La guerra de la Madre TierraRaúl Prada Alcoreza

INDICE

La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS 2

En torno al TIPNIS 6

Las resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las comunidades indígenas-originarias 19

¿Quién ha decidido la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS? 20

Las formas de la manipulación 22

De contradicciones y confusiones del proceso 28

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil,

del IIRSA y de las trasnacionales 32

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación 34

Consecuencias vitales de la Constitución 36

La recreación anacrónica del imaginario desarrollista 37

Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS 38

Los síntomas de la descomposición

Las estrategias del gobierno ante el debate y la crítica 41

Notas después de la marcha indígena 50

La violencia profusa del gobierno, de la representación

y de las palabras 60

Apuntes sobre el problema de la transición 64

La distancia más corta es el laberinto 86

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Un Estado de excepción 121

Espesores de una coyuntura candente 149

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La defensa de los derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS

La determinación del gobierno de construir la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos ha desatado una polémica en el país y la reacción de las organizaciones indígenas del CIDOB y el CONAMQ, que han resuelto marchar el 15 de agosto para evitar que el trazo de la carretera pase por el núcleo del Parque Isiboro-Sécure, exigiendo además la consulta a los pueblos indígenas, como está establecida en la Constitución Política del Estado. El Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure está protegido por leyes y la Constitución, además de ser parque, por lo tanto área protegida, es territorio indígena, y exige el respeto establecido constitucionalmente de los Derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios. Por otra parte el TIPNIS tiene que ver con las Resoluciones de Tiquipaya, con la Primera Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra (CMPCC), las mismas que prohíben la explotación en bosques, así como plantean claramente la defensa de los ecosistemas y los ciclos vitales integrados. En esa perspectiva, la Ley Marco de la Madre Tierra, que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa Plurinacional, concibe la defensa de los ciclos reproductivos de la vida, los ciclos del agua, por lo tanto de las cuencas, los ciclos del suelo, los ciclos de los bosques, los ciclos del aire, los ciclos de los seres, concebidos como componentes de la Madre Terra. Por todas estas razones es inconcebible, desde el punto de vista de la Constitución y desde la perspectiva del Vivir Bien, además del enfoque de los derechos de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, la determinación del gobierno de construir la carretera que atraviese el TIPNIS.

El debate ha puesto en la mesa la dirección del proceso, ¿por dónde va? ¿Desarrollismo o Vivir Bien? ¿Extractivismo o alternativa al desarrollo? Discusiones que deberían estar supuestamente resueltas desde la aprobación de la Constitución, no lo están, pues el gobierno y sectores interesados en promover el nombrado “desarrollo” parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución y el sentido del proceso constituyente. Una visión nacionalista restaura el Estado-nación, encaminando esta regresión hacia la ampliación del modelo extractivista, fortaleciendo de este modo las cadenas de la dependencia, instaurada por la expansión, consolidación e intensificación del colonialismo, método violento de la expansión capitalista. Este debate debe ser tomado en cuenta plenamente, considerando el momento del proceso, que se encuentra en crisis, el contexto del proceso, su propia genealogía, el despliegue mismo del proceso, con todas sus contradicciones y dinámicas moleculares. Sobre todo el debate debe traer a colación una reflexión profunda sobre los procesos en curso y sus enredos con los mapas institucionales y la arquitectura estatal liberal, buscando evaluar las perspectivas de las emancipaciones y las posibilidades de la descolonización.

La historia legal data de 1965 cuando la Ley 07401 crea el Parque Nacional Isiboro-Sécure. En el texto de la argumentación se habla de la “necesidad de conservar las cuencas hidrográficas, las nacientes de los ríos para la navegación, la riqueza de los recursos naturales y la belleza escénica, que podrían ser afectadas por la construcción de un camino siguiendo el borde del piedemonte y por la colonización”. Después de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, el Decreto Supremo 22610 del 24 de septiembre de 1990 reconoce el Parque como Territorio Indígena, donde se asientan los pueblos Moxeño, Yuracaré y Chimán. Desde entonces se conoce el Parque como TIPNIS; el mismo decreto amplía su superficie a las áreas externas de los ríos Isiboro y Sécure; de este modo se incorporan las comunidades asentadas en las riberas de los ríos, conformando así una franja de amortiguamiento. Este mismo año se reconoce el espacio del TIPNIS con 1.225.347 hectáreas; sin embargo 19 años más tarde, el año 2009, debido a la presión de los colonizadores, el presidente Evo Morales entrega a los pueblos originarios un título ejecutorial sobre el TIPNIS, reduciendo la superficie del territorio indígena

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y del parque a 1.091.656 hectáreas. Como compensación se define una línea roja que prohíbe nuevos asentamientos. Al respecto no hay que olvidar que el TIPNIS no deja de ser área protegida.

La historia de la carretera tiene que ver con el proyecto de Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA); el IIRSA tiene su origen en la primera Cumbre de Presidentes de América del Sur celebrada entre el 30 de agosto y el 1ro de septiembre de 2000 en Brasilia por invitación del entonces presidente Henrique Cardoso. Los jefes de Estado observaron que el impulso de la integración transfronteriza se vigoriza por ser una consecuencia de la proximidad geográfica, de la identidad cultural y de la consolidación de valores comunes. El IIRSA contempla los corredores transoceánicos que vincularían el Atlántico con el Pacífico, posibilitando el transporte de mercaderías entre ambos océanos. Si bien la justificación del proyecto IIRSA habla de integración entre los países involucrados, desde el comienzo se han hecho sentir voces que acusan al proyecto como parte de la estrategia de dominación de los Estados Unidos de América, también se han hecho escuchar críticas que califican al proyecto como parte de la expansión de la potencia emergente de Brasil. La carretera que cruza el TIPNIS forma parte de los corredores transoceánicos y por lo tanto también del proyecto IIRSA. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales llegó a un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Luiz Inácio «Lula» da Silva para la construcción de la mentada carretera, comprometiéndose un préstamo por parte del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil. Se entiende que por lo complicado de la situación al afectar el área protegida, el parque y el territorio indígena, se decide hacer tres tramos para facilitar la aprobación de la ficha ambiental. El tramo uno y el tramo tres se aprueban rápidamente, tramos que no atraviesan el parque, quedando pendiente el tramo dos que sí atraviesa el parque. Esta maniobra es notoria pues adelanta partes de un trazo comprometido, condicionando la aprobación del tramo II. Sin embargo, ante la inminente construcción de la carretera que atraviese el TIPNIS, los pueblos indígenas, las comunidades indígenas asentadas en el territorio en cuestión y las organizaciones indígenas del país, reaccionan exigiendo consulta previa a los pueblos y comunidades, además de un tramo que no atraviese el Parque Isiboro-Sécure. A pesar de la crónica del anunciado conflicto, en junio de 2011 ante una concentración campesina cocalera en Eterazama (Cochabamba), el presidente Evo Morales dio por iniciada la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. La señalada carretera tiene una longitud de 306 kilómetros, la misma que será construida en tres años por la empresa brasileña OAS, observada en Brasil por los conflictos ambientales ocasionados. El presidente en su discurso expresó que esta obra promoverá el desarrollo, la vertebración de Bolivia y la integración del país con Sudamérica. La construcción de esa vía y otras obras complementarias demandarán una inversión de 442 millones de dólares, de los que 332 provienen de un crédito blando otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil.

El conflicto está planteado; por un lado el gobierno, con el propósito de construir la carretera que atraviesa el TIPNIS, por otro lado las organizaciones y los pueblos indígenas, que exigen consulta previa y que se haga otro trazo de la carretera para no afectar al ecosistema y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este conflicto se muestra como síntoma de una problemática más amplia, compleja y estructural. ¿Cuál es el proyecto del gobierno? ¿Por qué se enfrenta sistemáticamente a los pueblos y organizaciones indígenas? ¿Por qué se aleja del cumplimiento de la Constitución y la perspectiva del Vivir Bien? ¿Por qué se mantiene obsecuentemente en un proyecto desarrollista y extractivista? ¿Por qué no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico? ¿Por qué no se hacen las transformaciones institucionales y estructurales que requiere esta construcción? ¿Por qué no se efectúa la transición transformadora y más bien se opta por proyectos que repiten los

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mismos estereotipos nacionalistas, desarrollistas y extractivistas? El debate compromete la estructura y la dirección misma del proceso. Por eso mismo es indispensable analizar y hacer inteligible lo que está en juego en torno al TIPNIS.

Hipótesis

En el debate se han planteado algunas explicaciones del obsecuente comportamiento del gobierno. El más conocido es el que tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, haciendo entrever también las consecuencias de la desforestación; esta ampliación está directamente conectada con la expansión de los cultivos de coca. Ya se dio antes un avasallamiento del territorio indígena por parte de productores de coca, ocasionando invasión y desforestación; esta expansión ya era conocida el 2004. La contención ante este avance se estableció mediante una línea roja dibujada el 2009, prohibiendo toda nueva expansión. Sin embargo, ante la construcción de la carretera se esperan nuevos avasallamientos, desforestaciones, expansiones de la frontera agrícola y del cultivo de coca.

Otra explicación manejada en el debate es la de la supeditación del gobierno boliviano y de su proyecto desarrollista-extractivista al proyecto emergente de la burguesía brasilera, en el momento de la urgencia energética de Brasil como potencia regional. Esta supeditación explicaría el papel condicionante de PETROBAS en la explotación hidrocarburífera, la presencia de empresas brasileras constructoras de caminos y de infraestructura, así como la participación, en un principio, de una empresa brasilera en el proyecto de San Buena Aventura1. Por otra parte, este condicionamiento también explicaría ciertas analogías entre los gobiernos “progresistas” de Bolivia y Brasil; estas analogías tienen que ver con combinaciones barrocas de pretensiones de Estado de Bienestar con políticas extractivistas y neo-extractivistas, así como con la permanencia de prácticas monetaristas y hasta neoliberales.

La otra hipótesis tiene que ver con las nuevas alianzas del gobierno, con los banqueros, la empresa privada, los agroindustriales de Santa Cruz, los soyeros, es decir la burguesía intermediaria boliviana. Estas alianzas económicas muestran el efectivo proyecto en el que se encamina el gobierno; pasar de la estabilidad económica y la acumulación del ahorro, lo que se habría logrado, a un modelo económico viable asentado en los grupos económicos que supuestamente “saben” producir y pueden “garantizar” la mentada “seguridad alimentaria”, incluso ratificada por los propios agroindustriales. Estas nuevas alianzas dejan en un segundo plano o, en el peor caso, al margen, a las comunidades campesinas. Estas alianzas económicas pueden explicar un proyecto de poder ventilado a largo plazo, evitando conflictos e incorporando a la burguesía agraria al proyecto gubernamental. Todo esto termina siendo coherente con la restauración del Estado-nación y explica el dejar de lado, como romanticismo, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

También se ha ventilado la hipótesis de la posible existencia de reservas hidrocarburíferas en el TIPNIS. Es el propio Ministro de Hidrocarburos y Energía el que ha manifestado esta posibilidad. Situación que pone aun en un más grave peligro al TIPNIS. Independientemente de la contrastación de esta hipótesis, lo que se hace evidente es el peso primordial que ha adquirido el modelo extractivista en las estrategias económicas del gobierno. Con lo que nos habríamos alejado definitivamente del Vivir Bien, de la economía social y comunitaria, de la articulación integrada y complementaria de la economía plural, en transición a la economía social-comunitaria y al Vivir Bien.

1 Ahora se ha adjudicado una empresa china el proyecto, en medio de denuncias de corrupción.

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Ahora bien, ¿por qué estaría pasando todo esto? Todas estas explicaciones requieren de una hipótesis sobre la dinámica contradictoria del proceso. ¿Cómo hemos llegado a esta situación en el momento presente? La primera hipótesis al respecto es que no se ha resuelto la cuestión estatal, no se ha destruido el Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que es la forma de legitimación en la periferia del sistema-mundo capitalista del Estado colonial. Se ha mas bien restaurado toda esta maquinaria sedimentada por capas, estratificada por formas administrativas, dándose una acumulación geológica de las reformas institucionales modernas. Lo que hace este Estado al ser restaurado es reproducir sus múltiples formas de dominación y reencaminar la continuidad de las estructuras de poder, de los diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos induciendo determinados comportamientos funcionales al sistema nacionalista, liberal y colonial. También se reproducen las relaciones de dependencia y de supeditación del Estado-nación subalterno al orden mundial de la dominación global del sistema-mundo capitalista. La pertenencia al sistema financiero, que es el centro de la dominación imperial y capitalista, el sometimiento a sus reglas, el entregar el ahorro nacional a los bancos extranjeros, hablan de este sometimiento de la periferia al centro de la economía-mundo capitalista. Lo mismo ocurre en lo que respecta a los engranajes y redes de las empresas trasnacionales; por el condicionamiento de sus monopolios tecnológicos, financieros, de mercados, de sus mecanismos, procedimientos y agenciamientos de influencia, terminan imponiendo sus estrategias de enajenación de los recursos naturales y de acumulación ampliada de capital, convirtiéndolas de forma mediatizada en políticas de Estado del gobierno. Esto es una parte de la reproducción del Estado, su funcionamiento implica otras más; sin necesidad de recaer en una descripción exhaustiva es menester mencionar algunas más que tienen que ver con agenciamientos vinculados a la economía política del chantaje. Es sabido que los estados, sus instituciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con actividades económicas, se encuentran atravesados por circuitos de influencias, cuoteo, participaciones ilícitas, prebendas, doble información, sobreprecios, lo que llamaremos el mundo de la economía paralela, economía que corroe las propias prácticas administrativas. En otras palabras, el Estado se convierte en un botín para grupos fortuitos de poder. Esta red de relaciones perversas forma parte de los recovecos de una maquinaria estatal que chirria al funcionar. Este diagrama de poder de la corrupción forma parte de la vida cotidiana de los Estado. Cuando no se resuelve la cuestión estatal, cuando no se desmantela esta maquinaria, cuando se deja intacta su arquitectura, también se deja que estas prácticas aviesas vuelvan a articularse y desplegarse, aunque sea con nuevos personajes, una nueva élite en el poder. Obviamente el panorama se complica cuando ampliamos la perspectiva a los circuitos del narcotráfico. Narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, tráfico de tierras, vienen acompañando a la lógica del enriquecimiento fácil e ilícito. El problema se hace agudo cuando de los márgenes de la economía y los márgenes del Estado estos circuitos se incrustan en los espacios y núcleos de realización de la economía formal, como la banca, cuando terminan incrustándose en las organizaciones mismas de las instituciones. En este caso el Estado se encuentra invadido. Esto pasa en estados vulnerables, pero también llega a pasar en estados no vulnerables, con tradiciones de institucionalización de larga data; esto pasa en modelos liberales y neoliberales, tanto de la periferia como en algunos países del centro de la geografía del sistema-mundo y la economía mundo capitalista. Empero, lo que no neja de ser sorprendente es que esta corrosión termine ocurriendo en gobiernos que tienen la responsabilidad de las transiciones hacia el poscapitalismo. Es esto lo que hay que explicar, es indispensable entender las razones que conducen a un gobierno popular a repetir la increíble y triste historia del otoño del patriarca. En esta perspectiva, en la búsqueda de las condicionantes y las tendencias inherentes a las dinámicas moleculares del proceso, debemos también identificar otras prácticas sintomáticas en esta fabulosa reproducción de la maquinaria estatal. Sobresalen entre estas prácticas las relaciones de subordinación y cooptación de las organizaciones sociales, sobre todo de la dirigencia ejecutiva. No se permite la vida autónoma de las organizaciones, mucho menos la reaparición de movimientos sociales

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de envergadura, como las que se dieron durante el periodo 2000-2005, no se permite entonces la participación y la construcción colectiva de las decisiones, de la dirección del proceso y de las estrategias políticas. Las organizaciones, sobre todo sus bases, se han convertido en referentes de legitimación de las decisiones cupulares que se toman en el gobierno. Esta relación de subordinación de las organizaciones sociales terminan convirtiéndose en relaciones prebéndales, comprometiendo a la dirigencia ejecutiva en beneficios compartidos y controlados por las instituciones gubernamentales o estatales. Estas prácticas se parecen mucho a las prácticas de gobiernos y partidos populistas con las organizaciones sociales y dirigencias; particularmente, en lo que respecta a Bolivia, se parece mucho a las prácticas del MNR durante los 12 años de gobiernos del nacionalismo revolucionario (1952-1964). Estas prácticas prebéndales muestran un mapa más complejo de las estructuras de poder; las organizaciones sociales, los sindicatos, terminan participando del lucro del poder, aunque lo hagan en una proporción y participación secundaria, marginal, menos estratégica. Lo que cuenta aquí es la extensión de los engranajes y los mecanismos de poder, no sólo para la legitimación sino también como predominio y como aprovechamiento, aunque sólo terminen haciéndolo las dirigencias. De esta manera se trabó y quebrantó la posibilidad de participación y control, de conducción colectiva, por parte de las organizaciones sociales, afectando a las masivas fuerzas sociales, al poder constituyente de los movimientos sociales, que son el sostén y la defensa misma del proceso.

En torno al TIPNIS

De acuerdo a fuentes de investigación científica sobre la biodiversidad2el TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia (el 5to país con mayores reservas de agua dulce del planeta). La interpretación de esta situación y esta condición del TIPNIS, como ecosistema y como articulación de ecosistemas y circuitos climáticos, se la describe de la siguiente manera:

La peculiar configuración geográfica de la cordillera de los andes en nuestro país; en el llamado codo de los Andes la cordillera hace una inflexión y en lugar de ir de sur a norte va de oriente a occidente. Los contrafuertes andinos reciben los vientos que provienen de la Amazonia (barlovento) recogiendo la humedad de la evapotranspiración de la biomasa boscosa; estos vientos se elevan cambiando de curso, se enfrían, forman nubes (cúmulos cumnuloninmbus) que se precipitan en ese lugar en un circuito permanente de lluvia que es el factor más importante de generación de biodiversidad. También las masas de nubes pasan al otro lado de la cordillera hacia los valles secos de Cochabamba y mesotérmicos de Santa Cruz dando lugar a bofedales, lagunas y cursos de agua responsables de la relativa humedad de algunos de estos valles productivos. Estas lagunas además de proveer agua (ejemplo Misicuni) también proveen energía hidroeléctrica (ejemplo Corani). Las nubes que atraviesan la cordillera también son responsables de la biodiversidad de los bosques de altura (ejemplo La Siberia en al camino antiguo Santa Cruz-Cochabamba) que forman cursos de agua para los valles de Santa Cruz (ejemplo Comarapa).

La conclusión del análisis de los mapas climáticos que saca la fuente mencionada es categórica:

2 Unidad de investigación sobre biodiversidad de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

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En fin, queda claro que existe un serio riesgo climático en estas dos regiones (cuenca del rio Mamoré) y valles de Cochabamba, si se da un proceso de deforestación en los bosques amazónicos del sub-andino. Dicho proceso de deforestación es, honestamente, imposible de ser evitado si se dan asientos de colonización en la carretera, ya que la cultura de la tala y quema seguramente podrá ser erradicada en un número de años no menor a los requeridos para deforestar el 80% del bosque tropical que está en la región que tratamos.

Otra conclusión que saca el análisis científico es ilustrativa:

Por otro lado, será importante saber que la cantidad de suelo anegadizo en la región del trazo que cruza el TIPNIS es tan grande que hasta la mejor ingeniería va a tener serios problemas para su ejecución. Esta demás decir que el trazo por el lado oriente es sobre suelo mas fijo y de mejor transitabilidad.

Son elocuentes los mapas que se presenta y el dibujo que termina interpretando gráficamente esta dramática evaluación de la situación vulnerable del TIPNIS.

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¿Qué podemos decir al respecto? En relación a este análisis y descripción de las condiciones, pero también de las probables consecuencias si se produce el quiebre del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, queda claro que la defensa del TIPNIS es no sólo responsabilidad de las comunidades de las naciones y pueblos indígenas originarios que lo habitan, sino también de todos los bolivianos y bolivianas conscientes del problema y la problemática, de todos los bolivianos y bolivianas que aprobamos la Constitución Política del Estado. El TIPNIS es el corazón de la producción de agua de Bolivia, no hay dónde perderse, si se ejecuta el proyecto extractivista, el proyecto IIRSA, la vinculación transoceánica, conllevando el desplazamiento e invasión cocalera, no sólo se terminará desforestando, degradando y destruyendo uno de los ecosistemas más ricos en biodiversidad del planeta, sino que también se habrá quebrado el corazón de la producción de agua, se habrá cortado con la articulación de los ciclos del agua conectados a los ciclos climáticos, a los ciclos del suelo, a los ciclos de los bosques, a los ciclos de reproducción de la vida. Cochabamba disminuirá progresivamente su régimen hidrológico y con el pasar del tiempo quedará sin agua, cambiando los climas de los grandes entornos geográficos y regionales del TIPNIS. Se entiende que a mentalidades desarrollistas,

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extractivistas, modernistas e industrialistas, estas consecuencias les preocupo poco, si no es que nada, pues ellos miden los costos y beneficios en términos monetarios, en términos de la brutal y reducida contabilidad capitalista. En sus imaginarios colonizados no entran para nada los costos ambientales, los costos ecológicos; ahora sabemos que no les interesa para nada los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. ¿Qué es el desarrollo para estas mentalidades? Podemos interpretar que se trata del goce inmediato compulsivo de la ilusión dineraria; estos tardíos burgueses internacionalizados no llegan a un diseño estratégico de dominación; al contrario, se supeditan a potencias, a las estrategias de estas potencias, creyendo que del rebalse de las ganancias de la acumulación ampliada de capital, a escala mundial, les va tocar una parte. No son solamente ilusos, sino que también expresan la consciencia desdichada de las burguesías tardías y periféricas. El desarrollo al que apuestan es el desarrollo capitalista, que se da en escala mundial; este desarrollo produce “subdesarrollo” y dependencia en la periferia del sistema-mundo capitalista. Estos gobernantes al servicio de estrategias hegemónicas y de dominación a escala mundial, esta lumpenburguesía, como la llamaba André Gunder Frank, no son otra cosa que dispositivos y agenciamientos de los diagramas de poder, de los mapas de fuerza, de la dominación global del capitalismo contemporáneo.

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia los nuevos frentes políticos, sociales, económicos y culturales, frentes dibujados en la coyuntura crítica del proceso; por un lado, defendiendo los derechos de la Madre Tierra, están las naciones y pueblos indígenas originarios, sobre todo los movimientos y organizaciones propiamente indígenas, constatados en sus formas de organización, formas de representación, mandos rotativos, normas y procedimientos propios, instituciones ancestrales y cosmovisiones nativas; estas naciones y pueblos están apoyados por nuevos movimientos juveniles y urbanos, también por históricos movimientos como los regantes3, los guerreros del agua y los guerreros del gas. Por otro lado, apoyando el trazo de la carretera por el TIPNIS, están las organizaciones campesinas, organizadas en sindicatos (CSUTCB, CNMCIOB “BS”, CSCIB); todo el conglomerado campesino, de alguna manera conducido por las federaciones cocaleras. Todo este conjunto, mas o menos cohesionado, también diferenciado y plural, así mismo abigarrado, que fue parte del llamado “bloque popular”, ahora se encuentra llevando al ascenso desbocado a una nueva burguesía emergente, de nuevos ricos y nuevos intermediarios en los circuitos de capital, mercancías, transgénicos, contrabandos, tráficos, incluyendo los del narcotráfico. Lo hace en el desplazamiento constante hacia alianzas inesperadas con los agroindustriales de Santa Cruz, la burguesía intermediaria, la banca, las empresas trasnacionales de los hidrocarburos y la minería, las empresas constructoras brasileras y el gobierno brasilero.

Tomando en cuenta esta mapa de fuerzas, respecto a lo que decimos y afirmamos, vamos a respaldarnos en el análisis que hace Enrique Ormachea, Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), quien hace una ilustrativa descripción de la dinámica estructura de clases en la coyuntura, lo que nos permite elucidar el carácter de la

3 Los reales regantes, desplazados por la maniobra montada del MAS cuando se eligió a sus supuestos nuevos representantes, que no son otra cosa que loteadores. Esta suplantación aviesa fue avalada por el Vicepresidente. Los verdaderos regantes, los históricos regantes ligados a la Guerra del Agua, quedaron marginados. Hablamos entonces delos históricos regantes, los luchadores y defensores de las formas comunitarias de administración y gestión del agua.

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lucha de clases y de la guerra descolonizadora en el momento de la crisis del proceso. Enrique Ormachea escribe:

Una buena parte de los cocaleros son ya campesinos ricos o acomodados porque obtienen ganancias gracias a la apropiación de trabajo ajeno, pues producen normalmente con el concurso de peones asalariados. Por el contrario, los indígenas yuaracarés, moxeños y chimanes que habitan en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) –y la mayor parte de los indígenas de las tierras bajas– además de realizar actividades agrícolas en chacos que usufructúan individualmente y que combinan con otro tipo de actividades económicas vinculadas con el mercado (como la extracción de recursos forestales y la elaboración de artesanías), normalmente se ven obligados a vender temporalmente su fuerza de trabajo a ganaderos, madereros y a los propios cocaleros para asegurar su medios de subsistencia. En este sentido, mientras los primeros son pequeños y hasta pequeñísimos capitalistas, los segundos son mayoritariamente semiproletarios4.

Esta descripción es importante pues nos ubica de lleno en la relación social, en la relación de dominación de un conglomerado social sobre otro, de una dinámica bullente de monocultivo, agrícola, comercial, encaminada a la expansión de la frontera agrícola, de la comunicación carretera y caminera, sobre otra dinámica, apegada al territorio, a las normas y procedimientos propios, a las instituciones ancestrales, a la búsqueda de un proyecto alternativo al desarrollo y a la modernidad, que actualice las comunidades ancestrales, sus manejos territoriales y de bosques, combinándolos con formas de organización emergentes y en la perspectiva establecida en la Constitución, perspectiva traducida como la del vivir bien. Lo que fue el “bloque popular”, que se coaligó y expulsó a la mega-coalición neoliberal, terminó mostrando su composición diferencial y ha terminado de manifestar las contradicciones inherentes rápidamente, justo en el momento de transición hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta abertura y quiebre del “bloque popular” evidencia la existencia de proyectos distintos, dicotómicos y contradictorios; un proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, articulándose al reacomodo de las estructuras y formas de intercambio en la geopolíticas del sistema mundo capitalistas; otro proyecto emergente, nacido de las entrañas de las luchas sociales contra el neoliberalismo y de las entrañas de la guerra anticolonial y descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios, que ha expresado su horizonte civilizatorio en la Constitución, en tanto Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto economía social y comunitaria, en tanto modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.

Los dos proyectos no pueden coexistir en el proceso, son opuestos; uno se coloca en la continuidad de la misma civilización moderna, capitalista, desarrollista y extractivista, el otro apunta a abolir esta civilización, abriendo la posibilidad civilizatoria alternativa haciendo emerger configuraciones culturales inhibidas por los colonialismo y los capitalismos, actualizándolos y combinándolos con formas autogestionarias y solidarias contemporáneas. Este proyecto se opone abiertamente al desarrollismo y al extractivismo, se encamina más bien a restaurar las complementariedades dinámicas con los ecosistemas, seres, ciclos vitales interrelacionados e integrados en las formas complejas de reproducción de la vida. No debe sorprendernos entonces los conflictos que se dan entre el gobierno y las naciones y pueblos

4 Bolpress; 3 de septiembre 2011.

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indígenas originarios, pues el gobierno se ha convertido en la expresión política e institucional del proyecto de continuidad capitalista, desarrollista, extractivista y de monocultivos. ¿Por qué ha sucedido esto?

La contradicción era latente, solo que no tuvo las condiciones de posibilidad para mostrarse; una cosa era luchar contra los gobiernos neoliberales y el proyecto neoliberal en curso y otra cosa es abolir el Estado-nación, construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva del modelo civilizatorio del Vivir Bien, que se basa en el respeto de los derechos de los seres, componentes y ciclos vitales de la Madre Tierra. En lo que fue el “bloque popular” hay clases sociales que no están dispuestas a abandonar las formas de monocultivo, menos la producción de coca, también de cocaína, no están dispuestas a renunciar a la expansión de la frontera agrícola a costa de los bosques y ecosistemas, no están dispuestas a renunciar a las ganancias y, sobre todo, a las ganancias fáciles, tampoco van a renunciar a una compulsión individual por la tenencia de la tierra, aunque esto implique violar la Constitución.

La CSUTCB ha desarrollado un anteproyecto de Ley que contempla la desaparición de las TCOs porque las considera latifundios, también contempla la redistribución de la tierra de forma individual, contraviniendo a la Constitución que establece la reversión de tierras a comunidades indígenas y campesinas de forma colectiva. Sorprende que en las argumentaciones justificadoras del anteproyecto se ventilen calificativos de “terratenientes” para los indígenas que habitan las TCOs, llama la atención que se olviden de los latifundistas y terratenientes históricos, contra los que se había tenido una larga lucha, precisamente por la reforma agraria. ¿Qué pasa? ¿Otros son los enemigos? Ahora son los indígenas, las naciones y pueblos indígenas, sus organizaciones, sus formas colectivas de propiedad, sus gestiones territoriales ancestrales. Ahora, en cambio, los campesinos son aliados los latifundistas y terratenientes históricos, los agroindustriales, los soyeros, que emplean transgénicos, los empresarios, pues ellos, así como los campesinos, persiguen la continuidad del mismo modelo capitalista, desarrollista, extractivista. Ahora las alianzas son otras y los frentes de la lucha son otros.

El conflicto en torno al TIPNIOS es demostrativo por poner al descubierto de una manera descarnada estas contradicciones:

Acicateados entonces por sus crecientes motivaciones de acumulación, los cocaleros del trópico de Cochabamba se han visto en la necesidad de acrecentar sus propiedades, lo que implica expandir la frontera agrícola. Sin embargo, esta expansión sólo puede darse hacia dos zonas claramente definidas. Por un lado, hacia el TIPNIS y, por otro lado, hacia el departamento de Santa Cruz; esta última opción implicaría avanzar sobre tierras que ya están ocupadas tanto por otros colonizadores (buena parte de ellos también campesinos ricos) como por pequeñas, medianas y grandes empresas capitalistas agrícolas y ganaderas articuladas a la agroindustria5.

Al respecto y de una manera contextual, Mayari Castillo y Anahí Durand, escriben en Identidades, etnicidad y racismo en América Latina, que:

5 Bolpress.

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En primer lugar, la economía de la coca, aunque no reconocida oficialmente, genera una porción importante del PIB de Bolivia. Durante la peor crisis económica, la economía ilegal de la coca permitió sustentar la aplicación de los ajustes estructurales, siendo válvula de escape de la pobreza y un nuevo espacio laboral para los ex mineros de las recién cerradas minas de la COB (Lanza, 1999). De la misma manera, frente a una economía con crecimiento estancado o negativo y uno de los índices de pobreza más altos de América Latina, la cooperación internacional radicada en Bolivia constituía una importante fuente de ingreso. En los últimos doce años, Bolivia recibió por concepto de asistencia financiera oficial cerca del 11% del PIB. Sumado a los aportes de agencias privadas, ONG y otros, la cifra se eleva a un 15% (Grebe, 2002). También pudo reprogramar su deuda financiera gracias a los recursos donados por Europa y, hasta hace poco, recibía financiamiento de organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento, además de financiamiento de carácter bilateral desde Japón, Estados Unidos, Alemania y Países Bajos. La mayor parte de estos apoyos estaban condicionados al cumplimiento de metas sobre control del narcotráfico, incluyendo la erradicación del cultivo de la hoja de coca. Por ello, la resistencia cocalera al cumplimiento de metas otorgaba al conflicto una importancia nacional6.

Los investigadores nos dejan en este dibujo panorámico y de evaluación del movimiento cocalero determinados perfiles de la problemática; primero se habla de una economía de la coca, una economía subterránea, que sostiene parte del funcionamiento de los circuitos económicos. Segundo, que con el propósito de erradicación y sustitución de los cultivos de coca, la cooperación internacional ha financiado programas de apoyo a la diversificación de la producción agrícola, así como programas de interdicción. Todo esto puede considerarse también como parte de las inyecciones monetarias al campo económico boliviano, incidiendo en la formación de su Producto Interno Bruto (PIB). En otras palabras, la economía de la coca forma parte de la realidad, como uno de sus niveles, en la compleja sedimentación de sus ámbitos, mundos paralelos o colaterales. Esta economía de la coca es tan importante que no sólo dibuja circuitos, recorridos, articulaciones con otros niveles económicos, sino que también ha terminado constituyendo sujetos sociales, subjetividades e imaginarios, incluso instrumentos políticos y electorales, además de lograr catapultar a las Federaciones Cocaleras al gobierno. Se sabe que por lo menos dos ámbitos territoriales campesinos están articulados a la economía de la coca, Los Yungas y El Chapare, además de otros territorios de expansión, comprendiendo otras zonas más circunscritas y dispersas, que fueron tradicionales en el cultivo de la hoja de coca, como el caso de Apolo e Inquisivi; también hay que considerar la irradiación espacial de la economía de la coca en relación a otros circuitos comerciales y flujos dinerarios, de mercancías y migraciones. También sabemos que la economía de la coca ha estado articulada a la historia económica de la Audiencia de Charcas y de los periodos republicanos; el ciclo de la economía de la plata, el ciclo de la economía del estaño y, también, aunque de un modo más indirecto y con muchas mediaciones, al actual ciclo de la economía de los hidrocarburos. La economía de la coca ha formado parte entonces de las estructuras económicas, de sus flujos, circuitos y recorridos.

6 Mayari Castillo y Anahí Durand: Movimiento cocalero, política y representación: los casos boliviano y peruano. Edición de Fernando García, FLACSO 2008, Quito.

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Por otra parte, podemos abrirnos a la comprensión de las estrategias diferenciales, plurales, cíclicas y rítmicas de las economías campesinas, atravesadas por complementariedades, reciprocidades, también por transformaciones del ayni y la mink’a, como formas de relación por servicios y especies, por un lado, y por trabajos y dinero, por otro. Comprender también que las formas de organización son complejas, variadas, expansibles o contraíbles, dependiendo de la forma como se relacionan las unidades domesticas con las familias, con las estructuras familiares, comprendiendo edades, género y generaciones. Así mismo tener en cuenta las diferentes prácticas de los vecinos respecto a las prácticas combinadas de los pueblos y comunidades. Todo esto nos muestra una combinación rica de estrategias y de estructuras, de composiciones y de ritmos cíclicos, dependiendo del producto, de las interrelaciones entre productos, dependiendo también del lugar y del momento. Las economías campesinas son configuradas por racionalidades alternativas y colaterales a la racionalidad moderna y eficaz del cálculo del costo y beneficio. En otras palabras, es imposible comprender las estrategias campesinas a partir de la reducida contabilidad económica. Se trata de otras racionalidades, que funcionan flexiblemente, dúctilmente y en combinaciones abiertas7. Empero, algo que podemos compartir con cierta certeza es que, de todas maneras, se trata de economías articuladas al mercado y a los vaivenes del mercado, por lo tanto a los movimientos de los precios de los productos. Ahora bien, un cultivo y producto altamente rentable es la coca, incluso en momentos de bajos precios; esto debido a los rendimientos, sobre todo a las cosechas que se dan al año. Lo que decimos vale mucho más cuando los precios de la hoja de coca suben estrepitosamente, debido a factores externos de extrema imponderabilidad, como la debida al comercio del narcotráfico, sobre todo de la cocaína.

Bajo estas consideraciones es posible una hipótesis en relación a la expansión estrepitosa de los cultivos de la hoja de coca, incluyendo la invasión a los parques y territorios indígenas. Es tan gravitante el comercio de la cocaína, tal la incidencia de sus circuitos, de su capacidad de irradiación, de su fuerza financiera, de sus múltiples estratégicas de tráfico, que se ha convertido en el núcleo explicativo de la propia economía de la coca, por lo tanto no sólo de los circuitos y de la acumulación sino de la expansión compulsiva del monocultivo.

Independientemente de cualquier pretensión moral o de pose artificial sobre la problemática de la cocaína, pretensión y pose falsa de las potencias, de NNUU y de la cooperación internacional, lo que importan es comprender claramente el conflicto suscitado en torno al TIPNIS, así como los conflictos que se han dado sucesivamente, contiendas anteriores y en perspectiva, repetidos intermitentemente, colisiones del gobierno con las naciones y pueblos indígenas originarios, desde la aprobación de la Constitución; lo que importa es comprender el conflicto a partir de las fuerzas involucradas, de las tendencias, de los proyectos inherentes. La economía de la coca forma parte de la economía de la cocaína y la economía de la cocaína forma parte de las economías del sistema-mundo capitalista. Una apuesta por la expansión del monocultivo de la coca forma parte de la expansión compulsiva de la economía de la cocaína y obviamente de la acumulación ampliada de capital en la economía-mundo capitalista. Apostar por esta salida, se lo haga abiertamente, como en el caso de las decisiones prácticas que toman los cocaleros, o veladamente, haciendo como si no se viera nada, como ocurre con el comportamiento del gobierno respecto a esta problemática, no importa, pero apostar por esta 7 Revisar el libro de Alison Spedding Kawsachun Coca.Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 204. La Paz.

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salida significa la continuidad del modelo capitalista, desarrollista extractivista y dependiente, ahora atravesado por la economía política del chantaje, es decir por la economía de la cocaína, como una de sus formas. Este proyecto continuista se enfrenta abiertamente al otro proyecto, nacido de las entrañas de las luchas sociales y de la guerra anticolonial y descolonizadora, expresada plenamente en la Constitución. Este modelo es el del Vivir Bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este modelo se basa en la condición plurinacional, en la condición comunitaria, en la condición autonómica y en la condición intercultural, por lo tanto este modelo se basa en las cosmovisiones indígenas y en la reconstitución de los territorios ancestrales, actualmente habitados, como reza la Constitución. Este modelo supone un descentramiento radical del antropocentrismo, desplazándose al reconocimiento de la condición vital de los otros seres que componen la Madre Tierra, reconociendo su condición de sujetos y reconociendo sus derechos. Esta concepción está plasmada en el proyecto de Ley de la Madre Tierra. El conflicto del TIPNIS está expresando entonces la guerra de dos proyectos opuestos, antagónicos, de modelos encontrados, uno el capitalista y moderno, el otro alternativo al capitalismo y la modernidad. Hay una lucha de clases y una guerra anticolonial y descolonizadora en curso, con sus sujetos sociales, sus organizaciones, sus instituciones opuestas, incluso con sus diferentes formaciones discursivas en franco y abierto debate.

Volviendo al análisis de Enrique Ormachea, podemos dimensionar los alcances concretos del conflicto en torno al TIPNIS. Entonces el conflicto especifico, en el territorio, en los límites del parque y en el interior del parque, en el llamado bloque 7, que es la zona de avasallamiento del parque por los colonizadores, es entre comunidades indígenas y colonizadores, comunidades indígenas y cocaleros. En el documento citado se escribe:

Si en algo hacen hincapié los indígenas cuando plantean la defensa del TIPNIS es en el tema de la expansión cocalera y sus efectos. No les faltan razones. En el Gobierno de Evo Morales se les ha recortado alrededor de 145 mil hectáreas que acabaron siendo dotadas a cocaleros que habían ocupado estas tierras de hecho, al aprobar un título final de propiedad colectiva de 1.091.656 hectáreas frente al título ejecutorial concedido en 1997 que ascendía a 1.236.296 hectáreas8.

La legitimación del avasallamiento ya muestra el sentido del gobierno, de sus políticas en relación a la tierra y al territorio, en relación de lo que respecta a las áreas protegidas y territorios indígenas. El gobierno responde en primer lugar, en el plano afectivo y de los compromisos orgánicos, a las federaciones cocaleras, también a las organizaciones de colonizadores, llamados ahora interculturales, que ya cuenta con más de un millón de afiliados, así mismo responde a los compromisos sindicales con las organizaciones campesinas, constituidas en la CSUTCB y en la confederación de mujeres campesinas, las conocidas como “bartolinas”; en segundo lugar, ya en un plano político, responde a la continuidad del proyecto capitalista, desarrollista, extractivista, dependiente, otorgándole un carácter popular al proyecto; en tercer lugar, ya en un plano estratégico o geopolítico, el gobierno está supeditado a la irradiación de la política expansionista y hegemónica del Estado brasilero; en cuarto lugar, ya en un plano de las complicaciones de las que no puede zafarse, atado a las herencias de las lógicas de poder persistente, responde a los condicionamientos de las empresas trasnacionales, tanto de los hidrocarburos como de la minería; en quinto lugar, ya en el plan de las nuevas alianzas, responde a los acuerdos

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económicos con la burguesía intermediaria boliviana, los agroindustriales, los soyeros y las mediaciones de los grandes monopolios de las empresas de transgénicos. La presión sobre la frontera agrícola cocalera y colonizadora se da no solo con la benevolencia del gobierno sino en alianza estratégica con los agroindustriales y soyeros, es decir, la burguesía intermediaria. Todos ellos forman parte de la composición social, económica, subjetiva e imaginaria del proyecto desarrollista-extractivista.

Esta situación es vivida, intuida, comprendida y elucidada por las organizaciones indígenas del CIDOB y CONAMAQ. Se comenta el testimonio de uno de los dirigentes del TIPNIS que estuvo en la VIII marcha indígena:

En una entrevista reciente, el dirigente indígena Adolfo Moye ha señalado que, a raíz de la expansión de los cocaleros hacia las comunidades indígenas del TIPNIS, muchas terminaron rodeadas de colonos “…por ejemplo, la comunidad de Santísima Trinidad donde yo vivo junto a 140 familias indígenas mezcladas con algunos colonos, hemos quedado al centro de la zona colonizada y rodeada por cocaleros. En la comunidad Limo, los hermanos del pueblo moxeño yuracaré ahora tienen apenas una hectárea y trabajan como empleados de los colonos. Sus hijos han tenido que migrar a las ciudades capitales para buscar empleo queriendo adoptar otra forma de vida; en muchos pueblos solo quedan los viejitos. Algunas comunidades, como Puerto Patiño e Isiborito, se extinguieron y no sabemos a dónde se fueron esos hermanos…”. (Entrevista en el Foro Social de Asunción9)10.

El testimonio de Adolfo Moye es elocuente; lo que describe es una relación de dominación de los cocaleros y de los colonizadores sobre los indígenas del TIPNIS. Los indígenas no solamente son discriminados y explotados, sino vistos como menos. No se los considera iguales, ni se establece con ellos relaciones de igualdad. Esto ocurre de manera dramática en los lugares de intersección entre comunidades indígenas y colonos; si bien no ocurre lo mismo cuando los dirigentes de las organizaciones indígenas y de las organizaciones campesinas entablan relaciones de organización, de discusión, cuando entablan acuerdos y pactan sobre temas de interés común, pues a este nivel se entiende que no considerarse como iguales sería una muestra insostenible de racismo. No ocurre porque a ese nivel se tiene otra concepción de lo que es ser indígena; somos todos indígenas, aymaras, quischwas, urus, chipayas, guaranís, moxeños, chácobos, chimánes, yuracarés. La diferencia está en que unos somos campesinos y otros conservan la propiedad comunitaria, el ayllu; unos estamos organizados en sindicatos y otros en las formas organizativas propias comunitarias. Este discurso se mantuvo durante parte de la vida del Pacto de Unidad, sobre todo durante el proceso constituyente. Ahora parece desmoronarse este discurso ante la evidencia de las grandes diferencias, discrepancias de concepciones, de intereses y de proyectos. Los dirigentes campesinos se acercan rápidamente a los prejuicios que tienen los campesinos y colonos que habitan los lugares limítrofes con territorios indígenas. Sobre todo ahora, cuando se da el conflicto del TIPNIS, los dirigentes campesinos se apegan más a defender el discurso gubernamental estridentemente descalificador del movimiento indígena en defensa de sus derechos, consagrados por la Constitución. El “bloque popular” se ha roto. Esta descripción me recuerda a lo que ocurría años atrás, cuando era vigente, convocativo e irradiante el proletariado minero; a pesar de su consciencia de clase, de su condición de clase compuesta por el desclasamiento de las otras clases, de clase que debería abolir todas las clases, los mineros mantenían relaciones de dominación, subordinando a las comunidades

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indígenas y campesinas aledañas a los campamentos. ¿Por qué ocurre esto? Se notaba un aire de superioridad; una cosa implica estar ligado al campamento minero, a la explotación de las vetas mineras, a los ingenios, a la organización capitalista del trabajo, y otra cosa significa estar ligado a los ayllus, a las comunidades, donde preponderaban “modos” de producción pre-capitalistas y no-capitalistas. La diferencia estaba dada. Los mineros compartían una ilusión desarrollista y un imaginario modernista, en contraposición de los indígenas y campesinos, que más bien expresaban un apego a otros imaginarios, mas bien animistas. Una de las consecuencias de la modernidad fue esta descalificación de otras formas de vida, de otras formas de cohesión social y de relacionamiento, que no sean las propias de la modernidad.

Las investigaciones y los estudios sociológicos han descrito y han teorizado sobre la transición a la modernidad; el desencanto, la desacralización, la ruptura y quiebre de las comunidades, de las instituciones y estructuras tradicionales, forma parte de las hipótesis iniciales de estos estudios y estos análisis. El paso de la familia extendida y compuesta a la familia nuclear, las migraciones rural-urbanas, la atomización y la individualización, la homogeneización de los comportamientos y las conductas, el disciplinamiento, forman parte de este proceso de modernización, entendida como una dinámica cultural y civilizatoria que pone en suspenso los valores y las instituciones tradicionales; la modernidad entendida como experiencia de la vertiginosidad, sensibilidad estética que expresa esta experiencia como cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, frase de Shakespeare, recogida por Marx11. La historia de la representación de la modernidad es toda una arqueología, comienza con los poetas malditos, quienes le atribuyen características estéticas y lúdicas, haciendo hincapié sobre todo en la experiencia de la vertiginosidad y el suspenso. El concepto es retomado por la sociología y la economía empero de una manera más instrumental y descriptiva, perdiendo sus ribetes poéticos, empezando a adquirir perfiles organizacionales, estructurales, institucionales y de relaciones de mapas definidos de transvaloración y transición modernizadora. Marx y algunas corrientes marxistas retoman el concepto dándole un carácter dialéctico, retomando algunas ideas iniciales de la experiencia de la transformación desbocada. Ya en la etapa de balance habría que contar con el análisis desplegado por Marshall Berman; estudio que intitula precisamente Todo lo sólido se desvanece en el aire12. En las corrientes marxistas teóricas contemporáneas un antecedente de la crítica de la modernidad es el libro de Adorno y Horkheimer titulado Dialéctica del iluminismo13. Quizás sea el análisis más penetrante de la modernidad, a la que caracterizan como iluminismo, que también puede ser retomada como crítica; de lo que se trata entonces es de desplegar una crítica de la crítica, un iluminismo del iluminismo. Ponen en cuestión los mitos de la modernidad, como la idea de progreso y el mito de la historia; también ponen en cuestión la pretensión moderna de dominación de la naturaleza. Queda claro en los autores, que hacen la crítica de la racionalidad instrumental, que no basta hacer una crítica de la economía política, sino que es necesaria y urgente hacer una crítica de la modernidad, matriz histórica y cultural, civilizatoria, en la que emerge y se recicla el capitalismo. Después de ellos, todas las escuelas, corrientes teóricas críticas de la modernidad, son deudoras de la apertura iniciada por la Escuela de Frankfurt. A nosotros nos interesa retomar las críticas de la modernidad en los contextos periféricos del sistema-mundo capitalista, pues nos interesa comprender los fenómenos complejos, abigarrados y heterogéneos que desata la modernización en nuestras regiones y países.

11 La frase aparece en la obra de Shakespeare La Tempestad, Marx, la retoma para caracterizar metafóricamente a la modernidad. 12 Marshall Berman: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Siglo XXI 1994; México. 13 Adorno y Horkheimer: Dialéctica del iluminismo; Trota, Madrid.

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Marshall Berman escribe sobre el modernismo del subdesarrollo y toma en cuenta el caso de San Petersburgo, dice que se trata de modernidades impulsadas desde arriba, por el Estado, el poder; quizás también por algunas élites. Son construcciones titánicas que se enfrentan a los pantanos, es la voluntad de la geometría que termina imponiéndose a la adversidad, a pesar de las inundaciones centenarias. Se trata de espacios modernos pero sin contar con una vida moderna, espacios públicos que no llegan a tener vida pública. ¿Qué es la modernidad en estos lugares insondables? ¿Es una ilusión? ¿Un espejismo? ¿Un fabuloso monumento? Todo lo demás no llega a ser moderno, las instituciones, el manejo de las instituciones, el Estado, la administración del Estado; tampoco las subjetividades. Estamos ante transiciones problemáticas, cuando el pasado no termina de irse, mas bien se queda persistentemente, combinándose con esas proposiciones iluministas de futuro. Se producen composiciones intrincadas que contienen también subjetividades recargadas, que acompañan a comportamientos que moran mundos que cohabitan. René Zabaleta Mercado habla de formaciones abigarradas y Bolívar Echeverría de modernidades barrocas14. ¿Qué es la modernidad en la periferia del sistema-mundo capitalista? Las corrientes hindúes que estudian la subalternidad conciben que mas bien hay que comprender modernidades heterogéneas o la modernidad en su condición heterogénea15.

Ciertamente no se puede hablar del ámbito social del campesinado como si fuera homogéneo; esto desde ya está descartado. Estamos ante un campo complejo y diferencial, cuyos ciclos y articulaciones con el mercado también son variados. En un tiempo se pensó que la campesinización y la re-campesinización formaban parte de procesos de resistencia a la diseminación capitalista. Se mostraban contradicciones de las formaciones campesinas con el mercado, con el capitalismo y con el capital a partir de la tesis de la subsunción formal del trabajo al capital16. En Bolivia se realizaron estudios de la cuestión agraria, sobre todo de las economías campesinas, a partir de su irrupción misma, irrupción que se da desde la expansión de las formas de pequeña propiedad agraria a partir de la reforma agraria de 1953. Se pueden hacer distintas clasificaciones de un abundante material, que llega hasta nuestros días, empero nos interesa, por los límites y las razones implícitas de este ensayo, dibujar grandes campos de análisis. Se puede apreciar que una de las áreas de preocupación, quizás las más economicista, está relacionada con las evaluaciones de la reforma agraria y la búsqueda por reencaminarla; otra área de preocupación es la que tiene que ver con los estudios de caso, con un enfoque sociológico; quizás los más interesantes son los estudios que vienen acompañados de un orientación antropológica, sobre todo por el aporte etnográfico en el análisis de las estructuras y las instituciones involucradas. No podemos dejar de considerar los estudios sobre la estructura agraria y de clases desde una perspectiva marxista, mas bien análisis macros que estudios locales o regionales. Por último, deberíamos considerar un área de trabajos de investigación antropológicas, sociológicas y económicas, de enfoque mas bien integral, que cuestiona las perspectivas anteriores, consideradas estáticas, que no contemplan las dinámicas locales, diferenciales, cíclicas y de estructuras de cambiantes, vinculadas a las estrategias de adaptación a las circunstancias de las formas de organización campesinas. Quizás las más aportadoras a la elucidación y a la inteligibilidad de

14 Ver de Zavaleta Mercado Lo nacional-popular en Bolivia; Amigos del Libro; La Paz. También de Bolívar Echeverría Crítica de la modernidad capitalista; Vicepresidencia del Estado Plurinacional 2011; La Paz.15 Revisar de Partha Chatterjee La nación entiempo heterogéneo. Siglo XXI-CLACSO 2008; Buenos Aires. 16 Roger Bartra ha realizado estudios antropológicos sobre la identidad mexicana; en tanto que Armando Bartra ha realizado estudios sobre las problemáticas que envuelven al mundo campesino e indígena, en parte rescatando sus luchas por la reforma agraria, en parte recuperando la condición de comunidad, pero también mostrando las formas de subsunción formal del trabajo al capital en la que están involucrados sus circuitos.

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la problemática campesina sean estos estudios17. En relación a toda esta arqueología del saber de la cuestión agraria, debemos apreciar sus mapas conceptuales para poder atender con una mirada escrutadora a los recientes desplazamientos de las economías campesinas.

Obviamente lo que se requiere para lograr una comprensión adecuada de lo que ocurre son investigaciones a profundidad y en los distintos espacios de desplazamiento de las formas de organización campesina; empero a falta de estas investigaciones, nos vemos obligados a lanzar algunas hipótesis interpretativas de lo ocurre en la coyuntura crítica del proceso con las economías y formas de organización campesina, sus estrategias y sus circuitos.

Hipótesis

Por más compleja que pueda ser la formación social, económica y cultural campesina, por más diversa y diferencial, por más barroca, combinada, compuesta y entrecruzada en que se encuentre, moviéndose contradictoriamente en transiciones cíclicas, definiendo a veces rutas en espiral y en algunos casos desplazamientos lineales, toda esta complejidad está atravesada por los circuitos del mercado, los circuitos dinerarios, incluso, en menor escala los circuitos financieros, como los relativos al microcrédito; aunque tengamos que aceptar, como lo hicimos en otro tiempo, la presencia alterativa de resistencias, de otras lógicas, otras estrategias y otras racionalidades, el mercado y el desarrollo capitalista juegan un papel gravitante, sobre todo en determinados momentos de alta demanda de monocultivos y de la evidencia de la atracción efectiva de subida de precios. Esta atmósfera de muchos microclimas culturales, imaginarios y de comportamientos, recrea la ilusión de una modernidad barroca, heterogénea, del bienestar, del acceso y del consumo. En momentos de intervención de circuitos de alta rentabilidad y de predisposiciones políticas que los facilitan, los conglomerados sociales campesinos, sus tendencias económicas, tienden a volcarse plenamente a la ilusión del desarrollismo y sobre todo al espejismo de la riqueza fácil. Los núcleos de resistencias, alterativos, alternativos, las racionalidades y estrategias complementarias y cíclicas, tienden a ser inhibidas, ocultadas, desarticuladas, en beneficio de las opciones más comerciales, incluso más perversas de los circuitos dinerarios.

Las resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas se encuentran en las comunidades indígenas-originarias

En momentos de crisis, de desplazamiento social compulsivo hacia las formas más veloces del comercio, incluso del comercio ilícito, del contrabando, de los tráficos perversos, de la economía política del chantaje, los núcleos de resistencias, las posibilidades alterativas y alternativas al curso de las cosas, al dominio del capitalismo, incluyendo sus formas salvajes, se encuentra en las comunidades indígenas, como los ayllus, en tierras altas, y las formas comunitarias en reconstitución, en tierras bajas. Las otras racionalidades, sobre todo complementarias, las otras estrategias, sobe todo rotativas, cíclicas y en reciprocidad, tejiendo equilibrios y armonizaciones territoriales, se encuentran en estas formas comunitarias, en sus formas de organización, de cohesión, de convocatoria y de correspondencia territorial, se encuentran en la actualización y reconstitución de sus instituciones ancestrales. Esta disposición a la resistencia, esta reterritorialización, se hace evidente en la coyuntura crítica del proceso, cuando el gobierno, las organizaciones

17 Revisar de Alison Spedding Kawsachun coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapare. PIEB 2004; La paz.

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campesinas, aliados a la burguesía intermediaria, a los agroindustriales, a los soyeros y las mediaciones que usan los transgénicos, añadiendo a los banqueros y los compromisos con el IIRSA y el proyecto hegemónico brasilero, se proponen ampliar estrepitosamente la frontera agrícola, atentando contra los bosques, los territorios indígenas, los parques, las áreas protegidas, a cualquier costo. La marcha indígena por la defensa del TIPNIS es una clara muestra de la voluntad política de las organizaciones indígenas, del CIDOB y del CONAMAQ, por detener el avasallamiento, la compulsión desarrollista-extractivista apegada a la ilusión modernista de consumo y de riqueza.

¿Quién ha decidido la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS?

¿Se han consultado a las comunidades que habitan el TIPNIS, como exige la Constitución? ¿Es el pueblo boliviano el que ha aprobado la construcción de esa carretera? Si el 64% del pueblo ha aprobado la Constitución, al aprobarla ha prohibido una acción como esta de atravesar un Territorio Indígena y un Parque. ¿Quiénes entonces han decidido? Obviamente se decidió en otro lugar, donde siempre se ha decidido la suerte de nuestros países, en los grandes acuerdos de los gobiernos coaligados con intereses de las empresas trasnacionales. La suerte de la Amazonia se decidió, primero cuando la construcción de la carretera que atraviesa la Amazonia brasilera se dio lugar en base a la estrategia de la dictadura militar brasilera de entonces (1964-1985). Segundo, cuando el presidente Fernando Cardozo convocó a los presidentes de los gobiernos de Sud América para acordar el proyecto IIRSA (2000). Tercero, cuando el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva comprometió al presidente boliviano Evo Morales Ayma en la construcción de la carretera que conecta Villa Tunari con San Ignacio de Moxos (2009), atravesando el TIPNIS, comprometiendo un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y condicionando que la construcción la efectúe una empresa brasilera OAS, saltando los procedimientos regulares de las normas de contratación de bienes y servicios. Se puede decir que esta es la crónica de una muerte anunciada, la del ecosistema que comprende el TIPNIS, si es que no se detiene este proyecto que podemos calificar como un ecocidio y etnocidio. En realidad el destino de parte de la Amazonia, la que comprende al Territorio Indígena y Parque Isiboiro-Sécure, se está decidiendo ahora, en la batalla por el TIPNIS, con el esfuerzo y sacrificio de los marchistas que defienden los derechos de la Madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno ha decidido defender los intereses de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y de todos los sectores del país que apuestan por la ilusión desarrollista, la destrucción extractivista, y la reiteración inaudita de la dependencia; hablamos de la burguesía intermediaria boliviana y los estratos campesinos más apegados a las formas del capitalismo depredador, comprendiendo la desforestación y el monocultivo.

Viendo de esta forma las cosas, la decisión no es democrática, es despótica y acordada con las estructuras de poder del orden de dominación mundial y regional. Todos los discursos que se han empleado para camuflar la razones de esta decisión, todo los recursos represivos que se emplean para disuadir a los marchistas, no hace otra cosa que develar los grandes intereses comprometidos en tamaña acción y la supeditación del gobierno a estos intereses. Lo que se

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ha dicho sobre los marchistas, sobre los dirigentes indígenas, no es otra cosa que una muestra patética de los métodos y procedimientos más perversos que puede utilizar el Estado-nación en contra de las naciones y pueblos indígenas y una movilización que exige el cumplimiento de la Constitución. Como se puede ver se ha ido muy lejos, se ha llegado incluso a una situación de enfrentamiento entre colonizadores e indígenas. Una y otra vez, en los distintos diálogos, sin ninguna voluntad del gobierno a cambiar, los ministros han reiterado un solo argumento obsesivo: No hay alternativa, sólo hay un trazo posible, el que atraviese el TIPNIS, esto ya se ha decidido. ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué la realidad se reduce a esto? ¿A la lógica irremediable del poder? ¿Qué la historia no cambia? ¿Qué los poderosos son los que deciden? ¿Qué fue un sueño lo planteado por los movimientos sociales y las naciones y pueblos indígenas originarios, un sueño recogido por la Constitución? ¿Qué la realidad real va seguir siendo la misma a pesar de los sacrificios, las luchas y los procesos constituyentes? ¿Qué la llegada al gobierno de un presidente con raíces indígenas no es más que una nueva forma de legitimación de los mismo, de las estructuras de poder establecidas y de los ciclos irreversibles del capitalismo?

Este fatalismo no expresa otra cosa que el punto de vista de la dominación; ni más, ni menos. No es aceptable y es incluso insostenible el querer reducir la realidad a los efectos del poder. Cuando los imaginarios son dominados por el poder, cuando el poder se recrea en ellos, cuando los imaginarios reviven ilusiones, como las del desarrollismo y la modernidad, ilusiones que ocultan la producción incesante de las desigualdades, entonces la realidad se reducen a los límites de las representaciones sociales sometidas, lo que se llamaba en otro tiempo ideología. En estos casos la representación no es otra cosa que la repetición del discurso dominante y también una re-presión de los impulsos emancipadores. El gobierno, los discursos transmitidos, sus actos violentos y represivos, muestran el decurso de este itinerario de la gubernamentalidad liberal, la misma que no ha cambiado, a pesar del proceso constituyente. Esta es la elocuencia de del monopolio de la violencia y de la legitimidad de la violencia. ¿Qué se puede hacer frente a esta concurrencia avasalladora de la maquinaria estatal, de una maquinaria al servicio de las dominaciones polimorfas y de las formas del capital? El recurso de los explotados, de los pueblos, de las naciones oprimidas, ha sido la lucha permanente, constante, perseverante. Comienza con las resistencias, después continúa con las acciones directas emancipadoras; todo esto está atravesado por la creación de otros imaginarios, por la imaginación y el imaginario radical, creativos de la perspectiva de otras realidades, más ricas y complejas, por la apertura de la realidad al campo de sus posibilidades; también podríamos interpretar esto desde la sociología de las ausencias, desde la sociología de las emergencias, desde la ecología de los saberes, desde la ecología de las temporalidades, como configura Boaventura de Sousa Santos. Las organizaciones indígenas originarias, las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS, no hacen otra cosa que recurrir a estas tradiciones de luchas de los explotados, dominados, discriminados. Que este enfrentamiento se dé ahora desafiando al proyecto extractivista de un gobierno que se llama popular se explica por la combinación de la lógica del poder cristalizada en la maquinaria estatal y la lógica de la acumulación de capital. Frente a esta racionalidad instrumental y racionalidad diagramática de las fuerzas se oponen racionalidades alternativas, las racionalidades de las resistencias que se convierten en racionalidades emancipatorias. La lucha de los indígenas del TIPNIS y de las organizaciones indígenas originarias es una lucha que compromete el destino de la mayoría de los bolivianos y

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bolivianas, que apostaron a lo largo de sus luchas y en el proceso constituyente por un mundo alternativo.

No sabemos exactamente lo que va a pasar, a pesar de que el panorama se pinta, debido a la correlación de fuerzas, desalentador y dramático. Se presenta como que el gobierno terminará imponiendo la voluntad de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y los estratos sociales que apuestan por la continuidad del modelo extractivista y la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, en esta coyuntura difícil, no se puede hacer otra cosa que apostar a lo que parece improbable, apostar a lo que parece imposible, apostar por revertir la situación adversa, apostar por detener la marcha fatal de los acontecimientos. En esta apuesta, en esta habilidad, en esta creatividad e ingenio, radica la invención de la política y la invención de la historia como utopía en permanente realización.

La lucha de los indígenas del TIPNIS, de las organizaciones indígenas, no puede quedar aislada, tiene que ser acompañada por todos y todas las que sienten y presienten que es posible otro mundo alternativo, que la realidad es más rica y completa que la reducida imagen que de ella da el poder. Esta lucha es acompañada por otros movimientos y pueblos del mundo que enfrentan a la dominación actualizada del capitalismo.

Las formas de la manipulación

Hay que prestar mucha atención a ciertas formas del uso del poder que tienen que ver directamente con lo que llamamos la manipulación18, es decir, a la forma cómo se quiere forzar e inducir para lograr los objetivos establecidos. Sobre todo llama la atención el manejo de la gente, el manejo de la opinión pública, el manejo de las instituciones y de las organizaciones, el manejo de la información, el manejo de los conflictos. Se interviene impúdicamente para convencer y conducir a la gente, para influir en sus conductas; se maneja la propaganda, la publicidad, la comunicación para mostrar una imagen de la realidad de acuerdo al espejo del poder. El poder se mira en lo que informa y lo que expresa termina siendo la imagen del espejo, es allí donde se legitima y ratifica el poder. Se manejan las instituciones como dispositivos de poder; aunque toda institución es un dispositivo de poder, lo que hace a la manipulación es el uso forzado que se hace de las instituciones, buscando alcanzar otros fines, distintos a las finalidades normativas. En el caso de las organizaciones, estas son cooptadas en la perspectiva de los fines extra-organizacionales impuestos. Se maneja la información como herramienta de propaganda, como una extensión de los alcances y el cumplimiento del gobierno. Quizás lo más grave pasa con el manejo de los conflictos; lo primero que se hace es ignorarlos, después se los descalifica, si avanza el conflicto, se intenta cooptar y dividir a las organizaciones involucradas en la demanda; por este camino se termina optando por los medios de disuasión y represivos. También se puede pretender arreglar con los grupos más vulnerables y dóciles del conflicto, como lo que ocurre ahora en lo que respecta al conflicto del TIPNIS. No se quiere atender ni dialogar seriamente, solo se transmite la decisión antelada, la crónica de la muerta anunciada del territorio y del parque, empero se manipula montando una escenificación en una comunidad, la de Santo Domingo, donde habitan un grupo de familias

18 José Luis VEGA CARBALLO dice que: Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. Revisar Manipulación, del citado autor; Comunidades.

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indígenas, ahora invadida por visitantes del tramo tres de la carretera Villa Tunaría-San Ignacio de Moxos, quienes no habitan el TIPNIS, para aparentar multitud y hacer creer que se conversa y se consulta con las comunidades asentadas en el TIPNIS.

A propósito de la temática de la manipulación, José Luis Vega Carballo dice

Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. Se presenta en cualquier relación social o campo de la actividad humana, donde la parte dominante se impone a otras en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la situación en que se encuentran. Aunque la imposición de cualquier curso de acción tiene siempre consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de la interacción social manipulada, no hay manera de que las partes afectadas puedan vislumbrarlas anticipadamente, tampoco analizarlas y menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como hechos consumados.

La manipulación es un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. El poder se ejerce decía Michel Foucault, no es una propiedad, no es una sustancia, no es una ideología; diríamos que se trata de relación de fuerzas, una fuerza que afecta y otra fuerza afectada, una fuerza que hace de función de poder, otra fuerza que hace de materia de poder. La manipulación se basa en relaciones de poder que buscan afectar conductas y comportamientos, como toda relación de poder, pero que recurre en este caso al engaño, a la distorsión, al chantaje, a la presión, al encubrimiento, al montaje, al teatro, pero también a sutiles mecanismos y deslizamientos de la violencia, que tienen una particularidad cuando se trata del Estado y de sus formas de gobierno.

Llama la atención la reiteración desembozada de las formas de manipulación de un gobierno que se dice indígena y popular, más aún que se concibe como gobierno de los movimientos sociales, de acuerdo a las expresiones rimbombantes del Vicepresidente. En los conflictos con las organizaciones indígenas, particularmente en lo que ocurre con el conflicto del TIPNIS, ha desplegado de manera abierta todas las artes de la política vulgar, la astucia “criolla”, como decimos popularmente, adelantándose a las consecuencias de la construcción de la carretera; la maniobra se muestra patentemente cuando se hace tres trazos de la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, buscando eludir el estudio de impacto ambiental, sobre todo en lo que respecta al Territorio Indígena y al Parque. La anticipación no consultada también se hace evidente cuando se acuerda con el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva la construcción de la carretera, financiada en gran parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil (2008-2009); en este acuerdo se establece el compromiso fuera de normas de que la construcción de la carretera queda a cargo de la empresa constructora brasilera OAS. Esta forma de comportamiento sinuoso y callado, toda esta actitud velada preveía conflictos, por eso se adelantó a los hechos, encubriendo los acuerdos y convenios antelados. Cuando estalla el conflicto del TIPNIS la respuesta es escabrosa; primero se confronta internamente al entonces Viceministro de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Juan Pablo Ramos, quien no quería firmar la ficha ambiental justamente del tramo II, que pasa por el TIPNIS; segundo se oculta la información y se miente a la opinión pública acerca del estado de la cuestión de esta carretera; tercero se dice que no hay trazo del segundo tramo; cuarto, cuando se desprende la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, se descalifica a las organizaciones indígenas acusándolas de estar en contacto con la Embajada norteamericana, insinuando que esta marcha ha sido preparada por agentes de la embajada, volviendo a acusar a USAID por enésima vez de estar fomentando la marcha indígena; también se acusa a un conjunto fantasmagórico de ONGs de estar involucradas en la conspiración. Cuando la marcha se acerca

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a San Ignacio-de Moxos, altos personeros de gobierno van a azuzar a los pobladores para que se levanten contra los indígenas de la marcha. Si bien no consiguen esto, lo que logran es que no se les dé alojamiento, comida ni agua. Cuando la marcha se aproxima a Yucumo, se movilizan a colonizadores, cocaleros, policías e incluso la ABC para impedir el paso de la marcha pacífica, bloqueando a la marcha en esta localidad comercial. Cuando la marcha consigue apoyo internacional y del país, movilizando a múltiples grupos de jóvenes, a la organización de regantes, a la federación de estudiantes de la ciudad de El Alto, a mineros e incluso a organizaciones de la ciudad de El Alto, como la conocida Coordinadora por la Dignidad de la Ciudad de El Alto, cuando es patente su contradicción en relación a la consulta previa libre e informada, consulta que exige la Constitución, buscan dividir a las comunidades del TIPNIS; todo esto sin responder a la demanda de los marchista. Se opta entonces por el teatro político, se hace el montaje de un escenario grotesco de una reunión manipulada en la comunidad de Santo Domingo, llevando gente del tramo III, que habita fuera del TIPNIS. El presidente va a esa comunidad y efectúa una tertulia improvisada con los supuestos comunarios, reunión que es transmitida por la radio emisora oficial Patria Nueva.

El comportamiento del gobierno en todo el conflicto del TIPNIS devela descarnadamente el sentido de las políticas gubernamentales en relación al medio ambiente, a la ecología, a los parques y territorios indígenas, en relación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, en relación también al modelo heredado, el extractivismo, incluyendo a la ampliación de la frontera agrícola y la desforestación, así mismo devela el sentido de las políticas en relación a la coca y la cocaína. Pero, sobre todo, devela la constante recurrencia del procedimiento más apreciado por los funcionarios en su relacionamiento con la sociedad, los pueblos y las organizaciones, este expediente es el de la múltiple manipulación abierta y desembozada. ¿Por qué recurre a esta maniobra? ¿Qué expresa esta recurrencia? ¿Una gran debilidad, una gran vulnerabilidad, una descomposición? José Luis Vega Carballo, el autor citado sobre la definición de manipulación, dice que:

Pero aún allí, en momentos de crisis de consenso, cuando se ponen en entredicho la legalidad y legitimidad del régimen, los dirigentes terminan apostando a la manipulación para controlar las reacciones de los dominados. Surgen distintas fórmulas para encubrir decisiones de emergencia, desde los discursos efectistas hasta los despliegues de propaganda, tácticamente destinados a compensar la carencia de argumentos capaces de persuadir a las masas y mantenerlas leales al régimen. Cuanto más avance la desestabilización y se aproxime la posible subversión violenta del régimen, es mayor la frecuencia con que se aplican dosis variables de manipuleo con represión, incluyendo las llamadas “cortinas de humo”, cuyo propósito es distraer la atención de los subordinados para apartarla de los verdaderos problemas que la dirigencia no puede resolver.

La recurrencia a la manipulación parece aumentar cuando hay crisis de consenso. Desde esta perspectiva vendría a ser algo que sustituye al consenso o cuando falta consenso se recurre más a la manipulación. Este procedimiento de maniobra vendría a ser un síntoma de la crisis de consenso, que también significa una crisis de credibilidad; la pérdida de confianza también generaría el incremento del uso de la manipulación. Esta tesis podría llevarnos a pensar en una relación inversamente proporcional, pero no es así, pues la variedad de los recursos, dispositivos y agenciamientos de poder más bien presentan un mapa de combinaciones complejo, que se da de una determinada manera, dependiendo de las coyunturas y los contextos. Incluso cuando hay consenso los gobiernos no dejan de recurrir a tácticas de maniobra. Se trata de procedimientos altamente extendidos, diversos, recurrentes, no sólo por gobiernos sino instituciones, también en las relaciones de grupos, así como en las relaciones

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interpersonales. Pero, en el caso que nos interesa, la manipulación política, muestra los secretos engranajes de las formas de poder y de los entretelones gubernamentales. Se trata de un procedimiento no democrático y mucho menos participativo, en todo caso tampoco transparente. Se da cuando se tienen finalidades establecidas, las mismas que no quieren ni deben discutirse, de acuerdo a los criterios de los “diseñadores” de las finalidades; estas tienen que ejecutarse, para su cumplimiento se usan todos los medios al alcance, incluyendo preponderantemente los que tienen que ver con la manipulación. En este caso las finalidades son como ordenes; se hace creer a los participantes que se está discutiendo, que se está tomando en serio el debate, la demanda, la reivindicación, las propuestas alternativas, aunque en realidad este dialogo sólo sirva para legitimar lo ya decidido, el cumplimiento de finalidades políticas.

Esta manera de proceder nos muestra también una percepción bastante esquemática de los gobernantes, que se resume en el creer que los otros, los interlocutores, la opinión pública, son manejables. Esta percepción expresa una sobreestimación extrema de las posibilidades del gobierno y una desvalorización también extrema de los otros, de los interlocutores, del auditórium, de la opinión pública. Hay más de una sorpresa cuando los gobernantes se enfrentan a resistencias, a obstáculos, a conductas no manejables ni manipulables, que responden a criterios formados sobre los temas en debate. Lo sorprendente es que en vez de corregir este comportamiento gubernamental, generalmente los gobernantes insisten como en una terca persistencia en estos métodos, aunque estos métodos pueden llevar ineludiblemente a la confrontación. ¿Por qué? Hay una especie de extensión estimativa de los microclimas institucionales gubernamentales a la sociedad. Se espera que de la misma manera que se obedece en las instituciones, las sociedades deban hacerlo. Hay un presupuesto de disciplina generalizada, que obviamente no se cumple en la realidad. No se considera para nada los propios raciocinios de la sociedad, de los grupos, de las organizaciones, de los movimientos. Lo que cuenta es la estrategia diseñada o supuestamente diseñada, las finalidades establecidas; lo demás es objeto, es materia de poder, es manipulable.

De este modo podemos decir que la manipulación dibuja una psicología especial de los gobernantes, de la clase política; se sienten inmunes, se instala un egocentrismo que da lugar a una sensación de que se es todo poderoso, una distancia cualitativa los separa de los mortales. Esta percepción es alimentada por los propios funcionarios que rodean como cortes modernas a los ejecutivos. La ceremonialidad del poder, la adulación constante, la información seleccionada, terminan convenciendo a los que toman decisiones de que es así, que los que gobiernan tienen el sartén por el mango, que sus decisiones son indiscutibles. Muchos de estos escenarios, de estos montajes políticos, son construcciones de los subalternos inmediatos, que quieren ganar puntos. La manipulación termina entrampando a todos, como en un círculo vicioso; no convence, no disuade, y termina echando leña al fuego, incrementando la intensidad del conflicto.

El autor citado continúa con la contrastación de la manipulación, escribe:

Si para un uso racional, persuasivo y legítimo del poder –es decir, la dominación según Max Weber–, se requiere comúnmente la transparencia y una conciencia relativamente lúcida acerca de los intereses en juego, la manipulación se ubica en la esfera opuesta. Al rechazar la transparencia, la argumentación y la persuasión –procesos que en la democracia se aplican para llegar al consenso–, los manipuladores, en su maquiavelismo, apelan a las dimensiones instintivas de la mente individual y colectiva, a impulsos inconscientes, a deseos y aspiraciones insatisfechas, a dependencias emocionales y pasionales de la conducta individual o de masas. Se esmeran por provocar reacciones impremeditadas que

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no requieran la aquiescencia ni el raciocinio, por obviar discursos que justifiquen las pretensiones de dominio, por evitar todo recurso metódico de justificación y convencimiento.

Descartando esa personalización de los manipuladores y de su supuesto maquiavelismo, pues no se trata de caer en la individualización, como si la manipulación fuera un atributo de ciertas personas, inclinadas a ello, y el maquiavelismo un plan antelado, una conspiración inherente. Este maquiavelismo, que proviene de la lectura francesa de la época de Nicolás Maquiavelo, interpretación segada por cierto, que ha reducido las tesis de Maquiavelo a la caricatura de proposición que se expresa en la frase popularizada de que los fines justifican los medios, convirtiendo a Maquiavelo en un teórico de las conspiraciones, las artimañas, las astucias y las intrigas. Lectura que no comprende la estructura, el contenido y el núcleo de la teoría de Nicolás Maquiavelo que tiene que ver con la figura del príncipe como articulador de la voluntad nacional. Dejemos entonces de lado esta apreciación del autor para concentrarnos en sus definiciones sobre la manipulación. Se concibe un aire irracional en el ejercicio de la manipulación; ¿esto es sostenible? Depende cómo concibamos la razón y la racionalidad; si aparece como un discurso iluminista, que exige argumentación y justificación, reducimos la razón a su forma lógica e instrumental; en cambio sí ampliamos el uso de la razón a la elaboración de juicios, entendidos como la adecuación de los medios a los fines, nos abrimos a múltiples formas de la razón y de la racionalidad. La manipulación no está exenta de una forma de racionalidad ligada a la astucia; no se trata en este caso de pretensiones de verdad y de validez. No estamos en el terreno de la acción comunicativa ni de sus racionalidades desplegadas, estamos mas bien en los espacios de las formas de violencia, en los mapas de la dominación, aunque esta violencia y esta dominación tenga que hacerse discursiva. En todo caso estamos ante pretensiones de logro, de ejecución, pretensiones de dominación. El uso de los discursos en la manipulación no pretenden convencer de la verdad expuesta, al contrario son usados para engañar. Entonces las formas de la manipulación tienen que ver con las formas de la dominación; por eso no es un mecanismo democrático, puesto que la democracia en sentido pleno suspende los mecanismos de la dominación. El uso recurrente de la manipulación caracteriza el perfil de los estados y gobiernos que la ejercen. No se trata de estados democráticos en pleno sentido de la palabra, que deberían ser más participativos que representativos, sino de maquinarias, instrumentos, estrategias gubernamentales al servicio de la dominación. No se trata entonces de un proyecto emancipatorio sino de un proyecto de poder. Esto es importante a la hora de caracterizar al Estado-nación boliviano y al gobierno popular. Ciertamente lo que debería ser un proyecto emancipatorio, pues arranca de las luchas sociales, de los movimientos sociales, de la guerra anticolonial y descolonizadora, termina siendo otro proyecto de dominación. ¿De quienes es esta dominación? No es una pregunta fácil en una transición que debería ser de transformación y resulta mas bien de restauración.

Al respecto, en relación a esta pregunta, que tiene que ver con la estructura de poder, pero también con la estructura de clases, asentadas ambas en la matriz y estructuras coloniales, vamos desplegar una hipótesis de interpretación.

Después de la movilización prolongada (2000-2005) nos encontramos ante dos gestiones de gobierno popular y un proceso constituyente, ambos contradictorios, que expresan de manera dramática las contradicciones inherentes de los proyectos políticos congénitos que nacen como producto de la movilización; uno de ellos es el proyecto político que expresa la transición descolonizadora hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva de conformar una economía social y comunitaria que apunta al modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; el otro modelo está encaminado claramente a la continuidad expansiva e intensiva del estándar capitalista dependiente periférico basado en el extractivismo compulsivo; modelo que se sostiene en la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. Ambos modelos son opuestos, contradictorios y antagónicos. El primer modelo

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alternativo ha quedado transcrito en la Constitución política del Estado, el segundo modelo vigente es el que efectivamente se realiza desde el Estado y desde el gobierno. El primer modelo ha quedado como un ideal y el segundo modelo es el realmente implantado. El primer modelo es defendido por las naciones y pueblos indígenas originarios, por sus organizaciones matriciales, de tierras altas y de tierras bajas; el segundo modelo es el asumido por el gobierno, por el MAS, por las organizaciones campesinas, colonizadoras y cocaleras, en alianza ahora con la burguesía intermediaria boliviana, banqueros, empresarios, agroindustriales, soyeros, terratenientes, apoyados en este trámite por las empresas trasnacionales mineras, hidrocarburíferas, las empresas constructoras, el gobierno brasilero, en el contexto de reacomodo de la estructura de la geopolítica del sistema mundo capitalista.

Tomando en cuenta este panorama, ¿qué sucede en la transición? Concurre la reorganización de la composición de la burguesía intermediaria boliviana; campesinos ricos, colonizadores ricos, cocaleros ricos ingresan a formar parte de esta nueva composición de la burguesía, conjuntamente con los comerciantes; algunos de ellos se introducen en su condición de dirigentes o ex dirigentes, al formar parte de la nueva clase política. Las formas de esta recomposición burguesa no son distintos al de las otras y anteriores composiciones de la burguesía, procedimientos de despojamiento, de apropiación, incluso de trafico de tierras y circuitos de influencias. Obviamente no son todos los campesinos, todos los colonizadores ni todos los cocaleros los que ingresan a formar parte de esta nueva burguesía, como en la genealogía de las burguesías, se forman estructuras piramidales, la gran masa social queda en la base piramidal y son determinados grupos pujantes y agresivos los que terminan ocupando el sitio de la cúspide. Empero, como se comparte la ilusión desarrollista y el imaginero modernista, creyendo que el logro de la riqueza está al alcance de todos, el conjunto social cree que puede acceder y se embarga en un proyecto que obviamente va a recrear las desigualdades.

En este mapa social, ¿qué papel juegan los obreros? Si nos guiamos por el último el XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, vamos a ver que el proletariado minero retoma la Tesis de Pulacayo, la tesis de transición al socialismo, bajo la caracterización de un país de capitalismo atrasado y dependiente. Vuelven a plantear la alianza obrero campesina, bajo la dirección del proletariado en la perspectiva de la revolución socialista. ¿Dónde entra este planteamiento en el antagonismo que plantean los dos modelos mencionados anteriormente? ¿La propuesta minera se acerca más a la modernidad, al desarrollismo, al extractivismo o la propuesta obrera se acerca al modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo? Este es un problema que tiene que resolver el proletariado minero, que tienen que resolver los obreros, en el contexto de las luchas y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos, que confrontan al capitalismo no solo en lo que respecta a la explotación de la fuerza de trabajo sino por en lo que respecta a la explotación y dominación de la naturaleza. Ya no es el contexto ni la coyuntura histórica del momento de aprobación de la Tesis de Pulacayo, este momento, el actual, es de una lucha contra el capitalismo en defensa de la Madre Tierra, que es el nombre que se usa para referirse a los componentes y ciclos vitales integrados de la vida, en toda su biodiversidad, comprendiendo su ecología y ecosistemas.

La hipótesis interpretativa se resume a que hay una nueva composición de la burguesía de la que forman parte los campesinos ricos, los colonizadores ricos y los cocaleros ricos. Esta nueva composición en articulación con los estratos heredados de lo que fue la burguesía intermediaria, ejerce el dominio sobre las naciones y pueblos indígenas originarios y el proletariado, que tiene cada vez más características nómadas. Esta nueva burguesía todavía no tiene un discurso propio o adoptado, como en el caso de la burguesía liberal o el caso del proyecto de burguesía nacional, en uno caso el discurso era liberal y en el otro caso el discurso

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era nacionalista. El discurso Constitucional, por el Estado plurinacional, comunitario y autonómico no les sirve, menos el discurso del vivir bien, pues entra rápidamente en contradicción con sus propias acciones. Por eso se han convertido en escenas cada vez más grotescas los montajes políticos del gobierno; el discurso no coincide con la práctica. Esta nueva burguesía se ve impelida a elaborar otro discurso acorde a su transición restauradora. Por el momento no hay tal cosa, lo que hay es una recurrencia desesperada a las formas polimorfas de la violencia, desconociendo los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.

Teniendo en cuenta esta lectura de la transición podemos entender mejor el requerimiento recurrente a las formas de la manipulación como parte de las formas de violencia, como parte de las formas de dominación. De las tácticas y estrategias, de las herramientas e instrumentos políticos, de las formas discursivas, es uno de los mejores procedimientos que tienen a su alcance para implementar el proyecto de continuidad capitalista y extractivista. El problema es que los pueblos no son manejables ni manipulables, son resistencias que hay que vencer, el esquematismo ingenuo de los gobernantes que recurren a la manipulación no comprende la compleja realidad social, política, económica y cultura. Tiene enfrente un gran obstáculo para la realización de su proyecto, la Constitución, el horizonte abierto pluralista, los saberes y la politización de los pueblos.

De contradicciones y confusiones del proceso

En rigor hay profundas contradicciones en el proceso de transformaciones, lo que se nombraría antes, desde la perspectiva de las grandes narratividades, como proceso “revolucionario”; aunque la concepción de transformaciones y la de “revolucionario” tiene connotaciones distintas. El siglo XX se abre a proyectos ultimatistas, por lo tanto es concebible en ese terreno un imaginario revolucionario; en cambio el siglo XXI comienza a complejizar y relativizar esos proyectos políticos y sociales, concibe paradójicamente un más allá de la modernidad, que deberíamos entenderlo, usando la jerga, como más “revolucionario”, pues atraviesa los límites mismos de la civilización moderna, empero concibe esta trascendencia desde un pluralismo, también desde la complejidad, a su vez pensando transformaciones pluralistas. Bueno, en todo caso, distinguiendo estas diferencias imaginarias y discursivas, podemos comprender que tanto los procesos “revolucionarios” como los procesos de transformación anidan grandes contradicciones, que no se pueden eludir con discursos ni con ideologías, si todavía podemos hablar así como de una consciencia falsa o, mejor dicho, desde un discurso de legitimación del poder.

El proceso mismo conlleva una carga fuerte de herencias que no solo obstaculizan el cambio sino que definen otras proyecciones. Uno de los temas que es urgente abordar es el que tiene que ver con la diferencia entre dominación y emancipación. El problema es que grupos importantes de “revolucionarios”, también de los sectores que los acompañan, creen que la liberación tiene que ver con la dominación. Lo mismo sucede en los procesos de transformación; estratos, sectores importantes, que acompañan el proceso de cambio, creen que de lo que se trata es de sustituir una dominación por otra. Se perdió de la comprensión que las luchas sociales anticapitalistas tienen que ver fundamentalmente con proyectos emancipatorios, por lo tanto de liberación de las dominaciones y de las formas de explotación. Que la emancipación involucra, en primer lugar a los explotados y discriminados, pero también

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abarca a todos, que de lo que se trata es de liberarse de las formas de dominación y de las formas de explotación, poner en suspenso los engranajes de la dominación, ofrecer emancipaciones a todos los involucrados, irradiar el proceso de liberalización múltiple. Asistimos pues a una contradicción profunda en este sentido. Llamaremos a esta una confusión en los imaginarios, discursos y prácticas de estratos y sectores que mas bien manifiestan sus recónditas dominaciones cristalizadas, que ahora las quieren hacer funcionar dominando a otros, explotando a otros, que generalmente son otra vez los más débiles y vulnerables.

Vinculada a esta confusión sobre la interpretación del proyecto inherente al proceso, se encuentra otra. Algunos o muchos de los dirigentes involucrados con estos estratos y sectores que acompañan al proceso creen que de los que se trata ahora es hacerse ricos. Esta es la reducción más pedestre del proyecto; es la imagen del amo, del patrón, la que da curso a esta ilusión. Ser libre es ser rico, sustituir al amo en su papel. Este logro ciertamente es más reductivo, pues no todos pueden acceder a la riqueza, aunque esta se la obtenga por procedimientos rápidos y fáciles. Solo acceden unos cuantos, empero se forma una atmósfera que ilusiona a todos y todos caen ávidamente en la ilusión de la disponibilidad monetaria. Por este camino se reproducen redes, circuitos, compromisos, lealtades, muy parecidas a las que había antes y atravesaban informalmente las gestiones de gobierno y las gestiones económicas. Se puede comprender entonces que un proceso que comienza con mucha expectativa, entusiasmo, esperanza, ungido de plena legitimidad, termina entrampándose por las rutas prácticas que ocasionan estas herencias y estas confusiones.

El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia estas contradicciones y confusiones. Es probable que el gobierno haya creído que aprobar una Constitución, que define al Estado como plurinacional comunitario y autonómico, era nada más y nada menos que un discurso de legitimación del gobierno, no era otra cosa que un texto constitucional, que no iba a tener más consecuencias sino en la propaganda y en la publicidad, sobre todo internacional. Que no iba a comprometer al gobierno en transformaciones institucionales, en transformaciones estructurales, en la perspectiva de la fundación de otra forma de Estado, con otra composición y otra estructura, que, en espera que no pase nada, ni nada se comprometa, ni se esté obligado a nada, podía mantener el mismo Estado dándole un barniz discursivo plurinacional e intercultural. Pero, si es así, el gobierno se equivoca, pues una Constitución es un mandato, sobre todo cuando ésta es resultado de las luchas sociales, de los movimientos antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios. Se equivoca, pues en la medida que no realiza los actos fundacionales, no elabora las leyes fundacionales, no hace las transformaciones institucionales, como crear el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones, entra en flagrantes contradicciones que ponen en evidencia su vocación no sólo reformista sino restauradora.

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Esto mismo ocurre con el discurso del vivir bien y la madre tierra; el gobierno ha creído que hablar del vivir bien era como un discurso moral que había que plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no tenía mayores consecuencia en las lógicas y estructuras de la planificación, cuando ésta ya debería ser integral y participativa. Por eso continuó siendo un plan economicista y desarrollista, aunque amarrado a objetivos democráticos y solidarios. Tampoco se inmutó ante la siguiente contradicción, que la continuidad del extractivismo minero e hidrocarburífera entraba en contradicción con la defensa de la madre tierra, discurso principalmente internacional, sobre todo cuando se da la presencia de Bolivia en las Cumbres de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático. Se creyó que era un planteamiento político para enrostrarle la cara a los representantes del capitalismo en estos foros, pero no se creyó que también era indispensable ser consecuente en el país. El extremo se llevó a cabo en Tiquipaya, con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, pues en esta Conferencia se llegaron a unas resoluciones que iban lejos, como definir el vivir bien como un modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como el prohibir la exploración y explotación en los bosques, como la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas, en conjunto la defensa de la vida, es decir, de la madre tierra; además de llamar a formar una internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra en contra del capitalismo. Estas resoluciones fueron firmadas por los países del ALBA y obviamente por Bolivia, y no les perturbó para nada a los gobiernos firmantes el hecho de que estas resoluciones ya eran vinculantes. Posiblemente ni se dieron cuenta o dejaron pasar las circunstancias de manera desapercibida. Incluso se dio un hecho anecdótico a propósito; el embajador de Uruguay leyó la carta del escritor Eduardo Galeano donde se disculpaba por su inasistencia al evento; en la carta se decía que no estaba de acuerdo con la inflamación de las palabras, haciendo una clara alusión crítica a los escenarios y teatros políticos, a los sobrevuelos discursivos. Empero, cuando se escuchaba la lectura de la carta, el comportamiento oficial y de los organizadores del evento era como si no entendieran lo que se leía.

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Las contradicciones llegaron a dos extremos críticos, uno es la crisis del gasolinazo, donde se develó el contenido práctico de la política económica, basada en el supuesto del equilibrio macroeconómico y completamente monetarista. La medida de shock no hacía otra cosa que repetir los métodos de los gobiernos liberales, transfiriendo al pueblo los costos de estas políticas de equilibrio y monetaristas. También se develó que las políticas hidrocarburíferas, sobre todo el control técnico, seguía en manos de las empresas trasnacionales, sobre todo de REPSOL y de PETROBRAS, empresas que exigían la descongelación de precios en el mercado interno, para convertir atractiva la inversión en exploración, explotación, construcción de plantas separadoras, refinerías e incluso industrialización. El argumento del gobierno fue que se subvencionaba los carburantes, que éstos iba en gran parte al contrabando, que los que ganaban eran los países vecinos y los contrabandistas, además de los ricos que consumían gasolina barata. El gobierno uso cifras discutibles, como que se llegó a subvencionar en un monto de 380 millones de dólares, después se dijo que el último año llegó la subvención a una cifra entre 600 y 700 millones de dólares, y que el año en curso se iba a llegar a subvencionar por un monto de 1000 millones de dólares. Estos argumentos son sorprendentes, en la lógica y en los montos; la información que se tiene es que no se trata de erogación del Tesoro General de la Nación sino de papeles fiscales, por otra parte que el monto de la subvención no es 380 millones de dólares sino 175 millones de dólares. ¿A qué conduce todo esto? A que no hay transparencia y honestidad. ¿Hay crisis económica, financiera? ¿Déficit? ¿Ha subido la deuda interna? Esto es muy difícil de responder, sólo podría hacerlo el gobierno si se tomara la molestia de ser transparente y honesto con el pueblo.

El otro acontecimiento crítico de la coyuntura es el conflicto del TIPNIS, donde se evidencia que al gobierno no le interesa para nada las leyes que protegen las áreas protegidas, los parques, los territorios indígenas; tampoco se inmuta para nada si entra en contradicción con la Constitución que consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, así como la consulta previa libre e informada. No le afecta para nada que la Constitución establece claramente la ruta plurinacional de las autonomías indígenas y mucho menos le afecta que vulnere los convenios internacionales, constitucionalizados, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Prefiere optar por la descalificación grotesca de los dirigentes indígenas, por la represión y la movilización sañuda de colonizadores y policías para bloquear la marcha, optando también por caricaturescos montajes y manipulaciones como la reunión del presidente en la Comunidad de Santo Domingo en el Sécure, sin tomar en cuenta la marcha y a los dirigentes orgánicos. Ahora insiste en montar una deslegitimada consulta extemporánea que incluya también a los avasalladores del parque, lo que contraviene completamente las condiciones de la consulta a los pueblos indígenas. Se ha llegado a anécdotas tan escabrosas como decir que no hay bloqueo sino vigilia cuando las cámaras ponían en evidencia el bloqueo beligerante de colonizadores y policías, que incluso se atrevieron a no dejar pasar vitualla, alimentos, medicinas y víveres para los marchistas, en una actitud descomunalmente inhumana violando los derechos fundamentales.

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¿Qué nos muestran estas manifestaciones bochornosas del gobierno, colonizadores y policías? No sólo que se ha entrado ya a una etapa de represión en la gestión de gobierno, sino que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano ejecutivo, así como el órgano electoral se han convertido en dispositivos de poder, en agenciamientos de la dominación, una dominación de una nueva recomposición de la burguesía, donde a la anterior burguesía intermediaria se suman los nuevos ricos, los campesinos ricos, los cocaleros ricos, los colonizadores ricos, los comerciantes enriquecidos recientemente, los contrabandistas y demás traficantes. El gobierno es pues gobierno de esta burguesía y el Estado es la dictadura de esta burguesía.

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales

La represión e intervención sufrida por los marchistas indígenas de parte del gobierno y la policía es el paso que ha dado el ejecutivo ingresando a la etapa represiva en la temporalidad política. La desesperación de un gobierno comprometido con la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, comprometido con el IIRSA y las empresas trasnacionales, particularmente con OAS, ha llevado al gobierno a desenmascararse completamente optando por la violencia a secas en contra de la marcha y la interpelación indígena, que salió en defensa de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, de los derechos de la madre tierra. Desde un principio intentaron descalificar la marcha, dividirla, montando toda clase de maniobras, manipulaciones y de escenarios, al cual más grotescos; en la medida que no pudieron quebrar la marcha terminaron optando por la represión, confiscando vituallas, alimentos, medicinas y agua que iba destinada a los marchistas, confiscando vehículos de las organizaciones indígenas, para que no puedan socorrer para apaliar el hambre y la sed de los marchistas. Esta manifestación descomunal de inhumanidad ya muestra el grado de deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las trasnacionales y de las mafias. Empero, lo que acaba de hacer el gobierno al intervenir y reprimir violentamente a los marchistas indígenas es ya el paso a una tiranía, que no solamente viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no solamente viola los derechos de la madre tierra, sino los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trata ya de una tiranía porque no solamente se ha puesto contra la Constitución y contra el proceso, sino porque ha puesto en suspenso a la propia democracia, los propios mecanismos democráticos. Se ha llegado a la tiranía y al despotismo por caminos sinuosos después de haber elegido democráticamente al mismo presidente y asambleístas. ¿Cuál la razón de esta metamorfosis política? En la segunda gestión de gobierno, ungido con una victoria electoral tan amplia, que otorga los 2/3 de la votación al MAS, facilitando de esta manera el control de la Asamblea Legislativa, se le concede también la posibilidad de usar esta confianza para otra cosa, para otros objetivos y finalidades, que nada tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución, sino con un proyecto restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista al servicio de la acumulación ampliada de capital en el sistema-mundo capitalista, y sobre todo al

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servicio de la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, en un contexto de reacomodo de la estructura de dominación mundial, contando con las potencias emergentes.

Aunque las contradicciones comenzaron antes, no solamente desde el 2006, sino en el propio ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, sobre todo constatando la diferencia de los movimientos sociales convulsionados y una actitud más electoralista del MAS, las contradicciones se hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado.

El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante, por medio de procedimientos que tienen que ver con la

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manipulación, la maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y significativa que llamaremos teatro político.

De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural biodiversa de la vida.

Un gobierno que escoge estos caminos no puede sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista, dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo.

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha. Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de relacionamiento con movimientos sociales dice

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que se tomó la decisión pero no sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales, fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso de autoridad.

El argumento que uso el gobierno constantemente para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua. Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo. Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el campamento de la marcha.

¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables, terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guion que no pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama, los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la opinión pública es maleable.

Obviamente esta hipótesis no puede ser la única interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder,

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a las lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta geopolítica regional.

Por lo tanto, se opta por el teatro político para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el pueblo, con las naciones y pueblos indígenas originarios, pues las opciones seleccionadas responden a intereses no democráticos, no populares y menos de la descolonización.

Consecuencias vitales de la Constitución

Prohibida la esclavización, prohibida la mercantilización de los seres humanos y de las relaciones humanas, de los seres y de los ciclos vitales de la madre tierra; todos los seres no son objetos, son sujetos, los ciclos vitales son sujetos. Por lo tanto prohibido reducir a los seres a objetos. El sistema-mundo capitalista, la economía-mundo capitalista, el modo de producción capitalista han reducido a los seres a objetos, los han convertido en objetos. Este es un crimen de lesa humanidad, así como también es un crimen contra la madre tierra. Es indispensable someter a juicio al capitalismo, a los promotores del capitalismo, a los portavoces, a los ejecutores, a los que se hacen dueños de los seres humanos y de los seres de la madre tierra, a los gobernantes y funcionarios que promueven la continuidad de este sistema, de esta economía de este modo capitalista. Todos ellos son los agentes de este sistema, economía y modo capitalista, todos ellos son responsables de haber reducido la pluralidad de la vida, la diversidad proliferante de la vida, la creatividad y la reproducción de la vida a objeto, por lo tanto “materia” mercantilizable e incluso esclavizable, todos ellos han conspirado contra la vida, la creatividad de la vida, la reproducción de la vida, han atentado contra la vida y siguen haciéndolo. En nombre de todos estos sujetos, de todos estos seres, de

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todos los ciclos integrales de la vida, denunciamos a estos portavoces, a estos promotores, a estos ejecutores, a estos agentes del capitalismo, a estos que se hacen dueños de los seres y de los ciclos vitales, al reducirlos a objetos y apropiarse de ellos mercantilizándolos. En nombre de estos sujetos exigimos su inmediato juicio de responsabilidades, exigimos también la abolición inmediata des sistema-mundo capitalista, de la economía-mundo capitalista, del modo de producción capitalista.

La recreación anacrónica del imaginario desarrollista

Nacionalistas, izquierda nacional, izquierda colonial y lumpen-burguesía comparten el imaginario desarrollista, todos son modernistas, creen en la evolución, al estilo de Herbert Spencer, en la linealidad de la historia y en la fatalidad del capitalismo. Consideran que la tarea es el desarrollo, que un país es soberano si se desarrolla, olvidando que el “desarrollo” del que habla está articulado a la acumulación ampliada de capital que dibuja una geopolítica en el sistema-mundo entre centros de acumulación y periferias de transferencia de recursos naturales, que el “desarrollo” del que hablaban produce “subdesarrollo”, que el mapa del mundo es un tejido de centros y una malla de periferias, un mapa de espacios de “desarrollo” y un mapa de espacios de “subdesarrollo”, ambos complementarios, produciéndose mutuamente. Olvidan que ese “desarrollo” del que hablan produce dependencia, fortalece las cadenas de la dependencia. Olvidan también que los gobiernos nacionalistas de América Latina intentaron salir en el siglo pasado de la dependencia orientando la estrategia económica y las políticas económicas hacia la sustitución de las importaciones. Soñaban con la industrialización así como los liberales del siglo XIX soñaban con los ferrocarriles. Los gobiernos nacionalistas estuvieron acompañados por apoyo popular, tomaron medidas que beneficiaron a cierta redistribución de la riqueza, también optaron por las medidas de nacionalización para recuperar el control de los recursos naturales, principalmente mineros e hidrocarburíferos, por parte del Estado. Todo esto ocasionó modificaciones en los términos de intercambio en la economía-mundial capitalista, pero no afecto a la estructura de dominación, de explotación y de control por parte de los grandes consorcios, oligopolios y monopolios trasnacionales. En algunos casos las revoluciones nacionalistas promovieron actos heroicos como los que se dieron durante el gobierno del General Lázaro Cárdenas (1934-1940) en México, quién nacionalizó a las empresas petroleras que residían en México y tuvo que enfrentar el boicot de estas empresas y su influencia a nivel mundial. También se dieron acontecimientos transformadores durante los primeros años de la Revolución Nacional de 1952-1964 en Bolivia; incluso antes, en 1937 en Bolivia se incursionó en la experiencia de la nacionalización del petróleo, con el gobierno del General David Toro, una vez culminada la conflagración bélica del Chaco; más tarde en 1969 se produjo una segunda nacionalización del petróleo bajo el gobierno del General Alfredo Ovando Candía y con la firma del ministro Marcelo Quiroga Santa Cruz. La tercera nacionalización de los hidrocarburos se produjo el 1 de mayo de 2006 durante la primera gestión del gobierno de Evo Morales Ayma. En Argentina, el primer gobierno de Juan Domingo Perón (1946-1952) ahondó la política de sustitución de importaciones mediante el desarrollo de la industria liviana. Perón también financió a la agricultura, especialmente en lo que respecta a la siembra de trigo. Frente a la carencia de recursos monetarios provenientes de la exportación, ocasionada por el estancamiento del sector primario, con las que se

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importaban los bienes de capital e insumos necesarios para el proceso de industrialización, se eligió la ruta de la nacionalización del comercio exterior. En esta perspectiva, en 1948, el gobierno peronista adquirió los ferrocarriles a los capitales extranjeros, en su mayoría ingleses, creando la empresa pública de Ferrocarriles Argentinos. En esta tónica, en el diseño del Plan Quinquenal se buscó fortalecer las nuevas industrias creadas, comenzando con la industria pesada de la siderurgia y la generación de energía eléctrica en San Nicolás y Jujuy.

También en Brasil también se vivió la experiencia populista y nacionalista, incursionando en

proyectos modernizadores y de desarrollo. Este panorama político es irradiante en América

Latina, también en las geografías periféricas el sistema-mundo de entonces, que algunos casos

incluso terminaban expresándose en tono antiimperialista. En Brasil, entre 1937 y 1945,

durante el Estado Novo, Getúlio Vargas dio un impulso fundamental a la reestructuración del

Estado y profesionalización del servicio público, creando el Departamento Administrativo del

Servicio Público (DASP) y el IBGE. Suprimió los impuestos en las fronteras interestaduales y

creó el impuesto a la renta. Se orientó cada vez hacia la intervención estatal en la economía y

se concentró en impulsar la industrialización. Fueron creados el Consejo Nacional del

Petróleo (CNP), posteriormente llamada PETROBRÁS , y en 1951 la Compañía Siderúrgica

Nacional (CSN), la Compañía Vale do Rio Doce, la Compañía Hidroeléctrica de São Francisco y la

Fábrica Nacional de Motores (FNM). Promulgó, en 1941, el Código Penal y el Código Procesal;

en 1943, Getúlio Vargas logró la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), garantizando la

estabilidad del empleo después de diez años de servicio, descanso semanal, la reglamentación

del trabajo de menores, de la mujer, del trabajo nocturno y fijando la jornada laboral en ocho

horas de servicio.

Como se puede ver vivimos periodos de efervescencia nacionalista y populista en América

Latina encaminados a la independencia económica y a la consolidación de la soberanía por la

ruta de la nacionalización, las medidas sociales y las medidas del trabajo, persiguiendo

también la modernización de la administración estatal y de las leyes. El nacionalismo es un

movimiento democrático por la ampliación de la participación popular, es un movimiento

independentista por la lucha contra la dependencia económica, busca la modernización del

Estado y apunta al desarrollo nacional, impulsado desde el Estado.

Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS

Paradigma pluralista

Considero que el paradigma o la matriz de paradigmas, que podemos llamar pensamiento pluralista, comprendiendo también a las teorías de la complejidad, es el más inquietante para abordar las luchas, la coyuntura contemporánea y la crisis del capitalismo, considerando la crisis ecológica; es lo que más se acerca al pensamiento pluralista, animista e inmanente de las cosmovisiones indígenas. Hay que dejar en claro, que tratándose de las cosmovisiones indígenas, del pensamiento pluralista, de las teorías de la complejidad, es mucho más grave la

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evaluación que se hace de la agresión y el avasallamiento depredador a la Madre Tierra en el TIPNIS.

Primeras notas en torno a la Marcha Indígena de defensa del TIPNIS

Todos somos indígenas

Todos somos indígenas del TIPNIS, lo somos porque nos solidarizamos y comprendemos el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra de las comunidades yuracares, chimanes y moxeños asentados en el territorio indígena y parque del Isiboro Sécuré. Somos indígenas porque su lucha es la nuestra, contra el avasallamiento capitalista y la dominación de la modernidad sobre la naturaleza. Somos porque sentimos como los árboles de los bosques, los seres y los ciclos vitales del nicho ecológico, la estupefacción contra la agresión del comercio, del negocio, que no mide consecuencias, en la desforestación y en la destrucción de los ecosistemas. Todos somos indígenas del TIPNIS porque la Madre Tierra nos convoca a defender sus derechos, el derecho de los seres y de los ciclos vitales.

Apoyo a la marcha indígena

Debemos generar toda clase de defensa del TIPNIS, múltiples defensas, plurales movimientos, en todas partes, de toda clase, diversa, como expresando metafóricamente a la propia biodiversidad. Vamos a tenernos que enfrentar a todos los que optan por el negocio descarado, quienes prefieren destrozar los bosques, optando por el gozo escandaloso de su sucia ganancia.

Disyuntiva

El presidente tiene que escoger entre la defensa de la vida, de los bosques, de los seres y de los ciclos vitales de los sistemas de vida, o el derrotero del narcotráfico, el comercio corrosivo, el extractivismo dependiente, de las carreteras de la subalternidad a las potencias emergentes y al imperio. Si decide por la carretera que conduce a todo esto se sobreentiende el destino apocalíptico que escogió a nombre del desarrollo. Frente a esta pulsión de muerte no queda otra cosa que la defensa movilizada por la vida, que la exigencia urgente de desplegar todas las fuerzas en esta lucha. La defensa del TIPNIS es la defensa de los derechos de la Madre Tierra y de la Constitución.

¿Quién tiene la soberbia?

¿Quién tiene la soberbia? ¿Los indígenas que marchan sacrificándose para defender la madre tierra o los gobernantes que han decidido destrozar un territorio indígena y parque protegido por las leyes y la Constitución cuesten lo que cueste? ¿Qué clase de imaginario es este que cree que se puede manipular indefinidamente con el discurso del poder malversando la significación evidente de los hechos? ¿Imaginario jacobino? ¿Imaginario extractivista? ¿O simplemente el deleite desenfrenado del cinismo funcionario al servicio de la descomunal avaricia de las tras-nacionales, que llaman eufemísticamente desarrollo?

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Casualidades escabrosas

¡Qué casualidad! Cuando hay marcha indígena en defensa de sus territorios, de los derechos de las naciones y pueblos, de la madre tierra, consagrados en la Constitución, se acusa de que detrás está la CIA, como en la anterior marcha del CIDOB, que detrás está la embajada. Esta manipulación contra-informativa se parece a las descaradas formas represivas de las dictaduras, los fascismos, los gobiernos neo-liberales, y también, eso es lo que llama la atención, a los juicios escandalosos del estalinismo. A esto se le llama paranoia del poder.

El imaginario jacobino

Los “gringos” están en el imaginario de Evo y Álvaro, sobre todo cuando se trata de observar la crítica al proceso, a la conducción del proceso, sobre todo cuando se trata de la defensa de la Madre Tierra y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, sobre todo cuando se viola la Constitución sistemáticamente y no se sabe cómo justificar esta violencia, sobre todo cuando se trata de reconducir un proceso que marcha estrepitosamente al abismo. Ahora parece que los “gringos” están también en el imaginario de los funcionarios y de los “lluncus”. El imperialismo norteamericano, la dominación a secas Estadounidense en este ciclo del capitalismo, que ha entrado en crisis, son reales. La lucha contra el imperialismo sigue adelante, pero se la hace consecuentemente y directamente. Yo no creo en quienes se desgarran las vestiduras contra el imperialismo, pero se mueren por restablecer relaciones. No creo en quienes hablan contra el imperialismo y les venden petróleo a los yanquis. Y menos en quienes usan este fantasma cuando conviene, cuando tienen que encubrir sus desviaciones alarmantes al nacionalismo, a la supeditación a las trasnacionales y a la potencia emergente de Brasil. Menos en quienes cierran los ojos contra la expansión abrumadora del narcotráfico. Estos no son antiimperialistas, son unos farsantes y represivos nuevos colonizadores de los pueblos indígenas.

La situación de descomposición del gobierno ha llegado lejos, la derechización de Evo es alarmante, sobre todo la de Álvaro. Estan al servicio y supeditados a las empresas trasnacionales hidrocarburíferas, a la burguesía brasilera, que se ha convertido en una de las potencias emergentes en plena crisis del capitalismo. El narcotráfico se expandido abrumadoramente, el gobierno cierra los ojos y otros grupos de poder, vinculados al contrabando, disputan la influencia en la toma de las decisiones. La batalla del TIPNIS es crucial.

Las nuevas alianzas

Las nuevas alianzas son mas bien con la burguesía intermedia agro-industrial, agropecuaria y soyera. Las alianzas se dan en Pando, Beni y Santa Cruz. Lo de la separación "ideológica" y "material" del Beni respecto de Santa Cruz fue una ocurrencia circunstancial y muy poco sostenida en un momento de los primeros tiempos de la gestión del primer gobierno. Ahora el contexto es otro. Se han introducido artículos que permiten transgénicos en la Ley de la Revolución Productiva, que favorece a los soyeros; el peso de la burguesía agro-industrial y

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agropecuaria en la alimentación de los bolivianos ha subido notoriamente en las dos gestiones de gobierno popular. La alianza económica con esa burguesía ha crecido estratégicamente después de la derrota política de las oligarquías regionales en Pando, una vez que ocurrieron los sucesos sangrientos en el Porvenir. Esa es la paradoja del "proceso de cambio". Son las paradojas de los procesos “revolucionarios”, que terminan convirtiendo la “revolución” en una restauración.

Resolver este problema depende de la capacidad abierta de asumir las contradicciones y resolverlas por la continuidad de la "revolución", la profundización del proceso, mediante la revolución cultural. No enceguecerse buscando la justificación "ideológica" de las contradicciones, que para lo único que sirve es para encubrir el derrotero al fracaso y la caída. En todo caso, una supuesta estrategia de separación, de geopolítica interna, que no se la ve por ningún lado, no justifica el alto costo de destrozar el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure, alto costo ecológico, también alto costo ético, pues no se explica, de ninguna manera, el doble discurso de hablar de la defensa de los derechos de la Madre Tierra e inmediatamente agredirla desde la desenvoltura más cínica del modelo extractivista.

Contradicciones

Se puede hablar desde donde se quiera sobre las contradicciones, desde el pensamiento dialéctico hegeliano, quizás antes, desde la filosofía crítica de Kant; también desde las corrientes teóricas o políticas de los marxismos, incluyendo las tesis sobre las contradicciones de Mao; también se puede hacerlo desde otras perspectivas teóricas, incluso trasladándonos a la concepción dualista, inherente a las cosmovisiones indígenas, que más bien hablan de complementariedades, empero, desde ningún punto de vista se puede justificar la escandalosa dicotomía entre el horizonte abierto por la Constitución y el pragmatismo “jacobino” desembarazado, que no es otra cosa que la regresión calamitosa al Estado-nación, liberal y colonial. Menos justificar desde esta incongruencia el depredar uno de los territorios, parques, nichos ecológicos, más importantes e inconmensurablemente valiosos de la Madre Tierra, además, hacerlo, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. A esto se llama sencillamente el más desembozado retorno a la vulgata del desarrollismo periférico, que no es otra cosa que estractivismo dependiente.

El mandato del pueblo, que ha aprobado la Constitución es construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, no restaurar lo mismo. No se explican esas flagrantes contradicciones llamándolas eufemísticamente tensiones creativas.

El montaje

Cuando se sustituyen los hechos por la escenificación mediática es cuando no se aceptan las evidencias, los sucesos, no se acepta las flagrantes contradicciones, cuando el poder es usado para forzar los acontecimientos. Esta manipulación muestra la desesperación en la que se debate el gobierno: es preferible el cuento de la conspiración que aceptar la interpelación de los pueblos y comunidades. Cuando ocurre esta violencia representativa es que se anuncia el inicio de una etapa represiva. Obviamente se está lejos del ejercicio plural de la democracia participativa y de la consulta, pues se ha optado por el descarnado uso de la fuerza. Las lógicas y los engranajes del poder llevan a esta situación dramática. Los compromisos con grandes intereses empujan a los gobernantes a este atropello; se trata de maquinarias montadas con

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antelación, los gobernantes terminan atrapados convirtiéndose en dispositivos del decurso descarnado del poder. No importa la objetividad, menos una elucidación sobre la verdad, lo que importa es la justificación de las acciones desmedidas e incomprensibles, insostenibles desde el horizonte abierto por la Constitución.

LOS SÍNTOMAS DE LA DESCOMPOSICIÓNLas estrategias del gobierno ante el debate y la crítica¿Cómo explicar esa manera torpe de eludir la crítica y el debate? Después que el Manifiesto por la reconducción hiciera pública los temas candentes de la coyuntura política, la respuesta fue la de una inmediata descalificación y acusación. Un texto, cuya autoría es del Vicepresidente, publicado por la Vicepresidencia, difundido masivamente, acompañando la distribución del periódico Cambio, expresa la violencia descomunal del Estado.

Comenzando por un título estrambótico que dice que trata de El “Oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración neoliberal), nos muestra de inicio el sentido de la violencia discursiva, explicita en el documento. Vaya uno a preguntarse qué tiene que ver un texto como este con un libro publicado por Lenin en plena discusión con la izquierda comunista europea. El libro de Lenin titula La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo; este libro entra en polémica con la izquierda de los partidos comunistas, izquierda radicalizada en el seno del movimiento obrero europeo.

Lenin explica la importancia internacional de la revolución rusa, las condiciones históricas que posibilitaron la revolución bolchevique, hace una descripción histórica de las etapas del ascenso del bolchevismo, hace un balance de las luchas de los bolcheviques y de los enemigos identificados, luchas que permitieron el fortalecimiento del partido; después pasa a caracterizar a la “izquierda” alemana, a sus jefes, al partido, a la clase obrera y a la masa. Se hace preguntas del momento como si deben actuar los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios, si deben participar en los parlamentos burgueses. También se hace una caracterización del comunismo de “izquierda” en Inglaterra.

En el anexo se analizan cuestiones como la escisión de los comunistas en Alemania, la relación de los comunistas e independientes en Alemania, así mismo se analiza el papel de Turati y su gente en Italia, para terminar apreciando que esta “izquierda” saca conclusiones falsas de premisas justas. A Lenin jamás se le hubiera ocurrido descalificar a esta “izquierda” como “derecha”. Se trataba de un debate con las tendencias radicalizadas del comunismo. No vamos a evaluar aquí ese debate de la segunda década del siglo XX, sólo vamos a decir que Lenin se dio la tarea de debatir con estas tendencias radicales en momentos de peligro para la revolución y observando las escisiones de la izquierda y del comunismo en Europa, en momentos que seguramente creía que se requería sobre todo unidad en el movimiento obrero internacional.

La Unión Soviética ha caído estrepitosamente a fines del siglo XX, ¿quién tenía razón en la discusión? Eso lo dejaremos pendiente. Lo que llama la atención es la pretensión de ser un libro leninista un texto que cae en la diatriba y no retoma la crítica, un texto que atribuye el

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valor de categoría explicativa a un término como “Oenegismo”, un texto que si bien habla de una enfermedad infantil, moteja esta enfermedad de derechismo, sin comillas.Alguien que ha leído El 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, sabe que un proceso político es eso, un proceso atravesado por tendencias; hay tendencias que persiguen ir adelante, otras que pretenden mantener un paso lento, otras que buscan el equilibrio de fuerzas, y otras son restauradoras. Todas estas tendencias están asociadas a la lucha de las clases.

Se entiende que haya tendencias que conciban un proyecto más radical; que se pueda hacerlo o no, que estén dadas las condiciones, es parte del análisis; también se entiende que haya tendencias que persigan volver atrás, si se pueda hablar así, restaurar el orden; como también se entiende que en este intervalo haya otras tendencias más mesuradas. Pretender que no hay nada a la izquierda de un gobierno “popular” es como pretender que ese es el límite último, más allá no hay nada. Sólo así se explicaría que todas las críticas al gobierno son sólo discursos de derecha. Este esquema absolutista no es sostenible desde la perspectiva de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte.

¿De dónde se saca que las críticas al gobierno solo pueden ser enunciados por la derecha? Obviamente esta apreciación no viene de un análisis objetivo, sino de un sentimiento, de una sobrevaloración absoluta del gobierno y de su conducción. Viene de un imaginario defensivo. A este comportamiento se ha llamado paranoico, por parte de teóricos como Gilles Deleuze y Félix Guattari, tiene que ver con la paranoia del despotismo. De alguna manera los conductores del Estado, los gobernantes, terminan siendo paranoicos. Estos autores definían un juego de contraposición en los personajes del poder, entre el mago prestidigitador y el jurista, entre el guerrero y la norma; en este juego o a través del mismo, comprendiendo las contraposiciones, se definen los escenarios de la genealogía del Estado como una máquina codificadora y de captura.

¿Lenin era guerrero o jurista? Buena pregunta. ¿De qué depende? ¿Del momento, de la coyuntura? ¿Cuándo criticaba a la “izquierda” europea, qué era? ¿Qué es el Vicepresidente cuando blande su garrote azul, el libro que descubre el “Oenegismo” como enfermedad infantil del derechismo? No es ciertamente un investigador, un científico social, un analista. ¿Será leninista, explicando a las tendencias radicales sobre las condiciones que posibilitaron la emergencia del proceso? No parece.

El perfil es mas bien de un furioso acusador y de un desesperado propagandista de los logros del gobierno. Es muy difícil tomar en serio la pretensión leninista del libro, independientemente de la evaluación de Lenin y del bolchevismo que se haga. Entonces estamos ante un libro que juzga, en el sentido de juicio, de penalización, de castigo. Estamos ante un tribunal supremo que aplica la ley; ¿Cuál ley? La ley que resulta del monopolio de la violencia, la ley que resulta de la verdad del Estado. Todo lo que atenta contra esta verdad es una mentira; toda crítica es una conspiración y está asociada al derechismo y a la restauración neoliberal. No hay cabida para la duda, no hay contradicciones en el proceso, solo hay “tensiones creativas” en la fase jacobina, una vez que se ha superado el empate catastrófico y hay una hegemonía indiscutible del bloque popular.

La demostración de estos grandes logros se lo puede expresar estadísticamente, la ciencia cuantitativa del Estado. Así se resuelve imaginariamente el problema, se hace desaparecer la

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problemática. Todo avanza según lo calculado. Esta representación tranquilizadora del proceso, esta apología del gobierno, ha sustituido la realidad por la diatriba, el panfleto y la propaganda.

Los síntomas de la descomposición

La acusación a los dirigentes del TIPNIS y de la marcha indígena por la defensa de la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure forma parte de una costumbre; esto ocurre cada vez que hay una marcha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de la Constitución de sus derechos consagrados en el texto constitucional. Esta vez, así como las otras veces, se acusa de estar en contactos con la Embajada estadounidense.

¿Quieren hacernos creer que la marcha por la defensa del TIPNIS ha sido preparada por agentes de la Embajada? ¿Qué hay un acuerdo entre estados Unidos y los indígenas para desestabilizar el gobierno? ¿Es decir, que no hay ninguna razón para protestar, luchar por los derechos de la Madre Tierra y de las naciones y pueblos indígenas, que no hay que defender un territorio indígena, saneado y sacramentado, que cuenta con título de propiedad colectiva? ¿Qué todo es una conspiración norteamericana? ¿Podemos creer semejante argumentación, que blande como prueba lo que dicen que son “extractos” de llamadas y no “pinchazos”, queriendo calmar la ansiedad de sus consciencias culpables? ¿Quiénes creen esta violencia contra la lógica y el sentido común? Obviamente la población estrepitosa de los “lluncus”.

Esta desvergonzada y descarada acusación es un síntoma de algo grave; cuando se recurren a estos métodos morbosos y perversos de desinformación y manipulación vulgar de los hechos es porque algo se esconde, algo grande y grave se esconde. ¿Qué es? ¿Defensa de intereses empresariales? ¿Madereros, agroindustriales, soyeros, cocaleros, ilícitos? ¿Defensa de los acuerdos con el gobierno brasilero para implantar el IIRSA y los corredores transoceánicos, corredores que vehiculizan la depredación, el extractivismo, el comercio trasnacional y también del comercio delincuencial? ¿En qué están metidos los señores acusadores, que hasta su comportamiento, en unos casos nervioso, en otros cínico, los denuncia? No lo van a decir. Pero lo que se juega, lo que está en juego es grande, pues no se explica de otra manera este desmesurado abuso de poder, de manipulación comunicacional, y de violencia gubernamental.

Estamos no solamente ante la crisis del proceso, ante la constatación de que se ha cruzado la línea, colocándose el gobierno al otro lado de la vereda, no solamente que ya se enfrenta al pueblo, que el gobierno se ha puesto en una disposición peligrosa oponiéndose al proceso y restaurando el Estado-nación, liberal y colonial, sino que estamos ante una diseminación y descomposición avanzada, en la medida que constatamos que las mafias, redes delincuenciales, metidas con el contrabando de tierras, el contrabando a secas y otros recorridos ilícitos, han terminado conformándose en grupos de presión, en grupos de poder, que empujan a la toma de decisiones.

La situación del proceso es mucho más grave si se constatan este deterioro del ámbito de relaciones, de estructuras y de instituciones comprometidas. Esta es la razón y estas son las condiciones que convierten a la batalla por el TIPNIS en una batalla crucial. Si se pierde esta batalla, la van a ganar las trasnacionales, las empresas madereras, el gobierno de Brasil, OAS, las mafias delincuenciales. Por eso es necesaria una movilización generalizada de todos los

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movimientos, organizaciones, sectores sociales, que son el contenido del proceso, pues lucharon por él y aprobaron la Constitución. Ahora están obligados a defender el proceso, a defender la Constitución, a defender la Madre Tierra y a construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Situación legal y constitucional del TIPNIS

El TIPNIS es Parque, es Territorio indígena, ha sido saneado, cuenta con título de propiedad colectivo. La Constitución exige la Consulta; esto forma parte de los conjunto de derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. No hay por donde justificar la violación de la Constitución y de los derechos indígenas, no hay por donde justificar la destrucción del parque, del territorio y del ecosistema del TIPNIS. Lo que hace el gobierno es inaudito. La única explicación que hay es que están metidos con el IIRSA y con el proyecto extractivista y de supeditación a la potencia emergente de Brasil. No se explica de otra manera que estén contra el proceso y contra los objetivos de la Constitución.

La perspectiva catastrófica del gobierno

¿O sea que a las causas ya gravitantes de desforestación hay que aumentarle otra más grave que es la carretera a través de un parque, área protegida y territorio indígena, saneado y sacramentado, protegido por la Constitución, las leyes y por los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución? ¿En qué andamos? No me parece coherente esta compulsión destructiva y modernista tardía. Me parece la expresión desorbitada de un desarrollismo y extractivismo culpable, que a ultranza se somete a los intereses de las trasnacionales y del proyecto geopolítico de la burguesía internacionalizada brasilera.

Dramatismo del momento

Lo trágico es que se restaura el Estado-nación, liberal y colonial, no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como manda la Constitución. Lo trágico es violar la Constitución con la promulgación de leyes inconstitucionales; lo grave es haber dictado un gasolinazo respondiendo al pedido de las empresas trasnacionales; lo grave es atentar contra un territorio indígena, un parque y un área protegida por leyes y la Constitución. Lo trágico es violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución. Por último, lo trágico es encontrarse con estas realidades, incluso constatar la supeditación de nuestro gobierno al IIRSA, al proyecto hegemónico de la potencia emergente de Brasil y encontrarse con justificaciones paranoicas como las tesis de la conspiración, que no tienen nada de imaginación, toparse además con personas, que se hacen a las serias, que repiten aburridamente esas tesis, insostenibles.

La tarea

La intención colectiva es defender la Constitución, violada por el gobierno, defender la Madre Tierra, defensa acordada en las resoluciones de Tiquipaya. Estas defensas deberían ser de todo boliviano y boliviana conscientes de las tareas de transformación que competen como mandato de la Constitución. No la restauración del Estado nación, liberal y colonial, como lo

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hace el gobierno. Estas tareas se expresan concretamente en la transición de salir del modelo extractivista y encaminar el proyecto a un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo, que es el vivir bien, como establece la Ley de la Madre Tierra.

Política y violencia

Hay reflexiones sobre la violencia, como las de Georges Eugène Sorel, también como las de Walter Benjamín, así como las de Jacques Derrida, que retoma esas reflexiones. En Comuna también se hizo una reflexión sobre la violencia en Tiempos de rebelión. Ahora es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de la experiencia del conflicto del Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), la victoria de la marcha indígena, pero también a partir de las secuelas del conflicto que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas del TIPNIS, movilizando a los cocaleros, sobre todo de los límites del territorio indígena, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”. Esta experiencia, la experiencia del conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas estructuras del poder y del Estado.

¿Por qué se recurre a la desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita, buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión, incluso su anulación? Un senador de Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS, quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca demostraron los acusadores.

¿Por qué este senador lo hace? ¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata de l Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX), que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba, donde se transmitió este pedido. Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no es necesariamente un muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.

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¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros, quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es esta compulsión por las formas de la violencia como recurso desesperado a revertir la situación y tratar de volver a imponer su voluntad por la fuerza.

Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta: ¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra? ¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda? ¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos. ¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos? Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación. Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la exigencia de prácticas democráticas.

En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y desplegaron la fuerza

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ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha, contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta sobre todo el desboque de la violencia.

Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria, la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica. Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas. Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas originarios.

En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden; todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo. En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder;

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la maquinaria más elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.

La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:

Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.

El artículo dos dice que:

Teniendo el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.

En este contexto de la ley hay que entender la declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas extractivistas, a las empresas madereras, a todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10 establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera es la realización material de medidas legislativas y administrativas.

Después de la victoria de la marcha indígena, después de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley. La

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descalificación de los dirigentes continúa con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas del TIPNIS.

La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal; después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ, la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa, comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política, la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo del vivir bien.

Notas después de la marcha indígena

Paul Valéry: La idea de la dictadura.

No se casi nada de la política práctica, en donde supongo que se encuentra todo aquello de lo que huyo. Nada ha de ser tan impuro, es decir, tan entremezclado de cosas cuya confusión no me gusta, como la bestialidad y la metafísica, la fuerza y el derecho, la fe y los intereses, lo positivo y lo teatral, los instintos y las ideas.

La entrañable fuerza indígena

Lo profundamente, lo entrañablemente anticapitalista es el anticolonialismo anticapitalista indígena. El proyecto indígena es un proyecto civilizatorio alternativo; en este horizonte radica la gran diferencia, la integralidad emancipatoria, el llamado de lo profundamente humano, también de lo profundamente tierra. La vida.

La reconducción del proceso

Las organizaciones indígenas son la defensa profunda del proceso y de la Constitución, es el gobierno el que está contra el proceso. Si el gobierno quiere estar con el proceso tiene que formar parte de la reconducción que se ha iniciado con la victoria del TIPNIS por parte de las naciones y pueblos indígenas. El Pacto de Unidad tuvo sentido en el proceso constituyente, cuando fue parte orgánica del desarrollo del texto constitucional. Ahora se trata de reconducir el proceso y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, desmantelar, acabar con el Estado-nación, liberal y colonial, que restaura el gobierno. Los indígenas no pueden

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formar parte de una farsa, de un apoyo al nacionalismo y a los nacionalistas en el gobierno, no pueden formar parte de una alianza de clases que apuesta a ampliar las fronteras agrícolas, agrediendo a la madre tierra. Los indígenas no pueden apoyar una alianza que apoya a la re-composición de la burguesía y el sometimiento a la burguesía internacionalizada brasilera. Los indígenas tienen que formar un nuevo pacto con el pueblo boliviano que los ha apoyado para reconducir el proceso.

Reducciones esquemáticas

Hay quienes confundían el país con un aeropuerto; eso decía Sergio Almaraz Paz del General René Barrientos Ortuño. Hay otros que confunden el país con la escenificación teatral del desenlace del terror de la revolución francesa. También hay quienes confunden el país con una contienda sindical. Pero también hay quienes confunden la política con la eterna maniobra de la manipulación y el montaje. Creen que se pueden suplantar a las organizaciones matrices con la cooptación de dirigentes corruptos.

Más allá de la izquierda y la derecha

Más allá de la izquierda y la derecha, que son términos modernistas y esquemáticos. Inútiles para interpretar las luchas emancipatorias contemporáneas. Incluso, en su época se olvidaron que más radical que la izquierda jacobina, eran los montañeses, que ocupaban la galería del Congreso francés. Esta era la plebe, los san-culottes.

No se puede eludir la realidad

La problemática del TIPNIS es una realidad, así como la problemática de dominación de las trasnacionales hidrocarburíferas y mineras, además de la construcción. El IIRSA es una realidad del proyecto hegemónico de la burguesía brasilera. La constitución es una realidad jurídico-política, también los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios son una realidad política y social. Negar eso con el imaginario paranoico y acusador jacobino no es más que defender el modelo capitalista dependiente y extractivista.

La hipótesis trasnochada del egoísmo

Decir que el egoísmo es como un instinto inherente en el ser humano es como la hipótesis de que el hombre es el lobo del hombre, la hipótesis de la bestialidad. Eso forma parte del imaginario de la ideología modernista. No es una hipótesis verificada. Eso es reducir la condición humana a la condición egoísta a la que la ha restringido el sistema-mundo capitalista. Esta es una subjetividad meramente capitalista. Eso es reducir la plenitud y la complejidad humana a una de las más pobres condiciones de la subjetividad. Como dicen los

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mexicanos, me extraña que siendo araña te subas por la escalera. ¿No son acaso religiosos los que postulan esta hipótesis? ¿No deberías buscar más bien la condición humana solidaria? Yo no soy católico ni cristiano, pero respeto a todas las religiones y espiritualidades pues han abierto la comprensión del ser humano más allá de la cotidianeidad.

La famosa orden y la forma infantil de eludir responsabilidades

Se supone que la orden se la tomó en reunión de gabinete, estaban todos presentes. Todos fueron cómplices de la orden, desde arriba hasta todos los ministros y ministras, salvo honradas excepciones, como las del Canciller que estaba en contra y la exministra Cecilia Chacón, que renunció ante semejante violación a los derechos fundamentales. Es más se tenía redactado el requerimiento a la fiscalía de intervención para que la firme la ministra de justicia. Con lo que estuvo de acuerdo. Todo esto ocurrió bajo la excusa apresurada y compulsivamente difundida del "secuestro". A pesar de que el mismo Canciller se opuso a la interpretación del "secuestro", pues su interpretación es que fue obligado a caminar delante. Este tema de ¿quién dio la orden? se parece a la discusión bizantina de ¿cuántos ángeles dan vuelta alrededor de la punta del alfiler? Lo gracioso es que se toman en serio esta pregunta sobre ¿quién dio la orden cuando todos saben de quienes fueron y quién avaló esa decisión conjunta? La fiscalía se volvió bizantina.

El contrataque del gobierno sin ley y sin palabra

A prepararse, la lucha continua. Se viene la contraofensiva. Quieren revertir la derrota política a como dé lugar. Nuevamente el TIPNIS es objeto de ataques, las comunidades indígenas son amedrantadas, se les cobra por cruzar la “frontera”; hay un escenario de amedrentamiento constante, una guerra sucia contra los indígenas del TIPNIS. Se prepara una movilización cocalera, de ahí se piensa llegar a resoluciones en contra del TIPNIS en el encuentro de Sucre, donde salga el mandato de abrogar la ley que protege al territorio indígena y parque.

La supuesta pose “sociológica”

Hay personas que recurren a la burla o a una supuesta pose “sociológica” en lo que respecta a su discrepancia de las participaciones y apoyo a los marchistas de parte de jóvenes activistas urbanos. No creo que sea curiosidad sociológica sino toma de posición. La batalla del TIPNIS enfrenta el modelo colonial del capitalismo dependiente extractivista, que es la opción efectiva del gobierno, con el modelo del vivir bien, establecido en las resoluciones de Tiquipaya, contenido en la Constitución, modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Las organizaciones indígenas y los marchistas defienden la Constitución, su territorio y la Madre Tierra, en tanto que el gobierno defiende los intereses de OAS, la tras-nacional brasileña constructora, el IIRSA, el proyecto hegemónico del Brasil, la compulsión desforestadora de los cocaleros excedentarios, que avasallaron el parque, que les interesa lo mismo que a los terratenientes del oriente, a la burguesía intermediaria boliviana, a los agro-

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industriales de Santa Cruz y soyeros, la ampliación de la frontera agrícola en detrimento de la Madre Tierra. Estas son las nuevas alianzas del gobierno. ¿A qué vino Lula, reuniendo a la CAINCO con los dirigentes campesinos, encuentro financiado por OAS? Esta es la nueva burguesía. Los que se hacen la burla de los apoyos urbanos de jóvenes activistas no hacen otra cosa que optar por defender ese modelo extractivista y este gobierno nacionalista que ya está contra el proceso, contra la Constitución, contra el Vivir Bien, contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y el Estado plurinacional comunitario y autonómico. No es una opción sociológica la que se ventila, es una opción política. El sentido y la diferencia política del momento no responde a un esquematismo imaginario y anacrónico, entre una derecha derrotada ya en Pando y una izquierda que ya no es el gobierno, sino entre fuerzas reales y pugnas reales en el momento. Esa posición "objetiva" o de curiosidad es francamente legitimadora de la desviación nacionalista en contra la alternativa plurinacional comunitaria y autonómica. Es una posición colonial, responde a la recolonización por otros medios, por medio de un discurso populista desgastado y un doble discurso en relación a la Madre Tierra.

Siempre se toman posiciones en la lucha de clases y en la guerra anticolonial

Hay que respetar las opciones metodológicas, son perspectivas e instrumentos del punto de partida de la investigación. El me-todo es el camino. Empero hay distintas corrientes metodológicas. Respeto el método weberiano, sobre todo si da resultados en la investigación. Empero no lo comparto, creo como Michel Foucault, desde la perspectiva histórico-política no hay neutralidad, se toman posiciones. El mismo conocimiento forma parte de un campo de luchas. La verdad no es lo que dice Tarsky, la hipótesis que tiene correspondencia con la realidad, sino el producto del poder. No se trata de negar la ciencia, sino comprender que ya estamos en otro horizonte epistemológico científico, de las teorías de la complejidad. En relación a lo otro, puede ser que pase, que se sume gente que no cree en los postulados de la lucha por la Madre Tierra y la Constitución. Eso pasó antes, puede volver a pasar. Lo importante es participar con las fuerzas que defienden la Constitución, la Madre Tierra, el Vivir Bien, como alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo.

Pulsión de muerte

¿Hay una atracción del abismo? ¿Algo así como una pulsión de muerte? ¿Qué es lo que empuja a insistir en lo mismo que llevó al conflicto del TIPNIS? Después de la derrota política, el gobierno insiste en las causas del problema. ¿Por qué? ¿Grandes compromisos con la empresa constructora OAS, con los cocaleros excedentarios, con los cocaineros? ¿Quién puede creer en esos montajes de San Ignacio de Moxos, localidad que se encuentra fuera del TIPNIS, donde una congregación de supuestos indígenas pide que la carretera pase por el territorio indígena? ¿Quién puede ser tan ingenuo o tan “llunku”? Es como un círculo, sólo los propios funcionarios y los grupos de choque, que hasta los hay escribiendo, que se ocupan de insultar y descalificar. La imagen del espejo. Después de aprobar una ley que declara al TIPNIS intangible, no pueden retroceder. Esto es retorcerse en el coleteo de muerte. ¿Por qué no tienen vocación de reflexionar, de evaluar sobre lo que ha pasado? ¿Por qué son incapaces de rectificar, de

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aprender de los errores y corregirlos? Parece un mal de la política práctica; la clase política está tan ensimismada en idolatrarse, en mirarse en el espejo, que se ha desconectado de la realidad efectiva y prefiere vivir compulsivamente su propio imaginario desdichado. No pueden entender una cosa tan simple: la carretera no puede pasar por el TIPNIS pues está protegido por la Constitución y las leyes, entre ellas la Ley de los derechos de la Madre Tierra. Hacerlo es violentar la Constitución y las resoluciones de Tiquipaya. No, no pueden entender porque están abismalmente alejados de la Constitución y enredados en el modelo colonial heredado: el capitalismo dependiente del extractivismo. Sin embargo, hay algo que tienen que saber estos políticos, si vuelven a cometer el mismo error, el pueblo boliviano volverá a salir a defender la Madre Tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, deberían instruirse un poco antes de lazar ese castigo de verdugos de que ahora que es intangible el TIPNIS y nadie lo toca, ni los indígenas que habitan la zona. No consultaron otras experiencias sobre normativa de intangibilidad ambiental, como las de Ecuador. Lo intangible se refiere a que no pueden afectar el territorio fuerzas externas extractivistas y desforestadoras, no atenta esta declaración contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución. Por lo tanto podemos hablar de la tangibilidad de la intangibilidad y de la intangibilidad de la tangibilidad, que no es lo mismo.

Después de la derrota política se mueven todos los hilos para buscar revertir el desenlace. Una muestra de falta de sinceridad y seriedad, se promulga una ley para inmediatamente buscar su abrogación. Se insiste en el suicidio político, se vuelve a retomar las prácticas del teatro político montando escenarios, confundiendo la ficción con la realidad, el imaginario con los acontecimientos. Se cree que la política es astucia sin respetar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, sin respetar la ley de intangibilidad del TIPNIS, sin entender lo que quiere decir intangibilidad en la normativa ambiental. Se cree que se puede seguir manejando a la opinión pública con campañas publicitarias y desinformación. Este es el camino laberintico e irremediable al abismo. Enamorados inconscientemente de esta oscuridad caminan atraído por la gravitación de la destrucción.

Sobre la intangibilidad en la normativa ambiental

No se tiene la menor idea de lo que significa la norma de intangibilidad ambiental. No se consulta los antecedentes en otros países, ni se hace comparaciones. Lo intangible en la norma ambiental no va contra los derechos de las naciones indígenas originarias, al contrario las complementa. Lo que no se puede hacer es violar la constitución con esa clase de declaraciones tan desfachatadas, las del senador de Cochabamba. Se debe respetar la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la constitución, los derechos de la Madre Tierra. Se debe defender el proceso y no intereses desforestadores de la colonización y el monocultivo desbastador, no los intereses egoístas de cultivos excedentarios destinados a la cocaína, no los intereses de empresas constructoras trasnacionales. Esa actitud es atentatoria del proceso plurinacional, comunitario y autonómico.

Represión y represalias gubernamentales

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No se pueden hacer las políticas públicas de tal manera que siempre hay mala intención en su elaboración, sobre todo cuando se trata de políticas encaminadas a cumplir con la Constitución y la Ley, particularmente aquellas encaminadas a cumplir con la ley corta promulgada en defensa del TIPNIS, avasallando a los dirigentes orgánicos del TIPNIS, ignorándolos. Se sabe que al final de cuentas el poder es solitario, que hay una desoladora soledad del poder, de los que están encumbrados y aislados en el poder, empero, esta solitaria actitud no puede desolarnos a todos, a todo el pueblo que ha defendido el TIPNIS, a todas las organizaciones y naciones y pueblos indígenas originarios. No se pueden hacer las cosas por capricho y por voluntad propia y de ministros que lo único que saben hacer es manipular y maniobrar, pues esta actitud lo único que hace es ahondar la propia crisis política y avivar nuevamente el conflicto, que esta vez va a ser gigantesco e indetenible.

Los derechos en la Constitución

La Constitución reconoce la condición de pre-existencia a la Colonia de las naciones y pueblos indígenas originarios, el derecho al autogobierno y a la libre-determinación; la Constitución también establece los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, donde se encuentran definidos varios derechos, entre ellos, el derecho a la consulta, previa libre e informada. La Constitución también establece la condición autonómica del Estado, definiendo la autonomía indígena como una de las forma de conformación del Estado plurinacional comunitario. El TIPNIS cuenta con título colectivo de propiedad, además que cuenta con una ley que lo declara intangible, que significa en la norma ambiental complementación y reforzamiento de los derechos indígenas, no “in-tocable” en el sentido de que nadie toca, como han querido entender de manera apresurada y beligerante personeros del gobierno. No se puede ocupar militarmente el Territorio Indígena, esto no sólo implica violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra, la ley corta en defensa del TIPNIS, sino también recuerda las ocupaciones militares de los campamentos mineros en épocas de las dictaduras.

Corrosión y corrupción, las armas de las empresas trasnacionales

La manipulación del OAS, de los comprometidos con esta construcción ilegal y llena de vicios, no tiene límites. No se dan por vencidos, a pesar de la victoria indígena en el conflicto del TIPNIS y la Ley de protección de Territorios Indígena. Esta gente cree que en Bolivia se tiene que imponer la ley de la fuerza del capitalismo, del extractivismo, de los intereses empresariales a través de la las redes de la corrosión y la corrupción. No saben, no entienden, que enfrentan a un pueblo capaz de actos heroicos.

La violencia desmesurada del Estado

La violencia desmesurada del Estado en la etapa represiva jacobina y las profundas contradicciones de un gobierno que opta por el modelo extractivista del capitalismo

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dependiente, desechando la Constitución, el Estado plurinacional comunitario y autonómico, el modelo del Vivir Bien alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, ha llevado a esa represión sañuda y llena de odio contra las naciones y pueblos indígenas que protegen su territorio contra el avasallamiento. Empero, la victoria indígena con la Llegada a La Paz y el recibimiento de un millón de personas y de columnas inmensas, conformadas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco, victoria cristalizada en la promulgación de la Ley corta que protege al TIPNIS y prohíbe la construcción de la carretera, reivindica el sacrificio de los marchistas. Ahora hay que esclarece los hechos, develar a todos los comprometidos con la orden dada para intervenir la marcha y la represión. Es todo el gabinete.

Nuevamente la defensa del TIPNIS

Otra vez la defensa del TIPNIS. El gobierno no entiende, cree que puede promulgar una ley y volver atrás. Cree que todo se resume a la astucia criolla o la manipulación, a la movilización de gente afín con el objeto de volver a insistir en la violación a la Constitución, a la Madre Tierra, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Volver a insistir en la violación del buen entendimiento y la lógica. El gobierno cree que puede hacer lo que le da la gana sólo por el hecho que tiene en sus manos el poder, los recursos para comprar gente y movilizar a los adherentes, quienes nunca han entendido ni el proceso ni la Constitución, menos lo que significa construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Estos adherentes creen que lo que se tiene que hacer es repetir consabidamente y aburridamente los trasnochados discursos desarrollistas. No tienen consciencia de que esos discursos no van con la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición intercultural del Estado, no van con la Constitución, no van con el modelo alternativo del Vivir Bien. Por eso no se avergüenzan ni se inmutan de contradecirse de manera tan brutal.

La habilidad manipuladora de la clase política

Para eso son buenos, para eso hay recursos, para pagar a la gente, para pagar a comunarios, para ponerlos contra sus propios intereses y territorio, aprovechándose de la pobreza y las necesidades de la gente. Son buenos para montar escenarios pues creen que se puede seguir haciendo política con astucia, engañando a la gente, haciendo teatro. Esta es una concepción ciertamente pobre de la realidad. Para los políticos de turno la realidad se resume a la maniobra, es un producto del poder, de la potencia del poder, de su capacidad de deformar los hechos. Están equivocados, ese montaje no dura mucho tiempo, solo es un recurso provisorio de la instrumentalidad del Estado, de los alcances gubernamentales; la realidad efectiva es histórica, es el presente eterno, es la voluntad de cambiar, es resistencia al poder, es el campo de posibilidades abierto y los horizontes dibujados por las luchas sociales y la guerra anticolonial indígena. El recurso a la maniobra de los gobernantes no dura o dura lo que un castillo de naipes puede resistir a una brisa.

La curva de la indiferencia

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No es el siglo XX cambalache sino el siglo XXI curvo y laberíntico. Los gobiernos de derecha y de izquierda cada vez se parecen más. Repiten los mismos hábitos, también tienen el mismo habitus, las mismas prácticas, parecen responder a los mismos intereses. Se coaligan con las empresas trasnacionales, terminan defendiendo el mismo modelo extractivista del capitalismo dependiente, reprimen de igual forma a los pueblos indígenas, que son el contenido y el sujeto del proceso constituyente. En muchos casos, no necesariamente en todos, los gobiernos progresistas se atreven a tomar medidas que los mismos gobiernos neoliberales no se atrevieron. ¿A qué se debe esto? ¿Al gozar de mayor popularidad y credibilidad sienten que es una carta blanca la confianza que les brinda el pueblo? Lo cierto es que podemos hablar de una clase política, que ya es un estrato social y obviamente reproduce el mismo estilo y defiende la reproducción de su misma clase. No importa que unos funcionarios hayan sido convocados de las clases populares y otros de las clases medias, cuando están en función de gobierno responde a las lógicas del poder y a la racionalidad instrumental de la maquinaria estatal.

De la desfachatez política y los crudos intereses

¿Qué se puede llamar esa maniobra tan complicada de aprobar una ley y luego hacer todo para abrogarla? ¿Qué se puede decir de un gobierno que se compromete con resolver el conflicto del TIPNIS por la vía saludable de reconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y después, a los pocos días, maniobrar para que se anule sus compromisos? ¿Hay algún ápice de seriedad en todo esto? ¿Qué es eso de moverse en una constante incertidumbre? Los acuerdos no son acuerdos, los compromisos no son compromisos, la ley no es la ley; se hace todo al capricho de los gobernantes. Quienes además parecen estar amarrados a los intereses y puestas en juego de empresas trasnacionales. ¿Qué se pude pensar cuando la empresa constructora OAS recurre al chantaje, a la prebenda, a la corrupción, moviendo sus recursos para imponer su voluntad? Los negocios son los negocios y para estos empresarios están por encima de los derechos de los pueblos y de las soberanías. Estas empresas están sobre los gobiernos, el Estado es sencillamente el aparato que garantizan el gran juego financiero y del mercado, garantizan las grandes ganancias que se consiguen alterando todas las reglas y las normas.

Lo que se puede decir es que el gobierno no sólo está atravesado por profundas contradicciones insoslayables sino se encuentra comprometido con intereses y estructuras de poder más grandes que los propios alcances y controles del país. El juego va más lejos que el propio prestigio del gobierno, la propia imagen de los gobernantes, los mismos conflictos internos. Con esto se constata que la soberanía se la ha perdido. Se encuentra supeditada a la irradiación de hegemonías regionales. Claro que también estos intereses regionales se apoyan también en intereses particulares de clases sociales y sectores del país. ¿Quiénes están interesados en que una carretera cruce un parque y territorio indígena protegido por la constitución y las leyes, además defendido por la ley corta promulgada en defensa del TIPNIS? Fuera de la empresa trasnacional OAS, el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil, el propio gobierno brasilero y ciertamente, en esta ruta, el gobierno boliviano, son los cocaleros los interesados en esta carretera. La propaganda del gobierno habla de instituciones

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cochabambinas, las mismas que no se han puesto de acuerdo por observaciones y la posición encontrada de la Universidad Autónoma de San Simón y otras organizaciones. También se habló de instituciones benianas, ¿cuáles? Así mismo, y esto es lo más grave, se presentan a comunarios indígenas del TIPNIS, saltando a las propias organizaciones matrices indígenas de tierras bajas y del TIPNIS. Se hace todo un montaje con la llegada de delegaciones indígenas del TIPNIS y su presentación en la Asamblea Legislativa pidiendo la carretera. La desesperación y la maniobra no tienen límites, tampoco el decoro ni el cuidado de guardar las apariencias. No importa el compromiso del presidente, la promulgación de la Ley corta; lo que importa es imponer la voluntad de dominación vinculada a los caros compromisos, aunque se haga contra toda compostura, la ley, la Constitución y los derechos.

La gravitación del mercado asiático y de la compulsión por ampliar la frontera agrícola es condicionante de estas actitudes inescrupulosas del gobierno. Con la llegada de un grupo indígena pagado por el gobierno se cree que se guardan las apariencias, que se tiene la excusa para volver atrás, volver a foja cero, retomar la construcción de la carretera. Se tiene con esto un desprecio grande de la opinión pública y de las organizaciones sociales, se muestra una imagen supeditada del pueblo, al que se lo considera dócil. Se muestra una patética amnesia que olvida rápidamente los últimos hechos relativos a la marcha indígena y a los recibimientos conmovedores de los pobladores de la ruta de la marcha desde Quiquibey, sobre todo se olvida la recepción de un millón de personas de la ciudad de La Paz que se volcaron a recibir y apoyar a los marchistas. No interesa nada de esto, se tiene para todo otras versiones, aunque las mismas no puedan sostenerse empíricamente. La amnesia unida al desconocimiento tácito de los hechos son los tristes recursos que se tiene para justificar el retorno a la violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la Madre Tierra, la violencia sobre la misma ley promulgada. Sencillamente no se acepta lo ocurrido, no se acepta la derrota, no se acepta la voluntad popular; lo que se tiene por postulado son los compromisos y un discurso supuestamente desarrollista.

¿Cuánta sinceridad hay en todo esto? Por más criticable que pueda ser la ilusión desarrollista, ventilada en los discursos gubernamentales, no parece ser el sentido de decisiones tan arriesgadas; el sentido parece más pedestre. Hay compromisos, hay intereses en juego, hay economía política del chantaje, hay sobre-ganancias y participaciones. Hay una empresa constructora trasnacional, observada por donde estuvo, tanto en Brasil como en Sud América, acostumbrada a ejercer su dominio comprando consciencias y corrompiendo; empresa que se ha convertido en el factor desequilibrante y perturbador en el conflicto.

Del cumplimiento constitucional

El cumplimiento de la constitución es para todos, nadie escapa a sus mandatos, sobre todo cuando se trata del cumplimiento y la garantía de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. La violación desmesurada que se cometió en la represión a una marcha pacífica, que estaba además acampando y en espera, comprende delitos flagrantes. Los que se niegan a cumplir con la Constitución no solo cometen actos inconstitucionales, sino que también están encubriendo delitos cometidos. Son también cómplices de la violación de derechos.

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La violencia profusa del gobierno, de la representación y de las palabras

La doble moral, el doble discurso del gobierno y la violencia descomunal de los cocaleros

Se trata de la ideología de yo hago lo que me da la gana

El gobierno y la Asamblea Legislativa Plurinacional han promulgado una ley que declara intangible al TIPNIS; el gobierno se ha puesto a trabajar con los dirigentes indígenas la reglamentación de la ley. Se llegó a un acuerdo; respecto a este acuerdo ahora dice que tiene observaciones. Un senador de La Paz dice que los indígenas que no marcharon pueden plantear la inconstitucionalidad de la ley. ¿Habrá leído este senador la Constitución? ¿Sabrá que la Constitución protege el parque y el territorio indígena, que exige consulta previa libre e informada? ¿Comprenderá que el modelo alternativo al capitalismo a la modernidad y al desarrollo, que es el vivir bien, protege a la Madre Tierra del extractivismo, de la desforestación y el monocultivo, para no hablar de la producción de cocaína? Se puede decir cualquier cosa sin inmutarse de ya no de contradicciones sino de aterradores sin sentidos. Eso es posible en la medida que los que representan al pueblo, los representantes, no tienen la menor idea del proceso constituyente, menos de lo que significa el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hay en todo esto, en todas estas bochornosas declaraciones, exacerbadas confusiones. Hay que decirlo de manera directa, las luchas sociales, sobre todo las correspondientes al ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, no se efectuaron para que los cocaleros se hagan ricos, tengan más tierra a costa de los indígenas, a costa de los territorios indígenas, en contra de sus naciones y pueblos, en contra de sus derechos. Eso no es emancipación, la emancipación abarca y compromete a todos, libera a todos de las múltiples cadenas de dominación, libera a proletarios, a pueblos, a naciones, a mujeres, a sujetos y subjetividades. No se ha peleado para tener nuevos amos, nuevos amos desalmados, que lo único que les interesa es la ganancia, lícita e ilícita, que lo único que buscan es ampliar la frontera agrícola, destrozar los territorios ricos en diversidad, oprimir a los indígenas como en las peores épocas de las formas violentas del colonialismo. Todas estas violencias y dominaciones contra las que se peleó obviamente no están legitimadas ni legalizadas en la constitución sino en la cabeza delirante de senadores, de ministros y gobernantes, también en la cabeza delirante de algunos dirigentes cocaleros. A estos caballeros, machos y dominadores, nuevos amos y nuevos ricos, hay que decirles que los movimientos sociales no pelearon por esto, por una nueva burguesía desvergonzada, tan explotadora y violenta como la otra, la antigua, ahora aliada. Para ambas burguesías los indígenas son un obstáculo, sus territorios son un obstáculo, sus derechos, consagrados en la constitución es un obstáculo. La misma Constitución es un obstáculo. Por eso arremeten contra la Constitución, las leyes, los derechos, los territorios indígenas, las naciones y pueblos originarios.

Hacer un recuento de lo que ocurre sorprende por la asombrosa sintomatología que arroja. Mientras se promulgaba la ley, se discutía la reglamentación y se llegaba a un acuerdo ocurría paralelamente otra cosa, otro flujo de hechos que atetan notoriamente contra la ley corta promulgada, contra la reglamentación y los acuerdos. Para hacer este recuento vamos a

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recurrir a la fuente de Sarela Paz, antropóloga e investigadora que comenta estos alarmantes sucesos:

Mientras sucedía lo que parecía ser la finalización del conflicto del TIPNIS brigadas de cocaleros ingresaron al núcleo del TIPNIS con motosierras para abrir una senda. Partieron hace tres semanas, a razón de tres comisiones, lo hicieron desde la comunidad Tres de Mayo del Ichoa, comunidad mojeña. Han entrado con motosierras, se cuenta que entre 50 y 60 personas han ingresado conformando las tres distintas comisiones mencionadas. Lastimosamente se encontraban acompañadas por familias yuracarés que pertenecen a San Antonio del Moleto, Fátima de Moleto y Mercedes del Lojojouta. Han abierto la senda entre el Ichoa y el Sécure. Acaban de salir al Sécure, aguas más abajo de la comunidad de Areruta. En otras palabras, ya han abierto la senda que no había y que ha penetrado el núcleo del TIPNIS, han atravesado el parque y el territorio indígena, sin consentimiento de ninguna clase; seguramente ahora nos van a decir que esa senda ya estaba. De hecho el alcalde de Villa Tunari dijo, cuándo se aprobó la ley corta, que ellos en persona abrirán el camino. Al gobierno no le preocupa la noticia; es más, es cómplice de esta acción beligerante y violatoria de derechos, leyes y Constitución. Aplica la intangibilidad para los indígenas, empero no para los colonos. Esta es la razón por la que el senador Julio Salazar dijo que estamos perdiendo el tiempo haciendo el reglamento. El mismo senador tiene tierras dentro del TIPNIS y sabía lo que estaban haciendo los cocaleros. Seguramente el presidente y sus ministros estaban informados de lo que sucedía. Estos hechos alarmantes los conocen los dirigentes del Sécure. Los dirigentes del TIPNIS se encuentran desconcertados, aunque sabían que todo esto iba a suceder. La pregunta es: ¿Quién ha puesto dinero para dicha movilización de los colonos, brigadas de 60 personas, armadas con motosierras y gasolina? Ante semejante vejamen, los indígenas quieren hacer un encuentro territorial en la comunidad de Santo Domingo. En estos momentos una comisión del gobierno se encuentra en la zona central del Ichoa, ¿qué es lo que hace? ¿Coordina acciones para seguir avasallando, para seguir violando la constitución, la ley, los acuerdos, el reglamento?19

Como se ve, no se respeta nada, ni acuerdos ni leyes. No importa, lo que importa es imponer por la fuerza la voluntad de los que sienten propietarios del gobierno, del Estado, ahora de los territorios indígenas, que avasallan como en los peores tiempos de la expansión colonial de los latifundistas. Estos hechos alarmantes muestran claramente cuál es el sentido de las políticas gubernamentales, cuál es la dirección de sus medidas, cuál es su vocación. Sabíamos que el gobierno había optado por el modelo extractivista del capitalismo dependiente, por la supeditación a las empresas trasnacionales, al IIRSA y al proyecto hegemónico de la burguesía brasilera, sabíamos que su alianza es con la burguesía agroindustrial y los terratenientes, en contra de los indígenas; ahora sabemos que además no tiene ley ni palabra, no le importa lo que acuerda. Se ha vuelto a la ley del más fuerte, a la razón de la violencia. Sobre estas bases, no sólo se impone el Estado de excepción, la tiranía, sino la violencia descomunal de los intereses más pedestres, el de las ganancias ilícitas y la economía política de la cocaína.

19 Fuente: Sarela Paz. Se puede revisar su artículo ENTRE LA INDIGNACIÓN Y EL DESCONCIERTO: Avasallamiento en el  TIPNIS pos Ley de Protección del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Ley 180).

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No sabemos ahora en qué va a terminar el conflicto del TIPNIS, pues el gobierno ha decidido comportarse bravuconamente. Lo que sí sabe el pueblo que ha aperturado este proceso, el proceso constituyente, el proceso que debería ser descolonizador, lo que sí saben los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas originarios, las juntas de vecinos, las organizaciones de jóvenes autogestionarios, los sindicatos, los mineros, la COB, que apoyaron la defensa del TIPNIS, que volveremos a salir a las calles y a los caminos, que volveremos a movilizarnos no solo por la defensa del TIPNIS sino por la defensa del proceso contra un gobierno que ha usurpado a los movimientos sociales y al pueblo sus consecutivas victorias políticas, ha usurpado el proceso para ir por otro lado, en contra de la Constitución, en contra de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, en contra del vivir bien, en contra de la Madre Tierra y a favor de las empresas trasnacionales y de la nueva burguesía recompuesta, conformada por los nuevos ricos y la vieja burguesía agroindustrial, comercial y financiera. La contradicción entre un gobierno extractivista y desforestador y el pueblo, el poder constituyente, que son los movientes sociales y naciones y pueblos indígenas originarios, la contradicción entre un gobierno cipayo, al servicio de la burguesía brasilera internacionalizada ha llegado a un punto culminante de la contradicción y la crisis del proceso. Los movimientos sociales, naciones y pueblo estamos obligados a recurrir a las profundas fuerzas de la dignidad, de la emancipación, de la rebelión, para detener la descomunal violencia estatal, la despavorida violencia de los nuevos ricos y de la burguesía recompuesta que tiene en la mira la ampliación de la frontera agrícola, que es lo único que sabe hacer, pues no es productiva, transfiere los costos de producción, de los monocultivos, a la naturaleza. Este capitalismo extractivista es la continuación por los medios de la desforestación salvaje del capitalismo dependiente de todas las élites criollas que han gobernado el país, que ahora han transferido esta compulsión destructiva a nuevos ricos, que tienen en la mira no el desarrollo sino la ganancia fácil. Por eso, en defensa de la Constitución, del Estado plurinacional comunitario y autonómico, del vivir bien, de la descolonización, en defensa de la cohesión social y comunitaria, debemos salir, movilizarnos, en contra de este proyecto del capitalismo salvaje.

Debemos comprender las causas profundas de estas contradicciones, debemos entender que los procesos, llamémosle revolucionarios o transformadores, conllevan contradicciones inherentes, pues son herederas de la institucionalidad de la vieja maquinaria estatal, son herederas de las estructuras de poder cimentadas, no desmanteladas, son herederas de ilusiones de riqueza y de desarrollo, profusamente difundidas por la modernidad y el capitalismo. No iba a ser fácil dar lugar, liberar las potencialidades y capacidades del pueblo movilizado, de las naciones y pueblos indígenas originarios, se los sectores populares urbanos, del proletariado nómada, pues también las contradicciones yacen en el seno del pueblo, las contradicciones forman parte de nosotros, un nosotros que tiene un pasado de dominación, de violencia cristalizada en los huesos, y por lo tanto podía repetir esa violencia con otros, podía querer reproducir al amo, ser semejante al amo, que nos había dominado e inscrito su imagen en nuestro inconsciente. Por eso es importante que resolvamos las contradicciones en el seno del pueblo, en la interioridad convulsa de nosotros mismos, es indispensable que luchemos con la parte retrograda, la parte conservadora, la parte egoísta de nosotros mismos, y liberemos la parte innovadora, emancipadora, libertaria, creativa, rebelde de nosotros

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mismos. Una transición descolonizadora sólo se puede construir si liberamos esta parte, la que corresponde a la imaginación radical y al imaginario radical.

Este proceso no le pertenece al MAS, no le pertenece a Evo, menos a Álvaro, mucho menos a sus ministros y senadores “llunkus”, tampoco a los dirigentes corruptos y cooptados, que no llaman a reunión con sus bases para tomar decisiones. Este proceso le pertenece, en primer lugar, a los muertos que ofrendaron sus vidas, a los heridos, a los familiares de los heridos y las víctimas; en segundo lugar, le pertenece a los movimientos sociales y naciones y pueblos indígenas originarios; en tercer lugar, le pertenece a toda la gente que ha confiado y ha votado consecutivamente por un proceso de cambio, por una Constitución descolonizadora, por un nuevo Estado. Esta propiedad colectiva e histórica del proceso debe ser recuperada de manos de los que usurpan las luchas en beneficio propio.

Apuntes sobre problemas de la transición

El principio existencial del proceso

El proceso existe, ha sido abierto por las luchas sociales, lo que no existe es un gobierno que está con el proceso. Se trata de un gobierno equivalente a todos los gobiernos, a las formas gubernamentales del Estado liberal.

Los horizontes de la Constitución

La Constitución realiza y expresa la larga lucha descolonizadora iniciada con los levantamientos indígenas del siglo XVIII. La izquierda colonial nunca ha entendido que la lucha anticapitalista consecuente debe ser también y primordialmente una lucha anticolonial y descolonizadora. La Constitución abre el cause a una transición pos-capitalista más compleja y más rica que la transición de la dictadura del proletariado, que se quedó en los límites de la modernidad, la cuna y matriz del capitalismo. El proyecto socialista no pudo nunca salir de los horizontes del capitalismo. La revolución india va más allá, hacia un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La izquierda colonial no se ha enterado que ha caído la Unión Soviética debido a las profundas contradicciones de la construcción del socialismo real, y que la China ha convertido la construcción socialista en un socialismo de mercado; es decir, en la emergencia de la nueva potencia capitalista, sobre la base del capitalismo salvaje. Lo que los izquierdistas coloniales sobrevivientes tienen como referente es sólo un imaginario, se invisten de las glorias de revoluciones pasadas, sin haber hecho una. Cuándo aparece una, distinta, compleja, en los nuevos escenarios del capitalismo, en las condiciones de sus nuevas crisis estructurales, prefieren no comprenderla pues no se parece a sus esquemas, tampoco ya entiende las transformaciones de los ciclos del capitalismo. Prefieren revivir sus fantasmas y echar piedras contra un proceso real que intenta otro camino alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, que forma parte de las ilusiones de los capitalismos periféricos.

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Sobre la revolución cultural

La revolución cultural está inhibida por dos contrariedades; por una parte no se ha dado lugar a la participación, como exige la Constitución, tampoco a la movilización, como lo requiere la revolución cultural; por otra parte los maestros siguen siendo modernistas y desarrollistas, como recién salidos de la guerra del Chaco. No entienden, como la izquierda colonial, que el anticapitalismo consecuente es también anticolonialismo. No han ingresado a las luchas reales del presente contra el capitalismo, contra la modernidad, que es su matriz cultural, y contra el desarrollo, que es la ilusión de las élites periféricas, así mismo también de la izquierda colonial. Siguen luchando contra fantasmas, atrapados en su imaginario supuestamente revolucionario, investidos de la gloria de las revoluciones pasadas sin haber hecho una revolución en su país; fantasma de la revolución, que no es otra cosa que una anacronismo no resuelto después de la caída de la Unión Soviética y la conversión de China en la nueva potencia capitalista emergente durante la clausura del ciclo del capitalismo vigente. La revolución cultural debe ser descolonizadora, constitutiva de sujetos emancipados de las relaciones de dominación heredadas.

El fiscal encubridor

El comportamiento del fiscal es francamente encubridor. Esa es una conducta que devela la supeditación completa de la administración de justicia al ejecutivo. No solamente estamos repitiendo los males de una administración de justica corrupta, de la que deberíamos salir, sino la complicidad de los fiscales con la injusticia. Los indígenas reprimidos, mujeres, niños y ancianos, contra quienes se ejerció violencia y conculcación de sus derechos constitucionales, no tendrán justicia. Van a tener que volver a vivir las perversiones de la justicia criolla. Nadie que tiene uso de razón y esta mínimamente informado puede admitir la hipótesis insólita de que ni el presidente ni el vicepresidente tuvieron nada que ver con la orden de represión a la marcha. La orden fue dada en gabinete y estaban todos presentes y tuvieron conocimiento pleno de lo que se daba como orden, además de que ya tenían preparado el documento que pedía intervención a la policía y fue firmado por la ministra de justicia. Después de esta muestra indecorosa de encubrimiento del fiscal, éste debería renunciar.

Perfiles jacobinos

El que tiene contradicciones profundas no resueltas, paradojas y hasta aporías irresolubles es el jacobino, que parece no entender la Constitución, el proceso, el carácter descolonizador del proceso y de la Constitución. No entiende qué significa territorio indígena, que significa área protegida. No entiende que el territorio y el parque están protegidos por la Constitución y las leyes. No entiende qué es consulta previa libre e informada, que ésta se la hace antes y no después. Que la consulta pasa por normas y procedimientos propios de los pueblos y comunidades, que la consulta cuenta con la obligada participación de las instituciones orgánicas indígenas y no con gente manipulada por el gobierno. No entiende que ha sido derrotado, que su soberbia ha sido derrotada, que su proyecto extractivista y desforestador ha

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sido derrotado. No entiende que hay una ley que protege el territorio y lo declara intangible, tampoco entiende que es intangible, cree que es absolutamente, inmaculadamente, intocable. Esta interpretación abstracta esta de acorde con toda la metafísica del fracaso que encarna. Menos se puede esperar que entienda que el Estado plurinacional comunitario y autonómico no es la restauración del Estado-nación, liberal y colonial; no entiende que la construcción del Estado plurinacional es la muerte del Estado-nación.

Ahora resulta que ENTEL se ha vuelto encuestadora, en vez de cumplir con sus funciones y dar buen servicio. Ahora resulta que ENTEL hace investigación de campo. ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde está la compostura? ¿Dónde está la seriedad? Se las ha perdido. Se cree que basta con la fuerza del Estado para escamotear los hechos, se cree que es suficiente la violencia para producir la realidad. Estos comentarios rayan en lo escandaloso del sin-sentido, no solo de la contradicción. ¿Qué hay detrás para llegar a esta desfachatez? ¿Qué tan grandes son los intereses para explicar estos exabruptos? ¿Qué fuertes son los compromisos como para dejar todo habito de racionalidad? Solo queda despejada la descarnada manipulación política. El objetivo es volver atrás, tirar por la borda la ley corta, el compromiso del presidente, el reglamento, la voluntad del pueblo que se ha levantado y apoyado la marcha, ha recibido multitudinariamente a los marchistas. No, esto no vale nada para el jacobino, lo que vale es la fuerza del Estado, ya no de la ley, pues se trata de un gobierno que no tiene ley ni palabra.

El imaginario del duelo

El vicepresidente ha convertido la política en un duelo personal, ha personalizado la política al extremo que ha confundido la realidad con su imaginario, donde los fantasmas del pasado, como el de Robespierre, fantasmas de las memorias de revoluciones pasadas, habitan el presente, agobiando a los vivos con sus propios delirios. Este es un síntoma de alucinación de grandeza, de creerse predestinado, y por lo tanto de cumplir con un guion, el del drama de la incomprensión. El problema es que esta confusión entre realidad e imaginación nos lleva a todos al derrotero del abismo donde los fantasmas sepultan a los vivos y asesinan las revoluciones reales del presente.

El vicepresidente quiere imponer su imaginario y convertirla en realidad por decreto; ignora la marcha indígena que ha defendido el TIPNIS, el apoyo multitudinario de la ciudadanía a la marcha, la ley promulgada, el reglamento de la ley. No contento con la invención de una marcha organizada por el gobierno, una marcha manipulada y presionada por los cocaleros, manda, como nunca, en ninguna marcha, una comisión de la Asamblea Legislativa para escuchar las demandas de los marchistas. ¿Acaso ignoran estos pedidos, son los mismos del núcleo desarrollista del gobierno, la carretera de la depredación? Este teatro descolorido y sin ingenio, quiere revertir la derrota sufrida; los indígenas vencieron a los delirios de grandeza del vicepresidente, a sus compromisos con el gobierno brasilero y las empresas trasnacionales petroleras y de la construcción, vencieron al espejismo del desarrollismo, que encubre el proyecto efectivo: modelo colonial extractivista. El imaginario jacobino otra vez se estrellara

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con la realidad, la voluntad del pueblo en defensa de la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y la madre tierra.

La guerra de la madre tierra en el TIPNIS fue una guerra civilizatoria, el vivir bien contra del modelo extractivista que nos condena a la dependencia, también es una guerra contra la economía política de la cocaína, que destruye a las comunidades, los lazos sociales; economía que apuesta a la riqueza fácil, que dura un instante, renunciando a un proyecto colectivo de armonía social, comunitaria y con los ciclos vitales de la madre tierra. El vicepresidente encubre con su imaginario los reiterativos intereses que aplastaron al pueblo y lo condenaron a la miseria, intereses capitalistas, intereses de grupos de poder, intereses del diagrama de la corrupción e intereses de la economía política de la cocaína. Lastimosamente la cruda realidad es este circulo vicioso de lo mismo, no imaginaria. Se termina defendiéndolos intereses más pedestres y egoístas.

Apuntes para una breve historia de las injerencias del ejecutivo

En lo que respecta a la elección de los magistrados, la primera injerencia comenzó cuando los eligieron directamente, según listas manejadas de antemano, al mejor estilo del jacobino, sin consultar, sin participación de las circunscripciones y el pueblo, en gran debate abierto, bajo conocimiento de la gente, como establece la Constitución. El estilo jacobino es ese, la orden vertical a la que se debe obedecer sin discutir, la supeditación de la dinámica al Poder Constituido y de éste al ejecutivo, después la supeditación del ejecutivo y el Congreso a las decisiones solitarias de la clarividencia del émulo de Robespierre. Por eso la convocatoria a la Asamblea Constituyente desde el Congreso, a pesar de que ya fue convocada por la insurrección de los movimientos sociales, una convocatoria que limita los alcances del Poder Constituyente y busca subordinarla al Poder Constituido; después la ampliación de la temporalidad de la constituyente desde el Congreso, cuando la Asamblea Constituyente, como Poder Constituyente, tenía todas las atribuciones para hacerlo. Una vez que se aprueba la Constitución en Oruro, la hace revisar por el Congreso, el Poder Constituido, violando las atribuciones ilimitadas de la constituyente. La revisión es una acuerdo con los representantes de las oligarquías; las 144 revisiones son reduccionistas, limitativas y atentatorias del espíritu constituyente, como lo de la conculcación de la reforma agraria. Es el entorno pragmático el que ha estado detrás del gasolinazo y ha tratado defender férreamente esta medida de shock contra el pueblo. También es este entorno el que está totalmente comprometido con las empresas trasnacionales brasileras, petroleras y de la construcción. Un buen ejemplo de lo que decimos ocurre cuando sale el entonces Ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada por pedido de Marco Aurélio Garcia, asesor del entonces presidente Lula. El entonces ministro se negaba a que se firme un convenio atentatorio al Estado, a los intereses del país y que favorecía a PETROBAS; muy obedientes los gobernantes intervienen, sale el ministro del gabinete y se firma el convenio atentatorio.

Así mismo se trata del núcleo duro de nacionalistas, desarrollistas, que en el fondo no son más que extractivista, que ha conspirado contra el TIPNIS, a pesar de estar protegido por la Constitución y las leyes; núcleo duro que ha atentado contra los derechos de las naciones y

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pueblos indígenas originarios, para favorecer a OAS y los compromisos con el gobierno brasilero. Ahora, este mismo núcleo duro, es el que quiere revertir la victoria indígena en la defensa del TIPNIS, buscando anular la ley corta mediante toda una tramoya y manipulación escabrosa, que utiliza a los avasalladores del TIPNIS, colonizadores, cocaleros y comunarios convertidos en cocaleros y en propietarios campesinos, afiliados a las Federaciones Cocaleras, en una marcha inducida por el gobierno precisamente para anular la ley corta que defiende al TIPNIS y aprobar la carretera de la depredación. ¿Cuál es la magnitud de los intereses y compromisos que se juegan en esto, de tal forma que deciden los gobernantes abandonar toda apariencia, todo decoro, toda compostura y portarse como vulgares cipayos al servicio de intereses extranjeros? Pero también, hay que anotar que también entran en juego intereses perversos de ciertos sectores de colonizadores y campesinos, los comprometidos con la coca excedentaria, destinada a la economía política de la cocaína.

No es entonces ninguna sorpresa la historia de las injerencias. El objetivo alucinante es el control total de todo el poder, la totalización del poder en manos de una persona, el clarividente. Sin embargo, esto no es posible; la paradoja se da: cuanto más se controla menos fuerza se tiene, cuanto más se tiene la apariencia del poder aplastante menos legitimidad se logra. Bastó una marcha indígena, digna y valiente, de defensa del TIPNIS para derrotar al gobierno, que se ha apartado del proceso, y recibir el apoyo multitudinario de las ciudades y de los pueblos por dónde pasó la marcha. No pudo la represión sañuda y calculada, preparada de antemano, movilizando funcionarios, recursos del Estado, policías y militares contra el acto heroico de los marchistas. Tampoco podrá una marcha oficialista, montada, inventada desde los escritorios, presionada por los cocaleros, organizada otra vez con los recursos del Estado revertir la victoria indígena.

Los partidarios de la carretera de la desforestación

Los que quieren la carretera de la deforestación, que atraviese el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, son OAS, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, el IIRSA, los nacionalistas y extractivistas del gobierno, los terratenientes que quieren ampliar la frontera agrícola. ¿Se puede hablar a nombre del pueblo cochabambino? ¿Quiénes son el pueblo cochabambino? La Universidad Autónoma de San Simón y otras instituciones están en contra de la construcción de la carretera que atraviese el territorio indígena. Los que quieren una carretera depredadora, extractivista y cocainera son los adherentes oficialistas y los "lunkus" que no entienden el proceso ni la Constitución.

Los objetivos de la Cumbre oficialista

¿Por qué se hace la Cumbre social? ¿Para qué? ¿Para abrir más todavía las compuertas a las empresas trasnacionales? Hacer más concesiones de exploración y explotación? ¿Qué tiene el borrador de la Cumbre Social preparado por el gobierno? ¿Qué compromisos ya se han cerrado secretamente con las empresas trasnacionales? ¿Van a usar la Cumbre para legitimar el proyecto extractivista, capitalista y dependiente? Estas preguntas son las que bordeaban la

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víspera de la famosa Cumbre Social, que no era otra cosa que un encuentro oficialista y de la burguesía recompuesta, donde los ministros ni siquiera dirigieron las mesas, que era ya el colmo, sino que prácticamente fueron las organizaciones sociales las que pedían audiencia a los señores y señoras ministros. Esto constata la subordinación de las organizaciones campesinas al mando de los ministros. ¿Ya no se confía en las organizaciones sociales? ¿Por qué no se las deja deliberar?

Cumbre borrascosa

Deberían dedicarse a cumplir con la Constitución en vez de llevarnos al despeñadero. La famosa Cumbre Social, que no tiene nada de plurinacional, porque no están las naciones y pueblos indígenas, sus organizaciones matrices, tiene una agenda que es más de los mismo, ratificar lo que se ha hecho, discutir banalidades, no deliberar, no permitir la crítica, embarcándose cada vez en el modelo colonial extractivista. No hay apertura al gran debate de fondo: Modelo extractivista o modelo alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.

Metáforas literarias

Cumbres Borrascosas, en castellano, el título en inglés es Wuthering Heights. Se entiende que es la única novela de Emily Brontë. Fue publicada por primera vez en 1847 bajo el seudónimo de Ellis Bell. Su hermana Charlotte editó una segunda edición póstuma. Esta novela se considera un clásico de la literatura inglesa; sin embargo, el recibimiento inicial de Cumbres Borrascosas fue como un desaire. La textura de la novela llama la atención, podemos hablar de un estructura innovadora, se trata de descubrimientos cada vez más micros, un acontecimiento guarda otros; a esta textura de la novela se suele comparar, por parte de la crítica, con algo parecido al descubrimiento de un conjunto de muñecas de Matryoshka. Una muñeca rusa, la más grande contiene a todas. Al principio, la crítica quedó desconcertada, sin embargo, algunos críticos contemporáneos a la autora pensaron que éste era un trabajo anterior, menos maduro, de Charlotte Brontë, comparándolo con el que había publicado antes Jane Eyre ese mismo año, bajo el seudónimo de Currer Bell. Empero las críticas posteriores revisaron esta visión; la novela es ulterior.

Cumbres borrascosas es el nombre de la finca donde suceden los hechos de la narración, hechos complicados y pasionales, hechos de amor, de amistad, pero también de ingratitud. Llama la atención el juego del título, que, a la vez de ser el nombre de la finca, alude a un lugar tomentoso. Que así se pueden tomar las historias que concurren.

A la vez podemos usar el título como metáfora, como juego de sentidos y significados; calificar a una “Cumbre social” como encrespada o turbulenta. En todo esto no hay teoría, hay literatura, que muchas veces sirve mejor para expresar los significados de los acontecimientos. La literatura tiene potencialidades estéticas que el análisis no los tiene.

A propósito de las 15 novelas fundamentales

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No sé qué dirá mi amigo Oscar Vega, que creo es un gran lector de novela y un crítico literario. Empero creo que lo que debe preponderar en una selección, que nunca van a dejar de tener su dosis de arbitrariedad y prejuicios, es la calidad literaria, la potencia y despliegue creativo, la imaginación que transgrede la realidad y descubre en ella otras posibilidades y alternativas. Creo que calificar a las novelas de machistas o de otra cosa corresponde a una ofuscación administrativa, no se trata de una apreciación de orden literario y estético. En todo caso, hay que tener en cuenta que la escritura literaria se encuentra más allá de los esquematismos cotidianos, pues se mueve en la plasticidad de las metáforas y la transformación lúdica de las subjetividades. Es otro tiempo y realidad el de la literatura.

Es cierto que hay que luchar contra el Estado patriarcal y las relaciones patriarcales de dominación, que están en la base de las relaciones de poder de la genealogía de los estados y las sociedades, también son como el arquetipo de las internalizaciones del poder y la dominación en las subjetividades. Empero cómo se efectúa esta lucha en una selección de novelas. ¿No hay que empezar la lucha contra el patriarcalismo en el propio Estado, en el propio gobierno, en la propia administración, donde se hallan cristalizadas y normadas estas relaciones de poder y dominación? No era indispensable, para ser consecuente, defender la madre tierra en el TIPNIS, defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, violados por la represión sañuda del gobierno. Descolonización y des-patriarcalización se complementan, deben darse políticas, acciones, conductas efectivas en relación a estas luchas. Pero, no parece consecuente, con esta orientación y perspectiva, proponer la ampliación y continuidad del servicio militar; el cuartel es, conjuntamente con la escuela, la iglesia, el Estado, una de las instituciones colonizadoras por excelencia, la colonialidad se reproduce precisamente a través de los agenciamientos y dispositivos de estas instituciones, que logran internalizar en los sujetos los imaginarios coloniales, patriarcales, de subordinación y supeditación. Estas instituciones anacrónicas pervivientes son el substrato colonial de las relaciones capitalistas vigentes y hegemónicas.

Parece que es indispensable re-discutir colectivamente la selección de las novelas fundamentales, sin olvidar que la selección de las 15 novelas fundamentales recorre el tiempo y trata de obtener muestras representativas por épocas, como dice el Juan Carlos Orihuela, poeta, miembro de la comisión de selección y director de la carrera de literatura. Creo que la comisión ha hecho no más una buena selección con criterio histórico. En lo que respecta a gustos, a mi por ejemplo, me parece la mejor novela Felipe Delgado de Jaime Saenz, que revive la vida de la ciudad de La Paz de la década de los cuarenta, también me parece que el mejor novelista contemporáneo es Jesús Urzagasti; su novela ejemplar me parece que es El país del Silencio. En estos con-textos literarios, hablar de prohibir es colocarse en el papel de tribunal inquisidor, no creo que corresponda en literatura, tanto en la lectura como en la escritura, lo de prohibir. Eso lo hacían las dictaduras militares y otras formas de dictaduras patriarcales.

En lo que respecta a mi posicionamiento, disposición en el campo político, también en los tejidos de la escritura, sigo en la misma orilla de la descolonización y del Estado plurinacional comunitario, la orilla de la Constitución. Los que no están en esta orilla son los del gobierno que están contra la Constitución, restauran el Estado-nación, se oponen como buenos nacionalistas, a la construcción de lo plurinacional y las transformaciones pluralistas del Estado, se oponen a los derechos de la madre tierra y agreden los territorios indígenas. Ahora

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bien, la literatura y la estética no forman un “sistema” con la vida cotidiana, sería un contrasentido y una reducción espantosa. La literatura y la estética son producto de la imaginación radical y del imaginario radical, atraviesan los límites de lo cotidiano y descubren otras realidades alternativas. Esas posiciones de reducir la literatura y la estética a lo cotidiano no solamente son conservadoras sino reaccionarias y represoras de las facultades creativas humanas. Sigo luchando por lo que siempre he luchado, por lo que he compartido con los que han luchado y han abierto este proceso, por las emancipaciones múltiples, la descolonización y un mundo alternativo. Es el gobierno el que se ha apartado de la Constitución, de los movimientos sociales, del proceso mismo, es el gobierno el que se ha convertido en un contra-proceso, restaurando el Estado-nación, liberal y colonial. Esto se venía; las contradicciones inherentes al proceso, como en todo proceso, en toda revolución, de lo que se trata es de resolver las contradicciones en el sentido de la emancipación.

Los resultados de la Cumbre Social

No hay resultados, no hay avances, es una morosa continuidad de lo mismo, sobre todo reiterar programas ya fracasados del gobierno como el de la vivienda. Un discurso descolorido gubernamental que se viene a repetir pobremente en una supuesta Cumbre Social. Lo que se ve claramente es que no hay voluntad de cambio, no hay voluntad de transformación, no se quiere cumplir con la Constitución, no se quiere fundar el Estado plurinacional comunitario y autonómico. En otras palabras, se trata de una Cumbre que ha buscado desesperadamente justificar las dos gestiones de gobierno que brillan por su falta de vocación descolonizadora y revolucionaria. Brilla sobre todo por su rutinaria gestión liberal de una administración recurrente y atrapada en la vieja norma. En esa Cumbre no se discutió nada, no se debatió nada. Los ministros hicieron lo que hacen en sus ministerios dar órdenes.

Otro resultado de la Cumbre Social es la demostración de la atónita obsesión por la expansión de la frontera agrícola, que corresponde a la ampliación de la economía política de la cocaína. La “cumbre" se ha convertido en un dispositivo político para legitimar estos desplazamientos. Los grandes logros de un gobierno que no tiene otro horizonte que el modelo colonial extractivista.

Los preparativos del gasolinazo

¿Un nuevo gasolinazo? ¿Por qué insistir después del levantamiento popular contra esta medida de shock? ¿Acaso el pueblo tiene que pagar la deuda interna y la deuda externa acumuladas? No hay transparencia en la información sobre la situación real de los combustibles. No se dice por ejemplo que no hay erogación efectiva en la supuesta subvención, no se dice que se cubre con papeles fiscales. ¿Qué hay de toda esta tramoya donde están metidos hasta senadores? ¿Quién gana con el gasolinazo? Es aconsejable leer el documento del CEDLA a propósito del tema, donde se identifica a los beneficiarios efectivos de un gasolinazo.

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A propósito de la de-colonialidad

Es una pena que no se haya leído el libro de Negri y Hardt y se discuta; Commonwealth, este es el tercer libro de la trilogía, después de Imperio y Multitud20. Es también una pena defender solamente un proyecto académico de de-colonialidad, donde sobresalen profesores dedicados de las universidades del norte; sin embargo, se descuida un apoyo efectivo y un conocimiento adecuado de las luchas indígenas de Abya Yala. En esto estoy con Silvia Rivera Cusicanqui quien ya hizo una crítica al respecto, por los mismos problemas, apropiación epistemológica de las investigaciones en el mundo andino, sin mencionar las fuentes. En todo caso lo que escribieron estos investigadores norteños ya está desactualizado, las luchas indígenas han abierto horizontes nuevos y gigantescos con su propuesta de Estado plurinacional comunitario y autonómico, con el modelo del vivir bien, alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Es esto lo que debemos discutir, no los celos de intelectuales sobre si los citaron o no en un texto bastante bueno y de aporte teórico a la problemática, estemos o no estemos de acuerdo. Este texto se escribió después de la visita que hicieron los autores mencionados a Bolivia y aprendieron de sus debates y su proceso. No creo que el libro se resuma a hablar de la colonialidad del poder sin citar a nuestro gran investigador de la colonialidad Anibal Quijano, no, no creo que esa fuese la intención. Lo que llama la atención es que se pierda el tiempo discutiendo problemas sentimentales, de celos intelectuales, y no los problemas reales que vive hoy la lucha indígena.

A propósito de la experiencia política21

La política es un fenómeno de la modernidad, de la expansión de la modernidad y de la formación de los estados modernos. Lo que hay es una lucha descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas en el contexto de la crisis de la modernidad. El peor mal que podemos hacer en el proceso de la reconstitución es pretender responder a problemas modernos desde la fundamentación de civilizaciones ancestrales. No habríamos comprendido ni la modernidad ni a las civilizaciones ancestrales, que ahora son alternativas a la modernidad.

La política no se reduce a las relaciones de poder, a las estructuras de poder, a los diagramas de poder, que toda sociedad obviamente conforma y configura. El estudio de las formas de organización y de las formas de poder corresponde a la genealogía del poder. Ciertamente podemos ilustrarnos sobre las formas de estructurar el poder y de organización en las sociedades ancestrales y en las sociedades antiguas, así mismo podemos plantear proyectos de reconstitución que implican planteamientos civilizatorios. El suma kausay corresponde a un

20 Comentario de Juan Domingo Sánchez Estop en Rebelión: Commonwealth es el tercer título de la trilogía dedicada por Antonio Negri y Michael Hardt a la mundialización capitalista. El primer volumen, Imperio, examinaba los aspectos constitucionales de la nueva figura de la soberanía representada por el Imperio como forma política del capitalismo mundializado, el segundo volumen, Multitud, se centraba en la descripción del sujeto antagónico interno al Imperio, este tercer volumen pretende perfilar las modalidades materiales de una nueva constitución que supere el capitalismo y el Imperio a partir de un “comunismo de los comunes” que se asocia al viejo término de “Commonwealth”.21 Estos apuntes sobre la experiencia política forman parte de un debate con Victor Hugo Quintanilla, debate que será publicado íntegramente por medio impreso y medios digitales.

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modelo civilizatorio. Estos, los del diagrama de poder y los de paradigmas civilizatorios de las sociedades antiguas, no son fenómenos políticos en el sentido moderno. Quizás implique profundas armonías comunitarias y con la madre tierra, armonías que las hemos perdido en la vertiginosidad de la modernidad. Empero estas armonías no hablan del fenómeno político, que tiene que ver con las luchas sociales desatadas en los contextos históricos del Estado moderno. A no ser que volvamos a los clásicos griegos, quienes concebían precisamente modelos de equilibrio de formas de gobierno. La concepción moderna de la política rompe con las teorías clásicas, no parte del equilibrio, sino de la dinámica demoledora de las relaciones de fuerza, consensos y legitimidad. Nosotros, que postulamos un proyecto civilizatorio alternativo estamos obligados a luchar, es decir, a hacer política, reconociendo las condiciones de dominación que nos somete la modernidad. Pretender extender este fenómeno desequilibrante de la modernidad a las sociedades ancestrales y antiguas es una proyección peligrosa y colonizadora. Con lo que obviamente no estoy de acuerdo.

Lo que no hay que perder de vista es que desde la Conquista y la expansión colonial, que no es otra cosa que expansión del capitalismo, hemos ingresado a la modernidad, la modernidad es esa “cultura” pretendidamente universal que acompaña a la colonización y la formación del sistema-mundo capitalista. La lucha contra el colonialismo es inmediatamente una lucha anticapitalista, y la lucha anticapitalista y anticolonialista es también una lucha contra la modernidad. Esta lucha debe desplegarse con pleno conocimiento de la experiencia de la modernidad, incluyendo las modernidades heterogéneas, que es el nombre que usan los de la corriente de la subalternidad hindú. La política en sentido moderno es indudablemente un fenómeno de esta vertiginosidad avasalladora de la modernidad donde todo lo sólido se desvanece en el aíre. La política está ligada a la democracia, en sentido moderno, que se basa en el pre-juicio de la igualdad, en la palabra y en la conformación de humanos libres, la democracia forma parte de las luchas sociales y también de las luchas indígenas por la ampliación de los derechos, de por lo menos cuatro generaciones, desde las individuales hasta los derechos de la madre tierra, pasando por los derechos colectivos y sociales. Pretender buscar una modernidad en las sociedades ancestrales y antiguas es un desatino y un contrasentido. No hay política, en el sentido moderno, en las sociedades antiguas y ancestrales, aunque haya formas de manejo del poder. Si no comprendemos la envergadura del desafío político contemporáneo de todas las luchas e inventamos un mito, estamos perdidos y derrotados de antemano. Creo que el camino para la reconstitución y reterritorialización pasa necesariamente por la radicalidad de la lucha política. No en inventarse fundamentaciones ancestrales y antiguas de la política que no existen. Lo que existen son fundamentaciones, arquetipos y paradigmas civilizatorios de las sociedades antiguas y ancestrales, que se han convertido en las nuevas finalidades emancipadoras anticapitalistas y antimodernas.

Una y otra cosa, tanto la reconstitución como la actualidad. Las problemáticas indígenas son históricas, no es la misma en el siglo XVIII, tampoco durante la Guerra Federal (1898-1899), durante los levantamientos posteriores, antes y después de la Reforma Agraria (1953), después de la interpelación katarista (1974-1984) y ahora, después de los seis años de luchas semi-insurreccionales de 2000 al 2005, sobre todo después del proceso constituyente. Es indispensable ser sensible a la temporalidad y a las trasformaciones de las problemáticas, sino caemos en un cuadro estático que no sirve para la lucha política, sino para el auto-

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convencimiento y la auto-congoja. De lo que se trata es de lograr la descolonización. Eso se hace mediante una lucha política en el presente, en los contextos del presente, ante la crisis del capitalismo y la modernidad del presente. Ahora bien, esta politización debe criticar los contenidos universales de la modernidad y retomar de manera actualizada los contenidos civilizatorios de las sociedades antiguas y ancestrales. Al hacerlo lo hace políticamente, es decir, desencadenando las luchas requeridas, pero también lo hace desembarazándose de la herencia moderna. Esta deconstrucción se lo hace conociendo profundamente la experiencia y las historias de la modernidad, no negándola, como si no existiesen, como sino no nos hubieran atravesado desde el siglo XVI.

Digo eso del conocimiento de la modernidad acordándome del profesor peruano de filosofía David Sobrevilla, experto en Emmanuel Kant y Cesar Vallejo. El profesor me dijo que para separarse de la filosofía europea era indispensable conocerla y dominarla, precisamente para lograr lo que se quiere, un nuevo horizonte filosófico a partir del aporte mitológico, imaginario, simbólico, de nuestras sociedades ancestrales. Creo que tiene razón. Ese señor me dio una lección. Claro que queremos zafarnos de la modernidad, superarla, abrir un horizonte más allá de la modernidad, a partir del aporte primordial de los proyectos civilizatorios ancestrales y antiguos, particularmente andinos. La comprensión de modernidades heterogéneas ya es un desplazamiento de esa modernidad pretendidamente universal y dominante. Empero lo que a nosotros nos interesa es una descolonización radical. Para eso es necesario comprender profundamente nuestros proyectos civilizatorios, nuestros horizontes históricos y culturales, pero también conocer plenamente esa modernidad que deconstruimos. Nuestra lucha política tiene un alcance mucho mayor que el proyecto marxista, que a lo llegó es a pensar una transición moderna en términos de la dictadura del proletariado. Nosotros pensamos transiciones plurales que abolen la modernidad e inventan un nuevo horizonte civilizatorio.

Marie Danielle Demélas escribe un libro sobre La invención política; se refiere a la forma cómo se asume la política durante el siglo XIX en Bolivia, Ecuador y Perú, de estructuras sociales similares. Cuando se hable de invención política se expresa ese sentido. En todo caso, la política siempre es una invención, no una realidad natural. Creo que es indispensable entender estos temas y no confundir la política con una ontología, como si hubiera una esencia política. No la hay, salvo en los imaginarios dogmáticos. Creo que no se pueden desatender estos grandes problemas que tienen que ver con la historia efectiva y las luchas sociales, luchas anticolonial, luchas contra las formas de dominación. Lo demás es reproducir, como hacen los izquierdistas, imaginarios cristianos inoculados desde el siglo XVI. Creer en esencialismo, en fundamentalismo. En una providencia, aunque sea desacralizada. Descolonizarse es desapegarse de estos imaginarios cristianos. La crítica de la modernidad también pasa necesariamente por este develamiento oculto de códigos cristianos en las teorías modernas. Es también moderno pretender un fundamento. No lo hay. Lo que hay es la necesidad profunda colectiva de descolonizarse, esto implica retomar las utopías no realizadas de los proyectos civilizatorios. Empero esto se hace bajo el manto de respuestas concretas a problemas determinados del presente. Eludir esta tarea política es entregar la iniciativa a los nacionalistas, jacobinos, izquierdistas de todo tipo. La política es precisamente el campo dónde las acciones tienen efecto prácticos, no es un ejercicio mental. La derecha no cuenta, pues a ella no le interesan estos temas; lo que le interesa es conservar sus dominios y privilegios

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económicos. Para ella ya se ha llegado al fin de la historia; supone que ya no habrá más cambios. El Estado liberar es la realización suprema de la construcción política.

La inclusión de la naturaleza, que prefiero llamar el vivir bien, que significa ser parte de los ciclos vitales de la madre tierra, no es política. Eso sería reducir forzadamente una comprensión y una acción mucho más rica que la política a las dimensiones estrechas de esta práctica. Esto no es otra cosa que reduccionismo, querer hacer entrar a categorías modernas las comprensiones, configuraciones y epistemologías alternativas no modernas. ¿Por qué esa obsesión de querer pensar lo alterativamente distinto en términos reiterativos de la modernidad? Este reduccionismo es la continuidad del colonialismo por los medios de la equivalencia discursiva. De este modo ni se hace política ni se trasciende al horizonte del vivir bien. Se hace ideología para autosatisfacción sin afectar un ápice a los poderes dominantes. Esto también es convertir en un folklore la interpelación cultural que debería caminar por el terreno de la acción, es decir, la política, y la construcción de lo alternativo, que puede combinar reconstitución y novedad. En este sentido la política, como lucha, es invención, pues crea, desde el imaginario radical y desde la imaginación radical.

¿Qué es la política? Es una pregunta. Puede ser ontológica si uno lo toma sí, empero ni en los escritos de Maquiavelo, ni en los escritos de Hannah Arendt se incursiona por este lado, al contrario se desmitifica la ontología y se devela el sentido dinámico, activo y de la praxis de la política. Nosotros deberíamos reflexionar profundamente sobre la invención de la política en el contexto y la coyuntura de los levantamientos indígenas del siglo XVIII. Allí se abre un horizonte comunitario y de las subjetividades colectivas, además de las luchas anticoloniales, que muestran la desmesura de la política en nuestras tierras. No busques la política en el mito anterior a la modernidad, no la encontraras; sólo las investigaciones arqueológicas podrán decirnos algún día lo que fuimos antes. La historia y la antropología sólo han llegado a contarnos algo, perfiles, de cien años antes de la conquista, lo que corresponde al inkanato. Debemos ser serios con la lectura del pasado, sino terminamos, esta vez, inventándonos, en sentido peyorativo, un pasado muy parecido al presente y a los prejuicios de la modernidad.

Estamos obligados a usar el lenguaje del colonizador, el lenguaje moderno, ese es el campo de batalla. Este es claramente el campo de batalla, la modernidad, el capitalismo y el desarrollo. Por eso avizoramos el vivir bien como modelo civilizatorio alternativo, por eso recurrimos a la memoria de otro lenguaje, otros nombres, otras miradas y vivencias, que vienen de otros tiempos, otras sociedades, otro horizonte histórico-cultura. Estamos obligados a hacer política, porque estamos obligados a vencer, a destruir la modernidad y el capitalismo. No podemos realizar batallas imaginarias en espacios inexistentes, también imaginarios. Esto lo puede soportar el dominador colonizador, esto lo puede aceptar el capitalismo, mientras no hagamos la guerra en los terrenos reales que afectan la dominación del imperio y sus cipayos. De eso se trata de hacer política en tanto lucha descolonizadora radical, debemos lograr la reconstitución, empero hacerlo en el ahora y aquí. Esto es lo que distingue a los guerreros de los demagogos, que terminan usando un supuesto discurso descolonizador en servicio de lo mismo, la restauración del Estado-nación criollo. Esto es ir a la lucha abiertamente, comprendiendo también que debemos darle cuerpo al vivir bien. No cabe duda, la

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descolonización es de matriz indígena, se enriquece conceptualmente de los arquetipos de las cosmovisiones indígenas; esta descolonización es también para el mundo, en plena crisis ecológica. Ese es el lugar dónde se introduce el ayllu como alternativa organizacional, donde se incorpora la complementariedad como alternativa de cohesión social y convivencia, es el lugar donde introducimos la pacha, la armonía con la madre tierra y los ciclos vitales, formando parte del conjunto de seres, sin ser centro sino precisamente parte de los ciclos cósmicos. Ahora bien, para lograr hacerlo, un cambio civilizatorio, debemos ganar esta guerra anticolonial y descolonizadora, no negarnos a hacer política en pleno sentido de la palabra.

Hay que tener cuidado de cometer cuatro errores en apreciaciones un tanto apresuradas:

1. No se puede eludir la modernidad, menos la critica a la modernidad, que es una manifestación clara de la crisis. Ignorar estas críticas es quedarse desarmado. Ninguna cultura vive aislada, toda cultura interpreta a otra cultura, por eso está viva. Pretender ignorar la discusión y crítica de la modernidad es un fundamentalismo que no tiene consecuencias políticas y termina en folclore para beneplácito de las burguesías dominantes.

2. Claro que es primordial retomar las cosmovisiones indígenas, empero de una manera dinámica, pues se trata de sistemas simbólicos dinámicos. Pero esta reconstitución debe pasar por una revisión crítica, pues desde el siglo XVI hubo sincretismo con el cristianismo. Hoy, muchas de las prácticas y ceremonias que consideramos autóctonas, son en realidad sincretismos con el cristianismo, algo así como anacronismo subsistentes desde el siglo XVI colonial que fue el más destructivo culturalmente.

3. Es un error considerar que los levantamientos indígenas del siglo XVIII no tienen que ver con la modernidad. No se puede desconocer que todo ese periodo se llama modernidad barroca, la otra modernidad, anterior a la modernidad de la revolución industrial. Durante esta época, un renacimiento indígena es propuesto precisamente por las noblezas indígenas, mediante escritos en latín, que tienen que ver con una visión de mundo. Por otra parte el levantamiento indígena, que podemos comprender como parte de los acontecimientos del nacimiento de la política, en sentido moderno, esta afectado por búsquedas de legitimidad, milenarismos cristianos, de los que se van zafano poco a poco hasta llegar a los momentos más radicales de la movilización. No se puede decir de ninguna manera que no había una experiencia moderna, la colonia es precisamente esa experiencia de la modernidad barroca.

4. Respecto a Franz Fanon no puede haber lugar a dudas. El gran discurso descolonizador mundial del intelectual martinico pasa ya por las experiencias del marxismo y la independencia nacional. Lo más lúcido de Franz Fanon es precisamente la comprensión de las luchas anticapitalistas en esa modernidad desbastadora para las periferias del sistema mundo-capitalista.

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Estos errores pueden llevarnos a un aislamiento total, por lo tanto a la anulación de la posibilidad real de lucha.

Es indispensable seguir esta discusión, que es indispensable desde las perspectivas y potencialidades políticas, sobre todo porque tenemos que mostrar los contrastes de una cruda experiencia, el colonialismo y la colonialidad. Es un tema que no es fácil de descifrar hasta sus últimas consecuencias, pues ha afectado profundamente las estructuras, las instituciones, las costumbres, la constitución de los sujetos. Se hace problemático pues la colonia funda la modernidad. Quizás en esta interpretación se da un gran acierto de Enrique Dussel cuando dice que el primer hombre moderno es Hernán Cortés por conquistador. La modernidad desde entonces tiene su historia y sus etapas. Lo importante de toda esta historia es la resistencia que se genera en las naciones y pueblos indígenas, los levantamientos que abren otra posibilidad y otra alternativa a la modernidad, que los hindúes reconocen como modernidades heterogéneas, ya que nadie puede eludir este acontecimiento con todas sus contradicciones. Lo interesante del debate es que llevamos a extremos nuestras reflexiones para poder alumbrar la problemática, que ciertamente tiene como composición dos tendencias que no necesariamente son contrapuestas; una, la reconstitución, que nunca va a ser la misma, después de la experiencia de la colonialidad y la modernidad; la otra, atravesar la modernidad en términos de la transmodernidad, de tal manera que nos lleve a un más allá de la modernidad, a una alternativa.

No creo definitivamente que el siglo XVI sea lo mismo, como una continuidad, del siglo XIV, cuando todavía no habían llegado los españoles. Considero que con la conquista se produce un gran trauma y con la instalación de la administración colonial se producen trastrocadoras transformaciones en todos los ordenes, administrativos, cartográficos, ordenamiento territorial, tributaciones e impuestos, mita colonial, encomiendas, haciendas, mediaciones, servidumbre. Además del trastrocamiento que produce la introducción de variedades de semillas, plantas y animales, incluso vestimenta, desaparición de lenguas. Fuera de la castellanización se produce también la aymarización y la quichuización con el objetivo de facilitar la evangelización. Definitivamente no se puede hablar de una continuidad sino de una ruptura.

Ahora bien, por qué se define esta época como la de una modernidad barroca; porque definitivamente lo que ocurre en los Andes como en Mesoamérica esta integrado a lo que ocurre en el mundo, no solo en cuanto al comercio, sino también en cuanto a la circulación de todo, lenguas, costumbres, informaciones, incluso humanas. Lo barroco precisamente tiene que ver con el aporte indígena, con la transformación indígena de los propios insumos coloniales, la transformación de la arquitectura de las iglesias en el labrado de la piedra, la transformación de las mismas ferias y mercados. Y lo que es más importante, la resistencia y pervivencia de las comunidades. Se producen entonces interpretaciones desde las culturas mismas, por lo tanto transformaciones, así como también se producen los mestizajes, pero también las articulaciones interculturales y lo que llama Serge Gruzinski pensamiento mestizo, no refiriéndose al pensamiento de los mestizos, sino a las interpretaciones con visión de

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mundo que hacían las noblezas indígenas. Es pues la experiencia de una colosal transformación, que contiene indudablemente la persistencia indígena. Este trastrocamiento forma parte de ese horizonte de otra modernidad, anterior a la ilustración y a la revolución industrial. En este contexto se forman los nuevos sujetos, se constituyen nuevas subjetividades indígenas. La lucha, el reclamo, por los derechos se dan en ese contexto, que es mundial, colonial y moderno, en sentido barroco. Podemos entonces concebir que el nacimiento de la política, en sentido moderno, en los Andes, se da con los levantamientos indígenas del siglo XVIII, levantamientos que se oponen a la modernización iluminista de los borbones, pues rompían con el pacto colonial y con las autonomías indígenas coloniales. Esto es lo interesante, este acontecimiento inaugural de la política, en sentido de la lucha por los derechos colectivos. El planteamiento de la reconstitución, que se da en la última etapa de los levantamientos, no deja de ser un planteamiento plenamente político, pues se lo hace desde una perspectiva descolonizadora, perspectiva que no podía darse antes del siglo XVI. Esta es un lucha política pan-andina, como lo va a ser la insurrección de los esclavos en Haití contra la dominación francesa. Es este sentido político que se ha recuperado a lo lardo de la historia de los levantamientos indígenas, en distintos contextos. Es este sentido el que se ha recuperado durante las movilizaciones sociales del 2000 al 2005, y es este sentido el que se ha plasmado en la Constitución como transversal y perspectiva descolonizadora.

De ninguna manera se trata de aceptar ninguna interpretación de crítica de la modernidad que subsuma las perspectivas indígenas de la descolonización; se trata de otra cosa, de comprender e interpretar la crisis de la modernidad desde la perspectiva indígena. Empero se trata de una perspectiva indígena histórica, en el presente, cuya memoria anticolonial ha experimentado los periodos coloniales y los periodos de la modernidad, cuya memoria se ha construido en la lucha contra las formas de colonialidad, las formas de la modernidad y las formas del capitalismo. Por lo tanto, no se puede confundir esta perspectiva combativa con el recuerdo de un pasado sin transformaciones. Esto es un mito, sin desmerecer la fuerza del mito en la rearticulación y convocatoria de las fuerzas.

Ahora bien, lo que si es diametralmente diferente, es la perspectiva integral de pertenecer a la madre tierra, a los ciclos vitales de la vida, a formar parte de las dinámicas y ciclos cósmicos. Esta sabiduría no se puede reducir a ninguna modernidad o critica de la modernidad. Empero esta cosmovisión no es política, va más allá de la política. Me atrevería a llamar, para usar un nombre conocido, que se trata de la ética del suma kausay.

Creo que en esta apreciación radica nuestra diferencia, tú incluyes el suma kausay a una fundamentación política indígena; en tanto que yo concibo el vivir bien como una alternativa civilizatoria al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, que es como un ética ancestral y también, en términos de ciclo, la nueva ética, que incorpora a los seres y a los ciclos vitales, trascendiendo el antropocentrismo.

Es indispensable seguir esta discusión, que es indispensable desde las perspectivas y potencialidades políticas, sobre todo porque tenemos que mostrar los contrastes de una cruda experiencia, el colonialismo y la colonialidad. Es un tema que no es fácil de descifrar hasta sus últimas consecuencias, pues ha afectado profundamente las estructuras, las instituciones, las costumbres, la constitución de los sujetos. Se hace problemático pues la colonia funda la modernidad. Quizás en esta interpretación se da un gran acierto de Enrique Dussel cuando dice que el primer hombre moderno es Hernán Cortés por conquistador. La modernidad desde entonces tiene su historia y sus etapas. Lo importante de toda esta historia es la resistencia que se genera en las naciones y pueblos indígenas, los levantamientos que abren otra posibilidad y otra alternativa a la modernidad, que los hindúes reconocen como modernidades

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heterogéneas, ya que nadie puede eludir este acontecimiento con todas sus contradicciones. Lo interesante del debate es que llevamos a extremos nuestras reflexiones para poder alumbrar la problemática, que ciertamente tiene como composición dos tendencias que no necesariamente son contrapuestas; una, la reconstitución, que nunca va a ser la misma, después de la experiencia de la colonialidad y la modernidad; la otra, atravesar la modernidad en términos de la transmodernidad, de tal manera que nos lleve a un más allá de la modernidad, a una alternativa.

La marcha cocalera

La marcha gubernamental, la marcha desesperada por invertir la derrota sufrida, la marcha extractivista bajo la lógica de la economía política de la cocaína, la marcha que defiende los intereses de las empresas brasileras. La marcha anti-indígena y contra la madre tierra.

El Estado-nación contra el Estado plurinacional comunitario, las Fuerzas Armadas contra los indígenas, como en los tiempos de las dictaduras. El Estado mestizo y su brazo armado en contra del proceso de cambio, en contra de los derechos de la madre tierra y en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, establecidos en la Constitución. Ninguna manipulación oficial puede sustituir la realidad; una marcha cocalera, acompañada por algunos indígenas raptados por helicópteros del ejército, no pueden sustituir a una marcha fidedigna, como la que se dio por la defensa del TIPNIS. Lo único que se demuestra es la desesperación de los gobernantes por cumplir con la empresa corrupta trasnacional OAS y con los cocalero que quieren ampliar la frontera agrícola y plantar coca. Lo único que se muestra con estas actitudes solapadas es el descaro con el que se usan los recursos del Estado para revertir lo que decidió la voluntad popular con el apoyo multitudinario a la marcha en las ciudades. Estos son los síntomas de la decadencia: corrupción, descaro, manipulación brutal. ¿Con qué moral se puede hablar después de cambio, si se lo ha abandonado completamente? Los únicos que defienden la Constitución y la posibilidad de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico son los indígenas, quienes van a pelear por la reconducción del proceso.

Se trata de una marcha oficialista que agrede la Constitución y la Madre Tierra al querer ampliar la frontera agrícola para el monocultivo de la coca. Es una marcha anti-indígena porque viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución. Es lamentable escuchar de boca de dirigentes colonizadores hablar de desarrollismo como lo hacían los liberales, hablando generalidades y refiriéndose a educación y servicios de una manera tan propagandista y pobre, desconociendo la Interculturalidad y las perceptivas pluralistas del vivir bien. No es más que violencia verbal que quiere legitimar la ampliación de la frontera agrícola en beneplácito también de los terratenientes, agroindustriales y soyeros. Es una marcha que está contra el proceso constituyente.

Interpretaciones constitucionales

De acuerdo a la Constitución los recursos naturales no renovables son de propiedad del pueblo boliviano y los recursos naturales no-renovables en territorios indígenas son de beneficio

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exclusivo de las naciones y pueblos indígenas originarios. El Estado se convierte en administrador de la propiedad del pueblo boliviano, por eso miso debe consultar al pueblo qué hace con los recursos naturales. Por otra parte, hablamos del Estado-plurinacional no del Estado-nación. Por el momento no hay tal Estado plurinacional, seguimos en el Estado nación, no se han dado las transformaciones institucionales, el pluralismo institucional, el pluralismo administrativo, el pluralismo normativo, el pluralismo de gestión para efectuar la construcción del Estado plurinacional. Esta tarea está pendiente. Los gobernantes creen que es el Estado plurinacional sólo es una mención simbólica, mientras todo el resto, la arquitectura estatal y normativa sigue siendo liberal. Por otra parte la Ley Marco de Autonomía no es una ley autonómica, por lo tanto no responde a la Constitución, ha retornado al centralismo secante. No respeta los territorios indígenas, no reconoce la condición de territorios indígenas a las autonomías indígenas; no asume las consecuencias del entramado de las competencias autonómicas, privativas, exclusivas, compartidas y concurrente; tampoco asume un nuevo sistema financiero que contemple precisamente la autonomía. Los gobernantes siguen hablando de plurinacional y de autonomía, también de autonomía indígena de una manera que parece mecánica, sin asumir las transformaciones materiales, las condiciones de posibilidad, que requieren estos cambios trascendentales. Restauran el mismo Estado-nación, la misma institucionalidad, la misma administración liberal y nacionalista, que desconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas y originarios, los derechos de las autonomías. Tampoco asume el sistema de democracia participativa que establece la Constitución, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. Sigue manteniendo la dominación de la democracia delegada, manteniendo el ejercicio dominante de una burocracia ineficiente. Hay que decirles a los gobernantes: las transformaciones pluralistas, comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas no son discursos, deben ser efectivas. Esta demagogia, esta apariencia, muestra la patética contradicción de los gobernantes que confunden la realidad con el discurso.

Economía política de la cocaína

La expansión e irradiación de la economía política de la cocaína no solamente es un hecho sino que disputa cuotas de decisión y de poder, no sólo ha penetrado a las instituciones sino que orienta ciertas políticas de ampliación de la frontera agrícola, en beneficio de la plantación de coca. Ya forma parte de concomitancias perversas, narcotráfico, tráfico de tierras, contrabando, enriquecimiento ilícito. Lo peligroso es que ya se bordea la posibilidad del tráfico de armas a gran escala. Eso es el caso de México. No hay muestras en el gobierno de ninguna preocupación por lo que ocurre, se dan mas bien manifestaciones de un cierto oscuro beneplácito, como si esta inyección dineraria coyuntural pudiera salvarnos de la crisis económica, latente o vecina. No se dan cuenta que a mediano plazo la economía política de la cocaína destroza la cohesión social, corroe las entrañas intimas de la sociedad y convierte a sus supuestos benefactores en monstruos de una modernidad ilegal y transforman a la sociedad en rehén de una violencia descomunal y sin rostro. Desde nuestras fronteras hasta todos nuestros interiores, estamos ya penetrados, comprometidos; el silencio nos hace cómplices. Si no se hace nada pronto, mañana será tarde. No se trata de optar por la represión, lo que es un absurdo y un contrasentido; este error lo cometió el gobierno mexicano. Se trata de efectuar

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una movilización social plenamente convencida de su lucha. También se trata de discutir sin tapujos la legalización, pues parece que no hay otro camino para acabar con el negocio exuberante de las mafias.

Declaraciones patéticas

Parece que el viceministro no conoce la Constitución, tampoco lo que significan, de acuerdo a las leyes, los parques y los territorios indígenas, menos conoce los compromisos del gobierno y sus políticas respecto a la defensa de la coca tradicional de acuerdo a normas y procedimientos propios y en territorios tradicionales, las políticas de lucha contra el narcotráfico y la coca excedentaria. Sus declaraciones son una muestra de la más espantosa improvisación, tan sólo por defender los intereses de los avasalladores del TIPNIS, quienes han plantado coca y producen cocaína. Eso no es defender el proceso sino llevarlo a la tumba. No se entiende tampoco que lo peor que podemos hacer en defensa de la hoja de coca tradicional es ampliar los cultivos excedentarios de la coca y peor que esto es plantar en los parques y territorios indígenas. Estos supuestos defensores del proceso son en verdad sus sepultureros.

El diputado de la brigada parlamentaria de Cochabamba no tiene la menor idea de la Constitución, menos del espíritu constituyente, tampoco del sentido del proceso; por eso su discurso se parece tanto al de los políticos liberales, neoliberales y también nacionalistas. Se trata de un discurso desarrollista ya desgastado; hablar de esa forma, de beneficio para los indígenas con la construcción de carretera, es desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, también desconocer la perspectiva del vivir bien, como alternativa a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. Desconoce las resoluciones de Tiquipaya, de la Conferencia mundial de los pueblos y de los movimientos sociales en defensa de la madre tierra. Es difícil creer que se defienden estos anacrónicos postulados de principios del siglo XX, es más probable que se recurra a este discurso sin entenderlo del todo, sólo para defender los intereses mezquinos de los cocaleros excedentarios, que quieren plantar coca a como de lugar en el Territorio y Parque Isiboro-Sécure. Tampoco hay decoro en la manifiesta defensa de los intereses de las empresas brasileras. Al respecto hay que denunciar la intervención del gobierno brasilero y de su embajador en asuntos internos, presionando para que se apruebe la carretera. Esta denuncia hay que hacerla internacionalmente y ante el propio pueblo brasilero. Ninguna de estas maniobras, ni la del Congreso ni la del gobierno brasilero podrán modificar la victoria conseguida por la marcha indígena en defensa del TIPNIS.

Defensa de la coca tradicional

Debemos defender la coca tradicional, destinada al acullicu y otras ceremonias, pues la expansión desmesurada de los cultivos que se siembran sin la cultura de las terrazas, sin el trabajo colectivo, sin la presencia de la comunidad, sin la complementariedad, el ayni y la minka; cultivo excedentario que se hace más bien de una manera privada, incluso asalariada, que está destinada indudablemente al narcotráfico, va a destrozar nuestras tradiciones y

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ordenes de relaciones en torno a los recorridos de la coca, desde los rituales hasta los del acullicu y los de la medicina tradicional.

Ausencia de las transformaciones pluralistas de la justicia

Hubo una gran oportunidad de descolonizar la administración de justicia, esta fue con la ley de deslinde jurisdiccional, empero se retrocedió flagrantemente, promulgando una ley colonial, que restringe al máximo la jurisdicción indígena originaria campesina, no dejándole nada para administrar justicia, y supeditándola a la jurisdicción ordinaria. Hubo otra oportunidad de hacer bien las cosas y elegir democráticamente a los magistrados. La Constitución establece la participación y el debate abierto en todas las circunscripciones y en todo el país, empero no se ha dado lugar a esta participación y se ha preferido imponer candidatos. Los resultados electorales dieron la victoria a los nulos, también se sumaron los blancos, como un claro rechazo a la forma vertical y manipuladora como se abordaron elecciones que podían ser trascendentales. La victoria de los nulos de por sí anulan las elecciones, sin embargo, el gobierno no se da por enterado y sigue adelante con la posesión de los magistrados dejando claro que no le interesa para nada la legitimidad sino el control del poder. Esto desgasta aún más la gestión del gobierno y la conducción de un proceso que debería ser fundacional y resulta mas bien restaurador de los mismo, de las mismas prácticas, restaurador del Estado-nación, alejándose estrepitosamente de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.

Los nuevos tribunales tienen que estudiar la Constitución, tienen que comprender el sentido subversivo del proceso de cambio, proceso del que se distanció abismalmente el gobierno, tienen que enmendar la violencia colonial de la ley de deslinde jurisdiccional en contra de la jurisdicción indígena originaria campesina, tienen que conculcar las leyes inconstitucionales que ha promulgado al gobierno, tienen que juzgar al gobierno por no cumplir con la Constitución, por mantener el Estado-nación y no construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. También deben evaluar su condición ilegal e ilegitima al imponerse contra la mayoría del voto popular que optó por anular las elecciones de magistrados. ¿Lo harán?

Sobre la violencia

No debería haber violencia nunca contra los niños, los adolescentes, tampoco contra las mujeres, así mismo contra los indígenas, también en contra de las diversidades heterogéneas. No se trata sólo de un año de suspensión de las violencias. Se trata de cumplir con la Constitución y no violar los derechos constitucionalizados, derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, colectivos, de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra. Eso es consecuencia y coherencia, no se trata de demagogias.

Laberintos del programa estrella del presidente

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Era el programa estrella del presidente, empero todo se ha esfumado como humo, mejor dicho se ha derrumbado la ilusión como un castillo de naipes, todo esto debido a la descomunal corrupción, empresas fantasmas que se llevaron el dinero, funcionarios comprometidos, viceministros cómplices, sin embargo, después premiados con otros puestos. Esto pasó en todo el país. Mucho dinero desaparecido, ¿en manos de quiénes? No hay viviendas, la gente humilde y sin casa se quedó sin viviendas, el presidente sin el programa, empero nadie pone el cascabel al gato. Supuestamente en un gobierno que lucha contra la corrupción se ha dejado pasar esto, se ha perdonado. ¿Por qué?

La distancia más corta es el laberinto

Notas en torno a los preparativos de la IX marcha indígena y la movilización general popular

En defensa de la Constitución, de la madre tierra, de los derechos indígenas y por la reconducción del proceso

Apuntes para un manifiesto colectivo en defensa del TIPNIS

Este es un llamado desde lo más profundo de nuestra indignación ante la desenmascarada demostración de despotismo ilustrado de parte del presidente del Congreso, quien ha decidido conformar una comisión de alto nivel para abrogar la ley corta y aprobar otra ley sobre el TIPNIS, violando nuevamente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas y originarios, los derechos de la madre tierra, los derechos del pueblo boliviano que se ha manifestado contundentemente y masivamente con el apoyo a la VIII marcha indígena. Este despropósito ya ha llegado lejos con a aprobación de la ley de consulta extemporánea y extractivista. A este despropósito se han sumado el Congreso servil y pusilánime, también obviamente el ejecutivo con el presidente a la cabeza, además de todos los órganos de poder del Estado al servicio de la restauración y el modelo extractivista. El argumento de fuerza del presidente del Congreso es la presencia de los marchistas del CONISUR en el Coliseo Cerrado. Después de haber montado desde el gobierno una marcha oficialista de cocaleros, incluyendo a los indígenas yuracares que se convirtieron en propietarios privados, renunciando a la propiedad comunitaria, a la TCO del TIPNIS, afiliándose en consecuencia a las federaciones cocaleras. Los del CONISUR nada tienen que decidir sobre el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, pues no forman parte de esta TCO; no pueden decidir sobre tierras de otros. Empero cuentan no solo con el apoyo del gobierno, sino también que son ficha del juego empedernido y peligroso del gobierno de imponer su voluntad, defendiendo los intereses de la empresas trasnacional de la construcción OAS, defendiendo los acuerdos con el Banco de Desarrollo de Brasil, defendiendo los convenios con el gobierno brasilero, en los que entra el IIRSA, además de defender los intereses pedestres de los avasalladores del territorio indígena y el parque, los cocaleros del polígono siete, que no es otra cosa que defender la ampliación de la frontera

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agrícola en beneficio del monocultivo de la hoja de coca, ya en condiciones excedentarias y vinculada a la economía política de la cocaína.

El presidente del Congreso quiere salirse con su capricho; nunca aceptó la derrota infringida por la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS. Estuvo completamente en contra de la aprobación de la ley corta y su reglamentación. Ahora quiere reivindicarse utilizando la marcha del CONISUR. Estos juegos de poder nos ponen otra vez al borde del abismo, ante una eminente confrontación. Obliga al pueblo boliviano que apoyó la marcha, a las organizaciones sociales que apoyaron la marcha en defensa del TIPNIS, y obviamente obliga a las organizaciones indígenas originarias, a movilizarse en defensa de la ley corta, de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la carta magna, defensa de los derechos de la madre tierra y los derechos del pueblo boliviano a decidir sobre el futuro de la vida y la biodiversidad.

Hay momentos de exigencia y de disponibilidad de fuerzas, hay momentos de convocatoria general; este es uno de esos momentos. Debemos salvar el TIPNIS de su destrucción, de su depredación, de su avasallamiento; debemos apoyar a las naciones y pueblos indígenas en su lucha descolonizadora contra el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contra el modelo depredador de la ampliación de la frontera agrícola para el mercado lícito e ilícito, contra el modelo de la corrupción que ya ha formado su telaraña de corrosión en el país. Estos intereses mezquinos no pueden doblegar la voluntad del pueblo boliviano. No podemos convertirnos en objeto de despojamiento de las lógicas de acumulación de capital. No podemos dejar que un gobierno al servicio de las empresas trasnacionales nos arranque la libertad conquistada, la Constitución lograda, los derechos ampliados y de cuatro generaciones de derechos, la perspectiva de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, la perspectiva de un modelo económico alternativo al extractivismo y a la dependencia, orientado a la soberanía alimentaria y en la perspectiva del vivir bien.

En momentos como estos, de desafío, pero también de violencia estatal, así mismo de convocatoria, se decide la suerte de lo que va venir, del futuro inmediato y del futuro a mediano y largo plazo. Debemos defender nuestros derechos conquistados y los derechos de las generaciones futuras. Estamos obligados a luchar, a movilizarnos, a reconducir un proceso, que ha tomado el curso turbulento de profundas contradicciones, y el decurso del peligro hacia desbarrancamiento, pues el gobierno ha optado por el camino de violar la Constitución, olvidar su mandato, restaurar el Estado-nación-liberal y colonial, administrar los intereses de la burguesía intermediaria y de los nuevos ricos, así como los intereses de las empresas trasnacionales en el país. Ha optado por este camino regresivo, colocándose contra el proceso, contra el pueblo y las naciones y pueblos indígenas originarios.

Consideraciones sobre la coca tradicional y la coca excedentaria

Habría que hacerse preguntas y consideraciones al respecto de la intervención en los Yungas:

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1. ¿Por qué no se hace lo mismo en el Chapare y en los parques avasallados por los cocaleros? Por ejemplo en el polígono 7, la zona de avasallamiento del TIPNIS, donde además se produce y sale cocaína.

2. Hay que distinguir la coca tradicional de la coca excedentaria, la geografía tradicional de la geografía excedentaria de cultivo de coca. La defensa de la hoja de coca tradicional entra en contradicción con la existencia de hoja de coca excedentaria, destinada a la economía política de la cocaína. No se puede defender la hoja de coca tradicional, el acullico, el uso en medicina tradicional, en ritos y ceremonias, si es que hay existencia de hoja de coca excedentaria.

3. Puede haber hoja de coca excedentaria en los Yungas, depende de las cantidades establecidas; pasados un límite, ya se considera excedentaria.

4. ¿Por qué el gobierno no es transparente en este tema? ¿Por qué oculta información o se hace al desentendido respecto a la geografía excedentaria y las zonas de avasallamientos de los parques? ¿Por qué se hace al desentendido respecto a la expansión desbordante en todo el territorio del país, desde las fronteras hasta los interiores, de la economía política de la cocaína?

Una cumbre intrascendente

No se toma en cuenta el modelo económico establecido en la Constitución, la economía social comunitaria, partiendo de la economía plural, avanzando a la industrialización de los recursos naturales, hacia la soberanía alimentaria e incorporando un modelo ecológico, en la perspectiva del vivir bien. Lo único que se hace es seguir legitimando, sin discusión alguna, el modelo extractivista a la que nos ha sometido la Colonia y el sistema-mundo capitalista, condenándonos a la dependencia. No hay tal debate, no hay ninguna discusión sobre el modelo económico; se usa a las organizaciones sociales afines para imponer el imaginario extractivista de los ministros y ministras. Es un montaje teatral a dos o tres tiempos. Los ministros dirigen las mesas y hacen que las organizaciones como que pidan audiencia. Eso no es una cumbre, es la muestra más clara de la supeditación de las organizaciones sociales afines a borradores ya preparados por el ejecutivo. También es una muestra clara de la violación de la Constitución, no hay sistema político de la democracia participativa; se ha conculcado el modelo económico de la Constitución; se defiende los intereses de las grandes empresas trasnacionales que manejan mundialmente el negocio del extractivismo.

Una cumbre intrascendente, que no toma en serio la crisis del proceso, no discute el modelo económico, establecido por la constitución, la economía social y comunitaria, y prefiere seguir en el modelo colonial extractivista, impuesto por la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una cumbre que lo único que hace es seguir machacando sobre los mismos errores y desaciertos que nos están llevando al abismo.

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Se quiere revertir la derrota del gasolinazo. Para eso sirvió una cumbre intrascendente; no para discutir los problemas fundamentales, menos el modelo económico de la Constitución, sino para mantenerse en el modelo extractivista y en el modelo de las políticas de shock contra el pueblo. Ahora resulta que vamos a pagar los costos de la deuda interna y de la deuda externa. Dicen que de la subvención; tema en el que jamás fueron transparentes. Se trata de boletas fiscales y no de erogación real.

Una cumbre que termina planteando demandas corporativas y evita el debate de los grandes problemas del proceso y de la transición. No discute el modelo económico establecido por la Constitución. Modelo que concibe transformaciones pluralistas en distintos planos: Abolición del modelo extractivista del capitalismo dependiente, industrialización de los recursos naturales, consolidación expansiva del mercado interno, integración complementaria de la economía plural hacia la economía social y comunitaria, desplegando el eje transversal de la soberanía alimentaria. Instrumentalizado por medio de la planificación integral y participativa, con enfoque territorial, además de la elaboración del presupuesto participativo. Todo esto dentro del horizonte de la conformación de un modelo ecológico. Este proceso de transformaciones pluralistas es comprendido como la realización de las bases materiales hacia el vivir bien como alternativa civilizatoria al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.

Es un Consejo Económico que no tiene para nada en cuenta el modelo económico alternativo de la Constitución, la economía social y comunitaria, la industrialización de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, el condicionamiento ecológico, todo esto orientados al vivir bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo. Es un Consejo donde los empresarios privados impondrán su perspectiva del capitalismo dependiente, compartida con el gobierno, y las organizaciones sociales están para legitimar esta traición a la Constitución.

Estas son las consecuencias de la continuidad del modelo extractivista colonial, impuesto por el sistema-mundo capitalista, aceptado por las élites criollas liberales, por los mestizos nacionalistas y ahora por el gobierno. El modelo extractivista nos condena a la dependencia, deja que la geopolítica de la economía-mundo capitalista nos despoje de nuestros recursos naturales, mientras el centro del sistema mundo efectúa su acumulación ampliada de capital. La constitución es clara, prohíbe la exportación de materias primas, exige su industrialización, comprende los recursos naturales como estratégicos, destinados al vivir bien, involucrándose con un modelo ecológico que sostiene el camino al vivir bien.

En lo que respecta al modelo civilizatorio alternativo, obviamente no es un retorno al pasado. ¿Acaso se puede? Son una actualización de utopías no realizadas como las relativas al comunitarismo.

El sentido contradictorio del proceso

No se puede soslayar la complejidad del proceso, no se puede dejar de comprender el sentido contradictorio del proceso. Al contrario, de lo que se trata es de entender sus contradicciones,

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empero resolverlas en sentido de la profundización del proceso, no como lo hace el gobierno, apartándose del proceso y la constitución, comportándose como un contra-proceso. Es indispensable intervenir, como movimientos sociales, que son los que han abierto el proceso, y re-conducirlo. Sino, el proceso se hunde como otros procesos y otras revoluciones. Esta es la responsabilidad histórica del momento.

Todos los procesos se despliegan de acuerdo a sus particularidades históricas, o las asumes o sigues viviendo tus propios imaginarios. Todos los procesos, las revoluciones, son contradictorias. Lo que se observa que todas han abierto nuevos horizontes, el mundo nunca va a volver a ser lo que fue, empero todas las revoluciones se han hundido en sus contradicciones, no han podido soportar, ni resolver sus contradicciones en el sentido de la profundización de los procesos. Ahora tenemos la responsabilidad de reconducir el proceso, de resolver las contradicciones en el sentido de la transformación estructural y el despliegue de las emancipaciones.

Estructura y núcleo de la Constitución

Sólo el 30% de la Constitución aprobada en Oruro ha sido revisada por el congreso. La constitución se basa en el eje histórico de la descolonización, que es la lucha más profunda en las periferias del capitalismo, la cuestión indígena, algo que la izquierda colonial nunca ha entendido, pues ha compartido con las burguesías intermediarias las ilusiones desarrollistas y modernistas. La propuesta de la constitución propone una transición más profunda que la transición de la dictadura del proletariado, que nunca ha salido de sus límites de la modernidad, que es la matriz cultural del propio capitalismo, por lo tanto nunca salió de los propios límites del capitalismo. La constitución propone transiciones pluralistas que van más allá de la modernidad, del capitalismo y de las ilusiones desarrollistas. Fue un producto de las luchas insurreccionales del 2000 al 2005, movimientos sociales autogestionarios, autoconvocados, movimientos indígenas descolonizadores. Acontecimientos en los que la izquierda colonial no estuvo involucrada ni entendió, pues sigue reviviendo los fantasmas de revoluciones ya derrumbadas y muertas por sus propias contradicciones. La izquierda colonial no se dio cuenta ni reflexiona sobre la caída de la Unión soviética y su conversión en un capitalismo de mafias. Tampoco reflexiona sobre la conversión de la revolución socialista china en un socialismo de mercado, que no es otra cosa que el capitalismo salvaje que los ha encumbrado como potencia emergente capitalista en el ciclo del capitalismo vigente. La revolución descolonizadora indígena es el acontecimiento más importante del siglo XXI, es una revolución real, no fantasmagórica, que abre los horizontes a un modelo civilizatorio anti-moderno, anticapitalista y en contra de las ilusiones del desarrollo.

La Constitución es el producto de seis años de luchas insurreccionales. Forma parte de la historia del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que comienza con la constitución colombiana del 91, anticipada, en cierta medida, con la Constitución de Brasil, sigue con la constitución de Venezuela, las dos últimas constituciones ecuatorianas y la constitución boliviana. Estas constituciones son un gran aporte a la historia del constitucionalismo. Las

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constituciones ecuatoriana y boliviana son consideradas además por el constitucionalista Raúl Zaffaroni como el constitucionalismo andino, que aporta con la concepción del Estado plurinacional y el vivir bien. Se trata de un constitucionalismo participativo, donde los doctorcitos no escriben la Constitución, sino son productos colectivos. Esta es la gran diferencia con el constitucionalismo europeo y norteamericano.

Las justificaciones de los “lluncus”

Es una pena que no se haya entendido nada, ni el proceso, ni la Constitución, ni las contradicciones del proceso. No se puede avanzar sin crítica; el “llunquerio” es parte de la caída al abismo. Los que lucharon por la apertura del proceso, los movimientos sociales, siguen en lo mismo, en la potencia del proceso, defendiendo el proceso y la Constitución, en contra de un gobierno que está contra el proceso y contra la Constitución. Cuando estuve primero de director de normas y después como viceministro no estuve para mantener este Estado-nación, liberal y colonial, que es lo que ha restaurado el gobierno, sino para desmantelarlo, para construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como establece la Constitución. Dejamos el Anteproyecto de ley de gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural , que hasta ahora no lo discuten en el gabinete, por que no quieren cambios. También dejamos El plan plurinacional del vivir bien (Plan de Desarrollo Económico y Social), que lo aprobaron, pero cuando se dieron cuenta que iba por el vivir bien y no por el modelo extractivista colonial, que han escogido, me pidieron mi renuncia. La responsabilidad de los que dicen y creen defender el proceso es reconducirlos y no apoyar la ruta al naufragio. No el “llunquerio” que aplaude acríticamente precisamente la muerte del proceso, sin darse cuenta.

Parece repetirse el insólito recorrido de las revoluciones, unos luchan y otros gobiernan, unos mueren y otros suplantan. Todo esto ocurre una vez que el magma de la explosión y el desborde de la interpelación social se enfría; el proceso deriva en causes más calmados y conservadores. Los oportunistas encuentran su oportunidad de incrustarse en esta etapa, conservar sus puestos en las instituciones. En un momento se consideran los genuinos representantes de un proceso en el que no participaron, se muestran oficiosamente como los defensores del proceso, sobre todo manifestando su servilismo y su falta de crítica de manera elocuente y estridente. En lenguaje popular boliviano, se los ha identificado como “lluncus”. Esta masa sumisa y servil termina formando microclimas de desinformación y desconexión con la realidad, microclimas de indignantes prácticas de alabanza a los jefes. Sumados a la conducción desorientada y regresiva, además de restauradora, aparecen estos funcionarios serviciales, que acompañan al desbarrancamiento del proceso, en una dramática ruta del naufragio, aplaudida por estos sepultureros.

No es sorprendente lo que esta pasando, toda revolución ha pasado y pasa por la dramática experiencia de sus contradicciones; el tema es cómo resolvemos estas contradicciones, profundizando el proceso. Obviamente no se lo hace aplaudiendo los errores, el

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descarrilamiento, la expansión de la corrupción y la espiral de violencia y represión, no se lo hace aplaudiendo servilmente hechos tan problemáticos como la expansión de la economía política de la cocaína. Papeles como el de los apologistas y justificadores son conocidos en la historia política. Evitar la crítica y el análisis, evitar la deliberación, evitar que los verdaderos protagonistas del proceso, que son los movimientos sociales, lo reconduzcan. Servir sumisamente a los jefes. Eso no nos sirve, pero eres libre para seguir haciéndolo. Eso es parte de la decadencia y descomposición del proceso

La violencia depredadora e inconstitucionalidad de la carretera que atravesaría el TIPNIS

Lo inconstitucional es pretender que una carretera depredadora pase por el TIPNIS. ¿El presidente del senado ha leído la Constitución? ¿La ha comprendido? ¿Entiende lo que significa territorio indígena? Lo inconstitucional es violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución. Es un delito contra el país, el pueblo y el Estado, defender los intereses de una trasnacional brasilera de la construcción y los intereses comprometidos con el gobierno brasilero. Es un delito aprobar una ley corta de defensa del TIPNIS y luego querer anularla, utilizando una marcha de cocaleros. Estamos ante un gobierno que no tiene palabra y ni ley, y no tiene la mínima turbación de lanzar un discurso insostenibles sobre las alternativas de anular la ley corta; contra toda lógica. Tampoco tienen sentido de sobre-vivencia, se olvidaron rápidamente de la marcha indígena, del apoyo a la marcha, de la salida de un millón de paceños en defensa del TIPNIS. ¿Quieren una movilización más grande? Esta vez imparable.

El vicepresidente convoca a los asambleístas para tratar el requerimiento del gobierno, la anulación de la ley corta que defiende al TIPNIS y sus reglamentos. Requerimiento del gobierno, de OAS y del gobierno brasilero transferido a los del CONISUR, que no son otra cosa que cocaleros. Es otra tramoya, que pretende ser impuesta por medio de la Asamblea Legislativa, contra todo decoro y compostura. Tendrán como respuesta la movilización general del pueblo en defensa de la ley corta, del TIPNIS, en defensa de la Constitución y por la reconducción del proceso.

No se puede y no se debe abrogar la ley corta que defiende al TIPNIS. Esto no solamente muestra la falta de palabra y de ley de un gobierno al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y de los intereses mezquinos de la empresa trasnacional OAS y de la ampliación depredadora de la frontera agrícola para plantar coca excedentaria, poniendo en peligro a la coca tradicional. Esto obliga a una defensa movilizada de la ley de todo el pueblo que ha defendido a la madre tierra en el conflicto del TIPNIS, sino una denuncia ante los organismos internacionales por esta flagrante violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, de la ley de los derechos de la madre tierra, de las leyes conquistadas; sobre todo por el despliegue desmesurado de la violencia estatal, simbólica y abierta. No se puede ni se debe atentar contra la ley corta pues se comete una violación constitucional y es un antecedente perverso en relación a la normativa y a la institucionalidad,

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una muestra patética del desprecio del gobierno por los derechos y las leyes. No se puede ni se debe, por que esto es una afrenta a la democracia, al ejercicio de la democracia; es una muestra palpable del método prosaico de la maniobra y de la manipulación exacerbada. No se puede ni se debe, pues esta es la mejor manera de acabar con el proceso, imponiendo una tiranía política desvergonzada y maniobrera.

El montaje de la marcha cocalera

Los llevaron con engaños, sin participación de las organizaciones matrices, sin respetar sus formas de participación y decisión, manipulando, llevando gente de San Ignacio de Moxos, que no pertenece al TIPNIS. Los pocos engañados que pertenecen al TIPNIS, retornan a sus organizaciones donde van a informar de esta desagradable manipulación y manoseo.

El gobierno no entiende que no puede sustituir la realidad con el discurso a través del monopolio de la violencia del Estado y el teatro político. No entiende que no puede revertir su derrota política. Una marcha indígena en defensa del TIPNIS, organizada por sus organizaciones matriciales y apoyada por la ciudadanía y un millón de paceños que salieron a las calles a recibirlos como héroes, derrotó a la violencia estatal, al desconocimiento del gobierno de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la madre tierra. El montaje de una marcha de cocaleros afiliados a las federaciones del chapare, incluyendo a gente de comunidades yuracares, que ya no pertenecen a las comunidades, sino a los sindicatos cocaleros, se desarma, la manipulación inaudita se derrumba, el plan del jacobino cae como castillo de naipes. No se puede ni intentar anular la ley corta en defensa del TIPNIS conquistada, eso sería borrar con el codo lo escrito con la mano, demostrando además que se trata de un gobierno que no tiene ley ni palabra, un antecedente calamitoso a lo que podría ser su propia caída. Pues el pueblo boliviano y las naciones indígenas originarias, en el caso que intenten anular la ley se levantaran en movilización general para defender la ley y reconducir un proceso que se desbarranca.

Los cocaleros, entre la coerción y el montaje del gobierno

Como si fueran sus esclavos o sus siervos, en todo caso menores de edad, ante los supuestos civilizadores cocaleros, sindicalizados y embarcados en los circuitos dinerarios, en la institucionalidad de la propiedad privada, en la política sindical y en la economía política de la cocaína. La marcha del CONISUR contó, desde un principio, con la desesperada actuación del gobierno por revertir la derrota del TIPNIS. Frente al gobierno y sus acólitos se encuentran movilizadas las organizaciones matriciales del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, además de las organizaciones matrices indígenas, CIDOB y CONAMAQ, apoyados por el pueblo boliviano, sobre todo de las ciudades, particularmente de la ciudad de La Paz. El gobierno apostó a su consagrada manipulación y montaje de teatros políticos, se inventó una marcha oficial, nacida en el escritorio de inescrupulosos funcionarios. Sin haber aprendido nada de su calamitosa actuación en la represión a la marcha indígena. La opinión publica y el pueblo boliviano comprendió desde un principio de qué se trataba, de una maniobra descolorida y sin

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imaginación. La marcha oficialista del CONISUR nació muerta por el descrédito y los descarados objetivos depredadores del territorio indígena para plantar coca, en articulación con la economía política de la cocaína, además de apoyar sumisamente a la corrupta empresa de la construcción brasilera OAS.

Con todos los medios al alcance del gobierno, que cada vez son más tristes y pobres, descalificados por sus pretensiones e intensiones insanas, con la marcha inventada, no podrá el oficialismo al servicio del IIRSA abrogar la ley corta que defiende al TIPNIS. No podrá revertir su derrota política, la segunda después del levantamiento popular contra el gasolinazo. Una tercera afrenta al pueblo, a la Constitución, a las naciones y pueblos indígenas, que son el contenido el proceso, provocaran una movilización general sin precedentes en defensa del proceso, de la Constitución, de los derechos fundamentales contra un gobierno que está contra el proceso y la Constitución. Es posible que el gobierno no pueda sostenerse ante la tercera avalancha popular.

El gobierno ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo

Ante el gasolinazo hay un levantamiento popular, que hace retroceder en la medida. Este fue el momento donde los hechos nos dicen que los retrocesos paulatinos del gobierno han cruzado la línea, ahora se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo. El compromiso con OAS es no solamente corrupto sino depredador e inconstitucional. La Constitución defiende el territorio indígena y los parques, los derechos de las naciones indígenas y originarias; la Constitución establece la consulta libre previa e informada. Después de la aprobación de la Constitución, no se acaba con el Estado-nación, sino se lo restaura, manteniendo sus normas liberales y su institucionalidad colonial. No se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que requiere de transformaciones institucionales, en el sentido del pluralismo institucional, jurídico, normativo y de gestiones. No se encamina esta transición por el camino decidido por la Constitución de la democracia participativa, con el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. La construcción colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión pública. Se hace lo mismo que antes, doctorcitos y funcionarios suplantando a los movimientos sociales. Defender esta tendencia del contra-proceso es colocarse precisamente del lado de la restauración nacionalista y colonial. No se puede defender esta inconducta política con argumentos tan banales y paranoicos derivados de una tesis degastada y empobrecida de la conspiración, ahora reciclada de segunda mano.

El recorrido de la muerte en las gestiones de gobierno

Después de este recorrido de muertes en la imposición del modelo político jacobino, que dejó a un lado la Constitución, desechándola, debe haber varias renuncias. Debe renunciar el jacobino que nos está llevando a la tumba y a la muerte del proceso. Deben renunciar los ministros “lluncus”, cómplices del desabarranco. Deben renunciar las autoridades

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comprometidas con represión y hechos de corrupción. No va más. Movimientos sociales vuelvan a levantarse y salvar el proceso, reconduciéndolo.

Siempre se pasa la responsabilidad a otros. No se asume valientemente las consecuencias de los actos. Ahora resulta que son los del pueblo de Yapacani los culpables. ¿No es este un justificativo pobre e infantil? ¿Por qué se generó el conflicto? ¿Por qué se decidió reprimir? ¿Por qué no se dan soluciones resolviendo los problemas desde sus causas y raíces? Esta auto-justificación se ha vuelto dramática y excesivamente costosa. ¿No es hora de comportarnos maduros?

La maniobra del jacobino

Ya no hay límites para la burda manipulación, no hay ningún aprecio por guardar ninguna apariencia. Sólo se tiene en mente la desmedida tramoya contra la ley corta que protege al TIPNIS y su reglamentación. Se cree poder revertir la derrota sufrida por el gobierno con la utilización descomedida del monopolio de la violencia y del uso descarado de los órganos de poder. Se induce una marcha cocalera para mostrar un pedido inconstitucional contra la madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, por lo tanto contra la Constitución. Se manda una avanzadilla de asambleístas dice que para escuchar lo que ya ellos saben, la construcción de una carretera depredadora, en beneficio de la plantación de coca y la empresa corrupta de la construcción OAS. Estas maniobras suponen una falta de respeto a la opinión pública y al pueblo, se los considera sin uso de razón, manipulables, manejables. También es un síntoma de una soledad extrema que raya en la incomprensión, esto también supone que el único que comprende las cosas es el jacobino. El único que tiene la clarividencia. Este comportamiento trágico-cómico es la manifestación patética del síndrome del poder que tiene que ver con la paranoia, la desconexión con la realidad efectiva y la absorción completa del imaginario de la conspiración.

No podrán anular la ley conquistada por las naciones y pueblos indígenas y el pueblo que apoyó la marcha y la defensa de la madre tierra. No podrán imponerse los crudos intereses que defienden, el de la economía política del chantaje y el de las empresas trasnacionales, el de la burguesía recompuesta, sumando a los nuevos ricos, a las conquistas indígenas y populares. Saldremos todos los que apoyamos al TIPNIS a defender la ley corta y su reglamento, la defensa de la constitución y por la re-conducción del proceso.

Respecto al desafío del revocatorio del presidente

No se trata de eso, de aceptar el revocatorio, como aceptando un duelo imaginario, así como lo hace el jacobino, que cree que la política es un duelo personal con sus fantasmas. Se trata de reconducir el proceso, de cumplir con la Constitución, de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, de acabar con el Estado-nación subalterno, liberal y colonial, de acabar con el modelo extractivista colonial y del capitalismo dependiente. De eso se trata señor presidente, no de seguir haciendo teatro político mientras nos desbarrancamos y

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rifamos la gran oportunidad histórica de las naciones y pueblos indígenas para descolonizarse, la gran oportunidad histórica del pueblo para emanciparse de las dominaciones múltiples.

¿Quién gobierna?

Es ciertamente un cuadro patético. ¿Quién gobierna? ¿El presidente? ¿Grupos palaciegos? ¿Redes y circuitos de operadores que se mueven en bambalinas? ¿Verdaderas estructuras de poder, asociadas a monopolios y empresas trasnacionales? ¿Súper-estados opacos, empero determinantes, mientras los personajes visibles aparentan ejercer el gobierno? Estas preguntas nos llevan a una mayúscula: ¿Qué es el poder? Respuestas posibles: mapas, cartografías, agenciamientos, dispositivos, preformados y establecidos, cuyas lógicas conducen el accionar de los gobernantes, aunque no se den cuenta. ¿Es así? Puede no ser tan categórico, pues al final hay cierta placentera complicidad de los gobernantes, de los políticos y los funcionarios. Hay un gusto perverso por los deleites que da el poder, por sus escenarios cortesanos y de servil alabanza, también hay un aprendizaje, al principio quizás con cierta curiosidad, de las malas artes de la economía política del chantaje, los circuitos de influencia, la corrosión de las normas y las prácticas perversas de la corrupción. Una vez que se entra a estas atmósferas es muy difícil salir. Hay prácticamente una condena. Después viene la ruptura moral, el doble comportamiento, la doble cara, el doble discurso; la falencia en los discursos y en los lenguajes. ¿Por qué el poder es tan destructivo?

Momento de emergencia, momento de disponibilidad de fuerzas

Hay momentos en que un país y un pueblo se juegan su destino; estos son momentos cruciales. Momentos como nudos o encrucijadas donde se resuelven desenlaces posibles. Para afrontar estas situaciones René Zabaleta Mercado exige que sea un momento de disponibilidad de fuerzas, momento intenso de movilización. Tal parece que nos jugamos en la guerra civilizatoria en torno al TIPNIS uno de esos momentos. El gobierno insiste en seguir por la ruta por la que han venido siguiendo todos los gobiernos anteriores, por continuar los ruta del modelo extractivista depredador, alimentando el circulo vicioso de la dependencia; en tanto que las organizaciones indígenas se plantean parar este saqueo y esta desposesión de los recursos naturales, destrozando la madre tierra, los equilibrios ecológicos, las biodiversidades, a altísimos costos irreversibles. Armados por la Constitución convocan a ir por la ruta del vivir bien, modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. Lograron con una marcha indígena en defensa del TIPNIS parar este descabellado emprendimiento depredador, arrancando al gobierno y a la Asamblea Legislativa una ley corta en defensa del TIPNIS, además de acordar la reglamentación de la ley.

Empero el gobierno no acepta su derrota ni la conquista de la ley, vuelve a insistir, cada vez por procedimientos más desmedidos y descarados continuar con la misma ruta de la inercia y de la muerte, el saqueo, el despojamiento, la depredación, la violación de derechos, lo que beneficia, como siempre, a los intereses mezquinos de empresas trasnacionales, además de los intereses privados de ampliación de la frontera agrícola en beneficio del monocultivo. La

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reciente insistencia del gobierno tiene que ver con la convocatoria a la reunión de la Asamblea Legislativa a tratar el tema de la anulación de la ley corta, en tanto pedido de la contra-marcha cocalera, impulsada por el ejecutivo.

Es la misma Asamblea que aprobó la ley corta, que unos días después, quiere aprobar su abrogación. Esta desfachatez muestra patentemente la desesperación por abrir el TIPNIS y partirlo con una carretera depredadora. ¿A qué se debe tanta desesperación de los gobernantes? ¿Presión de las federaciones cocaleras del Chapare? ¿Compromisos con el gobierno brasilero, la empresa OAS, el IIRSA? Esta pregunta también nos plantea otras: ¿Hasta dónde se ha extendido y profundizado la corrupción, la economía política del chantaje, los circuitos de la cocaína, su inserción en la economía y en las instituciones? Una economía no solamente ligada el enriquecimiento ilícito sino a la formación de oscuros grupos de poder. Esta pregunta es importante, pues sorprende no solo la falta de decoro y compostura de gobernantes y legisladores, sino por la renuncia evidente a la imagen de defensores de la madre tierra, de los derechos indígenas; también la renuncia efectiva y práctica a la Constitución y al mismo proceso de transformaciones y de descolonización. ¿Por qué se lo hace? ¿Son tan abrumadores los intereses y los compromisos que se puede renunciar a la virtud y a la ética? Nada puede valer nunca más que la defensa de la madre tierra y de la vida, nada puede valer más que la emancipación y la descolonización, tampoco nada puede valer más que la construcción alternativa del Estado plurinacional comunitario y autonómico, del modelo civilizatorio del vivir bien. Lo que pasa es que se ha decidido mirar y valorizar desde la perspectiva de los intereses pedestres del beneficio propio.

La elección de mujeres en las presidencias del congreso

Esta noticia es importante en la perspectiva de la despatriarcalización y de la emancipación de la dominación masculina. Empero para marchar en esta perspectiva tienen que comportarse como mujeres plenas, emancipadas, la alteridad absoluta. La apertura y creación de otro horizonte de la política y de lo político, ya no basado en la política construida por la fraternidad guerrera masculina, la que entiende la política como identificación del enemigo, en la dicotomía amigo/enemigo, compartida por izquierdas y derechas. Se trata de una política que va más allá del amigo-enemigo. El aporte de la emancipación femenina conduce a la descolonización plena y la construcción de la cohesión social y la armonía con la vida sobre la matriz liberada de potencialidades, capacidades, sensibilidades de amor por las formas de vida.

Según Jacques Derrida, en Políticas de la amistad, se trata de la alteridad absoluta. Teoriza la figura de ámbito de relaciones y constitución subjetiva emancipadas de las formas de dominación y referencia masculina, la fraternidad, el patriarcado, los círculos de la dicotomía amigo-enemigo. No se trata sólo de la sororidad, que sería la amistad simétrica a la de los hombres, sino el poner en suspenso las mismas identidades construidas culturalmente en la historia. Refiriéndose a la democracia por venir dice:

Esta disimetría y esta alteridad infinita no tendrían ninguna relación con lo que Aristóteles habría llamado desigualdad o superioridad. Serían incluso incompatibles con la jerarquía socio-

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política como tal. Se trataría, pues, de pensar una alteridad sin diferencia jerárquica en la raíz de la democracia. Aparecería más tarde que, más allá de una cierta determinación del derecho y del cálculo (de la medida, de la “métrica”), pero no del derecho o de la justicia en general, esta democracia liberaría una cierta interpretación de la igualdad sustrayéndola al esquema falogocéntrico de la fraternidad.

Interpretando, de lo que escribe Derrida, quien desarrolla una crítica deconstructiva de la política, configurada, conformada y consolidada a partir de las formas de la fraternidad, excluyendo la figura femenina. Cuando la mujer logra su inclusión en el voto y la participación en la selección, la estructura masculina de la política no ha cambiado. Lo que ha pasado es que la mujer se ha incorporado a las políticas diseñadas desde la perspectiva masculina y para los hermanos, que hacen política. El tema es inquietante, sugerente y aperturante: ¿Cómo sería una política más allá de la fraternidad masculina? Obviamente también más allá de la sororidad, que es la respuesta de resistencia, empero amistad simétrica a la de los hombres. Una política que abole la diferencia construida a partir de las identidades basadas en el amigo-enemigo. ¿Qué sería la política más allá de la relación dicotómica amigo-enemigo?

Estos temas de la crítica radical, que incluso va más allá del feminismo radical, los aprendí de las feministas de-coloniales, que plantean el tema de la modulación de los cuerpos por el poder y la perspectiva de las subjetividades diversas. Lo que dice Derrida es sobre la crítica de la política, organizada a partir de una estructura masculina; aunque sea varón, no le quita merito. Creo que precisamente las feministas de-coloniales, van en esa perspectiva. Borrar las distinciones históricas y culturales construidas por las formas del patriarcalismo. Mujer, varón, lesbiana, homosexual.

Sobre el Congreso de la COB

La COB debe tener una tesis actual y real de lucha contra el capitalismo contemporáneo, no contra el imaginario capitalista de principios del siglo XX, cuando la Tesis de Pulacayo. Eso significa no solamente una crítica a la economía política sino una critica a la modernidad y al desarrollo. Debe apoyar la demolición del Estado-nación, liberal y colonial y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La lucha contra el capitalismo contemporáneo es también del proletariado nómada, de las multitudes, de los movimientos sociales anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios.

Notas a propósito del discurso del presidente

No se trata de compararse con los gobiernos neoliberales. Eso no está en discusión. Claro que hay una diferencia con estos gobiernos. El gobierno de Evo Morales es mejor que esos gobiernos; ni duda cabe, incluso en temas económicos y monetarios, lo ha hecho mejor que los neoliberales en los logros del equilibrio macroeconómico. Lo que está en discusión es otra cosa, es la comparación de las gestiones de gobierno con la Constitución, con lo que debería ser, con las tareas que tiene que cumplir. En esto no solamente está completamente rezagado sino que ha tomado otro camino, el de la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. El

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problema es que el gobierno no es un gobierno de transición transformadora hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino un gobierno de restauración nacionalista, que además ha decidido, por los caminos del pragmatismo y el realismo político, administrar los intereses de una burguesía recompuesta, que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola y al modelo extractivista del capitalismo dependiente.

¿Qué es lo que lleva a un rumbo calamitoso de la derrota política? En primer lugar un mal gobierno, un gobierno que no cumple con la Constitución, con la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, un gobierno que pisotea los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la madre tierra, un gobierno que ha decidido ser un engranaje de las relaciones y estructuras de poder regional y mundial, sirviendo a los intereses de las empresas trasnacionales y de proyectos de integración bajo la egida de la hegemonía de la burguesía brasilera (IIRSA). Un gobierno que se ha convertido en el administrador de los intereses de la burguesía recompuesta, la antigua burguesía, banqueros, empresarios privados, agroindustriales, terratenientes, soyeros, y nuevos ricos, cocaleros ricos, comerciantes, contrabandistas y grupos de manejo de la economía política de la cocaína - eso por lo menos es lo que se ha visto en la llamada Cumbre Social de Cochabamba -. Un gobierno que prefiere tolerar la escalada expansiva y destructiva de la corrupción en todos los niveles anuncia su propia clausura.

La victoria de la marcha de defensa del TIPNIS, la conquista de la ley corta y su reglamento, mas bien dan esperanza de una reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas originarios, el proletariado nómada, lo popular urbano, el pueblo boliviano. Deberíamos agradecer que el pueblo boliviano es vital y saca fuerzas para movilizarse en momentos de emergencia y de peligro del proceso.

El presidente se ha concentrado en temas económicos; le preocupa la inversión en el tema exploración y explotación de hidrocarburos, la poca cantidad de pozos exploratorios acumulados, el avance lento de las conexiones de gas domiciliario, la cifra de los autos convertidos a gas natural vehicular (GNV), el racionamiento de energía eléctrica por falta de inversión, problemas en el mantenimiento de carreteras, ejecución del programa de viviendas sociales y el crecimiento de los abonados de Entel, durante sus primeros seis años de gestión. Se entiende que se preocupe de estos temas de gestión, empero no son los más importantes y primordiales, incluso en la perspectiva económica. Lo fundamental es discutir y preocuparse por el modelo económico definido por la Constitución, la economía social y comunitaria, la industrialización de los recursos naturales - la Constitución prohíbe vender materias primas -, la integración articulada de las formas de organización económica hacia el vivir bien, el modelo ecológico y la soberanía alimentaria. Esto no se ha discutido. No se preocupa que su gobierno haya elegido el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que este sea el modelo efectivo escogido por el gobierno, delegando a la nada el modelo ideal de la Constitución. Esto debería preocuparle al presidente pues por ese camino nos hacemos más dependientes y continuamos por el círculo vicioso del modelo destructivo del extractivismo.

Lo que debe quedar claro para todos es el contenido y la orientación del proyecto histórico político del proceso. La estructura del proyecto se encuentra en la Constitución. Ese es el proyecto y no otro que puede estar en la cabeza de los gobernantes. Se trata de un proyecto

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descolonizador, que apunta a las emancipaciones múltiples de las naciones y pueblos indígenas originarios, del proletariado, de los estratos populares-urbanos, del pueblo boliviano. Es un proyecto que apunta a la transición civilizatoria hacia el vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. En este sentido hay que entender la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Este estado se construye sobre la base de transformaciones estructurales e institucionales profundas, el pluralismo institucional, el pluralismo administrativo, el pluralismo normativo, el pluralismo de gestiones. Toda esta construcción se despliega en el ejercicio práctico del sistema de gobierno de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. Entonces estamos hablando de transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas del Estado.

La Constitución ha establecido un modelo económico de transición. Parte de la integración complementaria de las formas de organización económica existentes, apunta a la conformación de la economía social y comunitaria, pasa por la industrialización de los recursos naturales, la expansión y consolidación del mercado interno, la intervención del Estado en la economía y en las cadenas productivas, orientando todo el proceso hacia la soberanía alimentaria, dentro de un marco ecológico y sustentable. Por lo tanto lo que tiene que quedar claro es que el modelo descarta y clausura el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Este es el punto. En la medida que el gobierno se mantenga en el modelo extractivista se porta de una manera inconstitucional, extendiendo y continuando en el modelo extractivista. No se puede sostener, sin expresar las profundas contradicciones, que estamos en el modelo constitucional cuándo efectivamente profundizamos el circulo vicioso de la dependencia por la expansión del modelo extractivista.

La Constitución define claramente la estructura del pluralismo autonómico y de la descentralización administrativa y política. Establece claramente el camino de la condición plurinacional por la ruta de las autonomías indígenas. El entramado de las competencias extiende atribuciones y facultades autonómicas en combinación con las atribuciones y facultades del nivel central, dando lugar a una rica composición de entrelazamientos de los gobiernos y asambleas en lo que respecta a la potestad gubernativa y a la potestad legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías indígenas. En la medida que se sacan leyes inconstitucionales que reavivan el centralismo, restringen las potestades autonómicas y se limitan al máximo las autonomías indígenas, no se sigue el proyecto de la Constitución sino se mantiene la vieja forma estatal centralista, burocrática, bajo el monopolio de competencias del nivel central.

No se pueden confundir las tareas recurrentes de un gobierno como las relativas a las políticas monetarias y fiscales, reservas, incluso la realización de bonos, que corresponden a una economía rentista, aunque el impacto coyuntural es de redistribución de la riqueza, con las tareas fundamentales, trascendentales de un gobierno que tiene que aplicar la constitución. En el informe aparecen tareas recurrentes y su balance positivo, empero no se dice nada sobre cuánto hemos avanzado en la transformación estructural e institucional del Estado plurinacional, no se dice nada de cuánto hemos avanzado en el modelo de la economía social y comunitaria. Se ocultan interpretaciones de los hechos que muestran más bien la continuidad en el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación. No se trata de hacer

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propaganda de gestiones envueltas en tareas recurrentes, que son obligación de los gobiernos y no algo que destacar y agradecer. Para eso esta mínimamente un gobierno, para cumplir por lo menos con tareas recurrentes, empero lo que tiene que quedar claro que este gobierno tiene un mandato, un mandato constitucional, que es el de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hasta ahora no lo ha hecho.

Caudillismo al estilo Chirveches

La patética comprensión del vicepresidente del proceso, reducido a la imagen del caudillo es una muestra clara de su posición política conservadora, al estilo de los imaginarios criollos de la época de La candidatura de rojas, de Armando Chirveches. Esta muy lejos de una posición leninista, que le gusta poner en mesa, empero sólo como para mostrar estampitas. No es ninguna revolución lo que le interesa, menos esforzarse entender este proceso descolonizador, que es producto de los movimientos sociales antisistémicos, de las naciones y pueblos indígenas movilizados, proceso que sale de las entrañas de las luchas sociales después de seis años de levantamientos semi-insurreccionales. Ellos son los héroes, los portadores del proceso, del contenido del proceso y de su horizonte, que se encuentra expresado en la Constitución. El protagonista del proceso no en un movimiento electoral montado en la cresta de la ola, menos un caudillo que no entiende el planteamiento indígena descolonizador, atrapado en un reducido entrono halagador y pusilánime, que aleja al presidente de la realidad y de las tareas que le competen, en el cumplimiento y aplicación de la Constitución.

La subordinación del gobierno y la lógica de acumulación y despojamiento de las trasnacionales

Son comprobados los beneficios de las empresas trasnacionales en una diseñada nivelación de preciso y suspensión de las subvenciones, sobre todo debido a sus bajos costos de producción. Esta es una muestra clara de que las que gobiernan son las empresas trasnacionales de los hidrocarburos. A pesar de todo lo que ha podido argumentar el “jacobino” y también el gabinete económico, para justificar la medida de nivelación de precios, conocida popularmente como el “gasolinazo”, en su lamentable panfleto azul, anti-paráfrasis a un mal entendido libro de Lenin, la realidad es que las empresas trasnacionales hidrocarburíferas tienen un bajo costo de producción y, en sobrecompensación, súper-ganancias. Sin embargo, esto no les basta, no es suficiente para la compulsión desenfrenada de más ganancia y a las ansias desbocadas de despojamiento de los recursos naturales que tienen estas empresas; requieren más, para eso cuentan con gobiernos subordinados a las estructuras de poder establecidas mundialmente y regionalmente. El gobierno popular, a pesar de su discurso nacionalizador, ha terminado subordinándose a las lógicas de la acumulación de capital de estas empresas trasnacionales; esto aconteció desde los contratos de operaciones, cuando comienza la desnacionalización en el mismo proceso de nacionalización, al entregar el control técnico a la vorágine trasnacional. Paradoja que muestra la profunda contradicción de un gobierno que ha tirado por la borda la Agenda de Octubre y la Constitución política del Estado. Los bolivianos no debemos dejar que nos pongan el dedo en la boca, no podemos dejar que

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vuelvan a intentar una medida de nivelación de precios, que lo que hace es ampliar los grandes márgenes de ganancia de las empresas trasnacionales, además de cubrir la lamentable administración económica, que ha sumado la deuda interna y la deuda externa, incrementando la deuda pública y la deuda inacabada externa. Si el gobierno ha decidido no continuar con el proceso de nacionalización, contento con la recepción de la mitad del reparto del excedente hidrocarburífero, somos los bolivianos, los propietarios de los recursos naturales, los que debemos continuar el proceso de nacionalización, incluso contra un gobierno entreguista.

Un presidente sin ley ni palabra

El presidente no tiene ni palabra ni ley. La ley corta fue una conquista de las naciones y pueblos indígenas originarios y del pueblo boliviano que apoyo la marcha, es una conquista en defensa de la constitución y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la CONSTITUCIÓN. Es una conquista en defensa de los derechos de la madre tierra. Pretender desentenderse de la ley promulgada por el presidente y aprobada por la Asamblea Legislativa es la muestra más patética de la inmensa irresponsabilidad y desprecio del pueblo, la Constitución y las leyes en que se mueve el gobierno. La marcha del CONISUR es un montaje espantoso del gobierno, la participación oficial y con recursos del Estado es evidente, mostrando mas desesperación que inteligencia, buscando revertir la derrota sufrida en el conflicto del TIPNIS, buscando indecorosamente servir a los intereses mezquinos de la empresa corrupta OAS, con la que el gobierno no solamente tiene compromisos sino relaciones de corrosión y corrupción, buscando también defender los intereses de cocaleros, avasalladores del territorio y parque Isiboro-Sécure, para plantar coca y expandir la economía política de la cocaína en la que están metidos. El pueblo, conocedor de estos hechos y estos comportamientos lamentables, que expresan asombrosamente las descarnadas sumisiones a las empresas trasnacionales, al Banco de desarrollo de Brasil y al gobierno brasilero, ha sido sabio e indiferente ante este bochornoso teatro político de la marcha oficial del CONISUR.

Al respecto de estos comportamientos sinuosos debemos decir que son los síntomas claros de la decadencia absoluta, comportamientos contradictorios y deslucidos que muestran nuevamente la tremenda improvisación en la que se mueve el gobierno, la perdida de toda orientación política, sustituida por el servicio a las estructuras y relaciones de poder, a los intereses establecidos, vigentes y dominantes, del orden mundial y del orden regional; sustituida también por la repetida emergencia del diagrama de la corrupción, que hace las veces de un gobierno paralelo perverso, relaciones perversas y opacas que inciden efectivamente en la toma de las decisiones y en la modulación de las conductas políticas. Esto es lo que llama la atención, la rápida llegada a este punto, ya no sólo de desgaste sino de hundimiento.

Parece repetirse como condicionante histórica la trama de la revolución nacional de 1952; ésta ya había muerto en 1956, por la entrega de COMIBOL a la administración de ingenieros norteamericanos, por el plan triangular, plan económico monetarista, por la profusión desvergonzada de las contradicciones y también por la escandalosa expansión de la corrupción, convertida en costumbre. ¿No había recursos para resistir esta tendencia a la

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corrosión de los cuerpos y las instituciones? ¿Por qué se prefirió tan estrepitosamente el gusto y el deleite por los encantos ilusorios del poder? ¿Por qué se prefirió la riqueza fácil? ¿Por qué se prefirió sustituir el interés general del proceso por los intereses particulares, por el beneficio propio? ¿Es que no estaban preparados los gobernantes? Fueron imágenes colectivas que no correspondían a la realidad, que no correspondían a la constitución subjetiva esperada. Parece la elocuencia de la condición incompleta humana; hombres inmaduros que cuando llegan al poder lo toman como si fuera un juguete nuevo; engañados ellos mismos con sus imágenes falsas creyeron que podían controlar los grandes desafíos y las alternativas, controlar las condicionantes y las estructuras de poder. Se metieron a juegos muy grandes, donde los que controlan las reglas del juego son monstruos consagrados en el dominio del poder y de monopolios múltiples; por lo tanto hombres de gobierno convirtiéndose, sin darse cuenta, en engranajes de relaciones y estructuras de poder, de dominación y fuerzas al servicio de la acumulación ampliada de capital, permitiendo el despojamiento de los recursos naturales en su propio país.

Ahora se encuentran sorprendidos, pero persisten tercamente en la mantención de una imagen ya derrumbada, que pertenece a un inmediato pasado de entusiasmos. Ya no pueden sostener esas imágenes construidas por el imaginario colectivo, la brisa de los hechos ha barrido a los fantasmas, descubriendo los personajes de carne y hueso, vulnerables, débiles e inclinados al placer del poder y a la paranoia que éste produce como síndrome inocultable.

¿Qué se puede hacer ante este calamitoso derrumbe? No queda otra cosa que pedir lo imposible, al estilo de la rebelión del 68, ser realistas y pedir lo imposible, la reconducción del proceso, sabiendo que lo imposible, en el campo de posibilidades, es una probabilidad improbable, y también sabiendo que cuando la voluntad colectiva desborda y es creativa, de los recovecos de la realidad emerge el desenlace de una innovación y una ruptura. Eso fueron las revoluciones, eso puede volver a ocurrir en Bolivia, si volvemos a salir y movilizarnos como lo hicimos del 2000 al 2005. Hay una Constitución aprobada por el pueblo, donde el mandato es claro, abolir el Estado–nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, efectuando transformaciones profundas estructurales e institucionales.

Como asumiendo penamente el guion de la comedia se retoma el chamuscado discurso del desarrollo, al estilo de los discurso gubernamentales que inauguraban escuelitas para lograr aplausos de poblaciones entumecidas y cansadas de la ceremonialidad del poder. ¿Lo que falta en el TIPNIS son escuelas, hospitales, los signos del progreso? Este se parece tanto a discursos disímiles pero que comparten el mismo prejuicio o la misma insólita burla; los discursos del cuerpo de paz, los discursos de las dictaduras militares, los discursos de los programas asistenciales, los discursos descoloridos de funcionarios desubicados en comunidades campesinas. No metemos en este bollo los discursos del nacionalismo revolucionario de los primeros años de la revolución, pues por lo menos este discurso, que apoyaba la reforma educativa de entonces, que lanza la escolarización por todos lados, formaba parte del proyecto de formación de la consciencia nacional y la construcción del Estado-nación, bajo los códigos de la mestización. Discurso que no comparto, pero que en aquél entonces formó parte de un proyecto constitutivo, que si bien terminó fracasando, por lo menos formó parte de un intento descomunal insurreccional nacional-popular y obrero. Ahora, lo que llama la atención, es que se retoma un discurso desgastado, poco creíble, después de que estos temas han sido superados por las concepciones de la Constitución y el vivir bien, que se abren a alternativas del desarrollo, de la modernidad y el capitalismo. Este

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retorno a un discurso asistencial es también síntoma de la decadencia. No se tiene a mano nada para justificar la descarnada sumisión a la empresa constructora OAS y al gobierno brasilero, que se recurre a un trasnochado discurso que tiene muy poco de argumentación. También podemos hablar de la muerte de la retórica, pues tampoco se tiene ganas de convencer, sino se trata de un ritual de protocolo.

Las pretensiones del vicepresidente

El vicepresidente ha perdido no solamente toda coherencia sino todo decoro y compostura. Pretende dar lecciones de consenso y diálogo en un contexto y una coyuntura saturada de montajes, teatros políticos, manipulaciones y marchas oficiales inventadas. Pretende que se debe dialogar entre las organizaciones indígenas; por un lado las organizaciones indígenas matriciales, que lograron la conquista de una ley corta que protege al TIPNIS, apoyados por el pueblo boliviano, cuyos derechos se hallan consagrados en la Constitución; por otro lado, de parte del gobierno, los dirigentes del CONISUR, dirigentes cocaleros, propietarios privados, dedicados al monocultivo de la hoja de coca y metidos en la economía política de la cocaína. Pretende que se puede, por capricho jacobino, abrogar una ley y su reglamento. Lo que no tiene en cuenta es que su imaginario arrebatado no puede sustituir a la realidad, que el discurso desfachatado no puede sustituir a la realidad. La realidad efectiva es que la marcha indígena en defensa del TIPNIS y el pueblo boliviano impusieron una ley corta en defensa de la madre tierra y de la constitución. Abrogar la ley corta no solo va a poner de manifiesto la múltiple violación de la Constitución y de las leyes, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios, sino que va a ser un repugnante antecedente ante las organizaciones internacionales; estaríamos ante un gobierno desacreditado que no cumple con la Constitución, tampoco la ley y menos con los convenios internacionales. Abrogar la ley va a provocar una movilización general del pueblo boliviano en defensa de la ley corta, del reglamento y la Constitución. Es posible que la tercera provocación del gobierno, la tercera asonada popular y la tercera derrota del gobierno, comprendiendo el levantamiento popular contra el gasolinazo y la marcha en defensa del TIPNIS, llegando a una tercera autoconvocatoria popular, no pueda aguantar y resistir el gobierno. La abrogación de la ley corta sería la caída del gobierno.

Es como la política del avestruz, ocultar la cabeza para no ver la realidad. No ven sus propios grandísimos errores, no ven que se encuentran en franca confrontación con el pueblo que apoyó el proceso. No ven que el entusiasmo de la gente a la marcha en defensa del TIPNIS se debe a que la gente cree en el proceso y en la constitución, pero no en un gobierno que se ha apartado del proceso y la Constitución. Acostumbrados a manipular, incluso con los medios de comunicación que tienen al alcance, que ya son muchos, incluyendo a los comprados, que aparecen como neutrales, creen que pueden producir realidades con montajes, marcha inventada, descalificaciones, maniobras políticas. No se puede, la realidad no es producto de una imaginación y menos de las manipulaciones oficiales. Esta conducta terca, de desacreditación de medios, de organizaciones indígenas, sin preocuparse por ningún análisis de coyuntura, expresa la seducción que tienen por el decurso al naufragio. Empero, en todos esos escenarios dramáticos y a la vez de comedia, los pregoneros del peor conservadurismo

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son los “lluncus”, sumisos y serviles, son los acompañantes de la derrota. No comprenden que ayudan con su actitud cómplice a la construcción del fracaso. Estos personajes no comprendieron nunca el sentido del proceso y el sentido de la constitución. Son los sepultureros del proceso.

La defensa del TIPNIS es defensa del proceso

Hay que estar muy despistado como para no situar lo que se dice ni tener conciencia de su sentido. La consulta previa libre e informada, que se encuentra claramente establecida en la Constitución y que forma parte de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, debe ser aplicada y acatada por el gobierno antes del inicio de cualquier proyecto que afecte sus territorios y sus derechos. Esta consulta no fue hecha por el gobierno el 2008 cuando el ejecutivo llegó a un acuerdo con el entonces presidente Lula da Silva para la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS, adjudicando el proyecto a la empresa OAS, como parte del acuerdo y del préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, préstamo comprometido y que se hizo ejecutable años después. Es cuándo se debería hacer la consulta, no se la hizo. Tuvo que estallar el conflicto del TIPNIS para que se develen todos los temas oscuros que forman el tejido enmarañado de intereses entre el gobierno boliviano, el gobierno brasilero, el Bando de desarrollo de Brasil y la empresa OAS. Una vez que la marcha indígena en defensa del TIPNIS, contando con el apoyo del pueblo boliviano, logra arrancarle al gobierno y a la Asamblea Legislativa la ley corta en defensa del TIPNIS y la reglamentación correspondiente, los personeros del gobierno, los senadores despistados, los dirigentes cocaleros del CONISUR, incluyendo a grupos de yuracares que son también cocaleros, piden la consulta previa, sin entender que quiere decir previa, creyendo que todos, como ellos, tampoco van a entender. Ya no hay condiciones para una consulta previa cuando hay dos tramos avanzados, el uno y el tres, presionando para la continuidad del tramo intermedio que pasaría por el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. En todo caso sería una consulta extemporánea.

Sobre quién debe consultar a quién

¿Qué las organizaciones matrices de los indígenas de tierras bajas, el CIDOB y la central del TIPNIS no consultaron a los del CONISUR? ¿Tenían que hacerlo? ¿Tenían que consultar a productores de la hoja de coca, cuya afiliación es con las federaciones cocaleras? ¿Tenían que consultar a los yuracares cocaleros que ahora marcharon con el CONISUR? ¿Donde estaban estos yuracares cuando se tomaron las decisiones de manera orgánica? La verdad es que ya no tiene límites el cuento oficial, no compagina, no logra armar un guion, cae el discurso por su propio peso. El gobierno no se da por vencido, no tiene el menor menoscabo de pretender borrar con el codo lo escrito con la mano, abolir, por cualquier medio, la ley corta en defensa del TIPNIS; conquista de la marcha indígena y del pueblo boliviano que apoyó la defensa de la madre tierra.

Autoconvocatoria a la movilización general

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Frente a todas estas manipulaciones burdas del gobierno, de senadores, de dirigentes del CONISUR es indispensable que el pueblo boliviano y las organizaciones indígenas se preparen para una movilización general en defensa de la ley corta y en defensa de a Constitución, al hacerlo también lo harán en defensa del proceso, ante un gobierno que se ha puesto contra el proceso, contra una Asamblea Legislativa que conspira contra la Constitución y cava la tumba del proceso. La lucha por la defensa del TIPNIS se ha convertido en un punto clave en el curso del proceso, un punto estratégico, un punto de inflexión, como una encrucijada, donde hay que escoger por dónde vamos: ¿por el derrotero optado por el gobierno que conduce a la muerte del proceso o por la reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales y el pueblo boliviano? Por eso es indispensable parar de golpe las maniobras de funcionarios y asambleístas. Es indispensable sentirse convocados por los muertos y heridos del proceso, por los que lucharon por transformaciones estructurales, que no se ven por ningún lado. Hay batallas como estas, dónde no se puede retroceder; si se lo hace se está cediendo a la inercia y al desemboque de la derrota. Si un día los sectores populares, el proletariado nómada, las naciones y pueblos indígenas se levantaron contra el gobierno neoliberal y expulsaron el proyecto neoliberal, ahora tienen que volverse a levantar en defensa del proceso contra los restauradores del Estado-nación, liberal y colonial, el estado anterior de cosas, restauradores la burguesía intermediaria, a la que se sumaron los nuevos ricos. La lucha por el TIPNIS se ha convertido en la lucha por el proceso, la Constitución, el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en contra de los usurpadores nacionalistas, demagogos, funcionarios, mafias incrustadas.

El recurrente procedimiento del engaño

¿Por qué se miente? ¿Por qué se dice que la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS, donde prácticamente no hay comunidades, salvo dos identificadas, va a beneficiar a las comunidades indígenas del territorio indígena y parque? Un grueso de las comunidades se encuentran al este, cerca y bordeando el río Sécure, empero el diseño no prevé que pase por ahí. ¿Por qué tantos contrasentidos y equívocos geográficos? Sin embargo, los gobernantes y los dirigentes del CONISUR no se inmutan de semejantes contradicciones. Se muestran tan lozanos como si no pasará nada, ¿acaso no son conscientes de las barbaridades que expresan? ¿O no les importa nada? Lo que parece interesarles es el cumplimiento de tan desmedido diseño carretero destructor y depredador de la región más rica en biodiversidad del país. Sólo interesa la plantación de coca y la defensa de los intereses comprometidos con OAS. Se ha llegado al colmo de que tres senadores del MAS, uno colonizador, el otro por el departamento de Santa Cruz y el tercero por el departamento de Cochabamba, digan que no importa el medio ambiente, tampoco interesa la Constitución, pues la ley, la nueva ley que se aprobaría y promulgaría en contra del TIPNIS, una vez anulada la ley corta en defensa del territorio indígena y parque, está encima de la Constitución. Se dice esto sin el mayor desparpajo. Se observa que les parece apropiado decir semejantes sandeces pues de lo que se rata es de imponer por la fuerza, a empellones, usando la mayoría de la Asamblea Legislativa, la abrogación de la ley corta.

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La mentira se ha vuelto un procedimiento político cotidiano. No interesa la verdad, este valor hay que dejarlo a los filósofos y e los éticos. Lo que importa es la eficiencia de la práctica política, que casi siempre se reduce a la imposición, a la coerción velada, al forzamiento de las cosas, hasta en los pequeños detalles. Lo que interesa es lo que consideran astucia, aunque siempre resulta que sólo se trata de la habilidad mediocre de la manipulación de alcances cortos. Se trata de la satisfacción machista de gobernantes, asambleístas y funcionarios, para quienes el burlar a los otros les parece un logro apreciable entre amigos y cómplices. Estas son las dimensiones elementales del pragmatismo local, del realismo político cuya realidad se reduce a los intereses más pedestres. No se entiende cómo este procedimiento del engaño es presentado a los propios como astucia política, incluso como “estrategia”, aunque esta nos sea otra cosa que el plan de objetivos de poco alcance, adecuación de medios sinuosos a fines pedestres, compartidos por lenguajes de cofradías de complicidades, que cada vez más se parecen al panegírico de los bribones.

Es pues un descaro decir que no hay otra alternativa para la carretera interdepartamental, entre Cochabamba y el Beni, que también va unir a los ganaderos de Rondonia de Brasil con el Pacífico, para que exporten su ganado al Asia. Es como si el territorio del país se hubiera reducido al territorio del TIPNIS, no hay más, no hay más espacio, no hay más salida. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da lugar a la concentración perdida y afiebrada en un solo lugar, cómo si de este recorte de espacio dependiese todo, en este caso el desarrollo del país? Esta obsesión por el oscuro objeto del deseo, donde éste objeto deseado se convierte en el todo, explica el escandaloso delirio de los gobernantes por el TIPNIS. El gran negocio, los negociados, los beneficios para el transporte internacional, la expansión de la frontera agrícola en beneficio de la ampliación del monocultivo de la coca, que en esa región está plenamente articulada a la economía política de la cocaína, explica pues esta obsesión, también el sentido oculto de las contradicciones y de las insensateces que se transmiten.

Perfiles del CONISUR

Los del CONISUR no son comunarios, por lo tanto ya no son indígenas, en el sentido estructural del término, no pertenecen a relaciones comunitarias. Renunciaron a la TCO, no son propietarios comunarios sino propietarios privados y cocaleros. No forman parte de la TCO. En el tema del TIPNIS no tiene derecho a decidir sobre la carretera. Esto debe quedar claro para los que apoyamos la defensa del TIPNIS, pues seguramente nos veremos obligados a salir a las calles a defender la ley corta.

El CONISUR dice que representa a 37 comunidades del TIPNIS, lo que no concuerda con la realidad. No forman parte de la TCO del TIPNIS, renunciaron a la propiedad comunitaria al decidir ser propietarios privados cocaleros. La mayoría de ellos, los llamados corregidores, ni si quiera se encuentran el territorio del TIPNIS. Se trata de una sorda manipulación y tergiversación de los hechos, sólo par proseguir con la destrucción y depredación del bosque, territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, en beneficio de una tras-nacional constructora y de la economía política de la cocaína.

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¿Acaso hay que recodarles a los asambleístas, senadores y diputados, que tiene que cumplir con la Constitución? A esto están obligados. ¿Qué es eso de que si las organizaciones indígenas no acuerdan nos verán forzados a tomar medidas? ¿Qué clase de amenaza es esta? Un lado de las organizaciones está compuesta de manera orgánica, representan a las organizaciones matriciales indígenas, el CIDOB y la Central del TIPNIS; la otra, el CONISUR, ha sido desconocida el 2001 por las propias organizaciones del TIPNIS, pues no tiene características comunitarias ni indígenas al formar parte mas bien de organizaciones cocaleras y estar afiliada a las federaciones cocaleras. ¿De qué hablan los asambleístas? ¿De que clase de acuerdo? ¿No les parece impudoroso obligar a las organizaciones indígenas orgánicas y matriciales a retroceder respecto de la ley corta y su reglamento? ¿No ven acaso que esta es una violencia contra la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra? Les importa muy poco si es una violación múltiple este pedido y esta actitud. Lo que les interesa es servir sumisamente a los mandatos del ejecutivo, que responde también a los acuerdos con OAS y el gobierno brasilero, además de responder a las presiones de cocaleros en zonas excedentarias, dedicados ya de lleno a la economía política de la cocaína. Esta actitud de los asambleístas no puede ser aceptada por los que votaron por esta representación. Si no pueden cumplir los asambleístas con la Constitución, su obligación es renunciar.

El desprecio “jacobino”

Habría que ver qué pasa en la cabeza del “jacobino”, émulo de Robespierre, como le gusta llamarse, para saber cómo se puede llegar a tener tanto desprecio por la gente, por el juicio de la gente, no solamente la opinión pública, sino la opinión formada de las organizaciones indígenas originarias, la opinión del pueblo boliviano que apoyó a la VIII marcha y logró arrancar la ley corta en defensa del TIPNIS. No importan otras opiniones, lo que importa es la propia, que es considerada la única valedera. ¿Hay un objetivo claro en todo esto?

Hubo un tiempo en que nos hizo creer que era así, toda la actividad política era volcada a la emancipación indígena y descolonizadora. Ahora no parece ser este el objetivo; todo lo contrario. ¿En qué se basan estas consideraciones? ¿Esta fe en uno mismo? ¿Hay clarividencia como una especie de don? ¿Quién le hizo creer esto? ¿Desde el colegio, los estudiantes, los profesores? Pues ocurren estas cosas. Se forman mitos, sobre todo entre los amigos. La gente le gusta moverse en imaginarios y en clasificaciones fáciles en estas atmósferas imaginarias de los espacios íntimos y biográficos. Después, muy posiblemente también sigan concurriendo este juego de representaciones en la universidad, aunque con más dificultad y competencia. Sin embargo, los lugares que no escapan a la construcción veleidosa de los mitos son los de la actividad política. Es dónde los aprendices de militante forman sus propios códigos, sus propias representaciones, la mayor de las veces emulando a fantasmas desaparecidos o, en su caso, dándose nombres de guerra. El nombre de Qhananchiri es uno de estos motes; que quiere decir algo así como el clarividente, de una manera mística, el hombre luz. Estos nombres no sólo tienen por objeto dar un nombre de guerra, ocultar la identidad ante la represión, sino caracterizar, también caricaturizar, al que lo lleva. Ciertamente Qhananchiri es un nombre

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pretensioso, empero en esos espacios íntimos y de clandestinidad funciona como reconocimiento en las atmósferas estrechas de la complicidad. Nadie ve como peligro o afrenta un mote así. Al contrario forma parte del secreto y de la fraternidad combatiente. El problema es cuando salimos de estos ámbitos y estas temporalidades de la clandestinidad, sobre todo cuando se llega al gobierno. Si seguimos creyendo que los significados establecidos en los ámbitos estrechos de la complicidad se mantienen en los gigantescos ámbitos de la cotidianidad mundana de los laberintos sociales y en los serviles ámbitos del espacio público, estamos perdidos. El problema aparece cuando creemos ese cuento de la clarividencia y que es extensible a los espacios sociales de la vida política, pues cuando el poder, con todo su deleite y entrega, te toma, se incrusta en ti, te vuelve un dispositivo del poder, el creerse iluminado se vuelve altamente peligroso, tanto para propios y extraños; sobre todo se vuelve peligrosísimo en la conducción del gobierno y en la orientación del proceso.

La sabiduría no se logra mediante estas representaciones, ni es un producto de estas máscaras; la sabiduría, esta comprensión de la relatividad de las cosas se da como producto de la humildad, después de madurar lo suficiente como para comprender que lo único sabio es aprender siempre de la experiencia y de los demás, que siempre tienen algo que enseñarnos. Lo que vemos en la conducta de los gobernantes es todo lo contrario, una pretensión desmesurada de que todo lo saben, de que son propietarios de la verdad, valga a saber cuál es esta, de que el pueblo tiene que confiar, pues ellos saben como llegar a los fines trazados, aunque estos fines ya hayan cambiado. Llamemos a esta pretensión inmadurez, expresión de la más desarmada e intrépida inmadurez. Todos somos, de alguna manera, inmaduros, pero, el problema es que no todos lo saben y cuando los que no saben que lo son asientan sobre el colmo de la inmadurez decisiones de alta responsabilidad, cuando asientan sobre la demoledora inmadurez las decisiones y acciones de gobierno, lo que pretenden que son políticas de Estado, estamos perdidos, pues lo que se avizora en el horizonte es el abismo, la caída en el abismo.

Sólo puede explicarse el desprecio “jacobino” a partir de este ocultamiento, de este encubrimiento de la inmadurez y la vulnerabilidad en poses, poses de clarividente, poses de racionalidad fría, poses de revolucionario, aunque el contenido de lo que podría ser una revolución o el revolucionario se lo haya perdido totalmente, pareciéndonos más bien de manera alarmante al perfil de todo funcionario cínico, de todo burócrata altanero, de todo político que se cree predestinado. Estas analogías nos muestran que nada ha cambiado, que las historias individuales y personales de los políticos se repite como siguiendo un guion inaudito, que se parece al círculo vicioso de la mediocridad.

De ninguna manera podemos aceptar el argumento de que los del CONISUR, que son también indígenas deben decidir sobre el destino del TIPNIS; es discutible de que sigan siendo indígenas aunque ya sean propietarios privados y estén afiliados a las federaciones cocaleras. El sentido de lo indígena dado en la Constitución tiene que ver con comunidades ancestrales o de reconstitución en los hábitats actualmente ocupados. Empero, aunque no entremos en esta discusión de qué es ser indígena, no solo antropológicamente, sino desde el enunciado de las declaraciones internacionales, los convenios y los derechos de los pueblos indígenas, que asocian esta condición al territorio, culturalmente concebido, al espesor cultural, al sentido comunitario de su posesión; sentido que es el mismo que retoma la Constitución. Sin entrar en

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esta discusión, el hecho de que los del CONISUR no pertenecen a la TCO del TIPNIS no les da derecho a decidir sobre el destino del Territorio y Parque Isiboro-Sécure. Este es el punto. El otro punto es que hay una Constitución donde se consagraron los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de una ley corta que defiende el TIPNIS, aprobada por la misma Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente. ¿Cómo se puede borrar con el codo lo escrito por la mano? ¿No hay la menor vergüenza por hacerlo? ¿Cuál es el tamaño de los intereses que defienden que ya no sienten ni pudor por este gesto tan desalineado, gesto sin ética y valor?

El tercer punto es que no pueden imponer con su marcha oficial, que es el resultado grotesco de una suma de montajes descoloridos y de poco ingenio, una decisión que expresa la descomunal violencia de los gobernantes en contra de los derechos consagrados en la Constitución. Esta decisión, sin mayor desparpajo, es anular la ley corta y hacer otra ley que incluya la versión de los cocaleros del CONISUR. Esta escena desenmascara no solo el discurso y la política del gobierno, que hace un tiempo ya se ha derrumbado, sino el nudo descarnado del poder. Esta decisión es la respuesta desesperada del gobierno por revertir sus dos derrotas ante el pueblo, la del gasolinazo y la del TIPNIS; también responde a la desesperación sumisa de cumplir con sus compromisos con la empresa trasnacional OAS, el Banco de Desarrollo de Brasil y el gobierno brasilero, además de administrar consecuentemente los intereses de la burguesía agraria y los de los nuevos ricos, asociados a la expansión de la frontera excedentaria de la hoja de coca y a la economía política de la cocaína.

La violación sistemática de la Constitución

La consulta previa libre e informada se hace antes de iniciar los proyectos que afectan a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, a los territorios indígenas y a la madre tierra. No después, para legitimar lo que se ha hecho, montando escenarios, inventando marchas, manipulando gente, haciendo creer que se cuenta con los “verdaderos” indígenas cuando las verdaderas organizaciones indígenas son excluidas. Formando una comisión en el congreso para elaborar una ley inconstitucional contando con la complicidad de los dirigentes del CONISUR, que son cocaleros y propietarios privados. Lo que se debe exigir es el respeto a la Constitución, a la ley corta en defensa del TIPNIS, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y a los derechos de la madre tierra. Si no hacen esto los asambleístas están no solo violando la Constitución sino violando los derechos fundamentales y las cuatro generaciones de derechos, consagrados en la Constitución; también incumpliendo con los deberes como representantes y asambleístas. Si esta es la práctica deben renunciar.

El presidente del Congreso cree que por que tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa puede hacer lo que le venga en gana, cree que de eso se trata, que ese es el crudo ejercicio del poder, imponer la mayoría violando la Constitución y los derechos de los pueblos. Está completamente equivocado, esa es la manera con la que se pierde precisamente el poder. Está completamente equivocado en el cálculo político. Fueron la mayoría como resultado en las últimas elecciones, ahora son la minoría después de enfrentar al pueblo con la medida neoliberal del gasolinazo y con la medida extractivista y depredadora de su proyecto carretero en el TIPNIS. Este cambio de situación lo demostró el pueblo paceño, cuando un millón de

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ciudadanos salieron a recibir a la VIII marcha y les bridó su apoyo. Los resultados de las elecciones de magistrados registran estadísticamente este cambio de la correlación de fuerzas, cuando el voto nulo abrumó a los votos validos, anulando la legalidad y legitimidad de esas elecciones. No son mayoría, no tienen argumentos para anular la ley corta, no tienen la legalidad ni la legitimidad para abrogar la ley e inventarse una nueva ley. Ante este nuevo avasallamiento la obligación del pueblo boliviano es movilizarse y defender la ley corta y el reglamento que defienden el TIPNIS.

¿Qué es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?

El numera 15 del capítulo cuarto de la sección II del título II sobre derechos fundamentales y garantías, dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.

Queda claro lo que establece la Constitución que el cuándo se hace la consulta tiene que ver con cada vez que se prevean medidas legislativa y administrativas susceptibles de afectarles . Así también queda claro cuando la Constitución establece que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada. No hay donde perderse. Sin embargo, hay senadores, como un senador de Cochabamba, que sigue haciéndose al desentendido o cree que puede manipular la interpretación de este numeral a su antojo. El mencionado caballero, haciendo gala de una lectura acróbata, dice que la consulta “nunca es extemporánea” como afirman los dirigentes de la Subcentral TIPNIS, sino garantiza los derechos indígenas y, como está establecido en la Constitución Política, está por encima de cualquier ley. “En una consulta, siempre hay un protocolo para saber exactamente cómo se realizará, con qué instrumentos, cómo garantizar en buena fe, pero al mismo tiempo se deberá habilitar una ley que fije los lineamientos centrales”. Mayor embrollo en una interpretación no podía haber.

¿Qué quiere decir el senador cuando dice que una consulta nunca es extemporánea? ¿Nunca? O sea que esta fuera del tiempo y lugar. Es una abstracción, una medida que no depende del momento. Lo mismo da hacer un censo a los muertos que a los vivos. La gran diferencia está que los muertos no responden; entonces es tarde para hacer un censo. Si la consulta se hace después de comprometer el proyecto entonces es extemporánea, no cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. El proyecto en cuestión es el de la carretera que atravesaría el TIPNIS; el compromiso del proyecto se lo hizo el 2008 con el presidente Lula da Silva, comprometiendo también el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y aceptando que la empresa constructora sea OAS, que contaba ya con un diseño, saltando también todas las normas de contratación de bienes y servicios del país, además de violar la Constitución. No solamente que la consulta es extemporánea sino que los que se comprometieron con el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo de Brasil a la construcción

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de una carretera que atravesaría el territorio indígena y parque, que cometieron un delito constitucional, no fueron pasados a la justicia ni rindieron cuentas a la sociedad por estas tratativas corruptas y encubiertas. Volver a repetir la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, querer imponer una consulta extemporánea, una vez que cometieron varios delitos contra los intereses del país, del Estado, de la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, es insistir en el mismo delito. Lo que equivale a sanciones contra los senadores que no cumplen con la Constitución.

La consulta previa libre e informada es una conquista de la lucha indígena en el continente, forma parte de los convenios internacionales que firmó el Estado boliviano y son reconocidos como leyes en la Constitución, en rango inmediato jerárquico a la Constitución misma. Forman parte el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Este derecho es varias veces mencionado en la constitución como obligatorio cumplimiento por parte del Estado. ¿Quiénes son los que quieren desentenderse de este deber? Los gobernantes, los senadores oficialistas, los directores de empresas estatales, las empresas trasnacionales; es decir, el conjunto de agentes y dispositivos del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Varias veces se ha escuchado a personeros de empresas extractivas del Estado quejarse de que esta consulta impide el desarrollo y la inversión. ¿En qué país creen que están estos personeros? No se dieron cuenta que ya el país cuenta con una Constitución que diseña el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que el eje fundamental o el camino fundamental de la Constitución es la descolonización, que están consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se apunta a un modelo alternativo al extractivismo en la perspectiva del vivir bien. Estos personeros no se dieron cuenta de nada. Creen que pueden seguir haciendo lo que saben, administrar empresas insertas en el modelo de la acumulación por despojamiento de los recursos naturales en aras de la acumulación ampliada de capital, fincada en el centro del sistema mundo capitalista, dejando una geografía espantosa de huecos en las periferias.

La consulta gubernamental depredadora e inconsulta

A veces la actividad de los políticos se parece a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como un terreno lleno de accidentes. Así parece esta historia de la conducta del gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari. Cuando lo hicieron todo ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices. Sin embargo, también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera. El presidente y el

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vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro renunciante. El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en los que ya se encontraba envuelto. La táctica contra la VIII marcha indígena no podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores. Represión violenta a una marcha pacifica indígena en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos. Después vino la represión violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido, acción preparada anteladamente, mediante un plan de operaciones, que buscaba aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención. Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión. También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias fatales.

Después de la sañuda represión contra la marcha indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas jóvenes, ambientalistas, ecologistas, anti-sistémicos, feministas, el apoyo logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón se personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que los había estigmatizado y reprimido. Después vino la toma de la plaza de armas por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el

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presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente, sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis más plausible en este escenario caótico.

El vicepresidente no llama a Congreso de emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de semana. Amenaza con que no iba a haber dos tercios para tratar esta ley. Sin embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes campesinos y cívicos en una reunión en una población del Beni a pedir la abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.

Empero, después de estos hechos que parecían cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo por que se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás, sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca maniobra del gobierno. La marcha paso su recorrido sin apoyo de la gente de las ciudades por donde se dio lugar la caminata, fue una marcha acompañada por la indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la población y el descrédito de la marcha cocalera, el gobierno siguió con su montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del montaje gubernamental.

Se levantaron voces de todo lado en contra del intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la atención las contradicciones de estos discursos insostenibles. Primero, lo que deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían

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que hacerlo? ¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que deberíamos haber hecho lo que ahora se hace, consensuar, empero habla del consenso con los del CONISUR. ¿Cómo se puede seguir sosteniendo estas argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?

Ahora se ha elaborado una ley de consulta que pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas. Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una consulta extemporánea y forzada, sino por que forma parte de los compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Es triste el papel de los asambleísta, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir ordenes y no deliberar nunca, no representan nunca a sus representantes, formando parte de una maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable, improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso cómplice.

La algarabía de los comediantes

Los marchistas que quedan del CONISUR fueron a la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos con gran alboroto por los legisladores. Esta fiesta tiene su razón de ser; la ley de consulta va a ser presentada como consenso con los marchistas del CONISUR. Esto son los cuerpos del delito, cuerpos que son como la legitimidad del proyecto en cuestión. Se trata de un consenso entre una organización cocalera que no habita la TCO del TIPNIS, se trata de productores y propietarios privados de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete. No se entiende qué festejan los legisladores, tampoco se entiende que este consenso haya resuelto el problema y el conflicto del TIPNIS. Dejaron de lado la ley corta, el reglamento, también a las organizaciones indígenas de tierras bajas y la subcentral del TIPNIS, que

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representa a las sesenta y cuatro comunidades del territorio y parque Isiboro-Sécure. ¿Hay algo que festejar? Favorecen a los avasalladores del parque y descartan a los dueños del territorio. ¿Es este un consenso? ¿Dé que hablan los legisladores y su presidente del congreso cuando mencionan con aire de satisfacción la palabra consenso? ¿Qué consenso? No hay consenso con las naciones y pueblos indígenas originarios, no hay consenso con las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, no hay consenso con el pueblo boliviano que apoyó la VIII marcha y la defensa del TIPNIS. ¿Qué creen estos legisladores y el gobierno? ¿Qué resuelven algo con este teatro político? No resuelven nada, no aprendieron la lección; vuelven a vulnerar los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.

Una pregunta es pertinente a estas alturas: ¿Es un problema de vida o muerte para el gobierno la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS? No preguntamos si es un tema estratégico para el proceso; claro que lo es, pero en un sentido contrario a la interpretación del gobierno. Es urgente defender la región de mayor biodiversidad y clave en el ciclo de la reproducción del agua, es indispensable defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, es primordial defender el modelo alternativo al extractivismo y la depredación. Pero, la desesperación del gobierno llama la atención. ¿Por qué se juega la vida en el conflicto del TIPNIS? Incluso entendiendo que el gobierno escogió el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que el gobierno decidió restaurar el Estado-nación, liberal y colonial, ¿en este proyecto es tan urgente perder la cabeza por el conflicto del TIPNIS? Ya perdieron la credibilidad por la sañuda represión contra la VIII marcha indígena, perdieron la orientación y el valor ético al develar descarnadamente su utilización discursiva de la defensa de la madre tierra en su desenvuelta práctica y política extractivista y depredadora. ¿Por qué arriesgan tanto? No resolvieron problemas mayúsculos económicos, la producción de carburantes, la industrialización de los hidrocarburos, la explotación e industrialización del Mutún, siguen dominando en la minería las empresas trasnacionales; ¿Por qué no dedicar mas bien su compulsión política por resolver estos problemas? Incluso dentro de su perspectiva nacionalista y restauradora. No se entiende. Faltan variables para entender este contrasentido. ¿Será que es una obsesión, un capricho político al que te lleva ciegamente la confrontación? ¿O son factores que desconocemos pues conforman las regiones oscuras y opacas de las relaciones paralelas, de las políticas paralelas, de las relaciones de poder vinculadas a la economía política del chantaje?

Ya les dijo un asesor del CIDOB, Plácido Semo, ¿si están tan interesados en hacer una consulta extemporánea, por que no anulan los contratos con OAS? Un mínimo de honestidad en todo este montaje sórdido. No la hay. ¿Qué es lo que no se transparente en todo este juego perverso en torno a un territorio indígena y parque? Lo que se nota en toda esta historia, desde el periodo de los primeros avasallamientos, es que hay un peculiar interés en las organizaciones cocaleras y sus afiliados en ampliar la frontera agrícola avanzando sobre los parques y territorios indígenas. Se puede deducir que el gobierno tiene un compromiso insoslayable con su núcleo duro de apoyo. Empero esto es complicado, pues el cumplimiento de la demanda cocalera es inconstitucional y avasalladora, atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la madre tierra. Tiene un costo político grande, pues induce directamente al enfrentamiento con las organizaciones indígenas, organizaciones

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sociales y pueblo boliviano, como se evidenció en el conflicto del TIPNIS. ¿Vale arriesgar tanto por cubrir los intereses de un sector de la sociedad, el de los cocaleros excedentarios?

Lo otros factores que salieron a flote tienen que ver con su cómplice relación con la empresa constructora OAS, el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo del Brasil. No se escatimaron medios para fines nunca aclarados, a no ser que se crea ese discurso desgastado del desarrollo, muy parecido a los discursos asistenciales del Cuerpo de Paz. Se transgredieron normas de contratación de bienes y servicios, fuera de violar la propia Constitución, se llegó a usar todos los medios de presión para seguir adelante, incluyendo una espantosa represión a la VIII marcha. ¿Por qué se hace esto? ¿No se miden las consecuencias? ¿Los compromisos son demasiado grandes que ya no se puede retroceder? Estas preguntas no se pueden resolver sin recurrir a una hipótesis interpretativa, la hipótesis de la presencia gravitante del diagrama de poder de la corrupción.

En la historia fatídica de las relaciones entre empresas trasnacionales y gobiernos aparece este ámbito de relaciones corrosivas, perversas, cuyas lógicas no se encuentran en las normas, aunque las utilicen. Sobreprecios, sobrevaluaciones, circuitos indebidos de dinero, adelantos, porcentajes de participación, dobles contabilidades, circuitos de influencia, comprometiendo a altos funcionarios, grandes negociados, como se dice. Este tema siempre fue objeto de acusación en otros gobiernos; lo sintomático es que vuelva a serlo ahora en este gobierno, que supuestamente lucha contra la corrupción. Las anécdotas alrededor del tema de la carretera que atraviesa el TIPNIS son alarmantes; se tiene el convenio con el gobierno brasilero ya el 2008, en un encuentro entre presidentes. Los arreglos ya venían desde hace cuatro años. Empero la anécdota más exuberante es la súbita llegada del expresidente de Brasil Lula da Silva a Santa Cruz para una reunión financiada por OAS, donde se reunieron el gobierno, el presidente de Bolivia, el expresidente de Brasil, con la CAINCO y los dirigentes de las “trillizas”, las organizaciones campesinas, en pleno conflicto del TIPNIS. Ya ni se guardan las apariencias. Se pueden seguir con las anécdotas, incluyendo a otras empresas constructoras brasileras que han incumplido con sus compromisos y se las ha exonerado de toda responsabilidad, incluyendo la devolución de las boletas de garantía. Pero no vamos a seguir adelante; lo que interesa es lo que muestran sintomáticamente estas anécdotas. Son estrechamente intimas estas relaciones con las empresas aludidas que juegan como relaciones de poder condicionante en las decisiones políticas. Por eso, la pregunta sobre quién gobierna es fundamental en el análisis de coyuntura.

Ciertamente todo proceso conlleva en sus entrañas contradicciones que estallan en determinados momentos; esto ha pasado también con este proceso de cambio. Empero lo que llama la atención es la rapidez con la que se ha presentado la crisis en el proceso, sobre todo la restauración de redes y estructuras ligadas a la economía política del chantaje, el mundo paralelo. La rapidez con la que se ha extendido. ¿El gobierno era tan vulnerable ante estos circuitos alternativos y deformantes? Tal parece que sí. Y esto se puede explicar por la desintonía entre las gestiones de gobierno (2006-2012) y la etapa de las luchas sociales (2000-2005). El gobierno es producto de las elecciones, no directamente de las insurrecciones y movilizaciones desplegadas en el periodo de luchas. Entonces tenemos un gobierno que se crea un discurso de vinculación con esta etapa, que no corresponde a la realidad; se trata de un mito de legitimación, el gobierno de los movimientos sociales. Empero este discurso no

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sustituye a la potencia social, lo suplanta. El gobierno no cree en los objetivos trazados por las luchas sociales, la Agenda de Octubre, es más, cree haberlos cumplido, menos cree en una Constitución descolonizadora que abole el Estado-nación y abre e horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Entonces era de esperar que el contingente gubernamental caiga rendido a la seducción de las relaciones y estructuras paralelas.

Es en este contexto que debemos descifrar esa forzada ley de consulta de la Asamblea Legislativa, es en este cuadro que debemos decodificar los contrasentidos de las actuaciones del legislativo, consensuar con los cocaleros y no con los indígenas del TIPNIS, pretender sacar una consulta extemporánea sin anular los contratos y los convenios con OAS, pretender abrogar la ley corta, a pesar de que la promulgó a pocos días. Es también en este escenario que debemos entender la algarabía de los legisladores.

La versión de la presidenta del Senado

¿La ley de consulta extemporánea y extractivista no viola la Constitución? ¿Ha entendido la Constitución la presidenta del senado? ¿Sabe lo que significa el artículo dos que reconoce el auto-gobierno y la libre determinación, la consolidación de sus territorios a los pueblos indígenas? ¿Se ha detenido a pensar sobre los derechos indígenas consagrados en la constitución? ¿Tiene idea lo que es el vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo a la modernidad y al desarrollo? ¿Entiende que la constitución protege a los territorios indígenas y parques? ¿Se ha puesto a pensar lo que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Sobre todo se observa que no entiende lo que quiere decir consulta previa libre e informada. Se ve que no. No les interesa entender. El poder ha tomado a toda esta gente, ha tomado sus cabezas, que ahora sirve sólo para justificar lo que hace el gobierno, comprometido con un proyecto extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Las versiones triunfalistas de los senadores

No es una consulta es una imposición, es un dispositivo para imponer la construcción de la carretera. Ese es el interés, no los derechos de las naciones y pueblos indígenas. La desfachatez de un senador de Cochabamba llega a extremos. ¡Veinte kilómetros nada más! En esta desfachatez se muestra todo el desprecio a los pueblos indígenas, a sus territorios y a sus derechos. En toda esta aseveración desmedida e incomprensible, pues es totalmente falsa, se nota la apreciación que tienen de la madre tierra. Lo único que les interesa es ampliar la frontera agrícola y plantar coca excedentaria. Tampoco les interesa saber si el gobierno ha comprometido la soberanía del país con su compromiso con el gobierno brasilero y la empresa corrupta OAS. Esto no entra en sus cabezas. Además creen que se ha luchado durante seis años (2000-2006) para que los cocaleros sean ricos. Esa es la imagen que tienen del proceso.

Para eso son buenos, para aprobar leyes inconstitucionales, en contra de las naciones y pueblos indígenas, en contra de los territorios indígenas y parques, en contra de la madre tierra. Son buenos para restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Son buenos para ampliar la frontera agrícola en beneficio del mercado lícito e ilícito. Son buenos para ser los mejores

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servidores de los intereses de las empresas trasnacionales, de hidrocarburos, de la minería y de la construcción.

A todas luces, se trata de una consulta extemporánea, que contraviene la Constitución y los convenios internacionales, además de in-consulta y extractivistas; la consulta misma pretende ser controlada por el mismo gobierno. La desesperación gubernamental ha llegado lejos; ha desconocido la ley 180, aprobada por la Asamblea y promulgada por el mismo presidente. No hay rubor en abrogarla un poco después con una ley de consulta, sin anular los contratos con OAS y dar vuelta atrás en los dos tramos comenzados de la carretera. Toda una historia de contradicciones y de abusos en torno al TIPNIS muestran el lado oscuro del conflicto, los compromisos del gobierno con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo excedentario de la hoja de coca, los compromisos del gobierno con la burguesía agrícola y los nuevos ricos en la expansión de la frontera agrícola y sobre todo los compromisos del gobierno con la empresa corrupta de OAS.

Los sustentos de la maniobra

Este hecho, la de que el CONISUR representa a los cocaleros, tanto colonizadores e indígenas del polígono siete, es una demostración clara sobre cuáles son bases sobre las que se ha montado la maniobra del gobierno en lo que respecta a la marcha del CONISUR. Creyendo poder desinformar a la opinión pública haciendo creer que los del CONISUR son parte de la TCO del TIPNIS, cuando no lo son, forman parte del polígono siete, de la zona de avasallamientos, que cuenta con títulos individuales y sus propietarios están afiliados a las federaciones cocaleras. La política del gobierno se basa en una trama de engaños, que pretenden ser astucias, y no llegan a ser sino conductas sinuosas. Gente ajena al TIPNIS pretende decidir el destino de los que habitan la TCO del territorio indígena y parque. Ahora cínicamente, la asamblea legislativa ha elaborado una ley de consulta extemporánea, con el objeto de anular la ley 80, conquista de la VIII marcha y del pueblo boliviano que apoyó la defensa del TIPNIS. Ley de consulta que ya ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa.

Personeros del gobierno dicen que sean los habitantes del TIPNIS los que decidan en una consulta si pasa o no pasa la carretera, sobre si se aplica o no la intangibilidad. Cuando se tiene aprobada la ley 180, cuando se ha acordado el reglamento que aclara el sentido de la intangibilidad. Basados en una marcha de los cocaleros del CONISUR y gente de la COR de San Ignacio de Moxos, que no pertenecen al TIPNIS. Todo esto muestra la inclinación a la improvisación, pero también a forzar las cosas. Hacer las cosas a empellones. No consultaron a las organizaciones matrices indígenas en la elaboración de la ley de consulta, consultaron a los caciques del CONISUR. Estos exabruptos no afectan para nada, no les incomoda, a personajes indolentes, que les da lo mismo decir una cosa u otra, contradecir ahora lo que dijeron ayer. No importa. Lo que importa es hacer las cosas de acuerdo a las órdenes, refugiarse en los microclimas de complicidad, donde todo vale. Se protegen entre ellos, se auto-convencen de sus propias insostenibles argumentaciones. Están con la mayoría parlamentaria y eso es lo que cuenta, están con la fuerza y eso es lo que vale.

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¿Cuál es el problema de fondo en este tema de la consulta y por qué no se puede aceptar un argumento que parece convincente de que al final decidan las comunidades del TIPNIS? Primero, están anulando la ley 180, que defiende al TIPNIS e impide que la carretera atraviese el territorio y parque; segundo, que es una consulta extemporánea, sin que el gobierno haya anulado el contrato con OAS y desconocido los avances de los tramos I y III de la carretera, que es lo que debería hacer en una demostración de mínima honestidad con lo que dice hacer; tercero, un gobierno que no tiene ni palabra ni ley, que no cumple, que no tiene ética y moral, no puede sostener nada de su proyecto de ley de consulta, esta llevando nuevamente a un conflicto de magnitud, sin importarle las consecuencias, sin haber aprendido ninguna de las lecciones del inmediato pasado; cuarto, ya no se puede ocultar el compromiso con OAS, el peligroso avance de los cocaleros excedentarios en territorios indígenas y parques, los compromisos no solamente con la trasnacional de la construcción sino con las trasnacionales del petróleo, tampoco se puede esconder el impacto ambiental, reconocido en un estudio que el propio gobierno ha mandado a hacer y ahora olvida. Como si no fuera poco, fueron los propios senadores quienes se encargaron de decir que se trataba de construir la carretera, en plena algarabía de comediantes cuando se presentaba el proyecto de ley de consulta. No hay donde perderse. No se puede aceptar esta impudorosa maniobra. Se debe poner coto al manoseo y manipuleo del gobierno, se deben tomar las cosas en serio y reconducir un proceso que marcha al abismo.

Versión del presidente

Dice que la ley de consulta extemporánea y extractivista cumple con la Constitución. ¿Cómo puede llegar aseverar semejante cosa? ¿No sabe acaso que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes contravienen plenamente la inconstitucional ley de consulta que acaban de aprobar? Estos dispositivos legales, su espíritu, su filosofía, defienden los territorios indígenas, la madre tierra, el vivir bien, la consulta previa libre e informada, anterior a cualquier inicio de proyecto que atente contra sus derechos, apuntan a un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo. Si el presidente no conoce la constitución estamos perdidos. El que no cumple con la Constitución es el presidente, no construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como la Constitución manda; restaura el Estado-nación, liberal y colonial. No orienta la economía al modelo alternativo propuesto por la Constitución, sino opta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, siguiendo la ruta de los conquistadores, colonialistas, las castas dominantes de la república. No orienta una transformación integral en el sentido de la transición civilizatoria del vivir bien, prefiere repetir los vicios de la modernidad capitalista en las sociedades periféricas del sistema-mundo. Lo que se ha hecho es solamente una suplantación y una hipóstasis; se ha suplantado a los movimientos sociales por un mecanismo electoral y una compulsión electorera, se ha sustituido la Constitución por la desvergonzada práctica de sumisión a las empresas trasnacionales y dejándose llevar, como en todas las épocas anteriores, por el diagrama de poder de la corrupción. Ahora se anula sin ningún pudor la ley 180 en defensa del TIPNIS y se la sustituye por una ley de consulta extemporánea, sin anular los contratos con OAS y los tramos avanzados de la carretera. Se ha atravesado los límites mismos del cinismo,

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se tiene el descaro de creer que se hace creer a la gente las insostenibles justificaciones de tamaña violencia estatal.

No puede ser que tengamos un presidente que no tenga ley ni palabra, que no cumpla con las naciones y pueblos indígenas, con la VIII marcha indígena, después de haberles pedido perdón por la represión, en cuya orden estuvo involucrado junto con el autor intelectual del terror jacobino criollo-mestizo. No puede ser que tengamos un presidente que en los foros internacionales, durante el proceso constituyente, hasta la contra-cumbre de Tiquipaya haya hablado de la defensa de los derechos de la madre tierra; era sólo un discurso para impresionar en los foros, para ganar fama y nada más. No tiene vocación de defensor de la madre tierra, tiene vocación extractivista y desforestadora, impulso tanático (de muerte) correspondiente a toda élite gobernante republicana del Estado-nación subalterno. No podemos tener un presidente que impulsa la anulación de la ley corta en defensa del TIPNIS, inmediatamente después de haberla promulgado. No hay ética ni moral en esta acción. Menos podemos tener un presidente que dice que se trata de una ley de consulta que cumple con la Constitución, cuando todo el mundo sabe que se trata de una consulta extemporánea, con todos los contratos suscritos con OAS, con los tramos I y III avanzados, sin que estos se hayan anulado. Es una nueva violación a la Constitución, a los convenios internacionales, a los derechos indígenas y a los derechos de la madre tierra.

Un Estado de excepción

Estado de excepción

El Estado de excepción es el que suspende los derechos, incluso los fundamentales. Ciertamente la medida de excepción la toman los gobiernos en momentos de emergencia y de crisis, sobre todo cuando ésta se encuentra en sus momentos más candentes. El justificativo casi siempre es la seguridad del Estado contra la subversión. Empero también se interpreta la excepción como el origen instituyente del Estado; el Estado nace en la excepción misma, se construye sobre la base de esta suspensión de los derechos, sean adquiridos o naturales. El Estado emerge ante una sociedad que se supone disgregada y en conflicto. El Estado se propone como el unificador y como la unificación misma, como si fuese la síntesis misma de la sociedad, aunque esta síntesis expropie y anule la libertad social. Hay pues una violencia inicial en la matriz del Estado y también en la ley, además de que cuentan, el Estado y la ley, con la posibilidad de recurrir a la fuerza para hacer cumplir la ley y hacer respetar la existencia del Estado.

La excepción es la que confirma la regla; la regla es precisamente el cumplimiento duradero de esta excepción. El monopolio de la violencia, el monopolio de la verdad, el monopolio de la representación, confirman esta perdurabilidad de la excepción misma, llevada a la práctica en todos los terrenos de la estatalización. El Estado existe en un permanente enfrentamiento con la sociedad, a la que considera como la cuna de los múltiples desbordes, de las plurales transgresiones. La existencia de la sociedad es un peligro constante para el Estado. Lo paradójico es que el Estado requiere de la sociedad para existir, se alimenta de las energías

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sociales, aunque las absorbe y las desvía en beneficio propio, debilitando las iniciativas sociales. Por su parte, la sociedad se defiende, se expande, se potencia, arrancándole al Estado la ampliación de sus derechos y obteniendo conquistas sociales, políticas, económicas, culturales. La sociedad existe cuestionando la propia excepción, raíz del Estado mismo.

Los conflictos manifiestan esta lucha profunda, esta contradicción desgarradora, esta pugna por los derechos, por parte de la sociedad, y esta búsqueda insaciable por consolidar el poder, por parte del Estado; lucha por la emancipación, por un lado, lucha por la legitimación, por otro lado. Este combate puede tener periodos de paz, empero se trata de la guerra en la filigrana de la paz. La tensión latente emerge con fuerza en momentos de crisis; la crisis empuja el volcán latente a emerger. Las crisis se dan cuando se rompe el inestable equilibrio, cuando los ciclos culminan su recorrido, cuando se rompen pactos, cuando se rompen acuerdos, cuando se suspenden los derechos vulnerándolos.

El Estado tiene también sus ciclos, mas bien su genealogía; no es el mismo Estado en distintos periodos, en diferentes épocas; incluso ha sido destruido por revoluciones. Empero parece resurgir de sus propias cenizas. Estas revoluciones no sustituyeron al Estado por otra cosa, por una asociación libre de productores, por la comunidad, que pone en cuestión la apropiación privada de lo común, también la apropiación pública de lo común. Ante un Estado que defiende la propiedad privada, el Estado que defiende lo público no es la alternativa, pues es la otra cara de la medalla. Lo alterativo, lo distinto, la diferencia histórica y política radica en la comunidad, en la defensa de lo común por parte de las asociaciones sociales.

Lo común está en todas partes, es parte de las bondades de la madre tierra, de las fuerzas integrantes del caosmosis; esta en los ciclos vitales del agua, del aire, de los suelos, de los bosques, de la multifacética vida. La expansión de lo privado atenta contra lo común, la expansión de lo público atenta contra lo común. Se oponen a lo común pues se mueve en la espontanea participación de la complementariedad de los ciclos, donde no es posible una valorización económica, tampoco una valorización política.

El enfrentamiento del Estado-nación con las comunidades indígenas radica en esta profunda confrontación, en esta contradicción entre lo común y la apropiación privada-pública. El Estado-nación no concibe que los bosques no sean destruidos en aras del desarrollo, no concibe que las comunidades cohabiten armónicamente con los seres y ciclos vitales de los nichos ecológicos. Para el Estado-nación, la naturaleza es el campo de objetos que se tiene dominar en beneficio del desarrollo. Los únicos derechos que acepta de agrado son los derechos de la propiedad privada y los derechos públicos, no acepta los derechos comunitarios, aunque se los impongan las luchas sociales. Pueden quedar como enunciados, pero no para cumplirlos.

La confrontación en los territorios indígenas expresa estas profundas contradicciones. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas han sido constitucionalizados por causa de luchas sociales anticoloniales y descolonizadoras. Empero el Estado-nación no puede cumplirlos, pues estos derechos cuestionan, por así decirlo, su esencia, pública y privada. Esta es la razón que la Constitución estableció la transformación pluralista del Estado, es decir la demolición del Estado-nación en todos sus niveles y planos, para construir una transición civilizatoria configurada políticamente en el Estado plurinacional comunitario y autonómico. El

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Estado-nación no puede aceptar esta transición, no puede aceptar su propia demolición. Para impedirlo tiene varios recursos, uno de ellos es la violencia, otro es la restauración, pero también puede optar por la simulación. Hacer creer que se inviste de Estado plurinacional, puede cambiar nombres, pero mantener sus mismas instituciones. Puede hablar a nombre del Estado plurinacional, pero sin hacer nada efectivamente por encaminarse al pluralismo institucional. Puede permitir la ficción en el discurso, pero no puede permitir traspasar los límites discursivos, no puede realizar el Estado plurinacional. Solo las multitudes podrían hacerlo, solo las naciones y pueblos indígenas podrían hacerlo, solo el proletariado nómada podría hacerlo. El Estado plurinacional comunitario y autonómico será producto de una movilización general perdurable.

Análisis del PROYECTO DE LEY DE CONSULTA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL TERRITORIO INDÍGENA Y PARQUE NACIONAL ISIBORO SÉCURE – TIPNIS.

La ley parte de un artículo que no puede sostenerse, dice que el objeto de la ley es convocar a la Consulta Previa Libre e Informada; textualmente se expresa así:

La presente ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos.

¿Cómo pueden sostener que se trata de una consulta previa sin haber anulado el contrato con OAS? ¿Cómo se puede tener cara para escribir esto y aprobarlo cuando todo el mundo sabe que el convenio y el contrato se acordaron el 2008, que el tramo I y el tramo III ya comenzaron a efectuarse, que el tramo II forma parte continua de estos tramos, que hicieron tres tramos para eludir precisamente la obligación de la Consulta Previa Libre e informada a los pueblos indígenas que habitan la TCO del TIPNIS? ¿Cómo se puede seguir afirmando esto cuando se sabe que fue aprobado el préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil para el financiamiento de la carretera? Todo contrasta y falsea el discurso gubernamental y de los legisladores. No puede sostenerse el primer artículo del proyecto de ley. Menos aun cuando se tiene una ley corta y su reglamento que defienden el TIPNIS. Estas incongruencias matan de inicio no sólo la lógica del proyecto, sino también su legitimidad y por lo tanto su legalidad.

El artículo 2 es sencillamente descriptivo, hace un recuento de la normativa antecedente. Empero es solamente eso, describe la norma anterior sin tomar consciencia de que entra en flagrante contradicción con toda esta normativa. Hablamos de que el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados está establecido en numeral 15, parágrafo II, del artículo 30 y en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, en la Ley

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Nº 1257 de 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y en la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Obviamente no menciona como antecedente la Ley corta, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente. El numeral 15 del capítulo 4, de la sección II, del Título II sobre los Derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dice claramente cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Esto ya ocurrió hace cuatro años y los diseñadores del proyecto, los legisladores de mayoría, no se inmuta, continúan como si la realidad fuera cambiable a gusto de sus delirios y compulsiones. Toda la filosofía, la estructura, la composición y el sentido del texto del Convenio 169 de la OIT entra en total desaprobación de su proyecto de ley de consulta extemporánea. Mucho más si hablamos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero, los legisladores no se avergüenzan de citar estos convenios, como si no se dieran cuenta, de las abismales contradicciones entre estos convenios y su proyecto de consulta posterior. Sin embargo, no hay que asombrarse de estos comportamientos, pues ya estamos en la etapa no sólo de la paranoia del poder de gobernantes y legisladores, sino de la total enajenación. Ya confundieron la realidad con sus propios discursos y viciosas justificaciones.

En relación de lo que acabamos de decir hay que hacer notar que el espíritu de estas normas citadas, que hacen de antecedente a la ley de consulta, están enfocadas a defender los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al autogobierno, el derecho al territorio, a la autonomía, al ejercicio de sus gestiones de acuerdo a normas y procedimientos propio y respetando sus instituciones. También obviamente estas normas defiende el derecho a la consulta libre previa e informada de parte de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la relación entre los anteriores derechos y el derecho a la consulta? Ciertamente no pueden ser contradictorios, no es pensable una consulta que atente contra los derechos mencionados, por ejemplo una consulta que afecte a sus territorios, su autonomía, su autogobierno, sus instituciones, sus formas de gestión. Estos es impensable. Pero precisamente este impensable ha sido establecido en la ley de consulta del gobierno, se quiere una consulta, que además de ser extemporánea, atente contra sus territorios y derechos, en nombre nada menos que de la ilusión del desarrollo. Esta atroz contradicción ha sido aprobada por el Congreso y seguramente pretende ser promulgada por el presidente.

El Artículo 3 que trata del ámbito de la Consulta Previa Libre e Informada, define el alcance de la ley e identifica a Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés que habitan el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, a quienes se va aplicar la consulta. Llama la atención que son precisamente estos pueblos con los que no se ha acordado el proyecto de ley; el proyecto se acordó con los del CONISUR, cocaleros e indígenas, de por lo menos las comunidades incorporadas y absorbidas en el avasallamiento cocalero, zona que ahora es definida como del polígono 7. Estos indígenas también son cocaleros y propietarios privados afilados a las federaciones cocaleras. Se acuerda el proyecto de ley con los que no habitan la TCO del TIPNIS. ¿Cómo se entiende esto? Es ya un mapa de contrasentidos, sinsentidos y contradicciones.

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¿Cómo se puede sostener un proyecto de ley así? No se puede sostener lógicamente sino sólo en el imaginario paranoico de legisladores y gobernantes, sólo se puede sostener por la violencia desmesurada del Estado.

Uno de los artículos más importantes es el cuarto, el relativo a la finalidad del proyecto. Vamos a detenernos en éste para analizar su escritura y normativa. El artículo en cuestión se expresa así:

Lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré sobre los siguientes asuntos:

Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.

Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;

Volvemos otra vez al descaro de la exposición cuando dice lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, precisamente los pueblos que no han participado y no han sido consultados en la elaboración de la ley; sus organizaciones matriciales han sido excluidas, estigmatizadas y reprimidas. Cómo se puede llegar a esta ironía macabra. En la historia se han dado esta clase de escenas donde la victima tenía que soportar no solo escarnio sino la propaganda de que hay acuerdo de la victima. ¡Sado-masoquismo! En los campos de concentración se ponía música clásica mientras se llevaba a los condenados a la cámara de gas. Los campos de concentración japonesa en la guerra de ocupación de la China continental se nombraban como “Paraísos”. Podemos seguir, no es la primera vez que este humor negro sale como parte del talento oscuro de los dominadores y verdugos. Pero continuemos, el núcleo del tema de la ley es la intangibilidad. La ley 180, la ley corta en defensa del TIPNIS, declara al territorio y parque como territorio intangible. El vicepresidente se apresuró a interpretar el sentido de lo intangible de una manera metafísica como intocable, como si fuera un territorio inmaculado. ¿De dónde sacó esto? No hay ningún antecedente al respecto en la normativa sobre lo intangible. ¿Qué clase de interpretación es esta? Habla más del intérprete que de la propia correcta interpretación, habla más de la psicología del intérprete que del objeto de la interpretación. ¿Algo intocable? Lo único intocable son los fantasmas, en este caso los

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fantasmas del vicepresidente. No existe ese territorio metafísico; todos los eco-sistemas son tocables, los componentes de los nichos ecológicos se tocan, los habitantes del territorio indígena se tocan. En la jurisprudencia lo intangible es para proteger a los pueblos indígenas de agentes depredadores y extractivistas. De eso se trata. Después de esta interpretación que puede entrar al anecdotario de la intrepidez descabellada, vienen las jocosas demostraciones de personeros del gobierno y también de legisladores de que el TIPNIS no había sido virgen. ¿Qué quieren decir con esto? ¡Descubrimiento de la pólvora! La Amazonia estaba habitada por cientos de pueblos, los que consideraron virgen a la amazonia fueron los censos de la republica de 1900 y 1950, haciendo desaparecer por arte de magia a los pueblos amazónicos. Esto forma parte del imaginario criollo y mestizo de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, que no considera persona al indígena, tampoco pueblo, menos habitantes en condiciones de reproducción social. Otra forma de hacerlos desaparecer era llamarlos salvajes, cosa que volvió a hacer el dirigente máximo de la CSUTCB. El objetivo de este jocoso esfuerzo de los funcionarios era descalificar a los proyectos comunitarios del TIPNIS. Recurrieron a la técnica de la desinformación para estigmatizar los proyectos de turismo ecológico. El argumento usado es que era para millonarios. ¿Qué clase de personas son las que elucubran semejantes argumentos? Lo que se nota en todo esto es que el gobierno y los legisladores se encuentran entrampados en una guerra a muerte contra las naciones y pueblos indígenas originarios, contra sus derechos consagrados en la Constitución, contra los derechos de la madre tierra y contra la Constitución. No saben que hacer para encubrir este velado proyecto, que probablemente de una manera no-consiente llevan adelante al optar por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La intención es clara cuando se dice:

Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari - San Ignacio de Moxos.

Es posible que crean que todo lo que han hecho es un acto de astucia, sobre todo los diseñadores intelectuales del proyecto. Primero haber introducido en la ley corta la palabra intangible; segundo poner en apuros a las organizaciones indígenas con este término, a pesar de que se acordó un reglamento aclaratorio; tercero montar una marcha cocalera como si fuese de los indígenas de la TCO del TIPNIS, cuando era del polígono siete, que no forma parte de la TCO; cuarto hacer un proyecto de ley donde dicen que se resuelve el conflicto, cuando lo único que hacen es atizar nuevamente el fuego. En el mismo texto se introduce la pregunta sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Es esto lo que se quiere; este es el oscuro objeto del deseo, tanto por cocaleros, por el gobierno, por OAS y el gobierno brasilero. Este es el objetivo. ¿Es astuta esta estrategia? Podemos decir que es sinuosa; para ser astuta debe controlar todas las variables, pero no lo hace, le falta contexto. Más se parece a una treta forzada cuyas consecuencias son incontrolables.

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La ironía brutal continúa en el segundo párrafo:

Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;

Habla de salvaguarda, de protección, de prohibición, de desalojo inmediato, cuando es el mismo gobierno el que se ha comprometido con una carretera depredadora, con una empresa de la construcción corrupta, con los cocaleros que avasallan, depredan y plantan coca. ¿Cómo se puede sostener esto sin ruborizarse? Se ha llegado al colmo del cinismo. Se trata de una inversión imaginaria de la relación verdugo-victima. Es como decir, traduciendo el delirio imaginario, “yo, depredador, digo que la construcción de la carretera, es lo mejor para salvaguardar y proteger el territorio y parque”. Lo increíble que esta inversión imaginaria auto-convenza a los diseñadores del proyecto, a los gobernantes y legisladores. Es la algarabía de los comediantes.

El Artículo 5 trata de los sujetos del derecho a ser consultados, vuelve a mencionar los pueblos que habitan el TIPNIS. Lo irónico es que precisamente se trata de los sujetos a los que se les ha quitado todo derecho a decidir, primero aprobando el contrato con mucha antelación, comenzando la construcción de la carretera en dos tramos, reprimiendo su marcha, desconociendo la ley conquistada, ahora imponiéndoles una consulta inconsulta que busca viabilizar a como de lugar la carretera depredadora en beneficio de las empresas trasnacionales y los cocaleros.

El artículo 6, trata de las obligaciones de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, encarga al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, de llevar adelante el proceso de Consulta Previa Libre e Informada. Llama la atención que se excluya a las organizaciones matrices indígenas de esta responsabilidad. ¿Por qué desconocer la representación indígena? ¿Qué dirían si los bolivianos desconocemos a las representaciones y gobierno elegidos el 2009? Esta es pues una muestra de violencia y de discriminación absoluta. Lo que sigue tiene que ver con el financiamiento y la información. Brindar información detallada de manera oportuna. ¿Lo es? ¿Lo será? ¿Por qué no la brindaron antes? Todos los acuerdos opacos y velados con el gobierno brasilero y OAS, todo el tema de las sobrevaloraciones renovadas, todo el problema de la expansión inaudita de la economía política de la cocaína, sigue oculta. No parece que pueda haber transparencia en las condiciones del deterioro del gobierno a este nivel. En el numeral 4 se dice que el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas eficaces, en consulta, coordinación y cooperación para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de

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la sociedad. ¿Por qué no adoptaron estas medidas contra sí mismo cuando acordaron el proyecto, cuando reprimieron sistemáticamente la VIII marcha? Tampoco lo hacen ahora cuando imponen una ley de consulta inconsulta y depredadora, que es más continuación de la violencia desatada contra las naciones y pueblos indígenas originarios y la madre tierra. No se puede esperar que lo hagan en el futuro inmediato.

El artículo 7 trata de la observación, acompañamiento e informe; el artículo 8 trata del plazo; el artículo 9 trata de las etapas del proceso; el artículo 10 trata del carácter de los acuerdos de la Consulta y el artículo 11 trata de la ejecución de los acuerdos. Se encarga al Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), de la observación y acompañamiento de la Consulta Previa, libre e informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una anticipación de 30 días. También se invita a los organismos internacionales a ser veedores. El plazo estipulado es de 120 días a partir de la promulgación de la ley.

Las etapas del proceso comprenden la preparación de la consulta, la instalación y desarrollo de la consulta y los resultados de la consulta. Se dice que los acuerdos logrados en el proceso son de cumplimiento obligatorio para el Estado y para los pueblos indígenas. Se dice que los acuerdos logrados, en materia legislativa o administrativa, serán ejecutados, inmediatamente después de la Consulta, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo.

En las etapas del proceso, en el apartado de instalación y desarrollo de la consulta, se vuelve a insistir en el tema de la intangibilidad del modo siguiente:

Consideración y definición sobre si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, es zona intangible o no, y sobre la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

Con este tema de la intangibilidad, con la forma de tratar la intangibilidad, descartando los acuerdos e interpretaciones del reglamento de la ley 180, se elude un marco primordial, la Constitución. En la carta magna esta el artículo dos de la Constitución que declara el autogobierno, la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, también el reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Con esta ley se continúa con la violación sistemática de este artículo de la constitución. Se hace todo lo contrario a la consolidación de sus territorios, se los destruye. La Constitución consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas, pisoteados ahora por un gobierno restaurador y extractivista. La Constitución ratifica los convenios internacionales como ley, la

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Constitución exige la consulta libre previa e informada, cosa que no garantiza esta ley que impone una consulta extemporánea, cuando ya el burro salió de la tranca.

En conclusión, nos encontramos ante un nuevo dispositivo normativo inconstitucional, de la misma manera y forma como las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el presidente lo son. El gobierno, su Asamblea Legislativa, los órganos de poder que controla, forman parte de la logística de una estrategia condicionada y determinada por relaciones y estructuras de poder, que escapan al control del Estado por las propias limitaciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Está en curso la expansión del modelo extractivista, esta en curso la ampliación de la frontera agrícola, en contra de los territorios indígenas, parques y la madre tierra, esta en curso la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, en contra del mandato constitucional de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta es la decisión tomada; la ley de consulta inconsulta y depredadora, además de extemporánea, es un dispositivo más en este engranaje entreguista y extractivista.

Consideraciones sobre la Consulta y consentimiento libre e informado

En un artículo sobre la Consulta y consentimiento previo libre e informado, Bartolomé Clavero describe las condiciones, características y determinaciones de la consulta en cuestión, dice que:

La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros. Asimismo la consulta previa significa una obligación del Estado desde el momento que el Convenio OIT-169 se ratificó y se incorporó plenamente al ordenamiento jurídico nacional con rango constitucional. Es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas. Es entonces un derecho amparado por las garantías constitucionales y cuya omisión o realización inadecuada conlleva invalidez de la norma o el acto administrativo.

La consulta previa es un proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una consulta independiente de otras a los que los ciudadanos indígenas puedan tener derecho como ciudadanos (participación en consultas para estudios de impacto ambiental, etc.). Introduce una nueva etapa en el proceso de formación de la ley u acto administrativo y exige cambios en las normas que regulan el funcionamiento de los diferentes poderes del Estado.

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La consulta se tiene que hacer siempre en relación con el derecho de participación. Otro principio fundamental del Convenio n. 169. Consulta y Participación son principios fundamentales del Convenio que deben contemplarse siempre conjuntamente. Para garantizar un proceso de consulta acorde con el derecho internacional tenemos que realizar dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes principios: buena fe; Igualdad de oportunidades; Información previa, oportuna y adecuada; Veracidad de la información; Integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de consulta; Oportunidad; Participación; Transparencia; territorialidad; autonomía y representatividad a través de las instituciones propias; localidad y accesibilidad al lugar de celebración de la consulta; legalidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; el principio de responsabilidad por la mala fe; y la libertad22.

Como se puede ver, la consulta y el consentimiento previo libre e informado comprenden toda una predisposición normativa, todo un condicionamiento de valores y de principios, que exigen a su vez responsabilidades por parte del Estado. No sólo se trata de que sea de cumplimiento obligatorio a los estados que han suscrito el Convenio 169 de la OIT, sino que tienen que también asumir las formas, los contenidos y as metodologías prescritas. No se trata de improvisar cualquier consulta, alguna que se le puede ocurrir al gobierno, sino que debe ser riguroso en cumplir con las condiciones y características establecidas. Los principios no están para adornar la exposición de la consulta, sino que los principios hacen a la consulta. Si no se siguen estos principios, no hay consulta. Entonces la consulta y consentimiento previo libre e informado es una estructura y composición normativa que no puede disociarse al antojo, debe efectuarse preservando la integridad de lo que hace a la norma y al cumplimiento de la norma. Este es el tema de fondo. Se hace una consulta cuando se cumplen todos estos requisitos. No se trata de poner un nombre, por ejemplo consulta, a una ley, para que esta sea por arte de magia una consulta previa libre e informada. Se trata de mantener el concepto, la estructura del concepto, en la exposición y en la aplicación. No se ve nada de esto en el texto de la Ley de consulta del gobierno. Se nota una evidente improvisación y desconexión con el sentido y el concepto de la consulta y consentimiento libre previo e informado. Una evidente desconexión con el Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo no cumple con ninguno de los principios establecidos en el Convenio.

Otro aspecto importantísimo es lo que respecta al significado mismo de lo que quiere decir consulta previa libre e informada. Bartolomé Clavero también nos deja una clara interpretación del conjunto significativo de la consulta; dice:

Para entender correctamente el CLPI (Consentimiento Libre Previo e Informado) tenemos que asumir el significado de cada uno de los elementos que la conforman: Consentimiento significa la manifestación de un acuerdo claro y convincente, de acuerdo con las estructuras para la toma de decisiones de los Pueblos Indígenas en cuestión, lo que incluye los procesos tradicionales de deliberación. Estos acuerdos deben contar con la participación plena de los 22 Bartolomé Clavero: Consulta y consentimiento previo libre e informado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

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líderes autorizados, los representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que hayan determinado los mismos Pueblos Indígenas. Libre significa la ausencia de coacción y de presiones exteriores, entre ellas los incentivos monetarios (a menos que formen parte de un acuerdo mutuo final) y las tácticas de "dividir para conquistar". Significa también la ausencia de cualquier tipo de amenaza o de represalias implícitas si la decisión final es un "no". Previo significa que se permite tiempo suficiente para la recopilación de información y para el pleno debate, lo que incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de que se inicie el proyecto. No deberá existir ninguna presión para tomar la decisión con prisa, ni ninguna limitación temporal. Ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado. Informado significa la disponibilidad de toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las opiniones y puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los guías espirituales, los practicantes de la economía de subsistencia y los poseedores de conocimientos tradicionales, con tiempo y recursos adecuados para poder considerar la información imparcial y equilibrada acerca de los riesgos y beneficios potenciales.

Para efectuar una Consulta previa libre e informada se debe mantener y ser consecuentes con los significados inherentes al concepto. Lo que quieren decir consentimiento, previo, libre, informado, debe mantenerse en la ley, en su interpretación y aplicación. En este tema es precisamente donde se aparta abismalmente la ley de consulta del gobierno; no hay un acuerdo claro y convincente, no hay ausencia de coacción y de presiones exteriores, no se cumple con el requisito de que ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado, no hay la disponibilidad de toda la información relevante incluyendo la opinión de los guías espirituales. En otras palabras, en la ley de consulta del gobierno se han perdido todos los significados del consentimiento, de libre, de previo e de informado. Se han introducido criterios al antojo de los diseñadores de esta ley, adecuadas a las exigencias del gobierno. Esta es otra de las razones por las que no se puede hablar de ley de consulta; no lo es. Es una ley que impone dos preguntas, una sobre la intangibilidad y otra sobre la carretera. No es una consulta libre previa e informada, como ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, tal como establece el Convenio 169; es un cuestionario del gobierno, que hace el gobierno a los pueblos indígenas, sin cumplir con las condiciones iniciales de una consulta. Es un cuestionario de preguntas que le preocupan al gobierno, no a los pueblos indígenas. No todo cuestionario es una consulta. Es esta una de las confusiones que debe aclararse.

Existe una jurisprudencia sobre el consentimiento libre previo e informado, uno de esos antecedentes tiene que ver con el abordaje que hace al respecto la OIT. Bartolomé Clavero hace la referencia a esta jurisprudencia; escribe:

Dentro de la OIT podemos destacar las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en los casos de Bolivia (año 2000, 2004 Y 2005) y Paraguay 2008. Extrapolando las argumentaciones más importantes sobre el derecho de consulta podemos decir que la consulta previa debe darse respecto de cualquier tipo de actividad, que pudiera realizarse en territorio indígena. La consulta es obligatoria cuando el Estado prevé

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realizar actividades en tierras o territorios indígenas incluso no titulados. La consulta debe darse antes de cualquier acto administrativo, previo a la autorización de cualquier actividad de exploración y explotación. La consulta previa debe ser hecha necesariamente por el Estado. La consulta constituye un proceso y no un acto informativo, con un tipo de procedimiento y con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos afectados. La consulta genera el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común.

La relevancia que la OIT otorga al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas ha generado la realización de una Observación General sobre el Convenio No. 169 de la OIT, la cual introduce referencias importantes al derecho de consulta previa. La Comisión que realizó la Observación General no puede sino subrayar la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo. En relación a las consultas, la Comisión toma nota de dos desafíos fundamentales: Garantizar que se realicen consultas apropiadas antes de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y tribales; e incluir disposiciones en la legislación que requieran consultas previas como parte del proceso en el que se determina si se otorgarán concesiones para la explotación y exploración de recursos naturales. La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión - con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas - de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos.

Se puede ver también que hay toda una historia en la construcción de sentido del consentimiento previo libre e informado, hay todo un trabajo sistemático en la elaboración de estos procedimientos y su propia interpretación. Por lo tanto hay un saber sobre la consulta y el consentimiento, un saber construido y acumulado a partir de dos prácticas. Una, la relativa a las trayectorias de las luchas de los pueblos indígenas, que se han concentrado sobre la demanda de reivindicaciones que tienen que ver con la recuperación de sus territorios, la búsqueda de la autonomía, el autogobierno y la libre determinación, el derechos a sus culturas, sus prácticas y sus instituciones, y un poco más tarde por el reconocimiento de la interculturalidad y la condición plurinacional. Otra, por el trabajo de investigación, de observación de los conflictos en torno a las problemáticas indígenas, incorporación de demandas, traducción de estas demandas en propuestas de normas y leyes. Este segundo eje ha sido recogido por oficinas y unidades especializadas de Naciones Unidas en temas indígenas. Es de estos organismos de donde sale el Convenio 169 y después la Declaración de

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Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, después de largas series de borradores, incluso normas más específicas, conferencias, talleres y reuniones. Se puede decir que hablamos de instrumentos normativos internacionales de larga experiencia y memorias. Cuando los estados firmas estos convenios internacionales y los incorporan a sus constituciones y normativas, implícitamente asumen los contenidos, significaciones e interpretaciones de estas normas internacionales.

Este es el tema, no se puede eludir ni total ni parcialmente la integralidad de estos convenios; si se lo hace se están contraviniendo compromisos con la comunidad internacional. Hay por lo tanto temas y tópicos en los que los estados no pueden hacer lo que quieran, de una manera independiente de sus responsabilidades asumidas. Los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas son dos de estos tópicos. Esta es otra razón por la que el gobierno no puede elaborar cualquier ley de consulta que no contenga la integralidad de las condicionantes y determinantes de lo acordado en los convenios internacionales. La ley de consulta del gobierno al desvincularse de todos estos significados, interpretaciones, procedimientos, que forman parte de un proceso de consulta, contraviene los convenios internacionales que ha afirmado. No estamos entonces ante una ley de consulta internacionalmente reconocida.

En las conclusiones Bartolomé Clavero resalta la obligatoriedad de los estados del cumplimiento de estos convenios internacionales sobre pueblos indígenas. El no cumplirlos sitúa la actuación de estos estados en territorios indígenas en la ilegalidad. Por lo tanto los estados que contravienen los convenios internacionales convierten a sus actuaciones en territorios indígenas en ilegales. La ley de consulta del gobierno, que contraviene los convenios internacionales ha convertido la actuación del gobierno en el TIPNIS en ilegal.

Los derechos de consulta y CLPI se encuentran plenamente fundamentados en el derecho internacional de los derechos humanos y se integran en diferentes marcos normativos y jurisdiccionales que establecen obligaciones directas para los Estados. Especialmente para todos aquellos que han ratificado el Convenio No. 169 de la OIT y/o que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen a su alcance herramientas suficientes para concretar las formas en las que debe reconocerse y aplicarse estos derechos gracias al desarrollo que se ha producido en diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. La aplicación de estos derechos significa una obligación irrenunciable para los Estados en cuanto que actúan como garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas y para la protección de sus derechos humanos. La no aplicación de estos derechos por cualquier instancia jurídica o administrativa de un Estado establece responsabilidades claras de ese Estado por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y sitúa en la ilegalidad cualquier actuación que se realice dentro de territorios indígenas.

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Una consulta inconsulta, sin consentimiento, ni previa, tampoco libre e informada

La pegunta que tenemos que hacernos a la altura del renovado conflicto del TIPNIS es: ¿Qué hay detrás de la imposición de una consulta sin consentimiento, sin ser previa, tampoco libre y menos informada a los pueblos indígenas del TIPNIS? Esta condición impuesta de la ley de consulta extemporánea esta claro para todo buen entendedor, empero los publicistas y propagandistas del gobierno hacen denodados esfuerzos por demostrar lo contrario. Al final sus pueriles argumentos se reducen a decir que una consulta es una consulta, cualquiera sea esta. Nunca respondieron a la observación de que es extemporánea porque los acuerdos y el convenio con el gobierno de Brasil se plasmaron el 2008, incluyendo el diseño de la carretera, el compromiso de préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y la elección fuera de toda norma de contratación de bienes y servicios de la empresa constructora OAS. Menos se puede pedirles a esto apologistas de la violación de la Constitución y los convenios internacionales sobre pueblos indígenas, por qué no se acordó el consentimiento, por qué no se efectuó libremente, con plena participación de los pueblos indígenas, y por qué no se informó como corresponde, transparentemente, dando pleno acceso a toda la información, en las lenguas propias y contando con la intervención de las organizaciones y las dirigencias matrices de los pueblos indígenas. Esto no se puede pedir a gente que esta obcecada en hacer propaganda de una consulta inconsulta, extemporánea, y para el colmo extractivista por los compromisos con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo de la coca excedentaria, además de los compromisos de una carretera que forma parte del IIRSA, es decir del proyecto de integración económica y comercial para Sud América de la burguesía internacionalizada brasilera, que ciertamente va a provocar depredación y destrucción de la región más rica en biodiversidad de Bolivia y corazón del ciclo de agua en el centro de la geografía política, articulado ecosistemas diversos colindantes.

Renunciemos a discutir con apologistas del delito de inconstitucionalidad. Concentrémonos en la pregunta ¿qué hay detrás de todo esto? Del sinuoso comportamiento del gobierno en torno al conflicto del TIPNIS. Se llega a un acuerdo cuatro años antes sobre la carretera, cuando estalla el conflicto, se busca descalificar por todos los medios a la VIII marcha indígena, con toda clase de improperios y acusaciones insostenibles a los dirigentes indígenas, después se reprime la macha pacifica con la mayor desproporción y desborde de violencia, sin respetar los derechos fundamentales. Cuando llega la marcha a La Paz y es recibida por un millón de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, la COB y la Universidad Mayor de San Andrés, el gobierno se ve obligado a recular, y el presidente se compromete a una ley en defensa del TIPNIS, que aprueba la Asamblea Legislativa y promulga el propio presidente. Una vez hecho esto salen voces que hacen una interpretación metafísica del concepto de intangibilidad, como si expresase la condición inmaculada e intocable por los propios indígenas y los ciclos vitales de los nichos ecológicos, desentendiéndose de toda jurisprudencia de la intangibilidad. El presidente y el gobierno, además de otras entidades del Estado inician una contra-campaña contra la propia ley corta promulgada, azuzando a las organizaciones afines, a los diputados oficialistas y gobernadores a plantear la abrogación de la ley. Después organiza el gobierno una marcha oficialista de los cocaleros del CONISUR, afiliados a las federaciones cocalera, propietarios privados y cultivadores de coca, incluyendo a los indígenas yuracares

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absorbidos a los sindicatos y al mercado de la coca. Con la llegada a La Paz de una marcha desolada, desacreditada, sin apoyo de la gente, el gobierno lleva a cabo su plan, el insistir en la legalización de la carretera depredadora por medio de procedimientos forzados. Se orienta ya no por la abrogación de la ley corta, que ya resultaba una medida excesiva por el descaro y la contradicción descarnada del gobierno, sino por inventarse una modalidad de consulta inconstitucional y fuera de la estructura conceptual de los convenios internacionales. Diríamos, se trata de un cuestionario del gobierno que introduce dos preguntas que le interesan, sobre la condición de intangibilidad y sobre la carretera que cruza el TINIS.

Respuestas a la pregunta

Hipótesis de interpretación

Iremos en la interpretación de los hechos y acontecimientos de lo general a lo particular.

Las contradicciones profundas del proceso contraponen las gestiones del gobierno (2006-2012) al ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005. Las gestiones son conservadoras en relación a la apertura de las luchas sociales, las que proponen la Agenda de Octubre. Se inicia el proceso de nacionalización, empro nunca se lo concluye, es más, se definen contratos de operaciones que entregan el control técnico otra vez las empresa trasnacionales del petróleo. Se convoca formalmente desde el Congreso a la Asamblea Constituyente imponiendo una ley que pone límites al poder constituyente y convierte a la Asamblea constituyente en diferida, atacando su condición de originaria, además de sobrevalorar la representación de las minorías e introducir los 2/3 como aritmética de las decisiones de la Asamblea. Empero, de todas maneras, se cumple parcialmente la Agenda de Octubre. Lo que ocurre en la segunda gestión se contrapone a la primera gestión de gobierno; si en la primera se intenta cumplir con el mandato popular, en la segunda el gobierno se enfrenta al pueblo con la medida de shock del gasolinazo y se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas con sus compromisos inconstitucionales, depredadores y extractivistas en relación a la carretera que atravesaría el TIPNIS.

Una vez aprobada y promulgada la Constitución el gobierno la convierte en un texto de propaganda y de vitrina, pero no para su aplicación; en vez de realizar las transformaciones estructurales e institucionales requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, opta por la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. De este modo, en vez de encaminarse a la transición hacia el vivir bien como proyecto alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo, como establecen las resoluciones de Tiquipaya, se encarrila en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Una vez derrotada la derecha tradicional en Pando, después de los acontecimientos del Porvenir, el gobierno incursiona en nuevas alianzas que conducen a la recomposición de la burguesía, añadiéndole la participación de los nuevos ricos. Se convierte con estas nuevas

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alianzas en un gobierno que administra los intereses de la burguesía, los nuevos ricos, los banqueros, los terratenientes, los soyeros y los del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, además de supeditarse a los intereses de las empresas trasnacionales.

En este contexto, el conflicto del TIPNIS manifiesta patentemente el carácter del gobierno en relación a la madre tierra, a la crisis ecológica, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Opta por la ampliación de la frontera agrícola, por la desforestación y la depredación, transfiriendo los costos del extractivismo y de la ilusión del desarrollo a la naturaleza, empujado por los intereses del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, por los compromisos con el gobierno brasilero y OAS, por los intereses de la burguesía agraria, agro-industrial y soyera, y por los terratenientes, renunciando a la reforma agraria y atacando a los territorios indígenas.

La decadencia ideológica

Del debate de las ideas al monopolio de la propaganda

La decadencia ideológica

Se extrañan las discusiones ideológicas del siglo pasado, cuando se participaba de escenarios de resistencia a las dictaduras militares, donde se buscaba explicar las razones no solamente de la resistencia, pues esto estaba inmediatamente comprendido y aceptado, sino se trataba de las razones históricas y políticas que vinculaban la lucha a un proyecto político y social. Estas discusiones entre grupos de formación marxista, de distinta tendencia, recurrían a la comparación de las grandes revoluciones socialistas, además de recoger la experiencia boliviana en la lucha de clases y contra el capitalismo, sobre todo la experiencia del proletariado minero. Un lugar necesario de debate era la Tesis de Pulacayo y su proyección en las Tesis de la COB. El gran dilema en el debate era escoger entre la tesis de transición de la revolución permanente y la tesis por etapas, defendidas por las corrientes de los partidos comunistas, tanto el PC pro soviético y el PC pro chino. Otros temas de debate, aunque con menor intensidad, eran los relativos a la caracterización del país, así como la caracterización de las dictaduras. En relación a la caracterización del país, se contaba con la tesis sostenida por el POR de que se trata de un país capitalista atrasado y dependiente, de desarrollo combinado; en tanto que otros caracterizaban al país como todavía de herencia semi-feudal articulada a enclaves capitalistas. La tendencia general era aceptar que se trataba de un país capitalista, la diferencia estribaba en de qué manera lo era; unas posiciones consideraban que se trataba de una semi-colonia, en el sentido de la teoría del imperialismo, otras posiciones, quizás con más lectura del marxismo contemporáneo, distinguían la teoría de la formación económico social de la teoría del modo de producción, y buscaban una caracterización a partir de la articulación específica de los modos de producción. La caracterización de las dictaduras militares era un poco más dispersa; algunos aseveraban sin discusión el carácter fascista de las dictaduras; los

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más sofisticados usaban la tesis del bonapartismo y diferenciaban dictaduras militares nacionalista y populistas, muy pocas, de las dictaduras militares francamente reaccionarias y al servicio del imperialismo.

Durante el periodo de resistencias a las dictaduras militares (1964-1982) estos debates transcurrieron con más o menos intensidad, dependiendo de la coyuntura y los involucrados en la discusión, también de las tareas pendientes y presentes. En el segundo quinquenio de la década de los setenta se incorpora de manera irradiante e interpeladora la visión katarista, su tesis de colonialismo interno, planteando que en Bolivia no se había resuelto la problemática colonial. El tema indígena entra al debate político en el contexto y la atmósfera política de entonces. A la izquierda tradicional le era difícil aceptar la tesis del colonialismo interno pues consideraba que no tomaba en cuenta la lucha de clases, convirtiendo el conflicto en una lucha de razas. El estado de arte de estos debates nos muestra una tendencia a ampliar las perspectivas y las consideraciones abriéndose a la complejidad del asunto político, social y económico de las formaciones sociales abigarradas, así como de sus luchas sociales. Debemos incorporar también en el debate una perspectiva de la izquierda-nacional introducida por el Grupo Octubre, quienes en el lapso de tiempo de los gobiernos del General Ovando y del General Torres (1970-1971) plantean el tema de la cuestión nacional como primordial en la lucha contra el imperialismo; por lo tanto de lo que se trata es de distinguir en esta lucha a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas de los gobiernos pro-imperialistas, en ese sentido, sacan la conclusión de que, en el proceso de la lucha de clases bajo el dominio imperialista, era indispensable dar apoyo crítico a los gobiernos nacionalistas anti-imperialistas. Esta tesis apunta a un frente anti-imperialistas contra el enemigo principal, el imperialismo y sus cipayos. El debate de la izquierda-nacional era con lo que llamaba izquierda internacional, que no hacía estas distinciones y, de acuerdo a la interpretación dada, cometía errores políticos.

El panorama del debate se trasforma durante el segundo quinquenio de la década de los ochenta y durante la década de los noventa. La crisis de la izquierda, provocada ya por la derrota de la Asamblea Popular (1971) y después con la caída del gobierno de la UDP (1984), abre un gran vacío ideológico, aprovechado por el proyecto neo-liberal, que se introduce casi sin resistencias, salvo quizás la marcha por la vida de los trabajadores mineros, que tratan desesperadamente defender los centros mineros contra el cierre y la relocalización. En este contexto de implantación del proyecto neoliberal, el debate se reinicia con la crítica al neoliberalismo y su proyecto privatizador; sin embargo este no es el único debate, también se efectúa una evaluación crítica de la izquierda tradicional, no sólo en cuanto a sus errores teóricos y políticos, sino sobre todo por no haber considerado la problemática indígena y el tema colonial, por no haber comprendido que la lucha fundamental sigue siendo anticolonial y descolonizadora, pues la lucha contra el capitalismo es una lucha contra su matriz colonial. Este debate es importante por su directa vinculación con lo que va a ocurrir durante el ciclo de luchas y movimientos sociales anti-sistémicos del 2000 al 2005.

Podemos decir que el debate adquiere una tonalidad apropiada y alcance histórico no solamente porque tiene en cuenta la discusión acumulada, el análisis y la reflexión desplegada por lo menos durante un siglo, sino porque adquiere un carácter político inmediato debido a la crisis múltiple del Estado y la asonada de los movimientos sociales emergentes. También se introducen tópicos a la discusión importantes que tienen que ver con la crisis de la izquierda

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debido a la caída de los estados socialistas de la Europa oriental y de la Unión Soviética. Estos tópicos críticos tienen que ver con el partido, los intelectuales, la vanguardia, el Estado y el socialismo. Sobre el partido se tiene una posición crítica, se dice que ya no corresponde a las luchas contemporáneas contra el capitalismo; en consecuencia la figura del intelectual y de la vanguardia también son cuestionados sino desechados como recursos indispensables en los nuevos movimientos sociales. Además se interpreta que la caída paradójica de los supuestos destructores del Estado en la formación calamitosa de un Estado totalitario, con dominio absoluto de la burocracia del partido, no solo se debe a una deformación estalinista sino que sus antecedentes ya se encontraban en el partido, también en el papel sustitutivo de la vanguardia y en la función orientadora de los intelectuales. Ante estas experiencias dramáticas de la revolución y de la construcción socialista en un solo país, es indispensable replantearse la forma de organización de las luchas sociales. En este sentido se rescatan las figuras colectivas de la crítica de la economía política; por ejemplo, el concepto de intelecto general, así como del trabajo cooperativo frente a la apropiación privada en el capitalismo. Se trabajan los conceptos de masa y de comunidad, incorporando también nuevos conceptos de la crítica contemporánea al capitalismo de las nuevas corrientes contestatarias, marxistas y no marxistas. Entre los conceptos nuevos se adquiere la perspectiva de la multitud para comprender las transformaciones en el proletariado, que adquiere una condición nómada. Se trabaja con la idea de la gramática de la multitud, para comprender los otros lenguajes de la multitud movilizada, los lenguajes corporales, los lenguajes de la imagen, para comprender el mismo movimiento, la misma movilización, como un tejido. Pero, sobre todo el eje del debate de los últimos años de década de los noventa y los primeros años del siglo XXI se desenvuelve en la comprensión de la genealogía del colonialismo, de la transformación de sus formas. Se tiene la certeza que el sujeto indígena sustituye al sujeto proletario en las luchas descolonizadoras y anticapitalistas.

Como se puede ver, el debate adquiere una intensidad sobre todo por la premura de la crisis política y las victorias de los movimientos sociales, que empujaban indudablemente a una salida revolucionaria, si todavía podemos hablar así. Empero este debate se corta abruptamente y de una manera inesperada con la llegada al gobierno, después de las elecciones nacionales del 2005. La pregunta es: ¿Si se llegó a esta intensidad del debate hasta el 2005 por qué se clausura el debate desde el 2006? Esta es la cuestión. Lo que se observa después es el vuelco de los esfuerzos por gobernar, por resolver problemas administrativos, y cuando se desata el ataque de las oligarquías regionales, en pleno proceso constituyente, el esfuerzo se vuelca en defender al gobierno y al proceso. No hay debate interno al bloque que abrió el horizonte del Estado plurinacional. No lo hay en la Asamblea Constituyente, salvo unos cuantos amagues de reflexión, de análisis y discusión, dados sobre todo por la preocupación de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad. La Asamblea Constituyente tiene que enfrentar movilizaciones de todo tipo, básicamente de resistencia a los planteamientos fuertes del documento base para la constituyente elaborado por el Pacto de Unidad, además de enfrentar el ataque directo de los partidos de derecha al proceso constituyente. El ejecutivo daba instrucciones inadecuadas, sin comprender lo que sucedía en la Asamblea Constituyente, poniéndola en peligro más de una vez. El conflicto de los 2/3, de la aritmética de las decisiones, y el conflicto de la “capitalía”, el traslado de la sede de gobierno y de los poderes de La Paz a Sucre, ponen al borde del abismo a la constituyente. En estas circunstancias no se dieron

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condiciones para el debate; lo que se hizo es defender el mandato dado por los movimientos sociales, tener como referente el texto del Pacto de Unidad, y pugnar con las minorías en cada una de las comisiones. Es el documento del Pacto de Unidad el que salva a la Asamblea Constituyente, de esta manera se logra escribir el texto constitucional.

Esta claro que nunca se debe dejar de debatir, de reflexionar, de analizar, de desplegar la crítica, incluso en momentos difíciles por las que paso la Asamblea Constituyente; sin embargo, eso es lo que ocurrió, se impusieron las tareas urgentes de defensa del proceso y del gobierno. Empero, una vez aprobada la Constitución, no se podía ya tener ninguna escusa para no hacerlo. Era más que urgente discutir la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; sin embargo no se lo hizo, salvo en contados casos, en la elaboración del anteproyecto de ley de gestión pública, en la elaboración del Plan Plurinacional del Vivir Bien (Plan de Desarrollo Económico y Social) y en la elaboración del proyecto de Ley de la Madre Tierra.

En la primera gestión de gobierno la crítica y el debate fue suspendido con el argumento de que debemos defendernos ante la derecha, dejar estos debates a la constituyente; después, en la constituyente, el debate fue imposible. Más tarde, cuando se promulgó la Constitución, se prefirió optar por la difusión de la Constitución sin ningún aprendizaje y discusión colectivos; cuando se tenía que elaborar leyes, se buscaron artículos pertinentes para las leyes, de una manera des-contextuada, abandonando la interpretación del espíritu constituyente, optando por el alma leguleya de los abogados, que no entendían ni el proceso ni la Constitución. Durante la segunda gestión de gobierno, ya había corrido mucha agua bajo el puente, el peso del pragmatismo político condujo a un derrotero inesperado; el gobierno eligió pragmáticamente mantener el Estado-nación, como lo venía haciendo durante la primera gestión, por lo tanto eligió el camino de la restauración. También el gobierno escogió la continuación de la ruta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, siguiendo la huella de las castas criollas gobernantes. Cómo ambas decisiones contrastaban elocuentemente con el mandato Constitucional, se optó por un uso propagandístico de la Constitución sin asumir jamás sus contenidos, ni tampoco mucho menos explicar las contradicciones evidentes del gobierno. Como por decreto se dijo que ya somos un Estado plurinacional después de la promulgación de la Constitución. ¿Por arte de magia? En otras palabras, se renunció a la demolición del Estado-nación, se renunció a las transformaciones estructurales e institucionales para construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, se desecharon el pluralismo institucional, el pluralismo normativo, el pluralismo administrativo y el pluralismo de gestión, como transformaciones necesarias en la transición al Estado plurinacional. Se cayó en la retórica estéril de la propaganda, también del teatro político y los montajes, el doble discurso. Esto no podía sostenerse por mucho tiempo, cayó el montaje como castillo de naipes. Después de las resoluciones de Tiquipaya se hizo evidente que el gobierno no cumplía con las resoluciones, que ya eran vinculantes para el Estado boliviano. Después de estas comprobaciones el discurso boliviano en los foros internacionales ya no es creíble. Esta diferencia se la puede comprobar en el contraste de la convocatoria boliviana en las dos últimas cumbres de Naciones Unidas sobre cambio climático. En Copenhague el presidente boliviano habla ante cien mil activistas y declara la guerra al capitalismo en defensa de la madre tierra; en Cancún la delegación boliviana se queda sola, sin apoyo incluso de los países del Alba. El descrédito se ahonda con la medida de nivelación de

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precios, con la introducción de dos artículos que tácitamente aprueban los transgénicos en la ley de la revolución productiva, con el sinuoso y represivo comportamiento del gobierno en el conflicto del TIPNIS.

El proceso está en crisis y en peligro, pero ante esta crisis y el peligro cierran los ojos los gobernantes, el MAS, los funcionarios, los dirigentes campesinos. Llama la atención que incluso cierran ostensiblemente los ojos a quienes se consideraron como intelectuales críticos, que fueron en su momento críticos. ¿Por qué dejaron de serlo? ¿Sólo por el hecho de que se encuentran ocupando la función pública? ¿Por el hecho de ser funcionario se pierde la condición de crítico? De todas maneras es ineludible la responsabilidad que se tiene con el proceso. El proceso es producto de las luchas sociales, de las naciones y pueblos indígenas originarios; el proceso pertenece a la gente que ha luchado en la guerra del agua, en el bloqueo indígena campesino de la CSUTCB en septiembre del 2000, en la guerra del gas del 2001 y en los acontecimientos de mayo y junio del 2005, en los múltiples movimientos sociales que atravesaron la sociedad, incluyendo a los jubilados y prestatarios, pertenece a la gente que ha votado consecutivamente a favor apostando por el proceso. El proceso no le pertenece al MAS, no le pertenece al presidente, ni al vicepresidente, no les pertenece mucho menos a los funcionarios. Esta responsabilidad por el proceso exige la crítica y el debate colectivos. Incluso siendo funcionario la persona que se considera comprometida con el proceso tiene que optar, o ser cómplice del derrumbamiento, aplaudiendo como “lluncu” las barrabasadas del gobierno, o ser crítico y poner en mesa los problemas, por lo menos para su discusión. Pero esto no se hace, se ha preferido recurrir al guion prestablecido, al esquema simplón de que si no estás conmigo estas con la derecha, eres mi enemigo. Llama a atención que esta pose se parece mucho a la lanzada por el presidente estadounidense Busch después del ataque a las torres gemelas.

Un esquema simplón

No dejan de sorprender la expuesta y ostensible debilidad de las argumentaciones del gobierno en todo el debate en torno al TIPNIS. También no deja de dejar una sensación de pena cuando se observan los exacerbados esfuerzos desesperados de los funcionarios por querer defender a su gobierno, mostrando más celo que lógica. Da tanta pena y tristeza como la huella de desolación que dejó la marcha del CONISUR. Toda la estrategia comunicacional del gobierno, su cuadro de respuestas al conflicto, se basan en un esquema simple e inocente. Hay derecha e izquierda, nosotros los del gobierno somos, desde luego, la izquierda; los que nos critican son de derecha. Sobre todo los que nos critican en el tema de la carretera de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, debido a que los que critican la construcción de la carretera están contra el desarrollo. El desarrollo es también un derecho de los indígenas. Los temas ambientalistas han sido manejados por ONGs, detrás de esta estrategia ambientalista está la sombra de la embajada estadounidense y la efectiva intervención de USAID. Esta incumbencia se ha comprobado con el apoyo a la VIII marcha indígena de parte de la derecha, la gobernación de Santa Cruz, los ganaderos asentados en las proximidades del camino y recorrido de la marcha, incluso han apoyado a la marcha empresarios privados. Ahora que hay una ley de consulta para que decidan las comunidades del TIPNIS, nuevamente se ponen en

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contra; todo esto por atacar al gobierno que cumple con la Constitución y los convenios internacionales. Las organizaciones indígenas están con la derecha, han firmado un convenio con la gobernación de Santa Cruz. “Dime con quien andas y te diré quien eres”. Este es el refrán de sentido común que se utiliza para descalificar a los dirigentes del CIDOB, creyendo que tiene alguna proyección desde la vida cotidiana a la vida política, como si esta certeza popular sobre las relaciones personales pudiera proyectarse a los escenarios políticos. A este juego pueril de argucia hogareña se ha reducido la discusión.

Este esquema simplón ha sido usado una y otra vez por la propaganda del gobierno y por los funcionarios celosos que hacen gala de repetir lo mismo. El esquema utilizado es extremadamente estrecho y pobre. Una de sus más grandes debilidades radica en que no toma para nada en cuenta el tiempo político ni la perspectiva histórica. Están lejos de hacerse preguntas si tiene sentido seguir usando el esquema parlamentarista francés de izquierda y derecha, cuando la misma escenografía del congreso francés comprende además a la montaña, los más radicales, y los del llano, los oportunistas. Incluso si se usa el esquema reductivo, no se puede suponer que la izquierda y la derecha son entidades invariables, abstractas y a-históricas, como si no tuvieran nada que ver las posiciones que se toman respecto a determinados problemas, como si la política no estuviera al interior de procesos que se desplazan y transforman en el periodo y las coyunturas. Derecha e izquierda son referencias a posicionamientos en las distintas coyunturas de un proceso histórico. La derecha tradicional, por así decirlo, fue derrotada en el Pando, después del conflicto del Porvenir. Su derrota política y militar se corrobora en las elecciones del 2009, cuando no sacan ni siquiera un tercio de los representantes de la Asamblea Legislativa. Después de esta derrota, en el lapso de la segunda gestión de gobierno, la conducción política escoge un derrotero de enfrentamiento con el pueblo y con las naciones y pueblos indígenas originarios. Lanza una medida de shock monetarista de nivelación de precios en relación a los carburantes y hace evidente en el conflicto del TIPNIS su acuerdo con el gobierno brasilero, con la empresa constructora OAS, saltando las normas de contratación de bienes y servicios, violando la Constitución, sin efectuar la consulta y consentimiento previo libre e informado, cuando lo debía hacer. Estos enfrentamientos, el levantamiento popular contra la medida llamada popularmente gasolinazo, el apoyo del pueblo boliviano a la defensa del TIPNIS, sobre todo el recibimiento de un millón de paceños a los marchistas, muestran empíricamente la situación y la posición del gobierno. Ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo y a las naciones y pueblos indígenas. ¿Cómo se describe esta posición? ¿De izquierda? ¿De derecha? Según los funcionarios defensores, sigue siendo de izquierda. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Es imposible sostener que la supeditación a las empresas trasnacionales del petróleo, el compromiso con la empresa corrupta OAS, el ataque al territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, la violencia contra la VIII marcha indígena, la restauración del Estado-nación, la opción por el modelo extractivista sean posiciones de izquierda.

Como todos conoces el conflicto del TIPNIS, la VIII marcha que llegó a la ciudad de La Paz, el apoyo multitudinario que recibió, obligaron al gobierno a aceptar el pedido de la CIDOB de una ley en defensa del TIPNIS. La ley corta en defensa del territorio indígena y parque Isiboro-Sécuré es una conquista de la marcha indígena y pueblo boliviano, las organizaciones sociales, juntas de vecinos y la COB que apoyaron la VIII marcha. Empero al poco tiempo, sin ningún

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rubor, el gobierno prepara su contraofensiva, atizando el fuego en la región del Chapare y en San Ignacio de Moxos para que las organizaciones cocaleras y las organizaciones cívicas de San Ignacio de Moxos pidan la abrogación de la ley corta. Lo que ha escrito con la mano lo quiere borrar con el codo. Prepara la marcha del CONISUR, organización del polígono siete, de la zona de avasallamiento del TIPNIS, que no pertenece a la TCO del TIPNIS, ocupada por productores de la hoja de coca y nueve comunidades yuracares, cuyas familias decidieron renunciar a la TCO, convertirse en propietarios privados y productores de coca. Los sindicatos del CONISUR están afiliadas a las federaciones cocaleras del Chapare. En otras palabras, la marcha del CONISUR no tiene ninguna legitimidad para decidir sobre el TIPNIS, sobre si pasa o no la carretera por el núcleo del TIPNIS, si hay que hacer una consulta extemporáneo o no, pues el territorio de la TCO del TIPNIS no les pertenece. Sin embargo el gobierno sigue su estrategia de montaje y manipulación, incluso a pesar que la marcha del CONISUR resulta desacreditada desde un principio y sin apoyo de la población, que optó por la indiferencia absoluta.

Sobre este montaje el gobierno intenta en principio abrogar la ley corta, a pedido de los del CONISUR. Lo que resultó que no ser tan fácil, al enfrentar las críticas de organizaciones sociales, de la opinión pública, además de las organizaciones indígenas y los organismos internacionales. En su embrollo encuentra un camino laberíntico para continuar con el atropello a los derechos de las naciones y pueblos indígenas. Se inventa una consulta extemporánea a la que le pone el nombre de consulta previa, creyendo que todos pueden creer que se trata de la consulta previa libre e informada sólo con ponerle el nombre. Este cuestionario del gobierno, que introduce dos preguntas que le preocupan, sobre la intangibilidad del territorio y sobre la carretera, no cumple con las condiciones, los requisitos, las características, la estructura y el concepto de lo que es una consulta y consentimiento previo libre e informado establecidos claramente el los convenios internacionales, Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas, tampoco cumple con lo establecido en la Constitución en los que respecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así como en lo que se refiere a la consulta previa. Obviamente además de ser extemporánea, pues el contrato de la carretera y el diseño, además de la adjudicación a la empresa constructora OAS se la efectuó el 2008.

Ante estos hechos evidentes los funcionarios defensores de los procedimientos escandalosos del gobierno no se inmutan, prosiguen con la repetición ritual del mismo discurso, del mismo esquema simplón, ahora haciendo esfuerzos denodados contra toda lógica de demostrar que el cuestionario del gobierno es una consulta previa y cumple con la Constitución y los convenios internacionales. ¿Cómo pueden hacer esto? Desconociendo el contenido de los convenios internacionales, desconociendo el contenido de la Constitución, citando partes intrascendentes, sin análisis, sin interpretación del conjunto de los textos, del sentido de los mismos y de su espíritu normativo. Esta no es solamente una manipulación bastante bochornosa sino la expresión más calamitosa de la decadencia, del descrédito y de la deshonestidad. No es necesario caer tan bajo para defender al gobierno; se lo puede hacer recurriendo a otros argumentos, de carácter más bien pragmático.

Estos argumentos pragmáticos tienen que ver con la recurrencia al discutido e interpelado imaginario del desarrollo. Cuando se escucha hablar a los funcionarios de lo que se trata es del desarrollo, de los beneficios del desarrollo para las comunidades indígenas del TIPNIS, que

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viven en condiciones miserables, llama la atención que lo hagan funcionarios de los que se creía que habían cuestionado estas ilusiones de las castas y elites criollas republicanas, que se creía que habían entendido y participado en la idea del modelo alternativo del vivir bien, de lo que significa la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, construcción que exige transformaciones estructurales e institucionales que hasta ahora no se han dado. Empero es esto lo que se ve, una renuncia a la crítica, una renuncia práctica a la Constitución, a la construcción del Estado plurinacional y al modelo civilizatorio alternativo del vivir bien. Prefieren defender la ruta del barco al naufragio, aplaudir este derrotero a la muerte del proceso, ciegamente, que optar por la necesaria reconducción del proceso. ¿Por qué lo hacen? ¿Por obediencia? ¿Por mantenerse en sus puestos?

Lo que esta en juego es el proceso

El tema de fondo de este debate es que se trata del destino del proceso. ¿Vamos a dejar que se hunda el proceso por el choque insoslayable de las profundas contradicciones que contiene? Ciertamente todo proceso, toda revolución contiene contradicciones; de lo que se trata es de resolver estas contradicciones en el sentido de la profundización del proceso, no en el sentido de la regresión y de la restauración, con el triste argumento de que se trata de tensiones creativas. Todo el que se cree revolucionario debería saber que las contradicciones son parte de los procesos, que además llegan momentos de encrucijada del proceso mismo, donde hay que decidir por donde se va. Por la profundización del proceso o por la administración dilatada de la crisis del Estado-nación, que conlleva a mantener el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. No debería sorprenderlos que lleguen estas encrucijadas, estos puntos de alta tensión y por lo tanto de debate. Sin embargo, con la amnesia que corresponde a un marcado oportunismo, olvidan las lecciones históricas y pretenden hacer creer a la gente que la lucha es contra una derecha que ha muerto, como si la derecha fuera una esencia metafísica, abstracta, fuera de la historia, un mal, la expresión del mal. Así piensan los moralistas más recalcitrantes de las religiones monoteístas. En realidad pelean contra los fantasmas de una derecha ya muerta; lo que no pueden ver los funcionarios es que la derecha efectiva es una posición conservadora y reaccionaria frente a determinados problemas fundamentales, que en derecha puede convertirse el gobierno precisamente por que opta por posiciones conservadoras y reaccionarias frente a estos problemas fundamentales. Ante la responsabilidad de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, ha preferido restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Ante el modelo alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, como dicen las resoluciones de Tiquipaya, ha preferido continuar y extender la amplitud del modelo extractivista. Ante la defensa de los derechos de la madre tierra –hay una ley corta de los derechos de la madre tierra aprobado por la Asamblea Legislativa y promulgado por el gobierno, hay un proyecto de ley de la madre tierra que espera ser atendida por los legisladores -, ha optado por ampliar la frontera agrícola, por la depredación y la destrucción ecológica, recurriendo a ingenuos argumentos del imaginario desarrollista. Estas opciones del gobierno lo convierten en la derecha real, practica, efectiva, frente a la re-emergencia de los movimientos sociales y la lucha de las naciones y pueblos indígenas originarios.

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En este posicionamiento del gobierno hay un nuevo reacomodo de alianzas. Los aliados del gobierno son precisamente la burguesía recompuesta, los nuevos ricos, los banqueros, los agroindustriales y los terratenientes. Todos ellos coinciden con la ruta tomada por el gobierno, modelo extractivista, ampliación de la frontera agrícola, restauración del Estado-nación, suspensión del saneamiento de tierras por cinco años, suspensión de la reversión de tierras por no cumplir con la función económico social y por desmontes ilegales. Estos últimos acuerdos se los tomaron en la Cumbre Social, donde asistieron los empresarios privados. Es esto lo que cuenta en el análisis, el comportamiento de las clases sociales, no los fantasmas de una derecha muerta. Aunque queden resabios de la derecha tradicional en la Asamblea Legislativa y en la gobernación de Santa Cruz, aunque estos resabios intenten aprovecharse de las marchas, esto no cambia el estado de la correlación de fuerzas. Estos resabios de la derecha tradicional está desubicada, quiere seguir peleando a la antigua, como lo hacía, contra el gobierno de la primera gestión, cuando, ahora, en el contexto de las nuevas alianzas, su clase social, la clase a la que representa es ya aliada del gobierno. Otros desubicados son estos funcionarios defensores del gobierno que creen que el tiempo político no pasa, que el proceso se ha detenido en la coyuntura del conflicto con la derecha tradicional; no observan los hechos, los acontecimientos, de las recientes etapas del proceso. No atienden a las contradicciones. Prefieren quedarse en la apología y propaganda del gobierno a pesar de los grandes contrastes entre su discurso y la realidad.

Espesores de una coyuntura candenteExpediciones públicas y ocupación militar del TIPNIS

Una coyuntura candente

La coyuntura reciente, caracterizada por la nueva situación del conflicto del TIPNIS, viene dibujada por la aprobación de la ley de consulta extemporánea por parte de la Asamblea Legislativa y su promulgación por parte del presidente. En este nuevo escenario, que es como el exordio de la pretendida aplicación del cuestionario gubernamental - por que eso es, un cuestionario que introduce dos preguntas, una sobre la condición de intangibilidad y otra sobre la carretera que atravesaría el territorio indígena y parque en cuestión -, el gobierno, haciendo gala de una manifiesta inseguridad, que no puede esconder, ha mandado a la armada al TIPNIS. La armada ha ingresado al territorio indígena surcando los ríos Sécure y el Isiboro con barcos cargados de vituallas, con el objeto de distribuirlos entre los comunarios de la TCO del TIPNIS, comprometiendo su voto a favor de la carretera. Esta acción de chantaje es una flagrante violación de una de las clausulas de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, clausula que establece que no puede haber coerción. Este despropósito se suma a la ya descalificada consulta extemporánea por no cumplir con la estructura conceptual de una consulta previa, libre e informada. En esa dirección de intervención, presión y chantaje ya se han instalado campamentos militares, mostrando claramente la decisión del gobierno de ocupar militarmente el territorio indígena antes de la aplicación del cuestionario. En esta alevosa acción en la que estarían comprometidos, además del ejecutivo, la asamblea

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legislativa, el órgano judicial y el órgano electoral, violando descaradamente la Constitución, en cumpliendo de las ordenes del gobierno. Estamos entonces ante una ocupación militar y ante la virtualidad de una “consulta” militarizada.

Esta acción desmedida de coerción y demostración de fuerza es una declaración de guerra del Estado-nación, que debería haber muerto, contra el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que no ha podido nacer. Una declaración de guerra a las naciones y pueblos indígenas originarios, como en los tiempos violentos del colonialismo y de la expansión de la frontera controlada de la república criolla. El Estado-nación no acepta los territorios indígenas, tampoco las autonomías indígenas, así como la libre determinación y el autogobierno de las naciones y pueblos indígenas originarios, como establece la Constitución. El Estado-nación no puede coexistir con la Constitución y menos cumplirla, pues esta Constitución corresponde al Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta contradicción profunda no se puede resolver sino violando la Constitución, colocándola como fantasía discursiva, y por último, en los momentos mas fuertes de la contradicción y confrontación contra los pueblos indígenas y los movimientos sociales que defienden la Constitución, desconocerla, no sólo prácticamente, como se lo ha hecho hasta ahora sistemáticamente, sino incluso explícitamente, declararla inviable. Este momento descarnado, de desnudamiento de todos los disfraces puede llegar.

Indudablemente hemos llegado a uno de los momentos más contradictorios del proceso, uno de los de mayor confrontación, entre gobierno y naciones y pueblos indígenas, entre gobierno y pueblo boliviano, entre el proyecto político de la Constitución y el proyecto extractivista del gobierno. Este momento de confrontación de fuerzas viene definido por la IX marcha indígena. Lo que pueda pasar con esta marcha mostrara los alcances de la intensidad de la lucha. Ya se evidenció la intensidad del conflicto en la VIII marcha indígena, sobre todo en el momento de la descomunal violencia desatada por el gobierno contra la marcha indígena, en las circunstancias mismas de la intervención policial y de otras fuerzas de apoyo, incluyendo a extranjeros. En el nuevo escenario, el definido por la preparación de la IX marcha, las organizaciones indígenas se juegan quizás la carta más importante para reconducir el proceso; el gobierno también se juega su carta para consolidar su proyecto extractivista. Esta es una de las razones por las que acude el gobierno a una ocupación militar del TIPNIS.

Ensamblando esta estrategia de ocupación militar, el Estado-nación, utilizando la complicidad ilegítima del órgano judicial, ha desatado toda una persecución a los dirigentes indígenas, participes de la VIII marcha, con acusaciones falsas, mientras hasta ahora no ha hecho nada para avanzar en la investigación y en el esclarecimiento de los hechos violentos acaecidos en el puente San Lorenzo en contra de la marcha indígena, acción represiva repudiable, realizada como acción punitiva por parte de la policía. Mucho menos se le puede pedir a este órgano judicial cómplice, alejado de sus funciones y convertido en un aparato de represión más, que identifique a los responsables de dar la orden de la represión de la marcha, aplicándoles las leyes por haber violado los derechos fundamentales, como corresponde en estos casos.

En este contexto las organizaciones indígenas han convocado a reuniones y encuentros de emergencia. La primera resolución de la CPEM-B denuncia esta violencia legal descargada contra las organizaciones indígenas. La segunda resolución de la CPEM-B denuncia el agraviante desconocimiento a las organizaciones matrices indígenas por parte del gobierno;

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por otra parte repudia y desconoce a dirigentes comprometidos con estas maniobras gubernamentales, desconoce al Subgobernador de la Provincia Mojos, al alcalde del municipio de San lgnacio, a la presidenta del Concejo Municipal de San lgnacio y a los asambleístas Indígenas departamentales. Esta resolución también denuncia la inconstitucionalidad ley 222 promulgada por el presidente, la llamada ley de consulta, expresión normativa de la violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. También denuncia que el Gobierno amparado en la ley 222 viene desplegando una campaña deshonesta promoviendo la división orgánica en nuestros territorios a través del chantaje, prebenda y compra de conciencia de los comunarios, mediante el ingreso de comisiones encabezadas por las autoridades antes mencionadas, sin el consentimiento de las autoridades naturales del territorio.

En resumen se puede observar que a esta invasión civil le ha seguido la ocupación militar, ambas expediciones concurren con el objeto de efectuar coerción y presionar a las comunidades, buscando obligar una votación a favor de la carretera depredadora. Estas acciones gubernamentales son una consecuencia de toda la política sinuosa que ha seguido el gobierno en torno al conflicto del TIPNIS.

Tomando en consideración estos sucesos, la CPEM-B rechaza y condena la franca violación de los derechos de propiedad comunitaria del TlPNlS, los derechos de la TCO; así mismo, las comunidades reunidas, rechazan la desenfrenada actitud de saltar por encima de las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas. Esta actitud violatoria de derechos y de representaciones es calificada como maniobra flagrante ejecutada por personeros del gobierno en coordinación con las autoridades departamentales y locales, municipio y sub-gobernación. Esos funcionarios públicos han ingresado al territorio indígena con la excusa expresa de un supuesto plan de apoyo al desarrollo. Se denuncia entonces que lo que persiguen estas expediciones punitivas y de propaganda es presionar a las autoridades de las comunidades mediante prebendas y apoyos, buscando su apoyo a la construcción de la carretera; estas presiones están encaminadas a preparar la inducción de los resultados de la supuesta "consulta previa".

Estas resoluciones se aprobaron el 25 de febrero de 2012 en una Reunión Orgánica de Emergencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEM-B), en presencia de la CIDOB y la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (CNAMIB). Esta reunión de emergencia, la visita de los dirigentes de la Subcentral del TIPNIS y de la CIDOB a las comunidades de la TCO del TIPNIS, para recabar información, difundir y explicar el contenido y los alcances de la ley corta de defensa del TIPNIS, forman parte de la resistencia de las comunidades indígenas al avasallamiento legal y práctico por parte del gobierno y la armada. También forma parte de la voluntad y determinación de realizar la IX marcha indígena en defensa de la madre tierra, los territorios indígenas y la Constitución. La CIDOB y el CONAMAQ han rechazado la ley 222 y han ratificado la defensa de la ley 180, la ley corta, además de sumarse a la IX marcha. La COB ha sacado una resolución en el sentido de apoyar la IX marcha indígena. Puede verse en todo esto una realineamiento y acumulación de fuerzas. La convocatoria está abierta al pueblo boliviano que ha apoyado la VIII marcha y la defensa del TIPNIS.

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Después de la conquista lograda por la VIII marcha, al haber arrancado la ley 180 al gobierno, ley en defensa de TIPNIS, además de haber aclarado en un reglamento acordado con el gobierno el significado de la intangibilidad, las organizaciones indígenas, las organizaciones sociales que apoyaron la defensa del TIPNIS, la COB y el pueblo boliviano enfrentan la nueva coyuntura, signada por la ley de consulta extemporánea y por los preparativos de la IX marcha indígena. En esta coyuntura los alcances de la lucha y de la convocatoria son mayores; ya no se circunscribe la movilización sólo a la defensa del TIPNIS sino que ahora se asume la responsabilidad de la reconducción del proceso, además de contener la convocatoria a todo el pueblo para la defensa de la constitución y del proceso contra un gobierno que se ha convertido en un contra-proceso. Esto implica también tomar en cuenta las reivindicaciones de los sectores populares urbanos. La agenda de la IX marcha es más amplia que la VIII marcha. El nivel de confrontación es mayor, las perspectivas de la lucha han alcanzado gran intensidad, convirtiendo a los desenlaces posibles en decisivos para el proceso.

Se entiende que en este enfrentamiento el gobierno también se juega su proyecto extractivista; por eso la movida de todos los recursos al alcance, legales, civiles, militares, políticos y comunicacionales. El pueblo boliviano, que ha peleado por el proceso durante seis años de luchas semi-insurreccionales, que ha votado consecutivamente en las elecciones, apostando por el proceso y la Constitución, tiene una gran responsabilidad histórica en esta coyuntura, quizás decisiva para el proceso. Sólo una movilización general, una decisión multitudinaria, una voluntad colectiva, en defensa del proceso, por la reconducción del proceso, en defensa de la madre tierra y la Constitución, puede cambiar el curso de los acontecimientos. Eventos empujados por el gobierno a la restauración del Estado-nación y hacia la ampliación y extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente; vía que conduce al desastre y a la muerte del proceso. Sólo una movilización general puede revertir la tendencia política dominante de claudicación, y lograr un punto de inflexión, recuperando los objetivos caros de la descolonización y la transformación estructural e institucional, puede lograr la profundización y la radicalización del proceso.

Hay en la historia momentos decisivos, momentos de exigencia, de convocatoria desde las profundidades mismas de la memoria colectiva de las luchas, para decidir precisamente el decurso de la historia, para construir historia desde el anhelo mismo emancipatorio, escapando de los condicionamientos impuestos por las estructuras del poder y del Estado. Este es uno de esos momentos. Que se acuda a esta convocatoria depende de la conmoción profunda de nuestro ser, que podamos comprender la peligrosidad del momento y por lo tanto de la necesidad de la intervención de los movimientos sociales anti-sistémicos, las masas, las multitudes, las naciones y pueblos indígenas, el proletariado, los sectores populares, el pueblo boliviano. Se trata de entender que el gobierno se ha dejado atrapar por relaciones y estructuras de poder dominantes en el mundo, en la región y en el país, que se ha convertido en un engranaje de estas relaciones de poder, que ya no tiene voluntad propia, que su determinación responde a lógicas de poder establecidas y efectivas, que no han sido desmontadas. Que esta situación no puede ser una sorpresa, pues forma parte de las contradicciones del proceso, de todo proceso, de los desafíos políticos de las dramáticas y desgarradoras transiciones. Por eso mismo los movimientos sociales deben estar preparados para asumir los desafíos y responder a los mismos con la potencia social, con los saberes

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colectivos, la voluntad general, las capacidades y facultades multitudinarias, como inmanencia del ser social, enfrentando al poder instituido.

Ahora bien, no siempre las masas y las multitudes han podido responder a estos desafíos; en las experiencias colectivas de las revoluciones que no lo han hecho, cuando los pueblos no han sabido responder a estos retos, las revoluciones en cuestión se han hundido en le fragor de sus contradicciones, sin que los explotados, que se insurreccionaron abriendo el proceso, puedan en el momento decisivo responder. En estos casos, las multitudes se encuentran aisladas por el propio Estado, por los gobernantes y por sus propios dirigentes cooptados y conformistas; por lo tanto, en consecuencia, se encuentran desplazadas de la decisión y de la incidencia, sin poder quebrantar el curso de los acontecimientos, que se desembocan como caballos enloquecidos a la muerte.

Estas consideraciones develan que es indispensable la difusión, el compartir, la discusión, la reflexión y el análisis colectivos de estos problemas. La construcción de saberes colectivos críticos, subversivos e insurreccionales es un acontecimiento experimentado por vivencias compuestas, combinadas e integradas, intensas y liberadoras. Esta elucidación colectiva forma parte de la cohesión de las organizaciones involucradas, de las organizaciones y coordinaciones que se formen en el curso de las luchas. Forma parte del potenciamiento mismo de la movilización constitutiva e instituyente del nuevo mapa de fuerzas donde se sostendrán las nuevas relaciones y estructuras pluralistas. Esta, la participación y asamblea colectivas y comunitarias, es entonces la tarea inmediata de preparación de la IX marcha.

El mapa de fuerzas

En esta breve exploración de los acontecimientos coyunturales queda un tema pendiente que discutir, el de otras fuerzas distribuidas en el contexto del acoplamiento del momento. Ya no hablamos aquí de las fuerzas propias, sino de las fuerzas ajenas, no de las fuerzas indígenas y populares, sino de las fuerzas que han sido caracterizadas como opuestas al proceso constituyente; una de estas fuerzas corresponde a la derecha tradicional. En la VIII marcha se ha visto su interés de apoyar, ciertamente con sus propios objetivos, intereses distintos, en contra del gobierno. Esta derecha busca la oportunidad para reponerse de la derrota contundente sufrida en Pando después de los acontecimientos sangrientos del Porvenir, derrota rarificada en el claro descalabro electoral de las elecciones de 2009, sin poder lograr ni siguiera un tercio de la representación del Congreso. Esta derecha tradicional ha quedado hecha añicos. Es de esperar que esta derecha también se encuentre ansiosa de volver a apoyar la novena marcha, quizás intentando una mayor incidencia. Eso trató de hacerlo en la VIII marcha, empero las organizaciones indígenas no le permitieron de ninguna manera participar. Lo que hizo esta derecha es apoyar en vituallas y alimentación, aunque no fue la parte ni la proporción preponderante de la logística de la marcha. El apoyo proporcionalmente importante de la marcha fueron las redes de apoyo de las propias organizaciones indígenas, las ONGs de izquierda, también las organizaciones humanitarias, así como las instituciones de la cooperación internacional y de derechos humanos, además de los múltiples grupos de activistas ecologistas, ambientalistas, feministas, antisistémicos, y sus redes de comunicación; este apoyo fue preponderante en el armado de la logística de la marcha.

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El gobierno, de manera infantil, ha tratado de desinformar al respecto, acusando a los dirigentes de tener compromisos con la derecha o de hacer la jugada a la derecha. Como si no fuera real el conflicto del TIPNIS, como si no se tratara de una TCO protegida por la Constitución, de un parque protegido por las leyes, como si no se hubieran constitucionalizado los derechos indígenas; es decir, como si no hubiera ningún problema. Este es el nudo del cuestión, este es el referente de realidad, no la delirante imagen que tiene el gobierno de lo que ocurre; imagen paranoica, sostenida en la tesis débil de la conspiración. Esta propaganda lamentable le cerró los ojos al gobierno, retraído en su propio laberinto, de tal forma que no pudo ver el mapa de los hechos; tampoco lo hace ahora, no solamente debido a su propia contradicción inherente, que a estas alturas ya no se les puede pedir que comprendan, sino por la propia magnitud del problema. En estas condiciones, obviamente no puede descifrar las razones del apoyo de la ciudadanía al TIPNIS. En estas circunstancias de retraimiento paranoico, no se les puede pedir a los del gobierno que reconozcan públicamente sus compromisos con la burguesía recompuesta y los nuevos ricos, menos sus compromisos con las empresas trasnacionales, la empresa constructora OAS y el gobierno brasilero. Los hechos muestran que, a estas alturas de la regresión de la dirección del proceso, se trata de un gobierno que administra los intereses de la burguesía recompuesta, de los terratenientes, de los banqueros, de los nuevos ricos y de las empresas trasnacionales. En este sentido la dilucidación de lo que es derecha ha cambiado; hay una nueva derecha, una burguesía recompuesta, nuevos ricos, además del propio gobierno que ha optado por el Estado-nación y el modelo extractivista. Esta nueva derecha es el termidor de la revolución plebeya e indígena, quiere detener el proceso en su momento incierto, donde ha llegado vadeando sus contradicciones, quiere acabar con el proceso ahí, en el sitio indefinido y ambiguo del discurso, en la mera aprobación de la Constitución, buscando que ésta no pueda aplicarse. Esta es la derecha efectiva, peligrosa, con incidencia política, no la derecha tradicional, que ciertamente nunca va a dejar de conspirar, pero que en el momento no tiene fuerza como para reincidir.

El análisis de coyuntura, el análisis de contexto, el análisis de las fuerzas involucradas, nunca va a poder ser reducido a la trivialidad del esquema inocente de un dualismo simplón, de que sólo hay una derecha, por un lado, y una izquierda, por otro lado. En el contexto, en la cartografía espacial y temporal, hay más fuerzas, un mapa de fuerzas, hay una variedad de posiciones, que deben ser analizadas y evaluadas en el decurso mismo de las coyunturas y el proceso. Concretamente, fuera de la derecha tradicional, correspondiente a las oligarquías regionales, derecha que ahora se ha reducido a débiles representaciones políticas, tanto en el congreso como en una gobernación, ha aparecido en el mapa de fuerzas la distribución del posicionamiento de una nueva derecha, de una nueva fuerza conservadora efectiva. Esta nueva derecha puede ser interpretada, en realidad, como una nueva alianza de fuerzas conservadoras, en la perspectiva del proyecto extractivista. Esta alianza está compuesta básicamente por la relación comprometida del gobierno con los estratos de la burguesía; clase económicamente dominante que ha sido la que más se ha beneficiado frugalmente en las dos gestiones de gobierno popular. Componen esta burguesía renovada los agroindustriales, los terratenientes, los comerciantes, los banqueros, los nuevos ricos, los grandes contrabandistas y los grupos de los tráficos lícitos e ilícitos. A este conglomerado o bloque conservador se lo puede llamar nueva derecha; esta caracterización se debe a las posiciones claramente evidentes contra la Constitución, contra las transformaciones estructurales e institucionales y

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contra los caros objetivos del proceso. Esta nueva derecha quiere limitar, delimitar y detener el proceso en el lugar incierto donde ha llegado; servirse de las imágenes mismas del proceso, investirse de ellas, suplantando a los movimientos sociales, para satisfacer holgadamente con el cumplimiento de los intereses mezquinos de los grupos dominantes. Lastimosamente en este cuento han caído los dirigentes campesinos, cooptados por el gobierno, perdiendo toda independencia de clase y de organización. De esta manera, hoy por hoy, los campesinos se han convertido en la base social de legitimación reducida de la conducción clientelar del gobierno.

Entre este bloque de poder, bloque de sustento del proyecto extractivista, y el bloque indígena, nucleado básicamente en las dos grandes organizaciones de tierras bajas y de tierras altas, la CIDOB y el CONAMAQ, se encuentran una multiplicidad de fuerzas dispersas, que no necesariamente actúan de manera conjunta y coordinada, aunque lo hicieron en el apoyo a la defensa del TIPNIS. La COB es la principal organización de los trabajadores y de los sindicatos obreros urbanos y de los centros mineros. La COB tiene un pliego petitorio, que comprende varios puntos, fuera de las reivindicaciones económicas; uno de ellos es el reclamo por su incidencia y participación en el modelo productivo; otro es el que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y la abrogación de lo que queda del decreto neoliberal 21060; y un tercero, de importancia, es la construcción de un instrumento político de los trabajadores. En los escenarios abiertos por las luchas sociales y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos, la COB no ha podido recuperar su protagonismo que tuvo en a historia política desde la revolución de 1952 hasta la marcha por la vida en defensa de sus puestos de trabajo, los centros mineros (1986). Sin embargo, podría recuperar protagonismo político si atina a una alianza duradera con las organizaciones indígenas y el pueblo boliviano en la defensa de la Constitución y del proceso.

Desde el primer año de gobierno (2006), como a finales del mismo, se manifiestan contradicciones complicadas entre los trabajadores mineros, entre los obreros de las minas, dependientes de COMIBOL, y los cooperativistas mineros. Un enfrentamiento en Huanuni deja más de una docena de muertos. Los cooperativistas mineros, que suman como uno ciento cincuenta mil, son un estrato de presión fuerte, en el espacio social de los trabajadores. Quieren más concesiones mineras del Estado, entrando en contradicción con los obreros de las minas, que responden a la empresa estatal minera. Este sector, una vez enterado del contenido del proyecto del código minero se movilizó a La Paz exigiendo modificaciones sustanciales, en la perspectiva de la preservación de sus intereses. A lo largo de los años de la primera gestión de gobierno aparecieron otros grupos gremiales, reivindicativos de intereses particulares, como los involucrados en la compra venta de ropa usada, llamados los “ropavejeros”. En esta tónica marginal también aparecieron otros grupos asociados, como los compradores de autos usados, muchos de éstos internados al país por contrabando, otros por robo. Este grupo concretamente pide nacionalización de los autos chutos. A este pedido primero accedió el congreso y luego el gobierno, aprobando y promulgando una ley conocida como la de los autos “chutos”. En otra tónica, también subsisten, desde época neoliberal, grupos de asociados como los jubilados, los beneficiarios de la renta de adultos mayores, los desocupados, quienes piden fuentes de trabajo; también piden todos ellos garantía institucional para sus jubilaciones, ampliación de la renta, puestos laborales. Cambiando nuevamente de tónica, aparecen los nuevos sujetos de derechos, respondiendo a la ampliación de derechos de la Constitución, como los conocidos como discapacitados o de

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capacidades especiales. Este grupo exige un bono apropiado y el cumplimiento de a Constitución. En otro nivel, se dan también otras asociaciones, aunque sean más bien coyunturales, como la de ciertas comunidades campesinas que exigen la propiedad de minas en sus territorios, minas que muchas veces fueron tomadas por los propios comunarios. En contraste, también se asociaron los obreros mineros de empresas privadas, quienes exigen al gobierno garantías para el funcionamiento de sus centros trabajo y el respeto a la propiedad empresarial. Como se puede ver, estamos ante una lista que se puede ir ampliando, debido al estallido de conflictos locales y específicos, pero, que en todo caso, expresa un mapa disperso de fuerzas heterogéneas, que también se hallan puntualmente en conflicto con el gobierno. Esta gama de reivindicaciones tiene que ser interpretada a la luz misma de las contradicciones del proceso, no tanto así a partir de las propias reivindicaciones particulares, pues no serían comprensibles políticamente.

Empero vale la pena ampliar el mapa de fuerzas incorporando a organizaciones cívicas de carácter regional y municipal, también a ciertas poblaciones limítrofes que disputan el control fronterizo de recursos naturales. En esta ampliación del mapa de fuerzas hay que incorporar a un comité cívico regional que se hizo famoso por el tipo de enfrentamiento que tuvo con el gobierno, el Comité Cívico de Potosí, que planteó reivindicaciones regionales de carácter departamental en el occidente boliviano. Este comité cívico se encuentra vinculado a sectores populares y no así a sectores de las oligarquías regionales, como era el caso de los comités cívicos de la llamada “media luna”. Otra forma de asociación y de organización social, que también hizo noticia, es la composición combinada entre sindicatos campesinos y juntas de vecinos en la provincia de Caranvi; se conformó una especie de coordinación de defensa de la provincia. Esta coordinadora hizo conocer su reclamo en torno a una planta de cítricos, entrando en conflicto con la organización de colonizadores de Alto Beni. Compartiendo problemáticas análogas, aunque no equivalentes, en la frontera limítrofe departamental entre Oruro y Potosí también aparecieron conflictos entre poblaciones y comunidades colindantes. Primero, la disputa estalló por la ubicación del lugar de instalación de la planta de cemento, también por la propiedad del cerro Porco, cerro que contiene los yacimientos apropiados, en tanto materia prima, para el funcionamiento de la planta; después, otro conflicto limítrofe se generó por el conflicto concurrente en torno a los terrenos aptos para el cultivo de la quinua. Así también debemos ampliar estos conflictos limítrofes a la región del Chaco, donde las poblaciones colindantes entre Tarija y Chuquisaca se disputan la participación de los yacimientos del campo Margarita; esto sobre todo por las regalías en cuestión y la distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Todos estos conflictos deben interpretarse a la luz de la condición autonómica de la Constitución.

En el dibujo del mapa de fuerzas también tenemos que añadir a las juntas de vecinos metidas en conflictos municipales de sus ciudades. Por ejemplo, el caso de la ciudad de El Alto es sintomático; habiendo sido la ciudad heroica en la guerra del gas (2003), ciudad clave por su colindancia con la sede de gobierno, se siente ahora una ciudad menospreciada por el gobierno debido al incumplimiento de mandatos y compromisos. La mayoría de El Alto considera que el gobierno no ha cumplido con la Agenda de Octubre, que comprende además de la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos y la industrialización de los mismos, evitando su exportación en condición de materias primas, además del compromiso de instalación de gas domiciliario para consumo doméstico. Los

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alteños consideran que ninguna de estas obligaciones ha cumplido el gobierno. Es más, la juntas de vecinos ven con alarma el comportamiento del gobierno respecto a los candidatos avalados por el MAS, saltando a las propias selecciones barriales. Se montó una escandalosa maniobra para sacar a la dirigente carismática Fany, castigada por ser crítica; incluso se llegó al extremo de atentar contra su vida. Sacándola de en medio, primero se impuso a un dirigente cuestionado por las bases, después a un candidato cuestionado por la ciudad, candidato que sale elegido apenas, con una notoria disminución de votos para el MAS, disputando esta posibilidad con una candidata joven de un partido de minoría, caracterizado como de centro-derecha. Ahora el alcalde elegido es cuestionado por movilizaciones populares, que piden su revocatoria de mandato. La ciudad de El Alto ha vuelto ha manifestarse pidiendo seguridad ciudadana ante la ola de atracos y asesinatos de los llamados “cogoteros”. En otras ciudades también aparecen conflictos locales, incluso menores, por ejemplo, conflictos provocados por reclamos de los vecinos en relación a la desatención municipal al derrumbamiento de sus casas en la época de lluvias, protestando contra la abandono de los gobiernos, tanto del gobierno central como del gobierno autónomo municipal correspondiente. En la ciudad de Santa Cruz también se han producido innumerables protestas, aunque de carácter más grupal y barrial, más en el sentido de pronunciamientos que de movilización, sobre todo en lo que respecta a la seguridad ciudadana. Dicen que la policía, el gobierno municipal, tampoco el gobierno central, las asambleas legislativas, la central y la autónoma, no acuden a resolver la problemática situación de vulnerabilidad de los ciudadanos debido a la expansión de la delincuencia, atracos y asesinatos. En este marco de reclamos, también se hacen conocer denuncias en relación al incumplimiento de obras y acusaciones de corrupción.

Todo este conjunto de problemas son reales, no son inventos de la conspiración de la derecha, como acostumbra decir el gobierno, como acostumbra a desentenderse de los problemas. Este conjunto de problemas civiles y sociales deben ser interpretados no sólo desde la perspectiva puntual y descriptiva de los discursos y de los hechos, sino que debe también ser analizados a partir de lo que podemos llamar y comprender, en su integralidad, como crisis del proceso.

Espesores histórico-políticos y económicos

Volvamos al tema del TIPNIS y también en consecuencia de la IX marcha indígena. Ciertamente podemos ver que el conflicto del TIPNIS además de ser un atentado contra un área protegida, protegida por leyes ambientales, un atentado contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, constitucionalizados, por ser territorio indígena, también se ha convertido en un conflicto de magnitud. Esto debido a que el conflicto muestra las contradicciones más profundas del proceso, desgarradores contradicciones que ponen en cuestión la misma política implementada por el gobierno, que no se parece en nada a los caminos propuestos por la Constitución. Todo lo contrario, se parece a lo hecho por los gobiernos anteriores, sobre todo en lo que respecta al modelo económico. No se trata de aseverar de que se trata de un nuevo gobierno neoliberal; el problema no se reduce a la continuidad del proyecto neoliberal. La lucha de los movimientos sociales del 2000 al 2005 fue precisamente contra este modelo y las políticas privatizadoras. El gobierno popular que se conforma después de las elecciones del 2005 inicia un proceso de nacionalización y convoca a

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través del congreso a la Asamblea Constituyente. No se puede decir que se trata de un gobierno neoliberal cuando se abre un camino de fortalecimiento del Estado, de intervención del Estado en la economía, de apoyo a las empresas publicas, de formación de empresas públicas, aunque estas empresas públicas no hayan dado los resultados esperados. El problema no se reduce a la identificación de cuánto del proyecto neoliberal ha quedado, como es el caso de la presencia del decreto 21060, que inicia en 1985 la implementación del modelo de libre mercado y de competitividad, de privatización y de suspensión de los derechos sociales y de los trabajadores. Tampoco de identificar la permanencia de la gravitación de las empresas trasnacionales en las áreas estratégicas de los hidrocarburos y la minería. La comprensión de la problemática de la dependencia exige la visualización de condicionantes más profundas. El modelo apuesto al neoliberalismo, el modelo nacionalista estatal, el modelo basado en las nacionalizaciones y el control de los recursos naturales, si bien es de alguna manera antagónico al proyecto neoliberal, no deja de ser también un modelo liberal, pero sobre todo, no deja de ser también una modulación del circulo vicioso de la dependencia. Esto se debe a la relación que tienen ambos modelos contrapuestos con el paradigma del extractivismo. En la medida que repiten esta relación con la extracción y explotación de los recursos naturales, exportando materias primas al mercado externo, lo hagan de una forma o de otra, reproducen las relaciones de subalternidad con el centro del sistema-mundo capitalista, reproduciendo también la dependencia. En este sentido se dice, que el gobierno popular hace lo mismo que los gobiernos que le antecedieron, sean nacionalistas, liberales o neoliberales, reproduce el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.

Este es el problema de fondo; ¿cómo escapar a la condena colonial del extractivismo? ¿Cómo escapar al círculo vicioso de la dependencia? Mientras no se resuelva este problema, las diferencias entre el modelo neoliberal y el modelo nacionalista estatal son importantes en lo que respecta al control estatal y al impacto en los ingresos de una economía rentista, pero estas diferencias no son lo suficientemente distintas en relación al modelo extractivista. A la luz de esta vigencia colonial, de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ambos modelos incluso pueden intersectarse, mezclarse, con la consecuencia irremediable de continuar la condena de la estructura de sometimiento, expiación de la articulación extractivista con el mercado externo, que lleva irremediablemente a la subalternidad de la dependencia. El proyecto de Estado-nación del nacionalismo revolucionario no ha construido la base de la industrialización, se ha limitado a recuperar para el Estado los recursos mineralógicos, los yacimientos y centros mineros, entregando en cambio los recursos hidrocarburíferos a una empresa trasnacional norteamericana, la Gulf Oil. Los nacionalismos militares han seguido la misma ruta con mayor o menor intensidad; el general David Toro23 nacionaliza la Standard Oil

23 El gobierno del general David Toro presidió una junta cívico-militar, la junta estaba apoyada por los sectores jóvenes del ejército, partidarios de cambios en el país. Una vez en la presidencia Toro realizó cambios sociales significativos, inició reformas sociales; bajo su mandato, se comenzó a elaborar una nueva Constitución, estructurada a partir de los principios del Constitucionalismo social. Se creó el Ministerio de Trabajo y el de Previsión Social; se estableció la jornada de ocho horas, instituyendo la obligatoriedad de sindicalizarse. Se fundó el Banco Minero para apoyar mediante créditos al principal sector productivo, principalmente a los mineros pequeños. Se creó también el Ministerio de Minas y Petróleo. La medida más importante de su gobierno indudablemente fue la reversión de todos los bienes y concesiones que sobre los recursos naturales se habían hecho a la empresa petrolífera

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en 1937 y funda Yacimientos petrolíferos Fiscales Bolivianos; el general Ovando Candia24 nacionaliza la Gulf Oil en 1969 y el general Juan José Torres25 nacionaliza la mina Matilde en 1971. Aunque podríamos anotar una pequeña diferencia en lo que respecta a ciertas medidas de la gestión de Ovando Candia, pues en su gobierno se apuesta a un proyecto largamente anhelado, la metalurgia, la fundición de estaño26, si bien este proyecto por sí solo no basta para armar una base industrial de las materias primas minerales, menos para convertirse en la plataforma de la revolución industrial en Bolivia. En todo caso, en general, los nacionalismos no pudieron salir del modelo extractivista. Ciertamente, como se ve, distinguimos estos gobiernos militares nacionalistas de otros gobiernos militares francamente entreguistas; no hablamos de gobiernos militares supeditados a la geopolítica de la dominación estadounidense, embarcados, como otros gobiernos latinoamericanos, en la lucha contra el comunismo, respondiendo al marco condicionante de la guerra fría, guerra inventada por las potencias vencedoras de la segunda guerra mundial. Este es el caso de gobiernos militares

estadounidense Standard Oil. Esta reversión se produjo por la Resolución Suprema que dictó el 13 de marzo de 1937, y fundó Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, que se sería el nuevo organismo para la exploración y explotación de los hidrocarburos dentro de todo el territorio nacional. Así se inicia la explotación petrolífera a cargo del Estado. 24 En el segundo gobierno del general Alfredo Ovando Candia las medidas políticas más importantes fueron la nacionalización del petróleo, así como, en consecuencia, la expropiación a la Gulf Oil Co. Esta Nacionalización convirtió a Bolivia en propietaria de sus propios recursos naturales. Otra medida de trascendencia fue la instalación de la primera fundidora de estaño en el país. 25 El general Juan José Torres asumió el poder empujado por un levantamiento popular, con participación de trabajadores, organizaciones campesinas, el movimiento universitario y un sector de los militares leales. Este hecho aconteció el 7 de octubre de 1970; la huelga general indefinida declarada por la COB tiene por objeto detener el golpe de estado en contra el gobierno del general Alfredo Ovando Candía. Durante su breve gobierno se realizó la nacionalización de la Mina Matilde; también se decretó la nacionalización de las Colas y Desmontes, la expulsión de los Cuerpos de Paz de los Estados Unidos, se dispuso un aumento presupuestario significativo a las universidades bolivianas, la creación de la Corporación de Desarrollo y el Banco del Estado, fuera de subir el salarial de los mineros. 26 Jorge Lema Patiño: Con la instalación de la Fundición de Estaño de Vinto por la empresa Klockner de Alemania, se da inicio a la moderna metalurgia en el país, incorporando el horno Fuming y la electrólisis del estaño en base al cresol sulfónico. Esta Fundición fue construida (1970 al 1975) por etapas hasta alcanzar la capacidad actual de aprox. 48,000 toneladas anuales de concentrados de Alta Ley (45 – 55%Sn. Modernización de la Fundición de Estaño de Vinto. Documento presentado al Congreso Nacional de Metalurgia y Ciencia de Materiales. Julio 2006; Oruro – Bolivia.

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como los del general René Barrientos Ortuño27 y después del general Hugo Banzer Suarez28. Estos gobiernos militares pro-imperialistas asumieron una política entreguista y tempranamente de desnacionalización, adjudicando las reservas fiscales de COMIBOL a la minería mediana, como ocurrió durante el gobierno de Barrientos, y aprobando el Código del Petróleo, que abre las compuertas de los recursos y las reservas hidrocarburíferas a las empresas trasnacionales, como ocurrió durante el gobierno de Banzer.

Este es el problema de fondo, las condicionantes estructurales del extractivismo, que genera el círculo vicioso de la dependencia. No es fácil escapar a esta condena estructural de larga duración; no han podido hacerlo los gobiernos nacionalistas. Este anclaje gravitante en el extractivismo no sólo acontece en el país, es una característica común en las periferias del

27 El general René Barrientos Ortuño fue elegido en 1964 vicepresidente de la República acompañando a Víctor Paz Estenssoro a la presidencia. En condición de vicepresidente conspiró un golpe de Estado, diseñado por la CIA, para acabar con lo último que quedaba de la revolución nacional de 1952. Después del golpe de Estado de noviembre de 1964, estuvo en su primera presidencia por aproximadamente siete meses. Su segunda presidencia duró aproximadamente lo mismo, compartiendo con el general Alfredo Ovando Candia el binomio miliar. Su tercera presidencia, esta vez elegido en las urnas, duró un poco menos de tres años, desde 6 de agosto de 1966 hasta el 27 de abril de 1969. Murió en lo que parece ser un accidente de helicóptero, en el que viajaba seguido, en constante campaña; empero hay voces que dicen que fue un atentado. Fue un presidente populachero, que hablaba quechua, se granjeó el apoyo de los campesinos del valle. En cambio se enfrentó desde su primera presidencia a los obreros y mineros, persiguiéndolos y disminuyendo sus salarios. Durante la guerrilla del Che intervino las minas y masacró a los mineros, acusándolos de apoyar a la guerrilla. Este hecho de sangre es conocido como la masacre de San Juan, por haberse perpetrado precisamente en la noche de San Juan, cuando los mineros de Siglo XX festejaban con fogatas en una de las noches más frías del año. 28 El general Hugo Banzer Suarez asumió el cargo de presidente en 1971, mediante un golpe cruento contra el gobierno progresista del general Juan José Torres, gobierno en el que se instaló la Asamblea Popular. Este general de derecha, al servicio de la dominación estadounidense en la región y en el país, instauró una férrea dictadura, inicialmente apoyado en principio y en alianza con dos partidos políticamente enfrentados, el MNR, de concepción nacionalista, y la FSB, de inspiración fascista. Hugo Banzer ya estuvo antes involucrado en las esferas de gobierno, durante el gobierno militar del general René Barrientos ocupó el cargo de ministro de Educación. Después de un breve tiempo en el gobierno, entre sus primeras medidas, ilegalizó a los partidos políticos, incluyendo sus aliados. Fue una dictadura en pleno sentido de la palabra. La dictador militar que presidió duró el lapso de siete años; en su recorrido dejó una huella de muerte, de asesinatos, encarcelados y exilados, ocasionando incontables denuncias de violaciones a los derechos humanos. Su gobierno participó en el Plan Cóndor; operativo de represión secreto y encubierto anti-comunista y anti-izquierdista, ensamblado por los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile y Bolivia, durante la década de los años 70. Una década que se puede nombrar como la de la guerra sucia. Durante este periodo Bolivia suministró, principalmente a Chile y a Argentina, información sobre el movimiento de los que las dictaduras militares consideraba subversivos, quienes se encontraban dentro del territorio del país; lo mismo hacían los otros gobiernos militares. La dictadura militar fue prácticamente derrotada en 1978 por una larga huelga de hambre de mujeres esposas de mineros; esta huelga de hambre se extendió por todas partes, en las ciudades capitales, apoyada por las múltiples organizaciones sociales del país y la COB. Después de la caída de las dictaduras militares y la convocatoria a elecciones, el Congreso Nacional de Bolivia intentó enjuiciar a Banzer por crímenes de lesa humanidad y otros delitos políticos ocurridos durante su dictadura; sin embargo, el juicio de responsabilidades no llegó a producirse por la complicidad de los partidos de derecha, entre los que se encontraba el MNR. El principal impulsor del juicio de responsabilidades fue Marcelo Quiroga Santa Cruz. El insigne líder socialista murió asesinado durante el golpe de Estado perpetrado por el general Luis García Meza en 1980. Este general, quien fue juzgado y condenado a prisión, declaró que quienes asesinaron a Quiroga Santa Cruz eran paramilitares que recibieron órdenes de Banzer.

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sistema-mundo, acontece en Sud América; incluso en un caso tan promisorio como la emergencia industrial de Brasil, el problema del extractivismo parece irradiarse tanto en las formas de su antigua condición como en la nueva, el neo-extractivismo. Ha emergido una potencia regional en el contexto del reacomodo de las estructuras dominantes del sistema-mundo capitalista, básicamente por el desplazamiento de la metalurgia y la industria pesada desde el centro del sistema-mundo hacia ciertos lugares pujantes de la periferia, en un proceso caracterizado como de desindustrialización del centro del sistema-mundo. Empero a pesar de esta revolución industrial, acompañada por la revolución cibernética, Brasil sigue reproduciendo las condiciones de la dependencia y de lo que llama Francisco de Oliveira el neo-atraso brasilero. La situación de este anclaje gravitante en el extractivismo es mil veces peor para Bolivia, donde no se ha podido crear una plataforma metalúrgica y la industrialización de los hidrocarburos. Tanto para Brasil como para Bolivia los problemas relativos a la dependencia se hacen cada vez más acuciantes en una coyuntura caracterizada por el agotamiento de la energía fósil y definida por la crisis ecológica. El extractivismo, el neo-estractivismo, la industrialización, la biotecnología de los transgénicos, han puesto en peligro la vida en el planeta. ¿Qué hacer ante la creciente demanda de las poblaciones? ¿Cuál la salida para afrontar el atraso, el neo-atraso, sobre todo las condicionantes, las determinantes y las consecuencias de la dependencia? No se puede renunciar a la industrialización, pero tampoco se puede aceptarla a un costo ecológico alto; aunque se tiene una certeza, se tiene que lograr acoplarse a la revolución cibernética, pero sin destruir los saberes colectivos y las tecnologías tradicionales. En el marco de estos dilemas, sin embargo, hay dos postulados claros, romper con el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente y encaminarse a la soberanía alimentaria.

Ahora bien, estos postulados qué significan con respecto a la relación con el mercado interno y el mercado externo, qué significan con relación a la industrialización y qué significan con relación a la frontera agrícola y el equilibrio ecológico. Por lo menos desde una perspectiva teórica se ha dicho que de lo que se trata es de fortalecer, expandirá y dinamizar el mercado interno, cohesionando a la sociedad en relación a sus circuitos endógenos; desconectarse del mercado externo, independizarse de sus condicionamientos e imposiciones; optar por una industrialización de tecnologías limpia, que favorezca las demandas del mercado interno, no las exigencias del mercado externo; no ampliar la frontera agrícola, pasar de una agricultura extensiva y depredadora a una agricultura intensiva y ecológica; restablecer las armonías con los ecosistemas y los nichos ecológicos.

Obviamente esta transición desde un modelo extractivista hacia un modelo no-extractivista no es nada fácil, sobre todo cuando por lo menos las tres cuartas partes del ingreso y el 85% del valor de las exportaciones dependen de la explotación extractiva. Empero, ante este mapa condicionante que amarra la economía al modelo extractivista, nunca hay que olvidar que no se trata de mantener esta dependencia, de reproducir una economía rentista, y mucho menos se trata de dejar que las empresas trasnacionales se lleven las materias primas aprovechando este punto de partida de la acumulación de capital, este control de las condiciones iniciales de la producción, para beneficiarse de los efectos multiplicadores de la cadena productiva, de la generación acumulativa de ganancias. Las empresas trasnacionales son la estructura logística

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de la acumulación ampliada de capital que controla el centro del sistema-mundo. La decisión de dejar el modelo extractivista es ineludible, es de vida o muerte. Tiene que ver con la salida del círculo vicioso de la dependencia y de un desarrollo que genera subdesarrollo.

En una investigación del CEDLA sobre la economía boliviana, concentrada en el análisis de coyuntura y en las características de la estructura económica del momento, se llega a una conclusión alarmante. Se dice que la política económica, aplicada en los últimos años, en las dos gestiones del gobierno de Evo Morales, acentuó los grandes problemas estructurales del país, con un Estado más rentista y una economía cada vez más dependiente de las materias primas y del capital transnacional29. En el cuaderno de coyuntura numero tres, dedicado a una evaluación del gasolinazo, se sostiene que:

La actual política económica se orientó a profundizar el patrón primario exportador, que tiene como consecuencia el debilitamiento y el abandono del sector interno de la economía, pues sigue siendo una economía dominada por el capital monopólico que aprovecha los recursos naturales nativos y la explotación de la fuerza de trabajo local, pero que realiza y acumula la plusvalía fuera de nuestras fronteras30.

De acuerdo al estudio, la actual economía boliviana se caracteriza por un insuficiente y limitado crecimiento económico, una mayor y creciente dependencia de las materias primas, un peligroso aumento de las importaciones, una crisis en los sectores productivos de la industria y el riesgo de una crisis energética que se expresa en insuficiente producción de electricidad y de petróleo. Este cuadro es acompañado, además, por una precaria situación de las finanzas públicas, creciente endeudamiento interno, aumento de la inflación y del costo de vida para los más pobres y un deterioro en la calidad de vida de los trabajadores y asalariados31.

En el análisis se identifica siete grandes problemas del país. El primer problema tiene que ver con el limitado crecimiento económico; el segundo problema tiene que ver con la creciente dependencia de las materias primas; el tercer problema, como consecuencia del anterior, tiene que ver con la valorización de los precios de las materias primas reduciéndose, en cambio, la valorización de las exportaciones no-tradicionales; el cuarto problema tiene que ver con un peligroso incremento de las importaciones; el quinto problema tiene que ver con la precaria situación de las finanzas públicas, debido al aumento del crecimiento del gasto y disminución del crecimiento del ingreso; el sexto problema tiene que ver con la inflación, sobre todo de los alimentos; y el séptimo problema tiene que ver con la crisis energética, es decir, con la insuficiente producción de líquidos, con el estancamiento de la producción de gas y la reducción de las reservas32.

Puede preverse entonces el estallido una crisis económica a mediano plazo. Podemos interpretar esta situación como relativa a las crisis de los ciclos medios de la economía, en este caso vinculados a los ciclos de las materias primas. En el marco de este modelo no hay una salida, sino un círculo vicioso.

29 CEDLA: Análisis de la política económica, fiscal y petrolera. Gasolinazo: Subvención popular al Estado y a las petroleras. Análisis económico. Cuadernos de Coyuntura 3. Plataforma energética. La Paz, septiembre de 2011. 30 Ibídem.31 Ibídem.32 Ibídem.

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En este contexto es donde debemos situar el conflicto del TIPNIS. La carretera que atravesaría el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure es parte de este proyecto extractivista, mas bien su consecuencia desesperada. ¿Por qué una carretera que atraviese una región rica en biodiversidad, que es territorio y parque? Porque se trata de ampliar la frontera agrícola, no se la va ampliar por el lado de dominio de los colonizadores y hacendados, por el lado de Santa Cruz, tampoco por las áreas de ocupación de los colonizadores, por el lado del norte de La Paz. Estas regiones están ocupadas; la ampliación de la frontera agrícola es susceptible de hacerla a través de los territorios de contención de esta frontera, que son precisamente los territorios indígenas y parques. ¿Por qué la ampliación de la frontera agrícola es complementaria de la economía extractivista? La forma de explotación extractiva de las materias primas, de la minería y los hidrocarburos, destructiva, depredadora y contaminante, tiene como complemento a una agricultura expansiva, depredadora, también destructiva, con tendencia a usar transgénicos y dedicarse al monocultivo rentable. Asociada a esta agricultura se encuentra la ganadería también expansiva y depredadora, que requiere grandes cantidades de espacio para el ganado. En este mapa depredador debemos incluir a las empresas madereras desforestadoras y destructivas de bosques. Como se puede ver, se trata de una misma lógica; en la explotación extractiva de materias primas y en la agricultura-ganadería-desforestación, se desenvuelve la lógica del dominio y destrucción de la naturaleza, la lógica de la transferencia de los costos a la naturaleza, costos que nunca son cubiertos ni contabilizados por la economía capitalista.

La carretera Villa Tunari a San Ignacio de Moxos es una salida a la presión sobre la frontera agrícola del monocultivo de la coca, de las empresas madereras, y quizás de los hacendados y terratenientes, dedicados también al monocultivo rentable. La carretera, al formar parte de una red de comunicación y de transporte, red que amplia el mercado y los tráficos, que conecta mercados y moviliza recursos como mercancías, vincularía en este caso espacios económicos de Brasil con los puertos del Pacífico, y por esta vía marítima con el gran mercado del Asia. Los ganaderos de Rondonía están sumamente interesados con llevar carne de res al mercado de Asia. En este mapa de intereses se puede ver la razón necesaria y suficiente de la compulsión por la carretera; aquí, en esta distribución de intereses, se encuentra la causa de la construcción de la carretera, se encuentra la razón del por qué la carretera en cuestión forma parte del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Esta es también la razón por la que, la carretera, al formar parte del modelo extractivista, impulsa al gobierno a mover todos sus recursos para imponerla, incluso la ocupación militar.

“Geopolítica” extravagante

Uno de los argumentos más extraños que ha usado el gobierno para justificar la construcción de la carreta es una supuesta estrategia geopolítica. Si dice que se busca aislar a la oligarquía cruceña del control del espacio amazónico, concretamente de los departamentos del Beni y Pando, vinculándola más bien con el Chapare y Cochabamba. Al escuchar y leer estos argumentos se nota que la geopolítica se ha reducido a una caricatura, tomada en serio sin embargo por el propio vicepresidente. Este argumento incluso ha sido tomado gravemente por una antropóloga, que ha hecho manifiesta sus inclinaciones tardías por la geopolítica. No solamente estamos ante aprendices de brujo sino ante el mayor desprecio a la opinión, es decir al raciocinio de la gente, y a la opinión pública. ¿Puede hablarse de esta manera cuando la oligarquía cruceña, los estratos agroindustriales de la burguesía, son los aliados del gobierno y sus políticas extractivistas? Esta es otra coyuntura, ya no es la de la etapa de enfrentamiento con las oligarquías regionales; esta etapa acabó en el Porvenir y con el Estado de sitio en Pando. Ahora el gobierno le ha regalado a la oligarquía regional en la cumbre social la

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suspensión por cinco años del saneamiento de tierras, la suspensión por cinco años de la exigencia de la función económica y social, la suspensión por cinco años de sanciones por delitos de desforestación ilegal.

La geopolítica no se reduce a una carretera. En todo caso, ¿por qué una “geopolítica” se juega el todo por el todo en una carrera que atravesaría el núcleo del territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, donde no hay casi comunidades asentadas? ¿No puede pasar esa carretera “estratégica” por otro lado, por los bordes del parque? ¿Y qué hay de las carreteras que conectan el departamento de La Paz con el departamento del Beni, carreteras desatendidas, accidentadas, vulnerables y la mayor parte de tierra? ¿Por qué no se atiende estas conexiones entre los Yungas y los llanos del Beni? A estas preguntas obviamente no responde el gobierno y sus agoreros.

El investigador Tristan Platt escribió un artículo sugerente donde muestra que esta obsesión por la carretera que conectaría Cochabamba con Moxos data de los tiempos de la Colonia. El diseñador y soñador de la misma era un militar español apellidado Flores, mandado a combatir la rebelión indígena encabezada por Tupac Katari, oficial español que llevó presa a Bartolina Sisa. Tristan Platt encuentra sintomático que se empleen los mismos argumentos que en la época de la colonia para construir la carretera, incluso el argumento geopolítico.

Conclusiones

1. El proceso se ha acercado a una coyuntura decisiva para el decurso mismo del proceso. En esta coyuntura se juega la reconducción del proceso a sus causes iniciales o el definitivo desbarrancamiento del proceso, hundido en sus propias profundas contradicciones insoslayables.

2. El mapa de fuerzas de la coyuntura es amplia y diferencial, es también dinámico; su dinamismo tiene que ver, además de con las reivindicaciones particulares, con la crisis misma del proceso, crisis que hace estallar junto a las contradicciones principales, las contradicciones secundarias. La IX marcha indígena tiene la tarea imprescindible de integrar un programa de movilización que comprenda la reconducción del proceso e incorpore las reivindicaciones de todos los sectores populares afectados.

3. La coyuntura, por más puntual que sea, no puede interpretarse sino a través de una

mirada histórica, contiene espesores histórico-políticos y económicos que deben apreciarse para leer el tejido de tendencias y el campo de posibilidades abierto.

4. En los marcos del teatro político y de los montajes escénicos del gobierno, éste ha caído en la caricatura de la diatriba, interpreta como geopolítica un pedestre proyecto sostenido por los intereses más mezquinos y depredadores, la carretera de San Ignacio de Moxos a Villa Tunari. Podemos llamar a esta parodia política “geopolítica” de la extravagancia.

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