portadilla libro elecciones 2017

Presentación I

· Capítulo I. El tema de la seguridad en la

agenda electoral del año 2017.

- Víctor Meza -

01

1.

2.

3.

Introducción.

Agenda electoral 2017.

a. Reforma policial.

b. Integralidad del sistema.

c. Policía comunitaria.

d. Legislación policial y meritocra-

cia.

e. Prevención y represión.

Conclusiones.

01

05 10

11 11

12

13

15

· Capítulo II. El manejo de la corrupción

en el discurso electoral 2017.

- Leticia Salomón -

17

1. Precisión conceptual. 17

Centro de Documentación de Honduras - CEDOH

2.

3.

4.

5.

Corrupción, contexto y proceso elec-

toral.

a. Alianza contra la Dictadura.

b. Partido Liberal.

c. Partido Nacional.

d. Otros partidos.

El manejo electoral de la corrupción.

Conclusiones.

Fuentes utilizadas.

21

23 25 27

28 23

34 37

· Capítulo III. El manejo de la migración

en el discurso electoral 2017.

- Leticia Salomón -

39

1.

2.

3.

4.

5.

Precisión conceptual.

Migración, contexto y proceso elec-

toral.

El manejo electoral de la migración.

a. Alianza contra la Dictadura.

b. Partido Liberal.

c. Partido Nacional.

d. Otros partidos.

Conclusiones.

Fuentes utilizadas.

39

41 42

43 46

47 48 53

56

· Capítulo IV. Institucionalidad y partidos

políticos en la agenda electoral 2017.

- Manuel Torres Calderón -

57

1.

2.

Introducción.

Qué es la institucionalidad hondu-

reña.

a. Propuesta mínima de crea-

ción de nuevas instituciones.

b. Propuesta mínima de institu-

ciones que eliminar o modifi-

car.

57

59

61

63

Contenido

3.

4.

5.

El Estado hondureño y el desafío del

siglo XXI.

a. En qué condiciones se en-

cuentra el Estado hondureño.

b. ¿Cómo caracterizan el Es-

tado actual las tres fuerzas

políticas mayoritarias que

disputan el poder electoral?

c. Propuesta de los partidos po-

líticos sobre el presidencia-

lismo.

El debate político electoral deseado.

a. Pilares u objetivos centrales

de las propuestas.

¿Qué proponen los candidatos presi-

denciales y sus asesores sobre temas

centrales de la institucionalidad?

65

66

71

77 83

83

87

· Capítulo V. Sociedad civil y agenda elec-

toral 2017.

- Manuel Torres Calderón -

93

1.

2.

Contexto de la sociedad civil hondu-

reña en 2017.

Principales temas en la agenda de las

organizaciones de sociedad civil.

a. Propuestas y promesas socia-

les.

b. Líneas generales estratégicas

de las OSC en el contexto

electoral.

c. ¿Cuál es la posición e inter-

pretación de los partidos po-

líticos respecto a la sociedad

civil hondureña?

93

100

107

112

116

Página | I

principios del año 2017, el Centro de Documentación de

Honduras (CEDOH), con el decidido apoyo del estadou-nidense Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en

inglés), diseñó y dio inicio a un proyecto de análisis comparativo de los planes de gobierno y las propuestas electorales de los di-

ferentes partidos políticos y sus respectivos candidatos presiden-

ciales en las elecciones correspondientes a ese año.

En esas elecciones participaron diez agrupaciones políticas y

nueve candidatos presidenciales. Todos ellos, con mayor o me-nor consistencia y seriedad, presentaron planes y propuestas de

gobierno que pondrían en práctica en caso de ganar el torneo electoral. Las propuestas, como era de esperar, mostraban sus-

tanciales diferencias tanto en su calidad y rigor científico, como

en la seriedad del diagnóstico y en la viabilidad de cumpli-miento.

Aunque se analizó el contenido de todas las ofertas electorales,

el análisis comparativo, como se comprenderá, se concentró en

los planes de gobierno de los tres candidatos con mayores pro-babilidades de triunfo: Juan Orlando Hernández, del Partido Na-

cional; Salvador Nasralla, de la Alianza de Oposición contra la

Dictadura, y Luis Zelaya, del Partido Liberal. El resultado de ese análisis conforma el contenido de este libro que hoy presenta-

mos.

A


Página | II

Para centrar el análisis y demarcar con precisión sus límites, en

un intento por volverlo más concreto y preciso, escogimos cinco

grandes temas sobre los cuales pondríamos el énfasis al mo-mento de revisar y estudiar los planes y propuestas electorales.

Esos temas fueron los siguientes: la seguridad, la corrupción, la

migración, la debilidad institucional y el modelo de relaciona-miento de los partidos políticos con la sociedad civil organizada.

Leímos con detenimiento el texto de los diferentes planes de go-bierno, a la vez que llevamos a cabo entrevistas a profundidad

con muchos de los candidatos o con sus jefes o asesores de cam-

paña. De esa manera pudimos conocer más a fondo su pensa-miento y opiniones sobre los temas de nuestro cuestionario. El

resultado fue un conjunto de insumos valioso para llevar a cabo el ejercicio de análisis comparativo de los textos escritos y de las

ideas expresadas en las entrevistas.

El resultado de este trabajo es el libro que hoy ponemos en ma-

nos de nuestros lectores. En sus páginas podrán encontrar las

ideas, las opiniones y los juicios de valor que tienen los tres can-didatos presidenciales ya mencionados en torno a los problemas

clave de la agenda electoral correspondiente al año 2017.

Los comentarios expresados por parte de nuestros investigadores

son responsabilidad del CEDOH y de ninguna manera compro-meten la opinión y posición doctrinal de nuestros patrocinado-

res. Agradecemos infinitamente la ayuda y colaboración brin-dada por el NDI, sin cuyo apoyo no habrían sido posibles ni el

desarrollo del proyecto ni la publicación final de este libro.

Con la divulgación de este texto, el CEDOH espera contribuir a

una mejor comprensión de la cultura política local y de las ideas

y ofertas electorales que comparten y proponen los dirigentes de

la mal llamada “clase” política criolla. Que sean ustedes, los

lectores, los que tengan y digan la última palabra al respecto.

Centro de Documentación de Honduras

CEDOH

Página | 1

Víctor Meza 1

1. INTRODUCCIÓN

l tema de la seguridad ha estado presente con fuerza propia en la agenda nacional desde hace ya varios

años. Así lo demuestran todas las encuestas de opinión, se-rias y creíbles, que se han llevado a cabo desde inicios del presente siglo. Ya en las primeras elecciones generales de este siglo, las del año 2001, el problema de la seguridad pú-blica ocupó un destacado lugar en la agenda electoral de los diferentes candidatos. La propuesta del que resultó ganador, Ricardo Maduro, proclamaba la política de “cero tolerancia” como fórmula salvadora para reducir los altos niveles de in-seguridad y garantizar el debido control y el riguroso castigo

1 Fundador y director del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), ex Ministro de Gobernación y Justicia y se desempeñó como Comisionado presiden-cial para la reforma del sistema de seguridad pública en Honduras.

E


Página | 2

de los criminales. En el siguiente torneo electoral, el del año 2005, el vencedor, Manuel Zelaya, fiel a su propuesta original del Poder Ciudadano, insistió en la idea de la participación de la gente en las llamadas Mesas ciudadanas para encon-trar solución a los múltiples desafíos de la inseguridad. En esa misma elección, el entonces candidato perdedor, Porfirio Lobo, insistió durante su campaña en la propuesta del “puño firme” y hasta llegó a prometer la aprobación de la pena de muerte para castigar a la delincuencia en general y al crimen organizado en particular. En las siguientes campañas electo-rales, las de los años 2009, 2013 y 2017, los temas relacio-nados con la seguridad pública y las diferentes formas de afrontarla siempre han estado presentes, tanto en el discurso personal de los candidatos como en los planes de gobierno y propuestas electorales de sus partidos o agrupaciones po-líticas. Por lo tanto, al hacer el análisis comparativo de las agendas electorales de los tres principales candidatos en la más re-ciente campaña electoral -Juan Orlando Hernández, Salva-dor Nasralla y Luis Zelaya-, el tema de la seguridad no podía estar ausente. Junto a otros temas -la migración, la corrup-ción, la debilidad institucional y el modelo de relacionamiento entre los partidos políticos y la sociedad civil organizada- fue escogido para formar parte de la agenda electoral que hemos sometido a minucioso análisis e interpretación, en el marco de este proyecto de investigación desarrollado por el Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), con el valioso apoyo del estadounidense Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés). A pesar de la gran importancia que el tema adquiere cada día ante los ojos de una población angustiada y casi acorralada por las recurrentes embestidas de la delincuencia y el crimen organizado, las cúpulas dirigentes de los partidos políticos no han mostrado el suficiente interés y empeño por estudiar la naturaleza del fenómeno, comprender su carácter multidi-mensional, y abordarlo, por lo tanto, con la debida seriedad y el conocimiento necesario. Este déficit conceptual no es re-sultado de la casualidad o la simple indiferencia. Es el fruto

Capítulo I

Página | 3

de una concepción equivocada sobre la naturaleza real de los fenómenos de la seguridad y la defensa en la agenda na-cional de nuestro país. Por tradición, los políticos locales se han acostumbrado a la idea de que esos temas -la seguridad y la defensa- son asun-tos que competen exclusivamente a los policías y a los mili-tares. Los civiles, por lo tanto, no deberíamos involucrarnos en el manejo de esos desafíos y, mucho menos, en pretender resolverlos. La solución de esos problemas le corresponde a las fuerzas represivas del Estado, que son las llamadas a es-tudiar su origen, controlar su crecimiento y diseñar las mejo-res estrategias y tácticas para combatir a los delincuentes y, eventualmente, derrotarlos. Es más, ese abandono irresponsable de los temas de segu-ridad y defensa, depositando su gestión y manejo en manos de los organismos policiales y castrenses, va generalmente acompañado de un menosprecio y subestimación por los te-mas mismos y de una cómoda actitud de desentendimiento y abulia. La mayoría de los dirigentes políticos del país tienen una visión equivocada sobre la seguridad y la defensa, que los lleva a confundir los roles separados de cada sector y, por lo tanto, a mezclar indebidamente las funciones que corres-ponden a la defensa externa del territorio, por un lado, y al mantenimiento del orden público interno, por el otro. El déficit de conocimiento sobre los temas mencionados, co-rre en forma paralela con la creciente y preocupante ausen-cia del recurso humano civil apropiado para gestionar y ad-ministrar los sectores de la defensa de la integridad territorial y el manejo adecuado de la seguridad interior del país. Si no hay civiles debidamente capacitados para gestionar estos te-mas, tampoco hay ni habrá un liderazgo civil adecuado para diseñar y ejecutar políticas públicas integrales y de largo al-cance en las áreas de la seguridad y la defensa. No es casual que cada vez que los partidos políticos confor-man los equipos llamados a diseñar las propuestas guberna-mentales y los planes de gobierno durante las campañas


Página | 4

electorales, siempre tienden a llamar o reclutar a ex policías o ex militares para que redacten y diseñen los capítulos co-rrespondientes a la seguridad y la defensa. Lo mismo sucede con demasiada frecuencia cuando se conforman los equipos de gobierno y los gabinetes ministeriales. La mal llamada “clase política” local, fiel a su tradición de subordinación rela-tiva ante la fuerza de las armas, se repliega sin decoro y abandona en manos no siempre apropiadas el control de sec-tores clave y decisivos en la agenda nacional del país. La ausencia de un liderazgo civil fuerte y autónomo, ha de-jado abiertas las puertas y los espacios para que sean los hombres de uniforme, militares, policías o, según la costum-bre actual, soldados reciclados rápidamente en policías mili-tares, los que ejerzan un monopolio dañino en el manejo de la seguridad y la defensa. Eso explica, en buena medida, la falta de una política integral coherente y definida en materia de seguridad pública. Otro tanto podría decirse sobre el área de defensa, en donde prevalece el criterio personal de los jefes, por encima de los lineamientos contenidos en el lla-mado Libro Blanco de la Defensa Nacional, un valioso docu-mento elaborado en forma conjunta por civiles y militares en el año 2005. La falta de líderes civiles con suficiente conocimiento sobre estos temas, estimula el fortalecimiento indebido de lideraz-gos militares y policiales que no siempre son acordes con las exigencias del Estado de derecho y los requisitos de la vida democrática. De esa forma, el abandono de estos temas en manos armadas conspira, en el fondo y en la forma, contra el proceso de construcción y consolidación democrática en nuestro país. Pareciera que los dirigentes civiles de la “clase política” no se percatan de la gravedad del asunto y de las consecuencias perjudiciales que tiene para la convivencia política y la gobernabilidad democrática en la sociedad hon-dureña.

Capítulo I

Página | 5

2. AGENDA ELECTORAL 2017

urante la recién pasada campaña electoral del año 2017, hemos podido comprobar, al leer y estudiar las

propuestas y los llamados planes de gobierno de los tres prin-cipales contendientes, el tratamiento diferente y hasta con-tradictorio que los mismos hacen de los temas de la seguri-dad y la defensa. En este capítulo nos vamos a concentrar en destacar y analizar los componentes más importantes de los documentos partidarios en torno al candente tema de la seguridad pública en el país. El vocablo “seguridad”, como ya es sabido, viene del latín se-curitas, conformado por sine (sin) y cura (preocupación, problema), que transmite la idea de un estado de despreocu-pación y complacencia, sin el acecho de amenazas ni la an-gustia que generalmente producen. Es, para decirlo con otras palabras, una sensación de relativa tranquilidad y sosiego. Como tal, el don de la seguridad debe asumirse como un bien público, que debe ser tutelado y garantizado por el pro-pio Estado a través de los llamados cuerpos de seguridad. Al proporcionar seguridad a la población, el Estado genera las condiciones apropiadas para que la gente pueda ejercer el sagrado derecho a la libertad. De esta forma, un nivel acep-table de seguridad es la mejor condición para que cobren vi-gencia debida los derechos y garantías individuales que la Constitución otorga y establece para todos los hondureños. Sin embargo, aunque la seguridad es una obligación del Es-tado, esto no excluye el deber de la corresponsabilidad que debe asumir la ciudadanía en relación con el mantenimiento y garantía de un orden aceptable de seguridad pública. Si la seguridad es función estatal, supone entonces responsa-bilidad del Estado, pero, al mismo tiempo, demanda de la ciudadanía corresponsabilidad social. Aquí entra en juego entonces el concepto de la participación ciudadana. Siendo que la seguridad es un bien público, se requiere en-tonces una política pública para gestionarla. Y el diseño y

D


Página | 6

aplicación de esa política pública deben contar con la partici-pación de la ciudadanía, el “empoderamiento” de la gente en torno a los asuntos de la seguridad, garantizando una apro-piación del tema por parte de la población. Se sientan así las bases para un nuevo modelo de relacionamiento entre los ciudadanos y la policía, entre la comunidad y los operadores del sistema policial, entre la sociedad y el Estado. Es, en buena medida, el punto de partida para la construcción de una policía de carácter comunitario, cercana a la ciudadanía, respetuosa de los derechos humanos, confiable, respetada y apoyada socialmente. Una policía legitimada por su vincula-ción con las personas. Una Policía Comunitaria. Al concebir la seguridad como un bien público, asumimos en-tonces que la misma es un derecho ciudadano y, de igual manera, es la garantía segura para el libre ejercicio de otros derechos. La propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 3, señala el derecho de “todo indivi-duo… a la vida, la libertad y a la seguridad de su persona…” De esta forma, la seguridad, en tanto que derecho ciuda-dano, se transforma también en condición indispensable para el libre ejercicio de los demás derechos. Derecho y con-dición, entre ambos se establece una dinámica dialéctica do-blemente positiva y enriquecedora. La seguridad es, entonces, un concepto multidimensional que encierra en su contenido aspectos muy diversos de la realidad nacional. Debe ser asumida como una condición ne-cesaria para el desarrollo económico del país. Sin un clima apropiado de seguridad, las empresas no funcionan y la in-versión no crece ni llega. Y, a la vez que es condición nece-saria, también actúa como un requisito para el desarrollo in-tegral de la nación. Como podemos ver, pues, la seguridad es un tema dema-siado serio y complicado para dejarlo solo en manos de los policías y los militares. El mundo de la academia, los legisla-dores, los operadores políticos, los funcionarios de todo nivel y los ciudadanos en general, devenimos obligados a conocer

Capítulo I

Página | 7

el tema e involucrarnos en el proceso de construcción y man-tenimiento de un correcto y funcional sistema de seguridad pública en nuestro país. Siendo así las cosas, la ciudadanía debería esperar mayor seriedad y atención por parte de los aspirantes políticos a cargos de elección popular al momento de tratar el tema de la seguridad. Veamos, pues, en qué forma se maneja y ex-pone este tema tan importante en los planes de gobierno de los candidatos y en sus propuestas electorales. El Partido Liberal y la Alianza de Oposición contra la Dicta-dura fueron las primeras agrupaciones políticas, con opción de triunfo, en presentar sus planes de gobierno en forma aca-bada y precisa. El Partido Nacional tardó un poco más y pre-sentó después un resumen (los llamados “siete pilares”) de su propuesta gubernamental. Los tres “planes de gobierno” conceden un capítulo especial al tema de la seguridad, resal-tando su importancia y enumerando las distintas medidas que pondrían en práctica en caso de ganar las elecciones. En el caso concreto de los liberales, en su manejo del tema de la seguridad se advierte la influencia de asesores de ori-gen castrense, que consideran de alguna manera el tema de la seguridad como uno dependiente y subordinado al con-cepto de la defensa nacional. La propuesta de Plan de go-bierno está basada en cinco ejes temáticos, dos de los cuales conciernen en forma directa a las áreas o sectores de segu-ridad y justicia. El concepto de seguridad se acompaña del calificativo humana, para insistir así en lo que denominan Plan de Seguridad Humana. Este Plan tendría cuatro compo-nentes: la prevención, el control, la disuasión y la rehabilita-ción e inserción. El énfasis principal del Plan enfila su conte-nido hacia el individuo, como centro principal del concepto de la seguridad humana. Este concepto, como ya se sabe, entró en circulación mundial en el año 1994, a raíz de la publicación entonces del Informe de Desarrollo Humano (IDH) corres-pondiente a ese año por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se trata de una nueva vi-


Página | 8

sión de la seguridad, desde una perspectiva integral y globa-lizante, inclusiva y abarcadora de aspectos que van más allá de la simple seguridad personal, para incorporar temas que conciernen a la seguridad económica, alimentaria, ambiental, política, etc. Superar la noción de seguridad nacional, cuyo eje central es el Estado, para suplantarla por una noción más integral e inclusiva, que atañe directamente al ser humano como objetivo prioritario de la seguridad. El Plan del Partido Liberal propone “una policía capacitada, profesional, técnica y moderna, cuya gestión se medirá por resultados, con apego a los derechos humanos y sujeta a rendición de cuentas”. Considera que se debe aumentar sus-tancialmente el número de agentes policiales, los que serán sometidos a rigurosos procedimientos de certificación, para que puedan conformar lo que los autores definen como “una estructura fundamental y primaria para el control de la delin-cuencia”. El planteamiento de los liberales adolece, a nuestro juicio, de un conocimiento más concreto sobre los reales problemas que enfrenta la institución policial en estos momentos, y no hace propuestas que puedan permitir una reforma integral de la Policía, acompañada, por supuesto, del diseño de una política estatal de largo plazo en materia de seguridad pú-blica. Sus referencias a la depuración policial son vagas y críticas, sin estar acompañadas de ideas concretas sobre la mejor forma de hacer una depuración que sea parte inte-grante de una verdadera reforma institucional de la Policía hondureña. Ya se sabe que puede haber depuración sin re-forma, pero no es concebible ni posible una verdadera re-forma sin una profunda y sostenida depuración. Los temas de integralidad (coordinación interinstitucional) e integridad (meritocracia y transparencia), conceptos clave en cualquier reforma policial moderna, no están reflejados con la jerarquía que merecen en el planteamiento liberal so-bre la seguridad pública en Honduras.

Capítulo I

Página | 9

Los liberales consideran que la Policía Militar de Orden Pú-blico (PMOP) debe seguir funcionando como un cuerpo poli-cial ad hoc, mientras se lleva a cabo el proceso de depura-ción y limpieza plena de las filas de la institución policial. Creen que se debe aumentar a 25 mil el número de agentes del contingente policial, todos ellos profesionalmente bien preparados y debidamente certificados. En el caso del programa presentado por la Alianza de Opo-sición contra la Dictadura, se advierten sensibles diferencias y hasta posiciones contradictorias frente a las propuestas de su candidato presidencial, Salvador Nasralla. El eje central de la propuesta gira en torno a los siguientes puntos: a) for-talecer la Policía Preventiva, y b) crear lo que llaman Policía Civil Comunitaria. De esta manera, se repite el consabido error de creer que la policía comunitaria es una unidad más dentro del organigrama de la institución policial, algo así como una sección o fuerza especial, dedicada exclusiva-mente a crear un clima de colaboración y confianza con la población civil, a la que se considera más como una fuente de información y no como un espacio de cooperación. Se ol-vida algo fundamental: la policía comunitaria es una filoso-fía, es la doctrina policial que debe suplir el vacío de cultura policial que existe en una institución que estuvo sometida du-rante más de tres décadas a la influencia y el bombardeo ideológico de la doctrina militar. Ahí en donde hay déficit de doctrina policial, el vacío debe ser llenado con la filosofía y doctrina de la policía comunitaria. La propuesta de la Alianza opositora apuesta por continuar, profundizar y ampliar la depuración de las filas policiales, pero Nasralla insiste en demandar el debido proceso y el res-peto a los derechos laborales de los policías sujetos a depu-ración. “La depuración tiene que continuar, nos dijo Nasralla en una entrevista exclusiva para este proyecto de investiga-ción, pero no tiene que hacerse de abajo para arriba, la de-puración tiene que hacerse de arriba para abajo”, es decir comenzando por las cúpulas policiales hasta descender a las filas de los agentes de calle o de la llamada “escala básica”. Este es un concepto correcto, contenido en las propuestas


Página | 10

de la desaparecida Comisión de Reforma de la Seguridad Pública (CRSP, 2012-2014). El candidato del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández, en su doble y ambigua posición de Presidente de la Repú-blica y aspirante ilegal a la reelección presidencial, presentó ante el público un apurado resumen de los llamados “siete pilares”, ejes clave de su propuesta para un nuevo periodo gubernamental. Uno de esos pilares está dedicado a los te-mas de seguridad y defensa. Ahora que se ha convertido de nuevo en el Presidente de Honduras, aunque sea por la vía de un proceso electoral tan cuestionado como deslegitimado, sus ofertas en materia de seguridad, pese a que no son nada novedosas ni sustancialmente diferentes a lo que hemos te-nido y tenemos actualmente, se vuelven “políticas” públicas y oficiales del gobierno nacionalista. Por ello, ameritan un análisis más detenido y extenso en este texto comparativo. a. Reforma policial

En materia de reforma de la institución policial, el gober-nante actual insiste en los siguientes ejes: · Continuidad de la reforma, haciendo énfasis parti-

cular en la institucionalización de la misma. Para ello se requiere conformar de manera definitiva el nuevo marco normativo que asegure la sostenibilidad de la reforma.

· Profundización de la reforma, es decir ampliar y fortalecer su radio de influencia a todos los niveles de la Policía, las estructuras del Ministerio de Segu-ridad y, eventualmente, al Ministerio Público en su conjunto. Esto incluirá la conformación de una nueva cúpula policial, afín a los deseos y órdenes del go-bernante, obediente y no deliberante. Una policía ci-vil que sea complemento adicional de la Policía mili-tar.

· Depuración constante y sostenible, es decir más organizada, institucionalmente consolidada, siste-mática y permanente. La creación de la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDAPOL) en la

Capítulo I

Página | 11

nueva Ley Orgánica de la Policía va orientada preci-samente por esa estrategia institucional.

b. Integralidad del sistema

· Fortalecer la interinstitucionalidad, a fin de asegu-rar la coherencia y coordinación internas del sistema de administración de justicia, generando un modelo lógico y complementario de relaciones recíprocas y colaboración constante y ordenada entre los diferen-tes actores y operadores del sistema de seguridad pública y aplicación de la justicia en Honduras. Se trata de lograr altos niveles de integralidad entre po-licías, fiscales, jueces y militares, con un marcado acento en la primacía del factor castrense. La Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (FUSINA, in-tegrada por policías, fiscales, agentes de inteligen-cia, jueces y militares), la Policía Militar de Orden Pú-blico (PMOP), los intentos por dar rango constitucio-nal a estas dos entidades, entre otros, son algunos de los instrumentos y medidas diseñados por el go-bierno para aplicar su interpretación propia del con-cepto de integralidad. De acuerdo a esa versión, la mayor colaboración en integralidad producirá, a la larga, mejores y aceptables niveles de integridad al interior de los operadores de justicia, especialmente en la institución policial.

c. Policía Comunitaria · En la visión del gobernante Hernández y su equipo

de gobierno, la idea de crear una Policía Comunitaria no encaja ni coincide con su decisión de organizar, fortalecer y consolidar institucionalmente la llamada Policía Militar de Orden Público (PMOP). Creada el 23 de agosto del año 2013, cuando Hernández era todavía el presidente del Poder Legislativo pero ya había establecido una especie de poder dual, algo así como un gobierno bicéfalo junto con el Presidente del Poder Ejecutivo, Porfirio Lobo, la PMOP ha sido concebida desde entonces como una fuerza especial


Página | 12

al servicio directo del gobernante, aunque formal-mente esté inserta y dependa de la estructura de las Fuerzas Armadas. Algo así como una “Guardia pre-toriana” en ciernes, que se erige como unidad élite dentro de la estructura de los cuerpos represivos del Estado.

· En una concepción semejante sobre el sistema de seguridad, la idea de la Policía Comunitaria no tiene ninguna cabida ni posibilidad real de ponerse en práctica. A lo sumo, se la concibe como una unidad policial más, una especie de segmento burocrático dentro del organigrama policial. De tal manera que la Policía Comunitaria viene a ser una dependencia in-terna, que tiene rango similar a las demás unidades especiales dentro de la Policía Nacional. No se la en-tiende como lo que realmente es: una filosofía, una plataforma doctrinaria que debe permear toda la ins-titucionalidad policial y orientar sus estrategias y tác-ticas, el diseño de sus políticas.

d. Legislación policial y meritocracia

· La nueva Ley Orgánica de la Policía y la Ley de la Carrera Policial aprobadas en el año 2017 forman parte del entramado normativo que debe servir de fundamento a la singular concepción que tienen Her-nández y su equipo de gobierno en torno a lo que debe ser la política de seguridad y, en especial, el instrumento policial. Esas dos leyes reproducen en cierta medida los vicios inherentes a la cultura cas-trense que todavía contamina y pervierte la práctica policial en Honduras. No debemos olvidar que la Po-licía Nacional estuvo durante 35 años dentro de la matriz castrense, convertida en una rama más, la cuarta, junto al Ejército, la Marina y la Aviación, de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA). En ese periodo tan largo, las diferentes generaciones de po-licías fueron formados, y también deformados, por una cultura militar que tiene muy poco que ver con el resguardo y la protección del orden público.

Capítulo I

Página | 13

· En su mencionada propuesta electoral de los “siete pilares”, el entonces candidato y hoy gobernante abunda en generalidades sobre las condiciones de trabajo de los policías y promete la “dignificación” de su calidad de “agentes del orden público”. La meri-tocracia es considerada como un requisito en el pro-ceso de profesionalización de los policías, pero siem-pre se privilegia la antigüedad, es decir la llamada “primacía promocional” por encima de la idonei-dad profesional de los agentes.

e. Prevención y represión

· La propuesta de los “siete pilares”, en el segmento dedicado a la seguridad y la defensa, revela una inevitable tendencia a privilegiar el control y la re-presión del delito por encima de su prevención. Se advierte un notorio desbalance entre estas variables, al colocar el énfasis principal en la persecución re-presiva de la delincuencia, sin dar la importancia de-bida a las medidas políticas y sociales que deben servir para prevenir la criminalidad. Una prevención adecuada, diseñada en base a políticas sociales de alto impacto, puede tener un efecto muy importante y hasta decisivo en la reducción de las tasas de de-lincuencia y violencia criminal. La experiencia inter-nacional así lo demuestra.

· A nivel de discurso proselitista se insiste en la nece-sidad de la prevención y en la política de recupera-ción gradual de los espacios públicos, pero en la práctica no se les concede la prioridad debida. El eje principal de la agenda de seguridad sigue girando en torno a la lucha contra el crimen organizado, la “gue-rra contra las drogas” por la vía de una creciente mi-litarización de la misma, los golpes a la economía de los narcotraficantes, la incautación de bienes, incre-mentando el control, número y rigor de los centros carcelarios.


Página | 14

Estos son, a grandes rasgos, los aspectos más destacables en la oferta electoral presentada al público por el actual go-bernante durante la reciente campaña electoral del año 2017.

No debemos concluir este análisis comparativo sin señalar lo que, a nuestro juicio, es el rasgo y característica más impor-tante en la llamada “política” de seguridad del gobierno hon-dureño actual. Nos referimos al creciente, y por ello mismo preocupante, proceso de remilitarización de la seguridad pú-blica en el país. Convencido como está en que la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado es tarea prioritaria de las fuerzas militares, el gobernante hondureño no vacila en militarizar todo lo relacionado con la gestión del orden pú-blico, priorizando y hasta favoreciendo el desarrollo y conso-lidación de fuerzas especiales como la llamada Policía Militar de Orden Público (PMOP), cuyo solo nombre ya evoca la confusión de roles y la percepción equivocada sobre las ta-reas y funciones inherentes a la defensa externa y las de la seguridad interna de un país.

En la primera mitad de la década de los años noventa del siglo pasado, Honduras vivió un breve pero estimulante pro-ceso de desmilitarización paulatina de las instituciones esta-tales y de la vida social. Los sectores civiles gradualmente iban recuperando los espacios estatales y las áreas de in-fluencia, que a lo largo de casi dos décadas habían venido acumulando en sus manos los hombres de uniforme. Era un momento prometedor que anunciaba una nueva fase en la construcción de la democracia y, sobre todo, en la consolida-ción de valores, costumbres y estilos de una nueva cultura política de carácter democrático. Sin embargo, en los últimos años, sobre todo a partir del golpe de Estado de junio del año 2009, que alteró el equilibrio de las fuerzas políticas y rompió el orden constitucional del país, los procesos de remilitarización de la sociedad y del Es-tado han vuelto a cobrar impulso y generan una dinámica in-vasiva tan preocupante como peligrosa para la construcción democrática y la gobernabilidad política en el país. Los mili-tares vuelven a recuperar espacios perdidos, consolidan los

Capítulo I

Página | 15

que conservaron y hasta obtienen otros nuevos, insospecha-dos hasta hace poco tiempo. La remilitarización de la socie-dad se advierte de manera más directa y grotesca en el campo de la seguridad pública. La incorporación de los mili-tares en el cumplimiento de tareas policiales, que se anunció como una medida de emergencia ante el descrédito y corrup-ción policial, se ha convertido ya en una “solución” de carác-ter permanente. La distorsión de funciones que ello conlleva, produce efectos negativos en la vida social, especialmente en el espinoso y sensible campo de los derechos humanos, tal como ha quedado demostrado en los numerosos actos de violación de los mismos que se han producido durante la lla-mada crisis post electoral del año 2017.

3. CONCLUSIONES

l análisis comparativo de las agendas electorales de las principales agrupaciones políticas en el proceso elec-

cionario del año 2017, nos permite concluir en lo siguiente: · La seguridad fue y seguirá siendo un tema inevitable en

el discurso, los debates, las propuestas y los planes de gobierno de los candidatos presidenciales y sus respec-tivas organizaciones políticas.

· Los tres candidatos principales y sus partidos mostraron un manejo diferenciado del tema, tanto en el énfasis como en la comprensión y el significado del mismo. Sus niveles de conocimiento no están a la altura de la grave-dad del problema.

· Los tres candidatos, con mayor o menor claridad, con-funden los temas de la seguridad y la defensa, ora po-tenciando el rol de los militares, ora disminuyendo la im-portancia de la participación ciudadana.

· Entre todos ellos se advierten diferencias de énfasis con respecto a la militarización de la seguridad pública, pero no hay una frontera definida y precisa que marque una línea divisoria entre la militarización indebida y el carác-ter forzosamente civil de las tareas policiales. Hace falta

E


Página | 16

definición clara de las posiciones políticas ante estos fe-nómenos.

· Hay un profundo déficit en los planteamientos de todos ellos con respecto a los servicios de inteligencia, su va-loración y eventual sometimiento a la rendición de cuen-tas. No conciben ni plantean la necesidad de crear un Sistema Nacional de Inteligencia que divida las funcio-nes puramente militares de aquellas que son estricta-mente policiales y las de inteligencia político-estratégica.

· Los candidatos no parecen entender que la gradual mi-litarización de las fuerzas policiales, es la vía más se-gura para desembocar en su inevitable politización sec-taria. Más temprano que tarde así será.

Página | 17

Leticia Salomón 1

1. PRECISIÓN CONCEPTUAL

l fenómeno de la corrupción está vinculado estrecha-mente al tema de la impunidad de tal manera que, a

mayor desarrollo de la impunidad, mayor desarrollo de la co-rrupción. Es importante aclarar que la impunidad es un fenó-meno más amplio que la corrupción y se refiere específica-mente a la falta de castigo o falta del castigo apropiado a to-dos aquellos que cometen un delito. De esta manera pode-mos identificar cinco tipos de impunidad asociados a cinco problemas centrales de nuestro contexto político, económico y social: a) la violación de derechos humanos básicos; b) la delincuencia común; c) la delincuencia organizada; d) La vio-lación de los derechos económicos, sociales y culturales; y e) la corrupción. Ver gráfico 1.

1 Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Docu-mentación de Honduras (CEDOH) y especialista en temas de gobernabilidad, de-fensa y seguridad.

E


Página | 18

Gráfico 1:

Fuente: Salomón, Leticia: Curso CEDOH, 2017: “Corrupción e Impunidad: Herramientas para su comprensión, seguimiento y eva-luación”

La impunidad es un fenómeno que se expande con el desa-rrollo de graves deficiencias del sistema de justicia y de las instancias contraloras del Estado, entre ellas: ineficiencia ins-titucional (no cumplen porque no pueden), incapacidad (no cumplen porque no saben cómo hacerlo) politización partida-ria de las instituciones (no cumplen por compromisos parti-darios), involucramiento delictivo o corrupción (no cumplen porque no quieren). La articulación de todas estas deficien-cias o la gravedad de una o más de ellas, van configurando un estado de impunidad que lanza el mensaje negativo de que en el país se pueden cometer los peores delitos y los

IMPUNIDAD

Violación de los

derechos

humanos

básicos

Delincuencia

común

Delincuencia

Organizada

Violación de los

derechos

económicos,

sociales y cultur.

Corrupción

PROBLEMAS ASOCIADOS A LA IMPUNIDAD

Capítulo II

Página | 19

involucrados: o no recibirán ningún castigo o recibirán un cas-tigo que está por debajo de la magnitud del delito o de lo que corresponde de acuerdo a la ley. Existen otros fenómenos que contribuyen a propiciar la impu-nidad, los cuales pueden llegar a jugar un papel fundamental en coyunturas específicas, entre ellos:

· Indiferencia, permisividad, oportunismo o miedo de la sociedad a denunciar.

· Debilitamiento, indiferencia, complicidad u oportu-nismo de instituciones clave de la sociedad, como: familia, escuela, medios de comunicación, iglesias, comunidad.

· Cultura de la impunidad asociada con: admiración, permisividad, resignación, indiferencia, desespe-ranza, impotencia.

· Indefensión de la sociedad ante las instituciones del Estado, la delincuencia común y organizada, las au-toridades, el contexto internacional.

En esta ocasión nos interesa destacar la impunidad asociada específicamente con la corrupción, lo que nos obliga a hacer algunas precisiones conceptuales asociadas con el concepto de corrupción para evitar generalizaciones y deformaciones que llevan a desnaturalizar su verdadero significado. Vea-mos: Empezaremos por definir la corrupción como la apropiación ilícita de bienes y recursos públicos o colectivos, es decir, de aquellos bienes y recursos que parecen no tener un dueño en particular y por ello se generaliza el interés por apropiarse de los mismos en un sentido negativo, es decir en aquél que traslada la propiedad de los mismos del ámbito público al ám-bito privado. Para definir un acto como corrupto se requieren cuatro requisitos:

· Tener la finalidad de obtener un beneficio privado (in-dividual, familiar o grupal);


Página | 20

· Perseguir un beneficio de índole política, social o pe-cuniaria;

· Tener la participación de ciudadanos revestidos de poder o autoridad (funcionarios o empleados públi-cos, dirigentes gremiales o corporativos, etc.);

· Adoptar alguna de las siguientes modalidades de participación (actores de la corrupción): un funciona-rio o empleado solo; dos o más funcionarios o em-pleados; uno o más funcionarios o empleados y uno o más ciudadanos civiles (empresarios, dirigentes políticos o sociales, ciudadanos comunes).

Todo lo que ocurre en el ámbito privado, sea individual o cor-porativo, constituye un delito pero no un acto de corrupción porque este se define en el ámbito de la apropiación de bie-nes y recursos públicos o nacionales o del ámbito público/pri-vado (cooperativas, asociaciones, sindicatos, etc.). La califi-cación de un acto corrupto involucra delitos específicos entre los cuales se encuentran: malversación de fondos (hurto de caudales del erario público por un funcionario, peculado); abuso de autoridad (usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente alguna cosa); defraudación fiscal (eludir o burlar el pago de los impuestos o contribuciones); transaccio-nes dolosas (un trato, negocio o contrato jurídico, a través del cual se produce engaño o fraude con el propósito de cometer delito); estafa (pedir o sacar dinero o cosas de valor con arti-ficios o engaños y con el ánimo de no pagar); enriquecimiento ilícito (no especifica el tipo de delito por el cual el ciudadano o el funcionario se enriqueció); soborno (acto de recibir dinero u otro tipo de regalía para favorecer por la vía ilegítima las concesiones como exenciones y toda aquella gestión que de otra forma requeriría de un cobro o gestión legítima); negli-gencia (acto en el cual por acción u omisión el Estado deja de perseguir recursos o pierde los que ya tiene, mediando para ello la apatía, indiferencia o falta de diligencia del em-pleado o funcionario público); prevaricato (acción del funcio-nario o empleado, que perjudica con sus resoluciones, de

Capítulo II

Página | 21

forma consabida o alegrando ignorancia, hechos de mani-fiesta injusticia).2 Para resumir, podemos establecer cuatro formas de clasificar la corrupción: a) por su origen (en el Estado o en la sociedad, es decir, en el funcionario o en el ciudadano); b) por la cate-goría del funcionario (alta, media o baja); c) por el contexto: (favorable o desfavorable/ abierta o cerrada) y d) por el tipo de acto de corrupción (soborno, extorsión, robo, tráfico de in-fluencia, malversación, evasión fiscal, fraude, estafa, etc.) Finalmente, podemos señalar que “La corrupción tiene un elemento clave que la diferencia de otros crímenes comunes: la víctima no es ninguna de las partes involucradas… El Es-tado y la sociedad son las víctimas de la corrupción”. 3

2. CORRUPCIÓN, CONTEXTO

Y PROCESO ELECTORAL

esde hace varios años Honduras presenta un alto ín-dice de percepción de la corrupción, de acuerdo a

Transparencia Internacional. En los últimos seis años (2012- 2017) apenas ha logrado subir un punto (de 28 a 29) y forma parte del grupo de países más corruptos de América Latina, junto a Venezuela, Haití, Nicaragua, Guatemala, México y Paraguay. A su vez, el Informe de Latinobarómetro 1995-2015 indica que “estamos ante un fenómeno que afecta di-rectamente la legitimidad de la democracia y contra el cual

2 Ver un mayor desarrollo del concepto de corrupción en el libro: Corrupción y Democracia en Honduras, Leticia Salomón, Coordinadora y coautora, junto a Ju-lieta Castellanos y Dora Castillo, Centro de Documentación de Honduras (CE-DOH), Programa de Dinamarca Pro-Derechos Humanos para Centroamérica, Te-gucigalpa, Honduras, 1995. 3 Meza, Miroslava: “Corrupción e impunidad: contexto internacional, tendencias,

percepciones e indicadores” en el libro: EL MANEJO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS, Meza, Víctor y otros, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) y National Endowment for Democracy, Tegucigalpa, Hon-duras, 2016, p.4.

D


Página | 22

las políticas públicas aplicadas hasta ahora, no logran con-vencer a la población de que son efectivas…”4 A ello se suma el escándalo de corrupción en el Instituto Hondureño de Se-guridad Social (IHSS) en 2015 que impactó a la sociedad hondureña y propició la llegada al país de la Misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH) en 2016, mediante convenio del gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos (OEA), que comenzó a desentrañar los hilos de la corrupción en el IHSS, aunque posteriormente entró en una situación de incertidumbre por la reacción política de limitar su accionar y cuestionar la legi-timidad de su existencia en el país, todo ello con la aproba-ción de una enmienda a la Ley del Presupuesto que limita la acción del Ministerio Público y la admisión por la Corte Su-prema de Justicia de un recurso de inconstitucionalidad so-bre la misma. En ese contexto, estimulado por la movilización ciudadana que dio lugar al movimiento de indignados o movimiento de las antorchas que logró colocar en las calles la lucha contra la corrupción a lo largo de 2015, el tema de la corrupción se insertó en la agenda electoral que culminó con las elecciones generales de noviembre de 2017. Por las características de ese proceso electoral que permitió la participación anticons-titucional en la contienda del presidente de la república, Juan Orlando Hernández (2014-2018), perteneciente al partido Nacional, el discurso electoral se ubicó entre la candidatura del presidente, que se limitó a defender lo que estaba ha-ciendo en la lucha contra la corrupción, sin pronunciarse abiertamente sobre el tema, y los partidos de oposición que enarbolaron sus acciones de ataque y cuestionamiento más que a la presentación de una propuesta clara y coherente para enfrentar el problema de la corrupción en el país. Es importante señalar tres aspectos clave que marcan ten-dencia en el manejo electoral del tema de la corrupción en el

4 “Latinobarómetro Informe 1995-2015”, p.72. Corporación Latinobarómetro, Chile, 2015.

Capítulo II

Página | 23

país: a) la denuncia proselitista centrada en el candidato ofi-cial; b) el posicionamiento más que propuesta sobre el tema y c) la escasa referencia a la corrupción como problema de Estado más que de gobierno. Estos tres aspectos se eviden-cian en las respuestas de los entrevistados en el marco de este estudio y, de forma más dispersa, en el discurso de toda la campaña.

3. EL MANEJO ELECTORAL DE LA CORRUPCIÓN

a. Alianza contra la Dictadura

1) Planteamiento central:

Para subsanar las debilidades y deficiencias que han obstaculizado el funcionamiento de la MACCIH solicita-remos a la ONU la instalación de la CICI5 para que esta intervenga el aparato de administración de justicia en conjunto con los órganos hondureños encargados, acompañada de sociedad civil; investigue todos los ca-sos de corrupción y asegure el fin de la impunidad (el ente externo se necesita para limpiar la administración pública y después seguir solos); impulsar programas per-manentes de transparencia y acceso a la información pú-blica: ahí estarán los presupuestos de todas las institu-ciones del Estado; eliminar la ley de secretos; poner en página web en qué se gasta la tasa de seguridad; elimi-nar los gastos onerosos y superfluos; y reconstruir el sis-tema de justicia.

2) Referencias específicas:

“Nosotros creemos que para resolver el problema de la corrupción, que es más bien un síntoma, lo que tenemos

5 Recuperan con este planteamiento la petición del movimiento de los indignados que demandaban en 2015 y 2016 la instalación en Honduras de una Comisión similar a la que funciona en Guatemala con el apoyo de la ONU y que se denomina: Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).


Página | 24

que hacer es atender factores estructurales y por eso ha-blamos de una refundación del Estado… Nosotros cree-mos que hay que hay que pedir auxilio en este momento porque los órganos de justicia en este país, el aparato de justicia en el país, están colapsados, controlados por el crimen y por la corrupción misma y que por lo tanto es importante, ahorita, pedir este apoyo… Lo que realmente se tiene que hacer es comenzar a construir un sistema de justicia auténtico y hondureño, porque si sólo nos con-centramos en soluciones temporales, no estamos resol-viendo nada y además se está cediendo soberanía en un tema fundamental, que es la justicia”. Rodolfo Pastor de María Campos, director de mensaje y plan de go-bierno de la Alianza de Oposición Contra la Dicta-dura.

“Hay que cambiar la generación de abogados corruptos y de personas metidas a políticos que son corruptas, hay que quitarlos y para quitarlos hay que traer un organismo internacional para que lo haga, para que nos ayude a la depuración real, como se hizo en Guatemala… En este momento tenemos que recurrir a la gente de afuera. En otras partes eso sería impensable, por ejemplo, países como Argentina o Chile no recurrirían a este tipo de ins-tancias, pero es que allí existe una clara separación de poderes y en Honduras no existe, y ya existe un sistema corrupto que los involucra. Prácticamente todo aquel que llega allí (al poder) ya sabe que tiene que llegar y enten-derle al trámite para repartir para arriba y para las orillas”. Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

“Transparencia en cuanto al manejo de recursos, pero también el fortalecimiento y particularmente la indepen-dencia de poderes. Un sistema democrático no puede funcionar si no hay independencia de poderes y eso lo tenemos claro… Nosotros hemos propugnado por la CI-CIH desde que se dio el movimiento de las antorchas. Creo que debería haber un período de transición, entre la MACCIH y la CICI… Yo creo que las instituciones son

Capítulo II

Página | 25

suficientes, lo que no es suficiente es la capacidad en las instituciones y la profesionalización de las mismas y lo que ha venido a afectar es la politización de muchas o todas ellas, yo creo que si requerimos de asistencia en cuanto a profesionalizar nuestras instituciones, pero so-bre todo debemos entender que a mayor independencia de poderes, mayores pesos y contrapesos que puedan permitir que el sistema democrático evite los abusos de poder que estamos viendo en el momento”. Jorge Agui-lar, secretario del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)-Alianza de Oposición Contra la Dictadura:

b. Partido Liberal:

1) Planteamiento central:

Organismo independiente de investigación de la con-ducta de los operadores de justicia para que se instruyan las investigaciones de hechos con apariencia ilícita; res-tauración del Consejo Ciudadano en el Ministerio Pú-blico; creación del Tribunal Constitucional; independen-cia de poderes del Estado; fortalecer la independencia del poder Judicial y el Ministerio Público sustrayéndolas de la influencia del poder Ejecutivo (como en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad); fortalecimiento de ca-pacidades y profesionalización de los servicios de inves-tigación criminal; certificación y profesionalización del servidor público; derogación de la Ley de Secretos y la revisión de la Tasa de Seguridad; apoyo firme a la MAC-CIH y otros organismos que investigan y combaten la co-rrupción; declarar imprescriptibles los delitos de la co-rrupción; fortalecimiento de la fiscalía Especial de Trans-parencia y combate a la corrupción pública; política de información y rendición de cuentas por los actos de go-bierno.


“Las condiciones materiales para un reforzamiento y de una ampliación de las facultades de la MACCIH, son fac-tibles, no creemos que se pueda cambiar de la noche a


Página | 26

la mañana todo un esquema que ahora se está imple-mentando y que, de alguna forma, también ha tenido un ascenso, la MACCIH debe ser reforzada… La corrupción ha sido un problema institucional, no es nuevo, siempre ha existido este tipo de problema, el caso es que en los partidos políticos ahora se tiene una percepción de muy poca aceptación y una de las causas por las cuales la gente ya no cree en los partidos políticos es justamente por el tema de la corrupción y sobre todo por las prome-sas incumplidas… Desgraciadamente hemos tenido que recurrir a instancias internacionales, porque las instan-cias internas no han dado los resultados que el pueblo amerita, pero en la medida que se pueda coordinar un esfuerzo interno, de reforzamiento, de capacidad tecno-lógica, de ética profesional, en los organismos que tienen que ver con este tipo de actividades y además se tenga el apoyo de organismos internacionales, que ya tienen experiencia también de otros países, creo que podemos tener resultados mucho mejores de los que ahora pode-mos hacer de forma interna”. Darío Hernández, miem-bro de la comisión de campaña del Partido Liberal.

Puntos centrales en la Alianza y el partido Liberal

Derogar la ley de secretos; publicar de forma transparente en qué se invierten los recursos públicos; publicar en qué se in-vierten los fondos de la tasa de seguridad; apoyo a un ente externo: a la MACCIH en el caso del partido Liberal y a la CICI con apoyo de la ONU, en el caso de la Alianza; las dos fuerzas políticas son las únicas que relacionan el tema de la corrupción con el Estado y sus instituciones: la Alianza habla de refundación y lucha contra la corrupción y el partido Libe-ral de reconstrucción del Estado de Derecho y las institucio-nes.

Lo que es débil en el discurso Rigor conceptual en el manejo del tema; escasa referencia al problema de la corrupción como problema de Estado; mucho

Capítulo II

Página | 27

énfasis en las cuestiones coyunturales y menos en las cues-tiones estructurales; escasa referencia a la relación entre co-rrupción e impunidad como ausencia de castigo y del castigo correspondiente a la dimensión del delito; excesiva concen-tración de la solución o de las esperanzas en las instancias externas; escasa referencia al papel de la sociedad civil como instancia de control externo al funcionamiento estatal; des-concentración del uso de la tasa de seguridad.

c. Partido Nacional 1) Planteamiento central:

El partido Nacional no explicitó su propuesta pero se asume continuidad de lo que se ha hecho y de lo que no se ha hecho: escaso avance en el combate a la impuni-dad; resignación ante la presencia de la MACCIH y limi-tado avance en el combate a la corrupción.


“En Honduras la inversión extranjera ha venido reducién-dose en los últimos cuatro años por razones de que nadie quiere invertir en un país donde el Poder Judicial es un apéndice del Poder Ejecutivo, donde la ley se estira se-gún los intereses que estén detrás de determinada deci-sión, y al no haber seguridad jurídica y al no haber segu-ridad de las personas, la inversión se aleja, y cuando no hay inversión extranjera en un país como Honduras, el desempleo crece y el subempleo también... La MACCIH tiene una gran debilidad y es que está circunscrita, está condicionada a lo que quiera hacer el fiscal y el fiscal es un nombramiento que surge de la voluntad del presidente de la República. En Honduras se han buscado magistra-dos y fiscales de origen bastante modesto, de perfil aca-démico bastante limitado y se les ha colocado en posi-ciones cimeras lo que los compromete dramáticamente. Entonces lo que haga la MACCIH sólo puede materiali-zarse en acusaciones o en requerimientos si el fiscal ge-neral quiere; si el fiscal no quiere, simplemente no van a haber requerimientos y en Honduras todas las acusacio-


Página | 28

nes por corrupción, en el Ministerio Público están condi-cionadas a que el fiscal dé luz verde para que se presen-ten o no…. ese papel de acompañamiento de la MACCIH debe cambiar por un papel más proactivo que sólo puede venir de una renegociación de ese convenio”. Raúl Pi-neda Alvarado, analista político, partido Nacional.

d. Otros partidos

1) Frente Amplio

a) Planteamiento central: Castigo a la corrupción y continuidad de la MACCIH.

b) Referencias específicas:

“La corrupción es el cáncer que hoy nos ha llevado a la situación que nos encontramos”. Isaías Fonseca, candidato presidencial del Frente Amplio.

2) Partido anti corrupción (PAC)

a) Planteamiento central: Eliminar ley de secretos; transparencia en la tasa de seguridad; cero tolerancia a la corrupción y apoyo a la MACCIH; más atención a la debilidad de la educa-ción como generadora de valores.


“La corrupción ha sido un cáncer, definitivamente ha dañado a nuestra sociedad. Recordemos que los po-líticos salen de la sociedad, los políticos que han go-bernado a Honduras salen de las familias lo que sig-nifica la pérdida de valores y principios en el hogar. Con el transcurso de los años hemos debilitado la educación; teniendo una educación débil, a futuro va-mos a tener una familia débil, y por consiguiente se constituye una sociedad débil y de esa sociedad dé-bil y falta de valores y principios salen los alcaldes, los vicealcaldes, los regidores, diputados propieta-rios, diputados suplentes, presidentes, designados

Capítulo II

Página | 29

presidenciales, ministros y directores… Si Honduras no tuviera esa pérdida de institucionalidad, yo creo que no tuviéramos necesidad de buscar a organis-mos exteriores para que nos vengan a ayudar. Creo que si nosotros tuviéramos la capacidad y fuéramos transparentes y correctos y de verdad quisiéramos combatir la corrupción, no tendríamos necesidad de tener una OEA, una MACCIH encima, no tendríamos necesidad de estar apoyando la Ley de Colaboración Eficaz, no tendríamos necesidad de tener una Uni-dad de Política Limpia, pero por esa pérdida de insti-tucionalidad que hemos tenido es que nos vemos obligados en el Congreso Nacional a estar apro-bando la MACCIH, a estar aprobando leyes para po-der combatir la corrupción”. Marlene Alvarenga, candidata presidencial del Partido Anti Corrup-ción (PAC).

3) Alianza Patriótica Hondureña

a) Planteamiento central: Apoyo a la MACCIH, poner orden y hacer evaluacio-nes periódicas.


“En primera instancia lo que hay que poner es orden, en todas las instituciones del Estado, eso se llama aplicación de un liderazgo efectivo, lo primero que se tiene que hacer es exámenes a todas las personas que van a entrar a la administración pública, hay que evaluarlas, hay que hacerles pruebas de confianza e investigarlas a través de los sistemas de inteligencia, para eso existen los sistemas de inteligencia, una in-vestigación a priori de lo que tiene un funcionario cuando entra a la administración pública, después aplicar los sistemas de inteligencia apropiados, hacer evaluaciones periódicas que es lo que yo pienso ha-cer, lo mismo, lo que yo hacía en las Fuerzas Arma-das, lo que hice en HONDUTEL, que implementé un


Página | 30

manual de funciones para que cada quien sea res-ponsable de sus actos… Como patriota que soy me da pena que hayan tenido que ser los extranjeros que nos vengan a solucionar nuestros problemas. Hay que darle continuidad, ya está acá, más bien hay que fortalecerla, más bien viene a ayudar a limpiar de ese montón de corruptos que tenemos en Honduras y lle-gar hasta las máximas consecuencias, porque aquí hay personas que son intocables y tenemos que aga-rrarlos, tenemos que meterlos presos… El país ne-cesita una limpieza, a eso es a lo que le llamo yo, poner orden, hay que hacer una reingeniería de la administración del Estado, porque en ese desorden que tenemos (…) en el Estado es donde más dinero se pierde, dinero que puede ser bien aprovechado… Tenemos suficiente con la MACCIH, es que aquí no van a andar brincando los corruptos, mi formación es de un militar, de un militar y cuando se dice cúmplase es cúmplase, hay que ponerles orden, lo que tene-mos que hacer es aprovechar esa ayuda de la OEA para limpiar nuestro país, pero aquí no hay necesi-dad de traer más gente, lo que se necesita son líde-res enérgicos que venga con deseos así como lo pro-pongo yo”. Romeo Vásquez Velásquez, candidato presidencial del Partido Alianza Patriótica Hon-dureña.

4) Democracia Cristiana

a) Planteamiento central: Eliminar ley de secretos y tasa de seguridad; hay de-cisiones que competen al Estado; la CICIG en Gua-temala está denunciando a todos los candidatos, se-gún ellos no hay candidatos limpios.


“Yo creo que para resolver el problema de la corrup-ción, no tenemos nosotros que acudir de repente a organismos internacionales, sino que meter a la cár-cel al que cometa el delito, el que roba, que lo metan

Capítulo II

Página | 31

a la cárcel y no sólo que lo metan a la cárcel, sino que le quiten el dinero que se ha robado del pueblo hondureño… Yo le daría mucho más fuerza, en fun-ción de poner hondureños en esa Comisión, que sean honrados e inteligentes, para que esa Comisión no sólo se pueda determinar, como una comisión in-ternacional sino que también la presencia de los hon-dureños ayuden a corregir los errores que otros han cometido… Honduras no va a salir del atolladero si seguimos haciendo las mismas cosas, nosotros ne-cesitamos cambiar, aquí la responsabilidad para que este país esté en la situación que esté, la tienen las Fuerzas Armadas, que tuvieron su época como go-bernantes, la tiene el Partido Liberal, que gobernó y qué ha venido gobernando y que es el que más ha gobernado Honduras, la tiene el Partido Nacional”. Lucas Aguilera, candidato presidencial del Par-tido Demócrata Cristiano de Honduras.

5) Partido Unificación Democrática (UD)

a) Planteamiento central: Por sí solos somos incapaces de transmitir transpa-rencia. Ante esto, a sociedad civil está llamada a ju-gar un papel beligerante.


“Para nosotros la MACCIH tiene limitaciones. Noso-tros éramos del criterio que era más conveniente una CICIH, pero hay que tener claro, en este momento es bueno y en el corto tiempo posible, pero también eso nos trae a la reflexión, que nosotros como país so-mos incapaces de transmitir transparencia, de redu-cir la impunidad por sí solos y yo creo que es un duro reto y es un llamado a la clase política… En la me-dida en que la sociedad civil y sociedad en su con-junto, tenga un papel beligerante, no sólo de verse representado, sino de participar directamente y po-der auditar y exigir, yo creo que en esa misma me-


Página | 32

dida nosotros podemos fortalecer todo este escena-rio”. Alfonso Díaz Narváez, candidato presidencial del Partido Unificación Democrática (UD).

Puntos centrales en los partidos pequeños Resulta interesante destacar tres visiones de la corrupción que se evidencian en los partidos pequeños: · El fenómeno como un cáncer. Esta visión de la socie-

dad como un cuerpo enfermo atacado por el cáncer de la corrupción, representa una visión extrema que puede conducir a soluciones inadecuadas como extirpar, elimi-nar o hacer desaparecer la parte enferma mediante un bisturí o una intervención corto punzante que eliminaría el problema pero sin atacar sus causas, lo que propiciaría nuevos repuntes de la corrupción en un tiempo relativa-mente corto. Este es el problema de combatir los efectos sin combatir las causas.

· La debilidad de los valores asociada a la deficiencia en la educación. Reducir el problema de la corrupción a un problema de valores es limitarlo, aislarlo de la estruc-tura social y reducirlo a lo que un adulto internalizó en los entes socializadores como la familia, la iglesia, la es-cuela, los medios de comunicación y el entorno comuni-tario. Si la debilidad de los valores son los que promue-ven la corrupción, la solución puede reducirse al papel de las iglesias, los maestros y los periodistas, dejando de lado la debilidad de las instituciones, la manipulación po-lítica partidaria del Estado de derecho y el resquebraja-miento del sistema de justicia.

· La ausencia de orden en la conducción del Estado. Este planteamiento, que ubica el combate a la corrupción en el centro de la disputa entre los que son débiles, pro-pensos al diálogo y al consenso y, por lo tanto, incapaces de gobernar, y los que son fuertes, impositivos, autorita-rios y verticales para conducir el país y sus instituciones, representa una visión extraña de la corrupción y de la forma en que debe controlarse. Además, lleva implícita una premisa totalmente cuestionable: los actores de la

Capítulo II

Página | 33

corrupción son los que se encuentran en la base de la pirámide burocrática del Estado y un poco más arriba, pero nunca los que se encuentran en la cúspide que son los que dirigen los poderes del Estado y que son los res-ponsables del mayor porcentaje de corrupción en un país determinado.

Las soluciones que plantean

· Denunciar pero no tanto porque se quedarían sin

candidatos. Aunque fue una alusión a la situación de Guatemala, lo expuesto evidencia una preocupación su-bliminal referida al hecho de que la corrupción se ha ge-neralizado tanto que no hay quien haya pasado por la administración pública o por la conducción política del país que no salga involucrado en actos de corrupción si se realiza una investigación a profundidad. La solución podría ser avanzar con mucho cuidado para no provocar una crisis de liderazgos en los partidos políticos.

· No es necesario traer más gente de afuera. Este punto

expresa la sensibilidad de los que se saben impunes con las reglas del juego y los mecanismos que se aplican en un país de cómplices en donde se garantiza la impunidad en toda su manifestación. Aluden a una soberanía ex-trema para rechazar lo que viene de fuera porque saben que su accionar los dejará al descubierto más temprano que tarde. Cuando se llega al punto exacto en que se encuentra nuestro país, de certeza que ya no se puede hacer nada porque la corrupción, la impunidad, la debili-dad del Estado de derecho, el autoritarismo y la red de cómplices en las diferentes instancias del Estado, la única alternativa es el apoyo externo con el debido invo-lucramiento de los sectores internos que estén dispues-tos a involucrarse.

· Se necesitan líderes enérgicos.

La alusión a la mano dura y a la disciplina férrea para controlar el fenómeno de la corrupción, deposita la res-ponsabilidad de la lucha contra este fenómeno en una


Página | 34

sola persona quien, por lo demás, se considera a prueba de corrupción, y con sólo su actitud hará desistir a los corruptibles de su intención de apropiarse de los bienes y recursos públicos. Es indudable que los individuos jue-gan un papel en la historia y en los procesos pero su pa-pel determinante dependerá siempre de las condiciones estructurales y coyunturales en que estos se desenvuel-ven.

· Sociedad civil beligerante en el tema.

Este planteamiento resulta interesante pues alude a la necesidad de control externo a la administración pública por parte de la sociedad civil que, por definición, debe ser independiente y autónoma del Estado, para garantizar el avance y consolidar los procesos de combate a la corrup-ción. Con esto se deja entrever que es muy difícil que un Estado en situación de hipercorrupción como el nuestro, sea capaz de autorregularse en la corrupción y reencau-sarse en el camino de la transparencia. Necesita ayuda de adentro y de afuera.

4. CONCLUSIONES

os últimos procesos electorales de nuestro país: el de 2001 (Ricardo Maduro, PN, 2002-2006), 2005 (Manuel

Zelaya, PL, 2006-2010), 2009 (Porfirio Lobo, PN, 2010-2014) y el de 2013 (Juan Orlando Hernández PN, 2014-2018), es-tuvieron marcados por el tema de la seguridad, minimizando los otros problemas centrales para la ciudadanía hondureña. Sin embargo, en el proceso electoral de 2017 el combate a la corrupción ocupó un lugar central junto al tema de la segu-ridad que bajó un poco su perfil con relación a los procesos electorales anteriores. Y no es casual que esto haya ocurrido: el tema creció en visibilidad y puso en precario al gobernante de turno por la imagen nacional e internacional de país alta-mente corrupto. El tema de la corrupción ha estado en la agenda pública du-rante los últimos tres años (2015-2017) y resultaba normal

L

Capítulo II

Página | 35

que tuviera un peso especial en la agenda electoral de 2017. Además, la presencia de la MACCIH en nuestro país, aplau-dida por unos y cuestionada por otros, logró avanzar en la estructuración de un sistema anticorrupción en nuestro país, con la creación de una unidad fiscal especial contra la impu-nidad de la corrupción (UFECIC), tribunales especiales, jue-ces y fiscales certificados y una normativa aprobada y en pro-ceso de serlo. Pese a ello, el manejo del tema de la corrupción y de la im-punidad asociada a ella, no tuvo la consistencia y coherencia esperadas, concentrándose más en la denuncia, un poco en las causas aunque bastante más de lo esperado en su aso-ciación con la debilidad institucional y la necesidad de refun-dar el Estado, que fueron planteamientos del partido Liberal y de la Alianza contra la Dictadura, respectivamente. Salva-dor Nasralla, candidato de la Alianza fue el que más utilizó el tema y el más radical en sus planteamientos. Luis Zelaya, candidato del partido Liberal, se centró en la debilidad insti-tucional con mucha fuerza. Juan Orlando Hernández, candi-dato del partido Nacional, se centró en ofrecer más de lo mismo, destacándolo como una iniciativa exitosa. Hubo diferencia de énfasis y no tanto de propuestas de go-bierno, de oferta más que de propuesta, y la corrupción se siguió viendo como perversidad individual y no como articu-lación de redes, como un problema esencialmente ético. De ahí que no se obtuvieran respuestas contundentes ante las cuatro preguntas formuladas a los entrevistados en su condi-ción de figuras clave en el proceso electoral de 2017. a. ¿Contempla su plan de gobierno acciones para combatir

la corrupción? ¿Cuáles? b. ¿A su juicio qué ha representado la corrupción en Hon-

duras: en el sistema político, en el Estado y en la socie-dad?

c. ¿En un eventual triunfo daría continuidad y apoyaría el convenio MACCIH-OEA o, por el contrario, lo anularía o modificaría?


Página | 36

d. ¿Actualmente cree que las instituciones hondureñas son suficientes para luchar contra la corrupción sin la nece-sidad de la participación de instancias internacionales como la OEA?

Es importante destacar que la pregunta sobre lo que pasaría con la MACCIH en caso de ganar las elecciones, fue la que recibió más atención de los entrevistados, quizás porque fue el tema más debatido en los últimos años (¿MACCIH o CICI?); no obstante, la respuesta a la pregunta de si son su-ficientes las instituciones nacionales para enfrentar la corrup-ción a tal grado que no se necesiten las instancias interna-cionales, reflejó un poco el nacionalismo pregonado por al-gunos implicados para deslegitimar la presencia de la MAC-CIH en el país, argumentando un problema de soberanía. La pregunta sobre la existencia de un plan de gobierno para combatir la corrupción era fundamental para evaluar la cali-dad de la propuesta pero no hubo respuestas contundentes más allá de las de la Alianza y el partido Liberal en aspectos específicos. Y la pregunta sobre lo que ha representado la corrupción en el sistema político, el Estado y la sociedad ge-neró respuestas vagas, difusas y confusas. Por lo que hemos visto en los últimos años y por lo que esta-mos viendo en la actualidad, el tema de la corrupción seguirá siendo una constante en la vida política y social de nuestro país. Se requiere la presencia fuerte de la oposición política en el combate a la corrupción y para ello deben tener pro-puestas que reflejen un posicionamiento claro y responsable tanto en el Congreso Nacional como en todos los espacios que permitan una mirada crítica y propositiva. No obstante, es importante destacar que la lucha contra la corrupción será exitosa si se comienza por las personas que se ubican en el punto más alto de la pirámide burocrática del Estado, porque empezar por abajo es diluir los esfuerzos y la atención que debe concentrarse en los “peces gordos” de la corrupción, más allá de los pequeños peces que se mueven en los amplios límites de la corrupción menor.

Capítulo II

Página | 37

Nuestro país navega aceleradamente hacia la hipercorrup-ción, si no es que lo está ya. Por ello requiere el concurso de todos para poder frenarla y, de ser posible, retrotraerla a ni-veles inferiores. Esto es un asunto de políticos honestos que deben sustraerse de su potencial papel de actores de la co-rrupción; pero también es un problema de ciudadanos res-ponsables que demandan acciones concretas, le dan segui-miento, evalúan y proponen soluciones para controlar la ex-pansión y la impunidad del fenómeno de la corrupción. Ojalá que en el próximo proceso electoral podamos ver avances sustanciales o, en su defecto, ver más y mejores propuestas políticas para entusiasmar a los electores con el ejercicio de una verdadera política limpia: Ojalá!

5. FUENTES UTILIZADAS a. Fuentes secundarias:

· Salomón, Leticia, Julieta Castellanos y Dora Cas-tillo: CORRUPCIÓN Y DEMOCRACIA EN HONDU-RAS, Leticia Salomón, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Programa de Dinamarca Pro-Derechos Humanos para Centroamérica, Teguci-galpa, Honduras, 1995.

· Meza, Miroslava: “Corrupción e impunidad: contexto

internacional, tendencias, percepciones e indicado-res” en el libro: EL MANEJO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA CORRUPCIÓN EN HONDURAS, Meza, Víc-tor y otros, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) y National Endowment for Democracy, Te-gucigalpa, Honduras, 2016.

b. Fuentes primarias:

Entrevistados: · Alfonso Díaz Narváez, candidato presidencial del

Partido Unificación Democrática (UD)


Página | 38

· Darío Hernández, miembro de la comisión de cam-paña del Partido Liberal

· Isaías Fonseca, candidato presidencial del Frente Amplio

· Jorge Aguilar, secretario del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)-Alianza de Oposición Contra la Dictadura

· Lucas Aguilera, candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana de Honduras

· Marlene Alvarenga, candidata presidencial del Par-tido Anti Corrupción (PAC)

· Raúl Pineda Alvarado, Analista político, partido Na-cional

· Rodolfo Pastor de María Campos, director de men-saje y plan de gobierno de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura

· Romeo Vásquez Velásquez, candidato presidencial del Partido Alianza Patriótica Hondureña

· Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

Página | 39

Leticia Salomón 1

1. PRECISIÓN CONCEPTUAL

l fenómeno de la migración se ha intensificado en nues-tro país en los últimos años. Es importante destacar que

confluyen tres tipos básicos de migración: país de tránsito, país receptor y país emisor o expulsor (aunque en los últimos años se ha incorporado la reunificación como otro tipo propi-ciador de la migración, y también su contrario, la repatriación, como una especie de migración al revés.). Cada uno tiene su propia dinámica y provoca un impacto económico, político y social diferenciado en coyunturas específicas a lo largo de los años y siempre en función de la inestabilidad política y social de la región latinoamericana y centroamericana, as-pectos que fueron determinantes en los dos primeros tipos

1 Socióloga y economista hondureña, investigadora asociada del Centro de Docu-mentación de Honduras (CEDOH) y especialista en temas de gobernabilidad, de-fensa y seguridad.

E


Página | 40

de migración: país de tránsito y país receptor. Con esa mi-gración Honduras se vio afectada pero también se vio bene-ficiada por la cantidad y calidad de migrantes que llegaron a nuestro país huyendo de la situación política de sus países, se quedaron algunos años y luego continuaron su viaje hacia otros destinos, en particular Costa Rica y México que les ofre-cían mejores condiciones para su desempeño. La condición de país expulsor se fue desarrollando primero, por razones económicas (búsqueda de empleo y de mejores oportunidades), luego o de forma simultánea, por razones políticas (escapando de la represión y persecución) y final-mente por razones de inseguridad (huyendo de las maras, pandillas, pequeños delincuentes y narcotraficantes). De forma creciente, el destino más anhelado de los migrantes fue Estados Unidos y, posteriormente España y otros países europeos. El fenómeno adquirió tal intensidad que el envío de remesas de allá para acá, se fue convirtiendo en una vál-vula de escape para los diferentes gobiernos con lo cual ob-tenían un mayor balance macroeconómico y, además, veían disminuida la presión social interna por el empleo y las mejo-res oportunidades de vida. La expulsión de hondureños, por cualquiera de las razones indicadas, se fue volviendo un buen negocio para el país, aunque, a nivel social y cultural, el país recibía el impacto negativo de la pérdida de capital humano, en particular jóve-nes que se iban en busca de un mejor horizonte para sus vidas, dejando aquí, padres, hermanos, hijos, parejas ante los cuales la posibilidad de un reencuentro aquí o allá, resul-taba muy difusa, todo lo cual se tradujo en contradictorios planteamientos públicos o encubiertos en los que, por un lado, lamentaban que se fueran y, por otro, celebraban que lo hicieran para mantener el flujo de remesas. El fenómeno de la migración incluye a los que se van (emi-gración) y a los que llegan al país (inmigración) presentán-dose con frecuencia los dos fenómenos en uno, cuando la gente se va y a los pocos meses se regresan o los regresan como resultado de la aplicación de políticas migratorias en

Capítulo III

Página | 41

los países de destino. El impacto de los que retornaban se compensaba con los que continuaban yéndose, intentándolo de nuevo una y otra vez, o los que lo hacían por primera vez, siguiendo el camino de familiares y amigos. De ahí la gene-ralización del término “migrante” que se refiere a esos hom-bres, mujeres y niños que se desplazan de un lado a otro, de ida o de regreso y por diferentes razones y lapsos de tiempo. La migración provoca un grave drenaje de recursos humanos y es fuente permanente de violación a los derechos humanos tanto en los países por donde transita (Guatemala y México) como en los países de destino o países receptores (en este caso Estados Unidos, Canadá, España y otros). Es un pro-blema de la agenda del desarrollo porque la falta de condi-ciones para el mismo (empleo, salud, educación, transporte) funciona como factor de expulsión, pero también se coloca en la agenda de seguridad en particular por las imbricaciones de la misma con la pequeña delincuencia y el crimen organi-zado, en particular el narcotráfico, aunque, definitivamente la migración no es un problema de seguridad nacional como pretenden asumirlo los militares y los que coinciden con esta visión deformada del fenómeno en estudio.

2. MIGRACIÓN, CONTEXTO Y PROCESO ELECTORAL

l tema de la migración adquirió mucha sensibilidad na-cional e internacional con el discurso antiinmigrante del

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no sólo con el ofrecimiento de campaña de construir un muro gigantesco en la frontera estadounidense-mexicana, sino también por la asociación entre migrantes y delincuentes, en particular ma-reros y narcotraficantes, estigmatizando con ello a los mi-grantes de todos los países y a todos aquellos que tenían años de residir en ese país, aportando con su trabajo al en-grandecimiento del país receptor. A partir de ahí se producen dos tipos de reacciones que es importante destacar: por un lado, la reacción humanitaria que

E


Página | 42

se concentra en reivindicar el derecho a migrar como un de-recho humano fundamental; cuestionar la idea de construir un muro para impedir la entrada de inmigrantes indeseados; criticar la asociación entre inmigrantes hispanos y delincuen-cia menor y mayor; y rescatar la contribución de la migración hispana al engrandecimiento de Estados Unidos con su de-dicación al trabajo. Por otro lado, se evidencia un intento ofi-cial del gobierno hondureño por tranquilizar al presidente de Estados Unidos para evitar las represalias, en especial las económicas, exponiendo, y a veces exagerando, todo el es-fuerzo que se ha hecho en el país para combatir el narcotrá-fico, reducir los homicidios, interceptar la droga destinada a Estados Unidos y reducir el flujo migratorio (con muchos da-tos pero con pocas razones convincentes), en una especie de queja lamentable por lo mucho que dan y lo poco que re-ciben. En ese contexto se produce el proceso electoral de 2017 con una gran visibilidad del tema migratorio pero con mayor pre-sencia de otros temas de notoriedad reciente como los temas de corrupción e impunidad que debilitaban la candidatura del presidente de ese entonces a la reelección anticonstitucional y que obligó al interesado y a la oposición a iniciar toda una estrategia de ataques y contraataques que diluyeron la nece-sidad de articular una clara propuesta electoral ante el tema de la migración.

3. EL MANEJO ELECTORAL DE LA MIGRACIÓN

ingún partido plantea el problema de migración como un tema individual: la Alianza lo inserta en el eje de re-

laciones internacionales y el partido Liberal lo plantea diluido dentro de su lema: “Plan Esperanza, oportunidades para to-dos, privilegios para nadie”; debilidad en el manejo del tema y en la propuesta de solución. Los más confusos son los par-tidos pequeños o con menos posibilidades de ganar la presi-dencia, lo que lleva a hacer planteamientos como los siguien-tes: que venga la inversión extranjera a generar empleo para

N

Capítulo III

Página | 43

que no haya migración (Alianza Patriótica); el mismo partido plantea: negociar mejor con Estados Unidos, demostrando que somos buenos colaboradores en el combate al narcotrá-fico para conseguir mejores condiciones para los migrantes; lograr acuerdos con otros países para propiciar una migra-ción ordenada (DC); garantizar seguridad a inversionistas y generar fuentes de empleo a mujeres y jóvenes (PAC). La Alianza es la única que asocia control de migración con re-ducción de violencia.

a. Alianza contra la Dictadura 1) Planteamiento central:

Mejorar las condiciones para que no se vayan; acceso a la educación como elemento clave; que la gente genere negocios con las remesas; garantizar atención adecuada a poblaciones en tránsito y deportadas; instalar una red de protección a migrantes; crear un programa de inser-ción e integración social de la población deportada; ge-nerar oportunidades en comunidades de origen; enviar y recibir remesas libres de impuestos.


“Los hondureños se van para Estados Unidos porque aquí no hay ninguna oportunidad de sobrevivir, no hay oportunidades de educarse y de empleo… son los gober-nantes que con sus decisiones obligan a la gente a irse; las malas decisiones hacen que no haya empleo, hay que darle oportunidad a las personas de tener acceso, primero a la educación… Las remesas mantienen nues-tra economía, entonces hay que fomentar que la gente, con el dinero que gana en los Estados Unidos, arme ne-gocios pequeños o construya casas, nuestro gobierno no les cobraría impuestos y con eso se lograría que la eco-nomía crezca y que ellos salgan de la pobreza, porque en la medida que exista un emprendimiento que genere dinero, se deja de ser dependiente del Estado y depen-diente de las remesas… A estas alturas el gobierno es-tadunidense ya tiene una política de no continuar con el TPS; ahí ya es muy difícil porque se ha desperdiciado un


Página | 44

montón de tiempo de indiferencia del gobierno para re-solverlo; habría que reiniciar la negociación con un nuevo equipo de personas para un nuevo TPS condicionado, porque ahora hay una nueva política con el nuevo presi-dente de los Estados Unidos”. Salvador Nasralla, can-didato presidencial de la Alianza de Oposición Con-tra la Dictadura.

“De aquí se va la gente desesperada, ya sea porque no tiene un ingreso mínimo para cubrir sus necesidades o porque está sometida a un nivel de violencia que es fran-camente inhumano; entonces tenemos que generar las condiciones de prosperidad y seguridad en el país y sí, tenemos además que atender un problema, un fenómeno que ya es existente y en ese sentido la Alianza le apuesta fuertemente a un mecanismo de asistencia que apoye a las comunidades migrantes, desde que salen del país, hasta que lleguen a su destino y cuando son deportadas también para poderlas rescatar y traerlas de regreso con seguridad… Estamos planteando una idea innovadora de establecer un acuerdo con otras naciones centroame-ricanas y con México, establecer una red consular con-junta, porque sabemos que Honduras tiene limitaciones en este tema, con el presupuesto, pero podríamos apro-vechar la red consular mexicana que está muy bien es-tablecida en los Estados Unidos… Estados Unidos es un país que se construyó con migrantes, entonces no es justo que se plantee un libre comercio y no se plantee un libre tránsito de personas. Nosotros entendemos la mi-gración desde una perspectiva de derechos y de desa-rrollo… Quienes atienden a la migración retornada, en este momento son más bien organizaciones, ya sea reli-giosas u organizaciones de la sociedad civil porque cla-ramente aquí el Estado no está cumpliendo con su papel y su responsabilidad. A través de una Política Nacional de Atención al Emigrante se debe priorizar la atención hacia esta población, protegerla a lo largo de su tránsito, brindarle servicios en los países de destino… Que se in-centive y se informe a la población migrante sobre cómo utilizar estos recursos de una manera más sostenible que

Capítulo III

Página | 45

le permita a ellos desarrollarse y que justamente se oriente esa inversión hacia algo que sea productivo… Lo que es urgente, es hacer un esfuerzo para convencer a las autoridades del país de destino, que la migración tam-bién les sirve a ellos y, por otra parte, evitar que más hon-dureños tengan que irse, si no que tengan las oportuni-dades aquí”. Rodolfo Pastor de María Campos, direc-tor de mensaje y plan de gobierno de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

“El ser humano emigra a donde hay posibilidades; origi-nalmente emigraba donde había agua, donde había ani-males, donde había posibilidades de establecerse y ahora lo hace, tanto aquí en América, como en Europa, como en todo el mundo, donde hay oportunidades de empleo para poder seguir adelante; de esa forma--- entre tanto no generemos las condiciones a lo interno en el país y el país tiene la capacidad para poder ser un gene-rador de oportunidades---vamos a seguir teniendo el pro-blema de emigrantes hondureños… Yo creo que si se establecen planes para que las familias que reciben re-mesas de sus familiares en el exterior puedan invertir en el país y mejorar las condiciones de vida…vivienda para comenzar, debe haber líneas de fondos públicos para los que reciben remesas y que se les permita a un largo plazo tener una vivienda digna… Deben existir progra-mas de becas o programas que incentiven que los fami-liares de nuestros emigrados eleven su nivel educativo, tanto en las universidades públicas como privadas se pueden impulsar estos programas, para que las remesas se inviertan también en educación”. Jorge Aguilar, se-cretario del Partido Innovación y Unidad Social De-mócrata (PINU-SD)-Alianza de Oposición Contra la Dictadura.


Página | 46

b. Partido Liberal: 1) Planteamiento central:

El Partido Liberal formula su propuesta en torno a la crea-ción de condiciones para que la gente no se vaya: segu-ridad humana; reactivación económica para generar em-pleo; y fortalecimiento de la educación, salud y protec-ción social.


“Lo que se buscará es generar empleo para que los hon-dureños no emigren, pero aun cuando quisieran irse del país, también; por otro lado, en el derecho humano de la educación se plantea la escuela bilingüe porque la per-sona tiene que aprender inglés porque quiérase a o no es el idioma universal y una persona que habla inglés tiene mejores condiciones para poder trabajar en cual-quier parte del mundo, de tal manera que quien se vaya, se vaya con mejores condiciones educativas, con mejo-res condiciones profesionales y encuentre una vida mejor en otros países, de la manera más fácil… Debe haber una política para el migrante, por ejemplo, el hecho de que quien regresa de los Estados Unidos y que se viene con sólo lo que tiene, deberíamos de tener una política de incentivo para que ellos pongan capital semilla y co-miencen pequeñas actividades y generen empleo perso-nal y familiar”. Darío Hernández, miembro de la comi-sión de campaña del Partido Liberal.

Puntos centrales en la Alianza y el partido Liberal

Mejorar las condiciones para que no se vayan (coincidencia total entre la Alianza y el partido Liberal); garantizar la pro-tección de los que migran; asegurar la inserción e integración social de la población deportada y envío y recepción de re-mesas libres de impuestos. El partido liberal no aborda los problemas de los migrantes cuando se van, cuando perma-necen allá ni cuando retornan; ambos coinciden en que la migración es un problema de la agenda del desarrollo, pero también es un asunto de derechos.

Capítulo III

Página | 47

Lo que es débil en el discurso La estructuración de una política sobre migración que incluya todos los aspectos clave y, además, la forma (mecanismos y procesos) en que piensan ejecutarla, el tiempo, el segui-miento y los resultados. Presentan ideas muy buenas pero dispersas y sin relación unas con otras.

c. Partido Nacional 1) Planteamiento central:

La migración es buena porque trae divisas, pero hay que generar empleo para atenuar la fuerza de la migración y demostrar a Estados Unidos que se está haciendo todo lo posible para frenar la misma.


“Hoy más que nunca dependemos de los migrantes, es decir, la válvula de escape a la crisis en Honduras es la migración, pero si usted mira la política norteamericana sobre ese tema, pareciera que la válvula de escape se va a cerrar y eso le avizora al país un panorama bastante conflictivo y sin esperanza. Nosotros tenemos una eco-nomía más o menos macroeconómicamente estable por las remesas, exportamos mil 400 millones a Estados Uni-dos y les compramos cuatro mil millones de dólares, el diferencial surge del dinero de las remesas. En el mo-mento en que se cierre ese fluido sostenible de recursos, en ese momento el país va a entrar en una conflictividad tremenda… Mientras no se creen oportunidades o se au-mente la productividad y la riqueza del país, ningún go-bierno va a poder hacer nada. Sin embargo, se han visto algunas acciones como lo que tuvo que ver con la crisis de los niños, que viajaron a los Estados Unidos, que han servido para crear algunos mecanismos, pero Honduras necesita que soquen bien los tornillos del sistema, del sistema gubernamental y del sistema social, que noso-tros empecemos a ver al migrante como lo que es, un hermano… En Honduras el 80 % de los que se van, se


Página | 48

van porque no tienen oportunidades en este país, prefie-ren correr riesgos cruzando el desierto, que morirse en Honduras por hambre o víctima de la delincuencia. En-tonces, necesitamos entender que sólo hay una ruta clara: crear oportunidades en el país, abrir fuentes de tra-bajo, entender que no podemos tener un déficit de más de 100 mil plazas laborales en el año, inclusive el go-bierno debe empezar a entender que debe empezar a implementar algunos mecanismos de control poblacio-nal, si la población crece en una proporción más elevada que el crecimiento económico, las cosas andan mal y de-jemos de mentirle a la gente… La idea debe ser que en este país haya buena educación, buena salud, buena se-guridad y que los hondureños no se vayan a otros países donde son vistos no como ciudadanos de segunda, sino como ciudadanos de tercera, expuestos a una serie de discriminaciones, inclusive, accidentes y expuestos al más grande accidente que ha habido en los últimos diez años, que es la tragedia de que Trump sea el presidente de los Estados Unidos”. Raúl Pineda Alvarado, Ana-lista político, partido Nacional.

d. Otros partidos

1) Frente Amplio

a) Planteamiento central: La migración es provocada por la crisis económica y social a nivel interno que obliga a migrar a aquellos que creen que no hay oportunidades en el país.


“El problema de la migración se basa en una crisis humana, porque recordemos que la crisis humana abarca la crisis provocada por la falta de empleo, la crisis de salud, la crisis de vivienda; de igual forma el campesino emigra porque no tiene acceso a las tie-rras, hay conflictos ambientales que generan violen-cia por la mala praxis de los organismos agrarios, todo esto viene a generar una crisis humana y la

Capítulo III

Página | 49

misma crisis humana obliga al ciudadano a irse a otra nación que le garantice, de mejor manera, el derecho humano… El Estado hoy en día debe acercarse a la comunidad; es necesario que estas mismas remesas se puedan canalizar fomentando el cooperativismo comunitario, porque las remesas son parte funda-mental de la economía y del desarrollo de este país y creemos que, a través del desarrollo de un coope-rativismo, las remesas tendrán un impacto grande en la comunidad, porque quien recibe estas remesas, son familias que también se encuentran bajo la línea del desempleo”. Isaías Fonseca, candidato presi-dencial del Frente Amplio.

2) Partido anti corrupción (PAC)

a) Planteamiento central: La migración se debe a la falta de oportunidades y falta de empleo para jóvenes y mujeres; además de la débil garantía de seguridad a inversionistas y la persistencia de gobiernos corruptos.


“Yo creo que teniendo un gobierno honesto que no sea corrupto, vamos a tener los suficientes fondos para que podamos trabajar y abrir nuevas fuentes de empleo, pero para poder abrir nuevas fuentes de em-pleo necesitamos inversionistas extranjeros y nacio-nales; se requiere una motivación para que pueda venir esa inversión y que pueda haber una verdadera política de justicia y de seguridad. Combatiendo la extorsión, combatiendo la tasa de impuestos que hay ahora para la empresas, yo creo que tendríamos una apertura mayor en cuanto a la inversión nacional y extranjera y podríamos darle empleo a los jóvenes y a las mujeres, que son las que más necesitan em-pleo… Mucha gente se va para otros países por pro-blemas de seguridad, porque dice que aquí yo no se puede vivir, y porque aquí no podemos tener nego-cios, porque aquí no podemos invertir y porque la


Página | 50

vida esta cara y porque no hay oportunidades. Tam-bién es un problema de desarrollo porque aquí a las personas no se les permite crecer o desarrollarse como ser humano, porque tenemos el problema de la falta de oportunidades, al final todo vuelve a caer en lo mismo… Yo creo que hay que enfocarnos para que las remesas que lleguen se inviertan y la única forma es a través del emprendedurismo. Si nosotros tenemos una buena educación, capacitamos, entre-namos, especializamos y certificamos a nuestras personas para que puedan emprender, yo creo que al dinero de las remesas le darían utilidad y tendrían independencia económica”. Marlene Alvarenga, candidata presidencial del Partido Anti Corrup-ción (PAC).

3) Alianza Patriótica Hondureña

a) Planteamiento central: Que venga la inversión internacional para generar empleo (Trump campos de golf); incentivarla para que invierta más; demostrarle a Estados Unidos que nosotros cooperamos con ellos en el combate al nar-cotráfico para obtener mejores condiciones para los migrantes y para el país.


“Todas las acciones de gobierno deben ir encamina-das al desarrollo del país, a generar las oportunida-des para la gente. Hay tres problemas que están ha-ciendo que el país no salga adelante y que no salga la inversión, que son: la violación a la Constitución, la inseguridad y la corrupción. Si nosotros paramos esos tres problemas seguro que vamos a crear con-diciones para que vengan los inversionistas y hay que promover diplomáticamente a través de un buen sistema de relaciones internacionales para vender nuestro país, hacerlo atractivo, con seguridad jurí-dica... En términos generales tiene que ver con todo,

Capítulo III

Página | 51

tiene que ver con problemas de seguridad y con pro-blemas de desarrollo humano, porque las personas ante la falta de oportunidades buscan irse para otro país. Pero también existe el problema de seguridad porque muchas personas se van por miedo a ser re-clutadas por el crimen organizado y mejor buscan otras oportunidades… Siendo un derecho humano la migración hay que proteger a nuestra gente y buscar a través de la diplomacia efectiva encontrar apoyo con otros países para que nuestros conciudadanos sean respetados en ese derecho, porque la migra-ción es un derecho humano universal. Lo importante es que nosotros le creemos condiciones al hondu-reño para que viva en su patria, porque Honduras es bonito, pero si la gente quiere salir del país es un de-recho humano, y siendo un derecho humano, tene-mos que ver cómo apoyarlo, haciendo buenas accio-nes diplomáticas… Hay que incentivar a esas fami-lias para que sus dineros sean utilizados en la aper-tura de microempresas, para que la familia crezca y en el futuro cuando ya estén viejos se vengan acá. Que aporten parte de esas remesas para su jubila-ción… Con una diplomacia efectiva, a los países grandes no hay que irles a pedir, sino que hay que apelar a su egoísmo, qué podemos ganar juntos. Ejemplo: nosotros tenemos muchos puntos de nego-ciación, tenemos la base de Palmerola, si quieren una estadía permanente se las podemos dar a cam-bio de (…)---nosotros le estamos ayudando a los Es-tados Unidos en el combate al narcotráfico, es más, están extraditando hondureños, entonces eso quiere decir que si tenemos una buena diplomacia nosotros tenemos cómo negociar---ellos ganan si les cedemos su permanencia en Palmerola, ellos ganan si noso-tros estamos anuentes a prestarles nuestro equipo, nuestros aviones, nuestras tripulaciones, nuestras lanchas, nuestras tropas para combatir el narcotrá-fico, porque esa es una guerra internacional no es una guerra de los hondureños, entonces si nosotros les estamos ayudando a ellos y si hacemos una


Página | 52

buena negociación, seguro que podemos lograr be-neficios para nuestros compatriotas, el problema es que cuando nosotros sólo andamos de pedigüeños y no nos hacemos sentir que estamos cooperando, en-tonces nos ven como pedigüeños. Hay que hacerles ver que estamos ayudando, que estamos colabo-rando, combatiendo el narcotráfico, que estamos co-laborando al tener una base estratégica aquí, perma-nente”. Romeo Vásquez Velásquez, candidato presidencial del Partido Alianza Patriótica Hon-dureña.

4) Democracia Cristiana

a) Planteamiento central: Hay que realizar acuerdos con países para propiciar una migración ordenada.


“El Estado tiene que crear las iniciativas aquí para desarrollarse, crear proyecto, crear carreras técni-cas, crear negocios porque a un campesino o a un cobrador de aquí de Tegucigalpa en vez de darle un bono, en vez de darle una bolsa, por qué no se le da para que pueda sostener a su familia, no sólo pode-mos tener al pueblo extendiendo la mano y le pongan lo que se va a comer, esa no es la salida. Yo no digo que sea malo dar esa bolsa solidaria, porque de algo debe servir a la gente, pero el Estado hondureño no va a vivir toda la vida haciendo este tipo de proyectos de condolencia y sobrevivencia… Es un problema de seguridad y es un problema de desarrollo, porque si nosotros tuviéramos aquí las empresas necesarias que pudiéramos pagar lo que se paga en los Estados Unidos nadie se iría de aquí”. Lucas Aguilera, can-didato presidencial del Partido Demócrata Cris-tiano de Honduras.

Capítulo III

Página | 53

5) Partido Unificación Democrática (UD)

a) Planteamiento central: Mejorar la calidad de vida para evitar que se vayan.


“Si bien es cierto las remesas en estos últimos años han jugado un papel importante en el producto in-terno del país, la observación importante es que es algo externo que depende de la productividad de hondureños que están en el extranjero y eso se pu-diera ver afectado por variables que como país no las podemos controlar. Si bien es cierto, es importante, yo creo que el país, tiempo atrás, tuvo que haber creado políticas económicas que nos dieran indepen-dencia de las remesas, porque al ser un indicador ex-terno, nos limita a que podamos maniobrar interna-mente… Tener políticas económicas y propiciar un escenario interno que nos dé estabilidad económica y crecimiento, no sólo en las cifras macroeconómicas sino en las microeconómicas, porque en las macro-económicas hemos tenido crecimiento, pero eso es una medio-verdad, porque en las microeconómicas andamos muy mal, ha incrementado el desempleo, la oportunidad, la calidad de vida del ciudadano… Eso depende de la habilidad que tengamos para ne-gociar y desde la perspectiva de nuestro instituto po-lítico, creemos que en la medida que toda Centroa-mérica y México nos pongamos de acuerdo y llegue-mos a consenso y podamos negociar con el gobierno de norteamericano, creo que vamos a tener mayor peso”. Alfonso Díaz Narváez, candidato presiden-cial del Partido Unificación Democrática (UD).

4. CONCLUSIONES

os candidatos no tenían ideas propias y originales que reflejaran el manejo apropiado del tema; este tema no

tuvo la jerarquía necesaria en el discurso electoral; se pudo L


Página | 54

percibir una diferencia entre LIBRE como partido y Nasralla como candidato: LIBRE lo planteaba como derecho humano ya que no debe verse como delito; sin embargo, no se preo-cupan por las causas sino por las consecuencias (efectos): mejores condiciones para el migrante, para la familia y para la economía del país; Salvador Nasralla insistió en las cau-sas, pero su preocupación no fue fijar postura sino criticar al gobierno; en resumen: no hay oportunidades porque el go-bierno es corrupto. Para Juan Orlando Hernández/ partido Nacional, la migración no es un problema, es una solución, pues se van los pobres y vienen las divisas; la migración es grave por el drenaje de los recursos humanos pues coloca el tema en la agenda de seguridad, y en ello coinciden tanto el Estado receptor como el Estado emisor, caracterizándolo como problema multidi-mensional que pertenece a la agenda del desarrollo más que a la agenda de seguridad. El elemento central sigue siendo que la migración es buena porque produce remesas; de ahí el dilema entre garantizar condiciones para que no se vayan o apoyar para que lo ha-gan con las debidas garantías; el componente sicosocial si-gue siendo el gran ausente: la pérdida de capital humano; la situación de los hijos que quedan sin el control de sus padres; la situación de los adultos mayores que reasumen la crianza de los niños; la migración como válvula de escape a la pre-sión social sobre el Estado. A los entrevistados se les formularon cuatro preguntas cen-trales:

a. ¿Qué establece su Plan de gobierno en torno al pro-blema de la migración?

b. ¿Qué es la migración, un problema de seguridad o un problema del desarrollo?

c. ¿Debería existir una política migratoria en Hondu-ras? Si es así, ¿cuáles serían los elementos de tal política?

Capítulo III

Página | 55

d. ¿Cómo lograr un estatus permanente para nuestros migrantes en Estados Unidos?

Se observó en las respuestas un manejo más emotivo que profesional del tema, mostrando preocupaciones, visiones, metodología y recomendaciones, sin lograrlas articular en un planteamiento de política de Estado con visión estratégica y de largo plazo. La Alianza y el partido Liberal lograron pre-sentar una visión más coherente sobre el tema, aunque to-davía les hizo falta dar un salto cualitativo que planteara una propuesta más consecuente con la gravedad del problema en nuestro país, especialmente con el cuándo, cómo, con quién y en cuanto tiempo se pueden ejecutar una política in-tegral que incluya, por lo menos cinco ejes centrales:

· Creación de oportunidades locales de empleo y desarrollo (para que no se vayan);

· Inversión productiva de las remesas con apoyo del gobierno (para los que ya se fueron)

· Protección de los derechos humanos de los migran-tes (para los que van en camino);

· Oportunidades productivas para el migrante retor-nado (para los que retornaron);

· Atención especial a los familiares de los migrantes (para todos los que se fueron, van en camino o retor-naron).

· Análisis, evaluación e impacto (positivo y negativo) de la política de migración por zonas geográficas, edad, sexo y nivel educativo).

Una conclusión positiva de este seguimiento es la visión com-plementaria de todos los que participaron en la contienda electoral, aportando al desarrollo de uno o más de los que deben ser los ejes fundamentales de una política de migra-ción en nuestro país, lo que abre la esperanza de un trabajo conjunto con visión estratégica para abordar el tema desde una visión integral y cooperativa de todas las fuerzas políti-cas o desde el desarrollo de puntos de coincidencia que per-mitan ver el tema de la migración con una mirada esperanza-dora en el que todos los involucrados salgan ganando.


Página | 56

5. FUENTES UTILIZADAS

a. Fuentes secundarias:

· Equipo de investigación del CEDOH: HONDURAS: MIGRACIÓN, POLÍTICA Y SEGURIDAD, Centro de Documentación de Honduras (CEDOH), Teguci-galpa, Honduras, 2005.

b. Fuentes primarias:

Entrevistados

· Alfonso Díaz Narváez, candidato presidencial del Partido Unificación Democrática (UD)

· Darío Hernández, miembro de la comisión de cam-paña del Partido Liberal

· Isaías Fonseca, candidato presidencial del Frente Amplio

· Jorge Aguilar, secretario del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)-Alianza de Oposición Contra la Dictadura

· Lucas Aguilera, candidato presidencial del Partido Democracia Cristiana de Honduras

· Marlene Alvarenga, candidata presidencial del Par-tido Anti Corrupción (PAC)

· Raúl Pineda Alvarado, Analista político, partido Na-cional

· Rodolfo Pastor de María Campos, director de men-saje y plan de gobierno de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura

· Romeo Vásquez Velásquez, candidato presidencial del Partido Alianza Patriótica Hondureña

· Salvador Nasralla, candidato presidencial de la Alianza de Oposición Contra la Dictadura.

Página | 57

Manuel Torres Calderón 1

1. INTRODUCCIÓN

n plan de gobierno se define como el programa con el que un partido político o candidato en particular se pre-

senta a las elecciones y donde se exponen sus medidas de acción política o institucional que aplicará, en caso de triunfar en los comicios. Se supone que un plan de gobierno es un ejercicio de plani-ficación participativo, en el cual los partidos políticos y sus candidatos anuncian al electorado lo que realizarán cuando lleguen al poder. El electorado debe elegir en base al cono-cimiento de dichas propuestas y no únicamente sobre deter-minada característica de los candidatos.

1 Periodista hondureño, autor y/o coautor de libros e investigaciones sobre la reali-dad nacional en temas de gobernabilidad política y social, y de medios de comuni-cación social.

U


Página | 58

Desde esa perspectiva, los planes de gobierno debieran ser seriamente considerados por la ciudadanía si es que se desea seleccionar una opción que satisfaga las expectativas de cambio del país. En su lectura se puede advertir la ideo-logía, valores que defiende y propuestas de acción de cada candidato. No obstante, en la tradición política hondureña, a partir de 1982, la presentación de Programas de Gobierno por los par-tidos políticos ha sido un acto electoral formal, más que sus-tantivo. Se preparan para cumplir con la Ley Electoral, no por convicción o por responsabilidad ética, sino como requisito. Lo que predominan son las promesas electorales, más que las propuestas de fondo. “Nadie vota por programas, sino por promesas”, suelen afir-mar los políticos. De hecho, el número de promesas de los partidos políticos y sus candidatos es inversamente propor-cional a sus posibilidades de triunfo. Mientras más alejados están del poder, más ofrecimientos hacen para alcanzarlo. En las propuestas de gobierno consideradas para este análi-sis, la Alianza de Oposición contra la Dictadura encabeza el número de promesas ofrecidas, le sigue el Partido Liberal y, por último, el Partido Nacional. Metodológicamente, se priorizaron los planes de gobierno presentados por las tres fuerzas políticas que concentran más del 90% del electorado: Partido Nacional, Partido Libe-ral y la Alianza de Oposición para la Dictadura. También for-man parte de las fuentes documentales las entrevistas reali-zadas a candidatos de otras formaciones políticas para tomar en cuenta sus criterios y algunos discursos que han pronun-ciado en sus respectivas campañas. En lo que respecta a la Alianza de Oposición para la Dicta-dura, se tomó en cuenta que tiene dos propuestas en circu-lación, la institucional, de la Alianza propiamente, y la de su candidato presidencial.

Capítulo IV

Página | 59

En el caso del Partido Nacional más que propuestas y pro-mesas novedosas, lo que ofrece es continuidad y fortaleci-miento de lo desarrollado por el gobierno nacionalista a partir de 2010 hasta la fecha.

2. ¿QUÉ ES LA INSTITUCIONALIDAD HONDUREÑA?

n el marco de la organización política, el país se divide en 18 departamentos, que contienen 298 municipios.

Los municipios se administran por las corporaciones munici-pales que se eligen a través de procesos electorales y tienen autonomía para tomar decisiones dentro del marco de la ley, el desarrollo municipal y los intereses nacionales. Esa auto-nomía no es financiera, puesto que la absoluta mayoría de-pende de los recursos del Estado para administrarse y ejecu-tar obras. Esa dependencia explica, en parte, las asimetrías que en ma-teria de recursos financieros, físicos, humanos e instituciona-les presentan los municipios. Se estima que 75% de los mu-nicipios corresponden a los grupos más pobres en varios sentidos: baja disponibilidad de recursos financieros, pobres en recursos humanos calificados y débil marco institucional. Por otra parte, la Administración Central la integra cada uno de los poderes y órganos establecidos en la Constitución de la Republica y la complementan las Instituciones descentra-lizadas, que son aquellas creadas por decretos legislativos a las cuales se les asigna personalidad jurídica y patrimonio propio. Pese a su dimensión burocrática, el Estado carece de una carrera de servicio civil, aunque cuenta con una ley de servi-cio civil. Esta ley se aprobó en 1967, se aplica solamente a los servidores del gobierno central y no cubre todo el sector público. Los servidores de los poderes legislativo y judicial tienen sus propios regímenes de manejo de contratación y administración de personal. En el caso de los servidores de

E


Página | 60

las instituciones descentralizadas sus relaciones y adminis-tración laborales se rigen por el Código del Trabajo o por con-tratos colectivos. Los maestros y médicos, a su vez, regulan sus derechos laborales a través de estatutos especiales. La corrupción es multidimensional y varias causas contribu-yen a que surja y se incremente. Cada vez que una crisis debilita la institucionalidad pública y al Estado de derecho o que hay pérdida de derechos ciudadanos, aumenta el mal uso de los fondos públicos. Sin duda, la débil legitimidad de las instituciones gubernamentales contribuye a la corrupción. Las autoridades reconocen que el proceso de recopilación y la calidad de la información dificultan la vigilancia sobre el uso del presupuesto, principalmente en las áreas de la adminis-tración tributaria, los controles de la nómina y del gasto no salarial y en los controles y la auditoría interna. El Gobierno publica una gran cantidad de información útil en sus portales institucionales y en los sub portales de transparencia que re-quiere la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-blica, pero ello no disminuye de manera sustancial la percep-ción nacional de corrupción. Un ejemplo es el desastre finan-ciero y humano del Instituto Hondureño de Seguridad Social o la insolvencia de instituciones estratégicas, como la Em-presa Nacional de Energía (Eléctrica (ENEE) y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); de las que prácticamente sólo quedan sus deudas multimillonarias. La auditoría externa que realiza el Tribunal Superior de Cuen-tas (TSC) ha ido mejorando consistentemente, pero es una práctica que todavía no se establece como una función im-portante en la gestión de las finanzas públicas. El modelo de gestión de riesgo o de auditoría preventiva es casi inexistente en la institucionalidad pública. Al drenaje de recursos que supone la corrupción, se suma la debilidad del sistema fiscal, como uno de los elementos más críticos de la administración financiera pública. El sistema tri-butario hondureño no genera ingresos suficientes. La insufi-

Capítulo IV

Página | 61

ciencia financiera tributaria ha obligado a que se hagan pe-riódicamente reformas parciales de impuestos que logran compensar temporalmente la debilidad fiscal, pero no cam-bian las fallas estructurales del sistema, que incluyen una baja carga tributaria, mantenimiento de una generosa oferta de exenciones tributarias en leyes generales y leyes especia-les, así como una diversidad de impuestos que debilitan los esfuerzos de la administración tributaria. El Estado de Honduras practica una abusiva política de exo-neraciones que impide una recaudación tributaria más equi-tativa, que potencie la capacidad competitiva empresarial y disminuya los riesgos fiscales para intentar desarrollar un adecuado equilibrio macroeconómico y microeconómico. De acuerdo con el FOSDEH2, se estima que hay 68 decretos ley y acuerdos emitidos por el Congreso Nacional de la Re-pública y el Poder Ejecutivo en exoneraciones, que represen-tan una pérdida de ingresos superior a los 40 mil millones de lempiras al año. Bajo esas circunstancias, las propuestas de creación de nue-vas instituciones, más que cambios de fondo al Estado, son reformas instrumentales.

a. Propuesta mínima de creación de nuevas instituciones

Partido Liberal Alianza Partido Nacional La creación de un organismo inde-pendiente de in-vestigación de la conducta de los operadores de justicia.

Solicitar a la ONU la instalación de la Comisión Interna-cional Contra la Impunidad y la Co-rrupción (CICIH). Avanzar hacia un Sistema Unitario

Continuar llevando Vida Mejor a todos los rincones del país. Convivencia ciuda-dana: “continuare ha-ciendo lo que tenga que hacer para lograr

2 Las exoneraciones fiscales en Honduras. Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras. Febrero 2017


Página | 62

Restauración del funcionamiento del Consejo Ciu-dadano del Minis-terio Público. Creación del Tri-bunal Constitucio-nal. Creación del Insti-tuto de Ciencias Forenses Creación de Uni-dad Especial de Rescate Comuni-tario para la recu-peración, control y transición comuni-taria. Fortalecer el Insti-tuto Nacional de la Mujer. Creación del Tri-bunal Constitucio-nal y de la Secre-taría del Agua. Se construirá el Centro de Investi-gación y Educa-ción en Ciencias Marinas y Recur-sos Costeros.

Estatal en Salud, mediante la crea-ción de la Secreta-ría de Salud y Se-guridad Social y el Fondo Unitario Es-tatal de Salud (FONHSALUD) para la administra-ción eficiente, transparente y so-lidaria. Creación del Sis-tema Nacional de Emergencia en Salud disponible las 24 horas con respuesta rápida. Creación del Insti-tuto Nacional de Salud Pública que integre las activi-dades de docu-mentación, investi-gación, asistencia, docencia y aseso-ramiento y el Sis-tema de Inteligen-cia en Salud (SIS) que permita una comunicación y transmisión de da-tos a nivel nacional en tiempo real.

Restitución de la institucionalidad Cultura y las Artes a rango prioritario dentro del Estado. Creación de la Di-rección Nacional

que el pueblo hondu-reño tenga niveles de seguridad y conviven-cia igual que los paí-ses del primer mundo”. Creación de un sis-tema de innovación, con investigación de alta calidad para la modernización de la producción, Continuar el Plan Honduras 20 / 20 que aspira a generar 600,000 empleos para los próximos años. Construir un sistema público de educación de calidad bilingüe con uso de tecnolo-gía. Proseguirá la imple-mentación plena de la reforma a la seguridad social Un nuevo sistema de almacenamiento y distribución de medi-camentos, eficiente y transparente. Un nuevo sistema car-celario en donde los reclusos estén clasifi-cados entre muy peli-grosos y mediana-mente peligrosos

Capítulo IV

Página | 63

del Deporte Hon-dureño (HONDU-DEPORTE) como ente rector del de-porte hondureño y como plataforma que concentre los esfuerzos hoy dis-persos en el sec-tor. Sistema de finan-ciamiento rural al-ternativo, apo-yando la confor-mación de 10,000 cajas rurales, la entrega de 300 mil bonos tecnológi-cos en cuatro años, inversión aproximada de 540 millones de lempiras.

Ampliación del pro-grama Ciudad Mujer.

b. Propuesta mínima de instituciones

que eliminar o modificar

Partido Liberal Alianza Partido Nacional Revisar la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Se-guridad, y así sus-traer de ese ór-gano a institucio-nes independien-tes del Poder Eje-cutivo

Revertir los proce-sos de privatiza-ción y recuperar las empresas pú-blicas del Estado

Básicamente más que eliminar o modifi-car la propuesta es de fortalecimiento del Estado y sus institu-ciones: “vamos a ter-minar de reorganizar y fortalecer el Estado y sus instituciones, para que sea más efi-ciente, transparente y


Página | 64

con servidores públi-cos que tengan un compromiso de servi-cio hacia el pueblo. Seremos un país de orden con reglas cla-ras y con trámites más simples”.

Certificación del servidor público y su profesionaliza-ción por medio de una revisión al ré-gimen del servicio civil, que le per-mita acceder y as-cender en el puesto por compe-tencias y sobre bases éticas, y no por filiación polí-tica o personalis-mos.

Regulación de las exoneraciones fis-cales a las gran-des empresas

Una reforma legal para que todos los actos de la Comi-sión para la Pro-moción de las Alianzas Público-Privadas sean pú-blicos

Fortaleceremos una fuerza integral de inteligencia y seguridad para combatir el crimen

Una nueva Ley de Tenencia y Porta-ción de Armas.

Pacto Agrofores-tal, un nuevo marco legal inclu-yente y una re-forma institucional que vuelva efi-ciente al sector

Reforma a la Banca de Desa-rrollo para demo-cratizar el finan-ciamiento

Se derogará el Ar-tículo 9 de la Ley

Capítulo IV

Página | 65

de Ordenamiento a las Finanzas Pú-blicas que impone el cobro de un 1.5% sobre los in-gresos iguales o superiores a diez millones de Lem-piras Se creará el Pro-grama de Asisten-cia y Promoción a la Economía So-cial y Solidaria (ASISTE)

Transformaremos el INFOP en una institución de edu-cación técnica vo-cacional de primer nivel

3. EL ESTADO HONDUREÑO Y EL DESAFÍO DEL SIGLO XXI

n el país se discutía sobre el rol y los desafíos del Es-tado ya en 1980-1982 cuando concluyó el ciclo de go-

biernos militares y se aprobó una nueva Constitución de la República que abrió el período de la transición civil a la de-mocracia; o en 1990 cuando la mezcla de los viejos modelos económicos fue reemplazado por la privatización neoliberal; o en 1998-1999, cuando el impacto devastador del huracán Mitch reflejó las debilidades estructurales de la nación, o, en el 2009, con un golpe de Estado que evidenció, con claridad, que el país arrastraba el lastre de sus debilidades y contra-dicciones no resueltas en el siglo XX. Esa percepción de un antes y un después siempre se hace presente con el cierre de un ciclo y de otro que se abre con incertidumbre, sobre el cual hay más interrogantes que respuestas.

E


Página | 66

Entonces, ¿de qué se trata el reto del Estado y sus institucio-nes en la actualidad? Intentando una respuesta, el común denominador de las coyunturas previas fue que los desenca-denantes eran producto de la propia evolución histórica in-terna o de factores externos, naturales o coyunturales; hoy, además del equilibrio interno de poder, el rumbo lo deter-mina, de manera predominante y permanente, el escenario internacional que globaliza tanto el capital como los conflictos y que impone a las naciones retos adicionales, muchos con-tradictorios entre sí; por una parte abrir las puertas de sus economías al control de las grandes corporaciones financie-ras y elites privadas, y, por otra, que cada país atienda las aspiraciones internas de un desarrollo inclusivo y sostenible con igualdad, así como a los necesarios cambios estructura-les que se requieren para materializar esos grandes objeti-vos. En suma, posiblemente el Estado hondureño sí afronta el ma-yor reto de su historia, y la complejidad del momento reclama un debate y un empeño diferente, tanto en el ámbito de las finanzas y la producción como en el diseño y ejecución de políticas públicas con impacto positivo en la reducción de las inequidades y desigualdades. En ese contexto, la idea de na-ción que tiene para sí misma Honduras está sujeta a nuevas interpretaciones y reinterpretaciones, que le posibiliten clari-ficar el rumbo a seguir para transitar a la democracia.

a. En qué condiciones se encuentra el Estado hondureño

De la transición civil a la democracia iniciada entre 1980-1982 y de su ruptura en junio de 2009, surgen dos tendencias que caracterizan al Estado hondureño de hoy: primera, la tenden-cia hacia lo que puede llamarse fortalecimiento de la cen-tralización y consiguiente desinstitucionalización, que cobra fuerza a partir de 1990 bajo la premisa neoliberal de “reducir” el tamaño del Estado, facilitando su privatización, propiciando condiciones de un mayor autoritarismo, incre-mento de la corrupción, dificultad para lograr el recambio po-lítico democrático al interior del país, la erosión de la ética

Capítulo IV

Página | 67

pública y una brecha mayor entre las estructuras de poder del Estado y la ciudadanía. Esa brecha se amplió cuando, en plena crisis del marco jurí-dico e institucional, ocurrió el golpe de Estado contra el go-bierno que encabezaba Manuel Zelaya Rosales. La opinión pública prácticamente se partió en dos luego, y se produjo una especie de tsunami institucional. La segunda tendencia, ligada con la primera, es una suerte de desintegración interna y condiciones para la confron-tación social que tiene su raíz en la extensa y profunda de-sigualdad social y económica imperante, que incide en he-chos como el incremento de la emigración, los desplazamien-tos internos forzados, la violencia cotidiana, el deterioro de las condiciones de vida o los antagonismos políticos exacer-bados; tanto es así que las viejas rencillas entre conservado-res y liberales palidecen ante la frustración, el resentimiento y la separación que afecta actualmente a la hondureñidad. Ambas tendencias se fortalecen con un marco institucional y socioeconómico débil, deficitario y volátil, con baja producti-vidad y escasamente competitivo. El potencial natural y hu-mano es subutilizado o explotado indebidamente. Algunas actividades agroindustriales (palma africana, caña de azúcar, cultivo de peces y mariscos y textiles) muestran dinamismo y en ellas se ha logrado cierta diversificación, pero la mayoría de trabajos creados, desde el 2009 hasta la fecha, han sido en sectores de baja productividad donde existen altas tasas de autoempleo. El sector agrícola emplea cerca del 42.4% del total de la PEA ocupada, seguido del sector comercio, hotel y restaurantes con el 19.0%, y la industria manufactu-rera con el 11.8% del total. Las nuevas oportunidades labo-rales surgen en actividades poco intensivas en conocimien-tos y habilidades específicas por lo que su remuneración es baja.3

3 Estimaciones del Programa Monetario 2016-2017 del Banco Central de Hondu-ras.


Página | 68

En el plano social, de acuerdo con fuentes oficiales, pese a que la tasa de incidencia de la pobreza redujo de 66.5% de la población en 2012 a 62.8% al cierre del 2014, a partir de 2015 se advierte un creciente deterioro de las capas medias y pobres, estimándose que, al menos, 37% de la población vive bajo condiciones de extrema pobreza. En las zonas ru-rales esos indicadores se elevan al 70% y al 61%, respecti-vamente. En el campo, 6 de cada 10 hogares se mantienen en pobreza extrema o con menos de US$2.50 al día.4 Lo que sucede en el sector rural se refleja en los centros ur-banos y en las demás actividades productivas y sociales, creando una cadena de necesidades insatisfechas, fragmen-tación y conflicto. De hecho, un núcleo fuerte de la emigra-ción procede de las zonas rurales y crea una paradoja de alto riesgo: el hondureño se vuelve más rentable trabajando fuera del país que adentro. Más de un millón ha tenido que emigrar, especialmente a Estados Unidos, España e Italia, y sus re-mesas sostienen la economía nacional, mitigando la pobreza rural, dinamizando comunidades, generando mayor de-manda para la economía y cerrando la balanza comercial. 5 En ese contexto, el Estado se percibe débil, bajo control de poderosos intereses empresariales y con una gobernabilidad precaria, lastrada por la corrupción e impunidad. La cesión de dominios del Estado a favor del capital privado, nacional y extranjero ha sido imparable. El fideicomiso, por ejemplo, es un negocio jurídico en virtud del cual se trasladan montos multimillonarios de fondos públicos a bancos autorizados para operar, como fiduciarios, la titularidad sobre ciertos bie-nes. El fideicomiso implica la cesión de los derechos públicos a privados.

4 Boletín Estadístico febrero 2016. Instituto Nacional de Estadística (INE). En-cuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples 5 Estimaciones del Programa Monetario 2016-2017 del Banco Central de

Honduras.

Capítulo IV

Página | 69

Fuente: Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) [www.cnbs.gov.hn],

Según el cuadro anterior, al finalizar el año 2016 los Bancos del Sistema Financiero Nacional administraban 92,646.5 mi-llones de lempiras, como Patrimonio en sus Departamentos de Fideicomiso, de los cuales Banco FICOHSA administraba 26,059.6 millones de lempiras, que en términos porcentuales representa un 28.1% del total del administrado por las insti-tuciones bancarias del sistema. Los negocios público-privados cobraron impulso a partir de 2010 cuando el Congreso Nacional aprobó la Ley de Promo-ción de la Alianza Público-Privada, mediante Decreto No. 143-2010, justificando que “ante la crisis económica mundial y que afecta notablemente a Honduras, es necesario que las autoridades del país tomen las medidas que consideren oportunas para generar inversión y crear fuentes de trabajo”. La cartera de proyectos gestionada a través de la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), a favor de capital privado, incluye proyectos


Página | 70

a nivel de la red vial, portuaria y aeroportuaria, así como en el área de energía, servicios, construcción, minería, infraes-tructura urbana, agua potable, mercados, sistemas de irriga-ción, administración del Registro de la Propiedad, Vehicular y Licencias de Conducir, o el Proyecto de Almacenamiento y Distribución de Medicamento y otros. Esa tendencia da continuidad al modelo neoliberal iniciado en 1990, cuando numerosos servicios públicos se privatiza-ron o pasaron a ser prestados en régimen de gestión indi-recta con el sector privado, mediante fórmulas contractuales y no contractuales que han terminado por denominarse Aso-ciación Público-Privada, en esta nueva etapa. El Banco Mundial alienta esa tendencia que insta a aprove-char el capital del sector privado en la reducción del déficit de infraestructura existente. En la actualidad, la inversión en bie-nes públicos muestra una relación de 80% capital privado y 20%, estatal. En suma, la reforma neoliberal del Estado hondureño ha sido un proceso que en determinadas etapas se acelera, pero que persiste gobierno tras gobierno. En pocos años el viejo Es-tado perdió las que eran sus principales funciones y ocupa-ciones, como por ejemplo la provisión de servicios públicos, y se transformaron algunas de sus tradicionales formas de intervención en la economía y en la sociedad. Se concretó la privatización de los servicios públicos y se establecieron lími-tes a la intervención pública. Fue un cambio cuantitativo y cualitativo que se acompaña, políticamente, de un amplio programa de políticas sociales de base asistencialista y/o clientelista. Por esa vía se pretende lograr la erradicación de la pobreza y una mayor equidad social. En la actualidad, los programas asistencialistas bajo la con-ducción directa de la Presidencia incluyen: Copa Presidente, Vida Mejor, Honduras Actívate, Honduras Canta, Recreo-vías, CONVIVIENDA, Crédito Solidario, Con chamba vivís mejor, Programa Presidencial de Becas, Centro Nacional de

Capítulo IV

Página | 71

Información del Sector Social, Visita Sorpresa y Honduras Brilla. Los planes de gobierno expuestos al electorado no objetan el asistencialismo como enfoque social, aunque la oposición distingue entre aliviar las condiciones, y también las capaci-dades de vida de la población pobre, pero todos reconocen, con pragmatismo, que un bono de gobierno hoy puede ga-rantizar un voto a favor mañana.

b. ¿Cómo caracterizan el Estado actual las tres fuerzas políticas mayoritarias

que disputan el poder electoral?

Partido Nacional “Siete pilares del Plan de Gobierno 2018-2022)” A falta de una caracterización en el plan de gobierno, el

presidente habla de sus logros, partiendo de los que con-sideraba los principales problemas del país cuando asu-mió su mandato. Esos logros hacen referencia a la reduc-ción de los homicidios, la extorsión y los secuestros; la captura y extradición de capos del crimen organizado y el narcotráfico y la incautación de sus bienes; reducción de la pobreza y asistencia a las familias más pobres con el Programa de Vida Mejor; restauración del orden. Propone siete pilares: 1. Innovar para crecer (un creci-miento económico agresivo, a través de la generación de empleo con innovación, tecnología y modernización).2. Acceso al crédito (un nuevo modelo de crédito de acuerdo con la empresa y su actividad). 3. Honduras como plata-forma logística (desarrollo de la infraestructura vial, turís-tica y tecnológica con acceso universal al internet). 4. Sa-lud y educación (reforma del sector salud y de la seguri-dad social / educación de calidad, bilingüe, con uso de tecnología). 5. Seguridad y defensa (garantizar la paz y la seguridad, prevención de la violencia domestica e intrafa-miliar, atención al menor infractor y al menor inmigrante retornado, fortalecimiento del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia). 6. Estabilidad en el país (estabilidad de la economía y el crecimiento económico). 7. Honesti-dad y transparencia (consolidar las buenas prácticas para


Página | 72

una administración pública transparente basada en la ren-dición de cuentas, las alianzas internacionales para las compras públicas y las licitaciones. Apoyo a la MACCIH: “nosotros la pedimos, es útil y la seguiremos apoyando”).

Partido Liberal “Plan Esperanza: Oportunidades para Todos, Privilegios para Nadie”

El desarrollo de Honduras se ha visto mermado a causa de tres factores fundamentales: debilidad institucional, modelo educativo fallido y modelo económico extractivo. Para lograr un modelo de desarrollo inclusivo, con oportu-nidades para todos y sin privilegios para nadie, que con-vierta a Honduras en un país socialmente solidario, se-guro y próspero, donde el ser humano sea el centro de la acción del Estado, proponemos un Plan de Gobierno, ba-sado en el liberalismo social, sustentado en cinco pilares o ejes temáticos: · Reconstrucción del Estado de Derecho y la institucionalidad · Seguridad humana · Reactivación económica para la generación de empleo · Educación, sa-lud y protección social · Gobierno eficiente y tecnológico. La prosperidad es producto de un modelo de desarrollo inclusivo que busca el bienestar de las mayorías, comba-tiendo la pobreza y desigualdad como los principales pro-blemas del país. Por eso nuestros indicadores claves so-bre los cuales nos mediremos serán los índices de desa-rrollo y progreso social y el índice de competitividad, para obligarnos a crear un sistema de gestión basado en resul-tados, con un gobierno facilitador del desarrollo.

Alianza de Oposición contra la Dictadura Diagnóstico del Estado actual:

Rompimiento del Estado de Derecho desde el golpe de Estado. Impunidad de los actores intelectuales y materiales del Golpe de Estado. Régimen autoritario que concentra poder en manos del actual presidente. Desaparición de la separación de poderes cooptados por el Ejecutivo. Violación sistemática de la Constitución.

Capítulo IV

Página | 73

Establecimiento de un sistema de corrupción instituciona-lizada. Continuidad de un sistema que genera exclusión e impu-nidad. Retorno del militarismo por encima del poder civil y demo-crático. Desconocimiento de la soberanía social, la democracia di-recta y participativa. Desconocimiento del principio de separación entre iglesia y Estado.

En seguimiento al modelo económico, que determina gran parte del rumbo de lo político, en la campaña electoral las propuestas y promesas principales de los candidatos fueron las siguientes:

Partido Nacional Generación de empleo que plantea el presidenciable a

través de Las Zonas Especiales de Empleo (ZEDE). Aunque ya el Congreso Nacional aprobó las Zedes para los departamentos costeros, falta la aprobación para los que no tienen costas y es el caso de Francisco Morazán, que también tiene zonas propicias para estas zonas de desarrollo (“Amarateca en Tegucigalpa y otros valles de Francisco Morazán, son zonas aptas para poder construir Las Zonas Especiales de empleo, pero vamos a ocupar en el futuro la autorización del próximo Congreso Nacio-nal, por eso estos diputados y diputadas (candidatos de FM) tienen ese compromiso conmigo para generar el em-pleo masivo que el país necesita”). La construcción de las primeras Zonas Especiales para masificar el empleo en Honduras, “son la mejor manera para el progreso de los empleados, no sólo con salario, sino que, con vivienda, educación y con grandes oportu-nidades de salir adelante”. Del discurso electoral en Te-gucigalpa, 22/10/2017

“Puerto Cortés tiene un gran potencial, es uno de los cua-tro ejes más importantes para levantar a Honduras, se es-tán dando los primeros pasos para la expansión del puerto, Cortés es un punto de desarrollo de cómo lograr


Página | 74

lo que yo sueño, que el país se convierta en una gran pla-taforma logística no sólo para Honduras y Centroamérica sino para el resto del continente”. “Compatriotas estamos ya en la ruta y además de las zo-nas de empleo ya comenzamos con el Plan Honduras 20/20 maquila textil, autopartes, call center, el tema de la vivienda para los trabajadores y además impulsar el tu-rismo”. El máximo líder del PN hizo alusión a su reciente viaje a Panamá, y anunció que sus reuniones fueron muy fructí-feras ya que “nos reunirnos con banqueros con promoto-res de vivienda, líderes del agro y ya tenemos la ruta tra-zada un cimiento especial para el agro, vivienda social y además para el turismo porque eso es lo que más empleo nos va a generar ese despegue que estamos buscando que son 600,000 nuevos puestos de trabajo”. Del discurso Electoral en Puerto Cortés, 21/10/2017.

Mientras tanto, el Partido Liberal plantea:

Partido Liberal Cada región se debe empoderar de su propio desarrollo

con el apoyo del Estado. Por ello es necesario que se realicen inversiones en in-fraestructura física, logística, productiva y comercial, que permitan a todos ser competitivos en términos de calidad, oportunidad y menores costos, a través de una red vial apropiada, y una red de energía eléctrica dispo-nible en todo el país a un precio justo y razonable. Se ejecutará un programa de Reactivación Agropecua-ria para impulsar la producción agroalimentaria con un abordaje integral y no aislado; junto con todos los pro-ductores, procesadores y comercializadores del sector, reorientando la institucionalidad del agro, para atraer y retener inversión que permita producir más con menos y lograr que el Sector Agroalimentario se consolide como el mayor generador de empleo masivo, inclusivo y permanente. Se crearán parques agroindustriales con alta tecnología y apuntando a mercados internacionales, que darán apoyo a los productores locales para incrementar su

Capítulo IV

Página | 75

producción y productividad, y que procesarán sus pro-ductos, agregándole valor para hacerlos competitivos internacionalmente. Lo que en los años 90’s representó

la explosión de la industria de la maquila en Honduras, será lo que representará la explosión de los parques agroindustriales a nivel nacional, utilizando materia prima local, a la que se le agregará valor. Asimismo, otra fuente de empleo y polo de desarrollo es la industria de servicios compartidos, así como la manufactura y el turismo. Para ello se creará un pro-grama que tendrá como objetivo estimular la inversión local y extranjera mediante acciones que promuevan nuevas inversiones o la ampliación de las existentes, que generen la contratación de empleos permanentes. Para promover el empleo es necesaria la inversión y para la inversión se requieren recursos, por lo que se ejecutará una Reforma a la Banca de Desarrollo para Democratizar el Financiamiento, de forma que la banca de desarrollo nacional promueva proyectos de inversión viables y rentables en los sectores productivos genera-dores de empleo y calidad de vida, con apoyo financiero y técnico. Asimismo, se derogará del Artículo 9 de la Ley de Or-denamiento a las Finanzas Públicas que impone el co-bro de un 1.5% sobre los ingresos iguales o superiores a diez millones de Lempiras, de manera que estos re-cursos se mantengan en la economía para ser inverti-dos en la creación de puestos de trabajo y haciendo más competitivas a las empresas. Se creará el Programa de Asistencia y Promoción a la Economía Social y Solidaria (ASISTE) para la promo-ción y asistencia técnica y financiera de aquellas em-presas creadas y gestionadas por trabajadores y cooperativas, así como por mujeres y jóvenes empren-dedores.

Por su parte, el plan de gobierno de la Alianza de Oposición contra la Dictadura ofrece al electorado:

Alianza de Oposición contra la Dictadura

Erradicar la pobreza mediante la recuperación de una economía productiva, justa, sostenible y con mayor cre-cimiento.


Página | 76

Revertir los procesos de privatización y recuperar las empresas públicas del Estado. Regulación de las exoneraciones fiscales a las grandes empresas Pacto fiscal en torno a la progresividad, la justicia y la equidad. No más paquetazos. Reducir la carga tributaria con base en impuestos al consumo, reduciendo el impuesto sobre ventas del 15 al 12% y eliminar el 1.5% para incentivar el desarrollo. Revisión de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Nuevo Código Tributario, eliminando el monotributo y la renta territorial. Promover la derogación de leyes económicas nocivas (ZEDE), COALIANZA, fideicomisos, Empleo por Hora, “ley Hipoteca”; Minería; Empleo Temporal; Canje de Im-puestos por Pautas Publicitaria. Proveer liquidez mediante la Banca Pública para reducir los intereses bancarios y financiar todas las actividades que estimulen la generación de empleo. Proveer crédito de agentes financieros alternativos y fa-cilitar asistencia técnica a los sectores productivos es-tratégicos del país. Promover distintos tipos de propiedad que aseguren una verdadera democracia económica: solidaria, mixta, privada y comunitaria. Fortalecer las instancias de capacitación y profesionali-zación dirigido a sectores que generen empleo masivo, a fin de contribuir a la reducción del desempleo. Auditoría de la deuda pública y reorientación del gasto presupuestario hacia el bienestar social. Garantizar la estabilidad de la moneda y las Reservas internacionales Revisión de tratados comerciales y apertura de nuevos mercados.

Cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia anuló la prohibición constitucional a la reelección pre-sidencial, se abrió un debate jurídico con marcado acento po-lítico-ideológico que omitió valorar las repercusiones que ten-dría en la estructura y el funcionamiento real de la institucio-nalidad pública, desatendida desde hace décadas en los es-tudios políticos de Honduras. Consecuente con esa ausen-cia, la controversia sobre la reelección presidencial se fue

Capítulo IV

Página | 77

orientando al ámbito de la reforma política electoral, pero no reparó en la reforma económica que ha venido transfor-mando la institucionalidad pública en los últimos años. El presidencialismo que se advierte en Honduras es conse-cuente con la continuidad del modelo neoliberal y con la cul-tura política autoritaria, arraigada en la tradición institucional heredada desde la época de la colonia. La Constitución de la República, por ejemplo, le otorga al gobernante la atribución de: Administrar la Hacienda Pública; dictar medidas extraor-dinarias en materia económica y financiera cuando así lo re-quiera el interés nacional, debiendo dar cuenta al Congreso Nacional; negociar empréstitos, efectuar su contratación pre-via aprobación del Congreso Nacional cuando corresponda; formular el Plan Nacional de Desarrollo, discutirlo en Consejo de Ministros, someterlo a la aprobación del Congreso Nacio-nal, dirigirlo y ejecutarlo; regular las tarifas arancelarias de conformidad con la ley; hacer que se recauden las rentas del Estado y reglamentar su inversión con arreglo a la ley; publi-car trimestralmente el Estado de Ingresos y Egresos de la Renta Pública; y, dirigir la política económica y financiera del Estado; entre otras. Esas atribuciones se han reforzado en los últimos años vía decretos y acuerdos, como el de “excep-cionalidad”.

c. Propuesta de los partidos políticos sobre el presidencialismo

Partido Nacional “Estamos en la ruta correcta, muchos hablan solo por ha-

blar, pero nosotros estamos concentrados en seguir con los pasos grandes de la ruta de cambio y transformación para Honduras”.

Partido Liberal Se debe fortalecer la supremacía de la Constitución. Para

ello será necesario la creación del Tribunal Constitucional,


Página | 78

que garantice la protección del orden constitucional, ade-más de que promueva la regulación para facilitar la de-ducción de responsabilidades a los violadores del marco constitucional, fortaleciendo, a la vez a la Fiscalía Espe-cial de Defensa de la Constitución. Deberá promoverse la independencia de los Poderes del Estado. En ese con-texto deben revisarse las leyes que conceden facultades al presidente de la República, y que constitucionalmente son propias de otros poderes del Estado. Asimismo, de-berá hacerse una revisión del marco legal actual para for-talecer la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, como por ejemplo la Ley del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, y así sustraer de ese órgano a ins-tituciones independientes del Poder Ejecutivo, que condi-cionan sus ejecutorias a las decisiones del Consejo.

Alianza de Oposición contra la Dictadura Proclamamos que nuestro primer acto de gobierno será

llevar a la práctica la democracia participativa, apegándo-nos al principio de soberanía popular, mediante la convo-catoria a un plebiscito para que el pueblo decida el meca-nismo para construir la nueva constitución. Se consolidará así una democracia directa y participativa, que permita transformar la función social de las instituciones públicas e impulsar un nuevo modelo de desarrollo incluyente.

En un escenario complejo, tener claros los objetivos estraté-gicos del Estado es fundamental. Si se tratara de cambiar al Estado tradicional habría que modificar la orientación de los valores normativos, la concepción patrimonial de Estado y sociedad; la estructura rígida y jerárquica de poder y la ten-dencia asistencialista y clientelar en la forma de organizar la vida cotidiana. Pero ¿es eso lo que proponen los candidatos presidenciales de las principales fuerzas políticas del país con respecto a cinco indicadores fundamentales de Estado?

Partido Nacional Establecer institucio-nes estables, fuertes y apolíticas

Fortalecimiento del Estado y sus institu-ciones: “vamos a terminar de reorgani-

Capítulo IV

Página | 79

zar y fortalecer el Estado y sus institu-ciones, para que sea más eficiente, transparente y con servidores públicos que tengan un compromiso de servicio hacia el pueblo. Seremos un país de or-den con reglas claras y con trámites más simples”.

Frenar abusos, co-rrupción y desigual-dad

Seguiremos apoyando al fortalecimiento institucional del Ministerio Público. Igual trabajaremos de la mano con la Corte Suprema de Justicia para continuar con los esfuerzos de reducción de la mora judicial, y daremos protección a jueces y fiscales, para que no tengan temor ni ellos ni sus familias.

Independencia de po-deres

Consolidaremos un país en orden, en donde impera la justicia para asegurar la paz, el respeto para garantizar vivir se-guros es muy importante para alcanzar la felicidad y el crecimiento económico para generar empleos y oportunidades

Modernizar la admi-nistración guberna-mental

Consolidar las buenas prácticas para una administración pública transparente basada en la rendición de cuentas, eso aumentara la confianza de la gente por-que haremos rendir más el dinero del estado para hacer obras, fortalecere-mos las alianzas internacionales como la que se tiene con Unops y la iniciativa Cost para las compras públicas y las li-citaciones, firmamos con transparencia internacional, porque la transparencia y la rendición de cuentas es el funda-mento de una sana gestión pública.

Sistema tributario Vamos a construir un pacto fiscal para cambiar qué y cómo producimos y ase-gurar que esta buena práctica continúe. Vamos a mantener la estabilidad econó-mica y lograr un fortalecimiento de la gestión fiscal, Vamos a mejorar el in-greso de la gente y también a no dejar que los precios de la canasta básica suban y se descontrolen. Montaremos un sistema de simplifica-ción administrativa y clima amigable a


Página | 80

los negocios para que se puedan insta-lar de forma rápida. Tendremos control del gasto para un go-bierno simple y eficiente que permita que el dinero le cueste menos al pueblo, generando inversiones, mejores em-pleos y mejores ingresos. Que la estabi-lidad económica dé la certidumbre que buscan los inversionistas. Se facilitará mantener el costo de la canasta básica, y mantener una economía sana mejora el crecimiento y la producción.

Partido Liberal Establecer institucio-nes estables, fuertes y apolíticas

La despolitización de las instituciones del Estado es impostergable, lo que im-plica blindar el proceso de selección de los funcionarios que las dirigen y su de-bido seguimiento para el cumplimiento irrestricto de la Ley. Nuestra propuesta incluye la certifica-ción del servidor público y su profesio-nalización por medio de una revisión al régimen del servicio civil, que le permita acceder y ascender en el puesto por competencias y sobre bases éticas, y no por filiación política o personalismos.

Frenar abusos, co-rrupción y desigual-dad.

Generaremos iniciativas legales para que se declaren imprescriptibles los de-litos de corrupción y para que en todos los contratos a ser suscritos por la admi-nistración pública se incluya una cláu-sula anticorrupción que mande la resci-sión de los contratos en los que se cons-tate prácticas corruptas por el contra-tista.


Es indispensable fortalecer la institucio-nalidad del país, partiendo del principio fundamental que la Ley es la Ley y que nadie está por encima de ella, lo cual vuelve necesario un sistema de pesos y contrapesos efectivo.

Capítulo IV

Página | 81


No se puede continuar funcionando en el siglo XXI con mecanismos del pa-sado, además que ese retraso facilita no sólo la inoperancia, sino que también la falta de control y, con ello, la corrupción e impunidad. Asimismo, este retraso fa-vorece la desigualdad imperante en nuestra sociedad, lo que requiere de una política fiscal que no sólo contribuya a disminuirla, sino que dinamice la eco-nomía en beneficio de toda la población. Por eso nuestro planteamiento com-prende propuestas tanto en los aspec-tos de modernización tecnológica de los entes gubernamentales y descentraliza-dos del Estado, como también en lo co-rrespondiente a la política fiscal del país.

Sistema tributario Reversión gradual del Sistema Tributa-rio de regresivo a progresivo, basado en la doctrina del liberalismo social que im-pulsa una mayor contribución de aque-llas personas que más tienen o más ga-nan; con lo cual dinamizaremos la eco-nomía en beneficio de todos los ciuda-danos, tanto los que ofrecen bienes y servicios como de quienes los consu-men.

Alianza de Oposición contra la Dictadura y Plan de go-bierno de Salvador Nasralla. Establecer institucio-nes estables, fuertes y apolíticas

Consolidar una democracia directa y participativa, que permita transformar la función social de las instituciones públi-cas e impulsar un nuevo modelo de desarrollo incluyente.

Frenar abusos, co-rrupción y desigual-dad

Para subsanar las debilidades y defi-ciencias que han obstaculizado el fun-cionamiento de la MACCIH solicitare-mos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la instalación de la Comi-sión Internacional Contra la Impunidad y la Corrupción (CICIH), para que esta in-tervenga el aparato de administración


Página | 82

de justicia, en conjunto con los órganos hondureños encargados, acompañada de la sociedad civil. Investigará todos los casos de corrupción y asegurará el fin de la impunidad. Se implementarán programas permanentes de transparen-cia y acceso a la información en la ad-ministración pública.


“Restitución del orden democrático, re-construcción de la Constitución de Hon-duras para crear un pacto social justo”, Plan de gobierno de Salvador Nasralla.


Busca establecer un genuino orden de-mocrático, con un Estado fuerte que brinde justicia, salud, educación, dere-chos laborales, civiles, políticos y socia-les, vivienda y empleo digno, seguridad social, comunitaria y jurídica, servicios públicos básicos, infraestructura mo-derna, segura y sostenible, promoción de la producción agrícola, reforma agra-ria, economía democrática.

Sistema tributario Regulación de las exoneraciones fisca-les a las grandes empresas Pacto fiscal en torno a la progresividad, la justicia y la equidad. No más paquetazos. Reducir la carga tributaria con base en impuestos al consumo, reduciendo el impuesto sobre ventas del 15 al 12% y eliminar el 1.5% para incentivar el desa-rrollo. Revisión de la Ley de Responsabilidad Fiscal y el Nuevo Código Tributario, eli-minando el monotributo y la renta terri-torial. “Nuevo Pacto Fiscal, eliminación de los impuestos a los insumos de la produc-ción de alimentos y reducción al mínimo de los impuestos relacionados con los productos de la canasta básica. Incre-mento a los impuestos de venta de pro-ductos suntuarios de importación”, Plan de Gobierno de Salvador Nasralla.

Capítulo IV

Página | 83

4. EL DEBATE POLÍTICO ELECTORAL DESEADO

cuatro años de cumplir el bicentenario de la República y todavía en los inicios del siglo XXI, el debate político

electoral deseado pasa por la necesidad de corregir los pro-blemas que genera una globalización asimétrica, los retos del desarrollo interno, especialmente la pobreza y la desigualdad social, la indetenible orientación de las economías hacia el exterior, y considerar los retos sociales endémicos de la po-breza y desigualdad social. Los políticos tienen la responsabilidad de entender los pro-blemas actuales de Honduras no sólo desde una perspectiva nacional sino internacional, y definir correctamente el papel que ha jugado históricamente la intervención del Estado en el desarrollo equitativo de la sociedad o, en su defecto, en la profundización de sus vulnerabilidades.

a. Pilares u objetivos centrales de las propuestas (el orden es el que establece cada propuesta)

Partido Liberal

Alianza Partido Nacional

Salvador Nasralla

Recons-trucción del Es-tado de derecho y la Insti-tucionali-dad

La construc-ción de un nuevo modelo económico al-ternativo que asegure los de-rechos, el bie-nestar y la prosperidad del pueblo de Hon-duras, elimi-nando las de-sigualdades y erradicando la pobreza.

Masificación de empleo. “En pri-mer lugar, va-mos a masificar el empleo para todos los hon-dureños y hon-dureñas, vamos a multiplicar lo que ya estamos haciendo, y so-bre todo para los más jóve-nes, ingresen al mercado de tra-bajo con em-pleos dignos, y

Ejes verticales primarios: Educación Salud Infraes-tructura Seguridad Economía Ejes Transver-sales: Social Anticorrupción

A


Página | 84

con salarios jus-tos. Porque los hondureños me-recen más y me-jores empleos”.

Reactiva-ción eco-nómica para la genera-ción de empleo

un modelo so-cial, soberano, solidario y au-tosuficiente.

Vida mejor: “Vamos a conti-nuar llevando Vida Mejor a to-dos los rincones del país, vamos a llegar hasta la última familia necesitada de Honduras, me-jorando su con-dición de vida, su casa y que la gente tenga me-jores ingresos, incluyendo nuestros pue-blos autóctonos y afro hondure-ños, nadie que-dara excluido”.

CICIH

Seguri-dad Hu-mana

Convivencia ciudadana: “Continuaré ha-ciendo lo que tenga que hacer para lograr que el pueblo hon-dureño tenga ni-veles de seguri-dad y conviven-cia igual que los países del pri-mer mundo”. “Seguiremos combatiendo la criminalidad en todas sus for-mas y que nues-tro pueblo viva

Seguridad jurí-dica

Capítulo IV

Página | 85

sin miedo. Por-que queremos que nuestros hi-jos y nietos ca-minen sin temor por las calles y que puedan dis-frutar plena-mente su vida”.

Educa-ción

Fortalecimiento del Estado y sus instituciones: como un cuarto objetivo el pos-tulante dijo que “vamos a termi-nar de reorgani-zar y fortalecer el Estado y sus instituciones, para que sea más eficiente, transparente y con servidores públicos que tengan un com-promiso de ser-vicio hacia el pueblo. Sere-mos un país de orden con re-glas claras y con trámites más simples”.

Portal de Transparencia e-goverment

Salud y protec-ción so-cial

Reducción de la carga tribu-taria

Gobierno eficiente y tecnoló-gico

Combate a la inseguridad


Página | 86

Sobre la mesa de discusión está el tema de la planificación estatal y el rumbo del país. El modelo de Estado vigente; mar-cado por los grandes intereses económicos, extractivistas, corporativos y privatizadores del neoliberalismo no ha lo-grado conciliar a la sociedad hondureña, al contrario, tiende a fragmentarla y polarizarla. La magnitud del rezago social y la crisis de la institucionalidad pública se evidencia coyuntura tras coyuntura. No fue casual que el huracán Mitch (1998) y el Golpe de Estado (junio 2009) pusieran de manifiesto la magnitud y reproducción de las brechas que quedan por ce-rrar en el ejercicio de derechos. Como la crisis ofrece también oportunidades de cambio, un fenómeno interesante que se observó, tanto en 1998 como en 2009, es que la población fue la que enfrentó primero la emergencia, y luego la reconstrucción del tejido social y pro-ductivo perdido. Los actores y sujetos sociales salieron de la invisibilidad como resultado del retiro o violación del Estado de sus responsabilidades constitucionales. Se advirtió, en esos momentos críticos, que la ciudadanía organizada es ca-paz de cumplir no sólo una función supletoria en la atención de programas sociales, sino que sus integrantes pueden ser protagonistas en el diseño y ejecución de estrategias de desarrollo alternativas. No obstante, ese protagonismo ciudadano fue reconocido poco tiempo. En menos de cuatro años, el Estado cuestio-nado se recompuso y la elite política y empresarial dominante recobró el control de la gestión pública. El país perdió una oportunidad excepcional de vincular la agenda de desarrollo oficial a la agenda ciudadana. La brecha entre un Estado cooptado por grupos de poder y las aspiraciones de equidad de la mayoría de la sociedad en lugar de reducir, se amplió. Bajo esa perspectiva, el cisma nacional que supuso el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 fue el reconocimiento a una desigualdad creciente. A partir de entonces, ha ido en aumento la inconformidad so-cial por la corrupción generalizada, que incluye el saqueo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el encarecimiento

Capítulo IV

Página | 87

imparable del costo de la vida, incremento de la pobreza y de las inequidades, descrédito de la política y violaciones a los derechos humanos.

5. ¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES Y SUS ASESORES

SOBRE TEMAS CENTRALES DE LA INSTITUCIONALIDAD

. · ¿Qué cambios estructurales haría para contrarrestar

la debilidad institucional existente?

Salvador Nasralla (Alianza): Yo quiero fortalecer las instituciones y para eso lo primero es que sean independientes los poderes del Estado, para contra-rrestar eso yo enviaría al Congreso Nacional una ini-ciativa de ley para que se elija una nueva Corte y un nuevo Ministerio Público y acabar con “entenderle al trámite”. Rodolfo Pastor de María y Campos ( director de mensaje y plan de gobierno de la Alianza de Opo-sición Contra la Dictadura): Ese trabajo de recons-truir la institucionalidad de país es un trabajo, número uno: que le compete a todos los sectores y que por lo tanto, yo en este momento, no me debo atrever a ser más que una propuesta general; y número dos: es un trabajo que le va a tomar a los hondureños, décadas, generaciones y que quizás nuestros hijos estén gozando de los beneficios ya cuando ellos sean adultos. Romeo Vásquez Velásquez (Partido Alianza Pa-triótica Hondureña): Hay que hacer una reingenie-ría completa. En primera instancia tenemos una bu-rocracia increíble, entonces hay que volver eficientes las funciones, evaluar todas las funciones que tene-mos en instituciones que están haciendo doble fun-


Página | 88

ción, fusionar esas instituciones y orientarlas al desa-rrollo del país. Unir Seguridad y Defensa para hacer-las más eficientes. También hay que crear el Instituto de Altos Estudios Políticos Administrativos, donde to-dos los políticos que quieran participar en política tie-nen que pasar por ahí y al mismo tiempo los funcio-narios del Estado, que se capaciten y sean buenos funcionarios, o sea que tenemos que crear un catá-logo de funciones en el Estado para que la gente tra-baje de acuerdo con ese catálogo de funciones, o sea una reingeniería total, inclusive en lo político del Poder Legislativo.

Lucas Aguilera (Partido Democracia Cristina de Honduras): hay que poner gente honrada, gente ca-paz, porque las instituciones son el reflejo de quienes las dirigen. Los funcionarios deben tener un buen perfil y quien no cumpla con las exigencias debe ser sacado inmediatamente, en función de ya no seguir creando la costumbre de ahora, de que sí roba uno, pues tiene que robar el otro. Se debe reducir un mon-tón de instituciones que, de repente, repite funciones.

· ¿Derogaría alguna norma que cree que se contra-pone a un verdadero Estado de Derecho?

Salvador Nasralla: La Ley de Secretos, la Ley del Programa Voluntariado de Rescate, Promoción y Fo-mento del Sector de las Comunicaciones, que per-mite que los medios de comunicación recauden im-puestos y los paguen con publicidad para el presi-dente; el artículo 335-B del Código Penal, que es una ley mordaza para los periodistas, la Ley Marco de Protección Social, la Ley de la Alianza Público-Pri-vada. Rodolfo Pastor de María y Campos: Nosotros ha-blamos en nuestro plan de gobierno de derogar una serie de leyes nocivas a la democracia y al interés general de los hondureños, por ejemplo, el tema de la privatización.

Capítulo IV

Página | 89

Romeo Vásquez Velásquez: Lo que tenemos que hacer es actualizar nuestra Constitución y blindarla contra los abusos de los políticos, no necesitamos Constituyente, todo se puede hacer y si quieren ha-cer algún cambio en algún artículo pétreo, pues están los mecanismos que la misma Constitución esta-blece. Yo he detectado que hay un montón de leyes y reglamentos que se han convertido en amarres para el buen desarrollo del país, entonces hay que revisarlas todas. Hay una ley que para mí no tene-mos que derogarla, sino que modificarla, y es la ley de reforma agraria, porque hay que favorecer a nues-tros campesinos sin necesidad de estar peleando con nadie, sin que implique quitarle tierras a nadie. También está la Ley Electoral y de las Organizacio-nes Políticas, eso es obligatorio hacerlo, porque va a mantener confrontados a los políticos durante mu-chos años si no la reformamos, si no la cambiamos, pero también es necesario ver la Ley de Población y Extranjería, esa hay que revisarla porque hay que se-parar las funciones administrativas de las funciones políticas. Entonces esas son las leyes que hay que revisarlas, que hay que cambiarlas. Ninguna ley es mala, lo malo es cómo las aplican. Lucas Aguilera: Yo derogaría la Ley de Moderniza-ción y Desarrollo del Sector agrícola, el nombre es muy bonito, pero se ha abandonado el campo, noso-tros tenemos un déficit de granos básicos y de em-pleo en el campo. Yo volvería a establecer una ley de desarrollo rural y ubicar en ese desarrollo la parte fo-restal. Hay un elemento fundamental que el Estado debería de plantear, y es el tema ecológico, el tema del bosque, el tema del agua y del deterioro que es-tamos ocasionando con la basura en el medio am-biente.


Página | 90

· ¿Qué piensa de la politización partidaria de las insti-tuciones del Estado? ¿Cómo ve el reparto de la insti-tucionalidad estatal entre los actores políticos?

Salvador Nasralla: Eso no debe ocurrir, no puede ser que en la Corte Suprema de Justicia sean ocho nacionalistas y siete liberales, allí debe haber quince hondureños honestos y lo mismo tiene que suceder en todos los poderes del Estado. Rodolfo Pastor de María y Campos: Esto es algo que ha sido una tradición en Honduras y que le ha hecho muchísimo daño a la democratización de las instituciones, vemos que ya, en este momento, es prácticamente nula la independencia, tenemos un Tribunal Supremo Electoral completamente al servi-cio del actual mandatario, tenemos un Registro Na-cional de las Personas completamente al servicio del actual mandatario, se han reusado estos organismos a integrar en ellos a representantes de la oposición, con todo tipo de argucias que no tienen nada que ver con una democracia y esto pone en entredicho cual-quier resultado de cualquier proceso electoral. Eso es en un contexto actual, creo que a largo plazo te-nemos que apostarle, más bien, en sacar a los parti-dos políticos de este tipo de instituciones, para que estas instituciones obedezcan, no a una línea polí-tica, sino a la población, a la ciudadanía. Marlene Alvarenga: Es un error grave, un error que ha llevado al fracaso a Honduras. Le voy a poner un ejemplo chiquito y que está ahorita a la luz del día, la Universidad Nacional Autónoma, ¿por qué los políti-cos se tienen que meter en la educación de Hondu-ras? Nuestros jóvenes están perdiendo la oportuni-dad de estudiar por caprichos de políticos que tienen intereses allí. Entonces si vemos, la educación, está politizada; el Ministerio Público, está politizado; la Corte Suprema de Justicia, está politizada; el Tribu-nal Superior de Cuentas, está politizado; el Tribunal

Capítulo IV

Página | 91

Supremo Electoral, está politizado, todo está politi-zado, porque todos los políticos quieren una tajada aquí, quieren otra tajada allá, y ese es el gran con-flicto que tenemos en el país y es por lo que no he-mos logrado salir adelante como nación, porque siempre vamos viendo los intereses.

Romeo Vásquez: Ellos están pensando en ellos, no en el país, eso es parte de nuestro interés de cambiar los destinos de Honduras. Aquí han agarrado a Hon-duras como si fuera una piñata y entre ellos se repar-ten el botín, entonces se ponen de acuerdo. Para la reelección se han puesto de acuerdo, si quien auto-rizó para que el actual presidente fuera a la reelec-ción, en su mayoría eran magistrados del Partido Li-beral, están en una componenda y en el Congreso Nacional están también los de otros partidos como Libre, PAC, que estaban ahí representados y que se quedaron queditos, no hicieron nada, quiere decir que hay una componenda entre ellos, se reparten el país como si fuera un botín. Por otro lado, se están aliando los otros también, que buscan lo mismo, o sea quitar a los de derecha para ponerse ellos en el poder. Lucas Aguilera: Me parece que cuando un partido llega al poder, es cierto que llega a través de su par-tido, pero cuando se convierte en gobierno es el go-bierno de todo un pueblo y no del partido que repre-senta. Aquí hay un montón de gente que les pagan por hacer el trabajo de Vida Mejor, cuando uno ve a la gente de Vida Mejor, que anda en la comunidad, uno sólo se imagina que es la gente del Partido Na-cional y eso no puede ser y lo mismo ocurrió con los liberales, crean sus propias estructuras para mante-nerse en el poder y entonces la desventaja para los que nunca hemos estado en el poder, cada día se vuelve más difícil, ya que en la medida que el pueblo hondureño esté apoyando este tipo de iniciativas, en


Página | 92

esa medida el pueblo va siendo mucho más depen-diente y con pocas posibilidades de desarrollarse.

Página | 93

Manuel Torres Calderón 1

1. CONTEXTO DE LA SOCIEDAD CIVIL HONDUREÑA EN 2017

on la aprobación de la Constitución de la República y la convocatoria a elecciones, inició en 1982 la denomi-

nada transición a la democracia en Honduras. Desde enton-ces se realizaron nueve procesos electorales, diez con el ac-tual, en un ejercicio que fue interrumpido en junio de 2009 con un golpe desde el Estado en contra del gobierno liberal que encabezaba José Manuel Zelaya Rosales. El interregno surgido del golpe fue breve (junio 2009-enero 2010). En noviembre de 2009 se realizaron las elecciones generales previstas en el calendario y el fugaz dictador fue sustituido formalmente por un presidente electo, pero la so-ciedad hondureña ya se había fracturado internamente.

1 Periodista hondureño, autor y/o coautor de libros e investigaciones sobre la realidad nacional en temas de gobernabilidad política y social, y de medios de co-municación social.

C


Página | 94

En un país que califica como uno de los más desiguales de América Latina y el mundo, donde constantemente se repite que alrededor de 64,5% de la población vive en situación de pobreza y 42.6% en extrema pobreza (menos de 2,5 dólares al día), las condiciones están dadas para la polarización y el enfrentamiento, favoreciendo todo tipo de especulaciones ideológicas y pretensiones políticas.2 La base de datos del Banco Mundial, actualizada al 2015, muestra que los primeros cinco países en el ranking de la desigualdad son africanos, seguidos por cinco latinoamerica-nos. Entre los 14 más desiguales a nivel global figuran Hon-duras (6), Colombia (7), Brasil (8), Guatemala (9), Panamá (10) y Chile (14).3 Es importante distinguir que la pobreza se vincula con el in-greso medio de una sociedad, mientras que la desigualdad con la distribución. Ambas se han disparado como conse-cuencia de la aplicación de las medidas de ajuste estructural de la economía, iniciada en los años 90s, con sus procesos de privatización y concesionamientos de bienes públicos es-tratégicos. Para las Organizaciones de sociedad civil (OSC), esto explicaría los altos niveles de conflictividad al interior de la sociedad hondureña, particularmente los originados por la desigual distribución del ingreso, la tierra y los recursos na-turales. En resumen, la transición había dado elecciones, pero no justicia. En esas circunstancias, el golpe de 2009 fue consecuencia, no causa. Resulta que todo el control del país ha estado en manos de la elite política, de los grandes empresarios y los principales medios de comunicación, con escasa o nula par-ticipación ciudadana. Sigue pendiente en la agenda del país debatir en conjunto acerca del Estado que se desea y se ne-cesita construir, y sellar un pacto social que garantice que ese Estado sea un patrimonio de todos. Ese consenso no se

2 https://datos.bancomundial.org/ 3 Idem

Capítulo V

Página | 95

hizo en 1980-1982 y tampoco se planteó después. El refor-mismo anárquico del depuesto presidente Zelaya Rosales re-paró en ese vacío y lanzó la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para “refundar al Estado”, con una nueva Constitución de la República. Ese intento le costó el cargo. El gobierno de Zelaya Rosales no califica realmente como de “izquierda”, pero visualizó la necesidad de crear sus propios interlocutores sociales y abrió la Casa de Gobierno a muchos dirigentes de organizaciones sociales, atraídos por su pro-puesta “refundacional”, logrando una influencia política en ellas que aún persiste. A la dispersión organizativa caracte-rística del tejido social hondureño se sumó, entonces, la dis-persión de preferencias ideológicas y enfoques sobre convi-vencia y desarrollo. Desde un enfoque más global debe reconocerse que el país ha sufrido intensos cambios, tanto por sus condiciones a lo interno como al influjo de la globalización, que configuran una Honduras diferente a la de 1982. Ligados a procesos de transformación social, productivos y hasta tecnológicos, nue-vos actores y sujetos sociales han diversificado el panorama de la ciudadanía organizada. El énfasis del Estado hondureño ha sido y es económico, no social. En esa perspectiva, el modelo neoliberal impuesto a partir del gobierno de Rafael Leonardo Callejas (1990-1994) fue el primero que influyó en la recomposición de las organi-zaciones sociales. Callejas también fomentó sus propios in-terlocutores populares, que no se opusieron a las medidas de ajuste, entre ellas la devaluación del Lempira, la privatiza-ción de empresas y servicios del Estado, el establecimiento de aranceles preferenciales para el sector exportador, la anu-lación de franquicias, el aumento del impuesto sobre ventas y de otros impuestos, la liberación de las tasas bancarias, un ascendente aumento del costo de la vida y la apertura de un mercado de tierras que fulminó la reforma agraria impulsada en los años setenta.


Página | 96

Paradójicamente, al tiempo que el modelo debilitaba las or-ganizaciones sociales tradicionales (sindicales, campesinas, magisteriales y estudiantiles), provocaba indirectamente el fortalecimiento o surgimiento de otros protagonistas, como los movimientos de derechos humanos, con énfasis en la de-fensa de los derechos básicos; y los vinculados a la defensa de otros derechos, como los de las mujeres, la niñez y juven-tud, de pueblos indígenas y negros, del ambiente, de los con-sumidores y pobladores, entre los más relevantes. La globalización de la economía, pero también de las leyes, de la cultura, de las tecnologías o de la violencia, incidió en una metamorfosis de la ciudadanía organizada, y en ese es-cenario se amplió el mapa de sus demandas y prioridades. Temas que eran marginales pasaron al primer plano, como las luchas ambientalistas, los derechos de las mujeres, niñez y adolescencia, los derechos sexuales y reproductivos, la mi-gración forzada, las etnias o la discriminación, entre tantos. Alrededor de cada uno de ellos surgieron organizaciones y plataformas reivindicativas. En un intento por modernizar al Estado y responder a la pre-sión ciudadana, desde el mismo modelo neoliberal surgieron el Ministerio Público y sus fiscalías especiales, el Comisio-nado Nacional de los Derechos Humanos, el Tribunal Supe-rior de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción o el Ins-tituto Nacional de la Mujer. Pese a ello, en la práctica, las viejas estructuras institucionales de la década de los 80 se prolongaron en el tiempo e impusieron a las recientes sus fórmulas de representación y gobierno de corte autoritario, caciquil o clientelar. El modelo de poder prevaleciente, entre autoritario y asisten-cial, ha dificultado el pensamiento crítico y la organización autónoma de las organizaciones ciudadanas, sin embargo, no ha podido ignorarlas del todo. En ese sentido, se las con-voca a integrar consejos consultivos en las dependencias gu-bernamentales, espacios en los que supuestamente se defi-nen las políticas públicas, o son incorporados como candida-tos en los listados electorales de los partidos políticos o se

Capítulo V

Página | 97

les involucra en proyectos con fondos públicos para que cum-plan una función supletoria en la atención de programas so-ciales. En ese contexto, de viejos y nuevos sujetos sociales, de de-rechos por conquistar o defender, de agudización de la po-breza, intolerancia y violencia, una de las modalidades orga-nizativas que más se multiplicó fueron las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), con trasfondo, procedencia y fi-nanciamiento muy diverso. Las primeras organizaciones de ese tipo habían surgido, con otros nombres, en la década de los 50, ligadas a la doctrina social de la iglesia católica, pero su multiplicación es a partir de los 80 y, sobre todo, de los 90. Una coyuntura que contri-buyó a su expansión fue el paso demoledor del huracán Mitch (1998), que confirmó la inefectividad de la institucionalidad pública para atender la emergencia social. La catástrofe potenció un conglomerado social alternativo o distinto a los movimientos gremiales tradicionales, pero que no logró superar debilidades fundamentales que les son co-munes. Con una identidad difusa, ese sector encontró bajo el término “sociedad civil” un espacio común, una “casa” com-partida. ¿Qué diferenciaba unos de otros? Su estrategia de inciden-cia dejó de ser gremial para pasarse al campo de los dere-chos y asumió reivindicaciones que iban desde lo local hasta lo nacional. Su variedad le proporcionó un campo de acción muy amplio. En esa línea aportó elementos organizativos no-vedosos para posicionar temas o demandas claves en la opi-nión pública, como la deuda externa, la politización de las instituciones públicas, la seguridad ciudadana y la vulnerabi-lidad ambiental, económica y social. Diversos autores han escrito al respecto y destacan como aportes metodológicos sus campañas de concienciación pú-blica o de denuncia, estrategias de comunicación social mul-timedia, metodologías actualizadas de acceso a los medios


Página | 98

de comunicación masiva, organización de seminarios y con-ferencias públicas, llamamientos a la comunidad internacio-nal, creación de observatorios de la realidad nacional, uso de las redes sociales, organización comunitaria, auditoría social y otras. Quizá uno de sus aportes más destacados fue su compo-nente de investigación social, con numerosos estudios que profundizaron en temáticas diversas. Sus cuerpos directivos consideraron que la clave para la incidencia se encuentra en hacer disponible la información a la sociedad para generar oportunidades de deliberación pública, y consecuentemente, el control preventivo o reactivo de la ciudadanía. Sin em-bargo, así como los viejos actores sociales fueron capaces de interpretar la realidad, pero no cambiarla, de los nuevos actores sociales se puede afirmar algo similar: han sido ca-paces de diagnosticar al país, pero no cambiarlo. La pregunta que surge en este punto es: ¿tanto los viejos como los nue-vos actores sociales tenían posibilidades reales de cambiar al país o era una expectativa sobredimensionada que se les había impuesto? Los sectores de poder, en todo caso, no quedaron de brazos cruzados. Preocupados por el perfil político-social de las OSC, avanzaron en crear un sistema de control estatal muy definido, que incluyó, con el tiempo, la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), creada en 2012, con dos funciones básicas: hacer un registro de las or-ganizaciones sociales y dar seguimiento a sus actividades. Los mecanismos oficiales de registro permitieron una “depu-ración” inicial de OSC y sentaron bases normativas para re-gularlas. La función de registro comprende el acopio orde-nado de Personerías Jurídicas, Juntas Directivas actualiza-das, informes, etc. Mientras tanto, la función de seguimiento consiste en el acompañamiento de los contenidos y fiabilidad de estados financieros contables, inscripción de juntas directivas y repor-

Capítulo V

Página | 99

tes de actividades, entre otros. Más que procesos, el segui-miento es a productos y si éstos encajan en el perfil orgánico que les fue aprobado. Complementario a la URSAC, Honduras cuenta con una nueva Ley Marco de Políticas Públicas en materia social y una Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (Ley ONGD), con su respec-tivo Reglamento, ambas aprobadas entre 2012 y 2013. La Ley Marco de Políticas Públicas en Materia Social define como organización social: “La estructura que tiene la repre-sentación legítima, preferentemente de las personas vulne-rables y en condiciones de pobreza o extrema pobreza, para lo cual deben promoverse en la organización de estos secto-res, por medio de la cual ellas activan solidariamente para superar su situación de desventaja social, promoviendo ac-ciones sociales para lograr: la equidad, una cultura a favor de la vida, el bienestar social y el cambio de patrones de con-ducta que limitan el desarrollo pleno”. El artículo 3 de Ley ONGD define como Organización No Gu-bernamental de Desarrollo (ONGD) “Toda entidad de carác-ter privado, apolítica en el sentido partidario, sin fines de lucro y sin objetivos preponderantemente gremiales, laborales o religiosos; con diferentes objetivos que contribuyan al desa-rrollo humanitario e integral de la población y otros afines, definidos por sus integrantes. Son creadas independiente-mente de los gobiernos locales, regionales y nacionales, así como también de organismos internacionales de cooperación bilateral o multilateral”. Asimismo, el gobierno definió qué organizaciones no están comprendidas en la Ley de ONGD (Art 2 Ley ONGD), siendo ellas: los partidos políticos, iglesias, sectas, cooperativas, sindicatos, patronatos, colegios profesionales, empresas asociativas de carácter social de la economía y asociaciones gremiales.


Página | 100

Contrario a las ONG de los años 80, que actuaban sin nece-sidad de contar con personería jurídica, en la actualidad ese reconocimiento oficial se vuelve indispensable para la mayo-ría de esas organizaciones, que la requieren para gestión de recursos. En total, se mencionan más de 16,000 organizacio-nes sociales inscritas, entre fundaciones, asociaciones y or-ganizaciones no gubernamentales.4 En la actualidad, uno de los problemas de fondo de la gober-nabilidad de la sociedad civil persiste: ¿Cómo entender la au-tonomía de las organizaciones sociales? ¿Únicamente res-pecto al gobierno o también a las organizaciones políticas partidaristas, sean “oficialistas” o de oposición? La experien-cia indica que, en no pocas oportunidades, la vinculación de las Organizaciones de la Sociedad Civil con el gobierno re-dundó en lo contrario de lo que esperaban conseguir, y, en el otro extremo, integrarse de manera militante a la oposición política produjo un descabezamiento de los liderazgos socia-les, limitando la capacidad crítica y propositiva de las organi-zaciones. En todo caso, a la altura de 2018 no se cuenta con una sola instancia de la sociedad civil con suficiente reconocimiento social que pueda influir en la formulación e implementación de las políticas públicas, pese a que sus demandas están planteadas ante la opinión pública.

2. PRINCIPALES TEMAS EN LA AGENDA DE LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL

e describe sumariamente, para este análisis, las princi-pales reivindicaciones de las OSC, que giran, básica-

mente, en torno a derechos humanos fundamentales, y cuya orientación la determina, en buena medida, su posición polí-tica e ideológica.

4 http://www.elheraldo.hn/pais/571632-214/segun-ursac-mas-de-16-mil-funda-ciones-y-ong-operan-en-honduras

S

Capítulo V

Página | 101

En principio, un sector de las OSC ha optado por la denuncia y la movilización para llamar la atención sobre violaciones de los derechos humanos, la depredación de recursos natura-les, o la violación de la Constitución. Otras tienden a plantear demandas orientadas a la modernización del Estado, que pri-vilegia una mayor apertura a procesos de cabildeo o inciden-cia con los gobiernos. Ambas, sin embargo, parten de que Honduras es signataria de la mayoría de los tratados de los sistemas universal y americano de protección de derechos humanos, los cuales, de acuerdo con la jerarquía legal interna, tienen prelación so-bre la legislación local (artículo 18 Constitución de 1982). Además, la Constitución vigente reconoce un amplio catá-logo de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que, infortunadamente, se incumplen o sobre los cuales existe una deuda histórica que saldar o reforzar, como en la lucha contra la corrupción, tipificación de los delitos de tortura, explotación sexual y el de discriminación o feminici-dios, entre otros. ¿Cuáles derechos generan más protestas y demandas de parte de las OSC en la actual coyuntura electoral? Destacan el derecho a la vida, que figura en primer lugar. El país regis-tra estadísticas dramáticas de violencia social y crimen orga-nizado que los propios partidos políticos reflejan en sus diag-nósticos de gobierno.

Partido Liberal: “Plan Espe-ranza: Opor-tunidades para Todos, Privilegios para Nadie”

En el periodo de tiempo comprendido entre 2007 y 2016, un total de 27,714 niños y jóvenes han sido víctimas de homicidio. También se de-tectó el desplazamiento forzado entre 2004 y 2014 de un total de 174,000 personas que han sido obligadas a abandonar sus hogares. En el delito de violencia contra la mujer, entre 2006 y 2016 se registró un total de 97,055 casos distri-buidos en seis manifestaciones de violencia que


Página | 102

afecta a víctimas del sexo femenino (homici-dios/femicidios, violencia sexual, violencia intra-familiar, violencia doméstica, suicidio y lesiones interpersonales). Respecto a la impunidad, un 96% de los delitos cometidos quedan impunes (únicamente el 20% de los delitos son judiciali-zados y de éstos apenas el 4% han concluido en condena).

Alianza de Oposición contra la Dictadura: “Refundación del Estado Democrático, transparencia y erradicación de la corrup-ción”.

En Honduras el miedo es un negocio lucrativo y muchos entes afines al gobierno son beneficia-rios directos de esta industria del terror. La actividad de grupos paramilitares, de crimen organizado y narcotráfico se mantiene y ni si-quiera las extradiciones han logrado dismi-nuirla. Los abusos militares y el funcionamiento de bandas paramilitares, así como el involucra-miento de militares activos o en retiro en críme-nes como el de la ambientalista y defensora de la tierra, Berta Cáceres, constituyen una mues-tra de la crisis y el fracaso en materia de segu-ridad. El 80% de los homicidios no se investigan, el 96% de los delincuentes no son castigados. El 60% de la población de Honduras vive en las ciudades más peligrosas del mundo. Entre los años 2010 y 2016 han ocurrido 43,506 homicidios, de los cuales la mitad fueron jóve-nes. En los últimos 10 años se han cerrado más de 40 mil negocios formales e informales y la vio-lencia le cuesta a Honduras el 33.4% de su PIB. Más de 174 mil personas han sido desplazadas por la violencia, y de 2009 a la fecha más de 76 mil hondureños han salido del país para pedir asilo. En los últimos ocho años 1,183 estudiantes han sido asesinados y las jornadas nocturnas edu-cativas están por desaparecer. Se ha producido un incremento sin precedentes en la persecución, violencia y criminalización

Capítulo V

Página | 103

hacia los dirigentes y representantes de los pueblos indígenas.

Partido Nacional: “Unidos so-mos más”.

El candidato Juan Orlando Hernández expuso que “Redujimos casi a la mitad los homicidios, bajando la extorsión y los secuestros, captura-mos y extraditamos a los capos del crimen or-ganizado y el narcotráfico y les incautamos sus bienes” En el tema de Convivencia ciudadana el candi-dato señalo que “continuaré haciendo lo que tenga que hacer para lograr que el pueblo hon-dureño tenga niveles de seguridad y conviven-cia igual que los países del primer mundo”. “Seguiremos combatiendo la criminalidad en to-das sus formas y que nuestro pueblo viva sin miedo. Porque queremos que nuestros hijos y nietos caminen sin temor por las calles y que puedan disfrutar plenamente su vida”.

Un segundo derecho preponderante en las demandas socia-les es el acceso al debido proceso y a la justicia. Son cons-tantes los reclamos al respecto por el quebrantamiento de principios básicos, como el de la legalidad e igualdad ante la ley. Los nombramientos de cargos como el Comisionado de Derechos Humanos, el Fiscal General de la República y los Magistrados a la Corte Suprema de Justicia no se realizan por órganos independientes, sino que se votan previos acuerdos políticos en el pleno del Congreso, sin que el es-crutinio parlamentario sobre las candidaturas sea un meca-nismo efectivo de selección. La politización de esos nombra-mientos sigue vigente, como en años anteriores. También en este campo los partidos políticos presentan al-gunas propuestas:

Partido Liberal Sostiene que una de las principales causas del deterioro

del país es el incumplimiento o la distorsión de la ley, lo


Página | 104

que genera un clima propicio para abusos, corrupción y desigualdad… Es indispensable fortalecer la instituciona-lidad del país, partiendo del principio fundamental que la Ley es la Ley y que nadie está por encima de ella. Debe prevalecer principalmente el respeto a la supremacía de la Constitución, que es la ley de leyes y a la que todos, sin excepción, deben respeto. Es decir, hacer prevalecer el principio de legalidad…Dentro del sector justicia y para re-forzar el cumplimiento de la ley de los operadores del sis-tema, es necesaria la creación de un organismo indepen-diente de investigación de la conducta de los operadores de justicia, para que de forma autónoma se instruyan las investigaciones respecto a hechos con apariencia ilícita en los que incurran. Junto con ello habrá que instaurar un régimen genuino de carrera en los operadores de justicia, para contar con las mejores personas en estas funciones, sometidos únicamente a la ley, y que se garantice la se-lección por idoneidad; para ello también habrá que impul-sar la emisión de la Ley del Consejo de la Judicatura. Den-tro del Ministerio Público, deberá promoverse la restaura-ción del funcionamiento del Consejo Ciudadano del Minis-terio Público, para garantizar la participación ciudadana autónoma y efectiva en el diseño y evaluación de las po-líticas y actuaciones de ese órgano clave del Estado de derecho. Se debe fortalecer la supremacía de la Constitu-ción. Para ello será necesario la creación del Tribunal Constitucional, que garantice la protección del orden constitucional, además de que promueva la regulación para facilitar la deducción de responsabilidades a los vio-ladores del marco constitucional, fortaleciendo, a la vez a la Fiscalía Especial de Defensa de la Constitución.

Alianza Como parte del proceso de transición hacia un Sistema

de Justicia democrático, independiente e imparcial, “en un país donde no se respetan la vigencia y garantía de los derechos sociales individuales de los ciudadanos, el de-bido proceso y la presunción de inocencia, aunado al alto índice de corrupción e impunidad”, la Alianza propone la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrup-ción e Impunidad (CICIH), dependiente del Sistema de Naciones Unidas, así como organizar el proceso de con-sulta popular para que el pueblo decida si debe continuar o no la actual Corte Suprema de Justicia, Asimismo, la

Capítulo V

Página | 105

propuesta plantea la inmediata derogación de leyes dicta-toriales, así como el restablecimiento de la Ley de Trans-parencia y Acceso a la Información Pública aprobada en 2006 y de la Ley de Participación Ciudadana, derogada en su totalidad por el régimen de facto de 2009.

Partido Nacional Como parte de su propuesta de Fortalecimiento del Es-

tado y sus instituciones, plantea terminar de reorganizar y fortalecer el Estado y sus instituciones, para que sea más eficiente, transparente y con servidores públicos que ten-gan un compromiso de servicio hacia el pueblo. Un país de orden con reglas claras y con trámites más simples. Continuar apoyando el fortalecimiento institucional del Mi-nisterio Público y la Corte Suprema de Justicia para con-tinuar con los esfuerzos de reducción de la mora judicial. Se dará protección a jueces y fiscales, para que no tengan temor ni ellos ni sus familias Consolidar las instituciones para reprimir el delito, los mi-litares seguirán en las calles acompañando a la policía mi-litar y la policía nacional, hasta que el país muestre niveles de seguridad de un país desarrollado. Un nuevo sistema carcelario en donde los reclusos estén clasificados entre muy peligrosos y medianamente peli-grosos, puestos en un programa de reeducación para que se puedan reinsertar a la sociedad, y que los más peligro-sos estén confinados para que ya no sean un peligro para la sociedad. “Los meteremos al pozo uno, al pozo dos, y al súper pozo. Mientras otros quieren cerrar los pozos” (Juan Orlando Hernández).

Dos bloques temáticos más son citados frecuentemente en-tre las demandas de cambio por las OSC: la corrupción ge-neralizada y la impunidad. Al respecto, los partidos ofrecen:

Partido Liberal Una institucionalidad sólida debe entenderse como un

combate frontal a la corrupción e impunidad, cuyo flagelo


Página | 106

es una carga muy pesada que impide un desarrollo que beneficie a las mayorías. Generará iniciativas legales para que se declaren impres-criptibles los delitos de corrupción y para que en todos los contratos a ser suscritos por la administración pública se incluya una cláusula anti-corrupción que mande la resci-sión de los contratos en los que se constate prácticas co-rruptas por el contratista. Propiciar el fortalecimiento de la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Co-rrupción Pública, la promoción de la regulación legal para aplicar medidas cautelares patrimoniales para los delitos contra la administración pública, una reforma legal para que todos los actos de la Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas sean públicos, la prohibi-ción en los procesos de contratación bajo este esquema de las cláusulas que establezcan contingencias en perjui-cio del Estado, cuando no se reúnan las cuotas o expec-tativas de flujo en las obras contratadas, como en la ac-tualidad existe respecto al peaje y en los proyectos aero-portuarios, y la formulación de una política de información y rendición de cuentas para los actos del gobierno.

Alianza Solicitará a la ONU la instalación de la CICIH, con el fin

de que se investigue y enjuicie todo acto de corrupción, incluyendo a la red público-privada que asaltó al Seguro Social y rompió el orden democrático. Se requiere la cons-trucción de un aparato de justicia confiable, independiente e imparcial capaz de prevenir y erradicar los flagelos del crimen y la corrupción

Partido Nacional El séptimo pilar de la propuesta nacionalista ofrece con-

solidar las buenas prácticas para una administración pú-blica transparente basada en la rendición de cuentas, se-ñalando que eso aumentara la confianza de la gente por-que se hará rendir más el dinero del Estado para hacer obras, fortalecerá las alianzas internacionales para las compras públicas y las licitaciones, se mantendrá el acuerdo firmado con Transparencia Internacional, porque la transparencia y la rendición de cuentas es el funda-mento de una sana gestión pública.

Capítulo V

Página | 107

Reafirma su apoyo a la MACCIH dentro de los términos firmados y convenidos con la Organización de Estados Americanos. “La MACCIH nosotros la pedimos, la MAC-CIH es útil y la seguiremos apoyando” (Juan Orlando Her-nández).

A nivel de sujetos sociales, los derechos de la niñez, juventud y las mujeres figuran en el primer lugar de los reclamos ciu-dadanos. En el caso de las mujeres, que representan el 51% de la población, los principales desafíos que, en opinión de las OSC se enfrentan, incluyen la implementación de políti-cas de igualdad de oportunidades, el incumplimiento de las cuotas de acceso a cargos públicos, y retrocesos en los de-rechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, la falta de di-fusión de información sobre salud sexual y reproductiva. La violencia doméstica y la violencia de naturaleza sexual si-guen teniendo un peso muy alto en las estadísticas de de-nuncias. En el país se sigue penalizando el aborto terapéu-tico y el aborto en casos de embarazo resultante de violación e incesto, además que las víctimas no gozan de un sistema efectivo de protección y rehabilitación, ni tienen acceso a la anticoncepción de emergencia que fue prohibida por influen-cia de los fundamentalismos religiosos. En este último tema, hay más silencios que propuestas. Ninguno de los partidos se pronuncia explícitamente al respecto. En general, los par-tidos manifiestan muchas promesas a los diferentes sujetos sociales, en su calidad de votantes, como se consigna en el siguiente apartado.

a. Propuestas y promesas sociales

Partido Liberal Las decisiones de gobierno que impacten en la organiza-

ción política de la República, deben ser legitimadas por la aprobación de la voluntad general, por lo que deberán practicarse consultas ciudadanas mediante los mecanis-mos de plebiscito y referéndum, y así fortalecer la demo-cracia participativa.


Página | 108

Se promoverán los Centros de Excelencia para jóvenes y el servicio comunitario para el desarrollo humano. Asimismo, se creará el Programa de Asistencia y Promo-ción a la Economía Social y Solidaria (ASISTE) para la promoción y asistencia técnica y financiera de aquellas empresas creadas y gestionadas por trabajadores y cooperativas, así como por mujeres y jóvenes emprende-dores. Se propone la implementación de un Programa de Segu-ridad Humana para la Mujer (PSHM) enfocado en la pre-vención de todos los factores de riesgo y vulnerabilidades que precipitan la violencia y la criminalidad que afectan específicamente a niñas, adolescentes y mujeres adultas. El Estado debe ofrecer a sus ciudadanos una red de pro-tección social para garantizar la vigencia de los derechos humanos, reducir la vulnerabilidad y mejorar su calidad de vida, especialmente de las mujeres, niñez, adulto mayor y personas con discapacidad, para que tengan una vida digna y estén en capacidad de asumir su propio desarro-llo. Es necesario construir un sistema integrado de protec-ción social con servicios básicos adicionales a educación y salud, como nutrición, agua y saneamiento, vivienda, ac-ceso a empleo, auxilios por desempleo, invalidez, vejez y muerte, acceso a programas de jubilación y acceso al cré-dito, así como subsidios y ayudas a personas en condicio-nes de pobreza y extrema pobreza. La erradicación de la pobreza es una ambiciosa tarea, que exige aprovechar todos los recursos al alcance; uno de los más valiosos son las mujeres vistas como agentes transformadoras y promotoras de cambios positivos. Será prioridad potenciar las capacidades de las mujeres y las niñas; la tarea será la de agilizar los mecanismos para eli-minar las discriminaciones legales, políticas, laborales y económicas de las mujeres, así como, entendiendo la realidad de las mujeres del mundo rural, abogar por el ac-ceso a la tierra y recursos, por medio de la promoción del empoderamiento y emprendimiento; esto es, aprovechar todo el potencial económico de las mujeres. Si se quieren cambiar los parámetros de desigualdad se debe tener en cuenta a las mujeres. Entender la necesi-dad de garantizar la seguridad física y sicológica de las mujeres y las niñas es un deber. Con esta Política se facilitará el desarrollo de al menos 400 mil soluciones habitacionales durante el próximo pe-

Capítulo V

Página | 109

riodo de gobierno, que se distribuirán en los 18 departa-mentos del país. Se priorizarán 350 mil soluciones habita-cionales gratuitas para las familias que viven en condicio-nes de extrema pobreza, especialmente familias de ma-dres solteras, y 50 mil viviendas para otras familias que puedan adquirir su casa por medio del sistema de aporte bono-crédito (ABC). Se incrementará el techo de los in-gresos de hogares a 30 mil lempiras mensuales para que parejas y profesionales jóvenes puedan recibir un bono de vivienda, con el objetivo de que las personas de clase me-dia adquieran su propia vivienda.

Plan de gobierno de la Alianza y de Salvador Nasralla como candidato presidencial Alianza de Oposición: Establecer un genuino orden demo-

crático, con un Estado fuerte que brinde justicia, salud, educación, derechos laborales, civiles, políticos y socia-les, vivienda y empleo digno, seguridad social, comunita-ria y jurídica, servicios públicos básicos, infraestructura moderna, segura y sostenible, promoción de la produc-ción agrícola, reforma agraria, economía democrática, un nuevo pacto fiscal, salario mínimo de acuerdo a los costos de la canasta básica y la revisión de las leyes injustas para recuperar la soberanía y los recursos naturales, que el Gobierno de Transición y Reconciliación Nacional de la Alianza de Oposición contra la Dictadura debe de cumplir estrictamente. Propuesta de Gobierno del candidato Nasralla: Restitución del orden democrático, reconstrucción de la Constitución de Honduras para crear un pacto social justo. Justicia para los autores intelectuales del desfalco al IHSS y la instalación de una Comisión Internacional Contra La Impunidad en Honduras (CICIH). Servicios de salud universal y gratuitos, garantizar el ac-ceso a los servicios de Salud Pública de forma inmediata y sin contribuciones anteriores o eventuales. Matrícula gratis universal para los estudios, penando a quienes se opongan a esta medida en los niveles básicos y media. Las universidades públicas no podrán rechazar la primera matricula a ningún graduado del sistema de educación se-cundaria y el Consejo Nacional de Educación garantizará


Página | 110

las ofertas de educación especial que respondan a las ne-cesidades sociales, educación técnica, educación artís-tica y educación informal. Plan para Vivienda Digna, agilización de los créditos para proyectos de vivienda social. Prevención del delito común, delincuencia juvenil, violen-cia doméstica y la extorsión. Se eliminará el tazón de se-guridad y se publicarán todos los usos que se dé a los fondos del Estado. Las personas sin ingresos regulares, muy pobres, no pa-garán por la electricidad ni por el agua potable, más que un símbolo de contribución. y los servicios básicos se so-meterán a controles públicos que limitarán el precio de es-tos a jamás superar el promedio equivalente en los países centroamericanos. Cancelación de los cobros por concepto de peajes en ca-rreteras que no tengan vías alternativas satisfactorias. Reducción de los costos de combustibles a los más bajos de Centroamérica Programa de Promoción de la Producción Agropecuaria, para dar acceso a los pequeños y medianos productores a créditos. Reforma agrícola justa, con salvaguarda de las propieda-des productivas. Nuevo Pacto Fiscal, eliminación de los impuestos a los insumos de la producción de alimentos y reducción al mí-nimo de los impuestos relacionados con los productos de la canasta básica. Incremento a los impuestos de venta de productos suntuarios de importación. El salario mínimo se indexará al costo de la canasta bá-sica para asegurar que el salario sea siempre superior al costo de la canasta. Los empleadores que no estén afiliados a un régimen de aportaciones obligatorias, pondrán los pasivos laborales de sus operaciones a salvo, en planes de ahorro para sus empleados según una ruta que debe pactarse entre am-bas partes. Anulación del Decreto Legislativo de Amnistía y el inicio de investigaciones contra quienes utilizaron las armas y asesinaron. Velar por el respeto a la igualdad irrestricta de género y construir una sociedad que exalte el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo del país. Derogación de la ley de empleos por hora, ley de secre-tos, ley del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, ley

Capítulo V

Página | 111

de escuchas, de las ZEDES, la ley de COALIANZA, fidei-comisos lesivos (ENEE, carreteras, etc.), leyes que con-centran el poder en la Presidencia de la República, pa-quetazos fiscales y las ilegales concesiones sobre los re-cursos naturales nacionales.

Partido Nacional Masificación del empleo para todos los hondureños y hon-

dureñas, multiplicar lo que ya se está haciendo, y sobre todo para que los más jóvenes ingresen al mercado de trabajo con empleos dignos y con salarios justos. Masificar los beneficios de Vida Mejor, hasta llegar a la última familia necesitada de Honduras, mejorando su con-dición de vida, su casa y que la gente tenga mejores in-gresos, incluyendo los pueblos autóctonos y afro hondu-reños. Se desarrollarán cadenas productivas en las diferentes re-giones del país, y se facilitará el establecimiento de redes que integren a las microempresas en la transformación de la producción. Crear un sistema de innovación, con investigación de alta calidad para la modernización de la producción, para que los microempresarios y los emprendedores puedan cum-plir con las exigencias de los mercados globales. Una buena educación y la salud es la única manera de asegurar que los jóvenes tengan ingresos suficientes para no estar bajo niveles de pobreza. Ampliar el programa Ciudad Mujer para proteger a las víc-timas, y generar más oportunidad. Más centros y redes de rehabilitación de menores infrac-tores y con adicciones, para reintegrarlos plenamente a la sociedad. Mejorar los centros de atención de menores inmigrantes que han sido retornados, y fortalecer la Fuerza de Tarea conjunta entre las Secretarías de Educación y Seguridad para proteger las escuelas y los colegios de la penetración de maras y pandillas y del tráfico y consumo de drogas.

A partir de 1990 han ido en aumento las demandas y tensio-nes sobre la “propiedad” de los recursos naturales, especial-mente los relacionados con el agua, bosques, minas y ma-rino-costeros. Consecutivamente, los gobiernos han reali-zado reformas legales, incluyendo algunas constitucionales,


Página | 112

para aprobar concesiones y mega proyectos hidroeléctricos y turísticos, entre otros. Las concesiones sobre el usufructo del caudal de los ríos a corporaciones privadas, nacionales e internacionales se han convertido en fuente de conflictividad social y violación a los derechos humanos, tanto de personas como de colectivos. En general, persisten graves limitaciones institucionales para la promoción y protección de derechos, aunado a la falta de cumplimiento de las recomendaciones de los órganos de vi-gencia de tratados, lo que cierra un círculo de impunidad e indefensión generalizada. Al respecto es la Alianza la que se pronuncia más, subrayando, en términos generales, su pro-puesta de revertir aquellas decisiones gubernamentales que atenten contra el patrimonio público.

b. Líneas generales estratégicas de las OSC en el contexto electoral

El actual proceso electoral ha sido atípico e inédito en dife-rentes situaciones, entre ellas la cuestionada reelección pre-sidencial, la escasa saturación propagandística a través de los medios de comunicación y la ausencia de iniciativas ciu-dadanas a favor de que los candidatos presidenciales suscri-ban pactos sociales o sean enterados de las demandas de las OSC. Una de las pocas excepciones, en el último aspecto, fue la iniciativa de varias organizaciones ciudadanas para suscribir una Declaración Ciudadana por la Democracia, y la convoca-toria que hizo la Asociación para una Sociedad más Justa ASJ a un ciclo de diez conferencias destinadas a que los lí-deres de los partidos políticos, legalmente constituidos en el país, interactuaran con representantes de plataformas civiles como Transformemos Honduras (TH), la Federación de Or-ganizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH), World Vision Honduras, Pastoral Social Caritas de la Iglesia Católica, y Confraternidad Evan-gélica de Honduras (CEH), entre otros.

Capítulo V

Página | 113

De la Declaración Ciudadana por la Democracia5 destacan los siguientes aspectos:

· “Las elecciones generales a celebrarse el 26 de no-viembre son una extraordinaria oportunidad para de-mostrar la responsabilidad cívica de los hondureños, por lo que hacemos un llamado para que los ciuda-danos asistan masivamente a ejercer el derecho al sufragio y de esta forma decidir sobre el futuro de Honduras, mediante un proceso que goce de una amplia participación y de la confianza de la ciudada-nía.

· Bajo ninguna circunstancia debe ponerse en duda la realización de las elecciones generales; la sociedad hondureña no puede ser sometida al trauma y la frac-tura social como la que vivió en 2009, por lo que pe-dimos a la clase política respetar los tiempos, proce-dimientos y las instituciones, y no arrastrar a los hon-dureños a una nueva crisis política de insospecha-das consecuencias.

· Los directivos de todos los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular deben de-mostrar su capacidad de propuesta y presentar inno-vadoras soluciones a los ingentes problemas que afectan a los hondureños; es hora de escuchar plan-teamientos objetivos, realistas y sostenibles, que marquen la ruta para avanzar y enfrentar los retos de país y la agenda de desarrollo, integrando los con-ceptos de equidad, inclusión y teniendo como rumbo los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

5 El documento fue suscrito por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), Federación de Organizaciones No Gubernamen-tales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), World Vision Honduras (WVH), Proyecto Aldea Global (PAG), Espacio Regional de Occidente (Eroc), Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Foro Social para la Deuda Externa de Hon-duras (Fosdeh), Plan Internacional, Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y Asociación Nacional de Universidades Privadas de Honduras (Anuprih)


Página | 114

· Los integrantes de la clase política nacional deben abstenerse de escenificar un proselitismo cargado de insultos, descalificaciones y ataques. Quienes as-piran a gobernar deben demostrar sus competencias y atributos, y la ciudadanía sin duda sabrá tomar sus decisiones.

· La recién creada Unidad de Financiamiento, Trans-parencia y Fiscalización de Partidos Políticos y Can-didatos, debe garantizar un exhaustivo control del uso de recursos para financiar el proselitismo electo-ral y coadyuvar a darle persecución penal a los polí-ticos que estén aliados con bandas del crimen orga-nizado, carteles del narcotráfico o redes corruptas que operan en el país.

· Alentamos a las diferentes organizaciones no guber-namentales, gremios, redes empresariales, iglesias, universidades y movimientos sociales a incorporarse a las labores de observación electoral, y a los ciuda-danos a denunciar irregularidades

· La continuidad de los procesos electorales ha dado la posibilidad de identificar las reformas que el sis-tema político hondureño necesita. Es impostergable que las diferentes fuerzas políticas avancen en los procesos de diálogo y consenso, a fin de concertar las pertinentes reformas que modernicen el sistema político electoral de Honduras, especialmente en lo atinente a despolitizar los organismos electorales, ciudadanizar la integración de las MER y depurar el censo de los habilitados a ejercer el voto, entre otras.

· Las organizaciones e instituciones firmantes de la presente Declaración reiteramos nuestro respaldo al actual proceso electoral y esperamos que el 26 de noviembre queden evidenciadas las convicciones democráticas de los ciudadanos y del Estado y que nos podamos sentir orgullosos del fortalecimiento de nuestro sistema democrático”.

Capítulo V

Página | 115

Esa declaración fue inmediatamente criticada por otras OSC, cercanas a la oposición política, que la consideraron “oficia-lista” y sesgada a favor de la candidatura presidencial de Juan Orlando Hernández. No obstante, al margen de sus diferentes posiciones políticas y contradicciones internas, es posible sustraer las demandas coincidentes más relevantes de las OSC, entre ellas:

· La sociedad tiene que presionar hacia la transforma-ción del Estado y eso pasa por modificar los desequi-librios de poder, especialmente en el Congreso Na-cional y Poder Judicial.

· La sociedad civil debe revisar su experiencia de par-

ticipar en procesos y plataformas gubernamentales, debido a la poca efectividad de las mismas.

· Es necesario modificar la norma constitucional y es-

tablecer de manera clara y precisa los mecanismos de rendición de cuenta de los tres poderes del Es-tado.

· Se debe establecer mecanismos de mandato revo-

catorio de los magistrados nombrados por el Con-greso Nacional en instituciones como el Poder Judi-cial, Tribunal Superior de Cuentas, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o las corporaciones municipales, entre otras.

· El derecho al acceso a la información pública y el

empoderamiento de la sociedad civil constituyen un primer escalón en la lucha contra la corrupción e im-punidad, que permite superar la desinformación, neutralizando la manipulación partidista o de intere-ses ajenos.


Página | 116

· El objetivo final es ir más allá de la transparencia y consolidar un sistema efectivo de rendición de cuen-tas de parte de los distintos niveles de la administra-ción y los funcionarios de más alto rango. Por ejem-plo, nunca ha llegado un proyecto de presupuesto nacional desglosado al Congreso de la República para su discusión y aprobación, pese a que la ley así lo ordena.

· Es fundamental entender que hay una variable terri-

torial cada vez más importante a tomar en cuenta, privilegiando los derechos de las comunidades por encima de las pretensiones de las corporaciones pri-vadas.

· Depurar los cuerpos policiales, lo que implica debatir

y construir consensos en torno a propuestas de re-formas de fondo, que existen y no han sido tomadas en cuenta.

· Investigar y revisar el papel de los poderes fácticos,

en especial de las élites que se asocian o vinculan con el crimen organizado.

· Impulsar acciones que fortalezcan la independencia

del sistema de justicia, de las fiscalías y de los órga-nos contralores del Estado.

c. ¿Cuál es la posición e interpretación de

los partidos políticos respecto a la sociedad civil hondureña?

Anticipar cuál será la actitud ante esas demandas de quienes resulten electos para cargos públicos es una conjetura, pero de las entrevistas que el Centro de Documentación de Hon-duras CEDOH realizó a varios candidatos presidenciales o ideólogos de los planes de gobierno (Salvador Nasralla, por la Alianza de Oposición contra la Dictadura; Marlene Alva-renga, Partido Anticorrupción; Rodolfo Pastor, ideólogo de la propuesta de gobierno de la Alianza de Oposición contra la

Capítulo V

Página | 117

Dictadura; Romeo Vásquez Velásquez, Alianza Patriótica Hondureña; y Lucas Aguilera, Partido Demócrata Cristiano) se obtuvieron las siguientes valoraciones sobre las OSC:

· Son muy acomodadas al poder del Estado, desgra-ciadamente poderoso señor es don dinero, ellas ne-cesitan dinero para funcionar y desgraciadamente el gobierno las tiene maniatadas.

· La sociedad civil vemos que está muy pegada a los

gobiernos. Vemos que en la sociedad civil hay inte-grantes de las iglesias cristianas, pero hemos visto que han hecho muy poco, yo no he visto realmente un trabajo fuerte defendiendo al pueblo hondureño, defendiendo la necesidad del pueblo hondureño, sino que hemos visto una sociedad civil acomodada, por lo tanto en mi gobierno no significa que los voy a hacer a un lado, que no los voy a tomar en cuenta, todo lo contrario, pero yo creo que la sociedad civil debe hacer un trabajo más separado de políticos y más enfocado a las necesidades del pueblo.

· Entendemos que en un contexto como el actual en

Honduras, con un Estado colapsado, la sociedad civil juega un papel fundamental, más bien se hace cargo de muchas de las responsabilidades que en cual-quier otro país le competen directamente al Estado, puesto que este Estado no tiene la capacidad o el interés o la capacidad de atender muchos problemas y que son los organismos de sociedad civil quienes se terminan encargando de esto.

· Es impresionante la presencia y la participación, la

actividad que tienen estas organizaciones en Hondu-ras, puesto que a nivel internacional se canalizan muchos fondos de la cooperación a través de estas organizaciones. Pero también hay que pensar muy bien en cómo se define a la sociedad civil, porque aquí en Honduras estamos acostumbrados a que la sociedad civil es la que así se llama a sí misma, se


Página | 118

autodenomina sociedad civil, lo que no nos queda claro es que intereses hay detrás de estos grupos.

· A las organizaciones de sociedad civil siempre les

mueve ese sentimiento de esclavitud, de pertenencia a un partido político.

· Ningún gobierno puede desarrollarse sin el concurso

de la sociedad civil, porque todos somos civiles yo como político soy un civil, entonces ahora es Estado y sociedad civil.

Cuando a los candidatos se les preguntó si estaban dispues-tos a trabajar con las OSC ofrecieron respuestas como las siguientes:

· Sinceramente hay un montón de burocracia que no le veo mayor importancia, yo no les veo mucha razón de ser, yo casi creería que desde los ministerios se podría hacer el trabajo sin necesidad de recurrir a ellas, quizás haya que tomarlos en cuenta si ellos tie-nen aportes de otros países, porque hay muchos paí-ses que, como no le confían al gobierno, entonces prefieren canalizarlo a través de otras organizacio-nes. Mi relación es tolerante y bienvenida la ayuda, siempre y cuando sea que sirva, si no sirve no tiene razón.

· Habría que revisar todas esas ONG y ver a qué real-

mente se dedican, pero por supuesto que nuestro país necesita mucho apoyo en la parte de medicinas, escuelas y otras cosas.

· Yo le apostaría a trabajar más con el pueblo-pueblo,

trabajar más con los patronatos, trabajar más con la iglesia, no solamente la iglesia cristiana, sino la igle-sia católica también, viendo la necesidad de cada lo-calidad y tratar de separar esas organizaciones, que, de una u otra forma, están ligadas y acomoda-

Capítulo V

Página | 119

das…no voy a perder el tiempo en trabajar con orga-nizaciones que representan un interés de un partido político, yo voy a trabajar con organizaciones que verdaderamente digan, me sumo a trabajar y me quito el color político y voy a trabajar por Honduras.

· Nosotros estamos abiertos a trabajar con ellos, cree-mos que es un pilar fundamental…pero yo puedo de-cir que hay sociedad civil en este país dedicada, prácticamente, a todo, y me parece especialmente peligroso cuando la sociedad civil se alía al gobierno o al gobernante actual, entonces se ve un contuber-nio ahí, que lo que hace es comprometer la imparcia-lidad, la objetividad del trabajo que ellos realizan y se terminan convirtiendo, en muchas ocasiones, en francos satélites del poder. Nosotros creemos que la sociedad civil, en todo caso, debe ser un contrapeso al poder.

· Yo las involucraré en temas de seguridad, corrupción y mejorar las condiciones de vida del pueblo hondu-reño. Los obreros, la Federación de Profesionales Universitarios de Honduras, las cámaras de comer-cio, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las cooperativas, los productores de café, las diferen-tes organizaciones campesinas.

Superar los límites en que se desenvuelve la comprensión que tiene la clase política hacia la sociedad civil organizada, requiere mucho tiempo, esfuerzo y claridad, pero el mismo reto tiene la sociedad civil organizada con respecto a los po-líticos. Para las elecciones generales 2017 no se logró, pero la necesidad está planteada.


Página | 120

portadilla libro elecciones 2017

Documents