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04/08: PRIMER PLENO CASATORIO DE LA CORTE SUPREMA: LAS POLÉMICAS TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES DE LA MINERA YANACOCHA EN EL CASO “CHOROPAMPA” Categoría: Artículos Publicado por: derysoc Visto: 16600 veces Share/Bookmark En. Justicia Viva I.Introducción Una de las aspiraciones más importantes de todo sistema normativo es la seguridad jurídica. El Derecho, pues, tiene legitimidad cuando los ciudadanos pueden prever –con cierto grado de acierto- en qué sentido serán las decisiones de las cortes de justicia. Esto sin embargo, no es tarea sencilla. Cada caso es particular, y cada juez tiene su propio criterio. De modo que no es poco frecuente que, ante conflictos sustancialmente iguales, las cortes decidan de modo diferente. La situación descrita aconseja la necesidad de prever mecanismos para unificar los criterios de los jueces, es decir, para uniformizar la jurisprudencia. Esa es la razón de que exista el Pleno Casatorio. Previsto en el Código Procesal Civil, este mecanismo consiste en la reunión de todos los magistrados supremos a efectos de decidir, de aquí para el futuro, cual será el sentido en que debe resolverse cierto tipo de conflicto jurídico. La norma además prevé que la decisión adoptada vincula a todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial, que tendrán que resolver futuros casos iguales de la misma forma en que se hizo en el referido Pleno Casatorio . El Código Procesal Civil es del año 1993, y, sin embargo, hasta hace muy poco este importante mecanismo nunca había sido utilizado por la Corte Suprema. Esta ausencia –que no habla muy bien de nuestra administración de justicia- se rompe sin embargo el pasado 18 de diciembre del 2007, cuando se llevó a cabo el primer Pleno Casatorio de la Corte Suprema en nuestra historia . Acaba así un período de 14 años sin que la Corte Suprema de la República haya usado el mecanismo más eficaz a su disposición para sentar jurisprudencia vinculante. El objetivo de este primer Pleno Casatorio fue establecer jurisprudencia obligatoria sobre una materia de carácter procesal: los efectos que un contrato de transacción extrajudicial tiene dentro de un proceso donde se discuten los mismos hechos que fueron materia de la transacción. Esta materia procesal llegó al pleno precedida de una evidente controversia: para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema la transacción extrajudicial tiene plenos efectos, de manera que el proceso instaurado por los mismos hechos debe perecer. En cambio el criterio de la Sala Civil Transitoria es exactamente el inverso. Aún no se sabe cual es el criterio que hará prevalecer el Pleno Casatorio. En el presente informe nos proponemos analizar la materia controvertida a fin de dar nuestras apreciaciones al respecto. Para ello, como primer punto expondremos los antecedentes que dan origen a este primer Pleno Casatorio. En segundo lugar haremos un análisis de diversos aspectos procesales y sustantivos vistos en el marco del Pleno Casatorio. En último lugar expondremos nuestras conclusiones. II. Antecedentes La historia comienza 7 años atrás, en la ciudad de Choropampa, en Cajamarca. La tarde del viernes 2 de junio del 2000, un camión contratado por la empresa minera más grande del Perú, Yanacocha, accidentalmente derramó 80 kilos de mercurio sobre la calle principal de dicha ciudad, causando graves daños ecológicos y personales a los pobladores. El derrame produjo una situación complicada. Muchos pobladores, guiados por la creencia de que el mercurio evaporado se convertiría en oro, se lanzaron a las calles a recolectar el metal, favoreciendo con ello su intoxicación. La empresa minera, por su parte, tampoco demostró en ese momento querer responsabilizarse por los daños ocasionados, fomentando con su desidia, que la población, ignorante sobre los efectos tremendamente nocivos del metal, lo inhalara de muchas formas. Debido a ello, la empresa Yanacocha comenzó a ser denunciada por los daños ocasionados, que eran en extremo cuantiosos. Abogados peruanos, como también algunos norteamericanos, ofrecieron sus servicios a los pobladores a fin de exigir indemnizaciones, cuyo monto promedio ascendía a los US$ 100,000.00 (Cien mil dólares americanos). Sin embargo, la empresa aurífera llevó a cabo la estrategia paralela de iniciar conversaciones con algunos pobladores a fin de que firmen transacciones extrajudiciales por montos mucho más bajos. Los métodos que usó fueron cuestionables , y su

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04/08: PRIMER PLENO CASATORIO DE LA CORTE SUPREMA: LAS POLMICAS TRANSACCIONES EXTRAJUDICIALES DE LA MINERA YANACOCHA EN EL CASO CHOROPAMPACategora: Artculos Publicado por: derysocVisto: 16600 vecesShare/BookmarkEn. Justicia Viva

I.IntroduccinUna de las aspiraciones ms importantes de todo sistema normativo es la seguridad jurdica. El Derecho, pues, tiene legitimidad cuando los ciudadanos pueden prever con cierto grado de acierto- en qu sentido sern las decisiones de las cortes de justicia. Esto sin embargo, no es tarea sencilla. Cada caso es particular, y cada juez tiene su propio criterio. De modo que no es poco frecuente que, ante conflictos sustancialmente iguales, las cortes decidan de modo diferente.

La situacin descrita aconseja la necesidad de prever mecanismos para unificar los criterios de los jueces, es decir, para uniformizar la jurisprudencia. Esa es la razn de que exista el Pleno Casatorio. Previsto en el Cdigo Procesal Civil, este mecanismo consiste en la reunin de todos los magistrados supremos a efectos de decidir, de aqu para el futuro, cual ser el sentido en que debe resolverse cierto tipo de conflicto jurdico. La norma adems prev que la decisin adoptada vincula a todos los rganos jurisdiccionales del Poder Judicial, que tendrn que resolver futuros casos iguales de la misma forma en que se hizo en el referido Pleno Casatorio .El Cdigo Procesal Civil es del ao 1993, y, sin embargo, hasta hace muy poco este importante mecanismo nunca haba sido utilizado por la Corte Suprema. Esta ausencia que no habla muy bien de nuestra administracin de justicia- se rompe sin embargo el pasado 18 de diciembre del 2007, cuando se llev a cabo el primer Pleno Casatorio de la Corte Suprema en nuestra historia . Acaba as un perodo de 14 aos sin que la Corte Suprema de la Repblica haya usado el mecanismo ms eficaz a su disposicin para sentar jurisprudencia vinculante.El objetivo de este primer Pleno Casatorio fue establecer jurisprudencia obligatoria sobre una materia de carcter procesal: los efectos que un contrato de transaccin extrajudicial tiene dentro de un proceso donde se discuten los mismos hechos que fueron materia de la transaccin. Esta materia procesal lleg al pleno precedida de una evidente controversia: para la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema la transaccin extrajudicial tiene plenos efectos, de manera que el proceso instaurado por los mismos hechos debe perecer. En cambio el criterio de la Sala Civil Transitoria es exactamente el inverso. An no se sabe cual es el criterio que har prevalecer el Pleno Casatorio.En el presente informe nos proponemos analizar la materia controvertida a fin de dar nuestras apreciaciones al respecto. Para ello, como primer punto expondremos los antecedentes que dan origen a este primer Pleno Casatorio. En segundo lugar haremos un anlisis de diversos aspectos procesales y sustantivos vistos en el marco del Pleno Casatorio. En ltimo lugar expondremos nuestras conclusiones.II.AntecedentesLa historia comienza 7 aos atrs, en la ciudad de Choropampa, en Cajamarca. La tarde del viernes 2 de junio del 2000, un camin contratado por la empresa minera ms grande del Per, Yanacocha, accidentalmente derram 80 kilos de mercurio sobre la calle principal de dicha ciudad, causando graves daos ecolgicos y personales a los pobladores. El derrame produjo una situacin complicada. Muchos pobladores, guiados por la creencia de que el mercurio evaporado se convertira en oro, se lanzaron a las calles a recolectar el metal, favoreciendo con ello su intoxicacin. La empresa minera, por su parte, tampoco demostr en ese momento querer responsabilizarse por los daos ocasionados, fomentando con su desidia, que la poblacin, ignorante sobre los efectos tremendamente nocivos del metal, lo inhalara de muchas formas.Debido a ello, la empresa Yanacocha comenz a ser denunciada por los daos ocasionados, que eran en extremo cuantiosos. Abogados peruanos, como tambin algunos norteamericanos, ofrecieron sus servicios a los pobladores a fin de exigir indemnizaciones, cuyo monto promedio ascenda a los US$ 100,000.00 (Cien mil dlares americanos). Sin embargo, la empresa aurfera llev a cabo la estrategia paralela de iniciar conversaciones con algunos pobladores a fin de que firmen transacciones extrajudiciales por montos mucho ms bajos. Los mtodos que us fueron cuestionables , y su finalidad fue evitar que ms tarde sea demandada por el valor real de todos los daos causados.Una de estas transacciones, fue la que firm la seora Giovanna Anglica Quiroz Villaty. Contrato que firm en nombre propio y en representacin de sus tres menores hijos. Mediante l, la seora recibi 14 mil dlares, y como contraprestacin se comprometi a no iniciar en el futuro ninguna accin judicial por el dao sufrido. Tiempo despus, sin embargo, la seora desconoci la transaccin extrajudicial firmada con Yanacocha, y en su lugar acudi al Poder Judicial, demandando a la empresa por un monto de US$ 1800,000.00 (Un milln ochocientos mil dlares americanos).Dentro del proceso judicial, la empresa Yanacocha, como era de esperar, interpuso excepcin de conclusin del proceso por transaccin (a la que agreg otra por falta de legitimidad para obrar, aunque por los mismo motivos) Los jueces de las dos primeras instancias que conocieron el caso le dieron la razn a Yanacocha, indicando en sus resoluciones que el conflicto de intereses ya haba sido resuelto mediante la transaccin extrajudicial firmada por la seora Quiroz Villaty. Ambas resoluciones se sustentaron en lo que haba establecido la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, segn la cual, cuando un conflicto de intereses es resuelto mediante transaccin extrajudicial, carece de sentido el proceso judicial para ver el mismo problema. No obstante, existe otro criterio, el de la Sala Civil Transitoria, segn el cual para que la transaccin deje sin efecto el juicio instaurado, sta debe ser judicial, es decir homologada por un juez. Por tanto una transaccin extrajudicial, como la firmada por la seora Quiroz, no debe liquidar el juicio, debiendo continuarse con l hasta el ver el fondo, que en este caso es la indemnizacin. Este criterio es el que recoge la seora Quiroz para interponer recurso de casacin contra la resolucin de segunda instancia que favoreci a Yanacocha. Y es as como este caso llega a la Corte Suprema. En esta instancia, la Sala Civil Permanente, quien conoce de este proceso, solicit que se convoque a un Pleno Casatorio, en atencin a que existan criterios contradictorios sobre el modo de resolver este conflicto. La cuestin planteada puede resumirse con la siguiente pregunta: tiene la transaccin extrajudicial el mrito legal suficiente para dejar sin efecto el futuro proceso judicial que se pueda iniciar por los derechos ya transigidos?

III.Cuestiones Jurdicas sobre el Pleno CasatorioHaremos un anlisis sobre distintas cuestiones jurdicas de carcter procesal y sustantivo, que han sido vistas de forma directa o indirecta en el marco de este Primer Pleno Casatorio.La eficacia de la transaccin extrajudicial dentro de un proceso donde se discute la materia transigida Como sealamos, interpuesta la demanda por la seora Quiroz por indemnizacin por daos y perjuicios , la empresa demandada interpone dos excepciones, cuyo objetivo era dejar sin efecto el proceso instaurado. Como se sabe, la disputa de un derecho dentro del marco de un proceso debe sustentarse en el marco de una relacin procesal vlida. Es decir, debe existir verdaderamente un conflicto de intereses con relevancia jurdica entre las partes; de modo que, cuando no existe ste, no tiene sentido la actuacin jurisdiccional. Las excepciones, en ese sentido, sirven para denunciar la inexistencia de una relacin procesal vlida. Por ello, quien la interpone no cuestiona el fondo del problema en este caso la indemnizacin y el monto de ella- sino que estn dirigidas a poner en evidencia el defecto de una condicin formal para que se pueda resolver el conflicto a travs de un proceso .Nuestro Cdigo Procesal Civil contempla la posibilidad de denunciar vicios formales en la instauracin del proceso, en hasta 13 modalidades. La demandada Yanacocha us para su defensa dos: excepcin por Conclusin del Proceso por Transaccin y la excepcin de Falta de Legitimidad para Obrar de la demandante. Ambas estn contempladas en el artculo 446 del Cdigo Procesal Civil; aqu citado en su parte pertinente:Artculo 446.- Excepciones proponiblesEl demandado slo puede proponer las siguientes excepciones6. Falta de Legitimidad para obrar del demandante o del demandado;10. Conclusin del proceso por conciliacin o transaccin;

La legitimidad para obrar es la cualidad emanada de la ley para requerir una sentencia favorable respecto del objeto litigioso. Es decir, en el caso del demandante, es la aptitud que en abstracto la habilita para exigir al aparato jurisdiccional la satisfaccin de un derecho reconocido en una norma. Por tanto, la falta de legitimidad para obrar es la ausencia de tal cualidad. En el caso que nos ocupa, la excepcin interpuesta por la demandada alega que no existira legitimidad pues la demandante ya satisfizo su derecho a obtener una indemnizacin por el dao sufrido recogido en el artculo 1970 del Cdigo Civil- toda vez que firm la transaccin extrajudicial. En el caso de la excepcin por conclusin del proceso por transaccin, lo que se alega es la falta de inters para obrar. El inters para obrar es tambin un requisito para que exista una relacin procesal vlida, y existe -en el caso del demandante- siempre que la resolucin sobre el fondo a expedirse en el proceso le reporte una utilidad. Con esta excepcin se indica que, si el proceso no va a reportar ninguna utilidad legal- al demandante, no tiene sentido que se prosiga con l. En este caso, segn la demandada, tal situacin se presenta puesto que, al haber una transaccin firmada, ya no existe conflicto de intereses por resolver, y por eso el proceso ya no tendra ninguna utilidad legtima para el demandante.An cuando diferentes, ambas excepciones se sustentan en el mismo hecho jurdico: la transaccin extrajudicial. En ambos casos, las excepciones tienen carcter perentorio complejo, es decir, tienen el efecto de acabar con el proceso instaurado, al tiempo que terminan tambin con el derecho del demandante de iniciar cualquier proceso en el futuro que tenga la misma pretensin. Toca analizar entonces si tiene estos efectos.La transaccin extrajudicial est contemplada en el artculo 1302 del Cdigo Civil, que seala:Artculo 1302.- TransaccinPor la transaccin las partes, hacindose concesiones recprocas, deciden sobre algn asunto dudoso o litigioso, evitando el pleito que podra promoverse o finalizando el que est iniciado.Con las concesiones recprocas, tambin se pueden crear, regular, modificar o extinguir relaciones diversas de aquellas que han constituido objeto de controversia entre las partes.La transaccin tiene valor de cosa juzgada.

Sobre el objeto de la transaccin, el artculo trascrito resulta bastante claro: este contrato sirve para poner fin a un conflicto de intereses. Sobre sus efectos, la norma le da los que tiene la cosa juzgada, es decir, gozan de irrevocabilidad, ya que no pueden ser desconocidos por ninguna de las partes, ni tampoco modificados por ninguna autoridad, jurisdiccional o no. Si ello es as, una vez firmado este acuerdo, es claro que quien lo desconozca para plantear un proceso judicial por los mismos hechos no tiene ni inters ni legitimidad para obrar. De modo que, si el proceso judicial se abre, ste podra perecer si se alega esta circunstancia.La controversia al respecto, promovida por el criterio de la Sala Civil Transitoria, y que recogieron algunos vocales supremos asistentes al Pleno Casatorio, es que slo la transaccin judicial tendra el efecto de acabar con el proceso instaurado por el mismo conflicto de intereses. El sustento de esta posicin se basa en dos consideraciones.La primera lo encontramos en lo que dispone el artculo 453 del Cdigo Procesal Civil, que indica:Artculo 453.- Amparo de las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensin o conclusin del proceso por conciliacin o transaccin.-Son fundadas las excepciones de litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensin o conclusin del proceso por conciliacin o transaccin, respectivamente, cuando se inicia un proceso idntico a otro:()4. en que las partes conciliaron o transigieron.Se invoca este artculo esgrimiendo que el Cdigo Procesal Civil, al indicar como requisito para el amparo de la excepcin por transaccin, la presencia de un proceso inicial donde las partes transijan, ha establecido tambin -contrario sensu- que cuando no existe tal proceso previo, no se debe amparar la excepcin de transaccin, an cuando sta sea extrajudicial. Creemos que ese criterio no es adecuado. Consideramos que es errnea la aplicacin del principio todo lo no permitido, est proscrito, ya que este criterio es aplicable exclusivamente al mbito de actuacin de las entidades de la Administracin Pblica . Tal regla no debe aplicarse a una situacin procesal, que viene determinada por una actuacin evidentemente privada, como la firma de una transaccin (judicial o extrajudicial). Al contrario, consideramos que como la norma no habla de transaccin extrajudicial, se trata de un vaco legal, que es necesario integrar .Qu efectos debe tener la transaccin extrajudicial dentro de un proceso? Hay que integrar el ordenamiento pues est claro que el Cdigo Civil que regula la actividad entre los privados- le otorga el mayor valor a este acuerdo (dndole el valor de cosa juzgada); y sin embargo, el Cdigo Procesal Civil, no recoge a este tipo de transaccin dentro de su articulado. Creemos que la transaccin extrajudicial y judicial, producen situaciones jurdicas similares. En ambos casos, se trata de dos o ms personas que deciden poner fin a un conflicto de intereses hacindose para ello concesiones recprocas. Y en tanto ello es as, consideramos que debe tratrselas igual dentro de un proceso: ambas deben tener fuerza legal, de manera que la excepcin planteada por quien se vea afectado por el desconocimiento de la transaccin, debe ser amparada.Se ha querido pretender que existe una diferencia radical entre una y otra, y que esa diferencia consiste en la presencia del juez. En otras palabras, si el acuerdo entre dos partes se hace ante un juez, ese acuerdo es ms vlido que el que slo se hace entre las partes. No obstante, esta interpretacin no toma en cuenta que, en virtud de la Constitucin , las personas tienen autonoma para decidir sobre sus asuntos, esto es, la capacidad para que los acuerdos que tomen les obliguen mutuamente; y eso, estn o no ante presencia de un juez. Eso es la base de todo el derecho contractual , y tambin de mecanismos alternativos de solucin de conflictos, como la conciliacin o el arbitraje. Ciertamente la presencia del juez puede servir como garanta para la no violacin de los derechos de una de las partes, pero no hay duda que la opcin del Constituyente y del Ordenamiento civil ha sido la de consagrar y proteger la autonoma de la voluntad, dndole plena eficacia a los acuerdos suscritos entre particulares. Ello, por supuesto, no obsta a que existan mecanismos para asegurar que la desigualdad de armas entre las partes no se convierta en un vehculo para la violacin de derechos fundamentales de una de ellas. Sin embargo, el camino de solucin no es exigir la presencia de un juez cada vez que los particulares firmen acuerdos, sino la posibilidad de impugnarlos ante un juez cuando esta violacin se produzca. Es decir, es un control ex post, y no un control ex ante.En resumen, consideramos que, en aras de dar coherencia al ordenamiento, se debe dar a la transaccin extrajudicial contenida en el Cdigo Civil- el mismo efecto a la transaccin judicial regulada en el Cdigo Procesal Civil-, lo que significara que ambas tienen el poder de poner fin al proceso instaurado por los derechos transigidos.Debe tener la transaccin extrajudicial firmada por la seora Quiroz y Yanacocha efectos en el presente proceso?Si bien, en general, sostenemos que la transaccin extrajudicial debe tener plenos efectos dentro del proceso, consideramos que en el presente caso, excepcionalmente, no se debe amparar la excepcin de transaccin.La transaccin, siendo un contrato, tiene como sustento el ejercicio de la autonoma privada, derecho reconocido por la Constitucin. Por ello, para invalidarla, debe probarse que, o el ejercicio de esta autonoma ha sido defectuoso (por ejemplo en caso error en la voluntad), o que tal ejercicio ha vulnerado otros derecho o bienes constitucionales, es decir ha excedido sus lmites razonables, convirtindose en ilegtima.Como ha sealado el Tribunal Constitucional:Ello significa que los derechos fundamentales no slo demandan abstenciones o que se respete el mbito de autonoma individual garantizado en su condicin de derechos subjetivos, sino tambin verdaderos mandatos de actuacin y deberes de proteccin especial de los poderes pblicos, al mismo tiempo que informan y se irradian las relaciones entre particulares, actuando como verdaderos lmites a la autonoma privada . Esto se basa en que, an en las relaciones entre particulares, que se supone es entre iguales, es frecuente que existan abusos. La base para ello es una innegable diferencia de poder (econmico, poltico, etc.) entre unas personas y otras. Como recuerda el Tribunal Constitucional: Adems de los individuos humanos y del Estado, hay una tercera categora de sujetos, con o sin personalidad jurdica, que slo raramente conocieron los siglos anteriores: los consorcio, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las grandes empresas, que acumulan casi siempre un enorme podero material o econmico .Sucede que el ejercicio de la libertad (de contratar en este caso) puede generar situaciones inconstitucionales. Bajo su manto protector, pueden producirse violaciones graves a los derechos fundamentales. Ante esta realidad, el Estado no puede permanecer impasible y opta por exigir el respeto de los derechos fundamentales de la parte dbil en una relacin jurdica, o lo que es lo mismo, la no contravencin de estos derechos por las personas fuertes. Todos, sin excepcin, tienen el deber de respetar la Constitucin, como seala el artculo 38 de la Constitucin Poltica:Artculo 38. Todos los peruanos tienen el deber de honrar al Per y de proteger los intereses nacionales, as como de respetar, cumplir y defender la Constitucin y el ordenamiento jurdico de la Nacin.Ciertamente hay que proteger la libertad, pues es la base de cualquier desarrollo personal; pero la libertad, cuando es ejercida por personas con grandes desequilibrios de poder, es el escenario perfecto para que se produzcan abusos y con ello violaciones de los derechos del dbil en manos del fuerte . Cuando la libertad, en estos casos, colisiona con otro derecho u otros derechos, es vlido limitarla, hasta el punto en que se equilibren los derechos de todas las partes involucradas . De otro modo, como ha sido resaltado, hasta la propia libertad se sofoca en s misma .Creemos que existe libertad para contratar por el monto de la indemnizacin a pagar por el dao ocasionado por Yanacocha a la seora Quiroz . Pero en este caso esa libertad ha sido distorsionada de tal forma que se ha violado el derecho a la salud de la seora Quiroz. Esto se sustenta en que los daos ocasionados por la intoxicacin son graves y permanentes , lo que exige un tratamiento costoso, en tanto que el monto de la indemnizacin otorgado es irrisorio en comparacin con el costo del dao ocasionado. Esto determinar que la seora Quiroz y sus hijos no podrn cubrir los gastos en que tendran que incurrir para curarse o tratarse. Por ello, su derecho a la salud se ha visto afectado, y de manera considerable. El derecho a la salud est reconocido en el artculo 7 de la Constitucin Poltica, que sealan:Artculo 7. Todos tienen derecho a la proteccin de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad as como el deber de contribuir a su promocin y defensa. La persona incapacitada para velar por s misma a causa de una deficiencia fsica o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un rgimen legal de proteccin, atencin, readaptacin y seguridad.

El pago de una reparacin por un monto de 14,000 dlares no representa, en ese sentido, una reparacin satisfactoria que pueda cubrir los efectos de la violacin previa.Es as que, desde una perspectiva de eficacia directa de la Constitucin derivada de lo dispuesto en el artculo 38 de la Constitucin- la transaccin firmada entre Yanacocha y la seora Quiroz, carece de validez jurdica por violar el contenido del derecho fundamental a la salud de la seora Quiroz. A su vez, desde una perspectiva de eficacia indirecta de la constitucin, es decir, de aquella por a cual la eficacia se materializa mediatamente a travs de su recepcin por la ley y la proteccin de los jueces de la jurisdiccin ordinaria, quieres estn llamados a aplicar las leyes y reglamentos de conformidad con la Constitucin y, en especial, con el contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales, tampoco cabe ampara la transaccin extrajudicial firmada entre las partes.Para ello, debe tomarse en consideracin lo dispuesto en el artculo V del Ttulo Preliminar del Cdigo Civil, que regula, entre otras cosas, a la transaccin extrajudicial, y que dispone:Ttulo PreliminarArtculo V.- Es nulo el acto jurdico contrario a las leyes que interesan al orden pblico o a las buenas costumbres.El orden pblico, evidentemente est compuesto por el contenido de los derechos fundamentales, entendiendo por ellos, no slo derechos subjetivos, sino tambin valores objetivos que la Constitucin consagra. Como ha sealado el Tribunal Supremo alemn:No obstante, es igualmente cierto que la Constitucin, que no quiere ser neutral frente a los valores, en su ttulo referente a los derechos fundamentales tambin ha instituido un orden objetivo de valores y ha expresado un fortalecimiento principal de los derechos fundamentes. Este sistema de valores, que tiene su centro en el libre desarrollo de la personalidad humana y su dignidad en el interior de la comunidad social, debe regir como decisin constitucional bsica en todos los mbitos del derecho .

En suma, ya sea apelando a la eficacia directa o indirecta de la Constitucin, es claro que la transaccin no tiene efectos legales. Debi demandarse previamente la nulidad de la transaccin?Uno de los obstculos procesales para dejar sin efecto la transaccin firmada por la seora Quiroz y, en ltima instancia, defender sus derechos fundamentales, parece constituir la exigencia previa de demandar, previamente a la indemnizacin por daos y perjuicios, la nulidad del contrato de transaccin. Siendo ese el criterio, la decisin que tome la Sala Civil Permanente -en atencin a lo dispuesto en el Pleno Casatorio- slo podra versar sobre el amparo o no las excepciones planteadas por Yanacocha, que tienen como base la mencionada transaccin, ms no sobre el derecho a la indemnizacin de la seora Quiroz.Creemos, sin embargo, que esto atentara contra el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva , contenido tambin en la Constitucin. Ello es as porque, en efecto, no se le estara otorgando una verdadera tutela a una de las partes. Creemos que la Sala Suprema debe evitar llegar a una situacin as, para lo cual conviene analizar caminos legales que logren ese resultado protector de los derechos de la seora Quiroz.Una primera posibilidad podra encontrarse en la declaracin de la nulidad de pleno derecho de la transaccin, en atencin a que evidentemente viola derechos fundamentales a la salud de la seora Quiroz. Esto se llevara a cabo en uso del de la potestad nulificante que tienen todos lo jueces, la que en el caso concreto tiene amparo adems en lo dispuesto en el artculo 220 del Cdigo Civil, que seala:Artculo 220La nulidad a que se refiere el artculo 219 (nulidad absoluta) puede ser alega por quienes tengan inters o por el Ministerio Pblico.Puede se declarada de oficio por el juez cuando resulte manifiesta.No puede subsanarse por la confirmacin.Se ha dicho, en ese sentido, que los jueces tienen el deber de defender la legalidad (que incluye la constitucionalidad) de la actuacin de las personas; de modo que ello se traducira en la obligacin de declarar nulo los actos jurdicos que atenten flagrantemente esa legalidad. As, por ejemplo Lohmann sostiene:En tal caso, segn el precepto que analizamos, el Juez debe declarar la nulidad incluso sin que las partes lo invoque. () esta posibilidad procesal se traduce como un deber, porque el Juez no puede permanecer impasible ante un negocio, por ejemplo, inmoral o ilegal () esta expresin de poder como facultad procesal viene a constituir una excepcin a la regla conforme a la cual el Juez no puede emitir pronunciamiento sobre lo que no constituye materia de la controversia judicial . No obstante, creemos que tal medida no satisface un test de proporcionalidad. Es cierto que la medida es adecuada, toda vez que sirve efectivamente para dejar sin efectos el acto jurdico que viola derechos fundamentales. Pero no consideramos que sea la nica medida existente para llegar a ese resultado, ya que existe una va menos gravosa e igual de efectiva. De ese modo la medida no cumple con ser necesaria. Cul es esa segunda posibilidad? Consideramos que esa medida menos gravosa es la reconduccin de las pretensiones de la seora Quiroz; la que pasara de ser una pretensin de indemnizacin a una de nulidad de acto jurdico y posterior indemnizacin. Esta, por cierto, es una medida excepcional, ya que, en principio, un juez no est habilitado para incorporar una pretensin que no ha sido sealada por una de las partes. No obstante, existen varias razones que aconsejan este proceder.Partamos de una regla innegable: el juez debe respetar el principio de congruencia, por el cual, debe existir una adecuacin o correlacin entre los dos grandes elementos definidores del esquema del contencioso, es decir, entre la pretensin u objeto del proceso y la decisin judicial . La finalidad de este principio es evitar los fallos sorpresivos, cuando las partes no han podido defenderse y argumentar (a su inters) de aquello que ha sido decidido.De ese modo, si se reconduce la pretensin de la seora Quiroz, por una de nulidad, dando a Yanacocha la posibilidad de defenderse, de algn modo, se morigera la rigidez de este principio. Esto no significa que puede aplicarse de cualquier modo. Cuando el juez aplica el derecho an cuando no haya sido invocado, y tal como reza el artculo VII del Ttulo Preliminar del Cdigo Procesal Civil , no puede, ni agregar un hecho nuevo, ni ir ms all del petitorio. Quedando descartada la primera posibilidad, es posible decir que, al agregar la nulidad como pretensin, se est yendo ms all del petitorio?.El Tribunal Constitucional, fija los alcances de esta medida diciendo:

El Tribunal Constitucional es cuidadoso de no comprometer el principio de congruencia de las sentencias. En vista de ello, nicamente podr desvincularse de lo planteado en la demanda a fin de otorgar una proteccin eficaz a los derechos constitucionales lesionados, cuando ello devenga de una voluntad implcita del recurrente a pesar de no haberla planteado correctamente en la demanda, conforme se advierte en el presente caso .Ciertamente la seora Quiroz no ha solicitado la nulidad. Pero al pedir la indemnizacin habiendo una transaccin previa, creemos que se la est desconociendo jurdicamente; la base de su pretensin, en realidad, es que el dao permanece, es decir, no hay un arreglo previo que lo repare, o lo que es lo mismo, el arreglo previo no existe jurdicamente, es nulo.Consideramos que implcitamente se puede inferir que la seora Quiroz ha solicitado la nulidad de la transaccin extrajudicial suscrita con Yanacocha. Un juez puede, sin temor a prevaricar, tranquilamente no aceptar esta tesis, pero creemos no sin mella de sus deberes como pacificador social, contenidos en varios principios, como aqul puesto en primersimo lugar en el Cdigo Procesal Civil y que recuerda que la finalidad del proceso es lograr la paz social en justicia . U aqul otro que aconseja al juez evitar que la desigualdad de las partes afecte el desarrollo del proceso ; norma que es tan olvidada como importante, pues est pensada, en ltima instancia, como garanta del derecho a una igualdad (material) . De aplicarse esta medida, las excepciones quedaran sin efecto, devolvindose los actuados para que contine el proceso desde la etapa postulatoria, donde demandante y demandado, en funcin a la nueva pretensin, tendrn la posibilidad de alegar los argumentos que mejor sustenten su posicin.

IV.Conclusiones1.En trminos generales, la transaccin extrajudicial tiene mrito legal suficiente para que se declare fundada la excepcin de conclusin del proceso judicial por transaccin.2.Sin embargo, en el presente caso la transaccin extrajudicial firmada entre la empresa Yanacocha y la seora Quiroz carece de efectos legales por contravenir derechos fundamentales. 3.En conclusin, la Corte Suprema debera incorporar como nueva pretensin la nulidad de la transaccin extrajudicial, y, como efecto, devolver los actuados, a fin de continuar con el proceso hasta llegar a una decisin sobre el fondo

SEGUNDO PLENO CASATORIOSEGUNDO PLENO CASATORIOPRESCRIPCIN ADQUISITIVA

A. EXPOSICIN DE LOS HECHOS.Padre e hija plantean una demanda en la cual alegan ser coposesores y solicitan se les declare copropietarios del inmueble ubicado en la calle Mar Izaga N 769, antes conocido como Mar Izaga N 126, que ocupan hace ms de 60 aos.Rafael Agustn Lluncor Castellanos (padre) y Gladys Filomena Lluncor Moloche (hija), interpusieron el Recurso de Casacin, en el cual sustentan que la Corte Superior interpret de manera equivocada el artculo 950 del Cdigo Civil, e inaplic el artculo 899 del mismo cuerpo legal. Como respuesta, obtuvieron por parte del propietario demandado, que antes de entrar a discutir sobre la prescripcin conjunta de dos coposesores, se deba determinar si los demandantes podan pretender prescribir, ya que el padre era arrendatario del inmueble en materia de prescripcin, y por ende careca del animus domini, siendo este necesario para obtener lo solicitado.

Siendo puntos de controversia lo siguiente:

- Rafael Agustn Lluncor Castellanos reconoce ser arrendatario del inmueble.- Gladys Filomena Lluncor Moloche explotaba un negocio comercial en dicho inmueble, el cual cuenta con licencia.- Uno de los fundamentos en los que se basa Gladys Filomena Lluncor Moloche, es que habiendo nacido en el inmueble y cumpliendo la exigencia legal de diez aos de posesin continua, poda prescribir.

Con respecto al artculo 950 del Cdigo Civil, que es uno de los cuestionados, exige que para prescribir el que posee el bien debe hacerlo de forma continua, pacfica y pblica como propietario; pero en el caso propuesto, teniendo en cuenta que una de las caractersticas de la propiedad es la exclusividad, no es lgico que se pretenda la prescripcin por dos personas, ya que ello supone que uno de ellos permiti que los dos poseyeran conjuntamente, incumpliendo con dicha caracterstica.

Con respecto a la inaplicacin del artculo 899 del Cdigo Civil, los demandantes se ven afectados, ya que dicho artculo los favorece al reconocer que existe coposesin cuando dos o ms personas poseen un mismo bien conjuntamente

Otro tema en cuestin, fue que la hija no poda tener el animus domini, por el simple hecho de que su padre tambin careca de este.

A lo largo del debate, no se tuvo en cuenta el derecho real de la habitacin, tipificado en el artculo 1027 del Cdigo Civil, el cual dice lo siguiente: Cuando el derecho de uso recae sobre una casa o parte de ella, para servir de morada, se estima constituido el derecho de habitacin.El Pleno Casatorio de la Corte Suprema de Justicia de la Repblica de conformidad con lo normado por el artculo 400 del Cdigo Procesal Civil, por unanimidad:

- Declara infundada el recurso de casacin interpuesto por Gladys Filomena Lluncor Moloche.- Establece que la correcta interpretacin del artculo 950 del Cdigo Civil debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o ms poseedores homogneos puedan usucapir, puesto que de ver amparado su pretensin devendran en copropietarios, figura jurdica que esta prevista en nuestra legislacin.- Impusieron a Gladys Filomena Lluncor Moloche una multa de dos Unidades de Referencia Procesal de acuerdo con el artculo 398 del Cdigo Procesal Civil.- Ordenaron la publicacin de la sentencia en el Diario Oficial El Peruano.

B. ANLISIS

La realizacin del Pleno Casatorio tiene como fundamento legal el artculo 400 de Cdigo Procesal Civil.Este Pleno Casatorio es importante debido a que es el segundo en materia civil que se realiza en la Corte Suprema, desde la entrada en vigencia del Cdigo Procesal Civil en julio de 1993.Adems esta sentencia tiene por finalidad establecer doctrina de carcter jurisprudencial en el marco del proceso civil por prescripcin adquisitiva de dominio iniciado por Gladis Filomena Llncor Moloche y otro contra Otilia Arbaiza Aguinaga, en el Distrito Judicial de Lambayeque.En este pleno lo que discute es la calidad de poseedores de los demandantes Rafael Agustn Lluncor Castellanos (padre) y Gladys Filomena Lluncor Moloche (hija), que interpusieron el recurso de casacin, en el cual sustentan que la Corte Superior interpret de manera equivocada el artculo 950 del Cdigo Civil, e inaplic el artculo 899 del mismo cuerpo legal, lo cual atentaba contra su derecho al debido proceso.Con respecto a la interpretacin equivocada el artculo 950 del Cdigo Civil, si bien es cierto que ha existido una errnea interpretacin, se establece que la correcta interpretacin debe hacerse en el sentido que nada obsta para que dos o ms poseedores homogneos puedan usucapir, puesto que de haber amparado su pretensin devendran en copropietarios, que es una figura legislada en nuestro Cdigo Civil actual; y en cuanto a la inaplicacin del artculo 899, los demandantes se ven afectados, ya que dicho artculo los favorece al reconocer que existe coposesin cuando dos o ms personas poseen un mismo bien conjuntamente, sin embargo el demandante Rafael Agustn Lluncor Castellanos era arrendatario del inmueble en materia de prescripcin, y por ende careca del animus domini, importantsimo para poder usucapir, por lo que este derecho que tiene como arrendatario tambin se extiende a su hija Gladis Filomena Llncor Moloche y no se le considera como coposeedora ya que carece de tal condicin.Aqu, es importante hacer una salvedad para entender la razn por la cual es tan importante el animus domini, pues la posesin por arrendamiento se trata de una posesin de derecho en la que una persona ejerce una posesin inmediata sobre un bien; y el propietario, es decir, el titular del derecho de propiedad ejerce una posesin mediata o espiritualizada. Sin embargo, el poseedor inmediato no posee para s mismo, sino para el poseedor mediato, es por eso que no cabe hablar de Prescripcin adquisitiva de propiedad, pues como bien alegan los demandantes, se necesita que la posesin sea pacfica, continua y pblica, pero adems se necesita el comportamiento como propietario o dueo, si no como se vio en el Pleno Casatorio no procede.La labor del Pleno Casatorio fue rectificar la interpretacin que el juez anterior haba dado con respecto al caso planteado, pues no se trataba de centrarse en la Coposesin sino en la Prescripcin Adquisitiva de Propiedad.Finalmente cabe indicar que las aspiraciones ms importantes del sistema normativo es brindar seguridad jurdica a los ciudadanos, en este sentido no es sencilla la tarea de los jueces, adems tomando en cuenta cada juez tiene su propio criterio en cada caso en particular, de modo que se presentan resoluciones que, ante conflictos sustancialmente iguales, las cortes deciden de modo diferente.

C. APORTE JURDICO

Este Pleno Casatorio marca un hito en la jurisprudencia nacional, porque tiene por finalidad esclarecer, determinar y uniformizar la forma de interpretacin de la norma al caso concreto. La resolucin servir de modelo para futuros procesos que sean parecidos, as evitando que resoluciones contradictorias tengan como resultado la afectacin de derechos por no uniformizar la interpretacin de la norma.El Pleno Casatorio nos ha permitido conocer ms sobre las instituciones de la posesin, co-posesin, propiedad, usucapin, el derecho de uso y habitacin. Estamos de acuerdo con lo emitido en el Pleno Casatorio sobre la interpretacin del Artculo 950 del cdigo Civil y el Articulo 899 porque establece como requisito para que se d la coposesiones que dos o ms personas posean el bien conjuntamente pero tienen que tener el animus domini para que puedan usucapir y si es servidor de la posesin no puede usucapir. Un aporte que nos da esta resolucin es que el coposeedor no est prohibido en solicitar la prescripcin adquisitiva de dominio, sin embargo necesita actuar como propietario.

COMENTARIO: TERCER PLENO CASATORIO

III PLENO CASATORIO

Autor: Nelson Ramrez Jimnez

El pasado mircoles 15 de diciembre se celebr el tercer pleno casatorio que registra la historia judicial peruana. Fue, adems, el primero que se llev a cabo bajo la nueva regulacin introducida por la Ley N 29634, publicada el 28-05-2009, norma que estableci los siguientes cambios en el desarrollo del mismo: (i) Debe ser convocado por la Sala Suprema Civil; (ii) Slo participan los jueces supremos civiles; y, (iii) Su objeto es constituir o variar un precedente judicial.

EL PLENO

Se llev a cabo despus de ms de dos aos de celebrado el anterior (setiembre de 2008), demora que debe ameritar una explicacin institucional, pues, a ese ritmo, muchos temas seguirn siendo resueltos de manera discrepante por las dos salas civiles en actividad. Segn la convocatoria publicada el 3 de diciembre en El Peruano, el objeto del mismo era superar las contradicciones existentes en la solucin de los casos de divorcio por la causal de separacin de hecho, especficamente, en lo referido a la naturaleza jurdica del tema indemnizatorio previsto en el artculo 345-A del Cdigo Civil (CC) y, adems, determinar si procede fijar la indemnizacin de oficio o slo a peticin de parte.

La audiencia se llev a cabo en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema. La causa que fue objeto de la vista fue la 4664-2010, proveniente de Puno, y el tema materia del recurso fue la indemnizacin fijada a favor del cnyuge perjudicado. Es importante subrayar que la audiencia se llev a cabo con una nueva metodologa

NUEVA METODOLOGA

1. Intervinieron los seores jueces supremos titulares Almenara Bryson, quien la presidi, Ticona Postigo y De Valdivia Cano; y, los seores jueces supremos provisionales Caroajulca Bustamante, Len Ramrez, Vinatea Medina, lvarez Lpez, Palomino Garca, Miranda Molina y Aranda Rodrguez, quienes son magistrados civiles integrantes de Salas Supremas Civiles, tal como lo exige la modificacin introducida en la ley antes reseada. Valga la ocasin para llamar la atencin sobre este aspecto de la organizacin judicial, pues, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), al nombrar a los juec es supremos titulares, no precisa la especialidad que les corresponde, lo que nos parece una omisin incompatible con la garanta de juez natural que proclama la Constitucin. Esta falta de reconocimiento causa, entre otras situaciones, que al inicio de cada ao judicial los jueces supremos aparezcan integrando colegiados jurisdiccionales cuya competencia puede ser ajena a la especialidad que cultivan. Esto explicara que reconocidos jueces especializados en Civil no hayan participado en este pleno, como es el caso de los seores Vsquez Cortez y Tvara Crdova, quienes actualmente integran la Sala Constitucional Permanente. 2. Inform el abogado de la parte demandante, quien, lamentablemente, no aport nada importante al debate. Esta experiencia comprueba que los abogados, a veces, no asumimos con profesionalismo los encargos. Una audiencia de esa magnitud debi ser preparada con ahnco por la defensa. Defender una causa justa supone entrega. Para colmo de males, el doctor Almenara, presidente del pleno, debi intervenir para solicitarle que adecuara su intervencin oral a los fines de la Casacin. 3. Al margen de ello, dos hechos han marcado esta audiencia de manera muy especial, al extremo que justifica calificarla han llevado a cabo hasta la fecha. El primero de ellos fue que el pleno convoc a dos Amicus Curiae, especialistas en la materia controvertida, para que expusieran sus tesis acadmicas y aportaran luces a la discusin. Excelente iniciativa que rindi extraordinarios frutos, pues, los doctores Alex Plcido y Leysser Len sustentaron sus respectivos puntos de vista con brillo y enjundia acadmica, aportando elementos de juicio cuyo detalle ms adelante puntualizo. Lo segundo es que el presidente invit a los asistentes para que al final de la audiencia intervinieran aportando ideas, invitacin que si bien no tuvo una respuesta amplia entre el pblico, dej sentada una praxis que debiera ser conservada.

4. En este orden de ideas, Alex Plcido fue el primero en intervenir. Una ajustada sntesis de su tesis se basa en los siguientes aspectos:

(i) Que la discrepancia en la materia alcanzaba al propio Tribunal Constitucional (TC), pues haban dos posiciones contrarias. En los procesos de amparo N 4800-2009 y N 5342-2009, mientras una Sala haba sostenido que otorgar una indemnizacin que no ha sido demandada viola la congruencia procesal, la otra Sala resolvi de manera distinta. Era necesario que la Corte Suprema defina esta discrepancia;

(ii) Que el Art. 4 de la Constitucin y el Art. 345 del CC, regulaban la proteccin de la familia monoparental de origen matrimonial, pero que haba que tener en cuenta que dicha proteccin debe ser extendida tambin a los hijos;

(iii) Que ese mandato constitucional se impone a todos los sujetos del proceso y en todas las etapas procesales, por lo que la indemnizacin debe ser necesariamente considerada como un punto controvertido; (iv) La aplicacin del principio de proteccin de la familia determina la no

vulneracin del principio de congruencia

procesal y la correcta aplicacin de la funcin

tutelar por el rgano jurisdiccional ni apreciar si nicamente existe un expreso pedido de las partes.

(v) Que la indemnizacin dependa del sistema de divorcio regulado por las leyes de la materia. Si estamos en un sistema de divorcio sancin la indemnizacin debe basarse en la culpa del cnyuge causante;

si, por el contrario, el sistema es el de divorcio remedio, no se reconoce el pago de indemnizacin, pues, la culpa no es un elemento para sustentar la causal. Agreg que en el caso de los sistemas mixtos, cabe fijar indemnizacin si se funda en una causal subjetiva o, si basada en una causal objetiva (como la separacin de hecho durante dos aos), se aducen, adems, consideraciones subjetivas;

(vi) Considera que el sistema peruano es mixto, pues basta apreciar los alcances de los Arts. 333 inc. 12 del CC, la tercera disposicin complementaria y transitoria de la Ley N 27495, ms los Arts. 292 y 351

(vii) La indemnizacin responde a la naturaleza mixta del sistema legal de divorcio. Esta configuracin legal determina que no se trate de un supuesto de responsabilidad civil, en la medida que no se determina por factores de atribucin subjetivos (dolo o culpa) u objetivos (peligro o riesgo).

(viii) La indemnizacin es una consecuencia legal de la estimacin de la demanda de divorcio por causal de separacin de hecho, que responde a la caracterizacin impuesta por el Derecho de familia por la que se comprenden aspectos subjetivos y objetivos para su determinacin.

(ix) Para fijar la indemnizacin debe identificarse al cnyuge ms perjudicado, quien es el que no ha dado motivo para el divorcio y sufre el menoscabo, pero debe establecerse la relacin de causalidad. El pero en uno u otro caso, debe ser cierto, producido con ocasin de la separacin de hecho y subsistir al tiempo de la demanda. No debe comprender conductas relacionadas a la prdida del vnculo afectivo.

(x) El dao puede ser patrimonial como personal. Este ltimo est referido a las afectaciones causadas por los hechos que motivaron la separacin conyugal y no por ella misma, pues ni sta ni el divorcio en s mismos pueden ser considerados como causantes de daos.

(xi) La configuracin legal ha limitado el dao personal al dao moral. En la configuracin legal no se identifica dao personal con dao a la persona.

(xii) La configuracin legal determina que el dao al proyecto de vida matrimonial no tenga autonoma en s mismo, por lo que no es compensable; en todo caso, se le debe considerar comprendido en la nocin amplia de dao moral en la equidad, el principio de enriquecimiento indebido y la solidaridad conyugal. Para determinar su cuanta deber valorarse la personalidad de la vctima y la intensidad de la afectacin.

(xiv) Absolviendo las preguntas del juez supremo Ticona Postigo, agreg que el Art. 345-A hace referencia a una indemnizacin econmica y el Art. 351 al dao moral, pero que no se debe hacer uso de la tesis de indemnizacin por la frustracin del proyecto de vida como argumento para conceder una indemnizacin.

5. Por su parte, Leysser Len present la siguiente tesis:

(i) Que el sistema peruano debiera iniciar una diferenciacin clara y precisa entre indemnizacin y resarcimiento, pues son conceptos con diferentes alcances. En el primero no es necesario imputar responsabilidad civil ni hablar de culpable o de imputable, mientras que el segundo civil propiamente dicho, sea por un incumplimiento o por un ilcito aquiliano. Tiene por fuente exclusiva a la ley y se estima valorizando los daos ocasionados y/o fijando el valor con criterio de equidad. En sede nacional se pueden identificar los

siguientes casos de indemnizacin establecidos por ley: el valor justipreciado en las expropiaciones; la indemnizacin tarifada por despido en el campo laboral; indemnizacin a cargo del incapaz de discernimiento previsto en el Art. 1977 del CC.; ruptura de esponsales prevista en el Art. 240 del CC.; y, la del Art. 345-A a favor del cnyuge perjudicado en el caso de la separacin de hecho.

(ii) Hecho el distingo, sostuvo que el Art. 345-A del CC no regula un supuesto de responsabilidad civil porque: (a) Separarse no es fuente de responsabilidad civil en el Per;

(b) No existe un criterio de imputacin sealado por la ley para este supuesto, un caso de responsabilidad civil objetiva;

(c) No existen referencias a los daos materiales que resulten de la separacin; y,

(d) El juez tiene la alternativa de adjudicar un bien de la sociedad conyugal en lugar de la indemnizacin, lo cual no tiene sustento en materia de responsabilidad civil.

(iii) Que el estudio de la jurisprudencia nacional demuestra que en esta materia existen graves errores, a saber:

(a) Se sostiene que el Art. 345-A contempla un supuesto de responsabilidad civil;

(b) Que dicho artculo es aplicable todas las veces en que se aprecie una violacin de los deberes conyugales;

(c) Que es un caso de responsabilidad objetiva y que por ello no se necesita comprobar la culpabilidad; y,

(d) Autoriza a conceder resarcimientos, entre ellos, el del proyecto de vida matrimonial.

(iv) Esos graves errores deben ser subsanados a partir de las siguientes comprobaciones:

(a) No hay responsabilidad civil en el Per por separarse ni por divorciarse;

(b) La verdadera responsabilidad civil radica en la violacin de derechos constitucionales al interior del matrimonio (daos endofamiliares);

(c) La antijuridicidad no es presupuesto ni elemento de la responsabilidad civil en el Per, a diferencia de

Alemania e Italia, donde los cdigos civiles la contemplan expresamente;

(d) La denominada responsabilidad objetiva est referida a los casos de riesgo o de exposicin al peligro regulada en el Art. 1970 CC, que no guardan ninguna relacin con la vida matrimonial; y,

(e) Los proyectos de vida existen, pero son irrelevantes jurdicamente. El proyecto de vida matrimonial no es

resarcible, pues, por ejemplo, no puede ser cuantificado para efectos de la suscripcin de un contrato de seguro y, adems, propicia interpretaciones discriminatorias en su cuantificacin. En definitiva, el dao al proyecto de vida es slo un argumento para inflar los resarcimientos.

(v) En su concepto, la indemnizacin prevista en la ley debe ser concedida bajo las siguientes bases:

(a) El fundamento de la indemnizacin al cnyuge perjudicado debe ser la solidaridad familiar, no un hecho de responsabilidad civil;

(b) El juez debe atender exclusivamente a un elemento objetivo, las diferencias patrimoniales entre los ex cnyuges como resultado de la separacin y divorcio, lo que viene a constituir el perjuicio;

(c) Establecido el desbalance, se indemniza al menos favorecido, sobre la base de la equidad; y,

(d) El dao moral no necesita ser probado.

6. Con esta intervencin se dio por cerrada la audiencia pblica. Muy importante fue la coincidencia en descartar el argumento de la frustracin del proyecto de vida como base de la indemnizacin. Qued claro, adems, que el tratamiento de la indemnizacin en la forma que vena siendo atendida por la jurisprudencia deba ser urgentemente revisada, pues, no se trata de un caso de responsabilidad civil. La Corte Suprema tiene la palabra final y no dudamos en sostener que su decisin ser un punto de quiebre en la materia.

7. Por lo dems, qued demostrada la importancia de cultivar la especialidad como base del sistema judicial, lo que explica que los plenos sean vistos ahora con intervencin solo de los jueces supremos de la especialidad civil. Un pleno jurisdiccional con la metodologa prevista en la ley derogada, con intervencin de jueces supremos penales, por ejemplo, no habra permitido apreciar con amplitud el anlisis hecho por los Amicus curiae intervinientes, ni mucho menos, impulsar la participacin de los asistentes. Finalmente, debemos felicitar a los jueces supremos por el desarrollo de tan importante acto procesal. Es de desear que la causa sea votada con prontitud y, a continuacin, se fije fecha para los casos pendientes. Quienes asistimos a esta audiencia pblica la recordaremos como uno de los actos jurisdiccionales ms apasionantes que nos toc atestiguar, especialmente, por la presencia solemne y atenta de los jueces supremos. Bien deca Scrates: Cuatro condiciones le corresponden a un juez: escuchar cortsmente, contestar sabiamente, considerar todo sobriamente y decidir imparcialmente.

Cuarto Pleno Casatorio CivilDesalojo Prescripcin Adquisitiva

Jos Guillermo Anderson

Desalojo Prescripcin Adquisitiva

La Revista Jurdica (N 392) del Diario Oficial aparecida en la Edicin del 02 de febrero, da cuenta del Cuarto Plenario Casatorio en Materia Civil con comentarios de los colegas Nelson Ramrez Jimnez y Jaime Heredia Tamayo a este Pleno fueron invitados anticipadamente los distinguidos Abogados:

Jorge Avendao, Fernando Bustamante, Alberto Loayza Lazo y Martn Mejorada En calidad de Amicus Curiae.

Las cuestiones planteadas a los invitados fueron cuatro:

Primera Cuestin: Determinar si la sentencia que pone fin al proceso de prescripcin adquisitiva tiene carcter declarativa o es constitutiva;

El Dr. Avendao sostuvo: a propsito del Art. 911 del CC, que la posesin ilegtima era sinnimo de posesin precaria y que, adems de aquella, no exista otra norma que estableciera una definicin de posesin ilegtima en dicho ordenamiento legal. Consider que adems de los dos supuestos regulados en el Art. 911, esto es, la inexistencia de ttulo y el fenecimiento del mismo, debera agregarse otro supuesto que est regulado, por ejemplo, en el Cdigo Civil Argentino: la ausencia de derecho. Ello, en la medida que poda existir un ttulo, pero que no transmitiera derecho alguno. Para l, la sentencia que declara la prescripcin adquisitiva es de tipo declarativa y no constitutiva, apoyndose en lo dispuesto en el Art. 952 del CC, precisando que su efecto retroactivo reconoce la propiedad no desde el momento en que se cumplen los requisitos previstos en el Art. 950 sino desde el momento en que se inici la posesin.

Dijo, adems, que era suficiente la alegacin y la prueba respectiva del Cumplimiento de los requisitos previstos en el Art. 950 del CC para que el demandado pudiera oponer su derecho de propiedad por prescripcin adquisitiva en el proceso de desalojo por ocupacin precaria, no siendo necesaria la existencia de un fallo de primera instancia o firme que as lo declare, ni tampoco de la inscripcin de ese derecho en el Registro Pblico, en este ltimo caso, en la medida que la inscripcin no es constitutiva

Los colegas Loayza Lazo y Mejorada Chauca estuvieron de acuerdo en lo sustancial con el Maestro Avendao. No as el colega, Bustamante Zegarra quin expres ideas discrepantes, pues consider que para oponer la prescripcin adquisitiva se requera de una sentencia firme, alegando como sustento de su posicin la seguridad jurdica. Propuso dos modificaciones al CPC: la primera, que el demandado pudiera oponer la prescripcin adquisitiva en va de reconvencin cuando fuera notificado con una demanda de desalojo por ocupacin precaria. La segunda, que si al momento de notificarse la demanda de desalojo por ocupacin precaria este ya hubiera interpuesto la demanda de prescripcin adquisitiva, ambas demandas se tramiten por separado y se acumulen en el momento de emitirse sentencia. As, se evitara fallos contradictorios.

Mi opinin: La inscripcin de la propiedad inmueble es declarativa y slo tiene poder de oposicin erga omnes contra quin la pretenda. En consecuencia, En un proceso de Desalojo en la que el demandado se defiende argumentando que ha ganado el derecho de ser reconocido como propietario, por estar poseyendo por ms de 10 aos sin justo ttulo y buena fe, por ejemplo y considerando que, al poseedor se le reputa propietario y se ha conducido como tal durante el tiempo sealado es, para m la defensa adecuada y lo es porqu en la Demanda de desalojo no se discute propiedad o posesin sino el derecho del demandante amparado en un documento que le otorga la condicin de arrendador, pudiendo al mismo tiempo tener la condicin de propietario, o slo por esta condicin, como lo informa el artculo 586 del Cdigo Adjetivo.

No estoy de acuerdo en considerar como ilegal la posesin de quien ha ganado la propiedad por prescripcin, aun cuando esta no haya sido declarada judicialmente, otra cosa es que quien demande considere al demandado un ocupante precario, pues si fuera ilegal no tendra sentido la oposicin a la pretensin del actor que se funde en la prescripcin.

La segunda cuestin planteada a los invitados era la siguiente:

Si se requiere sentencia definitiva y adems su inscripcin en los Registros Pblicos, para que el demandado en un proceso de desalojo por Ocupacin precaria acredite que su posesin es legtima, por haber adquirido la propiedad por prescripcin; o si basta la afirmacin del prescribiente respecto de la produccin en el mundo fctico de los supuestos de hecho del Art. 950 del CC;

Con esta se profundiza la primera pregunta; el Maestro Avendao prcticamente respondi ambos temas con su opinin sobre el primero;

Viene al caso sealar que para el doctor Mejorada Chauca, la definicin de Precario contenida en el Art. 911 del CC solo tiene relevancia para efectos del proceso de desalojo, en el cual no se definen ni declaran derechos, al menos no de forma definitiva, en la medida que la sentencia se limita a ordenar la restitucin del inmueble en un momento determinado.

Precis que el proceso de desalojo es uno intermedio entre el de interdicto y el de reivindicacin, Pues el juez, basado en apreciaciones propias de la sumarizacin de dicho proceso, debe fijar si el demandante tiene derecho a la restitucin del inmueble o si el demandado acredita o persuade con medios de prueba suficientes que su posesin es legtima.

En mrito de estos comentarios, estimo pertinente aportar algunas reflexiones -opinin del Dr. Jimnez Ramrez- Desde nuestro punto de vista, cuando el ocupante precario opone una Prescripcin ganada aunque todava no ha sido reconocida judicialmente, tiene una situacin Jurdica que no puede ser desdeada a priori, bajo formatos meramente procedimentales.

En efecto, si dicha defensa esta slidamente sustentada, con pruebas que demuestran la posesin pacfica, pblica y por el tiempo que corresponde al caso, como lo exige el Art. 950 del CC, esa situacin jurdica debe ser valorada por los jueces.

Por otro lado, la pretensin de desalojo no puede ser declarada improcedente en ese contexto, pues ello supondra darle una connotacin de firmeza al derecho a la prescripcin que an no ha sido oficialmente declarado, a la vez que se estara juzgando un tema de fondo en un tipo de proceso inadecuado a ese fin. Finalmente, es de desear que la decisin se adopte con celeridad y se convoque al quinto pleno de inmediato, pues los temas pendientes son varios.

MI opinin: El tema fundamental es definir si la posesin, de buena o mala fe que se ha detentado por el tiempo previsto para adquirir la propiedad deja de ser ilegtima, reitero mi posicin la propiedad ganada por prescripcin es legtima, independientemente de que haya o no sido reconocida judicialmente e inscrita en los Registros Pblicos.

Estoy en desacuerdo con el colega Jimnez Ramrez, primero porque existe evidente contradiccin en su anlisis NO se puede alegar la importancia de la posesin y al mismo tiempo plantear que la demanda de desalojo sea amparada, veamos:

El Desalojo es una pretensin que no tiene como exclusivo y excluyente demandante al propietario y aun siendo este, el derecho en discusin es que se restituya el uso, cmo podra un juez fallar a favor del actor cuando el emplazado ha demostrado en el proceso que por el transcurso del tiempo, ste, de hecho, lo reconoce como propietario; no contribuye a resolver la situacin jurdica de los litigantes argumentar problemas procesales, en todo caso, corresponde al Juez al recepcionar la contestacin de la demanda sealar el proceso que corresponda, incluso variarlo si fuere necesario en virtud de que el tipo de proceso se determina en el Auto Admisorio a la Instancia.

La tercera cuestin fue:

Si cumple el demandadoen el proceso de desalojo con la carga de la prueba respecto de su afirmacin de que la legitimidad de su ocupacin ha surgido de la alegada prescripcin adquisitiva,indicando nicamente los hechos de los cuales fluye la prescripcin o si se requiere sentencia de primera instancia, sentencia definitiva no inscrita en Registros Pblicos o sentenciadefinitiva inscrita en los Registros Pblicos

El colega Mejorada Chauca agreg en este extremo:

Precis que el proceso de desalojo es uno intermedio entre el de interdicto y el de reivindicacin, pues el juez, basado en apreciaciones propias de la sumarizacin de dicho proceso, debe fijar si el demandante tiene derecho a la restitucin del inmueble o si el demandado acredita o persuade con medios de prueba suficientes que su posesin es legtima.

Puso como ejemplo el caso en que el demandado presentara, al contestar la demanda, un contrato de donacin del inmueble cuya restitucin se pretende, pero que no ha sido elevado a escritura pblica, supuesto en el que claramente, ms all de exhibir formalmente un ttulo, no exista derecho alguno, en tanto la escritura pblica es un requisito de validez de la donacin de un bien inmueble. La demanda de desalojo, en ese supuesto, deba ser declarada fundada. Distinto sera el caso en donde el demandado presentara como medio de prueba la escritura pblica de la donacin y el demandante la cuestionara alegando su nulidad. En este supuesto, dado que no es materia de discusin en el desalojo la validez o no de la escritura pblica, la demanda debera ser declarada improcedente.

Tambin indic que podra darse el caso que el demandado presentara la prueba de cada mes de sus ms de 10 aos de posesin para alegar la propiedad por prescripcin adquisitiva y que luego el demandante presentara el cargo de una carta notarial enviada y recibida por el demandado en el ao 5 de su posesin donde se le requera la restitucin del inmueble, con lo que podra considerarse que se habra verificado la interrupcin de la prescripcin y, en ese supuesto, la demanda de desalojo debera ser declarada fundada.

Mi opinin: Recuerdo antes que, el Maestro Avendao Recomend en su primera y nica intervencin: debera agregarse otro supuesto que est regulado, por ejemplo, en el Cdigo Civil Argentino: la ausencia de derecho. Ello, en la medida que poda existir un ttulo, pero que no transmitiera derecho alguno.

No estoy de acuerdo con la opinin de los colegas, Mejorada y Avendao, explico porqu:

La propiedad que se ha ganado por prescripcin NO es ilegal sin importar si fue de mala o buena fe, en el ejemplo del colega Mejorada se parte de la ilicitud de la posesin en la medida que al contestar la demanda en el que tenga un ttulo imperfecto o que no otorga derecho alguno debe ampararse la pretensin del Demandante, es inexplicable que nos compliquemos tanto, el ciudadano tiene no slo el deber sino el derecho de conocer la ley sin los subterfugios y alambicadas opiniones de los abogados. El transcurso del tiempo, conducindose como propietario de forma pacfica y pblica es lo que importa, resulta un contrasentido lo siguiente: el demandado contesta la accin y presenta un contrato de donacin de hace 40 aos de un terreno, que lo adquiri como herencia al fallecer su padre (quien fue el beneficiario de ella) pero su posesin no tena ni un ao cuando fue demandado, la donacin no haba sido elevada a Escritura Pblica, debe declararse fundada la demanda?, Al no cumplir con el requisito formal desaparece el derecho a prescribir por el transcurso del tiempo? No se podra acumular la posesin del de Cujus (fallecido) al tiempo que estaba enposesin, como lo informa el artculo 898 del Cdigo Civil:

El poseedor puede adicionar a su plazo posesorio el de aquel que le trasmiti vlidamente el bienEntrara en conflicto el derecho trasmitido por herencia (el terreno) frente al Contrato de Donacin del mismo terreno por haber sido un ttulo invlido? Cmo debera interpretarse el trmino Vlidamente?, todo esta suerte de enredo jurdico no tiene ningn sentido, peor aun cuando el colega Mejorada dice que es suficiente una Carta reclamando antes del vencimiento del plazo a favor del prescribiente para que se interrumpa el mismo, cuando el artculo 953 del C.C. precisa:Se interrumpe el trmino de la prescripcin si el poseedor pierde la posesin o es privado de ella, pero cesa ese efecto si la recupera antes de un ao o si por sentencia se le restituye.La Carta en cuestin es aplicable en el caso de invasiones y regulada por la ley respectiva.El tiempo seores slo tiempo, todo lo dems son argumentos de defensa que deber evaluar el Juez o los Jueces eventualmente, porqu aqu NO hay un conflicto que exija del rgano jurisdiccional un sometimiento a las artes defensivas de los abogados para establecer un mandato vinculante.La Cuarta y ltima cuestin en el IV Pleno Casatorio Civil fue:

Si los ttulos de propiedad del demandante en este proceso de desalojo se mantienen vigentes y no le resultan oponibles los efectos de la sentencia dictada en el proceso de prescripcin adquisitiva mientras no se haya inscrito la misma y cancelado el asiento en el que figure el derecho del demandante. Si, a pesar de ello, la sentencia no inscrita no convierte en legtima la ocupacin del imputado precario.

No voy a repetir las opiniones de los colegas invitados, les dir lo que pienso.

Es complicada la cuestin, a ver: si la inscripcin de la propiedad del demandante est vigente y siendo que sta la inscripcin, es declarativa- vlida para oponerse a quin la pretenda, a mi juicio es una contradiccin, veamos:

En el caso de la propiedad ganada por prescripcin el derecho a demandar del propietario dur el tiempo establecido en la ley para recuperarla ante el uso abusivo de una accin de hecho, vencido el plazo por no haberse demostrado el animus domini (deseo de poseer) del dueo sobre el bien, cualquier demanda que inicie contra el prescribiente ya propietario por el tiempo, no resulta de una oposicin strictu sensu (sentido estricto) sino intentar lo que perdi por haber abandonado su dominio.

La posesin precaria es ilegal como sentenci el Maestro Avendao pero deja de serlo cuando se pierde por prescripcin a favor del poseedor, sin que se tenga necesidad alguna de ser declarada judicialmente ni que se haya inscrito al nuevo propietario, en puridad, para este Abogado, un juicio de desalojo en el que el demandado contesta la demanda OPONINDOSE por haber ganado la propiedad al haber usado y disfrutado la misma sin que nadie lo interrumpiera en su posesin, es una accin que no se opone sino que reclama tardamente un derecho que no es tal, por el transcurso del tiempo, por lo tanto, la inscripcin aun vigente del propietario declarado en el asiento registral NO puede oponerse a quien resulta en los hechos el verdadero propietario, asunto que deja sentado el artculo 927 del Cdigo Civil:

Accin reinvindicatoriaLa accin reivindicatoria es imprescriptible. No procede contra aqul que adquiri el bien por prescripcin