presentación 2 ahuacatlán, nayarit clausura del taller de ... · trabajo y trato de realizarlo...
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Presentación....................................................................
Juzgado Mixto de Primera Instancia deAhuacatlán, Nayarit.......................................................
Clausura del Taller de Amparo y Jurisprudenciaen materia civil.................................................................
Educandos visitan el Tribunal Superior de Justicia
Abogados reciben certificado de aptitud de laUniversidad de Salamanca ............................................
Unidad de información y atención a la ciudadanía.Origen, estructura y funcionamiento.........................
Desayuno con comunicadores sociales......................
Novedades en el marco legal .......................................
Prescripción de la acción de responsabilidad civilproveniente de actos ilícitos........................................
Algunas consideraciones sobre la aplicación desanciones...........................................................................
Delito de asalto. Necesidad de incluir en el tipo laviolencia moral................................................................
Breves comentarios sobre el derecho de acceso ala información..................................................................
Autores nayaritas...........................................................
Convenio de Colaboración, Poder Judicial deNayarit y UNIVER de Nayarit A. C. ...............................
Nuevas Adscripciones en el Tribunal Superior deJusticia...............................................................................
Poema del Padre ..............................................................
Felicidades a los compañeros que cumplen años eneste mes..............................................................................
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Poder Judicial de Nayarit
El trabajo coordinado, la colaboración institucional respetuosa entre
los poderes y niveles de gobierno en un Estado democrático, t ienen el
propósito de faci l itar le al pueblo en general el acceso a los servicios que los
organismos prestan, evitándole pérdidas de t iempo, trámites innecesarios y
sobre todo, permitiéndole evitar gastos que afecten su s ituación económica.
En este contexto y con esos propósitos, en breve real izaremos de
forma conjunta: Poder Ejecutivo, Tribunal Superior de Justicia y los
Honorables Ayuntamientos del Estado, acciones que les permitan a los
justiciables que tengan problemas con su acta de nacimiento, real izar sus
gestiones para la rectif icación, modificación y aclaración de las mismas.
Es pertinente señalar, que conforme a las estadísticas que nos
proporcionan los juzgados de la entidad, en el año 2002 el 20% de los juicios
en materia famil iar correspondieron a los de rectif icación de actas de
nacimiento y durante el primer tr imestre de 2003 l lega al 23%, representando
el primer lugar en asuntos tramitados en materia famil iar.
La estadística presentada refleja que no es un asunto de importancia
menor; la frecuencia con la que se tramitan estos juicios ante los diversos
juzgados famil iares y mixtos de la entidad nos obl iga a ser eficientes, eficaces
y resolver de manera expedita las demandas que se presenten en estos
rubros.
Con estas acciones procuramos acercarnos a la noción de acceso a la
justicia entendida como: “El derecho fundamental que t iene toda persona
para acudir y promover la activ idad de los órganos encargados de prestar el
servic io públ ico de impart ic ión de just ic ia, con la f inal idad de obtener la
tutela jur ídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e
imparcial .”
LIC. JOSÉ RAMÓN GONZALEZ PINEDA. MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
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Revista Jurídica
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Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ahuacatlán, Nayarit.
Mixto de Primera
Instancia.
ntre otras cosas, reflejar
la con
La ciudad de Ahuacatlán,
Nayarit se local iza en la parte Sur
de la entidad; su territorio
municipal constituye el segundo
partido judicial y cuenta con un
Juzgado
En el año 2002 este juzgado
recibió 208 nuevos asuntos,
representando el 1.27% de los
que se recibieron en los treinta y
dos juzgados de primera
instancia; s in embargo comparado
con el año 2000 durante el cual
ingresaron 153 expedientes, se
tiene un incremento del 35.95%
en el volumen total de
expedientes ingresados. De enero
al 28 de mayo de 2003 han
ingresado 87 nuevos asuntos. Este
incremento de expedientes
puede, e
fianza de los justiciables en
los procesos de administración de
justicia.
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Poder Judicial de Nayarit
En el 2002 se terminaron
217 asuntos; teniendo una tasa de
resolución (resoluciones sobre
ingresos) del 0.75%,
manteniéndose por arriba de la
media de todos los juzgados. En el
ramo penal los asuntos que se
presentan con mayor frecuencia
son e
Ríos Rodríguez como secretarias
captu
l robo cal if icado, lesiones y
daño en propiedad ajena.
El juzgado lo integran la
Jueza María del Socorro Marín
Reyes; el Secretario de Acuerdos
Luis Corona Espinoza; Alma
Angélica Partida Prado como
notificadora; el personal
administrativo lo integran
Gaudelia Montero Ibarra y Griselda
ristas y en servicios
generales Alma Rosa Gal indo Solís .
En entrevista concedida a la
Revista Jurídica, la t itular del
juzgado comentó haber real izado
examen de oposición para Secreta
ria de Acuerdos y se incorporó al
Poder Judicial desempeñando
esta función en diferentes
Juzgados como el de Tecuala;
fungió también como Secretario
de Estudio y Cuenta de la Sala
Civi l del Tribunal Superior de
Justicia, y en agosto del 2001
Jueza, puesto que desempeñó en
el juzga
recibió su nombramiento de
do de Vi l la Hidalgo y
actualmente en el de Ahuacatlán,
Nayar
as, y en el
futuro
it.
Considera que la aspiración
de ser titular de un juzgado la
alcanzó más pronto de lo que
esperaba; aunque confía en que
aún no es todo porque la carrera
es bastante amplia, “nos da un
campo muy grande en el cual
podemos desempeñarnos . ” La
Licenciada Marín Reyes dice que
ama su trabajo, se siente
plenamente real izada con la
función que desempeña y agrega:
“ningún juicio es igual a otro, te
metes a un expediente, lo
estudias y mentalmente real izas la
sentencia; le encuentras cosas
muy dist intas; mis amigas me
comentan que yo vibro con mi
trabajo y trato de real izarlo
eficientemente” . Añade, que la
carrera le ha dado grandes
satisfacciones, y aspira a seguir
ascendiendo, pero está
consciente de que todo depende
de muchas circunstanci
le interesaría ingresar al
Poder Judicial Federal .
Reconoce que su condición
de género le ha permitido real izar
sus funciones de manera recta,
apegada a la legalidad y de
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Revista Jurídica
manera imparcial ; ha adquirido
experiencia en el conocimiento
del comportamiento de los
justiciables y cuenta la s iguiente
anécdota: “En una ocasión como
Secretaria ejecutora en Tecuala,
se me había encomendado
efectuar un lanzamiento;
acudimos en varias ocasiones para
real izar la di l igencia, pero no la
podíamos real izar debido a que la
demandada estaba enferma,
s iempre la encontrábamos con
suero y sondas; en una ocasión se
presentaron vecinos e incluso
periodistas y no se hacía la
di l igencia; y así , un día por la
tarde, circunstancialmente pasé
por el domici l io donde se iba a
real izar la di l igencia y ¡cuál fue mi
sorpresa!, la demandada que por
la mañana de ese mismo día
supuestamente estaba en artículo
de muerte, gozaba de cabal salud,
no tenía absolutamente nada y
reía con desenfado las
ocurrencias que supongo le
contaba su marido que la
acompañaba, o quizá se reía de
los que participamos en la fal l ida
di l igencia, pues con su actuación
nos convenció de que estaba
enferm
ó
ran
muy buena disposición, existe
armon
ue prevalece en ese juzgado la
armonía y el trabajo responsable.
a.”
A la pregunta de ¿cuál era
su opini n del personal
subordinado a su cargo?
manifestó: “La verdad es que
estoy muy contenta con el los;
cada quien hace su función de
acuerdo a la responsabi l idad que
t iene asignada y en base a el lo el
juzgado produce; me había
tocado la experiencia de estar en
otros juzgados, donde a lo mejor
el t itular tenía que hacer un poco
más para que el juzgado estuviera
bien; en éste no se requiere,
trabajamos de común acuerdo y
bien; el Secretario de Acuerdos es
muy respetuoso y en general
todos los compañeros muest
ía en nuestro juzgado.”
Además de ser reciente la
construcción de este juzgado, se
encuentra en perfectas
condiciones de l impieza, cuenta
con plantas ornamentales en el
interior y exterior del mismo que
lo hacen agradable en el aspecto
fís ico. En lo general , se advierte
q
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Poder Judicial de Nayarit
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Clausura del Taller de “Amparo y Jurisprudencia en Materia Civil”
Impartido por el Lic. Emmanuel Rosales Guerrero Secretario de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El pasado sábado 31 de mayo
se real izó la c lausura del Tal ler de
Amparo y Jurisprudencia en Materia
Civi l , impartido por el L ic.
Emmanuel Rosales Guerrero,
Secretario de Estudio y Cuenta de
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación.
Estuvieron presentes en la
ceremonia f inal los Presidentes de
la Asociación de Abogados del
Estado de Nayarit , L ic. Ernesto
Partida Zamudio, y de la Asociación
de Egresados de la Facultad de
Derecho de la Universidad Autó-
noma de Nayarit , L ic . Ol impia de los
Ángeles Her-nández Alcántar,
quiénes se mos-traron satisfechos
por la real ización de estos eventos,
asegurando que todo esto
contribuye a elevar la cal idad de
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Revista Jurídica
justicia que se administra a los
justiciables de la entidad.
Durante la ceremonia de
clausura se real izó la entrega de las
constancias que acreditan la
participación y asistencia a todos
los servidores judiciales y abogados
del foro nayarita, que durante seis
semanas estuvieron presentes en
las interesantes jornadas de intenso
trabajo desarrol lado.
En su intervención, el
Magistrado Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, L ic. José
Ramón González Pineda, además
de agradecer la
participación y apoyo del L ic.
Rosales Guerrero, refrendó que la
estrategia de capacitación y
especial ización continuará s iendo
prioritaria dentro de la institución
y que los abogados del foro
nayarita seguirán s iendo invitados
a los nuevos proyectos debido a
que no se les considera
competencia de los juzgados.
Reconociendo el invaluable
apoyo brindado por el Coordinador
de las actividades del curso, se le
hizo entrega de un merecido
obsequio por su profesional ismo y
cal idad académica, con la que
impartió los novedosos temas de
amparo y jurisprudencia en materia
civi l
E l Señor Licenciado González
Pineda, también dir igió al L ic.
Héctor Manuel Benítez Pineda, un
público reconocimiento a la gestión
que viene real izando al frente del
Instituto de Especial ización y
Capacitación Judicial .
Fueron testigos del evento
los señores Magistrados:
L icenciados, Federico Fletes Arjona,
Presidente de la Sala Civi l ; Javier
Germán Rodríguez J iménez,
Presidente de la Sala Penal ; así
como también los señores
Licenciados. Héctor Manuel
Altamirano Dueñas, E l izabeth
González Momita y Antonio Cedano
Gómez.
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Poder Judicial de Nayarit
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Educandos visitan el Tribunal Superior de
Justicia
Como parte importante
de su formación cívica e
histórica y cumpliendo con
una actividad estipulada en
los programas de educación
primaria; el pasado 28 de
Mayo visitaron las instalacio
nes del Tribunal Superior de
Justicia, los alumnos de la
Escuela Primaria “Profr.
Odilón Cocula Valdivia” de
Valle de Banderas, del
Municipio de Bahía de
Banderas de esta entidad.
La maestra Norma
Aurora López Altamirano, guió
al grupo de niños compuesto
por treinta y ocho alumnos de
los grados 3º, 4º, y 5º del
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Revista Jurídica
mencionado plantel, siendo
recibidos cordialmente por el
Magistrado Presidente de la
Sala Penal del Tribunal
Superior de Justicia, quién les
explicó a los pequeños
visitantes las atribuciones del
Pleno, y el Lic. Francisco
Flores Soria, titular de
Comunicación Social,
acompañó en su recorrido por
el inmueble a nuestros
distinguidos visitantes.
El Magistrado Presidente
del Tribunal Superior de
Justicia, Lic. José Ramón
González Pineda, recibió a los
maestros y alumnos en la Sala
de Juntas de la Presidencia, y
les explicó algunas de las
funciones que realiza
ordinariamente; también
estuvieron presentes el Lic.
Pedro Antonio
Enríquez Soto,
Secretario
Particular del
Presidente del
Tribunal.
Después del
recorrido
realizado por las instalaciones
de este Tribunal, los alumnos
y su maestra continuaron con
sus actividades, para visitar el
Honorable Congreso Local y el
Palacio de Gobierno del
Estado.
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Poder Judicial de Nayarit
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Abogados nayaritas reciben certificados de aptitud de la Universidad de Salamanca
La universidad de Salamanca,
España, fundada en el año de 1218
por el Rey Alfonso IX de León,
otorgó a un grupo de destacados
abogados Nayaritas el Certif icado
de Aptitud.
Reconocidos académicos de
esta Universidad, después de
evaluar el desempeño y
rendimiento de los jóvenes
abogados, les otorgó el c itado
documento; destacan los
integrantes del Poder Judicial del
Estado de Nayarit como la L ic. María
del Socorro Marín Reyes, Jueza del
Partido Judicial de Ahuacatlán,
Nayarit ; el Director del Instituto de
Especial ización y Capacitación
Judicial , L ic . Héctor Manuel Benítez
Pineda y el Magistrado de la Sala
Civi l Héctor Manuel Altamirano
Dueñas. De la Universidad
Autónoma de Nayarit , también
recibieron este reconocimiento los
abogados: José Miguel Madero
Estrada, actual Director de la
Facultad de Derecho, el
Coordinador de los Cursos de
Titulación de Licenciatura, L ic. José
Luis Béjar Rivera. Representando al
foro de abogados l it igantes estuvo
en Europa el L ic . Jorge
Homero
Soltero Muñoz.
Todos el los asist ieron a los
XI I Cursos de Postgrado en Derecho
que real izó la Universidad de
Salamanca a principios de este año;
en materia civi l recibió el
certif icado la L ic. Marín Reyes; en
Derecho Constitucional los
abogados José Miguel Madero
Estrada y Héctor Manuel Benítez
Pineda; en Derecho Penal , Héctor
Manuel Altamirano Dueñas y en
Derecho Tributario los L icenciados
José Luis Béjar Rivera y Jorge
Homero Soltero Muñoz. A estos
estudios de postgrado asisten
juristas de todos los países de
América así como de la Comunidad
Europea.
Como dato histórico, el
primer diploma conservado en la
Universidad de Salamanca es una
Cédula del Rey Fernando de 1243,
en la que trata de la fundación de
la misma; actualmente la
prestigiada Universidad cuenta con
785 años de antigüedad y atiende a
una población de cerca de 40,000
estudiantes, muchos de el los de
diversas nacional idades.
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Revista Jurídica
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Unidad de Información y Atención a la Ciudadanía, origen, estructura y
funcionamiento
Lic. Javier Alcántar Rodríguez Jefe de la Unidad de Información y Atención a la Ciudadanía
La Unidad de Información y
Atención a la C iudadanía fue creada e
instalada a propuesta del L ic . José
Ramón González Pineda, Magistrado
Presidente del Tr ibunal Superior de
Just ic ia y del Consejo de la
Judicatura, e l día 2 de Octubre del
año 2001, previo estudio y anál is is
real izado por el P leno de este
Tr ibunal .
Fue a través del acuerdo
No.1/2001 aprobado en la Décima
Sesión Ordinaria del Consejo de la
Judicatura del Poder Judic ia l del
Estado de Nayarit , celebrada el día 2
de Octubre del 2001.
Esta Unidad de Información y
Atención a la C iudadanía, se creó
como Órgano Auxi l iar del Consejo de
la Judicatura, en los términos del
Art ículo 50 Fracción V de la Ley
Orgánica del Poder Judic ia l del
Estado de Nayarit .
Esta Unidad como lo establece
el Art ículo 6 de su Reglamento,
dependerá del Presidente del
Consejo de la Judicatura.
La Unidad de Información y
Atención a la C iudadanía queda
integrada funcionalmente por:
I . - UN JEFE RESPONSABLE DE LA
UNIDAD.
I I . - UNA SECRETARIA.
I I I . - EL PERSONAL DE APOYO QUE
ASIGNE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA.
Las funciones de la Unidad de
Información y Atención a la
C iudadanía, serán de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento
aprobado para el e jerc ic io laboral de
esta Unidad de Información,
publ icado en el Periódico Ofic ia l y en
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Poder Judicial de Nayarit
el Boletín Judicia l del Tr ibunal
Superior de Just ic ia en el Estado el
día 5 de Dic iembre del año 2001.
OBJETIVO
Dar a la c iudadanía una amplia
información y atención para que los
servic ios que reciban en estos rubros
sean sat isfactorios.
OBJETIVO ESPECÍFICO
Dar a la c iudadanía una amplia
información y atención, aumentando
los rubros de apoyo para lograr una
mayor cobertura informativa como
son:
Asesoría jur ídica (Ramos: C iv i l ,
Penal , Mercanti l y Famil iar ) .
Orientación en los diferentes
trámites o gest iones que la
c iudadanía requiere.
Brindar apoyo directo a la
c iudadanía respecto a Pensiones
Al imentic ias .
Apoyo eventual sobre Contratos
para la Tar jeta Banamex (Pensión
Al imentic ia ) .
De acuerdo a lo que establece el
reglamento de esta Unidad de
Información, las funciones
especif icas que debe desarrol lar son:
Recepción de quejas ,
denuncias y sugerencias .
Proporcionar Asesoría Jurídica,
or ientación e información a toda
la c iudadanía que lo sol ic ite, en
trámites, di l igencias o juic ios que
se gest ionan en las diferentes
áreas del Poder Judic ia l .
Coordinar todas las act iv idades
que se relacionan con la Unidad
de Información.
Inspeccionar y v igi lar e l
cumplimiento y efectiv idad
laboral del personal que integra
esta unidad.
Programar un registro esta
díst ico dentro de los servic ios
que se brindan a la c iudadanía a
través del Formato Ofic ia l .
Tomar las medidas que
considere convenientes para un
mejor desempeño ef ic iente en
todas las funciones establecidas
en el Reglamento para esta
Unidad de Información y Atención
a la C iudadanía.
Mantener actual izada la Base de
Datos para la atención ciudadana,
con el propósito de proporcionar
s iempre un servic io informativo
actual izado y ef ic iente.
Custodiar y conservar el
mobi l iar io y equipo as ignados
para esta Unidad de Información.
Proponer a l P leno del Consejo,
apoyos, est ímulos y recompensas
para el personal que integra esta
Unidad de Información.
Informar mensualmente a l
Presidente del Consejo de la
Judicatura sobre las act iv idades
real izadas durante este período.
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Revista Jurídica
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Desayuno con Comunicadores Sociales
Los destacados comunica-
dores sociales del Estado de
Nayarit que prestan sus servicios
para los medios escritos y
electrónicos, con motivo del Día
de la Libertad de Expresión,
desayunaron con el Presidente
del Tribunal Superior de Justicia,
Licenciado José Ramón González
Pineda, el día martes 10 de
junio.
Estuvieron presentes
los Directores de los periódicos
“Eco de Nayarit” señor Antonio
Saizar, decano del periodismo
nayarita; “Avance”, señor Marco
Antonio Casi l las; “Consensos”,
señor José Espinoza; de
INFORNAY estuvo su Director de
Información, Francisco Ocampo
Mondragón; el columnista del
periódico “Realidades” y
Presidente de la Barra de
Abogados del Estado de Nayarit,
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Poder Judicial de Nayarit
A C, Lic. Jorge Vargas López así
como Mirna Ortiz; Lorena
Elizabeth Martínez de
NOTISISTEMA; Marcos Beltrán, de
“Censura”; Bernardo Macías
Mora, Javier Rojo Fregoso,
Argimiro León, Luis Hernández,
Mildred Ferrer; Oscar Gil , Jefe de
información de Televisa Nayarit;
Brígido Ramírez Guil lén; Pedro
Jaime Batista, Bertha Álvarez y
Miriam Navarro, de Radio
Televisión Nayarit; Marcos
Truji l lo de “Avance”; César Adán
Rentería, de XHKG; Luis Fernando
Camacho de TELEVISA, Nayarit y
varios más.
El Licenciado José Ramón
González Pineda, manifestó su
reconocimiento a la labor que
realizan los “tunde máquinas”
además de solicitar su apoyo
para continuar informando a la
sociedad, sobre los programas
que realiza el Poder Judicial;
comunicó que en breve se
implementará un curso dirigido
a periodistas, en donde se les
capacitará sobre temas de
Derecho Procesal Penal y la
terminología que se emplea.
El Magistrado Presidente
expresó: “Señores periodistas: es
un honor para el Poder Judicial
tenerlos con nosotros, creo que
ésta es la primera vez que se
hace y no será la última, tengan
la seguridad de que
reconocemos su trabajo y el
apoyo que nos brindan para
difundir las acciones del Poder
Judicial.”
Se informó además de que
en breve se celebrará un
convenio con el Poder Ejecutivo
y con los veinte Ayuntamientos
del Estado, con el propósito de
hacer más expeditos los juicios
de rectificación de actas de
nacimiento; ya que este tipo de
asuntos ocupa el 20% del total
de los que se tramitan en el
ramo familiar.
Mediante este convenio los
Defensores de Oficio se obligan
a instalar módulos especiales
para atender a las personas que
tengan problemas en sus actas
de nacimiento; el compromiso
del Poder Judicial será atender
de manera rápida y resolver de
manera expedita; los
Ayuntamientos colaborarán
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Revista Jurídica
condonando el pago que por
rectificación de actas en el l ibro
de Registro Civi l cobran y
por
expedir la acta corregida.
En el mismo acto el Titular
del Juzgado Tercero Penal,
Licenciado Pablo Alonso Ortiz,
ofreció una vasta exposición
sobre el procedimiento penal en
Nayarit; esto como parte
introductoria del curso para
periodistas que arriba se
mencionó. Al concluir su
intervención participaron
haciendo preguntas: Bernardo
Macías Mora del Diario
“Meridiano”; luego Brígido
Ramírez Guil lén y concluyó
Pedro Jaime Batista, de
“Avance”.
El titular del
Departamento de Comunicación
Social del Tribunal Superior de
Justicia, Lic. Francisco Flores
Soria, realizó la conducción de
un sorteo de un Televisor de 29”,
resultando afortunado con el
premio el destacado
comunicador social Pepe Reyna
del Diario “Avance”.
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Poder Judicial de Nayarit
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Novedades en el marco legal
Publicadas en el Periódico Oficial. Órgano del Gobierno del estado de Nayarit.
I.- Marco Constitucional.
Decreto Número 8494.
Fecha: 4 de junio de 2003.
Título: Adición de una
fracción XXIX-M al artículo
73 y se reforma la fracción
VI del artículo 89 de la
Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Sinopsis:
Artículo 73, fracción
XXIX-M. Se faculta al
Congreso de la Unión para
expedir leyes en materia de
seguridad nacional,
estableciendo los requisitos
y límites a las
investigaciones
correspondientes.
Artículo 89, fracción
VI. Se adiciona en la parte
inicial de esta fracción lo
siguiente: “Preservar la
seguridad
nacional, en los términos
de la
ley respectiva y disponer...”
II. Marco legal local.
A).- Decreto Número 8484.
Fecha: 4 de junio de 2003.
Título: Ley de
Adquisiciones,
arrendamientos, servicios y
almacenes del Estado de
Nayarit.
Sinopsis:
De conformidad con el
artículo Primero transitorio
esta ley, entra en vigor a
partir del día 19 de junio de
2003. El Segundo transitorio
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Revista Jurídica
abroga la Ley de
Adquisiciones,
arrendamientos,
enajenaciones, servicios y
almacenes de la
Administración Pública del
Estado de Nayarit.
Esta ley consta de
90
artículos divididos en siete
títulos. Aborda los aspectos
de la planeación y
programación de las
adquisiciones,
arrendamientos y servicios
públicos que realicen los
poderes del Estado, los
municipios, tribunales
adminis-trativos, así como
las entidades y fideicomisos
públicos de carácter estatal
o municipal. Regula la
integración de los Comités
de adquisiciones y sus
funciones; en el Título
Cuarto se establece lo
referente a los
procedimientos de
contratación y de
licitaciones públicas así
como los de adjudicación
directa e invitación
restringida. Los Títulos
subsecuentes regulan lo
relacionado con los
contratos, los almacenes,
las infracciones y sanciones
y las inconformidades y el
procedimiento de
conciliación.
B).- Decreto Número 8491.
Fecha: 4 de junio de 2003.
Título: Reformas al artículo
44 de la Ley Electoral del
Estado de Nayarit.
Sinopsis:
En la fracción II se
establece nueva fórmula
para el financiamiento
público de los partidos
políticos con registro ante
el Consejo Estatal Electoral,
que no se encuentren en el
supuesto de la fracción I.
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Poder Judicial de Nayarit
Para el caso de los
partidos políticos que en la
última elección hayan
alcanzado cuando menos el
2% de la votación se
incrementa el factor de
0.50% al 0.88% veces el
salario mínimo general
diario vigente en el Estado
que se multiplicará por el
número total de ciudadanos
inscritos en la lista nominal
de electores de la entidad.
C).- Decreto Número 8485.
Fecha: 4 de junio de 2003.
Título: Reformas a la Ley del
Órgano de Fiscalización y la
Ley Municipal del Estado.
Sinopsis:
1. Ley del Órgano de
Fiscalización Superior:
Se reforman los
artículos 6º, 7º fracción XIX;
11 fracciones IV, IX, XIII y
XXIV; 37, 38, 46 fracciones IX
y X; 50, 51, 54, 61, 66, 67, 69,
72, 74, 75, 76, 77, 78, 79 y
80; se adicionan al artículo
7º en la fracción XI se le
adicionan dos párrafos; un
artículo 7º bis; al artículo
11 se le adiciona la fracción
XXV; al 19, un párrafo; al
artículo 45, un segundo
párrafo; al 46 se le adiciona
la fracción XI; y se derogan
los artículos 55,56,57,81,
82,83 y 84.
1. Ley Municipal para el
Estado de Nayarit.
Se reforman y
adicionan los artículos
200,202 y 204. En el artículo
200 se establece que el
presupuesto municipal
deberá ser aprobado por la
mayoría absoluta del
Ayuntamiento, publicarse
en la Gaceta Municipal y en
el Periódico Oficial a más
tardar el 31 de diciembre
18
Revista Jurídica
del año previo al ejercicio.
En el artículo 202 se
impone la obligación a los
beneficiarios de subsidios,
aportaciones o
transferencias otorgadas
con cargo al presupuesto
de egresos municipal, de
rendir cuenta detallada de
la aplicación de fondos y su
incumplimiento motivará la
inmediata suspensión de las
administraciones
subsecuentes de fondos.
En el artículo 204 se
plantea que el Congreso
fijará mediante decreto a
más tardar el 30 de
diciembre previo al
ejercicio fiscal, los montos
a que se someterán los
Ayuntamientos en las
excepciones a los
procedimientos de
licitación pública para
adquirir bienes y servicios.
III. Reglamentos:
Fecha: 17 de mayo de
2003. Título: Reglamento de
la Ley Estatal del equilibrio
ecológico y protección al
ambiente del Estado de
Nayarit en materia de
aprovechamiento de
yacimientos pétreos y
bancos de mineral
geológico.
Sinopsis:
En el considerando
se
expresa que los
instrumentos que se
generen para el desarrollo
ambiental deben constituir
una herramienta que
prevenga, mitigue y
compense los efectos
adversos que generen
determinadas actividades
sobre el medio ambiente.
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Poder Judicial de Nayarit
La aplicación del
Reglamento es competencia
del Ejecutivo del Estado por
conducto del Instituto
Nayarita para el desarrollo
sustentable.
Este documento
consta de 26 artículos
distribuidos en seis
capítulos; además existe un
artículo transitorio que
establece que entrará en
vigor a los treinta días
naturales de su publicación,
es decir, el día 16 de junio
de 2003.
En el Capítulo I. Dispo-
siciones generales. Destaca
el artículo 4º. que plantea
las definiciones de términos
relacionados con la materia;
el Capítulo II. De los
responsables de los
yacimientos pétreos y
bancos de material
geológico.
Se establece la
necesidad de obtener un
dictamen favorable de
impacto ambiental y la
autorización respectiva del
Instituto; sólo las personas
físicas y morales legalmente
constituidas pueden
obtenerlo, cumpliendo con
los requisitos que señala el
artículo octavo; además de
los requisitos y
responsabilidades de los
peritos en la explotación de
bancos de material
geológico o yacimiento
pétreo; se establece la
denuncia popular y el
recurso de revisión.
20
Revista Jurídica
8
Prescripción de la acción de responsabilidad civil proveniente de actos ilícitos
Lic. María Isabel Domínguez Suárez Secretaria de Estudio y cuenta
INTRODUCCIÓN EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
Originalmente, sólo
había una especie de sanción:
la penal, esto es, el castigo en
el sentido estricto de la
palabra- en relación con la
vida, la salud, la l ibertad o la
propiedad. El derecho más
antiguo era exclusivamente
derecho penal. Más tarde se
hizo un distingo por lo que
toca a la sanción. Además del
castigo apareció una sanción
civil específica, la ejecución
forzada o privación coactiva
de la propiedad con el
propósito de establecer una
reparación, es decir, una
compensación por los daños
causados ilegalmente.
Entonces se desarrolló el
derecho civil al lado del
derecho penal (KELSEN).
En el Derecho antiguo
había confusión entre la
responsabilidad penal y la
civil; el proceso de separación
fue paulatino y la Doctrina
Jurídica señala varias etapas:
a) Autodefensa y venganza de la víctima.
En los albores de la
civilización, la única sanción
de un hecho lesivo o dañoso
era la venganza de la víctima
(venganza privada). Era ésta
quien tenía la facultad de
cobrar la afrenta (la ley del
talión: ojo por ojo, diente por
diente, es típica muestra de
ello).
21
Poder Judicial de Nayarit
b) Composición voluntaria.
Más adelante apareció la
composición voluntaria, que
es un arreglo o convenio
entre el autor del hecho
dañoso y la víctima, quien
renuncia a vengarse a cambio
de una suma pecuniaria. La
afrenta queda así reparada
con dinero. La confusión
entre pena y reparación
todavía subsiste.
c) Composición forzosa.
Posteriormente el
Estado impuso como
necesario este arreglo y
aparece la composición
forzosa: la víctima del delito
no tiene ya la facultad de
elegir entre vengarse o
aceptar la reparación
económica del daño; el Estado
le impone necesariamente la
aceptación de una reparación
económica que, no obstante,
sigue en manos del particular
y todavía se confunde entre
la acción, que tiende a la
represión (penal) y la que
persigue la reparación (civil) .
d) Represión por el Estado.
La separación de ambas
especies de responsabilidad,
opera cuando el Estado toma
a su cargo la represión de las
conductas particularmente
contrarias a la armonía social,
con abstracción de los
intereses particulares
involucrados en cada caso. La
acción que tiende al castigo y
la que persigue la reparación
(manos de la víctima) se
distingue con nitidez.
RESPONSABILIDAD OBJETIVA
Un nuevo giro al
objetivismo surgido a fines
del siglo pasado, fue
“En el Derecho antiguo había confusión entre
la responsabilidad penal y la civil...”
22
Revista Jurídica
postulado dentro del campo
del derecho privado por
diversos autores, entre ellos
SALEILLES LOUIS JOSSERAND,
como reacción a los
problemas prácticos
provocados por el
maquinismo. Se denominó
responsabilidad objetiva por
riesgo creado, y consiste en
afirmar que todo aquél que
haga uso de un aparato
peligroso que aumente los
riesgos de provocar daños a
los demás, debe responder de
la reparación de los que
produzca con dicho objeto
por su sólo aprovechamiento,
aunque no incurra en culpa o
falta de conducta y aunque
no viole ninguna disposición
normativa.
La necesidad de probar
la culpa del causante del
daño, como condición de su
obligación de indemnizar,
generó situaciones injustas
cuando las nuevas
herramientas, maquinarias
intro-ducidas en las fábricas,
causaron múltiples accidentes
entre los obreros, en razón de
la complejidad de aquéllas y
de la inexperiencia de quiénes
habían de manejarlas. Tales
accidentes, causantes de
graves daños a los
trabajadores, como
mutilaciones, lesiones,
pérdida de facultades o aún
de la vida, no comprometían
la responsabilidad del patrón,
quién no había incurrido en
culpa del resultado y por ello
los daños de las víctimas
quedaban sin reparación
alguna.
El fundamento de la
responsabilidad civil subjetiva
en la culpa producía
consecuencias indeseables,
pues mientras el patrón se
veía favorecido al
incrementar sus ganancias
por el aumento de la
producción por la operación
de la maquinaria peligrosa,
ésta causaba nuevos daños al
trabajador, quién sufría las
pérdidas derivadas del uso de
23
Poder Judicial de Nayarit
esos aparatos. La situación
indujo a los juristas a buscar
otro apoyo a la
responsabilidad civil que no
fuera la culpa y desarrollaron
el concepto de riesgo. Así
surgió la responsabilidad
objetiva por riesgo creado
que, a diferencia de la
generada por la culpa
subjetiva, se apoya en el dato
objetivo del uso de un objeto
peligroso.
RESPONSABILIDAD OBJETIVA POR RIESGO CREADO.
Al lado de la responsa-
bilidad civil basada en la
noción de culpa y l lamada por
tal motivo responsabilidad
objetiva, surgió precisamente
la responsabilidad objetiva,
apoyada en un elemento
ajeno a la calificación de la
conducta, en un trato
aparente, objetivo, como es
el hecho de causar un daño
por la utilización de un objeto
peligroso que crea un estado
de riesgo para los demás. Se
trata de una responsabilidad
objetiva, que se apoya en ese
hecho del riesgo creado: si el
patrón o dueño de la fábrica
abría una nueva situación de
riesgo de que se produjeran
daños al utilizar maquinaria
nueva, peligrosa por la
complejidad de su
funcionamiento o por los
elementos materiales que
utilizaba, debía responder de
los daños que causare con
ella, aún sin haber incurrido
en culpa alguna y sólo por el
hecho de haber provocado
esa situación peligrosa.
En resumen, existen dos
clases de responsabilidad
civil, diferentes por el
concepto en que se finca la
necesidad de resarcir los
daños:
a) La responsabilidad
subjetiva, cuando estos han
sido causados por una
conducta culpable,
antijurídica y dañosa, que
tiene por fuente el hecho
24
Revista Jurídica
i l ícito y por soporte esa
noción subjetiva de la culpa y;
b) La responsabilidad
objetiva, si los daños
provienen de una conducta
lícita, jurídica inculpable,
consistente en aprovechar un
objeto peligroso que crea
riesgo de daños,
responsabilidad fincada en
dicho riesgo y que por
consiguiente se l lama
responsabilidad objetiva, por
tener su apoyo en un
elemento externo como es el
riesgo creado.
De ello se sigue que, en
nuestro Derecho Positivo, la
responsabilidad civil ( la
obligación de indemnizar)
tiene dos posibles causas o
fuentes el hecho ilícito y el
riesgo creado.
El Código Civil del Estado
de Nayarit establece las
acciones de responsabilidad
civil objetiva y de
responsabilidad civil
25
Poder Judicial de Nayarit
proveniente de delito; la
primera tiene su origen en el
simple uso de mecanismos,
instrumentos, aparatos,
substancias o bienes
peligrosos por sí mismos, por
la velocidad que desarrollen,
por su naturaleza explosiva o
inflamable, por la energía de
la corriente eléctrica que
conduzcan y que con ello se
cause daño aún cuando se
obre de manera lícita; y la
segunda requiere de la
existencia de la culpabilidad
del agente a quien se atribuye
el delito.
La regla de prescripción
que prevé el artículo 1307 del
Código Civil de Nayarit,
referente a que la acción para
exigir la reparación de los
daños y perjuicios causados
en los términos del capítulo
V, denominado “De las
obligaciones que nacen de los
actos il ícitos”, del Título
Primero, Primera Parte, del
Libro Tercero del Código Civil
para el Estado de Nayarit,
prescribe en dos años,
contados a partir del día en
que fueron causados, plantear
una excepción a la regla
genérica contenidas en el
diverso precepto 1143 de ese
propio ordenamiento, relativa
a que “Fuera de los casos de
excepción, se necesita el
lapso de diez años contados
desde que una obligación
pudo exigirse, para que se
extinga el derecho de pedir
su cumplimiento”.
Sobre el tema de la
prescripción, además de los
preceptos del Código Civil de
Nayarit ya indicados, existen
otros de ese mismo cuerpo
normativo que deben
interpretarse de manera
Existen dos clases de responsabilidad civil: la
objetiva, si los daños provienen de una conducta lícita; y la subjetiva, cuando éstos (los daños), han
sido causados por una conducta culpable, antijurídica y dañosa...
26
Revista Jurídica
conjunta y armónica con los
dispositivos primeramente
indicados, como es el caso del
numeral 1145 del
ordenamiento ya referido, el
que textualmente dice lo
siguiente: “Artículo 1145.-
Prescriben en dos años:
I . Los honorarios,
sueldos, salarios, jornales u
otras retribuciones por la
prestación de cualquier
servicio. La prescripción
comienza a correr desde la
fecha en que dejaron de
presentarse los servicios.
I I . La acción de cualquier
comerciante para cobrar el
precio de objetos vendidos a
personas que no fueren
revendedoras. La prescripción
corre desde el día en que
fueron entregados los
objetos, si la venta no se hizo
a plazo;
I I I . La acción de los
dueños de hoteles y casas de
huéspedes para cobrar el
importe del hospedaje; y la
de éstos y la de los fondistas
para cobrar el precio de los
alimentos que ministren. La
prescripción corre desde el
día en que debió ser pagado
el hospedaje, o desde aquél
en que se ministraron los
alimentos;
IV. La responsabilidad
civil por injurias, ya sean
hechas de palabras o por
escrito, y la que nace del
daño causado por personas o
animales, y que la ley impone
al representante de aquéllas o
al dueño de éstos; La
prescripción comienza a
correr desde el día en que se
recibió o fue conocida la
injuria o desde aquél en que
se causó el daño; V. la
responsabilidad civil
proveniente de actos il ícitos
que no constituyan delitos. La
prescripción corre desde el
día en que se verificaron los
actos”. Como puede
advertirse de la simple lectura
de la norma transcrita, en
27
Poder Judicial de Nayarit
ésta también se establecen
distintos casos de excepción a
la regla genérica que para la
prescripción estatuye el
artículo 1143 del Código Civil
de Nayarit, de los cuales
resulta de especial
importancia para el caso que
se atiende, la que se
encuentra contenida en la
fracción V del precitado
dispositivo 1145 que de
manera categórica refiere:
prescribe en dos años “la
responsabilidad civil
proveniente de actos il ícitos
que no constituyan delitos”,
en tanto, necesariamente
impone la obligación
ineludible de diferenciar
entre la connotación de los
términos “actos il ícitos en
general” y “actos il ícitos que
constituyen delitos, a fin de
que, ante la generalidad del
numeral 1143 del anotado
Código Civil, puedan tener
aplicación de manera
armónica tanto el artículo
1145 ya citado, como el 1307,
ambos del ordenamiento
sustantivo civil en consulta.
Sobre ese tema habrá de
decirse en primer lugar, que
un acto il ícito de acuerdo con
el “Diccionario Jurídico
Mexicano”, editado por el
Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Universidad
Nacional Autónoma de
México, Editorial Porrúa,
Octava Edición, Página 84, “es
una conducta que viola los
deberes prescritos en una
norma jurídica”. Por otro
lado, siguiendo la expresión
literal de actos il ícitos que
constituyen delitos”, utilizada
en la fracción V del artículo
1145 del Código Civil, debe
forzosamente colegirse que
hay entonces dos tipos de
actos il ícitos: 1). Los actos
il ícitos que no constituyen
delitos; y 2). Los actos il ícitos
que sí constituyen delitos, y
como el propio Código Civil
de Nayarit no proporciona en
ninguno de sus otros artículos
la pauta necesaria para
distinguir unos de otros, no
puede mas que arribarse a la
28
Revista Jurídica
conclusión de que por los
primeros habrá de entenderse
aquellos que, aún habiéndose
realizado en contravención a
una disposición legal de
orden público, de cualquier
materia, no están clasificados
como delitos en el Código
Penal correspondiente; y por
los segundos, los que, a más
de atentar en contra de lo
expresamente mandado en
una norma de interés general,
se estiman de tal gravedad
que se encuentran incluidos
en el ordenamiento punitivo
respectivo como un delito.
Por tanto, acorde con lo
mencionado, es de deducirse
sobre el tema que se aborda,
que la disposición clara del
artículo 1145, fracción V del
Código Civil del Estado e
Nayarit, prevé, por una parte,
la confirmación del artículo
1307 respecto a que el
término para la prescripción
de la acción que deriva de los
actos il ícitos, en general, es
de dos años; pero por otra,
viene a establecer también la
excepción a dicha regla, ya
que expresamente señala
como caso especial sustraído
a la regla del artículo 1307, el
de los actos il ícitos
delictuosos, ya que
justamente la fracción V
ordena que “se trate de actos
il ícitos que no constituyan
delitos”. Luego, a contrario
sensu, esta fracción dispone
que no prescribe en dos años
la acción derivada de actos
il ícitos delictuosos, sino que
en tales casos debe estarse a
la regla genérica de
prescripción que contempla
el numeral 1143, a fin de
sostener que los actos il ícitos
que constituyen delitos
prescriben en diez años,
contados a partir de que la
obligación respectiva pudo
exigirse.
CONCLUSIÓN
De lo anteriormente
expuesto podemos concluir,
que la prescripción de la
29
Poder Judicial de Nayarit
acción de Responsabilidad
Civil de actos il ícitos que
constituyen delitos,
prescriben en diez años,
contados desde que la
obligación respectiva pudo
exigirse, y que para la
prescripción de la acción que
deriva de los actos il ícitos en
general es de dos años.
Para determinar el plazo
en que opera la prescripción
de la acción para reclamar la
responsabilidad civil
proveniente de actos il ícitos
delictuosos, debe tenerse en
consideración lo que
establece al respecto el
Código Civil. El artículo 1143
dispone: “Fuera de los casos
de excepción, se necesita el
lapso de diez años, contados
desde que una obligación
pudo exigirse, para que se
extinga el derecho de pedir
su cumplimiento”, y el
artículo 1307 señala: “La
acción para exigir la
reparación de los daños y
perjuicios causados en los
términos del presente
capítulo V, prescribe en dos
años contados a partir del día
en que fueron causados.
30
Revista Jurídica
9
Algunas consideraciones sobre la aplicación de sanciones
Lic. Roberto Reyes Guerrero Juez mixto de Primera Instancia del Juzgado de Jesús María INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo tiene
como finalidad analizar
algunos aspectos teóricos y
prácticos, sobre la aplicación
de sanciones, respecto del
Código Penal para el Estado
de Nayarit. Partiendo del
concepto de delito, se hace
referencia a la evolución en la
aplicación de sanciones que
en cada pueblo la historia ha
registrado, como lo fue en
Babilonia, en China, Egipto,
Israel, en Roma y hasta en el
antiguo Derecho Penal
Mexicano, se aborda el
sistema jurídico actual y se
analizan los fines de la pena,
haciéndose referencia a las
teorías que la doctrina ha
formulado al respecto; se
analizan algunas sanciones del
Código Penal y su
inaplicabilidad; por último se
hace una breve referencia
sobre los beneficios en la
aplicación de sanciones; en lo
relativo a personas con
discapacidad, personas
mayores de edad y en edad
avanzada; finalmente se
formulan algunas
conclusiones respecto del
presente trabajo.
CAPÍTULO I 1.1. Concepto de Delito
Antes de abordar el
tema de la aplicación de
sanciones en el Derecho
Penal, resulta necesario
primeramente dejar
establecido el concepto de
delito, como materia prima
de la cual se debe partir, ya
que en materia penal, sólo se
puede sancionar una
31
Poder Judicial de Nayarit
conducta si el hecho se
encuentra señalado en la ley
como delito; al respecto
nuestra Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos lo reconoce así, al
exponer en el artículo 16
segundo párrafo lo siguiente:
No podrá librarse orden de
aprehensión sino por la
autoridad judicial y sin que
preceda denuncia o querella
de un hecho que la ley señale
como delito, sancionado
cuando menos con pena
privativa de libertad y existan
datos que acrediten el cuerpo
del delito y que hagan
probable la responsabilidad
del indiciado. ( 1 )
La palabra delito deriva del
verbo latino delinquere, que
significa abandonar, apartarse del
buen camino, alejarse del sendero
señalado por la ley( 2 ) . En nuestro
Código Penal en vigor,
encontramos situada la definición
(1) 1 Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Edit. Anaya. 2001, p. 68. (2) DAZA GÓMEZ Carlos Juan Manuel. Teoría General del Delito. Edit. Cárdenas. 2001. p. 55.
de delito en el artículo 5º que lo
define como: “el acto u omisión
que sancionan las leyes penales.” A
manera de ejemplo, sobre la breve
definición que proporciona
nuestro código, podemos señalar
al delito de homicidio simple
intencional, como el acto que
sanciona la ley penal; y respecto de
la omisión y el delito de abandono
de familiares, previstos por los
artículos 269, 317 y 321 del cuerpo
de leyes citado.( 3
1.2. Evolución del Derecho Penal.
Cuando el hombre dejó
de ser nómada y se hizo
sedentario al establecerse en
un lugar en forma
permanente, le surgió la
necesidad de organizarse para
vivir en armonía bajo ciertas
reglas que regularan su nuevo
modo de vida y de esta forma
vivir en sociedad, de ahí que
tuvo que reglamentar las
conductas que eran
permitidas para el nuevo
(3) Código Penal para el Estado de Nayarit. Ediciones Don Pepe. 2001. p. 1,65,76.
32
Revista Jurídica
núcleo social y las que eran
reprochadas; a su vez
establecer las sanciones para
quiénes quebrantaran la
tranquilidad social.
El hombre ya
estructurado en grupo social,
ante una agresión que
atentaba contra su persona,
respondía con la l lamada
venganza privada; surgiendo
así la Ley del Talión, cuya
máxima es conocida como:
“ojo por ojo, diente por
diente” .
En Babilonia, el Código
de Hammurabi adoptaba
fielmente la Ley del Talión y
reconocía a los delitos
dolosos así como a los
culposos. En China, en el
período del emperador Seinu
estuvo vigente un libro
denominado “DE LAS CINCO
PENAS” que adoptaba la Ley
del Talión, cuya máxima “ojo
por ojo, diente por diente”,
consiste en devolver al
culpable, como sanción, el
mismo daño que ocasionó a la
víctima. En este tiempo
predominaba la venganza y el
talión, cuando no era
aplicable recurrían al talión
simbólico, de esta forma al
que cometía el delito de
robo, le amputaban las
piernas; por que en chino la
palabra “ladrón“ y “huir” tenía
el mismo significado. La pena
de muerte se ejecutaba en
público para que sirviera de
escarmiento; se ejecutaba por
decapitación, horca,
descuartiza-miento y entierro
en vida. Para delitos de
menor gravedad aplicaban las
penas de mutilación o de
marca. Nótese cómo el
antiguo Derecho Penal chino,
se caracterizó por la
aplicación de penas crueles y
despiadadas. ( 4 )
El Derecho Penal en
Egipto, se caracterizó por la
aparición de jueces de
carrera, procedimientos
escritos y archivos judiciales;
(4) LÓPEZ BETANCOURT Eduardo.
In t roducc ión a l Derecho Pena l . Ed i t .
Porrúa . México . 1995. p . 04 y S .
33
Poder Judicial de Nayarit
se aplicaba el talión
simbólico; al espía se le
cortaba la lengua; al
estuprador los órganos
genitales y a la mujer adúltera
la nariz. Aplicaron también
como penas los trabajos
públicos, así como la
esclavitud.
En Israel el Derecho
Penal se caracterizó por
establecer penas atenuadas.
El Código de Manú en la India,
no se vio influenciado por la
Ley del Talión; fueron
reconocidos los delitos
imprudenciales, el caso
fortuito y los motivos que
impulsan a delinquir.
El Derecho Penal
Romano se encuentra dividido
en cuatro períodos:
antes de la fundación de
Roma, fundación de Roma, la
República y el Imperio.
En el primer período la
pena tiene carácter de
expiación religiosa. Se
reconoce el derecho de la
venganza privada. El Pater
familias ejercía derechos
como, matar a miembros de
su familia. La facultad de
imponer sanciones residía en:
el Pater familias, el Jefe
Militar y un magistrado; su
actuación era discrecional,
cuya base era el arbitrio. En el
segundo período su sistema
es la monarquía, tiene
vigencia el principio de la
venganza pública; el rey goza
de plena jurisdicción penal.
En este período aparecen los
delitos l lamados públicos,
dentro de los que sobresalen,
el perduellio (mal guerrero),
el parricidio y el incesto.
En el tercer período
denominado de La República,
aparece la Ley de Las Doce
Tablas donde los delitos son
analizados en las tablas VII y
XII; se describen los delitos
privados; se aplica el
principio de la Ley del Talión
y aparece La Composición,
que consiste en negociar la
venganza privada entre
34
Revista Jurídica
particulares; subsisten los
delitos públicos. Al final de La
República se suspende la pena
de muerte.
En el cuarto período que
corresponde al Imperio, surge
la creación de Tribunales de
Justicia Penal; se activa la
pena de muerte,
reservandose ésta sólo al
parricida, posteriormente se
extiende a otros delitos, se
aplican nuevas sanciones,
como el trabajo en las minas y
el de trabajos forzados. En
este período la pena era
aplicada con fines de corregir
al que la recibía; manejan
nuevos conceptos como la
provocación y la
preterintención.
En el antiguo Derecho
Penal Mexicano, poca
información se tiene en lo
relativo a hechos anteriores a
la l legada de los españoles,
época denominada
precortesiana; se caracterizó
por ser estricta en materia
penal, las conductas que ellos
consideraban como delitos,
era: abuso de confianza,
aborto, alcahuetería,
adulterio, asalto, calumnia
judicial, daño en propiedad
ajena, embriaguez, estupro,
encubri-miento, falso
testimonio, falsificación de
medidas, hechicería,
homicidio, incesto,
pederastia, peculado, malver-
sación de fondos, riña, robo,
sedición, traición, delitos que
en su mayoría eran castigados
con pena de muerte,
mediante lapidación,
decapitación y
descuartizamiento; también
se aplicó como sanción el
destierro, la cárcel, los azotes
y la mutilación.
1.2.1. El Pueblo Azteca.
Pueblo poderoso que
cuando llegaron los
españoles, su territorio
comprendía los Estados que
ahora se conocen como:
Veracruz, Oaxaca, Guerrero,
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo,
México y el Distrito Federal.
35
Poder Judicial de Nayarit
La forma de gobierno estaba
dividida en tres poderes:
Ejecutivo, Judicial y religioso.
El Poder Judicial se
ejercía por jueces, quiénes
tenían el carácter de
funcionarios públicos, con
independencia en el ejercicio
de sus funciones frente al
poder ejecutivo; la
impartición de justicia era
gratuita. Los Aztecas
fraccionaron la ciudad de
Tenochtitlán en calpullis o
barrios; en cada barrio existía
una casa de justicia y al juzgar
a un individuo seguían
determinadas reglas. Los
Aztecas dividieron los delitos
según sus características y el
bien jurídicamente tutelado;
de esta forma incluyeron al
homicidio y a las lesiones
dentro de los delitos contra la
vida y la integridad corporal;
en cuanto al patrimonio,
incluyeron al robo, fraude y
daño en propiedad ajena y
como sanciones aplicaron el
destierro, los azotes y la pena
de muerte, esta última era
aplicada al traidor a la patria,
al homicida, al violador, al
ladrón que actuaba con
violencia y a los funcionarios
inmorales, entre otros. La
pena de muerte se ejecutaba
por ahorcamiento, a
garrotazos o quemando al
reo, según la gravedad del
delito.
El pueblo Azteca conoció
de las causas excluyentes de
responsabilidad, la
participación, el
encubrimiento, la
concurrencia de delitos, la
reincidencia, el indulto y la
amnistía. Debido a la moral
que practicaban,
consideraban como delito la
embriaguez, que llegaba a
castigarse con la pena de
muerte. El celestinaje, inducir
a una mujer casada y mentir,
se castigaba con la muerte.
1.2.2. Los Mayas. La cultura maya abarcó
el territorio de la península
36
Revista Jurídica
de Yucatán, extendiéndose
por el Estado de Chiapas y
parte de América Central.
El Derecho Penal Maya,
tenía como finalidad la de
proteger el orden social;
castigaban en base al resulta
do y no en la intención; los
jueces tenían la característica
de funcionarios públicos, con
amplio arbitrio judicial.
Dentro de los delitos graves
consideraron al homicidio,
adulterio, robo, incendio,
traición a la patria, la injuria y
la difamación.
En la aplicación de
sanciones tuvo vigencia la
pena de muerte, una especie
de esclavitud, la infamación y
la indemnización; la prisión
era temporal en tanto se
imponía la sanción
correspondiente. Algunos
delitos como el robo cuando
se cometía por primera vez,
era perdonado; al reincidente
se le marcaba la cara como
sanción.
1.2.3. Los Purépechas.
Esta etnia ocupó los
ahora Estados de Michoacán,
Guanajuato, Colima, parte de
Jalisco, Guerrero y México,
gobernado bajo un sistema
militar, a cuyo jefe se le
denominaba caltzontzin,
l legaron a aplicar sanciones
crueles; se aplicaba
generalmente la pena de
muerte mediante el método
de enterrarlos vivos hasta la
cabeza, para ser devorados
por aves de rapiña o bien,
amarrados de brazos y pies se
les despeñaba. Aplicaron
penas infamantes en faltas no
graves, como el abrirles la
boca hasta las orejas.
CAPÍTULO II
2.1. Sistema Jurídico Actual.
Eduardo López Betancourt( 5 )
sobre la aplicación de la pena
señala: “Cuando se ha cometido
un delito, cuando hay
( 5 ) LÓPEZ BETANCOURT Eduardo. Op. cit. p. 237.
37
Poder Judicial de Nayarit
responsabil idad penal, la
consecuencia natural es la
imposición de una pena.”
Pero, ¿cual es su
fundamento legal y qué fines
persigue ésta? Consideramos que
el fundamento legal se encuentra
sustentado en los artículos 14 y 21
de nuestra carta magna( 6 ) , ya que
el primero señala en su tercer
párrafo, lo siguiente: “En los juicios
del orden criminal queda prohibido
imponer, por simple analogía, y aún
por mayoría de razón, pena alguna que
no esté decretada por una ley
exactamente aplicable al delito que se
trata.”
El segundo artículo
señala: “La imposición de las
penas es propia y exclusiva de la
autoridad judicial "
Ahora bien, en lo
relativo a los fines que
persigue la pena, el segundo
párrafo del artículo 27 del
Código Penal en vigor en el
Estado de Nayarit, establece:
(6) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit. p.68 y 75.
La autoridad judicial apl icará las
sanciones y éstas serán
ejecutadas por las autoridades
competentes con los propósitos
de asegurar la defensa social y
obtener la readaptación del
sentenciado.
De este párrafo
consideramos que se
desprenden dos fines
esenciales que la aplicación
de sanciones o penas
persigue, a decir:
A).- Seguridad en materia de
defensa social, y;
B).- La readaptación del
sentenciado a efectos de que
sea integrado de nueva
cuenta a la sociedad.
Sobre la legítima
aplicación de la pena y los
fines que persigue ésta, la
doctrina ha formulado
diversas teorías, como son:
Las teorías de la retribución y
las teorías de la prevención, a
su vez divididas éstas en:
• teoría de la prevención
general; teoría de la
38
Revista Jurídica
prevención general
negativa;
• teoría de la prevención
general positiva;
• teoría de la
prevención
especial y teorías mixtas.
Respecto a estas teorías,
Alfonso Pérez Daza( 7 ) escribe:
2.2. Teorías de la retribución.
Las teorías absolutas o
también denominadas de la
retribución, parten de que la
pena es un mal, su
fundamento es un hecho
culpable que tiene como
consecuencia un castigo,
deben su nombre a que se
considera que la pena tiende
al logro de fines o valores
absolutos, tales como la
realización de la justicia o el
imperio del Derecho. Esta
teoría se basa principalmente
en la idea que mediante la
imposición de un mal
merecidamente se retribuye,
(7) PÉREZ DAZA Alfonso. Derecho Penal Introducción. Edit. UNAM. 2002. p. 45 y S.
equilibra y expía la
culpabilidad del autor por el
hecho cometido, se castiga al
ciudadano porque ha
cometido un delito, y en la
medida en que lo merece. Sus
autores son, por un lado Kant
(retribución moral) y por otro
lado Hegel (retribución
jurídica).
Para esta teoría, la pena
no aparece como instrumento
dirigido a la consecución de
fines utilitarios de bienestar
social, como sería el de
protección de la sociedad,
sino como exigencia ética,
derivada del valor justicia.
Por último, esta teoría
sostiene que la idea de
retribución exige que al mal
del delito siga la aflicción de
la pena, para el
restablecimiento del orden
jurídico violado y que se
realice una abstracta idea de
justicia.
2.3.- Teorías de la Prevención.
39
Poder Judicial de Nayarit
Las teorías relativas o
mejor conocidas como de la
prevención, fundamentan la
pena en su utilidad, e incluso
necesidad para la subsistencia
del grupo en sociedad. Para
esta teoría la pena no
responde a una exigencia de
justicia, sino que se halla
legitimada sólo como medio
de prevención de delitos. No
se castiga para restablecer,
sino para evitar la realización
de conductas que se estiman
indeseables. Si la retribución
mira al pasado y se agota en
castigo de lo hecho, la
prevención mira al futuro y
persigue inhibir, mediante la
contaminación punitiva, la
comisión de nuevos delitos.
Para esta teoría, la pena
no
tiende a la retribución del
hecho pasado, sino a la
prevención de futuros delitos
que, a su vez, se dividen en
prevención general y
prevención especial; en
ambos casos la pena está
orientada hacia el futuro, con
el objeto de prevenir la
conducta que atenta la
convivencia social. Por último
cabe decirse, que las teorías
de la prevención asignan a la
pena la misión de prevenir
delitos como medio de
protección de determina dos
intereses sociales.
2.4. Teoría de la Prevención General.
Ésta supone la actuación
de la pena con la colectividad,
no ve el fin de la pena en la
retribución ni en su influencia
sobre el actor, sino en la
influencia sobre la
comunidad, que mediante las
amenazas penales y la
ejecución de la pena debe ser
instruida sobre las previsiones
legales y apartar de su
violación, es decir, la pena
sirve como amenaza dirigida a
los ciudadanos por la ley para
evitar que cometan un delito,
esto es, funcionan mediante
la coacción psicológica al
40
Revista Jurídica
momento abstracto de un
tipo penal, cuyo contenido
material es la norma de
conducta. Teoría que se
atribuye a Paul Johann Anselm
V. Feuerbach.
Para esta teoría, la
finalidad de la pena es la
prevención del delito, pero
para que la amenaza referida
funcione es necesaria la
efectiva ejecución de la
misma.
2.5.- Teoría de la Prevención General Negativa.
Mediante esta teoría se
persigue coaccionar a la
generalidad de los
ciudadanos, con la amenaza
del mal de la pena para que se
abstengan de cometer
delitos.
La misión de esta teoría
es, modificar, disuadir,
destruir la motivación que
tenga un sujeto de cometer
un hecho ilícito.
2.6.- Teoría de la Prevención General Positiva.
Ésta no se ocupa del
aspecto intimidatorio de la
pena, sino que explica sus
diversos efectos. En primer
lugar, la pena afirma la
vigencia del Derecho como
mecanismo regulador de
conductas y lo restablece; en
segundo lugar, la pena actúa
como instrumento de
conformación de la
conciencia jurídica colectiva,
pues su aplicación restablece
la confianza y fidelidad del
ciudadano en la norma
jurídica.
2.7.- Teoría de la Prevención Especial.
El objeto de la pena para
esta teoría, es la actuación
sobre el delincuente para que
éste no vuelva a delinquir;
para esta teoría la misión de
la pena consiste en hacer
desistir al autor de futuros
delitos, evitar la reincidencia.
41
Poder Judicial de Nayarit
2.8.- Teorías Mixtas.
También denominadas
teorías de la unión; éstas
tratan de combinar los
principios legitimantes de las
teorías absolutas y de las
relativas, esto es, combinar la
retribución de la culpabilidad
mediante pena con la
influencia rehabilitada,
intimatoria o de
aseguramiento en el autor
concreto, de tal forma que
todos los fines de la pena
alcanzan una relación
equilibrada.
CAPÍTULO III 3.1.- Las Sanciones en el Código Penal del Estado de Nayarit.
El Código Penal vigente
en nuestro Estado de Nayarit,
publica do en el Periódico
Oficial bajo Decreto número
7009 de fecha 29 de
noviembre de 1986, entró en
vigor el día 1º de enero de
1987; a la fecha, con diversas
adiciones y reformas, en el
título segundo, capítulo I,
prevé “las sanciones y
medidas de seguridad“. El
artículo 25 del citado cuerpo
de leyes dispone: Las
sanciones son:
I . - Prisión; I I . - Libertad bajo tratamiento; I I I . - Semilibertad; IV.- Multa; V.- Reparación del daño; VI.- Suspensión, privación e inhabilitación de derechos; VII. - Decomiso o destrucción de los instrumentos del delito; VII I . - Destitución o suspensión de funciones o empleos; IX.- Publicación especial de sentencias; X.- Disolución de personas morales; e XI.- Internación.
En este orden el artículo
26 del mismo cuerpo de leyes
expone:
Son medidas de seguridad:
I . - Prohibición de ir a un lugar determinado;
42
Revista Jurídica
I I . - Decomiso o destrucción de cosas peligrosas o nocivas; I I I . - Caución de no ofender; IV.- Amonestación; V.- Apercibimiento; VI.- Vigilancia de la autoridad; y VII. - Reclusión domiciliaria.
Dentro de las sanciones,
por su importancia haremos
mención a lo que es la
prisión, la l ibertad bajo
tratamiento y la semilibertad;
así pues, la prisión consiste en
privación de la libertad, que
podrá durar de tres días a
cincuenta años; la l ibertad
bajo tratamiento apareja la
realización de labores por
parte del sentenciado y de las
demás medidas conducentes a
su readaptación, bajo la
orientación y el cuidado de la
autoridad ejecutora.
La semilibertad consiste
en la alteración de períodos
breves de reclusión y libertad
bajo tratamiento; la
excarcelación se aplicará
según las circunstancias del
caso, durante la jornada de
trabajo, con reclusión
nocturna por toda la semana
laboral, con reclusión de fin
de semana, o en el curso de
ésta con reclusión durante la
semana laborable (artículos
28,30 y 31 del Código Penal
para el Estado de Nayarit).
Consideramos que la
semilibertad es la fusión de la
prisión y de la libertad bajo
tratamiento que en nuestro
concepto se encuentra en
desuso, dado que en nuestro
sistema punitivo no se aplica
en virtud de que la amenaza
más común que los tipos
penales contienen, es la
prisión y multa; como
ejemplo se señalan las
sanciones previstas por los
tipos penales establecidos en
los artículos 266, 268 y 269 del
Código Penal en vigor para
nuestro Estado de Nayarit,
que prevén el delito de
bigamia, incesto y abandono
de familiares, por mencionar
algunos, ya que estos tipos
penales señalan como
sanción: prisión y multa.
43
Poder Judicial de Nayarit
Consideramos también
que se encuentra en desuso la
libertad bajo tratamiento,
como sanción prevista en
nuestro sistema punitivo,
dado que los tipos penales
que se encuentran descritos
en nuestro Código Penal, no
señalan como sanción este
substitutivo de la pena de
prisión; ahora bien, efectiva
mente consideramos que es
derecho vigente el catálogo
de sanciones que prevé el
artículo 25 de nuestro código
punitivo, más no derecho
positivo, en relación a las
fracciones I I y I I I , dado que no
se encuentran previstas como
sanción en los tipos penales y
por ello, el juez instructor no
puede aplicarlas en forma
arbitraria, ya que de hacerlo
así, estaría violando lo
preceptuado por el artículo
14 de nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos, como lo es la
prohibición de imponer por
simple analogía y aún por
mayoría de razón, pena
alguna que no esté decretada
por una ley exactamente
aplicable al delito que se
trata( 8 ) .
Consideramos pues, por
ello, que al dictarse sentencia
definitiva, el juzgador no
puede imponer como sanción
la libertad bajo tratamiento o
bien la semilibertad, tratando
se de un delito como sería el
rapto, ya que el tipo penal de
rapto no prevé como sanción
estos substitutivos de la pena
de prisión.
Respecto a los fines que
persigue la pena de readaptar
al sentenciado, consideramos
que no se cumple del todo
este propósito, dado que, los
tipos penales que no se
encuentran previstos en la ley
como delitos graves al
permitir en beneficio del
inculpado la libertad
caucional, imposibilitan llevar
a cabo este propósito; me
(8) Constitución Pol ít ica de los Estados Unidos Mexicanos. Op. cit . p. 68.
44
Revista Jurídica
explico, se recibe
consignación con detenido,
en preparatoria solicita la
l ibertad caucional, misma que
se le concede, sale libre bajo
caución, se le resuelve su
situación jurídica siendo de
formal prisión, se le instruye
el proceso que culmina con
sentencia, en este caso
conmutable, causa ejecutoria,
se paga la conmutación, se
gira la l ibertad definitiva y se
ordena el archivo del
expediente como asunto
concluido. La pregunta
obligada es ésta: ¿se cumplió
el objetivo de la pena, de
readaptar al sentenciado?:
consideramos desde luego
que no!
Desde nuestro punto de
vista consideramos, que todo
procesado que durante la
instrucción del proceso goce
del beneficio de la libertad
caucional, debe recibir por
conducto de la oficina
correspondiente, cursos de
readaptación, dado que en la
actualidad únicamente están
obligados a comparecer ante
el Juzgado para imprimir su
firma y enterarse de su
proceso, lo que da como
resultado, la reincidencia; lo
anterior como una medida de
seguridad, con la finalidad de
que se logre plenamente la
readaptación de un
sentenciado.
3.2. Beneficios Aplicables.
En la aplicación de
sanciones, nuestro código
punitivo establece algunos
beneficios que el juzgador, de
reunirse los requisitos, está
obligado a aplicar al resolver
en definitiva. Bajo este orden
el artículo 65 fracción IV del
Código Penal en vigor en
nuestro Estado expone:
Artículo 65.- En la aplicación
de sanciones penales se
tendrá en cuenta: I . -….II . -…III . -
…; IV.- El juzgador en el
momento de dictar sentencia
podrá reducir hasta la mitad
de la pena que le
corresponda, cuando se trate
45
Poder Judicial de Nayarit
de un delincuente primario,
de mínima peligrosidad y que
además se encuentre en
alguna de las siguientes
condiciones:
a).- De escaso desarrollo
intelectual y precaria
situación económica;
b).- Que se trate de un
discapacitado;
c).- Que pertenezca a algún
grupo étnico indígena;
d).- Que sea mayor de 70 años;
E).- Que sea madre soltera y
con precaria situación
económica.
En relación a los incisos
b) y e) del artículo antes
descrito, el Código Penal
Federal establece un
beneficio de gran relevancia
jurídica en el artículo 55, que
sobre el particular expone:
“Cuando por haber sufrido el
sujeto activo consecuencias
graves en su persona o por su
senilidad o su precario estado
de salud, fuere notoriamente
innecesaria e irracional la
imposición de una pena
privativa y restrictiva de
libertad, el juez, de oficio o a
petición de parte motivando
su resolución, podrá
prescindir de ella o
substituirla por una medida
de seguridad. En los casos de
senilidad o precario estado de
salud, el juez se apoyará
siempre en dictámenes de
peritos( 9 ) .
Nótese que si bien es
cierto que el Código Penal
para nuestro Estado, es
benévolo al establecer la
atenuante de reducir la pena
hasta la mitad en casos de
senilidad y de discapacitados,
no menos cierto es que el
Código Penal Federal, fue más
allá aún de este beneficio, al
grado de suprimir la pena o
substituirla por una medida
de seguridad, tomando en
cuenta el estado de salud del
delincuente, la edad y las
consecuencias que haya
(9) Código Penal Federal. Edit. Delma. 2000, p.15.
46
Revista Jurídica
sufrido en su cuerpo el sujeto
activo del delito.
Desde nuestro muy
particular punto de vista,
consideramos que se pueden
presentar en la práctica las
siguientes hipótesis:
1.- Que quién cometió un
il ícito sea discapacitado, ante
lo cual y de reunirse los
requisitos legales, el juez
debe reducirle hasta la mitad
de la pena.
2.- Que el sujeto activo del
delito al cometerlo sufra
alguna consecuencia grave en
su persona, por ejemplo, que
se haya afectado la columna y
tenga incapacidad para
caminar. Ante esta
circunstancia el juez debe
prescindir de la pena o
substituirla por una medida
de seguridad, como sería la
reclusión domiciliaria.
3.- Que quién cometió el
i l ícito sea un discapacitado,
pero que ante lo inestable de
su salud y la gravedad de
ésta, resulte excesiva e
irracional la imposición de la
pena de prisión, ante lo cual
se debe de aplicar un
substitutivo de la pena de
prisión y una medida de
seguridad.
4.- En relación de personas
mayores adultas en edad
avanzada, como sería de 70 a
80 años de edad o más, en
caso de delinquir, se debe
prescindir de la pena de
prisión y aplicar un
substitutivo de esta pena de
prisión en caso de delitos
graves, por ejemplo: aplicar
libertad bajo trata miento o
semilibertad. En caso de
delitos no graves, sustituir la
pena de prisión por una
medida de seguridad.
Atendiendo a la dignidad
humana
y salvaguardando el bien más
preciado como es la vida,
consideramos que se debe
adicionar al Código para el Estado
de Nayarit, lo relacionado a las
47
Poder Judicial de Nayarit
hipótesis señaladas en líneas arriba,
ya que de cierto modo, de aplicar
una sanción de prisión, desde
nuestro muy particular punto de
vista, se estaría incurriendo en un
exceso de justicia, y que por
ejemplo: aplicando sanción de
prisión a una persona de más de 80
años, quizás no se atendería a los
fines de la pena y se estaría fuera
de tiempo para su readaptación
CONCLUSIONES
Consideramos que el fin
de la pena no se cumple,
como lo es obtener la
readaptación del sentenciado
en delitos no graves, en
virtud de que las personas
que gozan del beneficio de la
libertad caucional, no reciben
ningún tipo de educación,
curso o ayuda psicológica
para alcanzar este objetivo,
como lo es readaptar al
sentenciado. Por ello se
propone, que toda persona
que goce del beneficio de
libertad bajo caución, deba
recibir por conducto de la
oficina correspondiente,
cursos de readaptación para
evitar la reincidencia.
Respecto a las sanciones
que prevé nuestro Código
Penal en vigor, consideramos
que la intención o finalidad
del legislador fue buena,
encauzada a su aplicación; sin
embargo la falta de
mecanismos para aplicar las
sanciones es notoria, esto
relacionado a las sanciones
consistentes en: l ibertad bajo
tratamiento y semilibertad;
ya que sí se encuentran
definidas; sin embargo al no
encontrarse contempladas en
los tipos penales hace
imposible su aplicación y por
ello ningún fin cumplen; se
necesita establecer los
mecanismos, pasos a seguir
para aplicar éstas, como
substitutivos de la pena de
prisión. Eso se cumpliría con
una reforma a efectos de
hacer alternativas las penas.
48
Revista Jurídica
Consideramos que la
pena de prisión no es la única
opción para llevar a cabo la
readaptación de un
sentenciado; ya que
existiendo otro tipo de
sanciones, como lo es la
l ibertad bajo tratamiento y la
semilibertad, sólo faltaría
establecer mediante la
reforma correspondiente, en
qué tipos penales se
aplicarían éstas, a efecto de
que el juzgador las aplique en
sentencia.
Por otra parte,
considera-mos que la
intención del legislador local
fue buena, al establecer
beneficios en la aplicación de
sanciones relativas a los
discapacitados y a las
personas adultas mayores de
70 años; sin embargo,
consideramos necesaria la
reforma o adición a nuestro
Código Penal, en relación a
este tema, ya que una cosa es
la hipótesis normativa y otra
la realidad, como sería el caso
de que el sujeto activo del
delito al cometer éste,
sufriera lesiones graves en su
persona, que ante tal
magnitud resultara
innecesaria la imposición de
una pena; o bien, que por su
avanzada edad o estado de
salud resulte innecesaria la
aplicación de una pena y que
ante dichas circunstancias se
tenga que prescindir de la
pena de prisión y substituirla
por una medida de seguridad;
ello sería posible, sólo con
una reforma o adición al
Código Penal vigente en
nuestro Estado de Nayarit.
49
Poder Judicial de Nayarit
10
Delito de Asalto. Necesidad de incluir en la tipicidad la violencia moral.
Lic. María Catalina Medina Rosales Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Civil
El artículo 281 del
Código Penal para el Estado
de Nayarit, que contempla el
delito de Asalto, establece:
“Comete el delito de asalto el
que en despoblado o paraje
solitario haga uso de la
violencia física sobre una
persona con el propósito de
causarle un mal, obtener un
lucro o beneficio, o de
conseguir su consentimiento
para cualquier fin y
cualesquiera que sean los
medios y el grado de
violencia empleado,
independiente mente del
hecho delictuoso que resulte
cometido, se aplicará prisión
de cinco a quince años y
multa de treinta a ochenta
días de salario.
La misma sanción se
aplicará cuando se haga uso
de la violencia estando la
víctima en un vehículo
particular o de transporte
público, independientemente
del lugar en que se encuentre
o cuando se cometa en contra
de una oficina bancaria,
recaudadora u otra en que
existan caudales, respecto de
personas que las custodien o
transporten aquellos.
Si el asalto se efectuare
de noche o si fueren varios
los asaltantes, se aplicará
prisión de siete a veinte años
y multa de cincuenta a
doscientos días de salario”.
Definición legal de la
que en su primera parte se
infiere, que los elementos
50
Revista Jurídica
materiales que constituyen
este delito de acuerdo a su
acepción literal son:
1.- Hacer uso de la violencia
física sobre una persona;
2.- Que los hechos se realicen
en despoblado o paraje
solitario, y;
3.- Que quién ejerza violencia
física tenga el propósito de
causar un mal, obtener un
lucro o beneficio o conseguir
el consentimiento de la
persona ofendida para
cualquier fin.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Tal como quedó
precisado con anterioridad el
Código Penal vigente para el
Estado de Nayarit, en su
Artículo 281 tipifica y
sanciona el delito de Asalto,
para el cual considera como
única forma de comisión "la
violencia física", dejando de
lado la violencia moral, lo que
ha originado que se esté en
un constante aumento de
este delito, puesto que es
muy común y frecuente que
en la mayoría de los casos
quiénes denotan tal proceder,
consientes del error u
omisión que tiene la norma,
recurren en la denotación de
la misma y pese a que en un
gran número de procesos
están confesos, respaldados
por este defecto de la
legislación, nos hemos visto
obligados a resolver no
obstante la exposición del
bien jurídico tutelado, a
decretar su libertad, creando
con ello sin duda alguna una
situación delicada por sus
serias repercusiones sociales.
En la actualidad el
Tribunal Colegiado del
Vigésimo Cuarto Circuito con
residencia en esta ciudad, ha
empezado a implementar el
Derecho Penal local, virtud
por la cual al estudiar el
mencionado Artículo 281 del
Código Penal para el Estado
de Nayarit, ha establecido el
criterio, visible a fojas 708 y
709 del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta,
51
Poder Judicial de Nayarit
Tomo II, correspondiente al
mes de septiembre de dos
mil, Novena Época, que dice:
"ASALTO, VIOLENCIA EN EL
DELITO DE. PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT, DEBE SER FÍSICA Y
NO MORAL.- El Artículo 281 del
Código Penal para el Estado
de Nayarit, que contempla el
i l ícito de asalto, establece
que comete este delito el que
en despoblado o paraje
solitario haga uso de la
violencia física sobre una
persona con el propósito de
causarle un mal, obtener un
lucro o beneficio, o de
conseguir su consentimiento
para cualquier fin,
cualesquiera que sean los
medios y el grado de
violencia empleado,
independiente del hecho
delictuoso que resulte
cometido; en su segundo
párrafo, el precepto legal
dispone que
independientemente del
lugar en que se encuentre o
cuando se cometa en contra
de una oficina bancaria,
recaudatoria u otra en que
existan caudales, respecto de
las personas que los custodien
o transporten aquellos; en
tales circunstancias, es
evidente que en el
mencionado segundo párrafo
del numeral en comento, el
Legislador continúa
refiriéndose a la violencia
física aludida al inicio de
dicho precepto legal, el cual
tipifica el tipo básico del
delito de mérito."
Así como la tesis de
jurisprudencia emitida por el
Primer Tribunal Colegiado del
Vigésimo Cuarto Circuito,
identificada bajo la clave
número TC241002. 9PE5,J/1,
que a la letra establece:
“ASALTO, VIOLENCIA EN EL
DELITO DE. PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 281 DEL CÓDIGO
PENAL PARA EL ESTADO DE
NAYARIT. El Artículo 281 del
Código Penal para el Estado
de Nayarit, que contempla el
i l ícito de asalto, establece
52
Revista Jurídica
que comete este delito el que
en despoblado o paraje
solitario haga uso de la
violencia física sobre una
persona con el propósito de
causarle un mal, obtener un
lucro o beneficio, o de
conseguir su consentimiento
para cualquier fin,
cualesquiera que sean los
medios y el grado de
violencia empleado,
independiente mente del
hecho delictuoso que resulte
cometido; en su segundo
párrafo, el citado precepto
legal dispone que la misma
sanción se aplicará cuando se
haga uso de la violencia
estando la víctima en un
vehículo particular o de
transporte público,
independientemente del
lugar en que se encuentre o
cuando se cometa en contra
de una oficina bancaria,
recaudatoria u otra en que
existan caudales, respecto de
las personas que las custodien
o transporten aquellos”.
De lo anterior es que se
concluye, en la imperiosa
necesidad de reformar el
citado artículo 281 del Código
Penal para el Estado de
Nayarit, y así incluir dentro
de éste la violencia moral, a
fin de sancionar dentro de
dicho precepto legal a quién
en despoblado o paraje
solitario haga uso de la
violencia física o moral sobre
una persona con el propósito
de causarle un mal, obtener
un lucro o beneficio, o de
conseguir su consentimiento
para cualquier fin y
cualesquiera que sean los
medios y el grado de
violencia empleado,
independiente mente del
hecho delictuoso que resulte
cometido; así como a toda
aquella persona que haga uso
de la violencia física o moral
estando la víctima en un
vehículo parti-cular o de
transporte público,
independientemente del
lugar en que se encuentre o
cuando se cometa en contra
53
Poder Judicial de Nayarit
de una oficina bancaria,
recauda dora u otra en que
existan caudales, respecto de
personas que las custodien o
transporten aquellos.”
RESUMEN
A manera de conclusión
el presente trabajo se centra
en la imperiosa necesidad que
existe dada la situación
legislativa actual, que guarda
el Artículo 281 del Código
Penal para el Estado de
Nayarit, que se reforme dicho
precepto legal a fin de que se
incluya dentro de éste como
medio comisivo del delito, no
sólo la violencia física sino
también la moral, esto es, que
la redacción de dicho
precepto legal quede de la
siguiente manera:
Artículo 281.- “Comete el
delito de asalto el que en
despoblado o paraje solitario
haga uso de la violencia física
o moral sobre una persona
con el propósito de causarle
un mal, obtener un lucro o
beneficio, o de conseguir su
consentimiento para
cualquier fin y cualesquiera
que sean los medios y el
grado de violencia empleado,
independientemente del
hecho delictuoso que resulte
cometido, se aplicará prisión
de cinco a quince años y
multa de treinta a ochenta
días de salario.”
La misma sanción se
aplicará cuando se haga uso
de la violencia física o moral
estando la víctima en un
vehículo particular o de
transporte público, indepen-
dientemente del lugar en que
se encuentre o cuando se
cometa en contra de una
oficina bancaria, recaudadora
u otra en que existan
caudales, respecto de
personas que las custodien o
transporten aquellos.
Si el asalto se efectuare
de noche o si fueren varios los
asaltantes, se aplicará prisión
de siete a veinte años y multa
de cincuenta a doscientos
días de salario”.
54
Revista Jurídica
11
Breves comentarios sobre el Derecho de Acceso a la Información
Lic. Alba Xóchitl Guzmán Olague Juez mixto de Primera Instancia del Juzgado de Santa María del Oro
Si antes era
prácticamente imposible en
México tener acceso a la
información pública, o dicho
de otra manera, haber tenido
la posibil idad de hacerse
público lo que es público, hoy
es posible, al haberse aprobado
por unanimidad de votos en el
Congreso de la Unión el 30 de
abril pasado, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública
Gubernamental, que entrará en
vigor a partir del día 12 de
Junio del año 2003.
Es verdad que con la
aprobación de la Ley a que se
viene haciendo referencia se
da un gran paso en el largo
camino por tener acceso a la
información pública, sin
embargo, debe insistirse que
es apenas una parte, por
supuesto importante, de un
engranaje jurídico que haga
posible que cualquier
ciudadano o individuo pueda
realizar un escrutinio efectivo
sobre el destino y la forma de
administrar los recursos
públicos, así como, de util izar
los diversos flujos de
información para tomar
mejores decisiones que
impacten la calidad de la vida
de la sociedad; de ahí, por
tanto, valdría la pena
replantear algunos aspectos de
la citada ley en aras de tener lo
mejor de lo que es posible por
ahora.
Es destacable la voluntad
política de algunos gobiernos
de los Estados, entre los que
destacan Sinaloa y Michoacán
(como se verá en el presente
trabajo), para dotar a sus
gobernados de la
correspondiente Ley Estatal de
55
Poder Judicial de Nayarit
Acceso a la Información
Pública, lo que reviste gran
importancia, porque además
de someter sus actos dichos
gobiernos Estatales a la prueba
de la transparencia, el
ciudadano común tiene mayor
relación con la información en
poder de sus autoridades
locales y estatales.
Después de una larga y
compleja historia por
reglamentar el derecho a la
información, desde el 30 de
diciembre de 1977, en que fue
adicionado el último párrafo
del artículo 6º. Constitucional,
que a la letra dice: “El derecho
a la in formación será
garantizada por el Estado”; por
fin 24 años después fue
aprobada por el Congreso de la
Unión, la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
Información Gubernamental.
La importancia del citado
ordenamiento legal radica en
que al tener acceso los
ciudadanos a los archivos la
información y documentos en
posesión del Estado, se
consolidará la democracia a
través de la participación
ciudadana informada y
responsable, lo cual es esencial
para el progreso de nuestra
sociedad; convirtiéndose a su
vez en un instrumento de
combate a la corrupción lo que
traerá como consecuencia una
mayor eficiencia del aparato
gubernamental; igualmente
facil itará el flujo de
información sobre
oportunidades de inversión
sobre todo a las empresas
pequeñas.
Generalmente sucede en
México que las leyes federales
suelen tener un sesgo de
progresismo, esto es, que el
avance del derecho va de la
Federación hacia los Estados,
sin embargo, en lo relativo del
derecho de acceso a la
información, el estado de
Sinaloa ha puesto de relieve
que las cosas no siempre son
así, al haberse aprobado en
dicho estado una ley de acceso
a la información pública
considerada como modelo,
convirtiéndose en un sano
precedente para el resto del
56
Revista Jurídica
país; brevemente se comentará
los aspectos más importantes
de la ley estatal en comento.
Con el espíritu de
apertura jurídica con que fue
creada la Ley Estatal de Acceso
a la Información pública de
Sinaloa, se establece como
sujetos obligados a informar
no sólo a los tres Poderes
Constitucionales del Estado y
organismos autónomos, sino
también a los partidos políticos
y empresas privadas que
ejerzan funciones de autoridad
y/o reciban subvenciones con
cargo a recursos públicos;
amplitud que, por cierto, no
tiene la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la
información pública
gubernamental.
Así como se establece en
el ámbito federal, la ley estatal
de referencia establece un
periodo de 10 días máximo
para que la entidad pública
responda a las solicitudes de
información, lo cual no deja de
ser un avance, si se toma en
consideración que en Estados
Unidos se establece período
máximo de 20 días hábiles.
Al igual que lo dispuesto
a nivel federal, se introduce un
capítulo de Hábeas Data o
protección de datos personales
y un capítulo de la información
que debe ser divulgada de
oficio, así pues, se puntualiza
el derecho a saber de las
personas, pero a la vez, se
protege el derecho de los
particulares para que en este
proceso no se viole su legítimo
derecho a la vida privada.
El derecho de Hábeas
Data , del que poco se ha
mencionado en México, es la
prerrogativa que tiene toda
persona para conocer de su
inclusión en bancos de datos o
registros públicos o privados;
el poder actualizar o corregir
la información que sobre ella
obre en los bancos o registros,
sin que eso signifique costo
alguno para la persona
interesada; conocer el
propósito o fines para los que
se va a util izar la información
que conste sobre ella en los
bancos de datos; que se
garantice la confidencialidad
57
Poder Judicial de Nayarit
de determina da información
obtenida legalmente para
evitar su conocimiento a
terceros, por ejemplo,
registros médicos; igualmente
que se garantice la supresión
de información sobre la
persona con datos sobre
fi l iación política, creencias
religiosas, y toda aquella que
pudiera producir
discriminación o indefensión
de la persona, salvo cuando se
trate por mandato de ley de
informaciones almacenadas por
razones legítimas de seguridad
nacional; y por último, que la
información con datos
personales tengan propósitos
legales y legítimos en una
sociedad democrática. Como se
puede apreciar, el derecho de
Hábeas Data brinda a la
persona un gran poder sobre el
destino y contenido de su
propia información, siendo en
consecuencia, en éste único
aspecto, el sujeto con
legitimación activa, sólo la
persona sobre la que exista
información en el registro o
banco de datos, pues se trata
de datos personales que
forman parte de la información
reservada para el público en
general para proteger
el derecho a la vida privada.
Otro de los aspectos
importantes de la Ley Estatal a
que se viene haciendo
referencia y que concuerda
con la de Ámbito Federal, es lo
referente a que se dispone de
un plazo máximo de 12 años
para mantener bajo resguardo
la información reservada, así
como la prueba de daños, esto
es, la entidad pública no puede
clasificar la información como
reservada, sino que tendrá que
demostrar que se trata
efectivamente de información
que se encuentra en los
supuestos de reserva y que su
l iberación produce mayor daño
que mantenerla bajo reserva
en términos de ley; lo anterior
tiene como finalidad reducir el
margen de discrecionalidad de
las autoridades para clasificar
como reservada alguna
información.
La Ley Estatal de Acceso a
la Información Pública de
58
Revista Jurídica
Sinaloa, también establece, el
principio de la Afirmativa
Ficta, que es cuando en el
período en el que la entidad
pública está obligada a
informar no lo hace, se
entiende que la solicitud ha
sido aprobada y se habilita al
peticionario para acudir al
órgano de autoridad a que
libere la información solicitada
(salvo que ésta sea reservada o
confidencial) , siendo la entidad
pública quien cubre los costos
del material solicitado;
estableciéndose que el si lencio
administrativo es considerado
un acto de negligencia sujeto a
sanción conforme a la ley de
responsabilidades de los
servidores públicos del Estado
mencionado.
Igualmente se establece
un órgano de autoridad
colegiado de naturaleza
autónoma denominado
Comisión Estatal de Acceso a la
Información Pública, que estará
integrado por tres
comisionados nombrados por
el Gobernador previa consulta
con agrupaciones de la
sociedad, debiendo ser
ratificados por el Congreso
local; la referida comisión
tiene un conjunto de
atribuciones que se encuentran
previstas en la ley respectiva,
que incluye vigilar el
cumplimiento de la ley por
parte de los tres poderes
constitucionales, los
organismos autónomos, los
partidos políticos, las
entidades privadas que ejerzan
gasto público, reciban subsidio
o subvención y cuando actúen
en auxil io de los diversos
organismos públicos, formulen
planes de estudio para el
sistema educativo estatal en
materia de derecho de acceso
a la información pública, entre
otras atribuciones más, a
diferencia de lo que sucede en
el ámbito federal, en donde la
comisión sólo tiene facultades
para resolver alguna de las
cuestiones básicas
correspondientes al Poder
Ejecutivo Federal.
Finalmente es de mencio-
narse, que en la referida Ley
Estatal se dispone un capítulo
59
Poder Judicial de Nayarit
dedicado a un tema
fundamental, la creación de
una cultura ciudadana de la
información; para ello, se dan
atribuciones a la Comisión
Estatal de Acceso a la
Información Pública, para
vigilar y aportar contenidos
sobre el valor social del acceso
a la información en todo el
sistema educativo del Estado
de Sinaloa, desde la básica a la
superior, incluyendo las
escuelas normales; siendo éste
un aspecto de gran relevancia,
en la medida en qué tan
importante es tener un
instrumento de acceso a la
información, como la
socialización de conocimiento,
para que por esa vía se mejore
la calidad de vida de las
personas; siendo evidente que
el tema de la educación
requerirá de tiempo, paciencia
e insistencia, para cambiar la
cultura de una sociedad
acostumbrada a la secrecía.
Cabe señalar, que
desafortunadamente la ley
federal de la materia deja
fuera toda referencia a la
educación como medio
indispensable de transmisión
de conocimientos, para que
desde la niñez las personas
estén familiarizadas con el
valor social del acceso a la
información pública.
El derecho de acceso a la
información no está completo
si no se legisla también en el
plano estatal, siendo muy
pocos los Estados de la
República que han legislado
sobre este rubro, algunos con
poco acierto como el caso del
Estado de Jalisco que tiene una
ley muy restringida; siendo
indispensable que nuestro
Estado de Nayarit, cuente con
una ley de acceso a la
información pública, acorde
con el nuevo entorno
democrático del país, tomando
como referente los aspectos
positivos que se encuentran
plasmados en la Ley Estatal de
Acceso a la Información Pública
de Sinaloa, que retoma y
rebasa en algunos casos los
estándares democráticos
internacionales en la materia.
60
Revista Jurídica
12
Autores Nayaritas
E s t a s e c c i ó n e s t á d e d i c a d a a l o s n a y a r i t a s a c a d é m i c o s , j u r i s t a s y e s t u d i o s o s d e l De r e c ho q u e t e n g a n o b r a s p u b li c a d a s , c o m o u n r e c o n o c i m i e n t o a s u e s f u e r z o i n t e l e c t u a l p a r a i n c r e m e n t a r e l a c e r v o c u l t u r a l j u r í d i c o d e l f o r o l o c a l . MADERO ESTRADA, José Miguel. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Comentada y Concordada. Tepic, IFE/UAN. 2002, 393 pp.
Una obra que continúa con
la l ínea de investigación
desarrol lada por el Doctor José
Miguel Madero Estrada es la que
se reseña. Abogado egresado de
la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Nayarit;
Diplomado en Administración
Pública Estatal y Municipal por el
Instituto Nacional de
Administración Pública; Maestro
en Derecho Público; obtuvo
posteriormente el grado de
Doctor en Derecho Público,
logrando Mención Honorífica en
sus exámenes de postgrado.
Universidad Autónoma de Nayarit.
Como docente imparte sus
conocimientos en la Universidad
Autónoma de Nayarit de 1989 a la
fecha; ha impartido la materia de
Derecho Constitucional local en la
l icenciatura de la Facultad de
Derecho; en la Maestría de
Derecho Público impartió las
cátedras de Estructura Polít ica del
Estado y Derecho Legislativo;
actualmente es Director de la
Facultad de Derecho de la
Como servidor público se ha
identificado por su desempeño en
el Congreso local , ha sido Director
de Proceso Legislativo (1989),
61
Poder Judicial de Nayarit
Oficial mayor del Congreso del
Estado (1990-1993);
posteriormente fue Diputado a la
XXIV legislatura del Congreso
(1993-1995) y fue designado
Vicepresidente de la Gran
Comisión, Vicepresidente de la
Diputación permanente;
Presidente de las comisiones
legislativas de puntos
constitucionales, programación y
presupuesto; investigación
legislativa del gran jurado y
vicepresidente de la comisión de
gobernación, Presidente del
Congreso de agosto a septiembre
de 1995. En el Poder Ejecutivo se
desempeñó como Subsecretario
General de Gobierno (diciembre
e 1995 a septiembre de 1999).
el 2000
“Dicci
una extensa
bibl iografía.
constitucionales locales.
d
De los autores nayaritas es
de los más prolíf icos, en 1991
publicó “Evolución Constitucional
de Nayarit” ; en 1993 “Constitución
Pol ít ica del Estado Libre y
Soberano de Nayarit” ; en 1996
“Constitución Pol ít ica de Nayarit .
Origen y reforma” ; en 1997 “El
Poder Legis lativo de Nayarit .
Estudio Constitucional” ; obtuvo
en 1998 la Medalla “Nayarit” , a la
investigación científica y tecnoló-
gica, con el trabajo “Voces
congresionales” ; en 1999 publica
el l ibro “Se abre la sesión” ;
coautor de “México y sus
Constituciones”, compilado por
Patricia Galeana, y en
onario legis lativo” .
En la obra que se reseña, el
autor efectúa el anális is
s istemático de los 139 artículos
que integran la Constitución
Polít ica del Estado de Nayarit;
para cada artículo real iza un
amplio comentario que
comprende un anális is histórico
de su evolución, acompañado de
un anális is doctrinal , además de
incorporar para el caso de que sea
necesario, cuadros sinópticos y
diagramas de f lujo que resultan
muy didácticos para el lector; en
la mayoría de los casos hace
referencia también al marco
legislativo local , vinculado con el
texto del precepto constitucional,
y establece las concordancias con
otros ordenamientos constitucio-
nales, incorpora además en
recuadros
Por la importancia que
representa el estudio de la
Constitución local , este texto es
ampliamente recomendado para
los estudiantes, investigadores y
académicos en general
interesados en los estudios
62
13
Convenio de colaboración, Poder Judicial de Nayarit – UNIVER de Nayarit A. C.
E l pasado 13 de junio se s ignó
el Convenio de Colaboración entre el
Poder Judic ia l del Estado de Nayar i t
y la Universidad UNIVER de Nayar i t ,
A. C. actuando en representación de
estas Inst i tuciones el Magistrado
Presidente del Tr ibunal Super ior de
Just ic ia L ic. José Ramón González
Pineda y por la otra el L ic. en
Administración de Empresas José
Esteban Pantoja Estrada.
El propósi to de ese convenio
es que los estudiantes del p lantel
educat ivo f i rmante de las
Licenciaturas en Derecho,
Informát ica, Administración y
Contabi l idad puedan real izar su
Servic io Social en el Tr ibunal
Super ior de Just ic ia.
En las c láusulas del Convenio
se establece que la supervis ión y
d i rección de los prestadores de
Servic io Social estará a cargo del
Secretar io General de Acuerdos del
Tr ibunal Super ior de Just ic ia, con
apl icación de lo d ispuesto en la
Fracción I del Art ículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Judic ia l y del
Director del Servic io Social de la
UNIVER de Nayar i t , A. C. Al culminar
e l Servic io Social se extenderá la
constancia respect iva a los
prestadores, previa evaluación que se real ice.
Corresponde al Departamento
de Control Escolar de esta
Inst i tución de educación Super ior y
a la Secretar ía General de Acuerdos
del Tr ibunal establecer los vínculos
necesar ios para la real ización de las
act iv idades que correspondan para el
éxi to del Convenio.
Fi rmaron también como
test igos el L icenciado Elpid io Cortés
Conchas por parte del Poder Judic ia l
y la L icenciada Li l iana Aldaco
Gal indo así como Patr ic ia Vi l la lobos
Arámbula por la Univers idad
63
Poder Judicial de Nayarit
14
Nuevas Adscripciones en el Tribunal Superior de Justicia
El Consejo de la
Judicatura, con fundamento
en el Artículo 46 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial
del Estado, en la Quinta
Sesión Ordinaria celebrada el
día veintinueve de mayo
pasado, en ejercicio de sus
atribuciones acordó realizar
los siguientes cambios de
adscripción y nuevos
nombramientos con el
carácter de provisionales:
1. Juzgado Mixto de Santa
María del Oro; es
Secretaria de Acuerdos la
Lic. Eva Juárez Urrutia.
2. Juzgado Mixto de Las
Varas, del Municipio de
Compostela, Nayarit.
Secretaria Proyectis-ta,
Lic. Eva López Padilla.
3. Juzgado Tercero Penal.
Secretario de Acuerdos,
Lic. Blanca Arlet Murguía.
4. La Licenciada Patricia
Ramírez Barrera, es
designada como Secretario
de Acuerdos del Juzgado
Mixto de Primera Instancia
del Partido Judicial de
Santa María del Oro,
Nayarit.
5. La Licenciada Eva Juárez
Urrutia, es designada
como Secretario de
Acuerdos al Juzgado
Segundo de Primera
Instancia del Ramo
Mercantil de este Partido
Judicial.
6. El Licenciado Álvaro
Gutiérrez Quintero, es
designado como
Secretario de Acuerdos al
64
Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Partido
Judicial de Tuxpan,
Nayarit.
7. El Licenciado Carlos
Alberto Elías Martínez, es
designado como
Secretario de Acuerdos al
Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Partido
Judicial de Tecuala,
Nayarit.
8. La Licenciada Patricia
Reyes Jiménez, es
designada como Secretario
de Acuerdos al Juzgado
Primero de Primera
Instancia del Ramo
Mercantil de este Partido
Judicial.
9. La Licenciada Sarita
Zúñiga Rodríguez, es
designada como Secretario
de Acuerdos al Juzgado
Mixto de Primera de
Xalisco, Nayarit.
10. El Licenciado Fernando
González Díaz, es
designado como
Secretario de Acuerdos al
Juzgado Mixto de Primera
Instancia del Partido
Judicial de San Pedro
Lagunillas, Nayarit.
11. La Licenciada Lil ia Iris
Ramona Sánchez
Covarrubias, es designada
como Secretario de
Acuerdos al Juzgado Mixto
de Primera Instancia del
Partido Judicial de
Ahuacatlán, Nayarit.
12. El Licenciado Luis Corona
Espinoza, es designado
como Secretario de
Acuerdos al Juzgado Mixto
de Primera Instancia del
Partido Judicial de Bahía
de Banderas, Nayarit.
65
Poder Judicial de Nayarit
15
Poema del padre
Autor: Héctor Gagliardi
Oye negra, ¿Te puedo hablar? ya los chicos se han dormido
Así que, así que deja el tejido que después te equivocas Hoy te quiero preguntar
¿Por qué motivo las madres amenazan a sus hijos? Con ese estribillo fijo de ¡Ah, cuando venga tu padre!
Y con tu padre de aquí y con tu padre de allá Resulta de que al final Al verme llegar a mí
Lo ven entrar a Caín y escapan por todos lados Y yo, que vengo cansado de trabajar todo el día
Recibo de bienvenida una lista de acusados Tú empiezas con tus quejas y yo tengo que enojarme
Igual que hacía mi padre al escuchar a su vieja Entraba a fruncir la ceja apoyando a ese fiscal
Que en medio del temporal se erigía en defensora Lo mismo que tú ahora que siempre me dejas mal
Si los perdono, ¡que ejemplo! ¡es así como los educas! Si los castigo, ¡no tienes sentimientos!
A mí, a mí que llegué contento y no tuve más remedio Que poner cara de serio
Y escuchar tu letanía A mí, a mí que me paso el día
Pensando en jugar con ellos Yo sueño en llegar a casa y olvidarme felizmente del trabajo
De la gente y de todo lo que pasa Los hijos son la esperanza y el porqué de
Nuestras vidas Por eso nunca les digas ¡ah, cuando venga tu padre!
No quiero encontrar culpables Quiero encontrar alegría
Que no me pongas de escudo como lo hacía mi madre Que consiguió que a mi padre lo imaginara un verdugo
El llegaba y te aseguro que se acababan las risas Y en lugar de una caricia o hablarle como a un amigo
Lo miraba compungido presintiendo una paliza Y el pobre que me entendía, sacudiendo la cabeza
Escuchaba con tristeza lo que mi madre decía Y que él, y que él de sobra sabía
Que con éste no se puede, que me pinta las paredes Que trajo las suelas rotas, que la calle, la pelota
Que me saca canas verdes ¡a la cama sin cenar! Aburrido me ordenaba
mi madre me consolaba y yo, yo lo culpaba a él a él que había llegado recién de trabajar, cansado y ya lo había yo amargado con todas mis travesuras
los hijos nunca analizan el sentimiento del padre porque el brillo de la madre es tan fuerte que lo eclipsa
sólo le hacemos justicia cuando nos toca vivir a nosotros su problema
ay, si mi padre viviera ¡que recién lo comprendo! Y porque nunca me dijo lo mucho que me quería
Si hoy yo sé cuanto sufría al ver enfermo a su hijo Porque me miraba fijo el primer pantalón largo
Y sé que, hasta me ha besado cuando yo Estaba dormido
Hoy que todo lo comprendo Por qué no estás a mi lado
Porqué no estás ahora para besarte bien fuerte Viejo lindo
Y ofrecerte mi cariño a todas horas Ves a tu hijo que llora, pero llora con razón
Porque te pide perdón pensando en aquellos días En que ciego no veía que eras puro corazón
Déjame negra que llore, es tan lindo desahogarse En fin, veamos, veamos que hacen nuestros
Futuros señores. Mira esos pantalones Tápale un poco a la nena Si, si ya sé, no me lo digas Hoy se fué a la calle sola
Acuéstate rezongona, mañana, mañana será otro día.
66
Revista Jurídica
16
El Poder Judicial del Estado, felicita a todos los compañeros que cumplen años en este mes
de junio
Empleado Departamento Día Hernández Gallegos María Belen Juzgado de Xalisco 2 Flores Flores María Emilia Juzgado de Xalisco 3 Hernández Suárez Elizabeth Juzgado de A. de Cañas 3 López Pardo Víctor Hugo Juzgado 2º. Penal 4 Sesate Flores Beatriz Hortencia Juzgado 1º. Familiar 5 Beltran Caldera Martha Elena Sria. de La Visitaduría 6 Campos Pánuco Margarita Juzgado 1º. Penal 7 Reyes Guerrero Roberto Juzgado de Jesús. María 7 González García Rocío Esther Srio. Estudio Cta. Mag. Civil 8 Guerrero Inda Gloria Esther Juzgado 3º. Penal 9 Sauceda García Margarita Juzgado 1º. Penal 10 Medina Urenda Ma. de los Ángeles Juzgado Ruiz 11 Cacho Zepeda Blanca Hilda Sala Civil 11 Romero Salazar Antonio Dpto. de Bienes Y Serv. 13 Mejorada C. Rodolfo Antonio. Juzgado 2º. Mercantil 13 Ramírez Hernández Ma. Dolores Juzg. Civil Bucerías 15 Talamantes Contreras Georgina Dpto. de Abastecimiento 18 Hernández Muñoz Ma. Goreti Juzg. Sta. Ma. Oro. 18 Cortes Conchas Elpidio Sria. Gral. de Acuerdos. 19 Cervantes González Alma Judith. Juzg. Ixtlán del Río. 19 Miramontes Medina Ma. Guadalupe Juzgado 2º. Mercantil 19 Espinosa Huerta Ma. Silvia Juzgado 1º. Civil 20 García Lepe Gloria Bertha Archivo Judicial 21 Delgadillo Cruz Juan Carlos Sria. Gral. Acuerdos. 21 Aguiar Silva Noemi Juzgado 1º. Penal 21 Carvajal I. Cristina Guadalupe Srio. E. Cta. Penal Mag. 24 Rodríguez López Martha Alicia Srio. E. Cta. Civil Mag. 24 Jiménez Zúñiga Juana Juzgado 1º. Familiar 24 Trejo Martínez Guillermo Dpto. de Bienes y Serv. 25 Barrón Elías Lourdes Juzgado 2º. Civil 26 Sánchez Zatarain Judith Araceli Juzgado 3º. Penal 27 Levario Cristobal Saharay Catalina Sria. Gral. Acuerdos 27 Medina Espinosa Rosa Evelia Sria. de la Visitaduría 28 Maldonado Berúmen Mireya Juzgado 2º. Familiar 28 Alcántar J. Claudia Elizabeth Juzgado de San Blas 28 Grageola Robles Martha Himelda Juzgado 1º. Civil 29 Armenta Mazón Francisco Juzgado Civil Bucerías 29
67
Poder Judicial de Nayarit
Ma. Elena Bañuelos, Mecanógrafa adscrita
a la Secretaría General de Acuerdos
14 años
Lorena Montoya, Oficialía de Partes
10 años
Alma Rosa González, Capturista adscrita al
Departamento de Bienes y Servicios
8 años
Gabriel Cruz Dueñas, Jefe de Servicios
General 4 años
Nuestros Servidores Judiciales Públicos, están para atenderte
68
Saharay C. Levario Cristóbal,Auxiliar Administrativo de la
Sala Civil 3 años