“política y legislación en comunicación”

8/3/2019 “Política y Legislación en Comunicación”

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FACULTA DE CIENCIA POLITICA Y RELACIONESINTERNACIONALES

TESINA

Director de Tesina: Fabián Bicciré.

Alumno: Cecilia Kramm

Carrera, Año y Plan: Lic. En Comunicación Social, 5° año, Plan 1986

TEMA: LA LEGISLACIÓN ARGENTINA SOBRE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

DE RADIODIFUSIÓN EN LA ACTUALIDAD.

Fecha de presentación:



Capítulo I

DESARROLLO DE LA LEGISLACION

Sumario: 1. La ley 22.285. 2. La democracia. 2.1. El gobierno de Raúl Alfonsín. 2.2.El gobierno de Carlos S. Menem. 3. El pacto de San José de Costa Rica. 4.Proyectos de ley en la actualidad.

La ley vigente sobre radiodifusión fue sancionada durante la dictadura militar el 15 de

septiembre de 1980 por el, en ese entonces, presidente de facto Videla, inspirada en la

doctrina de la Seguridad Nacional.

Algunos de sus artículos han sido derogados o modificados por leyes y decretos

posteriores. A pesar del planteo por parte de la sociedad, desde la llegada de la democracia,

2



de la necesidad de una nueva ley acorde con la misma, muchos son los intentos de aprobar

proyectos de ley, pero a casi 20 años del fin del gobierno militar no se ha logrado consenso

al respecto.

Muchos temas surgen como importantes de la agenda de los actores involucrados en la

radiodifusión, los cuales invocan intereses contrapuestos y que son la causa de no lograr la

sanción de una nueva ley de radiodifusión. Se analizan estos temas desde su desarrollo

legislativo desde la última dictadura militar hasta la actualidad y las diferentes posturas que

tienen los actores sobre éstos.

1. La ley 22.285. Las principales cuestiones que Oscar Landi 1 considera problemáticas

en esta ley son:

• Permite que los adjudicatarios de las licencias sean únicamente sociedades

comerciales, personas físicas y (subsidiariamente) el Estado. Por lo tanto prohibe que

sociedades intermedias como cooperativas, sindicatos, clubes, agrupaciones vecinales y

empresarias, iglesias, etc. puedan acceder a los medios.

• Sin necesidad de que se declare un estado de emergencia por el Poder Legislativo,

permite al Poder Ejecutivo apropiarse de los medios y de sus señales, en caso de que lo

crea necesario.

• Controlaba el contenido de los mensajes, señalando que, la información debe ser

“veraz, objetiva y oportuna”. En decretos posteriores, los artículos que controlaban el

contenido de las emisiones fueron derogados.

• Los medios de radiodifusión se deben mantener exclusivamente mediante la

publicidad, lo que impide al Estado subsidiar producción nacional o programas

1 LANDI, Oscar, Devórame otra vez, Ed. Planeta, Bs. As. 1992, pág.166.

3



considerados importantes pero no comerciales, fomentando así la adquisición de material

extranjero, “ya amortizado en su país de origen”.

Las condiciones técnicas en el momento de la sanción de esta ley han cambiado, sin que

la legislación acompañe estos cambios. No existía en aquel entonces ni la televisión color,

ni las radios de frecuencia modulada, ni la televisión por cable o satelital para el común de

la gente, ni Internet.

La Ley 22.285 prohibía la formación de grupos multimedios. Según Oscar Landi 2, esto

se debía solo a una cuestión puramente política que obedecía a diferencias en los

pensamientos políticos y económicos con los dueños de los principales medios gráficos del

país de esa época y no para propiciar la pluralidad de opiniones.

Este período se caracterizó por las irregularidades en las adjudicaciones de licencias de

radiodifusión y en los procedimientos administrativos nulos que las acompañaban. El

traspaso de licencias de un titular a otro, muchas veces se hacía a través de un aparente

acto público, pero en realidad eran transferencias irregulares. Fue mediante el Planara

(Plan Nacional de radiodifusión) establecido por esta ley por el cual se privatizaron

muchas emisoras de radio y el canal 9 de televisión que se restituyó a su antiguo

licenciatario.

Según el jurista A. Aquino Britos hay dos puntos principales cuestionables en la ley deradiodifusión 22.285:

• La excesiva reglamentación de los servicios de radiodifusión.

• La atribución de funciones legislativas y judiciales que se concede a la

administración pública. Es por esto que la ley viola los arts. 1° y 19 de la Constitución

Nacional. “La asunción de tales facultades, y so pretexto de control y su regulación ha

llevado a organismos como el Comité Federal de Radiodifusión creado por esta ley, a

2 Ibidem, pág.206

4



asumir funciones represivas y sancionatorias que, por la lógica división de las funciones

del poder y del gobierno, le corresponde indudablemente al Poder Judicial de la Nación o

las provincias (verbigracia la aplicación de penas que hace el COMFER, art. 88), sin

apelación judicial”.3

“... la ley 22.285 y máxime su art. 28, que dispone la clausura, decomiso o incautación

del material de radiodifusión, deviene inaplicable en concordancia o relación con el art. 13

del Tratado del Pacto de San José de Costa Rica (Adla, XLIV-B, 1250) incorporado a la

Constitución Nacional, como tratado constitucionalizado, lo que por imperio del mismo la

norma inferior quedó derogada por la ley superior y posterior, que expresamente veda el

procedimiento establecido en la vieja ley de radiodifusión” 4.

2. La democracia. El gobierno de Raúl Alfonsín. En este período no se legisló

demasiado sobre la materia, a pesar de existir diversos temas, que por ser un nuevo período

político, necesitaban tratamiento. Por ejemplo, se destacaba la necesidad de legislar sobre

la prohibición de ciertos contenidos de los mensajes y la limitación en el tratamiento de la

información, entre otros.

El decreto 1151/84 suspendió el Plan Nacional de Radiodifusión (Planara) aprobado por

el decreto 462/81 y todos los concursos para todos los servicios de radiodifusión sonora ytelevisión previstos en este plan ante los numerosos cuestionamientos a su transparencia.

Esto produjo la propagación de emisoras de frecuencia modulada, que comenzaron a

realizar sus actividades al margen de las normas legales.

3

EKMEKDJIAN, Miguel A. Derecho a la información, Ed. Depalma, pág.14 citado por AQUINO BRITOS, Armando, La radiodifusión después de la reforma constitucional en LaLey, t. 1996-C, pág. 1224.4 Ibidem, pág. 1224.

5



El Comfer pasó a manos de un Interventor, situación que continúa hasta ahora. Si se

constituyera como establece la ley vigente, según su art. 95, su Directorio estaría integrado

por los Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, la Secretaría de

Información Pública, la Secretaría de Estado de Comunicaciones y las Asociaciones de

Licenciatarios; actuando como órgano asesor del Directorio una Comisión formada por

representantes de los Ministerios del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Inteligencia

del Estado.

Según Jorge E. Noguer, la presión de grandes grupos mediáticos que, ante la posibilidad

de que se discuta una ley con ciertas características perjudiciales para los mismos y “que

les dé a las provincias el manejo y el control descentralizado del servicio y la instauración

de un sistema mixto, induce al Organo de Aplicación a llevar a la Presidencia de la Nación

el proyecto de mantener la ley del gobierno militar” 5.

Sin embargo para este autor, también existía la presión de los dueños de los diarios y

periódicos para ingresar en el negocio de radiodifusión. Para esto, se necesitaba derogar el

art. 45 de la ley de radiodifusión 22.285, que prohibía la participación de los mismos en

este mercado. Esto se cumpliría en el gobierno de Carlos Menem, en el que se darían las

condiciones legales necesarias, lo que propiciaría la formación de los grandes multimedios.

El gobierno de Carlos S. Menem. A partir de los años 80 los medios masivos sufrieron

grandes cambios. En esta década surgen dos hechos significativos en nuestro paíscon respecto a la radiodifusión.

Por un lado, surgen lo que Oscar Landi llama los “nuevos medios locales”.6 La

televisión por cable se expandió notablemente en toda el país. En 1996 el cable llegaba al

49% de los hogares que tenían televisión, los cuales representaban el 93% de la población.

5

NOGUER, Jorge E., Aportes para una Ley de Radiodifusión en “Revista Plural 8”,Revista de la Fundación Plural para la participación democrática. Estado, Sociedad yMedios de Comunicación, 1985, pág.86.6 Cfr. con LANDI, Oscar, op.cit., pág.159.

6



Además, se incrementa en forma acentuada la radios de frecuencia modulada. Para esta

época hay más de tres mil radios “libres”, o sea sin autorización previa y casi dos mil

legalizadas. Se permitió entrar a la Iglesia Católica en este rubro, poseyendo en esa época

en operaciones más de setenta radioemisoras7

.

El otro hecho relevante es la formación de las grandes empresas multimedios,

posibilitado por la reforma realizada por el ex-presidente Carlos Menem en su primer

gobierno, por la Ley 23.696 conocida también como Ley Dromi, en la cual deroga un

inciso del art. 46 de la ley 22.285. Este inciso establecía que el objeto social de las

licenciatarias de radiodifusión debía ser exclusivamente la prestación y explotación de

servicios de radiodifusión, lo que su derogación permitió el ingreso de la prensa escrita que

veía disminuir día a día el número de lectores de diarios y periódicos. Las empresas

multimediáticas agrupan también a agencias de publicidad, a productoras de discos, etc. Se

permitió así la formación de monopolios.

Más adelante, con el decreto 1005/99, dictado por el Dr. Carlos Menem, se sustituyeron

y modificaron ciertos artículos de la ley 22.285 por otros, que permitieron aún más la

concentración informativa. Con la reforma del art. 43, se eleva de 4 a 24 el número de

licencias que el Comfer podía adjudicar a una misma persona o sociedad comercial, con el

argumento de que esta ley se basaba en un mercado de radiodifusión que nada tenía que

ver con el actual, mucho más desarrollado. Este decreto también, abolió la

intransferibilidad de las licencias, lo que propició que las licenciatarias más débilessucumbieran con facilidad ante las presiones de los grandes grupos económicos.

El artículo 68 de la Ley 22.285 prohibía la constitución de redes permanentes pero sí

transitorias en el caso de emisiones de programas de interés general, con la previa

autorización del Comfer. El decreto 1005/99 permite construir redes privadas permanentes,

7 Cfr. con PASQUINI DURÁN, José María, La ley sin política en “Revista Acción”,18/01/96, n°706, pág.3.

7



con la previa autorización del Comfer, lo que favorece aún más el fortalecimiento de los

monopolios.

Grupos monopólicos de empresas telefónicas y multimedios se enfrentan en este

período sobre el contenido de una ley de radiodifusión. Hubo un proyecto oficial de

radiodifusión, sin debate previo en la sociedad, que no llegó a concretarse, suscrito por el

justicialista Juan Manuel Valcarcel. La puja entre estos grupos se daba especialmente

alrededor de un inciso del proyecto que no permitía a las compañías telefónicas ingresar

como licenciatarias en servicios de radiodifusión, pero sí que las empresas multimedios

podían penetrar en el negocio de las comunicaciones, lo que incluía a la telefonía. En 1996

declaraba Fernando Solanas con respecto a este proyecto: “es antidemocrático y autoritario

no solamente porque está al servicio de intereses económicos muy precisos, sino porque no

defiende la pluralidad” 8.

Según las compañías de teléfonos (Telefónica de Argentina y Telecom, las únicas hasta

la desregulación de las comunicaciones, luego de que en 1990 se repartieran Entel tras ser

privatizada) el proyecto oficial protegía los intereses de las empresas de televisión por

cable.

Para la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), la Asociación de

Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación Argentina de Televisión por

cable (ATVC) el proyecto “preserva la seguridad jurídica, alienta las inversiones, favorece

la competencia y resguarda la libertad de expresión”.

9

Los defensores de las compañías de cable sostenían que las telefónicas eran empresas

extranjeras, por lo que no deberían controlar la radiodifusión. Sin embargo, en el negocio

del cable participaban como socios mayoritarios capitales extranjeros. Favorecer a uno u

otro tenía relación, en realidad, con cuestiones políticas y económicas que involucraban a

8 FREIDENBERG, Leonardo y GARBER Marina, La parte del león, en “Revista Acción”,18/01/96, n°706, pág.2.9 Ibidem, pág.3.

8



los políticos de turno y sus propios intereses y no con un proyecto de ley pensado para

favorecer al común de la gente o a los intereses nacionales 10.

Un objetivo central en la política de radiodifusión de este gobierno, fue la privatización

de los servicios de radiodifusión administrados por el Estado nacional. La Ley 23.696 de

reforma del Estado del primer gobierno de Menem declara la emergencia administrativa

del Estado Nacional y lo faculta, en su art. 8, a la “privatización total o parcial o a la

liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya

propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado nacional, incluyendo las empresas

emisoras de radiodifusión y canales de televisión” declaradas como sujetas a privatización

por la misma ley. Entre las empresas de radiodifusión que esta ley permitió ser privatizadas

figuran: L.S. - 84 T.V. Canal 11, L.S. 85 – T.V. Canal 13, L.R. 3 – Radio Belgrano, L.R.5

– Radio Excelsior y todos los medios de comunicación administrados por el Estado con

excepción de: L.S.82 ATC – Canal 7, L.R.A. 1 Radio Nacional Buenos Aires, Radio

Difusión Argentina al Exterior (RAE) y las emisoras que integran el Servicio Nacional de

Radiodifusión.

La ley 23.696 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a dictar un régimen de regulación

para los medios de radiodifusión que funcionaban al margen de lo legal, atento la

proliferación de emisoras de radiodifusión sonora de frecuencia modulada enmarcadas eneste aspecto. Para el otorgamiento de licencias se convocó a concurso público o se otorgó

en forma directa, de acuerdo al medio de radiodifusión de que se trataba. La adjudicación,

prevista en el decreto menemista 310/98, fue muy cuestionada por su transparencia

presentándose gran cantidad de denuncias e impugnaciones. A raíz de las irregularidades

mencionadas, la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación dictó

una resolución, por la cual se suspendieron por ciento ochenta (180) días todos los actos

10 Cfr. con Ibidem, pág.3.

9



relativos a estas adjudicaciones, procediéndose a revisar las mismas con el objeto de

estimar su legitimidad y la de las prácticas por las que se llevaron a cabo.

En relación con el contenido de las emisiones, el decreto 1771/91, dictado por el Dr.

Carlos Menem, derogó el artículo 1º de la reglamentación de la ley 22.285 que controlaba

los mismos. Como ejemplos a destacar, algunos incisos de este artículo prohibía “todo

contenido que pretenda justificar la traición a la patria, que exalte formas de vida o

ideologías reñidas con las normas éticas, sociales o políticas de nuestro país o que atente

contra la seguridad nacional”; establecía que “en los programas de carácter

específicamente religioso o en aquellos donde se traten temas relativos a los dogmas, solo

podrán actuar los representantes de los cultos reconocidos y aquellas personas de probada

solvencia moral y cultural” y ordenaba “abstenerse de todo comentario o parecer acerca de

litigios judiciales pendientes que pueda ser interpretado como un intento de influir una

decisión judicial, o que en cualquier forma pueda interferir el curso regular de la justicia,

creando además una opinión adversa a aquélla en el público”.

El mismo decreto, derogó además, el artículo 2º de esta reglamentación que controlaba

la transmisión de informaciones, noticias, comentarios y notas periodísticas. Por ejemplo,

este artículo disponía que “la información sobre actos subversivos deberá ser emitida en

cuanto a imagen, relato, interpretación o referencia, afirmando el carácter delictivo de los

hechos a efectos de negar la acción o propósito de los delincuentes”.Según el jurista Horacio Creo Bay: “El ejercicio de la radiodifusión -como el de la

prensa- está sujeta a responsabilidad ulterior (civil y penal) por el contenido de las

emisiones, por lo que predeterminar tal contenido por parte de los poderes públicos no es

otra cosa que una forma de censura previa”.11

11 CREO BAY, Horacio, Hacia una mayor desregulación de la radiodifusión: el decreto1771/91 en La Ley, t. 1991-E, pág.1270.

10



El artículo 5 de la Ley 22.285 promulgaba que los licenciatarios debían ajustarse a un

Código de Ética, instrumentado por la Autoridad de Aplicación, y respetar ciertos valores

como: “exaltar la dignidad de la persona humana, el fortalecimiento del respeto por las

instituciones y las leyes de la República y el afianzamiento de los valores inherentes a la

integridad de la familia, la preservación de la tradición histórica del país y los preceptos de

la moral cristiana”. El artículo 1º del decreto 1005/99 suma estos valores otros como: “el

respeto a la libertad, la dignidad de las personas, los derechos humanos y el afianzamiento

de la democracia”.

Este decreto sustituye el art. 20º de la ley citada, en el cual los contenidos de los

programas educativos debían ser aprobados por la autoridad educativa correspondiente; por

otro, que si bien, establece que los mismos deben seguir los lineamientos de la política

educativa, no controla sus contenidos.

En el período del gobierno de Carlos Saúl Menem se aprobaron muchos convenios

internacionales como el Convenio Internacional de Telecomunicaciones y aquellos con

algunos países extranjeros (Reino de Suecia, España, Italia, Unión Económica Belga-

Luxemburguesa, Estados Unidos y Canadá) y la Argentina sobre promoción y protección

recíproca de inversiones. Fueron confirmados por el decreto 1853/93 que “estableció el

principio de que los inversores extranjeros gozan de iguales derechos que los inversores

locales y sin necesidad de aprobación previa”, esto incluía por supuesto los negociosrelacionados con la radiodifusión. La entrada de capital extranjero al negocio de la

radiodifusión fue uno de los factores que contribuyeron a la formación de los monopolios

en esta rama.

Para la Secretaria Adjunta del Sindicato de Prensa Rosario, Alicia Simeoni: “Todas las

modificaciones que se realizaron respondieron a las leyes del mercado que mostraron el

feroz tironeo entre los grupos oligopólicos con fuerte presencia transnacional. Los cambios

11



en el mapa de la propiedad de los medios de comunicación se dieron a la vez que se

producían los cambios tecnológicos y el entrecruzamiento de intereses económicos y

financieros con otros sectores de las comunicaciones (televisión por cable, telefonía y

otros). Distintos autores que han seguido el proceso de concentración que se dio en los

sectores televisivos y de telecomunicaciones –es el caso de Albornoz, Castillo, Hernández,

Mastrini y Postolsky en “Globalización y Monopolios en la Comunicación en América

Latina”- señalan que no se puede comprender la concentración que se dio en los sectores

mencionados sin enmarcarla en el proceso de convergencia tecnológica iniciado

mundialmente y que las empresas transnacionales, tanto de la Unión Europea como de los

Estados Unidos trasladaron y trasladan a la Argentina” 12.

3. El pacto de San José de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica fue

incorporado a nuestra legislación por la ley 23.504 y más tarde por la reforma

constitucional de 1994.

Este tratado, “entre otros derechos humanos establece el de radiodifundir la

información, protegiendo al ser humano (art. 1°) conteniendo normas que en su art. 13,

amparan y garantizan la libertad de pensamiento y de expresión, buscar, recibir

información, etc. ...sin consideración de fronteras, sea oralmente o en forma escrita...”

13

.La libertad de expresión es un derecho humano consagrado en la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, de 1948, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

de la ONU, en 1966 y la Convención Americana de Derechos Humanos del Pacto de San

José de Costa Rica. El artículo 13 de esta última legislación señala que “toda persona tiene

el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad

12 SIMEONI, Alicia, Desgrabación de la quinta audiencia pública realizada el 06 de agostode 2001 en la ciudad de Rosario en www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.13 AQUINO BRITOS, Armando, op.cit., pág.1227.

12

http://www.rt-a.com/




de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier otro

procedimiento de su elección”.

Al ser la ley 23.504 y la reforma constitucional posteriores a la ley 22.285 e incorporado

el Tratado como constitucionalizado, debe aplicarse lo establecido por ellas por sobre la

vieja ley de radiodifusión. Por lo tanto las restricciones al contenido de las emisiones y a la

libertad de información quedarían sin margen legal no solo por los decretos y leyes

posteriores sino también por la Constitución Nacional.

4. Proyectos de ley en la actualidad. Desde la llegada de la democracia hasta hoy, se

presentaron 36 proyectos de ley de radiodifusión en la Cámara de Diputados y 7 en la

Cámara de Senadores. Solo unos pocos lograron el dictamen de alguna comisión, pero

ninguno tuvo aprobación de una Cámara.

La ley vigente continúa siendo de un gobierno de facto, modificada parcialmente por

decretos y por otras leyes.

En el gobierno de Fernando De la Rúa y en los posteriores no hubo avances en la

legislación sobre radiodifusión. Si hubo, en el gobierno del primero, una clara decisión de

promulgar una nueva ley de radiodifusión, presentando para lograrlo un proyecto de ley através del Comfer, que se analizará posteriormente.

Los proyectos presentados en la actualidad en el Congreso de la Nación son los

siguientes:

• El 6460-D-00 de los diputados Norberto Nicotra y Dr. Pablo Fontdevila.

• El 011-PE-01, remitido por el Poder Ejecutivo de Fernando De la Rúa y elaborado

por el Comfer.

13



• El 0211-D-01 del diputado Rafael Flores.

• El 0571-D-01 de los diputados Jorge Folloni, Ricardo Gómez Diez, Luis Díaz

Colodrero e Ismael Cortinas.

• El 0771-D-01 de los diputados Dra. Irma Parentella, vocal de la Comisión, Marcela

Bordenave, Graciela Ocaña, Jorge Giles, Eduardo Macaluse, Rafael Flores, Rubén

Giustiniani, Fernando Melillo y Atilio Tazzioli. Este proyecto está elaborado solo para los

medios y servicios de radiodifusión sonora y televisiva y de la agencia de noticias y

publicidad del Estado Nacional.

• El 6258-D-01 del diputado Héctor Polino y otros.

En todo el país se realizaron audiencias públicas consultivas para debatir el proyecto de

ley de radiodifusión del Comfer, presentado ante la Cámara de Diputados en fecha 25 de

abril de 2001 y también los otros proyectos. El del Comfer, con mayoría en el Congreso,

aún puede sufrir modificaciones durante su tratamiento en comisión y también en los

plenarios de cada Cámara en el Congreso Nacional.

La 1° audiencia pública fue en la ciudad de Resistencia en fecha 11/06/01, la 2° en San

Miguel de Tucumán en fecha 25/06/01, la 3° en San Juan en 02/07/01, la 4° en Trelew en

fecha 23/07/01, la 5° en Rosario en fecha 06/08/01 y la 6° audiencia en la ciudad de

Buenos Aires en fecha 30/08/01.

Según palabras del interventor del Comfer (en ese momento, el Dr. Gustavo López) se

decide desde el Poder Ejecutivo presentar una ley que abarque solo a la radiodifusión y no

a las telecomunicaciones por el hecho de que los avances tecnológicos, en especial la

convergencia calculada para dentro de una década, provocarían la necesidad de

resoluciones y disposiciones reglamentarias posteriores. Los otros proyectos presentados

también se refieren únicamente a la radiodifusión.

14



Los actores que participaron en las audiencias públicas fueron: A.A.A. (Asociación

Argentina de Actores); ACORCA; ARCA (Asociación de Radiodifusores Católicos

Argentinos); ARGENTORES; ARPA (Asociación de radiodifusoras privadas argentinas);

ARUNA (Asociación de Radiodifusoras de Universidades Nacionales de Argentina);

ASER (Asociación de empresarios de radiodifusión en FM); ASO (Asociación Argentina

de Sordos Orales); Asociaciones de Medios de Comunicación, de trabajadores de prensa y

de operadores; Asociaciones empresarias; ATA (Asociación Teleradiodifusoras

Argentinas); CAA (Cámara Argentina de anunciantes); CARCO (Cámara Argentina de

Cooperativas, Mutuales y otros Prestadores Comunitarios de Radiodifusión); CEMCI

(Comisión Empresaria de medios de comunicación independientes); el Comfer (su

Interventor, el Dr. Gustavo López y autoridades del mismo en el orden nacional y

provincial); Cooperativas de servicios públicos y de radiodifusión; COSITMECOS;

Diarios y Revistas nacionales y locales; Diputados Nacionales y Provinciales; Estudiantes

de carreras afines; Defensoría del Pueblo de Rosario; Empresas de publicidad; FACSO;

FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa); FECOTEL (Federación de

Cooperativas Telefónicas); Federación de los Trabajadores de Prensa; Funcionarios de los

Gobiernos Provinciales y Municipales; Grupo Clarín; Mutuales; Radio Nacional

Argentina; representantes de Emisoras de radiodifusión sonora en modulación de

frecuencia y modulación de amplitud, privadas y de organismos públicos; representantes

de canales de cable, de televisión abierta y de empresas que brindan servicios de cable alos usuarios; representantes de la Iglesia Católica; SADAIC (Sociedad Argentina de

Autores y Compositores de música); SAL (Sociedad Argentina de Locutores); SAT

(Sindicato Argentino de Televisión); Sindicatos de prensa y otros; TAP (The Television

Association of Programmers Latin America); TELAM; Vecinales y otros con intereses en

el tema de la radiodifusión.

15



Lo importante de estas audiencias es que en las mismas no solo se analizó el proyecto

del Comfer, sino también los demás proyectos de ley sobre radiodifusión y surgieron en las

mismas, de la pluralidad de actores involucrados, los temas que interesaban a los mismos

debatir.

Hay ciertos temas que en la legislación sobre radiodifusión desde la promulgación de la

ley 22.285 hasta la actualidad que fueron desarrollados por la misma y que aún continúan

como ejes de debate en la materia, discutiéndose los mismos en las audiencias públicas por

generar opiniones encontradas. Estos se refieren a:

• Los contenidos de los mensajes: De su control estricto por la ley 22.285 y de pensar

a los medios de radiodifusión al servicio de los propósitos del Estado dictatorial se logró la

libertad de prensa asegurada por decretos y leyes posteriores en acuerdo con la etapa

democrática iniciada y por el Pacto de San José de Costa Rica.

• La intransferibilidad de las licencias de radiodifusión: De la prohibición absoluta

por la ley de radiodifusión vigente, mediante la derogación de los artículos respectivos, se

autorizaron las mismas sin ningún tipo de limitaciones. Esto permite la concentración de

los medios en manos de los grandes empresarios ya que los licenciatarios más pequeños

sucumben ante la presión económica de los mayores.

• La multiplicidad de las licencias de radiodifusión: La limitación de poseer hasta 4

licencias de radiodifusión se amplió a 24. Esto posibilita la centralización de gran cantidad

de medios en pocas manos.

• La instalación de redes: De la autorización de transmitir en redes de forma

transitoria y bajo ciertas condiciones se permitió instalar redes en todo el país con las

consecuencias que conlleva para los medios locales y las regiones del interior.

16



• La formación de monopolios: Esto es consecuencia de los últimos tres puntos y de

la posibilidad de formar grupos multimedios al autorizar a los dueños de diarios y

periódicos a ingresar al negocio de la radiodifusión.

17



Capítulo II

LOS TEMAS DE DEBATE

Sumario: 1. Centralización en la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional. 2.La formación de monopolios. 2.1. La multiplicidad de licencias y su transferibilidad.2.2. Las redes permanentes y la instalación de repetidoras. 2.3. La Concentración enla Capital Federal de la producción y la propiedad de los medios de radiodifusión.2.4. El ingreso de nuevos capitales a las empresas de radiodifusión. 3. Otras formasde participación. 3.1. Los órganos de contralor. 3.2. La propiedad de los medios deradiodifusión. 4.1. La convergencia tecnológica.

Se analizan aquellas cuestiones, mencionadas anteriormente, que surgieron como

problemáticas a resolver en las audiencias públicas. Esto es así porque en la legislación

vigente no han sido contempladas o porque las mismas generan un disenso importante

entre los actores involucrados en el tema.

1. Centralización en la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional. Una

cuestión, numerosamente formulada en las audiencias públicas por distintos sectores, es la

descentralización de la jurisdicción y competencia de la radiodifusión.

18



Según la Ley 22.285, la administración de las frecuencias y el control de los servicios

de radiodifusión están a cargo del Poder Ejecutivo Nacional sin la participación de los

gobiernos provinciales y municipales. La adjudicación de licencias es otorgada por éste por

concurso público; en el caso de servicios complementarios, se otorga por adjudicación

directa por la Autoridad de Aplicación, cuyos funcionarios son nombrados por el Poder

Ejecutivo Nacional.

Uno de los motivos que tiene la Ley 22.285, según su propio preámbulo, para que la

radiodifusión esté bajo esta jurisdicción es la limitación técnica de la radiodifusión. El otro

es la seguridad, principio que es el objeto mismo de esta ley, según su propia definición.

Para el legista A. Aquino Britos “si se tiene presente que una de las finalidades que tuvo

el Estado en oportunidad de la sanción de la ley 22.285 era la seguridad y el control como

uno de los mecanismos que develaban una fuerte presencia del Estado en la vida cotidiana

de los ciudadanos, vemos que ello ya no es acorde con las actuales circunstancias, no solo

por el cambio de régimen de gobierno desde 1983 a la fecha, trocando dictadura por

democracia, sino que también ello se advierte con la integración efectiva con los países

latinoamericanos, más concretamente con los limítrofes, verbigracia vía el Mercosur”. “La

seguridad y control como fines deben ceder ante la libertad e integración, aspectos no

contemplados en la vieja ley 22.285”.14

En una república federal, la Nación tiene el deber de reconocer a las provincias laadministración y control de sus recursos naturales. Esto está avalado por la Constitución

Nacional. Según el art. 124 de la reformada Constitución Nacional, “...corresponde a las

provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio...” lo

cual incluye al espacio aéreo.

14 AQUINO BRITOS, Armando, op. cit., pág.1222.

19



En el art. 126 de la Constitución Nacional, donde se enumeran específicamente los

derechos que las Provincias delegan al Poder Ejecutivo Nacional, no se nombra a la

radiodifusión, por lo cual esta no debería ser dominio federal.

Por lo tanto, el art. 2° de la ley 22.285 donde se determina que “compete al Estado

Nacional la administración del espacio radioeléctrico y la regulación de los servicios de

radio y televisión...” ha sido derogado por el art.124 de la Constitución Nacional. Sin

embargo, en la práctica se continúa aplicando el mismo.

Los proyectos de los diputados Folloni y Polino no varían en este aspecto. La

administración de las frecuencias y el control de los servicios de radiodifusión siguen

estando bajo el Poder Ejecutivo Nacional sin participación de las provincias ni de las

municipalidades.

La única propuesta de innovación en este aspecto la realiza el proyecto de ley de

radiodifusión del Comfer en el gobierno de Fernando De La Rúa en su art. 6: “Previamente

a toda modificación del Plan Técnico Nacional se solicitará a las provincias interesadas y

al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que manifiesten sus necesidades

respecto a la cantidad y características de los Servicios de Radiodifusión para sus

respectivos territorios. Estos requerimientos no tendrán carácter vinculante”. Pero, es solo

una consulta que se tendría en cuenta, pero no una participación efectiva de las mismas las

provincias o de otros poderes. Las licencias de radiodifusión sonora de amplitud moduladay de televisión abierta serían otorgadas, según este proyecto, por el Poder Ejecutivo

Nacional; el resto por la Autoridad de Aplicación formada por funcionarios nombrados por

el mismo. Continuando la centralización de la administración y de la adjudicación de

frecuencias en manos del Poder Ejecutivo Nacional.

Los funcionarios del Comfer que realizaron el proyecto se defienden de la acusación de

la falta de federalismo de éste, argumentando que debe ser una autoridad nacional y federal

20



la que debe aplicar el plan técnico para la adjudicación de licencias, porque se necesita una

coordinación territorial y nacional ya que las frecuencias no tienen límites geográficos.

Para Norberto Nicotra, Diputado de la Nación, el Proyecto del Comfer “centraliza en el

Poder Ejecutivo la adjudicación de licencias y la designación de los miembros de la

autoridad de control en ese tema, a quien le asigna incluso facultades punitivas, inherentes

al Poder Judicial, al posibilitar, por ejemplo, el decomiso e incautación de bienes sin orden

judicial. Es intervencionista ya que establece que el espectro radioeléctrico es un bien del

dominio público del Estado”.15

En el proyecto del diputado Nicotra también la administración de frecuencias y control

de los servicios son competencia del Poder Ejecutivo Nacional a través de la Autoridad de

Aplicación conformada por funcionarios nombrados por este. Sin embargo, realiza algunas

salvedades, ya que su art. 18 establece que “las jurisdicciones que así lo soliciten, podrán

firmar convenios” con la Autoridad de Aplicación “para adjudicar las licencias de los

servicios de radiodifusión, clasificados por la norma técnica como de baja y muy baja

potencia, cuyos centros de emisión se encuentran localizados en el territorio provincial

según lo establecido en el Plan Nacional de Radiodifusión”.

El proyecto que contempla mayor descentralización en este sentido, es el del diputado

Flores que en su Art. 3° establece que “los servicios de radiodifusión estarán sujetos a la

jurisdicción federal”, creando en su art. 52 “el Ente Federal de Radiodifusión (EFR),

autoridad nacional de aplicación de la presente ley, organismo autárquico que funcionaráen la órbita del Poder Ejecutivo Nacional” conformado por representantes de las

provincias, de los sindicatos de trabajadores de los medios electrónicos de comunicación

social y del sector empresario de la rama respectiva. Además, las radios de frecuencia

modulada cuyas emisoras estén instaladas en territorios provinciales serán adjudicadas por

las correspondientes Autoridad de Aplicación provinciales. Delega también, en las

15 NICOTRA, Norberto, La alternativa en Diputados en Diario “Página 12”, Buenos Aires,05 de agosto de 2001.

21



municipalidades la autorización para la prestación de servicios por abono mediante vínculo

físico.

Algunas de las propuestas que se manifestaron en las audiencias públicas, con respecto

a este tema fueron:

a) Que las jurisdicciones provinciales estén autorizadas para adjudicar las licencias de

baja o muy baja potencia, sobretodo aquellas emisoras cuya frecuencia no se propaga más

allá de los límites provinciales, como ocurre con muchas de las emisoras de frecuencia

modulada.

b) Que las jurisdicciones provinciales tengan competencia en las adjudicaciones de

todas las licencias, correspondiendo a la Nación la administración de las frecuencias, o sea

lo correspondiente a la cuestión técnica de la radiodifusión.

c) Que no se delegue la adjudicación de licencias en la Autoridad de Aplicación (en la

actualidad, el Comfer), ya que quedará librada a la exclusiva discrecionalidad de un

funcionario político de turno.

d) Que la autoridad de aplicación esté formado no solo por funcionarios nombrados por

el Poder Ejecutivo sino también nombrados por las Cámaras de Diputados y Senadores.

2. La formación de monopolios. Se denomina monopolio al “régimen económico

derivado de preceptos legales o de circunstancias de hecho, mediante el cual una o varias

ramas de la producción se sustraen de la libre competencia, para quedar en manos de una

empresa o de un grupo de empresas que se hacen dueñas del mercado. El monopolio puede

ser público, cuando se establece en beneficio del Estado; y privado, cuando se ejerce por

particulares. Como norma general puede decirse que los monopolios privados están

22



legalmente prohibidos y pueden configurar delito.” 16 Pueden operar cambiando el precio o

disminuyendo o aumentando la producción para obtener la mayor ganancia posible.17

En la legislación actual hay varias leyes y decretos que favorecen la formación de

monopolios en lugar de prohibirla. Algunos proyectos intentan de alguna forma ponerle

frenos. Aunque para muchos, no plantean normas que sean suficientes para detener el

avance de los mismos que se viene produciendo desde la Ley de Reforma del Estado y los

decretos menemistas.

2.1) La multiplicidad de licencias y su transferibilidad

La ley 22.285 establecía que solo se podían obtener hasta 4 licencias de radiodifusión,

de las cuales solo una podía ser de televisión abierta y una de radiodifusión sonora. Con el

decreto 310/98, la radio se desdobló en amplitud modulada y frecuencia modulada y

permitió poseer dos licencias de radiodifusión sonora: una de am y otra de fm.

El decreto 1005/99 posibilitó obtener hasta 24 licencias de radiodifusión en distintas

localizaciones y en una misma localización: 1 de radiodifusión sonora, 1 de televisión

abierta y 1 de servicio complementario con el argumento de que la situación

comunicacional había variado, ya que antes existía un mercado menos desarrollado que elactual. La multiplicidad de licencias junto con otras medidas que impuso este decreto (la

transferibilidad de licencias, la posibilidad de establecer redes y la entrada del capital

extranjero a los servicios de radiodifusión, ya cobijado esto último por la ley de

inversiones extranjeras) apoyó la formación de grandes grupos económicos.

16

OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, políticas y sociales , Ed. ObraGrande S.A., Montevideo, Uruguay, 1986, vbo. monopolio.17 Cfr. con CRACOGNA, Dante, La radiodifusión y las cooperativas (Un caso dediscriminación) en Jurisprudencia Argentina, t. 1997-III, pág.926.

23



Los proyectos de ley presentados mantienen esta situación, con algunas variantes en la

cantidad de licencias que se pueden poseer. Pero agregan algunas restricciones a lo

ordenado por este decreto menemista: la cantidad debe ser menor de veinticuatro si las

licencias están en el mismo área de cobertura primaria y nunca pueden sobrepasar las doce

licencias de televisión abierta en el interior del país. El proyecto del Comfer es el que

permite la mayor cantidad de licencias de televisión abierta, pudiendo poseer 12 un mismo

licenciatario. Esto implicaría que entre los 39 canales del país de televisión abierta, al

poder tener 12 licencias, se repartirían solo entre tres capitales los que existen.

En las audiencias públicas, realizadas para debatir los proyectos de ley de radiodifusión,

se cuestionaron que los mismos no aplicaron un tope en el porcentaje de habitantes del país

cubiertos por la totalidad de los servicios de radiodifusión que explote una misma persona.

El movimiento cooperativo en la sexta audiencia realizada en la ciudad de Buenos Aires

propone que “la sumatoria de la totalidad de las áreas de coberturas primarias de las

licencias para cada tipo de servicio que explote una misma persona en ningún caso puedan

superar el 45% de la totalidad de los habitantes del país, según los datos que surjan del

último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado”. Según este movimiento es la

forma de “garantizar que ninguna empresa pueda concentrar excesivamente la

radiodifusión ya que si las 12 licencias de televisión abierta, por ejemplo, se dan en las

ciudades de mayor cobertura el porcentaje excedería este 45%” 18.

Otro tema relacionado con la multiplicidad de licencias, en cuanto genera las mismas

consecuencias con respecto a la formación de empresas de radiodifusión monopólicas, es

la posibilidad de transferibilidad de las licencias en la actualidad. La ley 22.285 no lo

permitía. El decreto 1005/99 elimina esta restricción, posibilitando la compra y venta de

las mismas.

18 Propuesta del movimiento cooperativo de un borrador para el debate sobre una nueva leyde radiodifusión, Desgrabación de la sexta audiencia pública realizada el 30/08/01 en laciudad de Buenos Aires, en www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.

24





La ley 22.285 autorizaba la transferencia o cesión de partes, cuotas o acciones (previa

autorización) luego de 5 años de comenzadas las emisiones. Este decreto suprime estos

requisitos y hoy muchas veces no se sabe quién es el dueño de una empresa de

radiodifusión, si fue transferida o no y solicitan autorización luego de la compra de la

misma.

O sea, las transferencias se realizan sin previa autorización y sin plazo. Por lo tanto, se

puede pedir una licencia y se la puede vender sin haber comenzado ninguna transmisión

por la radio o el canal de televisión adquirido.

En todos los proyectos presentados las licencias y las acciones pueden ser transferidas

luego de un tiempo de ser adjudicatario, (que varía con cada uno) previa autorización.

Mientras tanto, a partir del decreto, no se necesita pedir autorización previa para transferir

una licencia ni es necesario que pase un tiempo luego de su adquisición.

A pesar de estar permitido, esto viola la ley de la competencia (posibilitando a los

grupos económicos concentrarse aún más) y atenta contra la pluralidad de la información.

“El órgano de contralor, que se entera por los diarios después de la operación, tiene que

pedir los papeles y luego de un año o un año y medio, lo debe intimar a vender” 19.

La consecuencia más importante en la transferencia de licencias es que permite que los

grandes grupos económicos presionen económica y políticamente a licenciatarias menores

produciendo su desaparición.

2.2. Las redes permanentes y la instalación de repetidoras. A partir de la década del 30’la radiodifusión sonora del país comenzó a funcionar mediante el sistema de cadenas. En

1935 se incorporó LR1 Radio El Mundo y 20 años más tarde había tres grandes cadenas:

Belgrano, Splendid y El Mundo. Con la ley 14.241 de 1953 del 2° gobierno peronista (la

única ley de radiodifusión constitucional hasta el momento) esta situación se legaliza. Se

promulga la existencia de tres cadenas privadas y una pública. Las primeras se adjudicaron

19 Desgrabación de la visita del señor gustavo lópez a la reunión de la comisión decomunicaciones e informática del día 05 de junio de 2001 en www.hcdn.gov.ar , 07 deagosto de 2002.

25

http://www.hcdn.gov.ar/





a personas o instituciones ligadas al gobierno peronista, el cual ejerció un fuerte control

sobre las mismas20. En 1955 el golpe de Estado que derrocó a Perón dejó sin efecto la ley

14.241. Dos años más tarde se sanciona el decreto-ley 15.460 por el cual las emisoras

debían ser explotadas individualmente. Esto significa abandonar el sistema de redes (al

menos teóricamente) y la creación de numerosas emisoras nuevas. Las licencias se

otorgaron a aquellos que apoyaron el gobierno de facto. Para la transmisión de televisión

también se prohibió el sistema de cadenas. Sin embargo, se realizaron transmisiones

diferidas.

La ley 22.285 continuó con la prohibición de formar redes permanentes. Solo en los

casos de emisión de programas de interés general se permitía la constitución de redes

transitorias mediante la autorización del Comfer.

El decreto 1005/99 autorizó la formación de redes privadas permanentes previa

aprobación del órgano respectivo, sin que fuera necesario respetar porcentajes de

publicidad locales o de producción propia o local. Lo establecido por este decreto en

relación a las redes de radiodifusión es la legislación vigente en la materia.

El ex presidente Fernando De La Rúa intentó mediante un decreto la instalación de

repetidoras en todo el país, tanto de radio como de televisión abierta. Esto generó diversas

reacciones adversas en todo el país mediante recursos presentados a la Justicia logrando

que el mismo no se firmara.

La ley 19.798 (Ley Nacional de Telecomunicaciones), los tratados internacionales enlos que la República Argentina es parte y los reglamentos nacionales, definen por red

privada permanente a la transmisión que realiza un conjunto de estaciones de radio o

televisión abierta que emiten en cadena la programación proveniente de una estación de

origen o estación cabecera.

20 Cfr. con LANDI, Oscar, op.cit., págs.161-3.

26



Todos los proyectos de ley permiten la constitución de redes, mediante autorización

previa del Comfer y bajo ciertas condiciones. A diferencia del decreto 1005/99, los

proyectos establecen porcentajes obligatorios de publicidad y producción propias y en

algunos proyectos, locales. Estos dos temas son centrales en las audiencias públicas.

Los proyectos mantienen los derechos de cada emisora sobre la publicidad que se emita

sobre el área de cobertura, facturando al anunciante de la publicidad o a la estación emisora

de origen un valor aritmético al valor facturado. Algunos de los proyectos proponen que un

porcentaje de la misma se realice en la localidad de cada estación de radiodifusión o sea

que se respete un porcentaje de producción local. Otros, en el que se incluye al proyecto

presentado por el Comfer, tan solo establecen un porcentaje de publicidad propia.

Como publicidad propia no significa publicidad local, es probable que la mayoría se

realice en Buenos Aires que es donde están ubicadas las sedes de las empresas

multimedios, tal como ocurre actualmente. Esto implica, en el caso de instalación de

repetidoras, que la publicidad generada por el consumo en cada región del país y la

comunicación de la propaganda oficial de los gobiernos provinciales y municipales,

aumentaría los ingresos de las cadenas nacionales. O sea, el dinero del interior se

trasladaría a La Capital Federal. Además, una gran parte de la producción de publicidad se

generaría con recursos de los consumidores del interior del país, ya que una parte del

precio que cada uno paga al comprar un producto o servicio en su localidad, se destina a

promover y publicitar el producto o servicio. Si esa parte se traslada a la Capital Federal,genera publicidad allí, con la consecuente compra de insumos y empleo de mano de obra

en esa región. El consumo y la recaudación de impuestos se concentrarán en esa región con

el correspondiente perjuicio para el interior, reduciendo el soporte económico que facilita

la producción local. Alrededor de las publicidades existe una gran cantidad de fuentes de

trabajo: contratación de productores, actores, técnicos y producción de programas locales.

27



Además, a los anunciantes les convendría contratar agencias de publicidad en Capital

Federal ya que sus anuncios serían difundidos a todo el país a través de las redes. Las

agencias del interior del país pierden así aquellos clientes nacionales que debían hacer sus

contrataciones en cada zona.

Ante la posible ausencia de medios locales y de los ingresos producidos por los mismos,

generada por la consolidación del sistema de redes y la posible instalación de repetidoras,

se disminuirá a las provincias, municipalidades o comunas los ingresos fiscales y

aumentará la recaudación a favor del Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires donde

se producirá la facturación de la publicidad.

Esta situación ocurre actualmente, pero se vería agravada si el sistema de redes se

consolida y si además se instalan mayor cantidad de repetidoras.

Todo lo dicho anteriormente con relación a la publicidad, se puede proyectar a la

producción de material radiofónico y audiovisual. Solo algunos proyectos (los de los

diputados Folloni y Polino) establecen porcentajes de producción local. Los demás, en los

cuales se incluye el proyecto del Comfer, se refieren solo a un mínimo de producción

propia que se debe respetar. Asimismo, cuando se habla de producción independiente

obligatoria, sino se exige que esa producción se haga en la zona donde está instalada la

emisora, se produce el mismo efecto y solo se favorece a las productoras capitalinas. Otra

cuestión, planteada en las audiencias, es qué sucederá con los canales que no estén encondiciones económicas de alcanzar las horas diarias de producción propia o local.

A pesar de que el art. 54 del proyecto del Comfer establece que los contenidos de las

emisiones deberán contemplar la utilización de fuentes locales y regionales, no está

específicamente reglamentado y es posible que fuentes de la Capital transmitan contenidos

locales pero a través de material producido en ellas. O sea, la producción puede ser

28



realizada en donde la licenciataria lo considere conveniente, por lo que la mano de obra

contratada no será necesariamente de la región.

El establecimiento de redes regionales y nacionales podría dar lugar al establecimiento

de repetidoras ya que, como se refirió anteriormente, producción propia no equivale a

producción local, por lo que las estaciones que reciben las señales de una emisora de

origen no tienen la obligación de producir material. Según la ley 19.798 (Ley Nacional de

Telecomunicaciones), los tratados internacionales en los que la República Argentina es

parte y los reglamentos nacionales, se define estación repetidora a aquella operada con el

propósito exclusivo de retransmitir simultáneamente las señales radioeléctricas generadas

por una estación de origen o por otra estación repetidora ligadas por vínculo físico o

radioeléctrico. La retransmisión debe ser idéntica a la de origen incluyendo la señal

distintiva.

Para muchos el establecimiento de repetidoras implicaría que las grandes cadenas

nacionales al establecer emisoras en todo el país, no renovarán los convenios para

retransmitir sus programas con medios del interior. Por lo tanto, los mismos no podrán

emitir los programas de mayor audiencia, en general producidos por estas cadenas, ya que

poseen mayor presupuesto. Imposibilitados de competir, los medios del interior, perderán

audiencia y con ello publicidad. Por lo tanto, generarán menos ingresos lo que disminuirá

la producción generando un ciclo en perjuicio de estos medios. Se argumenta desde otra perspectiva, que son emisoras y no repetidoras por lo que se empleará personal de la

región. Sin embargo, la administración y las compras estarán en Capital Federal y la mano

de obra ocupada será mínima.

Según la opinión de muchos se terminará con la libertad de expresión y el pluralismo

informativo ante el avance de los monopolios cada vez más fuertes generados entre otras

cosas por el establecimiento de redes de este tipo.

29



En las audiencias no se argumentó en contra de la instalación de repetidoras fuera de

áreas de cobertura o de recepción natural de las señales de origen, o sea en los llamados

conos de sombra, ya que sino, estas áreas quedarían sin ninguna señal. Siempre que, en el

caso de que se instale posteriormente una emisora, se determinaría la inmediata extinción

de la licencia de la repetidora.

Entre los proyectos, los que se refieren a la posibilidad de instalar repetidoras en las

áreas de cobertura primaria en los conos de sombra, son los de los diputados Nicotra y

Polino. Según expresa el Movimiento Cooperativo esto “implica simplemente la correcta

emisión de la señal en toda el área de cobertura para el caso de servicios abiertos” 21.

Es de destacar que el proyecto del diputado Polino, en concordancia con lo solicitado

por el Movimiento Cooperativo en las audiencias públicas, establece en su art. 49° inciso

d) que “las áreas de coberturas primarias sumadas de todas los servicios de radiodifusión

integrantes de una red privada, tanto la estación de origen como las asociadas, sean de un

mismo titular o de distintos licenciatarios, no podrán superar el cuarenta y cinco (45) por

ciento de la población total del país según el último Censo Nacional de Población y

Viviendas disponible al momento de su conformación”. “Esto posibilitará la creación de

redes de canales que no tengan ningún asiento en la ciudad de Buenos Aires, pues con su

participación tan fuerte en la población total del país, será difícil encontrar asociadas en

todas las principales ciudades, ya que se superarían los topes impuestos. Con seguridaddarán lugar a redes con cabecera en otros puntos del país” 22.

El argumento que sostienen los que avalan la instalación de redes permanentes es que

las mismas integran al país, permitiendo la cobertura nacional y regional con mayor

21 Propuesta del movimiento cooperativo de un borrador para el debate sobre una nueva leyde radiodifusión, op. cit., 18 de noviembre de 2001.22 Ibidem.

30



facilidad. Permitirían, según ellos, que la población de una región tenga una oferta similar,

en relación a lo cuantitativo, a la oferta que tienen los habitantes de regiones más pobladas.

2.3. La Concentración en la Capital Federal de la producción y la propiedad de los

medios de radiodifusión. Salvo pocas excepciones, casi todas las capitales provinciales del

país poseen un solo canal de televisión abierta. Hace más de cuatro décadas que no se

generan nuevas estaciones de televisión. Según un estudio realizado por el Comfer, de 28

canales de TV abierta del interior, el 72% de la programación es producida en Capital

Federal. Un 13% es producción local y un 15% corresponde a productos de señales de

cable. En la actualidad, no solo el titular de un medio puede pertenecer a un monopolio

sino que ha surgido como figura relevante el productor de contenido.

La concentración de producción radiofónica y audiovisual, en especial de esta última,

implica que la diversidad de culturas, tradiciones e identidades de cada región no está

representada en las pantallas y en las emisiones radiofónicas que desde este centro se

dirigen a todo el país.

La concentración de los monopolios en La Capital Federal tiene consecuencias

económicas y geográficas. Los medios porteños tienen dos ingresos extras en comparacióncon los medios del interior. Uno es por la publicidad no tradicional (los llamados

“chivos”), donde los canales cobran por todo el interior, a precio de cadena, sin pagarle

nada a los medios del interior. El otro es por la venta de la programación. La producción en

los medios se ve perjudicada por la falta de presupuesto, consecuencia de lo anterior. Estas

dos implicaciones económicas ya fueron analizadas en el capítulo que antecede.

31



En cuanto a las consecuencias geográficas, todo esto aleja a las regiones y a sus

habitantes del derecho de informarse y tener programas que reflejen su realidad y no solo

la de Buenos Aires o que se transmitan los hechos que a los medios porteños les interesa

del interior. “Los grupos mediáticos nacionales y extranjeros, o si se quiere mixtos bajo

control de estos últimos, estructuran una realidad virtual que es la que llega a los

receptores, a quienes no se les permite en los hechos participación alguna”.23

En ninguno de los proyectos de ley de radiodifusión presentados, así como tampoco en

la legislación vigente, se proponen medidas concretas que favorezcan la participación del

interior.

Esta concentración económica y geográfica es favorecida por el decreto 1005/99 con la

creación de redes.

“Dado que la industria cultural está subordinada a pautas de costo/beneficio idénticas a

cualquier otra zona de la economía, en lugar de esa pluralidad se organizan grandes

mercados de consumo con pautas culturales únicas y universales, aunque esto implique

desconocer las identidades naturales y las necesidades diferentes de cada sociedad en

particular”.24

No se puede hablar de un canal 7 (Argentina Televisora Color) federal, si solo transmite

las producciones que se realizan en Capital Federal y Gran Buenos Aires y no se realizan

en el interior. El canal oficial ni siquiera debe contemplar porcentajes de producciónlocales o regionales. Ni los contenidos de los programas, ni la contratación de la

publicidad, ni el empleo de trabajadores del medio deben ser realizados en el interior.

23 FREIDENBERG, L. y GARBER, M., op. cit., pág.5.24 PASQUINI DURÁN, José María, El huevo y la gallina en “Revista Acción”, 18/01/96,n°706, pág.3.

32



2.4. El ingreso de nuevos capitales a las empresas de radiodifusión. La prensa escrita.

Según el art. 46 inc. a) de la ley 22.285 “el objeto social será, exclusivamente, la

prestación y explotación de servicios de radiodifusión de acuerdo con las

previsiones de esta ley”. Este artículo fue derogado por la ley 23.696 de

Reforma del Estado.

El inc.e) del art. 45 de la ley 22.285 que reza: “No ser propietario ni socio de diferentes

sociedades de radiodifusión. No tener vinculación jurídica o económica con empresas

periodísticas extranjeras. Tampoco con empresas periodísticas nacionales”, fue sustituido

por la ley 23.696 por “No tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción

con empresas periodísticas de radiodifusión extranjeras”. El decreto 1005/99 sustituye esto

por lo siguiente: “no tener vinculación jurídica societaria u otras formas de sujeción con

empresas periodísticas o de radiodifusión extranjeras, salvo que los acuerdos suscriptos por

la República Argentina con terceros países contemplen tal posibilidad”.

Así se permitió ingresar al negocio de los medios de radiodifusión a diferentes sectores

empresarios, entre ellos a la prensa escrita, propiciando el desarrollo de empresas

multimedios, ya que la legislación derogada no permitía ser dueño a la vez de una empresa

periodística gráfica y de una emisora de radiodifusión. Se fortaleció así, junto con la

autorización de instalar redes, de poder adquirir varias licencias de radiodifusión y de

transferirlas, la formación de grandes monopolios.

Las empresas de cable y las telefónicas. La Ley de Reforma del Estado y Emergencia

Administrativa y el proceso de privatización que le sucedió, sentaron las bases para

reestructurar las telecomunicaciones. Se privatizó ENTel y se estableció “un plazo de hasta

diez años para alcanzar con plenitud los objetivos de desregulación y desmonopolización,

al haber permitido que tan sólo durante ese período, se mantenga en el país la prestación en

exclusividad del servicio básico telefónico y de los servicios internacionales” según los

33



considerandos del decreto 764/00. El 08 de noviembre de 2000 se terminaba ese plazo y se

producía la apertura total a la competencia del mercado de las telecomunicaciones.

Si una empresa telefónica en la actualidad pide una licencia de cable, no existe ningún

instrumento legal para negársela. Sin embargo Telecom de Argentina, Telefónica de

Argentina y los primeros operadores de telefonía, no pueden ingresar al sector de

radiodifusión por cable, según lo que determinan los pliegos de privatización.

El proyecto del Comfer establece que las prestadoras de servicios públicos solo podrán

acceder a brindar servicios de radiodifusión solamente cuando no exista en el área de

cobertura otro servicio igual al solicitado o no existan otros interesados en prestarlo. En el

caso del cable, en aquellos lugares donde haya otro prestando el servicio, podrán hacerlo a

partir del 5° año de vigencia de la ley siempre y cuando el servicio público no sea un

monopolio y los prestadores de cable hayan ingresado al teléfono según un porcentaje que

determinaría Defensa de la Competencia. O sea que las empresas telefónicas podrían

ingresar al cable dentro de 5 años sino estarían en situación de monopolio y si el cablero

entró al teléfono.

Para los defensores de este proyecto la prohibición no se podría mantener para siempre

por la convergencia tecnológica prevista para los próximos años. Ya que una vez instalada

la misma, se prevé que los costos serán menores para el ciudadano. Además, argumentanque el cablero chico o mediano, no solo estaría protegido así por cinco años, sino que

además cuando las empresas telefónicas puedan acceder al servicio, solo podrían hacerlo

sino se encuentran en situación de monopolio. Así, las empresas de cable no

desaparecerían frente a la capacidad económica de las telefónicas que se favorecería ante

una apertura ilimitada. Si el cable puede instalar una red telefónica propia, entonces los

defensores del proyecto opinan que habría competencia en ambos sectores.

34



Los que están en contra de que las telefónicas ingresen al negocio de la radiodifusión

sostienen que las empresas de servicios públicos, con monopolio tanto legal como de

hecho, constituyen una competencia desleal ya que tienen el tendido del cable, una red de

distribución propia, sus propios clientes y pueden tener subsidios cruzados. Además creen

que si dentro de cinco años las empresas de telecomunicaciones, por ejemplo de la

envergadura de AT&T, pueden competir con radioemisoras o televisoras de cable

pequeñas del interior implicaría su desaparición, aunque tengan las mismas condiciones de

competencia.

El capital extranjero. Para la ley 22.285 es condición necesaria para acceder a una

licencia de radiodifusión “ser argentino nativo o naturalizado, en ambos casos con más de

10 años de residencia en el país”.

En el año 1992 se firmaron tratados de reciprocidad de inversiones con naciones

extranjeras que deberían estar incorporados a la ley. Por los mismos, los capitales de estos

países firmantes deben ser considerados nacionales en nuestro país en las inversiones que

realicen.

Sin embargo, en la mayoría de dichos tratados los países extranjeros se reservan el

derecho a establecer o mantener ciertas excepciones limitadas al trato nacional en los

sectores propiedad y gestión de estaciones emisoras de servicio público de radio ytelevisión. O sea, que los capitales argentinos son considerados extranjeros en dichos

países cuando se tratan de empresas de radiodifusión, pero los capitales de éstos deben

considerarse nacionales en nuestro país.

Los proyectos de ley de radiodifusión presentados, exigen los mismos requisitos que la

ley 22.285, salvo en los casos de los naturales de terceros países con los cuales existan

35



convenios de reciprocidad, que establezcan iguales derechos para el acceso a las licencias

de radiodifusión en beneficios de los ciudadanos argentinos; en esos casos serán

considerados nacionales.

Solo algunos proyectos ponen un tope de 40% a la participación de capitales extranjeros

en las sociedades de empresas de radiodifusión, cuyos países hayan firmado los convenios

donde esa reciprocidad no existe.

3. Otras formas de participación. En los proyectos de ley hay un avance importante con

respecto a este tema en comparación con la ley de radiodifusión 22.285.

La posibilidad de que las sociedades no comerciales puedan ser licenciatarias de

servicios de radiodifusión posibilita abrir nuevas vías de acceso a los ciudadanos al

derecho a la comunicación, diferentes de las vías estatal o privada, a través de otras formas

de representación en las cuales ciertas organizaciones actúan como mediadoras:

cooperativas, universidades, ongs, iglesias, etc. Sin embargo, el acceso de estos canales no

son suficientes en el sentido de que ciertas regiones del interior de nuestro país, o algunos

barrios o zonas suburbanas de nuestras ciudades no son abarcadas por ellas; o sea, no

llegan a representar a todos los habitantes. Los proyectos no garantizan la creación de otras

instancias mediadoras a través de acciones concretas, como por ejemplo la creación deotros canales institucionales que permitan el acceso a los medios de radiodifusión a

cualquier ciudadano que quiera expresar sus ideas. El derecho de la sociedad a tener acceso

y participación en los medios requiere de un espacio específico.

Este espacio permitiría que todas las regiones y todos los habitantes tengan la

posibilidad de proteger sus identidades culturales y sociales locales ante la embestida

constante de productos globalizados o alejados de sus intereses y necesidades. En muchas

36



pequeñas comunidades la radio sirve para buscar información relacionada con la región en

donde se habita. Esto permite la integración de esa localidad y que las comunidades tengan

su representación en los medios.

La creación de monopolios en los medios de radiodifusión, amparada por decretos

posteriores a la ley 22.285 y así también por el proyecto del Comfer, concentra la

información, y el derecho a la misma se ve coartado ante la falta de pluralidad en las

ofertas comunicacionales. Estos grupos radicados en general en la provincia de Buenos

Aires reflejan muy poco la realidad de otras regiones del país. A veces, una nota pintoresca

o curiosa y de vez en cuando, un informe más profundo. Pero el acceso de los habitantes de

zonas del interior, sobretodo aquellas alejadas de las ciudades, es difícil. La posibilidad de

que ellos mismos expresen y difundan cuáles son los temas importantes no siempre tiene

cabida, dependiendo de si el tema tiene importancia comercial o no, ya que la mayor

concentración del público se encuentra en esta provincia y por lo tanto, la divulgación de

información sobre la misma es más redituable.

La creación de redes, ya avalada por el decreto menemista 1005/99 y por el actual

proyecto de ley del Comfer, que concede el otorgamiento de licencias regionales y

nacionales, permite la transmisión en cadena. No hay que olvidar que, punto sede de una

emisora no es igual a región cubierta por la misma. Una región puede tener amplia

cobertura mediática lo cual no significa que sus derechos a buscar y difundir información

estén garantizadas. El establecimiento de estas redes conlleva ciertas consecuencias. Por unlado, se acortan las posibilidades de recibir información de la propia localidad. Por otro, se

resiente la producción en la localidad receptora de la red, con el correspondiente

decaimiento de la participación de los habitantes de esa región.

La creación de monopolios y redes permitiría incrementar la concentración económica y

comunicacional de los medios en la Capital Federal lo que sería incompatible con la

pluralidad de opiniones, el derecho a la información y los derechos de los usuarios.

37



La participación en la comunicación no se refiere solo al acceso y a la participación en

la producción sino que también está relacionada con el control de los medios de

radiodifusión por parte de los ciudadanos .

3.1. Los órganos de control. En una democracia los organismos de control permiten a

los ciudadanos fiscalizar si las instituciones del estado cumplen su tarea efectivamente y

protegen sus derechos.

Hay que diferenciar entre órgano de aplicación y de control. Los primeros son los

encargados de aplicar la ley. En muchos casos estos mismos ejercen un control sobre las

instituciones a su cargo. Lo importante, y es lo que en las audiencias surge como relevante,

es que los medios de radiodifusión tanto estatales como privados estén controlados no solo

por el órgano de aplicación, sino también por un organismo autárquico independiente que

garantice el correcto funcionamiento de los mismos y que brinde a los ciudadanos canales

adecuados para ejercer su derecho a buscar, difundir y recibir información, y que a la vez

controle a la Autoridad de Aplicación.

Para la ley 22.285 la autoridad de aplicación es el Comité Federal de Radiodifusión

(Comfer), un organismo autárquico dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. El Comfer

no está integrado ni tiene en cuenta la opinión de otras organizaciones e instituciones, ni de

las provincias ni municipios. La ley 22.285 no establece ninguna institución que fiscalice a

este organismo. Tampoco ninguna que defienda a los usuarios y consumidores de medios

de comunicación.Con respecto a la Autoridad de Aplicación, todos los proyectos prevén que sea un

organismo autárquico dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, al igual que la ley

22.285.

En las audiencias públicas realizadas para debatir los proyectos de ley de radiodifusión,

se plantea muchas veces, que la Autoridad de Aplicación debería ser un organismo

independiente que tenga en cuenta en su integración la opinión y la representación de

38



usuarios, trabajadores y otros sectores de la sociedad como empresarios, ONG, sociedades

sin fines de lucro, organismos defensores de los derechos humanos, tal como expresara la

Secretaria Adjunta del Sindicato de Prensa de Rosario 25.

Así lo establece el diputado Flores en su proyecto. Según el art. 53 del mismo, la

Autoridad de Aplicación estaría compuesta por un consejo con “veinticuatro (24) vocales

en representación de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, tres vocales en

representación de los sindicatos de los trabajadores de los medios electrónicos de

comunicación social y tres vocales en representación del sector empresario de la actividad”

y un directorio que estará integrado por el presidente de la Autoridad de Aplicación “y

cinco (5) directores designados a propuesta del consejo del EFR y con acuerdo de la

Comisión Bicameral de Radiodifusión, debiendo contar con un director por las provincias

representadas, uno por los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación y

uno por el sector empresario de la actividad”.

En contra de esto, muchos manifiestan que no se debe incluir a los actores de la

radiodifusión, porque debe haber una separación entre el poder regulador y los que

participan en los servicios.

Los proyectos de los diputados Nicotra y Fontdevila integran a la Autoridad de

Aplicación con diputados del Congreso. Otros opinan que el Congreso debería constituir

un órgano externo de control de la misma.

Una propuesta que se planteó en las audiencias es que los funcionarios de esta entidaddeberían ser elegidos a través de un concurso abierto y no digitados por el gobierno de

turno. También se argumentó que la misma debería ser más federal, integrándose con

representantes de todas las provincias.

En la mayoría de los proyectos la Autoridad de Aplicación también tiene funciones

acordes con la defensa de los derechos de los ciudadanos y consumidores y con asegurar la

25 SIMEONI, Alicia, op. cit. 18 de noviembre de 2001.

39



libertad de expresión o tiene órganos dependientes de la misma que se encargan de cumplir

estas funciones.

Un paso importante en relación con la democracia es que se proponen crear, muchos

proyectos, una Defensoría de los usuarios. Esta Defensoría, en general, tendría a su cargo

recibir y canalizar opiniones de los usuarios, convocar a audiencias para debatir el

funcionamiento de los medios de comunicación con instituciones afines y también realizar

audiencias públicas de los temas de interés.

Con respecto a las audiencias se planteó que éstas tendrían que ser vinculantes y

obligatorias. Para la elaboración del anteproyecto y del proyecto de ley del Comfer, las

opiniones de los actores (relevadas en las audiencias llevadas a cabo antes del anteproyecto

como aquellas realizadas después de elaborado el mismo) fueron tenidas en cuenta según

sus realizadores pero no fueron condicionantes. No tuvieron implicaciones directas

mediante el voto u otras formas de participación, como se reclama muchas veces en las

mismas. Se propone también que los ciudadanos deberían poder participar, además de

estos espacios de debate, de los entes reguladores y que éstos tendrían que ser ejecutivos y

de democracia directa.

Que los entes reguladores dependan del Poder Ejecutivo Nacional y muchas veces de la

Autoridad de Aplicación, a la que debería controlar, fue tema de debate en las audiencias.

Según el Dr. Gustavo López, sino fuera así, se superpondrían las funciones con las de laDefensoría del Pueblo.

En cambio, el presidente de la aDS (Asamblea por los derechos sociales) en la audiencia

realizada en Rosario opina que “lo que resuelva la defensoría no es vinculante, encima no

es un ente independiente, autónomo y autárquico, por el contrario, depende directamente

de la Conarte” (refiriéndose a la Autoridad de Aplicación en este caso del proyecto del

Comfer) , “que nombra y remueve al defensor, esto es la conjunción de juez y parte. No

40



tiene presupuesto propio ni la capacidad de autonormarse. Todo ello patentiza la debilidad

institucional desde su génesis”.26

Según el Secretario General de FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de

Prensa), en la 6° audiencia pública realizada en la ciudad de Buenos Aires, concluye que

no es conveniente “la dependencia de ... un organismo estatal al que debe vigilar y que

puede removerlo. Aquí se da... una contradicción ya que el funcionario... debe rendir

cuenta de sus gestiones al organismo que teóricamente debe controlar, desnaturalizando

completamente el sentido de esta defensa”. 27

Además, muchos actores vinculados a la radiodifusión, solicitan la participación de las

organizaciones no gubernamentales, de los sindicatos y otras instituciones intermedias en

la composición de estas defensorías.

Solo el proyecto del diputado Parentella crea el Foro Ciudadano de Defensa y

Promoción de los Medios Públicos, a cargo de la defensa de los intereses de la comunidad

en materia de comunicación, que estaría integrado por dos funcionarios nombrados por los

sindicatos del sector, con mayor cantidad de afiliados, desempeñándose en el Sistema

Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado al momento de la designación. Los otros

siete serían nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional y por las Cámaras de Diputados y

Senadores de la Nación.

En las audiencias públicas de debate algunos actores consideraron una falencia para que

el ciudadano pueda defender sus derechos ampliamente, la falta de medidas recursivas

administrativas para lograrlo y “de una acción legal, rápida, expedita, gratuita y

comunitaria”, según propone el presidente de la aDS y continúa: “el proyecto de ley que

26

FACCENDINI, Aníbal, Desgrabación de la quinta audiencia pública realizada el06/08/01 en la ciudad de Rosario en www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.27 INSAURRALDE, José, Desgrabación de la sexta audiencia pública realizada el 30/08/01en la ciudad de Buenos Aires en www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.

41







viene a concretar una ruptura filosófica respecto a la antidemocrática y dictatorial ley

22.285, ha quedado en una situación de insuficiencia para garantizar los derechos de los

ciudadanos como sujetos del fenómeno comunicacional, esta carencia garantista respecto a

la pluralidad democrática de opiniones, la libertad de expresión y el derecho a la

información, se extiende al artículo 42 de la Constitución Nacional, la ley 24.240, al Pacto

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y al Pacto de San José de

Costa Rica”.

“Al interés que el Estado Nacional focaliza en estos servicios hay que sumarle la

característica de bien social, con lo cual cualquier ciudadano que se encuentre vulnerado en

sus intereses sociales por falencias o deficiencias de estos servicios podría, aparentemente

accionar, aunque no tuviere un interés legítimo o derecho subjetivo lesionado. Como

analizaremos... esto queda en una mera expresión de deseos”. “... el resto de la norma deja

paradojalmente al ciudadano inhibido para hacer valer sus derechos”. 28

Todos los proyectos proponen crean un órgano de control de la Autoridad de

Aplicación, órgano que la Ley 22.285 no contempla. El disenso en las audiencias con

respecto a este tema se debe a que, para muchos, este órgano no debería depender del

Poder Ejecutivo Nacional para que sea realmente un órgano fiscalizador y no esté

subordinado al poder político.

La mayoría de los proyectos integran esta entidad con miembros de las Cámaras deDiputados y de Senadores de la Nación.

En comparación con la ley 22.285 los proyectos de ley han dado un paso adelante

en relación con la democracia. De los mismos surge la necesidad de establecer una entidad

de control a los fines de limitar el poder de la Autoridad de Aplicación. A su vez ,se

plantean mecanismos y organismos para defender los derechos de los ciudadanos y la

28 FACCENDINI, Aníbal, op. cit., 18 de noviembre de 2001.

42



libertad de expresión. A pesar de esto, en las audiencias se exige que estos tres órganos

(Autoridad de Aplicación, Defensoría de los Usuarios y entidad de control) sean más

plurales, democráticos y federales que los planteados en los proyectos.

3.6. La propiedad de los medios de radiodifusión. Para hablar de propiedad de medios

de comunicación tenemos que referirnos a tres instancias: lo estatal, lo privado y lo social o

comunitario. Esta última esfera, según Hannah Arendt, no es ni pública ni privada.29

Según la ley 22.285 la propiedad de los medios de radiodifusión puede estar en manos

del estado o de empresas o personas con fines privados. Esta ley no permite que otros

organismos o sociedades sin fines de lucro tengan la propiedad de estos medios. Además,

el carácter público de los medios de radiodifusión solo tiene carácter subsidiario, es decir

que solo tiene la posesión de los medios en los casos que las empresas privadas no estén

interesadas. Sin embargo, en la práctica esto no es así y muchas veces poseen licencias sin

necesidad de que lo hagan de forma subsidiaria.

Los proyectos de ley presentados permiten a las instituciones del estado acceder a

licencias de radiodifusión sin necesidad de que sea en forma excepcional e ingresar

también a otras instituciones.La radiodifusión pública es necesaria, ya que debe hacerse cargo de ciertos aspectos que

la privada no cubre, como el acceso de minorías y de organizaciones no gubernamentales

de bien público y cubrir conos de sombra o regiones donde la radiodifusión privada no

tiene interés en adquirir licencias, entre otras cosas.

29 Cfr. con ARENDT, Hannah, La condición humana , ed. Piados, Barcelona, España, 1993, pág.46.

43



Sin embargo, para Jorge Eduardo Noguer la radiodifusión pública trae consigo

“ineficacia en el aprovechamiento de los recursos y el aumento de la burocracia, que

genera intereses que no siempre coinciden con la función del servicio público”.30

Al hablar de sistema público no necesariamente es el sistema oficial, sino que se refiere

a aquellas organizaciones no gubernamentales de bien público. Las personas jurídicas de

carácter público, que pueden ser de gestión autónoma o no, son por ejemplo: las

Universidades, el Sistema Nacional de medios públicos, la Iglesia, el Estado nacional, las

provincias, los municipios y las entidades autárquicas..

De las audiencias surgieron opiniones encontradas, en especial a lo que se refiere a

venta de publicidad por parte de estas instituciones. El Presidente de Arpa (Asociación de

Radiodifusoras Privadas Argentinas), José Alberto Ponzoni opina que “no resulta

razonable ni equitativo que le otorguen licencias a personas jurídicas de carácter público,

que puedan vender publicidad y que gozan de notorias ventajas sobre las personas de

carácter privado”.31

En el capítulo 2, “Los temas de debate”, se analizó en el punto 1), “Centralización en la

toma de decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional” algunas cuestiones vinculadas con la

propiedad estatal de los medios de radiodifusión y en el punto 2), “La formación de

monopolios”, temas relacionados con la propiedad privada de éstos.

La propiedad social de los medios de radiodifusión. Lo que se plantea en los nuevos

proyectos, a diferencia de la ley vigente de radiodifusión, es la salida de las dos instancias

30

NOGUER, Jorge Eduardo, op. cit., pág.88.31 PONZONI, José Alberto, Desgrabación de la primera audiencia pública realizada el11/06/01 en la ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco en www.rt-a.com, 18 denoviembre de 2001.

44





“estatal concentracionario del poder” o privado, permitiendo la entrada a la radiodifusión a

otra forma de propiedad, la social.

“...cuando se habla de servicio público se quiere pensar con exclusividad en lo que

pueden hacer el Estado o el gobierno, cuando una sociedad de fomento y cualquier otra

entidad social de características afines puede ofrecer un servicio público legítimo, legal y

eficiente”.32

Debe haber otra instancia diferente a lo privado ya que el interés social o cultural estaría

supeditado al comercial.

Las radios comunitarias y populares y los canales de televisión comunitarios brindan un

espacio de mayor participación de la población y posibilidad de expresión y están más en

contacto con los intereses de los habitantes de la comunidad.

Sociedades no comerciales. Una sociedad es una “agrupación natural o convencional de

personas, con unidad distinta y superior a la de sus miembros individuales, que cumple,

con la cooperación de sus integrantes, un fin general, de utilidad común” 33. Las sociedades

no comerciales son aquellas sin fines de lucro. Por ejemplo: ciertas asociaciones civiles, las

organizaciones sociales, las vecinales, las universidades estatales, las escuelas, las iglesias,

las sociedades cooperativas, mutuales, gremios, sindicatos y cualquier ong.

La ley de radiodifusión 22.285 no permitía que las sociedades no comerciales pudieran

ser licenciatarias de radiodifusión. Todos los proyectos de ley avalan que las mismas puedan serlo. Una crítica importante es que, a pesar de esto, no impulsan su participación

ni promueven vías para que estas sociedades ingresen fácilmente.

Únicamente el proyecto del diputado Polino reserva en su artículo 79 un porcentaje de

las frecuencias disponibles para estaciones de radiodifusión sonora por modulación de

frecuencia y por modulación de amplitud de baja potencia y un porcentaje de las

32 PASQUINI DURÁN, José María, El huevo y la gallina, ... etc., pág.3.33 OSSORIO, Manuel, op.cit., vbo. sociedad.

45



frecuencias disponibles de ultra alta frecuencia (UHF) en cada área primaria de servicios

para aquellas personas jurídicas que no sean sociedades comerciales.

Las cooperativas. Las cooperativas son las sociedades no comerciales cuya inclusión o

no como posibles licenciatarias de radiodifusión, generó más polémica en las audiencias

públicas, en especial las cooperativas que brindan servicios públicos. En el artículo 8 de la

ley 22.285 se prohibe expresamente la participación de estas organizaciones sin fines de

lucro para ser licenciatarias de emisoras de radiodifusión. Según esta ley, solamente podrán

serlo las personas físicas o las sociedades comerciales.

Quizás, uno de los temas que genera esta discusión es el hecho de que muchos

consideran a las cooperativas como sociedades de instancia privada y otros como social.

Según palabras de José Pasquini Durán: “Así, resulta que por privado se entiende a la

empresa comercial que compra un medio para sacarle provecho económico-financiero,

como si una cooperativa o un consorcio vecinal no fueran también una iniciativa privada,

aunque el lucro no figure como su principal o único objetivo”. 34

Las sociedades cooperativas son aquellas formadas para alcanzar los fines del

cooperativismo, entendiendo al mismo como “la tendencia o doctrina favorable a la

cooperación en el orden económico y social, que tiene su manifestación en el acercamiento

de las personas o de grupos de ellas para la realización de su ayuda recíproca en el

cumplimiento y obtención de determinadas finalidades”

35

. Las cooperativas son personasde existencia ideal de carácter privado. “Son personas todos los entes susceptibles de

adquirir derechos o contraer obligaciones” 36 y de existencia ideal “por no poseer

corporeidad física...” 37.

34

PASQUÍN DURAN, José, El huevo y la gallina, op.cit.,.35 OSSORIO, Manuel, op.cit., vbo. cooperativismo.36 Ibidem, vbo. personas.37 Ibidem, vbo. existencia ideal.

46



Dante Cracogna en La radiodifusión y las cooperativas (Un caso de discriminación),

opina que “...las cooperativas de toda clase representan –junto con otras entidades- un

verdadero contrapeso o poder equilibrador en la economía (countervaliling power) toda

vez que permiten a organizaciones formadas por los propios interesados (no el gobierno ni

los capitales lucrativos) intervenir en la actividad económica morigerando con su presencia

y su acción los excesos de los otros agentes” 38

La realidad demuestra que la prohibición dada por la ley 22.285, provocó que las

cooperativas se formaran como sociedades comerciales contradocumentos mediante- y la

proliferación de radios y canales de televisión cooperativos clandestinos.

Se desarrollan los principales puntos puestos en debate sobre esta cuestión:

i) Las cooperativas constituirían un monopolio. El problema principal se plantea con

respecto a las cooperativas que ofrecen servicios públicos, o sea, servicios de luz, agua,

teléfono, gas, etc. Lo que se argumenta es que las mismas ejercen el monopolio de estos

servicios, otorgándoles ventajas con respecto a otros licenciatarios, con la posibilidad de

ejercer una posición dominante en el mercado.

Según el artículos 26 del Proyecto del Comfer, no podrán acceder a la titularidad de

licencias quienes fueren prestadores o adjudicatarios de servicios públicos. Salvo en los

casos en que “no existiere en el área de cobertura otro servicio igual al solicitado, ni otros

interesados en prestarlo” y a partir del quinto año de la vigencia del citado proyecto, si seconvierte en ley, para el Servicio de Televisión Multiseñal si “el servicio público explotado

por el peticionante no fuere prestado en condiciones” monopólicas en el área de cobertura

y “que al tiempo del requerimiento el conjunto de los titulares de los Servicios de

Televisión Multiseñal destinada a abonados mediante vínculo físico, tuviere la

38 CRACOGNA, Dante, La radiodifusión y las cooperativas (Un caso de discriminación)en Jurisprudencia Argentina, t. 1997-III, pág.927.

47



participación porcentual en la prestación de servicios de telefonía que se determine en la

reglamentación de esta ley” según reza el art. 29 del proyecto.

Remontando a la definición de monopolio de pág.18, se considera que los monopolios

tienen la posibilidad de operar cambiando el precio o disminuyendo o aumentando la

producción para obtener la mayor ganancia posible.

Los precios son fijados por los propios usuarios de la cooperativa, por intermedio de

los órganos sociales formados para ello por la ley. Los usuarios de la cooperativa son al

mismo tiempo los dueños de la misma. Por lo que, si se varía el precio, no es solo como

beneficio o perjuicio a los dueños sino también a los usuarios.

“Resulta, pues, insostenible afirmar la existencia de monopolio cuando todos lo que

quieren pueden asociarse a la cooperativa y pueden utilizar sus servicios, estableciendo

ellos mismos los precios que pagarán por tales servicios.” 39

Cualquiera que desee puede ser usuario, o sea, dueño de la misma ya que por la ley

20.337 las cooperativas no pueden limitar el número de miembros ni el capital social.

La ley 24.240 tiene por objeto defender a los consumidores o usuarios, que define como

“personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso para su consumo final o

beneficio propio o de su grupo familiar o social”. Por lo tanto, las cooperativas estarían

también bajo la normativa de esta ley, y en especial las de usuarios de servicios públicos,

ya que son personas jurídicas que contratan para lograr que su grupo social obtenga un beneficio.

ii) Se ejercería una posición dominante. Se sostiene como razonamiento en contra de

que las cooperativas de servicios públicos sean licenciatarias de radiodifusión, que las

mismas están en una posición dominante en el mercado. Por esto tendrían ciertas ventajas,

siendo la más importante la de, al no tener competencia, crear sus propias reglas sobre el

39 Ibidem, pág.926.

48



mercado. Además, afirman que tienen un régimen impositivo beneficioso, lo que las ubica

en una posición de competencia desleal.

En cambio, los defensores del ingreso de estas entidades a la actividad, argumentan que

si las cooperativas están en una posición dominante es porque no hubo otra empresa a la

que le interesó prestar ese servicio. Por lo que los propios habitantes de una comunidad

tuvieron que agruparse en una cooperativa para no quedarse sin ese servicio.

La ley 22.262 de defensa de la competencia, tiene como fin proteger al consumidor. Por

lo que coincidiría con el objetivo de las cooperativas, buscar el interés común. La misma

no condena a la posición dominante por sí misma, sino al uso de ella “de modo que pueda

resultar perjuicio para el interés económico general”, según su art. 1. Los que forman la

cooperativa no se aprovecharían de su supuesta posición dominante para damnificar a

nadie porque las reglas que crean sobre el mercado, los perjudicarían o favorecería a ellos

mismos, ya que su fin es el bienestar de su comunidad.

iii) El interés público. Para Dante Cracogna en este tema se halla en juego el interés

público tal como lo establecen: “1) el art. 4 ley 22.285, que precisamente declara el interés

público a los servicios de radiodifusión. El interés público no puede ser otro que el de los

usuarios, por lo que carece de sentido prohibir que ellos mismos organicen el servicio a

través de cooperativas. Sería ilógico suponer que ese interés resulta mejor protegido por los prestadores comerciales que lucran a expensas de los usuarios; 2) el art. 1 ley 22.262, que

prohibe los actos atentatorios contra la competencia que puedan lesionar “el interés

general”. La actuación de cooperativas formadas por los usuarios constituye la mejor

garantía del interés general, pues resultaría absurdo suponer que ellos se pudieran

organizar para ir contra sus propios intereses en la prestación del servicios; 3) el mensaje

que acompañó al proyecto de la ley 22.285, el cual destaca expresamente que la

49



radiodifusión “no debe constituir una mera actividad mercantil o lucrativa”. Esta

declaración resulta abiertamente contradicha por la norma del citado art. 45 que reserva la

titularidad de las licencias a personas físicas y “sociedades comerciales” que, son por

definición, lucrativas y, obviamente, “mercantiles” ”.40

Las radios cooperativas constituyen hoy una herramienta importante para los pueblos y

pequeñas ciudades ya que reflejan su realidad. Generalmente las mismas permiten una

participación activa de muchos vecinos. Es más fácil, encontrar temas de interés para la

comunidad en sus programaciones que en la de los grandes medios. A estos en general, no

les interesa comercialmente invertir en radios o canales locales ni difundir las noticias de la

zona. Es allí donde las cooperativas juegan un papel primordial para el interés de la

comunidad. Es por esto, que en casi todo el mundo, las radios cooperativas son promovidas

por el Estado.

iv) Los subsidios cruzados. Decir que una sociedad tiene objeto único significa que la

misma se dedica “en forma exclusiva a la prestación de un servicio en particular

(radiodifusión en este caso) y no prestarlo simultáneamente con otros (electricidad,

telefonía, etc.)” 41

Muchos actores de la radiodifusión sostienen que se debe exigir a las cooperativas la

formación de sociedades de objeto único a fin de que no existan subsidios cruzados, esdecir destinados a otras actividades, lo que suponen generaría una posición de privilegio en

el mercado.

En todo caso, opina Dante Cracogna que esto debería ser exigido a todas las sociedades

sin discriminación. “De allí que para que proceda la pretensión del objeto único debe

existir un fundamento técnico, económico y jurídico razonable y tener alcance general, sin

40 Ibidem, pág.928.41 Ibidem, pág.929.

50



lesionar el interés de los consumidores”.42 Como por ejemplo actividades como la banca y

el seguro.

Exigir a las cooperativas, que trabajan para beneficio de su comunidad, que tengan

objeto único con el fin de que no alcancen una posición privilegiada frente a otras

empresas comerciales, mientras éstas (entre las que se incluyen los multimedios) cuyas

ganancias están en manos de un grupo en particular puedan tener participación en otras

empresas, constituye una discriminación en perjuicio de los usuarios.

v) La discriminación contra las cooperativas. Los arts. 14, 16 y 17 de la Constitución

Nacional establecen ciertos derechos y garantías para todos los ciudadanos: libertad de

prensa, libertad de asociación, libertad de trabajo, igualdad ante la ley y derecho de

propiedad. Los usuarios de las cooperativas son ciudadanos a los que no se les puede

coartar estos derechos.

Además, el decreto 2284/91 (ratificado por ley 24.307) en su art. 1 derogó de manera

general toda restricción a la oferta de bienes y servicios en el territorio nacional. Por lo

que, Dante Cracogna considera que la supuesta limitación establecida para las cooperativas

por el art. 45 ley 22.285 estaría eliminada y se debería otorgar licencias de radiodifusión a

las cooperativas que lo soliciten. Si el Comfer no lo hiciera, las mismas podrían reclamar

ante la Justicia.

No conceder licencias a las cooperativas sería una discriminación contra los propiosusuarios que no podrían asociarse para brindarse así mismos el servicio y son obligados a

recibirlo de los comerciantes, violando los derechos de igualdad, libre asociación y

propiedad. Pensar que los comerciantes brinden mejor el servicio o que los derechos de los

consumidores estén mejor protegidos no tiene una razón lógica.

42 Ibidem, pág.929.

51



4. Las nuevas tecnologías. El decreto 764/00 define al servicio de radiodifusión como a

la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes,

sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por medio de las ondas

radioeléctricas cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el

público en general.

Ante el advenimiento de nuevas tecnologías la ley actual y los proyectos establecen

ciertas reglas.

La ley 22.285 en su art. 56 contempla que ante el surgimiento de nuevos servicios

complementarios no previstos en esta Ley se podrá autorizar por la Autoridad de

Aplicación la prestación de los mismos, siendo el órgano técnico el encargado de

establecer las normas técnicas correspondientes. En el mismo artículo define a servicio

complementario de radiodifusión como al servicio subsidiario de frecuencia modulada, el

servicio de antena comunitaria, el servicio de circuito cerrado comunitario de

audiofrecuencia o de televisión y otros de estructura análoga cuya prestación se realice por

vínculo físico o radioeléctrico. El servicio satelital (como ejemplos: sky, direct tv o dth) no

está contemplado en esta ley, ya que su implementación fue posterior.

52



El proyecto del Comfer en su art. 164 establece que con el fin de “promover el

desarrollo y avance tecnológico de la radiodifusión” se podrá autorizar, a un “titular de una

licencia de Servicio Básico de Radiodifusión, para que dentro del área de cobertura de

prestación del servicio, brinde el servicio a través de un sistema tecnológico alternativo.

Por las mismas razones, la autoridad de aplicación podría autorizar, en forma precaria, la

utilización de una única segunda frecuencia, sin que su utilización genere derecho alguno a

la adjudicación de la misma”.

El servicio complementario en este proyecto está definido, en forma diferente a la ley

22.285, “como aquel que usando o no el espacio radioeléctrico –porque puede usar un

vínculo físico como es el cable- no esté dirigido a público indeterminado”.

El proyecto del diputado Nicotra Art. 32. no permite generar o emitir señales de una

nueva tecnología si las mismas no fueran adjudicadas previamente, salvo en los casos en

que se utilizan con el fin de experimentación y en situaciones excepcionales. Las nuevas

tecnologías deberán seguir las mismas normas técnicas que las actuales.

El proyecto del diputado Flores es el único que considera en la adjudicación de licencias

la señal de UHF.

El proyecto del diputado Folloni considera entre las innovaciones tecnológicas que

deben ser reguladas al bloqueo de programación que es la acción que permite “que

cualquier programa de televisión, que elija el televidente, no pueda apreciarse desde su

aparato de televisión”. Lo establece como obligatorio para todos los nuevos aparatos detelevisión que se fabriquen.

4.1. La convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica consiste en que toda la

electrónica, incluida la telefonía, los medios de comunicación, internet, etc., convergan por

53



un mismo canal, posiblemente fibra óptica, e interactúen entre sí. O sea que por una

computadora preparada para tal fin se pueda escuchar radio, música, ver televisión (tanto

analógica como digital; abierta como codificada), hablar por teléfono, chatear, etc. Para

lograr esto la industria debe adaptar formatos y aplicaciones, equipos audiovisuales y de

sonido para adaptarlos a la informática.

“Las cuestiones básicas que se plantean desde la regulación y con la perspectiva de la

convergencia son: ¿qué sucede cuando un servicio tradicional, se digitaliza, se convierte en

multimedia, se hace interactivo y se ofrece sobre otra plataforma tecnológica que no estaba

prevista anteriormente?, ¿deben regularse los nuevos servicios de la misma forma que los

tradicionales?. Si no se hace así, quizás los nuevos servicios tengan ventaja sobre los

tradicionales debido a una regulación desigual. Por otro lado, una regulación tradicional

puede impedir el despliegue de nuevos servicios desaprovechando todas las ventajas,

oportunidades, competencia, igualdad que ello comportaría”.43

Una de las causas de que los proyectos de ley traten el tema de la radiodifusión separada

del de telecomunicaciones es por el hecho de que se cree que en nuestro país, se instalará la

convergencia a fin de la primera década de este siglo.

Es por esta razón que los hacedores de los proyectos, permiten ingresar a las empresas

de telecomunicaciones a la radiodifusión, aunque luego de un período de tiempo y bajo

ciertas condiciones

44

. Como la convergencia abarataría los costos y produciría mejoras enel acceso (eficiencia y velocidad), se argumenta que si se prohibiría para siempre la entrada

de estas empresas, se perjudicaría al usuario.

43 Convergencia tecnológica y guerra de decibelios en

www.elmundo.es/ariadna/2000/A014/A014pag19.html, 16 de noviembre de 2002.44 Las razones por las que se plantea esperar este período se encuentran explicadasen el capítulo 2.4) “El ingreso de nuevos capitales a las empresas deradiodifusión”, “Las empresas de cable y las telefónicas”, pág.29 de esta tesina.

54

http://www.elmundo.es/ariadna/2000/A014/A014pag19.html




4.2. Internet. La escasez del espectro radioeléctrico es una de las causas por las que

regular a la radiodifusión se hizo casi imprescindible. No ocurre así con Internet, ya que el

canal que utiliza permite circular una gran cantidad de información, que con los avances

tecnológicos es cada vez mayor y se realiza de manera más veloz.

Además su regulación es mucho más compleja que la de los medios tradicionales. Este

medio evoluciona muy rápidamente y actualmente los cambios en el hardware y software

plantean nuevas condiciones continuamente.

Obviamente, la ley 22.285 no hace referencia a este medio de comunicación, ya que

recién comenzaba a esbozarse y no se utilizaba masivamente sino en círculos científicos y

militares. Sin embargo, los nuevos proyectos de radiodifusión y los decretos y leyes

posteriores tampoco lo tienen en cuenta, a pesar de que en la red se trasmiten programas de

televisión y de radio.

Internet desafía en muchos casos a la regulación tradicional. Un ejemplo son las

elecciones en Francia en mayo de 1997. “En ellas se prohibió, como es habitual, la

publicación de encuestas electorales la semana previa a la votación. Sin embargo, puesto

que varias páginas web en Internet ofrecían los resultados de estas encuestas, varios

editores de periódicos no encontraron ningún motivo para no publicarlas también”.45

Ciertas diferencias con los otros medios audiovisuales provocan que la regulación de

Internet no sea equiparable a la de éstos, ya que muchas cuestiones relacionadas con la

radiodifusión no se pueden plantear de igual forma al aplicarse a la red.

La interactividad es una de sus principales características y una de las causas que

produce nuevas situaciones no presentes en los medios tradicionales y que por lo tanto no

están reguladas.

45 Convergencia tecnológica y guerra de decibelios, op. cit, 16 de noviembre de 2002.

55



Producto de la interactividad son los contratos comerciales que se producen en la red,

por lo que se debería tener en cuenta ciertos puntos en la legislación como: la legalidad de

los mismos, la seguridad en los pagos, la competencia judicial ante el incumplimiento, la

validez de la firma electrónica, la confidencialidad.

Otras cuestiones a tener en cuenta para un proyecto de ley serían los contratos

publicitarios, la creación de una autoridad de contralor y los contenidos que circulan.

En cuanto a la publicidad, nacen nuevas problemáticas. Un ejemplo sería la complejidad

en la facturación, porque no siempre se puede saber cuántas personas visitan una página ya

que podrían estar replicadas, por lo que no se podría controlar el número exacto de

personas que acceden a las mismas.

Es necesaria una autoridad de contralor que determine si la información en las páginas

web se actualiza y si es segura, que tome medidas con el correo spam y que garantice los

derechos de propiedad intelectual entre otras cosas.

Además, el control sobre los contenidos que circulan por Internet por parte de los

gobiernos encuentra varias dificultades. Una es la gran cantidad de información que se

difunde. Otra es que la red trasciende los límites geográficos, siendo necesario que su

regulación se amalgame con la de otros países.

Otro tema a tener en cuenta es si los proveedores de acceso a la red deberían tener una

licencia para prestar servicios telefónicos o para difundir programas de televisión o deradio.

A pesar de su complejidad, Internet tiene muchas ventajas entre las cuales se encuentra

la apertura de otras posibilidades de comunicación e información. Se ha conseguido un

medio con mayor pluralismo informativo, un acceso permanente a culturas diferentes, la

oportunidad de que se pueda difundir producción propia con mayor facilidad; un medio

56



que permite buscar información rápidamente y en general, encontrar todos los temas. Han

nacido nuevas formas de comunicarse que no existían antes de Internet a través del chateo

persona a persona, del mail, del ingreso en comunidades virtuales y de la participación en

teleconferencias y otras variantes. Además han surgido nuevas formas de encontrar

información, pudiendo disponer de contenidos multimedia y acceder a archivos, bibliotecas

e información que, de otra manera, no podrían estar disponibles.

Sin embargo, para que todos puedan disfrutar de estas ventajas debe estar correctamente

regulada. Es tan importante la regulación de la red en sí, para afrontar las problemáticas

antes descriptas, como la regulación que permita el acceso de toda la población a la misma,

para que no sea un medio que subraye aún más la marginación cultural de ciertos sectores

y por ende, la marginación laboral y económica. Pero la legislación debe estar acompañada

de una política comunicacional con claros objetivos educativos y que contemple la

posibilidad real de que todos tengan acceso a computadoras y a la red, o sea a la tecnología

necesaria.

Capítulo III

LOS TOPICOS

57



Sumario: 1. Democratizar la comunicación. 1.1. La democratización de las tecnologías.1.2. La propiedad de los medios. 1.3. Los órganos de contralor. 2. Antimonopolios.2.1. La omnipotencia del emisor o la libertad de lectura. 2.2. La globalización. 3.Federalismo y división de poderes.

De los temas analizados (centralización en la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo

Nacional, los monopolios, los órganos de contralor, la propiedad de los medios de

radiodifusión y la tecnología), que plantean a la participación como eje global, surge que

para la sanción de una ley de radiodifusión, se deben tener en cuenta los siguientes tópicos:

democratización, federalismo y antimonopolios.

La participación es un eje central en estos tres temas y se refiere a la participación tanto

en el acceso o recepción, en la producción y en la toma de decisiones o control sobre los

medios de radiodifusión. Es necesario para lograr esto democratizar la comunicación,

federalizarla y romper con los monopolios que dificultan la plena participación de la

población. Los intereses son distintos y a veces contrapuestos. Pero para lograr el mayor

consenso, lo importante es que al momento de su elaboración, se tenga en cuenta las

principales opiniones de los actores implicados.

Para Canclini esta participación se logra cuando se ejerce la ciudadanía por los

consumidores y se consiguen los siguientes objetivos:

“a) Una oferta vasta y diversificada de bienes y mensajes representativos de la variedad

internacional de los mercados, de acceso fácil y equitativo para las mayorías”;

58



“b) información multidireccional y confiable acerca de la calidad de los productos, con

control efectivamente ejercido por parte de los consumidores y capacidad de refutar las

pretensiones y seducciones de la propaganda”;

“c) participación democrática de los sectores de la sociedad civil en las decisiones del

orden material, simbólico, jurídico y político donde se organizan los consumos: desde la

habilitación sanitaria de los alimentos hasta las concesiones de frecuencias radiales y

televisivas, desde el juzgamiento de los especuladores que ocultan productos de primera

necesidad hasta los que administran informaciones clave para tomar decisiones”.46

Cada uno de estos tres objetivos se corresponde respectivamente con los tres ejes que

hacen a la participación en la comunicación: acceso, producción y control.

1. Democratizar la comunicación. La libertad de expresión es un derecho humano que

consagra que “toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de

toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma

impresa o artística o por cualquier otro procedimiento a su elección”. Esto fue promulgado

en el Pacto de San José de Costa Rica que fuera incorporado a la ley 23.504 de la

Legislación Argentina y a la reforma constitucional de 1994. Esta ley es posterior a la leyde radiodifusión 22.285. Por lo tanto, dejaría sin efecto las prohibiciones, censuras y

controles sobre los contenidos que promulga esta última y su forma de concebir al receptor

como un sujeto pasivo destinatario de los medios de radiodifusión donde, su derecho

humano a recibir información plural y sobretodo a difundirla junto con sus ideas, se

encuentra totalmente coartado.

46 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos, ed. Grijalbo Mexicana,México, 1995, pág.52..

59



En la Conferencia Intergubernamental de Políticas de Comunicación de Costa Rica en

1976 se plantearon dos aspectos claves de la comunicación social: el acceso y la

participación en los medios (en esta Conferencia participación se refería a la producción de

bienes y mensajes). Ambos aspectos están relacionados con el derecho de libertad de

expresión enunciado anteriormente. El acceso a los medios se refiere a garantizar que toda

la población, sobretodo aquella marginada, económica o geográficamente, reciba cobertura

mediática con amplias ofertas comunicacionales, con accesibilidad económica y que los

recursos destinados a ellos estén distribuidos uniformemente por el país y no según la

rentabilidad económica. O sea, la libertad de recibir y buscar información. La participación

se refiere a garantizar que toda la población pueda ser sujeto de la comunicación en los

medios y a la posibilidad de poder difundir sus ideas en los medios masivos. Ser sujeto

significa tanto tener garantizada la difusión de información como tener la posibilidad de

producir contenidos en los medios. Esto equivale a la libertad de difundir información.

En esta tesis la participación incluye a estos dos aspectos: el acceso y la producción.

También incluye el control de los medios. El cumplimiento de estos aspectos permite

democratizar la comunicación. Para ello, debe existir una estructura institucional, una

legislación y una política comunicacional que lo permita y que se creen los espacios que

correspondan.

Todos los proyectos de ley consideran a la comunicación como un bien de la sociedad y

a la información como un derecho humano básico. A diferencia de la ley actual de

radiodifusión, que se basa en la Doctrina de Seguridad Nacional, donde la comunicación y

los medios de radiodifusión eran considerados instrumentos que podía ser usado por el

Estado o por grupos “subversivos” con el fin de obtener poder, tal como surge de la

introducción de la ley. Se creía en la omnipotencia del emisor.

60



Nicolás Casullo define a la comunicación como, “producción permanente y abierta de

sentidos desde el sujeto social y cultural activo (aún en su posible pasividad)”.47 Michèle y

Armand Mattelart, en concordancia con esta definición, consideran a la comunicación

“como un proceso de interacción, en la que emisor y receptor ya no están ocupando dos

polos opuestos en una línea de verticalidad”.48

En la década de los 80’ se remonta, en el campo de la comunicología, el tema de la

democracia “como institucionalidad perdida o en retirada frente a los distintos tipos de

poderes autoritarios. La democracia como modelo a reconquistar”. Si bien, en ese

momento, el tema principal era la democracia como espacio a recuperar ante los avances

de los gobiernos militares, ahora surge el tema del poder autoritario en lo económico, la

presión de los monopolios sobre la política.49

Los proyectos sostienen que el acceso a la comunicación debe ser un derecho, por lo

que no establecen restricciones al mismo. Sin embargo, no proponen formas concretas de

participación que tengan en cuenta, especialmente, a los sectores más excluidos.

1.1. La democratización de las tecnologías. El acceso a las mayorías. Para el ejercicio

de una verdadera democracia que incluya a la comunicación, debería existir una política

comunicacional y una ley que la acompañe, que permita participar a las mayorías en lastecnologías de la información, tanto a nivel de recepción como de producción.

Los Mattelart opinan que en los medios de comunicación existe “una relación de fuerzas

desigual, por la cual las mayorías son condenadas a ser libres pero solamente a nivel de

47 CASULLO, Nicolás, Comunicación: la Democracia difícil , Folios Ediciones, ILET,

Buenos Aires, 1985, pág.25.48 KAPLUN, Mario, Los Mattelart hoy: entre la continuidad y la ruptura, en “Diálogos dela Comunicación”, Ed. Felafacs*, Lima, n°21, pág. 57.49 CASULLO, Nicolás, op.cit., pág.22.

61



consumo y nunca a nivel de producción” 50. Pero la libertad de consumir los bienes y

servicios de los medios masivos tampoco es tal, ya que se ve coartada por la imposibilidad

económica de muchos sectores sociales de acceder a determinados productos (como el

cable, internet, etc).

Esta definición de comunicación de los Mattelart plantea la importancia del receptor en

este proceso, reconociéndolo como sujeto, como productor de sentido.51 Esto implica

admitir una cierta libertad de lectura de los receptores sobre los productos mediáticos, de

los que pueden apropiarse52.

Según Néstor Canclini “todo bien es un estímulo para pensar y al mismo tiempo un

lugar impensado, parcialmente en blanco, en el cual los consumidores, cuando lo insertan

en sus redes cotidianas, engendran sentidos inesperados. Es sabido que los bienes se

producen con instrucciones más o menos veladas, dispositivos prácticos y retóricos que

inducen lecturas y restringen la actividad del usuario. El consumidor nunca es un creador

puro, pero tampoco el emisor es omnipotente”.53 La definición de Mattelart del receptor es

equiparable con la de Canclini del consumidor en cuanto no son sujetos pasivos, pero

siempre se apropian de los productos de manera acotada (un receptor es un consumidor de

bienes masivos). Canclini define al consumo como el conjunto de procesos socioculturales

en que se realizan la apropiación y los usos de los productos.

50 KAPLUN, Mario, op. cit., pág. 63.51

Cfr. con Ibidem, pág. 60.52 Cfr. con Ibidem, pág. 60.53 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Los estudios sobre comunicación y consumo: El trabajointerdisciplinario en tiempos neoconservadores, pág.13.

62



Internet. Internet genera, mayor posibilidad de producción de contenidos para mayor

cantidad de personas que otros medios masivos. Es más sencillo realizar una página

y publicarla en la red que producir un programa de televisión o un programa de

radio.

La apropiación de productos audiovisuales por parte de los receptores se da más

fácilmente con las nuevas tecnologías interactivas: muchos productos que circulan en la

red pueden ser apropiados por los usuarios. Por ejemplo, un cuadro en un museo virtual

puede ser un tapiz de una pantalla de computadora; se puede utilizar en una nueva página

en la red; hacer una postal utilizando un programa o se puede imprimir; colorearse de otra

manera, cambiar su forma o tamaño o cambiarle el soporte, pudiendo ser utilizada en un

video sobre arte, en una página impresa de una revista, etc.

No obstante las diferencias entre los sectores sociales en cuanto a la recepción de este

medio existen. Por ejemplo, hay muchos sitios virtuales exclusivos que no están al alcance

de todo el mundo. Además, para muchos tener acceso a la red es imposible, por no tener

recursos económicos o educativos.

El que no accede a Internet como receptor menos va a tener la posibilidad de acceder

como productor; por ejemplo: de tener un programa front page, etc, construir una página y

publicarla en la red. Los que no pueden poseer esos bienes culturales (tanto en su

producción como en su recepción) quedan afuera de esas redes de conocimiento e

información. Esto implica quedar afuera en el mercado laboral, económico y social.

La escuela. La escuela debería ser un nivelador para que esto no ocurra. Es un mediador

importante entre los medios de radiodifusión y la población, la cual podría acercar las

tecnologías de la información, tanto para aprender a utilizarlas como para brindar la

posibilidad de su recepción.

63



Pero no todas las escuelas públicas tienen acceso a las nuevas tecnologías, ni la

infraestructura, los elementos y el personal capacitado necesarios. Esto depende de la

política educacional y comunicacional llevada por el gobierno.

Una gran parte de la población directamente no acceden a la educación necesaria para

poder utilizarlas. En muchos lugares los chicos no concurren (por la difícil situación

económica imperante deben salir a trabajar), o en las escuelas no hay computadoras o

Internet; o simplemente la función de los maestros es darles la comida diaria, dejando de

cumplir por fuerza mayor con su verdadera profesión que es educar.

Las diferencias educacionales implican diferencias en el acceso a la tecnología y en la

producción y por ende desigualdad en lo laboral y económico.

Productos culturales. Los productos de los medios masivos son productos culturales.

Para Canclini esto significa que “tienen valores de uso y de cambio, contribuyen a

la reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en ellos los

valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles”. 54

Los que tienen posibilidades de tener mayor número de tecnologías de la información

tienen una mayor gama para elegir los productos que reciben (cable, satelital, internet). Los

demás, se contentan con la comunicación masiva generada por los monopolios y la

transmitida por los canales abiertos. Para los que no pueden acceder a la oferta variada de

tecnología (cable, video, internet, televisión satelital, etc.) y por ende mayor variedad de productos, “se ofrece un modelo de comunicación masiva, concentrado en grandes

monopolios, que se nutre con la programación standard norteamericana más productos

repetitivos, de entretenimiento light, generados en cada país”. 55

54 Ibidem, pág.12.55 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos ... etc., pág.51.

64



Esto produce que las mayorías, se alejen más en la producción de bienes. Las

determinaciones y las tomas de decisiones sobre la producción de bienes de los medios de

radiodifusión se concentran en las élites.

No tener acceso a la producción de contenidos implica que grandes masas de

consumidores deban contentarse con los que se ofrecen masivamente, y no puedan elegir lo

que quieren consumir al no estar representadas en los medios masivos. Tan solo se ofrece

aquello que es rentable.

“Hay que estimar qué significa para la democratización política y la participación de la

mayoría que se agudice la segmentación desigual de los consumos: por un lado, un modelo

de información que permite actuar, basado en la suscripción particular a redes exclusivas

de televisión y a bancos de datos, cuya privatización suele convertirlos en recursos para

minorías; por otro, un modelo comunicativo para masas organizado según las leyes

mercantiles del entretenimiento, que llevan a reducir a espectáculo hasta las decisiones

políticas”. 56

1.2. La propiedad de los medios. Según Nicolás Casullo el tema de la comunicación

debe centrarse en el hecho democrático y no tanto en el poder. Es necesario para Casullo plantear el tema de los medios y la comunicación como “conflicto de cultura”. Esto

significa no plantear tanto un debate sobre la “disputa por los poderes”, sino sobre una

“redefinición de lo político cultural”, por esto es importante la política comunicacional. 57

En las audiencias públicas el debate se da muchas veces sobre el poder. Se discute quién

es el dueño del espacio radioeléctrico, quién puede o no tener acceso a la información; se

56 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Los estudios sobre ... etc., pág.14.57 Cfr. con CASULLO, Nicolás, op.cit., págs.17-8.

65



plantea el tema de los monopolios y las empresas multimedios, de la multiplicidad y

transferibilidad de las licencias, del capital extranjero, del ingreso de las telefónicas a la

radiodifusión, etc. “La problemática del poder sigue vigente. Lo que ha cambiado es el

paradigma para analizar su modo de funcionamiento”.58

La diferencia es que ahora, se discute más que nada quién tiene el poder en lo

económico. En la época militar el tema principal era el poder político. Sin embargo, el

poder económico también construye poder político e influye sobre él.

Pero también en las audiencias se plantean temas relacionados con lo democrático,

como el funcionamiento de los órganos de contralor, de las defensorías de usurarios, el

acceso a otras formas de propiedad de los medios de radiodifusión, etc.

Lo que Nicolás Casullo plantea, es que no solo se debe discutir sobre el poder sino que

hay que tener en cuenta otras cuestiones. Por ejemplo: la propiedad estatal de los medios

no es garantía para que se brinden espacios para la producción a todos los sectores sociales

y regionales. El canal estatal ATC, refleja muchas problemáticas del interior del país, pero

la mayoría de los programas son producidos en Buenos Aires, por lo que la participación

de todos los sectores en la producción no existe.

La propiedad de los medios de radiodifusión en manos de particulares tampoco

garantiza contenidos de calidad ni una oferta comunicativa variada por la competencia en

el mercado, en especial cuando existen empresas monopólicas.O sea, que no solo es importante el tema de la propiedad de los medios sino también,

hay que tener en cuenta, si estos son democráticos o están regulados democráticamente,

tanto si son privados como si son públicos.

Según Canclini el neoliberalismo se maneja con las leyes de “...la máxima rentabilidad

de los bienes masivos y la concentración de la cultura para tomar decisiones en élites

seleccionadas, aleja a las mayorías de las corrientes más creativas de la cultura

58 KAPLUN, Mario, op.cit., pág. 64.

66



contemporánea”.59 Es por esto la importancia de espacios públicos donde se brinde esa

posibilidad, que pueden ser estatales o no (pueden ser privados pero no necesariamente

tener un fin comercial sino social como las vecinales, las comunas, los centros barriales).

Una oferta variada. Al estar el receptor enmarcado en una formación social y discursiva

determinada, tiene una libertad de producción de sentido dentro de cierto

margen. Sin embargo lo que ofrezcan los medios puede estar en una formación

exclusiva para ciertos sectores (por ejemplo los sectores medios o medios

bajos) y quedar cierto segmento de la población afuera de ésta. Por esto, la

oferta debe ser variada y se debe dar la posibilidad a todos los sectores sociales

de producir bienes masivos para que puedan estar representados todos los

gustos, necesidades e intereses de la población, de todos los sectores sociales

para que puedan consumir los bienes que deseen y así existir una verdadera

liberta de elección.

Las comunidades indígenas, por ejemplo, no están incluidas en esa formación social y

discursiva en que se enmarcan los medios de comunicación. Su inclusión es

responsabilidad del Estado, y no necesariamente deben estar representadas en los medios

estatales, sino que también se les puede brindar espacios a otras instituciones intermedias,

mediadoras que sean representativas.

Para Jorge Eduardo Noguer se debe permitir el libre acceso a los medios a los gobiernosnacionales y provinciales, a la comunidad (constituida por asociaciones civiles, partidos de

la oposición, trabajadores, universidades, fundaciones) y a los particulares, ya que esta

variedad implica más contenidos, diversidad de fuentes y del debate público 60.

59 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos, ... etc., pág.53.60 Cfr. con NOGUER, Jorge Eduardo, op.cit.

67



1.3. Los órganos de control. Los órganos de control de los medios de radiodifusión son

la Autoridad de Aplicación, el órgano encargado de controlarla y las instituciones que se

encargan de defender los derechos de los usuarios que pueden ser estatales o no. Estas

últimas por ejemplo son las asambleas barriales, las organizaciones para los derechos del

consumidor, las Defensorías del Pueblo, etc.

Es importante que el estado garantice ciertas instituciones que controlen a la Autoridad

de Aplicación y a los medios masivos y que defiendan a los usuarios. No solo hay que

garantizar el funcionamiento de estas instituciones sino también que los ciudadanos puedan

participar en ellas. Los ciudadanos pueden organizarse y crear otras que puedan ser más

eficaces o cumplir funciones que las estatales no cumplen; o también participar en las ya

creadas.

Para lograr la apropiación y el uso de los productos de los servicios de radiodifusión,

como consumidores los ciudadanos tienen derecho al control de los mismos, para que se

brinde el correspondiente servicio público.

Los grupos, segmentados según el consumo, deben tener sus representantes en estos

órganos; sobre todo los sectores más excluidos que son los más perjudicados y más

alejados de las posibilidades de defenderse y participar activamente.61

Hay varias cuestiones que surgieron como importantes en las audiencias a la hora decrear la Defensoría estatal de usuarios de medios de radiodifusión.

Se solicita muchas veces que la Defensoría sea independiente de la Autoridad de

Aplicación (actualmente el Comfer). Si la defensoría (entre cuyas funciones se encuentra la

de controlar al Comfer) depende de este organismo, el cual nombraría a sus funcionarios y

empleados, en realidad no quedaría claro si realmente defiende los derechos de los

usuarios. En algunos proyectos esta Defensoría depende de la Autoridad de Aplicación.

61 Cfr. con GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos ... etc., pág.51.

68



En cuanto a ésta, el proyecto Flores-Cositmecos permite que en la misma, participen

ciertos actores de los medios de radiodifusión (tanto empleados como empresarios).

En el proyecto Nicotra-Fontdevila, el Congreso tiene una comisión que integra este

organismo, sin embargo muchos actores no están de acuerdo con esto porque una comisión

del mismo debería constituir un órgano de control externo ya que la base de la democracia

la constituye la división de poderes. “Para las democracias esa división ..., representa su

esencia y su posibilidad de actuación”.62

También se plantea la independencia de este órgano del gobierno, o sea que sea un

organismo autárquico para que no esté subordinado al gobierno de turno.

La autoridad de Aplicación no debe ser solo un órgano de poder, sino un espacio de

participación ciudadana, democrático o fiscalizado democráticamente por un órgano

externo. Un espacio de aporte de ideas, con canales por los que la gente se exprese y donde

su opinión tenga peso en las decisiones que este órgano tome. Deberían existir instancias

de apelación para sus decisiones; donde las instituciones creadas con este fin, no estén

controladas por los mismos, que pertenezcan a otro poder como es el legislativo y que esas

apelaciones puedan ser hechas por el ciudadano común sin que esto le genere costo alguno

ni dificultades burocráticas.

El ejercicio de la ciudadanía. Es en los órganos de contralor donde el consumo se

vincula con fuerza a la ciudadanía. Ejercer como ciudadanos para consumir los bienes que

queremos y necesitamos, y para desvincular estos productos de la oferta y la demanda del

mercado. Para Canclini esto es así, cuando se considera al mercado como un lugar de

interacción sociocultural. Para lograr esto debe darse una política comunicacional acorde y

el consumo debe ser visto “no como la mera posesión individual de objetos aislados sino

62 OSSORIO, Manuel, op.cit., vbo. democracia.

69



como la apropiación colectiva, en relaciones de solidaridad y distinción con otros, de

bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, que sirven para enviar y recibir

mensajes”.63

Ejercer como ciudadanos significa, por ejemplo, trabajar en las comisiones de padres de

las escuelas exigiendo que en las mismas exista la tecnología necesaria y que se brinde la

educación correspondiente; o trabajar en vecinales, bibliotecas públicas o asambleas

barriales con objetivos similares. O sea, participar en la toma de decisiones sobre los

medios masivos.

“Vincular el consumo con la ciudadanía requiere ensayar una reubicación del mercado

en la sociedad, intentar la reconquista imaginativa de los espacios públicos, del interés por

lo público. Así el consumo se mostrará como un lugar de valor cognitivo, útil para pensar y

actuar significativa, renovadoramente, en la vida social”.64

“Plantear estas cuestiones implica recolocar la cuestión de lo público. El descrédito de

los Estados como administradores de áreas básicas de la producción y la información, así

como la incredibilidad de los partidos (incluidos los de oposición), contrajo los espacios

donde podía hacerse presente el interés público, donde debe limitarse y arbitrarse la lucha

–de otro modo salvaje- entre los poderes mercantiles privados. Comienzan a surgir en

algunos países, a través de la figura del ombudsman, de comisiones de derechos humanos,

de instituciones y medios periodísticos independientes, instancias no gubernamentales, ni partidarias, que permiten deslindar la necesidad de hacer valer lo público frente a la

decadencia de las burocracias estatales. Algunos consumidores quieren ser ciudadanos”.65

Esta reflexión de Néstor Canclini hecha para los países latinoamericanos hace unos años se

ajusta apropiadamente a la situación actual de nuestro país, en especial después de los

acontecimientos de diciembre del año 2001 con el surgimiento de nuevas instancias de

63 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos ... etc., pág.53.64 Ibidem, pág.54.65 Ibidem, pág.54.

70



participación, como las asambleas barriales, y de manifestación, como los piquetes y los

cacerolazos.

2. Antimonopolios. La concentración de los medios de radiodifusión es tanto

geográfica, concentrada en Capital Federal, como económica, con la formación de

empresas multimedios. Lo primero implica alejar a otras zonas del país de su derecho a

participar en los medios y a verse representadas. Lo segundo, que se vea comprometida la

pluralidad informativa y que los monopolios, por su poder económico, puedan presionar a

los políticos (lobby) para obtener ventajas, influyendo en las políticas comunicacionales y

económicamente a otros radiodifusores menores con el fin de copar todo el mercado.

Una política cultural debería frenar este mecanismo de concentración de la producción y

el consumo. Para lograr esto la comunicación debe ser considerada como un servicio

público y no solo como de interés público; definiendo servicio público como “el de

carácter técnico, prestado al público de manera regular y continua, para satisfacer una

necesidad pública y por una organización pública” 66.

2.1. La omnipotencia del emisor o la libertad de lectura. Michèle y Armand Mattelart

sostienen que es importante no caer ni en un extremo ni en el otro: “El receptor ni se deja

influenciar totalmente por los mensajes ni tiene una libertad total de consumo frente a los

mensajes mediáticos”.

66 OSSORIO, Manuel, op.cit., vbo. servicio público.

71



Lo primero, es el temor que tenía la dictadura militar de la década del 70’ sobre la

omnipotencia del emisor, y que fue una de las razones por la que basó a la Ley 22.285 en

la Doctrina de Seguridad Nacional con su correspondiente censura y prohibiciones a los

contenidos. Canclini sostiene de que existe una hegemonía cultural, pero que sin embargo,

la comunicación no es una acción vertical de dominación de los emisores hacia los

receptores.67

Lo segundo “implicaría (además de ser un arma del neoliberalismo) que no habría

necesidad de trabajar sobre los productos, cada uno los leería como quiere cada uno y

produciría un sentido distinto del que poseen los emisores. Pero además no habría

necesidad de ...generar productos que tengan que ver (que refuercen) con la identidad

regional, nacional, social o de clase”. Además el tema del receptor es importante “para

imaginar y proponer otras formas de producción y de programación”.68 Esto refleja la

importancia de la participación en la producción de contenidos.

Según estos autores, los receptores muchas veces generan sentidos distintos de los

mensajes que el emisor quiere comunicar. Sin embargo, el receptor nunca crea de la nada

sino bajo ciertas condiciones.

Los monopolios acortan aún más las posibilidades de lectura de los receptores, al dar

menos opciones de elección y ofreciendo productos similares que no obedecen a un interés

o a una necesidad real de los receptores, sino en general a una cuestión comercial. Losmonopolios no permiten una libertad amplia de lectura desde el momento en que se

ofrecen productos similares, atentando contra la diversidad de bienes y mensajes. Por lo

tanto, ofrecen lecturas similares o acotadas siempre en los mismos límites y no se ofrece

una amplia gama de bienes que permitan orientar al consumidor según sus propios gustos.

67 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos ... etc., pág.41.68 KAPLUN, Mario, op.cit., pág.62.

72



Como se mencionó anteriormente, la concentración en la producción implica también

una concentración en los consumos; por lo que, para lograr una recepción amplia de los

productos culturales de los medios de radiodifusión, es necesaria la participación en la

producción de estos bienes de todos los sectores sociales.

2.2. La globalización. Los monopolios en general son transnacionales y los sectores

hegemónicos que tienen intereses comunes ofrecen productos similares en las diversas

regiones.

Canclini afirma que la globalización llegó al consumo y que existen códigos semejantes

en los distintos países: “Pero esos códigos compartidos son cada vez menos los de la etnia,

la clase o la nación en la que nacimos. Esas viejas unidades, en la medida que subsisten,

parecen reformularse como pactos móviles de lectura de los bienes y mensajes. Una

nación, ... más bien sobrevive como una comunidad interpretativa de consumidores, cuyos

hábitos tradicionales –alimentarios, lingüísticos- los llevan a relacionarse de un modo

peculiar con los objetos y la información circulante en las redes internacionales”.69 “Como

los acuerdos entre productores, instituciones, mercados y receptores –que constituyen los

pactos de lectura y los renuevan periódicamente- se hacen a través de esas redes

internacionales, ocurre que el sector hegemónico de una nación tiene más afinidades, conel de otra que con los sectores subalternos de la propia”.70 Hay entre los grupos de poder de

distintos países un interés por el mismo consumo y por otro lado a los sectores populares

de distintos países los une otro.

“Hay que averiguar, entonces, cómo se reestructuran las identidades y las alianzas

cuando la comunidad nacional se debilita, cuando la participación segmentada en el

69 GARCÍA CANCLINI, Néstor, Consumidores y ciudadanos ... etc., pág.4970 Ibidem, pág.50.

73



consumo –que se vuelve el principal procedimiento de identificación- solidariza a la élites

de cada país con un circuito transnacional y a los sectores populares con otro”.71

Los sistemas simbólicos de cada país se organizan según las reglas del mercado y según

las decisiones de las élites que manejan los medios de radiodifusión. Amplios sectores

sociales quedan afuera de la producción y de la creación de productos culturales.

La toma de decisiones con respecto a la cultura de lo que es bueno ver y escuchar en los

medios, guiadas según lo económico, se concentra e implica que los sectores populares no

tengan representación en la producción para crear lo que ellos quisieran. Este gusto

transnacional también implica productos repetitivos en todos los países cuyos formatos son

copiados con exactitud, como por ejemplo los programas de “Gran Hermano”, “Sorpresa y

media”, “Confianza ciega”, entre otros.

3. Federalismo y división de poderes. Manuel Ossorio define al Estado Federal como

aquel “compuesto por varios Estados –en algunos de ellos llamados Provincias, como en la

Argentina- que poseen gobierno peculiar, legislación privativa en diversas materias y una

gran autonomía administrativa; pero con respecto a la unidad representativa internacional,

confiada a un Ejecutivo federal o nacional”.72

La ley 22.285 establece que las frecuencias y el control de los servicios de radiodifusiónestán a cargo del Poder Ejecutivo Nacional así como la adjudicación de licencias por

cuestiones técnicas y por Seguridad.

En una república federal, la Nación debe reconocer a las provincias la administración y

control de sus recursos naturales según lo dictamina la Constitución Nacional, la cual está

por sobre la ley 22.285; recursos en los que se encuentra incluido el espacio radioeléctrico.

71 Ibidem, pág.51.72 OSSORIO, Manuel, op.cit., vbo. estado federal.

74



En las audiencias públicas se solicitó que cada provincia administre este espacio.

También se exige federalismo en cuanto a la integración de la Autoridad de Aplicación,

debiendo ser formada por representantes de las provincias y municipios: “Optamos por un

órgano interno de amplio debate federal y un órgano interno de gran poder de ejecución,

pero con controles”. 73

El federalismo también debe ser comunicacional y esto implica una cierta autonomía

provincial. No un poder vertical, donde el Poder Ejecutivo Nacional administre a los

demás, sino horizontal que incluya también a lo privado y a otras formas de propiedad.

Para pluralizar la información y garantizar la participación de todas las regiones, las

mismas deben estar representadas. Para esto se debe descentralizar la comunicación y

romper la concentración geográfica actual de la información y de la producción de bienes.

El problema es también económico, son menos rentables ciertas regiones, sobretodo

porque se produce menos publicidad o se consume menos bienes y servicios que la

generen. Una de las consecuencias de los monopolios es como dijimos la concentración

geográfica y económica que empobrece al interior y lo aleja de su derecho a la información

y a la libertad de expresión. El estado debe encontrar soluciones; por ejemplo:

federalizando los canales y emisoras estatales en sus contenidos, fijando porcentajes de

programas con contenidos sobre temas del interior del país y producción en esas regiones,o facilitando que otras formas de propiedad se instalen en esas zonas (como comunas,

vecinales, agrupaciones barriales o educacionales).

73

Propuesta del movimiento cooperativo de un borrador para el debate sobre una nueva leyde radiodifusión, Capítulo VIII, Órganos internos, Desgrabación de la sexta audiencia pública realizada el 30/08/01 en la ciudad de Buenos Aires en www.rt-a.com, 18 denoviembre de 2001.

75






Capítulo IV

CONCLUSIONES

La necesidad de una nueva ley sobre la materia surge de la nueva situación social,

jurídica, política y económica del país y los nuevos cambios tecnológicos ocurridos en las

76



últimas décadas desde la concreción de la última ley de radiodifusión. A continuación, se

describen cada una de estas transformaciones:

• En los últimos años el aumento de la pobreza generó mayor exclusión económica y

cultural, y por lo tanto, menos participación en los medios masivos tanto en la producción

como en el consumo. Cada vez, mayor cantidad de personas quedan alejadas de la

posibilidad de obtener la tecnología necesaria para acceder a la información, a nuevas

formas de comunicación y recepción que fueron surgiendo en las últimas décadas y a

productos tradicionales como los diarios y revistas que, por su precio, no son accesibles

para muchos sectores.

• Desde la sanción y promulgación de la Ley 22.285 por el presidente de facto Jorge

Rafael Videla, el 15 de septiembre de 1980, se dictaron los decretos 1005/99 y 1771891 y

se sancionó la ley 23.696 (todos durante el gobierno del Dr. Carlos Menem) que

modificaron a la ley de la dictadura y a su reglamentación. Además, el decreto 1151/84 del

gobierno de Alfonsín, suspendió el Planara aprobado por el art. 110 de la Ley 22.285. Los

convenios internacionales sobre promoción y protección recíproca de inversiones

ratificados por las leyes 24.117, 24.118, 24.122, 24.123, 24.124 y 24125 con respecto a los

tratados con el Reino de Suecia, España, Italia, la Unión Económica Belga-

Luxemburguesa, Estados Unidos de América y Canadá permitieron el ingreso de capitales

extranjeros a la radiodifusión, prohibido por la Ley 22.285. requiriendo una nueva ley que

los integre.

También se sancionaron otras normas legales, que sin modificar directamente a la esta

ley, regularon la radiodifusión; como la resolución 858/90 del Comfer (que interpreta

ampliamente el art. 8 inc.a y el art. 45 de la ley 22.285) y el decreto 2284/91, ratificado por

ley 24.307.

77



Deben ser también consideradas otras problemáticas no contempladas en la legislación

actual y que necesitan tratamiento, según lo expresado por los actores. Algunas de ellas, no

fueron incluidas en la legislación en su momento por haber surgido posteriormente como,

por ejemplo, los cambios tecnológicos. Otras, hay que considerarlas nuevamente por haber

variado las condiciones en las que fueron formuladas. Por ejemplo, han ingresado al sector

la Iglesia y algunas sociedades no comerciales, prohibidas anteriormente.

Los cambios en el campo legal sobre la radiodifusión y las variaciones operadas en la

realidad de esta, sugieren la necesidad de una nueva legislación que integre al primero y

que incluya a la segunda.

• La nueva situación política se refiere a que la nueva legislación debería estar

enmarcada en el actual régimen democrático y no como la ley vigente, en un gobierno de

facto. Por lo que, su correspondiente doctrina de Seguridad Nacional y sus medidas contra

la subversión, no se ajusta a los tiempos actuales. Esta ley que rige actualmente censura a

la información en contra de lo que proclama la Constitución Nacional en su art. 32 y no

permite la libertad de prensa, en oposición al artículo 14 que la protege. El ascenso de la

democracia permite la participación de los ciudadanos en el control de los medios masivos,

cosa impensable en el régimen de facto. Todas estas contradicciones entre la realidad y lo

que la ley establece se producen por el marco político diferente al actual en el que fue

formulada esta ley.

• Se han producido en los últimos años grandes cambios en la economía: generales,

como la globalización y la tercerización; y más específicos, referidos a las empresas de

radiodifusión, como el fortalecimiento de empresas multimedios, el ingreso al rubro de

capitales extranjeros, las privatizaciones, el surgimiento de monopolios (amparados por la

78



multiplicidad y transferibilidad de las licencias y la posibilidad de instalar redes

permanentes), etc.

• Se han producido cambios en las tecnologías ya existentes, como la proliferación

del cable y el video en los hogares y la propagación de las emisoras de radiodifusión

sonora de frecuencia modulada no autorizadas. Por otro lado, han surgido nuevas

tecnologías como Internet y la transmisión satelital de imágenes y sonido; tecnologías no

enmarcadas por la Ley 22.285, que genera nuevas situaciones con su correspondiente

necesidad de que la legislación acompañe estos cambios. También hay tecnologías que se

prevén para un futuro próximo, como por ejemplo la convergencia tecnológica que exige

un soporte tecnológico acorde y nuevas normas que lo regulen, ya que las existentes para

los servicios de radiodifusión no siempre pueden transponerse.

La concreción de una nueva Ley de Radiodifusión que contemple estos temas es apenas

una parte en lo que respecta a la Radiodifusión. “Una ley sin política será, en el mejor de

los casos, un instrumento de ocasión.” 74 Una solución que atienda todos estas cuestiones

solo puede proceder de una política nacional de comunicación que tenga en cuenta la

participación popular, que incluye: el acceso a las nuevas tecnologías, a la educación y a

una oferta variada de programas de radiodifusión; la producción de bienes audiovisuales y

radiofónicos y el control de los medios. Sin embargo, el marco legal es muy importantedesde el momento que sienta las bases para poder construir soluciones a estos problemas.

74 PASQUINI DURAN, José María, La ley sin política ... etc., pág. 3.

79



b) Especial

BERTOSSI, Roberto F, Radios cooperativas en Doctrina Judicial, t. 2000-3, pág. 575.

CRACOGNA, Dante, La radiodifusión y las cooperativas (Un caso de discriminación) enJurisprudencia Argentina, t. 1997-III, pág.926.

CREO BAY, Horacio, Hacia una mayor desregulación de la radiodifusión: el decreto1771/91 en La Ley, t. 1991-E, pág.1270.

EKMEKDJIAN, Miguel A. Derecho a la información, Ed. Depalma, pág.14 citado por AQUINO BRITOS, Armando, La radiodifusión después de lareforma constitucional en La Ley, t. 1996-C, pág. 1224.

ERREA, G, Internet exige una nueva legislación que regule los contratos de la red; enwww.expansiondirecto.com/2001/02/28/tecnologia/10tec.html , 16 denoviembre de 2002.

FREIDENBERG, Leonardo y GARBER Marina, La parte del león, en “Revista Acción”,18/01/96, n°706, pág.2.

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NICOTRA, Norberto, La alternativa en Diputados en Diario “Página 12”, Buenos Aires,05 de agosto de 2001, p.6.

80

http://www.expansiondirecto.com/2001/02/28/tecnologia/10tec.html

http://www.expansiondirecto.com/2001/02/28/tecnologia/10tec.html



NOGUER, Jorge E., Aportes para una Ley de Radiodifusión en “Revista Plural 8”, Revistade la Fundación Plural para la participación democrática. Estado,Sociedad y Medios de Comunicación, 1985, pág.86.

PASQUINI DURÁN, José María, El huevo y la gallina en “Revista Acción”, 18/01/96,

n°706.

PASQUINI DURÁN, José María, La ley sin política en “Revista Acción”, 18/01/96,n°706, pág.3.

SIMEONI, Alicia, Un objetivo concentrador en Diario “Página 12”, 05 de agosto de 2001, pág. 6.

TAU ANZOÁTEGUI, Carlos, La radiodifusión estatal en un fallo de la Corte Suprema deJusticia en La ley, 1998-F, Sec. doctrina, pág. 1158.

TAU ANZOÁTEGUI, Carlos, TV comunitaria en la Corte Suprema de Justicia en La Ley,2000-E, pág. 696.

ZAFFORE, Jorge J., La naturaleza jurídica de la radiodifusión (significación yconsecuencias), La Ley, 1994-B, pág. 805.

Fuerte rechazo de Rosario al proyecto de radiodifusión ideado por el gobierno, en Diario“La Capital”, Rosario, 07 de agosto de 2001, pág. 8.

Si de la Rúa firma el decreto, Canal 3 deberá cerrar o convertirse en repetidora en Diario“La Capital”, Rosario, 11 de noviembre de 2001, pág. 8.

Convergencia tecnológica y guerra de decibelios en

www.elmundo.es/ariadna/2000/A014/A014pag19.html, 16 de noviembre de 2002.

Desgrabación de la quinta audiencia pública realizada el 06/08/01 en la ciudad de Rosarioen www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.

Desgrabación de la sexta audiencia pública realizada el 30/08/01 en la ciudad de BuenosAires en www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.

Desgrabación de la primera audiencia pública realizada el 11/06/01 en la ciudad deResistencia, Provincia de Chaco en www.rt-a.com, 18 de noviembre de 2001.

81















Desgrabación de la visita del señor Gustavo López a la reunión de la comisión decomunicaciones e informática, del día 05 de junio de 2001 en www.hcdn.gov.ar , 07 de

agosto de 2002.c) Fuentes documentales:

Audiencias públicas consultivas convocadas para analizar un nuevo régimen deradiodifusión realizadas en las siguientes fechas: 11/06/01 en Resistencia, 25/06/01 en San

Miguel de Tucumán, 02/07/01 en San Juan, 23/07/01 en Trelew, 06/08/01 enRosario y 30/08/01 en Capital Federal publicadas en el sitio www.rt-a.com/saldos/audienciaspublicas.htm , 18 de noviembre de 2001

Jornadas para debatir un nuevo régimen de radiodifusión realizadas en Rosario los días 06,13, 20 y 27 de julio del corriente

publicadas en el sitio www.rt-a.com/saldos/audienciaspublicas.htm, 18 de noviembre de 2001.

Desgrabación de la visita del señor Gustavo López a la reunión de la comisión decomunicaciones e informática, del día 05 de junio de 2001en www.hcdn.gov.ar , 07 de

agosto de 2002.

Copia de la versión taquigráfica de la visita del Sr. Gustavo López a la reunión de laComisión de Comunicaciones e Informática, conjunta con las Comisiones de Libertad de

Expresión y de cultura, del día 12 de junio de2001 en www.hcdn.gov.ar , 07 de agosto de2002.

Ley Nacional de Radiodifusión N°22.285.

Ley Nacional N°23.696 de reforma del Estado.

Ley Nacional N°24.124.

Ley Nacional N°24.478.

Ley Nacional N°25.208 (de creación de RTA, Radio Televisión Argentina).

Proyecto de Ley Nacional 011-PE-01, remitido por el Poder Ejecutivo y elaborado por elComfer.

82


http://www.rt-a.com/saldos/audienciaspublicas.htm


















Proyecto de Ley Nacional 6460-D-00 de los diputados Norberto Nicotra y Dr. PabloFontdevila.

Proyecto de Ley Nacional 0211-D-01 del diputado Rafael Flores.

Proyecto de Ley Nacional 0571-D-01 de los diputados Jorge Folloni, Ricardo Gómez Diez,Luis Díaz Colodrero e Ismael Cortinas.

Proyecto de Ley Nacional 0771-D-01 de los diputados Dra. Irma Parentella, MarcelaBordenave, Graciela Ocaña, Jorge Giles, Eduardo Macaluse, Rafael Flores, RubenGiustiniani, Fernando Melillo y Atilio Tazzioli.

Proyecto de Ley Nacional 6258-D-01 del diputado Héctor Polino y otros.

Decreto Nacional Nº286/81 (Reglamentación de la Ley de Radiodifusión 22.185)

Decreto Nacional N°1771/91.

Decreto Nacional N°152/99





83



INDICE

Capítulo I

DESARROLLO DE LA LEGISLACION

pág.1. La ley 22.285....................................................................................................................22. La democracia...................................................................................................................42.1. El gobierno de Raúl Alfonsín.........................................................................................42.2. El gobierno de Carlos S. Menem...................................................................................43. El pacto de San José de Costa Rica..................................................................................104. Proyectos de ley en la actualidad.....................................................................................11

Capítulo II

LOS TEMAS DE DEBATE

1. Centralización en la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo Nacional...............................................................................................................152. La formación de monopolios............................................................................................182.1. La multiplicidad de licencias y su transferibilidad........................................................192.2. Las redes permanentes y la instalación de repetidoras..................................................21

84



2.3. La Concentración en la Capital Federal de la producción y la propiedad de los medios de radiodifusión............................................................................262.4. El ingreso de nuevos capitales a las empresas de radiodifusión...................................283. Otras formas de participación..........................................................................................313.1. Los órganos de contralor...............................................................................................333.2. La propiedad de los medios de radiodifusión................................................................37

4. Las nuevas tecnologías.....................................................................................................464.1. La convergencia tecnológica.........................................................................................474.2. Internet..........................................................................................................................48

Capítulo III

LOS TOPICOS

1. Democratizar la comunicación.........................................................................................531.1. La democratización de las tecnologías.........................................................................551.2. La propiedad de los medios..........................................................................................581.3. Los órganos de contralor...............................................................................................612. Antimonopolios...............................................................................................................642.1. La omnipotencia del emisor o la libertad de lectura.....................................................642.2. La globalización............................................................................................................663. Federalismo y división de poderes...................................................................................67

Capítulo IV

CONCLUSIONES

Conclusiones........................................................................................................................69

85

“política y legislación en comunicación”

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