LOS PUEBLOS INDGENAS AMAZNICOS PERUANOS

LOS PUEBLOS INDGENAS AMAZNICOS PERUANOS.

En busca del desarrollo sostenido

Por Carlos Soria

Foro Ecolgico

carlossoria@viabcp.com

1. Antecedentes.

2. La participacin indgena en la poltica ambiental y el desarrollo en la dcada de Fujimori.

3. El impacto de la transicin democrtica.

4. Alejandro Toledo y Elianne Karp: el sndrome de Jane.

5. El caso forestal: una luz de esperanza al final del tnel.

6. Lideres indgenas del siglo XXI: Hildebrando Ruffner, Manuel Huaya, Juanita Vsquez, Judith Reimundo.

1) Antecedentes

Los derechos indgenas fueron reconocidos en el Per a travs de la Constitucin de 1920. Durante las primeras dcadas del siglo XX la emergencia de una fuerte corriente indigenista en el Per influy sobre parte de la intelligentsia peruana. Un ejemplo de ello es el ensayo de Jos Carlos Maritegui sobre el problema del indio, en su obra titulada 7 Ensayos De Interpretacin De La Realidad Peruana (1981). As como Maritegui otros pensadores analizaron los problemas planteados por la realidad multicultural del Per. Estos anlisis estaban fundamentalmente centrados en la relacin entre el mundo andino y la sociedad nacional, sin embargo, muy poco se hablaba o se pensaba en trminos de las poblaciones amaznicas.

Ello a pesar de que la cuenca amaznica peruana ocupa una extensin de 956,751 Km.2. Es decir, ocupa el 74.44% de la superficie del pas. Sin embargo, el rea conocida como los bosques amaznicos peruanos ocupan una extensin de 676,347.63 Km.2 (INRENA 1999: 5). Estos bosques se dividen en dos reas bastante diferentes: Amazona Alta y Amazona Baja. La Amazona Baja comprende hasta los 800 metros sobre el nivel del mar (Brack et al 1990: 12). La Amazona Alta comprende por encima de los 800 metros hasta los 3000 o 3400 metros de altura sobre el nivel del mar.

Ms de la mitad del territorio peruano est cubierto por estos bosques naturales, lo cual coloca al Per como el segundo pas en Amrica Latina y el sptimo en el mundo en trminos de cubierta forestal (INRENA 1999: 7). Los bosques constituyen uno de los recursos naturales ms importantes del pas por su valor de produccin, fundamentalmente, por los servicios que stos proveen. Madera, plantas medicinales, alimentos, lea, son algunos de los usos directos de estos bosques. Estos bosques proveen los recursos para la supervivencia de un gran nmero de poblaciones rurales incluyendo pueblos indgenas y campesinos pobres en recursos. El nivel de vida de esta poblacin depende largamente en mantener la vitalidad de los bosques, la diversidad y la cobertura de stos (INRENA 1999: 7).

Los autores identifican entre 42 y 48 grupos tnicos que pertenecen a 12 familias lingsticas con una poblacin estimada de aproximadamente 300,000 habitantes en la Amazona peruana (CAMAD 1992: 34; Yaez 1998: 40; INRENA 1999: 3) donde la mayor parte de las reas protegidas del pas se encuentran. Dandler et al (1998: 9) identifica 65 grupos tnicos que pertenecen a 14 familias lingsticas. El censo de 1993 identifica 299,218 habitantes miembros de pueblos indgenas viviendo en 930 comunidades, sobre un rea de 7379,941 has. ms unas 344,887 has. adicionales a favor de los pueblos nmades Nahua y Kugapakori (Brack et al 1997: i).

En 1969 tres organizaciones de pueblos indgenas surgieron en la Amazona peruana. Despus de tres aos de esfuerzos intensos el pueblo Amuesha de la Selva Central peruana cre el Congreso de Comunidades Amueshas (Brysk 1996: 40). Mientras en la Amazona Norte peruana el pueblo Aguaruna de los ros Potro y Manseriche cre la Ijumbau Chapi Shiwag y los Ashuar de los ros Huitoyacu, Manchari y Shintusi crearon la Achuiarti Ijumdramu (Dandler et al 1998: 12). Desde entonces hasta la fecha un gran nmero de organizaciones de pueblos indgenas han sido creadas.

En 1979 se cre la primera organizacin intertnica de pueblos indgenas, el Consejo Aguaruna Huambisa. Ese mismo ao naci la primera organizacin nacional con la creacin de la Coordinadora de Comunidades Nativas de la Selva Peruana- COCONASEP, la que en 1980 cambi su nombre a Asociacin Intertnica de Desarrollo de la Selva Peruana AIDESEP-. En 1984 AIDESEP lider el proceso de creacin de la nica organizacin pan-amaznica que representa a los pueblos indgenas de los ocho pases de la Amazona, la Coordinadora de Organizaciones Indgenas de la Cuenca Amaznica (COICA). En 1987, una segunda organizacin nacional naci con la creacin de la Confederacin de Nacionalidades Amaznicas del Per (CONAP). Tanto AIDESEP como CONAP han sido muy activos en defender sus tierras, oponerse a las actividades mineras y a la explotacin petrolera en reas protegidas y en organizar sus bases para planificar e implementar proyectos de educacin, salud y productivos (Varese 1996 A). (*Explicar sobre COICAP y FECONAYA)

En la dcada de 1960 trabajos como El cerro de la Sal (Peisa 1973) del antroplogo Stefano Varese, sobre la situacin de los Ashaninka, entonces llamados Campas, de la Selva Central, marc el inicio del estudio de la problemtica amaznica por parte de las ciencias sociales. Coincidentemente, el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas liderado por el General Juan Velasco Alvarado (1968-1975) tena un gran inters en afirmar la autoestima de los pueblos indgenas y en apoyar un proceso de reconocimiento de sus derechos que les permitiera garantizar su derecho a la tierra, a los recursos naturales y a su cultura.

A partir de la promulgacin de la Ley 17716, Ley de Reforma Agraria, el 24 de Junio de 1969 se inici un proceso de reforma agraria. Este proceso cancelaba el intento del parlamento peruano de resolver el problema agrario con la dbil reforma planteada por la Ley 15037, promulgada durante el primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde (1963-1968). Esta norma tena como complemento un plan de colonizacin de la Amazona promovido a travs del proyecto de Carretera Marginal de la Selva. La Ley 17716 orden expropiar las haciendas para entregar la propiedad agraria a los campesinos bajo esquemas comunales y cooperativos. Esta ley solo comprenda a la Costa, Sierra y Ceja de Selva [Amazona Alta]. Esta ltima era la zona ms ocupada y con mayores conflictos sobre tenencia de tierras en la Amazona (SPDA 1990: 32; Soria 1990: 12).

Para las tierras de la Amazona Baja se promulg, el 24 de Junio de 1974, el Decreto Ley 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promocin Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva, que promovi la organizacin de los pueblos indgenas en comunidades nativas y busc consolidar su acceso a la tierra y al bosque. Si bien la 20653 reconoci un conjunto de derechos indgenas y cre el concepto de comunidad nativa; esta ley era tambin una ley de promocin de la colonizacin. Garca Hierro (1995:38) seala que al optar por crear el concepto de comunidad nativa el gobierno estaba dejando de lado el concepto de pueblo. Esta fue la estrategia para reducir a los pueblos indgenas a la porcin agrcola del territorio y liberar en favor de los frentes de expansin de la sociedad nacional el resto del territorio (Garca Hierro: 38), en particular, los madereros y petroleros.

Durante la dcada del 1970 las comunidades fueron tituladas slo respecto de la porcin agrcola sin considerar los patrones de uso extensivo de recursos naturales de stos pueblos (Benavides y Smith 2000). De manera que las superficies tituladas fueron reducidas y el crecimiento poblacional ha causado el deterioro de stas reas por el sobreuso, agudizando el conflicto por la tierra y sus recursos. Entre los aspectos positivos est el hecho que estableci los conceptos de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad, estos conceptos sobreviviran a la ley 20653 y seran elevados a nivel constitucional por la Asamblea Constituyente de 1978-1979. Esta ley tambin sealaba considerar los mltiples usos que del bosque hacen los pueblos indgenas. Segn Garca Hierro (1995:38) la mayora de las comunidades nativas tituladas tenan un promedio de 3000 has. en zonas marginales y de 200 has. en zonas integradas. A pesar de todas las crticas posibles el D. Ley 20653 ste marc un hito histrico en la afirmacin de la identidad indgena amaznica y contribuy a estimular un proceso organizativo que habra de generar el aparato de intermediacin con el Estado y la sociedad nacional.

El 22 de enero de 1975, se promulg el Decreto Supremo 6275AG, Reglamento de Clasificacin de Tierras, estableciendo normas para el uso de los suelos que debieron convertirse en el instrumento esencial para el ordenamiento territorial, al sealar los criterios para determinar que tierras son aptas para el uso agrcola y qu caractersticas tienen las tierras para el uso ganadero, forestal y de proteccin. Sin embargo, los programas de titulacin de tierras han probado estar guiados por criterios polticos y no de justicia u ordenamiento ambiental.

El Decreto Ley 20653, Ley de Comunidades Nativas y de Promocin Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva estuvo vigente hasta 1978 cuando la segunda fase del gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, esta vez liderada por el general Francisco Morales Bermdez (1975-1980) promulg el Decreto Ley 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva (SPDA 1990: 34-35). Esta ley buscaba abrir el camino al latifundio agrcola y ganadero al dictar que poda otorgarse en propiedad tierras con aptitud para el cultivo o la ganadera en las extensiones requeridas para el desarrollo de tales proyectos, a empresas del Estado o a empresas con participacin de ste (Artculo 70 de la ley). Es decir, no fij lmites al otorgamiento de tierras y posteriormente recibi el respaldo del artculo 159, inciso 4 de la Constitucin de 1979, que autoriz el otorgamiento en propiedad de tierras amaznicas a particulares.

La Constitucin de 1979 contena un captulo dedicado a las comunidades campesinas y nativas. Adicionalmente una serie de otros artculos reconocan el derecho de las comunidades campesinas (descendientes de pueblos indgenas de la Costa y Sierra) y las comunidades nativas de la Amazona a recibir educacin en su propio idioma. A travs de stos y otros derechos la Constitucin de 1979 promovi el reconocimiento de la diversidad cultural amaznica, busc proteger los derechos indgenas sobre la tierra y restringir el acceso al libre mercado sobre esas tierras. As el artculo 161 de la Constitucin sealaba que las comunidades campesinas y nativas son autnomas en su organizacin, trabajo comunal y uso de la tierra as como en lo econmico y administrativo dentro del marco que la ley establece. Las tierras de acuerdo al artculo 163 eran inembargables, imprescriptibles e inalienables, slo podan ser enajenadas por ley fundada en el inters de la comunidad y solicitada por una mayora de 2/3 de los miembros calificados de sta o en caso que stas hubieren sido afectadas por expropiacin de necesidad y utilidad pblica. En ambos casos era requisito el pago previo de una compensacin en dinero.

Al mismo tiempo, la Constitucin incluy, por primera vez, la recomendacin de un tratamiento especial para la regin amaznica. As el Artculo 120 dispuso:

"El Estado impulsa el desarrollo de la Amazona. Le otorga regmenes especiales cuando as se requiere. Una institucin tcnica y autnoma tiene a su cargo el inventario, la investigacin, la evaluacin y el control de dichos recursos".

Esta no era una norma aislada, la Constitucin de 1979 trajo consigo casi una decena de normas referidas a la realidad de la Amazona. En particular el artculo 159, inciso 4, referido a la necesidad de dictar las normas que cuidando el equilibrio ecolgico promovieran el desarrollo agrario amaznico. De manera concordante, los artculos 118 y 123, establecan que los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nacin, as los minerales, tierras, bosques, aguas y fuentes de energa pertenecen al Estado, debiendo ser aprovechados en orden a mantener un ambiente ecolgicamente equilibrado. Este ltimo derecho era de especial inters para los pueblos indgenas y amaznicos en cuyo caso el entorno es parte esencial de su cultura. Estas normas tenan que ser compatibilizadas con el derecho de las comunidades nativas a sus tierras, como conciliar stos intereses ha sido uno de los mayores debates Lamentablemente, el retorno del Arquitecto Fernando Belande al poder en 1980 signific la continuidad de la poltica desarrollista de colonizacin amaznica. (SPDA 1990: 34-35; Soria 1990: 10).

En 1980, el artculo 123 del Decreto Legislativo 2 modific el artculo 70 del D.L. 22175, sealando que los lmites seran 5,000 has. para proyectos agrcolas; 15,000 has. para proyectos agroindustriales; 20,000 has. para proyectos agropecuarios y 30,000 has. para proyectos mixtos. En el caso de los adjudicatarios individuales de tierras amaznicas, es decir colonos, se estableci como unidad agrcola un rea no menor de 10 has., lo que fue la excusa para la continuidad de los programas de asentamientos rurales (Soria 1990: 9). Tanto la Ley de Comunidades Nativas y de Promocin Agraria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva", Decreto Ley 22175, como posteriormente, la Ley de Promocin y Desarrollo Agrario, Decreto Legislativo 2, buscaban atraer capitales mediante el acceso de la empresa privada a los bosques y las tierras, paralelamente con un impulso a los programas de colonizacin, (SPDA 1990: 36).tan rechazados por los pueblos indgenas.

En contraste a la dcada de 1970 cuando el desarrollo dirigido por el Estado se encontraba de moda, en 1990 el contexto estaba fuertemente influenciado por la creciente privatizacin del desarrollo. La globalizacin, amparada en el consenso de Washington, haba iniciado algunas tendencias, la privatizacin era una de ellas. Esto significaba un incremento en la inversin del sector privado paralelo con una reduccin del tamao del Estado y de su papel en la economa. La privatizacin transfiere responsabilidades sociales, funciones polticas y recursos financieros del sector pblico hacia el sector de las corporaciones privadas (Johnston y Turner 1998: 34). La privatizacin promueve la desregulacin a fin de abolir el control pblico sobre la actividad econmica (Johnston y Turner 1998: 36). La privatizacin del desarrollo se refiere al hecho de que el sector privado ha incrementado su participacin en el financiamiento de inversiones de gran escala como el caso de la industria energtica. Este fenmeno no es uno que ocurre aisladamente en algunos pases, sino que es una tendencia global. Por ejemplo, a nivel internacional, como resultado de la globalizacin el sector privado ha incrementado su participacin en el financiamiento del desarrollo en comparacin a la inversin en programas de ayuda o de inversin por parte de la banca de desarrollo multilateral. (Soria 2002a)

La ejecucin de inversiones de gran escala involucra desarrollar un conjunto de actividades y servicios que traen lo que algunos perciben como desarrollo a nivel local. Las dimensiones financieras materiales y simblicas de estos proyectos usualmente involucran impactos ambientales y sociales. Ms aun estos casos generalmente involucran a pueblos indgenas que hablan una lengua diferente de aquella en la cual el proyecto ha sido formulado e implementado, en consecuencia, estos proyectos tienen mucha posibilidad de impactar negativamente sobre los derechos humanos de estos pueblos indgenas. Las corporaciones privadas tienden a negar cualquier responsabilidad de daos ambientales o problemas sociales, e incluso niegan haber impactado sobre los derechos humanos de las poblaciones involucradas (Johnston y Turner 1998: 35); ms aun las corporaciones operan con un gran nivel de secreto, pues no estn abiertas al escrutinio pblico y, lo que es peor segn afirma Johnston y Turner (1998: 36) una vez que una autoridad pblica ha entregado el dinero al desarrollista, sta, la autoridad pblica, pierde mucho de su capacidad de demandar el cumplimiento de cualquier estndar o limitacin que pueda haberse impuesto como condicin para la entrega del prstamo.

Hoy en da, por ejemplo, en Ecuador y Per la industria petrolera ha sido exitosa en evitar sus responsabilidades por el impacto social. La legislacin actual tiene algunas normas muy amplias sobre el tema de impacto social. Es decir, estas normas amplias son fundamentalmente un estmulo para el cumplimiento voluntario de estndares, ms o menos estrictos, de responsabilidad social corporativa. La legislacin ha comenzado ciertamente a preferir que los inversionistas privados aseguren que adems de los objetivos normales de su negocio su proyecto tambin tome en cuenta algunos impactos sociales importantes, as como, provean algn espacio de participacin para la poblacin local. Como resultado de este fenmeno la inversin estatal directa se ha mantenido a un mnimo mientras que los inversionistas privados son cada vez ms responsables por el desarrollo local. (Soria: 2002 a)

En este contexto se elabor la Constitucin de 1993. Habamos pasado del modelo de desarrollo liderado por el Estado hacia un modelo de privatizacin del desarrollo, la economa y el Estado, donde las corporaciones privadas tienen un mayor control del mercado. As, por ejemplo, el artculo 89 de la Constitucin de 1993 estableci que las comunidades campesinas y nativas son autnomas en su organizacin, en su trabajo comunal, en el uso y disposicin de sus tierras. En general, el artculo 89 es muy similar al artculo 161 de la Constitucin de 1979 con el nico aadido de la frase y la libre disposicin de sus tierras. Elemento caracterstico de la economa liberal que incorpor las tierras de las comunidades nativas al libre mercado.

Curiosamente la Constitucin de 1993 reconoci algunos otros derechos indgenas como el tema de la jurisdiccin dentro de su mbito territorial y de conformidad con el derecho consuetudinario (artculo 149). Algunas otras diferencias entre ambas constituciones se refieren, por ejemplo, al caso del artculo 161 de la Constitucin de 1979 similar al artculo 89 de la Constitucin de 1993 que seala que el Estado respeta y protege las tradiciones de las comunidades nativas y campesinas, mientras que la Constitucin de 1993 en su artculo 89 dice solamente que respeta la diversidad cultural, pero ya no dice que la protege. Es decir, hay un ligero cambio en trminos de flexibilizacin de las normas relativas a la proteccin de los derechos de los pueblos indgenas.

Otra diferencia est en el tema de la propiedad de las tierras. En la Constitucin de 1979 el artculo 173 seala que las tierras de las comunidades nativas y campesinas son inembargables, imprescriptibles e inalienables. La inalienablidad tena excepcin en caso que la comunidad solicite la aprobacin de una ley que permita la transferencia de propiedad. De manera diferente el artculo 88 y 79 de la Constitucin de 1993 que establecen que la tierra de la comunidad indgena es imprescriptible, pero puede ser enajenada o embargada. Este es un cambio importante producto tambin del impacto del modelo liberal en la economa y del proceso de privatizacin del desarrollo.

Otra diferencia importante se encuentra en el tema del desarrollo empresarial de las comunidades nativas. La Constitucin de 1979 estableci en su artculo 162 que el Estado promueve el desarrollo integral de las comunidades campesinas y nativas y fomenta las empresas comunales cooperativas. La Constitucin de 1993, sin embargo, seala el tema, pero obviamente lo incorpora dentro del derecho a la libre empresa, de manera que lo que busca es evitar que pudiera existir un tipo de empresa diferente de aquellas que ya predominan en el mercado. Estos son algunos de los cambios que se presentan en la Constitucin de 1993. El cambio favorable importante que aporta la Constitucin de 1993 es lo referido a la jurisdiccin indgena y al derecho consuetudinario.

2) La participacin indgena en la poltica ambiental y el desarrollo.

Las acciones de la poblacin indgena amaznica peruana muestran que estos pueblos presentan permanentemente una demanda de ciudadana para su incorporacin a la sociedad occidental a la par con una demanda por el reconocimiento de la diversidad cultural. En el caso peruano, la Constitucin de 1920 incorpor a las comunidades indgenas andinas y costeas bajo proteccin legal. En 1974, el gobierno de Juan Velasco Alvarado dict legislacin especfica para las poblaciones indgenas amaznicas. Sin embargo, el proceso de organizacin de los Cocama Cocamilla slo se inici recientemente en 1990 como parte de los proyectos de desarrollo local dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria.

En 1989 se aprob el Convenio 169 de la OIT, desde entonces varias ongs y organizaciones indgenas peruanas iniciaron un proceso de difusin de referido convenio en busca de lograr el respaldo de la sociedad civil para que el gobierno peruano ratificara el referido convenio. Este convenio es un cambio radical en la poltica diseada en 1957 por el convenio 107 que haba asumido la integracin como una tendencia natural. El convenio 169 se basa en los principios de respeto y participacin. Respeto a la cultura, la religin, la organizacin social y econmica y la identidad de los pueblos indgenas. El convenio promueve la proteccin de stos derechos a fin de asegurar el bienestar de los pueblos indgenas en el marco de los lmites que una sociedad multitnica plantea. Es sumamente importante reconocer que el convenio busca asegurar el derecho de los pueblos indgenas, al establecer sus prioridades de desarrollo.

Un aspecto fundamental es el reconocimiento del vnculo peculiar entre los pueblos indgenas con la tierra y el ambiente. El convenio reconoce los derechos de propiedad y de uso de los pueblos indgenas en particular, sobre aquellas tierras que han utilizado tradicionalmente y aquellas que han tenido acceso. Estos derechos deben ser protegidos considerando particularmente el derecho al uso, manejo y conservacin de los recursos naturales. Otra importante regulacin del convenio seala que la reubicacin debe ser slo permitida cuando los pueblos indgenas han dado su consentimiento informado.

El Convenio 169 fue ratificado por el Per el 17 de enero de 1994. El instrumento de ratificacin fue depositado en Ginebra el 2 de Febrero de 1994. En consecuencia, el convenio entr en vigencia en el Per el 2 de febrero de 1995. Una vez que se ha ratificado el convenio el pas debe adaptar su legislacin y desarrollar las acciones necesarias para implementar el convenio.

En el caso de las demandas indgenas se observa el reclamo del derecho al efectivo control de su territorio, hecho que se grfica con las reiteradas demandas de que no se realicen nuevas actividades exploratorias sin su consentimiento previo e informado. Si bien este reclamo no tuvo xito es indicativo del problema que enfrentan las poblaciones indgenas debido a la ficcin jurdica que permite tratar al subsuelo separadamente del suelo. (AIDESEP 1999; La Torre Lpez 1999, Soria 2001). Es decir, mientras los indgenas tienen reconocido el uso del suelo a su favor, el subsuelo puede ser dado en concesin a una empresa petrolera lo que hace que sobre un mismo espacio existan dos titulares reconocidos, sin que para ello se hayan establecido mecanismos de coordinacin o de resolucin de diferencias sobre el manejo del mismo espacio, lo que evidentemente resulta en conflictos. Este es un problema que la legislacin debera atender a fin de minimizar las posibilidades de conflicto, estableciendo, por ejemplo, oportunidades para el dialogo y el acuerdo sobre las actividades a desarrollarse en una determinada rea y la necesidad de un arbitraje en caso de diferencias. La situacin se complica an ms cuando existe autorizaciones para la explotacin forestal o minera pues todos estas se agregan al mismo espacio y se generan por autoridades independientes que no coordinan entre si y que hacen uso de la ficcin jurdica que separa al suelo del subsuelo.

En el caso del conflicto alrededor de la explotacin petrolera en la Reserva Nacional Pacaya Samiria, en 1991, (Soria 2001) las organizaciones ambientalistas e indgenas se unieron rpidamente a fin de desarrollar una campaa de presin sobre Texas Crude Exploration Inc. y el gobierno peruano. Esta campaa involucr a organizaciones no gubernamentales internacionales. El resultado fue altamente positivo para las organizaciones no gubernamentales, ya que lograron involucrar a un congresista norteamericano y a diputados del congreso peruano los que intervinieron para demandar informacin y explicaciones de las autoridades del Ministerio de Energa y Minas. Es importante resaltar la interpretacin del cdigo ambiental efectuada por la Cmara de Diputados en el sentido de que esta norma prohiba la explotacin petrolera en la Reserva Nacional Pacaya Samiria. (Soria: 2001)

Los representantes de las organizaciones indgenas reclamaron el hecho de que no haban sido invitados a participar de las negociaciones con Texas Crude Exploration Inc., lo cual interpretaban como una transgresin de su derecho a un ambiente sano y equilibrado. De hecho la normatividad vigente no haba consagrado el derecho de participacin de los indgenas en la toma de decisiones sobre la explotacin petrolera, pero estos interpretaban que en la medida en que tal decisin poda afectar el futuro de las comunidades colonas e indgenas de Pacaya Samiria ellos deban ser considerados como parte a ser escuchada. Al momento en que se desarrollaron estos eventos an no entraba en vigencia el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo que consagr, recin a partir del 2 de febrero de 1995, una serie de derechos de las poblaciones indgenas.

En el caso peruano las organizaciones ambientales e indgenas fueron muy exitosas al lograr que Texas Crude abandonara su intencin de explorar petrleo dentro de la reserva. Fue la efectiva coordinacin de estas organizaciones con sus pares internacionales la que logr convencer a la compaa petrolera de que la exploracin del bloque 61 traera una larga secuela de acciones de presin y demanda pblica contra la empresa. An ms importante es el hecho de que las organizaciones ambientales lograron implementar proyectos de conservacin y desarrollo en la reserva, demostrando as que la conservacin de los recursos naturales es una alternativa viable que puede contribuir al desarrollo sustentable. ( Soria 2001 2002)

El gobierno Fujimori qued muy frustrado por la cancelacin del contrato con Texas Crude. Dado el inters del gobierno en promover la inversin extranjera y con el fin de evitar otro incidente como el de Pacaya Samiria, el gobierno decidi modificar la legislacin ambiental a fin de abrir el camino a otras probables inversiones extranjeras en el sector petrolero. Sin embargo, es importante anotar como pese a ello hasta la fecha no se ha vuelto a proponer la posibilidad de explotacin petrolera dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria ni dentro de ningn otra rea protegida. Este conflicto fue un pulseo poltico entre el gobierno y las organizaciones ambientales e indgenas donde, siendo estas ultimas infinitamente menos poderosas que aquel, lograron, sin embargo, ganar una batalla en la que contaban con la razn legal y el respaldo legitimador de la opinin pblica nacional e internacional. Quizs si no se hubiera tratado de Texas Crude sino de una pequea empresa petrolera latinoamericana el efecto de la presin pblica pudiera no haber hecho mella en la empresa, tal como lo sugiere Scurrah (1995) cuando dice que las compaas del Tercer Mundo son menos vulnerables a las presiones del movimiento ambiental.

3) El impacto de la transicin democrtica

El 13 de abril del ao 2001 se expidi el Decreto Supremo 15-2001-PCM mediante el cual se cre la Comisin Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas. Este dispositivo estableci adems la formacin de una Mesa de Dilogo y Cooperacin a fin de elaborar, con participacin de las organizaciones indgenas e instituciones interesadas, propuestas de solucin para los problemas que afectan a las comunidades nativas del pas. La Comisin Especial cont con una Secretara Tcnica formada por el Instituto Nacional de Recursos Naturales INRENA- y la Secretara Tcnica de Asuntos Indgenas SETAI-, dependientes del Ministerio de Agricultura y del Ministerio de Promocin de la Mujer y del Desarrollo Humano PROMUDEH- respectivamente, quienes tuvieron la atribucin de formular propuestas tomando como insumos los aportes de los grupos de trabajo de la Mesa de Dilogo. Con el aporte de una consultora especializada las propuestas formuladas permitieron elaborar un Plan de Accin, dividido en ocho reas temticas de acuerdo a los ocho asuntos prioritarios establecidos en el Decreto Supremo 15-2001-PCM. El Plan de Accin fue fruto de un trabajo colectivo, participativo, entre miembros de la sociedad civil (organizaciones indgenas, organizaciones no gubernamentales, consultores independientes, entre otros) y representantes de los diversos sectores pblicos.

La apertura del gobierno de Paniagua dio un paso adelante en la democratizacin del pas y en la consolidacin de los derechos de los pueblos indgenas. Este proceso fue un ejemplo del dilogo que hasta entonces no era posible imaginar. Las acciones mencionadas en el plan son reivindicaciones de los pueblos y comunidades indgenas amaznicas postergadas por muchos aos. El dilogo fue un proceso en el que unos aprendieron de otros y stos de aquellos, generando una dinmica de mayor confianza entre los diferentes actores, un mejor conocimiento del funcionamiento del Estado, una comprensin ms cabal de los argumentos de unos y otros, y una serie de lecciones que, en cierto modo, estn reflejadas a lo largo del documento.

El plan presenta una serie de propuestas concretas, acordadas con los propios funcionarios estatales, para:

a. Garantizar los derechos de propiedad de la tierra y la seguridad jurdica de las comunidades nativas de la Amazona;

b. Ampliar la educacin intercultural bilinge a todas las comunidades nativas y en todos los niveles: inicial, primario, secundario y superior;

c. Construir un sistema intercultural de salud y ampliar la cobertura de la salud pblica entre las comunidades nativas;

d. Construir condiciones de paz y seguridad para las comunidades nativas de la selva central;

e. Asegurar la participacin de los pueblos indgenas en el manejo y en los beneficios de las reas naturales protegidas;

f. Garantizar el acceso, uso y participacin en los beneficios por parte de las comunidades nativas en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de su entorno y la prevencin de daos ambientales y sociales negativos;

g. Proteger a los pueblos indgenas en aislamiento voluntario; y

h. Respetar y proteger los conocimientos colectivos de los pueblos indgenas.

Esperbamos que el Consejo de Ministros valorara en su exacta dimensin histrica el Plan de Accin, lo aprobara de manera integral e iniciara su ejecucin inmediata, para de esa manera promover el bienestar y desarrollo de las comunidades y pueblos indgenas del Per. Efectivamente, el plan fue aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en El Peruano. Lamentablemente el gobierno de Alejandro Toledo prefiri dejar el tema en manos de Eliane Karp y la CONAPAA. La que ha hecho odos sordos a las demandas de Guillermo aco (CEA-ARPI, Comisn Emergencia Ashaninka) (Quehacer 2001: 90-95). o Margarita Benavides (Instituto del Bien Comn) (Quehacer 2001: 102-106) para que se lleve adelante el plan.

Los verdaderos problemas de la legislacin estn en su visin de quienes participan del proceso normativo y poltico, quienes son los sujetos para los que se legisla y que la ley busca promover, quienes son los excluidos de dicho proceso y cmo quedan articulados a la accin del Estado. As en el discurso normativo para el desarrollo amaznico en la dcada Fujimori es posible identificar los siguientes mitos e invisibilidades. Los mitos del control perfecto del ente regulador sobre los regulados; del acceso igualitario de todos los actores a la poltica de manejo de recursos naturales; de lo local como espacio democrtico; del capitalismo homogneo; y de la homogeneidad del espacio y las distancias legales. Las inivisibilidaeds del pequeo productor (agrcola, minero, forestal, pesquero y pecuario); del gobierno local, de las comunidades nativas, campesinas y los pueblos indgenas; de las disfunciones del sistema y del manejo comunitario de los recursos (Soria 2002)

El derecho, y en particular su formulacin como poltica ambiental, debe ser resultado y sntesis de las demandas sociales dinmicamente articuladas, as como de las posibilidades reales del medio natural de atender a las necesidades de la sociedad. Para ello nada mejor que las estrategias de participacin abierta, bsqueda de dialogo y cabildeo transparente de intereses legtimos y, mejor aun, si ello ocurre como parte de una experiencia de concertacin multisectorial que involucra a todos los actores que operan en la realidad. (Soria 2002 b)

La dcada Fujimori confirma nuestra afirmacin anterior cuando vemos que, durante ese perodo, tanto los problemas que caracterizan a la normativa as como los mitos e invisibilidades que en ella ocurren hubieran sido, en buena medida, superados con las estrategias antes propuestas. Una experiencia cercana que demuestra esta posibilidad es el caso de las mesas de concertacin iniciadas bajo la administracin de Valentn Paniagua (2000-2001).

En particular, el caso de la Comisin Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas, que busc corregir una serie de problemas normativos y de poltica que afectan a las comunidades nativas. Lamentablemente la Comisin Nacional de Pueblos Andinos Amaznicos y Afroperuanos-CONAPAAA, creada recientemente por el actual gobierno, no ha dado todava los pasos necesarios para la implementacin de los acuerdos establecidos en el Plan de Accin para las Comunidades Nativas.

Otra experiencia que se deriva de este nimo concertador; aunque se encuentra en proceso de maduracin, es el caso de la Mesa de Dilogo y Concertacin Forestal impulsado por el Ing. Alvaro Quijandria, Ministro de Agricultura, con el objeto de promover negociaciones y acuerdos entre todos los actores involucrados con el sector forestal para implementar la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley 27308.

En todos estos casos que tienen ntima relacin con las posibilidades de promover un proceso de desarrollo sostenible, el derecho ambiental se presenta como una herramienta muy efectiva vinculada a los instrumentos de derechos humanos disponibles para la accin civil. Esto lo hemos podido apreciar durante la segunda mitad de la dcada de 1990, cuando el pas atraves un proceso de institucionalizacin y desarrollo de la legislacin ambiental, aun a pesar de los mitos e invisibilidades que afectaron a esta legislacin.

La institucionalizacin de las materias ambientales, es decir; el proceso de creacin de una autoridad ambiental y la asignacin de responsabilidades ambientales especficas a diferentes sectores de la burocracia, ha hecho posible que hoy el Estado asuma la responsabilidad de intervenir directamente en el control de ciertos problemas ambientales no legislados previamente, como en el caso del sector energa, preparando las condiciones legales e institucionales para hacer el monitoreo y la evaluacin, adems de supervisar el cumplimiento de la ley; incorporacin de Estudios de Impacto Ambiental, promulgacin de regulaciones, introduccin de estndares y lmites permisibles, y regulacin de un proceso debido para la revisin y apelacin de casos ambientales.

En resumen, la dcada de 1990 marc una tendencia a favor de regulaciones ambientales ms detalladas y estrictas. Esto fue verdad incluso en el perodo de 1992, cuando el gobierno de Fujimori aboli y modific una tercera parte del Cdigo Ambiental a travs de la legislacin de promocin de inversiones. Cabe resaltar que esta legislacin ambiental que estableci una serie de principios importantes careci, sin embargo, de normas amplias que favorecieran la participacin ciudadana, la vigilancia social, la descentralizacin y la transparencia en la gestin pblica. (Soria 2001 2002 a 2002 b)

Adems, hasta el momento el desarrollo ms significativo de la poltica ambiental ha ocurrido a travs de un acercamiento sectorial, es decir, que cada Ministerio es responsable de la entrada en vigor y vigilancia de la legislacin ambiental de la actividad que regulan. Todava hace falta utilizar una perspectiva holstica que permita crear una institucin ambiental central como eje para la administracin de un sistema ambiental que atraviese todos los sectores del Estado.

Finalmente, un simple repaso a los complejos y variados conflictos socio-ambientales que afectan a la Amazona y en general a todas las regiones del pas, nos indica la necesidad de contar con marcos legales que establezcan puentes slidos entre los modelos de desarrollo sostenible que deseamos a futuro, y la necesidad de resolver progresivamente los problemas actuales que presentan las diferentes dimensiones de la relacin sociedad naturaleza en el Per.

Los pueblos indgenas amaznicos confrontan problemas relativos a la degradacin de los bosques, a la explotacin petrolera, a la salud, a la educacin y a la participacin en los espacios de decisin donde se implementa la poltica de manejo de recursos naturales. En el caso de Per, los derechos de los pueblos indgenas reconocidos en las ltimas dcadas han ido dando cada vez ms evidencia de que el problema no est en grandes normas o en una nueva ley de pueblos indgenas, sino que los problemas se encuentran ms a nivel del pequeo funcionario en una remota localidad del bosque Amaznico peruano. El verdadero problema de los derechos indgenas en el Per no es tanto si las autoridades de ms alto nivel reconocen quienes tienen derechos sino cmo hacer que estos derechos sean efectivos en la cotidianedad de los pueblos indgenas y ante el funcionario de cuarto o quinto nivel que es responsable de aplicar la norma en un remoto pueblo de la Amazona peruana. Esta verdad largamente comprendida por los pueblos indgenas y por sus dirigentes llev a que, en el contexto del gobierno de transicin de Valentn Paniagua (2000-2001), se decidiera conformar una Comisin Especial Multisectorial Para Las Comunidades Nativas encargada de elaborar un Plan De Accin Prioritario Para Las Comunidades Nativas que buscara atender y resolver los problemas de estas comunidades.

3) Alejandro Toledo y Elianne Karp: el sndrome de Jane.

4) El caso forestal: una luz de esperanza al final del tnel.

En abril de 2001, como respaldo a una iniciativa de concertacin planteada por Foro Ecolgico, Cmara Nacional Forestal y CIP-CIF se produjo una jornada de trabajo para elaborar aportes al reglamento de la Ley 27308. CORMADERA decidi participar como observador y no entrar a trabajar directamente en la concertacin. Como resultado de este trabajo conjunto se incorporaron una serie de propuestas al reglamento de la Ley 27308, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Sin embargo, CORMADERA mantena su estrategia de cabildear directamente sobre el Ministro de Agricultura y el Ministro de Industrias.

En septiembre de 2001 el Ministro de Agricultura convoc a los empresarios representados en Cmara Nacional Forestal y CORMADERA a dialogar para buscar una salida concertada al problema forestal. Un primer ejercicio fue elaborar un texto alternativo de Ley Forestal y de Fauna Silvestre durante los meses de setiembre a diciembre 2001. Una vez que contaron con un texto, se decidi convocar a los ambientalistas. Al conocer dicha propuesta el Foro Ecolgico cuestion la iniciativa de un texto derogatorio de la referida Ley. El Ministro seal que era el resultado de la concertacin con los empresarios. El Foro Ecolgico y otras ongs. propusieron asegurar y fortalecer la implementacin de la Ley 27308, promoviendo un espacio de concertacin institucionalizado para avanzar en acuerdos que permitan hacer las modificaciones necesarias y los pasos graduales hacia su pleno cumplimiento. Los ambientalistas unnimemente rechazaron discutir un proyecto de modificaciones a la ley y mas bien propusieron discutir la poltica del sector forestal para implementar la Ley 27308.

El 2 de enero de 2002 se firm un acuerdo entre empresarios, ambientalistas, indgenas y el Estado para llevar adelante la implementacin de la nueva Ley Forestal con las concesiones de 5,000 a 10,000 has. orientadas, fundamentalmente, a pequeos extractores; es decir, a la poblacin local de las regiones con recurso forestal.

La Mesa de Dialogo y Concertacin Forestal acord el establecimiento de un cronograma de implementacin de la legislacin forestal para asegurar el otorgamiento de concesiones hacia el mes de abril. Para ello se acord determinar los Bosques de Produccin Permanente en Madre de Dios, Ucayali y Loreto; la inscripcin de los Bosques de Produccin Permanente en los Registros Pblicos; la implementacin del OSINFOR, FONDEBOSQUE y CONAFOR; elaborar normas y procedimientos complementarios: D.S que excepta de plazo de convocatoria; determinar las unidades de aprovechamiento; definir y verificar el potencial de los tipos de bosque; determinar del derecho de aprovechamiento; nombrar la Comisin Ad Hoc para concurso pblico; preparar las bases para el concurso pblico; convocar a concurso y vender bases; absolucin de consultas; fecha de presentacin de propuestas; otorgamiento de la buena pro; suscripcin de los contratos de concesin; e inicio de las actividades forestales.

El inicio del debate entre varios actores forestales permiti ensayar posiciones e iniciar un dialogo constructivo en aras de una solucin sostenible para los bosque tropicales y el pas. Un primer resultado concreto fue el acuerdo relativo al concurso pblico para concesiones de 5 000 a 10 000. As salieron a concurso 1.5 milln de has. en Madre de Dios, donde se otorgaron en concesin 1.2 millones de has. En Ucayali salieron a concurso 3.5 millones de has, y se otorg concesin sobre 2.2 millones de has. En Loreto se convoc a concurso. Los bosques de produccin ya estaban inscritos en Registro Pblicos de Loreto, aunque su inscripcin haba demorado por la oposicin local planteada en mltiples espacios por un sector de CORMADERA, liderado por Guillermo Zender. Zender aprovech su vinculo con el Frente Patritico de Loreto para buscar eliminar la Ley 27308. Una serie de reuniones de negociacin entre el gobierno y el Frente Patritico de Loreto parecan haber encontrado la solucin a travs de la venta de vuelo forestal. Lamentablemente, cuando la solucin al problema pareca haberse alcanzado Zender presion para lograr que el Frente Patritico de Loreto expulsara a los miembros de la Comisin Forestal que haban venido negociando con el gobierno.

San Martn y Hunuco han salido a concurso hoy solo est pendiente Loreto, Cusco, Puno, Pasco y Junn. El Per tiene aproximadamente 70 millones de has. forestales. En este momento slo ha salido a concurso 3 millones y medio, y deben estar pendiente del concurso otros tres millones de has.

Siete meses despus de iniciado este proceso de concertacin, el gobierno, negociando con el sector de empresarios y pequeos extractores que haban rechazado la concertacin, acord crear un rgimen especial que permitira prorrogar los contratos de 1000 has y crear un rgimen dual que pondra en riesgo el sistema de ordenamiento que supone el rgimen de concesiones forestales.

Este es el tipo de descentralizacin que requieren los pueblos indgenas para hacer realidad su participacin en el manejo futuro de su territorio Areas naturales protegidas y bosques.

5) Lideres indgenas del siglo XXI: Hildebrando Ruffner, Manuel Huaya, Juanita Vsquez, Judith Reimundo.

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.- Este artculo ha sido elaborado en base a la ponencia presentada en la sesin del da 12 de septiembre, del Coloquio Internacional de Derecho Ambiental, organizado por la Universidad de Guadalajara del 11 al 13 de septiembre de 2002.

.- Diploma en Letras, Bachiller en Derecho y Abogado por la Pontificia Universidad Catlica del Per, Maestro en Ciencias Sociales con mencin en Estudios Amaznicos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ecuador, y candidato a Ph. D. en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Flinders de Australia del Sur.

.- Si bien de Sur a Norte los departamentos amaznicos peruanos mas orientales se ubicaran como Madre de Dios, Ucayali y Loreto, lo que nos sugerira que la Selva Central correspondera al departamento de Ucayali, la expresin Selva Central est referida a un conjunto de provincias amaznicas de unos departamentos considerados mas bien andinos, como es el caso de Hunuco, Pasco y Junn. Estas provincias de la Selva Central estn unidas por la realidad y la geografa, pero polticamente se encuentran desarticuladas como dependientes de sus respectivas autoridades mas bien establecidas en ciudades del ecosistema andino.

.- El proyecto vial unira los departamentos de Cajamarca, Amazonas, San Martn, Hunuco, Ucayali, Pasco, Junn, Cusco y Madre de Dios. Las obras se iniciaron en el primer gobierno de Belande. ...A pesar del indudable antagonismo que existe entre la intencin que inspir la Marginal de la Selva (versin contempornea de la lnea de Tordesillas) y la filosofa bandeirante que inspira el trazado de la red vial brasilea, es indiscutible que existe una gran compatibilidad de intereses entre el Brasil y sus vecinos amaznicos (SPDA 1990: 30; Soria 1990: 11).

.- La Amazona baja o selva baja fue escenario de grandes concesiones durante el boom del caucho. Finalizado el boom la propiedad agraria fue abandonada. Los latifundios revirtieron conforme a la Ley 1220, Ley General de Tierras de Montaa, de manera que aparentemente en la Amazona baja existan tan pocas haciendas que no justificaban un proceso de reforma agraria (SPDA 1990: 32; Soria 1990: 12).

.- En 1990 J. Williamson public Latin American Adjustment. How much has happened? con el apoyo del Institute of International Education. En este libro el autor presentaba lo que el llam una lista aceptada de recomendaciones de poltica (Kerner 2000: 5). Estas eran 10 principios neoliberales generales en relacin a disciplina fiscal, gasto publico, reforma tributaria, tasas de inters, privatizacin, desregulacin comercial y dems. Este consenso aparente, entre instituciones basadas en Washington, sobre un conjunto de polticas econmicas es lo que se ha dado en conocer como el consenso de Washington. Este consenso de Washington fue la receta neoliberal para el mundo, en particular para Amrica Latina.

.- El periodo constitucional de Alberto Fujimori se extendi del 28 de julio de 1990 al 4 de abril de 1992. A partir del 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori gobern gracias a un corrupto pacto civil-militar que le permiti concluir su perodo y le facilit la reeleccin en 1995 y en el 2000. Finalmente, el 14 de Noviembre de, 2000, se produjo un escndalo de corrupcin cuando apareci un video que mostraba a un congresista de la oposicin siendo pagado para prestar su apoyo al partido de Fujimori. Este escndalo caus que Fujimori y Montesinos su asesor de seguridad y pieza clave de una red de corrupcin de dimensiones internacionales huyeran del pas, y el primero de estos se amparara en su ciudadana japonesa para eludir el alcance de la justicia peruana.

.- Estas organizaciones son generalmente asociaciones civiles sin fines de lucro, sean estas asociaciones o fundaciones. Como seala Fisher (1998: 13), las asociaciones comprenden a un numero diverso de asociaciones atlticas, de desarrollo local, ambientales, pueblos indgenas y varias ms. Autores tales como Bebbington y Farrington (1993) y Putnam (1993) confirman la importante contribucin de las ONGs y las redes y relaciones que ellas alimentan hacia la vida social. Hay aproximadamente 500.000 ONGs en el mundo pero solo unas 5,000 ONGs trabajan en la defensa de los derechos de los pueblos indgenas. En Per hay aproximadamente 2,000 ONGs trabajando en investigacin, ciencia aplicada, DESC y dems.

.- La legislacin puede ser nacional, regional o local, incluso en algunos casos la legislacin nacional se aplica a una regin especifica. En tal sentido, un asunto particular puede ser tratado en tres niveles diferentes y puede tambin ser tratado de diferente manera por jurisdicciones diferentes. Por ejemplo, en el caso del uso del suelo y la planificacin del espacio, diferentes municipios pueden tener su propia legislacin con regmenes diferentes entre si.

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