políticas públicas de convivencia y seguridad ciudadana
TRANSCRIPT
POLICÍA NACIONAL
Dirección General
EL VALOR DE LA VOCACIÓN
www.policia.gov.co01 8000 910 600
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANALa prevención de la violencia, delincuencia e inseguridad
Bogotá, D. C., Diciembre de 2010
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA. La prevención de la violencia, delincuencia
e inseguridad
Cartilla N° 3
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA La Prevención de la violencia, delincuencia e inseguridad.
Policía Nacional, Primera edición. Diciembre 2008
Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República
Doctor RODRIGO RIVERA SALAZAR Ministro de Defensa Nacional
General ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO Director General Policía Nacional
Mayor General RAFAEL PARRA GARZÓN Subdirector General Policía Nacional
Mayor General ORLANDO PÁEZ BARÓN Inspector General Policía Nacional
Brigadier General JOSÉ ROBERTO LEÓN RIAÑO Director de Seguridad Ciudadana
Brigadier General JANIO LEÓN RIAÑO Jefe Oficina de Planeación
Coronel LEÓN GUILLERMO BARÓN CALDERÓN Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas
Coronel GONZALO RICARDO LONDOÑO PORTELA Coordinador Programa DMS
Textos: CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ ROJAS Asesora Programa DMS
GRUPO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Web: www.policia.gov.coE-mail: [email protected]éfonos: (1) 3159000 exts. 9775 - 9753 - 9509 Bogotá D. C.
Este documento hace parte integral de la Serie de Cartillas del Programa DMS y tiene como objetivo principal dar a conocer a las autoridades político-administrativas y al personal de policía las funciones y competencias que tienen en la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana.
No olvide, todos los documentos de la serie de cartillas del Programa DMS, son documentos de consulta permanente para las autoridades, que también se encuentran publicados en la página web del Programa: www.policia.gov.co link Programa DMS.
3
Policía Nacional
CONTENIDO
Pag.
INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 4
OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO .............................................................. 8
1. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA:UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS ............................................................................ 9
2. EL ROL DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA GESTIÓNTERRITORIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA ............................................ 11
3. ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA DECONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA? .............................................................. 14
4. LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LA DELINCUENCIA Y EL DELITO ............... 15
4.1. Prevención situacional y/o ambiental del delito ......................................................... 15
4.2. Prevención social del delito ................................................................................................ 17
4.3. Prevención comunitaria del delito .................................................................................... 18
4.4. Aproximación epidemiológica a la violencia ................................................................. 19
4.4.1. Prevención primaria .................................................................................................. 20
4.4.2. Prevención secundaria ............................................................................................ 20
4.4.3. Prevención terciaria ................................................................................................... 21
5. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DECONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA ..................................................................... 22
BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................................... 23
4
Policía Nacional
INTRODUCCIÓN
En el marco de la política de “Defensa y Seguridad Democrática 2002-2012”, el Programa Departamentos y Municipios Seguros – DMS desde marzo del año 2004, ha trabajado para fortalecer la gobernabilidad local en materia de convivencia y seguridad ciudadana, bajo el liderazgo de los Gobernadores y Alcaldes, que con las demás autoridades locales de seguridad, policía y justicia deben asumir, de manera coordinada, integral y preventiva, la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana.
El Programa DMS es liderado por la Dirección General de la Policía Nacional, en asocio con el Ministerio del Interior y de Justicia, ha contado con el apoyo técnico y financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID, la Oficina de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos –NAS, así como de otras agencias del Estado Colombiano, entre las que se destacan la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.
El Programa fue concebido como una estrategia de trabajo que busca:
Lograr que las autoridades político-administrativas (Gobernadores, Alcaldes, •Diputados, Concejales, entre otros) el personal de la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, las Fuerzas Militares, el DAS, entre otras, conozcan y den cumplimiento a la normatividad vigente a nivel nacional para la gestión territorial de la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público.
Promover que las autoridades político-administrativas y la ciudadanía, de manera •coordinada e interinstitucional, diseñen, ejecuten y hagan seguimiento a los Planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana.
Incluir en la agenda local de todos los departamentos y municipios del país los •temas relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana, de forma tal, que sean objeto de política pública y se les asignen recursos que garanticen la sostenibilidad de las acciones desarrolladas.
Colombia es uno de los pocos países en América Latina en donde claramente están consignadas en la Constitución Política y en diferentes leyes y decretos reglamentarios las funciones y competencias en materia de convivencia, seguridad ciudadana y orden público, tanto de las autoridades político-administrativas y de Policía, así como de las agencias del Estado que conforman la fuerza pública. Pese a lo anterior, las acciones que se desarrollaban por parte de las autoridades en muchas jurisdicciones carecían de una articulación clara y de un hilo conductor que permitiese que todos trabajaran bajo los mismos parámetros de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, y coordinación. No funcionaban los Consejos de Seguridad como espacios de coordinación interinstitucional y no se asignaban recursos para el fortalecimiento de las agencias encargadas de estos temas, así como para desarrollar estrategias, programas y acciones en la materia.
5
Policía Nacional
Por este motivo, se requería de una Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que facilitara la articulación de los esfuerzos realizados por Gobernadores, Alcaldes y las autoridades de seguridad y justicia, para atender las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad. Esta estrategia titulada “Programa Departamentos y Municipios Seguros” –DMS, tiene como principios: la coordinación intra e interinstitucional, la planeación de las acciones y programas, de forma tal, que desde un inicio se establezcan las metas y los indicadores, que permitirán establecer el nivel de impacto de las medidas implementadas.
Gracias al liderazgo de las autoridades político administrativas en la gestión territorial de convivencia y seguridad ciudadana y al compromiso de los funcionarios que tienen funciones y competencias en esta materia es posible dar cumplimiento a lo dispuesto por la Constitución Política 1991, la Ley 62 de 1993, el Código Nacional de Policía, las Leyes 418 de 1997, y sus posteriores modificaciones Ley 548 de 1999, 782 de 2002, 1106 de 2006, los Decretos 2615 de 1991 y 2170 de 2004, la Política de Defensa y Seguridad Democrática 2002- 2012, el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario 2006-2010” y el CONPES 3460 “Política de Consolidación de la Seguridad Democrática: Fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”, así como al Plan Estratégico de la Policía Nacional 2007-2010.
En este sentido, para hacer realidad lo antes descrito, el Programa cuenta con tres líneas de trabajo, como se explica a continuación:
Capacitación1. , tiene como objetivo dar a conocer a todas las autoridades relacionadas con el tema, las funciones y competencias que les otorga la ley para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en relación con su derecho a la seguridad.
Comunicación2. , tiene como finalidad generar flujos de información en relación con la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, de tal forma, que las autoridades de todo el país conozcan las últimas disposiciones en la materia, tengan la oportunidad de conocer experiencias exitosas y estén al tanto las políticas de las entidades Nacionales sobre temas específicos.
Proyectos Especiales3. , se desarrolla en aquellos entes territoriales en los que se presentan problemas de gobernabilidad y manejo del orden público, lo anterior con el fin de prestar una asistencia técnica a las autoridades locales que les permita asumir sus funciones y competencias de la mano con las autoridades nacionales. Lo que a largo plazo garantiza el control total por parte Estado de todo el territorio nacional, así como el monopolio de la fuerza y la justicia. Lo anterior, es posible gracias a la consecución de una serie de alianzas estratégicas con entidades nacionales y operadores de agencias de cooperación internacional con las que se diseñan los procesos específicos de acompañamiento y se acuerda en la medida de las posibilidades la inversión de recursos en áreas específicas.
Teniendo en cuenta la magnitud de las líneas de trabajo antes mencionadas y la necesidad de garantizar el despliegue de las mismas en todo el territorio nacional, el Programa DMS se define a sí mismo como un programa cíclico, que cuenta con tres fases principales y una interfase que se desarrolla durante el segundo semestre del
6
Policía Nacional
año en el que se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y representantes a las juntas administradoras locales. En este orden de ideas, cada cuatro años debe darse inicio de manera inmediata a la fase de Sensibilización como muestra la siguiente línea de tiempo:
La primera fase “Sensibilización”, tiene como objetivo trabajar con las autoridades político – administrativas una vez se posesionan con el fin de demostrarles la importancia de los temas de convivencia y seguridad ciudadana, para garantizar su compromiso en la inclusión de los mismos en el Plan de Desarrollo de cada jurisdicción, y darles a conocer las funciones y competencias que la ley les otorga en la materia para que bajo su liderazgo se pongan en funcionamiento los instrumentos de gestión territorial de la convivencia y seguridad ciudadana.
La segunda fase “Diseño y elaboración de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana”, tiene como finalidad construir de la mano con los Gobernadores, Alcaldes y el personal de Policía de todo el país los Planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana, a fin de garantizar que estos aborden de manera integral las problemáticas de violencia e inseguridad, de forma tal, que incluyan medidas preventivas, disuasivas, reactivas y de apoyo a la justicia, que contemplen procesos de reparación de las víctimas y resocialización de los victimarios.
La tercera fase “Acompañamiento y seguimiento”, tiene como propósito brindar un acompañamiento especial a las autoridades político-administrativas y de Policía durante el desarrollo de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana..
La inter-fase de “Sensibilización a candidatos”, se desarrolla durante el segundo semestre del año en el que se realizan las elecciones para gobernadores, alcaldes, diputados y concejales y tiene como finalidad realizar una sensibilización a todos los candidatos a cargos unipersonales y corporaciones públicas, de forma tal, que los temas de convivencia, seguridad ciudadana y orden público queden incluidos en los Planes de Gobierno que presentan los candidatos al momento de inscribirse y que son la base para los Planes de Desarrollo en caso de ser elegidos.
7
Policía Nacional
De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que el Programa “Departamentos y Municipios Seguros”, ha sido liderado por la Dirección General de la Policía Nacional, en particular, por la Oficina de Planeación, y en especial por la Coordinación del Programa DMS, instancia que de la mano con los Comandos de las Regiones, Metropolitanas, Departamentos, Distritos y las Estaciones de la Policía, trabaja de manera conjunta con las autoridades político-administrativas.
8
Policía Nacional
OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO
Este documento es el tercero de la Serie de Cartillas del Programa Departamentos y Municipios Seguros, que tiene como público objetivo las autoridades político-administrativas de todos los departamentos y municipios de Colombia, así como el personal de la Policía Nacional. La serie de documentos del Programa DMS se encuentra inscrita en la segunda línea de trabajo del Programa y tiene como objetivo, generar un flujo de información desde la Policía Nacional hacia los mandatarios locales sobre las competencias, funciones, herramientas e instrumentos vigentes, con que cuentan, para atender las demandas de los ciudadanos en relación con su derecho a la seguridad.
El objetivo del tercer documento, titulado “Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana. La Prevención de la violencia, delincuencia e inseguridad”, es presentarles a las autoridades político-administrativas y al personal de Policía, de manera didáctica, qué es una Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana, diferentes enfoques en materia de prevención de la delincuencia y la inseguridad, así como la importancia de la participación ciudadana en los programas y acciones que se desarrollan en la materia.
Se espera que este documento motive el trabajo interinstitucional y coordinado entre las autoridades político-administrativas, la Policía Nacional, las demás agencias de seguridad y justicia del Estado, así como la ciudadanía en busca de la seguridad ciudadana.
No lo olvide, todo departamento y municipio, además de contar con un Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, debe diseñar una Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana que determine el horizonte estratégico de las autoridades en estas temáticas más allá de los periodos de gobierno.
9
Policía Nacional
1. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA: UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
Durante más de cuarenta años la gran mayoría de los Estados Nación abordaron el tema de la seguridad desde el paradigma de la “Seguridad y la Defensa Nacional”, propio del periodo denominado la Guerra Fría. Esta tendencia limitaba el tema de la seguridad a la preocupación por los enemigos internos y externos del Estado e incluía entre sus categorías de análisis la contraposición entre los dos modelos económicos y políticos imperantes, el Capitalismo, que tenía su mayor representante en los Estados Unidos de América y el Socialismo liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas, URSS. Este enfoque centraba su atención en la carrera armamentista y en el desarrollo de tecnología para la guerra, dejando de lado las preocupaciones de los ciudadanos en su vida cotidiana.
En 1990, la Organización de Naciones Unidas dio a conocer una nueva lectura del tema a partir del paradigma de “Desarrollo Humano Sostenible” y del concepto de “Seguridad Humana Integral”, que planteó en el informe anual de 1994. Esta nueva aproximación tuvo gran acogida en América Latina, lo que permitió a su vez desarrollar diferentes acercamientos al concepto de seguridad ciudadana en la región; a partir de los aportes que han realizado a través de estos años organismos internacionales tales como: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Organización de Estados Americanos - OEA, la Comisión Económica para América Latina - CEPAL, la Organización Panamericana de la Salud - OPS, que por ejemplo hace una lectura de la violencia desde la perspectiva de salud pública y la Comisión Andina de Naciones - CAN. Al respecto es necesario resaltar que esta última logró la firma de la Declaración de Seguridad Ciudadana en Sudamérica en septiembre de 2005. De igual forma, es importante resaltar los aportes de la academia y de un grupo de profesionales que en la región empiezan a construir una línea de investigación en la materia.
Este proceso de transición del paradigma de Seguridad y Defensa Nacional a un paradigma más amplio e integral se ha venido desarrollando de manera paralela en el caso de América Latina a otros procesos de gran envergadura tales como la tercera ola de democratizaciones, la elaboración de nuevos pactos sociales en la mayoría de los países a través de procesos democráticos, la crisis de partidos políticos, el surgimiento de fenómenos de outsider y neopopulistas en el poder, la implementación del modelo neoliberal, los procesos de descentralización, entre otros.
El surgimiento de un concepto de seguridad más integral, que reconoce la consustancialidad entre las diferentes dimensiones de los ciudadanos, menos centrado en las armas y más consciente de la dignidad de los seres humanos, de la necesidad de tranquilidad que estos buscan en su vida cotidiana, así como el liderazgo por parte de las autoridades locales en los temas de convivencia y seguridad ciudadana, ha dado como resultado una nueva forma de aproximarse a los problemas de violencia, delincuencia, inseguridad y crimen.
10
Policía Nacional
Esta nueva aproximación tiene como referente varios aspectos:
Las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana deben ser atendidas •por las autoridades locales en primera instancia, toda vez que son estas quienes están más cercanas a los ciudadanos y por ende conocen de manera más clara las necesidades de los mismos.
Es necesario asumir los temas de violencia, delincuencia, inseguridad y crimen •desde una perspectiva analítica, que permita realizar estudios objetivos de los fenómenos. En este orden de ideas, resulta claro para todos los actores que los temas de convivencia y seguridad ciudadana no pueden seguirse manejando desde la lógica de los caprichos y las percepciones aisladas de la realidad por parte de algunas autoridades.
Atender las necesidades de los ciudadanos en relación con los temas de inseguridad •y violencia implica el trabajo coordinado, interinstitucional e intersectorial de las instituciones que tiene competencias y funciones en la materia.
La aproximación de las autoridades a estas problemáticas debe ser integral toda •vez que es necesario desarrollar acciones preventivas, disuasivas, reactivas y de fortalecimiento de la justicia.
Las políticas, programas, estrategias y acciones que se diseñen e implementen •deben partir de la perspectiva de los derechos humanos y generar dinámicas de confianza entre los ciudadanos y de estos hacia las instituciones, de forma tal, que aumenten los niveles de capital social y de credibilidad de las instituciones.
Hoy más que nunca se reconoce la importancia y pertinencia de la participación •de los ciudadanos en los programas, estrategias y acciones que se desarrollen con el fin de disminuir las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad que se presentan en una jurisdicción.
Atender las problemáticas de violencia e inseguridad requiere la inversión •de recursos por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de gestión (nacional, departamental y municipal).
11
Policía Nacional
2. EL ROL DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CONVIENVIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
El liderazgo que algunos gobernadores, alcaldes y demás autoridades locales han ejercido en relación con los temas de convivencia y seguridad ciudadana en diferentes municipios y ciudades de América Latina, entre los que se destacan la ciudad de Bogotá, Medellín, Quito, Santiago de Chile, Naucalpan, Guayaquil, Cuenca, Querétaro, Lonja, entre otros, ha dado paso a una nueva aproximación a las problemáticas de violencia y delincuencia, en la que el rol de las autoridades locales es fundamental.
En el caso específico de Colombia, la Constitución Política de 1991 otorga claramente funciones y competencias a las autoridades político-administrativas en el tema, además de establecer de manera clara la jerarquía para el manejo del orden público. En este sentido, la Constitución reconoce la importancia de las autoridades locales del orden departamental y municipal en la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como en el manejo del orden público, motivo por el que establece el rol de agentes del Presidente en esta materia para los gobernadores, y determina que los alcaldes son los encargados del orden público en sus municipios y son la primera autoridad de Policía en la jurisdicción.
Lo anterior, unido a los principios que rigen a la administración municipal en Colombia: Eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad e imparcialidad; así como los principios rectores de la competencia: La coordinación, la concurrencia y la responsabilidad, dispuestos en la Constitución Política y en la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan “Normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, determina de manera explícita la importancia del trabajo coordinado e integral por parte de las entidades del Estado para garantizar los derechos de los ciudadanos y el cumpliendo de sus deberes.
En este orden de ideas, el rol de las autoridades locales en la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana tiene sentido al estar en coordinación con las entidades del nivel nacional, que también tienen funciones en el tema y de manera específica con los miembros de la Fuerza Pública y las entidades que hacen parte de la rama de justicia en Colombia. De acuerdo con lo anterior, debe existir una sinergia total entre las autoridades locales y nacionales, puesto que las primeras son las que están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción generales a desarrollarse en todo el territorio.
Siguiendo los planteamientos anteriormente enunciados, resulta lógico afirmar que son las autoridades locales en representación del Estado a las que en un primer momento les corresponde dar respuesta a las problemáticas que afectan la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, toda vez que estas están más cercanas a la ciudadanía, motivo por el cual pueden percibir de manera más rápida sus necesidades; de igual forma, conocen las redes de ciudadanos presentes en una jurisdicción y las dinámicas
12
Policía Nacional
socioculturales y económicas de mejor manera, lo que les permite tomar decisiones más acertadas, toda vez que tienen mayor información y mejor conocimiento del terreno. Siendo uno de los derroteros más importantes de las autoridades locales detectar a tiempo las problemáticas de violencia y delincuencia con el fin de implementar medidas de carácter preventivo, de manera complementaria con las acciones que se desarrollan en diferentes ámbitos: transporte, vías, planificación urbana, educación, salud, cultura, recreación y demás que generen un verdadero desarrollo humano sostenible.
En este orden de ideas, el rol de las autoridades locales en relación con la seguridad y la convivencia ciudadana se centra en dos ejes principales:
Primero, liderazgo y compromiso: Sugiere la necesidad e importancia que los gobernadores y los alcaldes articulen esfuerzos con las demás instituciones encargadas del tema en su jurisdicción, de forma tal, que se brinden soluciones integrales y sostenibles a las problemáticas que afectan a los ciudadanos.
Segundo, ser jefes de Policía y garantes del orden público: lo que sugiere dar cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente en la materia, así como dar ejemplo a los ciudadanos del cumplimiento de la norma.
De lo anterior se infiere la importancia de desarrollar estrategias de seguridad acordes con los principios de una sociedad democrática, que garanticen los derechos humanos como pilar del Estado Social de Derecho.
Para lograr asumir con éxito y dar soluciones apropiadas a los problemas de violencia e inseguridad que hoy enfrentan la mayoría de los ciudadanos, las autoridades deben tener en cuenta la complejidad y variedad de manifestaciones de inseguridad que muchas veces varía en intensidad y formas de expresión según la región o el momento histórico.
Frente a los retos de generar condiciones de seguridad ciudadana, es cada vez más evidente la necesidad que Gobernadores y Alcaldes acojan de manera prioritaria y seria sus responsabilidades constitucionales y legales para el diseño, ejecución y seguimiento de Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de manera conjunta con la Policía Nacional y las demás entidades relevantes en su respectiva jurisdicción.
En este sentido, es necesario que las autoridades formulen y ejecuten Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, así como Planes Integrales, que logren poner en funcionamiento los instrumentos de la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, tal es el caso de los Consejos de Seguridad, Comités de Orden Público, Comités de Vigilancia Epidemiológica, Sistemas de Información, Fondos Cuenta, entre otros.
13
Policía Nacional
De acuerdo con lo anterior es importante que Gobernadores y Alcaldes:
Asuman las funciones constitucionales y legales que tienen en relación con la 1. convivencia, seguridad ciudadana y manejo del orden público, como primeras autoridades de Policía.
Concreten Planes Integrales Departamentales y Municipales de Convivencia 2. y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con los resultados de los diagnósticos elaborados de manera conjunta con las entidades que tienen presencia en la jurisdicción y con la participación de los ciudadanos sobre las problemáticas de violencia e inseguridad que los aquejan.
Destinen recursos para el diseño, implementación y evaluación de programas y 3. actividades en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como para el fortalecimiento de las instituciones encargadas del tema.
Creen o fortalezcan los sistemas de información de conflictividad, violencia y 4. delincuencia, como instrumentos de apoyo en la definición, implementación y monitoreo de impacto de las acciones desarrolladas para dar respuestas a las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana.
Fortalezcan la estructura administrativa de las Secretarías de Gobierno del 5. respectivo ente territorial, o de la instancia que haga sus veces, con el fin de que estas tengan la capacidad de coordinar, elaborar y hacer seguimiento a las acciones, actividades, programas y planes integrales que existan en materia de convivencia y seguridad ciudadana.
Garanticen la participación de los ciudadanos en las soluciones a los diferentes 6. problemas.
Difundan los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana entre las 7. diferentes entidades y la sociedad civil, de tal forma, que las políticas sean acogidas por diferentes sectores.
Formalicen y lideren el funcionamiento mensual del Consejo de Seguridad como 8. escenario privilegiado de discusión, análisis y toma de decisiones en relación con los temas de convivencia y seguridad ciudadana.
14
Policía Nacional
3. ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA?
Una Política Pública de Seguridad Ciudadana es un conjunto organizado y estructurado de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos, para satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar comportamientos, generar valores o actitudes que correspondan con la ley, la moral y la cultura propios de una comunidad1. De acuerdo con lo anterior, es coherente precisar que la seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los ciudadanos y no solo a la disminución o ausencia de delitos y hechos de violencia.
En este sentido, toda Política Pública de Seguridad Ciudadana debe por principio responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen que afectan a una comunidad, entendiendo estos como problemas públicos, que como tal demandan una intervención desde el espacio público. Intervención que, como sugiere Subirats, requieren la toma de decisiones por parte de un gran número de actores que deben decidir “que existe un problema, que deben resolverlo de la mejor manera posible y con los instrumentos (recursos humanos, físicos, económicos y legislación, entre otros) adecuados”.
En este orden de ideas, “Una Política Pública de Seguridad Ciudadana debe tener los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el horizonte estratégico de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan y los objetivos del Estado en la materia, de forma tal, que se diferencie de las políticas sociales y urbanas. Siempre en la elaboración de los criterios orientadores los funcionarios encargados de elaborar Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, deben evitar caer en el error de partir del supuesto de la sociedad como un todo homogéneo que comparte valores, tradiciones y costumbres, así mismo deben reconocer las diferencias propias de cada zona o región”2.
1 GÓMEZ ROJAS, Claudia Patricia. “Elementos para la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana -Ponencia en el “Congreso Internacional de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y la Seguridad Pública” Políticas y Estrategias a nivel local México, Canadá, Colombia y Chile. Seminario organizado por la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito. Zapopa, Jalisco - México 25 al 27 de octubre de 2006.
2 Ibíd.
15
Policía Nacional
4. LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LA DELINCUENCIA Y EL DELITO
En Colombia son múltiples los estudios, investigaciones e indagaciones que se han realizado en los últimos veinte años acerca de las causas y motivos de la violencia. De igual manera, se han presentado importantes avances en la forma de abordar las problemáticas de narcotráfico, terrorismo y corrupción en el entendido de la magnitud de estas. Producto de lo anterior y de acuerdo con las investigaciones del Departamento Nacional de Planeación - DNP, resulta claro para los colombianos, que la pobreza y la violencia no tienen una sola relación proporcional, sino que muy por el contrario existen múltiples correlaciones; así mismo, es claro que no todos los homicidios en Colombia ocurren por motivos políticos, finalmente, cada día que pasa autoridades y los ciudadanos toman mayor consciencia sobre la importancia de invertir en prevención y encontrar salidas negociadas a los múltiples conflictos que las afectan.
En este orden de ideas, son las autoridades locales las llamadas a desarrollar diferentes estrategias, programas y acciones en materia de prevención, a sabiendas de que los resultados de impacto no se presentan de manera inmediata, sino a largo plazo, siendo mucho más sólidos que los resultados producto de la aplicación de medidas coyunturales. No hay que olvidar que las estrategias de prevención, además de promover la solidaridad, fortalecen las prácticas democráticas y de defensa de los derechos humanos, generan en el futuro la consolidación de la gobernabilidad. Hoy más que nunca se reconoce que la atención de los problemas de violencia y delincuencia no puede quedar de manera exclusiva en manos de la Policía, sino que se requiere la participación y atención de la comunidad. De igual forma, las autoridades y los ciudadanos cada día toman más consciencia de la necesidad de realizar inversiones acertadas en prevención y participación, toda vez que está demostrado que los costos son mucho menores que los generados por los dispositivos de reacción, justicia penal y los procesos de resocialización y reparación de las víctimas.
A continuación se explican las diferentes aproximaciones a los temas de prevención, haciendo la salvedad que ninguna de ellas por sí sola genera resultados y que la mejor solución es implementar acciones que correspondan con cada uno de los enfoques de manera complementaria.
4.1. Prevención situacional y/o ambiental del delito
Este enfoque en materia de prevención surge desde la teoría de actor racional muy difundida por las corrientes norteamericanas de pensamiento, que aplicada para los temas de crimen y delincuencia, sugiere que todos aquellos que están interesados en infringir la ley, antes de cualquier acción, miden las consecuencias y posibles costos de su accionar, lo que denota un cálculo absolutamente racional de sus actos. Así mismo, este enfoque reconoce la importancia de la organización y distribución de
16
Policía Nacional
los espacios públicos, entendiendo que de acuerdo a las condiciones del entorno se facilita o dificulta la actuación de aquellos que buscan infringir la ley.
En este orden de ideas, algunos de los argumentos que se presentan en relación con la necesidad de trabajar en el espacio público son las dinámicas de estigmatización territorial que se vive en ciertas zonas de las ciudades debido a los procesos desorganizados de urbanización y a la relación que se suele establecer entre población vulnerable y niveles de violencia, el abandono, la desolación, el continuo deterioro y descuido de los espacios públicos, lo que aumenta las posibilidades de que los ciudadanos se conviertan en víctimas de diferentes delitos, el diseño urbano inadecuado que facilita dinámicas de desorden, genera percepción de inseguridad y temor en los ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, es correcto plantear que la prevención situacional del delito da importancia a los factores del ambiente físico que conceden oportunidades para que ocurran hechos delictivos. La distribución adecuada del espacio público, mejorar la iluminación, desarrollar espacios de recreación y esparcimiento, que generen corredores de vigilancia natural por parte de aquellos que los utilizan, así como la implementación de dispositivos tecnológicos tales como cámaras, sensores de metales, movimiento, escáneres, bandas de control, entre otros, son medidas propias de este enfoque.
No obstante, es importante llamar la atención acerca de la necesidad de reconocer que la utilización de dispositivos tecnológicos de no estar complementada con otras medidas de prevención y reacción suele generar factores adversos como el desplazamiento de la actividad delincuencial o su transformación temporal. De igual forma, la inexistencia de una política integradora de los espacios públicos y privados en relación con la prevención del delito puede generar consecuencias negativas, tales como la marginalización y criminalización de ciertas zonas a costa del mejoramiento urbano y el desarrollo de otras áreas y la no construcción de pautas de convivencia compartidas para todos, sino para unos pocos que han sido beneficiados con las transformaciones en el espacio.
Así mismo, es necesario reconocer la relación que existe entre el enfoque de prevención situacional y la existencia de políticas urbanas integradoras y preventivas en los diferentes entes locales. Prueba de esta clara relación es la existencia de arquitectos y urbanistas de profesión trabajando en temas de prevención del delito.
Experiencia en Italia3
En la Provincia de Padua, ubicada en el noreste de Italia, desde 1990, las autoridades locales vienen asumiendo los temas de seguridad, pese a la inexistencia de una política nacional de seguridad urbana. No obstante la existencia de este vacío en los últimos 15 años se ha venido produciendo una serie de avances normativos, así como un liderazgo importante por parte de los alcaldes en estos temas, lo que ha permitido la firma de más 124 acuerdos
3 ZÚÑIGA, Liza. Participación comunitaria en la prevención del delito: experiencias de América Latina y Europa. En Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 135 - 188.
17
Policía Nacional
de seguridad urbana entre los Alcaldes y el Ministerio del Interior italiano. En Padua, el gobierno provincial ha puesto en marcha varias iniciativas entre las que se destacan, desde el enfoque de prevención situacional, el Proyecto Piloto Regional 2004, cuyo objetivo era la activación de una central operativa, de un centro de análisis que conectara las demandas con las respuestas temáticas de seguridad, para que tanto las entidades privadas como públicas fueran beneficiadas de los sistemas de monitoreo y evaluación. Así mismo, se puso en marcha el Proyecto Dobermann que es complementario al anterior, pues apunta a la instalación de un sistema de videovigilancia. De esta forma, se pretenden disuadir delitos y vandalismo contra las personas y bienes, dar mayor seguridad a los ciudadanos y crear una red de videovigilancia público-privada con cámaras internas y externas.
Experiencia en Bogotá D. C.4
En la ciudad de Bogotá, durante la administración del Alcalde Enrique Peñalosa, se dió importancia a las políticas de renovación y mejoramiento del espacio público, toda vez que el Alcalde consideraba que la mala calidad del entorno físico en la ciudad determinaba la percepción negativa y hasta el rechazo de los bogotanos a la misma. En este orden de ideas, a través de diferentes instituciones tales como el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU; la Defensoría del Espacio Público; el Fondo de Ventas Populares; el Departamento Administrativo de Planeación Distrital y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente desarrollaron una gran cantidad de acciones con el fin de recuperar el espacio público y darles la oportunidad a los bogotanos de encontrarse en él. Entre las acciones más importantes se destaca la recuperación y construcción de nuevos parques “Con una inversión de 212.000 millones de pesos se recuperaron, mejoraron y mantuvieron 1.034 parques, es decir, el 54% del área verde de la ciudad. Se plantaron 68.688 árboles y 183.651 plantas de jardín, y con el programa de arborización se intervinieron 202 kilómetros de ejes viales y 80 hectáreas de parques”. Paralelo a lo anterior se inició la recuperación de los andenes, lo que favoreció la descontaminación y desafinamientos de muchos espacios, generando a su vez mayores sentimientos de seguridad. Así mismo, se dio total impulso a la construcción de 291 kilómetros de ciclorrutas, que a juicio de muchos es uno de los escenarios más seguros de la ciudad.
4.2. Prevención social del delito
De acuerdo con el estudio de los factores estructurales que generan mayores niveles de violencia y delincuencia, tales como la falta de educación, la carencia de oportunidades en el mundo laboral por parte de ciertos sectores de la población, la existencia de
4 CEBALLOS, Miguel; MARTÍN, Gerard. Bogotá: Anatomía de una transformación. Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003. Pontificia Universidad Javeriana. Primera edición Año 2004 págs. 263 - 330.
18
Policía Nacional
múltiples necesidades básicas insatisfechas, entre otros, conduce a algunos especialistas a plantear la importancia de las medidas de prevención social, toda vez que estas buscan atacar estos factores. La implementación de estas medidas requiere un ejercicio de planeación riguroso por parte de las autoridades que les permita diseñar programas dirigidos a poblaciones especiales. Normalmente, la inversión en este tipo de iniciativas es mucho mayor y requiere mayor tiempo para su desarrollo, los frutos suelen verse en periodos de tiempo largos, no obstante, las consecuencias influyen de manera más clara en la disminución de los indicadores de violencia.
Un ejemplo de lo anterior son los programas de educación sexual y prevención de la violencia intrafamiliar que se desarrollan desde la etapa preescolar, que en el futuro garantizan que sectores importantes de la población no propicien o se conviertan en víctimas o victimarios de la violencia en los espacios privados; de igual forma, como externalidad positiva, la mayoría de los ciudadanos que son beneficiarios de estas acciones suelen preferir la resolución pacífica de conflictos a las salidas violentas. Así mismo, se destacan los programas de educación en estas temáticas que se desarrollan con gran parte de la población.
Experiencia en Cali5
En la ciudad de Cali, en 1991, durante la administración del Alcalde Rodrigo Guerrero, se inició el Programa Desepaz (Desarrollo, Seguridad y Paz), que buscó promover el desarrollo social y la gestión democrática de la policía. En este sentido, el objetivo del mismo era buscar el desarrollo de soluciones sostenibles frente a los problemas de criminalidad y violencia, dando prioridad a iniciativas relacionadas con la salud, vivienda, rehabilitación social de jóvenes y el desarrollo de pequeñas empresas. En este orden de ideas, el Programa contemplaba la existencia de un grupo de promotores de paz, conformado por jóvenes voluntarios capacitados en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, cursos para padres de familia y parejas sobre relaciones conyugales y prevención de la violencia intrafamiliar, la adopción de una serie de medidas relacionadas con la venta de alcohol en establecimientos públicos, entre otras.
4.3. Prevención comunitaria del delito
Esta aproximación combina acciones de los dos enfoques anteriormente descritos, con la característica fundamental de que la comunidad es percibida como sujeto y objeto de las acciones, lo anterior con el fin de generar procesos de empoderamiento y compromiso por parte de los ciudadanos. A partir de este acercamiento lo que se busca es que la misma comunidad genere mecanismos de control.
Una de las ventajas más importantes de las medidas y acciones que se implementan a partir de esta aproximación es que permite generar mayores niveles de confianza entre
5 CHALOM, Maurice; LÉONARD, Lucie; VANDERSCHUEREN, Franz, y VÉZINA, Claude. Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la Policía. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos HABITAT, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, ciudades más seguras. Ediciones SUR.
19
Policía Nacional
los ciudadanos. Un ejemplo de los programas que se desarrollan en este sentido son los Frentes Locales de Seguridad - FSL, los Frentes Empresariales de Seguridad y las Escuelas de Seguridad Ciudadana, entre otros.
El enfoque comunitario reconoce la importancia de los líderes locales toda vez que cuando son acertadamente guiados ayudan a organizar y estimular la formación de coaliciones de socios, generando a su vez mayores prácticas democráticas.
Experiencia en Santiago de Chile
En la Comuna de San Joaquín ubicada en la zona sur de Santiago de Chile, a partir del año 2004, se ha desarrollado el Programa “Comuna Segura”, producto del apoyo del gobierno central. En el marco de este Programa se elaboró un diagnóstico comunal de seguridad y se creó un Consejo Comunal de Seguridad Ciudadana. De igual forma, el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, dio total relevancia a la participación de los ciudadanos. “La participación es una forma de involucrar a la comunidad para resolver los problemas porque no existe ningún alcalde que tenga una varita mágica para resolver todo porque los recursos son escasos..., si nosotros no incentivamos la participación de la comunidad no vamos a poder resolver ciertos problemas básicos...”.
Bajo el contexto anteriormente descrito y desde el enfoque de prevención comunitaria se desarrolló el Programa Vecinos Vigilantes, que va más allá de la participación comunitaria, puesto que se trata de vecinos de la tercera edad que son pagados por el municipio para que realicen labores de vigilancia. Programa que además de aportar en los temas de prevención de la violencia y la delincuencia, ayuda a solucionar un problema de cesantía y pobreza de la población adulta.
4.4. Aproximación epidemiológica a la violencia
Este enfoque entiende los problemas de violencia a partir de la perspectiva de salud pública, propia de los profesionales dedicados a la medicina, lo que les permite trabajar en relación con los factores generadores de riesgo, o con aquellos factores que determinan una situación específica. En este orden de ideas, los promotores de esta aproximación clasifican los factores generadores de violencia en varios tipos:
Proximidad:1. acceso a armas de fuego y factores contingentes
Estructurales: 2. relacionados con la pobreza y la marginalidad
Individuales: 3. relacionados por ejemplo con el abuso y la agresión en la infancia
Familiares:4. tales como abandono de los padres o violencia intrafamiliar
Contextuales:5. falta de oportunidades.
20
Policía Nacional
En este sentido, se plantean tres tipos de aproximación.
4.4.1. Prevención primaria
Busca atacar los factores generadores de violencia desde la prevención más básica, esto quiere decir que asume los factores tales como el consumo de alcohol, el porte de armas, el porte de implementos que garanticen la seguridad vial como el cinturón de seguridad, el casco, los chalecos refractivos, entre otros.
4.4.2. Prevención secundaria
A partir de este enfoque se intervienen de manera específica grupos de riesgo, esto quiere decir que con base en estudios objetivos sobre las poblaciones que tienen mayor probabilidad de ser víctimas o victimarios se determinarán programas de intervención a mediano plazo, que permitan disminuir la probabilidad. Un ejemplo de lo anterior, son los programas que se desarrollan con jóvenes de zonas vulnerables con limitadas posibilidades educativas, o las acciones que se desarrollan para la población femenina en ciertas condiciones socioeconómicas, que las hacen más proclives a ser víctimas de violencia sexual o intrafamiliar.
Experiencia en Francia6
En Francia, los Ministerios de Asuntos Sociales, Salud de la Ciudad, Interior y de Justicia, Juventud y el Deporte adoptaron a partir de 1994 una política de prevención. Entre los aspectos desarrollados por esta se destacan la importancia dada a coordinar mejor la prevención especializada en ámbitos prioritarios, por lo que se implementó una serie de estrategias que tenían como finalidad lograr que los adultos asumieran su responsabilidad como educadores y autoridades. De igual forma, se desarrollaron múltiples acciones para la prevención de la drogadicción y la atención a aquellos que reincidían en el consumo de drogas, la ayuda y apoyo a las víctimas, entre otros.
Experiencia en Brasil7
En Sao Pablo Brasil en 1983, el Consejo Estatal sobre el Estado de las Mujeres informó que una gran cantidad de mujeres brasileñas eran víctimas de la violencia. Mientras que los delincuentes violaban las sanciones producto de la falta de eficacia de la Policía. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno central financió la mayor parte del proyecto y por su parte el gobierno local de Sao Pablo invirtió en las plantas físicas y el personal, para la creación de las Estaciones de Policía solo para mujeres. Estas estaciones tienen como objetivo
6 CHALOM, Maurice; LÉONARD, Lucie; VANDERSCHUEREN, Franz, y VÉZINA, Claude. Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la Policía. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos HABITAT, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, Ciudades más seguras. Ediciones SUR. Tomado de Browm, Mark and Kenneth Polo, 1996. Taking fear of crimen seriously: The Tasmania Approach to Community Crimen Prevention, Crimen & Delinquency. Vol. 42. Nº 3.
7 BANCO MUNDIAL. Guía didáctica de municipios: prevención de la delincuencia y la violencia a nivel comunitario en las ciudades de América Latina. 2003.
21
Policía Nacional
reducir y prevenir la violencia contra las mujeres, disuadiendo a los delincuentes y proporcionando servicios de atención a las víctimas. Como consecuencia de lo anterior, la primera estación recibió un aumento del número de informes de violencia contra mujeres, de 2.000 quejas en 1985 a 7.000 en 1989. De igual forma, la Estación ubicada en Río de Janeiro logró una reducción del 37% en el número de violaciones notificadas.
4.4.3. Prevención terciaria
Este enfoque busca atender a las víctimas y victimarios de hechos de violencia con el fin de rehabilitar o reinsertar a delincuentes, y atender o reparar el daño causado en las víctimas, de forma tal que en el futuro se disminuyan los niveles de temor y apatía a ciertos lugares y en general a relacionarse con otros ciudadanos, como consecuencia de los hechos de violencia.
La mayoría de programas y acciones que se desarrollan desde este enfoque son producto o motivan las asociaciones público-privadas, toda vez que estos garantizan la inversión en recursos, en programas de rehabilitación en drogas, resocialización de presos, capacitación laboral para jóvenes en riesgo, entre otras.
Experiencia en Tasmania Australia8
En Tasmania representantes de los tribunales de justicia, las instituciones correccionales, la Policía, la comunidad y de manera especial los jóvenes y los representantes del sistema educativo, desarrollaron un proyecto de reestructuración del sistema judicial, con el fin de disminuir el nivel de población recluida en centros de detención. Para tal efecto, basados en los principios enunciados por los grupos de Conferencias Familiares realizadas en Nueva Zelanda en la década de los 80, iniciaron un proceso de reunión del delincuente, la víctima y sus respectivos grupos de apoyo, a fin de buscar una solución satisfactoria para todas las partes.
8 Ibíd.
22
Policía Nacional
5. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Colombia se define como un Estado Social de Derecho y una democracia participativa en la que los ciudadanos que conforman la nación son sujetos de derechos y de deberes. En este sentido, la participación de los ciudadanos es fundamental toda vez que permite la generación de capital social. Ahora bien, un ciudadano participa cuando asiste al desarrollo de una actividad diseñada por alguna de las entidades del Estado, cuando colabora en el desarrollo de una actividad y cuando se involucra de manera crítica y proactiva en las acciones desarrolladas por los diferentes niveles del Estado. Lo anterior da cuenta de que existen momentos para la participación de los ciudadanos, por ejemplo: los ciudadanos pueden participar en la elaboración de diagnósticos y en la definición de necesidades, también pueden participar en el diseño de estrategias, programas y acciones, o directamente participar en la ejecución e implementación de las acciones y, finalmente, es fundamental la participación de los ciudadanos en el control social a través, por ejemplo, de las veedurías.
De acuerdo con lo anterior, es fundamental entender que la participación no se enseña teóricamente, no se ordena, ni mucho menos es producto de decisiones no planeadas, la participación se aprende practicándola, toda vez, que participar implica por naturaleza tomar decisiones y tener compromiso con las decisiones y acciones que se desarrollan.
En este orden de ideas, es importante que las autoridades locales entiendan que la participación de los ciudadanos debe obedecer a un proceso de planeación, organizado y liderado de manera clara por las autoridades, de lo contrario puede generar impactos negativos como crisis de expectativas de la comunidad, renuencia a participar toda vez que los ciudadanos se pueden sentir burlados, lo que a su vez puede generar radicalización de las posiciones a tal punto de considerar legítimo y necesario tomar justicia por su propia mano y promover el ajusticiamiento de delincuentes.
La participación planificada requiere como mínimo dar respuesta a dos preguntas básicas: ¿Quiénes participan? y ¿Qué tipo de participación se espera de ellos? Para la primera pregunta pueden existir dos tipos de respuestas, participar directamente todos los ciudadanos, o participar indirectamente por intermedio de sus representantes y líderes. Para el segundo interrogante existen dos opciones, una participación pasiva de los ciudadanos, en calidad de beneficiarios o receptores de las ofertas del gobierno, o una participación que supone un rol específico de los ciudadanos, por ejemplo como veedores. Unido a lo anterior es necesario determinar si se privilegia la participación masiva por parte de los ciudadanos o si se prefiere una participación mucho más cualificada de los ciudadanos y por ende menos masiva.
23
Policía Nacional
BIBLIOGRAFÍA
BANCO MUNDIAL.1. Guía didáctica de municipios: prevención de la delincuencia y la violencia a nivel comunitario en las ciudades de América Latina. 2003.
CHALOM2. , Maurice; LÉONARD, Lucie; VANDERSCHUEREN, Franz, y VÉZINA, Claude. Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la Policía. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos HABITAT, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, Ciudades más Seguras. Ediciones SUR.
ESCOBAR,3. Santiago; MUNIZ, Jacqueline y otros. La seguridad ciudadana como política de estado. PROSUR y FESCOL. 2004.
GÓMEZ ROJAS,4. Claudia Patricia. Elementos para la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana. Ponencia presentada en el “Congreso Internacional de Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y la Seguridad Pública” Políticas y Estrategias a nivel local México, Canadá, Colombia y Chile. Seminario organizado por la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito. Zapopa, Jalisco – México 25 al 27 de octubre de 2006.
LUNEKE,5. Alejandra y RUIZ, Juan Carlos. Capital social y violencia: análisis para la intervención en barrios urbanos críticos. Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 225-252.
SAGANT6. , Valerí y DEMERS, Brigitte. Desarrollo “Paso a paso” de una metodología para el diseño, ejecución y evaluación de planes locales de seguridad ciudadana” en Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 213- 224.
SALAZAR,7. Felipe. La prevención situacional del delito espacios públicos urbanos: rol del gobierno local. En Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 189 – 213.
ZUÑIGA,8. Liza. Participación comunitaria en la prevención del delito: experiencias de América Latina y Europa. En Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 135 – 188.
RECOMENDACIÓN
Señores Gobernadores, Alcaldes, Comandantes de Policía y demás autoridades con funciones y competencias de policía: no olviden revisar continuamente las disposiciones que sobre las materias aquí expuestas se expiden en el ámbito nacional, departamental y municipal, a fin de dar cumplimiento a las mismas en el marco del Estado Social de Derecho. Para tal efecto consulten con frecuencia las siguientes páginas web.
http:/www.presidencia.gov.cohttp:/www.secretariasenado.gov.co
http:/www.constitucional.gov.co
www.imprenta.gov.coPBX (0571) 457 8000
Diagonal 22 B No. 67-70Bogotá D. C., Colombia
POLICÍA NACIONAL
Dirección General
www.policia.gov.co01 8000 910 600
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN TERRITORIAL DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS