privatizar

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El artículo del día Son implacables e insaciables Marquesán* CÁNDIDO Ningún empresario acude a comprar una propiedad o prestar un servicio público si no espera sacar un beneficio E ste problema ya lo he tratado otras veces, mas como no hay in- tención de corregirlo por parte de nuestros gobernantes, me siento obligado por razones éticas a retor- nar a él. Uno de los dogmas del neolibera- lismo es el ensalzar el sector privado y de- nigrar el público. Poderosos medios de co- municación y la academia han sembrado la idea, que ha ido calando en la socie- dad, de que lo público es sinónimo de ineficacia económica y de despilfarro de los impuestos de la ciudadanía; y que los agentes privados son más productivos y eficientes que los públicos y que, por tan- to, el Estado debe adelgazarse para ser más eficiente y permitir que el sector pri- vado se encargue de generar riqueza. Que sea cierto o no da igual. Por ello, compe- tencias del Estado, como transportes, hos- pitales, escuelas, servicios postales, ejérci- tos y policía que con la llegada de la mo- dernidad pasaron a depender de la regu- lación o del control público, se están des- mantelando y devolviendo a la empresa privada sin que ello haya supuesto venta- ja colectiva alguna. Esto no significa que el Estado en otros aspectos se haya alige- rado, muy al contrario, ha incrementado sus medios para ejercer un control cada vez mayor sobre la ciudadanía. El concepto de privatización es un tan- to impreciso. En sentido estricto se en- tiende por la enajenación o transferencia de propiedad pública, un bosque público; o de un servicio público, como la sanidad o el transporte a manos privadas. Sus ob- jetivos según los gurús de la economía: el aumento de la eficiencia, de la competen- cia en el mercado, servicio a la ciuda- danía, y mejora de las finanzas públicas. Mas el objetivo claro es el de hacer nego- cio. Ningún empresario acude a comprar una propiedad pública o prestar un servi- cio público, si no espera sacar un benefi- cio. Algo que no es criticable. Lo que si lo es, que los gestores del sector público, en lugar de protegerlo y mejorarlo, lo dañen y desmantelen para así justificar su priva- tización. Proceso que es una gran fuente de corrupción política. Vender una propiedad pública o trans- ferir un servicio público no debería hacer- se con tanta ligereza por diferentes razo- nes. De carácter moral, ya que determina- dos servicios públicos como el abasteci- miento del agua, la luz, las comunicacio- nes, la sanidad, educación o servicios so- ciales no pueden regirse por criterios es- trictamente económicos, ya que de hacer- lo se producen graves perjuicios para los sectores de población más desprotegidos. Así ocurrió en Bolivia, con la privatiza- ción del agua por parte de la empresa Bechtel, que supuso la respuesta ciudada- na de la llamada «la guerra del agua» en Cochabamba; o que cuatro filiales de Iberdrola establecieran en La Paz, una ta- rifa eléctrica urbana de 0,63 bolivianos por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59. Hay también una razón de carácter jurídico. Ugo Mattei plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se desha- cen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatiza- ción decidida por la autoridad pública priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el ca- so de una expropiación de un bien priva- do. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la in- demnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evo- lución actual de la relación de fuerzas en- tre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría represen- ta un anacronismo jurídico y político. Ni que decir tiene que para al gobierno actual estas consideraciones son irrele- vantes. Son implacables e insaciables en el mantenimiento e intensificación de sus prácticas neoliberales, a pesar de que nos han llevado a esta crisis. Se va a libe- ralizar (privatizar) el transporte ferrovia- rio de viajeros en el Corredor del Medite- rráneo. Mediante concurso público, un operador privado podrá prestar el servi- cio en este tramo por 7 años, pudiendo establecer las frecuencias y los precios que desee y competir directamente con Renfe. Las líneas son las que transcurren entre Madrid, Cuenca, Albacete, Alicante, Valencia, Castellón y Murcia en redes de alta velocidad. Con esta incipiente apertu- ra del sector, el Gobierno «pretende» do- tar a este mercado de mayor oferta de ser- vicios, favorecer unos precios más compe- titivos, fomentar el uso del transporte en tren y optimizar el uso de las «excelentes infraestructuras ferroviarias». Según la ministra entre Madrid y Valencia viajan al año 6.499.000 personas. Desglosado así: en tren, 1.779.000; avión, 264.000; coches particulares, 3.873.000; y en autobús, 580.000; lo que significa que la cuota de ferrocarril es solo del 27,4%. Su preten- sión es aumentarla al ser un medio de transporte más ecológico y más eficiente. Mas en lugar de hacerlo directamente Renfe, se regala una importante cuota de mercado al sector privado, prestándole toda su infraestructura. ¡Vaya gestor! En cualquier empresa privada una acción se- mejante supondría un despido fulminan- te. Igualmente se privatizará el 49% de AENA. Y pronto el Museo del Prado. H *Profesor de instituto 21/06/14 EL PERIODICO DE ARAGON ZARAGOZA Prensa: Diaria Tirada: 138.610 Ejemplares Difusión: 6.387 Ejemplares Página: 9 Sección: OPINIÓN Valor: 1.348,00 € Área (cm2): 410,8 Ocupación: 40,04 % Documento: 1/1 Autor: CÁNDIDO Marquesán* Núm. Lectores: 77000 Cód: 83041640

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El artículo del día

Son implacables e insaciables

Marquesán*CÁNDIDO

Ningúnempresario acudeacomprar unapropiedadoprestar unserviciopúblico si noespera sacar unbeneficio

Este problema ya lo he tratadootras veces, mas como no hay in-tención de corregirlo por partede nuestros gobernantes, me

siento obligado por razones éticas a retor-nar a él. Uno de los dogmas del neolibera-lismo es el ensalzar el sector privado y de-nigrar el público. Poderosos medios de co-municación y la academia han sembradola idea, que ha ido calando en la socie-dad, de que lo público es sinónimo deineficacia económica y de despilfarro delos impuestos de la ciudadanía; y que losagentes privados son más productivos yeficientes que los públicos y que, por tan-to, el Estado debe adelgazarse para sermás eficiente y permitir que el sector pri-vado se encargue de generar riqueza. Quesea cierto o no da igual. Por ello, compe-tencias del Estado, como transportes, hos-pitales, escuelas, servicios postales, ejérci-tos y policía que con la llegada de la mo-dernidad pasaron a depender de la regu-lación o del control público, se están des-mantelando y devolviendo a la empresaprivada sin que ello haya supuesto venta-ja colectiva alguna. Esto no significa queel Estado en otros aspectos se haya alige-rado, muy al contrario, ha incrementadosus medios para ejercer un control cadavez mayor sobre la ciudadanía.

El concepto de privatización es un tan-to impreciso. En sentido estricto se en-tiende por la enajenación o transferenciade propiedad pública, un bosque público;o de un servicio público, como la sanidado el transporte a manos privadas. Sus ob-jetivos según los gurús de la economía: elaumento de la eficiencia, de la competen-cia en el mercado, servicio a la ciuda-

danía, y mejora de las finanzas públicas.Mas el objetivo claro es el de hacer nego-cio. Ningún empresario acude a compraruna propiedad pública o prestar un servi-cio público, si no espera sacar un benefi-cio. Algo que no es criticable. Lo que si loes, que los gestores del sector público, enlugar de protegerlo y mejorarlo, lo dañeny desmantelen para así justificar su priva-tización. Proceso que es una gran fuentede corrupción política.

Vender una propiedad pública o trans-ferir un servicio público no debería hacer-se con tanta ligereza por diferentes razo-nes. De carácter moral, ya que determina-dos servicios públicos como el abasteci-miento del agua, la luz, las comunicacio-nes, la sanidad, educación o servicios so-ciales no pueden regirse por criterios es-trictamente económicos, ya que de hacer-lo se producen graves perjuicios para lossectores de población más desprotegidos.Así ocurrió en Bolivia, con la privatiza-ción del agua por parte de la empresaBechtel, que supuso la respuesta ciudada-na de la llamada «la guerra del agua» enCochabamba; o que cuatro filiales deIberdrola establecieran en La Paz, una ta-rifa eléctrica urbana de 0,63 bolivianospor kilovatios/hora, mientras que en elárea rural era de 1,59.

Hay también una razón de carácterjurídico. Ugo Mattei plantea la necesidadde proteger la propiedad colectiva, y mástodavía ahora que los gobiernos se desha-cen de los servicios públicos y privatizanel patrimonio colectivo para equilibrarlos presupuestos; ya que toda privatiza-ción decidida por la autoridad públicapriva a cada ciudadano de su cuota debien común, exactamente como en el ca-so de una expropiación de un bien priva-do. Pero con una diferencia sustancial: latradición constitucional liberal protege alpropietario privado del Estado, con la in-demnización por expropiación, mientrasque ninguna disposición jurídica ofrece

ninguna protección cuando el Estadoneoliberal traslada al sector privado losbienes de la colectividad. Debido a la evo-lución actual de la relación de fuerzas en-tre los Estados y las grandes empresastransnacionales, esta asimetría represen-ta un anacronismo jurídico y político.

Ni que decir tiene que para al gobiernoactual estas consideraciones son irrele-vantes. Son implacables e insaciables enel mantenimiento e intensificación desus prácticas neoliberales, a pesar de quenos han llevado a esta crisis. Se va a libe-ralizar (privatizar) el transporte ferrovia-rio de viajeros en el Corredor del Medite-rráneo. Mediante concurso público, unoperador privado podrá prestar el servi-cio en este tramo por 7 años, pudiendoestablecer las frecuencias y los preciosque desee y competir directamente conRenfe. Las líneas son las que transcurrenentre Madrid, Cuenca, Albacete, Alicante,Valencia, Castellón y Murcia en redes dealta velocidad. Con esta incipiente apertu-ra del sector, el Gobierno «pretende» do-tar a este mercado de mayor oferta de ser-vicios, favorecer unos precios más compe-titivos, fomentar el uso del transporte entren y optimizar el uso de las «excelentesinfraestructuras ferroviarias». Según laministra entre Madrid y Valencia viajanal año 6.499.000 personas. Desglosado así:en tren, 1.779.000; avión, 264.000; cochesparticulares, 3.873.000; y en autobús,580.000; lo que significa que la cuota deferrocarril es solo del 27,4%. Su preten-sión es aumentarla al ser un medio detransporte más ecológico y más eficiente.Mas en lugar de hacerlo directamenteRenfe, se regala una importante cuota demercado al sector privado, prestándoletoda su infraestructura. ¡Vaya gestor! Encualquier empresa privada una acción se-mejante supondría un despido fulminan-te. Igualmente se privatizará el 49% deAENA. Y pronto el Museo del Prado.H*Profesor de instituto

21/06/14EL PERIODICO DE ARAGONZARAGOZA

Prensa: DiariaTirada: 138.610 EjemplaresDifusión: 6.387 Ejemplares

Página: 9Sección: OPINIÓN Valor: 1.348,00 € Área (cm2): 410,8 Ocupación: 40,04 % Documento: 1/1 Autor: CÁNDIDO Marquesán* Núm. Lectores: 77000

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