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Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)
Impunidad de las agresiones a periodistas en México
Informe Ejecutivo
Distinguidas y Distinguidos integrantes de la Honorable CIDH
Presidenta Rose-Marie Belle Antoine
Primer Vicepresidente y relator para México, James Cavallaro
Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz
Secretario Ejecutivo Emilio Álvarez Icaza Longoria
Secretaria Adjunta Elizabeth Abi-Mershed
Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza
En representación de la Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP), que
reúne a representantes de periodistas de 13 estados de la república Mexicana,
nos dirigimos a ustedes en atención a su investidura y misión, con la finalidad de
explicar a través del informe sobre Impunidad de las agresiones en México, la
severa crisis en materia de libertad de expresión y por ende de la democracia en
nuestro país.
Consideramos que México vive una crisis humanitaria en materia de libertad de
expresión, ante los más de cien casos de homicidios de periodistas registrados del
año 2000 a la fecha, casi dos decenas de periodistas sin aparecer, los cientos de
periodistas amenazadas y amenazados, todos, casos documentados por diversas
organizaciones nacionales e internacionales como Freedom House, Reporteros
sin Fronteras, Artículo 19, Casa de los Derechos de Periodistas, Centro de
Derechos Humanos y Asesoría Pueblos Indígenas, Propuesta Cívica, entre otras.
Esta situación ha llevado a que Freedom House haya catalogado a México en
2014, por cuarto año consecutivo, como país no libre en materia de libertad de
expresión.
En 2015, el número de asesinatos a periodistas va en aumento y la impunidad
sigue siendo la constante, a pesar de existir una Fiscalía Especial para investigar
delitos cometidos contra la libertad de expresión, los responsables siguen sin ser
llevados ante el sistema de justicia.
Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña, Juan Mendoza, Gerardo Nieto
Álvarez, Filadelfo Sánchez Sarmiento, Abel Manuel Bautista Raymundo, Rubén
Espinoza Becerril, entre otros, son los periodistas asesinados durante los últimos
nueve meses en México por ejercer el periodismo, hipótesis que familiares y
colegas sostendrán hasta que la autoridad demuestre lo contrario con
investigaciones científicas y apegadas a derecho.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documento la impunidad
operante en México respecto a los agravios cometidos en contra de periodistas y
emitió la Recomendación General 20/2013, sin embargo, ni las autoridades
estatales ni federales, ni el mismo organismo autónomo emisor, le dieron
seguimiento y la impunidad sigue permeando los agravios a la libertad de
expresión y con ello deteriorando la incipiente democracia mexicana.
Las relatorías sobre Libertad de Expresión de la CIDH y de la ONU, emitieron en
2010 un informe, luego de una visita a México, cuyas recomendaciones siguen
siendo pendientes del Estado Mexicano.
Recomendaciones que otros países hicieron a México en materia de Libertad de
Expresión, luego del Examen Periódico Universal (EPU) de 2013 siguen
esperando respuestas prácticas, ya que el discurso institucional mexicano, es
insuficiente para detener los asesinatos, las desapariciones, las amenazas, entre
otras agresiones al gremio periodístico nacional.
Esta Plataforma, es un espacio ciudadano en el que confluyen periodistas,
comunicólogos, organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras de
derechos humanos y ciudadanía en general, con la finalidad de acompañar, desde
un ángulo interdisciplinario, al gremio periodístico mexicano para defender y
promover la Libertad de Expresión y demás derechos de las personas que ejercen
el periodismo.
Entre estas organizaciones civiles coinciden Freedom House, Reporteros sin
Fronteras, Casa de los Derechos de Periodistas, Propuesta Cívica y otras. La
Plataforma de Vinculación de Periodistas, tiene el propósito de acompañar a
periodistas en riesgo o víctimas de algún agravio por su labor profesional y en el
proceso de capacitación para abatir vulnerabilidades como profesionales del
periodismo.
Esta plataforma, que busca incidir a nivel nacional, actualmente tiene
representación en 13 entidades: Baja California, Coahuila, Guerrero, Morelos,
Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato, Colima, Campeche, Tabasco
y el Distrito Federal.
Este ejercicio de vinculación de periodistas surgió como resultado del proyecto
Proceso de Articulación y Vinculación de Acciones para Mejores Prácticas de
Apoyo a las y los Periodistas en Situación de Riesgo, auspiciado por Freedom
House México.
México, Distrito Federal, 28 de septiembre de 2015.
Coordinación Ejecutiva
Víctor Ruiz Arrazola Andrés Resillas Mejía
Impunidad de las agresiones a periodistas en México
Informe presentado a la CIDH sobre los estados de
Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Durango, Coahuila, Colima, Oaxaca,
Guerrero y Distrito Federal
México, Distrito Federal, Septiembre de 2015.
México vive una severa crisis en materia de libertad de expresión y prueba de ello
son los más de cien casos de homicidios de periodistas registrados del año 2000 a
la fecha, casi dos decenas de periodistas sin aparecer, los cientos de periodistas
amenazadas y amenazados, todos, casos documentados por diversas
organizaciones nacionales e internacionales como Freedom House, lo que ha
llevado a que esta organización internacional haya catalogado a México en 2014,
por cuarto año consecutivo, como país no libre en materia de libertad de
expresión.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad
de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la
República (PGR), es una instancia que a pesar de tener nuevas facultades
constitucionales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el día 8 de
octubre de 2013, aun no se ha consolidado, para lo cual se requiere que sea una
fiscalía especializada en Libertad de Expresión y no especial.
El escaso personal y presupuesto genera que las investigaciones se realicen de
manera muy lenta y cuando llegan a consignar una indagatoria ante algún
juzgado, en varias ocasiones, son rechazadas por el juez, debido a que tienen
deficiencias de técnica jurídica o investigaciones ministeriales sin cientificidad,
tales son los casos de Regina Martínez, Gregorio Jiménez y Moisés Sánchez, en
el estado de Veracruz.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la segunda parte del
inciso c de la fracción XXI del Artículo 73 dice que:
“Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común, cuando
éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra periodistas,
personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la
información o las libertades de expresión o imprenta”. Sin embargo, la mayoría de
los delitos cometidos contra periodistas son investigados por las fiscalías de los
estados (departamentos) donde se cometieron las agresiones, muchas veces por
los mismos agentes estatales, lo que perpetua la impunidad.
Ante ello, incluso antes de esa reforma constitucional, las organizaciones civiles
defensoras de la Libertad de Expresión y de los Derechos de Periodistas, hemos
insistido en que los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión y Periodistas
se deben federalizar, con la finalidad de que sean las fiscalías federales las que
los investiguen y el Poder Judicial de la Federación, sea la instancia encargada
de administrar justicia en la materia, sin embargo, el Congreso de la Unión se ha
negado a colocar en su agenda esta petición, la cual, de llevarse a la legislación,
permitiría mayor neutralidad de quienes procuran y administran justicia en torno a
los delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión y de Periodistas,
El hecho de que la mayoría de estos delitos sean investigados y judicializados por
autoridades locales, ha generado complicidades e impunidad, ya que los mismos
que investigan forman parte de las corporaciones policiales que agreden a
periodistas y los que juzgan, tienen un vínculo de poder político con agentes
estatales considerados como agresores de periodistas, debido a que en México, la
independencia del Poder Judicial de los poderes Ejecutivo y Legislativo, solo
existe de forma.
El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y
Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, a tres años de su
operación, aún no tiene la confianza necesaria por parte de las personas
defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que durante los dos primeros
años de su creación, enfrentó una serie de irregularidades en la aplicación del
presupuesto, debido a que a pesar de que tenía un fundamento constitucional y
una Ley General, no contaba con las políticas públicas y los instrumentos
jurídicos-administrativos para operar.
Esta situación generó desconfianza entre la población beneficiaria, ya que cuando
se encontraban en riesgo o habían recibido alguna agresión, la incorporación al
mecanismo era muy lenta y las medidas de protección otorgadas por la Junta de
Gobierno del Mecanismo no eran las idóneas.
Otra vulnerabilidad de este mecanismo, es la constante rotación tanto de
directivos como de personal ejecutivo.
Desde el año 2014, la organización Freedom House suscribió un convenio con la
Secretaría de Gobernación para capacitar al personal del Mecanismo en análisis
de riesgos, con lo cual han cambiado las metodologías y sistemas de trabajo, con
lo que se han optimizado los tiempos y los recursos humanos, sin embargo, tanto
periodistas como personas defensoras de derechos humanos aún no recuperan la
confianza en la institución y en muchos casos se abstienen de solicitar su apoyo
cuando se encuentran en riesgo por su labor profesional.
Otro organismo que existe en México para atender a la población víctima de
delitos, es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un organismo autónomo,
conformado luego de que organizaciones de la sociedad civil impulsaron y
proyecto de ley para su creación. Sin embargo, la falta de planeación y los
escasos recursos presupuestales impiden que periodistas, víctimas de agresiones
por su quehacer profesional sean atendidos adecuadamente.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otro organismo autónomo,
tiene el Programa Agravio a Periodistas y Defensores Civiles, sin embargo, la
mayoría de los casos de agresiones a periodistas no llegan a esta instancia
debido a la permanente desconfianza en las instituciones, ante los prolongados
periodos de investigación en los que por lo general no se concluyen con
recomendaciones específicas para cada uno de los casos y se opta por las
recomendaciones generales y por los informes especiales, lo que minimiza los
daños que sufren periodistas y defensores civiles en lo particular.
Es importante destacar el contenido de la Recomendación General Número
20/2013 de la CNDH, sobre Agravios a periodistas en México y la impunidad
operante, sin embargo, no se le dio seguimiento y los casos allí documentados se
encuentran en los archivos del olvido institucional.
Estas instituciones y su respectiva legislación, convierten a México en el país de
la región con mayores instrumentos jurídicos para proteger a periodistas y
garantizarles el ejercicio a su derecho a libertad de expresión, lo que no ha sido
suficiente para disminuir las agresiones al gremio periodístico y muestra de ello
es que en este país se sigue asesinando periodistas, como ha sucedido en las
últimas semanas.
Hay que destacar que los últimos homicidios a periodistas se han registrado en
zonas rurales y suburbanas, en localidades donde el quehacer periodístico
principal lo hacían precisamente las víctimas mortales, ello sucedía en la localidad
de Villa Allende, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, donde en el mes de
febrero de 2014, fue desparecido y luego asesinado el periodista Gregorio
Jiménez de la Cruz.
En enero de 2015, fue desaparecido y luego asesinado Moisés Sánchez Cerezo,
director del Periódico La Unión, que editaba y distribuía en el municipio de
Medellín de Bravo, en la zona conurbada al puerto de Veracruz, en el estado del
mismo nombre. A principios de este mes de julio pareció muerto el periodista Juan
Mendoza, quien dirigía el periódico por internet Diciendo la Verdad que se
publicaba desde el mismo municipio de Medellín de Bravo. Ambos se
desempeñaban como taxistas para resolver sus necesidades económicas, ya que
el periodismo lo desempeñaban como un servicio a su comunidad.
El 26 de junio pasado fue encontrado asesinado Gerardo Nieto Álvarez, director
del periódico El Tábano, que se editaba en el municipio de Comonfort, en una
zona rural del estado de Guanajuato. El Tábano era la única publicación
periodística que tenía la comunidad y Nieto Álvarez, el único periodista que hacia
periodismo hiperlocal.
También en zonas rurales del estado de Oaxaca hacían periodismo hiperlocal,
Filadelfo Sánchez Sarmiento, asesinado el 2 de julio pasado en Miahuatlán de
Porfirio Díaz; Armando Saldaña Morales, fue asesinado el 4 de mayo en el
municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, quien laboraba en una estación
de radio en la vecina ciudad de Tierra Blanca, Veracruz.
El 14 de abril de este año, fue asesinado a balazos Abel Manuel Bautista
Raymundo, director de la radiodifusora no concesionada Spacio 96.9 de FM que
transmite desde el municipio de Santiago Juxtlahuaca, en la región Mixteca del
estado de Oaxaca.
El periodista Octavio Rojas, corresponsal en Oaxaca del diario del estado de
Veracruz, El Buen Tono y director de Comunicación Social del Municipio de San
José Cosolapa, Oaxaca, fue asesinado a balazos el día 11 de agosto de 2014,
frente a su casa, por un individuo que le pidió que saliera para tratar la
compraventa de un automóvil.
También en la ciudad de Miahuatlán, el 16 de febrero de 2014, fue asesinado a
balazos el corresponsal del diario El Tiempo de Oaxaca y abogado, Omar Reyes
Fabian, cuando llegaba a su despacho.
El periodista veracruzano Juan Mendoza Delgado, director general del portal de
noticias Escribiendo la Verdad, fue asesinado el 1 de julio de 2015. Su cuerpo fue
localizado con huellas de violencia.
El informador trabajaba en Medellín, donde fue ultimado, municipio ubicado al sur
de la ciudad-puerto de Veracruz.
Lo último que se supo de él fue el martes 30 de junio, a las 16:00 horas, cuando
anunció que trabajaría como chofer de taxi, labor que combinaba con el
periodismo. Los familiares del periodista presentaron una denuncia ante la agencia
séptima, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, según informó Taide
Pavón, esposa del comunicador.
Otra persona relacionada con medios de comunicación y asesinada en Oaxaca es
el director general del periódico digital de Oaxaca Foro Político, Edgar Hernández
García, el 9 de julio de 2015. Hernández García se desarrollaba principalmente
como consultor fiscal y en el año 2013, se postuló como candidato a presidente
municipal de Santa María Huatulco, por el Partido Nueva Alianza, municipio donde
fue asesinado.
Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Distrito
Federal, 31 de julio 2015.
Fotógrafo y periodista mexicano de la agencia Cuarto Oscuro y la revista Proceso,
fue especialista en la cobertura de protestas sociales e investigación sobre la
corrupción del poder y su relación con el narcotráfico, trabajo por el que recibió
múltiples amenazas en Veracruz, estado del que salió en 2015.
Rubén Espinosa nació el 29 de noviembre de 1983 en la ciudad de México y fue
asesinado junto con cuatro mujeres el viernes 31 de julio de 2015, en el Distrito
Federal (DF). Todos los cuerpos mostraban huellas de tortura y el tiro de gracia
Veracruz
La realidad para quienes ejercen el periodismo en Veracruz es aterradora, abruma
de tal manera, que la memoria ya no nos alcanza para enumerar a los colegas
asesinados, algunos de manera muy cruel. Otro tanto de desaparecidos,
secuestrados, muchos procesados penalmente, otros hostigados durante las
coberturas periodísticas, golpeados, comunicadores con sus domicilios asaltados,
muchos despedidos y boletinados, por lo tanto, impedidos para encontrar trabajo.
Ataques virtuales, campañas de difamación, en fin, en Veracruz se pueden
encontrar todos los ejemplos imaginables de embestida a la libertad de expresión
y el derecho a la información de las audiencias, pues el objetivo central es evitar la
difusión de hechos realizados por el crimen organizado o la corrupción y tolerancia
del gobierno en sus tres niveles.
Además de la violencia directa ejercida contra los periodistas, la mayoría de los
propietarios de los medios de comunicación pagan bajísimos salarios, niegan las
prestaciones de seguridad social de ley, y ni siquiera aportan el equipo técnico
necesario. Pero eso sí, han creado portales y les exigen a sus trabajadores
información “en tiempo real”, y son los comunicadores quienes terminan
financiando al medio al adquirir computadoras, celulares, cámaras, grabadoras y
baterías.
Por increíble que parezca, el salario promedio mensual es de cinco mil pesos (295
dólares), pero hay muchos que ganan menos, unos mil 500 o 2 mil pesos al mes,
por lo que tienen que trabajar en por lo menos tres medios para asegurar un
ingreso regular. Y eso si no se encuentran con que cada quincena les bajan el
sueldo de manera arbitraria.
Sin embargo, los dueños de los medios y un grupo de comunicadores cercanos al
poder estatal, tienen ingresos suficientes para tener residencias en los
fraccionamientos de lujo, autos, viajes al extranjero y a sus hijos como estudiantes
en escuelas privadas. Sus publicaciones inundan los puestos de revistas y tratan
de confundir en las redes sociales.
Más grave resulta que los propietarios de medios de comunicación son también
políticos, ya sea priistas o panistas. Un caso extremo es el del diputado local
Eduardo Sánchez Macías, que tiene un consorcio de periódicos, pero aunque es
parte de la Comisión Legislativa de Atención a Periodistas, ha cerrado y
despedido a personal sin indemnización de ley.
Periodistas Asesinados:
Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan, marzo 2011.
Miguel Ángel López Velasco, columnista de Notiver, junio 2011.
Misael López Solana, fotógrafo de Notiver, junio 2011.
Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver, julio 2011.
Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, 28 abril 2012.
Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver, mayo 2012.
Guillermo Luna Varela, fotógrafo de Veracruznews, mayo 2012.
Esteban Rodríguez Rodríguez, fotógrafo de AZ, mayo 2012.
Víctor Manuel Báez, editor de Reporteros Policíacos, junio 2012.
Gregorio Jiménez de la Cruz, fotógrafo de Notisur, febrero 2014.
Moisés Sánchez, director de La Unión, enero 2015.
Armando Saldaña, locutor de La Ke Buena, mayo 2015.
Juan Mendoza Delgado, director de Escribiendo La Verdad, julio 2015.
Rubén Espinosa, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, julio 2015.
*Rubén Espinosa, es la víctima más reciente. Huyó del estado tras recibir
amenazas, para salvar su vida, pero fue salvajemente asesinado en la Ciudad de
México.
Reporteros desaparecidos:
Evaristo Ortega Zárate, director del semanario Espacio, que se editaba en el
municipio de Colipa. Lo último que se conoció es que fue “levantado” por
elementos de Seguridad Pública en plena campaña política en abril de 2010.
Anwar Israel Castillo Domínguez, integrante de Reporteros Policiacos,
desaparecido desde 2010.
Gabriel Fonseca Hernández “Cuco”, reportero del Diario de Acayucan,
desaparecido desde el 16 de septiembre de 2011.
Cecilio Rodríguez Domínguez, del Semanario Proyectos, desaparecido en
Chinameca el 11 de mayo de 2012.
Miguel Morales, fotógrafo del Diario de Poza Rica, reportado como desaparecido
desde el 19 de julio de 2012.
Raúl Alfonso Rivera, de Diario Imagen, “levantado” en su domicilio con lujo de
violencia por un grupo armado en 2012.
Sergio Landa Rosado, del Diario de Cardel, propiedad del magistrado Edel Álvarez
Peña, desaparecido desde el 23 de mayo de 2013.
Un tema complicado es el de los exilios, pues son innumerables y de diversas
maneras, porque va, desde los que cambiaron de ciudad pero siguen residiendo
en Veracruz, u otros que han salido del Estado y del País. Pero no hay un reporte
exacto por las mismas condiciones de seguridad, o ellos mismos evitan el estatus
de exiliado.
Por supuesto, las agresiones verbales, conatos de bronca, golpes como lo recién
sucedido la noche del 15 de septiembre con el fotógrafo Karlo Reyes Luna, son
hechos cotidianos en el ejercicio periodístico, exacerbados por la impunidad en
todos los casos donde se involucra el ataque a un reportero. (Recopilación de
Plataforma de Vinculación de Periodistas-Veracruz)
Michoacán
Michoacán vive una encrucijada. La crisis que en materia de inseguridad e
ingobernabilidad nos plantea enormes retos democráticos, a los cuales tanto sus
representantes populares como el Estado Mexicano no han dado solución.
Michoacán es el vivo ejemplo de lo que es un Estado fallido. Sus instituciones
fueron socavadas por el crimen organizado, corrompidas y sometidas a su
voluntad. Se crearon un gobierno y un sistema de justicia paralelos, donde el
asesinato, el cobro de piso, la extorsión y el despojo patrimonial fueron las
constantes en una entidad de cuatro millones de habitantes.
El titular del Poder Ejecutivo de la República, Enrique Peña Nieto calificó el
fenómeno como de “debilidad institucional” y ordenó el desplazamiento masivo de
militares y policías. También se nombró un gobernador interino, pues se comprobó
que tanto su Secretario de Gobierno como el Gobernador tuvieron vínculos y
complicidad con el crimen organizado.
En el plano institucional, el saldo es grave. Cuatro alcaldes fueron asesinados en
el presente periodo de gobierno 2011-2115, de los municipios de Santa Ana Maya,
Tanhuato, Nahuatzen y Tancítaro por negarse a obedecer las órdenes de los
criminales; un diputado local originario de la Tierra Caliente también fue
asesinado.
En enero de este año al dejar el cargo de comisionado cuyo cargo fue otorgado
por el Presidente de la República, Alfredo Castillo Cervantes informó del saldo de
la vinculación de funcionarios públicos con el crimen organizado fue el siguiente:
“Se detuvo al exsecretario de Gobierno, Jesús Reyna García; a Rodrigo Vallejo
Mora, hijo del exgobernador, Fausto Vallejo Figueroa, así como a 225 servidores
públicos en todo el estado, entre exsecretarios de estado, ocho presidentes
municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de Seguridad
Pública, tres subdirectores de Seguridad Pública municipal, ocho policías
ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales.”
Por ello fue necesario que todo el sistema de procuración de justicia y de
seguridad pública en Michoacán fueron intervenidos y desplazados por
funcionarios de la Federación.
Mientras que en los pueblos más agraviados la población tomó las armas y se
reveló contra los criminales, iniciándose una guerra de civiles contra civiles bajo el
auspicio del Gobierno Federal. Los civiles rebeldes fueron organizados como
Fuerza Rural, pero ya fue penetrada por el mismo crimen organizado.
Los pueblos han sido víctima de los efectos de esta devastadora situación que ha
dejado miles de hogares enlutados; de familias truncadas y destruidas.
También, en medio de esa lucha encarnizada, los ciudadanos han sido los más
afectados física, patrimonial, social y psicológicamente.
Los derechos humanos han sido claramente vulnerados en Michoacán, así como
otros fundamentales de toda sociedad democrática: las libertades de expresión y
de información. Nuestra entidad se ha convertido en una amplia zona de silencio.
Son los periodistas o comunicadores los que han encabezado el ejercicio de estas
libertades en la colectividad contemporánea, por lo que se han convertido en un
sector vulnerable y objeto de amenazas, agresiones físicas, secuestros,
desapariciones y asesinatos que provienen de diversos sectores, desde las
entidades públicas, hasta de los poderes fácticos que existen en la sociedad
michoacana.
El saldo para este sector profesional no es menor en Michoacán: en la última
década han sido asesinados cuatro periodistas: Jaime Arturo Olvera Bravo,
Gerardo Israel García Pimentel, Miguel Ángel Villagómez Valle y Martín Javier
Miranda Avilés.
Desaparecidos: José Antonio García Apac, Mauricio Estrada Zamora, María
Esther Aguilar Cansimbe y Ramón Ángeles Zalpa.
También sufrieron persecución los periodistas Ángel Méndez Flores del municipio
Aquila y Antonio Ramos Tafolla de Nueva Italia.
En todo el estado de Michoacán y principalmente en el Valle de Apatzingán los
periodistas locales fueron secuestrados por el crimen organizado, intimidados y
obligados a la autocensura.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos registra que actualmente existen 29
quejas de periodistas que están siendo investigadas desde hace varios años sin
ningún resultado
La Fiscalía Especial para Delitos contra la Libertad de Expresión de la
Procuraduría General de la República indica que tiene 17 averiguaciones abiertas
en Michoacán, sin que ninguna haya arrojado resultados sobre detenciones y
sentencias.
A ello hay que agregarle decenas de agresiones, golpes y maltrato a reporteros,
reporteros gráficos y camarógrafos en las movilizaciones sociales. Además de
despojarlos de sus instrumentos de trabajo como cámaras fotográficas, de video,
grabadoras, libretas y teléfonos celulares.
Para documentar la impunidad en los agravios a periodistas, solicitamos a la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán un informe con todas las
quejas presentadas y sus resultados, así como las averiguaciones previas por
delitos cometidos a periodistas iniciadas por la Procuraduría de Justicia de
Michoacán.
El informe oficial lo anexamos a esta participación y documenta la impunidad; de
22 quejas sólo una procedió y fue ejecutada la recomendación contra el agresor;
mientras siete averiguaciones previas iniciadas por la Procuraduría de Justicia, en
todos los casos fueron archivadas o suspendidas. (Recopilación de Andrés
Mariano Resillas Mejía).
Coahuila
Contexto actual: En resumen, se puede decir que la suerte del periodismo crítico y
de los periodistas críticos en Coahuila está echada: es precaria y arrastra una
vulnerabilidad irrefrenable.
Desde 1942, año en que fue asesinado Salvador Guerrero Álvarez, convirtiéndose
en el primer periodista acribillado, miembro de la familia Guerrero fundadora del
periódico “La Opinion” en 1917 -este año cumplió 98 años, aunque ya con el
nombre de Milenio Laguna-), la impunidad en Coahuila es la cara dura de la
procuración e impartición de justicia.
Nada inhibe las agresiones a periodistas en una entidad gobernada por siempre
por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). El partido-gobierno, o el gobierno-
partido, que en los últimos doce años se adueñó de las instituciones públicas,
incluso las 38 alcaldías, y de voluntades cooptadas. El gobierno, aquí, marca el
derrotero del periodismo, de los medios de comunicación y de los periodistas en
Coahuila. No hay más. Aquí cabe eso de “o estás conmigo o estás contra mí”.
Los dueños de los medios informativos “grandes”, sean de Saltillo, Torreón,
Monclova o Piedras Negras, se han doblado ante el autoritarismo que ejerce la
administración estatal. O aceptan practicar un periodismo alineado a la voluntad
gubernamental, o corren el riesgo de verse en serios aprietos publicitarios, sea por
la cancelación de las pautas oficiales, sea por el estrangulamiento que les fabrican
desde el llamado Palacio Rosa, casa del ejecutivo. No hay opción. Son 12 años
que en Coahuila no hay periodismo crítico, que el gobierno “chayotea” a los
periodistas y reporteros de la mayoría de los medios, aun en la situación
complicada por la abultada deuda pública superior a los 40 mil millones de pesos.
Entre amenazas, atentados y despidos
Funcionarios estatales y municipales, y miembros del sector privado optaron por la
intolerancia con la prensa. Ambos sectores cancelan pautas publicitarias a quien
juzgue sus actos.
La libertad de expresión está acotada, es endeble. No pasa nada si se dejan de
leer los periódicos, o se dejan de escuchar los noticiarios radiales o televisivos, no
se pierde nada. En Coahuila no hay problemas, el periodismo los silencia, los
encubre. Todo está bien, no hay nada malo que informar, excepto los problemas
cotidianos de los servicios públicos. Nada.
Según la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a
Periodistas y Medios de Comunicación, de la 61 legislatura de la Cámara de
Diputados, en 2010, de cinco periodistas amenazados, uno fue en el estado
(Torreón); de siete instalaciones de igual número de medios informativos que
resultaron atacadas, 3 se dieron en Torreón); en 2011, otra vez los edificios de El
Siglo de Torreón y la empresa Multimedios Laguna fueron atacados, y por primera
vez las del periódico saltillense Vanguardia.
Para el año 2012, las cosas no mejoraron, cinco comunicadores sufrieron de
agresiones físicas.
De todo lo que ha sucedido en el tema, sea por negligencia, omisiones u otros
factores, la justicia ni siquiera se asoma. La impunidad, arropada por el desprecio
que hay por el trabajo periodístico, es más fuerte que nunca. Ni el gobernador, ni
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni ninguna instancia oficial, han
expresado interés y mucho menos preocupación por la situación de violencia
física, amenazas, agresiones, secuestros, bajos salarios, dobles jornadas de
trabajo, e incluso hasta de la ausencia de garantías laborales en muchos
comunicadores. Los periodistas en Coahuila son una voz endeble.
Asesinatos y desapariciones
Asesinato de Ezequiel Huera Acosta (1989).
Asesinato de José Valdés (2006) en Sabinas.
Cuauhtémoc Ornelas Campos desapareció desde el 3 de octubre de 1995.
Rafael Ortiz Martínez, del Zócalo de Monclova, está desaparecido desde 2006.
Eliseo Barrón Hernández, reportero policíaco de La Opinión Milenio, de Torreón,
fue victimado en el conurbado municipio de Gómez Palacio, Durango, en mayo de
2009.
En Saltillo, el 8 de enero de 2010, el joven reportero del diario Zócalo, Valentín
Valdés Espinoza, murió balaceado.
En 2010, en las cercanías del Centro de Readaptación Social de Gómez Palacio,
Durango, tres reporteros que trabajaban para medios establecidos en Torreón
fueron capturados por un grupo armado y posteriormente liberados: Javier
Canales Fernández (camarógrafo de Multimedios Laguna), Alejandro Hernández
Pacheco (camarógrafo de Televisa Laguna), Héctor Gordoa Márquez (reportero de
Televisa México), y Oscar Solís (reportero del periódico Vespertino). El segundo
pidió asilo político en los Estados Unidos y lo obtuvo tras verse asediado.
El 9 de febrero de 2011, Rodolfo Ochoa Moreno, técnico operario del Grupo
Milenio Laguna, murió acribillado por un grupo armado.
Luis Emmanuel Ruiz Carrillo, joven periodista coahuilense, también fue asesinado,
en Monterrey el 25 de marzo de 2011. Trabajaba para La Prensa, de Saltillo.
Las amenazas a reporteros y directivos se sucedieron: advertencias telefónicas,
mantas, ataques a las instalaciones de, por ejemplo, El Siglo de Torreón, que en
agosto de 2009 y hasta marzo de este 2013, sufrió cinco atentados, con daños
materiales producidos por armas de alto poder a su edificio de la avenida
Matamoros entre Acuña y Rodríguez, en pleno centro de la ciudad. Un civil que
deambulaba por ahí, murió. La noche del 8 de febrero pasado, y por varias horas,
cinco trabajadores de la empresa –ninguno reportero- se vieron privados de su
libertad en las inmediaciones del periódico, y golpeados y amenazados por los
21presuntos delincuentes que, días después acabaron siendo detenidos en la
región y en otras entidades a donde habían huido.
Narcomantas contra Televisa Laguna y TV Azteca Laguna, que han quedado,
afortunadamente, en el anecdotario.
El listado de los reporteros levantados, golpeados y amenazados es largo.
Algunos han optado por retirarse de la actividad, dejando atrás sus carreras en
este ambiente laboral de zozobra, miedo y necesidad: Violeta Valenzuela y
Onésimo Zúñiga, los últimos ejemplos.
En Saltillo, la reportera policíaca Estephanía Rodríguez Cardoso, del periódico
Zócalo, desapareció del 8 de junio de 2012 al día 15 de ese mes en que se reportó
viva.
La impunidad manda
El 19 de marzo de 2013, el Congreso de Coahuila emitió la Ley para la Protección
y Garantía de la Libertad de Expresión de las y los Periodistas del Estado de
Coahuila, que consta de 26 artículos. Su aporte a la seguridad de los periodistas
es dotarlos de chalecos antibalas, en caso de saberse amenazados de muerte.
Aquí, no pasa nada, en términos reales, a favor de los periodistas. Más allá de las
agresiones físicas, amenazas y atentados, el clima es de incertidumbre laboral.
Los despidos, sean o no por argumentos válidos, no cesan. Reporteros como
Reginaldo Luna y Javier Casio, ambos de Milenio Laguna, por citar dos casos
ejemplares, se vieron despedidos por la intolerancia prevaleciente. El primero, por
haber criticado –al parecer sin fundamento- a Rubén Moreira Valdez, siendo éste
secretario de Gobierno con su hermano Humberto como gobernador; el segundo,
al atreverse a poner el nombre de Ricardo Martín Bringas, de la familia lagunera
fundadora y dueña de la cadena de supermercados Soriana, en una nota
informativa.
En este sentido, se podría hacer todo un libro con nombres y apellidos de
reporteros de diferentes medios en todo Coahuila, pero más en Saltillo y Torreón.
El conocido columnista Ricardo Alemán, el domingo 3 de julio de 2011, en una
mesa de debate por televisión nacional (Foro TV), a propósito de la elección de
Rubén Moreira ese día como nuevo gobernador del estado, afirmó que en
Coahuila “no pasa nada. Tienen 30 años sin periodismo”.
En el remate de toda esta caótica situación, el 11 de marzo de 2013 el periódico
Zócalo editorializó: “En virtud de que no existen garantías ni seguridad para el
ejercicio pleno del periodismo, el Consejo Editorial de los periódicos Zócalo
decidió, a partir de esta fecha, abstenerse de publicar toda información
relacionada con el crimen organizado”.
Esta empresa cuenta con ediciones diarias en Saltillo, Monclova, Piedras Negras y
Acuña. Su propietario, Francisco Juaristi, alguna vez secretario de Gobierno con
Rogelio Montemayor, fue amenazado a través de medio centenar de mantas por
grupos criminales. En 2010 un artefacto explotó en el estacionamiento del
periódico en Piedras Negras.
Lo único cierto es que por la falta de una organización grupal sólida, los
comunicadores coahuilenses atraviesan una etapa de profunda vulnerabilidad.
(Recopilación Juan Noé Fernández Andrade)
Guanajuato
La tarde del jueves 4 de septiembre de 2014 tres hombres entraron a la
corresponsalía de El Heraldo de León en el municipio de Silao. Mientras Luis
Gerardo Hernández Valdenegro vigilaba la entrada y Joaquín Oswaldo Valero
Garnica amagaba con un cuchillo a Adriana Elizabeth Palacios, asistente de la
oficina, José Manuel Ornelas Martínez atacó a golpes a la reportera Karla Janeth
Silva Guerrero y le advirtió: “Bájale de huevos a tus notas”.
Con este caso Guanajuato entró en la lista de los estados donde se agrede a
periodistas y se atenta contra el derecho a la libertad de información y expresión.
Detenidos, los agresores fueron condenados a prisión pero obtuvieron su libertad
con el pago de una fianza de poco más de dos mil 500 pesos y la obligación de
realizar trabajo comunitario que no les signifique humillación. Luis Gerardo
Hernández Valdenegro dijo que quien lo contrató por cinco mil pesos fue Nicasio
Aguirre Guerrero, entonces director de la Policía Municipal y hoy prófugo, y que
quien ordenó la agresión fue el alcalde de Silao, Enrique Benjamín Solís Arzola,
que no ha sido investigado.
Diez meses después, la mañana del 26 de julio de 2015 fue hallado sin vida
Gerardo Nieto Álvarez, director del semanario El Tábano. Su cuerpo fue
encontrado al interior de su oficina ubicada en un centro comercial de Comonfort,
municipio que de esa forma perdió al único medio de comunicación que informaba
del acontecer político local. La Procuraduría General de Justicia del Estado
informó que presentaba una herida cortante en el cuello. A cinco horas del
hallazgo, el fiscal del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que el periodista
perdió la vida durante un convivio en el que estuvo “ingiriendo bebidas” y que, de
acuerdo a datos “muy preliminares”, no había elementos para suponer que tuviera
relacion con su labor periodística. A la fecha la Procuraduría General de Justicia
del Estado no ha esclarecido el caso, a pesar de que se trata de la primera muerte
violenta de un comunicador documentada en esta entidad federativa.
Los ataques contra comunicadores en Guanajuato se dan en un contexto en el
que, además de la falta de una ley de protección de periodistas, se repite a nivel
estatal el sistema nacional e internacional de concentración de medios y el control
gubernamental de la información a través de las pautas publicitarias. Las
manifestaciones por la falta de justicia en los casos de Karla Janeth Silva Guerrero
y Gerardo Nieto Álvarez impulsaron los esfuerzos para promulgar una ley de
protección. Sin embargo, el 15 de junio de este año, diputados y diputadas del
Congreso del Estado archivaron la iniciativa de forma definitiva.
La agresión a Silva Guerrero y el asesinato de Nieto Álvarez hablan de los riesgos
que corren los periodistas en Guanajuato. En el sistema actual de concentración
de medios, los recursos destinados a la comunicación social son manejados
discrecionalmente por municipios, gobierno estatal, organismos descentralizados,
los poderes Judicial y Legislativo, además de los partidos políticos. Son pocos los
medios, acaso diez de entre los más de cien que existen en la entidad, cuyos
directivos y/o propietarios y las personas en posiciones de poder entablan un tipo
de relación en que la crítica aumenta o disminuye según fluyen los acuerdos
publicitarios.
Ese sistema no sólo controla la información sino también a los periodistas. De ahí
se desprenden las agresiones. Testimonios en ese sentido son aportados por
comunicadores del noreste del estado, que dan cobertura a una decena de
municipios donde la pobreza y el aislamiento son características. Los directivos de
los medios para los que laboran, portales y publicaciones impresas, son sometidos
a presiones para que dejen de publicar información sobre algunos temas, con
alusiones a los contratos publicitarios. Esa presión en ocasiones se traduce en
exigencias para muevan a los reporteros de fuente o incluso que los despidan.
Aún así, periodistas y medios resisten.
En demarcaciones del suroeste del estado, periodistas como Esaú González,
director del portal Notus, relatan que son acosados y atacados por autoridades e
incluso trabajadores de otros medios. Un ejemplo: en Huanímaro, donde el alcalde
Gustavo Rodríguez Rangel ha sido criticado por contratar a familiares, los
reporteros que dieron a conocer la información fueron objeto de agresiones
verbales en videos difundidos en las redes sociales. El hecho fue denunciado ante
la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato, que emitió una
recomendación al munícipe para que se disculpara, aunque hasta el momento no
ha sido incumplida.
Comunicadores que cobren los municipios de Huanímaro, Abasolo, Pénjamo,
Cuerámaro, Pueblo Nuevo e Irapuato, fueron intimidados durante el cierre de
campañas de la elección del 7 de junio. Personal al servicio del entonces
candidato a diputado del PAN, Alejandro Flores Lazo, los hostigó durante el
recorrido que realizó el candidato por las principales calles de Cuerámaro y que se
prolongó durante más de cuatro horas. A uno lo retaron diciéndole: “Qué te traes”;
a la reportera Sara Garibaldi la aventaron, y a Soledad Guerra le reclamaron “que
qué hacía ahí”. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la
Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), que quedó
asentada en el expediente AP/SO/301/2015 sin que hasta la fecha se conozcan
los avances.
El 30 de junio en León, la policía detuvo y esposó a Guillermo Villegas, foto
reportero del periódico Mileno, por tomar fotografías de un operativo en el que se
detuvo a un hombre en la colonia Nueva Santa Rosa de Lima. La Procuraduría de
Derechos Humanos de Guanajuato inició la queja 194/2015-A. (Recopilación de
Agustín Galo Samario y Martha Camacho).
Durango
Desde 2008 no se ha resuelto el caso de desaparición forzada de Enrique
Rodríguez Lozano, del periódico El Correo de la Montaña.
Antes de su desaparición, Rodríguez Lozano publicó algunas notas sobre las
andanzas de criminales organizados en la zona de Las Quebradas, que se ubica
en la sierra madre occidental en el estado de Durango.
Desde 2009 se mantienen impunes los asesinatos de Carlos Ortega Melo Samper,
corresponsal de un diario local, Eliseo Barrón Hernández, de la Opinión- Milenio y
de Vladimir Antuna García, reportero del diario El Tiempo de Durango.
Carlos Ortega Memo Samper: Asesinado el 3 de mayo de 2009 de tres balazos en
la cabeza. Los hechos ocurrieron en el municipio de Santa María El Oro, de donde
era corresponsal del diario Tiempo de Durango, que se publica en la capital del
estado. Antes de su muerte, publicó una nota sobre las condiciones insalubres del
rastro municipal y la corrupción imperante.
El 29 de abril de ese mismo año envió a la redacción del matutino una nota en la
que aseguraba haber sido amenazado por Martín Silvestre Herrera, entonces
alcalde de El Oro, y por Juan Manuel Calderón Herrera, encargado de los
programas federales y del rastro, y Salvador Flores Triana, agente del Ministerio
Público, a quienes responsabilizó de lo que pudiera ocurrir.
Eliseo Barrón Hernández: Secuestrado la noche del lunes 25 de mayo de 2009,
apareció muerto la mañana del martes 26. Según las autoridades, Barrón se
encontraba en su domicilio en la ciudad de Gómez Palacio, en el estado de
Durango, cuando fue sacado por hombres armados que lo insultaron y golpearon.
Cubrió la información del conflicto generado al interior de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, donde fueron cesados por pérdida de la confianza
más de 300 policías preventivos. La esposa del comunicador detalló que un
comando de ocho hombres vestidos de negro y encapuchados ingresó
violentamente a su vivienda para llevárselo por la fuerza.
El jueves 11 de junio de 2009, 17 días después del crimen, el ejército informó que
había aprehendido a los asesinos de Eliseo. Cinco sujetos se reconocieron como
miembros de los Zetas y victimarios del comunicador. Sólo que ni el ejército ni el
Ministerio Público Federal detallaron sus identidades. Tampoco revelaron dónde o
cómo los detuvieron.
Vladimir Antuna García: El 2 de noviembre de 2009 fue interceptado por un
comando armado, que 12 horas después, lo arrojó sin vida en un lote baldío, a
espaldas del Teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social (a sólo unos metros
de donde fue levantado por la mañana), presentaba dos impactos de bala y
encima de él fue dejada una cartulina con un mensaje que decía: "Esto me pasó
por dar información a los militares y escribir lo que no se debe. Cuiden bien sus
textos antes de hacer una nota. Atentamente Vladimir". Su cuerpo presentó
señales de tortura e impactos de bala.
De 2010 a la fecha, cinco periodistas han sido desplazados: dos de la ciudad de
Durango y tres de la Comarca Lagunera.
Actualmente en la capital del estado un comunicador tiene asignado como medida
cautelar un “botón de pánico”, por parte del Mecanismo de Protección para
Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En 2013 voceadores de la publicación impresa “Raza Cero, Periodismo
Ciudadano”, denunciaron acoso y agresiones por parte de empleados municipales.
Les quitaron varios ejemplares y señalaron que fueron advertidos de que dejaran
de vender el impreso o les iría muy mal. Su director, Fernando Miranda Servin,
señaló también que ha sido víctima de intento de secuestro. Raza Cero publicó
algunos artículos sobre un presunto fraude en el ayuntamiento capitalino con
algunos empresarios de la construcción.
En 2014 los canales de televisión TV Azteca, 10 y 12, además de la radiodifusora
“La Tremenda”, permanecieron sin transmitir durante cinco horas el lunes 27 de
octubre de 2014 debido a que estudiantes de la Escuela Normal Rural “José
Guadalupe Aguilera” bloquearon los accesos principales a sus instalaciones. La
toma, argumentaron los estudiantes, se debió a la omisión de estos medios de
difundir la información referente a los 43 normalistas de la escuela rural Isidro
Burgos de Ayotzinapa, hasta hoy desaparecidos.
En diciembre de 2014 los diputados duranguenses de la LXVI Legislatura dieron
un albazo al aprobar la Ley Estatal de Protección a Periodistas y Personas
Defensoras de Derechos Humanos, con tan sólo 60 minutos de lectura y
discusión, 22 votos a favor de 28 diputados presentes, pero sin considerar la
opinión de los principales interesados: los periodistas de Durango.
Los organismos internacionales defensores de periodistas consideran hasta 15
derechos inherentes a la labor periodística. La Ley Estatal de Protección a
Periodistas y Defensores de Derechos Humanos de Durango únicamente
reconoce 4; sin embargo, por los antecedentes en la entidad se hace obligado el
que se reconozcan 10 como mínimo”.
Los cuatro derechos que se reconocen en el recién creado ordenamiento estatal
propios del ejercicio periodístico son:
I Secreto profesional;
II Acceso a las fuentes de información;
III Respaldo Estatal para la formación profesional continua;
IV Reconocimiento como periodista.
- La referida ley nació endeble, urgida de mejoras; no incluye derechos laborales
de los comunicadores pero además es omisa en cuanto al derecho a la cláusula
de conciencia de los periodistas, toda vez que la reforma constitucional integral de
2013 la incluyó en su artículo 31 del Capítulo II, de los derechos económicos,
sociales y culturales. (Recopilación de Víctor Montenegro).
Colima
La libertad de expresión en el estado de Colima —el cuarto con el territorio más
pequeño en el país y el segundo con el menor número de habitantes— se
encuentra acotada a través de diversos mecanismos instrumentados por las
autoridades con ese propósito.
Aunque el gobierno estatal, encabezado por Mario Anguiano Moreno hasta el 31
de octubre de 2015, maneja un discurso en el que asegura ser respetuoso de la
libertad de expresión, lo cierto es que es el principal responsable de la censura
contra medios de comunicación a través de la asignación arbitraria y
discriminatoria de la publicidad oficial, además de que no ha procurado justicia en
casos de agresiones contra reporteros, lo que ha provocado que en algunos casos
haya prevalecido la impunidad.
Así también, desde 2013 el gobierno estatal implementó una política restrictiva de
la información en temas de seguridad pública, que según el anuncio inicial se
retrasaría la información sobre homicidios hasta que se avanzaran algunas etapas
de la investigación, pero con el paso del tiempo se redujo aún más este tipo de
datos, hasta que en la actualidad prácticamente las corporaciones de seguridad no
proporcionan información oficial sobre hechos de violencia.
A partir de 2011, durante la cobertura de sucesos violentos, periodistas
colimenses de diversos medios han sufrido acoso, amenazas e intimidación de
parte de elementos de corporaciones de seguridad federales y estatales. A pesar
que desde entonces organizaciones gremiales han propuesto la creación de
protocolos de seguridad para cobertura informativa de hechos de violencia, las
autoridades no han atendido esta demanda.
En lo que se refiere a la legislación, después de varios años de insistencia de
parte del gremio periodístico colimense el Congreso del Estado despenalizó el
delito de difamación en 2013, pero no lo hizo en atención a estas demandas, sino
porque un tribunal colegiado determinó en una sentencia que se trata de una
figura inconstitucional. Mientras tanto, el delito de calumnias sigue formando parte
del Código Penal del Estado.
En julio de 2012 se aprobó la Ley de Protección del Ejercicio Periodístico en el
Estado de Colima, que establece figuras valiosas como la Cláusula de conciencia
y el secreto profesional del periodista, pero la primera de ellas es imposible de
aplicar porque remite a la Ley Federal del trabajo, donde no existe esa figura. Así
también, a más de tres años de su aprobación y un año de la expedición de su
reglamento, la ley es inoperante porque no ha sido conformada la Comisión
General para la Protección Integral del Ejercicio Periodístico, órgano garante de la
aplicación de las disposiciones legales.
Agravios contra periodistas colimenses:
—El 8 de febrero de 2011, los reporteros Sergio Uribe Alvarado y Salvador Jacobo
Morán, de Diario de Colima; Dante Alfaro de Anda, de Fuerza Informativa Azteca y
Carlos Pérez, de Televisa Colima, sufrieron atropellos por parte de elementos de
la Secretaría de Marina-Armada de México y la Agencia Federal de Investigación
(AFI), mientras cubrían operativos de combate al crimen organizado.
A través de un pronunciamiento, la asociación Periodistas y Comunicadores
Independientes de Colima (Pecic), el Club de Reporteros de Colima A.C. y la
Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos-Zona Occidente
(Fapermex) exigieron garantías para el ejercicio periodístico en Colima y
demandaron la inmediata intervención de la Secretaría de Marina, el Congreso del
Estado y el gobierno del Colima para que se investigaran los hechos y evitar que
se repitieran en lo sucesivo. Sin embargo, no hubo investigación ni se
esclarecieron los hechos.
—El 1 de mayo de 2012, el reportero Sergio Uribe Alvarado, quien cubre temas de
seguridad en elDiario de Colima, fue detenido y golpeado por la Policía Estatal
Acreditable mientras desarrollaba su trabajo, acusado de traspasar el perímetro de
seguridad de una escena de crimen y de “agredir” a una agente del Ministerio
Público con una cámara que traía colgada del cuello, pero 17 horas después, tras
una protesta de reporteros, fue liberado mediante el pago de una fianza de 3 mil
pesos.
Tras una queja ante la CDHEC, el organismo emitió en octubre siguiente la
recomendación 12/2012 en la que determinó que se violaron diversos derechos
del reportero, entre ellos el de la libertad de prensa y solicitó a la Procuraduría
General de Justicia investigar a su personal, pero la titular de la corporación,
Yolanda Verduzco Guzmán, rechazó la recomendación.
—El 19 de mayo de 2012, cuando cubría una marcha “AntiPeña Nieto” en el
centro de la ciudad de Colima, el fotoperiodista del Diario de Colima Marcos
Elizarrarás Mendoza fue agredido físicamente por un golpeador identificado con el
Partido Revolucionario Institucional, cuando un grupo de personas disolvieron
violentamente la manifestación.
Elizarrarás denunció penalmente a su atacante, Manuel Moreno Romero, quien
fue consignado por la PGJE bajo el cargo de “lesiones simples”. Posteriormente, la
CDHEC emitió la recomendación 13/2012, en la que resolvió que hubo violaciones
a los derechos humanos del reportero gráfico, dado que a pesar de que en el lugar
de los hechos había policías estatales, éstos no intervinieron para evitar la
agresión, por lo que el organismo solicitó investigar a los presuntos responsables,
pero la recomendación fue rechazada por el secretario de Seguridad Pública, Raúl
Pinedo Dávila.
Poco más de tres meses de que fue “consignado”, Manuel Moreno, el agresor del
fotoperiodista, se convirtió en director de Abasto y Comercialización del
Ayuntamiento de Colima, gracias al nombramiento que le expidió el entonces
alcalde, Federico Rangel Lozano, actual presidente estatal del PRI.
—En septiembre de 2012, el reportero Luis Rosales Chávez, del portal
Colimanoticias y del diario Ecos de la Costa, fue acosado por un agente del
Ministerio Público del fuero común, que pretendía obligarlo a borrar las fotografías
que tomó al Palacio Municipal de Armería, que había sufrido un ataque a
granadazos.
—El 10 de octubre de 2012, el director general del diario Avanzada y de la revista
del mismo nombre, Juan Gabriel Moctezuma Castellanos, interpuso una queja
ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC), a la que
se le asignó el número de expediente 565/12, en la que denunció el retiro de la
publicidad oficial del gobierno del estado y un boicot publicitario, como
consecuencia de la molestia del gobernador, Mario Anguiano Moreno, por la línea
editorial crítica del diario y la revista. Esta situación provocó la desaparición de las
versiones impresas de ambos medios, y actualmente Avanzada sólo trabaja como
medio digital. Hasta la fecha, la CDHEC no ha emitido una resolución sobre este
asunto. En marzo de 2010, a seis meses de iniciado el sexenio de Mario Anguiano
Moreno, el diario Milenio Colima también se vio obligado a dejar de circular por el
retiro de la publicidad oficial con motivo de su línea editorial.
—En febrero de 2014, un elemento de la Policía Estatal intentó arrebatarle su
cámara fotográfica a Marcos Elizarrarás cuando cubría una asamblea en la
comunidad indígena de Zacualpan, donde el pueblo se opone a la explotación de
una mina de oro, plata, cobre y manganeso en su territorio.
—En abril de 2014, el periodista Óscar Adrián Galindo Luna, director del portal
Perriodismo, presentó una queja ante la CDHEC por hostigamiento y amenazas
de parte de personal de la Procuraduría General de la República, por la
publicación de una nota sobre una protesta de habitantes de Zacualpan. Una
funcionaria de la corporación pretendía que acudiera a rendir una declaración, de
lo contrario amenazó con enviar a agentes policiacos para obligarlo a presentarse.
La intervención de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos contra la
Libertad de Expresión hizo cesar el acoso.
—El 17 de marzo de 2015, la presidenta del Instituto Electoral del Estado, Felícitas
Valladares Anguiano, ordenó el desalojo de cinco periodistas que realizaban una
cobertura en las instalaciones del organismo electoral. Los agraviados, Arnoldo
Delgadillo, del portal Afmedios; Janetthe Andrade, delDiario de Colima; Óscar
Cervantes, de Colimanoticias; Anilú Salazar, de El Noticiero, y Héctor Villa de
Meganoticias, presentaron una queja ante la CDHEC, que fue registrada bajo el
expediente CDHEC/162/2015, cuyo proceso no ha concluido.
—El 4 de mayo de 2015 la organización Artículo 19 emitió una alerta por
amenazas contra la periodista Gabriela Vives y su compañero José Luis Guzmán,
ambos de MVS Radio, recibidas después de publicar información desfavorable
para el candidato del PRI a la gubernatura de Colima, José Ignacio Peralta.
—El 4 de junio, Elizabeth Ibal Rocha y Fabiola Rosales, reporteras del diario El
Occidental, de Guadalajara, y El Sol de México, fueron agredidas verbalmente y
amenazas por integrantes del equipo de campaña del candidato panista a la
gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez, a quienes las periodistas les tomaron
fotografías mientras realizaban proselitismo por las calles de la ciudad de Colima
en tiempos de veda electoral. (Recopilación de la Red de Periodistas Colimenses
“19 de Mayo”.
Campeche
Con una población menor a un millón de habitantes, Campeche es una entidad
con una incipiente economía, misma que está basada en el ejercicio presupuestal
del Gobierno del Estado. Aunque los índices de violencia no se comparan con el
resto de los estados, particularmente, en los del norte del país, la violencia hacia
los periodistas y comunicadores es la misma que se registra en México, sin
embargo ésta sea “naturalizado” que pasa desapercibida incluso para quienes a
diario viven la corrupción y la impunidad.
A penas el 15 de septiembre, se realizó en cambio en la administración estatal, el
nuevo gobernador en su mensaje expuso que la libertad de expresión se ejerce en
Campeche, sin embargo precisó que el periodismo sólo es el que se ejerce
cuando se critica de manera constructiva.
Alejandro Moreno Cárdenas se caracterizó porque su imagen y campaña en
medios fue manejada por empresas del Distrito Federal y de Michoacán, aunque
se simuló que era desde el área de prensa que manejó quien ahora ya ostenta el
cargo de director de Comunicación Social del Gobierno del Estado, Walter Olivera
Valladares.
El actual gobernador está vinculado con el periódico Tribuna, que se considera el
más antiguo del estado y que pertenece a la familia Arceo, también propietaria del
periódico “Crónica”, el canal de televisión “Telemar” y del monopolio de radio
Núcleo Comunicación del Sureste. Los propietarios obtienen “jugosos” contratos y
prebendas desde que se fundó el periódico, aunque los cimientos del emporio los
hizo el ex gobernador Carlos Sansores Pérez.
Los medios que surgieron en las últimas dos décadas pertenecen a ex
gobernadores y políticos, por consiguiente las condiciones de trabajadores y
periodistas no son tan diferentes.
Están, “El expreso” y su canal “Telesur”, propiedad de la familia Castillo;
“Novedades Campeche” de la familia Ruiz; El Sur del ex gobernador Salomón
Azar García, que en su sexenio fundó para contrarrestar los ataques de Tribuna.
La i y el Diario de Yucatán del grupo Multimedia; Campeche Hoy de los Cantón
Zetina; los canales Mayavisión, TMV y el canal oficial TRC.
Grupo SIPSE del grupo Novedades de Campeche, revistas y medios alternativos.
Los periodistas, cobran bajos salarios, que contablemente se han maquillado y
carecen de prestaciones. La profesionalización y la capacitación es una utopía.
La publicidad se otorga de manera discrecional e inequitativa. Las grandes
“tajadas” son para los medios más grandes.
De acuerdo con una publicación de Por Esto! Artículo 19 y Fundar obtuvieron
información de la Secretaría de la Contraloría en la que advierte el anterior
gobierno de Fernando Ortega Bernés gastó 313 millones que en 2013 en
publicidad oficial
Entregó una lista de las empresas a las que pagó convenios, anuncios e
inserciones pagadas por un monto de 230 millones de pesos, entre las que
destacan las de la familia Arceo, con al menos 56 millones; las de la familia
Castillo, con 24 millones, y las de Grupo Milenio, con 18 millones de pesos.
De los 230 millones 362 mil pesos de 2013; 96 millones 527 mil fueron destinados
a la prensa escrita; 30 millones 806 mil pesos a la radio; 67 millones 298 mil a la
televisión; 17 millones 299 mil al internet, y 18 millones 429 mil a otros.
Entre las empresas de la familia Arceo, Producciones Telemar S.A. de C.V. recibió
16 millones 563 mil pesos, un poco más que Organización Editorial del Sureste
S.A. de C.V., editora del periódico Tribuna, con 16 millones 445 mil; le siguen
Medios Informativos de Campeche S.A. de C.V. (editora de Crónica), con siete
millones 819 mil; Comunicaciones Telemar S.A. de C.V., con siete millones 656
mil pesos.
Las estaciones de radio de Núcleo Comunicación del Sureste (NCS), propiedad de
los Arceo, también aparecen, como CIA Campechana de Radio S.A., con un millón
306 mil pesos; Radio Amiga S.A., con un millón 383 mil; Radio Comercial de
Campeche S.A., con un millón 245 mil; Radio Escárcega S.A., con un millón 175
mil; Radio Palizada S.A., con un millón 340 mil, y Radiorama del Sureste S.A., con
un millón 338 mil pesos.
Las compañías de la familia Castillo recibieron cinco millones 169 mil pesos la
denominada Escala Gobernadores S.A. de C.V., vinculada a Telesur; Multimedios
Campeche S.A. de C.V., que edita el periódico Expreso de Campeche, con siete
millones 901 mil, y Mediasur S.A. de C.V./Telesur Televisión, con 11 millones 415
mil pesos.
Los pagos al Grupo Milenio fueron a Bancorp, S.C.P./Milenio Internet, con cinco
millones 568 mil pesos; Grupo Editorial Caudal S.A. de C.V./Milenio Tabasco, con
un millón 856 mil, y Milenio Diario S.A. de C.V., con 10 millones 780 mil pesos.
Otras de las empresas favorecidas fueron SIPSE S.A. de C.V./Antes Radio
Campeche S.A. de C.V., con 10 millones 440 mil pesos; TV Azteca S.A. de
C.V./Red Azteca Internacional, con nueve millones 816 mil; Editorial Campeche
Hoy S.A. de C.V., con ocho millones 854 mil; Publicidad Impresa del Sureste S.A.
de C.V./POR ESTO!, con seis millones 904 mil; el Diario de Yucatán, con dos
millones 968 mil, y el canal de cable Mayavisión, con siete millones 552 mil,
además de los diarios nacionales, como Reforma, con 427 mil; La Jornada, con
tres millones 450 mil y El Universal, con 927 mil pesos.
Menciones aparte merecen el periódico El Sur de Campeche, de escasa
circulación, pero propiedad del Grupo Azar, del ex gobernador Jorge Salomón
Azar García, con seis millones 882 mil pesos, y Novedades de Campeche, con
vínculos con la familia González Curi, con 16 millones 898 mil pesos. Hace dos
años, fue el periódico que recibió mayor cantidad de dinero oficial, por encima del
Tribuna, aun cuando su circulación también es escasa.
La revista digital Convicciones, de Enrique Pastor Cruz Carranza, recibió en el
2013 un millón 183 mil pesos del gobierno de Fernando Ortega; el conductor de
Telesur y columnista de La Opinión, Tomás Zapata Bosch/Politikanalisis, cobró
ese año un millón 856 mil, y Comunicación y Medios de Campeche S.C./Criterios,
propiedad de Carlos Martínez, de La Barra, con un millón 44 mil pesos.
Igual que Martínez, que está en Telesur, hay otros conductores de programas de
ese canal de televisión por internet, como El Abarrote TV, a través de Jazmín
Beatriz Cach Martínez, pariente del ex vocero del gobierno del Estado, Jorge Cach
Uc, con dos millones 60 mil pesos, y también por el mismo programa, recibió
recursos Manuel Agustín Cruz Castillo, hijo de Manuel Cruz Bernés, el otro titular
del programa, con un millón 627 mil pesos.
Por el programa El Reportero del Crimen, de Abraham Martínez, cobró Dianey
Guadalupe Galera Gala, 161 mil 664 pesos; Infomedia facturó un millón 840 mil; el
aún corresponsal de Televisa en Campeche, Gustavo Sánchez Paredes, a través
de sus empresas Gustavo Sánchez Producciones S.A. de C.V./SISTERAC y
Matos López Producciones y Asociaciones S.C., cobró 738 mil, y el ex
corresponsal de TV Azteca, Adrián Vírgen Miranda, con 480 mil pesos.
Resalta también el pago a la compañía Mike Publicidad S.A. de C.V., con dos
millones 204 mil pesos, que se dedica a la publicidad en internet, y no podían
faltar el autodenominado “decano del periodismo campechano”, Carlos Joaquín
Reyes Alpuche, con 765 mil pesos, por su periódico Mundo Campechano, y la
editora de La República, Lourdes del C. Alonzo Parrao, con 972 mil pesos.
A penas hace unos días fueron detenidos los periodistas Juan Sánchez Ramírez,
José del Carmen Rodríguez Rodríguez y David Sánchez Santiago, por delitos
electorales. Su detención causó revuelo por tratarse de un delito menor, sin
embargo fueron recluidos en el Cereso de San Francisco Kobén.
Los hechos no se han documentado con la debida certeza y la reacción de los
demás periodistas paso del enjuiciamiento a la apatía.
Como la violencia, el abuso, la impunidad, la inseguridad y todos los riesgos que
enfrentamos quienes ejercemos el periodismo se ha naturalizado, entonces ni se
visibiliza, no se le da voz y lo peor, se le justifica.
Oaxaca
De acuerdo con un informe presentado el pasado 31 de agosto por el titular de la
Defensoría especializada en atención a Defensores de Derechos Humanos y
Periodistas, Razhy González Rodríguez, expuso que en el Estado de Oaxaca, se
han registrado 177 agresiones en contra de defensoras, defensores y periodistas
durante el 2015
Explicó que durante 2015 la oficina de la Defensoría especializada en periodistas y
personas defensoras de derechos humanos documentó 98 agresiones a personas
que defienden derechos humanos y 79 agresiones a periodistas.
Detalló que de los 98 agravios en contra de defensoras y defensores de derechos
humanos en el estado, 10 casos involucran a colectivos, comunidades y
organizaciones en defensa de los derechos, y otros 50 fueron contra personas
específicas. Es decir, que en ciertos casos, las y los afectados fueron víctimas de
más de un tipo de agresión.
González Rodríguez subrayó que las principales agresiones registradas son de
tipo físico, de las cuales 14 fueron por intimidación, 10 por amenazas de muerte, 9
por homicidio, y no recibieron mucha difusión en medios informativos porque
sucedieron en el ámbito rural, además de que a las personas agraviadas no se les
reconoce como defensoras o defensores de derechos humanos.
Agregó que seis de los asesinatos contra defensoras y defensores fueron
cometidos en un periodo específico: de principios de mayo a finales de junio de
este año, es decir, seis asesinatos un mes antes y un mes después de las
pasadas elecciones.
El defensor de Periodistas, Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
puntualizó que en el caso de periodistas hay un registro de 49 personas que
sufrieron un total de 79 agravios contra, de las cuales 17 fueron agresiones físicas,
10 de bloqueo informativo, nueve por hostigamiento, seis amenazas de muerte,
cinco por robo de equipo de trabajo y cuatro homicidios.
Entre los periodistas y comunicadores asesinados en el 2015 se encuentran: el
director de "Radio Spacio 96.1 FM", Abel Manuel Bautista, la de Filadelfo
Sánchez Sarmiento, locutor y director de la estación de radio La Favorita 103.3 FM
de Miahuatlán, Oaxaca, asesinado el jueves 2 de julio, Armando Saldaña Morales,
conductor de la Ke Buena 100.9 FM periodista veracruzano que apareció muerto
en Cosolapa Oaxaca y la del director general del periódico digital de Oaxaca Foro
Político, Edgar Hernández García, el 9 de julio de 2015-
¿Quiénes son los agresores?- De acuerdo con diversos organismos defensores de
los derechos humanos de Oaxaca, casi el 70 por ciento de las agresiones
registradas provienen del poder político en sus tres niveles de gobierno, un 20 por
ciento de organizaciones políticas, sindicales o gremiales y un 10 por ciento
restante de particulares.
Comportamiento de las instituciones del Estado ante agresiones a periodistas, y
legislación para este fin.
De acuerdo con el registro de 177 agresiones en contra de defensoras, defensores
y periodistas durante el 2015, la procuraduría general de justicia del Estado de
Oaxaca, apenas logró la consignación de 2 presuntos responsables, el resto
incluyendo los homicidios permanece impune.
Finalmente en el Congreso del Estado de Oaxaca, se han recibido 8 iniciativas de
ley para la protección de los periodistas en Oaxaca, entre ellas: el presentado por
el Grupo Prensa Oaxaca, otra más presentada por el diputado priista Marco
Antonio Hernández, en abril del 2013, la iniciativa de ley para la protección a
periodistas y libertad de expresión en el Estado de Oaxaca, promovida por
estudiantes de Ciencias de la Comunicación de la Universidad José Vasconcelos
en diciembre del 2013 y una más presentada en el presente año y cuatro más
presentadas por otras organizaciones de periodistas en el año 2014. Ninguna de
ellas ha sido sometida a discusión. (Recopilación de Eduardo Cruz
Silva/Asociación de Periodistas Independientes de la Mixteca-APIM)
http://apim.com.mx/ Cel: 953 107 39 74
Región Costa de Oaxaca
En la región de la Costa de Oaxaca, el ejercicio periodístico se ha convertido en
un trabajo de alto riesgo para los cerca de 40 reporteros que se ubican en la franja
costera, desde Pinotepa hasta las bahías de Huatulco.
Con una mayoría de varones laborando en medios de comunicación escritos,
digitales y electrónicos regionales y estatales (solo unas diez mujeres reportean en
varios puntos de la zona), los trabajadores de los medios de comunicación tienen
como a sus principales enemigos a funcionarios públicos de varios niveles,
caciques, integrantes o líderes de organizaciones o grupos sociales, y en menor
medida, al crimen o delincuencia organizada.
Aunque a lo largo de los últimos años varios compañeros han sufrido diferentes
tipos de amenazas y agresiones verbales o físicas –que afortunadamente no han
tenido mayores consecuencias- en este año resalta por la gravedad del suceso, el
asesinato del locutor y reportero Filadelfo Sánchez Sarmiento, ocurrido el pasado
2 de julio en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, municipio ubicado a tres
horas de la Costa.
Según datos oficiales, el periodista, que fungía como director y conductor de la
estación de radio La Favorita, con frecuencia radial 103.3 FM, fue atacado a
balazos por dos sujetos que se desplazaban en una moto, cuando salía de la
estación de radio ubicada en la calle Margarita Maza de Juárez, barrio San
Francisco, Miahuatlán.
El locutor, que iba acompañado de otra persona, recibió al menos cinco balazos
de parte de uno de los sicarios, quien antes de cometer el crimen le soltó un seco
“¡hasta aquí llegaste!”. A pesar de que el periodista intentó protegerse y correr, la
herida de una bala hizo que cayera boca abajo sobre su brazo izquierdo.
Luego de las primeras indagatorias, la Procuraduría de Justicia del Estado señaló
que la línea de investigación más fuerte en el asesinato de Sánchez Sarmiento,
estaba relacionada con su trabajo como periodista por las críticas que éste habría
vertido contra quien lo mandó a asesinar.
Existen dos casos más de amenazas y agresión directa contra un voceador de un
periódico local que a continuación reseño.
El pasado 19 de julio el reportero del diario local El Sol de la Costa, Idelfonso
Pacheco Acevedo, fue amenazado por el ex regidor de Ecología del municipio San
Miguel del Puerto, José Martínez Olivera, quien habita en la comunidad Barra de
Copalita, ubicada a unos 15 minutos del desarrollo turístico bahías de Huatulco.
Según el propio afectado, el ex funcionario lo amenazó de muerte por haber
publicado días antes una nota sobre presuntas irregularidades ocurridas en la
escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en el Sector U2,
Huatulco, donde su concubina de nombre Rosa María Díaz Ahualt, funge como
directora.
El comunicador señaló que Martínez Olivera, que ahora se desempeña como
taxista en el destino turístico, le advirtió con pistola en mano, que si seguía
publicando notas contra su pareja, lo mataría.
Como precedente de la amenaza, el reportero mencionó que meses antes el
mismo sujeto realizó disparos con arma de fuego en el domicilio de un maestro
que había tenido problemas con su concubina.
El hecho más reciente de agresión contra un medio de comunicación sucedió la
noche del pasado 23 de agosto, cuando tres sujetos “secuestraron” y golpearon al
voceador del periódico El Sol de la Costa, José Antonio Amezcua Zabaleta.
El afectado informó que los hechos sucedieron en la madrugada del domingo 23
cuando se dirigía del fraccionamiento Infonavit a su domicilio, ubicado en el Sector
U2.
Narró que de pronto, tres sujetos con el rostro cubierto lo obligaron con amenazas
a subir a un auto tipo Tsuru color blanco, con vidrios polarizados. Luego de
“pasearlo” un rato, el joven fue golpeado con la cacha de una pistola y en el
trayecto se le cuestionaba sobre el lugar donde vive el director del periódico y
reportero de temas de seguridad y justicia, Daniel Pérez Espinoza, a quien por su
conducto le mandaron un mensaje amenazante.
“Hijo de tu pinche madre, dile que le baje de huevos a Daniel Pérez, de lo
contrario, este es un aviso de lo que le puede pasar”.
Por su parte, Daniel Pérez refirió que semanas antes del hecho recibió amenazas
vía Whats App, donde le mandaron la imagen de una pistola y un mensaje de que
eso iba a recibir.
Según versiones de vecinos de varios sectores, se sabe que los sujetos que
viajaban a bordo del referido automóvil, habrían cometido antes varios robos a
negocios y casas habitación, y los hechos habían sido dados a conocer en el
diario local. (Recopilación de Patricia Pacheco).
Guerrero
El estado de Guerrero, al sur de México, lo habitan más de 3 millones 389 mil
personas, en 82 municipios distribuidos en siete regiones, que están en el último
lugar del desarrollo nacional, debido, sobre todo, a la corrupción e impunidad por
la nula justicia que padecen sus hombres y mujeres, desde la conformación de la
entidad.
En la actualidad, debido a los factores imperantes: corrupción e impunidad, la
labor periodística es mucho más complicada, por los riesgos de la presencia del
crimen organizado, que opera en complicidad con los servidores públicos de los
tres niveles de gobierno; la mayoría de las y los reporteros han sido amenazados y
un alto número de periodistas pota por la autocensura, porque no hay garantías
para su protección y sí una alta desconfianza en las autoridades ministeriales por
lo que son escasas las denuncias que se presentan.
Lo siguiente es una lista de los asesinatos y desapariciones de periodistas de
Guerrero, de 1997, a la fecha ninguno de estos crímenes ha sido debidamente
esclarecido y en todos existe la sospecha que se debió al ejercicio de su trabajo
que incomodaría a los gobernantes en turno.
1.- Jesús Abel Bueno León, director del semanario “Siete Días”, de Chilpancingo,
Gro. Su cuerpo calcinado, se encontró dentro de su vehículo, el 22 mayo 1997.
Antes, redactó una carta en la que temía por su vida y sospechaba del
gobernador emanado del PRI, en ese tiempo Ángel Heladio Aguirre Rivero, así
como de otros funcionarios estatales.
2.- Leodegario Aguilera Lucas , director de la revista Mundo Político, desapareció
el 22 de mayo de 2004; en una investigación desaseada, la Procuraduría General
de Justicia del estado informó que fue asesinado y calcinado, por un pleito entre
“particulares” por la disputa de un predio, en Acapulco. Aunque presentó restos
fósiles, sus colegas periodistas y sociedad en general no creen la versión, debido
a que en sus últimos reportajes se enfocó en el enriquecimiento ilegal del
entonces mandatario estatal de las filas del PRI, René Juárez Cisneros y el ex
secretario de Seguridad Pública, Luis León Aponte, de acuerdo con la queja que
presentó su hermana Ernestina Aguilera Lucas, ante la Comisión de Defensa de
los Derechos Humanos de Guerrero.
3.- Rafael Villafuerte Aguilar, director del semanario La Razón, fue asesinado a
balazos, el 13 de diciembre de 2003, alrededor de las dos de la tarde, le
dispararon desde otro vehículo, a unas cuadras del palacio municipal de Coyuca
de Catalán.
4.- Misael Tamayo Hernández, director del diario Despertar de la Costa; apareció
muerto, en una habitación de un motel situado a la salida del municipio de Ixtapa
Zihuatanejo, 10 de noviembre de 2006.
5.- Amado Ramírez Dillanes, Corresponsal de Televisa en Guerrero, fue
asesinado, en el zócalo de Acapulco, al mediodía, el 6 de abril de 2007.
6.- Jean Paul Ibarra Ramírez, fotógrafo del periódico, El Correo, fue ejecutado, 13
de febrero de 2009, cuando se dirigía a cubrir un accidente automovilístico.
7.- Juan Carlos Hernández Martínez 27 de febrero de 2009 Semanario El Quijote,
asesinado de tres tiros el 27 de febrero de 2009.
8.- Jorge Torres Palacios, escribía la columna política “Nada personal” en el
semanario El Dictamen de Guerrero; además vocero de Salud de Acapulco;
después de 96 horas de su secuestro, el 2 de junio de 2014, hallaron el cuerpo del
periodista con huellas de tortura y decapitado.
9.- Juan Daniel Martínez Gil, conductor de dos noticiarios en el puerto de
Acapulco, para W Radio; fue encontrado muerto, semi-enterrado, el 28 de julio de
2009, con huellas de golpes en diferentes partes del cuerpo y con cinta canela en
la boca.
10.- Juan Francisco Rodríguez Ríos. corresponsal de El Sol de Acapulco, Coyuca
de Benítez, 28 de junio de 2010. Asesinados adentro del café internet de su
propiedad.
11.- Jorge Ochoa Martínez, director del periódico El Oportuno y Despertar de la
Costa, fue asesinado, el 2 de febrero de 2010.
12.- María Elva Hernández Galeana 28 de junio de 2010 editora y directora del
semanario Nueva Línea. Esposa de Juan Francisco Rodríguez Ríos, asesinado,
junto con él.
13.- Evaristo Pacheco Solís, reportero del semanario Visión Informativa, de
Chilpancingo, Guerrero, Su cuerpo fue encontrado en un camino rural de
Chilpancingo, el 12 de marzo, de 2010, con cinco disparos, uno de ellos en la
cabeza.
Durante 2014, Freedom House registró la cifra récord de 46 agresiones físicas en
2014, sufridas por periodistas en Guerrero. En lo que va del primer semestre del
2015 la organización Articulo 19 documentó: Guerrero ocupa el primer lugar con
38 ataques “Guerrero, foco rojo para el periodismo”. (Recopilación de Luz Orona
Aguilar).
Anexos
Veracruz
Periodistas Asesinados:
Noel López Olguín, reportero de Noticias de Acayucan, Acayucan, marzo 2011.
El 1 de junio de 2011 fue encontrado cerca de Jáltipan, estado de Veracruz (este),
el cuerpo sin vida de Noel López Olguín, colaborador de los semanarios locales
Horizonte y Noticias de Acayucan, y del diario La Verdad. El periodista había
desaparecido el 8 de marzo de ese año en el municipio de Texistepec, y su cuerpo
hallado sin vida en una fosa clandestina en el ejido Malacate, en el municipio de
Chinameca. Cuatro días antes de localizar el cuerpo, Alejandro Castro Chirinos,
alias “El Dragón”, capturado en Coatzacoalcos, estado de Veracruz, confesó haber
participado en el asesinato del periodista. Entre las pertenencias de El Dragón,
cuando fue detenido, se encontraba la cámara del periodista. Según las
autoridades, Castro Chirinos dio indicaciones que permitieron localizar la fosa
donde se encontraba el cuerpo.
Aún no se cuenta con indicios de permitan determinar el móvil del crimen, no
obstante, es muy probable que asesinato de Noel López Olguín esté relacionado
con su actividad profesional, ya que era activista social, interesado en los
problemas comunitarios, como la corrupción y la inseguridad, había denunciado
los abusos de las autoridades y de miembros del crimen organizado.
Veracruz representa un punto de tránsito clave para el tráfico de drogas en
dirección a Estados Unidos. Durante la época en que fue asesinado el
comunicador, Los Zetas asolaban de forma particular la región de Jáltipan,
limítrofe con el estado de Oaxaca, donde vivía y trabajaba Noel López Olguín.
(Fuente Reporteros Sin Fronteras)
A principios de septiembre de este año, trascendió que el caso fue reabierto, pues
la expresidenta municipal de Texistepec, Mirna Anzalmetti Gutiérrez, señaló que
elementos de la PGR realizaron investigaciones y han platicado con ciudadanos
que pudieran tener información al respecto, entre ellos ella misma, aunque la
ahora funcionaria en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) dice que le
cuestionaron sobre situaciones que ella desconoce "pues jamás fue un asunto
atendido por mi gobierno", aunque cerca de su domicilio en esa población fue
hallado el automóvil Nissan Tsuru propiedad de López Olguín. (Fuente Imagen del
Golfo)
Miguel Ángel López Velasco (columnista de Notiver), Misael López Solana (Hijo y
fotógrafo) y Agustina Solana (Esposa y madre, respectivamente). Veracruz, 20
junio 2011.
La madrugada del lunes 20 de junio de 2011, el Periodista y Columnista de la
casa editorial NOTIVER de Veracruz, Miguel Ángel López Velasco, mejor conocido
por su columna como Milo Vela, fue acribillado en el interior de su domicilio, junto
con su hijo Misael López Solana y su esposa, Agustina Solana. Los tres
presentaban el tiro de gracia.
Justo cuando dormía en compañía de su familia, sujetos hasta la fecha no
identificados, llegaron hasta su domicilio ubicado en la esquina de la calle Villa
Rica y San Jerónimo en la colonia López Arias al norte de la ciudad de Veracruz
justo a dos cuadras de lo que era la Policía Intermunicipal de Veracruz, hoy
Fuerza Civil.
Al parecer con un objeto pesado rompieron la puerta principal logrando entrar
hasta las recámaras donde dormía la familia del periodista y él. Los hechos se
registraron presuntamente a las 5:30 de la mañana.
Por tales hechos la entonces Procuraduría de Justicia en el Estado inició las
investigaciones correspondientes, pero hasta la fecha, no hay avances del caso,
pues no han sido detenidos los autores materiales, ni tampoco se ha esclarecido
el motivo.
Sobre el triple asesinato, Reynaldo Escobar Pérez, quien era procurador de
Justicia de Veracruz, en aquella fecha y que conoció del caso, desde un principio
únicamente dio a conocer como dato relevante que el principal sospechoso del
multi homicidio era un sicario identificado como Juan Carlos Carranza Saavedra
alias “El Ñaca”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación en Veracruz, que el
mismo funcionario ligó al asesinato de la reportera, Yolanda Ordaz de la Cruz,
ocurrido un mes después. Carranza Saavedra fue asesinado en un
enfrentamiento con marinos el 10 de mayo de 2013, en Zapopan, Jalisco. Su
cuerpo fue identificado por un familiar, según el reporte oficial, y hasta allí llegó la
investigación ministerial.
Miguel Ángel López Velasco fue subdirector de NOTIVER, y tenía 55 años de
edad, al momento de su muerte, le sobreviven sus hijos Miguel Ángel y Jazmín
López Solana que se encuentran exiliados en Estados Unidos.
López Velasco se dedicaba principalmente a exponer temas de información
policiaca, constantemente hacía señalamientos en muchos casos que
involucraban a diferentes corporaciones policiacas. (Fuente Notiver)
Yolanda Ordaz de la Cruz, reportera de Notiver, Veracruz, julio 2011.
Su cadáver degollado fue encontrado en la madrugada del martes 26 de julio de
2011, en la calle Habaneras, donde se encuentran las oficinas de MVS e Imagen
del Golfo, apenas un mes después del homicidio de su jefe inmediato en Notiver
donde laboraba, Miguel Ángel López Velasco. Yolanda Ordaz recibió varias cartas
con amenazas de muerte, antes de ser asesinada. La periodista de información
policiaca fue reportada como desaparecida por sus familiares, la noche del
domingo 24 de julio de 2011. Ella les había dicho que iba a cubrir una noticia, y ya
no regresó. El martes 26 de julio de 2011 se encontró su cuerpo decapitado, con
huellas de tortura, y su cabeza fue encontrada detrás de las oficinas de la estación
de noticias Imagen del Golfo, en Boca del Río, con una nota escrita que decía:
"Los amigos también pueden traicionarte. Atentamente, Carranza."
Juan Carlos Carranza, un ex oficial de la policía de tránsito y, al parecer líder local
de Los Zetas, quien había sido señalado por el entonces procurador Reynaldo
Escobar como el principal sospechoso del asesinato de la familia López Velasco.
El caso sigue abierto, y las motivaciones del crimen aún no están claras. El día
después del asesinato, el fiscal general Reynaldo Escobar dijo que el homicidio de
Ordaz era un ajuste de cuentas entre bandas del crimen, pero no presentó
ninguna prueba. Otras publicaciones también visibilizaron similares alegatos.
Notiver editorializó públicamente la renuncia de Escobar por esas declaraciones.
Pocos días después del crimen, Fuerzas del ejército mexicano mató a dos
presuntos miembros del cártel de drogas, y el fiscal dijo que uno de ellos tenía una
identificación de Yolanda Ordaz. Además, fueron publicados anónimamente en
Internet, un par de videos acusatorios, mencionando a Ordaz como mediadora de
Los Zetas, hechos que jamás han sido comprobables, como refiere la nota firmada
por Tim Johnson para McClatchy Newspapers, en donde también cita
declaraciones de conocidos de Yolanda Ordaz que niegan con vehemencia tales
señalamientos. (Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Yolanda_Ordaz_de_la_Cruz).
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció desde hace
cuatro años que investigaría el asesinato de Yolanda Ordaz, pero el caso sigue sin
ningún avance. (Periodico La Jornada). También la directora general de la
UNESCO, Irina Bokova, condenó el asesinato de la periodista mexicana: "Este
último caso demuestra (...) un aumento mundial de la tendencia a atacar a
periodistas mujeres, algo que me preocupa mucho", declaró Bokova en un
comunicado publicado unos días después del homicidio, sin embargo, todo ha sido
infructuoso para dar con los autores de este
crimen.http://noticias.terra.com.mx/mexico/seguridad/unesco-condena-el-
asesinato-de-la-periodista-yolanda-
ordaz,3bc91d47603df310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html
Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, Xalapa, 28 abril 2012.
Regina Martínez fue asesinada el 28 de abril de 2012 en su domicilio ubicado en
la colonia Felipe Carrillo Puerto de la ciudad de Xalapa. Una vecina reportó que la
puerta de su casa había permanecido abierta desde la mañana de ese día. Al
acudir al lugar, la policía halló el cadáver en el piso del baño con huellas de
golpes. Los reportes oficiales señalaron que Martínez fue torturada y golpeada
severamente antes de morir. La necropsia realizada posteriormente reveló que la
causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento y que falleció entre las cuatro y
cinco de la madrugada.
Tras su muerte, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, ordenó una
«investigación exhaustiva» y prometió que se investigaría «hasta las últimas
consecuencias». Luego de esta declaraciones, la redacción de Proceso afirmó:
«Respecto de esa investigación, que está a cargo del gobierno de Veracruz,
Proceso es escéptico [...] No les creemos y se los hicimos saber».
Menos de dos meses después se filtró información relacionada con el caso,
señalando al asesinato como un crimen pasional, versión que todos los colegas
reporteros que la conocían no creen porque Regina era conocida por su discreción
y seriedad. Sin embargo, el 30 de octubre de ese año, derivado de la investigación
19/2012/PC se arrestó a Jorge Antonio Hernández Silva —alias El Silva—
acusado del asesinato y se aseguró la participación de José Adrián Hernández
Domínguez —alias El Jarocho— quien permanece prófugo.
Hernández confesó haber cometido el asesinato y declaró que la reportera
conocía a Domínguez, por lo que les permitió ingresar a su residencia en la noche
del asesinato. Según la declaración de Silva dada a conocer por la PGJ, tras
conversar, Domínguez comenzó a golpear a Martínez con la intención de que
revelara donde escondía sus pertenencias más valiosas y su dinero, pues según
comentó en su momento la ex vocera del Gobierno del Estado, Gina Domínguez,
Regina recién había cobrado su liquidación en el Diario Política. Después de
asesinarla, robaron diversos objetos de valor y dinero hallado bajo un colchón y
huyeron del lugar, refirió la Procuraduría cuando presentó al acusado a los medios
informativos.
No obstante, tras ser presentado ante un juez, Hernández Silva se retractó y
declaró haber firmado la confesión bajo tortura mediante choques eléctricos en los
testículos. «Sí he robado pero nunca he matado a nadie», declaró, además acusó
a las autoridades veracruzanas de amenazarlo a él y a su madre.
La declaración era la única evidencia en su contra, pues ni el ADN, las huellas
dactilares o las muestras de sangre coincidían con las suyas. Fuentes cercanas al
Comité para la Protección de los Periodistas —CPJ, por sus siglas en inglés—
señalaron que las muestras de sangre de la escena del crimen no coincidían con
ninguno de los criminales presentes en la base de datos nacional. El CPJ
mantenía la versión de que el caso fue fabricado y que Silva fue empleado como
chivo expiatorio.
El 9 de abril, Hernández Silva fue sentenciado a 38 años de prisión, además de
una multa de 80 mil pesos como reparación de daño por el homicidio y robo contra
de la reportera. En agosto, el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz revocó la
sentencia al considerar que se violaron las garantías de Hernández, por lo que fue
puesto en «libertad por fallas en la justicia» por once meses, hasta que el mismo
tribunal resolvió recapturarlo para que cumpla la pena. Actualmente el caso sigue
abierto, según ha mencionado el fiscal general Luis Ángel Bravo Contreras, pues
el principal acusado, José Adrián Hernández Domínguez, sigue prófugo.
Hasta la fecha, las autoridades ministeriales han ignorado investigar la hipótesis
que refiere el trabajo periodístico de Martínez Pérez, pese a que en las últimas
semanas publicó en la revista Proceso, temas sobre la corrupción y el abuso del
gobierno, además escribió extensos reportajes sobre el crimen organizado y el
narcotráfico en el estado. Una de sus últimas publicaciones fue un perfil político de
Reynaldo Escobar Pérez y Alejandro Montano, dos candidatos del Partido
Revolucionario Institucional —PRI— a diputaciones federales.
También escribió sobre el arresto por parte de la Armada de México de nueve
policías acusados de trabajar para organizaciones de narcotráfico, el arresto de un
líder de Los Zetas conocido como Comandante Chaparro y una historia sobre
Martín Padua Zúñiga, entonces alcalde del Partido de Acción Nacional —PAN—
del municipio de Chinameca, arrestado, luego de un enfrentamiento con el Ejército
Mexicano, por nexos con narcotráficantes.
(Fuente https://es.wikipedia.org/wiki/Regina_Mart%C3%ADnez)
Gabriel Huge Córdova, fotógrafo de Notiver; Guillermo Luna Varela, fotógrafo de
Veracruznews; Esteban Rodríguez Rodríguez, fotógrafo de AZ; e Irasema
Becerra, empleada de El Dictamen y pareja sentimental de Luna Varela. Veracruz,
jueves 3 de mayo de 2012.
Los cuerpos de los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna Varela y Esteban
Rodríguez fueron localizados junto con el de Irasema Becerra, confirmó la
Procuraduría General de Justicia (PGJ). Estaban reportados como desaparecidos
desde las tres de la tarde del día anterior, cuando compañeros de otros medios en
el puerto los buscaron para cubrir un accidente vial en la ciudad.
"Por las características del crimen se presume la participación de la delincuencia
organizada en la comisión de estos homicidios, por lo cual se solicitará a la
Procuraduría General de la República la atracción del caso", detalla el comunicado
de la PGJ publicado para informar de los pormenores. Los cuerpos fueron
hallados en cuatro bolsas, estaban desmembrados y con señales de tortura.
Las autoridades inicialmente solo confirmaron la muerte de Huge y Luna Varela.
En un segundo comunicado, la PGJ informó la identidad de los otros dos cuerpos.
Uno pertenecía a Esteban Rodríguez, quien trabajaba como soldador en un taller
mecánico, pero que hasta agosto del 2011 laboró en un diario local AZ, propiedad
del empresario Oscar Rodríguez Hernández, y el cual hasta la fecha se niega a
reconocer que el fotógrafo era parte de sus trabajadores. El otro era el de Irasema
Becerra, pareja sentimental de Guillermo Luna, que se desempeñaba como
secretaria en El Dictamen.
Luna Varela trabajaba como fotógrafo para la página veracruznews.com.mx y
Huge "se dedicaba a actividades particulares", tras haber renunciado al Diario
Notiver. hasta julio del 2011, cuando fue asesinada la periodista del mismo medio,
Yolanda Ordaz.
Los tres fotógrafos estaban incluidos en una lista con 13 nombres de periodistas
de Veracruz que estaban amenazados de muerte. La lista circuló a través de
redes sociales desde mediados del 2011 y hasta hora no está confirmado quién la
elaboró pero fue usada por directivos de diversos medios para obligar a reporteros
de la fuente policiaca a salir de la ciudad o reubicarse en otros estados.
En esas fechas, Ricardo González, oficial de seguridad y protección de Artículo
19, afirmó que incluyó la lista como parte de un informe que entregó en octubre del
2011 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la
situación de los periodistas en México en una reunión en la que hubo
representantes de la PGR, de la Presidencia de la República y de la Secretaría de
Gobernación.
Hasta el momento no hay un solo detenido por este cuádruple homicidio, ni
tampoco hay indicios de quiénes podrían haber sido los autores materiales del
crimen que cimbró a la comunidad reporteril por su salvajismo.
Víctor Manuel Báez, editor de Reporteros Policíacos, Xalapa, 13 de junio 2012.
Editor de la nota roja en el periódico Milenio El Portal, Víctor Manuel Báez también
integraba una agencia noticiosa especializada en temas policiacos.
La noche del 13 de junio de 2012, un grupo de desconocidos lo sacaron de sus
oficinas ubicadas en la colonia Laureles de Xalapa. Una asistente había ido a la
tienda y al regresar observó cuando un grupo de encapuchados se lo llevaba sin
dar tiempo a nada.
Las investigaciones y testimonios refieren que desde días antes había recibido
llamadas amenazantes algunas de las cuales habían escuchado las personas que
trabajaban con Báez y el equipo de reporteros de nota roja. No pidió protección
pero sí puso en antecedentes de los hechos a la coordinadora de Comunicación
Social del Gobierno del Estado, Gina Domínguez.
Horas más tarde, la madrugada del 14 de junio, el cuerpo de Báez fue localizado
mutilado y con un mensaje en el que el grupo delictivo “los Zetas” se atribuían el
crimen.
El 30 de junio de ese mismo 2012, durante un operativo, la policía localizó a una
banda en un hotel y una casa de seguridad. En total fueron detenidas nueve
personas entre los que presumían podría estar el o los homicidas del reportero.
Sin embargo, en agosto de ese mismo año, el entonces procurador de Justicia,
Amadeo Flores Espinosa informó que los asesinos de Víctor Báez habían muerto
durante un enfrentamiento ocurrido muy cerca de las oficinas donde un mes antes
había sido levantado.
Y sin explicar cómo había llegado a tales conclusiones, sólo dijo que los
responsables fueron identificados como Juan del Ángel Torres y Daniel Reynoso,
quienes murieron durante la refriega ocurrida el 19 de junio.
Para la autoridad, con esa conclusión no volvió a tocar el tema del comunicador ni
de su asesinato y aparentemente no fue turnado a la PGR a pesar de que “los
Zetas” se atribuyeron su secuestro y muerte.
Gregorio Jiménez de la Cruz, fotógrafo de Notisur, Coatzacoalcos, 5 de febrero
2014.
La mañana del 5 de febrero de 2013, un comando armado irrumpió en la vivienda
del reportero Gregorio Jiménez de la Cruz, justo cuando se preparaba para llevar
a sus hijos a la escuela.
Goyo, como le decían sus compañeros, vivía en la comunidad Allende, del
municipio de Coatzacoalcos.
La búsqueda, por parte de las autoridades de aquella región, siguió durante seis
días hasta que una semana y media después la entonces Procuraduría General
de Justicia dio a conocer que habían detenido a Teresa de Jesús Hernández Cruz,
vecina de Gregorio y quien era dueña de un bar.
En el lugar donde fue hallado el cuerpo del reportero veracruzano, Gregorio
Jiménez, también fue encontrado sin vida Ernesto Ruiz Guillén “El cometierra”,
secretario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio
de Villa de Allende, Veracruz, quien permanecía secuestrado desde el 18 de enero
de ese mismo año, luego de ser levantado en una protesta, hecho del que el
periodista Gregorio Jiménez dio cuenta en sus textos en Notisur.
Ruiz Guillén participaba en una asamblea que se estaba llevando a cabo en la
casa del conocido líder sindical Leonardo Mendoza alias "el Chaquira", donde
según transcendió posteriormente acababan de participar en un evento llevando a
un numeroso grupo de choque compuesto por varios obreros, que llegaron a
bordo de cinco autobuses armados con palos a la entrada de la Laguna de
Pajaritos, donde al parecer se encontraba una manifestación de camioneros.
Al poco rato llegaron hasta ese lugar hombres armados, que intentaron plagiar a
tres de ellos, entre los que figuran Leonardo y Ernesto, pero el primero logró darse
a la fuga, no así Ruiz Guillén, que al intentar correr recibió dos proyectiles de arma
de fuego que se le alojaron en las piernas, lo que le impidió siguiera corriendo, fue
así levantado por sujetos que se lo llevaron con rumbo desconocido. Este vínculo
no ha sido investigado por las autoridades, pues solamente han indagado sobre la
hipótesis que inculpa a la dueña del bar.
Según la investigación ministerial, la esposa de Gregorio, Carmela Hernández,
días antes había presenciado una discusión entre su esposo, Gregorio y Teresa
de Jesús Hernández, quien lo amenazaba por publicar una información sobre el
bar en uno de los medios para los que publicaba.
La información refería que en el bar trabajaban mujeres menores de edad,
explotadas por Teresa Hernández y que al parecer eran centroamericanas.
Además, días antes un vecino de la zona había sido apuñalado en el interior del
bar y también lo había reportado para el periódico “Notisur”.
Con Teresa fueron detenidas 5 personas más, José Luis Márquez Hernández,
Santos González Santiago, Jesús Antonio Pérez Herrera, Juan Manuel Rodríguez
Hernández y Gerardo Contreras Hernández, sin embargo los vicios en el proceso
y lo que aparentemente pudiera ser un resquicio dejado adrede por las
autoridades, pues el juzgado Noveno de Distrito, con cabecera en Coatzacoalcos,
otorgó un amparo para que se haga una revisión del caso, ya que los inculpados
alegan violaciones a sus derechos humanos a lo largo del proceso.
Los señalados -en la petición del amparo- dicen que fueron torturados física y
psicológicamente desde el primer momento en que fueron detenidos por personal
de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) que en ese entonces
comandaba Amadeo Flores Espinosa. Con este antecedente, podrían alcanzar la
libertad en cualquier momento.
Las autoridades no quieren reconocer que la muerte de Gregorio fue por el
ejercicio periodístico, por el contrario, la entonces vocera del Gobierno del Estado,
Gina Domínguez Collío, dijo que lo habían asesinado por “problemas de vecinos y
familiares” ya que Teresa Hernández es madre de la novia del hijo de Goyo.
Moisés Sánchez, director de La Unión, Medellín de Bravo, enero 2015.
El cadáver del periodista José Moisés Sánchez Cerezo, --quien estaba
desaparecido desde el 2 de enero de este año, luego de que desconocidos lo
secuestraron de su domicilio, entrando con lujo de violencia hasta su recámara, en
la comunidad El Tejar, municipio de Medellín de Bravo--, fue encontrado la
madrugada del sábado 24 de enero del presente en el municipio de Manlio Fabio
Altamirano, informó el Fiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras. Su familia
inmediatamente reportó el secuestro a la Policía Municipal, pero extrañamente no
prestaron el auxilio.
En conferencia de prensa, el Fiscal dio a conocer que, como parte de las
diligencias derivadas de la investigación ministerial 01/E/2015, ubicó a Clemente
Noé Rodríguez Martínez, integrante de la extinta Policía Intermunicipal Veracruz-
Boca del Río-Medellín, como uno de los que participó en el secuestro del director y
editor del periódico La Unión, de Medellín de Bravo.
Señaló que en su confesión, Rodríguez Martínez señaló al alcalde panista de
Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, como el autor intelectual del homicidio de
Moisés Sánchez, con quien tenía diferencias, por los señalamientos que hacía el
reportero sobre hechos de inseguridad en la zona.
Durante la conferencia de prensa, Bravo Contreras presentó un video donde se
observa a Rodríguez Martínez, en compañía de un abogado defensor, confesar
haber participado junto con otras cinco personas en el secuestro de Sánchez
Cerezo y en los hechos en los que se le dio muerte.
En el video, Rodríguez Martínez relata que la muerte de Moisés Sánchez se
produjo por encargo directo de Martín López Meneses, subdirector de la Policía
Municipal de Medellín, así como chofer y escolta personal del presidente
municipal, Omar Cruz Reyes, a petición de este último.
Después de narrar cómo secuestraron al periodista en su casa y cómo se alejaron
del lugar, Noé Rodríguez dijo: “El Moi se le subió al señor y El Harry sacó un
cuchillo que traía, yo creo, ahí en la camioneta.
“El Harry empezó a cortarle el cuello, ya se lo cortó por completo y ya me dijo
textualmente: “ya cumplimos con la orden que había dado el alcalde de Medellín
de Bravo”.
Además de Rodríguez Martínez, quien era miembro de una banda dedicada a la
venta de droga en Medellín de Bravo, la PGJ identificó a otros inculpados en la
sustracción de Moisés Sánchez, con los alias El Harry, El Chelo, El Piolín, El Moi y
José Luis Olmos, alias El Olmos, ex miembro de la policía intermunicipal.
El 26 marzo, el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes fue relevado de su fuero
por decisión unánime del Congreso del Estado de Veracruz, y un mes después se
giró una orden de aprehensión como presunto responsable del homicidio de
Sánchez Cerezo. Según su abogado defensor, Sergio Vaca Betancourt, está en
Nueva York, en espera de tener un amparo que le permita regresar.
En tanto, el 11 de septiembre, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no atraerá la investigación
del caso de Moisés Sánchez, director del semanario La Unión, porque concluye
que su principal actividad era la de taxista y no el periodismo.
En respuesta a un recurso de amparo interpuesto el 1 de abril por la organización
Artículo 19, la Procuraduría General de la República (PGR) –de la que depende la
FEADLE- expone que no hay elementos suficientes para sostener que la privación
ilegal de la libertad y el posterior asesinato de Moisés se deba a su condición de
periodista, pues según sus propias conclusiones, esta labor la ejercía de manera
esporádica, con esa postura, la Fiscalía se alinea a la postura que desde el inicio
mantuvo el gobernador Javier Duarte de decir que Sánchez Cerezo era
taxista. Esto, a pesar de que Artículo 19 documentó que según el artículo 10 del
Código Federal de Procedimientos Penales, el caso de Moisés aplicaba en al
menos seis de los 10 supuestos bajo los cuales la FEADLE puede atraer delitos
contra la libertad de expresión.
Armando Saldaña, locutor de La Ke Buena, Tezonapa, mayo 2015.
Armando Saldaña Morales, periodista y locutor veracruzano, fue asesinado el
domingo 3 de mayo de 2015 en la zona cañera donde confluyen los estados de
Oaxaca y Veracruz. Su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura y cuatro
orificios de bala en la nuca. Armando Saldaña, conductor del programa radiofónico
La Grilla Punto y Debate en la estación Ke Buena, de Tierra Blanca. Colaboraba
en El Mundo de Córdoba, El Sol de Córdoba y La Crónica de Tierra Blanca.
Las investigaciones policiacas revelaron que el comunicador fue interceptado
cuando se dirigía a su domicilio en la comunidad de Laguna Chica, en el municipio
de Tezonapa, Veracruz. Según reportes oficiales y de corporaciones policiales, su
cuerpo fue localizado en una parcela entre las comunidades de Morelos y La
Aurora, en el municipio oaxaqueño de Cosolapa, Oaxaca, razón por las que las
autoridades veracruzanas se negaron a intervenir. “Armando era un periodista
muy frontal. Daba información veraz, muy fuerte. No se mordía la lengua. Si
hablaba de cañeros, decía lo que pensaba, aún y cuando ese es uno de los temas
delicados en la zona de Tierra Blanca, porque hay grandes intereses de dinero y
de poder”, señaló un reportero en anonimato por temor a represalias en un
municipio donde el crimen organizado tiene en el secuestro de migrantes y en el
robo de combustible a Pemex. En la zona, hay presencia de bandas delincuencias
que se dedican a robar combustible.
En Oaxaca, el viernes 22 de mayo, la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de
la Procuraduría de Justicia detuvo en el municipio de Acatlán, a Juan Carlos de la
Cruz Vergara, de 25 años de edad, a quien señaló como presunto responsable del
delito de homicidio calificado con agravante de ventaja, en agravio de Armando
Saldaña, en cumplimiento a la orden de aprehensión Causa 147/2015 librada por
el Juez de Garantías de San José Cosolapa. Su asesinato no ha sido esclarecido
aún, y su familia quedó sin su principal proveedor.
Juan Mendoza Delgado, director de Escribiendo La Verdad, Medellín de Bravo, 1
de julio de 2015.
El periodista veracruzano Juan Mendoza Delgado, director general del portal de
noticias Escribiendo la Verdad, fue asesinado el 1 de julio de 2015. Su cuerpo fue
localizado con huellas de violencia.
El informador trabajaba en Medellín, donde fue ultimado, municipio ubicado al sur
de la ciudad-puerto de Veracruz.
Lo último que se supo de él fue el martes 30 de junio, a las 16:00 horas, cuando
anunció que trabajaría como chofer de taxi, labor que combinaba con el
periodismo. Los familiares del periodista presentaron una denuncia ante la agencia
séptima, ubicada en el municipio de Medellín de Bravo, según informó Taide
Pavón, esposa del comunicador.
En el municipio de Medellín, el cuerpo de Juan Mendoza Delgado apareció
vendado y semidesnudo sobre la carretera la noche del 1 de julio, aunque la
Fiscalía de Veracruz insistió que el informador fue atropellado. Su asesinato no ha
sido esclarecido.
Rubén Espinosa Becerril, fotoperiodista de Proceso y Cuartoscuro, Distrito
Federal, 31 de julio 2015.
Fotógrafo y periodista mexicano de la agencia Cuarto Oscuro y la revista Proceso,
fue especialista en la cobertura de protestas sociales e investigación sobre la
corrupción del poder y su relación con el narcotráfico, trabajo por el que recibió
múltiples amenazas en Veracruz, estado del que salió en 2015.
Rubén Espinosa nació el 29 de noviembre de 1983 en la ciudad de México y fue
asesinado junto con cuatro mujeres el viernes 31 de julio de 2015, en el Distrito
Federal (DF). Todos los cuerpos mostraban huellas de tortura y el tiro de gracia.
El fotoperiodista, en entrevista otorgada al canal de televisión RompeViento, culpó
al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de las amenazas recibidas,
así como de las agresiones perpetradas contra manifestantes y ciudadanos
molestos por la forma de gobierno en esa entidad.
https://www.youtube.com/watch?v=wnA1HKwmpSw
“Salí de Veracruz porque el seis de junio de 2015, supe que estaba siendo vigilado
por hombres vestidos con bermudas y playeras deportivas, de procedencia
norteña.
El 14 de septiembre de 2013, mientras documentaba un violento desalojo de
maestros y alumnos en la Universidad Veracruzana, Rubén y otros compañeros
de profesión fueron agredidos por las fuerzas de seguridad del estado y se les
obligó, sin éxito, a eliminar las imágenes de sus equipos digitales. De su autoría
fue una foto del gobernador Javier Duarte aparecida en la portada de la edición
1946 de la revista Proceso (editada el 15 de febrero de 2014) que molestó
especialmente al gobernador por su mirada rencorosa y desafiante, aunque el
mandatario negó que la foto le molestara durante una entrevista con El Universal.
El 9 de junio de 2015 se autoexilió de Veracruz y regresó a su ciudad natal, la
Ciudad de México, debido a amenazas de muerte en su contra, en que varias
personas lo intimidaron con la frase: «Bájale o te va a pasar lo mismo que a
Regina Martínez», periodista asesinada el 28 de abril de 2012.
El proceso judicial de las investigaciones (FBJ/ BJ-1/T2/4379/15-07), es un claro y
reciente ejemplo del pésimo sistema de investigación para esclarecer su
homicidio, pues el expediente está lleno de irregularidades diversas: se restó
importancia a la posibilidad de que su asesinato estén relacionados con su trabajo
como fotorreportero y a las amenazas que recibió.
En su asesinato se ha dado más relevancia a la hipótesis de que se trató de un
asalto; se criminalizó a las víctimas en función de su nacionalidad, su sexo y su
oficio. En este momento, se menciona la posibilidad de que el narcotráfico de
Colombia esté vinculado a la muerte de fotorreportero.
El 12 de septiembre fue detenido el tercer implicado, César Omar Martínez
Zendejas, quien fue ingresado al Reclusorio Norte. El diario La Razón informó que
el sujeto de 32 años de edad, detenido el pasado viernes en la delegación
Coyoacán, era empleado de la tienda Zara, esto en la plaza comercial ubicada en
Avenida Patriotismo, en la colonia San Pedro de los Pinos. Aceptó haber
participado en los hechos de la colonia Narvarte, pero niega haber asesinado a las
cinco personas.
Cabe destacar que el ex policía capitalino, Abraham Torres, segundo detenido por
el multihomicidio, declaró ante el Ministerio Público que “El Yuye o El Omarcito”
era parte del grupo criminal de “Los Zetas”.
El primer detenido por el multihomicidio en la colonia Narvarte, donde fallecieron el
fotoperiodista Rubén Espinoza, la activista Nadia Vera, Yesenia Quiroz Alfaro,
Mile Virginia Martin y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete Avilés, es Daniel
Pacheco Gutiérrez, de 41 años, quien estuvo internado en el 2000, en el
Reclusorio Preventivo Norte, por los delitos de robo y violación, indicó la PGJDF
en un comunicado.
Reporteros desaparecidos:
Evaristo Ortega Zárate, director del semanario Espacio, desaparecido en Xalapa el
19 de abril de 2010.
Editaba el semanario Espacio en el municipio de Colipa. Lo último que se conoció
es que fue “levantado” por elementos de Seguridad Pública en pleno periodo
electoral, el 19 de abril de 2010.
Su hermana, Irene Ortega, recibió varios mensajes en los que él aseguraba haber
sido arrestado por la policía en Xalapa, la capital del estado. Desde entonces, no
se tienen noticias de él.
“Avísale a todos”, “nos llevan detenidos”, “nos llevan en patrulla hacia Veracruz”,
señalaba el mensaje que Evaristo Ortega Zárate envió a su hermana. A partir de
ese momento su familia lo busca en vano. La policía local ha negado desde
entonces estar involucrada en el asunto. La entonces Procuraduría General de
Justicia del Estado abrió la investigación, pero hasta la fecha sigue sin resolverse.
Lo único que se supo después es que un comando de supuestos policías que,
utilizando patrullas semejantes a las de la policía de Veracruz, “levantó” al
periodista Evaristo Ortega Zárate y Francisco Mota Uribe, lo mismo que al señor
Andrés Anglada Morgado, de Nautla, los tres aspirantes aspiraban a ser
candidatos del PAN a alcaldes.
Según la columnista Claudia Guerrero, primero la PGJV reunió los elementos para
integrar la investigación ministerial en contra de Fernando Hernández Masegoza,
ex alcalde panista de Colipa, quien supuestamente había amenazado a Evaristo
Ortega, pero aguantarían la orden de detención hasta que diera inicio formal la
campaña de gobernador en ese año, con el fin de asestar un golpe mediático a
sus enemigos políticos de Acción Nacional.
Pero, dice Guerrero, la investigación llegó hasta la Secretaría de Educación de
Veracruz, cuando estaba a cargo de Víctor Arredondo Álvarez. Allí, se conoció que
Fernando Hernández Masegoza, conservaba una plaza de profesor, que desde
varios años antes, gozaba de una comisión y se encontraba asignado al área de la
Oficialía Mayor de la SEV, cuyo titular era el ahora diputado federal Edgar Spinoso
Carrera. Según Claudia Guerrero, Hernández Masegoza habría estado sirviendo
a los intereses de la SEV, en la zona de Misantla, pues la SEV sirve como
estructura de base para la estrategia electoral del partido oficial.
Este hecho, involucraría también a Julio Vélez Hernández, quien era encargado de
la agenda y responsable de decisiones trascendentales de Arredondo, éste
personaje fue ubicado durante la investigación ministerial como soporte político de
Hernández Masegoza, y protector junto con Edgar Spinoso. (Fuente Proceso
y http://www.periodicoveraz.com/nota.php?id=5388)
Gabriel Fonseca Hernández “Cuco”, reportero del Diario de Acayucan,
desaparecido desde en Acayucan el 17 de septiembre de 2011.
Familiares de Manuel Fonseca Hernández fueron quienes denunciaron la
desaparición del reportero de la fuente policiaca del periódico El Mañanero de
Acayucan (propiedad de Fernando Kuri, asesor del diputado federal Jorge Carvallo
Delfín), quien contaba apenas con 19 años de edad.
De acuerdo con los familiares, Fonseca Hernández desapareció desde el sábado
17 de septiembre de hace cuatro años, cuando salió de su domicilio para cubrir un
evento del periódico y ya no regresó ni se comunicó a la redacción del diario.
El padre del joven reportero, Juan Fonseca Aguirre, presentó en ese entonces la
denuncia correspondiente ante la Agencia del Ministerio Público de Acayucan,
ante el temor que “algo malo le haya sucedido”, dijo. La denuncia ante las
autoridades judiciales quedó registrada con el número de averiguación previa
ACA/621/2001.
Apenas el viernes 26 de septiembre, los padres del joven periodista y colegas de
Acayucan, realizaron una protesta en la Fiscalía General y bloquearon la calle de
Enríquez para exigir el esclarecimiento del caso.
Indicaron que, posterior a la desaparición del periodista, en Acayucan localizaron
cuerpos en fosas clandestinas, por lo que ahora exigen que el ADN del reportero
sea cotejado con el de sus papás.
“De esta manera sabremos si entre los cadáveres estaba el de Gabriel Manuel
Fonseca”. Hasta el momento, el caso está estancado. (Fuente Proceso y Plumas
Libres)
Cecilio Rodríguez Domínguez, del Semanario Proyectos, desaparecido en
Chinameca el 11 de mayo de 2012.
Reportero de la revista “Proyecto de Chinameca” fue levantado la tarde del 11 de
mayo de 2012 en la calle 16 de septiembre frente a la gasolinera Cruz Verde, de
Chinameca por un comando armado a bordo de un carro rojo sin placas. No
obstante la denuncia de la desaparición del periodista la Procuraduría General del
Estado, no realizó ningún protocolo de búsqueda, y archivó su caso.
Su desaparición se dio en el contexto de una oleada de desapariciones en el
municipio, luego de la detención del alcalde Martín Padua acusado de nexos con
el crimen organizado. A la fecha no se sabe de su paradero.
Después de la agresión, sus familiares repartieron volantes donde sus padres solo
quieren saber dónde está, porque ellos temen del papel del gobierno del Estado,
en relación con la criminalidad imperante en la región.
Cecilio Rodríguez Domínguez cubría la fuente policiaca en los momentos en los
que la delincuencia organizada y las autoridades mostraban estar relacionadas. El
secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Arturo Bermúdez, en
ese entonces, señaló públicamente: “Antes se presumían de amistad con los zetas
y ahora ya no”.
Entre la información que difundió Cecilio Rodríguez estuvo la detención de Martin
Padua Zúñiga, ocurrida el 17 de abril de 2012, en posesión de 4 armas largas, 3
armas cortas, 3 granadas de mano, 23 cargadores, 433 cartuchos (CNN
MEXICO), acusado de delitos por delincuencia organizada. Su caso penal es
99/2012/V, siendo alcalde por el PAN de Chinameca.
El alcalde fue detenido en una balacera en una casa de Minatitlán, donde fueron
asegurados, entre otro, el líder de los zetas, José Carmen Fragoso Martínez, alias
El Comandante Reyes” o “El conchas.”
Sin embargo, el 24 de diciembre del 2013, el edil fue liberado mediante un
amparo. Apenas salió, participó en un bloque de alcaldes panistas que se pasaron
al PRI para apoyar a Enrique Peña Nieto.
Miguel Morales, fotógrafo del Diario de Poza Rica, reportado como desaparecido
en Poza Rica desde el 19 de julio de 2012.
Cubría la fuente policiaca del Diario de Poza Rica, hasta 19 de julio del 2012. Esa
noche entrego su equipo periodístico en su empresa, señalando que por motivos
personales se ausentaría de la ciudad, ya no llegó a dormir a su casa. Al otro día
su esposa lo reportó como desaparecido. Su desaparición se documentó en el
expediente PZR/384/2012.
Con un dato anexo se sabe que en 2011, antes de su desaparición, ya había sido
interceptado por hombres armados quienes le propinaron una severa golpiza para
luego dejarlo en libertad.
El periódico “Noreste de Poza Rica” afirmó que ese año se intensificó la violencia y
que en Veracruz se empezó a vivir una guerra declarada y abierta del gobierno
estatal contra periodistas independientes. Puntualizó que los diferentes grupos
armados que dominan la entidad son los que colaboran con el gobierno estatal y
que en este sentido usan las más variadas formas de acabar con un reportero
“incómodo para el sistema”.
Sergio Landa Rosado, del Diario de Cardel, desaparecido en Ciudad Cardel,
municipio de Úrsulo Galván, desde el 20 de enero de 2013.
El reportero de información policiaca del Diario de Cardel (del consorcio
informativo del magistrado Edel Álvarez Peña), Sergio Landa Rosado, fue
levantado frente a las oficinas de su periódico el domingo 20 de enero de 2013. A
las 4pm, recibió una llamada y salió, dejando su computadora encendida con un
texto incompleto que terminaría al volver. Desde entonces se desconoce su
paradero. “Hablar de ‘su caso’, indagar sobre sus posibles captores, saber por qué
(él), cómo va su proceso de investigación en la Procuraduría General de Justicia
del Estado de Veracruz (PGJV), e intentar contactar a sus familiares, es toparse
con un fuerte edificado de miedo y silencio”. A dos años y 8 meses de su
desaparición, nadie quiere informar del caso, refiere Karla Lottini, reportera ahora
exiliada en Canadá. En un texto para Nuestra Aparente Rendición, menciona que
a lo largo de semanas --cuatro meses después de reportarse la desaparición--,
intentó ponerse en contacto con el responsable del área de Personas
Desaparecidas de la entonces PGJV, sin éxito. Incluso la solicitud de información
a la Procuraduría, supuestamente la remitieron directamente al gobernador Javier
Duarte, hasta que, finalmente, Guillermo Altamirano Bencomo, agente del
Ministerio Público de la Dirección de Investigaciones Ministeriales, declaró: “El
artículo 348 del Código Penal, me impide dar información sobre la averiguación
ministerial de Landa”. (Fuentes Blog Expediente Mx y Nuestra Aparente
Rendición)
Anwar Israel Castillo Domínguez, integrante de Reporteros Policiacos,
desaparecido en Xalapa desde 2012. Raúl Alfonso Rivera, de Imagen de
Veracruz, desaparecido en Veracruz desde 2012.
De estos dos periodistas de información policiaca poco se sabe, solamente que
desde hace mucho tiempo se desconoce su paradero. En el caso de Raúl Alfonso
Rivera, algunos compañeros suyos han dicho extraoficialmente que fue levantado
por un comando armado, para luego desaparecer. Algunas versiones lo dan por
muerto, y otras dicen que está exiliado en Estados Unidos al peligrar su vida en
Veracruz.
Anexos Michoacán
