N° 38DICIEMBRE 2006

INFORMATIVOJURIDICO

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PRESENTACIÓN

Ofrecemos varias reseñas de libros jurídicos recientemente publicadospor esta Editorial.

PUBLICACIONES

Manual de estudiode títulos

De dominio de la propiedadinmobiliaria

JUAN FELIÚ SEGOVIASegunda edición revisada y actualizada

124 páginas

El estudio de los antecedentes queacreditan el dominio de un inmueble,esto es, el estudio de títulos, es unode los problemas mas frecuentes queenfrenta el abogado en el ejercicioprofesional.

Esta segunda edición no es iguala la primera, aunque su objetivo seael mismo: explicar cómo, por qué ypara qué se estudian e informan lostítulos de dominio de los inmuebles.

No solo se han actualizado algu-nas materias como la dación e inscrip-ción de las posesiones efectivas, sino

que se ha revisado la forma, orden yextensión de varias otras, especial-mente la expuesta en el capítulo se-gundo. Allí se analiza la naturalezadel Estudio de Títulos y se profundi-za en su carácter preparatorio y pre-ventivo, esto es, preparar un contra-to válido y precaver que quede “alabrigo de todo ataque”, según se leeen el Mensaje del Código Civil.

Además, se han agregado cuatromodelos de Informe de Títulos, quedestacan el carácter eminentementedidáctico de esta obra y su indiscutidautilidad para los abogados y estu-diantes de Derecho.

Todo ello es el resultado de la ma-duración de conceptos que el autor halogrado durante los diez años quedicta el curso de Estudio de Títulosen la Facultad de Derecho de la Uni-versidad de Chile, satisfaciendo conéxito el interés de los alumnos.

tres años de la edición de los códigos especiales de estudiantes, nos complacecomprobar la buena acogida que éstos han tenido en el ambiente universitario. Contie-nen materias complementarias especialmente seleccionadas por nuestra Comisión deCódigos para los estudiantes de Derecho en un formato diferente y ultimamente se lesincluye información relativa a la colección de manuales jurídicos para estudiantes ypublicaciones de obras relacionadas con la materia de cada Código.

Nos enorgullece además comunicar que el integrante de la Comisión de Códigos deesta Editorial, don Paulino Varas Alfonso, ha sido distinguido por el Tribunal Constitu-cional con la mención de “Grandes Maestros del Derecho Público Chileno”, junto conotros académicos de la especialidad.

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Tratado de responsabili-dad extracontractual

ENRIQUE BARROS B.Primera edición 2006

1.232 páginas

Este tratado es una obra jurídica ex-cepcional, llamada a convertirse en unclásico de la literatura jurídica chile-na en razón de la relevancia de lamateria desarrollada, su tratamientoexhaustivo, la rigurosa metodologíaempleada y la profundidad de los ra-zonamientos de su autor.

La introducción expone los su-puestos conceptuales y los principiosde justicia y eficiencia que orientan ladisciplina. Los capítulos siguientescontienen un minucioso análisis delos elementos de la responsabilidadpor culpa: hecho imputable, culpa,daño y causalidad. Los regímenes ge-nerales de responsabilidad estricta ydel Estado son analizados en el tras-fondo comparativo de ese modelogeneral.

Para favorecer la utilidad prácticade la obra, se han agregado seccionesdedicadas a temas y regímenes espe-cíficos de responsabilidad. Se trata dematerias de interés dogmático y pro-fesional, como las lesiones a laprivacidad y a la honra, el abuso dederecho, así como los estatutos espe-ciales de responsabilidad médica, poraccidentes laborales y del tránsito, porproductos defectuosos, por defectos

SubcontrataciónCLAUDIO PALAVECINO

Primera edición 2006122 páginas

Esta es una obra de extraordina-ria actualidad e interés para el ámbi-to laboral, empresarial y académico.

El empresariado, los trabajadoresy el gobierno siguieron con particu-lar interés la tramitación de la ley queregula el trabajo en régimen desubcontratación, el funcionamientode las empresas de servicios transito-rios y el contrato de trabajo de servi-cios transitorios.

Esta obra constituye una exposi-ción completa y sistemática de la nue-va regulación incorporada al Códigodel Trabajo y un valioso aporte paracomprender su alcance y su proble-mática.

Uno de sus aspectos más relevan-tes e inquietantes es el cambio del tipode responsabilidad que afecta al em-presario que contrata con otro obraso servicios. Hasta ahora, tal respon-

en la construcción, por daño ambien-tal y de directores y gerentes de so-ciedades.

En un capítulo separado son revi-sadas sistemáticamente las accionesde reparación en naturaleza, indem-nizatorias y restitutorias a que da lu-gar el daño y su ejercicio en el proce-so civil y penal.

La parte final del libro incluye unanálisis crítico y comparado de la res-ponsabilidad contractual y extracon-tractual. El estudio comprende lasanalogías y diferencias entre ambosestatutos y cuestiones fronterizascomo los ilícitos precontractuales, in-terferencia en contrato ajeno e infrac-ciones al orden de la competencia. Laobra concluye con el examen del con-curso de responsabilidades, la pre-gunta por el régimen de derecho co-mún y los seguros y convenciones deresponsabilidad.

Con profundidad y agudeza elautor sistematiza la extensa jurispru-dencia nacional, así como la doctrinachilena y comparada, con el mérito deiluminar el análisis jurídico con enfo-ques provenientes de la economía yla filosofía moral.

Este tratado es el fruto de la ma-dura reflexión y experiencia académi-ca, profesional y judicial del autor, yconstituye un significativo aporte a ladoctrina jurídica chilena y un útil refe-rente tanto para jueces y abogados, asícomo para profesores y estudiantes.

sabilidad tenía el carácter de “subsi-diaria”. De manera que si el contra-tista incumplía los derechos laboralesde sus trabajadores, respondía, unavez agotado el patrimonio de éste, elempresario que le encargó la obra oel servicio. Ahora esta responsabili-dad pasa a ser “solidaria”, lo cual sig-nifica que el trabajador podrá deman-dar lo adeudado indistintamente a suempleador o al empresario que encar-gó la obra o el servicio, pudiendo in-cluso no considerar al contratista.

Además se regula por primera vezen Chile el suministro de personal, elque de ahora en adelante sólo serálegítimo en determinadas situacionesy por plazos muy reducidos. Si se con-trata personal a través de empresasno autorizadas, o en casos no previs-tos por la ley o se sobrepasan los pla-zos máximos de contratación, la empre-sa usuaria se transforma en empleadoradirecta de los trabajadores.

En definitiva, se buscó promoverla contratación directa y reducir a sumínima expresión la subcontratacióny el suministro de trabajadores.

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Tributación delpropietario de empresas

SERGIO ENDRESS G.Segunda edición actualizada 2006

164 páginas

La rápida acogida de esta obra porparte de los estudiosos de esta mate-ria motivó la publicación de esta se-gunda edición actualizada.

La obra está dirigida a aquellosprofesionales que requieren conocerlos temas esenciales de la tributaciónde empresas chilenas.

Contiene explicaciones breves yclaras de la tributación de los retirosde utilidad de las empresas, de la dis-tribución de dividendos, del Fondo deUtilidad Tributable y de sus efectos.

No obstante la complejidad de lamateria es un texto de fácil compren-sión, ya que el autor ha incorporadoun Diccionario o Tesauro de los tér-minos utilizados, resúmenes e índi-

Garantía constitucionalde la no discriminación

económicaSEBASTIÁN LÓPEZ M.

Primera edición 2006148 páginas

Interesante y acucioso estudio delderecho constitucional a no ser dis-criminado en forma arbitraria en eltrato que deben dar el Estado y susorganismos en materia económica,reconocido en el artículo 19 N° 22 dela Constitución Política de Chile.

El autor desarrolla primeramentelos principios en que se funda este de-recho, como son los de igualdad y desubsidiariedad del Estado, para lue-go analizar el derecho en sí mismocon sus proyecciones jurídicas ydoctrinarias. Luego examina los as-pectos históricos y dogmáticos y surelación con el orden público econó-mico y con la denominada “constitu-ción económica”, sus alcances y lími-

tes. También ofrece elocuentes ejem-plos de normas legales dictadas comoconsecuencia de la referida disposi-ción constitucional, las que, en cier-tos casos, autorizan la discriminaciónpositiva.

Se destina un capítulo completo alestudio de la jurisprudencia de los tri-bunales superiores de justicia, dicta-da con motivo de acciones de protec-ción y recursos de inaplicabilidad porinconstitucionalidad. También exami-na interesantes fallos dictados por elTribunal Constitucional con motivodel control preventivo de cons-titucionalidad de proyectos de ley.Cabe destacar la profunda y comple-ta investigación de la jurisprudenciaconstitucional, que abarca fallos dic-tados desde el año 1980 a la fecha.

Atendida la novedad de la mate-ria y la seriedad de su desarrollo, estelibro constituye un significativo apo-yo para jueces, abogados, especial-mente litigantes de acciones constitu-cionales y estudiosos del Derecho.

ces por cada capítulo, preguntas deautodiagnóstico, cuadros gráficos yejemplos numéricos sencillos.

Se han tomado en consideraciónlas circulares del Servicio de Impues-tos Internos, más de cuarenta oficios,numerosas resoluciones y alrededorde doscientas setenta citas, reunien-do información actualizada basadaen normas legales vigentes y en lasúltimas interpretaciones administra-tivas y judiciales.

Referencias al Derecho compara-do y a la bibliografía extranjera, per-miten al experto profundizar en di-versos problemas y en aspectos con-trovertidos del Derecho Tributario, loque se encuentra avalado por veinteaños de experiencia del autor en laasesoría profesional y la docencia uni-versitaria.

Obra única por su enfoque teóri-co y práctico, fundamental en cual-quier biblioteca empresarial.

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I. MATERIAS REGULADAS

La ley deroga los artículos 64 y64 bis del Código del Trabajo eincorpora a este cuerpo legalnuevas disposiciones, cuyosprincipales contenidos son lossiguientes:

1. Responsabilidad solidaria

La empresa que encarga aotra una obra o un servicio, elcual debe ejecutarse dentro de

su espacio físico con trabajado-res ajenos, es responsable delpago de las obligaciones labo-rales y de seguridad social delcontratista. Esta responsabili-dad, que antes era subsidiariao indirecta, pasa ahora a sersolidaria en virtud de lo dis-puesto en el art. 183-B del Có-digo del Trabajo. Esto significaque el trabajador podrá deman-dar directamente al empresarioprincipal las obligaciones im-pagas, pudiendo incluso saltar-se al contratista empleador.

Cabe señalar que esta respon-sabilidad es proporcional altiempo servido por el trabajadoren régimen de subcontrataciónpara la empresa principal y que,de acuerdo a la modificación in-troducida en el proyecto por elúltimo veto presidencial, com-prenderá sólo obligaciones dedar de fuente legal.

Para que surja la responsa-bilidad la ley exige que la obrao servicio proporcionado por elcontratista implique perma-nencia, habitualidad o periodi-cidad, puesto que el citado vetopresidencial excluyó del régi-men de responsabilidades “lasobras o los servicios que se eje-

cutan de manera discontinua oesporádica” (art. 183-A).

2. Atenuación de la responsa-bilidad

Si la empresa principal fisca-liza el cumplimiento de las obli-gaciones del contratista y, encaso de detectar incumplimien-tos, retiene de las sumas quedeba pagar a éste los montosadeudados a los trabajadores,su responsabilidad pasará deser solidaria a subsidiaria (art.183-D). Por consiguiente, deejercer los derechos de informa-ción y retención que le franqueala ley, la empresa principal res-ponderá sólo si los bienes delcontratista no alcanzan parapagar a sus respectivos traba-jadores.

El estado de cumplimientode las obligaciones laborales yprevisionales de los contratis-tas se acreditará mediante uncertificado emitido por la Ins-pección del Trabajo o por otrosmedios idóneos que determina-rá un reglamento que debe dic-tar el Ministerio del Trabajodentro de los próximos 90 días(art. 183-C).

Recogemos aquí el material legislativo más relevante publicadodesde el Informativo N° 36, de julio de 2006 a esta fecha,

así como otros temas de actualidad e interés

CONSIDERACIONES EN TORNO A LA LEY N° 20.123SOBRE SUBCONTRATACIÓN

LEGISLACIÓN

El 16 de octubre fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 20.123que “regula el trabajo en régimen de subcontratación, el funcionamiento de las

empresas de servicios transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios”.De acuerdo a su artículo segundo transitorio esta ley entrará en vigencia 90 días

después de la fecha de su publicación, esto es, el 14 de enero de 2007.*

* Esta Ley incorpora el título VII al Libro I del Códigodel Trabajo “Del Trabajo en régimen desubcontratación y del trabajo en empresas de seviciostransitorios”, artículos 183-A a 183-E.

El artículo 183-A define el trabajo en régimen desubcontratación como “aquel realizado en virtud deun contrato de trabajo por un trabajador para unempleador, denominado contratista o subcontratista,cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, seencarga de ejecutar obras o servicios por su cuenta yriesgo y con trabajadores bajo su dependencia, parauna tercera persona natural o jurídica dueña de laobra, empresa o faena, denominada la empresa prin-cipal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutanlas obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetosa las normas de este párrafo las obras o los serviciosque se ejecutan o prestan de manera discontinua oesporádica.

El artículo 183-F define como empresa de servi-cios transitorios “toda persona jurídica, inscrita en elregistro respectivo, que tenga por objeto social exclu-sivo poner a disposición de terceros, denominadospara estos efectos empresas usuarias, trabajadorespara cumplir en estas últimas tareas de carácter transi-torio u ocasional, como asimismo la selección, capacita-ción y formación de trabajadores, así como otras activi-dades afines en el ámbito de los recursos humanos”

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3. Suministro o “cesión” detrabajadores

La ley sólo permite obtenerpersonal suministrado en cin-co situaciones (art. 183-Ñ) ypor plazos de 90 ó 180 días, se-gún el caso, sin posibilidad derenovación de los contratos.

Si se contrata personal a tra-vés de empresas no autorizadaso a través de empresas de ser-vicios transitorios (EST), peroen casos no previstos por la leyo se sobrepasan los plazosmáximos de contratación, laempresa usuaria se transformaen empleadora directa de lostrabajadores.

Las EST deberán tener obje-to exclusivo; constituir una ga-rantía mínima de 250 UF y nopodrán tener relacionessocietarias de ninguna clasecon sus usuarias.

4. Higiene y seguridad en eltrabajo

Se establece la obligación di-recta de la empresa principal deadoptar las medidas necesariaspara proteger eficazmente lavida y salud de todos los tra-bajadores que laboren en suobra, empresa o faena, cual-quiera sea su dependencia (art.183-E).

La empresa principal debe-rá elaborar un reglamento quecoordine las acciones de pre-vención con sus empresas con-tratistas.

Los trabajadores transito-rios, puestos a disposición porla EST, estarán sujetos al regla-mento interno de higiene y se-guridad de la empresa usuaria.

II. ALGUNOS PUNTOSCRÍTICOS

1. El problema del fundamen-to

En el contrato individual detrabajo se obligan recíproca-mente el empleador y el traba-jador (art. 7° del Código delTrabajo). De acuerdo al princi-pio del efecto relativo del con-

trato, las obligaciones que na-cen de este acuerdo deberíanafectar solamente a las partesque consintieron en ellas, estoes, al empleador y al trabajador.No hay, pues, por regla gene-ral, eficacia para terceros, fren-te a los cuales el contrato de tra-bajo es res inter alios acta.

Sin embargo, la ley despla-za la responsabilidad por obli-gaciones laborales y de la segu-ridad social que afectan alempleador hacia terceros aje-nos al contrato de trabajo. Estedesplazamiento de responsabi-lidades surge directa y objeti-vamente de la ley, sin que lavoluntad de estos terceros jue-gue papel alguno para deter-minar su atribución. La ley alte-ra, de esta manera, el efecto re-lativo del contrato de trabajo.

El empresario principal noes empleador de los trabajado-res del contratista; el contratis-ta tampoco lo es de los trabaja-dores del subcontratista; y, sinembargo, a ambos les serán exi-gibles obligaciones por trabaja-dores ajenos. ¿Por qué se lespuede imponer esta responsa-bilidad?

La respuesta más simple esque el empresario principal,cuando celebra un contrato deobra o de servicio, o el contra-tista, cuando suscribe con otroempresario un subcontrato dela misma naturaleza, se colocanen el supuesto fáctico de la nor-ma legal. La celebración de es-tos acuerdos llevaría implícitauna infiltración de normas la-borales de orden público queconectan el contrato o subcon-trato con derechos y obligacio-nes de contratos ajenos. En ver-dad, esto es lo mismo que de-cir que responden porque así lomanda la ley. Pero esta soluciónformalista y autoritaria no essatisfactoria. Y es que la cues-tión de fondo, a la que no res-ponde la simple invocación dela fuente de la obligación, con-siste en determinar cuál es elfundamento que justifica untratamiento de esta clase. Larespuesta apremia, porque laConstitución Política garantizaa todas las personas el derecho

a la libre contratación y a la li-bre elección del trabajo (art. 19N.° 16, inc. 2° CPR). “En suesencia este derecho aseguraque a nadie le será impuesto untrabajo o un trabajador”.1

Pues bien, es legítimo pre-guntarse si las responsabilida-des empresariales del trabajoen régimen de subcontrataciónimplicarían, precisamente, loque la Constitución chilenaprohíbe, a saber: que la ley vie-ne a imponer un trabajador alempresario que encarga a otrodeterminadas obras o servicios.Esta cuestión no ha sido siquie-ra vislumbrada por la doctrinacientífica chilena. Ello explicaque nuestra doctrina iuslabo-ralista ofrezca unos fundamen-tos más bien débiles para sos-tener estas responsabilidades.Se prescinde con demasiada li-gereza de la voluntad jurídico-negocial del empresario princi-pal, sin hacerse cargo que laConstitución garantiza expre-samente la libertad de contraque estime más convenientepara sus intereses. No obstan-te, veremos que la ley pone alempresario que subcontrata enuna disyuntiva. O se convierteen una especie de inspector deltrabajo privado, vigilando quesus contratistas y subcon-tratistas cumplan con los dere-chos laborales de sus trabajado-res; o bien responde directa-mente en caso que aquéllosincumplan. ¿Qué razón justifi-ca que el empresario que nece-sita subcontratar deba asumirsemejantes cargas? ¿Se puedeconciliar esta labor de policíalaboral con el derecho de pro-piedad, la libertad de empresay la libre contratación del tra-bajo? ¿Por qué los particularesdeberían asumir, con grave per-juicio de sus derechos, un pa-pel fiscalizador que es del Es-tado?

Hasta ahora se ha venidojustificando la irradiación de laresponsabilidad por obligacio-

1 Comisión de Estudios para la Nueva Constitución,sesión 199, de 7 de abril de 1976, pp. 13-17, citada porEvans, E., Los derechos constitucionales, tomo III, 3ª edi-ción, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1999, p. 11(el destacado en cursiva es mío).

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nes laborales y de seguridadsocial desde los contratistas ysubcontratistas hacia el empre-sario principal en la finalidadde prevenir la insolvencia deaquéllos y tutelar los derechosde los trabajadores, proporcio-nando a éstos uno o más patri-monios adicionales a los de suempleador en los cuales hacerefectivos sus créditos. Frente ala pregunta de por qué es legí-timo que el ordenamiento jurí-dico laboral transforme al em-presario principal en garante delos derechos de trabajadoresajenos, los autores suelen seña-lar que, aunque no siendo ésteempleador de esos trabajado-res, igualmente se beneficia desu actividad laboral.2

La Corte Suprema sostuvo elmismo argumento: “la respon-sabilidad legal indirecta queafecta al dueño de la obra o fae-na tiene su fundamento, poruna parte, en el provecho quereporta el trabajo prestado ensu interés por los dependientesdel contratista y, por la otra, enel imperativo de cautelar el de-bido cumplimiento de las obli-gaciones laborales y provisio-nales que benefician a esos tra-bajadores…”.3

En mi opinión, esta explica-ción desatiende el carácter one-roso conmutativo del contratode obra o de servicio celebradoentre el empresario principal yel contratista o, en su caso, delsubcontrato celebrado entre

contratista y subcontratista. Laactividad laboral de los traba-jadores integra el objeto de laobligación del contratista y, a suvez, forma parte de la causa dela obligación del empresarioprincipal de pagar, a cambio,un determinado precio, el cualse mira como equivalente. Si elempresario principal ya se obli-gó a pagar un precio justo poraquella prestación, no puedeser éste el fundamento que jus-tifique la asunción de obligacio-nes adicionales no consentidas.De manera que la teoría delbeneficio no explica la respon-sabilidad que la ley atribuye alempresario principal.

Se ha sugerido que la res-ponsabilidad laboral del em-presario que contrata o subcon-trata obras o servicios, hallaríasu fundamento en una suertede culpa in contrahendo. Al res-pecto, los profesores Thayer yNovoa señalan que “compete aldueño de la obra, o al contra-tista, según el caso, adoptar losnecesarios resguardos previosa fin de informarse bien sobrela calidad de la persona conquien contrata, su forma decumplir las obligaciones, y ade-más puede convenir la adop-ción de medidas de fiscaliza-ción y control sobre la formacomo el contratista o subcon-tratista esté dando cumpli-miento a sus obligaciones labo-rales y previsionales”.4 En miopinión, la teoría de la culpa incontrahendo tampoco entregaun fundamento satisfactoriopara las responsabilidades la-borales asociadas al contrato osubcontrato de obra o servicio.En primer lugar, porque si, peseal actuar precontractual dili-gente del empresario principal,el contratista empleadorincumple sus obligaciones,aquél deberá responder de to-dos modos frente a los trabaja-dores de éste, como mínimosubsidiariamente. Y, en defini-tiva, porque esta teoría presupo-ne –y por ende no explica– laposición de garante del empre-

sario principal respecto de losderechos de trabajadores ajenos.

Curiosamente, los mismosprofesores, sin advertir ningu-na contradicción con el funda-mento anterior, afirman tam-bién que “se trata de una res-ponsabilidad objetiva en queno ha mediado culpa del obli-gado”.5 Es bastante obvio quelas responsabilidades empresa-riales que estamos estudiandoson de carácter objetivo, quesurgen sin culpa del empresa-rio que contrata o subcontrata,pero la cuestión que se deberesponder es por qué la ley lespuede imputar tal responsabi-lidad sin culpa. Millon Lorenaventura que el fundamentoestaría en la teoría del riesgobeneficio, o en la teoría del ries-go creado.6 Pero no se ve cómola celebración de contratos ysubcontratos de obras y servi-cios pueda ser una actividadriesgosa creada por la empresaprincipal, en el sentido que lopredican esas teorías, las cua-les se refieren al riesgo que ge-nera el uso de máquinas, fuen-tes de energía u otros instru-mentos peligrosos en el sectorindustrial y que se concibieronpara poder atribuir al empresa-rio la responsabilidad por acci-dentes del trabajo que ocurríansin culpa suya. Lo cierto es queel detrimento patrimonial quesufre un trabajador al no podercobrar sus créditos tiene comoúnica causa la conducta de suempleador. Resulta absurdo,pues, pretender que dicho per-juicio venga determinado dealgún modo por un riesgo crea-do por la celebración de contra-tos y subcontratos de obras yservicios por un tercero ajeno ala relación laboral. Salvo, claroestá, cuando esos contratos osubcontratos se celebran con laintención de perjudicar a lostrabajadores, vale decir, cuan-do son contratos en daño detercero. En tal caso, ciertamen-te, se justifica que ambos con-tratantes deban indemnizar so-lidariamente los perjuicios que

4 Thayer, W. y Novoa, P., Manual de Derecho del Trabajo,tomo II, Derecho individual del trabajo, 3ª edición, Edito-rial Jurídica de Chile, Santiago, 1998, p. 372.

2 Tapia, F. y Torres, R., “La responsabilidad subsidia-ria en el contrato de trabajo (Ley N.° 19.250)”, en Re-vista Laboral Chilena, enero de 1994, p. 70. En el mis-mo sentido, pero a partir del modelo regulativo espa-ñol, Frederic López I Mora justifica la responsabili-dad de un tercero en las relaciones de trabajo de otro:“…quien se aprovecha de una prestación laboral aje-na no es lógico ni razonable que quede fuera por com-pleto de las responsabilidades derivadas de la posi-ción del empleador auxiliar” (“El alcance subjetivode la responsabilidad solidaria en materia desubcontratación”, en VVAA, Descentralización produc-tiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en re-cuerdo de Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Va-lencia, 2000, p. 178). Asimismo, el uruguayo Alejan-dro Castello, apunta: “en estas situaciones la solida-ridad no se explica por la existencia del fraude o si-mulación laboral, sino por la opción del Derecho delTrabajo de transferir los riesgos hacia el empresarioque se presume solvente y se habría beneficiado di-recta o indirectamente del trabajo o del patrimoniodel empleador, garantizando así el cobro de los cré-ditos laborales” (Responsabilidad solidaria en el derechodel trabajo, Fundación de Cultura Universitaria, Mon-tevideo, 2004, p. 6).3 Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tri-bunales, mayo de 2002, tomo XCVIII, sección 3ª, pp.173 y 223.

5 Idem.6 Millon, P., La responsabilidad subsidiaria en la legisla-ción laboral, Editorial Conosur, Santiago de Chile, 2001,p. 101.

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causan a los trabajadores. Noobstante, este fundamento al-canza para justificar las sancio-nes a la contratación simulada,pero no para los casos de con-tratación y subcontratación rea-les.

Vinculado con esto último,entre las razones que se dieronpara justificar la aprobación dela nueva ley, se repitió muchoentre los promotores del pro-yecto la necesidad de acabarcon la figura del contratista fal-so o simulado y con los abusosque ella genera en perjuicio delos trabajadores. El artículo 478del Código del Trabajo ya cas-tigaba la figura del contratistafalso con multas bastante altaspara la empresa que utiliza esteu otros subterfugios y, además,con la responsabilidad solida-ria entre el empleador real y elempleador ficticio. La nuevaley trasladó la responsabilidadsolidaria desde los fraudes enperjuicio de los trabajadores ala subcontratación legítima.Pues bien, si se extiende unasanción, hasta ese momento,propia de la subcontratación si-mulada, a la subcontrataciónreal, uno podría entender queel legislador presume –¡de de-recho!– que hay simulación ymala fe en toda descentraliza-ción; que todo empresario quesubcontrata es, en realidad,empleador de los trabajadoresque llegan a su empresa a tra-vés del contratista y que el con-tratista es siempre un testaferroo “palo blanco”. Esta presun-ción, además de ser insosteni-ble jurídicamente, pone otravez en evidencia la confusióndel actuar lícito con el actuarilícito en que incurrió el legisla-dor al asimilar, en términos prác-ticos, la subcontratación real a lasubcontratación simulada y dejaal descubierto la visión peyora-tiva del fenómeno descentraliza-dor que informa la ley.

En otro lugar,7 bajo la vigen-cia del paradigma normativo

anterior, procuré, desde las pro-pias categorías de nuestro De-recho del Trabajo, dar funda-mento a la responsabilidad la-boral –entonces subsidiaria–del empresario que encomien-da a otro una obra o servicio.Sostuve que, aunque la empre-sa contratista o subcontratistaexista como tal y se comportecomo empleador de sus traba-jadores, al incorporarse con és-tos en el ámbito de organiza-ción y dirección del empresarioprincipal, éste asume respectode aquéllas una posición jerár-quica que repercute tambiénsobre los trabajadores de lasempresas auxiliares. Mientrasdura esa incorporación, surgeentre el empresario principal ylos trabajadores externos, para-lelamente a la relación de tra-bajo con el contratista osubcontratista, una relaciónfáctica y mediata –que denomi-né subordinación de segundogrado– a partir de la cual pare-ce legítimo considerar al em-presario principal como unasuerte de empleador indirectode tales trabajadores y, porende, imputarle una responsa-bilidad subsidiaria en relacióncon la que pesa sobre elempleador directo. Con todo, lasubordinación de segundo gra-do no justifica equiparar al em-presario principal con el em-pleador directo.

Queda, pues, abierta la cues-tión de si la responsabilidad so-lidaria y las cargas que debeasumir para sortearla, ademásde lesionar la libertad de con-tratación laboral afectan el de-recho de propiedad del empre-sario principal y entorpecen ellibre ejercicio de su derecho adesarrollar cualquier actividadeconómica lícita.

2. Prohibición de suministroentre empresas relacionadas

Por otra parte, la nueva le-gislación junto con permitir, endeterminados casos, el sumi-nistro de trabajadores por em-presas autorizadas, lo ha pro-

hibido expresamente entre em-presas que formen parte de unmismo grupo. El nuevo art.183-I del Código del Trabajodispone que “las empresas deservicios transitorios no podránser matrices, filiales, coligadas,relacionadas ni tener interés di-recto o indirecto, participacióno relación societaria de ningúntipo con empresas usuarias quecontraten sus servicios”.

Según parece, lo que se quie-re con esta norma es evitar quelas empresas generen empresasde suministro con el solo fin deinterponerlas en la contrataciónde la mano de obra. En este sen-tido, Figueroa y Schwenke se-ñalan que “lo que busca estanorma es evitar que el suminis-tro de trabajadores sea un meroencubrimiento del verdaderoempleador. El empleador, pordiferentes motivos, como porejemplo excluir a ciertos traba-jadores de los beneficios de uncontrato colectivo, o para pa-garles remuneraciones meno-res, puede verse inducido acrear una empresa de suminis-tro de trabajadores que le pro-porcione parte de la mano deobra que necesita. En efecto,mediante la autocontratacióncon una empresa de serviciostransitorios, con la cual se en-cuentre ligada o sencillamentees una prolongación simuladade la misma, se limitan o vulne-ran derechos como el de sindi-cación y negociación colecti-va”.8

Es muy probable que estashayan sido las consideracionestenidas a la vista a la hora deintroducir la prohibición desuministro entre empresas re-lacionadas; no obstante, esta ar-gumentación trasparenta losmotivos conductores de la nue-va legislación, a saber, una mal

7 Palavecino, C., “La responsabilidad subsidiaria delcomitente en los contratos y subcontratos de obras yservicios. Un intento de precisar su fundamento yextensión”, en Actualidad jurídica, Universidad delDesarrollo, año VII, N°13, enero 2006, pp. 245-265.

8 Figueroa, C. y Schwenke, E., El suministro de trabaja-dores y las empresas de servicios temporarios, Memoriade prueba para optar al grado de licenciado en cien-cias jurídicas y sociales de la Universidad de Chile,Santiago, 2002, p. 216.

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CLAUDIO PALAVECINO

Profesor de Derecho del Trabajo y SeguridadSocial de la Universidad de Talca

Doctorado en Derecho del Trabajo en laUniversidad de Valencia, España

disimulada aversión por todaforma de descentralización y,como consecuencia derivada, lapermanente confusión de dosplanos, desde que, en este yotros casos, se aplica, con carác-ter general, tanto al actuar líci-to como al actuar ilícito, unamisma solución normativa, lacual debería regir sólo frente alactuar fraudulento. Para el le-gislador resulta, pues, inconce-bible un suministro lícito entreempresas relacionadas. Se pre-sume de derecho la mala fe.Fundada en esos motivos espu-rios, la prohibición de suminis-tro entre empresas relacionadasresulta limitación despropor-cionada de la garantía constitu-cional de la libertad de empre-sa. Por lo demás, si la razón hasido evitar los fraudes por in-terposición de terceros, la pro-hibición no se justifica, puestoque la ocultación de la personao del patrimonio del empleadora través de toda clase de sub-terfugios ya están severamen-te sancionados en el art. 478 delCódigo del Trabajo.

3. Facultades otorgadas a la Di-rección del Trabajo

De conformidad al nuevo art.183-G del Código del Trabajo,la Dirección del Trabajo fiscali-zará el cumplimiento de lasnormas sobre suministro depersonal en el o los lugares dela prestación de los servicios,como en la EST. Asimismo, po-drá revisar los contenidos delcontrato de servicios transito-rios o puesta a disposición en-tre ambas empresas, a fin de fis-calizar los supuestos que habi-litan la celebración de un con-trato de trabajo de serviciostransitorios.

El contrato de puesta a dis-posición es el celebrado entre laEST y la empresa usuaria y tie-ne por objeto la cesión de tra-bajadores para prestar serviciosen la usuaria a cuyo poder dedirección quedarán sometidos.Pese a ser un contrato infiltra-do y dirigido por el Derecho delTrabajo, su naturaleza es civil/mercantil; por tanto, en lo noprevisto por el Código del

Trabajo se le aplicará la legisla-ción común y conocerán de losconflictos de las partes los tri-bunales civiles.

Resulta preocupante que laley faculte a la Dirección delTrabajo para revisar el conteni-do de estos contratos y paracalificar si han sido o no cele-brados dentro de los supuestoslegales, lo cual va a determinar,a su vez, si el vínculo laboral seva a quedar establecido en de-finitiva entre el trabajador tran-sitorio y la EST o entre aquél yla empresa usuaria. Tal califica-ción y las delicadas consecuen-cias que de ella se derivan su-ponen para su esclarecimientola interpretación de cláusulascontractuales y la ponderaciónde hechos, lo cual va más alláde la detección de una infrac-ción flagrante y manifiesta y separece sospechosamente a laactividad jurisdiccional.

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“ESTUDIOS DE DERECHO PENALY PROCESAL PENAL”

Kai Ambos1a Edición 2007

PROXIMAMENTE

N° 38DICIEMBRE 2006

INFORMATIVOJURIDICO

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A continuación haremos algu-nos breves comentarios sobrelos temas más relevantes.

1. Protección de la vida del serhumano desde la concepción

La ley del epígrafe tiene elmérito enorme de reconocer loque la biología proclamaba agritos por lo menos desde eldescubrimiento del códigogenético: que el ser humanocomienza con la concepción, yque su vida, su integridad físicay psíquica, así como su diversi-dad e identidad genética, debenprotegerse desde ese momento.

En efecto, la biología de-muestra hoy que el hombre co-mienza con la concepción, puescon ella se forma, al unirse losgametos masculino y femeni-no, el código genético, que di-rige todo el desarrollo del nue-vo ser, su crecimiento y la cons-titución de sus órganos defini-tivos, y su desenvolvimientohasta la clausura de su ciclo vi-tal con la muerte. Constituidoel cigoto el nuevo viviente seautoconstruye, sin inyección denueva información.

El momento esencial de la fe-cundación o concepción es lapenetración de la cabeza del es-permatozoide en el ovocito,porque ella desencadena laimpermeabilización de la zonapelúcida, que es la cubierta ex-terior, que lo rodea, para evitarque penetren otros espermios,la activación metabólica del

ovocito y el término de su se-gunda división meiótica –quereduce el ADN–, actividadesque suponen que ya no hay dossistemas biológicos sino uno.

Algunos quieren poner elmomento esencial de la fecun-dación en la unión de lospronúcleos masculino y feme-nino, y hablan incluso de “fu-sión de los pronúcleos”, con elfin de poder manipular embrio-nes antes de esa unión. Esto esun error, primero por lo ya di-cho; luego porque en los mamí-feros no existe fusión de lospronúcleos en un núcleo único,sino que un acercamiento deellos y posterior alineación delos cromosomas paternos y ma-ternos en el ecuador de la célu-la para la primera división delcigoto (Bruce Alberts y otros,Molecular Biology of the Cell, 3ª.ed., Garland, Publishing Inc.,Nueva York, Londres, 1994,pág. 1033; Angelo Serra, Per unanalisi integrata dello statusdell’embrione umano, en Nascitae morte dell’uomo, Marietti,Genova, 1993, pág. 62).

Desde el punto de vista filo-sófico, que se refiere a la cali-dad de persona –substancia in-dividual de naturaleza racio-nal– del sujeto humano, hayque llegar a idéntica conclu-sión: el alma es el “acto prime-ro de un cuerpo natural orgá-nico” (Aristóteles, Del Alma, 412a b); es la forma substancial delos vivientes: desde que hay uncuerpo natural orgánico de

hombre, un sujeto biológicohombre, no puede sino estar enél presente su acto primero: elalma humana, toda vez que laconstrucción de los órganos de-finitivos se funda en la orga-nicidad básica del cigoto, esrealizada autónomamentepor el propio embrión, y por lotanto no importa sino un cam-bio accidental. Aristóteles ySanto Tomás, que creían inor-gánico al producto de la con-cepción, es decir, carente de ladiversidad cualitativa de partesque es indispensable para elmovimiento que caracteriza lavida corporal, porque no veíanen él partes cualitativamentedistintas, pensaban que al prin-cipio no había vida en el em-brión, y que una potencia de-pendiente del alma del padre,en comisión de servicios en elembrión, que se llamó virtudformativa, iba modelando lamateria embrionaria para for-mar los órganos: primero los dela vida vegetativa que dabanlugar al surgimiento de unalma vegetal, luego los de lavida animal en general, quedaban lugar a la emergencia deun alma animal, y por últimolos de la vida humana, que da-ban lugar a la infusión del almahumana espiritual. Ahora quese sabe que el cigoto tienecomplejísima organicidad, queestá dotado de vida y que ade-más es específicamente huma-no, sostener la teoría deAristóteles y Santo Tomás es

LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LA VIDA HUMANAY RESPETO DEL GENOMA FRENTE A LA BIOTECNOLOGÍA

La Ley 20.120, de 22 de septiembre 2006, constituye un cuerpo orgánico de protección de

la vida humana a partir de la concepción, frente a la biotecnología, y se refiere

a la investigación con seres humanos, la eugenesia, la clonación, la terapia génica, la

patentabilidad de los genes y el uso del conocimiento de la identidad genética de las

personas. También crea una comisión nacional de bioética y algunos tipos penales.

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tan absurdo como lo sería se-guir sosteniendo que la tierraes plana, después de los viajesde Colón y Magallanes.

Debe advertirse que aun sinlos conocimientos biológicosactuales, fueron numerosos losfilósofos y hombres de cienciaque desde la antigüedad clási-ca sostuvieron que el embriónhumano tenía el alma espiritualdesde el momento de la con-cepción, y que su desarrollocuantitativo y cualitativo, y laconstrucción de sus órganosdefinitivos, se debían a una fa-cultad formativa inherente alpropio embrión.

Pueden citarse como defen-sores de esta tesis, por vía deejemplo, a Alejandro de Afro-disía, que enseñó en Atenas enel siglo II; a Temistio dePaflagonia, retórico que hizoclases en Roma y en Constan-tinopla en el siglo IV; a los Pa-dres de la Iglesia Oriental SanMáximo Confesor (580-662), ySan Gregorio Niceno (335-394),filósofo notable que conociómuy bien a Aristóteles; en laEdad Media al célebre Siger deBravante, contemporáneo deSanto Tomás; en el Renacimien-to, al médico y filósofo belgaTomás Fyens, quien publicó en1620 un libro fundamental alrespecto, denominado Deformatrice foetus; y a PabloZacchia, protomédico del PapaInocencio X (1583-1658), quienabordó el tema en su célebreobra Quaestiones Medico-legales.

2. Investigación con seres hu-manos

Está regulada en los artícu-los 2, 10 y 11, los cuales sólo lapermiten si no hay riesgo demuerte ni de lesión corporalgrave y duradera, y si se pro-

cede con el consentimiento dela persona en quien ha de ha-cerse la investigación, o dequien según la ley pueda su-plirlo. En cuanto a este últimopunto, si la investigación no esterapéutica, es decir, en interésdel paciente, no es justo que sepueda hacer con incapaces: suconsentimiento no puede sersuplido por nadie, de modoque en este punto la ley deberámodificarse (Elio Sgreccia, Ma-nual de Bioética, Diana, México,1996, págs. 539,540 y 542).

3. Eugenesia

El artículo 3° dice: “Prohíbesetoda practica eugenésica, salvola consejería genética”, y es unanorma digna de toda aproba-ción.

4. Uso del conocimiento delgenoma de una persona

En esta materia hay variasnormas importantes: el artícu-lo 4° prohíbe toda discrimina-ción arbitraria fundada en elpatrimonio genético de las per-sonas; el artículo 9° exige paraque se pueda investigar y de-terminar la identidad genéticade un ser humano, el consenti-miento de éste o de quien pue-da suplir su voluntad; el artí-culo 12 establece que la infor-mación genética de un ser hu-mano debe ser reservada, y ma-teria de secreto profesional ensu caso; el artículo 13 somete losdatos relativos al genoma deuna persona a las reglas sobreprotección de datos personalesde la Ley 19.628, y por último,el artículo 14 prohíbe solicitar,recibir, indagar, poseer y utili-zar información sobre elgenoma de una persona sin suconsentimiento.

5. Clonación

El artículo 5° prohíbe laclonación de seres humanoscualquiera sea el fin que se per-siga y la técnica que se utilice,y el artículo 6° prohíbe, a ma-yor abundamiento, la destruc-ción de embriones humanospara obtener células troncales,es decir, a fiortiori, se impide deraíz la clonación terapéutica,que ya estaba prohibida por elartículo 5°.

6. Terapia génica

El artículo 7° prohíbe la te-rapia génica en células somá-ticas llamada de mejora o alte-ración, es decir, la destinada acambiar características, puessólo autoriza la que tenga un finterapéutico. Se echa de menosla prohibición expresa de la te-rapia génica en la línea germi-nal, que por su completa inse-guridad y sus efectos en la des-cendencia está prohibida enotros países, y hay consenso ge-neral en proscribir.

7. Patentabilidad de genes

El artículo 8°, con plena su-jeción a la ley natural, y en ungesto que nos honra, declaraque el conocimiento del geno-ma humano es patrimonio co-mún de la humanidad, y quepor consiguiente nadie puedeatribuirse ni constituir propie-dad sobre el mismo ni sobreparte de él, y establece que el co-nocimiento de la estructura deun gen y de las secuencias tota-les o parciales de ADN no espatentable.

JOSÉ JOAQUÍN UGARTE GODOY

Profesor de Derecho CivilUniversidad Católica de Chile

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DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIASDE INTERÉS GENERAL PUBLICADAS DURANTEEL PERíODO SEPTIEMBRE 2006 A NOVIEMBRE 2006

• Ley N° 20.121 (Publicada en elDiario Oficial el día 4 de sep-tiembre de 2006) Modifica laLey N° 19.518, permitiendo quelas municipalidades puedan ac-tuar como organismos técnicosde capacitación.

• Ley N° 20.117 (Publicada en elDiario Oficial el día 8 de sep-tiembre de 2006) Reconoce laexistencia y atributos de la et-nia Diaguita y la calidad de In-dígena Diaguita.

• Ley N° 20.120 (Publicada en elDiario Oficial el día 22 de sep-tiembre de 2006) Sobre la inves-tigación científica en el ser hu-mano, su genoma, y prohíbe laclonación humana.

• Ley N° 20.122 (Publicada en elDiario Oficial el día 28 de sep-tiembre de 2006) Exime a vehí-culos internados bajo el régi-men de zona franca de exten-sión del cumplimiento de nor-mas de emisión que indica.

• Ley N° 20.128 (Publicada en elDiario Oficial el día 30 de sep-tiembre de 2006) Sobre respon-sabilidad fiscal.

• Ley N° 20.123 (Publicada en elDiario Oficial el día 16 de octu-bre de 2006) Regula trabajo enrégimen de subcontratación, elfuncionamiento de las empre-sas de servicios transitorios yel contrato de trabajo de servi-cios transitorios.

• Ley N° 20.126 (Publicada en elDiario Oficial el día 17 de octu-bre de 2006) Modifica la LeyN°18.833, con el objeto de defi-nir el sujeto obligado al pagode los créditos sociales, en elcaso que señala.

• Ley N° 20.125 (Publicada en elDiario Oficial el día 18 de octu-bre de 2006) Modifica el N° 16del artículo 97 del decreto leyN° 830, de 1974, Código Tribu-tario, que sanciona la pérdidao inutilización de los libros odocumentos que señala.

• Ley N° 20.124 (Publicada en elDiario Oficial el día 27 de octu-bre de 2006) Modifica el estatu-to de capacitación y empleo, enmateria de bonificación al con-trato de aprendizaje.

• Ley N° 20.130 (Publicada en elDiario Oficial el día 7 de no-viembre de 2006) Introducemodificaciones en el decreto leyN° 3.475, de 1980, que contienela Ley sobre Impuesto de Tim-bres y Estampillas.

• Ley N° 20.131 (Publicada en elDiario Oficial el día 17 de no-viembre de 2006) Reduce laedad para participar en Juntade Vecinos.

• Ley N° 20.129 (Publicada en elDiario Oficial el día 17 de no-viembre de 2006) Establece unSistema Nacional de Asegura-miento de la Calidad de la Edu-cación Superior.

• Ley N° 20.133 (Publicada en elDiario Oficial el día 18 de no-viembre de 2006) Modifica laLey N° 20.019 que regula las So-ciedades Anónimas DeportivasProfesionales.

• Ley N° 20.134 (Publicada en elDiario Oficial el día 22 de no-viembre de 2006) Concede unbono extraordinario a los exo-nerados por motivos políticosque indica.

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TRATADOS INTERNACIONALESSEPTIEMBRE 2006 A NOVIEMBRE 2006

• Decreto N° 162 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 2 deseptiembre de 2006) Crea Comi-té Nacional CITES.

• Decreto N° 52 RR.EE. (Publica-do en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgamodificaciones a los artículos17 y 31 de las Notas Explicati-vas del Anexo III del Acuerdopor el que se establece una aso-ciación entre la ComunidadEuropea y sus Estados Miem-bros, por una parte, y la Repú-blica de Chile, por la otra.

• Decreto N° 187 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgael Convenio entre el Gobiernode la República de Chile y elGobierno de la Federación deRusia sobre Cooperación parala Utilización Pacífica de laEnergía Atómica.

• Decreto N° 189 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgael Addendum N° 2 al Conveniode Financiación Específico conla Comunidad Europea del Pro-grama “Apoyo a la Creación yDesarrollo de EmpresasInnovadoras”.

• Decreto N° 207 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgael Acuerdo Marco de Coopera-ción entre el Gobierno de laRepública de Chile, por unaparte y el Gobierno de la RegiónValona y el Gobierno de la Co-munidad Francesa de Bélgica,por otra parte.

• Decreto N° 227 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgael Acuerdo cultural entre el Go-bierno de la República de Chiley el Gobierno del Reino deTailandia.

• Decreto N° 265 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgael Convenio Complementarioal Convenio de Seguridad So-cial con el Reino de España.

• Decreto N° 267 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 4 deseptiembre de 2006) Promulgael Convenio con NuevaZelanda para evitar la DobleImposición y para Prevenir laEvasión Fiscal con Relación alos Impuestos a la Renta y suProtocolo.

• Decreto N° 234 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 14de septiembre de 2006) Promul-ga con la Comunidad Europeala Modificación al Acuerdo so-bre el Comercio de Bebidas Es-pirituosas y Bebidas Aromati-zadas, contemplado en elAnexo VI del Acuerdo por elque se Establece una Asociaciónentre la República de Chile, poruna parte, y la Comunidad Eu-ropea y sus Estados Miembros,por otra, y al Acuerdo relativoa la modificación del ApéndiceII de dicho Anexo.

• Decreto N° 235 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 14de septiembre de 2006) Promul-ga con la Comunidad Europeala Modificación al Acuerdo so-bre el comercio de vinos, con-templado en el Anexo V del

Acuerdo por el que se estable-ce una Asociación entre la Re-pública de Chile, por una par-te, y la Comunidad Europea ysus Estados Miembros, porotra, y a los Acuerdos relativosa la modificación de los Apén-dices I, II, III, IV, VI de dichoAnexo.

• Decreto N° 276 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 14de septiembre de 2006) Promul-ga el Convenio sobre Coopera-ción en los Usos Pacíficos de laEnergía Nuclear y sus Anexoscon Corea.

• Decreto N° 279 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 14de septiembre de 2006) Promul-ga el Convenio para Evitar laDoble Imposición y para Preve-nir la Evasión Fiscal en Relacióna los Impuestos a la Renta y alPatrimonio y su Protocolo conla República Francesa.

• Decreto N° 317 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 23de septiembre de 2006) Promul-ga el Tratado de Libre Comer-cio con el Gobierno de la Repú-blica Popular China.

• Decreto N° 229 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 3 deoctubre de 2006) Promulga elConvenio sobre CooperaciónAntártica entre el Gobierno dela República de Chile y el Go-bierno de la República deBulgaria.

• Decreto N° 278 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 3 deoctubre de 2006) PromulgaAcuerdo con Argentina relati-vo al cambio de denominaciónde los Comités de Frontera.

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• Decreto N° 277 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 10de octubre de 2006) Promulgael Acuerdo Marco de coopera-ción sobre Cooperación en elCampo de las Actividades Es-peciales con Ecuador.

• Decreto N° 270 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 13de octubre de 2006) Promulgael Convenio sobre CooperaciónFinanciera con Alemania.

• Decreto N° 266 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 7 denoviembre de 2006) Promulgalas declaraciones sobre algunasdisposiciones del Capitulo Gdel Tratado de Libre Comerciocon Canadá.

• Decreto N° 327 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 7 denoviembre de 2006) Promulgael Acuerdo Administrativo conPerú para implementación delConvenio de Seguridad Social.

• Decreto N° 354 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 8 denoviembre de 2006) Promulgael Acuerdo Estratégico Traspa-cífico de Asociación Económi-ca, incluidos sus anexos; el Me-morándum de Entendimientosobre Cooperación Laboral y suAnexo 1, y el Acuerdo de Co-operación Ambiental entre Chi-le, Brunei Darussalam, NuevaZelanda y la República deSingapur.

• Decreto N° 301 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 11

de noviembre de 2006) Promul-ga el Convenio Básico de Coo-peración Técnica y Científicacon Uruguay y su AcuerdoInterpretativo.

• Decreto N° 299 RR.EE. (Publi-cado en el Diario Oficial de 13de noviembre de 2006) Promul-ga el Acuerdo con el Programade las Naciones Unidas para elDesarrollo Relativo a la Modi-ficación del Proyecto del Go-bierno de Chile denominado“Educación y Desarrollo Hu-mano”.

• Decreto N° 297 RR.EE. (Pu-blicado en el Diario Oficial de30 de noviembre de 2006) Pro-mulga Enmiendas al Regla-mento Internacional para Pre-venir los Abordajes.

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“ESTATUTO ADMINISTRATIVO INTERPRETADO”Tomos I y II

Rolando Pantoja Bauzá7a Edición Actualizada 2007

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Con fecha 4 de abril de 2003, elPrimer Juzgado del Crimen deValdivia condenó a don BrunoGerhard Alberto VyhmeisterLópez, como autor del delito delesiones graves cometido en lapersona de Alberto Carlos CáceresRojas, a seiscientos días de presi-dio menor en su grado medio y auna pena accesoria de suspensiónde cargo y oficio público duranteel tiempo de la condena, más lascostas del litigio, concediendo laremisión condicional de la sancióncorporal. Se acogió además lademanda civil intentada por lavíctima por el resarcimiento deldaño moral ocasionado por lasuma de diez millones de pesos,más rejaustes e intereses legalesprocedentes, con costas.

El mencionado fallo fue apela-do ante la Corte de Apelaciones deValdivia, la que en resolución defecha 26 de julio de 2003 estable-ció la exigencia de sufragar previa-mente la indemnización civil parahacer uso de la franquicia otorga-

da, rebajando la suma a enterar acinco millones de pesos. Contraesta resolución el convicto forma-lizó recursos de casación en la for-ma y fondo.

Casación en la forma

El recurrente sustenta la casaciónen la forma en que el fallo recurri-do contiene decisiones contradic-torias que influyen sustancial-mente en lo dispositivo del mis-mo, invocando los artículos 541,inciso final, del CPP en relacióncon los artículos 500, N° 4 del mis-mo Código y 768, N° 7 del CPC.Señala el recurrente que en la par-te civil de la resolución existe unaclara y manifiesta contradicciónentre sus razonamientos que ha-cen que se anulen entre sí. El mo-tivo tenido a la vista por el tribu-nal para indemnizar el daño mo-ral, no alterado por la Corte, fueque las lesiones sufridas provo-can un dolor más allá de lo físicoque afecta la vida futura de la víc-

tima de modo permanente, unasecuela estética de por vida que noes posible borrar. Por otra parte,el tribunal de alzada afirma quelos informes médicos no son con-cluyentes en cuanto a las conse-cuencias funcionales y que, si bienconcuerdan respecto de las estéti-cas, ello se contradice con el infor-me médico que señala que puedenser corregidas con una interven-ción quirúrgica, por lo que, “a en-tender de este Tribunal, dichas se-cuelas podrían desaparecer”. Esto,agrega el recurrente, “denota unaclara y manifiesta oposición entrelas mencionadas reflexiones, todavez que por una parte el sostén delpadecimiento espiritual lo consti-tuye la afectación de manera inal-terable de la vida futura del ofen-dido causado por heridas perma-nentes, pero, por otra, se determi-na soberanamente que no se ob-serva una marca de tal magnitud,pues estima que podrían ser su-primidas, demostrándose entoncesel contrasentido que se destaca”.

JURISPRUDENCIA

En esta sección ofrecemos un anticipo de interesantes fallos,algunos de los cuales se podrán encontrar in extenso en los próximos

números de la Revista de Derecho y Jurisprudencia

INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL.RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO Y FORMA,RECHAZADO

La naturaleza del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo. Se trata de un

hecho evidente que las lesiones físicas y mentales sentidas por un sujeto producen un

sufrimiento que no requiere de evidencia, pero que, en todo caso, debe ser indemnizado

por la persona que los ocasionó, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos

y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el

tribunal. Al no requerir prueba el daño moral, no resulta posible asentar una casación

en el fondo sobre el supuesto de contravención de leyes reguladoras de la prueba.

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Respecto a lo señalado, la CorteSuprema deja en claro que “paraque existan decisiones contradic-torias y deba invalidarse una sen-tencia por tal razón, es necesarioque las resoluciones que conten-ga sean incompatibles entre sí, demodo que no sea posible ejecutar-las dado que no se pueden obe-decer simultáneamente las dos, envirtud de que el cumplimiento deuna se opone a lo ordenado en laotra”. Que contradictorias sonaquellas proposiciones de las queuna afirma lo que niega la otra,pero no pueden ser al mismo tiem-po ambas verdaderas o falsas, detal manera que no es posible ob-servar antinomia en un fallo enque existe una sola conclusión quese limita a confirmar con declara-ción la decisión civil de primergrado.

Agrega la Excelentísima Corte,que es una sola la resolución quecontiene el dictamen reprobadoacerca del asunto en debate y sien-do así, no puede adolecer del des-cuido que se le atribuye, ya quelos raciocinios hechos por lossentenciadores del fondo paraapoyar sus conclusiones, que es loque se critica en el recurso y sedisiente de ellos, no son integran-tes de la disposición final y si biental situación podría dar base paraotro motivo de invalidación, no hasido formulado en el recurso porel impugnante.

Por lo demás, agrega, no se vis-lumbra el error denunciado, porcuanto un fundamento del fallorecurrido se refiere a la calificaciónjurídica de las lesiones inferidas alofendido, haciéndose cargo el tri-bunal de alzada de la apelaciónentablada por el querellante, enmiras a calificar las heridas ocasio-nadas como gravísimas. Mientrasque el otro discurre sobre la peti-ción civil y por la cual el senten-ciador determina la dimensión delmenoscabo ocasionado y su justareparación, razonamiento que ex-presamente hace suyo el veredic-to atacado.

Concluye la Corte Supremaque las señaladas argumentacio-nes versan sobre acciones que aun-que emanan de un mismo hecho,son distintas y han sido resueltasseparadamente, por lo que no esposible que se produzca antino-mia entre ellas, puesto que no con-curren dos decisiones sobre unamisma petición, ni se ha promo-

vido dos veces una misma. Porconsiguiente, al no verificarse elvicio formal imputado por el in-teresado, la revocación debe serdesestimada.

El recurrente invoca también elnumeral noveno del artículo 541del CPP, señalando que el fallo noha sido extendido en la forma dis-puesta por la ley, en armonía conel número cuarto del artículo 500del mismo Código, que prescribeque la sentencia definitiva de pri-mera o segunda instancia quemodifique o revoque la de otro tri-bunal, contendrá: “las considera-ciones en cuya virtud se dan porprobados o por no probados loshechos atribuidos a los procesa-dos; o los que éstos alegan en sudescargo, ya para negar su parti-cipación, ya para eximirse de res-ponsabilidad, ya para atenuarésta”. Expresa el recurrente que elquebrantamiento se ha producidoen la sentencia recurrida porquesu parte allegó al pleito en segun-da instancia una serie de instru-mentos destinados a desvirtuar laexistencia de algún tipo de dete-rioro síquico y sicológico del ofen-dido, producto de las lesiones su-fridas, además de otros anteceden-tes encaminados a comprobar lacalificación de la atenuante de irre-prochable conducta pretérita, peromanifiesta a su respecto simple-mente que “en nada altera lo con-cluido la prueba documentalacompañada por el querellado”.De lo anterior se colige que el dic-tamen objetado carece de conside-raciones de hecho respecto delvalor probatorio de los documen-tos que se aparejaron a la instan-cia, omitiendo la necesaria apre-ciación y ponderación que permi-te decidir que de ellos nada se des-prendía para favorecer al conde-nado en cuanto al supuesto detri-mento moral. Sostiene que paracumplir semejante exigencia serequiere que la resolución conten-ga basamentos fácticos que le sir-van de soporte, debiendo los jue-ces examinar y aquilatar la totali-dad de la probanza rendida a finde deducir de su estudio compa-rativo dichas determinaciones, demodo tal que al omitir reflexionarsobre el tema, la resolución im-pugnada carece de ese requeri-miento.

El delatado vicio, puntualiza elrecurrente, causa agravio aVyhmeister López, toda vez que

de haberse analizado y pondera-do los escritos junto con los demásmedios, los sentenciadores ha-brían concluido que estos demues-tran la presencia de indicios cier-tos y efectivos que el herido no hasoportado un agravio de índolesicológico o síquico, alterándose loresuelto y rechazando, por tanto,la demanda civil por concepto dedaño moral. Finaliza instando aque conociendo del presente arbi-trio, esta Corte invalide el fallocensurado y dicte la correspon-diente sentencia de reemplazo conarreglo a derecho y al mérito delproceso, desechando la accióncivil incoada, concediendo a surepresentado la remisión condi-cional de la pena, relevándolodel cumplimiento de la exigen-cia del artículo 5, letra d), de laLey N° 18.216, con costas.

Considera esta Corte que, sibien es cierto que una aplicaciónmás extensiva del citado artículo500, N° 4°, permite declarar queel dictamen es nulo no solamentecuando la omisión en que incurrees absoluta, sino, además, cuandolas consideraciones olvidadas sonde tal entidad que revelan un es-tudio deficiente del expediente,que entraña el riesgo de una con-clusión errada, no lo es menostambién que no resulta conducen-te ni plausible exigir un análisisexhaustivo de las probanzas acu-muladas, más aún de las imperti-nentes o carentes de valor deciso-rio, ni por otra parte, que agotenlas reflexiones y especulaciones aque puedan dar lugar, sea por símismas o comparándolas con lasdemás, porque no es indispensa-ble llegar a tal extremo para darsatisfacción al propósito de la ley,cual es el de revestir a las senten-cias judiciales de la autoridad queles da la comprobación objetivade haber sido adoptadas tras ade-cuada evaluación, además de laque les otorga el ordenamientojurídico.

Añade la Corte que en todocaso es útil dejar en claro que loque estatuye la norma es que eldictamen contenga las considera-ciones de hecho y de derecho quele sirven de base y no otras que,según los contendientes, debieranhacerse respecto de las defensas oplanteamientos esgrimidos enapoyo de sus intereses y que enopinión de los sentenciadores dela instancia resultan intrans-

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cendentes con la cuestión debati-da y, por lo mismo, no alteran loresuelto.

La Corte concluye al respecto,que el fallo de alzada cumple condicha suficiencia por más que pue-da ser efectivo, como el compare-ciente lo indica, que el examenpudo ser aun más completo, comosiempre y en todo caso sucede. Detal modo, no resultando exacto elvicio imputado a la sentencia enestudio, no ha podido configurar-se la causal de invalidación formalinvocada en el recurso, por lo quehabrá de ser desechado.

Casación en el fondo

El recurrente ataca la parte civil dela decisión recurrida, que acogióla reparación del daño moral, fi-jándose en la suma de cinco mi-llones de pesos, solicitando endefinitiva se la invalide y en sen-tencia de reemplazo se deniega lademanda civil entablada, por nohaberse demostrado la existenciadel deterioro íntimo aparentemen-te inferido. Se invocan los siguien-tes preceptos: artículo 546, incisofinal del CPP en relación con elartículo 767 del CPC, artículos 457,477 , 478 y 488 bis del CPP y el ar-tículo 1698 del Código Civil, pre-ceptos estimados como regulado-res de la prueba por el recurrente.

En cuanto a la transgresión delos artículos 488 bis del CPP y 1698del Código Civil, señala que estasdisposiciones determinan la distri-bución del peso de la prueba,preceptuando que es el actor civilquien debe acreditar los hechosque sustentan la responsabilidadextracontractual impetrada, lo quese traduce en la constatación realde todos y cada uno de los ele-mentos de ella. No obstante lo ex-puesto, la sentencia recurridaotorgó una compensación por di-cho rubro, sin que mediara pro-banza alguna en la litis que com-pruebe sus hechos estructu-radores.

Expone el recurrente que eldaño moral no es más que una es-pecie de menoscabo al igual queel emergente o el lucro cesante,distinguiéndose de éstos por sunaturaleza subjetiva, característi-ca que encierra su “no mensura”,por lo cual se faculta a lossentenciadores de la instancia paradeterminar prudencialmente la

extensión y cuantificación del re-sarcimiento pecuniario, lo que nodebe confundirse con la acredita-ción del mismo. Refiere ademásque cuando se habla del imperati-vo de probar el daño, se está ha-ciendo alusión a un vocablo queno sólo abarca un detrimento omenoscabo material sino que tam-bién a un dolor espiritual, por loque la ley comprende en él todaclase de perjuicio, estableciendo lanecesidad de su indagación, aligual que la de los demás aparta-dos que conforman la responsabi-lidad civil. Agrega que para quela pérdida moral sea indemniza-da se requiere que sea cierta, esdecir, no debe ser solamente even-tual o hipotética, ni consistir ensuposiciones no comprobadas oen posibilidades abstractas, sinoque es necesario definir su reali-dad con los medios idóneos queexisten en la litis. Afirmar lo con-trario, añade, significa presumir eldetrimento, el que devendría porla sola ocurrencia del hecho ilíci-to, situación que constituye undesacato a la normativa que re-gula el onus probandi, ya que tras-lada la carga de la prueba, obligan-do al demandado a acreditar lainexistencia del perjuicio moral,enfrentándolo a la prueba de he-chos negativos indeterminados.

En otro aspecto el recurrente es-pecifica que se desconoce el artí-culo 457 del CPP, pues se da porestablecido un daño moral sin quela decisión objetada se apoye enalguno de los medios de compro-bación taxativamente enumeradospor la ley. Por lo mismo, agrega elimpugnante, la sentencia recurri-da violenta el artículo 457 citado,en la medida que el fallo de pri-mer grado indemniza un dañomoral que no se encuentra demos-trado por alguno de los elemen-tos que, perentoria y taxativa-mente, obliga utilizar la ley paralograr la convicción de los juecesdel fondo, de tal forma que al de-jar de aplicar dicha regla para fun-damentar la prueba del detrimen-to inmaterial, la infringe abierta-mente. Además, señala que auncuando de aceptarse que el dañomoral no es necesario acreditarloy, por ende, debe presumirse, seviolaría el número primero delartículo 488 del CPP, ya que sedesprendería una presunción dehechos que no están probados yque no se sabe si son reales o no,

en la medida que extrae una pre-sunción de otra, inferencia expre-samente prohibida por la ley, por-que tanto el ilícito penal como eldelito civil que importó, se en-cuentran acreditados a través deindicios judiciales.

Por último el recurrente denun-cia la inobservancia de los artícu-los 477 y 478 del CPP, al rechazarseun medio probatorio que la leyadmite y desconocer por comple-to el valor que la ley expresamen-te asigna a los instrumentos quese incorporaron legalmente.

Finalmente el recurrente expre-sa que dichos errores han influi-do sustancialmente en lo disposi-tivo del fallo, pues de haberse apli-cado correctamente las reglas in-vocadas se habría rehusado la de-manda civil, con las respectivascostas.

La Excelentísima Corte estable-ce que la discusión planteada re-side en determinar si el daño mo-ral debe ser necesariamente acre-ditado, dado que la decisión afir-mativa de este asunto permitiríala existencia de vulneraciones a lanormativa ordenatoria de la evi-dencia aludida, y la correlativaaceptación de la causal en que seasila el presente medio de impug-nación. En esta perspectiva, caberecordar que la jurisprudencia rei-terada de esta Corte de Casación,afirma que el daño moral es la le-sión efectuada culpable o dolosa-mente, que significa molestias enla seguridad personal del afecta-do, en el goce de sus bienes o enun agravio a sus afecciones legíti-mas, de un derecho subjetivo decarácter inmaterial e inherente ala persona e imputable a otra.Daño que sin duda no es de natu-raleza propiamente económica yno implica, en consecuencia, undeterioro o menoscabo real en elpatrimonio de la misma, suscep-tible de prueba y determinacióndirecta; sino que posee una natu-raleza eminentemente subjetiva.Que atendida esta particularidad,no pueden aplicarse para precisarsu existencia las mismas reglasque las utilizadas para la determi-nación de los daños materiales,que están constituidos por hechostangibles y concretos, que induda-blemente deben ser demostrados,tanto en lo que atañe a su especiecomo a su monto.

Agrega la Corte que la compro-bación de la transgresión o agra-vio del derecho subjetivo envuel-

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ve al mismo tiempo la prueba dela efectividad del daño moral, demanera que acreditada la existen-cia del delito por parte delincriminado y por el cual se le con-denó, forzoso es concluir que sehan producido y que éste debereparar dicho mal, lo que no po-dría ser de otra forma en tanto quematerialmente es difícil, por nodecir imposible, medir con exac-titud la intensidad con que las le-siones han afectado al ofendido,por la naturaleza del perjuicio pro-ducido De todo lo cual, concluyeque este tipo de menoscabo nodebe ser fundamentado ni proba-do por el carácter espiritual quereviste.

Señala además que la natura-leza del dolor no hace indispen-sable la prueba sobre el mismo,sino que se trata de un hecho evi-dente que las lesiones físicas ymentales sentidas por un sujetoproducen un sufrimiento, que norequiere de evidencia, pero que,en todo caso, debe ser indemniza-do por la persona que los ocasio-nó, tomando en cuenta todos losantecedentes reunidos y debiendohacerse sobre el particular unaapreciación equitativa y razonablepor el tribunal.

Concluye al respecto que al norequerir prueba el daño moral, noresulta posible asentar una casa-ción en el fondo sobre el supuestode contravención de leyes regu-ladoras de la prueba.

Expresa la Corte, en lo relativoal quebrantamiento del artículo1698 del Código Civil, se hace con-sistir en la insuficiencia probato-ria del actor y la imposición al de-mandado de una prueba que nole correspondía, porque dar porestablecido el aludido menoscaboen ausencia de toda prueba es unamateria ajena a dicho precepto,dado que la insuficiencia probato-ria a que apunta el recurrente re-sulta ser un problema de distintaíndole, que no atañe a la normainvocada y por lo mismo, no ha

podido ser violada en la formaplanteada en el recurso.

Además, señala, lo expuestopor el impugnante en cuanto aexigírsele probar al demandado lainexistencia del perjuicio no pue-de estimarse una alteración al onusprobandi que prescribe la citadaregla, sino que por el contrario esla correcta aplicación de ella, por-que el único llamamiento proba-torio que cabe está encaminado adesvirtuar la situación normal queestablecen los juzgadores del fon-do, o sea, que debidamente com-probada la responsabilidad penaldel encausado, pesa sobre él laobligación de indemnizar.

Establece esta Corte que la sen-tencia cuya anulación se intenta,en parte alguna violentó, comopretende el recurrente, el artículo457 del CPP, al indemnizar undaño moral que no se encuentracomprobado por uno de los me-dios que tal disposición compren-de y en cuya virtud se acreditanlos hechos en un litigio penal, enatención a que como se ha señala-do, para dar por establecida laexistencia del daño moral bastacon que el juez estime demostra-da la causa que lo genera, de suer-te que sólo es suficiente probar laslesiones de la víctima y la identi-dad del agente por cuya acciónfueron provocadas. En tales con-diciones la contravención del re-ferido artículo no llega a concre-tarse.

La Corte señala, en cuanto lasobjeciones al veredicto por apre-ciaciones erróneas de los senten-ciadores de las pruebas, que loshace adoptar, a juicio del recurren-te, decisiones sustancialmentecontrarias al verdadero mérito deellas, defectos que califica comocontravenciones a las leyesreguladoras de la prueba, fluyecon claridad que lo que se persi-gue es el rechazo de la petición ci-vil a través de una nueva valora-ción de la prueba, conforme a losparámetros y conclusiones que

suministra el recurso. Establece laCorte que esta apreciación o aná-lisis es privativo de los jueces delfondo y no cae bajo la censura deeste tribunal, por un medio que enmodo alguno puede transformar-se en una nueva instancia en queesta Corte aquilate otra vez el mé-rito de determinadas probanzas,haciendo un nuevo estudio com-parativo de aquéllas para llegar aconclusiones de hecho diversas delas que los sentenciadores de lainstancia enunciaron, rol propiode tales juzgadores y cuyo crite-rio valorativo es inalterable paraestos jurisdicentes.

En síntesis, añade la Corte,como los juzgadores del méritoestán facultados para justipreciar,con la más amplia latitud, el con-tenido intrínseco de los anteceden-tes probatorios que con eficacialegal se acumulen en el juicio, a finde establecer los hechos determi-nantes del asunto sub judice y, porlo mismo, para darles o negarlesvalor, reflexiones que escapan, na-turalmente, al control de este Tri-bunal de Casación.

La Corte Suprema, en atencióna lo razonado y en la forma que selo ha deducido, considera que elrecurso de casación en el fondopromovido no puede prosperar.

Por todas las consideracionesque se han señalado y lo precep-tuado en los artículos 1698 delCódigo Civil, 457, 477, 478, 488 bis,500, Nº 4º, 535, 541, Nº 9º e incisofinal, 546, inciso final, y 547 delCPP, y 767 y 768, N° 7°, del CPC,la Excelentísima Corte rechaza losrecursos de casación en el fondo yen la forma instaurados por el acu-sado en contra de la sentencia dedieciséis de julio de dos mil tres,la que, en su conclusión, no esnula.

CORTE SUPREMARol N° 3425-03

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LA HISTORIA COMO CONJETURAReflexiones sobre la narrativa de Jorge Edwards

Roberto Ampuero290 páginas

Se trata esta de una “anatomía” del Chile de las últimas décadas,realizada a través del análisis de la novelística de Jorge Edwards.

Desde la perspectiva ensayística y con prosa fluida y amena,pero de estricto rigor intelectual, uno de los novelistas chilenosde mayor difusión internacional examina aquí la obra del Pre-mio Cervantes y Nacional de Literatura.

La historia como conjetura constituye un atractivo modelo deanálisis literario, que revela de qué modo los límites entre fic-ción e historia tienden a difuminarse.

Este libro está llamado a convertirse en un texto obligado paratodo estudio ulterior de la obra de Edwards. Sólo un novelistaexperimentado podía desentrañar, de modo tan apasionante yoriginal, las claves de uno de los grandes de la narrativa latinoa-mericana.

MEMORIAS DE MIS ÚLTIMOS 200 AÑOS

Gonzalo Figueroa Yáñez340 páginas

Estas memorias recorren doscientos años que se suceden antenuestros ojos bajo distintas perspectivas: la historia personal delautor, la historia colectiva de su familia y, como trasfondo, lahistoria social y política de nuestro país.

Con estilo impecable y en forma notablemente atractiva, elautor se asoma a situaciones, personas y lugares privilegiadospara capturar instantáneas que cada lector reconoce y puede re-construir, completar o imaginar a su vez. Como las figuras de suabuelo Eliodoro Yáñez, su madre Madame Gabriela, su tío JuanEmar, su primo Pepe Echeverría; el despojo de diario “La Na-ción”, la gloria, pasión y muerte de la revista “Cauce”, la Emba-jada ante la UNESCO.

Es un relato que se lee sin parar desde las primeras páginas,que hablan de los años fundacionales de nuestra República, has-ta detalles del “funeral” del autor, imaginado por una de sushijas.

RESEÑASEn este espacio hacemos mención de dos obras que si bien no son jurídicas pueden interesar, de algún modo, a los profe-sionales de esta área.