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Institución Universitaria Inpahu

Facultad de Comunicación, Información y Lenguaje

Universitario Comunicación Social

Grupo 850

Políticas de comunicación en las industrias culturales de Colombia: Una mirada a la

democratización y acceso de los bienes culturales.

Autor: Emanuel Enciso Camacho1

Resumen: Las políticas de comunicación en el marco de las industrias culturales plantean

actualmente un debate en torno a la democratización en el acceso de los bienes culturales. Por

una parte, dichas políticas proyectan un escenario que favorece la desregulación de las industrias

culturales, favoreciendo el surgimiento de grandes monopolios a escala nacional e internacional,

dado el contexto de políticas económicas neoliberales del que surgen estos procesos. Tal

dinámica se puede comprender desde la política pública CONPES para la promoción de las

industrias culturales en Colombia.

Por otra parte, el informe McBride junto con otros teóricos propone una perspectiva de las

industrias culturales desde la integración con la sociedad. Es decir, unas industrias más

democráticas y equitativas que no sólo produzcan bienes comercializables sino que estos bienes

culturales sean de fácil acceso en aras del derecho a la información y al desarrollo cultural.

Abstract: Policies of communications in the cultural Industries present a discussion about to the

democratization in the access of the cultural property. On the one hand, these policies provide a

stage that promotes the deregulation of the cultural industries. It stimulates the emergence of

monopolies nationals and internationals because the neoliberal economy politics where these

processes emerge. This dynamic we can understand from the CONPES public policy for the

promotion of the cultural industries in Colombia.

1 Estudiante de séptimo semestre de comunicación social de la Fundación Universitaria INPAHU y Técnico en Contabilidad y Finanzas del SENA. Realizó estudios de Diplomatura en Televidencia Critica con participación ciudadana de la Comisión Nacional de Televisión y ASCUN. Actualmente realiza sus prácticas empresariales con la Oficina de Comunicaciones Estratégicas (COEST) de la Policía Nacional de Colombia. E-mail: eenciso90@gmail.com

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Moreover, McBride Report and others theoretical propose a new perspective of cultural

industries from the integration with the society. That means the cultural industries more

democratic and fair, where these produce cultures properties that these are easy access in the

aspect of information right and the cultural development.

Palabras clave: Industrias culturales, Políticas de comunicación, democratización, acceso,

monopolios, neoliberalismo, ecosistema cultural.

Key words: Cultural industries, Policies of communications, democratization, access,

monopolies, neoliberalism, cultural ecosystem.

**********************************************

Las industrias culturales son un elemento fundamental a la hora de hablar de cultura inmaterial

desde hace más de sesenta años, cuando Horkheimer y Adorno en 1947 hacen alusión a ellas

para denominar aquellos bienes culturales que bajo las lógicas del capitalismo2

Sin embargo, el sentido de las industrias culturales ha sufrido claras transformaciones no sólo

desde lo cultural sino también en cuanto a las políticas económicas de comunicación que bajo los

esquemas del Neoliberalismo ha expandido aún más las brechas en materia de acceso de la

población a los bienes culturales, no sólo desde el acceso en el consumo sino también el acceso

que deben tener las comunidades a producir y distribuir sus contenidos simbólicos.

se han

convertido en productos y mercancías susceptibles a ser comercializadas bajo las fases

industriales de la producción, la distribución y el consumo. De esta manera se puede establecer

una “mercantilización de la existencia social” (Martín-Barbero, 1987, p. 48), donde se entreteje

un arduo debate sobre la mercantilización o la democratización de los bienes culturales, debido a

que dichos bienes dadas sus características de transmisión intergeneracional poseen rasgos que

ayudan a construir la identidad de una comunidad (Kats, 2006).

Así, hoy las industrias culturales son comprendidas como “empresas capitalistas que persiguen la

rentabilidad, no sólo desde la elaboración de sus productos culturales, sino también desde la

fidelización de unas audiencias, que también son ofrecidas como mercancías a los anunciantes”

2Este capitalismo emergente en la época de la escuela de Frankfurt como lo menciona Martín Barbero (1987) ha expandido los temas de su interés ya no sólo a la economía sino también a lo políticoy cultural,

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(Villadiego y Pereira, 2008, p. 11), debido en gran parte a la convergencia de los medios masivos

de comunicación y a los modelos actuales de globalización. Desde dicho planteamiento hay una

primera preocupación que años atrás ya se haría notoria en el informe McBride y es como las

empresas dedicadas al sector de las industrias culturales se preocupan más por adquirir grandes

ganancias que por producir bienes culturales de calidad que sean representativos de la

comunidad. En este último apartado nace el interés de analizar las políticas de comunicación en

el marco de una comunicación para la democracia y el desarrollo de las comunidades.

Así, McBride y su equipo exponen en el informe que la comunicación es “la base de toda

interacción social (…) vital para toda actividad social, económica y política en el nivel

comunitario, nacional e internacional” (McBride y Otros, 1980, p. 11,18), que en diálogo con

Thompson (1997) es una acción en campos de interacción donde se producen, almacenan y

circulan flujo de materiales significativos dentro de un contexto enmarcado en las lógicas del

poder simbólico en condiciones asimétricas impartidos a través de la “construcción de

significados partiendo de los discursos a través de los cuales los actores sociales guían sus

acciones” (Castell, 2008, p. 33), es decir, a partir de su capital cultural, definido en gran medida

por las formas de producción de los bienes simbólicos.

De esta forma, Thompson prevé que los desarrollos acaecidos en los nuevos modos de

comunicación de masas han otorgado a los bienes simbólicos una producción y reproducción

mayor respecto a la comunicación espacio-temporal, con el agravante de que estos bienes “se

han convertido en productos de consumo que pueden comprarse y venderse en el mercado”

(Thompson, 1997, p, 25), limitando su acceso a aquellos que tienen la facilidad monetaria de

adquirirlos.

En el caso colombiano, los bienes culturales se han venido capitalizando progresivamente a

través de las industrias culturales que precisamente como lo relata la comisión regional de

servicios para el Ministerio de Cultura de Colombia “existe una producción diversa que atiende

las demandas tanto internas como externas. Hay desde grandes empresas multinacionales hasta

pequeños establecimientos culturales que no están insertados en las lógicas de mercados” (CRS,

2007, p. 2). Sin embargo, en el contexto colombiano hay una marcada diferencia de acceso,

producción y promoción de las grandes industrias culturales con las pequeñas productoras de

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bienes culturales sin ánimo de lucro, lo que en palabras de Villadiego & Pereira (2008, p, 13) se

comprende como “la subordinación de los propósitos del bienestar social ante la racionalidad

neoliberal del capital…” provocando, en el diagnóstico de Mirla Villadiego (2008) un

desplazamiento de las verdaderas intenciones de las industrias culturales como transmisoras

masivas de cultura desde el Estado y la Política, por los mercados y la economía.

Las políticas de comunicación frente al informe McBride

Colombia, actualmente se ubica como el tercer exportador de industrias culturales en América

Latina con una cifra de bienes producidos alrededor de los 748 millones de dólares, según lo

estima la Oficina de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD, 2010) en

su último informe sobre industrias creativas.

Es por esta razón que el Ministerio de Cultura por medio del Departamento Nacional de

Planeación ha generado políticas públicas en torno a la promoción de las industrias culturales en

Colombia conocidas como el Documento CONPES 3659 de 2010, cuyo objetivo es “aprovechar

el potencial competitivo de las industrias culturales, aumentar su participación en la generación

del ingreso y el empleo nacionales, y alcanzar elevados niveles de productividad” (CONPES,

2010, p, 3), sin embargo, a través de estos objetivos se pueden evidenciar las bases neoliberales

que contiene la ley, ya que para Foucault (2004) las lógicas del nuevo liberalismo económico se

basan en la competencia a partir de la emergencia de monopolios. De esta manera, la política se

vicia desde los objetivos debido a la exclusión de las construcciones simbólicas como

fortalecimiento de los pueblos, acción que consagra fundamentalmente el informe McBride

(1980) cuando concibe el derecho a la comunicación no sólo desde el aspecto pasivo de recibir la

información sino también todas las libertades que tienen los individuos y las sociedades de

acceder y participar en los flujos de información en ambos sentidos.

De este modo las políticas de comunicación (policy) como las decisiones más importantes que se

deben tomar sobre un asunto especifico de la administración de la vida humana (Lasswell, 2000),

es decir, ese arte de gobernar en un asunto determinado (Foucault, 2004) están regidas bajo

condiciones de asimetría en el contexto de las industrias culturales frente a propuestas que han

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trazado entidades como la Unesco a ese respecto. Así, tenemos la propuesta del informe McBride

(1980) sobre políticas de comunicación:

Para estos propósitos, resulta esencial el desarrollo de políticas integrales de la comunicación

nacional que conecten los objetivos sociales, culturales y económicos globales. Tales políticas

deberán surgir de amplias consultas con todos los sectores implicados mediante mecanismos

adecuados para la amplia participación de grupos sociales organizados en su definición y

ejecución. Los gobiernos nacionales y la comunidad internacional deberán reconocer la urgencia

de otorgar a las comunicaciones mayor importancia en la planificación y el financiamiento.

(p.209)

Además de ello, el informe McBride (1980) plantea la necesidad de realizar investigaciones en

comunicación desde una perspectiva actual en un escenario integrador de las culturas con las

nuevas tecnologías masivas de comunicación. En diálogo con este planteamiento de política

pública para la comunicación y la cultura, en el año 2006 la Unesco traza los lineamientos del

documento CCT para el fomento de las TIC’S en las industrias audiovisuales, proponiendo a los

gobiernos de Colombia, Perú y Venezuela políticas a este respecto, en el que se hace énfasis en

las culturas locales como fuente primordial de producción en las industrias culturales ya que son

parte vital de la cultura de cada país. El documento señala que “dichas políticas deben asegurar

su cumplimiento y ejecución, independientemente de los cíclicos periodos gubernamentales, y

han de observar los factores transversales con los demás órdenes del desarrollo socioeconómico

de los países” (Unesco, 2008, p. 379).

El proyecto propuesto considera la necesidad de implementar políticas de comunicación

pluralistas, democráticas y culturalmente diversificadas, donde no se visualice la cultura como un

simple objeto comercial, sino que debe reconocerse el interés público y social de estos bienes

inmateriales, generando una armonía entre las políticas comerciales justas y equilibradas con las

políticas culturales, donde se desarrolle y fortalezca la cultura sin restringir el comercio.

(Unesco, 2008).

Sin embargo, retomando el CONPES se puede observar siguiendo los pasos de Bardach (2000)

para un planteamiento de políticas públicas que este documento basa sus políticas en cinco

grandes ejes problemáticos a saber: el primero de ellos es circulación y distribución de bienes y

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servicios de las industrias culturales , entendidos como los costos de producción y distribución,

así como los elementos que constituyen la comercialización de bienes y servicios culturales. En

segundo lugar tenemos: bajo acceso de financiamiento haciendo énfasis al desarrollo empresarial

y a la capitalización de las pequeñas industrias culturales, en tercer lugar escaso desarrollo local

de las industrias culturales entendido desde la focalización de las empresas culturales en las

grandes ciudades, como cuarto problema la insuficiente oferta educativa especializada en cuanto

a la carencia de educación artística, cultural y creativa desde la educación pre-escolar y por

último, el incipiente uso de las tecnologías en el desarrollo de modelos de negocio desde la

creación de contenidos.

Una vez más, en el desarrollo de los ejes problemáticos se desconoce la relación existente entre

las industrias culturales y el desarrollo de la cultura de un país, privilegiando exclusivamente las

relaciones de comercialización de los bienes culturales. Pese a ello, la política desarrolla un

marco contextual y referencial donde debate el uso de las industrias culturales para el desarrollo

cultural a través de los diversos estudios que se han realizado, pero concluye sus observaciones

referenciando netamente las ganancias monetarias que se adquieren por ello.

Siguiendo a Bardach (2000), se evidencia que en la ley no hay un seguimiento ni una evaluación

de los sentimientos ciudadanos, ya que la evaluación de los ejes problemáticos se estructura en

torno a los resultados estadísticos y económicos obtenidos y a los referentes tecnocráticos que se

han hecho en el país respecto a la cultura. En la implementación de una política pública para la

promoción de las industrias culturales el CONPES propone para la solución de los problemas

estrategias y plataformas de exportación de los bienes y servicios culturales para competir en

mercados externos, al tiempo que plantea la necesidad de constituir una entidad especializada en

asocio con el sector privado en la promoción y producción de productos culturales. Por otra

parte, propone potencializar las pequeñas industrias culturales mediante las donaciones

realizadas por el fondo de cooperación internacional y los incentivos crediticios del Ministerio de

Cultura, en tercera medida pretende establecer en asocio con el Ministerio de Educación e

Instituciones como el SENA la implementación de competencias educativas con base en

formación de estudiantes con capacidades creativas y artísticas, al tiempo que se les forme en

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materia de derechos de autor y finalmente, promover las TIC’S para la producción de contenidos

desde el enfoque de nuevos modelos de negocio.

En ese desarrollo de las políticas públicas no es evidente el surgimiento de una necesidad social

que es, según Salazar (1999) donde se debe situar toda política pública. Lo que sí se puede

evidenciar, es en palabras de Sierra (2006) una evolución de las políticas de comunicación a la

descentralización del estado sobre regulación de los mercados y una “apertura a la iniciativa

privada (p, 27), donde según Arendt (1993), la Esfera de lo público entra a favorecer la Esfera de

lo privado en relaciones netamente monopolísticas donde se privatiza un “bien público” como la

cultura bajo las lógicas de la explotación mercantil de la industria.

Conclusión: los monopolios frente al ecosistema cultural.

Hoy asistimos a la emergencia de múltiples conglomerados nacionales e internacionales que

ostentan los mecanismos de mercantilización de las industrias culturales. El informe McBride

(1980) ya planteaba su preocupación: Las ventas de productos culturales y de ocio se han ido por las nubes, los presupuestos de la

publicidad alcanzan cifras de seis dígitos, y los medios masivos han establecido conexiones entre

ellos mismos o con otras industrias para formar conglomerados enormes. Esto plantea muchos

problemas, pero el que nos interesa aquí se refiere al contenido de la comunicación. Cuando se

empaca y vende como cualquier otro producto, el lado del "servicio social" de la comunicación

tiende a pasar a segundo término. (p.132).

Lo que Manuel Castells ((2009) esbozaba acerca de las grandes redes y conglomerados que se

estaban erigiendo en las lógicas de la globalización es una realidad en nuestro contexto. Por

ejemplo, Eliana del Rosario Herrera (2008) plantea su preocupación por lo que ella denomina

“la segunda y actual colonización española” (p, 111) cuando hace referencia a la compra de

Caracol Radio por parte del Grupo Prisa, quienes como empresa multinacional de las industrias

culturales han convertido dichos bienes en unidades de negocio. Sin embargo, este caso no es el

único que se presenta en las industrias culturales: la Organización Ardila Lulle tiene el dominio

de medios de comunicación como RCN Radio y Televisión, los cuales a su vez poseen empresas

encargadas de producir y distribuir bienes culturales en el área musical, cinematográfica y

publicitaria.

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Pero no todo está perdido, aún podemos re-pensar unas políticas públicas de industrias culturales

que integren lo que Albornoz denomina (2005) “ecosistemas culturales”, compuestos por la

diversidad de culturas que ven en las industrias culturales un medio para preservar su patrimonio

cultural. Es por ello que hay una profunda necesidad de establecer políticas que preserven dicha

diversidad, al tiempo que permita la participación democrática de todos los actores culturales y

proteja los bienes culturales de una cultura homogeneizada y hegemónica. Aplicar dichas

políticas no significa suspender las lógicas comerciales en las que están inmersas las industrias

culturales. Es más bien una política de comunicación que legitime la comunicación como

elemento que sirve a la gente y responde a sus necesidades (McBride, 1980). Es en ultimas una

política que no sólo vele por la propiedad privada de las empresas encargadas de las lógicas de

mercantilización de las industrias culturales, sino también por el derecho de acceder libremente a

los bienes culturales que forjan la identidad de los individuos

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Referencias

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