Poder y autonomía del Estado, un estudio comparativo entre Venezuela y Bolivia

Mtro. Ricardo Gaytán Cortés

Dr. Adrián Galindo Castro*

México

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH)

Resumen

Autores clave dentro de la sociológica histórica, como Theda Scokpol, Charles Tilly o

Michael Mann, sostienen que el Estado puede gozar de autonomía, aunque sea temporal,

respecto a otros grupos al interior de la sociedad, en contraposición a otro tipo de teorías

como la marxista o la pluralista que destacan el papel del Estado como arena política en que

se lleva a cabo la lucha de clases o bien como un actor que compite con otros por los

recursos al interior de la sociedad. Se sostiene que el poder despótico las élites estatales de

Venezuela y Bolivia, término usado por Mann que se refiriere al margen de maniobra de las

élites estatales respecto a los demás grupos de la sociedad, impulsado por la configuración

coyuntural que dio origen a su ascenso, ha aumentado.

Palabras claves: sociología histórica, autonomía estatal, élites políticas, Venezuela, Bolivia,

Introducción

América Latina ha vivido las últimas décadas una serie de cambios políticos, sociales y

económicos que parecen en cierta medida vertiginosos e impredecibles. Las dictaduras

militares que asolaron la región en los años setentas y principios de los ochentas del siglo

pasado fueron remplazadas por regímenes democráticos y liberales desde mediados de esa

misma década, sentando sus reales en los años noventas. La desaparición del llamado

socialismo real, con el consiguiente descredito del socialismo y del comunismo, el ascenso

del neoliberalismo, que tuvo en Chile y Bolivia un escenario privilegiado para su

aplicación, y el espejismo de que la democracia política y el liberalismo económico eran

parte de un mismo proyecto parecieron una certeza. Menos de una década después nuevas

construcciones políticas, que reconfiguraban lo económico y lo social, transformaban la

* El autor agradece las observaciones del Dr. Adrián Galindo Castro en la elaboración de la presente ponencia.

región en un giro hacia la izquierda, la nueva izquierda dijeron algunos, en un proceso que

todavía no finaliza y que en ciertos países, en especial Venezuela y Bolivia, ha sido descrita

en la forma de liderazgos populistas†, pero también como el triunfo de lo nacional-popular,

de los movimientos gobierno o de un enfrentamiento entre estatismo y capitalismo,

descripciones muchas veces plasmadas en los imaginarios colectivos polarizados alrededor

del fenómeno (Sader, 2009; Escalante, 2011, Rodríguez y Barret, 2005; Paramio, 2006).

Estas transformaciones no se encuentran supeditadas únicamente al ámbito interno de los

países en cuestión, en el contexto internacional la lógica de la guerra fría propició el apoyo

de uno de los bloques en competencia por la hegemonía a las dictaduras militares

latinoamericanas como baluarte ante el comunismo. Sin embargo, la desaparición de la

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y la inclinación de los Estados Unidos, hasta

cierto punto, por una política menos intervencionista en un momento, convencidos de su

triunfo, y después su atención total hacia Medio Oriente y su agotamiento en dos guerras

dejaron a la región, por primera vez en mucho tiempo, libre de decidir su propio destino sin

temer influencias determinantes del exterior.

Es en medio de esta incertidumbre que nuevos proyectos políticos lucharon por hacerse un

espacio en la región y configurar una hegemonía interna, en contraposición a los grupos

antaño dominantes en un escenario de permanente confrontación con ellos.

Dichos proyectos no han podido enraizarse en todos los países de la región, solo unos

cuantos han respondido a esta dinámica, siendo estos en donde centraremos nuestra

atención, particularmente Venezuela y Bolivia, que en la opinión pública y en la mente de

muchos analistas han conformado un bloque, acompañados por Ecuador y Argentina, de

países que se han caracterizado por manejos poco ortodoxos de la política y de la economía

y un alto grado de polarización social, así como un discurso provocador que busca

reivindicar demandas populares antaño ignoradas.

El caso de Venezuela es interesante, no sólo debido a los manejos económicos derivados de

la llegada de Hugo Chávez al poder, enfocados en una redistribución económica, y el

repudio internacional que ha ocasionado, en cierto sector de la comunidad internacional,

sino de que ese país parecía una de las democracias más estables de la región y es a su vez † Estos cambios de acuerdo con Sader (2009) puede verse como una contradicción que surge de los modelos económicos dominantes en la región y su posterior agotamiento, en etapas cada vez más cortas que van del modelo de industrialización por sustitución de importaciones al neoliberalismo y, en algunos países, por proyectos posneoliberales.

en donde la confrontación entre las élites tradicionales empresariales y las nuevas élites

estatales agrupadas alrededor de la figura del mandatario ha alcanzado los cotos más altos.

Desde 1958, a partir de la firma del Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos del

país, con un crecimiento económico sostenido del 6% anual, hasta los años ochenta la

democracia fue una constante. Aunque los problemas resultado de la caída del precio del

petróleo, que culminaron en el Caracazo de 1989, trastornaron de manera importante el

panorama político, llevando al intento de golpe de 1992, fracasado, y finalmente a la

elección de Chávez como presidente en 1998 (Rouquié, 2011: 201-205).

En el caso de Bolivia aconteció una ruptura en 1952 cuando iniciaron las transformaciones

democráticas integrándose estructuralmente el Estado mediante una ampliación de la base

demográfica del consenso político (Zavaleta, 1986). Posteriormente se dio una sucesión de

gobiernos militares y un regreso a la democracia que propició la aplicación de medidas

neoliberales a partir de 1985. Con lo que inició una etapa de experimentación económica

que concluyó cuando Evo Morales resultó electo en las elecciones de 2005 con casi el 54%

de los votos, aunque hay que especificar que dicha elección fue resultado de un proceso

más amplio de rechazo hacia el modelo económico hegemónico (Rouquié, 2011: 216-217).

Estas transformaciones pueden ser analizadas desde diferentes ópticas, las bases sociales,

consistentes en movimientos sociales que llevaron al poder a nuevos liderazgos, la

perspectiva ideológica, las nuevas izquierdas latinoamericanas y la construcción de un

discurso que justifique su actuar, o bien el vacío ideológico que hay detrás, o la

configuración económica, el enfrentamiento entre estatismo y mercado, sin embargo,

nosotros proponemos otra explicación para las trasformaciones que sufren dichas

sociedades, desde la perspectiva estatal, específicamente como un intento de expandir la

autonomía estatal a fin de implementar un proyecto político propio en una lucha por la

hegemonía.

La presente ponencia forma parte de una investigación más amplia sobre la autonomía

estatal en Venezuela y Bolivia, centrado en el tema de la dominación al interior del Estado

y la lucha por la historicidad, tema de tesis para obtener el grado de Doctor en Ciencias

Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México. Dicha investigación

se encuentra en curso, por lo que se abundara en cuestiones teóricas, y será ambigua en

aspectos empíricos y resultados.

Desarrollo

Para iniciar la discusión nos centraremos en el Estado nacional, al respecto hay que

comentar varias discusiones, respecto a su origen y continuidad. En primer lugar me

gustaría abundar sobre la historicidad del Estado, es decir que tanto estos Estados

nacionales son instituciones que se configuran a partir de siglos recientes. Nos dicen

Bertrand Badie y Pierre Birnbaum (1994) que dichas organizaciones implican una ruptura y

una empresa de invención, y por lo tanto se encuentran en constante reinvención, producto

precisamente de su historicidad (Hibou, 2013). En seguida recalcar que el Estado nacional

tiene un tipo ideal, el occidental, modelo y meta a alcanzar, materializado en la definición

de Max Weber, y que presenta desviaciones diversas basadas en un único modelo universal.

Lo cual nos lleva a uno de los principales escollos que encontramos al estudiar al Estado: su

doble carácter, uno como idea, otro como fuerza material. Joel S. Migdal (2011) atribuye en

parte dicha situación a Max Weber y a la gran influencia que ha influido una mala lectura

de su definición de Estado en la concepción que tenemos actualmente del mismo, en

particular en cuanto al monopolio de la violencia, alterando, hasta cierto punto, la

percepción de dicha entidad, idealizándola en su imagen y segregándola en sus prácticas,

aunque Weber nos da pistas de otros Estados y por lo tanto otras funciones y estructuras

que puede tener y que ha tenido a lo largo del tiempo (Hibou, 2013).

Diferentes autores han buscado superar esa contradicción, Migdal (2011), por ejemplo,

establece la necesaria diferenciación entre la concepción ideal del Estado, como entidad

todopoderosa capaz de imponerse dentro de determinado territorio, por lo tanto una imagen

del Estado, y las prácticas reales que lleva a cabo. En el mismo sentido actúa Michael Mann

(2004: 179), al hablar de la necesidad de ocuparse de lo que Estados hacen en realidad y no

únicamente ocuparse de constituciones, partidos políticos y sistemas electorales. Mientras

que Philip Abrams (2015) habla del Estado como una entidad con una doble existencia,

como fuerza material y como constructo ideológico, es decir tanto real como ilusorio

(Mitchell: 2015).

La manera en que se entiende y conceptualiza al Estado, es la que nos remite a diversas

teorías que disienten sobre su interpretación, el marxismo, las teorías democrático

pluralistas, las teorías estructural funcionalistas y la sociología histórica (Skocpol, 1995;

Mann, 2007, Abrams, 2015; Miliband, 1991; Boron, 2003).

Las teorías democrático pluralistas y estructural funcionalistas, que predominaron en el

mundo anglosajón en los años cincuentas y sesentas del siglo pasado, hicieron énfasis en el

abandono del Estado, huyendo del “sesgo ideológico”, marxista, que a su parecer

contemplaba, remplazándolo con conceptos como sistema político, a su vez centraron el

análisis en el poder de la comunidad local, reduciendo la complejidad del Estado al

gobierno, partiendo de la premisa de que el poder político se encuentra disperso en

múltiples grupos , asociaciones e instituciones, las cuales compiten por la imposición de

ciertas políticas desde el gobierno (Abrams, 2015; Mitchell, 2015; Boron, 2003), Ralph

Miliband (1991, 141) realizó una crítica muy acertada respecto a estas teorías al recalcar

que ignoran la desigualdad de la competencia.

Mientras que las teorías marxistas hacen hincapié en el estudio del Estado, de hecho es uno

de sus pilares, pues, de acuerdo con Lenin (cit. por Poulantzas, 1990: 43) “el problema

fundamental de toda revolución es el del poder en el Estado”. En términos estructuralistas

ortodoxos el marxismo a la infraestructura económica añade “la superestructura jurídico-

política del Estado”, lo político, y a su vez la política, que son “las prácticas políticas de

clase” y cuyo objetivo es el Estado (Poulantzas, 1990: 33,44).

Boron (2013: 274) sintetiza las diversas posturas marxistas y menciona que el Estado es

simultáneamente:

“un “pacto de dominación” mediante el cual una determinada alianza de

clases construye un sistema hegemónico susceptible de generar un bloque

histórico; una institución dotada de sus correspondientes aparatos

burocráticos y susceptible de transformarse, bajo determinadas circunstancias,

en un “actor corporativo”; un escenario de la lucha por el poder social, un

terreno en el cual se dirimen los conflictos entre distintos proyectos sociales

que definen un patrón de organización económica y social; y el representante

de los “intereses universales” de la sociedad, y en cuanto tal, la expresión

orgánica de la comunidad nacional”.

Por lo que es ineludible al abordar al Estado retomar al marxismo, sin embargo, hay un

punto que me interesa en particular discutir, el referente a la autonomía estatal. Hay varias

respuestas para ella, dependiendo de la teoría desde la cual la abordemos. De acuerdo con

Boron (2013) al interior de la tradición democrático liberal la autonomía del Estado no

puede ser planteada adecuadamente, por la ausencia de premisas fundamentales que

permitan establecer una relación estructural entre economía y política.

Por su parte en el marxismo coexisten dos visiones respecto a la mencionada autonomía,

una instrumentalista, en la que el Estado es un mero instrumento de clase, ya sea en manos

de la clase capitalista, en la cual los gobiernos no cuestionan el contexto económico

(Miliband, 1991), ya sea en manos del proletariado (Boron, 2013), y una perspectiva que le

concede al Estado un estatus de autonomía relativa‡ al reproducir en última instancia el

modo de producción capitalista.

Hay otra escuela de pensamiento, entre cuyos autores podemos encontrar a los citados

Mann, Skocpol y Tilly, que aboga por la autonomía potencial del Estado, combinando el

pensamiento marxista y weberiano en lo que Mann (2006: 3) denomina un weberianismo

marxistizado, ya no relativa como en el marxismo, sino como una cuestión de grado

relacionada con la elite estatal.

Dicha escuela parte de una concepción del Estado como organización. Tilly (1992: 20)

menciona que los Estados “son organizaciones con poder coercitivo, que son diferentes a

los grupos de familia o parentesco y que en ciertas cuestiones ejercen una clara prioridad

sobre cualquier otra organización dentro de un territorio de dimensiones considerables”

tomando en la actualidad la forma de estados nacionales.

Skocpol (1984: 37, 61) menciona que los Estados son “un conjunto de organizaciones

administrativas, políticas y militares encabezadas y más o menos bien coordinadas por una

autoridad ejecutiva” por lo tanto los Estados son básicamente “organizaciones

administrativas y coactivas, potencialmente autónomas”.

Mientras que Mann (2006: 4) considera que la definición del Estado contiene dos niveles:

el funcional y el institucional, por lo que puede ser definido con base en lo que hace o lo ‡ Podemos citar, como ejemplo de la autonomía estatal desde la perspectiva marxista, el trabajo de Luis Tapia (2009) quien identifica el bonapartismo, la constitución de una burocracia política racional y la presencia de partidos obreros y socialistas en el gobierno, como posibilidades que pueden originar una coyuntura que desemboque en la autonomía relativa del Estado. Sin embargo, a mi parecer, Tapia combina la perspectiva instrumentalista, la presencia de partidos obreros y socialistas en el gobierno, con la de la autonomía relativa, que si puede ser referida a las otras dos posibilidades que menciona.

que parece, para él los principales componentes estatales son: “un conjunto diferenciado de

instituciones y personal, centralización en el sentido de que las relaciones políticas irradian

del centro a la superficie, un área territorialmente demarcada sobre la que actúan y un

monopolio de dominación coactiva autoritaria”.

Mann es quien mejor resuelve el problema de la autonomía del Estado pues abarca dos

dimensiones de poder estatal, el poder despótico y el poder estructural, el primero es

entendido como “el abanico de acciones que la élite tiene facultad de emprender sin

negociación rutinaria, institucional, con grupos de la sociedad civil” (Mann, 2007: 5),

mientras que por poder infraestructural entiende “la capacidad del Estado para penetrar

realmente en la sociedad civil y poner en ejecución logísticamente las decisiones políticas

por todo el país” (Mann, 2007:6). Por lo que un Estado debe ser examinado en relación con

dichas dimensiones, las democracias capitalistas occidentales contemporáneas son en un

sentido débiles y en el otro fuertes, tienen un poder infraestructural fuerte, pero

despóticamente son débiles, mientras que un Estado autoritario tiene un poder despótico

alto y un poder infraestructural alto también, dando lugar a cuatro posibles combinaciones.

Los cambios acontecidos en Venezuela y Bolivia pueden ser interpretados desde la

perspectiva de Mann, como un aumento en el poder despótico del Estado, lo cual repercute

en su autonomía frente a la sociedad civil, específicamente los grupos más poderosos de la

misma, que en los países latinoamericanos se han consolidado alrededor de la clase

capitalista, pero también frente a sus bases sociales, materializadas en movimientos sociales

que los impulsaron al poder y con las que en los últimos años han tenido divergencias

(Petras, 2013).

Es importante incluir por lo tanto a las bases sociales de los Estados, materializadas en

movimientos sociales, partidos políticos, sindicatos, élites dominantes, grupos económicos

e ideológicos, entendiendo que ello requiere “reconstruir la historia de la conformación de

las fuerzas sociales, de su interrelación conflictiva y de la distribución de poder entre

sociedad civil y Estado en cada formación nacional” (Zermeño, 1981), lo cual nos permite

visualizar parte de los procesos que dan lugar a la autonomía del las élites, no debemos

olvidar que las bases sociales del Estado pueden materializarse también en la clase

dominante, generalmente en alianza con clases medias.

Precisamente algunos de los acontecimientos más mediáticos ocurridos en los países

mencionados en un inicio, son enfrentamientos entre el Estado y sectores de la sociedad

civil, como nos recuerda James Petras (2013: 19):

“El 12 de abril de 2001 y entre los meses de diciembre de 2002 y febrero de

2003, la clase capitalista venezolana, apoyada por Estados Unidos y

España, organizó un golpe de Estado que fue contenido y un cierre patronal

en el sector petrolero, el cual fue derrotado. En el año 2011, un

levantamiento encabezado por la policía de Ecuador y un golpe de Estado

abortado en Bolivia fueron desbaratados con éxito antes de que adquirieran

empuje. En el año 2008, una protesta agraria empresarial a gran escala en

Argentina paralizó el sector de exportaciones agrarias que se movilizaba

contra una tasa impuesta a la exportación a acabó con concesiones del

gobierno”.

Dichos enfrentamientos no sólo ocurrieron con sectores de la sociedad civil, sino también

con organizaciones al interior del Estado, que a lo largo del tiempo han adquirido cierta

autonomía, el ejército es el principal ejemplo, lo cual explica sucesos como el intento de

golpe de Estado en Venezuela del 2002. A su vez tiene gran importancia la concepción de

la que se parta para explicar al Estado, si se parte de una concepción del mismo como un

sistema coherente cuyas partes funcionan armónicamente estaremos dejando de lado los

conflictos, roces, posibilidades o pretensiones de autonomía al interior de las

organizaciones que lo conforman y las luchas públicas o privadas que ello genera, por lo

que hay que vislumbrar la autonomía estatal, pero también las luchas previas que

desembocaron en ella.

Conclusiones

La autonomía del Estado, potencial tal y como la entiende la sociología histórica, y no

relativa como en el marxismo, en las dos dimensiones que contempla Michael Mann, poder

despótico e infraestructural, nos da una perspectiva que permite interpretar y proponer una

explicación sobre los cambios al interior de Venezuela y Bolivia.

Los procesos, transformaciones y confrontaciones al interior de dichos Estados parecieran

ser la muestra de un aumento del poder despótico de las élites estatales que buscan

implementar un proyecto político propio, en contraposición a la sociedad civil, que

conjuga tanto a la clase capitalista como a sus propias bases sociales. Poder que tiene que

ser primero configurado al interior del Estado en contra de otras organizaciones internas

con pretensiones de autonomía.

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