de procedimiento abreviado y dictará el auto de apertura de

juicio oral.


164


En esta última hipótesis se tendrán por no formuladas la aceptación de

los hechos por parte del acusado y la aceptación de los antecedentes

de la investigación, como tampoco las modificaciones de la acusación

o de la acusación particular.

Es más, el Juez debe disponer que todos los antecedentes relativos al

planteamiento, discusión y resolución de la solicitud de procedimiento

abreviado sean eliminados del registro.

De otro lado, existe prohibición legal para invocar, dar lectura ni

incorporar como medio de prueba al juicio oral ningún antecedente

relativo con la proposición, discusión, aceptación, procedencia,

rechazo o revocación de la tramitación de un procedimiento

abreviado.17

1.5.- Resolución de la solicitud. (art. 410 CPP).

El Juez aceptará la solicitud del Fiscal y del imputado cuando los

antecedentes de la investigación fueren suficientes para proceder

conforme a este procedimiento, la pena solicitada por el Fiscal no

supere los cinco años y verificare que el acuerdo ha sido prestado por

el imputado con conocimiento de sus derechos, libre y

voluntariamente.

17 Ver artículos 410 inciso final y 335 del CPP.

164


Cuando no lo estimare así, o cuando considerare fundada la oposición

del querellante, rechazará la solicitud de procedimiento abreviado y,

tratándose de la audiencia de preparación de juicio oral, dictará el auto

de apertura del juicio oral. En este caso, se tendrán por no formuladas

la aceptación de los hechos por parte del imputado y la aceptación de

los antecedentes; lo mismo ocurrirá con las modificaciones de la

acusación o de la acusación particular efectuadas para posibilitar la

tramitación abreviada del procedimiento. Sin embargo, cuando se fija

una audiencia de procedimiento abreviado con ese especial propósito

antes del cierre de la investigación y, en definitive, dicho procedimiento

no prospera, la causa quedará en el mismo estado en el que estaba

antes, esto es, deberá seguir su curso normal.

Finalmente, el Juez dispondrá que todos los antecedentes relativos al

planteamiento, discusión y resolución de la solicitud sean eliminadas

del registro.

De otro lado, existe prohibición legal para invocar, dar lectura ni

incorporar como medio de prueba al juicio oral ningún antecedente

relativo con la proposición, discusión, aceptación, procedencia,

rechazo o revocación de la tramitación de un procedimiento abreviado

(arts. 410 inciso final y 335 del CPP).

1.6.- Tramitación del procedimiento abreviado. (art. 411

CPP).

164


Al inicio del procedimiento abreviado, el Juez abrirá el debate,

otorgará la palabra al Fiscal, quien efectuará una exposición resumida

de la acusación y de las actuaciones y diligencias de la investigación

que la fundamentaren.

A continuación, se dará la palabra a los demás intervinientes. La

exposición final corresponderá siempre al acusado.

No se rinde prueba de ninguna especie.

Se aplican supletoriamente las normas comunes previstas en el

Código Procesal Penal y las disposiciones del procedimiento ordinario

(art. 415 CPP).

1.7.- La Sentencia del abreviado. (art. 412 CPP).

Terminado el debate el Juez dictará sentencia, que puede ser

absolutoria o condenatoria y debe cumplir los requisitos establecidos

en el artículo 413 CPP.

Por disposición legal el Juez no podrá imponer una pena superior ni

más desfavorable a la requerida por el Fiscal o el querellante en su

caso.

En todo caso, la sentencia condenatoria no podrá emitirse

exclusivamente sobre la base de la aceptación de los hechos por parte

del imputado, debiendo concurrir antecedentes adicionales. Esos

164


antecedentes son aquellos expuestos por el fiscal en la audiencia y

que le han servido de base para deducir la acusación, ya sea ésta

verbal o por escrito.

Procede la aplicación de las medidas alternativas concedidas en la

Ley de acuerdo a las reglas generales. (Remisión condicional de la

pena, reclusión nocturna, libertad vigilada)

La sentencia no se pronunciará sobre la demanda civil que hubiere

sido interpuesta. En consecuencia, habrá que renovarla ante el juez

civil competente.

Las menciones obligatorias de la sentencia definitiva se encuentran

contempladas en el artículo 413 CPP.

1.8.- Recursos en contra de la sentencia del abreviado (art.

414 CPP).

La sentencia definitiva únicamente es impugnable a través del

recurso de apelación, debiendo éste concederse en ambos efectos.

En el conocimiento del recurso la Corte podrá pronunciarse respecto

de la procedencia de los supuestos del procedimiento abreviado

previstos en el artículo 406. Según el profesor Mera Figueroa, en el

uso de esta facultad la Corte de Apelaciones sólo puede pronunciarse

acerca de la circunstancia de haber el imputado manifestado su

conformidad en forma libre y voluntaria, pues decidir si la pena

164


requerida por el Fiscal se conforma o no al límite previsto por la ley,

puede generar consecuencias político – criminales indeseables, en

caso de rechazo del procedimiento, nulidad de lo obrado y forzamiento

hacia un juicio oral, ello puede desmotivar los acuerdos entre Fiscales

e imputados.

2.- EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

164


2.1. - CONCEPTO

Este segundo procedimiento especial, está tratado por el

legislador en los artículos 388 a 399 CPP.

El profesor Germán Hermosilla Arriagada18 señala que: “El

procedimiento simplificado tiene por objeto que el juez de garantía

conozca y falle, en forma oral, breve y concentrada, determinados

asuntos que no revisten mayor complejidad, por lo que no requieren

de las mismas actuaciones y plazos para ser conocidos y resueltos

que la acción penal pública por crimen o simple delito”

Se trata de un procedimiento especial, oral, de competencia de los

jueces de garantía para conocer y fallar las faltas y los hechos

constitutivos de simple delito para los cuales el Ministerio Público

requiera la imposición de una pena que no exceda de presidio o

reclusión menor en su grado mínimo. (Faltas o penas privativas de

libertad de hasta 540 días de cárcel)

2.2.- ÁMBITO DE APLICACIÓN

18 Germán Hermosilla Arriagada, Nuevo Procedimiento Penal, Tomo IV, Colección Guías de Clases N°20, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Central, año 2002, Pág.97

164


Lo primero que señala el legislador es que el procedimiento

simplificado lo aplicarán los Jueces de Garantía para conocer y fallar

las faltas.

En el Senado, se le incorporó además, a la norma antedicha, la

competencia, el conocimiento de los hechos constitutivos de simple

delito para los cuales el ministerio público requiriere la imposición de

una pena que no excediere la de presidio o reclusión menores en su

grado mínimo, esto es, de 61 días a 540 días, siempre y cuando esos

ilícitos no hayan sido conocidos a través del procedimiento abreviado.

Resumiendo, diremos que el ámbito de aplicación del procedimiento

simplificado, es el siguiente:

a) las faltas penales;

b) los simples delitos donde el fiscal requiriere la imposición de

una pena que no exceda los 540 días de presidio o reclusión

menores en su grado mínimo;

c) Los delitos de acción privada, pero en carácter de instituto

supletorio de ese procedimiento especial.

Como se aprecia, este procedimiento simplificado es de exclusiva

competencia del Juez de Garantía y allí se le entrega una variada

competencia en asuntos criminales con cuantías de penas menores,

como las relativas a las faltas y las de simples delitos menores.

164


2.3.- Características del procedimiento simplificado

a) es un procedimiento especial que excluye el juicio oral

Al igual que el abreviado, se concibe como un procedimiento

tendiente a descongestionar el sistema, evitando juicios orales por

delitos donde el fiscal requiera una pena de presidio en su grado

mínimo;

b) tiene aplicación por iniciativa exclusiva del ministerio

público

Nace sólo a petición del ministerio público, aquél es quien

únicamente puede decidir ir a este procedimiento y cuándo presenta

un requerimiento al Juez de Garantía;

c) la iniciativa de aplicación del simplificado puede ser por

escrito o en forma verbal

No es que el fiscal aquí presente un escrito ante el juez de

garantía señalándole que va a usar el simplificado, sino que

simplemente presenta un escrito que se llama “requerimiento”, que

está tratado en el artículo 391 del CPP, en cuanto a su contenido y

señala que deberá contener:

i. - la individualización del imputado;

164


ii. - una relación sucinta del hecho que se le atribuyere, con

indicación del tiempo y lugar de comisión y demás circunstancias

relevantes;

iii. - la cita de la disposición legal infringida;

iv. - la exposición de los antecedentes o elementos que

fundamentaren la imputación, y

v. - la individualización y firma del requirente.

Sin embargo, el artículo 393 bis CPP autoriza también que en la

audiencia de control de detención el fiscal requiera verbalmente al

imputando de procedimiento simplificado ante el Juez de Garantía

cuando se trate de faltas o simples delitos flagrantes.

Como sea, el requerimiento importa una decisión del ministerio público

de llevar a la justicia una investigación criminal por una falta penal o un

simple delito en contra de una persona determinada, luego importa

una decisión que tiene efectos jurisdiccionales y “reemplaza” en cierta

forma este escrito a la acusación penal, escrito que se presenta en el

procedimiento ordinario dentro de los diez días siguientes al cierre de

la investigación.

Si apreciamos, los requisitos de este requerimiento, en relación con el

contenido de la acusación penal, lógicamente son menores, pero el

literal b) del artículo 391 del CPP, establece que el fiscal debe tener

claro a esa altura, el hecho criminoso que le atribuye al imputado, con

indicación del tiempo y lugar de comisión y las demás circunstancias

relevantes, añadiendo el literal c) de la norma citada, que además

164


debe citarse la disposición legal infringida y por último, la exposición

de los antecedentes o elementos que fundamentaren la imputación,

según dispone la letra d) del citado artículo del CPP.

e) Es un verdadero juicio oral conocido por un tribunal

unipersonal, como es el juez de garantía, pero con tramitación

algo más simplificada que la del juicio oral propiamente tal, si es

que el imputado no admite la responsabilidad en los hechos

contenidos en el requerimiento y solicita la realización del juicio.

Otra de las características más sobresalientes de este

procedimiento simplificado, es que es un “mini” juicio oral, que se dará

en el evento de que el imputado o requerido, no admitiere su

responsabilidad en los hechos y decida ir a juicio. Previo a ello, no

obstante, habrá que preparar el juicio oral simplificado (Art. 395 bis

CPP) Este juicio oral simplificado será conocido por el mismo

Juzgado de Garantía. (Art. 396 CPP) En caso contrario, esto es, si el

imputado admite la responsabilidad en los hechos del requerimiento y

se niega a ir a juicio, el Juez fallará la causa con el sólo mérito de los

antecedentes del requerimiento (Art.395 CPP)

En consecuencia, si el imputado no acepta responsabilidad en los

hechos del requerimiento habrá un juicio oral simplificado; en caso

contrario, habrá un procedimiento simplificado propiamente tal,

ambos de competencia del Juez de Garantía.

164


Cabe precisar que en el procedimiento simplificado el imputado debe

aceptar su responsabilidad en los hechos del requerimiento; en el

procedimiento abreviado, en cambio, la aceptación ha de ser sobre los

hechos y antecedentes de la acusación. El tema no es menor,

porque la diferencia

f) Si existe juicio oral simplificado, se le aplican

supletoriamente las normas que regulan el juicio oral ordinario

El artículo 389 del CPP señala que supletoriamente, esto es, en

todo aquello no contemplado expresamente en este procedimiento, se

aplican las normas del Libro II de este Código, que no son otras que

las del juicio oral, pero el legislador agrega, “en cuanto se adecuen a

su brevedad y simpleza”.

Pudiésemos hablar de tres fases dentro del juicio oral: la primera

donde las partes hacen sus alegatos de apertura, la segunda, donde

ellos presentan la prueba y la tercera, donde concluyen con sus

alegatos de clausura.

En lo referente a las normas relativas a la incorporación de la prueba

del juicio oral, esto es, testigos y peritos, se sigue igual suerte en el

procedimiento simplificado, aplicándose el artículo 329 del CPP.

164


Con la finalidad de ilustrar lo señalado en relación al procedimiento

simplificado, se adjunta, a continuación, un modelo de requerimiento

en este tipo de procedimiento.

R.U.C. 0900311182-K

DENUNCIANTE / VÍCTIMA:

Cédula de Identidad:

Domicilio:

DENUNCIANTE / VÍCTIMA:


Domicilio:

CRISTIAN ALEJANDRO CAMPILLAY PALOMINIS

13.496.802-8

PASAJE LA ESTRELLA N° 14.820- LA PINTANA

ALEJANDRA FRANCISCA PALMA GONZÁLEZ

15.967.514-9

PASAJE LA ESTRELLA N° 14.820- LA PINTANA

IMPUTADO:


Domicilio:

ABEL JESUS PALMA GONZALEZ17.682.103-5

CALLE NACIMIENTO N° 14.905- LA PINTANA-

EN LO PRINCIPAL: SUSTITUCIÓN DEL

PROCEDIMIENTO;

164


PRIMER OTROSI: REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO

SIMPLIFICADO;

SEGUNDO OTROSI: TESTIGOS;

TERCER OTROSI: NOTIFICACIÓN.

SEÑOR JUEZ (A) DE GARANTÍA (15°)

ERIKA ALEJANDRA MAIRA BRAVO, Fiscal Adjunto de la Fiscalía de

Delitos de Violencia Intrafamiliar, Sexuales y Otros, de la Fiscalía Regional

Metropolitana Sur, domiciliada en Gran Avenida N° 3814, piso 2°, comuna de

San Miguel, en investigación Rol Único de Causa N° 0900311182-K, RIT N°

3179-2009, a US. respetuosamente digo:

De conformidad a lo señalado en el artículo 390

del Código Procesal Penal, vengo en dejar sin efecto la

formalización de la investigación, con el objeto de

proceder de acuerdo a las normas del procedimiento

simplificado.

POR TANTO: ruego a US tenerlo presente.

PRIMER OTROSÍ: Presento requerimiento de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 388 del Código Procesal Penal, en contra de

ABEL JESUS PALMA GONZALEZ, cédula nacional de identidad Nº

17.682.103-5, ignoro profesión u oficio, domiciliado en calle Nacimiento

164


N° 14.905, comuna de La Pintana; en atención a los antecedentes de

hecho y de derecho que expongo a continuación:

1.-RELACIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

El día 1 de Abril de 2009, alrededor de las 23:00 horas, en la intersección

de calle Los Jesuitas con Tierra Santa, comuna de La Pintana, el imputado

ABEL JESUS PALMA GONZALEZ, tras una discusión con Cristián Alejandro

Campillay Palominis, conviviente de su hermana y quien estaba acompañado

de ésta, Alejandra Francisca Palma González, procedió a amenazar al primero

diciéndole “ maricón culiao, te voy a pegar y te voy a matar” procediendo

además a amenazar a su hermana diciéndole “ que mirai maraca culia, te voy

a matar también” procediendo luego a tomar un palo y agredir con el mismo a

la víctima Cristián Campilay, causándole lesiones clínicamente menos graves.

2.-EL DERECHO Y DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS:

Los hechos anteriormente descritos constituyen DOS DELITOS DE

AMENAZAS NO CONDICIONALES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA

INTRAFAMILIAR, previsto y sancionado en el artículo 296 N° 3, en relación al

artículo 5° de la Ley 20.066 y UN DELITO LESIONES MENOS GRAVES EN

CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, previsto y sancionado en el

artículo 494 N° 5, en relación al artículo 399 del Código Penal y en relación al

artículo 5° de la Ley 20.066.

3.-CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL:

Respecto al requerido ABEL JESUS PALMA GONZÁLEZ, no concurren

circunstancias atenuantes ni agravantes de responsabilidad criminal.

164


4.-PARTICIPACIÓN CRIMINAL:

Al requerido le cabe participación en calidad de AUTOR, conforme al

artículo 15 N° 1 del Código Penal.

5.-GRADO DE DESARROLLO DEL DELITO:

El delito fundante de este requerimiento se encuentra en grado de

desarrollo CONSUMADO.

6.-EXPOSICIÓN DE ANTECEDENTES O ELEMENTOS:

1. Parte Denuncia N° 02060 de fecha 2 de Abril de

2009, de la 12° Comisaría de San Miguel, que da

cuenta de los hechos por los cuales se requiere al

imputado.

2. Declaración de la víctima CRISTIÁN ALEJANDRO

CAMPILLAY PALOMINOS , prestada en sede policial y

en el Ministerio Público, quien señala la forma en

que ocurrieron los hechos objeto del

requerimiento, en especial sobre la forma en que

el reauerido lo amenazó y agredió.

3. Copia simple de Dato de atención de urgencia N°

02131130 correspondiente a la víctima CRISTIÁN

ALEJANDRO CAMPILLAY PALOMINOS de fecha 02 de

Abril de 2009.

4. Declaración de la víctima ALEJANDRA FRANCISCA

PALMA GONZALEZ, prestada en el Ministerio Público,

164


quien señala la forma en que ocurrieron los

hechos objeto del requerimiento, en especial

sobre la forma en que el reauerido la amenazó y

agredió a su conviviente.

5. Acta de autorización de la víctima de fecha 15 de

Marzo de 2010.

6. Sentencia definitiva condenatoria por delito de

Homicidio, dictada con fecha 18 de Noviembre de

2009, en contra del requerido ABEL JESUS PALMA

GONZALEZ, en causa RUC 0801173370-1, RIT 8417-

2008, por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago.

7. Casos asociados en sistema SAF de fecha 22 de

Marzo de 2010.

8. Certificado de registro anteriores resgistrados en

sistema SAF de fecha 22 de Marzo de 2010.

9. Denuncia directa prestada en la Fiscalía en causa

ruc 0900707638, por el delito de Amenazas

seguida contra el imputado ABEL PALMA

GONZALEZ.

10. Certificado médico de Alejandra Palma

González de fecha 15 de Marzo de 2010, extendido

por el médico, CASANDRA LOBOS ALCAINO.

11. Exámen audiométrico de la víctima CRISTIÁN

CAMPILLAY PALOMINOS, de fecha 17 de

Septiembre de 2008, extendido por el médico

tratante Víctor López Espinoza del Hospital San

164


Borja Arriaran .

12. Exámen Funcional de 8° PAR CON ENG,

correspondiente a la víctima CRISTIÁN CAMPILLAY

PALOMINOS, de fecha 17 de Septiembre de 2008,

extendido por el médico tratante Víctor López

Espinoza del Hospital San Borja Arriaran.

13. Documento correspondiente a la víctima

CRISTIÁN CAMPILLAY PALOMINOS, extendido por

el médico Patricio Muñoz Vargas.

14. Informe psicológico de la víctima ALEJANDRA

PALMA GONZÁLEZ, correspondiente a la ficha

clínica N° 21185, extendido por la psicóloga SONIA

FLORES, con fecha 16 de Marzo de 2010.

15. Certificado de nacimiento de la víctima

ALEJANDRA PALMA GONZÁLEZ , emitido por el

Servicio de Registro Civil e Identificación.

16. Certificado de nacimiento del imputado , ABEL

JESUS PALMA GONZÁLEZ, emitido por el Servicio de

Registro Civil e Identificación.

17. Extracto de Filiación y antecedentes del

requerido, emitido por el Servicio de Registro Civil

e Identificación.

7.-SANCIÓN REQUERIDA:

El Ministerio Publico solicita que se condene al requerido ABEL JESUS

PALMA GONZÁLEZ, por DOS DELITOS DE AMENAZAS EN CONTEXTO DE

164


VIOLENCIA INTRAFAMILIAR y UN DELITO DE LESIONES MENOS GRAVES

EN CONTEXTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR A TRES PENAS DE 60

HORAS DE PRESTACIÒN DE SERVICIOS EN BENEFICIO DE LA

COMUNIDAD y accesorias del artículo 30 y del artículo 9 de la Ley

20.066: las de las letras b) c) y d) por un año, y costas.

POR TANTO : conforme a las disposiciones legales citadas y según lo dispuesto

en el artículo 388 y siguientes del Código Procesal Penal, PIDO A U.S. se

tenga por presentado requerimiento en procedimiento simplificado en contra

de ABEL JESUS PALMA GONZALEZ, ya individualizado, acogerla a

tramitación, citar a los intervinientes y testigos a juicio y ordenar la notificación

de la resolución que así lo declare en los términos del artículo 390 y siguientes

ya citados del Código Procesal Penal.

SEGUNDO OTROSI: Sírvase US. citar a la audiencia de juicio simplificado a los

siguientes testigos y peritos, presentados por la el Ministerio Público, bajo el

apercibimiento contemplado en el artículo 33 del Código Procesal Penal:

Testigos:

1.- CRISTIÁN ALEJANDRO CAMPILLAY PALOMINIS,

comerciante , domiciliado en pasaje La Estrella N°

14.820, comuna de La Pintana.

164


2.- ALEJANDRA FRANCISCA PALMA GONZALEZ , Secretaria ,

domiciliada en pasaje La Estrella N° 14.820, comuna de

La Pintana.

3.- CELIA ROSA PONCE RIFO , Carabinero, domiciliada

para estos efectos en la 12° Comisaría de San Miguel,

ubicada en Gran Avenida José Miguel Carrera Nº

03868, comuna de San Miguel.

TERCER OTROSI: Con la finalidad de dar cumplimiento al

artículo 27 del Código Procesal Penal, solicito a US.

disponer de la notificación a esta Fiscalía, domiciliada

en Gran Avenida José Miguel Carrera N° 3.814, vía

correo electrónico a la dirección [email protected]

con copia a [email protected].

3. - EL PROCEDIMIENTO MONITORIO.-

3.1.- Estatuto aplicable.-

164


El procedimiento monitorio se encuentra regulado en el libro IV,

Título I del Código Procesal Penal.

En efecto, el artículo 388 del citado cuerpo legal, nos indica que: El

conocimiento y fallo de las faltas se sujetará al procedimiento previsto

en ese título.

El procedimiento a aplicar no es, en principio, aquél que le da el

nombre al referido Título I del Libro IV. (Procedimiento Simplificado),

sino que debemos ir al artículo 392 CPP. en donde se regula

expresamente la materia.

Si bien, sabemos que el procedimiento monitorio se aplica a las faltas,

el inciso 1° del artículo 388 del CPP. , nos puede llevar a una

confusión en orden a entender que ciertas faltas se tramiten vía

procedimiento simplificado, ya que, la redacción del inciso 1° del

artículo 392 puede conducirnos a ello.

¿Por qué lo anterior? la respuesta es simple, por cuanto, el inicio de la

referida disposición consigna que: “ Tratándose de las faltas que

debieren sancionarse sólo con la pena de multa…”, se aplica lo

preceptuado en el artículo en comento.

Al respecto cabe precisar que después de la entrada en vigencia del

CPP, se dictaron disposiciones legales que derogaron las penas

privativas de libertad, léase prisión, a los hechos delictivos

164


constitutivos de faltas penales, estableciéndose únicamente penas

pecuniarias para estas infracciones punibles.

En suma, el procedimiento monitorio que regula el conocimiento y fallo

de las faltas, se contempla únicamente en el artículo 392 CPP.

Veremos más adelante, sin embargo, que en caso de reclamo de la

sentencia dictada en el contexto de un procedimiento monitorio, el

procedimiento se sustituye, reconduciéndose a las normas del

procedimiento simplificado.

3.2.- Tramitación.-

Una vez que el fiscal recibe una denuncia por un hecho

constitutivo de una falta penal, deberá presentar ante el Juez de

Garantía competente un requerimiento el que deberá contener las

menciones del artículo 391 del CPP y además : “una proposición sobre

el monto de la multa, que debiere imponerse al imputado”.

¿Quién presenta el requerimiento tratándose de las faltas que señala

el artículo 390 inciso 2° del CPP.? Las faltas que señala la referida

disposición son las indicadas en los artículos 494 N°5 y 496 N°11 del

Código Penal, esto es, la falta de lesiones leves y la injuria liviana

respectivamente.

164


De una primera aproximación al aludido artículo 390, la respuesta

pareciera ser sencilla: “sólo podrán efectuar el requerimiento las

personas a quienes correspondiere la titularidad de la acción conforme

a lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del CPP”. Es decir, el

personalmente ofendido por la lesión leve o el afectado por la injuria

liviana debería redactar un requerimiento en los términos del artículo

391 del CPP, además de impetrar una proposición sobre el monto de

la multa.

Analizando la disposición diremos que respecto de las lesiones leves,

en nuestro concepto, de una interpretación sistemática de la normativa

procesal penal, además de una lectura armónica e integral del inciso

2° del citado artículo 390 y del carácter técnico del requerimiento, se

ha entendido que le corresponde al fiscal confeccionar y presentar el

libelo en cuestión, como titular de la acción penal, siempre y cuando el

ofendido por el ilícito hubiere denunciado el hecho a la justicia, al

ministerio público o a la policía, de conformidad al prescrito en el

artículo 54 del CPP.

En relación con la falta del artículo 496 N°11 del Código del ramo, y

por los mismos argumentos indicados precedentemente, y en especial

por el tenor del artículo 55 letra B) y 400 del CPP, estimamos, que la

confección y presentación del requerimiento le corresponde a la

persona que le compete la titularidad de la acción, esto es, la afectado

por la injuria liviana, ya que, estamos en presencia de un ilícito de

acción penal privada, la cual –como sabemos- sólo podrá ser ejercida

por la víctima.

164


Siguiendo con la tramitación, una vez que el fiscal ha presentado el

requerimiento, y a su turno el juez lo estima suficientemente fundado,

como asimismo, la proposición relativa a la multa, deberá acogerlo

inmediatamente.

Esto es, una vez que el Juez de Garantía recibe en su despacho el

requerimiento escrito respectivo, cuenta con el plazo de veinticuatro

horas, para resolver la cuestión, según prescribe el artículo 38 del

CPP.

Sin embargo, se debe precisar que, al igual que en el procedimiento

simplificado, el requerimiento del fiscal puede ser también verbal, en la

audiencia de control de la detención, cuando se trate de imputados

sorprendidos en la comision de las faltas flagrantes que autorizan a la

detención. (Arts. 393 bis y 134 CPP)

3.3.- La resolución del Juez de Garantía.-

La resolución que acoge el requerimiento contendrá:

3.3.1.- La instrucción acerca del derecho del imputado de

reclamar en contra del requerimiento y de la imposición de la

sanción, dentro de los quince días siguientes a su notificación,

así como de los efectos de la interposición del reclamo.

El plazo se cuenta desde la notificación personal o conforme al artículo

44 CPC de la resolución al imputado, cuando el requerimiento se

presenta por escrito, porque como se dijo, existe la posibilidad de que

164


este requerimiento sea verbal, caso en el cual, el plazo se contará

desde la realización de la audiencia respectiva.

Respecto del reclamo que puede formular el imputado,

estimamos, que debe consistir en los términos que se establecen en el

inciso final del artículo 392, es decir: manifestando de cualquier modo

fehaciente, su falta de conformidad con el requerimiento, ya sea por

escrito o en forma verbal.

3.3.2.- ¿Cuáles son los efectos de la interposición del

reclamo?.-

El tribunal debe citar a una audiencia para los fines de los

artículos 394 y 395 CPP. En esta oportunidad, si el imputado acepta

responsabilidad en los hechos del requerimiento el juez fallará la

causa de inmediato; en caso contrario, procederá la preparación del

juicio oral simplificado y el posterior juicio.

La conclusión que surge es que éste es uno de los excepcionalísimos

casos, en que un procedimiento monitorio aplicable únicamente a las

faltas, se tramitará y se resolverá en definitiva en un juicio oral

simplificado, ante el juez de garantía.

3.3.3.- La instrucción acerca de la posibilidad de que

dispone el imputado en orden a aceptar el requerimiento y la

164


multa impuesta, así como los efectos de la interposición de la

aceptación.

Al respecto cabe consignar, que si el imputado acepta el

requerimiento y paga la multa impuesta dentro de los quince días

siguientes a la notificación de la sentencia, ella será rebajada en un

25%, expresándose el monto a enterar en dicho caso.

En el evento que transcurriere el plazo de quince días desde la

notificación de la resolución, sin que el imputado reclamare sobre su

procedencia o monto, se entenderá que acepta su imposición.

En dicho caso la resolución se tendrá, para todos los efectos legales,

como sentencia ejecutoriada. (Artículo CPP).

Comentando este último punto resulta sui generis, la naturaleza

jurídica de la resolución que se pronuncia sobre el requerimiento, en el

sentido de estar sujeta a una condición suspensiva, antes de adquirir

el carácter de sentencia ejecutoriada.

Como actitud final que puede asumir el imputado vemos que también

puede manifestar su falta de conformidad el monto de la multa

impuesta, es decir, si lo encuentra excesivo en relación con el

menoscabo pecuniario irrogado con el ilícito.

3.4.- Finalmente el inciso final del comentado artículo 392

del CPP, regula las hipótesis que operan, cuando es el Juez de

164


Garantía, quien no considera suficientemente fundado el

requerimiento o la multa propuesta por el fiscal.

En estos casos, al igual que en las situaciones de reclamos del

imputado, se proseguirá con el procedimiento en la forma prevista en

los artículos siguientes, esto es, el tribunal debe llamar a los

intervinientes a una audiencia para los fines de los artículos 394 y 395

CPP.

Cabe expresar que este pronunciamiento lo manifiesta el juez en una

resolución –que como ya dijimos- debe ser dictada antes de las

veinticuatro horas siguientes a la recepción del requerimiento.

A fin de ilustrar lo señalado precedentemente, se reproduce, a

continuación, una solicitud de requerimiento en procedimiento

monitorio y la sentencia que incide en él. Veamos:

EN LO PRINCIPAL: REQUERIMIENTO DE PROCEDIMIENTO MONITORIO;

OTROSI: NOTIFICACION

S. J. G. (15°)

OSVALDO MONTERO RODRIGUEZ, Fiscal Adjunto del Ministerio

Público, con domicilio en Gran Avenida N°3814, comuna de San Miguel, en

causa RUC Nº 1000267665-1, con el debido respeto digo:

164


Formulo requerimiento de conformidad a lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Penal, en contra de GABRIEL EDGARDO ALVARO ALVARO, chileno, 55 años, R.U.N. Nº 7.543.741-2, quien previamente apercibido conforme al artículo 26 del Código Procesal Penal fijo su domicilio en Del Sembrador N° 2227, comuna de La Pintana, Santiago; por la participación que le corresponde en la falta prevista y sancionada en el artículo 494 Bis del Código Penal, en calidad de autor y en grado de frustrado, en atención a los antecedentes de hecho y de derecho que a continuación expongo:

1.- Los Hechos:

El día 22 de Marzo de 2010, a las 11:40 hrs. aproximadamente, el

guardia de seguridad del Supermercado Líder de la comuna de San

Ramón, sorprendió al imputado ya antes mencionado en los momentos

en que ocultó entre sus vestimentas las siguientes especies: "2 (dos)

Agorex, marca Pattex", avaluadas en $3.798.- (tres mil, setecientos

noventa y ocho pesos), para posteriormente traspasar una de las cajas

registradoras de dinero sin cancelarlas, motivo por el cual fue detenido y

entregado bajo acta a carabineros.

2.- calificación Jurídica:

Los hechos precedentemente descritos, en concepto del Ministerio Público, constituyen la falta prevista y sancionada en el artículo 494 Bis del Código Penal, en grado de Frustrado, correspondiéndole al requerido la calidad de autor.

3.- Circunstancias Modificatorias de Responsabilidad Penal:

A juicio de esta Fiscalía no concurren circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal.

4.- Imputación:

A juicio de esta Fiscalía, la imputación que se hace al imputado ya individualizado se fundamenta en los antecedentes y elementos que a continuación se indican:

164


1. Parte policial N° 1360, de fecha 22 de Marzo de 2010, de la 31°

Comisaría de Carabineros de San Ramón, que da cuenta de los

hechos, declaraciones de testigos, especies sustraídas y avalúo de

las mismas.

2. Declaración voluntaria de denunciante .

3. Acta de Preexistencia, dominio, reconocimiento, avalúo y

devolución de especies.

4. Acta de entrega de imputado por civiles.

5. Acta de apercibimiento conforme al 26 del Código Procesal Penal.

6. Copia de boleta/factura que especifica el precio de venta de los

productos sustraídos.

7. Fotografía de los productos sustraídos.

Copia simple del extracto de filiación del imputado.

4.- Proposición de multa:

De los antecedentes expuestos, esta Fiscalía propone la imposición de una multa de UNA UNIDAD TRIBUTARIA MENSUAL, sin perjuicio de las costas que, según lo dispuesto en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal, sean de cargo del condenado.

POR TANTO, conforme a las disposiciones citadas y según lo dispuesto

en el artículo 392 del Código Procesal Penal,

PIDO A US: se tenga por presentado requerimiento en procedimiento

monitorio en contra del imputado ya individualizado, acogerlo de inmediato y

ordenar la notificación de la resolución que así lo declare en lo términos del

artículo 392 ya citado.

OTROSI: RUEGO A V.S., disponer la notificación a esta Fiscalía, vía correo

electrónico a la dirección frms [email protected]

OSVALDO MONTERO RODRÍGUEZ

mailto:frms%1F%[email protected]

164


RUC N° 1000267665-1. RIT N° 1678 - 2010.

Materia: Hurto falta (494 bis codigo penal)..

Fiscal: FISCAL GENERICO TRIBUNAL 1234.

Imputado: GABRIEL EDGARDO ALVARADO ALVARADO RUN: 0007543741-2Domicilio: Calle DEL SEMBRADOR Nº 2227, La Pintana..

Multa: 1 U.T.M. Si paga dentro de 15 días: 0,75 U.T.M. suspendida

Santiago, veintinueve de marzo de dos mil diez.-

A todo lo pedido: que el requerimiento se encuentra suficientemente fundado, al igual que el monto de la multa propuesta, por lo que teniendo presente, además, lo dispuesto en los artículos 391 y 392 del Código Procesal Penal, se declara:

I.- Que se condena, sin costas, al requerido como autor de la falta señalada, cometida en esta jurisdicción, en la fecha indicada en el requerimiento, al pago de la multa propuesta a beneficio fiscal.

La multa impuesta deberá pagarse en pesos en el equivalente que tenga la referida Unidad en el momento de su pago, en la Tesorería de la Ilustre Municipalidad del lugar de comisión. Para mayor información dirigirse al mesón de atención de público de este Tribunal. Si la multa es pagada dentro de los 15 días siguientes a la notificación del imputado, ella será rebajada en un 25%.

II.- Si no se pagase la multa impuesta, el requerido sufrirá por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión, regulándose un día por cada un quinto de Unidad Tributaria Mensual a que ha sido condenado, sin que ella pueda exceder de seis meses.

III.- Instrúyase al imputado en el acto de su notificación que le asisten los siguientes derechos:

a.- Aceptar el requerimiento y la multa impuesta en cuyo caso se entenderá ejecutoriada esta sentencia. Lo mismo ocurrirá en el evento de que no interponga reclamo dentro del plazo de quince días.

b.- Reclamar en contra del requerimiento y de la sanción que le ha sido impuesta en el término referido en la letra precedente, evento en el cual se continuará el juicio de acuerdo a las normas del procedimiento simplificado.

En su oportunidad certifíquese la ejecutoriedad de la presente sentencia.

164


Estimando que en la especie concurren antecedentes favorables que no hacen aconsejable la imposición de la pena al imputado, consistentes en la naturaleza de las especies materia de la sustracción y menor extensión del daño causado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 398 del Código Procesal Penal, se suspende la pena impuesta y sus efectos por el término de 6 meses, transcurrido el cual, sin que el requerido sea objeto de un nuevo requerimiento o de una formalización de investigación , se dejará sin efecto la sentencia y en su reemplazo se decretará el sobreseimiento definitivo de la causa.

Notifíquese por correo electrónico al Ministerio Público, por carta simple a la víctima si es que fuere procedente y personalmente al imputado.

Resolvió doña MARIA ANGELICA ROSEN LOPEZ, Juez del 15º Juzgado de Garantía de Santiago.

163Apuntes para el CURSO DE DERECHO PROCESAL PENAL. Facultad de Derecho U. UCINF; Profesores: IARA BARRIOS MELO / JAIME SALAS ASTRAIN

4. - PROCEDIMIENTO POR DELITO DE ACCIÓN PENAL

PRIVADA.

(Título II del Libro IV, artículos 400 a 405 del CPP.)

4.1.- Ámbito competencial

Los delitos de acción privada están indicados en el artículo

55 CPP; a saber:

la calumnia y la injuria;

La falta del artículo 496 N°11 CP

la provocación a duelo y el denuesto o descrédito público

por no haberlo aceptado;

y el matrimonio del menor llevado a efecto sin el

consentimiento de las personas designadas por la ley y

celebrado de acuerdo con el funcionario llamado a

autorizarlo.

Sin embargo, la dictación de la ley N°19.806, de fecha 31

de mayo de 2002: “Sobre Normas Adecuatorias del Sistema

Legal Chileno a la Reforma Procesal Penal”, incorporó en su

artículo 39 un gran contingente de ilícitos de frecuente ocurrencia

en el tráfico jurídico comercial, a saber:


los delitos que deriven del giro del cheque efectuado por un

librador que no cuente de antemano con fondos o créditos

disponibles suficientes en su cuenta corriente, que hubiere

retirado los fondos disponibles después de expedido el

cheque o hubiere girado sobre cuenta corriente cerrada.

Por lo tanto, las acciones penales que dimanen de las

referidos despliegues defraudatorios, se sujetarán a la

tramitación del Título II del Libro IV del CPP.

4.2.- Tramitación de este Procedimiento.-

El procedimiento se inicia sólo con la interposición de la

querella por la persona habilitada para promover la acción penal,

ante el Juez de Garantía competente. La persona habilitada no es

otra que la víctima del delito y sabemos que para los efectos del

código, reviste tal carácter el ofendido por el hecho punible.

(Artículos 55, 108 y 400).

La querella debe cumplir con los requisitos de los artículos 113 y

261 del CPP.

Como primera aproximación al tema, vemos que las exigencias

materiales y formales que la ley dispone para la interposición

querella son elevadas.

En efecto, si concordamos las mencionadas disposiciones, el

escrito deberá contener:


a).- El nombre, apellido, profesión u oficio del querellante;

b). - El nombre, apellido, profesión u oficio y residencia del

querellado, o una designación clara de su persona.

Estimamos que si se ignoraren dichas determinaciones, no se

puede deducir querella para que se proceda a la investigación del

delito y el castigo de él o de los culpables, según lo permite el

propio artículo 113 letra c) parte final del CPP., por cuanto, en la

tramitación de los delitos de acción privada el ministerio público

se sustrae completamente de la dirección exclusiva de la

investigación de los hechos constitutivos de delito, los que

determinaren la participación punible y los que acreditaren la

inocencia del imputado.

Además creemos que existe una razón de texto que obliga a la

individualización pormenorizada del querellado, ya que de otra

forma no se entiende que la ley en el artículo 400 inciso 2°

imponga al querellante la obligación de acompañar una copia de

la querella por cada querellado a quien la misma debiere ser

notificada;

Sin embargo, existe algún fallo de la E. Corte Suprema que ha

establecido la posibilidad de deducir querella en contra de

imputados indeterminados.

c).- La relación circunstanciada del hecho, con expresión del

lugar, año, mes, día y hora en que se hubiere ejecutado, si se

supieren.


Este requisito no es más que la manifestación legal de cumplir

con la garantía procesal del juez natural y evitar conflictos de

competencia. (Artículos: 2, 113 letra d), 400 y 483 CPP.)

d).- La expresión de diligencias determinadas cuya práctica se

solicitare al juez de garantía destinadas a precisar los hechos que

configuran el delito de acción privada.

Como vemos el artículo 400 inciso 3° del CPP, entrega una

facultad tanto al querellante para impetrarlas, como al Juez para

decretarlas, en relación a algunas diligencias destinadas a

precisar los hechos que eventualmente configurarían el delito de

acción privada.

Como se recordará, el ministerio público es el titular de la acción

penal pública y además, de los delitos de acción pública previa

instancia particular, con lo que, una vez iniciado el procedimiento,

éstos se tramitan de acuerdo con las normas generales relativas

a los delitos de acción penal pública.

Sin embargo, respecto de los delitos de acción privada el impulso

procesal le corresponde a la víctima del hecho y el órgano

jurisdiccional (Juez de Garantía) está facultado para disponer la

practica de diligencias investigativas, con el fin de precisar los

hechos.

Este último punto resulta difícil de comprender y asimilar, ya que,

como indicaremos más adelante al analizar los restantes

requisitos de la querella, al parecer, el supuesto que consigna el

artículo 400 inciso 3° del CPP., sería de escasa o problemática

aplicación, es decir, sería excepcional que Juez de Garantía

decrete actuaciones investigativas.


e). - Plantear una calificación jurídica de los hechos, forma de

participación del querellado y solicitud de pena. (Artículo 261 letra

A).

Al apreciar esta exigencia, vemos que esta querella de la víctima,

que da inicio a la tramitación pertinente se asemeja más bien a

una acusación particular que formula el querellante, reuniendo a

su respecto casi los mismos requisitos de la acusación que

efectúa el ministerio público, allá en el artículo 259 CPP.

f).- Ofrecer prueba que estimare necesaria para sustentar su

querella. (artículo 261 letra C).

En suma, lo que técnicamente efectúa el querellante es una

manifestación de cargos, con todo lo que ello implica, es decir,

presentar el libelo que provoca el emplazamiento al juicio.

A nuestro entender, únicamente la ley le asigna el nombre de

querella –siendo en sentido técnico una acusación-, por cuanto le

asiste a este interviniente la posibilidad de solicitar diligencias, lo

que resulta del todo incompatible con una acusación.

En el evento –como se indicó- de que el Juez de Garantía decrete

las diligencias con el fin de aclarar los hechos que configuran el

delito, y luego las mismas se cumplan, el tribunal citará a la

audiencia de juicio. (Artículo 400 inciso 3° CPP.)


4.3.- Desistimiento de la querella.-

Si el querellante se desiste de la querella se decretará el

sobreseimiento definitivo en la causa y el querellante será

condenado al pago de las costas (artículo 401). La norma es

lógica, en el sentido de que si el único titular que sustenta en este

caso la acción penal privada manifiesta expresamente su

renuncia a la misma, se termina la causa, mediante un

sobreseimiento definitivo. Lo anterior no es más que el estatuto

general de las acciones que regula el CPP. en el Párrafo1° del

Título III, del Libro I, esto es, que la acción privada se extingue

por la renuncia de la persona ofendida, según prescribe el artículo

56 del CPP.

En relación a la condena al pago de la costas de la causa, que se

origina a raíz de la referida manifestación, también se aplican en

este caso las reglas generales que nos entrega el código en el

Título II del Libro I, sobre la Actividad Procesal, en el sentido de

que toda resolución que pusiere término a la causa deberá

pronunciarse sobre el pago de las costas del procedimiento.

Además, el querellante soportará las costas que su intervención

como parte hubiere causado, cuando abandonare la querella y en

los casos en que el imputado fuere sobreseído definitivamente, la

parte querellante será condenado en costas. ( Artículos 45, 47 y

48 del CPP.) Sin embargo, existe una situación procesal por la

cual el querellante puede eximirse del pago de las costas de la


causa, que opera cuando el desistimiento obedece a un acuerdo

con el imputado.

La tramitación de la acción privada dispone en el inciso 2° del

artículo 401que una vez iniciado el juicio no se dará lugar al

desistimiento de la acción, si el querellado se opusiere a él.

Por su parte el artículo 64 le reconoce la facultad a la víctima de

desistirse de su acción en cualquier estado del procedimiento.

Lógicamente el desistimiento del libelo incriminatorio dejará a

salvo el derecho del querellado para ejercer, a su vez, la acción

penal o civil a que dieren lugar la querella o acusación

calumniosa, y a demandar los perjuicios que le hubiere causado

en su persona o bienes, según prescribe el artículo 119 del CPP.

La pregunta que surge, es ¿Porqué una vez iniciado el juicio no

se da lugar al desistimiento de la acción, si el querellante se

opusiere a él?

Creemos, que las respuestas son las siguientes:

Por una parte, al no existir el ministerio público en esta

tramitación que ejerza la acción penal, el desistimiento del

querellante obviamente no produce los mismos efectos que se

consignan en la tramitación de la acción penal pública y de previa

instancia particular, por cuanto, en estos casos, existirá siempre

este órgano constitucional que proseguirá con el ejercicio de la

acción.

Por su parte no olvidemos que estamos en un juicio ya iniciado, y

en el cual la parte querellada se opone al desistimiento, esto es,

en la especie existe un conflicto de relevancia jurídica que es de


competencia del juez de garantía, ante lo cual, por el principio de

la inexcusabilidad no puede dicha autoridad excusarse de

ejercer su autoridad.

La inasistencia del querellante a la audiencia del juicio producirá

el abandono de la acción privada.

En este caso el tribunal, deberá de oficio o a petición de parte,

decretar el sobreseimiento definitivo de la causa.

Sobre el particular, es de toda lógica que si la parte que sostiene

la acción no se apersone injustificadamente a la audiencia de

juicio, se ponga término al proceso.

Además el referido precepto que se consigna en el artículo 402

inciso 1° del CPP, no es otra cosa, que regular una situación que

el cuerpo de leyes en comento, ya previó en otras audiencias que

se celebran ante el juez de garantía.

En efecto, el artículo 132 inciso 1° del CPP. consigna que: a la

primera audiencia judicial del detenido deberá concurrir el fiscal.

La ausencia de éste dará lugar a la liberación del detenido. Por su

parte el artículo 120 del cuerpo de leyes en comento en su letra c)

señala que: El tribunal, de oficio o a petición de cualquiera de los

intervinientes, declarará abandonada la querella por quien la

hubiere interpuesto, cuando no concurriere injustificadamente a la

audiencia del juicio oral.

Analizando el artículo 402 del CPP, vemos que estipula una

facultad excepcional que se le encomienda al juez de garantía,

cual es, el de proceder de oficio, cuando constata la inasistencia


de la parte querellante, debiendo decretar el sobreseimiento

definitivo.

De la lectura del mencionado artículo se desprende que dicha

resolución la debe adoptar el juez de garantía, cuando, además,

constate la inactividad del querellante en el procedimiento por

más de treinta días, entendiendo por tal la falta de realización de

diligencias útiles para dar curso al proceso que fueren de cargo

del querellante.

Creemos, que la redacción es clara y no admite ambigüedades,

entendiendo la expresión útil, como toda actuación del

querellante, destinada a obtener un provecho o servicio para el

cabal desarrollo y término del juicio. Por ejemplo, que en

atención al domicilio indicado en la querella no se lograra

emplazar válidamente a juicio al querellado, por inexistencia del

mismo, o ser inexacto, en nuestro concepto, será una diligencia

útil, aquélla destinada a proporcionar al tribunal, por la parte

querellante un nuevo domicilio, en donde disponer un nuevo

emplazamiento.

Lo mismo se observará si, el querellante fallece o cae en

incapacidad y sus herederos o representante legal no concurren a

sostener la acción en el plazo de noventa días.

No olvidemos que la resolución que decreta el sobreseimiento

definitivo de la causa, es impugnable mediante el recurso de

apelación, según las reglas generales. (artículo 370 letra a) CPP.)


4.4. - La Audiencia de juicio de acción penal privada.

(Análisis de los artículos 403, 404 y 405 del CPP.)

Sabemos que una vez interpuesta la querella por la persona

habilitada para promover la acción penal, el tribunal debe citar a

los intervinientes a una audiencia. La primera pregunta que surge,

es respecto al plazo que debe fijar el tribunal.

Estimamos, que el Juzgado de Garantía debe disponer la

notificación al querellado y emplazará a todos las partes al juicio,

el que no podrá tener lugar antes de veinte ni después de

cuarenta días, contados desde la fecha de la resolución

convocatoria.

El querellado deberá ser notificado con, a lo menos, diez días de

anticipación a la fecha de la audiencia, debiendo ser citado con el

apercibimiento personal del artículo 33 del CPP.

Lo anterior no es más que la aplicación del artículo 405 del

cuerpo de leyes en estudio, que se remite supletoriamente, en lo

que no proveyere el Título II del Libro IV (“Procedimiento por

Delito de Acción Privada) al Título I del Libro IV (“Procedimiento

Simplificado”).

El tribunal, además, debe designar en la resolución que llama a

audiencia a un defensor penal público, sin perjuicio, del derecho

que le asiste al querellado de designar a uno o más defensores

de su confianza.


A la audiencia el querellante y querellado podrán

comparecer en forma personal o representados por mandatario

con facultades suficientes para transigir.

Sin embargo, deberán concurrir en forma personal, cuando el

tribunal lo disponga.

Estimamos que para un mejor desarrollo de la audiencia y por

economía procesal, siempre el tribunal debiera ordenar la

comparecencia personal del imputado, ya que, en el evento de

que no prospere una conciliación u otra salida alternativa, debe

llevarse adelante el juicio, aplicándose –como se dijo- el artículo

405 que nos remite supletoriamente al Título I del Libro IV, en

cuyo articulado, encontramos el artículo 395 del CPP. sobre:

“Resolución inmediata”, que exige la presencia personal del

imputado, antes de llevar a cabo el juicio.

Como lo indica el artículo 404 CPP es un trámite inicial del juicio

el llamado del tribunal a una conciliación entre las partes o a

buscar un acuerdo que ponga término a la causa, por ejemplo, un

acuerdo reparatorio.

Por su parte, la ley regula expresamente que, tratándose de los

delitos de calumnia o de injuria, se otorgará al querellado la

posibilidad de dar explicaciones satisfactorias de su conducta.

Una vez producido y verificado el acuerdo, el tribunal debe dictar

sobreseimiento definitivo y total en la causa, por la causal del

artículo 250 letra e) del CPP., esto es, cuando sobreviene un


hecho que, con arreglo a la ley, pusiere fin a la responsabilidad

del querellado.

En el evento de que no se produzca un acuerdo se aplicarán los

artículos 394 y 395 CPP, siguiendo la tramitación del indicado

Título I del Libro IV, es decir, se verifica un procedimiento o juicio

simplificado, según sea que exista o no aceptación de parte del

querellado, siendo únicamente inaplicable la suspensión de la

pena y sus efectos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo

405 del CPP.

4.5.- La acción civil en el procedimiento por delito de

acción privada

Respecto a este punto creemos que en este procedimiento

se rompe el principio informador del CPP., esto es, la

independencia de la acción civil respecto de la acción penal, el

cual se enuncia en el artículo 67 y que se manifiesta en

numerosas instituciones, a saber: Juicio oral (68 inciso final)

Principio de oportunidad (artículo 170 inciso final) Suspensión

condicional del procedimiento (art. 237 inciso final y 240 inciso

1°). Procedimiento simplificado (art. 393 inciso 2° y 398 inciso

final) y Procedimiento Abreviado ( art. 412 inciso final).

En efecto, por una parte resulta improcedente la interposición de

la acción civil en este procedimiento, según la remisión a las

normas del juicio simplificado, y por la otra hay que tener

presente lo dispuesto en el artículo 66 del CPP. P., es decir:


cuando sólo se ejerciere la acción civil respecto de un hecho

punible de acción privada, se considerará extinguida, por esa

circunstancia, la acción penal.

Creemos que es distinto el supuesto, cuando se ejerce en primer

término la acción penal y luego la pretensión civil, siendo esta

acción procedente y debiendo el tribunal de garantía pronunciarse

sobre la querella interpuesta.

En todo caso, la satisfacción de la acción civil, que no sea la

meramente restitutoria, es improcedente en este procedimiento,

razón por la cual, una eventual acción indemnizatoria o

reparatoria habrá de ser ejercida ante la justicia civil, con la

limitante ya expuesta más arriba.


CAPITULO VI

SISTEMA DE RECURSOS EN EL PROCESO PENAL

El sistema de enjuiciamiento criminal hizo importantes

modificaciones al sistema tradicional de recursos vigente durante

el antiguo Código de Procedimiento Penal, lo que permitió

imprimir una mayor celeridad a la tramitación de las causas

penales, evitando en gran medida la actividad procesal de parte

dirigida a dilatar el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

En consecuencia, a continuación se intentará caracterizar el

nuevo estatuto recursivo, señalando cuáles son verdaderamente

las novedades que se introdujeron, recordando aquellas ideas

que se conservan del sistema que se abandonó, para finalizar

con un breve análisis de los recursos aplicables al actual proceso

penal.

I. - CARACTERISTICAS DEL NUEVO SISTEMA DE

RECURSOS


1.1. - Coherencia con los Principales Principios que Informan

al Nuevo Proceso Penal.

El sistema de recursos consagrado en el Código Procesal Penal

se hace cargo de los principios que sustentan al juicio mismo,

como son los de oralidad (arts. 266 y 291) y de inmediación (arts.

266 y 296). Esto que parece obvio, no lo es tanto cuando se

estudia la génesis del nuevo Código. En efecto, el proyecto

original consideraba prácticamente el mismo sistema de recursos

que se abandona, al punto que, siguiendo a Enrique TAPIA

WITTING "... la mayoría de las resoluciones judiciales, eran

impugnables por los recursos legales..." Esto sin duda no era

coherente con el principio de oralidad en virtud del cual una

sentencia "... sólo puede fundarse en el material proferido

oralmente, es decir, cuando los actos procesales se efectúan de

viva voz..." Tampoco lo era con el principio de inmediación, según

el cual ha de existir un "... contacto directo de los jueces con la

prueba que se rinde en el proceso y con los intervinientes en

éste." Pues bien, ahora la regla general es que se debatan

oralmente en audiencia pública y que la eventual prueba que a

rendirse con ocasión de los mismos, debe hacerse conforme a las

reglas que rigen su recepción en el juicio oral.

1.2. - Reducción del número de Recursos y de las

Resoluciones Recurribles.


La principal crítica que se levantó respecto del sistema antiguo,

es que "... funcionaba sobre la base de un muy intenso sistema

de controles verticales, en el que prácticamente todas las

decisiones de relevancia que un juez del crimen adoptaba eran

objeto de revisión, incluso sin reclamación de parte, por sus

superiores jerárquicos." Sobre esta base, es posible sostener,

que una de las principales características del nuevo sistema es la

reducción del número de recursos deducibles, toda vez que se

elimina la casación en la forma y la casación en el fondo y

aunque no son propiamente medios de impugnación de parte, la

consulta y algunas prerrogativas del tribunal ad quem en orden a

revisar y reformar las actuaciones del tribunal a quo. Es verdad

que el artículo 149 CPP modificado el año 2008 por la ley 20.253

introdujo un supuesto que en alguna medida podría asimilarse a

la antigua consulta, pero, aún así, el sistema disminuye

notablemente la fiscalización vertical de los tribunales superiores.

Asimismo, se reducen el número de resoluciones que pueden ser

recurridas, como por ejemplo al disponer la ley, que serán

siempre inapelables las resoluciones dictadas por un Tribunal

Colegiado o que no procede recurso alguno en contra de las

resoluciones que recaen en incidentes promovidos en el

transcurso de la audiencia del juicio oral. En síntesis, a diferencia

del actual el sistema antiguo está construido más bien sobre la

fórmula de numerus apertus, como deja de manifiesto, a modo de

ejemplo, el art. 54 bis inc. 2° del antiguo Código de Procedimiento

Penal (CPP) al señalar que son apelables también las demás

resoluciones que en general "... causen gravamen irreparable."


1.3. - Mayor Regulación Orgánica.

Hasta ahora no existía en materia penal una regulación

sistemática de los recursos. Es así como, tanto el recurso de

reposición como el de aclaración, rectificación o enmienda,

apelación, de hecho y parte del de casación, estaban regulados

en las disposiciones generales del Libro I del Código de

Procedimiento Penal; la apelación en sí de la sentencia definitiva

penal en un título especial de su Libro II, sin perjuicio que le son

aplicables de manera subsidiaria, entre otras, las normas sobre

apelación civil; la casación forma y fondo por normas del Código

de Procedimiento Penal como del Código de Procedimiento Civil

(CPC); sin dejar de mencionar que el recurso de queja se

encuentra regulado en el Código Orgánico de Tribunales (COT) y

de otras normas de rango constitucional que regulan a su vez el

amparo y el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad.

Pues bien, lo cierto es que hoy el Código Procesal Penal ofrece

una mayor regulación orgánica, ya que los recursos son tratados

en general y en particular en un libro especialmente concebido

para regular esta materia (Libro III).

1.4. - Debilitamiento de la idea de doble instancia.

En efecto, si bien la apelación se mantiene con relativa fuerza en

el Código Procesal Penal, lo cierto es que ésta "... en cuanto

recurso que se puede interponer sin explicitar el gravamen que se

imputa a la resolución..., deja de constituir el medio de

impugnación que procede por regla general contra toda clase de

decisiones." En consecuencia, "... como los elementos


probatorios han sido suministrados oralmente, su exacta

reproducción en una nueva instancia es imposible, y por lo mismo

resulta imposible corregir posibles errores en que se haya

incumplido en la instancia y como esta posibilidad de corrección

es de la esencia de la apelación, ella no puede darse y por ende

tampoco el recurso". Así las cosas, la apelación, el recurso que

por excelencia hace efectiva la doble instancia, ya no procede en

contra de la sentencia definitiva penal, lo que es de toda lógica si

pensamos que por regla general, ésta será además dictada por

un tribunal colegiado, como es el Tribunal del Juicio Oral en lo

Penal, lo que reduce el riesgo de errores en la apreciación de la

prueba que se rinda ante él y en la dictación misma del fallo.

II. - GENERALIDADES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE

RECURSOS. PRINCIPALES INNOVACIONES

2.1. - Sobre la facultad de recurrir (art. 352 CPP)

A diferencia del sistema anterior, hoy se indica exclusivamente

a los "intervinientes", definidos en el art. 12, como únicos

sujetos legitimados activamente para recurrir en contra de las

resoluciones judiciales, en la medida que, adicional y

copulativamente resulten "agraviados" por ellas. El agravio

como tal no sufre modificaciones, por tanto se entiende que

este concurre cuando no se obtiene todo o parte de lo que se

ha pedido en juicio.


2.2. - Sobre los casos expresamente establecidos por la

ley (art. 352 CPP)

Este requisito de procedencia, en nuestra opinión es una

materia de derecho estricto, que permite de paso concluir que

el sistema actual se construye a diferencia del anterior sobre la

fórmula de numerus clausus.

2.3. - Sobre la renuncia y desistimiento de los recursos

(art. 354 CPP)

La única innovación en este aspecto es que se incorpora una

disposición a favor del imputado, que impide al defensor

renunciar a la interposición de un recurso o desistirse de él sin

mandato expreso de aquél.

2.4. - Sobre el efecto de la interposición de recursos.

El art. 355 CPP establece que los recursos, por regla general,

serán concedidos sólo en el efecto devolutivo, salvo en cuanto

se impugnare una sentencia definitiva o la ley dispusiere

expresamente lo contrario.

2.5. - Sobre la vista de la causa (art. 357 CPP)


Aquí se produce una importante modificación al sistema

antiguo, puesto que no puede suspenderse la vista de

recursos penales invocando las causales previstas en los

numerales 1, 5, 6 y 7 del art. 165 del CPC.

2.6. - Sobre las reglas generales de vista de los recursos.

A partir del art. 358 CPP, es posible señalar que las

principales innovaciones son las siguientes: la vista se efectúa

en audiencia pública; se suprime la "relación", por tanto el

tribunal toma conocimiento de los fundamentos y de las

peticiones del recurso con las exposiciones orales de los

intervinientes; la sentencia debe pronunciarse en lo posible en

el mismo día de su vista; y, el voto disidente debe ser

redactado por su autor.

2.7. - Decisiones de los Tribunales a propósito de la

interposición de los recursos.

Aquí radica una de las principales innovaciones respecto del

antiguo sistema procesal penal como consecuencia del espíritu

garantista que informa al Código Procesal Penal. En efecto, el

art. 360 CPP impide fallar extra y ultra petita. Pero además, la

misma norma prohíbe la reformatio in peius al señalar en su

inc. final que "Si la resolución judicial hubiere sido objeto de

recurso por un solo interviniente, la Corte no


podrá reformarla en perjuicio del recurrente." La reformatio in

peius, o reforma en perjuicio o reforma peyorativa, es aquella

regla impuesta al órgano jurisdiccional que conoce de un

recurso para impedir que haga más gravosa la condena o

restrinja las declaraciones más favorables de la sentencia de

primera instancia, en perjuicio del recurrente.

2.8. - Sobre las Normas supletorias (art. 361 CPP)

En esta oportunidad y como reflejo de los nuevos principios

que inspiran al Código Procesal Penal, los recursos se regirán

supletoriamente, como se ha dicho, por las reglas del juicio

oral.

III. - RECURSOS APLICABLES AL PROCESO PENAL

Lo que se sintetizará tiene que ver con los medios de

impugnación expresamente establecidos en el Código Procesal

Penal, con excepción del de hecho que no sufre modificaciones,

pero bien podría hacerse un capítulo especial respecto de

recursos aplicables que se mantienen en otros cuerpos legales,

como son los de aclaración, rectificación o enmienda, el de queja,

o el de inaplicabilidad por inscontitucionalidad.

3.1. - Recurso de REPOSICION (arts. 362 y 363 CPP)


Su estructura no difiere de la reposición que regula el art. 56 del

CPP. La novedad se encuentra, debido a las nuevas exigencias,

en que el Legislador distinguió entre la reposición de resoluciones

dictadas fuera o al interior de audiencias orales. En el primer caso

la tramitación no difiere de la anterior, salvo en cuanto el Tribunal

antes de pronunciarse puede decidir oír previamente a los

intervinientes según lo exija la complejidad del asunto. En el

segundo caso, debe promoverse tan pronto se dictare la

resolución y sólo será admisible, en la medida que ésta se

hubiere pronunciado sin debate previo. La tramitación se

efectuará verbalmente y de la misma manera se pronunciará el

fallo.

3.1. a. - Resoluciones en contra de las que procede el Recurso de

Reposición: 1. - Sentencias interlocutorias, autos o decretos

dictados fuera de audiencias (art. 362); 2. - Las pronunciadas

durante el desarrollo de audiencias orales, que aunque la norma

no lo diga, obviamente debe tratarse de sentencias

interlocutorias, autos o decretos (art.363); 3. - La que declare

inadmisible el recurso de nulidad (art. 380).

Llama la atención que en materia procesal penal no hay

desacimiento del tribunal, ya que cabe la reposición respecto de

las sentencias interlocutorias.

3.2. - El Recurso de Apelación.


Con el nuevo sistema, las posibilidades de recurrir de apelación

son limitadas. Por lo pronto, ya no procede en contra de

resoluciones dictadas por tribunales orales en lo penal. No

obstante, este es uno de los recursos expresamente regulados en

el Código Procesal Penal, que como hemos dicho, se construye

sobre la fórmula de numerus clausus, es decir, sólo procede en

los casos expresamente establecidos por la ley. Han quedado

erradicados, en consecuencia, aparte de las menciones ya

hechas, cuestiones incompatibles con el nuevo sistema, como

son: las órdenes de no innovar, la cuenta y la vista previa de las

causas, la vista del fiscal, por nombrar las más representativas.

Mención aparte, sin embargo, merece al artículo 149 del CPP

luego de la modificación de la ley N°20.053, conocida como

“agenda corta”. En virtud de esta reforma el ministerio publico

puede apelar verbalmente en la audiencia la resolución del

tribunal que hubiere rechazado su solicitud de imponer la prisión

preventiva al imputado o la que hubiere dejado sin efecto la

existente. Si ello ocurre, el imputado no podrá recuperar su

libertad mientras la Corte de Apelaciones respectiva no confirme

la resolución apelada. Esta modificación, a su vez, hace

procedente la orden de innovar, cuando ello fuere procedente, a

fin de no liberar al imputado mientras la Corte no confirme la

resolución en alzada.

Dentro de las particularidades del nuevo recurso de apelación,

cabe destacar: 1. - que debe ser fundado y contener peticiones

concretas (art. 367). Antes no se hacía ninguna de estas

exigencias; 2. - por regla general la apelación se concede en el


sólo efecto devolutivo (art. 368). Antes como procedía en contra

de la sentencia definitiva, la regla era alterada cuando con la

apelación se buscaba su enmienda, en cuyo caso se concedía en

ambos efectos.

3.2.a.- Resoluciones en contra de las que procede: 1.- La que

declare inadmisible o el abandono de la querella (art. 115 inc. 1º y

120 inc. final); 2.- La que ordene, mantenga, niegue lugar o

revoque la prisión preventiva, cuando cualquiera de éstas se

hubiese dictado en audiencia (art. 149); 3.- La que niegue o de

lugar a las medidas cautelares reales (art. 158); 4.- La que se

pronuncie acerca de la suspensión condicional del procedimiento

(art. 237); 5.- La que decrete el sobreseimiento definitivo de la

causa como consecuencia de no obtenerse el cierre de la

investigación por parte del fiscal (art. 247 inc. 3°); 6.- El

sobreseimiento definitivo como temporal (art. 253); 7.- Las que

resuelven sobre las excepciones de previo y especial

pronunciamiento de incompetencia, litis pendencia, y falta de

autorización para proceder criminalmente (art. 271 inc. 2°); 8.- El

auto de apertura del juicio oral, siempre y cuando el recurrente

sea el Ministerio Público y se haya excluido de aquél prueba

decretada por el juez de garantía como "ilícita" (art. 277 inc. final);

9.- La sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el

procedimiento abreviado (art. 414 inc. 1º); 10.- Las dictadas por el

juez de garantía cuando: a) pusieren término al procedimiento,

hicieren posible su prosecución o lo suspendieren por más de

treinta días; y, b) la ley lo señalare expresamente (art. 370); 11.-

La que se pronuncie sobre la petición de desafuero. Esta

apelación sólo es de conocimiento de la Corte Suprema (art.


418); 12. - La sentencia que se pronuncie sobre la extradición.

Esta apelación es de conocimiento exclusivo y excluyente de la

Corte Suprema (art. 450).

3.3. – El Recurso de Nulidad.

La historia sobre el establecimiento del nuevo Código nos ilustra

respecto del antecedente inmediato de este recurso, que en

definitiva no prosperó, el denominado "recurso extraordinario" que

la Cámara de Diputados pretendió incorporar para interponer en

contra de las sentencias de condena que se apartaren manifiesta

y arbitrariamente de la prueba rendida en audiencia. Se decía no

sin razón, comparando al recurso extraordinario con el sistema de

recursos vigente en ese momento que "... tal obrar es sin duda

abusivo y por ello este recurso tiene clara semejanza con la

queja." Si bien es cierto, el recurso de nulidad no tiene

prácticamente nada que ver con su antecesor, sigue siendo

sostenible para aquél que, en definitiva "... es una mezcla entre

recurso de queja y de casación..."

Si bien en ninguna parte del Código Procesal Penal se habla de

"faltas" o "abusos graves" en la dictación de resoluciones, como

parte de los fundamentos para proceder de queja, de algún modo,

estas voces se asemejan (por lo menos en cuanto a los efectos

que de ellas se pueden derivar) a las expresiones "infringido

sustancialmente" y "errónea aplicación" que emplea el art. 373


como causales genéricas del recurso de nulidad. Por otra parte,

un número importante de los motivos absolutos de nulidad

contenidos en el art. 374 corresponden a causales del Cödigo de

Procedimiento Civil tratadas como fundamento para interponer el

recurso de casación en la forma.

En todo caso, cabe anotar que éste es el recurso por excelencia

del nuevo proceso penal, constituyendo una novedad en la

medida que se incorporan causales acordes con los principios

que lo informan. Así por ejemplo, para garantizar el principio de

inmediación se incorporan causales de nulidad que tienen que ver

con la formación del tribunal oral penal, de forma tal que es

posible recurrir de nulidad respecto de una sentencia en la que

los jueces que la dictan no hayan presenciado el desarrollo del

juicio. Al igual que el recurso de apelación, en la especie estamos

en presencia, en definitiva, de un recurso expresamente regulado

por el Código Procesal Penal que también se construye sobre la

fórmula de numerus clausus, puesto que el art. 372 (que no hace

más que confirmar la regla general establecida en el art. 352),

nuevamente nos expresa que procede "... por las causales

expresamente señaladas en la ley."

Asimismo, también es posible anotar algunas particularidades del

recurso de nulidad, como: 1.- sólo procede para invalidar el juicio

oral y/o la sentencia (art. 367); 2.- procede como hemos visto sólo

por las causales expresamente señaladas en la ley (art. 372); 3.-


se incorpora como causal genérica para interponer el recurso: la

tramitación del juicio o el pronunciamiento de una sentencia con

infracción sustancial a los derechos o garantías asegurados por la

Constitución o por los tratados internacionales ratificados por

Chile y vigentes (art. 373 letra a); 4.- no son causales de nulidad

los errores de la sentencia no esenciales, es decir, aquellos que

no influyeren en su parte dispositiva (art. 375); 5.- la causal

anotada en el número 3 anterior es de conocimiento exclusivo y

excluyente de la Corte Suprema. Las demás del art. 373 y 374,

por regla general son de conocimiento de las Cortes de

Apelaciones respectivas (art. 376); 6.- si la causal que motiva la

presentación del recurso tiene que ver con vicios o defectos de

procedimiento, es necesario prepararlo previamente acusando

éstos oportunamente, salvo si se tratare de motivos absolutos de

nulidad, o cuando el vicio o defecto esté contenido en la

sentencia misma o llegue a conocimiento del afectado con

posterioridad a su dictación, o, por último, se trate de

resoluciones en contra de las cuales no proceda recurso alguno

(art. 377); 7.- al igual que la apelación, el recurso de nulidad debe

presentarse por escrito, con los fundamentos y las peticiones

concretas que se someten al fallo del tribunal. Si el recurso se

funda en varias causales, deberá indicarse además si se invocan

conjunta o subsidiariamente. Además, cada motivo de nulidad

deberá fundarse separadamente. Por último, en caso que se trate

de materias de conocimiento de la Corte Suprema, deberá

acompañarse jurisprudencia de apoyo (378); 8.- la interposición

del recurso suspende los efectos de la sentencia condenatoria


(art. 379); 9.- si se concede el recurso, deben acompañarse junto

con él, copia de la sentencia y de los registros pertinentes (art.

381); ingresado el recurso a la Corte se abre un plazo para que

se solicite la declaración de inadmisibilidad del recurso, se

adhieran a él o se formulen observaciones por escrito (art. 382);

10.- el efecto de la nulidad declarada es básicamente dejar sin

efecto la sentencia y el juicio oral y determinar el estado en que

quedará el procedimiento (art. 386); y, 11.- en contra de la

resolución que falle el recurso de nulidad no procede medio de

impugnación alguno con excepción de la revisión (art. 387).

3.3. a. - Resoluciones en contra de las que sólo procede el

Recurso de Nulidad:

1. - sentencia definitiva dictada en procedimiento simplificado (art.

399); 2. - Sentencia definitiva dictada en procedimiento por delito

de acción privada (art. 405 en relación con el 399). 3.- sentencia

definitiva dictada en juicio oral.

3.4. a. - Causales de Nulidad:

1.- Delegación de funciones en las que la ley requiriere la

intervención del juez en empleados subalternos (art. 35); 2.- La

ausencia del defensor en cualquier actuación en que la ley

exigiere expresamente su participación, sin perjuicio de los casos

en que puede configurarse el abandono de la defensa de

conformidad con el art. 286 (art. 103); 3.- Suspensión de la

audiencia o la interrupción del juicio oral por un período que


excediere de diez días (art. 283 inc. 3º); 4.- Realizarse la

audiencia del juicio oral sin la presencia ininterrumpida de los

jueces que integraren el tribunal y del fiscal o del querellante

particular si el juicio continúa sólo con éste, o bien por falta de

integración del tribunal de conformidad a la ley, específicamente

el art. 76 del NCPP (art. 284 incisos 1º y 2º); 5.- La omisión del

pronunciamiento de la decisión de conformidad a lo previsto en

los incisos 1º y 2º del art. 343 (es decir, si la sentencia absuelve o

condena al acusado, fundamento de la decisión y que esta a su

vez sea hecha además dentro del plazo prudente establecido por

la ley) (art. 343 inc. 3º); 6. - Por no entregarse la lectura del fallo a

tiempo, a menos que el fallo sea de absolución (art. 344). Aquí

nos encontramos con una extensión del principio indubio prorreo;

7.- Cuando el vicio se produjere en la sentencia misma que se

trata de anular o el vicio llegare a conocimiento de la parte

afectada con posterioridad a su dictación (art. 377); 8.- Que

provocan la declaración de nulidad del juicio oral y la sentencia:

a) Cuando, en la tramitación del juicio o en el pronunciamiento de

la sentencia, se hubieren infringido sustancialmente derechos o

garantías asegurados por la Constitución o por los tratados

internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes,

y b) Cuando, en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere

hecho una errónea aplicación del derecho que hubiere influido

sustancialmente en lo dispositivo del fallo (art. 373); 9.- Que

hacen que el juicio y la sentencia siempre deban ser anulados

(art. 374): a) Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada por

un tribunal incompetente, o no integrado por los jueces


designados por la ley; por un juez o tribunal oral (se entiende todo

o parte de sus miembros) legalmente implicado o recusado por

sentencia judicial o cuando ésta se encuentre aún pendiente;

cuando hubiere sido acordada por un número de votos o por un

número de jueces menos al exigido por la ley; o, con concurrencia

de jueces que no hubieren asistido al juicio; b) Cuando la

audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia de

alguna de las personas cuya presencia continuada exigen los

artículos 284 y 286; c) Cuando al defensor se le hubiere impedido

ejercer las facultades que la ley le otorga; d) Cuando en el juicio

oral hubieren sido violadas las disposiciones establecidas por la

ley sobre publicidad y continuidad del juicio; e) Cuando, en la

sentencia, se hubiere omitido alguno de los requisitos previstos

en el art. 342, letras c), d) o e); f) cuando la sentencia, se hubiere

dictado con infracción a lo prescrito en el art. 341, y g) Cuando la

sentencia hubiere sido dictada en oposición a otra sentencia

criminal pasada en autoridad de cosa juzgada.

3.3. - El Recurso de Revisión de las Sentencias Firmes.

La revisión no es un recurso propiamente tal, porque persigue

dejar sin efecto una sentencia ya firme pero que ha sido obtenida

fraudulenta o injustamente; sin embargo, siempre se la estudia en

este contexto. Por lo mismo el Código Procesal Penal no lo regula

como recurso, dedicándole en su Libro IV, a propósito de la

ejecución de las sentencias condenatorias y medidas de

seguridad (Título VIII), un estatuto propio. La única innovación


respect del estatuto establecido en el antiguo Código de

Procedimiento Penal, es que se agrega una nueva causal para su

interposición: "Cuando la sentencia condenatoria hubiere sido

pronunciada a consecuencia de prevaricación o cohecho del juez

que la hubiere dictado o uno o más de los jueces que hubieren

concurrido a su dictación, cuya existencia hubiere sido declarada

por sentencia judicial firme." (Letra e) art. 473)

procesal penal

Documents