posicionamiento dominicanos por derecho: reclamamos intervención presidente para hacer cumplir ley
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Reclamamos intervención presidente y el Congreso Naional para hacer a la Junta Central Electoral cumplir ley. Comunicado de prensa 8 de octubre de 2014.TRANSCRIPT
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RECLAMAMOS LA INTERVENCIÓN DEL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y DEL
CONGRESO NACIONAL PARA HACER A
LA JCE CUMPLIR CON LA LEY” C O M U N I C A D O D E P R E N S A DO M I N I C A N @ S X DE R E C H O 8 D E O C T U B R E 2014
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#QuelaJuntaCumpla #RestituciónPlenaRD #Niunpasoatrás
La Plataforma Dominican@s por Derecho rechaza categóricamente las recientes acciones de la
Junta Central Electoral, instancia que mantiene su actitud desafiante a los mandatos del Poder
Ejecutivo y el Congreso Nacional, persistiendo en la negativa de devolver el acceso a sus
documentos de identidad a miles de dominicanos destinatarios de la Ley 169-14.
La JCE ha dispuesto administrativamente nuevos procedimientos a la auditoría del Registro Civil
que lleva a cabo con lentitud, ineficacia y sin definir objetivos claros. El pasado 23 de septiembre,
a través de un órgano de comunicación interno, convocó a unas 13 mil personas a entrevista con
sus inspectores, en franca desobediencia al régimen especial planteado en la Ley 169-14, que
ordena la acreditación de la nacionalidad dominicana sin agotar ningún trámite administrativo
a cargo del beneficiario.
En un interrogatorio a puertas cerradas, al que no se permite la asistencia de defensores legales,
los inspectores solicitan pruebas que avalen la nacionalidad de dominicanos ya inscritos en el
Registro Civil, con la potestad discrecional de decidir sobre la nulidad de sus actas de nacimiento
y enviarles directamente al libro de extranjería sin que antes medie un proceso judicial en el que
se respeten las normas del debido proceso.
En la práctica los beneficiarios de la Ley 169-14 siguen confrontando los mismos problemas que
antes para realizar actos de la vida civil como obtener copia legalizada de su acta de nacimiento,
cédula de identidad y electoral, pasaporte, contraer matrimonio o declarar a sus hijos.
Obstruir de forma tan burda y deliberada la correcta implementación de la Ley 169-14, no
tiene otro objetivo que utilizar un tema sensible y de gran interés nacional para distraer a
la opinión pública que cuestiona el accionar de la JCE en otros ámbitos como la
transparencia en la administración de sus fondos, además de constituirse en sí mismo en
un despilfarro de recursos públicos que pueden ser aprovechados en mejores propósitos.
En un verdadero Estado de Derecho, no es posible que funcionarios públicos se adjudiquen la
facultad de inventarse y aplicar sus propias normas y procedimientos administrativos al margen
de las leyes legítimamente emanadas por el Poder Legislativo en representación del pueblo. Al
actuar en la forma como lo ha venido haciendo, la JCE no solo viola las disposiciones y los
derechos fundamentales restituidos por la Ley 169-14 a los dominicanos y dominicanas de
ascendencia haitiana inscritos en el registro civil dominicano, sino que infringe también las
normas del Código Civil que disponen que las actas sentadas en los registros del estado civil “se
tendrán por fehacientes, mientras no sea declarada su falsedad”.
El ejercicio de los derechos fundamentales, como lo es el derecho a la nacionalidad y al
reconocimiento de la personalidad jurídica, sólo puede ser regulado por la ley según lo establece
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el artículo 74 de la Constitución. De manera que al limitar, restringir y/o suspender por vías de
hecho los derechos reconocidos en el Código Civil y restituidos en la Ley 169-14, la JCE incurre
de igual forma en franca violación a la Constitución de la República.
En cualquier país civilizado del mundo, que se reconozca a sí mismo como un Estado Social y
Democrático de Derecho, resultaría rotundamente inaceptable que el organismo a cargo del
registro civil y de la organización de los comicios electorales, pueda de manera arbitraria,
deliberada y discrecional privar de su derecho fundamental a elegir y ser elegidos a ciudadanos
que ya han votado, son miembros o dirigentes de partidos políticos e incluso podrían ostentar
actualmente cargos de elección popular.
Todo lo dicho constituye por parte del Presidente de la JCE la comisión de faltas graves en el
ejercicio de sus funciones, que lo hace susceptible de ser objeto de juicio político por parte del
Senado y la Cámara de Diputados en los términos establecidos en los artículos 83.1 y 80.1 de la
Carta Magna.
Finalmente, reclamamos la intervención del Presidente de la República en su condición de jefe de
Estado y de gobierno, así como de diputados y senadores en su condición de legítimos
representantes del pueblo dominicano, para que sometan a la Junta Central Electoral al estricto
apego del Estado de Derecho, y en consecuencia, reconozca sin más dilaciones la nacionalidad
de los hijos e hijas de extranjeros inscritos en el registro civil y nacidos en el país entre 1929 y
2007, sin exigir ningún trámite administrativo a su cargo, tal y como lo ordena en su artículo 2 la
Ley 169-14 promovida por el Poder Ejecutivo, aprobada a unanimidad por el Poder Legislativo, y
que recibió el beneplácito de los principales organismos internacionales como las Naciones
Unidas y la Unión Europea.
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Para su información: Dominican@s X Derecho es el grupo de organizaciones y personas que reivindican los derechos de
los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la Sentencia 168-13 dictada
por el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana.