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“Lealtad y Honor al Servicio de Coahuila”

PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE

ZARAGOZA

2018- 2024

CAPITULO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL ................................................................. 2

CAPITULO 2. MARCO ESTRATÉGICO ............................................................................. 3

2.1 MISIÓN. ................................................................................................................. 3

2.2 VISIÓN. .................................................................................................................. 3

2.3 EJES ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACCIÓN. .............................................. 3

2.3.1. Eje 1. Fortalecimiento del capital humano. ....................................................... 3

2.3.2. Eje 2. Transparencia y Rendición de Cuentas. .................................................. 8

2.3.3. Eje 3. Cero Impunidad en la investigación y persecución de los delitos. ........ 12

2.3.4. EJE 4. Control interno y combate a la corrupción. .......................................... 17

CAPITULO 3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO ........................................................... 22

ANEXOS ............................................................................................................................... 24

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CAPÍTULO 1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

En el proyecto del Plan de Gestión de la Fiscalía General de Justicia, se involucran los valores más

preciados para la sociedad, como son su patrimonio, la seguridad, la vida, la salud, la libertad; en

suma son el reflejo de su tranquilidad o zozobra dentro del espacio social.

La función sustantiva de procuración de justicia dentro de esta Fiscalía, como lo es el

esclarecimiento de los delitos y la sanción a quienes los cometen, sólo pueden desarrollarse en

forma exitosa, mediante la planeación analítica, ordenada y metódica de sus labores, tal como se

previene en la Ley Orgánica de esta institución.

Este Plan de Gestión, obedece a la necesidad de ordenar las operaciones necesarias para llevar a

cabo el proyecto de procurar justicia, al fijar los ejes estratégicos y establecer las líneas de acción

para alcanzar los resultados propuestos.

Para cumplir una de las obligaciones fundamentales del Estado, como es asegurar al ciudadano

un estado de derecho garante de la paz social, resulta útil establecer metas de trabajo, fijar las

tareas a desarrollar, designar responsables de procedimientos y finalmente evaluar los

resultados obtenidos en el corto y mediano plazo, lo cual solo puede lograrse mediante acciones

contenidas y determinadas en un proyecto de gobierno.

La ruta institucional que se siguió para la elaboración del Plan se dividió en cuatro etapas:

Conceptual Colaborativa

Incluyente y de

Participación Ciudadana

Construcción

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Eje 1 •Fortalecimiento del capital humano y Rediseño Institucional

Eje 2 •Transparencia y Rendición de Cuentas

Eje 3 •Cero Impunidad en la investigación y persecución de los delitos

Eje 4 •Control Interno y Combate a la Corrupción

CAPÍTULO 2. MARCO ESTRATÉGICO

2.1 MISIÓN.

Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, los derechos humanos y los intereses

tutelados por la ley, en cumplimiento de los objetivos del proceso penal, que son el

esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, que el culpable no quede impune y que

se repare el daño, a fin de hacer prevalecer el Estado de Derecho.

2.2 VISIÓN.

Ser una Institución verdaderamente autónoma, confiable y con capacidades suficientes para

desempeñar sus funciones de manera eficaz y eficiente, que permitan asegurar el acceso a la

justicia y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales

de los que el Estado mexicano sea parte.

2.3 EJES ESTRATÉGICOS Y LINEAS DE ACCIÓN.

El Plan de Gestión está estructurado en 4 ejes estratégicos que nos permitirán al concluir su

desarrollo a través de las líneas de acción alcanzar la Visión planteada. Los ejes estratégicos son

los siguientes:

2.3.1. Eje 1. Fortalecimiento del capital humano.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila cuenta con un total de 2173 servidores públicos, de

los cuales 439 son agentes del Ministerio Público; 125 peritos; 838 agentes de investigación y

772 de personal administrativo.

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Para que los servidores públicos desempeñen sus funciones con legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad, eficiencia, respeto a los derechos humanos, de forma tal que se logren los

objetivos y metas de su trabajo, se requieren cinco cualidades esenciales:

En una Institución de Procuración de Justicia con autonomía técnica, operativa y presupuestal, el

Capital Humano es su activo más importante y debe verse con un sentido integral, no limitado al

personal que realiza las funciones sustantivas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A.1. Diseño organizacional e implementación y operación del Servicio Profesional de Carrera.

Uno de los primeros objetivos será la conclusión del diseño institucional de la Fiscalía General

como organismo constitucional autónomo, pues se requiere establecer las nuevas unidades

administrativas, y /o redistribución de competencias y facultades para administrar, ejercer y

rendir cuentas del presupuesto que se asigna a la institución para cumplir con la función pública

encomendada.

Así mismo de acuerdo a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las

instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia deberán de contar con un Servicio

Profesional de Carrera para sus integrantes, por lo que se considera primordial para fortalecer el

capital humano de la Fiscalía General, será la implementación y operación del Servicio

Sentido de pertenencia a la Institución, de manera que tomen como propias las causas institucionales y se consideren parte de un equipo y, a la vez, sientan el respaldo de la Institución.

Capacidades, destrezas y habilidades, aquellas que exige el perfil del puesto de cada uno de los operadores de la institución.

Integridad personal, no solo se requiere cumplir con un perfil académico para el ejercicio de un puesto, si no con un conjunto de valores éticos y morales, que contribuyan y garanticen un ejercicio intachable, ajustado a la legalidad y en defensa de los intereses que representa esta institución.

Recursos materiales y tecnológicos necesarios para el desarrollo del trabajo o comisión encomendados, pues de satisfacerse las necesidades básicas para el desarrollo de la función encomendada, se limitan las posibilidades de incurrir en hechos de corrupción para satisfacer esas necesidades o en justificaciones para no llevar acabo lo encomendado.

Remuneraciones y prestaciones acordes con las responsabilidades y el trabajo desempeñado, lo cual contribuye a mantener un ambiente de trabajo estable en beneficio de los usuarios de los servicios de la institución.

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Profesional de Carrera, para agentes del Ministerio Público, Policía de Investigación y Servicios

Periciales que conforman la institución.

Para ello se requiere implementar las siguientes acciones:

A2. Capacitación, especialización y profesionalización.

Como órgano constitucional autónomo, es preciso generar capacidades de profesionalización

propias que no estén subordinadas a otros entes públicos o privados. Si bien la Fiscalía General

del Estado y la entonces Procuraduría General de Justicia ha avanzado de manera significativa en

la capacitación de los servidores públicos, aún se observa la problemática siguiente:

No se cuenta con disponibilidad presupuestal para la formación inicial, capacitación,

especialización y actualización del personal, se depende en su mayoría de recurso federal y de

que existan economías en otros rubros que generen disponibilidad en el presupuesto local.

El Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera, no cuenta con

A.1.1. •Diseñar y emitir el manual de organización de la Fiscalía General.

A.1.2.

•Diseñar los perfiles de puestos que se requerirán en las distintas unidades administrativas y operativas de la Fiscalía General, atendiendo a los lineamientos aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de las leyes generales y nacionales en materia de procuración de justicia.

A.1.3.

•Elaborar un catálogo de puestos, categorías, niveles y tabuladores, específicos de la Fiscalía General, acorde con sus características, incluyendo todos los puestos administrativos y operativos.

A.1.4.

•Diseñar el paquete de remuneraciones y prestaciones para cada perfil de puesto, sobre una base razonable, que a la vez permita la movilidad de los servidores públicos para el ascenso a categorías superiores dentro del Servicio Profesional de Carrera, tratándose de personal ministerial, policial y pericial.

A.1.5.

•Dotar de suficiencia presupuestal a los tabuladores y prestaciones de la Institución, los cuales deben ser acordes con las funciones.

A.1.6.

•Generar las plazas administrativas y operativas que se requieran acorde a las cargas de trabajo y especialización que los servicios de procuración de justicia demandan.

A.1.7.

•Implementar un esquema de validación del personal de la Fiscalía General que fue migrado de la Procuraduría General de Justicia, para verificar que cumplen con los perfiles de puestos diseñados para la operación del nuevo órgano constitucional autónomo, a través de las evaluaciones respectivas (control de confianza, del desempeño y de competencias laborales).

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instalaciones propias, por lo que está a expensas de que la Secretaría de Seguridad Pública, o

bien instituciones educativas públicas o privadas nos faciliten sus espacios para llevar acabo

nuestros programas de capacitación.

Por otra parte se requiere que los programas académicos del Instituto de Estudios Penales y

Formación Profesional del Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera,

cuenten con reconocimiento de estudios de la Secretaria de Educación Pública.

Se requiere dotar a cada servidor público de al menos 40 horas de capacitación al año,

conforme a su perfil de puesto y sus funciones, ello implica generar un programa anual de

capacitación para las 5 ramas básicas del personal, Ministerio Público, Policía de Investigación,

Peritos, Facilitadores y personal administrativo.

Además de la capacitación y formación inicial en el sistema de justicia penal acusatorio, es

necesario generar destrezas y habilidades en el personal ministerial, policial y pericial en la

aplicación práctica del sistema (intervención en audiencias, argumentación jurídica, etc.).

Es prioritario considerar la capacitación integral de todo el personal (por ejemplo, en materia

de derechos humanos, atención a víctimas, etc.), así como las de carácter especializado de

acuerdo con lo que disponen los ordenamientos de aplicación concurrente (secuestros,

desaparición y trata de personas, violencia de género, entre otros), cuyos lineamientos han sido

establecidos por instancias nacionales.

Por lo anterior se consideran las siguientes acciones:

A3. Mejorar recursos materiales para el servicio público.

Existen inconsistencias y limitaciones administrativas que es necesario corregir, tales como la

integración de los expedientes del personal, el padrón vehicular, la revista de las armas de fuego

con que cuenta la Institución, dotaciones de combustible, reactivos y equipo de uso corriente en

servicios periciales, papelería y equipo de cómputo, infraestructura tecnológica y equipamiento

A.2.1.

•Certificar al Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional como centro educativo con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior.

A.2.2.

•Dotar al Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera, de instalaciones propias que permitan desarrollar los esquemas de capacitación, especialización y profesionalización que exige el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones de Procuración de Justicia.

A.2.3.

•Generar oferta educativa en materia de seguridad pública y procuración de justicia para servidores públicos municipales, estatales y ciudadanía en general, a través del Instituto de Estudios Penales y Formación Profesional, que permita contribuir al estado de derecho y a generar nuevos recursos para la especialización y profesionalización de los servidores públicos de la Fiscalía General.

A.2.4.

•Implementar la especialización de los servidores públicos de la Fiscalía General en materia de justicia para adolescentes, perspectiva de género y derechos humanos, desaparición de personas y anticorrupción.

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para inteligencia policial, por citar algunos ejemplos. Se requiere asimismo obtener mayores

recursos para optimizar espacios, dignificar oficinas, dar accesibilidad, mantenimiento y

conservación de inmuebles.

El incremento en la plantilla de personal, también requiere de un aumento en los insumos de

trabajo y una mayor capacidad para la administración de éstos, el cual debe ser presupuestado

en la misma gradualidad.

Por otra parte, al asumir la autonomía constitucional, también es necesario realizar procesos

ágiles de contratación y adquisición propios –sin perjuicio de la realización de compras

consolidadas entre instituciones públicas para obtener mejores condiciones de mercado, así

como la aplicación de ajustes y de disposiciones de racionalidad en el gasto- y, por tanto, será

necesario crear las estructuras de apoyo administrativo, ya que ahora, se cubren con plazas

operativas las funciones de mando medio a falta de estructuras, lo cual resta capacidad

operativa.

Para lo anterior, se proponen la implementación de las siguientes acciones:

A4. Ampliar los recursos financieros para la mejora del servicio.

Los recursos financieros son el punto detonador del nuevo modelo de Fiscalía Autónoma, ya que,

sin demérito de la creatividad y esfuerzo del capital humano, es obvio que para asumir nuevas

atribuciones y potencializar las actuales se requiere el apoyo presupuestal gradual y justificado,

por parte de la Legislatura del Estado.

Se deben adoptar estrategias con objetivos específicos que permitan a la Fiscalía allegarse de

recursos federales de forma oportuna.

A.3.1.

•Programa Operativo Anual 2018 y Programa Estatal Anual de Adquisiciones por parte de la Dirección General Administrativa.

A.3.2.

•Programa anual de contrataciones de personal administrativo y operativo, en base a las necesidades del servicio y disponibilidad de recursos, por parte de la Dirección General Administrativa en coordinación con el Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera.

A.3.3.

•Programa anual de auditorías, que incluya, revisión de los padrones de personal, armamento, vehículos, combustible, mobiliario y equipamiento; el cual se desarrollará por la Dirección General de Contraloría y Visitaduría en coordinación con la Dirección General Administrativa de la Fiscalía General.

A.3.4. •Programa anual de mantenimiento y conservación de inmuebles y vehículos.

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Podemos anticipar el verdadero cambio en la procuración de justicia, si revaluamos esta noble

función y recibe los apoyos económicos necesarios, pues las víctimas y la sociedad lo reclaman.

En este tenor se proponen por citar algunas, las acciones siguientes:

2.3.2. Eje 2. Transparencia y Rendición de Cuentas.

La rendición de cuentas y la transparencia son dos componentes esenciales en los que se

fundamenta un gobierno democrático. Por medio de la rendición de cuentas, el gobierno explica a

la sociedad sus acciones y acepta consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La

transparencia abre la información al escrutinio público para que aquellos interesados puedan

revisarla, analizarla y, en su caso, utilizarla como mecanismo para sancionar. El gobierno

democrático debe rendir cuentas para reportar o explicar sus acciones y debe transparentarse

para mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A1. Cercanía con la ciudadanía.

Si bien se ha avanzado mucho en mecanismos para la captación de denuncias (atención

inmediata, por internet, call center, aplicación APP, módulos de denuncia exprés, Ministerio

Público móvil), aún tenemos una alta cifra negra. Además, en términos generales, hay una queja

generalizada por la atención que se brinda a la ciudadanía en las agencias del Ministerio Público.

El sistema de justicia penal requiere de medios eficaces para la captación y atención de

denuncias y, para ello, es necesario cambiar la percepción ciudadana sobre la forma en que es

atendida. Es preciso generar nuevos mecanismos de acercamiento con la ciudadanía.

A.4.1.

•Implementación de subastas públicas de bienes asegurados que se hayan adjudicado en beneficio de la Fiscalía General.

A.4.2. •Ejecución en subasta pública los bienes desincorporados de los inventarios de la Fiscalía General.

A.4.3. •Expedición de constancias de no robo de vehículos a bajo costo.

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Para lograr concretar la visión al 2024, es fundamental la definición de la política pública, la

planeación, la disciplina, la creatividad, la actitud, pero también el apoyo presupuestal enfocado a

resultados, que progresivamente está en los recursos que la Legislatura autorice a la Fiscalía.

Es necesario otorgarle más importancia a la seguridad pública, y en particular a la procuración de

justicia, para facilitar la obtención de los resultados esperados.

A2. Facilitar la denuncia al ciudadano.

Uno de los objetivos específicos básicos, es incrementar al ciudadano el acceso a la justicia, por

ello, seguiremos facilitando la presentación de denuncias y querellas, por múltiples medios, desde

los tradicionales, al reducir el tiempo de espera y mejorar la calidad de la atención, hasta los

tecnológicos, al fortalecer y ampliar los actuales medios alternos con que contamos, y

retroalimentar al ciudadano sobre el avance de su denuncia y en su caso, su determinación.

En este sentido se propone continuar con diversos programas que se estaban desarrollando por

la entonces Procuraduría General del Estado e implementar otros mecanismos que faciliten la

denuncia:

A3. Mejorar la comunicación con la sociedad.

Debemos mejorar la función de comunicación social, ampliando los esquemas de rendición de

cuentas, de transparencia y de interlocución directa con el ciudadano, para incrementar

paulatinamente la confianza social, y con ello, la participación ciudadana a través de la denuncia,

del testimonio y del apoyo a las investigaciones para esclarecer los hechos.

A.2.1. •MP itinerante

A.2.2. •Audiencias públicas en materia de procuración de justicia

A.2.3. •APP para citas electrónicas.

A.2.4. •Seguimiento electrónico de expedientes para víctimas del delito.

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Para ello a través del uso de las tecnologías de la información se implementarán en las redes

sociales y página web oficial mecanismos de comunicación con la sociedad; además de impulsar

conversatorios con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil para interactuar

sobre temas de su interés y que trasciendan en la investigación y persecución de los delitos.

A4. Fomentar la participación ciudadana en las actividades de la Fiscalía.

Hemos señalado nuestro propósito de incrementar la participación formal de la ciudadanía en los

quehaceres estratégicos de la procuración de justicia, a través de múltiples formas, desde el

diseño de programas y políticas para la prevención del delito hasta la ejecución de las penas,

incluyendo los apoyos ciudadanos a los buenos servidores públicos que enaltezcan el servicio

público a favor de la sociedad.

A5. Incrementar la rendición de cuentas.

Además de ser una obligación legal, estamos decididos a fomentar la rendición de cuentas

institucionales a la ciudadanía; por ello, desde la Ley Orgánica de la Fiscalía General se impulsa la

rendición de informes anuales a la Legislatura del Estado, informes que se difundirán por medios

electrónicos, pero nuestro objetivo es ampliar nuestra transparencia en la página de internet de la

Institución, para que el ciudadano pueda conocer la información de la Fiscalía en forma sencilla y

pronta, sin perjuicio de que si desea profundizar en la misma, tenga los procedimientos legales

previstos en las leyes de transparencia.

En este mismo sentido, se promoverá una reforma legal a la Ley de Acceso a la Información

Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza con la finalidad de adicionar un artículo específico

para las obligaciones de transparencia de la Fiscalía General del Estado como organismo

constitucional autónomo así como ampliar el catálogo existente de tal manera que se brinde

información relevante a la ciudadanía que de cuentas de los resultados que obtiene la institución

en la investigación y persecución de los delitos.

A.6. Modernización tecnológica. (Autonomía Tecnológica.)

La autonomía es hoy un principio esencial en la procuración de justicia y, dada la importancia que

actualmente tiene la tecnología en el ámbito global de la justicia, la suficiencia y la autonomía, en

este tema, son objetivos prioritarios.

La infraestructura tecnológica con que cuenta la Fiscalía General del Estado de Coahuila es

limitada en cuanto a equipos, sistemas y conectividad. Para lograr una autonomía tecnológica se

propone:

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A.6.1

•Robustecer la Plataforma Estatal de Microondas con mejoras en la interconexión de los 6 puntos medulares de la Red, mediante el cambio de tecnología MPLS (Multiprotocol Label Switching) a una tecnología de red VPN (Virtual Private Network). (Enero-Abril 2018).

A.6.2.

•Incrementar la seguridad de la información en servidores y en su envío mediante la utilización de protocolos de encriptación.

A.6.3. •Mejorar el servicio de internet que se brinda a los servidores públicos.

A.6.4. •Garantizar y reducir costos de conectividad.

A.6.5.

•Implementar el Proyecto Integral de Alta Disponibilidad de los Sistemas de Información y Bases de Datos del (SIGI) para el aseguramiento y resguardo de la misma.

A.6.6. •Dotar a las áreas especializadas de ancho de banda suficiente para el desarrollo de sus labores.

A.6.7.

•Dotar de equipo de cómputo y tecnológico a las áreas de la Fiscalía General del Estado y a las de nueva creación.

A.6.8.

•Integrar a la Plataforma Estatal de Microondas todos los puntos de prestación de servicios de la Fiscalía General del Estado (Fiscalías Especiales, Direcciones Generales y áreas que se encuentran ubicadas fuera de los edificios centrales, Agencias del Ministerio Público fijas e itinerantes, Servicios Periciales, Agencia de Investigación Criminal, etc.)

A.6.9.

•Implementar mecanismos de control para asegurar el correcto uso del Sistema Informático de Gestión Integral (SIGI).

A.6.10.

•Valorar el desarrollo o la compra de un módulo para obtención de indicadores sobre el uso del SIGI.

A.6.11.

•Desarrollar e implementar un Modelo Estadístico de Información (MEI), para integrar la información que generan todas las áreas de la Fiscalía que inician Carpetas de Investigación.

A.6.12.

•Establecer la coordinación con el área de análisis de información para que mediante el aplicativo de análisis de delitos de alto impacto, se generen los mapas de incidencia delictiva.

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2.3.3. Eje 3. Cero Impunidad en la investigación y persecución de los delitos.

La misión de la Fiscalía General del Estado es promover la acción de la justicia en defensa de la

legalidad, los derechos humanos y los intereses tutelados por la ley, a fin de hacer prevalecer el

Estado de Derecho, en este sentido para dar cumplimiento a dicha misión y a futuro alcanzar la

Visión planteada se requiere sea más eficiente la investigación y persecución de los delitos para

que los hechos que han sido puestos del conocimiento de la representación social no queden

impunes.

En este sentido se proponen las siguientes líneas de acción que materialicen el eje estratégico de

cero impunidad en la investigación y persecución del delito:

LINEAS DE ACCIÓN

A1. Profundizar la especialización.

Las Fiscalías Especializadas deben abarcar los delitos de alto impacto y especialmente lo

referente a la actuación de grupos criminales bajo una visión integral; esto es, la estructura

delictiva completa y su actuación en diversas conductas ilícitas. También es necesario que estas

fiscalías tengan sede en las diversas regiones del Estado y deberán realizar sus funciones en

coordinación con las delegaciones regionales.

Unidades de investigación de delitos específicos, conforme a ordenamientos nacionales y

generales, por ejemplo:

Secuestros. En términos de la Ley General de la materia y desde luego por ser el Estado de

Coahuila una entidad con alta incidencia.

A.6.13.

•Evaluar la compra o desarrollo de un Sistema de Registro de Personal Único que involucre a todas las áreas de la Fiscalía General (Recursos Humanos, Padrón Vehicular, Porte de Armas, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Dirección Gral. de Contraloría y Visitaduría, Dirección Gral. Jurídica, de Derechos Humanos y Consultiva, Padrón de Mobiliario y Equipo, etc.)

A.6.14.

•Capacitar al personal de la Dirección General de Informática y Telecomunicaciones en nuevas tecnologías de Telecomunicaciones, Desarrollo, Diseño, Estadísticas y Presentaciones Ejecutivas y Efectivas.

A.6.15.

•Buscar apoyos tecnológicos para acercar al ciudadano los servicios de la Fiscalía General del Estado.

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Trata de Personas. Ésta debe abarcar los refugios para víctimas.

Delitos Electorales. La reforma constitucional establece una Fiscalía Especializada en

Delitos Electorales, que deriva de la visión de imparcialidad en la investigación y

procesamiento de estos delitos (reforma político-electoral).

Desaparición de Personas. Se debe tener en consideración la posible emisión de otros

ordenamientos legales por parte del Congreso de la Unión, por ejemplo, en materia de

personas desaparecidas y desaparición forzosa, así como respecto de delitos cometidos

contra periodistas y la libertad de expresión.

A2. Ampliar la cobertura de Atención Temprana y Justicia Restaurativa.

En los términos del CNPP y la Ley Nacional de la materia se ha avanzado mucho en el tema. Las

unidades de atención temprana y justicia restaurativa son el punto de entrada a los servicios de la

Institución. Estas unidades deben operar de manera coordinada con las Unidades de Tramitación

Masiva de Casos y las Unidades de Investigación y Litigación.

Bajo ese contexto, es necesario poner en marcha el Registro Estatal de Acuerdos Reparatorios.

Se tiene la meta de implementar el modelo de gestión de tres pisos en todas las delegaciones,

actualmente solo está operando en Sureste y Norte I, por lo que se prevé que quede

implementado al término de esta gestión en todo el territorio, así como en las Fiscalías

Especializadas.

Por otra parte se cuenta con Unidades de Justicia Restaurativa en cada delegación sin embargo,

se requiere más personal, por lo que se espera integrar a dichas unidades, a 10 facilitadores

penales, 6 coordinadores de facilitadores, 5 responsables del control y seguimiento de acuerdos

reparatorios.

Las Unidades de Atención Integral y las de Justicia Restaurativa estarán distribuidas de manera

estratégica, lo anterior, con el objetivo de acercar al mayor número de ciudadanos los servicios

multidisciplinarios que ofrecen dichas unidades. Estas unidades brindan los siguientes servicios:

Orientación Jurídica (Orientadores Jurídicos)

Inicio de carpetas de investigación (Ministerios Públicos)

Justicia Restaurativa (Facilitadores)

Como apoyo adicional, se cuenta con los servicios de Atención Psicológica

Apoyo de Trabajo Social

La Justicia Restaurativa se ha extendido también en materia de Adolescentes, y en todas las

unidades antes citadas se atienden casos de justicia para adolescentes por personal capacitado.

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A3. Implementar el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes.

La Ley de la materia otorgó dos vacancias legales, un año para contar con personal certificado

para mecanismos alternativos de solución de controversias para adolescentes y tres años para

contar con todos los recursos que la Ley indica, especializados en materia de justicia para

adolescentes, lo que además de impacto presupuestal, implica procesos de reorganización,

equipamiento y certificación de operadores, tanto del Ministerio Público, como policías, peritos y

facilitadores, desafío que requiere un programa específico de trabajo y diversos proyectos por

cada eje de la implementación interinstitucional, que desde luego habremos de hacer en razón

del interés superior del adolescente.

En este tenor entre las principales acciones a llevar acabo, es contar con una Unidad de

Investigación y Litigación especializada en cada Delegación Regional, con la infraestructura

acorde a la atención que debe brindarse al adolescente, su familia y víctimas del delito, y con el

personal especializado en todas las ramas que requiera atención el procedimiento penal.

Así mismo se impulsará un programa especial de asesoría y atención psicosocial a los padres o

tutores de adolescentes a quienes se les atribuye la comisión de un delito, a fin de contribuir con

el proceso de reintegración social y familiar.

A4.Control, Administración y Destino de Bienes Asegurados.

En virtud de la comisión de un hecho considerado por la ley como delito se generan objetos o

productos derivados del mismo, y en la mayoría de los casos esos objetos o productos se

encuentran ligados a una averiguación penal o carpeta de investigación en calidad de bienes

asegurados. En este sentido es importante eficientar el control, administración y destino de

bienes asegurados que se lleva a través de la Dirección de Bienes Asegurados de esta institución.

Por lo anterior se proponen las siguientes acciones:

A.4.1.

•Implementar un sistema electrónico de registro de bienes asegurados.

A.4.2.

•Implementar bóvedas de evidencias y bienes asegurados en cada delegación

•1. Implementar unidades de bienes asegurados en cada delegación regional.

•2. Realizar visitas o auditorías periódicas a las bodegas de bienes asegurados para cerciorarse del registro, control y resguardo de los bienes asegurados, esto por parte de la Dirección de Bines Asegurados en conjunto con la Dirección General de Contraloría y Visitaduría.

•3. Implementar mecanismos que permitan la administración eficiente de los bienes asegurados hasta su destino final

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A5. Potenciar los Servicios Periciales.

A pesar de que en el Estado de Coahuila se ha estado trabajando constantemente en diversos

temas, entre ellos la de servicios periciales, estos aún se encuentran limitados en cuanto al

número de especialidades, recursos materiales, equipo adecuado y recursos humanos. En el

marco del sistema de justicia penal acusatorio, es necesario que los servicios periciales tengan un

papel cada vez más destacado en las investigaciones y en el planteamiento de imputaciones y

acusaciones ante la autoridad judicial. La importancia de fortalecer a los Servicios Periciales

estriba en que un asunto que se trabaja desde su inicio, con los mejores recursos y equipamiento

utilizado por los especialistas, derivará en mayores elementos para auxiliar al Ministerio Público y

a la Policía de Investigación en el desarrollo de la investigación, por lo que se desprenden las

siguientes acciones:

A.5.1 •Consolidar la operación del laboratorio de genética.

A.5.2.

•Impulsar la remodelación de los servicios médicos forenses de Saltillo, Matamoros, Monclova y Piedras Negras.

A.5.3.

•Construcción de los SEMEFOS en las delegaciones en las que no se cuente con ellos. (Laguna II, Carbonífera y Norte II)

A.5.4. •Consolidar las unidades de identificación de personas de la Dirección General de Servicios Periciales.

A.5.5.

•Adoptar un esquema de trabajo en el que las investigaciones de mayor calado estén a cargo de un grupo en el que participen Policía de Investigación, Servicios Periciales y Analistas de Información, de manera coordinada, bajo la conducción del Ministerio Público.

A.5.6.

•Implementar la existencia de áreas de servicios periciales en todas y cada una de las delegaciones regionales que conforman la Fiscalía y que además se encuentren en las unidades especializadas que operan en los centros de justicia para la mujer, tortura, secuestro, etc.

A.5.7.

•Fortalecer la base de datos en materia de genética con muestras de todos los restos humanos que sean hallados, e iniciar la recopilación de muestras en fosas comunes.

A.5.8. •Certificar los laboratorios de genética y balística.

A.5.9. •Construir y equipar el Complejo de servicios periciales y ciencias forenses.

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A6. Transformar la Policía de Investigación.

De conformidad con el CNPP, la mayor parte de la investigación de los delitos recae en la Policía,

la cual debe hacerse sobre bases científicas, con respeto a los derechos humanos y con

perspectiva de género. Cada vez se emiten más criterios judiciales que restringen las facultades

de los cuerpos de policía en aras del respeto a los derechos humanos y el debido proceso y, por

tanto, es necesario actualizar las técnicas de investigación constantemente.

Desde luego, es fundamental que los fiscales y los mandos de policía tengan una buena relación

que permita el trabajo coordinado. Esto debe ser una subordinación funcional de la policía a los

fiscales, en tanto el Ministerio Público conduce la investigación en términos constitucionales, pero

lo esencial es que trabajen como equipo, tanto como con el Ministerio Público como con los

Peritos.

Bajo ese contexto, la Policía de Investigación debe quedar organizada, equipada, adiestrada y

capacitada para cumplir en forma general con sus tres modalidades de actuación: Investigación

de campo, inteligencia estratégica y acción en fuerza; para optimizar su eficiencia y eficacia en

estas tres modalidades de actuación requiere orgánicamente de personal, ciencia y tecnología,

vehículos, armamento y municiones así como vestuario y equipo, aunado a un planteamiento y

dirección centralizada y una ejecución descentralizada que le permita actuar con rapidez,

cumpliendo así con el principio de concentración y economía de fuerzas, todo esto bajo la

dirección del Ministerio Público.

A7. Fortalecer la protección de personas que intervienen en procedimientos penales.

Se requiere disponibilidad presupuestal para poner en marcha la Ley que ordena su protección y

apoyo. Actualmente está en proceso de implementación la Dirección General de Atención y

Protección de Testigos y Terceros Involucrados en el Proceso Penal, así como el programa y

lineamientos para la protección de personas.

Es de vital importancia consolidar el sistema de protección de personas que intervienen en los

procedimientos penales, pues se han dado casos en los que testigos o víctimas desisten en su

intervención, muchas veces por miedo.

Por otra parte, se debe mejorar el control de las medidas de protección que dicta el Ministerio

Público y de su cumplimiento o seguimiento; especialmente esto último debe realizarse en los

temas de violencia de género.

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A8. Mejorar intervención en juicio de amparo.

La intervención del Ministerio Público en el juicio de amparo indirecto y directo es fundamental

para la defensa de los derechos humanos de las víctimas e imputados, así como para hacer valer

la Ley, por ello, es necesario fortalecer el seguimiento de los juicios de amparo, incluso hasta la

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y su participación en éstos cuando sea procedente, a fin

de que las sentencias en los mismos consideren los derechos de todos.

A9. Vigilar la legalidad de la ejecución de sentencias penales.

En su oportunidad, conforme a la ley nacional de la materia, establecer los recursos que

correspondan a la Institución para el seguimiento efectivo de la ejecución de condenas, su

modificación y cumplimiento, en particular, agentes del Ministerio Público y bases de datos.

A10. Fortalecer combate a la violencia de género.

La violencia contra las mujeres se encuentra permeada de manera profunda en el pensamiento

humano y es por ello que resulta muy compleja su erradicación, a diferencia de otras formas de

violencia; deben crearse líneas de acción para combatir este fenómeno no como una ayuda a un

grupo vulnerable, sino como una vía de acceso al pleno ejercicio de las garantías y libertades de

las mujeres.

Asimismo, es importante velar por la formación y reforzamiento en los temas con “perspectiva de

género” de todo el personal de la Fiscalía de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección

a Víctimas y Testigos.

Para su atención, es fundamental consolidar e impulsar las Unidades de Atención Integral y las

Unidades de Investigación y Litigación adscritas al Centro de Justicia y Empoderamiento para las

Mujeres en el Estado, así como la creación de un mayor número de agencias del Ministerio

Público en materia de violencia sexual, familiar y de género para cubrir todo el Estado, bajo un

modelo de atención especial y con personal sensible a estos temas.

Adicionalmente, es necesario crear una unidad administrativa a cargo del diseño e

implementación de políticas públicas en materia de procuración de justicia, en relación con la

violencia de género.

2.3.4. EJE 4. Control interno y combate a la corrupción.

Partimos de la obligación de especificar, las funciones y actividades de cada servidor público, en

el marco jurídico aplicable (reglamentos, manuales, protocolos, etc.), lo que permitirá

18


implementar los mecanismos de control y evitar la discrecionalidad en la toma de decisiones, con

un estricto apego a las leyes y los programas en materia de procuración de justicia, bajo la

evaluación y supervisión por verdaderos oficiales de cumplimiento normativo.

Es de vital importancia comprender que para que se tenga una verdadera certeza jurídica, se

requiere que existan herramientas que controlen el actuar del servidor público. Una de ellas, es la

normatividad que debe regir la forma en la que se llevarán a cabo las actuaciones de dichos

servidores, para que ejecuten las acciones necesarias de acuerdo a la naturaleza de su labor,

conforme a las leyes que le sean aplicables y de esta manera, lograr el objetivo de todo servidor

público, que es atender a la ciudadanía con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y

eficiencia.

Aunado a lo anterior, deben existir órganos que cumplan la labor de procuración de justicia en

relación al actuar de la figura del servidor público en su sentido más amplio, como un eficaz

contrapeso y equilibrio que vele por que se cumplan con las normas aplicables y como

consecuencia, que se protejan los intereses colectivos de forma continua, transparente,

permanente y organizada.

Consideramos que esta función tradicionalmente realizada por el Órgano Interno de Control, es

apreciable fundamentalmente por su resultado y no solo por la prevención. En ese sentido, la

habilitación de los compliance officer nos permitirá asegurar a priori que en la Fiscalía todos

cumplamos con la normativa aplicable a la función de procuración de justicia y con los principios

éticos que en su oportunidad se dicten al interior de la Institución en lo relativo al servicio y la

convivencia entre servidores públicos, mediante el seguimiento de al menos, los puntos

siguientes:

Identificación: Habrá de identificar los riesgos a los que se enfrenta un servidor público de

la Fiscalía por negar, dilatar, obstaculizar o condicionar el acceso a la justicia de los sujetos

procesales y de cualquier ciudadano que solicite justicia.

Prevención: Conociendo los riesgos, se deberán diseñar e implementar medidas estándar

para evitar que el acceso a la justicia se niegue, dilate, obstaculice o condicione por

cualquier servidor público de la Fiscalía, involucrando a la línea de mando para efectos de

supervisión.

Monitoreo y detección: Medir la efectividad de los controles implementados, informando a

la línea de mando los resultados para efectos de sanción.

Resolución: Cuando a pesar del monitoreo y acompañamiento que se haga surja algún

problema de cumplimiento, buscar una solución de alto nivel.

Asesoramiento: Otorgar a la línea de mando y al personal operativo la información

19


necesaria para que realice su trabajo de conformidad con las normas, planes y programas

aplicables.

Lo anterior sin perjuicio de que la Dirección General de Contraloría y Visitaduría y la Fiscalía

Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción ejerzan las funciones que tienen

encomendadas.

LÍNEAS DE ACCIÓN

A1. Implementación y consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción.

Con motivo de las reformas y disposiciones de nueva creación surgidas como consecuencia de la

publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción,

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 27 de mayo de 2015, es que se busca dar

sustento al Sistema Nacional Anticorrupción como reflejo de la necesidad de que distintos actores

en nuestro país, se coordinen para prevenir, investigar y sancionar la corrupción.

Es por ello, que el 14 de julio de 2017, se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del

Estado de Coahuila de Zaragoza, Número 56, Segunda Sección, el Decreto 903 por el que se

reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de

Coahuila de Zaragoza, en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción, así como el

Decreto 904 mediante el cual se crea la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de

Zaragoza, resaltando con ambos instrumentos, que el actuar del servidor público es relevante por

las implicaciones tanto éticas, como por los daños que se pueden llegar a causar, en el supuesto

de que este último, se vea envuelto en prácticas de corrupción, dejando de cumplir de esta

manera, con las tareas que se le otorgan.

A través de estas reformas, se crea el Sistema Estatal Anticorrupción en el estado de Coahuila de

Zaragoza, como parte de la participación decidida y activa de que las instituciones actúen con los

estándares más altos de ética y eviten involucrase en hechos de corrupción, en el entendido de

que de verse envueltos en este tipo de prácticas, existan órganos sancionadores que eviten la

impunidad.

A2. Fiscalía Anticorrupción.

El estado de Coahuila de Zaragoza como parte de los Sistemas Nacional y Estatal Anticorrupción,

crea la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción, como órgano especializado

para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción,

como un reflejo del esfuerzo por atender un tema tan esencial para el estado y para el país, que

20


fortalezca la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones.

Esta Fiscalía Especializada, órgano integrante de dicho Sistema, deberá contar con la autonomía

necesaria para que verdaderamente pueda cumplir con la funciones que se le encomiendan,

evitando con esto, obstaculizar o impedir la correcta implementación y funcionamiento de dicho

órgano especializado, diseñando políticas públicas que le permitan prevenir, identificar y combatir

la corrupción, participando de manera directa con todos los órdenes de gobierno, así como con

los sectores público y privado, organismos autónomos, y demás entes locales, nacionales e

internacionales relacionados con este tema, para que de manera coordinada se atiendan las

necesidades de la población y se logre la consolidación que se pretende con la implementación

del Sistema Anticorrupción.

A3. Respeto a los Derechos Humanos.

Asegurar que la actuación de los servidores públicos involucrados en la procuración de justicia,

sea acorde a los principios de respeto a los derechos humanos y a la equidad, así como con

estricto apego a las normas jurídicas.

La Institución debe ampliar el ámbito de competencia de la Dirección General Jurídica, de

Derechos Humanos y Consultiva con las siguientes funciones:

A.3.1.

•Mejorar la atención de asuntos en materia de derechos humanos ante instancias nacionales, fundamentalmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

A.3.2.

•Ampliar la capacidad para lograr amigables composiciones, conciliaciones y otras formas de terminación de asuntos ante instancias nacionales e internacionales sobre derechos humanos, pero también para atender las recomendaciones y realizar las acciones necesarias para que éstas se den por cumplidas.

A.3.3.

•Generar capacitación permanente del personal de la Institución y diseño de programas preventivos para evitar quejas por violaciones a los derechos humanos, o bien, para demostrar que éstas son infundadas.

A.3.4.

•En conjunto con el Centro de Profesionalización, Acreditación, Certificación y Carrera, elaborar calendarios o jornadas de capacitación dirigido a todo el personal de la Dependencia, en materia de Cultura Institucional del Respeto a los Derechos Humanos, Igualdad, Legalidad y Transparencia, en las labores relacionadas con la procuración de justicia; esto en coordinación con las dependencias competentes en cada área.

21


A4. Fortalecer al Órgano Interno de Control.

Este será el órgano que, en términos de la reforma constitucional federal, tendrá a su cargo la

imposición de sanciones administrativas por infracciones no graves a los deberes de todo servidor

público de la Fiscalía, o bien, solicitar la imposición de sanciones administrativas por infracciones

graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa. Conforme a la propuesta de reforma en materia

Anticorrupción, el titular del Órgano Interno de Control será designado por la Legislatura, para ello

requiere ser fortalecido para cumplir cabalmente sus atribuciones.

A5. Mejorar el Régimen Disciplinario.

De conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la

República, las instituciones de seguridad pública se regirán por sus propias leyes. Inicialmente

éste fue un régimen especial que regulaba la relación de trabajo de los servidores públicos con

las instituciones de seguridad, a quienes se les consideraba como trabajadores de confianza. Al

paso del tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la relación de los

servidores públicos con las instituciones de seguridad era de carácter administrativo y por tanto,

la separación de sus integrantes constituía un acto de autoridad que podría ser impugnado ante

los tribunales administrativos.

Dada la particular naturaleza del servicio de procuración de justicia, es necesaria la Visitaduría

General, como órgano técnico-jurídico de prevención, control, vigilancia, supervisión e inspección,

de las funciones desarrolladas por el personal operativo de la Fiscalía, encargado de mejorar la

calidad del servicio y en su caso, dar vista al órgano interno de control –por infracción al régimen

A.3.5.

•Elaborar manuales de investigación e integración de carpetas de investigación con los lineamientos que señalan las recomendaciones generales emitidas en materia de Derechos Humanos

A.3.6.

•Fomentar la conclusión de los expedientes iniciados por quejas de violaciones a los derechos humanos, por la vía de la conciliación.

A.3.7.

•Instituir un programa para supervisar el cumplimiento de recomendaciones que emitan los organismos públicos de derechos humanos.

A.3.8.

•Establecer los procedimientos que se deban seguir para atender las solicitudes de representantes y visitadores de los organismos públicos de los Derechos Humanos, para colaborar con ellos las indagatorias que realicen.

A.3.9.

•Celebrar convenios con las instituciones y organismos correspondientes para impartir cursos, conferencias y talleres, con el objeto de fomentar la equidad de género y la prevención de la violencia de género.

22


de responsabilidades administrativas,– a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y

Justicia por infracción al régimen disciplinario– o a la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos

de Corrupción, por posible responsabilidad penal.

La Dirección General de Contraloría y Visitaduría, deberá tener facultades y personal suficientes

para el debido control y supervisión, de tal suerte que contribuya de manera efectiva a disminuir

los índices de corrupción al interior de la Institución.

Este régimen disciplinario particular coexiste con el régimen de responsabilidades administrativas

general y ambos se conectan entre sí, sin embargo, el primero regula las infracciones

administrativas que son propias de la actividad sustantiva de las instituciones de seguridad y, por

tanto, propio del personal operativo. Estará a cargo de Comisión del Servicio Profesional de

Carrera, Honor y Justicia, conforme a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de

Seguridad Pública, la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado y el correspondiente

Reglamento del Servicio Profesional.

3. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Toda estrategia para su efectividad, debe contar con un sistema de seguimiento y parámetros de

evaluación que nos permitan conocer el grado de cumplimiento de cada uno de los 4 Ejes

planteados y líneas de acción establecidas en este Plan de Gestión, para ello se establecen los

indicadores y las metas a cumplir.

1. Porcentaje de muertes violentas con

respecto al total de defunciones.

Definición: Es el porcentaje de muertes

accidentales y violentas en la entidad, con

respecto del total de defunciones.

2. Porcentaje de población de 18 años y

más, víctimas de algún delito en la

entidad.

Definición: Es el porcentaje de víctimas de

un delito respecto a la población total.

3. Denuncias del fuero común por cada

100 mil habitantes.

Definición: Es el total de denuncias del fuero

común, por cada 100 mil habitantes.

4. Porcentaje de delitos denunciados.

Definición: Es el porcentaje de personas que

denuncian un delito, respecto del total de la

población que ha sufrido algún delito.

5. Promedio de delitos por víctima.

Definición: Es el resultado de dividir el total

de delitos, entre la población que ha sufrido

algún delito en el mismo periodo,

multiplicado por 100.

6. Porcentaje de delitos sin carpeta de

23


investigación.

Definición: Es el porcentaje de delitos sin

carpeta de investigación, respecto del total

de expedientes turnados al Ministerio

Público.

7. Porcentaje de percepción “Muy

Efectiva” del desempeño del Ministerio

Público.

Definición: Es el resultado de dividir el total

de personas satisfechas con el desempeño

del Ministerio Público entre el total de

personas que han solicitado el servicio del

Ministerio Público en el mismo periodo,

multiplicado por 100.

El seguimiento puntual a los indicadores de desempeño permitirá a la Fiscalía en el

mediano plazo, identificar las fuerzas y debilidades operativas con el propósito de

programar y reorientar el gasto a la satisfacción de las necesidades de la población en

materia de procuración de justicia.

Los indicadores serán conducentes con las metas específicas y representativas de las

funciones básicas de la Fiscalía; es decir, de la efectividad de las actuaciones del

Ministerio Público en el número de carpetas de investigación (incluso de noticias

criminales) que atiende, partiendo de la situación actual.

24


ANEXOS

25


Directorio de Instituciones Universitarias y Asociaciones de

Abogados en Coahuila.

SURESTE

1. Facultad de Jurisprudencia de la

Universidad Autónoma de Coahuila.

2. Instituto Universitario del Valle de

Santiago, (UNIVAS) Campus Saltillo.

3. Universidad del Valle de México Campus

Saltillo.

4. Universidad La Salle Campus Saltillo.

5. Universidad Autónoma del Noreste

Campus Saltillo.

6. Universidad Vizcaya de Las Américas

Campus Saltillo.

7. Universidad de Estudios Avanzados,

(U.N.E.A.) Campus Saltillo.

8. Universidad Interamericana para el

Desarrollo, (U.N.I.D.) Campus Saltillo.

9. Instituto Nacional de Estudios

Sindicales y de Administración Pública

Saltillo.

10. Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey Campus

Saltillo

11. Foro Profesional de Abogados de

Saltillo, A.C.

12. Abogados del Estado de Coahuila,

A.C.

13. Abogados Unidos de Saltillo, A.C.

14. Asociación de Licenciadas en

Derecho de Coahuila, A.C.

15. Fuerzas Unidas por Nuestros

Desaperecidos en Coahuila.

16. Fuerzas Unidas por Nuestros

Desaparecidos en México.

17. Confederación Patronal de la

República Mexicana.

18. Cámara Nacional de la Industria de

la Transformación.

LAGUNA I y II

19. Facultad de Derecho de la Universidad

Autónoma de Coahuila.

20. Instituto Universitario del Norte.

21. Universidad del Valle de México Campus

Laguna.

22. Universidad La Salle Campus Laguna.


Campus Laguna.

24. Universidad de Estudios Avanzados,

(U.N.E.A.) Campus Laguna.

25. Universidad Autónoma de la Laguna.

26. Instituto Tecnológico de Estudios

Superiores de Monterrey Campus

Torreón.

27. Instituto de Postgrado y Humanidades.

28. Instituto Nacional de Estudios Sindicales

y de Administración Pública Campus San

Pedro.

29. Centro Universitario Coahuilense

Campus San Pedro.

30. Federación de Barras, Colegios, Foros y

Asociaciones de Abogados de Coahuila,

A.C.

31. Colegio Regional de Abogados de la

Laguna, A.C.

32. Foro de Abogados de Sampetrinos, A.C.

33. Gremio de Juristas por San Pedro.

34. Foro de Abogados del 22 de Octubre,

A.C.

35. Cámara Nacional de Comercio-Torreón.

36. Grupo V.I.D.A. de Laguna A.C. Víctimas

por sus Derechos en Acción.

26


CENTRO

37. Facultad de Administración, Contaduría y

Derecho de la Universidad Autónoma de

Coahuila, Campus Monclova.


Campus Monclova.

39. Universidad Vizcaya de Las Américas

Campus Monclova.

40. INPOSHUAC - Instituto de Postgrado y

Humanidades de Coahuila

41. Unión Campesina Democrática de

Coahuila.

42. Universidad Politécnica.

CARBONÍFERA

43. Universidad Autónoma del Noreste,

Campus Sabinas.

44. Centro Universitario Coahuilense

Campus Sabinas.

45. Universidad Metropolitana de Coahuila

Campus Nueva Rosita.

46. Escuela Superior de Contaduría,

Administración y Derecho Campus Nueva

Rosita.

47. Colegio de Abogados de la Región

Carbonífera, A.C.

48. Foro de Abogados de la Región

Carbonífera A.C.

49. Asociación de Mujeres Abogadas de la

Región Carbonífera, A.C.

NORTE I

48. Facultad de Administración, Contaduría

y Derecho de la Universidad Autónoma

de Coahuila Campus Piedras Negras


Campus Piedras Negras.

50. Asociación Alas de Esperanza.

51. Colegio de Abogados de Piedras Negras.

52. Defice Club Rotario.

53. GPRESA ALP - Asociada Libre de Piedras

Negras.

NORTE II

54. Universidad Vizcaya de las Américas

Campus Cd. Acuña.

55. Instituto Nacional de Estudios

Sindicales y de Administración Pública

Campus Cd. Acuña.

56. Universidad Azteca (Por un México

Trascendente) Campus Cd. Acuña.

57. ASOCIACION MAQ. INDEX - (INDEX)

Industria Maquiladora y Manufacturera

de Exportación.

58. Consejo de Abogados Litigantes de Cd.

Acuña.

plan de gestiÓn institucional fiscalÍa general del … · profesional de carrera, para agentes...

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