Una tragedia olvidada Personas desaParecidas

Comité Internacional de la Cruz Roja19, Avenue de la Paix1202 Ginebra, SuizaTel.: +41 22 734 60 01 Fax: +41 22 733 20 57shop.gva@icrc.orgwww.cicr.org© CICR, mayo de 2008

Fotografía de la portada: DUKAS/EYEDEA

Las personas desaparecen desde que los hombres comenzaron a hacer la guerra. Personas incomunicadas o asesinadas en lugares secretos de detención, como durante los años 70 y 80 en Améri-ca Latina. Víctimas de ejecuciones masivas arrojadas en tumbas anónimas, como en los años 90 en los Balcanes. Soldados cuyos cuerpos quedan abandonados en el campo de batalla, a veces durante años, como en la guerra entre Etiopía y Eritrea. Civiles que huyen de los combates o niños separados de sus familiares, como hasta hace muy recientemente en el Congo. Personas cap-turadas o rehenes, como hoy en día en Colombia.

Es una tragedia para la persona que desaparece, pero también para sus familiares, que permanecen en la incertidumbre. Su-ponen que el ser querido está muerto, pero no pueden llorar su pérdida y, dada la falta de pruebas, viven con la esperanza constante de un milagro: una prisión secreta, una nueva vida en un país extranjero. Muchos invierten todos sus ahorros en

búsquedas infructuosas durante años. Abundan las historias de personas sin escrúpulos que se apoderan del dinero de estas familias desesperadas, prometiéndoles novedades que nunca llegan.

A menudo, desaparecen los jefes de hogar. Sus familias, cuyo sustento depende repentinamente de esposas y madres, caen en la indigencia. En algunos países, pueden pasar años antes de que se dé a una persona oficialmente por muerta o ausen-te. Esta espera puede resultar eterna para los familiares del desaparecido que, en una suerte de limbo jurídico, no pue-den, por ejemplo, realizar transacción alguna con los bie-nes del desaparecido ni volver a casarse.

En definitiva, no se hace lo suficiente para resolver este urgente problema humanitario ni para ayudar a las familias a esclarecer el paradero de sus seres queridos.

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Derecho a saber El derecho a conocer el paradero de un familiar desaparecido es una preocupación funda-mental del derecho internacional humanitario y del derecho de los derechos humanos, y ha de respetarse. Las disposiciones jurídicas figuran en los Convenios de Ginebra y en sus Protocolos adicionales, así como en la Convención Internacional para la Protección de to-das las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El derecho internacional es claro: es ilegal hacer desaparecer a personas, y los familiares de las personas capturadas, heridas o muertas han de ser informadas sin demora. El desafío consiste en que los Estados adopten y apliquen dichas normas. “Si todos respetaran el derecho internacional humanitario, no habría personas desaparecidas en los conflictos armados”, señala María Teresa Dutli, jefa del Servicio de Asesoramiento en DIH del CICR.

En las afueras de la capital de Geogia,Tbilisi, Guliko Ekizashvili recibe a los visitantes en una pequeña habitación de cielorra-so agrietado, que también utiliza como sala de estar. A sus 57 años, vestida toda de negro, y con el pelo canoso recogido con un moño impecable, tiene aspecto de matrona. Las paredes están cubiertas de fotografías de su hijo: un joven apuesto, de pelo oscuro ondulado y mirada intensa. En algunas, se lo ve se-rio, en la clásica pose de retrato; en otras, hace alarde de sus habilidades en las artes marciales.

Guliko recuerda la forma en que la guerra entre Georgia y la región separatista de Abjazia lo arrancó de su vida, sin dejar rastro alguno.

“Mi hijo Besarioni nació el 19 de julio de 1971, en Tbilisi. Le gustaba pintar y practicar el kárate. Era muy bueno, era cin-turón negro.”

“Quería ir al frente. Me dijo: ‘Tengo que luchar por mi país.’ Par-tió a Abjazia el 4 de julio de 1993. El 15 de julio, supimos que casi todo su batallón había muerto, y que Besarioni estaba en el hospital, con una herida en la rodilla. Al día siguiente, mi marido y yo tomamos un avión para ir a verlo. Fuimos al hospital, pero ya no estaba allí.”

“No teníamos mucho dinero, así que regresé a Tbilisi para ven-der mis empastes de oro. Luego regresé a Abjazia para buscar-lo. Mi esposo se enroló, y yo caminé de pueblo en pueblo ense-ñando fotografías de mi hijo, y preguntando ‘¿Lo han visto? Es alto y muy guapo.’ Lo busqué entre los cadáveres en el bosque. Se rumoreaba que algunos hombres habían sido arrojados por un despeñadero en Tsugurovka. Es el único sitio al que no pude ir. En varias ocasiones, dormí en un campamento militar; en otras, en el banco de una parada de autobús. Cogía fruta de los árboles para comer.”

“En septiembre, recrudecieron los combates, y tuve que regre-sar a Tbilisi a fin de preparar a mi hija para el comienzo de las clases. Conseguí un lugar a bordo de un avión abarrotado de gente. Para ese entonces, todos los soldados me conocían. Mepreguntaban: ‘¿Encontró a su hijo, ese joven tan guapo?’ ”

“Poco antes de morir, hace siete años, en un momento de se-miinconsciencia, mi esposo me dijo de repente: ‘Veo a mi hijo, está vivo.’ ‘¿Dónde está?’, le pregunté, pero no pudo respon-derme.”

Estalla en sollozos.

“Apenas tenía 22 años. Era tan bueno, tenía tanto talento. Gasté todo mi dinero. Fui a consultar adivinos en Azerbaiyán, y todos me dijeron que estaba vivo.”

“En 2003, regresé a Sochi, una región situada entre Abjazia y Ru-sia, donde le pagué a alguien para que buscara en las prisiones. No se lo dije a mi hija; nunca me hubiera dejado ir. Ahora, mi principal objetivo en la vida es ir a Tsugurovka, al fondo de ese despeñadero. Aunque encuentre un esqueleto, no me importa. Sólo quiero encontrar a mi hijo.”

Guliko perdió a su hijo hace catorce años. Sin embargo, la heri-da sigue abierta, como si hubiera sido ayer. Hay cientos de mi-les de historias como la suya. Las cuentan personas cuyos seres queridos desaparecieron durante conflictos en el Cáucaso, los Balcanes, Nepal, Sri Lanka, Irak, Indonesia, gran parte de África, o muchos países de América Latina.

“ Aunque sólo encuentre un esqueleto, no me importa.

Sólo quiero encontrar a mi hijo. “

Es imperativo actuar Hasta hace poco, la comunidad internacional prestó muy poca atención al problema de las personas desaparecidas. “Durante mucho tiempo, se pensó que era un problema sin solución”, dice Pierre Krähenbühl, director de operaciones del CICR. Pero, en los años 90, desaparecieron en los Balcanes más de 20.000 personas. Cuando sus familiares reaccionaron con inesperada vehemencia, los trabajadores humanitarios tuvieron que hacer frente a una nueva situación. Patricia Danzi, asesora política de Krähenbühl, que estaba en los Balcanes en ese entonces, re-cuerda: “Los familiares de los desaparecidos nos presionaban, y estaban organizados. Querían saber lo que estábamos hacien-do, y los resultados de nuestras gestiones. Manifestaban frente a nuestras oficinas para asegurarse de que no los olvidásemos.”

El CICR redobló entonces sus esfuerzos para probar que algo podía, y debía, hacerse. Hoy en día, en el marco de misiones efectuadas en todo el mundo, trata decenas de miles de ca-sos de civiles y militares desaparecidos en conflictos arma-dos, tanto internacionales como internos.

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“ Cambiaría con gusto mi lugar con una madre que tiene una

tumba para su hijo. “

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Compromiso del CICREn 2002, el CICR comenzó a estudiar la forma de brindar una asistencia más eficaz a las personas que desaparecen a raíz de conflictos armados o situaciones de violencia interna, y a sus familiares. La finalidad era reexaminar los métodos utilizados para prevenir las desapariciones, tratar los casos de personas desaparecidas y ayudar a sus familiares. Paralelamente, el CICR inició gestiones a fin de que el tema de los desaparecidos figurara en la agenda de la comunidad internacional.

En 2003, se celebró una conferencia internacional, que reunió a 120 participantes de entidades gubernamentales, organi-zaciones humanitarias y de defensa de los derechos humanos, así como miembros del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, expertos y familiares de personas desaparecidas. Más tarde, la XXVIII Conferencia Interna-cional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja aprobó el Programa de Acción Humanitaria, en el cual se definen objetivos claros para los Estados y para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, bajo la premisa de que las familias tienen derecho a conocer el paradero de sus seres queridos.

Desde entonces, el CICR ha continuado ampliando sus actividades en favor de las personas desaparecidas y de sus familiares. En particular, formó parte del comité de redacción que elaboró la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006. Esta Convención estipula que: nadie será sometido a una desaparición forzada; la práctica sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad; nadie será detenido en secreto; se entiende por víctima la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada; todas las víctimas tienen derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición forzada, y las víctimas tienen derecho a una reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada.

En el discurso pronunciado con motivo de la firma de esta Convención, en febrero de 2007, el presidente del CICR, Jakob Kellenberger, puso de relieve “la importancia del marco represivo establecido en la Convención” y la urgencia de que los Estados la firmen y ratifiquen para contribuir a erradicar la práctica de la desaparición forzada.

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A menudo, la nula voluntad política por parte de los responsables de desapariciones, sumada a la falta de cooperación por parte de las personas que podrían persuadirlos, dificultan la tarea de pre-venir y esclarecer las desapariciones ocurridas durante conflicto armados o situaciones de violencia interna. La retención de infor-mación se utiliza como arma contra enemigos o adversarios. En muchos casos, particularmente cuando las desapariciones son el resultado de masacres o de ataques deliberados contra personas civiles, los líderes y dirigentes no aportan respuestas, pues temen que se les impute la responsabilidad.

Según Pierre Krähenbühl, el mejor momento para actuar es en cuanto comienza un conflicto. Así, en una guerra internacional, han de abrirse oficinas en cada una de las partes en conflicto para proporcionar información acerca de los prisioneros, las personas detenidas o muertas, e intentar por todos los medios repatriar los restos mortales. También pueden registrarse los datos de las personas civiles más vulnerables, como los niños en los orfanatos o las personas desplazadas, y asegurarse de que los soldados siempre lleven sus placas de identidad.

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Durante el conflicto, la prioridad es encontrar a las personas que están vivas y prevenir su desaparición, más que buscar a aquellas que probablemente han muerto. El objetivo del CICR, como el de otras organizaciones humanitarias, es tener acceso a las personas civiles y a los enfermos, heridos o capturados de las fuerzas armadas o de los grupos armados, cuya vida está en peligro. El CICR recaba información acerca de los aconteci-mientos que han provocado o pueden provocar la desaparición de personas. Posteriormente, se pone en contacto con las au-toridades para examinar las medidas que éstas, el CICR u otras organizaciones humanitarias deben tomar.

A veces, es poco lo que puede hacerse. Es lo que sucede ac-tualmente en Irak, donde cientos de miles de personas han desaparecido tras años de conflicto: la guerra entre Irak e Irán, el régimen de Sadam Husein y el conflicto actual. Béatri-ce Mégevand-Roggo, jefa de operaciones del CICR para Medio Oriente, dice: “La situación en Irak es muy difícil desde el punto de vista de la seguridad. Ha habido otros períodos durante los cuales no hemos podido llevar a cabo actividades de búsqueda de personas, pero nunca tan prolongados. Actualmente, apar-te de prestar apoyo al instituto médico-legal, suministrándole equipo y brindándole capacitación, el resto es casi imposible.”

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Cuando las condiciones de seguridad lo permiten, la vigilan-cia de las organizaciones humanitarias y de los organismos de derechos humanos a menudo permite disminuir el número de desapariciones forzadas. Si alguien desaparece, los familiares pueden presentar una solicitud de búsqueda al CICR y a las So-ciedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, completando un formulario con información relativa a la iden-tidad de la persona, las circunstancias de la desaparición, los testigos oculares, y todo otro detalle relevante.

Pierre Krähenbühl explica: “Un día cualquiera, vamos a una pri-sión con una lista en la que figuran los nombres de dos per-sonas dadas por desaparecidas. Consultamos el registro de la prisión, y encontramos dos nombres que coinciden. Esto tiene un efecto protector para esas personas. A partir del momento en que registramos sus datos, el riesgo de que sean ejecutadas es menor. Con el tiempo, es menos probable que haya desapa-riciones masivas.”

“El impacto de nuestra presencia puede ser considerable,” con-firma Sandra Beidas, encargada de protección de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) en Nepal. “Desde que empezamos a visitar las bases militares, resultó más difícil hacer desaparecer a las

PrevenciónMedidas para prevenir las desapariciones:

l Respetar y proteger a las personas civiles, y a los miembros de las fuerzas armadas/grupos armados enfermos, heridos o capturados.

l Respetar y proteger a las personas privadas de libertad.l Garantizar el intercambio de noticias familiares.l Identificar a las personas desaparecidas a raíz de una

situación de conflicto armado o de una situación de violencia interna.

l Tratar la información de forma adecuada.

“ A partir del momento en que registramos sus datos, el riesgo de que sean ejecutadas

es mucho menor. “

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personas y los detenidos estuvieron incomunicados mucho menos tiempo. Nuestras visitas contribuyeron, en parte, a que las desapariciones cesaran.”

Efectivamente, las actividades de búsqueda y el registro de los datos de prisioneros tuvieron un éxito relativo en Nepal, donde la población civil vivió durante 10 años una sangrien-ta guerra, en la que se enfrentaron rebeldes maoístas y fuerzas gubernamentales. Muchos civiles, bajo sospecha de apoyar al bando contrario, fueron privados de libertad, y cientos de ellos desaparecieron. “Visitamos a unos 6.700 detenidos durante la guerra. La mayoría de ellos sobrevivieron”, dice Jean-Paul Cor-boz, coordinador de protección del CICR en la capital nepalesa, Katmandú.

Janak Pandey es uno de esos afortunados. De 24 años, muy del-gado, este estudiante de administración de empresas, vive en Nepalgunj, principal ciudad del distrito de Banke, en la llanura de Terai. Estuvo privado de libertad en dos ocasiones durante la guerra. La primera vez, estuvo en manos de los maoístas du-rante un día. Un año más tarde, en 2001, fue detenido por la policía, y permaneció seis meses en detención preventiva. Du-rante todo ese tiempo, su familia desconocía su paradero. Por último, fue trasladado a una prisión, donde delegados del CICR

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lo vieron por primera vez casi un año después de haber sido detenido. “Me asignaron un número, y supe que ya no corría el riesgo de desaparecer. Para mí, el CICR fue como un dios; me salvó la vida.”

El nombre de las personas desaparecidas se introdujo en una base de datos. Los colaboradores del CICR recorrieron el país, de casa en casa, hablando con las familias para completar y co-tejar las informaciones. En febrero de 2007, el CICR publicó, en un periódico nepalés y en su propio sitio web, una lista con el nombre de más de 800 personas desaparecidas, lo cual alentó a otras familias a presentarse. “Muchas familias guardaron el periódico como recuerdo”, dice Jean-Paul Corboz. “Muchísimas han venido a decirnos: ‘Gracias, muchas gracias. Es una prueba de que es verdad.’ ’’

Pese a que, en noviembre de 2006, se firmó en Nepal un acuer-do de paz, casi mil personas siguen aún desaparecidas. Casi una cuarta parte, desapareció en el empobrecido distrito rural de Bardiya, en la región occidental de Nepal, en la frontera con la India. La mayoría de los desaparecidos pertenece a una casta inferior: los tharu. Cuando cesaron las hostilidades, un pequeño grupo de familias creó una asociación en favor de las personas desaparecidas. Con el apoyo del CICR, ésta se extendió a todo el distrito, bajo el nombre de Comité para las Víctimas del Con-flicto (CVC). Compuesto actualmente por más de 200 familias, el CVC es presidido por Krishna Chaudhary, un maestro de es-cuela de 31 años, de aire digno y sereno.

En noviembre de 2001, el padre de Chaudhary, también maes-tro, fue detenido por las fuerzas armadas cuando regresaba del trabajo. Diez días más tarde, también detuvieron a Krishna, una mañana, en su casa. Vio brevemente a su padre en una base militar. Al cabo de unos días, Krishna fue liberado, pero le acon-sejaron que se quedara en casa. Nunca más tuvo noticias de su padre y, como muchos otros, fue amenazado para que no hablara. “Estábamos tan aterrorizados que teníamos miedo in-cluso cuando ladraban los perros”, dice.

Krishna Chaudhary vive en la localidad de Baidi, distrito de Bar-diya, a una hora de camino en automóvil de Nepalgunj. La ca-rretera para llegar allí está atestada de bicicletas, vacas, camio-nes de llamativos colores, vehículos de la ONU y peatones que llevan sombrillas para protegerse del sol abrasador. Los campos de arroz, maíz y cebada que bordean la carretera, llanos y de un verde polvoriento, son labrados por búfalos cubiertos de barro. De la carretera principal, se aparta un camino de tierra que con-duce hasta un poblado de modestas viviendas de barro.

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Doce personas, en su mayoría mujeres vestidas con saris de brillantes colores, han viajado desde sus poblados a la casa de Chaudhary. Se han reunido para relatar sus historias por enési-ma vez, con la esperanza de que esta vez algo cambie.

Todos los relatos se parecen. Era de noche. Dormíamos. Un ca-mión se detuvo. Llamaron a mi marido por su nombre, lo gol-pearon y se lo llevaron. Nunca más lo volví a ver. A veces, era el ejército. A veces, los rebeldes. Suplicamos que nos llevasen con nuestros maridos; o que nos matasen en su lugar para que ellos pudiesen mantener a nuestros hijos.

Sabita Nepali, una joven de la casta de los intocables, cuenta que vio a un grupo de hombres llevarse a su marido con los ojos vendados y los brazos extendidos atados a un palo. Lo habían golpeado tanto que apenas podía caminar mientras lo condu-cían hacia la selva. Los hombres la amenazaron diciéndole que si hablaba regresarían y matarían a toda la familia. Estaba tan traumatizada que su cuerpo dejó de producir leche y su bebé murió de hambre. Ahora habita en una modesta vivienda a la salida del poblado, con su madre y la hija que le queda. “Si éste es mi karma, que así sea”, dice secándose las lágrimas. “Pero, al

menos, me gustaría recibir una indemnización para poder criar a mi hija.”

En un país sumido en la pobreza, son los más pobres entre los pobres. En esta región la servidumbre sólo fue abolida recien-temente. Las escuelas públicas son gratuitas, pero las familias tienen que pagar libros y cuadernos. Tres dólares mensuales por cada niño; demasiado para la mayoría de las familias. Casi siempre, es el jefe de hogar el que ha desaparecido, y no hay suficiente trabajo para todas las mujeres. Actualmente, su prin-cipal preocupación no es recuperar los restos mortales ni que se haga justicia, sino alimentar a sus hijos. Hasta el momento, no han recibido compensación alguna del Gobierno.

Esperan. Tienen la impresión de que no pasa nada. Inscriben su nombre en listas. Van regularmente a las oficinas de organiza-ciones nacionales e internacionales.

En Katmandú, Jean-Paul Corboz reconoce que todo progreso se logra paso a paso tras arduas negociaciones. “Es una labor muy lenta y que toma muchos años”, dice.

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DIH

El derecho internacional humanitario incluye varias disposiciones que prohíben las desapariciones forzadas. Entre ellas figuran:

l Las familias tienen derecho a ser informadas acerca del paradero de sus familiares desaparecidos.l Las partes en un conflicto han de buscar a las personas desaparecidas y facilitar las gestiones emprendidas por los miem-

bros de las familias de éstos.l Han de intercambiarse listas en las que se indiquen la ubicación y la marcación exactas de las tumbas, así como la iden-

tidad de las personas enterradas en ellas.l Las partes en conflictos armados internacionales han de suministrar lo más rápidamente posible, sin distinción alguna

de índole desfavorable, información sobre los prisioneros de guerra heridos, enfermos o náufragos, otras personas pro-tegidas privadas de libertad y las personas fallecidas.

l Los combatientes capturados y las personas civiles que se hallan en poder de la parte adversa tienen derecho a que se respete su vida, su dignidad y sus convicciones. Han de ser protegidos contra todo acto de violencia y represalia. Tienen derecho a mantener correspondencia con sus familiares y a recibir socorros.

En el distrito de Bardiya, el CICR ha financiado emisiones de ra-dio en el idioma de los tharu que evocan situaciones de la vida cotidiana relacionadas con las desapariciones. Se muestran las implicaciones jurídicas y sociales de las desapariciones y se pone de relieve la importancia de acudir al CICR para registrar los datos. El realizador de la serie, el periodista Ekraj Chaudhary, dice que la región resultó muy afectada durante la guerra debi-do a que “las estaciones de radio dedican muy poco tiempo de antena al idioma de los tharu. Durante el conflicto, los tharu no estaban informados de nada. Cuando supieron que podían re-gistrar los datos de las personas desaparecidas ya era demasia-do tarde.” Krishna Chaudhary confirma que la gente no estaba al corriente. “En esa época, no sabíamos que había instituciones que podían ayudarnos.”

Los colaboradores del CICR se entrevistan periódicamente con sus interlocutores gubernamentales, incitándoles a que ratifi-quen los tratados o se adhieran a ellos, particularmente los Pro-tocolos de 1977 adicionales a los Convenios de Ginebra, el Es-tatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención Internacional de la ONU para la Protección de todas las Perso-nas contra las Desapariciones Forzadas. Hacen recomendacio-nes sobre la forma en que Nepal podría reforzar la legislación nacional en la materia. Se esfuerzan por que las autoridades y las fuerzas de seguridad conozcan mejor el derecho internacio-nal humanitario. El inspector Manoj Kumar, de la Unidad de De-rechos Humanos de la Policía Nepalesa, reconoce que durante el conflicto uno de los problemas era “cierto desconocimiento del derecho.” El CICR organiza con regularidad sesiones de for-mación sobre el DIH para oficiales del ejército.

“ Suplicamos que nos llevasen con nuestros maridos. O que

nos matasen en su lugar para que ellos pudiesen mantener a

nuestros hijos.“

Después del fin de un conflicto, las personas en el poder suelen ser precisamente las mismas que cometieron, o permitieron que se cometieran, atrocidades. Tienen mucho que perder. Ello crea una situación delicada para el CICR y otras organizaciones.

En mayo de 2007, el CICR organizó en Nepal una serie de me-sas redondas sobre el derecho internacional humanitario y el problema de las personas desaparecidas, en las que participa-ron representantes del Gobierno, del poder legislativo y de la sociedad civil. El primer día, hubo cierta excitación cuando se abordó el tema de las personas desaparecidas. Cuando el CICR afirmó que aún había más de 900 personas desaparecidas, va-rios funcionarios del Gobierno nepalés pusieron en duda las cifras. Mencionaron casos dudosos y argumentaron que men-sualmente mil nepaleses salían del país para trabajar en el ex-tranjero. “¿Cómo probar entonces que todas esas personas han desaparecido por la fuerza?”

“Negar el problema no ayudará a su país”, respondió Mary Werntz, jefa de la delegación del CICR en Nepal. “Su autoridad moral depende de si dan o no una respuesta a las familias.”

El CICR recomienda a las autoridades nepalesas que establez-can una comisión, con un cometido a largo plazo, para escla-recer el paradero de las personas desaparecidas, y responder a las necesidades materiales, jurídicas y psicológicas de sus familiares. Para evitar que esta situación se prolongue indefi-nidamente, esta comisión no debería implicarse en acciones políticas ni procedimientos jurídicos. “Si el problema se politi-za, las familias nunca obtendrán respuesta alguna”, dice Jean-Paul Corboz.

El CICR se limita exclusivamente a cuestiones humanitarias. Los aspectos relacionados con la justicia son tratados por or-ganizaciones como la OACDH, que ejerce fuerte presión para que se establezca una comisión para las personas desapare-cidas. El objetivo de la OACDH, que trabaja en estrecha cola-boración con la Corte Suprema, es poner término a la impu-nidad. Sandra Beidas explica: “No queremos que se conozca sólo el paradero de las personas desaparecidas, sino que se establezcan las responsabilidades y se indemnice a las perso-nas afectadas.”

La Comisión Internacional de Juristas comparte esta prioridad. Susan Appleyard, encargada del programa para Asia y el Pací-fico, afirma que todos los juicios, incluso contra los militares, deben tener lugar en tribunales civiles. Menciona el ejemplo de Sri Lanka: “Hubo dos omisiones. Se iniciaron pocos juicios y las desapariciones forzadas no fueron declaradas crímenes. Actual-mente, las desapariciones comienzan de nuevo en Sri Lanka. No deseo presenciar el retorno de esta práctica en Nepal.”

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“ En Guatemala, a más de una década del fin del conflicto ar-mado, la gran mayoría de los 40 mil casos de desaparecidos

no han sido resueltos.“

Importancia de la justicia

Objetivo del CICRConcientizar a los Gobiernos, los militares, el público en ge-neral, las organizaciones nacionales e internacionales (in-cluido el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja) acerca de la tragedia de las personas que desaparecen a raíz de un conflicto armado o una situación de violencia interna, y sobre la angustia de sus familiares.

La incertidumbre sobre el paradero de un familiar es una dura realidad para innumerables familias en todo el mundo. Padres, hermanos, cónyuges e hijos buscan desesperada-mente a los desaparecidos. Las familias y las comunidades, que no saben si sus seres queridos están vivos o muertos, no son capaces de olvidar los violentos sucesos que destroza-ron sus vidas. Su angustia perdura años después del fin de los combates. No pueden iniciar un proceso de reconcilia-ción. Las heridas abiertas pueden dañar el tejido social y socavar las relaciones entre grupos y naciones, a veces dé-cadas después de los sucesos.

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Las organizaciones internacionales desempeñan un impor-tante papel en este proceso. Pero todas reconocen que son las autoridades nacionales las que deben abrir el camino hacia la reconciliación para que la sociedad pueda sanar sus heridas. Como jefa de la delegación del CICR en Sarajevo du-rante la guerra en la ex Yugoslavia, Béatrice Mégevand-Roggo vivió muy de cerca ese conflicto. “Bosnia aun no ha logrado superar el pasado”, dice. “Muchos cadáveres han sido identi-ficados, pero ello no significa que haya un compromiso real de iniciar un proceso de verdad y reconciliación. Por eso, son de tanta importancia los mecanismos en los que también se integra a las autoridades. Éstas han de reconocer que también es su problema.”

El número de personas afectadas es estremecedor. En Bosnia, 13 mil personas siguen desaparecidas, pero esta cifra ha de multiplicarse por 10, o incluso por 20, para tomar en cuenta a los miembros de la familia que no logran perdonar ni olvidar el pasado. Dado que rara vez se da prioridad a las necesidades de las familias, esta parálisis general podría prolongarse durante décadas.

En Guatemala, a más de una década del fin del conflicto arma-do, la gran mayoría de los 40 mil casos de desaparecidos no han sido resueltos. En Chipre, se esperó 40 años antes de que un equipo compuesto por médicos forenses de ambas comunida-des comenzara a excavar las fosas comunes. En España, setenta

años después de la guerra civil, apenas se empiezan a abrir las tumbas anónimas de decenas de miles de personas.

En Georgia, la situación continúa bloqueada. En una colina cu-bierta de maleza, desde donde se domina Tbilisi, se abrió un sencillo museo para las personas desaparecidas. En la entrada, un letrero indica molodini, que significa esperar en georgiano. Las paredes están cubiertas de fotografías en blanco y negro de hombres jóvenes, y se exhiben pertenencias de toda índo-le: guantes de boxeo, zapatillas de ballet, diplomas. Detrás del edificio, en un cementerio casi vacío, la maleza crece en el lu-gar previsto para las lápidas. Al lado, una iglesia para honrar la memoria de las personas desaparecidas, se deteriora con el paso del tiempo. Su construcción se interrumpió hace diez años por falta de fondos. Es un símbolo que refleja perfecta-mente la situación actual de ese país.

El conflicto entre Georgia y Abjazia estalló en 1992 y terminó con un alto el fuego en 1993. Hoy en día, la situación es frágil, los problemas no se han resuelto verdaderamente. Se calcula que el número de desaparecidos asciende a casi 2.000, la gran mayoría de ellos georgianos. Se piensa que casi todos los cadá-veres —la mitad de ellos de civiles— están en Abjazia, donde tuvieron lugar los enfrentamientos. El mayor problema es saber dónde exactamente. Georgianos y abjazios tienen cada cual su propia comisión para las personas desaparecidas, pero dichas comisiones apenas se comunican entre sí.

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Asociaciones de familiasLas redes o asociaciones de familias comparten la misma tragedia: un pariente desaparecido.Pueden desempeñar un importante papel a distintos niveles:

l Prestarse apoyo mutuo y ayudar a hacer frente a las necesidades socioeconómicas y psicológicas.l Demostrar que las familias no son sólo víctimas, sino también activistas de la causa de las personas desaparecidas.l Ejercer presión sobre los responsables políticos.l Crear mayor conciencia acerca del problema y sus consecuencias.l Velar por que las autoridades asuman sus obligaciones con respecto a las personas desaparecidas.

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A más de una década del fin del conflicto, el CICR es práctica-mente la única organización internacional que aún trabaja en el tema de las personas desparecidas.

“No podemos decir que sea una prioridad para las autoridades”, dice Samuel Emonet, coordinador de protección del CICR en Tbilisi. “No existe diálogo entre las partes, y sin un diálogo so-bre la ubicación de las tumbas, es imposible resolver los casos de personas desaparecidas.”

Keti Apridonidze, que trabaja en la oficina del CICR en Tbilisi, recuerda el día en que acompañó a rezar a un grupo de familias de personas desaparecidas. “En la iglesia ortodoxa se encien-den cirios en lugares diferentes, dependiendo de si la persona está viva o muerta. Algunos encendieron cirios para los muer-tos; los demás, para los vivos.”

Es probable que la mayoría de las personas desaparecidas haya muerto. Tanto las autoridades georgianas como abjazias afir-man que no hay lugares de detención secretos. Lo que las fa-milias necesitan ahora es una confirmación, aunque sea un solo hueso en un ataúd.

En la localidad de Khashuri, a dos horas de camino en automó-vil de Tbilisi, Nino Sulaberidze nos sirve un café turco muy azu-carado. Nos muestra fotografías de su hijo, que a los 19 años se incorporó a las fuerzas especiales. Un joven robusto, de cabello muy liso peinado hacia atrás, que posa con orgullo rodeado de algunos camaradas, el fusil a la espalda, un cigarrillo entre los dedos. Tras apenas seis meses de instrucción militar, tomó un tren a Abjazia, en noviembre de 1992, y nunca más se supo de él. El marido de Nino viajó durante un año por la región en busca de su hijo, verificando cada rumor. “Necesito conocer la verdad”, dice la afligida madre. “Al menos así terminaría mi su-frimiento.”

Su vecina, Nina Kortiashvili, también vio a su hijo por última vez el día que se fue al frente. Recuerda que después unos hombres vinieron a su casa con un ataúd, diciendo que los restos de su

hijo estaban adentro. Le pidieron dinero y le dijeron que no lo abriera, porque el rostro de su hijo estaba horriblemente des-figurado. Ella lo abrió y estaba vacío. “Sigo creyendo que está vivo”, dice. “Cada vez que oigo el portal de la entrada estoy se-gura de que es él.”

El CICR intenta persuadir a las autoridades georgianas y ab-jazias de que entablen negociaciones, y prepara el terreno por si llega a haber avances. Así, por ejemplo, ha financiado la recopilación de información ante mortem —como expe-dientes dentales, ropa y artículos personales— que se podría comparar con la información post mortem para identificar los cuerpos exhumados.

Bajo la supervisión de Shuala Drawdy, asesora médico-legal, el CICR ha organizado talleres de técnicas de investigación, re-cuperación y análisis de restos mortales para especialistas en medicina forense. “Aquí hay expertos”, dice. “Pero, como en la mayoría de los países, no están acostumbrados a trabajar con grandes cantidades de restos de esqueletos. La formación que impartimos les da conocimientos básicos más amplios, y les permite utilizar su experiencia técnica en el contexto de las personas desaparecidas.”

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“Algunos encendieron cirios para los muertos; los demás, para los

vivos.“

Es indispensable que los restos mortales sean manipulados de forma adecuada, a fin de proteger informaciones valiosas. De no ser así, existe el riesgo de que los cuerpos se extravíen o de que se pierdan pruebas esenciales. El servicio médico-legal del CICR es relativamente reciente; se creó en 2003. El CICR no efec-túa exhumaciones, pero elabora directrices e imparte forma-ción a expertos locales. Actualmente, está constituyendo una base de datos ante mortem / post mortem estandardizada para uso general.

El coordinador médico-legal del CICR es Morris Tidball-Binz. De origen argentino, fue uno de los fundadores de un equipo pio-nero en su país, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Explica cómo una asociación de familiares, las Abuelas de Plaza de Mayo, ayudó a que la medicina legal se convirtiera en una herramienta para encontrar a los hijos desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina. “Cuando se secues-traba a jóvenes o se mataba a personas con hijos, éstos eran a menudo adoptados por militares o partidarios del régimen. Las Abuelas de Plaza de Mayo se preguntaron: ‘¿Cómo puedo iden-tificar a un niño al que nunca he visto?’ Buscaron a científicos en todo el mundo, genetistas y antropólogos con formación médico-legal.” En 1983, cambió el Gobierno y esos científicos fueron invitados a Argentina, donde establecieron los primeros procedimientos para comparar datos genéticos en las muestras de sangre de los niños y de los padres putativos.

Las fosas comunes en las que se encontraban las víctimas de la junta militar fueron vaciadas sin consideración alguna, a me-nudo con excavadoras, destruyendo las pruebas que conte-nían. Las familias exigieron investigadores independientes; así, una delegación compuesta por expertos médico-legales viajó a Argentina y formó a un grupo de jóvenes científicos, que se convirtió más tarde en el EAAF. Este equipo se aseguró de que se utilizaran métodos correctos para la exhumación y la identi-

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En el mundoActualmente, el CICR trabaja en relación con la problemática de las personas desaparecidas en numerosos países.

África: Angola, Côte d’Ivoire, Eritrea, Etiopía, Marruecos, Namibia, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán y Zimbabue.

América: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Haití y Perú.

Asia: Armenia, Azerbaiyán, Filipinas, Georgia, Indonesia, Irán, Irak, Jordania, Kuwait, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Timor Oriental.

Europa: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Chipre, Ex República Yugoslava de Macedonia, Federación de Rusia y Serbia (Kosovo).

Medicina forense: crucial para encontrarrespuestas

“Había un hueco, huesos, cráneos, trozos de ropa, médicos

forenses, silencio.“

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ficación en Argentina. Más tarde, llevaron su experiencia y co-nocimientos a más de 30 países en América Latina, Asia, África y Europa. En los Balcanes, donde se lleva a cabo actualmente la mayor operación médico-legal de la historia, se dio inicialmente prio-ridad a la investigación penal. Como explica Tidball-Binz, hubo errores de procedimiento porque, en esa época, la Corte Pe-nal Internacional “se preocupó más por conocer la causa de la muerte que la identidad de la víctima”. Desde entonces, la iden-tificación se ha convertido en una prioridad. Y los cadáveres son finalmente tratados con dignidad.

Béatrice Mégevand-Roggo cuenta: “Visité recientemente un lu-gar de exhumación que acababa de abrirse en Srebrenica, en Bosnia, y me impresionó mucho ver esqueletos en posiciones poco naturales, como si los cuerpos hubieran sido arrojados. Había un hueco, huesos, cráneos, trozos de ropa, médicos fo-renses, silencio. Fue muy conmovedor.”

Una exhumación efectuada con cuidado toma tiempo; tam-bién la identificación de los restos. Cada etapa es una labor a

largo plazo, y muchas familias tendrán que ser aún muy pacien-tes. “Debemos ser realistas”, señala Béatrice Mégevand-Roggo.Samuel Emonet también ha aprendido a moderar sus expec-tativas desde que llegó a Tbilisi hace dos años. “Tomará años; hemos de ser humildes en cuanto a nuestra contribución y la diferencia que podemos hacer.”

Personas desaparecidas Una tragedia olvidada

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Es urgente y vital que el problema de los desaparecidos sea abordado con seriedad, y que se haga respetar el derecho de los familiares a conocer su paradero. Si existe un compromiso a largo plazo, pueden obtenerse resultados. Por todas las familias de personas desaparecidas —que merecen al menos una res-puesta—, perseverar es de suma importancia.

“Una confirmación es preferible a la duda”, dice Nino Sulaberidze en Georgia, pensando en el misterio que rodea la desaparición de su hijo. “Cambiaría con gusto mi lugar con una madre que tiene una tumba para su hijo.”

16 Personas desaparecidas Una tragedia olvidada

Compromiso a largo plazo

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MISIÓNEl Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), organización imparcial, neutral e independiente, tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. En las situaciones de conflicto, dirige y coordina las actividades internacionales de socorro del Movimiento. Procura, asimismo, prevenir el sufrimiento mediante la promoción y el fortalecimiento del derecho humanitario y de los principios humanitarios universales. Del CICR, fundado en 1863, se originó el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.

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