Guatemala, 1 y 2 de mayo

PRENSA LIBRE

Celebran festival contra la violencia Pamela Saravia Desde las 16 horas de ayer, varias familias se dieron cita al centro cívico de Palencia para celebrar el Festival Juvenil del Día de la No Violencia. El evento fue organizado por la Coordinadora de la Juventud de Palencia, con el apoyo de Usaid, la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia del Ministerio de Gobernación, la Fundación Paiz y el comité de feria del municipio, donde se llevaron a cabo actividades deportivas, musicales y artísticas. Los participantes fueron los niños becados del Proyecto Barrilete, nombre que recibió el programa educativo implementado por la Coordinadora, la cual, según su director, Juan de Dios Pineda, ha generado cambios importantes en el municipio. Ramiro Pérez, alcalde de Palencia, dijo sentirse orgulloso del proyecto, que ha aumentado de poco más de cien jóvenes a casi 800, y que ha ayudado a disminuir los índices de violencia en el municipio.

Jóvenes están en alto riesgo Pamela Saravia y J. M. Castillo Las situaciones de riesgo en que se encuentra la juventud preocupa a la población, lo cual obliga a las autoridades a poner en marcha sus planes de trabajo para contrarrestar este flagelo. Pese al trabajo del Viceministerio de la Prevención de la Violencia y el Delito, así como el de varias municipalidades con proyectos para la juventud y entidades privadas que apuestan por esos programas, las cifras de homicidios contra jóvenes prevalecen. El 3 de abril, las hermanas Karla Daniela, 17, y Nancy Paola Oscal Pérez, 14, fueron atacadas en pleno día; y el martes recién pasado, los cuerpos de las hermanas Kerin Gemima, 13, y Yailin Celeste Palala Pocía, 15, fueron encontrados en San Pedro Ayampuc. El nivel de violencia homicida afecta principalmente a la población joven, según el Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014, titulado Seguridad ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina. De acuerdo con el Proyecto Global Burden of Injuries, citado por este Informe, el 35 por ciento de las víctimas de homicidios en América Latina fue perpetrado en contra de personas entre los 10 y 25 años de edad.

Riesgo Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano, Guatemala: ¿Un país de oportunidades para la Juventud?, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Guatemala existen múltiples condiciones que hacen riesgosa la vida para los jóvenes. “Las situaciones y los factores de riesgo social operan en un medio calificado por la pobreza múltiple, las desigualdades sociales, una vida social degradada por la violencia y un Estado débil”, indica el documento. También hace alusión a que los jóvenes, para ser incluidos, deben contar con oportunidades básicas como la de vivir, que implica gozar del derecho a la salud; de la oportunidad de aprender y conocer, que implica poder acceder a la educación formal para optar a un trabajo; participar de la vida social en los ámbitos políticos, económicos y culturales, y la oportunidad de disfrutar de tiempo libre con experiencias lúdicas. Sin política De acuerdo con Arkel Benítez, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito, en Guatemala nunca ha existido una política de prevención, lo cual es fundamental para enfrentar los factores de riesgo para la juventud. “Hemos estado trabajando por un año y cinco meses en eso y está próxima a presentarse de manera formal —una política— para su implementación”, expuso. Expuestos: Factores Según Zoel Franco, del Programa de Justicia Penal Juvenil, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, existe una serie de factores que ponen en riesgo a la juventud: “Les falta estructura de sentido comunitario para culminar procesos de socialización, tienen fácil acceso a las armas, carecen de acceso a la educación, falta de espacios de recreación y exposición a violencia intrafamiliar”. Consecuencias: Prevención “Existen varios factores de riesgo para que la juventud se involucre en hechos delictivos”, expresó Arkel Benítez, viceministro de Prevención de la Violencia y el Delito. “Muchas personas hablan de las pandillas, pero esto es solo una consecuencia de varios otros factores”, señaló y agregó que respecto de la prevención, es necesario la corresponsabilidad de otros agentes, entre estos, la sociedad.

Otto Pérez evaluará a 6 finalistas Geovanni Contreras La próxima semana podría decidir el presidente Otto Pérez Molina quién será el sustituto de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público (MP), después de que recibió la nómina de los seis finalistas, el miércoles último en la noche, y hoy los entreviste. El gobernante dijo ayer que desde las 9 hasta las 13 horas entrevistará, en su orden, a Thelma Aldana, María Consuelo Porras, Édgar Lemus, Rony López, Eunice Mendizábal y Julio Rivera Clavería. A cada uno le dedicará 45 minutos.

“Estoy acortando el viaje a Londres, ahora saldré el martes. Antes o después del viaje estaría dando a conocer al nuevo fiscal general. Después de entrevistarlos mañana —hoy—, revisaré los expedientes y las entrevistas antes de la decisión”. Refirió que aún así existe la posibilidad de que suspenda el viaje a Inglaterra, ya que su permanencia allá se redujo prácticamente a medio día, si es que le consiguen un vuelo de regreso el mismo miércoles en la noche. Pérez Molina arribaría el miércoles a mediodía. En su breve estadía piensa recibir un estudio sobre las drogas y reunirse con autoridades de la Corona y de ese país. También aseguró que puede tomarse hasta el 16 de mayo para la designación. Factores El presidente expuso que para elegir al próximo fiscal general comparará los planes de trabajo de cada uno, los cuales le fueron entregados junto con los expedientes. Además, evaluará el resultado de las entrevistas, pero también afirmó que “platicará” con los miembros de su equipo. Indicó que está anuente por si la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), así como la sociedad civil, quieren hacer sugerencias sustentadas. Pérez Molina no quiso comentar sobre la exclusión de Paz y Paz de la nómina final, sino que indicó que la comisión de postulación es la que debe explicar. “A veces

Editorial: Víctimas crecientes de persistente delito La colonia Maya, zona 18, se está convirtiendo en el más crudo ejemplo de la dramática realidad que en materia de seguridad viven grandes sectores de la sociedad guatemalteca, pues hace apenas una semana se registraba un nuevo episodio sangriento que volvía a desatar la crisis sobre el transporte que durante meses y años han padecido quienes a diario deben buscar cómo salir o regresar a sus viviendas, porque al final la necesidad es mucho más imperante y las necesidades no dan tregua. La delincuencia en ese sector, y muchos otros del país, está virtualmente imponiendo su voluntad a sangre y fuego, con una cauda trágica que ya cobra demasiadas vidas, principalmente en busca de establecer un modelo extorsivo que ha superado en mucho la capacidad de las autoridades, que no han podido controlar esa área, pese a la fuerte presencia policial y al apoyo del Ejército, que por lo visto ha sido insuficiente para frenar esa espiral de violencia cuyo flagelo se está extendiendo perniciosamente a muchos otros lugares de la república. Un repudiable ejemplo del agobio es lo ocurrido el pasado miércoles en la cabecera departamental de Quetzaltenango, donde un par de malhechores le dieron muerte a sangre fría al piloto de un microbús, pero los disparos que hicieron contra el conductor también alcanzaron a una mujer que viajaba en esa unidad, quien también perdió la vida, y aunque las fuerzas policiales detuvieron posteriormente a dos sospechosos, tampoco se dignaron a brindar detalles sobre el motivo de la captura.

La frase de otro piloto de microbuses que prestan el servicio de transporte urbano en Xela resume la angustia que, como a él, embarga a miles de guatemaltecos: “Las autoridades nada hacen, solo dicen mentiras porque lo que vemos es otra cosa, nos están matando”, y es innegable que los criminales parecen estarles perdiendo el respeto a las autoridades, como se evidencia en este mismo hecho, ya que justo cuando los agentes capturaban a los presuntos homicidas del piloto, estos todavía intentaron desarmar a los efectivos policiales para frustrar el objetivo. Una de las más tristes comparaciones que surge de nuestra violenta realidad es que aquí la vida se ve con un desprecio preocupante, pues a los delincuentes parece importarles poco, con tal de conseguir su objetivo, sea este el robo de un celular, una insana desavenencia deportiva o hacer que el más débil se someta a los caprichos de los extorsionistas, que se están convirtiendo en la peor plaga para el país, con el agravante de que muchos de ellos son dirigidos desde los centros carcelarios, una lacerante vergüenza para el sistema. La trivialización de la muerte, empezando por las mismas autoridades, que siempre buscan imputarles a las víctimas algún estigma, se está convirtiendo en un recurrente discurso que debe recibir mayores respuestas, ya que son demasiadas las personas que caen por las balas asesinas de criminales sin control, y a ello se debe agregar que existe un inmenso daño colateral que tiene elevadas consecuencias económicas para una sociedad que no cesa en su clamor por seguridad.

Opinión: ¿Justicia? al revés... Magalí Rey Rosa Acaban de darnos la prueba: los que tienen poderío político y económico seguirán manipulando y corrompiendo las instituciones de justicia. Obtener justicia volverá a ser cuestión de milagro para el ciudadano común; se nos desinfla la esperanza de salir del estado ruin en que se encuentra Guatemala en ese sentido. Para cualquiera, eso es demoledor; para quienes enfrentan procesos legales puede ser mortal. Hace más o menos dos años, tres personas que se identifican como extrabajadores de Exmigua acusaron a 11 miembros del movimiento. Resistencia Pacífica de la Puya de amenazas, coacción y detención ilegal. Aseguran los acusadores que unos 30 o 40 individuos llegaron, en tres vehículos —uno de ellos manejado por el señor Alfonso Torres, que no sabe conducir— cerca del cementerio de San José del Golfo. Don Alonso fue acusado de atacar con machete a un trabajador de la empresa. El joven dijo que al ser atacado persiguió a don Alonso... pero el señor de la tercera edad —quien camina con bastón por su artritis— logró escapar! Esa historia es parte de los testimonios escuchados por el juez Félix García, juez octavo de sentencia penal. Entre los 11 acusados se encuentra también Yolanda Oquelí, la lideresa que fue baleada por la espalda. Ayer, el juez dictó sentencia contra tres de los acusados, los primeros que se presentaron ¡voluntariamente! Fueron sentenciados a nueve años de prisión, en total, conmutables a Q10 diarios —don Alonso, entre ellos—. El juez García dio todo el crédito a las versiones, testimonios, y a los testigos de los “ex” trabajadores de la minera, y ningún valor a lo que contaron los ciudadanos que se encuentran en resistencia pacífica ante la imposición de la minería metálica en su territorio y sus testigos. El juez García gesticuló cuando se refirió con ironía a la defensa pacífica de derechos humanos y bienes naturales. Vean el video donde los trabajadores de la minera provocan a las señoras que

encabezan la resistencia y cómo ellas cantan y rezan: http://youtu.be/0nYwlTR9vog, para comprender la ironía y lo trágico de la situación. El juez García, al terminar la audiencia de marras, informó a los acusadores que pueden pedir compensación económica por los daños sufridos; el próximo martes habrá otra audiencia para abordar esa posibilidad. Hay acusaciones, ilegalidades y crímenes que conducen a procesos legales relacionados con la minería metálica. Algunos avanzan, otros no. Están acusados de criminales decenas de ciudadanos por oponerse a la minería metálica. La extraña muerte de los estudiantes de la UVG en la mina de níquel en El Estor sigue sin esclarecerse. El proceso contra Alberto Rotondo —de quien hay grabaciones en las que ordena matar a “esos indios”— no avanza; él circula. La violación a los derechos de los pueblos y comunidades donde el Gobierno ha impuesto la minería metálica no se resuelve. No sabemos si investigarán el ataque a Alex Reynoso y el asesinato de su hija Topacio (¡de 16 años!), líderes de la resistencia a la minería metálica en Mataquescuintla. Hasta ahora, los funcionarios públicos y casi todo el aparato de justicia han sido bastante parciales, notoriamente en contra de la ciudadanía guatemalteca. ¿Qué pasará ahora que el Ministerio Público se negoció con el que mejor paga?

Opinión: Policías sin uniformes Jaime Córdoba Palacios Pese a los avances en investigación, los golpes propinados al crimen y las condenas contra estructuras delictivas comunes y organizadas, como las del narcotráfico, la inseguridad continúa y mantiene al pueblo sometido a una angustiosa incertidumbre. Los antisociales disfrutan de libertad para robar, secuestrar, extorsionar y matar. ¿Qué pasaría si asignan agentes de particular en autobuses y lugares de la capital y en la provincia? Por supuesto que deben ser policías bien armados y diestros, y con instrucciones de disparar contra estos malvados. Se necesita la culminación de la profesionalización policial, para la tranquilidad y confianza de los ciudadanos. Desafortunadamente, las autoridades responsables nunca han podido controlar la sistemática infiltración de delincuentes en las filas de la Policía. En este sentido, exmiembros de las cúpulas del MP, de Gobernación y de la Policía han manchado su imagen y defraudado su compromiso. Como autoridades están obligadas a ser ejemplo de honestidad y responsabilidad, y ser ajenos a faltas y delitos, desde simples “mordidas” por infracciones de tránsito hasta robo, abuso de poder, asaltos, extorsiones, secuestros, asesinatos y, algo más grave, su relación con el crimen organizado. Antes de aceptar a interesados en ser policías, se les debería someter a una profesionalización que además de los requisitos académicos básicos y previsibles enfatice en la investigación científica y en valores y principios, y, obviamente, en características físicas que permitan a los futuros integrantes enfrentar con éxito a los criminales y generar una imagen de seguridad y confianza en la población. Es recomendable que sean graduados en licenciatura o al menos en carreras universitarias intermedias. Se entiende que todos estos requerimientos también hacen obligado un salario adecuado, así como el disfrute de seguro de vida y de descansos adecuados. Es satisfactorio saber que muchos de estos aspectos ya están siendo impulsados por las actuales autoridades de Gobernación.

Es indispensable priorizar el nuevo perfil de la Policía, porque no obstante la capacitación y rigurosos requisitos a los que los interesados son sometidos, la corrupción continúa y son frecuentes las denuncias sobre abusos de los agentes. Los policías deben ser sometidos cada cierto tiempo a procedimientos que aseguren su idoneidad, incluido el empleo de máquinas detectoras de mentiras. Son numerosos, para vergüenza de la Policía, los hechos delictivos en los que se han visto involucrados algunos de sus miembros. Dos de estos son el asesinato de tres diputados al Parlamento Centroamericano y su piloto, en el 2007, supuestamente a manos de cuatro oficiales y policías que fueron ejecutados poco después en la cárcel El Boquerón, y la muerte de ocho agentes en la estación de Salcajá, Quetzaltenango, en 2013, por su aparente relación con el robo de drogas o dinero a un narcotraficante. Por supuesto que existen en la Policía numerosos miembros que desempeñan su trabajo con dignidad y decoro, y respetan los derechos humanos de la población. Les expreso mi respeto, admiración y agradecimiento.

EL PERIÓDICO

Austria deniega permiso de venta de armas a gobierno de Otto Pérez Rosmery González La decisión fue tomada por dicho país luego de una investigación en la que se concluye que existe un alto índice de corrupción y criminalidad en Guatemala, y que el uso de armas podría desviarse para fines criminales. Una Policía permeada por la corrupción, estructuras estatales débiles, delincuencia organizada y que Guatemala forme parte de uno de los países más peligrosos del mundo con una tasa de homicidios de 39 asesinatos por cada 100 mil habitantes, son las razones por las que Austria denegó un permiso de exportación con excepción a la empresa Glock América, S. A. para la venta de tres mil pistolas 9mm. al ministerio de Gobernación. El contrato por US$1 millón 185 mil ( unos Q9 millones 302 mil )fue adjudicado por el Gobierno de turno en noviembre de 2013 a dicha empresa cuya sede se ubica en Austria. En el informe firmado el pasado 25 de marzo por el Ministro Federal, Helene Ferschner-Hallwirth, detalla de forma minuciosa la situación de seguridad pública por la que atraviesa Guatemala y por la cual no es factible, ni conveniente la venta de armas de fuego. En el mismo se indica que el país todavía no se ha recuperado de las secuelas que dejaron las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del Estado entre 1960 y 1996, durante el conflicto armado. “En las últimas décadas unas 56 mil 350 personas fueron asesinadas en actos que tuvieron relación con acciones criminales, hechos de los cuales aproximadamente el 82 por ciento se cometieron con armas de fuego. Eso quiere decir, que entre 2004 y 2013, cada día 12 personas fueron asesinadas con el uso de armas de fuego”, refiere.

Debido a la ineficiencia, corrupción y falta de capacidad en las autoridades encargadas del seguimiento penal, solamente el dos por ciento de los supuestos asesinatos llega a los tribunales de justicia. De manera que una gran parte de los homicidas no pueden ser llevados a la justicia, no asumen la responsabilidad y quedan impunes, indica el documento. Narcotráfico y corrupción Otras debilidades que afectan al país, según el reporte, es el involucramiento de funcionarios y personal de entidades relacionadas con la seguridad, en estructuras criminales, de narcotraficantes y de los Zetas. “Guatemala ocupa desde el 2013 dentro de Corruption Perception Index of Transparency International de un total de 177 Estados, el puesto 123”. “La Policía y el aparato de justicia no solamente no pueden cumplir con las exigencias que se les presentan, sino que, además, hay mucho más qué averiguar y saber en cuanto al crimen organizado y la corrupción, que se han logrado infiltrar en el aparato estatal y de seguridad, de esa forma se están definiendo”. A esto se suma la deficiente formación y capacitación de los agentes de la Policía Nacional Civil, (PNC), que debido a su sueldo tan bajo US$300 al mes –unos Q2,400– se convierten en uno de los gremios más vulnerables a la corrupción. El Ministerio de Gobernación informó que un 70 por ciento de sus agentes policiales vive en condiciones de pobreza. Las estimaciones calculan que aproximadamente dos tercios de la fuerza policíaca es corrupta y los intentos del Gobierno de limpiar la Policía de este tipo de elementos que cooperan con el crimen organizado ha fallado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos hace referencia en informes que los integrantes de la PNC han detenido autos y autobuses y han solicitado sobornos de los ocupantes de estos o les han robado sus pertenencias. En algunos casos, los ocupantes de los automóviles fueron secuestrados, golpeados y violados por los policías. Las organizaciones criminales que actúan en Guatemala, son los grupos mejor organizados y más peligrosos de toda Centroamérica. Sus miembros son, entre otros, exsoldados del Ejército guatemalteco, exmiembros de grupos de inteligencia y miembros activos de la Policía. “El negocio de las bandas, de las cuales algunas ya tienen varias décadas de funcionar en el país, es el transporte ilegal de drogas hacia el norte, sin embargo también la trata de personas, los secuestros, el lavado de dinero y el contrabando de armas se cuentan dentro de sus actividades ilegales”, cita el informe. La conclusión El documento concluye que tras la investigación “surge la sospecha fundada de que existe un peligro de que haya un desvío en el uso de las armas y que este sea indeseado, es decir que el uso de los artículos solicitados contravenga los párrafos 6 y 11 de la Ley de Economía Exterior 2011 (AUBWG)”. El párrafo seis de dicha normativa de Austria establece que solo se puede conceder una autorización de artículos militares si no existe un claro riesgo de que estos pudieran ser utilizados

para la represión interna, para lesionar seriamente los derechos humanos u ocasionar daños graves al derecho de los pueblos. Mientras que el párrafo 11 establece el riesgo de desviación de artículos para fines no deseados. La versión oficial de las autoridades en Guatemala Esta información contrasta con declaraciones presentadas por las autoridades de Gobierno, quienes indicaron que rescindirían del contrato con la empresa, debido a que la entidad decidió hacer la entrega por medio de su filial en EE. UU., lo que implicaría meses de trámite. Posteriormente indicaron que fue una decisión tomada de mutuo acuerdo, –empresa y Gobierno–, debido a que el Ministerio de Gobernación tenía plazos que cumplir para recibir las armas. “El problema fue que el tiempo transcurría y el Gobierno de Austria no se pronunciaba en cuanto al permiso de exportación. La fábrica solicitó, en dos ocasiones, ampliación de tiempo para entregar las armas. La primera fecha venció el 13 de febrero y la otra el pasado 2 de abril. Se decidió mejor desestimar el contrato, no por incumplimiento de la fábrica, pues ellos para poder exportar necesitan de un permiso”, refirió Vernon Ayala, asesor del Ministerio de Gobernación. Coincidentemente, el 21 de abril el Gobierno publicó un acuerdo en el que se faculta a Industria Militar para abastecer a la cartera del Interior de armas, uniformes y municiones. El acuerdo: Acuerdo Gubernativo > El 21 de abril el Ministerio de la Defensa publicó el Acuerdo Gubernativo 127-2014, el cual faculta a la Industria Militar para que pueda comercializar, distribuir y surtir de sus productos –uniformes, armas, municiones, equipo individual, entre otros– al Ministerio de Gobernación y sus dependencias de seguridad. La publicación coincide en los tiempos en que la cartera del Interior va a adquirir uniformes y equipos para la Policía Nacional Civil, según el Acuerdo 113-2014, el cual abrió la posibilidad para que esa cartera pudiera erogar Q291 millones 776 mil, sin someterse a los requisitos de licitación pública. También coincide en la fecha en que rescinden el contrato de mutuo acuerdo con la empresa Glock América, S. A. Datos del informe > Según estadísticas de la Dirección General de Armas y Municiones, (Digecam), durante 2013, tres de cada cien personas eran propietarias oficialmente de una arma de fuego, el 63 por ciento de ellas son armas de fuego manuales, que pueden ser adquiridas, según marca y modelo, en US$130 en el mercado negro (unos mil quetzales). > El pasado 28 de abril, en Guatemala venció el plazo para registro de armas de fuego. La Digecam informó que solo ese día fueron consignadas un millón 154 mil, pero 214 mil 821 no fueron inscritas. La compra a tres empresas El Acuerdo 340-2013 de compra por excepción de armas fue publicado el 22 de agosto de 2013, por un monto de Q87 millones. La adjudicación hecha en noviembre incluía la adquisición de 17 mil 242 armas de fuego. Tres empresas fueron las beneficiadas.

> A Pietro Beretta S.P.A. 14 mil 142 pistolas calibre 9mm. Por un monto de €4 millones 243 mil 800 (Q45 millones 152 mil). Estas ya fueron registradas y distribuidas a los agentes policiales. > La empresa Israel Weapon Industries Ltd. vendió 100 subametralladoras UZI, a un costo de US$152 mil. Estas podrían entrar al país en la primera quincena de mayo. Luego que Gobernación realice el trámite de carta de crédito que podría estar lista la próxima semana. > Glock América, S. A., ofertó 3 mil pistolas calibre 9 milímetros, por un monto de US$1 millón 185 mil (unos Q9 millones 302 mil).

Los retos del nuevo fiscal general tras la gestión de Claudia Paz y Paz Pavel Gerardo Vega A pocos días de que finalice la gestión de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público (MP), analistas defienden algunos avances durante los últimos tres años y medio, aunque también aconsejan al próximo fiscal general, promover nuevos cambios para el fortalecimiento de la persecución penal en el país. Según el abogado constitucionalista, Alejandro Balsells, la administración del MP, a cargo de Paz y Paz, es un parteaguas en el país que debe ser tomado en cuenta para analizar la decisión de la Comisión de Postulación que la excluyó de la lista de nominados, enviada al presidente Otto Pérez el miércoles por la noche. En ella se incluyó a Eunice Mendizábal, Thelma Aldana, Rony López, Edgar Lemus, Julio Rivera Clavería y María Porras. David Gaitán, analista de Acción Ciudadana (AC), asegura que uno de los puntos positivos de la actual administración es la investigación de casos de alto impacto, como la persecución por crímenes de la guerra, por ejemplo, el juicio por genocidio contra Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez Sánchez. Además, de los alcaldes vinculados a corrupción en sus comunas y las estructuras de narcotráfico desarticuladas, con capos de gran trayectoria que fueron capturados. Modelo de gestión Además, Gaitán rescata la implementación del modelo de gestión que establece que fiscales se especialicen en investigación y otros en la litigación. “Se debe mantener este modelo, aunque hay que fortalecer la relación que tiene el investigador con el litigante para que no se pierdan los casos. Aunque las estadísticas demuestran que este sistema ha funcionado”, opina. Sobre este modelo, Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, enfatiza que el nuevo jefe del MP deberá revisarlo para conocer si debe permanecer. “Es muy evidente que es un tema clave para el funcionamiento de los planes de persecución penal y para la consecución de resultados. Fue un tema recurrente de crítica hacia la gestión de Paz y Paz, aunque ella lo rescata como un logro”, comenta. Coordinación Para Walter Menchú del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), es importante rescatar la coordinación con el Ministerio de Gobernación para fortalecer la investigación criminal. “Ese enlace se reforzó y debe continuarse porque hay distintos órganos de investigación que deben coordinarse para que la justicia camine en un solo camino”.

Adicionalmente, Menchú e Ibarra coinciden en la carencia de señalamientos de corrupción hacia la gestión de Paz y Paz, ya que no hubo dudas en el manejo de los recursos de la entidad investigativa en estos años. Un aspecto que debe reforzarse, según Ibarra y Gaitán, es la persecución contra funcionarios señalados de corrupción. Pues, determinan que durante la última gestión no fue una prioridad.

El hombre que desapareció tras el crimen de la maestra francesa Claudia Méndez Villaseñor El paradero de Christian Benjamín Martínez Castillo, sospechoso de asesinar a Florence Denefle, de origen francés, se desconoce desde marzo de 2010. Introvertido, insociable y de pocas palabras, así recuerdan a Christian Benjamín, quienes conocieron a Florence, maestra de inglés del Liceo Francés Julio Verne de Guatemala, a quien le gustaba conversar y rodearse de amistades. Por eso mismo, comprendían poco aquel extraño noviazgo, que finalizó una semana antes de que ella fuera asesinada. Alguien contó que en reuniones sociales Florence se veía obligada a permanecer al lado de su pareja. El hombre la abrazaba de manera dominante, lo cual le impedía interactuar con otros comensales. Tampoco le permitía salir sola a la calle. Fue por esas razones que la maestra francesa decidió poner un alto a la relación de un año, lo cual no fue aceptado por Martínez Castillo. La llamaba por teléfono de manera obstinada, la acosaba y le rogaba que lo reconsiderara. Florence se mantuvo firme. El 24 de marzo de 2010, las dos amigas que vivían en la misma casa de la francesa alertaron a la Policía Nacional Civil (PNC) sobre su desaparición. Las mujeres estaban preocupadas por la maestra, ya que ese día, en horas de la mañana, había dicho que regresaría pronto a casa a calificar los exámenes de sus alumnos. Pero desde las 17:30 horas no sabían nada de ella. Al día siguiente, a las 10 horas, vecinos de la finca Agua Tibia, en el kilómetro 28.5 de la carretera a San José Pinula, descubrieron el cuerpo sin vida de una mujer joven en medio del camino. La Policía identificó a la fallecida como Florence Denefle, de 33 años, y la causa de muerte, asfixia por sofocación. Un suceso llamó la atención de los investigadores policiales y del Ministerio Público (MP): A las 3 horas del 25 de marzo apareció el vehículo de Florence a pocas cuadras de su casa. En ese momento, nadie sabía que había muerto. Sospechoso En la escena del crimen y dentro del automóvil, los peritos no encontraron huellas del asesino, solo algunos cabellos. Comenzaron a entrevistar a familiares y amigos y todos coincidían en que el responsable podía ser Martínez Castillo, quien, el día que Florence desapareció, faltó a su trabajo, en la zona 13.

Mientras se desarrollaba este proceso, el MP recibió la denuncia de que también el hombre había desaparecido. La familia del sospechoso notificó el suceso a las autoridades, el 29 de marzo. Los padres de Christian Benjamín desconocían el paradero de su hijo. Después de que abandonó la casa paterna, alquiló una pequeña morada en la zona 1 de Mixco. El MP obtuvo órdenes de allanamiento y encontraron el inmueble ordenado y limpio. La ropa del individuo estaba en su lugar, igual que productos de limpieza personal y documentos, como cédula de vecindad, pasaportes, tarjetas de crédito y chequera. Afuera de la casa su automóvil estacionado. Hasta hoy, el sospechoso no ha tramitado el Documento Único de Identidad Personal (DPI). Desde entonces, los investigadores han efectuado 15 operativos en Guatemala y Huehuetenango, en donde Martínez Castillo tiene familia, pero la búsqueda ha resultado estéril. En las delegaciones de la PNC fue colocado un afiche con la fotografía y datos del desaparecido, además se ofrece una recompensa de Q30 mil a quien informe sobre su paradero. El MP no ha conseguido que alguien le diga quién presentó a la pareja o el lugar donde se conocieron. Los pocos amigos del sospechoso apenas han colaborado.

Guatemala debe cuidarse en la red Sara S. Melini Guatemala es un mercado pequeño para los estafadores web, el poco acceso al Internet que tienen los ciudadanos crea una brecha digital muy amplia, lo que no genera un interés para los hackers según Marco Antonio To, Director del Postgrado en Seguridad Informática. Sin embargo el que no seamos blanco de personas maliciosas no impide que se inicien a formar programas y comunidades que creen tecnología de protección para el usuario. Por esto Guatemala forma parte del Open Web Application Security Proyect (OWASP) Latam Tour 2014, un proyecto mundial de seguridad web. Esta gira tiene como fin que los participantes aporten y desarrollen aplicaciones de seguridad web, para evitar ataques externos. Para To, estas aplicaciones son funcionales para todas aquellas empresas que tengan presencia en la web, especialmente para los bancos quienes pueden ser afectados por el manejo de dinero. “Las personas quieren y necesitan acceso a sus cuentas, hacer transacciones o revisar sus tarjetas de crédito, cuando los bancos permiten esto, se corre el riesgo a ser atacados por gente maliciosa.” agregó To. Una persona puede ser víctima de manera inconsciente, sufrir un robo de identidad, un fraude, o robo monetario si no logra establecer los niveles de seguridad de sus cuentas en la red.

“Es necesario tener buenas prácticas en la red” detalló To, “como buenas prácticas en el uso de contraseñas, no ingresar a sitios de red de dudosa procedencia, no descargar programas si no se conoce su uso, colocar antivirus a las computadoras, entre otros”. En cuanto al tema de la contraseña es necesario que posea más de ocho caracteres, que no signifiquen nada para el dueño, que posean símbolos, letras y números, además es importante que las contraseñas no sean iguales, opinó To. Si se utiliza un Café Internet, es necesario poner atención, pues en este tipo de locales los usuarios son víctimas de robo de identidad. Recomendó además, procurar modificar las contraseñas cada cierto tiempo para evitar que esta sea descubierta por desconocidos. La falta de conocimiento de las personas ha permitido el Phishing, que es una manera de captar víctimas que proporcionan sus datos personales y posteriormente son afectados con el robo de su identidad”, explico To. Con esta gira en seis países latinoamericanos se espera proporcionar proyectos que puedan ser utilizados para mejorar la seguridad de las empresas.

“Nuevo fiscal debe asumir el 17 de mayo…” Tulio Juárez Pérez Molina recibe este viernes, entre nueve de la mañana y una de la tarde, a cada uno de los seis candidatos a dirigir el Ministerio Público. El presidente Otto Pérez Molina no descartó hoy, en caso de extrema necesidad, suspender su viaje a Londres, con el fin de atender aquí todo el proceso de la selección de quien a partir del 17 de este mes será el nuevo o la nueva Fiscal General de la República y titular del Ministerio Público. El martes de la semana que está por concluir, Thelma Aldana, Consuelo Porras, Edgar Lemus Orellana, Ronny López, Eunice Mendizábal y Julio Rivera Clavería fueron los abogados escogidos mediante votaciones de la Comisión de Postulación, para formar la lista definitiva de aspirantes al cargo. El mandatario recordó hoy durante una conferencia de prensa que la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió, en su oportunidad, que el cuatrienio de Claudia Paz y Paz termina en el MP el 16 de mayo en curso, "por lo que el sustituto debe tomar posesión” al día siguiente, sábado 17. “Esto nos quita cualquier tipo de presión” en relación a la agenda presidencial del viaje. Asimismo, dijo que ayer recibió mediante un mensajero de la Postuladora, los seis expedientes de los profesionales que quedaron en la nómina de clasificados. Lo “recibí miércoles… jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes… por lo menos allí tenemos seis días disponibles” para completar el proceso preliminar antes de irse a Londres a mediodía del martes 6. Por ello mismo, mañana prevé recibir a los nominados para escucharlos.

Además, Pérez Molina advirtió en cuanto a los comentarios adversos a la integración final de la nómina, que “no me voy a meter en el trabajo que ya hizo la Comisión de Postulación. No me corresponde a mí pronunciarme”. “Voy a respetar el trabajo que ellos (los comisionados) hicieron y ellos explicarán porqué la decisión que tomaron o porqué fue que hicieron la votación. Una cosa es la puntuación y otra es la votación; a veces uno no termina de entenderlo, pero vamos a respetar, porque es la parte que les corresponde. El voto es libre…”, concretó. En cuanto a las audiencias con los seis aspirantes, el gobernante señaló que tiene los expedientes en el orden en que la Postuladora se los envió. Y que no ha hablado con ninguno de los comisionados, incluido su presidente (el magistrado-presidente de la Corte Suprema y Organismo Judicial, José Arturo Sierra González).

"Me sorprende la decisión de la postuladora” Carmen Quintela La jefa del Ministerio Público está a unos días de dejar el cargo que ha desempeñado por más de tres años. El día después de que la Comisión de Postulación a Fiscal General excluyera a Claudia Paz y Paz de la nómina final, y le negara así la oportunidad de la reelección, la actual jefa del Ministerio Público hace un repaso de los logros de su gestión, y se muestra sorprendida de la decisión de la postuladora. Nueve de los 13 comisionados votaron en su contra, a pesar de ser la segunda mejor evaluada. ¿Cómo recibió la decisión de la Comisión de Postulación de no incluirla en la nómina final de candidatos? – Lo único que voy a decir sobre este tema es que me sorprende. Por la nota que obtuve, por el plan de trabajo presentado, por la entrevista realizada, y porque la misma Comisión de Postulación estimó que se habían desvanecido todas las objeciones que se habían presentado en mi contra. Entonces sí sorprende. Desde que el abogado Ricardo Sagastume presentó aquel amparo con la intención de acortar su gestión, se evidenciaron las intenciones de evitar que usted fuera reelecta. ¿A qué lo atribuye? – (Silencio). Yo creo que hay algunos sectores como los que presentaron varios antejuicios en mi contra y algunas de las tachas también, que eran claros opositores, que sin duda prefieren que en Guatemala exista la impunidad a la justicia. Estoy hablando de la Fundación contra el Terrorismo, de la Liga Pro Patria, que presentaron antejuicios que eran espurios, presentaron tachas sin fundamento. Yo no encuentro más razón que esta. Pero estoy hablando concretamente de estos grupos. Y además de estos dos grupos, ¿notó algún tipo de presión en su contra durante el proceso? – (Niega con la cabeza). ¿Qué Ministerio Público deja a su sucesor?

– Yo creo que este Ministerio Público está fortalecido y tiene funcionarias y funcionarios que han cumplido con su deber, porque si hoy exhibimos resultados es gracias al trabajo que ellos han hecho todo este tiempo. Han actuado con independencia y con estricto cumplimiento de la ley. ¿Qué logros destaca de su gestión? – El aumento en el esclarecimiento de delitos contra la vida es algo muy fuerte, el combate al narcotráfico y al crimen organizado, la investigación de estructuras, la unidad de análisis. Yo creo que son logros de creación de institucionalidad que, como digo, deben fortalecerse. ¿Teme que con la llegada de un nuevo Fiscal General esto deje de fortalecerse? – Espero que no. Espero que se revise aquello que se ha hecho y que se profundice en lo que hace bien para el país. ¿Cuál es el desafío de la próxima administración? – El desafío ahora es que no haya ningún retroceso. Tanto en sus entrevistas como en sus planes de trabajo, los seis candidatos que quedaron en la nómina final mencionaban la necesidad de cambiar el modelo de gestión penal. ¿Esto qué podría implicar, ya no solo para la institución, sino para la justicia en Guatemala? – Lo más importante es que conozcan y comprendan este modelo. Se centraron en la discusión entre investigación y litigación, y el modelo es mucho más que eso. Se puede superar ese tránsito de investigación a litigación con muchas medidas que se han ido adoptando sin revertir el modelo. ¿Qué problemas puede implicar que no se sigan llevando a cabo ciertos programas que logró implementar la actual gestión? – Existe una demanda ciudadana muy grande de tener resultados, sobre todo en crímenes violentos, en muertes violentas, violaciones y crimen organizado, y esa demanda se debe satisfacer. Eso se logra revisando lo que se ha hecho o fortaleciéndolo. ¿Hay algún candidato de los seis que integran la nómina que usted considere que destaque entre el resto o que podría llevar a cabo una buena continuidad de su gestión? – No puedo opinar sobre eso. Algunos aspirantes a integrar la nómina mencionaron la necesidad de fortalecer el número de fiscales en el MP y presentaron datos muy distintos a los que dio usted, que indicaban que la mayoría de personal de la institución es administrativo. – Creo que ellos sumaron a todos los que no eran fiscales como personal administrativo, como los investigadores o el personal de atención a la víctima, pero ellos ejercen una labor de investigación, no es una labor administrativa. Ahí está el error. Por supuesto que siempre se puede fortalecer el área fiscal, sobre todo en el interior del país.

¿Qué planes tiene usted luego de salir de la institución? – Regresar a la docencia, primero Dios. ¿Sería posible que opte a otro cargo de elección pública? – (Niega con la cabeza). ¿Es un no rotundo? – (Continúa negando). No, rotundamente. (Ríe)

Rechazan exclusión de Fiscal General en nómina de seis candidatos Pavel Gerardo Vega La decisión final de la Comisión de Postulación para nombrar al nuevo Fiscal General obedeció a valores subjetivos, según varias organizaciones. Organizaciones sociales y de derechos humanos rechazaron ayer la exclusión de la fiscal general Claudia Paz y Paz, impulsora del juicio por genocidio contra el exjefe de facto Efraín Ríos Montt, de la nómina de aspirantes al cargo. Al menos 11 colectivos sociales que conforman la Convergencia por los Derechos Humanos, entre ellos el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) querellante en el proceso por genocidio, señalaron que la exclusión de Paz y Paz busca mantener los crímenes del exrégimen militar sin castigo. Calificaron como un “pacto de impunidad y cinismo” el proceso de postulación, así como que la nómina incluya a personas con sanciones, sin experiencia penal y vinculadas al Organismo Ejecutivo o empresas privadas. El martes pasado, solo cuatro de 13 comisionados presentes votaron a favor de Paz y Paz, pese a que ella había obtenido la segunda mejor calificación (69 puntos) de los 26 candidatos y había recibido el respaldo de gobiernos y organizaciones internacionales de derechos humanos para continuar como fiscal. Los aspirantes elegidos fueron Thelma Aldana, Julio Rivera Clavería, Ronny López, Consuelo Porras, Edgar Lemus y Eunice Mendizábal. En tanto, los representantes de la Fundación Myrna Mack denuncian que “la disposición final parece más obedecer al campo de la subjetividad, con los peligros que esta entraña, o al terreno del tráfico de influencias desde y para los poderes públicos o fácticos, que al de la reflexión objetiva”. Helen Mack, directora de la Fundación, manifiesta que se sabía que la Fiscal tenía muchos anticuerpos, pero se esperaba que la Comisión fuera independiente. Creo que todo mundo quedó sorprendido y defraudado. Se le resta credibilidad al sistema, quiere decir que no hubo

autonomía. En temas de justicia no se debe ver la parte ideológica, sino la capacidad, la idoneidad y a eficiencia; “y Claudia demostró eso”, afirma. Iduvina Hernández, de Seguridad en Democracia, expresa que la magistrada Aldana no tiene experiencia penal, ya que ella podría ser la elegida por el Presidente, según fuentes extraoficiales. “Su experiencia es en el orden civil, en semanas recientes, cuando fue evidente que la estaban elevando para aspirar al MP, la trasladaron a la Cámara Penal, algo negativo en el funcionamiento de esa instancia”, asevera. Entrevistas a candidatos El presidente Otto Pérez Molina anunció que mañana se reunirá con los seis aspirantes a ocupar el cargo de Fiscal para conocer sus proyectos. Al ser cuestionado por la exclusión de Paz y Paz, refirió que él no haría comentarios al respecto, ya que fue decisión de la Comisión de Postulación. Indicó que la semana entrante podría anunciar el nombre del próximo Jefe del MP, que deberá tomar posesión el 18 de mayo. Al cierre de la edición, la vicepresidenta Roxana Baldetti aseguró que el Ejecutivo todavía no había recibido el listado.

Cámaras de vigilancia, testigos clave en investigación de hechos criminales Rosmery González El Ministerio Público cuenta con grabaciones de estos aparatos instalados por la PNC, la Municipalidad y empresas privadas. Observan, graban y de forma silenciosa se convierten en “testigos clave”, tanto del tránsito, como de hechos criminales, robos, asaltos, accidentes. Se trata de las cámaras de vigilancia instaladas por la Municipalidad de Guatemala, la Policía Nacional Civil, (PNC) y empresas privadas, ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad. Según explican fiscales del Ministerio Público (MP), estos diminutos aparatos son grandes aliados en las investigaciones, pues delatan a un buen número de victimarios que cometen diferentes fechorías. En determinado momento los procesos llegan a convertirse en casos de alto impacto. Este tipo de información es manejada por el ente investigador desde hace dos años, luego de firmar un convenio con la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra), a partir de este, tanto agentes municipales como personal del MP, permanecen en turnos fijos en una oficina asignada a monitorear en tiempo real, todo lo que sucede en la ciudad. “En las oficinas de cada entidad, permanecen un agente de PNC, uno de la PMT, un auxiliar fiscal y un integrante de los cuerpos de socorro. Al ocurrir un hecho, se comunican inmediatamente entre ellos y se coordina la entrega del material de los videos de grabación”, explican los fiscales del MP. Otro investigador detalla que “si se trata de hechos criminales seguimos con el análisis de ruta de escape de los delincuentes, para darle seguimiento e iniciar de inmediato con las pesquisas”. El anterior procedimiento ocurre en las dos primeras horas, luego de ocurrido el hecho: “cuando el personal obtiene el material, el video es analizado por los auxiliares para ubicar la información que necesitan, si tienen dudas o imágenes difusas, lo envían a edición a la oficina de informática

forense del MP, para buscar una mejor imagen”, añaden los investigadores. En este lugar editan alrededor de 30 grabaciones por mes. El caso más reciente es el registrado el pasado 3 de abril contra las hermanas Karla Daniela y Nancy Paola Oscal Pérez, de 17 y 14 años, ambas estudiantes del Instituto Nacional Centroamérica (INCA). La primera murió el día del crimen y la segunda 22 días después en el Hospital General San Juan de Dios. De acuerdo con agentes fiscales, las grabaciones de las cámaras ubicadas en los alrededores del centro escolar aportaron la identidad y el recorrido de los victimarios. Héctor Cifuentes, secretario general de la Municipalidad de Guatemala, explicó que la comuna cuenta con 402 cámaras, que han contribuido en el tema de disuasión de hechos delictivos. Por su parte, la PNC cuenta con un promedio de 1,850 cámaras que vigilan el departamento de Guatemala. Cuando los crímenes ocurren en algunos municipios, las autoridades coordinan con las comunas de cada lugar para obtener las grabaciones de los hechos.

Opinión: Angustia en el callejón Helmer Velásquez Esto que parece un título –nada original, por cierto– de novela policiaca, es lamentablemente un nuevo episodio de realidad que golpea al vecindario en donde habitamos con mi familia. Es la zona 7, colonia Centro América, un callejón cualquiera. Este, que los vecinos decidimos cerrar; luego del robo violento de cuatro vehículos, la incursión armada a una de las residencias, los pillos “buscaban las joyas”, parece que se equivocaron de vecindario y para concluir el ciclo violento, un joven vecino recibe un balazo que lo mandó quince días al hospital; con mucha suerte la bala solo pasó cerca del corazón, no lo lesionó. Se trató de un intento de robo de vehículo. Los vecinos, luego de largos periplos municipales, cerramos el callejón y la cuestión violenta calmó; sin embargo, por órdenes del “alcalde Arzú”, como gustan decir sus voceros, hubo que reabrir el callejón. Así que sin autoprotección y sin Policía que sirva de algo, la violencia volvió esta semana, otro vecino despojado de vehículo, chequera, tarjetas e intento de secuestro; al fallar pretenden llevarse a la esposa, a sus gritos de terror, optan por: vehículo, computadora y documentos. Al rato, raudas tres patrullas policiales siguen el procedimiento de oficio y, como siempre, –estamos seguros– nada pasará. Los vecinos: de nuevo con desazón, pena y angustia, continuará el abandono de viviendas. El alcalde Arzú muy seguro en su vecindario, nos deja desprotegidos, tira la piedra y esconde la mano, no creo que sus funcionarios se responsabilicen de habernos dejado expuestos al crimen, con sus cegatonas medidas. El Presidente y su Ministro de Seguridad cortando varas, los vecinos, desquiciados por la violencia y encomendados al santo de nuestra devoción. Ya vendrán a pedir el voto; para eso medio sirven. Desquiciados por el terror, algunos deciden ser parte de él: qué otra cosa explica el crimen vandálico del joven aficionado crema, otra víctima de esta sociedad enferma. Aquí –como enseñaron los kaibiles– se reivindica la muerte como trofeo, fiel retrato de aquello es el asesinato a mansalva de las jovencitas estudiantes del INCA; los criminales, igualmente jóvenes. Los asesinos

que hicieron gobierno en las dictaduras militares son corresponsables de lo que hoy vivimos. Los administradores estatales del ahora –también–, además saquean al IGSS, hacen compras opacas en la Policía, urden la forma de liberar a Ríos Montt, la Vice va a Roma; y nosotros… batallamos con malandrines. Así, sin Estado y avasallado por la violencia, el pueblo tiene derecho a construir su propia defensa.

Opinión: ¿Cuál es la fórmula para erradicar la pobreza? Juan Carlos Paiz Debemos de evaluar con mucha paciencia las causas que han provocado que tengamos un sistema que genera más pobreza, lejos de erradicarla. Debemos evitar caer en la trampa de las ideologías, ignorancia, o búsqueda de culpables. En Guatemala, la pobreza en la que viven la mayoría de familias genera problemas más serios en otras áreas como la desnutrición, salud, energía, educación, género, seguridad, crecimiento económico y justicia. Para poder atacar este problema de raíz, hay que empezar por analizarlo con otros ojos y tomar acciones sostenibles. Lo primero es evaluar qué decisiones tomaríamos para mantener a nuestra familia si nuestro salario fuera de menos de US$2 por día, y de qué forma actuaríamos. ¿Seríamos parecidos o diferentes? Por años se había considerado equivocadamente que la desnutrición era provocada por falta de alimentos, pero hemos aprendido que intervenciones como la lactancia materna e higiene son accesibles para una persona que gane menos de US$1 por día. Es importante la formación de la mujer en la adolescencia, reduce el riesgo de contraer matrimonio antes de los 17 años. Es errado creer que por falta de educación se tiene una gran cantidad de hijos, cuando es una decisión que va de acuerdo a la necesidad familiar de sobrevivir económicamente. Activar nuevas oportunidades de empleo en áreas urbanas disminuye el incentivo a una familia numerosa. En el sector laboral, que por un lado mantiene a una quinta parte de la población en un sistema formal, en donde el empleo crece a ritmos del diez por ciento al 20 por ciento de la PEA, y donde el salario mínimo es negociado entre los que ya tienen un empleo y los que ya ofrecen un empleo. Este sistema excluye al 80 por ciento de la PEA, que estaría dispuesto a trasladarse a una zona urbana si en esta hubiera oportunidades de generar ingresos con prestaciones. El acceso a capital es tan limitado en algunas comunidades que se debe de facilitar el acceso a crédito. Esto requiere presencia comunitaria de instituciones financieras serias, titularización de las propiedades, una banca de segundo piso que apoye con garantías el acceso al crédito micro y capacite. Estas son algunas reflexiones, de las muchas que debemos hacer para encontrar como sociedad otra forma de hacer las cosas, porque de continuar así tendremos los mismos resultados y no vamos a lograr ganarle la batalla a la pobreza que frena el pleno desarrollo para millones de guatemaltecos.

Opinión: El statu quo respira Edgar Gutiérrez El martes 29 la Comisión de Postulación votó a los seis candidatos a Fiscal General, y el statu quo respiró. No iba Claudia Paz y Paz entre los seleccionados y las aguas volvieron a la normalidad. El presidente Otto Pérez se ha librado de una previsible presión internacional. Claro, la “normalidad” en Guatemala significa la instrumentación de la persecución penal por parte de grupos de poder con dos resultados contradictorios: la parálisis en muchos casos y el aceleramiento de casos particulares de interés político o corporativo, a veces sin proporción a la gravedad jurídica ni al interés público. El statu quo, pues, significa en realidad, para nuestro caso, un peculiar orden establecido muy distante del principio de universalidad e igualdad ante la ley. No quiero decir que habíamos entrado en un estado químicamente puro, pero era visible el esfuerzo que empujaba en dirección a acercarnos a los estándares internacionales que califican la persecución penal y que va dando sustento a la seguridad jurídica. Cuando en el país se han desatado dinámicas de polarización, como en este caso en torno a los conceptos y gestión de la persecución penal, en verdad no hay correspondencia entre el alcance del cambio y la exagerada tensión que provoca. Es decir, los contenidos de la modernización que implica la transformación son progresivos en los sistemas que evolucionan “normalmente”. Nuestro problema ha sido calificar (mejor dicho, descalificar) al sujeto que promueve el cambio, y no examinar el cambio propiamente dicho. Nos fijamos en el dedo que se levanta y no en lo que señala el dedo. Al cabo el statu quo –dice nuestra historia contemporánea– va asimilando el cambio de manera diluida y muy lentamente. Esa dilución del cambio y su tardanza por supuesto incuban crisis mayores que más temprano que tarde estallan. Entre tanto, como se trata de escarmentar a los sujetos del cambio (el dedo que osó señalar el problema a transformar), ocurre otro atentado contra los puentes de comunicación de la sociedad, que siguen dañando la confianza y al cabo, en efecto, constituyen un real retroceso en términos de pérdida de certeza jurídica. Ahora el presidente Otto Pérez tiene la seria responsabilidad de elegir nuevo Fiscal General, que es tan trascendente como la responsabilidad de quien asume el cargo. La nueva gestión de la persecución penal va a estar sujeta a presiones indecibles, justamente porque la polarización del proceso de elección despertó expectativas, a veces contradictorias y exageradas, de los grupos de presión. Lo que se pone a prueba es el carácter de quien es capaz de ejercer autoridad y autonomía, o de quien llega a agradecer favores y convertir el MP en instrumento de intereses particulares. Acá los nacimientos no son tan traumáticos como las restauraciones del statu quo.

SIGLO 21

Detienen a 21 migrantes EFE Las autoridades mexicanas interceptaron a 291 migrantes centroamericanos, entre los cuales hay guatemaltecos. El Instituto Nacional de Migración (INM) del país vecino informó en un

comunicado que los migrantes fueron localizados cerca de la localidad Chacamac, en el estado de Tabasco, en medio de un operativo de control y verificación. Los detenidos fueron presentados ante la autoridad migratoria para dar inicio al procedimiento administrativo correspondiente para que permita su retorno asistido. Según se indica, en Villahermosa, Tabasco, fueron identificados y se estableció comunicación inmediata con las representaciones consulares de Guatemala, Honduras y El Salvador. Iban en caravana Sin embargo, activistas de derechos humanos mexicanos dijeron que los casi tres centenares de centroamericanos fueron interceptados por las autoridades cuando se desplazaban en una caravana. Marta Sánchez, del Movimiento Migrante Mesoamericano, al dar cuenta de estos hechos, señaló que dos sacerdotes mexicanos que acompañaban la caravana fueron golpeados. “Nos reportan que fueron golpeados. Muchos están escondidos en el monte y hay niños que quedaron solos”, finalizó Sánchez.

Sala retira sanción de violador de DD. HH. a Roberto Barreda Coralia Orantes La Sala de Corte de Apelaciones de la Niñez y de la Adolescencia resolvió retirar la amonestación de “violador de Derechos Humanos (DD. HH.)” contra Roberto Barreda dictada el 10 de enero de 2014 por el Juzgado de Familia. Aunque la resolución fue dictada el 24 de marzo, hasta hace una semana se notificó a las partes. La sentencia, a la cual tuvo acceso Siglo.21, refiere que se revoca la parte en la cual se ordenaba al Ministerio Público (MP) y a un Juzgado de orden Penal establecer si existe o no delito contra sus hijos menores de edad. Si bien se le retira ese término, no se autoriza su relación y convivencia familiar con Roberto José y María Mercedes Barreda Siekavizza, tal como lo había solicitado Barreda en la audiencia celebrada el 19 de marzo último. La Sala también resolvió que los menores no pueden tener relación con los abuelos paternos. Por su bienestar En el inciso cuarto de la resolución se confirma que las acciones se toman por el bienestar de los niños protegidos y con el fin de que logren su desarrollo integral a que tienen derecho y evitar su continuada revictimización. “Se arriba a la conclusión que los abuelos maternos Siekavizza Molina, ostentan todos y cada uno de los medios para el cuidado, protección y desarrollo integral de los niños protegidos por un año más” dicta la Sala. Alfredo Vásquez, abogado de Barreda, explica que esta no es una decisión en definitiva pues él, después de ser sometido a varios exámenes psicológicos y actividades, podrá ver a los menores.

Vásquez refiere que Barreda no está en contra de que los abuelos maternos tengan a los niños, que lo único que está pidiendo es poder verlos como pasa con los demás reclusos.

Nuevos Investigadores Siglo 21 La Academia de la Policía Nacional Civil (PNC) graduó a 99 agentes especializados en investigación criminal con énfasis en delitos contra la vida. Ellos serán enviados a Izabal y Escuintla.

Opinión: 6 pasos para destruir una nación Manuel R. Villacorta Los guatemaltecos conscientes de la realidad nacional, aquellos a quienes les cala en lo más hondo el derrumbe de la patria, cada vez son menos. Muchos otros (la mayoría) despiertan, viven y duermen por inercia, encontrando métodos diversos en medio de sus tragedias, para evadir la realidad y anestesiar sus conciencias. Las interrogantes que circulan y rebotan en la mente de los pocos a quienes les importa el estado de la patria son: ¿Qué nos pasó? ¿Cómo pudimos llegar a estos extremos? ¿Quiénes son los responsables? Sobre estos últimos me atrevo a hacer una breve referencia. 1. Una elite económicamente poderosa, que con inaudita miopía histórica, creyó que monopolizar el aparato público y plegarlo a sus intereses, sustrayéndolo de sus obligaciones sociales, iba a preservar para siempre un modelo práctico, proveedor de riquezas inagotables. 2. Una clase política repugnante que irrespetó las leyes, las ideologías, los mandatos populares y su responsabilidad institucional. Clase política inmoral que legalizó el delito hasta convertirse en aliada indisoluble del crimen organizado. Las extraordinarias excepciones son tan mínimas que penosamente no inciden. 3. Una mafia organizada —con similar precisión a la de un reloj suizo— integrada por abogados que con perversa eficiencia, integraron una pirámide jerarquizada que despojó al pueblo del recurso más sagrado para preservar el orden y la vida social basada en el derecho: la justicia. 4. Instituciones religiosas diversas que propiciaron un desenfrenado fanatismo en las masas desesperadas, cerrando el círculo perfecto de lucrar con la fe y las necesidades humanas. Destruyendo además la responsabilidad de muchos al hacerles creer que un poder superior sanaría sus enfermedades, les evitaría un divorcio, les alejaría de los vicios, garantizándoles además la vida eterna. 5. Instituciones educativas privadas, que, en su mayoría, detectaron lo rentable que era la masificación de una supuesta educación, convirtiendo colegios y universidades en un “mercado-impostura”, alejando cada vez más a la sociedad del verdadero conocimiento científico, la investigación y una práctica profesional basada en el verdadero dominio de las ciencias. La mal llamada educación pública no merece mayor mención, de pública mucho, de educación nada. 6. Muchos medios de comunicación, que en efecto, comunicaron lo trivial, lo insustancial y lo vulgar. Que priorizaron el lucro difundiendo materiales que de antemano sabían sus propietarios,

iban a causar terrible daño emocional, intelectual y moral a millones de jóvenes guatemaltecos, aprovechándose de los alarmantes niveles de ignorancia prevalecientes. Si sumamos todo lo anterior ¿Qué tipo de país habríamos de tener? Es indudable que cuando el poder —sea del tipo que sea— queda en manos de personas irresponsables, inescrupulosas e insaciables, los efectos siempre serán devastadores. ¿Será que la calidad humana de los guatemaltecos es tan mísera en valores? ¿Podrá surgir un contingente humano diferente, edificante y responsable? ¿Alguien tendrá las iluminadas respuestas que tanto nos urgen?

Opinión: El triunfo de la impunidad Álvaro Velásquez Al final prevaleció la conveniencia y los criterios políticos que toda la parafernalia del teatro del honor que son las Comisiones de Postulación. La suerte ya estaba echada desde que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) defenestraron a Claudia Paz y Paz, como por encargo. No quisiera decir “te lo dije”, pero lo advertí en un programa de opinión televisado: “Claudia no debe repostularse porque la decisión de sacarla es política no jurídica. Haciéndolo, solo la van a humillar”. Pero, al parecer, algunos le aconsejaron que su presencia iba a aumentar el costo de no volverla a elegir. Pero se fijaron más en sus zapatos que en su expediente. Pero tal como me dijo alguien muy cercano a los grupos de sociedad civil que velan por la transparencia de los procesos de comisiones de postulación: para el Gobierno “el costo de tenerla dentro (de la terna), era más alto que el de dejarla fuera”. Cuánta razón. No se trataba de hacer lo correcto sino lo que el pragmatismo de la impunidad imponía. Muchos dentro de las élites del poder sabían que solo era cuestión de tiempo. Las botellas de champán ya estaban enfriándose, mientras se frotaban las manos. La cosa es que desde que se realizó el 10-M el día contra la impunidad, hace casi ya un año, los grupos de poder del establishment movieron todas sus piezas dentro del sistema, no solo para revertir la condena por genocidio sino para castigar a las dos mujeres que llevaron adelante esa osadía: Claudia Paz y Paz y la jueza Yazmín Barrios, queriendo acabar con sus dignas carreras. Como sea, el próximo Fiscal General saldrá un incondicional del Gobierno, dado que de los seis postulados, cuatro al menos son pro gobiernistas tácitos. Y cuatro de ellos calificaban por debajo de los 50 puntos. De hecho, el puntaje de la Licda. Thelma Aldana fue inflado al serle contada su experiencia en lo civil como si lo fuera en lo penal. Todo el proceso fue pervertido; el presidente Otto Pérez, la tiene fácil. Pero algunos siempre salen con este argumento: “Es que cuando los fallos no le convienen a alguien, la objetan”. Fuera cierto si hubiera confianza en la justicia, pero cuando se observan tales niveles de degradación de la justicia, dicho argumento solo es una justificación ad hoc para ocultar lo evidente: el monopolio de la impunidad.

Así que, para quienes observamos una cada vez más manifiesta dictadura oligárquica en este país en desmedro del pluralismo real, de la democracia y de la independencia real en áreas como la economía y la justicia, solo nos queda la denuncia moral y seguir objeción de conciencia. El otro tema es el de los procesos de comisiones de postulación, las que en tanto no se reforme la Constitución Política de la República, seguirán siendo la antesala para el teatro y la mascarada. No se puede generalizar, pero hasta ahora estos procesos están ocupando más recursos y energías de lo que aseguran en meritocracia. Inclusive los operadores de la sociedad civil organizada que trabajan por la transparencia en dichos procesos, parecería que solo ayudan a limpiar la maleza para que los factores de poder real empujen a sus verdaderos candidatos mientras que después todos nos demos palmaditas en la espalda. Es una democracia normal, sería el parlamento el que definiría los cargos públicos o bien el Presidente junto con alguna comisión judicial legislativa. En fin, nuestro sistema político-jurídico cruje. Quien no quiera ver que urge un overhaul completo, se atiene a que la plutocracia y las mafias sigan usurpando la soberanía popular.

LA HORA

Ven un pacto por la impunidad en la actuación de Postuladora Manuel Rodríguez Diversas organizaciones de la sociedad civil rechazaron la nómina definida de seis aspirantes a Fiscal General por la Comisión de Postulación, luego que se dejara fuera de la contienda a la actual jefa del Ministerio Público Claudia Paz y Paz. Activistas coincidieron en que la decisión de los postuladores “honró un pacto por la impunidad”. La Convergencia por los Derechos Humanos se pronunció al respecto en conferencia de prensa, argumentando que la nómina final de candidatos a Fiscal General respondió a “un pacto por la impunidad” que busca consolidarse en el sistema de justicia, promovido por sectores de poder económico y el crimen organizado. Asimismo, la agrupación denunció que varios de los elegidos a la nómina tienen sanciones emitidas por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), que carecen de experiencia penal y que están vinculados con el Ejecutivo. Por su parte, el director de la Comisión Internacional de Juristas, Ramón Cadena, reprochó los criterios de calificación de los expedientes de aspirantes durante el proceso, considerado que los mismos no fueron respetados por la Comisión de Postulación, al dejar fuera de la lista a la actual Fiscal General, Claudia Paz y Paz. “La función de la Postuladora fue promover un proceso que permite estar a gente que después no va a cumplir con la lucha contra la impunidad. En el futuro van a haber tremendos retrocesos en materia de justicia y la lucha contra la impunidad”, dijo Cadena.

En tanto, Jorge Santos del Centro Internacional para las Investigaciones en Derechos Humanos, indicó que una serie de “operadores políticos” influyeron en la decisión final de la Postuladora y exigió al presidente Otto Pérez Molina, garantizar la continuidad de los avances mostrados en el Ministerio Público. El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, propuso la posibilidad de hacer vinculantes los resultados de las pruebas realizada por los postulantes en procesos de elección a cargos públicos; para evitar los señalamientos vertidos por diferentes sectores que ponen en duda la imparcialidad de las decisiones de las Comisiones. “Aquí no cabe el tema de ideologías, es tema de sensatez, cordura, imparcialidad y de cumplimiento de la ley”, expresó el Magistrado de Conciencia. Finalmente, Carmen Aída Ibarra, del movimiento Pro Justicia, declaró que el rechazo a la inclusión de Paz y Paz tiene raíces políticas e ideológicas y por lo tanto en el momento de la votación final, la calificación se convirtió solo en un referente. “Están los que no votaron por ella (los comisionados) porque son aliados de los operadores del Gobierno; están los que no votaron por ella porque hay una diferencia abismal política e ideológica entre los comisionados y ella; y finalmente están los que consideraron que su gestión no fue buena”. Al cierre, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), dijo que estar “sorprendida” por las actuaciones de la Postuladora y cuestionó los criterios para calificar la honorabilidad de algunos aspirantes, quienes habían sido señalados por la sociedad civil.

Diputados: Postuladora calificó las ideologías Saira Ramos Diputados coincidieron en que la Comisión de Postulación para la elección de Fiscal General calificó a los aspirantes conforme a ideologías y no a capacidades, y por eso excluyó a la actual fiscal Claudia Paz y Paz. Nineth Montenegro, de la agrupación Encuentro por Guatemala (EG) lamentó la decisión que tomó la Comisión de Postulación y consideró que el no incluir a la actual fiscal obedece a cuestiones ideológicas y no de preparación de los aspirantes, que a consideración de la parlamentaria es lo más importante para el país. Por su parte, Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que la decisión de la postuladora es un “descaro”, debido que fue incongruente con su mismo procedimiento, ya que Paz y Paz obtuvo una de las puntuaciones más altas dentro de los candidatos. El diputado Amílcar Pop, de Winaq, expresó que es vital resaltar el nivel de importancia que deben de tener los resultados de las calificaciones de los aspirantes, ya que deben garantizar que la resolución debe ser incidente y determinante. Los parlamentarios no descartan que la postuladora estuviera bajo presión de grupos de poder.

Editorial: La Comisión les cumplió Es muy importante empezar reconociendo a los cuatro comisionados que hicieron un trabajo adecuado al votar por la presencia de la actual Fiscal General en la lista de 6 y recalcar que las dos universidades más tradicionales del país como son la San Carlos y la Rafael Landívar junto a la Da Vinci y el Presidente de la CSJ fueron consecuentes con la lógica del requerimiento para ser nombrado en este puesto. Claudia Paz y Paz merecía, al menos, estar en esa lista. Pero no podemos mostrarnos sorprendidos de algo que hemos estado cantando desde hace mucho tiempo. Los comisionados hicieron su trabajo eficientemente porque representaron los intereses de quienes los han colocado en los puestos a cambio de defender el control de los beneficios que genera un Estado impune en la corrupción e impune en la violencia. Continúa la importancia coyuntural sobre el nombramiento final porque hay personas que han sido relacionadas desde el principio, con los poderes políticos y/o paralelos que mantienen secuestrada la institucionalidad en el país. Si el Presidente nombra a un custodio de los intereses oscuros, causará un retraso terrible para la institucionalidad en el país. También hay que reconocer que existe al menos un perfil de quien ha contado con la aprobación de prácticamente todos los involucrados en el proceso de verificación de los candidatos y que, salvo componendas o negociaciones, podría significar continuar con el avance a lo interno del Ministerio Público. Ha servido bien la fundación de universidades de banca de parque que junto a aquellas que se dan el baño de la pureza conservadora no han dejado dudas en su compromiso para mantener una institucionalidad viciada, controlada por los poderes fácticos sin avergonzarse al quedar como garantes de las estructuras de la impunidad. Y es por ello que consideramos que la comisión cumplió su objetivo, porque es evidente que el mandato al que fueron sometidos es el mismo que cumplieron al eliminar de tajo la posibilidad de someter a presiones al presidente Otto Pérez Molina para que nombrara a una fiscal que con amplio reconocimiento interno e internacional, hubiera sido una brasa extremadamente caliente para un gobierno con amplios cuestionamientos. La tarea del nuevo fiscal será la que determine qué futuro nos espera en el área de la Justicia. Por un lado, existe una amplia posibilidad de terminar condenados a vivir en la oscuridad de la impunidad porque, en la primera instancia, los comisionados han demostrado que hicieron su trabajo cumpliendo con el mandato que recibieron de sus verdaderos jefes.

Opinión: La estructura de la impunidad Óscar Clemente Marroquín Siempre he dicho que nuestro sistema de impunidad tiene raíces profundas en la época colonial cuando se establecieron privilegios especiales que colocaron a los sectores dominantes en posición de inmunidad frente al imperio de la ley. Pero también sostengo que ese sistema se perfeccionó durante el conflicto armado interno porque el Estado y la sociedad diseñaron un modelo que evitaría toda sanción penal contra quienes libraron la guerra en defensa de la

institucionalidad frente a la acción guerrillera. Fue en el marco de ese esfuerzo que se diseñó la estructura actual del Ministerio Público. La elección de Claudia Paz y Paz rompió en alguna manera con el sistema porque se produjo en el marco de la influencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad y se alborotó una estructura perfectamente afinada que operó sin dificultades, desapareciendo evidencias y evitando sanciones penales que pudieran afectar a los que, como en el conflicto, se presentaban cual defensores de la “gente bien” y enemigos de los delincuentes, fueran secuestradores, asesinos, pandilleros o terroristas. Con la experiencia de ese Ministerio Público que se atrevió a encausar al mismo exjefe de Estado por crímenes de guerra, se produjo un reagrupamiento de las fuerzas más oscuras del país para impedir que alguna vez se pudiera repetir ese experimento que persigue romper la estructura de la impunidad. El tema ideológico importa a una parte importante de nuestra conservadora sociedad y eso se demuestra con la actuación de los decanos de las facultades más conservadoras del país, lo que dio un importante soporte a los poderes paralelos para recuperar el control que habían visto amenazado en el sistema de administración de justicia. La alianza fue demasiado poderosa, tanto así que ni siquiera la más grande potencia mundial pudo hacer nada para proteger a la Fiscal. Era evidente, desde que la Corte de Constitucionalidad redujo el mandato, el desenlace actual porque había una perfecta conjugación de intereses y factores para no sólo evitar la elección de la actual Fiscal General, sino para sacarla cuanto antes del cargo a fin de enviar un mensaje claro a quienes no han entendido cómo es que funcionan las cosas en Guatemala. Me atrevo a vaticinar que los que antepusieron sus intereses ideológicos en esta oportunidad, aun sabiendo que estaban haciendo un pacto no con el diablo, sino con los sectores más oscuros del crimen organizado, lamentarán con el tiempo su decisión porque al final éste no fue el triunfo de una ideología sino el retorno a una situación de impunidad que ha causado enorme perjuicio al país. El Estado guatemalteco empezó a oxigenarse con los pequeños avances que se dieron en la lucha contra la impunidad, pero existe toda una costumbre y forma de vida que descansa precisamente en el principio de que la ley no se aplica por parejo a todos porque hay quienes se pueden sentir seguros, hagan lo que hagan, sin temor a castigo alguno. Y esa forma de vida se ha consolidado por obra y gracia de los sectores más oscuros, apoyados por los más conservadores que se terminaron aliando para preservar la útil estructura de la impunidad. Por otro lado, Lisandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), destacó que cualquiera de los candidatos posee la capacidad para dirigir el MP, el cual arrastra una serie de falencias que deberán mejorar. Sin embargo, considera que para la elección de la nómina final hubo presiones de diversos sectores como el empresarial, el Ejecutivo, el Ejército; incluso de la comunidad Internacional, sociedad civil y grupos de derechos humanos.

PLAZA PÚBLICA

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