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¿Un país con futuro minero? Patricio Rivas Página 2 Marlon Santi: “Proponemos la inversión hacia la protección de los espacios de vida” Página 7 El conflicto de la Ley minera en Ecuador Teodoro Bustamante Página 7 Algunas características de la minería y su marco legal en el Ecuador Ana Esteves Página 14 ¿La minería industrial como factor de desarrollo? Paúl Cisneros Página 17 Página 20 ACTORES LA P ALABRA EL OBSERVADOR CIFRAS CONTEXTOS BRÚJULA Asimetrías y controversias entre actores plurales L a elaboración de la ley minera en este año se presentó como una oportunidad de concreción del capítulo séptimo de la Constitución 2008, referido a los derechos de la naturaleza, que constituye una declaración sin precedentes en otros países. Sin embargo, lo que nos permitió esta ley fue observar un nuevo episo- dio de controversias y asimetrías a partir de representaciones contra- puestas sobre la naturaleza. Por una parte, se podría decir que el Estado, a través de la ley mine- ra, concibe la naturaleza como objeto de administración pública, como fuente de recursos naturales a ser explotados, como mercancía que entra en el ámbito de la apropiación y el intercambio, y quizá final- mente como lugar de aplicación de principios cívicos referidos a la “necesidad” de ponerla al servicio del mayor número posible de ecua- torianos al ser fuente de financiamiento del presupuesto público. Este tipo de repre- sentaciones de la naturaleza reeditaría, siguiendo a P. Descola (2005), la idea de utiliza- ción de la naturaleza, la misma que se forjó desde inicios de la modernidad, es consti- tutiva de la cultura occidental y ha sido la condición necesaria para su desarrollo. Además, estas representaciones modernas, de acuerdo con Latour (1991), producen dos tipos de asimetrías: la primera es una separación interna entre humanos y no humanos y, a partir de esta misma operación, la segunda es una separación externa que estable- ce la superioridad de la cultura occidental por sobre las demás culturas. Por otra parte, los pueblos indígenas expresan una representación simbólica de la naturaleza y la reivindican como elemento indisociable de su propia vida. La naturaleza, desde estas representaciones, posee un espíritu, intenciones, sentimientos, lenguaje y mo- ral que no difieren de lo humano y, por lo tanto, no puede ser concebida como objeto. No es difícil, en estos contextos asimétricos, que aquellos que no estén de acuer- do con las representaciones modernas sean tildados de irracionales. Nosotros diríamos más bien que se trata de dos racionalidades, dos principios de justicia, que se contra- ponen radicalmente, que son irreductibles y que –quizá– podrían llegar a un compro- miso a través del diálogo. En este número 3 del boletín de políticas públicas se plantean algunas pistas para el debate.Patricio Rivas da cuenta de las controversias entre actores por la ley mine- ra y las sitúa en torno a tres ejes: las nociones diversas de desarrollo, la problemática de la protección ambiental y la cuestión del diálogo. La entrevista con Marlon Santi, presidente del consejo de gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE– desde enero del 2008, nos permite acercarnos al pensa- miento de los pueblos indígenas con respecto a la naturaleza y, consecuentemente, conocer los argumentos de oposición a la ley minera.Teodoro Bustamante reflexiona sobre los conflictos que abre la aprobación de esta ley, a la luz de la experiencia del país en cuestiones petroleras. Paúl Cisneros enmarca estos conflictos en experiencias internacionales de explotación minera. Ana Esteves aporta con referencias legales y datos estadísticos sobre esta actividad productiva.Al final se presentan algunas referen- cias bibliográficas. Editorial 3 Controversias sobre la actividad minera en Ecuador Boletín del Programa de Políticas Públicas - FLACSO Sede Ecuador - Febrero 2009 Betty Espinosa 1 Profesora investigadora de FLACSO Ecuador

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Page 1: Página 2 Editorial - Repositorio Digital FLACSO Ecuador

¿Un país

con futuro minero?

Patricio Rivas

Página 2

Marlon Santi:

“Proponemos la inversión

hacia la protección de

los espacios de vida”

Página 7

El conflicto de la Ley

minera en Ecuador

Teodoro Bustamante

Página 7

Algunas características de

la minería y su marco legal

en el Ecuador

Ana Esteves

Página 14

¿La minería industrial

como factor de desarrollo?

Paúl Cisneros

Página 17

Página 20

ACTORES

LA PALABRA

EL OBSERVADOR

CIFRAS

CONTEXTOS

BRÚJULA

Asimetrías y controversiasentre actores plurales

La elaboración de la ley minera en este año se presentó comouna oportunidad de concreción del capítulo séptimo de laConstitución 2008, referido a los derechos de la naturaleza,

que constituye una declaración sin precedentes en otros países. Sinembargo, lo que nos permitió esta ley fue observar un nuevo episo-dio de controversias y asimetrías a partir de representaciones contra-puestas sobre la naturaleza.

Por una parte, se podría decir que el Estado, a través de la ley mine-ra, concibe la naturaleza como objeto de administración pública, comofuente de recursos naturales a ser explotados, como mercancía queentra en el ámbito de la apropiación y el intercambio, y quizá final-mente como lugar de aplicación de principios cívicos referidos a la“necesidad” de ponerla al servicio del mayor número posible de ecua-

torianos al ser fuente de financiamiento del presupuesto público. Este tipo de repre-sentaciones de la naturaleza reeditaría, siguiendo a P. Descola (2005), la idea de utiliza-ción de la naturaleza, la misma que se forjó desde inicios de la modernidad, es consti-tutiva de la cultura occidental y ha sido la condición necesaria para su desarrollo.Además, estas representaciones modernas, de acuerdo con Latour (1991), producen dostipos de asimetrías: la primera es una separación interna entre humanos y no humanosy, a partir de esta misma operación, la segunda es una separación externa que estable-ce la superioridad de la cultura occidental por sobre las demás culturas.

Por otra parte, los pueblos indígenas expresan una representación simbólica de lanaturaleza y la reivindican como elemento indisociable de su propia vida. La naturaleza,desde estas representaciones, posee un espíritu, intenciones, sentimientos, lenguaje y mo-ral que no difieren de lo humano y, por lo tanto, no puede ser concebida como objeto.

No es difícil, en estos contextos asimétricos, que aquellos que no estén de acuer-do con las representaciones modernas sean tildados de irracionales. Nosotros diríamosmás bien que se trata de dos racionalidades, dos principios de justicia, que se contra-ponen radicalmente, que son irreductibles y que –quizá– podrían llegar a un compro-miso a través del diálogo.

En este número 3 del boletín de políticas públicas se plantean algunas pistas parael debate. Patricio Rivas da cuenta de las controversias entre actores por la ley mine-ra y las sitúa en torno a tres ejes: las nociones diversas de desarrollo, la problemáticade la protección ambiental y la cuestión del diálogo. La entrevista con Marlon Santi,presidente del consejo de gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenasdel Ecuador –CONAIE– desde enero del 2008, nos permite acercarnos al pensa-miento de los pueblos indígenas con respecto a la naturaleza y, consecuentemente,conocer los argumentos de oposición a la ley minera.Teodoro Bustamante reflexionasobre los conflictos que abre la aprobación de esta ley, a la luz de la experiencia delpaís en cuestiones petroleras. Paúl Cisneros enmarca estos conflictos en experienciasinternacionales de explotación minera. Ana Esteves aporta con referencias legales ydatos estadísticos sobre esta actividad productiva.Al final se presentan algunas referen-cias bibliográficas.

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Controversias sobre laactividad minera en Ecuador

Boletín del Programa de Políticas Públicas - FLACSO Sede Ecuador - Febrero 2009

Betty Espinosa1

Profesora investigadora de FLACSO Ecuador

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Es en torno a estos sectores que nos proponemosexponer algunos de los motivos discursivos más persis-tentes y cuyo alcance podrá manifestarse en la aplica-ción de una nueva política de minería en el medianoplazo. Nuestras conversaciones con estos actores nospermiten acotar tres ejes de discusión: las nociones entorno al desarrollo, la protección ambiental y su rela-ción con el uso de nuevas tecnologías, y finalmente eldiálogo y los conflictos sociales.

La apuesta por una nueva minería responsable

El día 12 de enero de 2009, mientras en las afueras dela Asamblea Nacional un grupo de ecologistas efectua-ban una huelga de hambre, fue aprobado por laComisión Legislativa el texto de la nueva Ley deMinería. Tras el veto parcial del Ejecutivo, el 29 deenero fue publicada en el Registro Oficial. Entre lasdisposiciones de la ley se encuentran las regulacionesde la gran minería metálica a cielo abierto.

Tal como lo relata el Subsecretario de Minas, JoséSerrano1, hasta la presente fecha existen en el país úni-camente proyectos mineros a gran escala en fase de

exploración, mientras que la actividad en explotaciónes de pequeña escala y de tipo artesanal. Precisa queson cuatro los grandes proyectos de minería a granescala que existen en la actualidad: el de Mirador yPanantza-San Carlos en las provincias de ZamoraChinchipe y Morona Santiago; el de Fruta del Norteen Zamora Chinchipe; el de Quimsacocha en elAzuay, y el de Río Blanco igualmente ubicado en elAzuay.

Si bien el aporte a la economía nacional no ha sidosignificativo, las cifras sobre su potencial son elevadas,lo cual ha creado serias expectativas de explotación,tanto por parte de los sectores económicos ligados a laminería, nacional e internacional, como por parte delgobierno. En estas circunstancias, la reactivación de lapropuesta minera parece tener un repunte significativoy es asociada a la promesa de los beneficios económi-cos que de su producción se obtendrían. A pesar queen la actualidad los minerales han reducido su precioen los mercados internacionales, la apuesta del gobier-no se ve marcada por una estrategia de desarrollonacional que buscaría dejar de depender del petróleoen el mediano plazo, pero insistiendo en la minería, locual según sus críticos demostraría paradójicamente sudecisión de mantener el modelo de desarrollo extrac-tivista que ha marcado la historia del país.

Esta preocupación por una nueva minería respon-sable puede plasmarse en la urgencia del gobierno porestablecer un marco jurídico que contenga estrictasnormas y regulaciones de protección ambiental, lascuales garanticen la recuperación de la capacidad deregulación, control y de fiscalización estatal, que asegu-re los esperados beneficios económicos para el país.Pero mientras no entre plenamente en vigencia, elrégimen de aplicación de la nueva ley de minería que-dará en suspenso hasta conocer la verdadera capacidadpolítica y de gestión del Estado, la cual tendrá queajustarse al intenso ritmo que se propone el gobierno,sin que el apuro signifique tropezar con las mismaspiedras del pasado.

Es de destacar que algunos de los aspectos del pro-ceso productivo de la minería industrial son sometidos

2 actuar en mundosplurales No. 3

¿Un país con futuro minero?Si bien se puede decir que el Ecuador es un paíscon larga tradición minera, la actual polémica estáen lo particular enfocada a la próxima introducciónde un nuevo tipo de explotación: la gran minería acielo abierto, es decir, una actividad extractivametálica industrial. Sobre ésta se ha desatado unaintensa discusión, ampliamente mediatizada, queha involucrado a representantes de la minería, alGobierno y a organizaciones de la sociedad civil.

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Gloria Chicaiza

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a críticas debido al impacto ambiental que presupone.Estos son identificados por sus detractores como lamodificación sustancial del paisaje del área explotada,causada por la remoción considerable de tierra, susconsecuencias socioculturales en la población local y lautilización de químicos tóxicos tales como el cianuro,que sirve para extraer el mineral pero que contaminaparticularmente los recursos acuáticos de la zona. Porsu lado, varios de los actores mineros recuerdan queesta industria suministra los recursos minerales indis-pensables para el desarrollo científico-tecnológicoactual, lo que aumentaría su importancia económicapara el país. No obstante, esta aparente dicotomía dis-cursiva oscurece la dimensión histórica y las prácticaspolíticas del tema, puesto que a pesar de tratarse de unaindustria incipiente en el país ésta ya ha perfilado cier-tas características importantes de recordar.

El precedente más importante de la gran mineríaen el Ecuador se desarrolló en la localidad de Intag.Esta comunidad, ubicada en el cantón Cotacachi,Imbabura, ha desarrollado desde 1993 una oposiciónefectiva a los planes de empresas mineras extranjerasque se proponían explotar importantes yacimientos decobre y de molibdeno. La primera resistencia produjoel retiro en 1997 de la empresa japonesa Bishimetals yposteriormente, a partir de 2004, la acción se concen-tró hacia la minera canadiense Ascendant Cooper, lacual en su plan de manejo ambiental preveía la reubi-cación de tres comunidades de la zona.

Pero tal como lo recuerda Carlos Zorrilla2, diri-gente local del movimiento contra la minería, la expe-riencia con la empresa canadiense fue mucho máscompleja. Explica que el trabajo de las grandes empre-sas junior3que llegaron a Íntag estuvo enfocado a neu-tralizar los problemas sociales que se asocian a la explo-ración de la zona y no a la explotación minera. Señalaque “contrataron a varias empresas de seguridad, loque nosotros llamamos paramilitares, que dispararoncontra la comunidad… el armamento que utilizaba laempresa era ilegal, eso se comprobó pero nunca elgobierno hizo nada”.Anota que “nos enfrentamos conesa otra cara de la minería que nunca se debate, que el

país no conoce, esta otra cara de la minería que esmucho más agresiva, que atropella los derechos huma-nos e incluye amenazas de muertes. Son toda una seriede acciones para tratar de destruir la oposición y quecreó tremenda división en la zona de Intag”.

En efecto, desde 1995 la organización Defensa yConservación de Íntag (DECOIN) había mantenidoun rol protagónico en la resistencia contra los planesmineros de la zona. Pero luego, en 2004, la empresaCanadiense Ascendant inició una labor de desarrollocomunitario, consiguiendo la conformación delConsejo para el Desarrollo de laparroquia García Moreno(CODEGAM). Esta labor comu-nitaria de la empresa logró divi-dir a los pobladores en dos ban-dos. De manera que “las comuni-dades estaban totalmente dividi-das, divisiones entre familias, por-que algunos hermanos fueron atrabajar con la empresa” recuerdaZorrilla.

Posteriormente, a raíz de laaplicación del Mandato Cons-tituyente No.64 fueron revertidaspara el Estado dos concesionesmineras de Íntag, mientras que latercera no logró obtener un per-miso de la municipalidad de Co-tacachi, lo cual supuso la suspen-sión de las labores de la empresaminera canadiense. Aunque co-mo lo explica Zorrilla, la comu-nidad sigue dividida porque “laempresa crea la ilusión que yamismo regresa, que esperen no-más, que es cuestión de días, se-manas o meses. Entonces haypersonas que se tragaron el cuento que la minería esbuena porque trae empleos… Todavía hay ese tipo dedivisión basada en la esperanza de que las empresas vana regresar y dar empleo a todo el mundo, lo cualobviamente no es cierto”. El discurso alrededor deldesarrollo y del empleo toma un espacio central en laconfrontación. La posición de Zorrilla al respecto esclara, “si estamos destruyendo las comunidades y cre-ando división y va a destruir nuestro medio ambiente,ese no es el tipo de desarrollo que queremos”.

La noción de desarrollo como un eje de la polémica

En Íntag la puesta en marcha de actividades de de-sarrollo eco turístico, de producción hidroeléctrica,artesanal y de café de sombra constituyeron un aspec-to central de la estrategia de resistencia a las empresasmineras, lo cual implicó un trabajo de carácter partici-pativo con los gobiernos locales. Zorrilla indica que,“irónicamente, enfrentarnos en contra de la mineríanos ayudó a organizar nuestro pensamiento, en con-centrarnos en reflexionar sobre qué es el desarrollo: ¿Eldesarrollo es solo tener un buen sueldo? ¿Buenascarreteras? O es tener una buena relación entre las

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Apesar que en la actualidadlos minerales han reducidosu precio en los mercados

internacionales, la apuesta delgobierno se ve marcada por unaestrategia de desarrollo nacionalque buscaría dejar de depender delpetróleo en el mediano plazo, peroinsistiendo en la minería, lo cualsegún sus críticos demostraríaparadójicamente su decisión demantener el modelo de desarrolloextractivista que ha marcado lahistoria del país.

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comunidades, entre las familias, una comunidad salu-dable en todo sentido”.

De manera que la fractura de la paz social en lascomunidades, que señala el dirigente, va a expresarseen discursos aparentemente contrapuestos de la nocióndesarrollo. Para Gloria Chicaiza5, representante deAcción Ecológica, existen dos versiones, “la una es laque sostienen las empresas para quienes sí hay desarro-

llo, para quienes la minería es sus-tentable y sostenible, y la otra eslo que dice la gente de las co-munidades que estuvieron ahíque han sido criminalizadas, quehan sido desplazadas, que ahoraviven y pululan en los patios tra-seros de las ciudades, como las deCajamarca (Perú) y que antespertenecían a las comunidades delas que fueron desplazadas”,tomando como referencias lasexperiencias internacionales so-bre el tema.

Sin embargo, para elSubsecretario de Minas, JoséSerrano, no existe una contradic-ción, dado que estas dos modali-dades pueden complementarse,así “se puede realizar actividadminera e invertir los beneficioseconómicos que la actividadgenere en proyectos de desarrollosustentable, que en el medianoplazo nos permita salir como paísde un modelo extractivista…

puesto que la perspectiva que tenemos como gobier-no no es coyuntural, estamos planificando para unhorizonte a largo plazo, donde no solo veamos quepasa mientras la minería está, sino sobre todo consoli-demos un proceso de desarrollo productivo y socialpara cuando la minería ya no esté”. Precisa además queel país obtendría beneficios por medio de la genera-ción de empleos directos e indirectos, como por lascontribuciones económicas que deriven de las regalí-as,“las mismas que deberán ser invertidas en proyectosde desarrollo sustentable en la región del proyectominero”.

Para Cesar Espinosa6, Presidente de la Cámara deMinería del Ecuador, la nueva ley de minería pone demanifiesto una nueva voluntad expresada por elPresidente Correa, quien “tiene una convicción, estáfocalizado en lo que sería un desarrollo minero debeneficio para el país, incluyente, donde la riqueza seaadecuadamente repartida, donde la generación de em-pleo sea una propiedad, donde aumente la capacidadadquisitiva de los ciudadanos ecuatorianos gracias aesto pueda hacer caminar el aparato productivo gene-ral, no es solo que produzcamos bien sino que hayaquien nos compre ese producto”. Pero asimismo acotaque todo depende de cómo se logre administrar estosrecursos a partir del Estado y también garantizar “quelas tierras que fueron mineras mañana estén lo sufi-cientemente habilitadas, para que mañana sean útilespara otros propósitos sustentables y renovables”.Agrega que “la idea es que el recurso del sector extrac-

tivo no renovable sirva para generar mecanismos pro-ductivos renovables y sustentables”.

No obstante, los movimientos contra la mineríaponen énfasis en el peligro inmediato que corren losmodos locales de producción y los daños de los aspec-tos culturales que se produciría por la implementaciónde la extracción a gran escala. Así, Chicaiza, sostieneque “a partir de que llegue la minería se rompe unmodelo que se sostiene localmente, entonces es lapelea de un modelo que viene y que se impone sobreotro”, además de agregar un posible rompimiento deldesarrollo comunitario, explica “los proyectos están enzonas donde hay grupos como los shuar (en referenciaa los proyectos en la cordillera del Cóndor) ¿dónde losvan a mover? ellos tienen que convertirse en trabaja-dores de las minas y los demás tienen que salir, es comola anunciada desaparición colectiva de los shuar”, a locual se suma el hecho que “del otro lado de la fronte-ra del Perú también hay concesiones mineras y se estámirando como un distrito binacional y van a tener queser desplazadas esas poblaciones y junto con ellas labiodiversidad, junto con ellas el conocimiento, todo loque significa la cultura shuar”.

Pero para el Subsecretario de Minas esta aprecia-ción es incorrecta, puesto que “la ley está totalmentearticulada en la Constitución de la República”, lo que“permitirá cumplir con los preceptos constitucionalesen materia de derechos, desarrollo sustentable y con-servación”. Subraya que se exigirán “las mejores prác-ticas ambientales para proteger los ecosistemas y quelos concesionarios sean responsables, con la estrictavigilancia y control del estado, de mitigar todos losefectos que su actividad produzca en el medio am-biente”.

Contaminación y tecnologías apropiadas

Debido a que en la actualidad existe únicamenteexploración minera a gran escala, solo se puede cons-tatar contaminación en el sector de la pequeña mine-ría. En ese sentido Espinosa explica que por esa razónno se puede achacar a la mediana y gran minería la res-ponsabilidad de la contaminación, puesto que “la acti-vidad exploratoria no genera contaminación y el pocoimpacto que puede generar es normalmente recom-pensado por la mediana y gran minería. Hay variosejemplos de actividades exploratorias a lo largo yancho del país que lo han hecho con la mejor tecno-logía, con los cuidados ambientales necesarios, eso noha generado contaminación”.Así estima que la conta-minación se origina en las prácticas actuales de laminería pequeña y artesanal, que por ejemplo sigueutilizando mercurio para la recuperación del oro.

Para Rolando Moya7, Presidente de la Cámara dela Pequeña Minería de Pichincha, el problema debe deenfocarse de otra manera puesto que no se puede pararla actividad minera, hay que “buscar soluciones enconjunto, tengo que darles el asesoramiento técnico,ver la posibilidad de financiamiento a través de crédi-tos. Porque para mejorar, cambiar una máquina viejacontaminante con un equipo nuevo necesito plata,entonces tengo que buscar la posibilidad de maquina-ria para introducir la nueva tecnología”, porque “si yo

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La actual ausencia de undiálogo no hace más queaumentar la brecha

entre los diferentes actores,mientras parece instalarse uncamino socavado por demostra-ciones de fuerzas. Uno de losaspectos que puede expresarse apartir de de ahí son las limita-ciones institucionales e históri-cas que ha tenido el Estadopara mantenerse flexiblementeen un diálogo con todos losactores de la sociedad civil.

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sigo teniendo una tecnología que no optimice la recu-peración de minerales, que no tenga en donde ubicara mis desechos, el tema ambiental no se va a corregir”.Para corregir este aspecto ambiental y tecnológico unapropuesta de la Cámara de la Pequeña Minería es laconformación de parques industriales mineros en losdistritos mineros actuales, para “buscar una solucióndefinitiva a las áreas donde se viene haciendo la activi-dad minera en pequeña escala”, lo cual implicaría “darel salto de la pequeña minería a través de la nueva tec-nología, para ser más eficientes, más eficaces y con res-peto a la naturaleza. Pero éste es efectivamente un pro-ceso de capacitación de recursos humanos, de capaci-tación de las actividades a pequeña escala”, lo que sola-mente puede realizarse con “ayuda y colaboración delas instituciones públicas y asesoramiento de experien-cias de países amigos que han dado este salto”.

Por otra parte, Chicaiza pone el acento en que eldiscurso de la tecnología está principalmente orienta-do por la finalidad de lucro y no por la preocupaciónambiental y social, insiste en que, “en la industriaminera las mejoras tecnológicas no se hacen en fun-ción del medioambiente, sino en función de invertirmenos y recuperar mucho más”. Para el Subsecretariode Minas la reducción de la contaminación ambientalpor la extracción minera, debe efectuarse a través de“mejores controles por parte tanto de la autoridadminera (Ministerio de Minas y Petróleos y agencias deregulación y control minero) como de las autoridadesambientales y del agua (Ministerio del Ambiente ySecretaría Nacional del Agua)”, exigiéndose “las mejo-res prácticas ambientales para la actividad minera, quepermitan disminuir los impactos ambientales y unaremediación con las mejores tecnologías”.

Pero el énfasis puesto por el gobierno en el con-trol riguroso de las prácticas es debatido por Chicaiza,quien basándose en la negativa experiencia internacio-nal estima que “la contaminación no se puede contro-lar, pero además porque la tecnología no es infalible, si

se revisan los accidentes más nefastos que se han dadoen estas últimas décadas… puedes mirar que son de lastransnacionales, de las empresas más grandes”, por talmotivo insiste en que “no se le puede acusar solo a laminería pequeña que si es cierto que contamina, laminería grande tiene la capacidad de multiplicar esacontaminación”.

El ejemplo mencionado de Íntag puede, a juiciode los detractores de la minería, considerarse un cua-dro ilustrativo de las posibles consecuencias del esta-blecimiento de la gran minería industrial. Según estaperspectiva, estas mismas convulsiones locales, conrepercusiones internacionales, podrían trasladarse hacialas nuevas zonas mineras del sur del país al comenzar aaplicarse la nueva ley.

Conflictos sociales y diálogos

Las nociones de diálogo suponen otro momento esen-cial en los discursos. En abril de 2007, como parte de

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una experiencia inédita en el país, el gobierno inició eldiálogo minero, la cual tuvo que sortear una complejavariedad de demandas sectoriales y condujo al gobier-no a revertir las primeras concesiones mineras. Lasmovilizaciones sociales, el interés por la explotaciónderivada del alto precio de los minerales de esa épocay las consecuentes discusiones intersectoriales realiza-das a la par de este proceso estuvieron vinculadas conla promulgación del Mandato Constitucional No. 6.Posteriormente un momento de impasse se instalópaulatinamente hasta llegar al día de hoy donde se pre-sume probables recrudecimientos de la conflictividadsocial que se esperan fruto de la aplicación de la nuevaley minera.

Pero, el Subsecretario de Minas no teme por unrecrudecimiento de la conflictividad social, en la medi-da en que estas movilizaciones de resistencia a la apli-cación del nuevo marco jurídico son encabezadas por“grupos radicales” que manipulan a las comunidades apartir de “intereses de grupos alejados al gran interésnacional”, por ese motivo apela a los ecuatorianos arechazar “toda forma de violencia o de medidas defuerza”. Para ello han iniciado un proceso de socializa-ción de la política minera del país, anunciando que enlos próximos meses, “y como parte del proceso desocialización, se abrirán aún más los canales de diálo-go” esperando que participen todos los sectores de lasociedad. Asimismo manifiesta que el diálogo serásiempre “la herramienta que el gobierno utilice entodo proceso, mucho más en esta actividad dinámica ycompleja”, finalmente aclara que “el diálogo social nospermite establecer los acuerdos y procesar democráti-camente los desacuerdos”.

Las diferentes partes en esta polémica le dan lamisma importancia al diálogo. Pero la radicalización delas posiciones hace poco probable la consecución deun diálogo en lo inmediato. De hecho la jornada deprotestas efectuada por movimientos sociales en varias

ciudades del país el pasado 20 de enero, permitióexponer públicamente a algunos de los diversos acto-res que se oponen a los proyectos de la gran minería.Pero asimismo permitió adelantar algunos de los posi-bles escenarios por los cuales éstos podrían transitar.

Contrariamente a las opiniones del gobierno y delos medios de comunicación, Zorrilla estima que laprotesta fue exitosa. Sostiene que “la prensa ha sidomuy parcial a favor de la minería y no da a conocer elotro punto de vista”. Destaca la manipulación infor-mativa de esos días de protesta que únicamente pusie-ron el acento en algunos hechos de violencia y nomencionaron el éxito de la movilización popular envarias de las localidades convocadas. De hecho estimaque la movilización permitió unir nuevamente almovimiento y que como parte de esta articulaciónorganizativa cada sector contra la minería, es decirmovimientos campesinos, gobiernos locales, juntas deregantes, indígenas y ecologistas, está desplegando unaserie de actividades legales tendientes a denunciar lapresumible inconstitucionalidad de la Ley Minera.Siguiendo esa misma orientación, Zorrilla indica quelíderes de la zona de Íntag iniciarán a inicio de marzouna serie de acciones legales para enjuiciar a la Bolsade Valores de Toronto y a la empresa minera cana-diense.

La actual ausencia de un diálogo no hace más queaumentar la brecha entre los diferentes actores, mien-tras parece instalarse un camino socavado por demos-traciones de fuerzas. Uno de los aspectos que puedeexpresarse a partir de ahí son las limitaciones institu-cionales e históricas que ha tenido el Estado para man-tenerse flexiblemente en un diálogo con todos losactores de la sociedad civil. Pero la consecución exito-sa a mediano plazo de la estrategia de desarrollo mine-ro del gobierno estará determinada por la inclusión detodos los sectores sociales en el corto plazo.

Notas

• Investigador de FLACSO-Ecuador1 Entrevista realizada el 19 de febrero de 20092 Entrevista realizada el 17 de febrero de 20093 Filiales de empresas transnacionales que realizan exploraciones

mineras o que consiguen la concesión oportunamente pararevenderla a mejor precio

4 Este mandato, también conocido como Mandato Minero, extin-gue sin compensación económica las concesiones mineras queno hayan realizado inversiones al 31 de diciembre del 2007 yque no hayan presentado una evaluación de impacto ambientalde su proyecto o realizado la consulta previa a la población local

5 Entrevista realizada el 4 de febrero de 20096 Entrevista realizada el 3 de febrero de 20097 Entrevista realizada el 5 de febrero de 2009

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¿Por qué la CONAIE considera que hay queoponerse a la minería?

La CONAIE tiene un proceso histórico y cono-ce perfectamente los procesos de extracción derecursos naturales que han ocurrido en elEcuador y las graves consecuencias que han teni-do, ya sea ésta o cualquier otra, sean minas, seanárboles, sea petróleo. Conocemos los manejosque se hacen y los que han ocurrido en territo-rios de pueblos indígenas. Eso hace que laCONAIE reflexivamente apoye la toma de deci-sión de las nacionalidades que plantean unmodelo de desarrollo, en igualdad, en el respetode la naturaleza. Un desarrollo alternativo queviene dado desde las nacionalidades hacia surepresentación nacional. Eso es la parte principalde la propuesta de desarrollo frente a los proyec-tos de extracción de recursos nacionales.

¿Qué característica tiene ese modelo de des-arrollo alternativo que ustedes proponen?

La CONAIE ha propuesto al Estado Nación,después de los problemas ambientales y despuésde los problemas que tuvimos con la TEXACOque se mantuvo como 25 años en la Amazonía,que en los territorios indígenas, en los bosquesprimigenios, en las últimas reservas que nos que-dan, que adoptáramos la inversión hacia la pro-tección de los espacios de vida, enmarcada en laredistribución o en la reingeniería de un ordena-

miento territorial. El movimiento indígena plan-teó el desarrollo del turismo comunitario, turis-mo que genera economía como el ecoturismo,que hay en la mayor parte de los territorios indí-genas y que creo que después del petróleo es lasegunda fuente de recursos que genera divisas alEcuador. Este desarrollo en algunos de los pue-blos es regulado y esto propicia que la comuni-dad también sea partícipe de los beneficios. En lasierra, las comunidades han propuesto el desarro-llo agrícola, que en los años 70 estuvo en auge enel Ecuador, pero sin la intervención de las trans-nacionales; también hay un monopolio en laagricultura, un monopolio de la semilla, eso haocurrido y está ocurriendo en el Ecuador.Nosotros optamos porque la agricultura sea unprimer eje de desarrollo y las políticas de redis-tribución económicas deben de llegar hasta allá.Estamos convencidos de que solo cuando hayauna agricultura que se genere desde el pequeñoy mediano agricultor hacia la sociedad estamosgarantizando nuestra propia soberanía alimenta-ria. Es un desarrollo económico sustentablecuando prohibamos la intervención de las trans-nacionales que manejan estas semillas. Eso es loque planteamos nosotros.

¿Existió algún proceso de consulta para hacerla ley minera?

No fuimos consultados. Este proyecto de mineríaestaba ya hecho antes de la Constituyente.

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raMarlon Santi:“Proponemos la inversión hacia laprotección de los espacios de vida”

Marlon Santi es desde enero del 2008 el presiden-te del consejo de Gobierno de la Confederación deNacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE-,pertenece a la nacionalidad Kichwa Sarayacu y seha destacado en los últimos años en la lucha con-tra las petroleras en la amazonía. En la actualidadpostula la desobediencia civil frente a la implemen-tación de la ley minera.

Entrevista realizada por Patricio Rivas

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Después implementan una socialización de esaley. Pero no había nada que respete al ámbito dela naturaleza, el Sumak Kawsay, o que respetara alos pueblos indígenas. Era una ley con directricesde las empresas. Después nosotros nos opusimosabiertamente, dijimos que esta ley no podíaentrar así mientras no se haya consultado, queesta ley estaba hecha en el Ministerio de Minas yPetróleos, y también por mineros. Después, en laAsamblea, cuando fuimos a reclamar porque estaley era inconstitucional e inconsulta, el gobiernodijo que no había que cambiar nada, que esa leytiene que entrar como tal. O sea no daba apertu-ra a que haya consenso, que hubieran recomen-daciones de la parte que íbamos a ser más afecta-dos, porque las bases de la CONAIE son las quevan a verse afectadas, porque ahí están los proyec-tos mineros más grandes del país. Entoncesempezamos a dar la lucha.Y luego hicieron algu-nos foros, pero desde la Asamblea. Pero en losforos no es que te consultan: ¿tú estás de acuerdocon esta ley de minería o no? Sino que decíanque el proyecto de ley de minería va a garantizarla intervención de las transnacionales, y que va adar plata, tantos millones. Entonces eso no es unaforma de consultarte, sino que es simplementeinformar.Y después ahí hacían firmar. Entoncesyo no sé qué consulta hubo.

¿Piensa usted que existen algunas comunida-des que sí están apoyando a la gran minería?

Claro, ellos ignoran las consecuencias. Mira, elcuento que les meten las empresas es que vieneplata, vienen millones, te vamos a dar escuelas, tevamos a dar becas, o sea te dan todo. Eso es loque la ECSA (Ecuacorriente Sociedad Anónima)

hace y un montón de empresas que están allátambién. Lo que dicen es que la minería es res-ponsable, hasta en la televisión hacen un impac-to, pero realmente no socializan lo que es la ver-dadera minería.

¿Eso es la responsabilidad social empresarial ocorporativa?

Eso es un cambio de palabras, porque antes sellamaba relaciones comunitarias. Es una empresala que viene a invertir, cuando debería ser elEstado el que tiene que dar asistencia a estenivel. Hay experiencias amargas de esto de laresponsabilidad social. En Warints (Cordillera delCóndor) había 40 familias en contra y había 70familias a favor. Las 70 familias eran las que sebeneficiaban de las escuelas, de los centros desalud, mientras que los otros no, porque no esta-ban de acuerdo. La empresa tiene profesionalesexpertos, sociólogos y antropólogos, que entrana romper la unidad local. Yo tengo un estudiohecho sobre las mentiras que hacía un represen-tante de la responsabilidad social. Había dinámi-cas de pagar a la gente; por ejemplo, en unacomunidad existe un recurso que fluctúa entre200 y 300 dólares, pero la empresa entra y dice‘nosotros te pagamos 1.000 dólares, 2000 dóla-res’, y así ponen en pugna a quien entra y aquien no entra. Ese es el problema que genera.Rompen el orden local

Ustedes han sostenido que están en estado deemergencia

Sí, en la parte sur, en la Cordillera del Cóndor.Muchos de los pueblos, comunidades que sonparte de esta nacionalidad shuar, me han dichoque se van a declarar en guerra, y yo les he dicho¿cómo? O sea porque estamos en un EstadoNación de derechos. Entonces hay un comporta-miento histórico de ellos, las dinámicas son dis-tintas, son guerreros, reductores de cabezas ydesde luego han sido permanentes en la luchaentre dos países, eso me estaba haciendo pensar¿Cómo podemos calmar los ánimos? Porque allásí va a ser fuerte, porque aunque las empresasentren, no van a poder, solo que haya muertos,solo que el gobierno ordene un estado de sitio yque el ejército empiece a pelearse ahí con nues-tras nacionalidades, solo ahí podrían. Ellos tienenalgunas experiencias, han expulsado a MineralLoweell de Warints, expulsaron a tres empresasmás y para ellos ése es su espacio de vida.

Uno puede suponer entonces que si el go-bierno está empeñado en aplicar la extracciónminera en la Cordillera del Cóndor, ¿podrían

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radicalizarse los conflictos sociales con lascomunidades?

Va a ser un trabajo fuerte para el movimientoindígena.

Me imagino que subirán el tono de la protes-ta

Claro. Por ejemplo los espacios de demanda queestamos haciendo a nivel nacional, si no surtenefecto vamos a ir a la corte internacional. Es queprimero aquí hay que hacer un proceso con lajurisprudencia y de ahí, si estas cosas no progre-saron, nosotros continuamos. El movimientoindígena tiene una agenda de trabajo y tambiénde seguir aglutinando fuerzas para defender elderecho.

Usted ha mencionado que con la gran mine-ría se producirían daños culturales ¿A qué serefería?

Cuando no hay un control del Estado hacia lasempresas, las empresas generan el paternalismo:dar todo lo que se pide. Entonces, la mineríadebe tener una duración de 20 o 30 años. Ycuando esas empresas salen de allá quedan pue-blos que luego migrarán a la ciudad y esto hacecambios culturales. El ir directamente a otro sis-tema de vida; eso hace el desarrollo. Conocemosmuchas nacionalidades que han perdido supotencialidad cultural y ya no quieren llamarsenacionalidades indígenas. Una cosa que afectabastante es el modus vivendi mismo, cambia ladinámica de vida: cero cacería, cero pesca, imple-mentación de bares, cabaret, prostitución, alco-hol, genera una degradación social y cultural. Esoha pasado en Nambija, ha pasado en Portovelo;son realidades que pasan. En eso hay que dar unbuen control; cualquier empresa que rompa conla cultura de un pueblo tiene que ser sancionada,porque estos aspectos no son remediados, porqueno tiene un valor económico, solo se podríanremediar los daños ambientales pero no los dañossociales y culturales.

Pero el gobierno sostiene que esta ley tieneuna cantidad de regulaciones y normas muyestrictas para evitar -por ejemplo- la contami-nación y para evitar el posible abuso de unatransnacional y de una empresa nacional¿Qué opina usted al respecto?

De lo que yo conozco, las empresas son la mismacosa, las empresas sean nacionales o sean extran-jeras son la misma cosa.

Entonces el problema sería con el modo dedesarrollo?

El desarrollo en toda su dimensión es la mismacosa: riqueza para muy pocos y pobreza paramuchos. Ese es el lema de ellos, o sea de todaactividad que se llame desa-rrollo.

Ustedes quieren mantener ese tipo desarrolloalejado?

Eso es lo que plantea el movi-miento indígena.

¿Existe la posibilidad derecuperar el diálogo con elgobierno?

Nunca hemos dicho que nose puede dialogar, más bienque haya espacios de conver-sación, pero que sean serios,respetando la pluralidad deideas y que se fomente undesarrollo de acuerdo a nues-tra realidad. La CONAIE ysus bases tienen que ser partede un desarrollo pero no deun desarrollo agresivo, no deun desarrollo de extracciónde recursos naturales, para quede aquí a cien años podemoscontar todavía con unaAmazonía o con los páramosaun existentes.

Programa de Políticas Públicas - FLACSO-Ecuador 9

Nosotros optamos porquela agricultura sea unprimer eje de desarrollo

y las políticas de redistribución eco-nómicas deben de llegar hasta allá.Estamos convencidos de que solocuando haya una agricultura que segenere desde el pequeño y medianoagricultor hacia la sociedad estamosgarantizando nuestra propia sobera-nía alimentaria. Es un desarrolloeconómico sustentable cuando priva-mos la intervención de las transna-cionales que manejan estas semi-llas. Eso es lo que planteamos nos-otros.

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En cierto sentido esto es sorprendente puesto quelas posiciones que se enfrentaban tenían como figu-ras emblemáticas, por un lado al presidente comoprincipal propulsor de la ley, y por el otro lado al expresidente de la Asamblea constituyente y ex cola-borador cercano del actual jefe de Estado.

Si se examina la visión de la lucha que expresa-ban las diferentes partes que intervenían en esteconflicto, tenemos que, por un lado, quienes se opo-nían a la nueva ley minera la denunciaban por per-cibirla como un instrumento que abría las puertaspara una de las peores amenazas ambientales ysociales que podía caer sobre el país. La gran mine-ría a cielo abierto. Constituía a su vez una expresiónde que el modelo económico y social por el cualoptaba el régimen, no se distanciaba del modelogeneral que ha prevalecido en el país, de vincula-ción con los mercados y capitales extranjeros. Porparte del régimen, en cambio, los opositores repre-sentan básicamente una ideología de un radicalismoinfantil, que privilegia su subjetividad sobre lasnecesidades de desarrollo del país y de la “revolu-ción ciudadana” que el régimen estaría poniendoen marcha.

Desde esta primera enunciación se observa có-mo a este debate se han ligado posiciones valorati-vas, casi podríamos decir de cosmovisión, que evo-can mucho más que simples posiciones sobre unaactividad económica. En realidad esto nos permitever que el debate sobre la minería en el Ecuadorestá cargado con elementos ideológicos, con refe-rencia a valores que pueden ser más importantesque los hechos de la minería en sí.

¿De dónde viene este equipaje?. Podríamosdecir que el primer componente es el debate, si esque tal nombre puede merecer la confrontaciónque en el país se ha venido produciendo en tornoal tema petrolero.

En efecto, la extracción de petróleo es en reali-dad una forma de minería especializada que se haconstituido también en terreno de debates fuerte-mente polarizados en nuestro país. La producción

petrolera carga sobre sí al menos un negro prestigiode ser causante de un sinnúmero de efectos perver-sos, que menoscaban la calidad de la vida de las per-sonas y que destruyen la riqueza de la naturaleza. Elsímbolo de tales efectos negativos son las piscinas delos pozos que en la vieja tecnología de la Texacorepresentaban el sitio en los cuales el petróleo fre-cuentemente se mezclaba con cursos de agua oimpregnaba inutilizando terrenos agrícolas. La cargade deudas de la actividad petrolera se hace másabultada aún en este discurso con el saldo negativode la deforestación. En efecto, la conversión de bos-ques en pastizales se multiplicó a gran velocidadalrededor de casi toda la infraestructura construidapara extraer los hidrocarburos.

Pero no se termina allí el lastre negativo que sele atribuye a la actividad petrolera.Tal vez algunosde los elementos más graves que se le imputan sonlos fardos de tipo social. Las acusaciones son muyvariadas, incluyen desde el etnocidio, la pérdida deterritorios ancestrales por parte de pueblos indíge-nas, hasta las difíciles condiciones de vida de laspoblaciones de colonos, la violencia y la alta tasa decriminalidad que prevalece en las zonas petroleras.Aún más allá de eso, el auge de la prostitución y elalcoholismo que generalmente acompaña a estasactividades es visto también como una consecuen-cia de la actividad petrolera.

Este discurso sin embargo no se compadece dealgunos elementos que están a la vista de quienquiera que los desee ver. En primer lugar, podemosseñalar que el petróleo, además de su mochila nega-tiva, sí tiene un conjunto de elementos positivos,incluso podemos decir que enormemente positivos.Señalemos la reducción drástica de la mortalidadinfantil, o la rápida reducción del analfabetismo.Incluso a nivel económico existen otros beneficioscomo son por ejemplo la importante produccióncafetera, de palma africana y sobre todo ganadera,que se benefició y fue posible gracias a la infraes-tructura petrolera que fue utilizada para esos fines.Estos efectos positivos, pueden multiplicarse.

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El conflicto sobre la Ley minera en Ecuador

El año 2009 se inaugura desde el punto de vistalegislativo con la promulgación de una nueva leyminera que ha dado origen a numerosos debates,fuertes movilizaciones, enfrentamientos violentosentre la policía y manifestantes, heridos, detenidos.

Teodoro Bustamante1

www.mundoanuncio.com

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Señalemos por ejemplo que las encuestas realizadasa los colonos que colonizaron las zonas petroleras,afirman que a pesar de largos años, a veces lustrosenteros, de vida en condiciones paupérrimas, en elmediano plazo los colonos consideran que ahora, allado de los pozos petroleros viven mejor que en sussitios de origen. Esto para no señalar también lasapreciables cifras de dinero que han fluido hacia tra-bajadores de muy diversos niveles de calificacióncomo salarios vinculados a la actividad de extrac-ción de hidrocarburos.

Sin embargo lo sorprendente es que las dosargumentaciones tienen razón: La explotaciónpetrolera ha generado recursos que han permitidoalgunos de los avances económicos sociales y huma-nos más importantes del siglo XX, y al mismo tiem-po ha generado algunos de los problemas más gra-ves de ese siglo.

Este tema puede ser llevado a una mayor con-fusión aún si es que agregamos otro elemento adi-cional.Tal vez la discusión sobre petróleo y mineríaestá además colapsada por tener que cargar sobre sushombros otro debate adicional, y éste es el de lasutopías que se proponen para la sociedad, pero queno logran plantearse de manera expresa, que nologran manifestarse como programas de acciónsocial. Nos parece ver por una parte una afirmaciónutópica anti-capitalista que se enfrenta a otra pro-puesta de un desarrollismo estatista redistributivoque tampoco logra expresarse en programas y pro-puestas.

Aquí hay evidentemente un problema de méto-do. El problema minero va más allá del capitalismo,es un tema relevante en la economía cubana, lo fuetambién y muchas veces sin mayor cuidadoambiental en las economías socialistas.

En realidad el debate tampoco puede ser lleva-do al terreno de los países subdesarrollados minerosfrente a los capitalistas que se aprovechan de losrecursos de los otros. En efecto si bien es cierto quehay algunas economías en las cuales la actividad

minera es la única actividad dinámica y en las cua-les con frecuencia la pobreza y el atraso son abru-madores, es también cierto que en otras ocasionestenemos que el desarrollo minero ha estado en elorigen de una actividad económica desarrollada ydiversificada. Hoy en día la actividad minera de lospaíses ricos y desarrollados es intensa y diversifica-da.

Tal vez se pueda buscar un camino más adecua-do para entender este problema si reconocemos quela minería, en cuanto proceso técnico productivo,tiene en sí un conjunto de problemas, algunos deellos especialmente difíciles, pero que en realidad elbalance entre sus efectos negativos ylos efectos positivos depende en lofundamental de otros factores, de laforma en que una sociedad puedeadministrar y regular esta actividad.

Proponemos en definitiva des-escencializar a la minería, y pasarnuestra atención al conjunto de lasrelaciones sociales que en torno aella se anudan.

Esta parece ser en parte la apues-ta del gobierno y de quienes impul-saron y propusieron la mencionadaley. Incorporar al texto legal todoslos dispositivos y figuras imaginablesque puedan sustentar la argumenta-ción de que se están creando garan-tías para una minería sin impactoambiental o social. La crítica de quela minería constituye una forma deentrega de la soberanía es respondi-da con un aumento de las facultadesdel Estado para revertir concesiones,mayores prerrogativas para intervenir en la actividadde las empresas. Inclusive se señalan algunos princi-pios y orientaciones que podrían constituir unabase para un marco regulatorio consistente y claro.Los aspectos más positivos, desde este punto devista, parecen ser los relativos al tratamiento delagua, y sobre todo la asignación de responsabilidadal Estado en lo referente a las consultas a las pobla-ciones locales.

Pero la negociación de la ley exigía más ele-mentos. Uno de los más importantes es el referentea quiénes tendrían acceso a los recursos generadospor la minería, y en ello no sólo la creación de lasregalías da la impresión de una mayor carga a lasempresas y beneficio al Estado, sino que sobre todose establecen ciertas formas de repartir esos recur-sos, que parecen destinadas a comprar la adhesiónde las poblaciones y autoridades locales.

Pero esa oferta tiene sus inconvenientes. Hay enprimer lugar ambigüedad en la forma de distribuirlos recursos, como dándole al Estado central unamplio campo de maniobra, para jugar con las riva-lidades de municipios, consejos provinciales, organi-zaciones indígenas y demás, pero sobre todo crean-do un entorno de ambigüedad, que se convierte en

Programa de Políticas Públicas - FLACSO-Ecuador 11

La minería no se reducea las explotaciones degrandes dimensiones de

cobre y oro que se están propo-niendo desarrollar en el país.La minería ya existe en elEcuador, y buena parte de ellaes absolutamente indispensablepara los esfuerzos de desarro-llo. El caso más conocido es elde los materiales de construc-ción y de sus respectivas mate-rias primas.

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el mejor caldo para el cultivo de la conflictividad ytambién de las prácticas corruptas.

La inteligente visión de que el Estado debe serel interlocutor de las poblaciones locales, se desdi-buja luego cuando más allá de las consultas se regre-sa al esquema de los programas de desarrollo comu-nitario empresariales. Creando con ello todas lascondiciones para repetir en la minería el caos que aeste respecto impera en el petróleo.

En realidad las diversas presiones políticas lleva-ron a que el texto final de la ley se caracterice bási-camente por la ambigüedad y la inconsistencia. Las

más elementales normas de técnicajurídica son omitidas. Casi la podrí-amos describir como una ley quetiene un solo eje central, el dar alejecutivo el máximo de poder depresión y de decisión discrecionalen el tema de la minería, relegandotodos los otros temas conflictivos aformulaciones ambiguas o contra-dictorias, que obligarán a que la leyadquiera su verdadero contenidoluego, cuando se expidan sus regla-mentos. O tal vez sería mejor decircuando se establezcan los regla-mentos definitivos. Lo cual sucede-rá, en primer lugar a un nivel dedecisión muy diferente. El deldecreto sin participación del actualsui generis organismo legislativo, nidel próximo que es de esperar quesí se conforme de acuerdo a laconstitución vigente. Será unadecisión de un ministro, y no sabe-mos como esté la correlación de

poder en el ejecutivo para ese entonces.Esta propuesta del gobierno se estructura en

torno a la idea de que la adecuada regulación de laactividad minera pasa por dotar a un ejecutivo ysobre todo a un presidente fuerte, honesto, popular,de todas las herramientas para intervenir con ampliadiscrecionalidad en contratos, concesiones y todo lodemás.

Pero tal esquema, en realidad lo que hace esdesarticular todo aparato estatal, que depende exce-sivamente de una sola voluntad, y con una dinámi-ca en la cual hay amplio espacio para que se multi-pliquen las prácticas estatales corruptas amparadasen la discrecionalidad.

Algunos de los efectos de está dinámica, el paísya los ha vivido en el campo petrolero, y se vislum-bran ya en la minería. En efecto, el terreno de laactividad petrolera ha mostrado en el Ecuador nosolamente los defectos y las negativas consecuenciasque denuncian los grupos más radicales de oposi-ción a la actividad petrolera, sino que además tene-mos una actividad estatal marcada por las dificulta-des: ineficiencia e incapacidad para remediar losimpactos ambientales. Inclusive temas tales como laremediación ambiental han sido objeto de denun-

cias relativas a daños ambientales artificialmentegenerados en la expectativa de cobrar indemniza-ciones y obtener abultados contratos para la reme-diación. Los esfuerzos para “poner en orden” a laempresa estatal toman tiempo, y sus resultados sonsolamente graduales.

Pero con respecto a las empresas privadas losproblemas tampoco faltan. El Ecuador ha vivido unactivo proceso de transferencia de la propiedad delos campos petroleros que ha dejado como resulta-do la salida de las empresas más conocidas a nivelmundial, para ser remplazadas por un conjunto deempresas menos conocidas, o aquellas empresasestatales en las cuales las negociaciones están respal-dadas por las gestiones políticas de sus respectivosgobiernos. Esto nuevamente va contra los princi-pios de la competencia y la transparencia, y nos dejacon una inversión extranjera que no está interesadatanto como la anterior en mostrar una imagen deresponsabilidad social y ambiental.

Un proceso similar ya lo vivimos en el terrenominero. Las ventas de las concesiones han comenza-do a desplazar a las empresas con mayor imagen yprestigio para dejar el terreno o bien a las empresasestatales extranjeras, o bien a inversionistas de unnivel menor, que por lo mismo tienen menos pres-tigio que cuidar y con frecuencia menor nivel deacceso a la tecnología y a los capitales que seríannecesarios para una minería con tecnología depunta y amigable ambientalmente.

Pero no son solamente éstos los problemas pre-sentes en esta discusión sobre la minería. No sola-mente se intenta discutir otros temas bajo el pretex-to de la minería, sino que además algunos temaspropios de la actividad minera no son tratados ade-cuadamente.

La minería no se reduce a las explotaciones degrandes dimensiones de cobre y oro que se estánproponiendo desarrollar en el país. La minería yaexiste en el Ecuador, y buena parte de ella es abso-lutamente indispensable para los esfuerzos de des-arrollo. El caso más conocido es el de los materialesde construcción y de sus respectivas materias pri-mas. El desarrollo del país es imposible sin un abas-tecimiento adecuado de arenas, gravas, piedras quecorresponden al rubro de materiales de construc-ción, y de los insumos para la producción decementos.

Y en este caso tenemos también un abanicoamplio de casos y variadas situaciones. Desde cante-ras artesanales, que muy difícilmente van asumien-do normativas ambientales y de seguridad, hastaempresas de grandes dimensiones, con abundantepresencia de capital extranjero que conducen ope-raciones a gran escala y con niveles de cumplimien-to de las normas ambientales y de seguridad que almenos superficialmente parecen estar en los nivelesadecuados.

Esto no significa que el marco normativo seasatisfactorio. La relación con el entorno siempre esdifícil. La legislación actual, y en esto los pasos

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En definitiva, más alládel problema de losdefectos de la ley, lo

que nos llama la atención sonlos defectos del debate, y talvez eso es consecuencia delmodelo político que funciona ennuestro país. En él solamentetenemos negociaciones deproblemas particulares, ladiscusión del tema de lasociedad en su conjunto hasido abandonada.

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dados en la nueva ley se limitan al tema de la con-sulta previa, favorecen y en realidad estimulan elsurgimiento de conflictos, y en los conflictos hayevidentemente ganadores y perdedores. En nuestropaís en el campo de los perdedores generalmenteencontramos a las posibilidades de acuerdos establessobre los diversos problemas, y la posibilidad deestablecer sinergias y cooperación entre los diversosactores.

El otro segmento de la actividad minera, es el delas diversas formas de minería artesanal, pequeñaminería y minería informal que ya están en marchay con abundantes problemas en nuestro país. En esteterreno la situación también es diversa, existenvarias formas de minería informal, que en algunoscasos representan un muestrario de todos los riesgosambientales y laborales que es posible imaginar.Esto evidentemente requiere una atención urgente.Es hasta cierto punto contradictorio que hoy díatengamos tanta preocupación por la contaminacióno los impactos sociales que podrían surgir de unaminería de gran escala, y no somos capaces demovilizar energías, recursos y creatividad paraenfrentar adecuadamente las emergencias humanasy de cuidado ambiental que ya están sucediendo ennuestra sociedad.

En este sentido cabe sin embargo hacer dosacotaciones. Por una parte ya existen esfuerzos ypasos dados. De manera tal que la tecnología y losniveles de contaminación prevalecientes en el dis-trito minero de Bellarica son mejores que los queprevalecen en la minería informal de otros países.Esto no significa que sean los adecuados, pero nosindica que lo que sucede ahora en ese distritominero es mejor por ejemplo que lo que sucedióaños antes en Nambija.

Aquí encontramos también problemas de dis-continuidad en los esfuerzos. Uno de los temas másimportante es cómo manejar las aguas que salen delos procesos de cianuración. Los esfuerzos que seimpulsan hoy retoman un tema que ya fue plantea-do hace 10 años, y que no fue completado adecua-damente.

La nueva ley no ignora a la minería artesanal, lededica algunos artículos, en un tono que parecedestinado básicamente a neutralizar las oposicionesque puedan provenir de ese sector, pero en generalmás que tratarse de una propuesta articulada, lo quevemos es un conjunto de afirmaciones generalesrespecto a atención, cuidado, preferencias, que apa-recen como complemento del cuerpo más impor-tante. Lo que sí destaca por su ausencia es la aten-ción a los placeres auríferos aluviales, es decir allavado de oro en arenas de ríos. Probablemente noexistió un grupo de presión vinculado a este sector,puesto que su ausencia es llamativa.

Otro importante aspecto a considerar es el tra-tamiento de los derechos indígenas. Nuevamentenos parece que lo que tenemos es un debate en el

cual se mezclan diversas discusiones. El problemacentral, en este caso, es el de la insatisfacción de lasorganizaciones indígenas con el estatuto de la legis-lación ecuatoriana, que mantiene la propiedad delsubsuelo como algo independiente de la propiedadde la superficie. En otras palabras, los niveles deautonomía que reclaman las organizaciones indiasno se discuten y sobre todo no se resuelven encuanto tales, sino que están implícitos, en la discu-sión sobre el carácter vinculante de la consulta pre-via y es resuelto también de manera indirecta yambigua, por ejemplo a través de la oferta de que lasorganizaciones indias participen de las rentas gene-radas por las regalías mineras.

En definitiva, más allá del problema de losdefectos de la ley, lo que nos llama la atención sonlos defectos del debate, y tal vez eso es consecuen-cia del modelo político que funciona en nuestropaís. En él solamente tenemos negociaciones deproblemas particulares, la discusión del tema de lasociedad en su conjunto ha sido abandonada. Nohay terreno para que se produzca, y tampoco hayactores para que la lleven a cabo, pues tal discusión,a la que corresponde elucidar cuáles son las formasde organización que como sociedad queremos dar-nos para esta actividad, requeriría la existencia deactores, partidos, ideologías políticas, y todo ello hasido eliminado de la actual dinámica. Tal vez estaexperiencia nos ayude a entender lo importanteque esa discusión es.

Nota:

1 Coordinador del Programa de Estudios Socioambientales deFLACSO Ecuador

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En el año 1993 este rubro representó apenas el0,6% del PIB descendiendo al 0,4% en el 20072.

En el Ecuador la importancia económica relati-va de la minería ha sido marginal, lo que se reflejaen la baja contribución histórica del rubro “explo-tación de minas y canteras” en la composición totaldel PIB. En el año 1993 este rubro representó ape-nas el 0,6% del PIB descendiendo al 0,4% en el20072. El impacto en el empleo es igualmente míni-mo, pues en el 2006 la rama de actividad “explota-ción de minas y canteras” ocupó al 0,4% de lapoblación económicamente activa, siendo una acti-vidad netamente rural3. Esto contrasta con el apa-rente potencial minero del país, si lo comparamoscon otros países de la región en los cuales la mine-ría juega un rol preponderante en la economía,como es el caso de Chile y Perú.

No existen cifras oficiales para cuantificar elpotencial minero del Ecuador, los datos que semanejan provienen de los principales concesiona-rios mineros. Así, la Cámara de Minería delEcuador, en base a información de cinco grandesempresas concesionarias, estima que la mineríametálica tiene un enorme potencial, con reservas de47,2 mil millones de libras de cobre, 19,4 millones

de onzas de oro, 27,1 millones de onzas de plata y0,77 millones de onzas de molibdeno. Estas reservas,considerando precios de los minerales en el merca-do internacional a enero del 2008, representabanUS$ 221,2 mil millones, lo cual equivale al poten-cial petrolero nacional (US$ 226,6 mil millones)4, aprecios del petróleo de la misma época. La mayorparte de ese potencial minero se encuentra localiza-do en la zona sur del país, en las provincias de Za-mora Chinchipe, Morona Santiago, El Oro y Azuay.

La Ley 126 de Minería de 1991 marcó un cam-bio en la política minera del país cuya nueva orien-tación fue atraer inversión al sector. Se introduce elrégimen administrativo de concesiones mineraspara exploración y explotación separadamente.Grandes empresas internacionales se instalan en elpaís para iniciar actividades de exploración. A nivelde la pequeña minería, durante los años 90 se lega-lizan los asentamientos mineros de hecho con elpropósito de hacer respetar ciertas normas conteni-das en la mencionada ley, como por ejemplo lasrelativas al medio ambiente.A pesar de los esfuerzosde legalización aún persiste una minería informal,ya que la Dirección de Minería ha recibido alrede-dor de 600 denuncias de explotaciones ilegales5.

Las reformas introducidas a la Ley 126, pormedio de la “Ley para la Promoción de la Inversióny la Participación Ciudadana” del año 2000 (másconocida como Trole II) y el “Reglamento GeneralSustitutivo del Reglamento General de la Ley deMinería” del año 2001 profundizaron la tendencia ala liberalización para atraer inversión extranjera.Entre otras, se incorporaron medidas como: el esta-blecimiento del título único para todas las activida-des mineras y la exigencia de presentar el manifies-to de producción como requisito para el inicio dela explotación, previa presentación de la evaluaciónde impacto ambiental y planes de manejo; la supre-sión del 3% de regalías y creación de patentes deconservación y de producción insignificantes; el nopago de patentes como única causal de caducidadsuprimiendo la relativa a “grave daño ambiental”; el

14 actuar en mundosplurales No. 3

Algunas características de la mineríay su marco legal en el Ecuador

En el Ecuador la importancia económica relativa dela minería ha sido marginal, lo que se refleja en labaja contribución histórica del rubro “explotación deminas y canteras” en la composición total del PIB.

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2005 2006 2007 2008Bolivia Chile

ColombiaEcuador

Perú Venezuela

Cuadro 1Ranking del potencial minero

Fuente: Fraser Institute, Survey of Mining Companies 2007/2008

www.indymedia.org

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debilitamiento de la gestión ambiental al establecerque la Subsecretaría de Protección Ambiental delMinisterio de Energía y Minas, integrante del siste-ma descentralizado de gestión ambiental, actúecomo responsable para el sector minero6. Estas leyesimpulsaron la entrega de concesiones mineras alsector privado. La falta de capacidad reguladora dela autoridad minera, en cuanto a la exigencia de sol-vencia técnica y ambiental del concesionario, favo-reció la especulación de las áreas mineras.

Al mes de abril de 2007 el Ministerio deEnergía y Minas (MEM) había otorgado 4.112 con-cesiones por una superficie total de 2,8 millones dehectáreas mineras. De éstas, el 45,6% fueron conce-siones de minería metálica, las mismas que abarcanel 90,6% de la superficie total concesionada. Lamayor parte del área concedida tiene fines de explo-ración, generalmente a cargo de empresas interna-cionales. En efecto, a la misma fecha solo el 16,6%del total de concesiones (681) se encontraban legal-mente en producción, es decir apenas el 0,4% de lasuperficie total7. Esta explotación de minería metá-lica se ha desarrollado principalmente en unidadesde producción de pequeña escala, organizadas alre-dedor de cooperativas, asociaciones y condominiosmineros. La minería de pequeña escala se ha carac-terizado por operar en concesiones legalmenteconstituidas con un máximo de 150 ha mineras,volúmenes de mineral extraído de hasta 100 TMpor día, inversiones de hasta $ 1 millón, incorpora-ción de tecnología mediana y medidas básicas paraprevenir los impactos ambientales (la recuperacióndel mineral se realiza a través de procesos de cianu-ración que relegan a un segundo plano el procesotradicional de amalgamación con mercurio, muchomás contaminante). La minería en pequeña escalarepresenta el 90% de la producción minera nacionaly en el 2006 generó 84.280 empleos8. En esta cate-goría se podría encasillar las actividades de extrac-ción y recuperación de empresas como BIRA, decapital nacional, instalada en la Zona de Zaruma yPortovelo y de Cominzasa en Zamora Chinchipe.

Por su parte, el desarrollo de minería metálica agran escala es aún marginal. Existen varias filiales decompañías internacionales, principalmente de ori-gen canadiense, que tienen proyectos de explora-ción que a futuro podrían convertirse en proyectosextractivos a escala industrial.Actualmente los pro-yectos de gran minería más avanzados con reservascuantificadas y estudios de factibilidad, próximos auna explotación comercial, son impulsados porEcuacorriente, IMC, Iam Gold y AurelianResources, según lo que se puede apreciar en elsiguiente cuadro:

Con el mandato Minero 06, aprobado el 18 deabril de 2008, el Estado buscó establecer un mayorcontrol sobre las áreas mineras. Antes de la aplica-ción del mandato había 5.009 concesiones minerasque abarcaban 4.764.154 hectáreas. El mandatodejó sin efecto las concesiones que no contaban con

estudios de impacto ambiental o consulta previa,que no habían realizado inversiones, que no estabanal día en el pago de patentes, que habían sido entre-

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Mapa 1Ubicación de bloques mineros

Fuente: SIISE, Mapa de ubicación de los Bloques Mineros, 2005

Empresa

Ecuacorriente

IMC

IamGold

AurelianResources

Hectáreas

62.000 ha

5.800 ha

4.158 ha

Alrededor de12.880 ha95.000 ha

PrincipalesProyectos Mirador

Panantza – SanCarlos

Río Blanco

Gaby

Quimsacocha

Fruta delNorte

Ubicación

El Pangui,Zamora San Juan Bosco,Morona SantiagoMolleturo,AzuayPonce Enríquez,Azuay Victoria delPortete,Azuay Yanzatza,Zamora

Reservas Mineras

Reservas:10.900 millones lbs Cu

Recurso inferido:15.400 millones lbs Cu

Reservas: 650.00 onzas Au;4´200.000 onzas Ag Recurso inferido:

5´500.000 onzas AuRecurso inferido:

4´500.000 onzas AuRecurso inferido:

14´000.000 onzas Au ;23´000.000 onzas Ag

Fuente:Walter Spurrier,Weekly Analysis, 14 abril 2008; Ministerio de Minas y Petróleos.

Concesiones inscritas después de la aplicación del Mandato Minero Nº 6

Regional No. De Concesiones No. De Hectáreas Inscritas

Con Sin Total En En Total manifiesto manifiesto inscritas producción exploración inscritas

Azuay 126,0 425,0 551,0 2.659,7 219.760,3 222.420,0

Chimborazo 62,0 65,0 127,0 439,9 87.499,5 87.939,3

El Oro 58,0 169,0 227,0 960,8 62.264,8 63.225,6

Guayas 104,0 223,0 327,0 4.729,5 51.564,3 56.293,8

Loja 73,0 242,0 315,0 734,4 186.597,7 187.332,0

Pichincha 127,0 268,0 395,0 2.232,6 147.529,2 149.761,8

Zamora 38,0 173,0 211,0 1.407,8 199.453,2 200.861,0

Total 588,0 1.565,0 2.153,0 13.164,5 954.669,1 967.833,6

Fuente: Ministerio de Minas y Petróleos

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gadas a ex funcionarios o que se encontraban entrámite. Así, hasta el 23 de enero de 2009 elGobierno revirtió 2.575 concesiones mineras poruna superficie total de 3.698.326 hectáreas9.Actualmente, el 23% de las concesiones vigentes seencuentra en la fase de producción pero éstas solorepresentan el 1,4% de la superficie concesionada.

Pese a la oposición de la CONAIE y de orga-nizaciones ambientalista en cuanto a permitir lagran minería, se aprobó una nueva Ley Minera. Elnuevo marco legal, publicado en el registro oficialdel 29 de enero de 2009, a la vez que favorece laexplotación minera a gran escala, otorga al Estadouna mayor participación en la renta minera (restau-ración del 5% mínimo de regalías sobre las ventas y70% de impuestos a los ingresos extraordinarios) yuna mayor capacidad de control del sector (median-te la creación de nuevos organismos de supervisióny la posibilidad de cancelar las concesiones en casode violaciones al medio ambiente o de los derechoshumano). La nueva Ley crea la Empresa NacionalMinera, la misma que puede desarrollar proyectosestratégicos y promueve el desarrollo de la pequeñaminería a través de un régimen especial.

De acuerdo con Cesar Espinosa10, presidente dela Cámara de Minería del Ecuador, la nueva leyminera no es competitiva para atraer inversiónextranjera frente a las leyes que tienen otros paísescomo Perú, Colombia y Chile, no obstante estimaque es eficiente en el establecimiento de controlesambientales y sociales. En lo relativo a estos últimosla nueva ley establece la obligatoriedad para el Estadode realizar un proceso de participación ciudadana y

consulta en todas las fases de la actividad minera. Estaconsulta no es decisoria; más bien se orienta a armo-nizar los intereses del proyecto minero con el de lascomunidades y obtener el consentimiento de éstas.

A manera de conclusión, se puede afirmar quecon la entrada en vigencia de la nueva Ley Minerase inicia una nueva etapa en el desarrollo minero delpaís, esto es la minería a gran escala. La decisiónpolítica del gobierno se orienta a aprovechar elpotencial minero del Ecuador, no distante delpotencial de otras economías de la región (Chile,Perú) basadas en su extracción. Las erráticas políti-cas que mantuvieron estancada la gran mineríadurante décadas han dado paso a nuevas regulacio-nes, controversiales por sus implicaciones económi-cas (modelo extractivista de recursos primarios) ypor su alto impacto ambiental. El nuevo marco jurí-dico reivindica beneficios para el Estado (a través deregalías e impuestos), incorporando a la vez mayo-res controles al cuidado del medioambiente y cre-ando nuevas exigencias en aspectos de capacidadfinanciera (inversiones), técnica y tecnológica paralos concesionarios. En el corto y mediano plazos, lanueva producción minera industrial vendrá sinduda de las grandes concesionarias internacionalesya instaladas en el país que han realizado importan-tes inversiones en exploración. La entrada de nuevascompañías estará supeditada a varios factores, entreotros, a la capacidad de negociación del gobierno ylas mineras con las comunidades locales (probable-mente el nuevo campo de batalla de activistas ymedio-ambientalistas opuestos a la nueva Ley) paraevitar grandes conflictos, a la evolución de los pre-cios internacionales de los metales, a la competitivi-dad de la nueva Ley para atraer nuevas inversionesfrente a las regulaciones, menos restrictivas, de losvecinos y a aspectos más generales de seguridadjurídica y estabilidad política del país.

Notas:

1 Profesora asociada a FLACSO Ecuador2 Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacio-nales, 2008. El rubro

“explotación de minas y canteras” abarca la minería metálica, nometálica y materiales de construcción.

3 INEC, Encuesta de Condiciones de Vida, 2006.4 Espinosa Cesar, Potencial Minero del Ecuador, Cámara de

Minería del Ecuador, Quito, febrero 2008.5 Ministerio de Energía y Minas del Ecuador,“El ABC de la mine-

ría en el Ecuador”, Quito, 2007, p. 586 Proyecto MMSD, Minería Minerales y Desarrollo Sustentable en

América del Sur, Capítulo Ecuador, Coeditado CIPMA, IDRC,IIPM, 2002.

7 Ministerio de Energía y Minas del Ecuador,“El ABC de la mine-ría en el Ecuador”, Quito, 2007, p. 23

8 Idem, p. 58 9 Ministerio de Minas y Petróleos, Información del catastro mine-

ro actualizado al 23 de enero de 2009.10 Entrevista con Cesar Espinosa, 3 de febrero 2009.

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Programa de Políticas Públicas - FLACSO-Ecuador 17

La incertidumbre que rodea el inicio de laactividad minera industrial en el Ecuadordesde el 2006 es producto de la dificultad

que los actores sociales tienen para determinarcuáles serán los impactos de la actividad en laspersonas, en la economía y en el medio ambien-te.Y esto no es una cuestión solo del Ecuador ode la minería, la misma incertidumbre se generacada vez que se apuesta por una nueva aventurade extracción de recursos naturales en cualquierlugar del mundo. Con válidos argumentos a sufavor, algunos actores sociales se alarman y movi-lizan por los inevitables efectos que la extracción,beneficio o comercialización de los recursos ten-drá en la salud de los trabajadores, en los tejidossociales locales y en su entorno natural. No conmenos argumentos, quienes impulsan la actividadse llenan la boca al publicitar las posibles bonda-des que traerá el desarrollo del sector en formade empleo y rentas, minimizando los posiblesimpactos sociales o ambientales o al menos tra-zando, con su discurso, un panorama positivosobre la capacidad de controlar los impactos.

Estas posiciones se enfrentan en la defensa deun modelo de desarrollo, discutiendo sobre lacapacidad de la minería para ser un factor bené-fico o retardante e inclusive perjudicial de cual-quier tipo de desarrollo. En el mundo, la contri-bución de la minería al desarrollo ha sido discu-tida ampliamente y es casi de conocimientopopular que la minería por sí sola no ha produ-cido un desarrollo sostenido, ni siquiera aquelque se puede medir por el crecimiento del PIB odel IDH (Graham y Tilton, 2005). La actividad hacreado siempre una serie de problemas macreco-nómicos que tienen a su vez consecuencias sobrecomplejas dinámicas del tejido social y sobre elmedio ambiente.

Muchos estudiosos del tema, empezando porAuty (1993) han denominado a esta serie de pro-blemas como la “maldición de los recursos natura-

les”. Pero sería una afirmación muy gruesa decirque la minería no ha contribuido a ningún tipo dedesarrollo o que los problemas que configuran lamaldición escapan al control político y social decualquier país y que por eso configuran una mal-dición que es preferible evitar a cualquier costo(Robinson, et.al., 2006). El caso de Botswana a mientender ejemplifica esta última observación.

Este país africano alcanzó su independencia delReino Unido en 1966 siendo uno de los 5 paísesmás pobres del mundo. Pobre en el sentido de quesu población, 99% de la cual era rural no tenía losmedios necesarios para afrontar las constantessequías, educarse, cuidar de su salud o vender susproductos agrícolas otros países por la falta decaminos. En 1980 a solamente catorce años delograr su independencia Botswana logró iniciaruna senda de crecimiento expresado en un incre-mento anual del PIB promedio del 11 % y quesabría mantener hasta mediados de los años 90.Esteincremento del PIB hizo posible que el incipienteEstado crezca hasta alcanzar representatividad entodo el país, provea progresivamente de educaciónprimaria y secundaria gratuita para todos los ciu-dadanos y construya infraestructura adecuada parareducir la vulnerabilidad del país ante la sequía. Laexplotación de minas de diamantes y cobre prove-yó el recurso sobre el cual se basó este crecimien-to, pero la política económica hizo posible que elpaís lo aproveche (Sarraf y Jiwanji, 2001).

El Estado de Botswana diseñó una políticaeconómica desarrollista orientada a evitar losefectos de la “maldición de los recursos”. Su polí-tica se basó en cuatro ejes. Un estricto control deltipo de cambio de la moneda local, un constantecontrol del crecimiento del aparato estatal, la pla-nificación del gasto público en el mediano plazoy la diversificación de la economía.

Nos referiremos solo a los tres últimos ejes.Uno de los componentes que configuran la mal-

¿La minería industrial como factor de desarrollo?

La experiencia de Botswana nos dice que “la maldi-ción” se configura de acuerdo a las decisiones polí-ticas que se toman en forma de política pública.Ahora, vale la pena recordar que estas decisiones nosolo incumben al Estado sino también a los actoresde la sociedad civil.

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dición de los recursos es el crecimiento no soste-nible del aparato estatal. Al incrementarse losingresos del Estado por la venta de los recursosnaturales, es común que los políticos decidan crearmás empleos o elevar el nivel de salarios en el sec-tor público con diferentes fines pero con el consi-guiente efecto del aumento de la necesidad derecursos para financiarlo. Mientras las condicionesdel mercado mundial no varíen esta práctica sepuede mantener casi indefinidamente, pero una

vez que los precios decaen cons-tantemente, la práctica se haceinsostenible. De igual manera, alcrecer los ingresos por la venta delos minerales, la inversión en des-arrollo se incrementa y con ella elgasto operativo del Estado crece yse hace necesaria más extraccióno mejor asignación (Weinthal yJones Luang, 2006).

Bostwana adoptó una políticaeconómica moderada que preveíafluctuaciones en el precio de losdiamantes y el cobre y limitó elcrecimiento del aparato delEstado y a su vez el aumento delos salarios. Además planificó lainversión y el ahorro de maneraque incrementaba constantemen-te su reserva internacional y susreservas locales para contar conun “colchón” fiscal que le permi-ta al Estado mantener o reducirmarginalmente por un período de

25 meses el gasto y la inversión en los proyectos dedesarrollo programados (Sarraf y Jiwanji, 2001).

De igual manera aunque con sus especificida-des se podría presentar el caso exitoso deNoruega de mediados del siglo pasado o exami-nando los mismos componentes de la políticaeconómica analizar las decisiones tomadas enpaíses como Venezuela o Nigeria en relación alpetróleo y que no han contribuido con cambioscomo en Botswana.

La experiencia de Botswana nos dice que “lamaldición” se configura de acuerdo a las decisio-nes políticas que se toman en forma de políticapública. Ahora, vale la pena recordar que estasdecisiones no solo incumben al Estado sino tam-bién a los actores de la sociedad civil. La políticapública es producto de una relación de fuerzasentre varios actores en un contexto determinadoque proviene en parte de sus relaciones históricaspero que se construye con perspectiva al futurode igual manera y con relación a las capacidadesy deseos de los actores sociales.

En Botswana, varios factores provocaron queel crecimiento experimentado en las décadas del80 y del 90 deje de ser tal para fines del siglopasado, aunque el país siga siendo el mayorexportador de diamantes cortados del mundo. Elmanejo de la política económica no fue suficien-te para revertir la tendencia de una distribucióndesigual provocada en gran medida por las carac-terísticas de una estructura social que afrontabauna rápida modernización y en la que los jefes delas tribus locales se beneficiaban desigualmentedel acceso a la educación y por ende de las posi-

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El caso de la mineríametálica industrial enel Ecuador tiene toda

la potencialidad de ser unaactividad que fomente un creci-miento del tipo Botswana peroademás corre los peligros demantener a una parte de supoblación en condiciones deexclusión si no se toman lasmedidas adecuadas para evi-tarlo.

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bilidades de trabajar en el Estado y de acumularcapital para invertirlo aprovechando los planes dediversificación económica diseñados por ellosmismos. El proyecto de construcción nacional deBotswana basado en la explotación de mineralesfue manejado por una mayoría étnica que a pesarde haber construido un Estado liberal bastanteincluyente e inclusive preocupado por el cuidadoambiental de los recursos no minerales como losbosques y las fuentes de agua, mantuvo excluidasde varias instancias de toma de decisión a gruposétnicos minoritarios. Esta exclusión sostenidaprovocó la proliferación de organizaciones en lasociedad civil que propiciaron un cambio en lacorrelación de fuerzas del partido de gobierno ysus opositores, que produjo una reforma en laspolíticas públicas (Solway, 2002).

El caso de la minería metálica industrial en elEcuador tiene toda la potencialidad de ser unaactividad que fomente un crecimiento del tipoBotswana pero además corre los peligros demantener a una parte de su población en condi-ciones de exclusión si no se toman las medidasadecuadas para evitarlo. Las dudas que ha creadoel desarrollo de la actual ley de minería elabora-da en 2009 sobre la futura capacidad del Estadopara controlar la actividad y asegurar la efectivaparticipación de los pueblos indígenas opuestosen su mayoría al inicio de la actividad, deben ser-vir como insumos para una planificación adecua-da que evite que la minería, como lo ha sido elpetróleo se de-genere en una “maldición” y no se

convierta en un elemento para el desarrollo.Queda en manos de la sociedad civil y del

Estado diseñar una política pública que sea capazde tomar en cuenta los efectos económicos de laabundancia de recursos, sus requerimientos insti-tucionales, pero que sobre todo vele por la inclu-sión y el respeto de las opiniones de aquellos sec-tores que ven en la minería una amenaza a lacapacidad de definir un estilo de vida propio.

Notas:

1 Candidato al doctorado del programa de Estudios Politicos de laFLACSO Ecuador e investigador asociado del programa deEstudios Socioam-bientales. Es también autor del artículo “El diá-logo minero en el Ecuador: ¿señales de una nueva relación entrecomunidades, empresas extractivas y Estado?, ubicada en el sitio:http://www.flacsoandes.org/web/debate.php?c=1486&deba-te=539

Referencias

Auty, Richard, 1993, Sustaining development in Mineral Economies:The Resource Curse Thesis, Routledge, Londres.

Davis, Graham y Tilton, John, The resource curse, 2005, NaturalResources Forum, 29, 233-242.

Robinson, James;Torvik,Ragnar y Verdier Thiery, 2006,Political foun-dations of the resource curse, Journal of DevelopmentEconomics, 79, 447-468.

Sarraf, Maria y Jiwanji, Moortaza, 2001, Beating the resource curse:The case of Botswana, Environmental Economics Series, Paper83,World Bank, Octubre.

Solway, Jacqueline, 2002, Navigating the “Neutral” State: MinorityRights in Botswana, Journal of Southern African Studies, vol.28:(4), Special Issue: Minorities and Citizenship in Botswana,711-729.

Weinthal Erika y Jones Luang, Paulina, 2006, Combating theResource Curse: An alternative solution to managing mineralwealth, Articles, Annual review of Environment and Resourcesvol. 4:(1), 35-53.

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Page 20: Página 2 Editorial - Repositorio Digital FLACSO Ecuador

Reorganización de la defensa nacional

Un nuevo plan para la reorganización estratégica para la seguridad y la defensa del territorio nacionalde las Fuerzas Armadas del Ecuador fue presentado por el Comando Conjunto el pasado 6 de febre-ro. Este plan lleva el nombre de Patria 1 y tiene como objetivo principal el control efectivo del terri-torio nacional, mediante la unificación de los mandos y la mejora de los dispositivos de seguridad. Paralo cual se dividió el territorio nacional en 5 zonas a cargo de fuerzas de tarea conjunta, integradas porelementos de la Fuerza Aérea, Fuerzas Navales y Fuerzas Terrestres. Esta reorganización busca optimi-zar los “recursos humanos y materiales, permitiendo disminuir esfuerzos logísticos y de inteligencia”,explicó el General Fabián Varela jefe del Comando Conjunto. Uno de los ejes principales es la protec-ción de la frontera con Colombia, que estará a cargo de la Fuerza de Tarea 1 compuesta por 7500 uni-formados de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.A esto puede se le puede sumar unos 3000 policí-as que custodian las provincias limítrofes con Colombia. (El Comercio 07/02/09 y Caracol Radio07/02/09)

Se discute propuesta para la UNESCO en Ecuador

La actividad se desarrolla entre el 28 de febrero y el 3 de marzo y se propone recoger los aportes enun documento que se presentará en París. En este encuentro se identificaron los desafíos que debenenfrentar América Latina y el Caribe para que no se incrementen las diferencias y desigualdades queimpiden el desarrollo con equidad, justicia, sustentabilidad y democracia. (Agencia Bolivariana deNoticias 02/03/09)

Las relaciones se mantienen tensas entre Ecuador y Colombia trasun año de ruptura diplomática

Tras un año de ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Colombia, las declaraciones emi-tidas el 1 de marzo pasado por el Ministro de Defensa de Colombia, Juan Manuel Santos, que justifi-caban el ataque a la base de las FARC en Ecuador y reiteraban el derecho de Colombia de “golpearterroristas” aunque estén en un tercer país, generaron malestar en Ecuador como también enColombia. El propio gobierno del Presidente Álvaro Uribe tuvo que mediar entre las posicionesencontradas entre su Cancillería y su Ministerio de Defensa, evitando una crisis mayor. La revistaSemana de Colombia aseguró que entre Uribe y Santos existía una relación incómoda. Santos es unode los precandidatos presidenciales que puede capitalizar la popularidad de Uribe si éste no va por untercer mandato.En Ecuador la mediación del presidente Uribe fue calificada de “positiva” por el ministro de Defensa,Javier Ponce,“Me parece un signo positivo la actitud del presidente Uribe de desautorizar esa barba-ridad que dijo Santos”, declaró Ponce en una entrevista a una radio local. La declaración del Ministrode Defensa de Colombia, había profundizado en los días anteriores el distanciamiento mantenido entrelos dos países. En respuesta a las mencionadas declaraciones el mismo Presidente Correa había adver-tido que “no se meta con Ecuador”, mientras los Ministros de Relaciones Exteriores, Fander Falconí,y de Defensa del Ecuador, Javier Ponce, habían calificado de inadmisible el pronunciamiento del minis-tro colombiano Santos. El Ministro Ponce manifestó que “Él (Santos) afirma que las relaciones se vana restaurar cuando el Ecuador quiera. Pues el Ecuador va a querer restaurar esas relaciones cuandoColombia renuncie a esa rémora de la doctrina de Bush, que es pretender que en defensa de sus inte-reses puede violar la soberanía territorial de otro país y esa rémora de la doctrina de Bush es la queestá predicando todavía el ministro Santos”.

Esta subida de tono entre los dos países se produjo luego que el Presidente Correa, manifestara quereanudaría las relaciones diplomáticas con Colombia pero “sobre la base de los requerimientos pen-dientes”. El mandatario señaló que “Colombia ha cumplido con un solo requerimiento al ordenar unapresencia efectiva de sus fuerzas armadas en la zona de la frontera”. Entre los requisitos mínimos queexige a Colombia para la normalización de las relaciones destacó “indemnizaciones por ese ataque,apoyo para los miles de refugiados colombianos que Ecuador recibe y el cese de la campaña colom-biana para vincular al Gobierno con grupos irregulares”. Es de destacar que estas controversias se dana días de la llegada al Ecuador de una delegación de observación de la Organización de EstadosAmericanos, OEA, que busca espacios de diálogos entre Quito y Bogotá (Multimedios107.com,28/02/09, El Comercio 03, 04 y 05/03/09)

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Calidad del empleo y aumento del desempleo en el 2008

El Secretario Nacional de Planificación, René Ramírez, y el director del INEC, Byron Villacís, presen-taron el pasado 27 de enero los resultados de la inflación, desigualdad, pobreza y mercado laboraldurante el año 2008. Los dos expositores señalaron que la inflación está a la baja, la pobreza urbanaviene cayendo desde hace varios años y la desigualdad se redujo durante el 2008.Además, unas 80000personas mejoraron su calidad de empleo, es decir que tienen ingresos superiores al salario básico ylaboran más de 40 horas a la semana. Esto es resultado de la política económica del gobierno que elevóla inversión pública y canalizó recursos a los sectores de más bajos ingresos, generando un crecimien-to económico del 5,3% y generando empleo para los más pobres. El mejoramiento de la calidad delempleo en el 2008 quedó igualmente reflejado en la caída de 1,4 puntos del índice del subempleo,vinculado presumiblemente a la eliminación de la tercerización. No obstante, al cierre del año pasadounas 320000 personas estaban en la desocupación, lo que se tradujo en una tasa del 7,3% de desem-pleo, lo que representa 1,2 puntos por encima de la cifra registrada a inicios del 2008, esto significó lapérdida de 40027 empleos. (El Comercio, 28/02/09)

Reformas al seguro social a debate legislativo

Los asambleístas de la Comisión Legislativa y de Fiscalización debatirán a inicio del mes de marzo lasreformas a la ley de Seguridad Social, la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y la Ley deSeguridad Social de la Policía Nacional. Las modificaciones al texto fueron entregadas por la Comisiónde lo Laboral. Se apunta a corregir parte de las inequidades económicas y sociales, dotar al IESS deherramientas para cumplir sus objetivos a favor de los asegurados, en particular en el ámbito de la con-cesión de créditos hipotecarios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones patronales. Uno de losaspectos polémico del documento consiste en la suspensión del aporte estatal del 40% a quienes se aco-gieron a la jubilación y regresaron al mercado laboral bajo relación de dependencia, como también enla supresión del 60% en la pensión jubilar o de retiro en los casos en que el monto de la misma supereel valor de una canasta básica familiar (US$ 512 hoy en día). Este último descuento se efectuará sobrela diferencia que supere el valor de dicha canasta básica.También se estableció que ninguna pensiónpodrá ser inferior al porcentaje del salario básico unificado del trabajador (US$ 218.00), según su cate-goría y años de aportación.Así, de acuerdo a la escala, quienes hayan aportado de 0 hasta 10 años, reci-birán el 50% de 218 dólares (114); de 11 a 20 años, el 60%; de 21 a 30 años, el 75%; de 31 a 35 años,el 85%; y, de 36 a 40 años, el 100%. El proyecto también hace mención a facilidades para pagar las deu-das al IESS, mayor acceso a créditos hipotecarios, reinserción al sector laboral, fondos de reserva ypago en caso de cesantía, entre otros aspectos. (Confirmado.net / Asamblea Nacional, 02/03/09)

Gobierno mantendrá presupuesto de US$ 195 millones para la polí-tica de desarrollo infantil.

Erradicar la desnutrición en los niños del país y detectar en forma temprana a los que poseen algunadiscapacidad, son dos de los cinco objetivos principales que promueve la nueva administración delInstituto del Niño y la Familia (INFA), reorganizado a principios del 2009. Esta se mantendrá con elmismo presupuesto del año pasado (195 millones de dólares), debido a la medida de austeridad que pro-mueve el régimen actualmente. Con este presupuesto el instituto tiene previsto universalizar la atenciónintegral a 800 mil niños.Actualmente le da cobertura a 530 mil menores en el país. El reordenamien-to institucional contempló la unificación de proyectos como el denominado Operación de RescateInfantil (ORI) y el Fondo de Desarrollo Infantil (FODI), que antes laboraban con la supervisión delMinisterio del Inclusión Económica y Social (MIES), pero ahora lo harán bajo la dirección del INFA.

Bajo este nuevo esquema se capacitará a las madres comunitarias en diversos temas que incluyen elbuen trato a los niños.Además se tiene previsto implementar un sistema de monitoreo para vigilar elservicio que otorgan los centros infantiles. Otras modificaciones que se presentan en la nueva admi-nistración es la unificación salarial de las madres comunitarias que atienden a los niños. Antes unamadre del ORI recibía como apoyo económico 108 dólares, mientras que una del ex INNFA recibía120.Actualmente todas recibirán el mismo valor, estipulado en 130 dólares, más un bono en el mes dediciembre. Hay más de 20.000 madres comunitarias y facilitadoras que trabajan en los centros infanti-les, sin contar a las de otras organizaciones. (El Telégrafo, 04/03/09)

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Documentos on line

MMSD, Minería Minerales y DesarrolloSustentable en América del SurCapítulo Ecuador, Coeditado CIPMA, IDRC, IIPM,2002. http://www.wbcsd.org/DocRoot/D2QHcCXtQYbVZgLKOKhQ/africammsd.pdf

El libro se centra en identificar cómo la mineríapuede aportar al desarrollo más sustentable en cincopaíses de la región: Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador yPerú. Para cada uno de los países se analiza el estadodel arte y evolución de los últimos 20 años en lorelativo a las características de la minería y su aportea la economía, el marco institucional y la situaciónambiental del sector.También se provee una descrip-ción de los actores (Estado, las empresas mineras y lasociedad civil) y conflictos que se dan en torno a laminería. Finalmente se plantean los desafíos queenfrenta el sector para avanzar hacia un desarrollomás sustentable.

El ABC de la minería en el EcuadorMinisterio de Energía y Minas del Ecuador, Quito,2007 http://www.infomineria.org/fileadmin/downlo-ad/ABCdelaMineria.pdf

Frente a los retos que plantea el desarrollo minero aescala industrial, el presente documento brindainformación sobre la situación actual de la mineríaen el país en el ámbito económico, administrativo,ambiental y de conflictividad social. Se enfatiza encómo se deberían manejar los conflictos socioam-bientales mineros y en la necesidad de establecer undiálogo nacional. Finalmente, se establecen reco-mendaciones para la formulación de una nueva leyde minería que permita restablecer el papel rectordel Estado en el sector.

Enlaces de interés relacionados al tema:

Presidencia de la Repúblicahttp://www.presidencia.gov.ec/

Asamblea Nacionalhttp://www.asambleanacional.gov.ec/index.php

Ministerio de minas y petróleoshttp://www.minasypetroleos.gov.ec/mmp-portwar/

Cámara de Minerías del Ecuadorhttp://www.cme.org.ec/portal/

Cámara de la pequeña mineríahttp://www.mineria.com.ec

Portal Minerohttp://www.portalminero.com/

Acción ecológicahttp://www.accionecologica.org/

Defensa y Conservación de Íntaghttp://www.decoin.org/

El otro rostro de la minería CEDENMAhttp://www.infomineria.org/

El directorio ecologico y naturalhttp://www.ecoportal.net/

Noticias mineras del ecuadorhttp://www.ecuadorminingnews.com/

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