Los pobladores del ejido Emiliano Zapata en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (Chiapas) como sujetos coproductores de polticas pblicas ambientales Rodrigo Megchn RiveraEn este texto se aborda una arena de negociacin y contienda especfica, constituida por los habitantes de una Reserva de la Biosfera, el Estado y gobierno mexicano en sus distintos niveles, empresarios del sector ecoturstico y gestores ambientales profesionales, entre otros actores. Este trabajo bsicamente analiza el posicionamiento de los habitantes en relacin con distintas intervenciones y polticas pblicas ambientales (el despliegue de la Reserva, un programa de Pago por Servicios Ambientales en adelante PSA- y un proyecto ecoturstico). A travs de una descripcin etnogrfica, el documento busca desarrollar las siguientes cuestiones en relacin con las arenas de contienda y negociacin en torno a recursos naturales: 1- Los pobladores no son considerados como simples receptores de las polticas pblicas ambientales, sino como sus coproductores (Agudo, 2011). 2- La intervencin gubernamental que puede observarse en las arenas locales nos muestra al estado como una entidad no monoltica. 3- El despliegue de polticas pblicas ambientales puede constituir sujetos que, hasta cierto punto, comparten un discurso conservacionista, lo cual no cancela las contiendas entre los mismos. Si el despliegue de estas polticas puede considerarse como un proceso selectivo de determinados valores, argumentos y prcticas (por ejemplo, en pro de la conservacin), ello no obsta el que los sujetos de tal proceso puedan debatir, relativizar o utilizar parcialmente los discursos y las prcticas ambientales; as como retomar otros discursos y experiencias para confrontar al propio ambientalismo. Donde parte de lo relevante es que la discusin se entabla mediante y en torno al discurso parcialmente compartido (Honneth, 1997; Roseberry, 2002).El trabajo est organizado en tres partes: inicialmente se busca describir en sus elementos mnimos el estudio de caso, al tiempo en que se hacen algunos sealamientos puntuales sobre el proceso de conformacin de la presente Reserva. En segundo lugar se describen y analizan los procesos contenciosos en relacin con dos intervenciones ambientales especficas: un programa de PSA y un proyecto de hotel ecoturstico. Finalmente se presentan las conclusiones desprendidas del texto en trminos de algunas posibles contribuciones al anlisis de arenas de contienda y negociacin en torno a recursos naturales.El estudio de casoLa poblacin estudiada corresponde a los habitantes del ejido Emiliano Zapata[footnoteRef:1] (en adelante EZ): quienes suman cerca de 1.000 pobladores, hablantes de las lenguas mayanses chol y tzotzil. Este ejido est ubicado en la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA) en el municipio de Ocosingo, en el sureo estado de Chiapas, Mxico (vase mapa 1 en la seccin anexa). Esta Reserva se ubica en la llamada selva Lacandona (vase mapa 2), que quizs represente la regin por antonomasia de la conservacin ambiental en Mxico. Lo anterior debido a su alto grado de biodiversidad y a la amplia difusin que ha tenido el supuesto xito de su proteccin. Adicionalmente cabe sealar que dentro de las tierras del ejido se encuentra la laguna Miramar: un espectacular cuerpo lacustre de aguas multicolores con un permetro de 16 kilmetros de extensin, refugio de parte de la fauna de la Lacandona, y que corresponde a la zona ncleo de la Reserva. [1: En relacin con la configuracin de los ejidos en Mxico, Torres (2009, p. 459) seala que se trata de una forma de tenencia de la tierra distribuida a los campesinos () con la reforma agraria llevada a cabo a partir de los aos de 1920. El ejido tpico estuvo conformado por tierras destinadas a parcelas individuales, tierras de uso comn y tierras destinadas a viviendas e infraestructura urbana. (Esta forma de propiedad de la tierra corresponda a) una dotacin otorgada por el Estado a un grupo organizado de campesinos sin tierra. (Esta) forma de tenencia fue concebida como una forma de propiedad social, lo cual significa que (las tierras) no podan ser vendidas ni rentadas por los beneficiarios, que tenan derecho a sta en funcin de su pertenencia a un grupo organizado.]

Los pobladores de EZ son campesinos que inmigraron a la selva en el decenio de los sesenta del pasado siglo veinte (procedentes del norte de Chiapas), en el marco de la poltica mexicana de reparto agrario. Con base en planteamientos desarrollistas expresados en trminos de la conquista del trpico, en los decenios de los cincuenta y sesenta los gobiernos estatal y federal mexicanos buscaron ubicar a parte de los demandantes de tierra en regiones selvticas consideradas como improductivas. Posteriormente, en el decenio de los setenta, cobr fuerza un nuevo paradigma de polticas territoriales: el modelo de Reservas de la Biosfera (RB). El estado mexicano retom este modelo y la primer Reserva que implement fue la de Montes Azules. En la transicin del reparto agrario a las medidas conservacionistas, regionalmente se present cierta contraposicin de polticas.La adopcin que el gobierno de Mxico hizo del modelo de Reservas fue un tanto sui generis: a pesar de que el mecanismo de RB reconoce la importancia de que las zonas a preservar resulten habitadas, en la implementacin de la REBIMA el gobierno mexicano busc que la regin resultara lo menos poblada posible. Por lo cual pretendi desconocer en nombre de la conservacin ambiental- los derechos agrarios de varios poblados a los que se intent desalojar y reubicar. Parte de lo paradjico es que haba sido otro sector gubernamental el que haba otorgado a los pobladores el derecho de asentarse en la Lacandona a travs de la figura de ejidos. Lo cual nos muestra, de entrada, a un estado no monoltico y aun contradictorio; por no hablar de uno con tintes autoritarios al buscar imponer unidireccionalmente una medida territorial. Por su parte, algunos de los pobladores a los que pretenda reubicarse se opusieron a la medida a travs de una organizacin poltica regional, para finalmente lograr que sus derechos agrarios fueran respetados (tal fue el caso del ejido EZ). Mediante esta accin los sujetos generaron un espacio de contienda y negociacin de cara a la Reserva, con lo cual tambin perfilaron la medida al incidir, por ejemplo, en la delimitacin de sus fronteras y en el nmero de ejidos que la REBIMA incluy.[footnoteRef:2] Esta situacin nos permite reconocer a los pobladores como coproductores de las polticas ambientales. [2: En 1974 el gobierno mexicano entreg como bienes comunales un rea de cerca de 600.000 hectreas de la selva Lacandona al grupo lacandn (integrado por 66 jefes de familia). Con este primer decreto el gobierno pretendi reubicar a parte de la poblacin regional (unos 4.000 campesinos, quienes tenan distintos grados de avance en la tramitacin agraria) y concentrarlos en otras localidades. No obstante, slo una parte de la poblacin estuvo dispuesta a ser reubicada, mientras otro sector conform una organizacin regional (la Quiptic ta Lecubtesel) desde la que emprendi la lucha legal por el reconocimiento de sus derechos agrarios. Cuatro aos despus tuvo lugar el decreto de la REBIMA (que en parte se sobrepona al decreto de la Comunidad Lacandona) el cual, a diferencia de las anteriores polticas territoriales, no tena una intencin agrarista ni de explotacin de recursos, sino conservacionista. Este nuevo decreto afect a una decena de ejidos adicionales, cuyos habitantes se sumaron a la referida organizacin regional. Durante poco ms de una dcada estos sujetos emprendieron una lucha legal en las instancias agrarias, sin abandonar las tierras en las que se asentaban. En 1988 el gobierno mexicano reconoci los derechos agrarios de estos poblados, con lo que finalmente sus habitantes lograron permanecer en la Reserva. ]

Procesos contenciosos en torno al PSA y a un proyecto de hotel ecoturstico Desde mi perspectiva, la implementacin de un programa de PSA en el ejido EZ resulta ilustrativa de los procesos de negociacin y contienda en los que han participado los presentes sujetos de intervenciones ambientales. Aproximadamente en el ao 2010, los pobladores de EZ sealaban que las autoridades ambientales de la Reserva les pedan suspender un conjunto de prcticas que, en teora, resultaban dainas al entorno (tales como abrir nuevas reas para el cultivo o para la ganadera, o bien el empleo de agroqumicos); pero, desde su perspectiva, no les ofrecan ninguna retribucin por dejar de realizarlas. Esta suspensin de actividades, en caso de llevarse a cabo, implicara a los pobladores cierta prdida de ingresos, o bien la necesidad de invertir mayormente en trabajo durante el proceso de produccin. Con lo cual parte del costo de la conservacin recaera en los habitantes del ejido. Al respecto, los pobladores consideraban que ellos tenan que realizar las prcticas vedadas por necesidad y no por gusto: No podemos estar nada ms mirando crecer el rbol, me dijo alguno de ellos para explicarme en pocas palabras que una selva bien conservada no era suficiente para alimentar a sus familias. Por su parte, otro poblador plante que mientras los funcionarios ambientales cobraban mes a mes por la pretendida conservacin de la selva, a los pobladores se les peda realizar gratuitamente una serie de actividades sustentables por el hecho de vivir en la REBIMA. La demanda de los habitantes de Zapata era entonces que se les pagara por las actividades conservacionistas a realizar; o desde otra perspectiva, que se les integrara mayormente al flujo de recursos econmicos emitidos en nombre de la preservacin del entorno. Al margen de las demandas de los habitantes de la regin, aunque a tenor con stas, en 2011 el gobierno del estado de Chiapas impuls fuertemente la aplicacin en la entidad de programas de PSA. En apariencia, lo hizo tambin con la intencin de integrarse en mayor medida a los circuitos de flujo monetario en pro de la conservacin; en este caso en relacin con el programa REDD+. Sin formar parte de dicho mecanismo internacional, el ejido EZ se integr a un programa de PSA en condiciones relativamente privilegiadas.[footnoteRef:3] Tal como lo estipula la normatividad oficial, el procedimiento para que el ejido formara parte del programa fue a travs de un gestor ambiental. El hecho de que el programa representara hasta cierto punto una anterior demanda del grupo, no hizo que los pobladores aceptaran sin restricciones las crecientes medidas ambientales que lo acompaaban; tales como el no cazar y el no pescar (lo que, por otro lado, no est prohibido en la normatividad de la REBIMA). [3: En Mxico, la mayor parte de los programas de PSA son manejados por la Comisin Nacional Forestal (CONAFOR). Mientras que a la gran mayora de los grupos que forman parte de estos programas se les paga $300 pesos anuales por hectrea conservada (cerca de 25 dlares); al ejido EZ, junto a otros de la REBIMA, le otorgan $1,000 pesos por hectrea (cerca de 80 dlares). A grandes rasgos, EZ inscribi 2,000 hectreas en este programa y el convenio fue por un periodo de 5 aos.]

Una vez que los pobladores recibieron el primer pago por los servicios ambientales brindados, inmediatamente comenzaron una serie de reflexiones y discusiones sobre el alcance del programa. Para un sector de la poblacin pareca no tener demasiada lgica el que el gobierno les otorgara recursos sin efectuar un seguimiento del programa. Para estos pobladores, en algn momento el PSA implicara crecientes controles gubernamentales, lo que lo situaba como un programa riesgoso que debera ser acotado (y planteaban, por ejemplo, la prxima vez inscribir un menor nmero de hectreas en el programa). Otra parte de los habitantes consideraba que el gobierno no tena la capacidad para intervenir demasiado en la vida del ejido, con base en su ineficiencia. Para estos otros sujetos se trataba de un programa inocuo y planteaban que siempre sera posible burlar sus mecanismos de control. Como apunta Abrams en trminos metodolgicos (1977), el anlisis del estado no debe limitarse a su estudio en tanto objeto, sino incluir de modo preponderante las ideas que los sujetos tienen de l. En este caso, de cara al PSA los pobladores no slo debatan la aplicacin del programa en su ejido, sino la naturaleza del propio estado. El cual para una misma poblacin puede ser, o bien poco eficiente, o bien una fuente de control de los pobladores y sus recursos. Como por su parte seala Long (2007), las polticas pblicas no resultan intervenciones aisladas, sino que se inscriben en toda una historia de interrelacin entre los pobladores y las autoridades gubernamentales. As, las arenas ambientales no pueden entenderse al margen de procesos ms amplios de contienda y negociacin entre las partes. Por otro lado, desde hace un par de dcadas en el ejido se ha buscado impulsar el ecoturismo. En agosto de 2011 pareca estar a punto de arrancar la construccin de un pequeo pero lujoso hotel de este tipo en la laguna Miramar, en terrenos de EZ. Este proyecto fue promovido por funcionarios federales (adscritos a la Secretara de Turismo, SECTUR) y bsicamente consista en que los pobladores donaran cuatro hectreas de terreno por un periodo de 30 aos; el gobierno de Mxico financiara la construccin de las instalaciones ecolgicamente sustentables; mientras un empresario del sector turstico administrara el hotel por un periodo de entre 10 y 30 aos (tiempo durante el cual los pobladores seran capacitados para administrar el hotel). Los habitantes del ejido, dueos de las tierras, recibiran 10% de las ganancias (y el 90% restante sera para el empresario), al tiempo en que podran acceder a la docena de puestos laborales que el hotel generara (como jardineros, maleteros, mucamas). En ese momento pareca que la construccin del hotel iba a comenzar de un momento a otro, ya que la Secretara del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) haba autorizado la obra; la SECTUR haba liberado los recursos monetarios; y los pobladores pese a diferencias internas- haban firmado un convenio de aceptacin del proyecto. Pese a este convenio, los habitantes del ejido no tenan muy claro algunos pormenores del funcionamiento del hotel. En ese contexto solicitaron una audiencia con los funcionarios y el empresario, cuya conclusin fue el rechazo al proyecto por parte de los pobladores por no convenir a sus intereses. Los aspectos insalvables de la negociacin fueron, por un lado, el bajo porcentaje de las ganancias que los funcionarios y el empresario estaban dispuestos a otorgar a los habitantes del ejido; y por otro, el que las ganancias seran entregadas, no en dinero en efectivo sino en obras de beneficio comn.En relacin con este proceso de negociacin y la posterior cancelacin del proyecto hotelero cabe destacar, en primer lugar, la relevancia de un discurso parcialmente compartido, mediante el cual y en torno al cual- pueden entablarse contiendas (Roseberry, 2002). Cuando la SECTUR comenz a promover localmente el hotel, los pobladores suponan que ellos seran directamente los propietarios. En ese contexto retomaron parte del discurso del desarrollo sustentable para apuntalar su demanda de apoyo econmico. Entonces argumentaron que requeran el hotel para poder desempear una actividad que les permitiera usar la selva sin destruirla y as poder conservarla para sus hijos. Al escuchar este argumento comn, las autoridades de la SECTUR plantearon que podran llevar a buen puerto el proyecto toda vez que, en apariencia, perseguan los mismos objetivos. Posteriormente, en la negociacin de la obra los miembros del ejido argumentaron que la propuesta gubernamental no era justa, entre otras razones, porque ellos eran quienes haban preservado la laguna como parte de un trabajo cotidiano de cuidado del entorno; sin embargo, la propuesta oficial no los retribua por ello al ofrecerles un porcentaje mnimo de las ganancias. En el marco del rechazo al proyecto los pobladores argumentaron que humildemente ellos seguiran conservando la laguna, a pesar de no tener apoyo, y que ello sera para herencia de sus hijos y no de un empresario. De esta manera, en un primer momento los pobladores apelaron al discurso del desarrollo sustentable para solicitar recursos al tiempo en que las autoridades y el empresario usaron el mismo marco para apuntalar sus propios objetivos-; y cuando las partes no pudieron seguir con las negociaciones, los pobladores no renunciaron al discurso, sino que legitimaron su nueva posicin a partir del mismo. De esta manera, para funcionar en la maquinaria ambientalista, pero en ocasiones tambin para confrontarla, los sujetos requieren acudir a determinado discurso explicativo y performativo, tal como en este caso lo representa el del desarrollo sustentable. Donde lo ms relevante quizs no sea el que se trate de una estrategia discursiva como en efecto puede serlo- sino que los sujetos requieran acudir a determinado marco para legitimar sus posiciones e interrelaciones. En segundo lugar, cabe sealar que en el cuestionamiento de las intervenciones ambientales los sujetos pueden retomar elementos de la organizacin social seguida por el grupo; la cual tambin resulta influida por intervenciones gubernamentales precedentes. Como se ha sealado, en este proyecto de hotel se pretenda que los pobladores recibieran las ganancias en obras de beneficio comn, tales como la pavimentacin de calles, la reparacin de la escuela o la instalacin del drenaje. De esta manera, seran las instituciones pblicas las que se encargaran de otorgar las ganancias a los pobladores, mientras el empresario a cargo del hotel no tendra responsabilidad en ello. Como parte del argumento de los funcionarios pblicos, no resultaba viable entregar dinero en efectivo a los pobladores porque no haba certeza de que realmente lo emplearan para beneficio de sus familias. A mi modo de ver, la propuesta del personal de gobierno correspondi a cierto imaginario sobre los indgenas y/o campesinos quienes, supuestamente, tendran una vocacin comunitarista. Asimismo, represent la infantilizacin de los pobladores, quienes eran tratados como incapaces de administrar sus recursos. Por su parte, para los habitantes de EZ el planteamiento de entregar las ganancias del hotel en obras de beneficio comn no tena la menor lgica, por lo que resultaba injusto. Como parte de la organizacin social local, slo quienes integran activamente determinado grupo (al cooperar y trabajar cotidianamente por l) pueden recibir sus beneficios. Tal es el funcionamiento de mltiples organizaciones en la regin, sean de corte poltico, religioso, productivo o comunitario. En el presente caso, se trataba de determinados ejidatarios quienes negociaban el hotel y no la totalidad de la poblacin; de modo que no les corresponda a los primeros sostener obras para el beneficio de otros pobladores. No muy lejos de esta lgica distributiva se encuentra el que localmente nicamente los ejidatarios tienen derecho a decidir y a recibir los beneficios en lo relativo a la tierra, en detrimento principalmente de las mujeres y de los jvenes, quienes no poseen ese recurso. Tal organizacin del ejido se entrecruza en ms de un sentido con las intervenciones ambientales. Las polticas de este corte suelen concentrarse en los poseedores de la tierra (los ejidatarios), de modo que tambin apuntalan la figura de autoridad de stos. Al respecto, no deja de ser toda una paradoja el que el desarrollo sustentable sea planteado oficialmente[footnoteRef:4] como la bsqueda por satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras; mientras, en este caso, es la actual generacin de jvenes la que resulta desplazada de los recursos que acompaan a la conservacin del medio al no ser sujetos de las polticas ambientalistas-. En este tenor, en algunos casos las polticas ambientales, aun sin proponrselo, pueden reproducir desigualdades sociales al entrecruzarse con formas organizativas locales, tambin signadas por niveles verticales de toma de decisin y control de recursos. [4: Con base en la definicin que aparece en el informe Brundtland, la mxima normatividad en materia ambiental en Mxico (la Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin al Ambiente) define al Desarrollo Sustentable como el proceso evaluable mediante criterios e indicadores de carcter ambiental, econmico y social que tiende a mejorar la calidad de vida y la productividad de las personas, que se funda en medidas apropiadas de preservacin del equilibrio ecolgico, proteccin al ambiente y aprovechamiento de recursos naturales, de manera que no se comprometa la satisfaccin de las generaciones futuras. Esta definicin es retomada directamente en el programa de manejo de la REBIMA.]

Conclusiones Desde mi perspectiva, de este estudio de caso pueden desprenderse algunas ideas generales sobre las arenas contenciosas en torno a recursos naturales. Por un lado, no cabe hablar de una ntida distincin entre los actores que integran estas arenas, las cuales se caracterizan por procesos de interrelacin permanentes e implican formas de entendimiento comunes. En el caso, por ejemplo, las respuestas de los sujetos a las intervenciones ambientales han sido producto, en parte, de la organizacin social del grupo, la cual retoma de modo preponderante distintos elementos de la interrelacin de los sujetos con el estado (v gr., la importancia local de la categora de los ejidatarios). Por otro lado, respecto a la creacin de subjetividades cabe sealar que los habitantes de EZ suelen argumentar que, pese a lo que indique la normatividad de la Reserva, ellos mandan en su ejido por ser los dueos de la tierra. Como seala Nuijten, los planteamientos sobre la gubernamentalidad para los que el poder del estado descansa en la creacin de subjetividades e identidades mediante rutinas y rituales debieran discutirse, toda vez que, las tcnicas gubernamentales siempre encuentran poblaciones que ya han sido integradas en sistemas polticos en una variedad de formas. En otras palabras, los rituales y los discursos estatales se combinan con representaciones del estado que ya estn en circulacin. De esta manera, no necesariamente constituyen significados efectivos para controlar y disciplinar poblaciones (2003, p. 17).Si localmente el estado ha sido el principal impulsor del discurso y las prcticas ambientales, en el proceso de asumir el control de la conservacin del entorno se ha encontrado con sujetos que retoman discursos y procedimientos estatales precedentes o paralelos en aras de acotar tales intervenciones (como el discurso agrarista). De esta manera, los procesos de sujecin que pueden implicar las intervenciones y proyectos ambientales no son lineales. Si bien, por un lado, la vinculacin de los sujetos con un conjunto de intervenciones de este corte implica cierto proceso de construccin y seleccin de formas organizativas, discursivas y prcticas; por otro lado, de cara al proceso los sujetos pueden resaltar principios organizativos y argumentos alternativos. En el presente caso, en la vinculacin de los pobladores con ciertos discursos y objetivos ambientales no necesariamente ha ocurrido un proceso unidireccional de seleccin de lo social, sino mltiples contiendas para configurar tal mbito. En relacin con el anterior planteamiento cabe sealar que las arenas de contienda en torno a recursos naturales no se limitan a la posesin o control de tales recursos sino que, en determinados casos, giran en torno a la constitucin misma de los sujetos: lo que est en juego no es slo la posicin de los actores a travs de su acceso a determinados recursos, sino el modo en que actualizan un conjunto de discursos, experiencias, valores, formas organizativas y prcticas para definirse.

Anexo 1Mapa 1: localidad de estudio: el ejido Emiliano Zapata

Fuente: elaboracin propiaMapa 2: Selva Lacandona, segn divisin municipal

Fuente: elaboracin propia, a partir de De Vos (2002)

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