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Víctor Raúl Martínez Vásquez
Crisis política y represión en Oaxaca
El Cotidiano, vol. 23, núm. 148, marzo-abril, 2008, pp. 45-62,
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
México
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El Cotidiano,
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Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco
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Víctor Raúl Martínez Vásquez*
C omo es del dominio público,en el año 2006 Oaxaca vivió una delas crisis políticas mas importantes desu historia reciente. El factor cataliza-dor de esta crisis fue el desalojo falli-do que sufrieron los maestros porparte de cientos de policías el 14 dejunio en el centro histórico de la ciu-dad de Oaxaca. Este hecho desenca-denaría una amplia movilización deamplios sectores de la población oaxa-queña exigiendo la salida del goberna-dor Ulises Ruiz Ortiz a quien seconsideró el principal responsable dela represión.
Crisis política y represiónen Oaxaca
Los efectos de la crisis se han vivido en todos los planos: en el electoral el 2de julio del 2006, en el económico con pérdidas de miles de millones de pesos, enel educativo con suspensiones de clases durantes varios meses, y en el plano patri-monial y cultural. El más grave, sin embargo, en la pérdida de vidas humanas. Sonestos algunos de los aspectos que aborda este trabajo sobre la crisis política deOaxaca en el pasado reciente.
La crisis, sin embargo, fue el resul-tado de múltiples agravios a las orga-nizaciones sociales y a la población quefueron acumulándose. Podemos decirque una crisis como la de Oaxaca noes producto solamente de un aconte-cimiento, sino de la acumulación detensiones y contradicciones diversas.Las crisis tienen un periodo de incu-bación en el que incluyen factores es-tructurales y coyunturales. Uno de losobjetivos de este trabajo es analizarestos factores.
Una segunda etapa es la que serefiere al periodo posterior al 14 dejunio y en ella se identifica una cre-ciente ingobernabilidad y polarización.Es el momento propio de la crisis po-lítica. En ella los actores confrontadosdiseñan sus estrategias e impulsan di-
versas acciones para lograr sus obje-tivos; en este caso, lo más visible fue,por un parte, la salida del gobernador,y, por la otra parte, su sostenimientoa toda costa.
Las crisis políticas pueden ser dedistinta naturaleza: electorales, de ga-binete, de gobierno, de régimen, revo-lucionarias. En mi opinión, la crisis quevive Oaxaca, si bien ha pasado su eta-pa mas álgida, aun se mantiene en for-ma potencial y es una crisis de un tipode régimen que se ha denominado “go-bernadorismo autoritario”.
No basta por ello con la sustitu-ción de algunos funcionarios, menoscon lo que en el argot de la política sellaman “enroques”. Quizás ni siquieracon la salida del gobernador UlisesRuiz, sino que se requieren cambios
* Instituto de Investigaciones Sociológicasde la Universidad Autónoma “Benito Juárez”de Oaxaca.
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en las estructuras jurídicas, en las instituciones, en los estilosde gobernar. Menos por supuesto, una salida policiaca, a unacrisis política como lo que se ha pretendido dar en Oaxaca.
Los efectos de la crisis se han vivido en todos los pla-nos: en el electoral el 2 de julio del 2006, en el económicocon pérdidas de miles de millones de pesos, en el educativocon suspensiones de clases durantes varios meses, y en elplano patrimonial y cultural. El más grave, sin embargo, en lapérdida de vidas humanas. Son estos algunos de los aspec-tos que aborda este trabajo sobre la crisis política de Oaxacaen el pasado reciente.
La crisis: su incubación. Autoritarismo,transición democrática y reforma del Estado
Durante décadas, los mexicanos vivimos un régimen auto-ritario caracterizado por el presidencialismo, centralismo,corporativismo, sistema de partido hegemónico, con plura-lismo limitado y sin alternancia política. La lucha de muchosmexicanos y mexicanas, aunque lentamente y no sin conflic-tos y altos costos, fue cambiando las cosas a nivel nacional.Hay que recordar simplemente el movimiento estudiantilde 1968 y los movimientos agrarios y sindicales de los añossetentas, el movimiento cardenista de 1988 y luego la re-belión zapatista de 1994. Estos fueron presionando al sis-tema a una transición democrática.
La transición democrática alude al paso de un régimenautoritario a otro más democrático. En el plano electoral,en 1989 vimos la alternancia de un Ejecutivo estatal del PRI
al de otro partido como ocurrió con el PAN en Baja Califor-nia. En 1997, el PRD llegó al gobierno del Distrito Federal.Con el PAN en Baja California fuimos testigos también de laprimera experiencia de lo que los politólogos han llamado“los gobiernos divididos”, con un ejecutivo de un partido yun legislativo con mayoría de otro partido. Entre 1995 y1998 observamos 13 estados con “gobiernos divididos”.En 1997 el Ejecutivo Federal ya no fue dominante en laCámara de Diputados.
En el 2000, las gubernaturas en México ya se distri-buían de la siguiente manera: 21 para el PRI, siete para elPAN y cuatro para el PRD. La transición mexicana fue lo-grando avanzar a través de continuas y sucesivas reformaselectorales entre ellas y particularmente la de 1996.
Uno de los problemas a resolver para el sistema políti-co, dada la inercia hacia el fraude electoral del viejo régi-men priísta, fue lograr credibilidad en las elecciones. Paraello fueron importantes: la ciudadanización de los órganoselectorales; la credencial con fotografía; la actualización con-
tinua del padrón electoral; la admisión de observadoreselectorales nacionales y extranjeros; la profesionalizacióndel servicio electoral; el estatus de los partidos políticoscomo instituciones de interés público y los recursos públi-cos que se destinan para su financiamiento. La transicióndemocrática avanzaba.
La democratización no se agota en la transición demo-crática, requiere de otras etapas. Para César Cansino la“transición democrática” termina “cuando se instaura unademocracia autosostenida, es decir, cuando la mayoría delos conflictos son procesados a través de las institucionesdemocráticas cuando nadie puede controlar ex post o exante los resultados del proceso político. En términos me-nos abstractos, una transición democrática se considerafinalizada cuando: a) existe una posibilidad real de alternan-cia partidista, b) cambios en las políticas pueden resultar dela alternancia en el poder, c) un efectivo control civil de losmilitares ha sido establecido”. (Hay que recordar que losregímenes militaristas del sur de nuestro continente des-pués de los años setentas tan plagados de dictaduras mili-tares, de “estados de excepción”, alentaron la reflexión sobrelas transiciones democráticas en los años ochentas y no-ventas)1.
Cansino sostiene textualmente lo siguiente: “conside-rando la naturaleza tan peculiar de los procesos de transi-ción, me inclino a concebir la transición democrática comouna dimensión histórica en la que el régimen autoritario departido ha perdido algunas de sus características, sin adqui-rir del todo los nuevos aspectos del régimen democráticode llegada. En ese sentido la transición democrática es unaestructura de ambigüedad política, una interacción entreelementos autoritarios y democráticos”.
El autor referido hace un corte definitivo en relacióncon la transición democrática en nuestro país: las eleccio-nes del 2000, las elecciones de la alternancia. El parteaguashistórico de ese año, es útil para reconocer mejor las ta-reas que una nueva democracia debe enfrentar, si es queaspira a consolidarse.
Las tareas posteriores al año 2000, plantea este autor,no son ya las de la transición, pues ésta terminó por la víade la alternancia en el momento en que se derrumbaronlos dos pilares del viejo régimen: el presidencialismo y elpartido hegemónico.
La tarea ahora es la “instauración democrática” queimplica básicamente dos cosas: la “destitución autoritaria”,
1 César Cansino, La transición mexicana, Centro de Estudios de Políti-ca Comparada, México, 2000.
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por la cual debemos entender el proceso de derogación delas estructuras y los comportamientos que caracterizaronal régimen autoritario precedente y su gradual deslegitima-ción. La segunda es de orden normativo y se refiere a laderogación de aquellas normas jurídicas existentes en elrégimen autoritario y que no corresponden a una lógicapropiamente democrática, implica “el rediseño institucio-nal y normativo” del nuevo régimen para adecuarlo a lasnecesidades de una verdadera democracia. Recordemos queen México el diseño normativo e institucional correspon-dió a un régimen presidencialista autoritario.
Un adecuado diseño normativo e institucional puedeincrementar el potencial de persistencia del nuevo régi-men democrático y contribuir a su consolidación, de ahí suimportancia2.
Las transiciones exitosas, incluida por supuesto la es-pañola con su famoso Pacto de la Moncloa, han requeridode un acuerdo general entre todos los actores políticosque ponga los cimientos de un nuevo régimen democráti-co. En otros términos, esto implica una reforma del Estadoy, ciertamente, un acuerdo de los actores políticos3. La re-forma del Estado se convierte en una prioridad estratégica,de cuya realización depende en buena medida la viabilidadmisma de la democracia. No se consolida lo que ni siquierase ha instaurado.
La falta de una reforma del Estado, en buena medida,tiene que ver a nivel nacional y estatal con los conflictos enla actual coyuntura política del país, para Cansino: “...si algosugiere de manera dramática la actual turbulencia políticaes la imperiosa necesidad de actualizar de una vez por to-das nuestras normas e instituciones, pues las vigentes noresponden a los imperativos de una democracia. En su marcosigue siendo factible la corrupción y la impunidad en todoslos niveles de la administración pública, la procuración dejusticia sigue siendo abiertamente permisiva y discrecional,en una palabra el Estado de Derecho sigue siendo una qui-mera”.
El autoritarismo subnacional y elgobernadorismo autoritario en Oaxaca
Aunque la democratización del sistema político mexicanoestá aún inconclusa y justamente en riesgo de retrocesoscomo hemos visto recientemente en las pasadas eleccio-
nes presidenciales del 2006, es evidente que en algunasregiones como Oaxaca, estamos peor que a nivel nacional.En los últimos años se han profundizado aquí los rasgos delviejo régimen autoritario. No sólo no se ha logrado unaalternancia en el gobierno del estado, tampoco un “gobier-no dividido”, un partido en el Ejecutivo y mayoría de otroen el Legislativo. Observando lo ocurrido en esta entidaden los últimos años, puede desprenderse la idea de que lastransiciones democráticas no se dan de manera homogé-nea en toda la geografía del país.
Después de la alternancia en el gobierno federal en elaño 2000, en Oaxaca se ha mantenido un enclave autorita-rio. Algunos autores, como Edward Gibson al estudiar elcaso oaxaqueño y el de Santiago del Estero en Argentina,han caracterizado este fenómeno como un “autoritarismosubnacional”4.
“Una mirada –nos dice el autor– a países democráti-cos alrededor del mundo nos revelaría la diferencia de ladistribución territorial de las prácticas e instituciones de-mocráticas dentro de los estados-nación”. Oaxaca y San-tiago del Estero “son dos entre cientos de enclavesprovinciales autoritarios”, alrededor del globo.
Según Edward Gibson, uno de los hechos, poco remar-cados en la tercera ola de las transiciones a la democracia,fue que la democratización nacional a menudo devino enuna consolidación de los autoritarismos provinciales. “Latransición democrática, mientras transformaba la política anivel nacional, creó poca presión para la democratizaciónsubnacional. De hecho a menudo la retardó”5.
La misma debilidad del centro en periodos transicio-nales “ha fortalecido a los actores locales” y reducido sudisposición a rendir cuentas a las élites centrales. Adicio-nalmente hay que agregar que, en el caso de Oaxaca, comoen otros estados de la República, la alternancia a nivel fede-ral después de las elecciones del 2000 que llevaron a Vicen-te Fox a la presidencia, relajó los controles del presidentesobre los gobernadores y permitió que éstos actuaran sinfrenos ni contrapesos como ocurrió con José Murat y UlisesRuiz favoreciendo un “gobernadorismo autoritario”, una mo-dalidad del autoritarismo subnacional.
Estos gobernadores mantuvieron el control absolutosobre los poderes Legislativo y Judicial, lo cual nos dicemucho respecto de la naturaleza del régimen autoritario, ytambién sometieron a las instituciones supuestamente “ciu-
2 César Cansino, El desafío democrático, la transformación del estadopostautoritario en México, Centro de Estudios de Política Comparada,México, 2005.
3 Joaquín García Morillo, La democracia en España, Madrid, 1996.
4 Edward L. Gibson, “Boundary Control: Subnational Authoritarismin Democratic Countries”, World Politics 58, octubre 2005, 101-32.
5 Ibidem, p. 107, (traducción personal).
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dadanas”, autónomas, independientes, como es el caso della Comisión Estatal de Derechos Humanos y del InstitutoEstatal Electoral donde los titulares han sido totalmentedependientes y sumisos al Ejecutivo del estado.
El “gobernadorismo autoritario” es personalista, secentra en el gobernador; se funda más en el temor que enel consenso; en el ejercicio discrecional de la ley más queen un real Estado de Derecho; en el uso patrimonial delpoder y los recursos públicos y no en una concepción re-publicana en la que éstos son de todos y no del gobernan-te; prefiere el ocultamiento y manipulación de la informaciónpública, por lo que el déspota es reactivo a la rendición decuentas, a la libertad de prensa y a las leyes de transparen-cia; tiende al control y a la manipulación clientelar del ciu-dadano más que a su participación informada, libre,organizada; su visión de la sociedad es maniquea; su actua-ción es parcial y no neutral: o se goza de sus favores o sesufre de sus aversiones; lo tientan más la represión y lavenganza que la justicia, el recurso de la fuerza, más que lautilización del diálogo, la conciliación y el acuerdo; esegocentrista más que pluralista; el déspota que corona elvértice de la pirámide usa el poder para su beneficio másque para el de los gobernados.
Durante estos últimos años de la alternancia, Oaxacaha padecido persecución de líderes sociales, encarcelamien-tos arbitrarios, asesinatos políticos, represión a manifesta-ciones públicas, desaparición de poderes en ayuntamientosde oposición, corrupción extrema y evidente, imposición deobras públicas sin consulta a los ciudadanos, ataques a lalibertad de expresión, detenciones sin orden judicial, ame-nazas a las personas y su patrimonio, desorden administra-tivo, atentados a los espacios públicos para justificar gastosonerosos de recursos, cambios arbitrarios del destino delos edificios públicos y un largo etcétera de agravios al pue-blo de Oaxaca.
En Oaxaca, el “Estado de Derecho” ha representadoen realidad el uso faccioso de las normas y las institucionesque están puestas al servicio del titular del Poder Ejecutivo,y que en estos años en Oaxaca ha dejado resultados desas-trosos para la mayoría de la población. El “gobernadorismoautoritario” es una modalidad del autoritarismo subnacionalque no habíamos visto al menos desde el régimen de Ma-nuel Zárate Aquino en Oaxaca en la década de los setentasdel siglo anterior.
El “gobernadorismo autoritario” actual se ha montadosobre los vacíos políticos dejados por la falta de una refor-ma del Estado que propicie la instauración democrática quenecesariamente incluye temas de la democracia participa-
tiva, justamente como: “la revocación de mandato”; el refe-réndum; la iniciativa popular; la rendición de cuentas y latransparencia en todos los niveles de gobierno, entre otros.También le ayuda el fenómeno de la pobreza que propiciael clientelismo.
En Oaxaca el autoritarismo subnacional no sólo seobserva en el plano estatal sino en los enclaves priístas delpoder local, donde muchos presidentes municipales repro-ducen este modelo, desde luego, subordinándolo al poderdel Ejecutivo estatal.
Al gobernadorismo autoritario han contribuido loscontroles que el viejo sistema priísta aún conserva en eluso faccioso de los recursos públicos con fines electorales,que le permiten prácticas amañadas de compra y manipu-lación del voto así como las características de la actual coa-lición gobernante oaxaqueña.
La política represiva de Ulises Ruiz
Ulises Ruiz, una vez obtenido un cuestionado reconoci-miento y una dudosa legitimidad de origen luego de lascontrovertidas elecciones de gobernador del año 2004 quetuvieron que dilucidarse en el Tribunal Federal Electoral,lejos de curar las heridas que dejó el ciclo autoritario abiertopor José Murat y las dudas sobre la contienda electoral,profundizó la política autoritaria contra sus adversarios.
El mismo día de su toma de posesión, Ulises Ruiz con-validó la toma de las bodegas del periódico Noticias, iniciadapor Murat, al hacerlas objeto de una nueva toma; en ellapor cierto, falleció extrañamente una persona cuyo crimentampoco ha sido esclarecido. Después, con David Aguilar,líder de la CROC y titular del contrato colectivo de trabajodel periódico Noticias, pretextando un conflicto laboral, queno contó con el apoyo de los trabajadores del diario, auspi-ció el cierre de las oficinas del mismo y más adelante elasalto violento de las mismas, para lo que utilizó a un grupode esquiroles y porros protegidos por la policía, quieneslas mantuvieron en su poder durante más de un año.
A pesar del amplio respaldo público otorgado al pe-riódico y las medidas cautelares dictadas a favor de los tra-bajadores; el gobernador y su secretario de Gobierno, JorgeFranco Vargas, hicieron caso omiso. El caso Noticias ha sidoun ejemplo paradigmático de los ataques que desde el po-der estatal se han realizado contra la prensa, y al mismotiempo de la defensa que han hecho sus trabajadores ydirectivos a favor del derecho a la libertad de expresión.
Otro asunto de la agenda inmediata a la toma de pose-sión de Ulises Ruiz y su secretario de Gobierno, fue la de-
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tención del dirigente del Frente Único Huautleco, AgustínSosa, por el supuesto asesinato del profesor Serafín García,con quien aquel compartía amistad e intereses dentro dela misma organización, lo que resultó otra aberración éti-ca y jurídica. El profesor fue asesinado por un grupo depriístas previamente a un acto de campaña de Ulises Ruizen Huautla de Jiménez, que trataba de ser impedido porel Frente Único Huautleco, en el que participaba el maes-tro ya jubilado.
Otro objetivo prioritario para la administración en-trante, fue el de encarcelar al propio Gabino Cué, su con-trincante por la gubernatura, esta vez por el supuesto desvíode recursos en el Ayuntamiento durante su gestión comopresidente municipal. Esto trajo como consecuencia unaamplia movilización ciudadana en defensa del ex candidatoopositor, quien incluso llegó a presentarse a las instalacio-nes de la Procuraduría, acompañado de una amplia multi-tud así como de dirigentes de los partidos que los postularona la gubernatura. En Oaxaca estuvieron también los secre-tarios generales nacionales del PRD y el PAN para respaldara Cué Monteagudo, lo que obligó a Ruiz Ortiz a dar marchaatrás en sus pretensiones. Esta dinámica de abusos y ven-ganzas marcó desde sus inicios la forma en que se conduci-ría al estado.
Muchas han sido las organizaciones agraviadas por elrégimen de Ulises Ruiz, y podemos mencionar aquí algunasde ellas: el Consejo Indígena Popular de Oaxaca, cuyo diri-gente, el también profesor Raúl Gatica, se encuentra en elexilio en Canadá y otros de sus militantes fueron deteni-dos; también han sufrido con cárcel siete miembros de laCoordinadora Oaxaqueña Magonista Popular Antineoliberal;sesenta y nueve del Movimiento Ciudadano Juquileño; cin-co más del Frente Popular Revolucionario; el CODEP, cuyadirigente, la profesora Jaquelín Hernández Almaráz, fue de-tenida cuando hacía una protesta frente al Tribunal Supe-rior de Justicia.
La Organización Indígena de Derechos Humanos deOaxaca (OIDHO) sufrió la detención de su dirigente Alejan-dro Cruz Díaz, quien fue aprehendido por agentes ministe-riales cuando, habiendo sido convocado a una reunión confuncionarios del régimen, se presentaba a ella. El gobiernodel estado aplicó la misma medida para detener a otrosdirigentes.
Otros son los casos del Comité de Defensa Ciudada-na, cuyo asesor Pedro Jarquín Aragón, fue torturado y re-cluido en el penal de Ixcotel; el Ayuntamiento Popular deSan Blas Atempa, que sufrió el asesinato de Faustino AcevedoBailón y la detención de diez de sus miembros; de esto
último se responsabiliza a la cacique del pueblo, la diputadalocal por el PRI, Agustina Acevedo Gutiérrez.
Los dirigentes del Frente Amplio de Lucha Popular,Germán Mendoza Nube y Bertín Reyes, también fuerondetenidos. Permanecen sin castigo los crímenes contra otrosdirigentes políticos como César Toimil del CROCUT, del doc-tor Guillén de Tapanatepec y de Lino Antonio, entre otros.Otras organizaciones, entre las que se encuentran CODEMI,el Colectivo Huaxyacac, el Convive del barrio de Jalatlacode la ciudad de Oaxaca, los vecinos de la calle de Crespo, lasección 35 de la Secretaría de Salud, también resintieronlos embates del régimen de Ruiz Ortiz6.
La sociedad civil es el espacio en que surgen las de-mandas sociales, cuya obligación del gobierno es atender yresolver. En un régimen democrático, el gobierno ha derecurrir al diálogo, la negociación y el acuerdo antes que aluso de la fuerza. En Oaxaca, sin embargo, el gobierno, comohemos reseñado aquí, lejos de utilizar estos recursos dela política, ha utilizando sistemáticamente la fuerza, la ame-naza, el encarcelamiento de líderes, el autismo frente auna sociedad que no ha encontrado los canales para ha-cer escuchar su voz. Esto evidentemente fue acrecentandola inconformidad social en contra el gobierno de UlisesRuiz.
Otra vertiente de la crisis reciente, fue la intervencióny el destino de los espacios públicos de los oaxaqueños. Elcaso más conocido y controvertido fue el movimiento con-tra las obras de remodelación del zócalo de la ciudad capi-tal del estado, al que se prestó oídos sordos, a pesar de losmiles de firmas y las protestas callejeras. En relación coneste tema, en una reunión con un grupo de inconformesreunidos en la Casa de la Ciudad, con el secretario de Go-bierno, Jorge Franco Vargas, como reseña una crónica pe-riodística, el funcionario concluyó al final de la reunión: “Puesháganle como quieran, el gobierno ya decidió”, y dicho estosalió del lugar en medio de protestas y gritos de los asis-tentes.
Otros casos en este mismo sentido, el de la remodela-ción urbana, que generaron inconformidades fueron las in-tervenciones de la Plaza de la Danza, cuya cantera fuesustituida por cemento; el Paseo Juárez, mejor conocidocomo “el Llano”; el simbólico Cerro del Fortín, donde seencuentra el auditorio Guelaguetza; la fuente de las Siete
6 Estas y otras denuncias fueron presentadas por las organizacionesen el juicio político que la Sección 22 realizó contra el gobernador el 7de junio del 2006, en la ciudad de Oaxaca, y en la que se acordó eldesconocimiento del titular del Ejecutivo por el cúmulo de atropelloscometidos contra las mismas.
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Regiones. Tampoco se hizo caso de la oposición ciudadanaa la ampliación de la terminal del ADO, en el histórico barriode Jalatlaco o la instalación de parquímetros en el CentroHistórico, patrimonio de la humanidad.
En la intervención de espacios públicos y aun en sudestino, muchos grupos ciudadanos no fueron escuchados.Tampoco se consultó el uso y destino del histórico y sim-bólico Palacio de Gobierno del estado, que fue trasforma-do en un museo, al parecer con el propósito de desalentarmarchas y manifestaciones públicas de protesta que se rea-lizaban frente al antiguo edificio, símbolo del poder políticodurante centurias en Oaxaca.
Las consecuencias generadas por abandonar el palacio,se reflejaron también en el desorden de la administraciónpública, que se disgregó en múltiples oficinas y que confun-dió a las autoridades municipales y los particulares que acu-dían a Oaxaca, en espera de atención de asuntos públicos yprivados en el citado palacio de gobierno, al que ahora en-contraban convertido en museo. A esto hay que agregarle,por supuesto, el dispendio de recursos que esto generó enrentas.
Otras características del régimen autoritario en Oaxaca,han sido el tema de la violación a los derechos humanos y alas garantías individuales. Las organizaciones civiles defenso-ras de estos derechos no han sido escuchadas ni en sus se-ñalamientos, ni en sus propuestas. Así ocurrió por ejemplocon los pronunciamientos en relación al nombramiento delos titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.Hasta ahora tales designaciones han recaído en personasque abiertamente se han subordinado al Ejecutivo, comotambién ha ocurrido con otros organismos supuestamen-te ciudadanos, como el Instituto Estatal Electoral. Desdeluego que la actuación durante este ciclo autoritario de lacomisión responsable de velar por los derechos de los oaxa-queños, ha sido totalmente omisa con referencia a las arbi-trariedades cometidas por el gobierno de Oaxaca.
El Poder Ejecutivo ha sometido a los otros dos pode-res del estado, inmovilizando, con su mayoría priísta, a unaoposición en el legislativo que se ha mostrado tímida pordecir lo menos, y a veces, como se ha manifestado, com-prando el voto de diputados “opositores” mediante apo-yos económicos, camionetas u otro tipo de canonjías ybonos7.
La Iglesia Católica también ha sido objeto del desdéndel régimen. Cerca de cuarenta robos han ocurrido en losúltimos años en contra de la misma, la mitad de ellos du-rante meses del gobierno de Ulises Ruiz. Hasta la fecha nohay resultados de las investigaciones, si es que éstas se hanllevado a cabo.
La gota que derramó el vaso fue, sin embargo, larepresión sufrida por la sección XXII del magisterio el14 de junio del 2006, cuando la policía intentó el des-alojo de un plantón de maestros en el centro históricode la ciudad capital y al que nos referiremos más ade-lante.
La crisis: su desarrollo.El movimiento magisterialen el 2006 y el 14 de juniodel 2006
Como ha sido recurrente cada año, en el 2006 la Sección22 presentó el 1° de mayo su pliego petitorio anual, estavez conteniendo 17 puntos generales y otros relativos acada uno de los niveles y modalidades educativas. En estaocasión, al igual que el año anterior, el movimiento centrósu atención en la demanda de rezonificación por vida cara,solicitando pasar de la zona dos a la zona tres, logro queya tiene, por ejemplo, el estado de Chiapas. Para la aten-ción de esta demanda pidió la intervención directa delEjecutivo del estado. Otras peticiones fueron: plazas, ho-ras para secundaria, préstamos, vivienda para maestros,becas, uniformes, zapatos y materiales para alumnos deescasos recursos. La principal demanda del magisteriorepresentaba una cantidad muy significativa: 1,400 millonesde pesos, de los cuales el magisterio dijo estar dispuesto aaportar 680 millones.
Cabe mencionar aquí, que el secretario de GobiernoJorge Franco fue vetado por el magisterio en las negocia-ciones, al ser acusado de promover una disidencia dentrode la Sección 22, autodenominada Consejo Central deLucha, encabezada entonces, entre otros, por dos ex se-cretarios generales de la Sección 22, Humberto AlcaláBetanzos y Alejandro Leal Díaz, quienes a fines del 2005exigieron incluso la salida de Enrique Rueda Pacheco, acu-sándolo de haber recibido un automóvil Volkswagen Jetta,de parte del gobierno del estado y de hacer negocios per-sonales.
Con relación a las acusaciones, en ese momento laAsamblea Estatal del magisterio decidió formar una comi-sión investigadora que se abocó a estudiar dichas acusacio-
7 Sobre la subordinación del Poder Legislativo al Ejecutivo ver eltexto de David Adolfo López Velasco, El poder legislativo en Oaxaca: 1992-2001. El lento y tortuoso camino hacia la pluralización del Congreso, tesis demaestría en sociología, IISUABJO, enero del 2004.
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nes contra el secretario general y la secretaria técnica, quienfue acusada de haber recibido otro Jetta8.
La división interna alentada por el gobierno ensom-brecía la ruta de la Sección 22, cuando ésta discutía su plande acción que consideraba entre otras medidas la realiza-ción de un paro estatal y un plantón masivo en el centro dela ciudad capital. Esta división generó también la renunciade la secretaria de finanzas del Comité Ejecutivo seccional,quien después se uniría a la disidencia del Consejo Centralde Lucha, base de la actual Sección 59 aprobada por el SNTE
para fracturar el movimiento magisterial oaxaqueño.El 1° de mayo, el Comité Ejecutivo seccional formalizó
la entrega de su pliego petitorio. El 13 de mayo, el gobiernoinició una dura campaña mediática por prensa, radio y tele-visión en contra del movimiento magisterial oaxaqueño ysus líderes. El paro estalló el 22 de mayo. En la campañacontra el magisterio, se utilizó primero el membrete de laAsociación de Padres de Familia. Se acusaba a los maestrosde ser los responsables del atraso educativo del estadopor sus 26 años de lucha magisterial. En un spot, un grupode niños desafiaba a sus maestros gritándoles: “Maestro alsalón / no al plantón”; en otro, los niños los acusaban derevoltosos. Después, los mismos organismos cúpula de losempresarios como la Asociación de Hoteles y Moteles, laCámara de Industria Restaurantera y la Cámara de la In-dustria de la Transformación, entraron a la campaña me-diática contra el magisterio.
A los cinco días del plantón del Centro Histórico deOaxaca, el gobierno del estado ofreció 60 millones de pe-sos como respuesta a la demanda de rezonificación, unacantidad menor a la aportada el año anterior, que fue de105 millones, y amenazó que de no levantarse el plantón seprocedería a descontar los salarios por los días suspendi-dos. Al rechazar los maestros la oferta del gobierno, ésteamenazó con retirarla, así como con levantar actas de aban-dono de empleo y sustituir a los profesores en las aulascon otros maestros. La agresiva campaña mediática contralos profesores continuó en la televisión, la radio pública yprivada, así como en los periódicos locales.
En respuesta a las amenazas, el 30 de mayo el secreta-rio de crédito del Comité Ejecutivo seccional de la 22, Car-los Villalobos Antonio, advirtió públicamente que si el
gobernador no atendía las demandas del magisterio y de lasociedad civil, el magisterio se pronunciaría por descono-cer al gobierno de Ulises Ruiz Ortiz9. Añadió que “los tam-bores de guerra” que lanzó el gobernador con susdeclaraciones en la radio y la televisión estaban en la ideade generar condiciones para reprimir, por lo que le pidió algobierno que hiciera una reconsideración, porque “si pre-tende a través de una campaña, poner a la sociedad encontra de los trabajadores de la educación, se puede gene-rar un clima de ingobernabilidad”.
El 31 de mayo el magisterio bloqueó las gasolineras yretiró las bases de los parquímetros y los tubulares que obs-truían la entrada a las calles del Centro Histórico, y los res-tos fueron depositados frente al ex Palacio de Gobierno.
El 1° de junio, el Congreso del estado aprobó un pun-to de acuerdo para exigir al magisterio “regresar sin pre-texto e inmediatamente a las aulas; en caso contrario –seleía– “pedimos al gobierno del estado se apliquen los des-cuentos salariales correspondientes a los profesores quepersistan en la suspensión de labores docentes”, que “elInstituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, procedaa levantar las correspondientes actas de abandono de em-pleo a los mentores que persistan en los paros de labores,y en su momento, se declaren rescindidos los contratos detrabajo, sin responsabilidad para el gobierno del estado yfederal”. Y como último acuerdo, establecen que “los órga-nos de seguridad pública nacional, en el ámbito de su com-petencia procedan sin dilación a desalojar las vías públicas ylas instalaciones federales, estableciendo la protección queimpida futuros atentados”.
La petición fue apoyada después por un conjunto depresidentes municipales del mismo PRI, aglutinados en laCoordinadora Estatal de Presidentes Municipales a favorde la Educación, A. C. Por primera vez en 26 años, el go-bierno organizaba y utilizaba a los presidentes municipalespara enfrentar abiertamente al movimiento magisterial oaxa-queño.
El 2 de junio, los maestros realizan la primera mega-marcha en la que, según cálculos de los dirigentes, partici-paron alrededor de 80 mil personas. Se comienza a plantear“el juicio político contra el gobernador Ulises Ruiz”.
8 Algunos han explicado esta fractura en la Sección por la exclusiónde los grupos de los que forman parte estos ex secretarios generales delcomité seccional encabezado por Rueda Pacheco, y la negativa de éste aincorporarlos luego del congreso electivo. Isidoro Yescas, “Al cielo porasalto (notas sobre el movimiento magisterial de Oaxaca)” en Joel Vi-cente Cortés, Educación, sindicalismo…, pp. 28-29.
9 En el artículo “Insurgencia magisterial y violencia gubernamental enOaxaca”, Samael Hernández Ruiz sostiene la hipótesis de “la radicalizacióndel movimiento”, que favoreció –en su opinión– que los grupos másradicales ya no tuvieron el contrapeso de los grupos “menos dispues-tos a la confrontación con el estado” en Joel Vicente Cortés, op. cit., pp.110-111.
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Los empresarios adheridos a la COPARMEX, por su par-te, demandan que a los maestros se les descuenten los díasque no han trabajado y se les retire el ofrecimiento de los60 millones de pesos. Ese mismo día, la radio pública y elcanal 9 difunden un spot en el que Ulises Ruiz da de plazo alos profesores hasta el lunes 5 de junio para presentarse alas aulas o de lo contrario se descontarían días por ausencia.Señala después que si los maestros no aceptan los 60 millo-nes de pesos que les ofrece para la rezonificación, “los recur-sos liberados se van a destinar a infraestructura educativa ya un fondo para estimular la excelencia académica”.
El 7 de junio se lleva a cabo la segunda megamarcha, enla que se estima asisten cerca de 200 mil personas. Destacala presencia de madres y padres de familia, escolares, socie-dad civil y organizaciones sociales. El acto concluye con unjuicio popular en contra de Ulises Ruiz, donde participarontambién organizaciones de barrio, sindicatos y comunida-des que habían sufrido ya la represión por parte del gobier-no del estado.
Entretanto, como lo confirmó el mismo gobernador, laProcuraduría General de la República integraba averigua-ción previas y se iniciaban procesos penales contra los diri-gentes del movimiento por la presunta comisión de diversosdelitos, como la afectación al Centro Histórico, el robo delas cámaras de vigilancia y seguridad, la destrucción de par-químetros y también por las denuncias que presentaroncomerciantes “afectados por actos vandálicos”. Ulises Ruizmenciona al menos 15 denuncias penales presentadas enel ámbito local y federal en contra de integrantes de ladirigencia magisterial.
Esos mismos días, la Comisión Negociadora Ampliadadel Magisterio acude a la ciudad de México y solicita unaentrevista con el entonces secretario de Gobernación,Carlos Abascal Carranza, quien se niega a recibirlos. Ante laactitud de Ulises Ruiz y la desatención de Gobernación, losmaestros empiezan a plantear un probable boicot a las elec-ciones federales del 2 de julio.
El 14 de junio procedió el desalojo de los maestros.Primero, a las cuatro treinta de la mañana un comando fuer-temente armado irrumpió en el Hotel del Magisterio, y otroen el edificio sindical con el objetivo de destruir la radiodi-fusora de los maestros, identificada en ese momento comoRadio Plantón, así como para detener a los dirigentes.
Rueda Pacheco, poco antes de la incursión al edificiosindical, había alertado a sus compañeros a través de RadioPlantón, a quienes llamó a “resistir organizadamente la re-presión que está operando el gobierno del estado en unaactitud irracional. Enfrentemos organizadamente esta em-
bestida con la cabeza fría y el corazón ardiente. Preparentrapos o pañuelos, mójenlos con agua para resistir los ga-ses lacrimógenos y defender este espacio, como lo hemoshecho durante 26 años de lucha”.
Diez minutos antes de las cinco de la mañana, el locu-tor Eduardo Castellanos Morales, el Güero, alcanzó a deciren el mismo micrófono: “se oyen bombas, son las cinco dela mañana; los granaderos se acercan, están entrando aledificio para reprimirnos, se escucha la explosión de lasgranadas…”. El Güero fue detenido esa noche.
Aunque el objetivo de destruir Radio Plantón fue lo-grado, no pudieron detener a los líderes magisteriales pueslograron salir antes del edificio sindical. Uno de los miem-bros del Comité Ejecutivo Seccional, que se encontraba enel Hotel del Magisterio, sí fue aprehendido. El otro objetivode la acción policial era el desalojo del plantón. El ataque aéste fue sumamente violento y se realizó por diversas ca-lles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca. La poli-cía preventiva entró lanzando granadas de gas lacrimógeno,gas pimienta, y disparando armas de fuego, sin dar tiempoa que los plantonistas desalojaran el lugar en calma. A par-tir de diversos testimonios “ha podido establecerse quealgunos cuerpos policíacos portaban armas AR-15, calibre38 y 45”10.
En el desalojo de los maestros intervinieron: la UnidadPolicial de Operaciones Especiales (UPOE), la Unidad Cani-na, el Grupo de Operaciones Especiales del Ayuntamiento(GOE), la Policía Auxiliar Bancaria (PABIC), la Policía Munici-pal y la Policía Juvenil. Aunque el director de seguridad pú-blica, José Manuel Vera Salinas, quien comandó el operativojunto con Aristeo López, declaró a la prensa que participa-ron 870 elementos, algunas fuentes periodísticas han ma-nejado diferentes cifras. Hay quienes afirman que fueronentre 2,000 y 2,500.
En las agresiones a los maestros con toletes, bombaslacrimógenas, perros, etc. resultaron cientos de heridos; endiferentes hospitales se reportaron con nombre y apellido113 personas. Una de ellas sufrió perforación del pulmón porel impacto de una bomba de gas lacrimógeno lanzada desdeun helicóptero; otro una herida de bala en el pie derecho confractura de huesos cuneiformes; una más en el antebrazocon lesión de tendón palmar de la muñeca derecha. Algunasmujeres abortaron durante el desalojo y otras lo hicierondías después como consecuencia de los golpes sufridos.
10 Red Oaxaqueña de Derechos Humanos, Informe sobre las violacio-nes cometidas a los derechos humanos cometidos durante el desalojo del plan-tón magisterial, junio 14, 2006, p. 38.
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Además, la policía detuvo a una decena de personas, entreellas dos locutores de Radio Plantón, uno de ellos el citadoGüero, maestro de secundaria, y el otro un estudiante decomunicación. Al amanecer, la intervención policíaca fue apo-yada desde el aire por dos helicópteros privados, desde don-de policías cubiertos con pasamontañas, lanzaban granadasde gas lacrimógeno y pimienta que afectaron no sólo a losmaestros sino a los vecinos y a los huéspedes de los hoteles,muchos de los cuales salieron despavoridos de Oaxaca esemismo día. El gas afectó a muchos de los residentes. Estasimágenes fueron difundidas por diversos medios, y sin dudaafectaron el turismo, más que el plantón magisterial que yaera algo recurrente cada año.
Durante algunas horas, las carpas y tiendas de campa-ña fueron destruidas por los policías y luego quemadas engrandes hogueras en el zócalo de la ciudad. La policía pare-cía que había logrado su objetivo y se posesionaba del Cen-tro Histórico de la capital de Oaxaca. Sin embargo, alrededorde las ocho de la mañana, una vez reagrupados los maes-tros y con nuevos refuerzos, iniciaron la recuperación delsitio con los palos y tubos de las mismas estructuras de loscampamentos deshechos y con los trozos de las alcantari-llas que reventaron contra el piso.
Luego de otras dos horas de enfrentamientos, a las diezde la mañana, los maestros lograron recuperar el Centro His-tórico de Oaxaca. Los policías, al verse superados en númeropor los maestros, decidieron abandonar el sitio. Después delos hechos, el paisaje urbano del Centro Histórico oaxaqueñolucía auténticamente como un “campo de batalla”.
Los maestros formaron entonces brigadas para cuidarlas entradas a la zona a efecto de evitar y repeler otrodesalojo. Por la tarde el gobernador anunció la llegada detres aviones Hércules con al menos 500 policías federalespreventivos, para retomar el zócalo y desalojar a los maes-tros, pero nunca llegaron. Por su parte, los maestros deci-dieron hacer un repliegue a algunas escuelas cercanas y enla noche entregaron a los policías retenidos a la Cruz Roja.Al día siguiente volvieron a reinstalar el plantón en el cen-tro de la ciudad. Gobernación declararía después que nohabía enviado tropas de la PFP.
Según la Red Oaxaqueña por los Derechos Humanos,muchos fueron los derechos afectados el 14 de junio: el de-recho a la integridad personal, como en el caso de los heri-dos, tratos crueles e inhumanos a las personas que fueronprivadas de su libertad y a las que se golpeó y humilló; dere-chos a la libertad y seguridad personal por las detencionesarbitrarias, privación ilegal de la libertad, allanamiento y aunrobos cometidos por los policías; el derecho a la defensa y a
la asistencia a un abogado, al negárseles a los detenidos el serinformados sobre las acusaciones formuladas en su contra,al tenerlos incomunicados; derechos a la libertad de expre-sión y pensamiento al destruirse el equipo de Radio Plantóny detenerse a sus locutores; los derechos de las mujeres quefueron insultadas, agredidas y afectadas gravemente, comolas que abortaron por los golpes; derechos de los niños quedormían en el plantón con sus familiares al no tener quiéncuidara de ellos, de los recién nacidos que se protegían en eledificio sindical y las escuelas cercanas como la Basilio Rojas;y aun el derecho a defender los derechos humanos, comoocurrió con los amagos a las organizaciones civiles de dere-chos humanos en aquellos días en que las oficinas vigiladas yhostigadas por policías y agentes vestidos de civil y aun alla-nadas, como sucedió con las oficinas del Centro Interdisci-plinario de Asesoría, Difusión y Defensa de los DerechosHumanos, donde fueron revisados expedientes y borradosde las computadoras los archivos referentes a medidascautelares que se solicitaban para la Comisión Política Ne-gociadora de la Sección 2211.
Desde ese día, la demanda central de los maestros, a laque se unieron las demás organizaciones sociales, los mis-mos vecinos del Centro Histórico y muchos ciudadanosafectados por el gas, fue la salida del gobernador UlisesRuiz. Concluía así la primera etapa del movimiento magis-terial, que dejaba de ser estrictamente laboral para conver-tirse en un conflicto político de amplio espectro, en unacrisis política. El magisterio se convirtió entonces en el ca-talizador de la inconformidad y protesta social que se habíavenido anidando contra el autoritarismo12.
La crisis política en ciernes se caracterizaría por la pér-dida de autoridad del gobierno de Ulises Ruiz, la ingober-nabilidad, la paralización del funcionamiento del aparatogubernamental y una extrema polarización social13.
El movimiento popular antiautoritario:la APPO y la crisis política
La represión del 14 de junio resultó ser un factor catali-zador de la crisis política que vivió Oaxaca durante el
11 Ibidem.12 En su artículo “Oaxaca: conflicto político o crisis de sistema”, Car-
los Sorroza Polo califica la política represiva de Ulises Ruiz contra elmovimiento popular, como “guerra de erradicación” en Joel VicenteCortés, op. cit., p. 161.
13 Entendemos aquí la autoridad como la “potestad” de que estáinvestida una persona, en este caso por el cargo que ocupa. La pérdida deautoridad conlleva una disminución de obediencia por parte de los otros.
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año 2006. En mi opinión esta crisis no es sólo coyuntu-ral sino de régimen. Es la crisis del gobernadorismo au-toritario.
Como respuesta a la represión a los maestros se ge-neró un amplio movimiento popular antiautoritario identi-ficado con la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxacaque surgió el 17 de junio. En este amplio movimiento po-pular antiautoritario han concurrido distintas fuerzas so-ciales, no siempre coincidentes en sus plataformasprogramáticas, ni en sus estrategias y tácticas de lucha, perosí en su demanda de la salida de quien consideran respon-sable directo de la represión y personificación del régimenautoritario.
Puede concebirse a la APPO como un movimiento demovimientos por la concurrencia en ella del movimientomagisterial, el movimiento indígena, el movimiento urbanopopular, los llamados nuevos movimientos sociales por laecología, la equidad de género, los derechos humanos, etc.Eduardo Bautista la ha identificado como un frente de re-sistencias: “las resistencias-dice el autor- buscan una formapolítica alternativa”14.
En el momento cumbre de la APPO, es posible identi-ficar varias vertientes: la “sindicalista”, estructurada, orga-nizada, con amplia experiencia de lucha, como son lasorganizaciones sindicales agrupadas en el FSODO, entreellas los maestros; la vertiente de las organizaciones de“la izquierda social” que lucha por demandas económicasy el bienestar de sus agremiados, que se identifica políti-camente con el socialismo y contra el neoliberalismo (enlo que coincide con la vertiente sindicalista del FSODO);algunas de estas organizaciones se encuentran agrupadasen la Coordinadora por la Unidad Nacional contra elNeoliberalismo.
La vertiente de las “organizaciones civiles”, que no sonde masas, que no buscan serlo, su agenda es más puntual ymás que de “izquierda social” o “movimiento popular” seinscriben en la lógica de la autodenominada sociedad civil;su agenda es diversa pero hay coincidencias en las aspira-ciones de inclusión y participación social, la justicia, la de-mocracia.
La vertiente “indígena”, cuyas posiciones se identificancon los acuerdos de San Andrés Larráinzar y reivindicanposiciones culturalistas, agrarias, de poder local autónomoy pluralismo jurídico. La “vertiente urbana” donde se pue-den ubicar grupos de colonos, de vecinos, que buscan ser-
vicios públicos, protección del entorno histórico patrimo-nial, mejores condiciones de vida, etcétera.
Otras corrientes son más políticas, les interesa más elasunto del poder político; entre ellas se encuentran: la “iz-quierda parlamentaria” o partidaria, en la que encontra-mos personas identificadas con el PRD, Convergencia o elPT. Otra corriente es la que llamaríamos la “izquierda revo-lucionaria”, que no simpatiza mucho con los partidos polí-ticos y la democracia electoral, sino con la revolución alargo plazo y en un proceso polietápico.
Algunos de los cuadros de ambas izquierdas partici-pan también en organizaciones de la izquierda social, comouna forma de aglutinar clientelas políticas. En este sectorpueden inscribirse algunos grupos del movimiento estu-diantil. También personas que simpatizan con el movimien-to armado. No se piense, sin embargo, que la APPO
representa al movimiento armado, nada más absurdo. Tam-poco que represente los intereses de fracciones de la cla-se política oaxaqueña que está resquebrajada. Eso es sólouna simplificación interesada de la actual “coalición go-bernante”.
Otra vertiente es la de los “marginados urbanos”, loschavos banda, niños de la calle, gente tradicionalmente ex-cluida socialmente y a la que el movimiento antiautoritariode la APPO les dio visibilidad social, identidad, participación.Es gente muy agredida socialmente y golpeada por la crisisy la represión policíaca.
El movimiento magisterial y popular generó una res-puesta impresionante al gobernadorismo autoritario: me-gamarchas de cientos de miles de oaxaqueños,campamentos en el zócalo y las sedes de los poderes delestado y dependencias del gobierno estatal y municipal,barricadas luego del asesinato de sus militantes, toma deestaciones de radio para difundir sus razones y articularsus acciones, caminata a la ciudad de México, huelga dehambre, etcétera.
A pesar de que los actores nacionales, los partidospolíticos, con excepción del PRI, reconocieron las razonesdel movimiento y la legitimidad de sus causas, hicieron a unlado la justicia para dar paso a sus propios intereses, que enla coyuntura postelectoral federal del 2006 en que se eli-gieron diputados federales, senadores y presidente de laRepública, y ante la inconsistente legitimidad de origen deFelipe Calderón quien resultó ungido por el Tribunal Fede-ral Electoral, favoreció la permanencia en el cargo de UlisesRuiz Ortiz.
Creo que así debe interpretarse la conjunción de vo-luntades reflejadas en las instituciones federales encarga-
14 Eduardo Bautista Martínez , “Oaxaca: descomposición del régimeny articulación de resistencias”, Memoria, núm. 214, diciembre del 2006.
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das de encauzar la crisis: el gobierno federal, el Senado dela República, la Cámara de Diputados federal. El 19 deoctubre el Senado de la República dijo no reconocer ladesaparición de poderes en Oaxaca, aunque sí la “ingo-bernabilidad” que existía en el estado. Esta declaraciónalimentaría una feroz represión contra el movimientomagisterial popular, que vino a complementar la estrate-gia contrainsurgente y de terrorismo de Estado de UlisesRuiz Ortiz.
El terrorismo de Estado
A fines de julio, ante la imposibilidad de sentar frente afrente a sus adversarios, el gobierno del estado había vuel-to a su política represiva. Nuevamente, el Bronx oaxaqueño,en el que se identifica al exsecretario de Gobierno JorgeFranco, el líder del Congreso Bulmaro Rito Salinas y el líderdel PRI en el estado Héctor Pablo Ramírez, los duros den-tro del gobierno se imponían, complementados ahora porLino Celaya Luría y Heliodoro Díaz Escárraga.
Desde entonces es válido lo que Carlos Fazio ha di-cho: “Oaxaca vive un virtual estado de guerra interna pro-movida por el gobernador, quien ha recurrido a los viejosusos gansteriles de dominación combinándolos con tácti-cas contrainsurgentes típicas del terrorismo de Estado, alaplicar la violencia institucional a través de los aparatos re-presivos locales, legales e ilegales, públicos o clandestinos,entre escuadrones de la muerte, sicarios y matones a suel-do, con la intención de destruir una incipiente alianza opo-sitora, que ha devenido en una amplio espacio de unidad yparticipación ciudadana”.
El 22 de julio se dio una agresión a balazos contra laradio universitaria tomada por los estudiantes, y casi enparalelo se presentaron los atentados a los domicilios conbombas molotov a domicilios de varios dirigentes, entreellos de Enrique Rueda, Rogelio Vargas Garfias, AlejandroCruz. El 6 de agosto el dirigente del Comité de DefensaCiudadano (CODECI), Catarino Torres Pereda, fue dete-nido en la región de Tuxtepec y enviado al Penal de laPalma.
El 7 de agosto la policía municipal, encabezada porAristeo López Martínez, quien ha sido artífice de muchasde las agresiones al movimiento popular, como lo mues-tran las fotografías publicadas en distintos diarios, disparócontra un grupo de maestros y miembros de la Asambleade los Pueblo de Oaxaca de la “brigada movil” que preten-dían “clausurar” las oficinas de la Secretaría de Economía.Varias maestras, entre ellas la esposa del maestro Erangelio
Mendoza González, exsecretario general de la sección 22,fueron golpeadas.
El 8 de agosto un grupo de porros incendió un vehícu-lo en las instalaciones de la Ciudad Universitaria, mientrasotro grupo infiltrado entre los estudiantes que resguarda-ban Radio Universidad saboteaba el equipo arrojándole áci-do, lo que impidió continuar las trasmisiones.
El 9 de agosto, en la carretera que conduce de Putla aJuxtlahuaca, fueron asesinados Andrés Santiago Cruz de 35años, Pedro Martínez Martínez de 70 años y Pablo MartínezMartínez de 11 años, miembros del Multi (Movimiento deUnificación y Lucha Trique Independiente), quienes se diri-gían al plantón en la ciudad de Oaxaca. Otras cuatro perso-nas resultan heridas.
El mismo 9 de agosto fue detenido sin orden de apre-hensión el maestro Germán Mendoza Nube, dirigente dela Unión de Campesinos Pobres adherida al Frente Popu-lar Revolucionario. Su silla de ruedas (el profesor es para-pléjico), quedó abandonada en la calle al igual que la sondaque utilizaba para atender sus problemas renales. Dos per-sonas que lo apoyaban en sus traslados, también fuerondetenidas y golpeadas aunque posteriormente liberadas.Ese mismo día, alrededor de la 7:30 de la mañana, las ofi-cinas provisionales del periódico Noticias en la calle deIndependencia fueron baleadas, y uno de los disparos alaire, al rebotar en el techo, lastimó a la voceadora IsabelCruz Reyes.
El 10 de agosto, una manifestación que se dirigía al ca-nal nueve fue tiroteada por francotiradores, resultando acri-billado el mecánico José Jiménez Colmenares, esposo deuna maestra. La autopsia indica que el disparo que le cortóla vida entró por el hombro y penetró el corazón partién-dolo en dos, lo que confirma que los disparos fueron he-chos desde una azotea o un lugar situado en lo alto. Vecinosde José Colmenares vinculan el asesinato con hechos ocu-rridos el 2 de julio en una casilla a la que Ulises Ruiz acudióa votar y asistentes gritaron al gobernador “ya cayo, ya cayó”,entre ellos José Colmenares.
El mismo 10 de agosto fueron detenidos cuando reali-zaban un rondín de seguridad a uno de los campamentos,los profesores Elionai Santiago Sánchez, Juan Gabriel Ríos yel biólogo Ramiro Aragón. Los dos primeros fueron libera-dos días después con marcadas señales de tortura, el últi-mo, después de ser golpeado y mantenido secuestrado porvarios días fue encarcelado en el penal de Zimatlán acusa-do de portación de armas exclusivas del ejército.
El 11 de agosto fue detenido por sujetos desconoci-dos y sin orden de aprehensión, el ex secretario general de
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la sección 22 del SNTE, profesor Erangelio Mendoza Gon-zález. Como en los otros casos, se le mantuvo incomunica-do, desaparecido, hasta que se reportó encerrado en elpenal de Cuicatlán. Germán Mendoza fue ubicado en elpenal de Miahuatlán.
El 13 de agosto apareció en Internet una página de laorganización autodenominada “oaxacaenpaz”: daba nombres,fotos, domicilios, e historial político generalmente inventa-do para estigmatizar a quienes consideraba eran los líderesde la APPO, y llamaba a detenerlos o a ir a sus casas; seincluyó a diversas personas, incluso a gentes que no teníanvinculación con la APPO. El 15 de agosto, dos sujetos, queresultaron ser agentes ministeriales, se presentan al domi-cilio del dirigente de Nueva Izquierda de Oaxaca (Nioax),Flavio Sosa Villavicencio y amenazan a su esposa con asesi-nar a la familia.
El 20 de agosto por la madrugada, un grupo de poli-cías y paramilitares, en el cerro del fortín, dispararon so-bre las antenas y los equipos del canal nueve y la radiodestruyendo los equipos transmisores; un profesor resul-tó herido en una pierna; siendo después atendido en elhospital del ISSSTE. Un plan perverso identificado por al-gunos como el operativo “limpieza” se había empezado aechar a andar. Esa misma mañana, el magisterio y la APPO
se apoderaron de las 12 estaciones de radio que existenen la ciudad. Por la tarde entregaron la mitad y conserva-ron otras tantas.
Más adelante, según documentos en manos de La Jor-nada, se preparaba el operativo “Hierro” contra la APPO y laSección 22. En ellos se señala que se contrataría a zetaspara operar contra el movimiento. Policías y sicarios parti-ciparían en el nuevo operativo. Algunas personas han men-cionado la liberación de reos de diversos penales para actuarcontra el movimiento magisterial popular.
El 21 de agosto un grupo mas amplio de policías yparamilitares, algunos encapuchados, se desplazaron en cer-ca de cuarenta camionetas y dispararon en distintos luga-res donde se localizaban los campamentos de los maestrosy la APPO. En la radiodifusora “La Ley”, que había sido to-mada esa mañana, asesinaron al arquitecto Lorenzo SanPablo Cervantes, quien falleció por perforación del pul-món. Las escenas de los desplazamientos fueron filmadasincluso por reporteros del canal 13, a quienes los policíasles decomisaron cámaras, cintas, tres teléfonos celularesy computadora, luego de amagarlos con sus armas. La nota,fue difundida por la mañana en ese mismo canal. Al grupoasesino se le identificaría en adelante como “la caravanade la muerte”.
Este asesinato daría origen a los cientos de barricadasque cada noche se levantaban en la ciudad para impedir losdesplazamientos y agresiones de la “caravana de la muerte”No obstante ello, el 14 de octubre sería asesinado en unabarricada Alejandro García, de oficio rotulista. El 18 delmismo mes lo sería el maestro Pánfilo Hernández al salirde una reunión en la Colonia Jardín, y el profesor JaimeRéne Calvo, del Consejo Central de Lucha. El 27 de octu-bre, al extender el movimiento la instalación de barricadasdurante el día, fueron asesinados en Santa Lucía del Cami-no y Santa María Coyotepec, el periodista Brad Will, el se-ñor Esteban Zurita y el profesor Emilio Alonso Fabián.
Estos acontecimientos y otros muchos como las de-tenciones, torturas, traslados a penales fuera de Oaxaca,“levantones”, secuestros, amenazas, violaciones a las garan-tías constitucionales, criminalización de la protesta públicay la lucha social, etc. nos dan pauta para hablar de terroris-mo de Estado.
Estos hechos, por su falta de investigación, castigo eimpunidad, muestran claramente una estrategia de repre-sión e intimidación perversamente diseñada desde el po-der para enfrentar a los adversarios del régimen; a la vez,una descomposición del régimen que utiliza desde enton-ces premeditada e intencionalmente métodos ilegales paraimponerse. Esta estrategia del gobierno sólo contribuiríaaún más al deterioro de las relaciones con la sección 22 y laAPPO y ha hecho casi imposible la vía del diálogo entre laspartes.
Por otra parte, a partir de octubre, el sobrevuelo dehelicópteros de la marina sobre la ciudad de Oaxaca, mos-tró que las principales fuerzas del Estado mexicano, losfactores reales de poder en el país, el poder coactivo, seconjuntaron y unieron a Ulises Ruiz para golpear al movi-miento magisterial-popular, prefigurando un escenario som-brío para la sociedad en general; el movimiento no fue capazde leer estas señales ominosas. El 29 de octubre las fuer-zas de la PFP entraron a Oaxaca tomando como pretextoel asesinato del periodista norteamericano. Ese día murie-ron el enfermero Alberto López Bernal, víctima de unabomba de gas lacrimógeno que le dio en el pecho, y elalbañil Fidel Sánchez García, que fue apuñaleado por ungrupo de enmascarados.
Los enfrentamientos entre el movimiento popular y laPFP fueron constantes a partir de entonces, señalándoseparticularmente los del 2 de noviembre en las inmediacio-nes de la Ciudad Universitaria, al pretender la PFP quitar labarricada de “5 señores” y que arrojó más de 80 detenidosy alrededor de 200 lesionados.
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Salida autoritaria a la crisis política:la represión. (Los enfrentamientoscon la PFP el 25 de noviembre y larepresión brutal al movimiento)
La llegada de la PFP metió un nuevo ingrediente a la crisispolítica. Lamentablemente el movimiento en general, a pe-sar de las advertencias de algunos particulares, cayó siste-máticamente en la provocación, y como dicen algunos, fue“chamaqueado”. Muchas de las detenciones fueron el re-sultado de los enfrentamientos de jóvenes encapuchadosarmados de piedras, cohetones, molotov, resorteras y hon-das, con la PFP. El 20 de noviembre, por ejemplo, alrededorde 1,500 personas marcharon del monumento a Juárez yse dio un nuevo enfrentamiento entre agentes de la PFP ymiembros de la APPO.
El enfrentamiento comenzó al filo de las 13:30 horas,cuando al llegar a la esquina de Morelos y García Vigil, ungrupo de jóvenes subió a una camioneta incinerada –utili-zada como parapeto por la PFP– para gritar consignas ycantos irónicos. En ese momento, según los participantes,desde el fondo de la formación policial fue lanzada unapiedra que golpeó en la cabeza a uno de los manifestan-tes, provocándole una gran herida. De inmediato, los in-conformes respondieron aventando piedras y botellas deplástico.
Los policías arrojaron gases y los jóvenes que partici-paban en las barricadas accionaron sus “bazucas” hechizaspara lanzar cohetes. Según los reportes hubo 15 detenidos,siete de los cuales fueron liberados en negociaciones conla PFP, los otros fueron remitidos a las autoridades munici-pales. En esa ocasión se reportaron varios descalabrados ycinco intoxicados.
Los integrantes del grupo policiaco llegaron a agredirincluso a periodistas y fotógrafos, entre ellos Alejandro To-rres de El Universal, quien recibió el impacto de una bombalacrimógena, y el camarógrafo de TV Azteca, Alejandro Do-mínguez, quien fue golpeado con toletes en las piernas y enla cámara.
El día 24 de noviembre, fueron agredidos y detenidoslos dirigentes de la APPO, César Mateos y Jorge Sosa, luegolos trasladaron a un penal en Matamoros, Tamaulipas. El 25de noviembre, fue sin duda el enfrentamiento más cruentoy de mayores daños, pues desató una feroz represión porparte de la PFP. Ese día, luego de una marcha que en sutrayecto fue pacífica y que atrajo nuevamente a decenas demiles de simpatizantes del movimiento popular, muchosjóvenes se enfrentaron a la policía. La APPO había convoca-
do a cercar a la PFP durante 48 horas, lo cual sin duda fuealgo temerario.
Según la crónica de El Universal, fue a las 17:05 horascuando los miembros de la APPO y la PFP intercambiaron losprimeros proyectiles en la esquina de Morelos y Alcalá, enel Centro Histórico. El motivo fue la detención de uno delos marchistas por parte de los policías.
Los jóvenes respondieron con piedras, molotov, fue-gos pirotécnicos lanzados con bazukas hechizas.Los com-bates se extendieron luego a las bocacalles del norte y eloriente del primer cuadro. En cuestión de minutos la vio-lencia se generalizó. Los miembros de la APPO incluso des-trozaron banquetas y jardineras para obtener pedazos deconcreto y piedras. Las tanquetas salieron en varias ocasio-nes para dispersar con sus chorros de agua a los manifes-tantes15.
Luego de un primer enfrentamiento vendría otro des-pués, hasta que la PFP llegó a la plaza de Santo Domingo.Los “chavos banda”, dice el reportaje de Milenio, iban con ladecisión de no obedecer a líder alguno. “Bájate, pinchegordo, bájate a pelear”, le gritaban a Flavio Sosa, quien sehabía subido a una trajinera para contener la furia que ape-nas estaba desatándose contra la PFP. “No podemos hacernada en este momento”, diría Flavio Sosa, desanimado eimpotente16. El movimiento era víctima de sus creencias.“Éste no es un movimiento de líderes, sino de bases”, sehabía dicho reiteradamente.
En su retirada, después de que la PFP tomó la plaza deSanto Domingo, miembros de la APPO la emprendieron con-tra automóviles y oficinas públicas que ardieron toda lanoche. En los enfrentamientos hirieron a tres periodistas:Amaury Guadarrama de la agencia Cuarto Oscuro, VirgilioSánchez de Reforma, y Abundio Núñez del Financiero. La vio-lencia con la que la PFP reaccionó fue brutal, parecía el des-quite de las agresiones del 2 de noviembre en que salierondiezmados.
El saldo del enfrentamiento registrado el sábado 25 denoviembre en Oaxaca, fue reportado por el diario Reforma:152 personas detenidas, 20 vehículos quemados, y 19inmuebles dañados, entre los cuales estaban los de el Tribu-nal Superior de Justicia, oficinas del Poder Judicial Federal,el Teatro Juárez, el Hospital Molina, las oficinas de Relacio-nes Exteriores, la Asociación de Hoteles y Moteles, el SAT,la Secretaría de Turismo, el hotel Camino Real, el restau-rante Copal, una sucursal de Banamex, la sucursal de Telmex,
15 El Universal, México, 26 de noviembre del 2006.16 Milenio, México, 26 de noviembre del 2006.
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la mueblería Nueva, las oficinas de Aviacsa, la Plaza SantoDomingo, la tienda Piticó, una oficina de caja de ahorro ydos casas habitación. Se reportaron cuatro policías lesiona-dos y ocho manifestantes intoxicados con los gases. Por suparte, Marcelino Coache, de la APPO, reportó más de 40lesionados17.
Según otra nota periodística, en el Tribunal Superiorde Justicia se incendió un archivo histórico que conteníadocumentos del siglo XVI a la primera mitad del siglo XIX.En sus declaraciones al respecto, Ulises Ruiz, quien se veíacontento, desde un hotel, diría: “Son pequeños detalles, sevan a limpiar en las próximas horas. El conflicto está supe-rado luego de que se firmó la minuta con el SNTE”. Aprove-chó para acusar de nueva cuenta al PRD, a extranjeros,atencos, panchos villa y miembros del CGH, de ser los res-ponsables de los hechos ocurridos.
Según se supo posteriormente, priístas infiltraron lamarcha de la APPO y ocasionaron destrozos. Fuentes delgobierno admitieron que la PFP detuvo a operadores deUlises Ruiz, entre ellos a Geodardo Martínez Canseco, co-laborador del diputado local por la zona mixe, y a JesúsMadrid Jiménez, promotor de las Unidades Móviles para elDesarrollo, además de dos militantes del PRI que realizanactividades en la zona mazateca. Los grupos priístas actua-ron en células y Martínez Canseco habría encabezado unade ellas.
Para la APPO, en los hechos violentos “existieron mu-chos detalles sospechosos que sugieren la participación delgobierno: ¿Por qué no se resguardaron los inmuebles fun-damentales? ¿Por qué los bomberos no acudieron a sofocarlos incendios? ¿Por qué se quemaron edificios fundamenta-les en la inspección hacendaria y en zonas que no estabanen la parte externa?”, se preguntaron algunos dirigentes.
Muchos de los detenidos incluso no tuvieron relaciónalguna con la APPO ni con los sucesos del 25 de noviembre;el abogado Casiano Luis Mejía dijo que entre las personasdetenidas se encontraba el presidente municipal de San JuanYaee, Javier Sosa Martínez, así como 40 ciudadanos que es-tuvieron en un mal lugar, en un mal momento y fuerondetenidos sin justificación alguna. Una organización no gu-bernamental llegó a afirmar que 80% de los detenidos notenía ligas con la APPO18.
Uno de los inculpados dijo que sólo acudió, con supadre, al Centro Histórico a buscar medicina cuando losdetuvieron y golpearon. Eréndira Garnica, de 15 años fue
detenida junto con su madre cuando salían de un restau-rante del Centro Histórico, donde prestan sus servicioscomo trabajadoras eventuales. Ángela Soriano San Juan re-lató que sus hermanas Lourdes y Socorro fueron deteni-das cuando acudieron a pedir medicación al IMSS.
El mismo Ulises Ruiz reconoció ante familiares de reosque acudieron a verlo para pedir la liberación de algunosque, efectivamente, “había gente inocente”19. Después deese fatídico día los detenidos, torturados, heridos y des-aparecidos se incrementaron.
Organismos de derechos humanos reportaron 31 des-aparecidos (11 mujeres y 20 hombres), 203 detenidos (50mujeres y 153 hombres); 142 de ellos fueron trasladados alpenal de Nayarit y el resto al de Matamoros, Tamaulipas.Según testimonios de un familiar: “Se los llevaron esposadosy agachados, no los dejaron decir nada. Los estaba cuidan-do el mismo ejército, para sacarlos hacia otras cárceles delestado”. Para el traslado se utilizaron helicópteros, en loscuales se amenazaba con lanzarlos.
La Secretaría de Seguridad Pública federal argumentóque todos lo detenidos eran de “alta peligrosidad” sin com-probarlo, pues la mayoría carecía de antecedentes penales.ONGs y familiares denunciaron que con el traslado, las au-toridades intentaban ocultar el maltrato físico y la tortura.
Entre los detenidos se encontraban: una vendedoraambulante, una estudiante de maestría, un albañil, un mesero,un ama de casa, un carpintero, una bibliotecaria, un pintor, unarquitecto, un estudiante de bachillerato, un impresor,un prensista, un profesor y artista plástico, un director deescuela bilingüe, un carpintero, ninguno de ellos con ante-cedentes penales; sin embargo, fueron considerados comoreos de alta peligrosidad por el gobierno de Ulises Ruiz.
Estudiantes de medicina denunciaron que el sábado 25de noviembre, a muchas cuadras del epicentro de los acon-tecimientos, cerca de la escuela ubicada en el norte de laciudad de Oaxaca, ocurrió una balacera y la desapariciónde Luis Javier Pacheco, estudiante del quinto año que cola-boraba en los puestos de socorro. Añadieron que en laasamblea de la escuela se denunció que, alrededor de las21 horas del mismo sábado, un grupo de personas queintentaba resguardarse en las instalaciones de la facultad, alser perseguidos por paramilitares y judiciales, fue artera-mente acribillado en el frontispicio de la institución comolo evidenciaron testigos presenciales, siendo los cuerposlevantados por los elementos mencionados. Dijeron que
17 Reforma, México, 27 de noviembre del 2006.18 La Jornada, México, 11 de diciembre del 2006.
19 La Jornada, el 11 de diciembre del 2006, Ruiz incluso ofrece inter-venir por ellos.
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hasta el momento de la denuncia, permanecían en calidadde desaparecidos. Incluso, el mismo día de la asamblea enque se dieron a conocer estos hechos, se oyeron unos dis-paros, luego se enteraron que un vehículo rojo le cerró elpaso a otro de color gris, en el que viajaban tres estudian-tes de medicina, dos de los cuales fueron “levantados”. Elperiódico Excélsior mostraría fotografías de estos hechos.
Al día siguiente, el 26 de noviembre, según nota delReforma, escoltas del gobernador balearon a Bernardo PérezLuna y luego de operado, agentes de la policía ministerial losacaron del Hospital Civil. Antes, un grupo de appistas, en-tre los que se encontraba la persona antes mencionada, sehabía apersonado en la residencia del gobernador UlisesRuiz, por lo que fueron interceptados y perseguidos porlos escoltas hasta la fuente de las Siete Regiones donde,según testigos, se habían dado un enfrentamiento armado,en el que una persona cayó de la batea de una camionetapick up al ser herido de bala en la cabeza y luego internadoen el Hospital Civil, sitio al que llegaron los ministerialespara llevárselo20.
En los días posteriores continuaron las detenciones ylos cateos. Las mismas fuerzas federales reportaron que,en las 24 horas posteriores, habían sido capturadas 60 per-sonas y realizado tres ingresos a inmuebles, para detener apresuntos participantes de los actos vandálicos ocurridosel sábado 25. Los detenidos fueron ingresados a los pena-les de Miahuatlán y Tlacolula. En la mayor parte de las de-tenciones se presentaron casos de tortura. Días más tarde,la policía ministerial se apersonó incluso en algunos cen-tros escolares para realizar detenciones.
Los testimonios de las agresiones sufridas por los de-tenidos son desgarradores e incluyen casos de violacionessexuales. Los daños provocados en muchos de los deteni-dos han sido graves, no sólo desde el punto de vista físico,sino social y sicológico.
Eliud Amni Martínez Sánchez, por ejemplo, enviado alpenal de Tlacolula, presentó ruptura de cráneo, derrama-miento ocular en ojos, fractura de tabique nasal, disloca-ción del hombro derecho, fractura de rodilla izquierda concerramiento de líquido, fractura de tres dedos de la manoizquierda y múltiples golpes en la espalda y en la cara. Eliudfue golpeado durante 45 minutos, le daban un golpe porpregunta: “¿Cuál es tu asociación política?, ¿en qué barrica-da estabas?, ¿quién era tu jefe?”21
En un balance preliminar de la CNDH, se detalló quehabía recibido 2,700 testimonios y tiene registros de 349personas detenidas, 20 fallecidas y 370 lesionadas, así como25 casos de desaparición forzada y 9 de tortura. Tambiéninformó que 22 periodistas y defensores de derechos hu-manos fueron lesionados, 3 detenidos y uno muerto.
En el documento, suscrito el 18 de diciembre, se ad-vierte que en Oaxaca, principalmente en la capital del esta-do, persiste la situación de conflicto, y no existen todavíalas condiciones para restablecer el pleno goce de las garan-tías fundamentales22. Por otra parte, la Comisión Civil In-ternacional de Observación por los Derechos Humanos,que visitó a Oaxaca por esos días, el 20 de enero del 2007,dio a conocer un informe preliminar en el que presentaconclusiones escalofriantes respecto de muertes y desapa-riciones, vulneraciones legales, afectaciones, sicosociales ysanitarias, hostigamiento y amenazas a defensores de dere-chos humanos, entre otras.
En el informe reconoce la muerte de 23 personas “iden-tificadas”, así como la “sospecha fundada” de personas des-aparecidas; detenciones arbitrarias e ilegales; accionesrepresivas indiscriminadas contra la población; violacionesa los derechos fundamentales (organización, manifestación,etc.); un incremento significativo de la violencia y la presen-cia militar; situaciones irregulares en las escuelas, como lastomas de las mismas; daños materiales, hostigamiento, ame-nazas, agresiones; grupos de personas vestidos de civil conarmas de grueso calibre que han practicado secuestros,detenciones ilegales, cateos y disparos; incomunicación delos detenidos y violaciones a sus derechos, realizándosetorturas físicas (golpes, toques eléctricos, quemaduras, etc.)y sicológicas, así como espacios ilegales de detención (ba-ses militares, casas de seguridad), falta de atención de unabogado de confianza y asistencia de intérpretes en las di-ligencias con personas indígenas, tratos vejatorios y degra-dantes, falta de respeto al debido proceso y el principio deseguridad jurídica de los detenidos, lo que ha dejado enindefensión a los afectados; intervención de órganos sincobertura legal como la “fiscalía móvil”; vulneración de losderechos de infantes, que han sido detenidos con uso ex-tremado de fuerza y trasladados a penales de adultos; in-tervención “tibia e insuficiente” de la CNDH y la ComisiónEstatal de Derechos Humanos; paralización de los proce-sos sin causa justificada por “órdenes directas del Ejecutivoestatal”; atención médica tardía e insuficiente; aprehensiónde heridos en hospitales; estrategias de “generación de mie-
20 Reforma, México, 27 de noviembre del 2006.21 Milenio, México, 29 de noviembre del 2006. 22 El Universal, México, 19 de diciembre del 2006.
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do”; “campañas de odio”; disgregación familiar; afectacióneconómica (pérdida de empleo, estigmatización social y la-boral, daños materiales); polarización y ruptura del tejidosocial; desconfianza en las instituciones; impunidad; perio-distas víctimas de ataques indiscriminados; hostigamiento,amenazas, agresiones, campañas difamatorias, desprecio yacusaciones contra organizaciones de derechos humanosno gubernamentales, criminalizando sus acciones; agresio-nes verbales, físicas y sexuales hacia las mujeres por su con-dición de género (violaciones, cortes de pelo, obligación dedesnudarse, sentadillas, etc.); abortos traumáticos a causade daños físicos y sicológicos; discriminación étnica contradetenidos y presos indígenas, así como insultos por no ha-blar ellos bien el español; pistoleros, en algunos casos co-mandados por caciques y presidentes municipales, queagreden, asesinan, secuestran, hostigan y amenazan de muer-te a la población.
Respecto de algunas secuelas, el informe señala que lasviolaciones a los derechos humanos han tenido altos im-pactos físicos, emocionales y sicológicos, dejando severosdaños a las personas, a las familias y a la comunidad. “Se handetectado efectos y síntomas característicos de trastornosde estrés postraumático y de trauma social. Los más seña-lados son: revivir permanentemente los eventos traumá-ticos, despertar bruscamente por las noches, terrornocturno, miedo a determinados ruidos y sonidos, miedoa la soledad, reactividad sicológica a estímulos internos y/o externos, sentimiento de hipervigilancia y maníapersecutoria”23.
El Informe de la CCIODH advierte en todo ello que “loshechos ocurridos en Oaxaca son un eslabón de una estra-tegia jurídica, policiaca y militar, con componentes psicoso-ciales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr elcontrol y amedrentamiento de la población civil, en zonasdonde se desarrollan procesos de organización ciudadanao movimientos de carácter social no partidista”. No es puesun asunto menor lo que ha vivido el movimiento magisterialy popular oaxaqueño y la sociedad en general, lo que con-firma la estrategia de terrorismo de Estado impulsada.
Volviendo a los acontecimientos, con motivo de lapersecución, desde el 28 de noviembre varios líderes per-manecieron guarecidos en el templo de los Pobres. El 29de noviembre, la última barricada en Cinco Señores fuelevantada. La estación de Radio Universidad también fueentregada a funcionarios de la rectoría. El mismo 29 de
noviembre fue detenido Erick Sosa Villavicencio, hermanode Flavio.
El 4 de diciembre, “en atención a una solicitud de cola-boración de autoridades del estado de Oaxaca”, la PGR ySSP detuvieron a Flavio Sosa y otros tres dirigentes oaxa-queños en el D.F., bajo los cargos de sedición, incitación a laviolencia y ataques a las vías de comunicación, daño condolo, daños por incendio, secuestro, entre otros delitos.Minutos antes, en un programa de radio con Ciro GómezLeyva, ellos habían anunciado que volverían a la mesa denegociación con Gobernación. Además de Flavio, fue dete-nido su hermano Horacio acusado de secuestro, lesiones yrobo calificado con violencia, así como Ignacio GarcíaMaldonado y Marcelino Coache Verano, a quienes se lesinició en ese momento una averiguación previa por resis-tencia de particulares.
Fueron sorprendidos a las 20:30 horas, cuando circula-ban en un taxi a la altura del 1665 de Avenida Insurgentes.A las 22:50 fueron presentados en un despliegue impresio-nante ante los medios de comunicación, entre los cualesdestacaron las dos televisoras privadas. Cerca de la media-noche, los hermanos Sosa Villavicencio, seguidos por heli-cópteros e infinidad de patrullas así como por las cámarasde televisión, fueron trasladados al Penal de Máxima Segu-ridad del Altiplano en Almoloya, Estado de México.
En la entrevista con Gómez Leyva, había reconocidoque por lo pronto no podía regresar a Oaxaca: “es terriblela persecución contra nosotros”, dijo entonces. Mencionóla detención de varios familiares como su hermano Erickque es bombero, de Jorge Sosa que es su pariente, de Cé-sar Mateos cercano a su organización. Reconoció tambiénque, en muchas ocasiones, la APPO fue intransigente en lasnegociaciones con la Secretaría de Gobernación.
Flavio y su hermano Horacio fueron trasladados al pe-nal de máxima seguridad del Altiplano, considerándoselescomo “presos de alta peligrosidad”, a pesar de que no hayen sus antecedentes nada que indique esto, sino la actua-ción normal de cualquier luchador social con un historialpolítico con el que se puede coincidir o no, pero en ningúnmomento de un criminal. Los otros presos fueron regre-sados a Oaxaca e internados en el penal de Cosolapa,acusados de daños por incendio, sedición y asociacióndelictuosa24. Así creyeron solucionar la crisis política deOaxaca el gobierno federal y estatal: criminalizando y ate-morizando al movimiento popular.
23 Informe de la Comisión Civil Internacional de Observación por los Dere-chos Humanos, 20 de enero del 2007. 24 El Imparcial, Oaxaca, 7 de diciembre del 2006.
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Consideraciones finales
Ha sido manifiesta y brutal la represión y violación de losderechos humanos en Oaxaca. Aún permanecen en la cár-cel más de 40 presos y sin investigarse cerca de una veintenade muertes. Muchas personas que fueron torturadas aúnpadecen severas secuelas físicas y sicológicas.
No podemos dejar de señalar, sin embargo, los errorestácticos del movimiento magisterial-popular, su cara dura,intolerante, así como la división que se presentó en suliderazgo. Este es un balance que hay que realizar y estápendiente. Además de la división, la provocación, la infiltra-ción, la imprecisión estratégica y táctica, el estilo de liderear,etc. dejaron daños al movimiento.
Por otra parte, cabe señalar que a pesar de su diversi-dad, la sociedad oaxaqueña no ha alcanzado un buen nivelde respeto a la diferencia. Se juzga rápido y se enjuicia fácil,se cae frecuentemente en el “maniqueísmo”. Estas actitu-des han contribuido a una extrema polarización social. Porel momento, y salvo que los actores sociales tengan mayorvoluntad política, se observa difícil y largo un proceso dereconciliación. A pesar de ello, me resisto a dejar la espe-ranza y la utopía.
Personalmente, además de la necesidad de la salida deUlises Ruiz Ortiz (entre otras cosas porque no creo que latranquilidad haya vuelto definitivamente a Oaxaca, como elgobierno pretende hacernos creer, y porque muy proba-blemente las protestas continuarán con los efectos queeso puede tener para Oaxaca, incluidos los económicosque han sido múltiples), así como de la necesidad imperio-sa de la justicia (que hace falta para lograr la paz y la recon-ciliación que no llegan), creo que existe realmente lanecesidad de un cambio de régimen, la necesidad de cons-truir un sistema más democrático, de mayor participaciónciudadana, de más integración de la sociedad civil, de mayoratención a lo que la gente espera y desea25.
Un sistema más democrático es necesario, en mi opi-nión, para una nueva gobernabilidad. Ésta implica un go-bierno más incluyente, pluralista, justo, respetuoso delas garantías constitucionales y los derechos humanos,más transparente, que consulte a la gente y promuevasu organización y participación, que respete nuestra cul-tura, lenguas, tradiciones y símbolos de identidad. Ungobierno que también atienda las necesidades de la gen-te, sin buscar en ello el clientelismo como han hecho lospriístas hasta ahora. No excluyo de estas políticas a otrospartidos.
Esto implica también un nuevo tipo de políticos ygobernantes, que entiendan el poder público como unaoportunidad de servir a los demás, de buscar el bienestarde todos, de contribuir al desarrollo integral de las oaxa-queñas y oaxaqueños, respetuoso de los límites que la leyles marca y dispuestos al diálogo permanente con la po-blación, que escuchen y atiendan sus demandas y sus ne-cesidades.
Desde luego, la construcción de una sociedad más de-mocrática no es sólo responsabilidad de los gobernantes,sino también de la sociedad, de la escuela, de la familia, delas organizaciones sociales, de los partidos, de la vida co-munitaria, de los medios de comunicación. Si éstos no cam-bian sus estructuras, formas, actitudes, tampoco habráavances que consoliden la democratización.
Las acciones violentas de la turba también son un ras-go no democrático, así como el discurso clasista, funda-mentalista y ortodoxo de ciertas organizaciones, los juiciosy las condenas sumarias, la intolerancia y la exclusión hacialas minorías en los sindicatos, el maltrato a la mujer y losinfantes en la familia, la exclusión de la mujer en el poderformal, el racismo, la intolerancia religiosa, la discrimina-ción. De manera pues que el asunto democrático implica atodos y no descarta a nadie. Todos necesitamos cambiar.Cada quien y cada cual deberá hacer su propio balance yautocrítica de lo dicho y hecho en este movimiento, queenglobó prácticamente a toda la sociedad. La mayor res-ponsabilidad sin embargo, le cabe al gobierno estatal y fe-deral. Por lo pronto, en mi opinión, la crisis no ha sidoresuelta, se mantiene latente.
25 Sobre los efectos económicos que no hemos abordado aquí cabeseñalar que según algunas estimaciones del secretario de Economía delestado, Enrique Sada, el PIB estatal cayó del 4.6% en el 2005 al 1.6% en el2006 como consecuencia del conflicto (El Imparcial, Oaxaca, 11 de mar-zo del 2007). El IMSS señala que de mayo del 2006 a febrero del 2007,alrededor de 2 mil empresas adeudaban cerca de 17 millones por con-cepto de cuotas obrero-patronales (Noticias, Oaxaca, 13 de febrero del2007); la CANIRAC por su parte señalaba que en la ciudad de Oaxaca lamitad de los 400 restaurantes corrían el riego de cerrar por las deudas(Noticias, Oaxaca, 2 de febrero del 2007); la SECTUR, apenas iniciado elconflicto, en mayo del 2006, había calculado pérdidas de 600 millones depesos y de 300 empleos directos por el cierre de 3 hoteles (revista DíaSiete, México, núm. 344, p. 44); estimaciones de algunos empresarios en-
trevistados hablan de que se habrían perdido 4 mil empleos en los me-ses de mayo a diciembre y alrededor de siete mil millones de pesos.Entre los grupos más afectados se encuentran no sólo los de escasosrecursos, sino los grupos medios de comerciantes, artesanos, taxistas,vendedores ambulantes, pequeños contribuyentes.
